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Dirección General de Presupuesto Nacional
PODER JUDICIAL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar justicia en forma pronta, sin denegación
y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás
normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a
todos los usuarios y usuarias. La Corte Suprema de Justicia y demás tribunales conocen,
resuelven y ejecutan las resoluciones que emitan sobre los procesos judiciales que le son
sometidos según la materia de su especialidad, como son: civil, laboral, de familia, tránsito y
penal, entre otras, con la participación activa del Ministerio Público como requirente ante los
tribunales penales de la aplicación de la ley y el trabajo del Organismo de Investigación Judicial
como auxiliar y asesor de las autoridades judiciales, así como de la oficina encargada de la
Atención y Protección de Víctimas y Testigos que participa en el proceso penal y la oficina de
Defensa Pública que garantiza la defensa de los derechos, libertades e intereses de los
demandados que no pueden costear el proceso penal y otros procesos judiciales asignados.
Si bien en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio
presupuestario 2015 no aparecen objetivos institucionales, es importante resaltar algunos logros
que se han venido desarrollando en procura de brindar un mejor servicio a las personas
usuarias, siendo los más relevantes los siguientes:
Combate al crimen organizado y el narcotráfico. El Poder Judicial presentó un proyecto de Ley
para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico
y el proyecto para la Evaluación del Desempeño del personal judicial, en Reunión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica, realizada en Guatemala del 17 al 21 de enero 2015,
se establecieron las prioridades en relación al combate regional contra la “narcoactividad”,
“maras y pandillas”, “sicariato” y “trata de personas”, entre otros temas que afectan la región,
también se dio la capacitación denominada “Autoría y Participación en la Criminalidad del
Narcotráfico”, dirigida a jueces y juezas de Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana,
en busca del intercambio de conocimientos como herramienta efectiva en contra de la
delincuencia organizada, asimismo, la Corte Plena, aprobó modificar el perfil laboral de quienes
integran el Tribunal de la Inspección Judicial; con base en las recomendaciones emitidas por la
Comisión creada para investigar la penetración del crimen organizado y narcotráfico en el Poder
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Judicial, acogidas por Corte Plena en la sesión 55-2014 del 24 de noviembre de 2014, por otra
parte, la Inspección Judicial retomó la programación de visitas de supervisión a todas las oficinas
judiciales del país y se remodeló el Centro de Escuchas Telefónicas, a efecto de integrar la
tecnología necesaria para iniciar funciones, para lo que se contó con el financiamiento del
Instituto Contra las Drogas.
Actualización de la normativa. En diciembre de 2015, se aprobaron por parte de la Asamblea
Legislativa y a iniciativa del Poder Judicial, el Proyecto de Reforma Procesal Laboral; el cual
contempla la inclusión de la oralidad en los procesos, la conciliación y la actualización de la
legislación laboral costarricense, en busca de una justicia laboral célere y efectiva; y el Código
Procesal Civil que regirá los procesos de naturaleza civil y comercial y aquellos que no tengan
legislación procesal especial. También se entregó oficialmente el “Proyecto de Código Procesal
de Familia, Niñez y Adolescencia” a la Ministra de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez
Chavarría, para que continúe con el trámite de aprobación correspondiente; asimismo, la Corte
Plena aprobó la propuesta de “Proyecto de Ley para la Evaluación de la Gestión, el Desempeño
y la Rendición de Cuentas en el Poder Judicial”, que requerirá la posterior aprobación por parte
de la Asamblea Legislativa.
Rediseño de procesos. En enero de 2015 inició el rediseño del Circuito Judicial de Cartago, que
contempla la puesta en funcionamiento de 19 despachos orales-electrónicos y el seguimiento y
control de seis despachos que ya trabajaban bajo este programa, con lo que se busca una
mejora en el servicio mediante la utilización de nuevas tecnologías, la implantación de
indicadores actualizados, evaluación del desempeño, transparencia y participación ciudadana.
