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PROBLEMAS DE LA VIDA EN LAS CIUDADES

Como problemas de la vida en las ciudades entendemos aquellos que se originan en las características propias del territorio urbano y sus formas de ocupación del espacio.

Algunos de estos problemas son comunes a todos los habitantes de una ciudad, pero otros afectan más a unos o a otros, en función del barrio o del lugar en el que residan.

Las políticas de ordenación territorial comunitarias identifican como más importantes:

1. Problemas medioambientales

1.1. El microclima urbano

En las ciudades se concentra una buena parte de las fuentes contaminantes, especialmente de Gases de Efecto Invernadero. El resultado es que tienen un microclima propio, que se caracteriza por una temperatura ligeramente superior a la de su entorno. Cuanto más grande es esa ciudad y cuanto más cerca estemos del “centro” urbano, mayor es la temperatura, especialmente por la noche. Ello se debe a que se produce un efecto invernadero: en la ciudad aumenta la acumulación de energía solar durante el día, pero por la noche, cuando debería perderse esa energía, la atmósfera contaminada forma una cúpula que impide esa pérdida.

1.2. La ciudad y el consumo de agua

Las ciudades concentran mucha población y muchas y variadas actividades económicas lo que hace que sean sistemas muy complejos y difíciles de gestionar, lo que ocasiona que muchos consumos sean excesivos, y que sea difícil realizar ahorros. Los habitantes de las ciudades reciben un suministro de 102 l/persona/día. Cuanto mayor es la ciudad, mayor es su consumo per cápita de agua y cuanto más alto es el nivel de rentas, mayor es el consumo

Las nuevas formas urbanas como el desarrollo difuso de la ciudad, la edificación horizontal, el aumento de los jardines públicos y privados, etc. son altamente consumidores de agua.

Además el conjunto de actividades que se dan en la ciudad la convierten en una fuente altamente contaminante de las aguas por sus vertidos a las redes de alcantarillado y por usos insostenibles. La depuración de las aguas urbanas no es difícil aunque es costosa, ya que son fácilmente identificables y localizables los puntos de desagüe, aunque hay que construir instalaciones que tienen un elevado precio. La UE apoya financieramente estas actividades que reducen el volumen de agua consumida.

1.3. Los residuos urbanos

Los residuos urbanos son otro importante problema de las ciudades españolas. El elevado nivel de rentas de los habitantes, el intenso complejo de flujos e interconexiones, el ritmo de vida en los territorios urbanos, etc. han hecho aumentar notablemente el consumo y, en particular, las formas de consumo que se asocian con los envases.

En España se observa un incremento en el volumen de los residuos urbanos generados, pero también un aumento, especialmente desde principios del siglo XXI, de su tratamiento. En la actualidad los dos mecanismos más utilizados son el

 

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vertido controlado y el triaje y compostaje; no obstante, la recogida selectiva y el reciclaje están experimentando un fuerte crecimiento

1.4. Otros problemas medioambientales de la vida en las ciudades:

A los problemas ya señalados, hay que sumar los que tienen que ver con el incremento insostenible de los usos artificiales de suelo, el consumo de energía, el sellado de suelos naturales por carreteras y urbanizaciones y la fragmentación de los espacios naturales, que actúa negativamente sobre los mismos. Estos eran problemas habituales en las grandes ciudades, pero han aumentado con el crecimiento difuso de las ciudades.

2. Los problemas de tráfico en las ciudades

El crecimiento difuso y la terciarización han hecho aumentar enormemente la necesidad de transporte para personas y mercancías. Además el aumento de las rentas, los nuevos ritmos laborales, la dedicación de un mayor porcentaje de tiempo al ocio, la localización de muchos dispensadores de servicios en áreas suburbanas, etc. han propiciado un aumento considerable del automóvil privado, en detrimento de los transportes públicos o de los viajes a pie. Esto obliga a:

‐ Cuantiosos gastos para construir vías de comunicación. ‐ Poner en funcionamiento grandes y complejos sistemas de gestión del tráfico

que son muy caros. ‐ Pérdidas de tiempo ocasionadas por el que se emplea en el viaje, atascos, la

búsqueda de un aparcamiento, etc. ‐ Los elevados costes que tiene para el usuario. ‐ Los peligros para la seguridad, dada la elevada siniestralidad. ‐ Los ruidos y la contaminación de GEI que genera.

Para frenar el avance de estos problemas los ayuntamientos están procurando:

‐ Controlar y reducir el tráfico de automóviles privados ‐ Fomentando el uso de medios de transporte colectivo (autobuses, tranvías,

metro, ferrocarriles de cercanías), el desarrollo de una red de carriles bici o de aceras que inciten a pasear.