Atención integral de problemas sociales. Representantes del Poder Judicial, Viceministerio de
Justicia y Paz, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Consejo
Nacional de Rectores, Consejo de la Persona Joven, Defensoría de los Habitantes y
organizaciones no gubernamentales como Jóvenes contra la Violencia y Acción Joven,
trabajaron en forma conjunta la construcción de la política pública en Justicia Restaurativa para
la población penal juvenil y se tiene previsto alcanzar un borrador de la política en octubre
próximo, que sería la visión que guíe a todos los actores que se involucran en los temas penales
juveniles. También se implementó el “Observatorio Nacional contra la Tortura – Costa Rica”
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(ONAT-CR), como órgano vigilante de la situación de las cárceles en nuestro país y del respeto
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además, con participación de
varias instituciones, entre ellas las empresas Claro, Movistar y el ICE (Kölbi), se lanza la
aplicación para móviles “Empodérate” que está dirigida a niños, niñas y adolescentes, para que
se empoderen de sus derechos y los hagan valer. Por último, la Comisión Interinstitucional de
Alto Nivel Contra el Hacinamiento Carcelario, analizó la situación penitenciara actual del país;
donde destacan las acciones desarrolladas para disminuir el problema de hacinamiento, como la
creación de 1.072 nuevos espacios para personas privadas de libertad en los distintos centros
penitenciarios del país, así como 1.632 espacios más que se encuentran en proceso de
construcción dentro del centro penal La Reforma.
Desarrollo tecnológico. Actualmente el Poder Judicial desarrolla un sistema de consultas para la
Dirección General de Migración y Extranjería, respecto de las personas y los permisos de salida
del territorio nacional, que opere a tiempo completo, los siete días de la semana, las 24 horas del
día, todos los días del año.
Acceso efectivo a los servicios de justicia. El Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras
Judiciales (SNFJ) “Luis Paulino Mora Mora”, integrado por líderes comunales, que de forma
voluntaria, laboran en coordinación con las autoridades judiciales para darle orientación y
asesoría a quienes integran sus comunidades y mediar en conflictos que no requieren
necesariamente llegar hasta estrados judiciales; se continúa expandiendo y al iniciar el 2015,
cuenta con 191 facilitadores judiciales en todo el país; siendo Sarapiquí, Puntarenas y Pérez
Zeledón las últimas zonas en integrarse. El Sistema se nutre de otros actores importantes como
la Fuerza Pública, por lo que se capacitó a 478 oficiales destacados en la Zona Atlántica, Zona
Norte, Sarapiquí, Puntarenas y de la Escuela Nacional de Policías. Asimismo, fue juramentada la
Comisión de Personas Usuarias del Circuito Judicial de San Carlos, que es una instancia de
participación social con carácter consultivo, donde se analiza la calidad del servicio público que
presta el Poder Judicial con el propósito de identificar deficiencias que afecten los servicios y
sugerir posibilidades de mejora. Igualmente, mediante un programa de descongestionamiento,
se logró dar trámite con una respuesta efectiva a 300 procesos laborales (tramitados bajo la
modalidad electrónica) que tenían señalamiento entre abril y noviembre de 2015, en el Juzgado
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de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, logrando reducir de 18 a 7 meses el
tiempo previsto para realizar las audiencias de recepción de prueba y dictado del fallo.
Posicionamiento internacional. La última evaluación realizada para el Rankin de Índice de
Accesibilidad a la Información Judicial mediante internet, desarrollado por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas (CEJA), con el fin de medir el acceso a documentos oficiales,
estadísticas, reglamentos, agendamientos y recursos disponibles, entre otros, ubica al Poder
Judicial de Costa Rica en la tercera posición de los 34 países valorados, sólo por debajo de Chile
y Brasil. Asimismo, en 2015 Costa Rica se ubicó de primero entre los siete países de
Latinoamérica con menor impunidad, es decir, menor falta de castigo, inexistencia, de hecho o
de derecho, de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria, por arriba de Barbados,
Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana y Chile, según lo reveló el estudio realizado por
el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ).