‐ Intermodalidad: procurar que los ciudadanos puedan integrar en sus recorridos la utilización diferentes medios de transporte según sean más o menos adecuados, seguros y menos contaminantes

3. Problemas sociales en la ciudad:

A pesar de que el ochenta por ciento de los hogares españoles son propietarios de sus viviendas habituales, el elevado precio del suelo urbano y de las viviendas suponen un importante problema para los sectores sociales con menos rentas que se ven obligados a:

‐ Un fuerte endeudamiento si quieren adquirir su vivienda, que les supone una elevación del precio de la vivienda.

‐ No poder comprar la vivienda y tener que vivir en régimen de alquiler.

Pero el precio de las viviendas no es igual en todas las zonas de la ciudad, dependiendo de:

‐ La distancia a la que un barrio o una zona se encuentra de los lugares a los que se necesita acudir (al trabajo, a la compra, a los servicios sanitarios, etc.).

 

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‐ La proximidad de una zona a actividades que resultan molestas o peligrosas (zonas contaminadas, ruidosas, peligrosas, con malos olores, etc.).

‐ El tamaño de la vivienda y la densidad de la edificación (menores zonas verdes o de ocio).

‐ La calidad de los materiales y de la mano de obra empleada en su construcción y la cantidad elementos de confort (tipos de calefacción, climatización, electrodomésticos, jardines, terrazas, plazas de garaje, etc.) que se incluyen influyen.

De esta manera, la ciudad reproduce las diferencias sociales de sus habitantes: la población se reparte según su capacidad de compra. Pero la propia ciudad también puede hacer aumentar o disminuir las diferencias sociales que existen entre sus habitantes: la planificación urbana puede encaminarse a mejorar la calidad de vida en los barrios o zonas menos favorecidos y a eliminar los factores de proximidad y a aumentar los de accesibilidad, consiguiendo con ello una mejora en la calidad de esos barrios y zonas y un aumento en el precio de esas viviendas, que supone un aumento en la riqueza de sus habitantes, pero también puede priorizar las mejoras en los barrios de los grupos sociales adinerados, abriendo aún más la brecha que la separa de la insolvente.

En los últimos treinta años se ha producido un aumento considerable en las rentas de los españoles y se han llevado a cabo una serie de reformas urbanas que han hecho disminuir los problemas de calidad de vida de muchos de los barrios de la ciudad. Hoy los principales problemas sociales son:

‐ Hay grupos sociales de españoles que disponen de rentas tan bajas (jubilados con pensiones muy bajas, indigentes y “sin techo” o de sectores marginales) que se ven obligados a residir en viviendas muy degradadas y de mala calidad, que se encuentran en las zonas del casco histórico o de los barrios tradicionales que se han depauperizado. Las políticas municipales para estos grupos han tomado tres caminos:

o Ayudas directas para aumentar sus rentas o Reubicación en viviendas “sociales” construidas por los

ayuntamientos para dar alojamiento a las familias que no pueden hacerlo de otro modo.

o Ayudas para la rehabilitación o arreglo de viviendas muy antiguas y en mal estado.

o Revitalización de esos barrios mediante la mejora de los servicios y de las infraestructuras.

‐ Una importante proporción de inmigrantes llegan sin recursos, obtienen salarios bajos y necesitan ahorrar para ellos y para enviar dinero a su país. En estas condiciones, buscan residencia en viviendas baratas, que generalmente se encuentran en las zonas depauperizadas del casco histórico o en las zonas envejecidas de los barrios tradicionales, alojándose en muchas ocasiones varias familias en una sola vivienda.

Los inmigrantes, además, buscan residir cerca de personas que tengan idioma, religión, cultura y comportamientos similares, dando lugar a agrupamientos que puede producir fácilmente fenómenos de segregación: son abandonados por la población española y se convierten en guetos.

4. El planeamiento urbano

Para hacer frente a estos problemas se utiliza la “planificación urbana”, que forma parte de las políticas de “ordenación del territorio, que tienden a corregir los

 

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desequilibrios y los problemas medioambientales que derivan de la simple aplicación de las normas de mercado. La planificación urbana se orienta a:

• Prever la demanda de suelo y articular una oferta adecuada de suelo y vivienda, luchando contra la especulación, los precios excesivamente elevados, que pueden impedir a ciertos grupos sociales acceder a una vivienda digna.

• Garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, señalando requisitos que todo proceso urbanístico debe cumplir.

Las políticas de ordenación territorial de la UE ponen el acento en la lucha contra la segregación y la marginación social en las ciudades. El programa URBAN se orienta, entre otras cosas, a la regeneración económica y social de los barrios con problemas de marginación social, depauperización, etc. Para ello plantea subvenciones a los programas nacionales, autonómicos o locales que tengan que ver con la recuperación-rehabilitación de zonas edificadas, el fomento del empleo, el desarrollo de estrategias contra la exclusión y la discriminación, y las mejoras educativas y formativas.

En España, la primera “ley del suelo” se proclamó en 1956, cuando el éxodo rural había llevado a importantes contingentes de población a las ciudades, que los había acogido en un centro histórico excesivamente masificado o en urbanizaciones en las afueras, que se habían desarrollado al margen de cualquier control, algunas en forma de “chabolismo”. De 1956 a 1998, se han promulgado diferentes leyes del suelo, intentado:

• Controlar o someter a normas el mercado del suelo y la vivienda • Controlar y planificar el crecimiento de la ciudad • Corregir las desigualdades sociales en la ciudad.

Las herramientas para conseguir esos fines eran:

• Dotar a los ayuntamientos de una “reserva pública de suelo” (del 10 al 15% del suelo que se calificaba como “urbanizable” quedaba para el ayuntamiento), que les permitiese edificar dotaciones de servicios, mejorar las infraestructuras, cederlo para construir viviendas de protección, venderlo para financiarse o, sacarlo al mercado en momentos de gran carestía para regular algo los precios del suelo.

• Limitar y articular el crecimiento de las grandes ciudades, mediante: o La calificación del mismo como:

Urbano: ya edificado y urbanizado. Urbanizable: apto para ser urbanizado en el futuro No urbanizable

o Desarrollando planes para el futuro crecimiento y para la reforma y mejora de lo ya urbanizado. Estos planes partían de leyes estatales, que se desarrollaban en normas autonómicas, que se recogían en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU, ahora Planes Generales Municipales) que realizaban los ayuntamientos. En estos planes se establecían los requisitos básicos de edificabilidad, de calidad en la construcción y de servicios e infraestructuras, así como de estética.

 

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La Ley del Suelo de 1998 cambió los objetivos y las estrategias seguidas hasta el momento para la planificación:

• De unas normas “dirigistas” orientadas a controlar el mercado, se pasó a otras orientadas a “pactar” con la iniciativa privada, confiando en que está generase mucho más suelo urbano y a menor precio.

• De una planificación orientada a corregir situaciones generadas por la especulación y la falta de planificación, se pasó a otra orientada a generar infraestructuras, dotaciones, etc. que ayudasen a mejorar la posición de la ciudad en los sistemas y jerarquías urbanos. Confiando en que esa mejora supusiese desarrollo económico, aumento de las rentas y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos y en la propia ciudad.

Las estrategias para conseguir estos objetivos eran:

• El establecimiento de criterios mucho más liberales en la calificación del suelo, buscando que este llegase en mayor cantidad al mercado:

o Suelo urbano: todo aquel que se encontraba legalmente edificado y urbanizado.

o Suelo no urbanizable: todo terreno sujeto a especial protección (por sus características medioambientales, culturales, históricas, artísticas, etc.) incompatible con el desarrollo urbanístico.

o Suelo urbanizable: todo el suelo que no fuese urbano o no urbanizable.

• Las cesiones para la “reserva pública de suelo” se rebajaron, fijando un máximo del 10%, buscando un abaratamiento del precio de este y confiando en la iniciativa privada.

• Se mantuvo la planificación orientada a asegurar mínimos de habitabilidad, infraestructuras y dotación de servicios.

Esta Ley consiguió que aumentase notablemente el suelo urbanizable y la oferta de viviendas, y fue el marco de la llamada “burbuja inmobiliaria”, pero el 20% de la población urbana (especialmente adultos jóvenes que demandaban por primera vez una vivienda para residir) seguía sin acceder a la propiedad y la especulación y los elevados precios de la vivienda seguían persistiendo. Por ello, en 2007, se promulgó una nueva Ley del Suelo que se orientaba a:

• Frenar los procesos especulativos que se habían originado en la llamada “burbuja inmobiliaria”

• Promover una oferta de vivienda para ese 20% de población que no había conseguido acceder a la propiedad.

• Asegurar la sostenibilidad medioambiental del crecimiento urbano.

Para ello, se fijaron:

• Nuevos criterios de calificación: el suelo se considera exclusivamente rural (rústico) o urbanizado. Sólo se califica como urbanizable es el que está incluido en los planes de crecimiento elaborados por los ayuntamientos y que ya se está edificando o trazando las infraestructuras esenciales. Se

 

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intentaba evitar el encarecimiento que se originaba cuando un suelo rústico se convertía en urbanizable y entre esta calificación y su edificación definitiva.

• Para evitar el aumento desconsiderado de las ciudades y las recalificaciones de suelo que puedan llevar consigo negocios especulativos, se fija la obligación de revisar cualquier plan de crecimiento que suponga un incremento de más del 20% de la población de esa localidad o de la superficie de suelo urbanizado de la misma.

• La obligación de realizar un informe de impacto medioambiental de las acciones urbanísticas y un informe sobre la sostenibilidad económica del mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos planeados.

• Una reserva mínima del 30% del nuevo suelo urbanizable para dedicarlo a vivienda protegida.

• Las cesiones para la “reserva pública de suelo” se fijaron entre un cinco y un quince por ciento, dejando que cada comunidad autónoma ajustase las cifras concretas para su territorio.

Es pronto para valorar los resultados de esta nueva Ley, además la fortísima crisis económica, desatada a partir de 2007, impiden que, por el momento, se puedan realizar estimaciones objetivas de sus impactos.