Coordinación de cooperación internacional: Para 2015, se ejecutaron una serie de proyectos
aprobados por EUROsociAL II que involucraban temas de Violencia de género, Justicia
restaurativa, Red de apoyo para la reinserción social de las personas en conflicto con la ley que
tienen una situación de vulnerabilidad en razón de problemas mentales, Fortalecimiento de la
Defensa Pública, Atención integral a personas privadas de libertad, III fase del Plan Nacional
2014, Modelo para la remisión de las mujeres del sistema penal y sus familiares dependientes a
la Red Interinstitucional del Sector Social. Asimismo, en el marco del proyecto de la Embajada de
Estados Unidos y el Poder Judicial, en conjunto con el Centro Nacional para Tribunales Estatales
(NCSC), los programas en Justicia restaurativa en materia penal juvenil de lugares como Limón,
Guápiles, Puntarenas y San José, se beneficiaron con la donación de equipos tecnológicos por
parte de la Embajada de Estados Unidos. Finalmente, se realizó una reunión de un experto
internacional del Programa EUROsociAL II, con autoridades del Poder Judicial y el Fiscal
General de la República, representantes de la Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio
de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Procurador General de la Ética, entre
otros, con el fin de elaborar un Manual de Buenas Prácticas para la investigación de delitos de
corrupción, delitos económicos y tributarios vinculados en Costa Rica.
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Desarrollo humano del personal judicial. Cerca de 3.700 personas que viven en las siete
comunidades de Isla Chira, recibieron orientación y mediación de las tres personas nombradas
por el Poder Judicial en la zona como facilitadoras judiciales. Durante una visita realizada, uno
de los facilitadores expuso las preocupaciones de las comunidades, sus necesidades y promovió
una reunión con los integrantes de la comunidad para darles a conocer más sobre la
administración de justicia.
Transparencia. Según el Barómetro de las Américas que estableció el Programa Estado de la
Nación, al finalizar el año anterior el Sistema de Justicia Costarricense (52,9%) ocupó el segundo
lugar superado únicamente por la Iglesia Católica (62,6%) en cuanto al índice de confianza
institucional, entre los costarricenses. También las autoridades judiciales presentaron la Política
de Participación Ciudadana, que tiene como finalidad preparar las condiciones internas y
externas para el suministro de información hacia y desde la comunidad, con una participación
activa que involucra a la población en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas, de manera responsable, activa y continua.
Indicadores de resultado
En el caso del Poder Judicial, no se cuenta con indicadores de Resultado a nivel institucional,
dado que la institución formuló en su oportunidad Objetivos Estratégicos Institucionales, que no
cumplían con las características y requisitos que requiere la metodología de programación
utilizada por Presupuesto Nacional enfocada al usuario externo, por lo que estos objetivos ni sus
respectivos indicadores fueron incluidos en la Ley de Presupuesto 2015.
2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2014
y 2015, en términos reales (colones constantes base 2014) con ingresos corrientes y de
financiamiento (001 y 280).
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Partida AUTORIZADO AUTORIZADO
(Ley No. 9193 y
Modif.)
(Ley No. 9289 y
Modif.)
0-Remuneraciones 299.530.688.148 298.175.366.502 99,5 336.794.710.589 324.706.642.064 96,4
1-Servicios 22.874.785.983 19.516.280.452 85,3 26.118.850.223 21.111.105.650 80,8
2-Materiales y Suministros 6.532.255.172 5.214.012.115 79,8 6.905.056.596 5.544.740.016 80,3
3-Intereses y Comisiones - - - - - -
4-Activos Financieros - - - - - -
5-Bienes Duraderos 15.391.371.228 6.727.315.497 43,7 22.556.000.186 9.712.515.307 43,1
6-Transferencias Corrientes 5.935.015.871 5.841.234.760 98,4 6.395.018.191 6.338.244.153 99,1
7-Transferencias de Capital 286.009.336 286.009.336 100,0 - - -
8-Amortización - - - - - -
9-Cuentas Especiales 234.110.350 113.957.237 48,7 187.158.309 132.436.956 70,8
SUB TOTAL 350.784.236.088 335.874.175.900 95,7 398.956.794.093 367.545.684.147 92,1
Transferencias no vinculadas 1/ 2.464.291.683 2.463.531.740 100,0 2.834.410.968 2.832.770.252 99,9
TOTAL GENERAL 353.248.527.771 338.337.707.639 95,8 401.791.205.061 370.378.454.398 92,2
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
EJECUTADO ²/
2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de
cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Cuadro 2.1
EJECUTADO ²/
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.
%
EJECUCIÓN
%
EJECUCIÓN
2014 2015
Poder Judicial
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
2014-2015 (en colones constantes base 2014)
El cuadro anterior incluye un ítem para las transferencias no vinculadas a la gestión, que para el
caso particular del Poder Judicial lo integran las transferencias a la Asociación Solidarista, al
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, a la Asociación Guardería y
Centro Infantil de los Funcionarios del Poder Judicial y las cuotas a Organismos Internacionales.
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De acuerdo a la información remitida por el Poder Judicial, las razones principales que incidieron
en el nivel de ejecución institucional son:
Una vez analizados los aspectos y variables que afectan la partida Remuneraciones, la
institución indica que los saldos en algunas subpartidas constituyen ahorros derivados
principalmente de acciones tales como: políticas y directrices promulgadas por la Corte Plena y
el Consejo Superior en materia de otorgamiento de becas; disposiciones sobre la sustitución por
concepto de vacaciones, que se valida si es igual o superior a ocho días hábiles, salvo
excepciones autorizadas por el Consejo Superior; lineamientos restrictivos para la aprobación de
permisos con goce de salario; así como el efecto por incrementos por costo de vida decretados
que resultaron inferiores al factor considerado para la formulación del presupuesto del 2015.
Por otra parte, la aplicación de los compromisos no devengados del año anterior al presupuesto
siguiente, es un problema que para 2015 significó hacer frente a ¢8.719,5 millones, con la
dificultad que presenta su aplicación a la estructura presupuestaria del Poder Judicial; por esta
razón, se realizó un análisis para impactar lo menos posible las necesidades prioritarias y hacer
las modificaciones correspondientes para dar contenido a los compromisos desfinanciados.
Como una medida de control directa sobre los saldos pendientes de ejecutar, a partir de 2015, el
subproceso presupuestario implementó el envío de comunicados periódicos sobre los saldos y
documentos pendientes, a los encargados y responsables de programas, lo cual permitió un
mayor seguimiento a los compromisos no devengados del 2014. La debida coordinación con los
diferentes centros de responsabilidad que contaban con documentos pendientes de trámite, dio
lugar a contactos con los proveedores y a la agilización de los procedimientos que impedían el
pago inmediato del compromiso, cuando legalmente era posible. Asimismo, se procedió a
caducar los documentos que por diversas razones no procedían, tales como sobrantes de
compra o estimaciones de gasto y contrataciones que presentaban incumplimientos, entre otros.
Otras acciones que operan para mejorar la ejecución presupuestaria y disminuir el impacto del
Compromiso No Devengado en los presupuestos son:
-El funcionamiento del equipo interdisciplinario compuesto por la Dirección Ejecutiva,
Departamento Financiero Contable, Departamento de Proveeduría, coordinado con los
encargados de centros de responsabilidad, así como con oficinas de apoyo en la labor
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administrativa, que tienen el propósito de dar seguimiento y analizar continuamente los niveles
de ejecución y tomar las medidas del caso.
-La remisión de una circular al inicio de año, recordando a los administradores de programas la
documentación necesaria para el inicio de los procedimientos, así como los plazos para la
recepción de las requisiciones de bienes y servicios según se trate su cuantía, con el fin de
lograr un plazo adecuado de ejecución del procedimiento que garantice la recepción del bien o
servicio y su cancelación dentro del período presupuestario en ejercicio, de acuerdo a lo
solicitado por la proveeduría judicial. También, se ha establecido contacto permanente con los
administradores de cada programa, con el propósito de mantener comunicación para el análisis
de dudas en materia de contratación administrativa o bien sobre la importancia de atender los
plazos máximos para la remisión de solicitudes de compra, además de los aspectos a considerar
al momento de definir las especificaciones técnicas para los carteles o pliegos de condiciones,
de manera que se minimice la posibilidad de objeciones que retrasen el procedimiento.
-La coordinación que se realiza con los proveedores para que presenten con la mayor rapidez el
cobro de los bienes y servicios prestados, principalmente al cierre del período, sin embargo, en
muchas ocasiones no se logra este objetivo.
-La elaboración de informes trimestrales por centro gestor con la nueva herramienta informática
desarrollada en SIGA-PJ, que se hace del conocimiento de los órganos superiores, con el fin de
que se conozca la ejecución presupuestaria de forma resumida y específica, además de que se
utiliza para el seguimiento de los avances de la ejecución en los centros gestores.
-La aprobación del proyecto institucional para mejorar el proceso de contratación administrativa
en materia de infraestructura, obras físicas de mantenimiento y reparaciones, informática
(Recurso Tecnológico Estratégico), así como de equipos y servicios especiales del OIJ, para la
ejecución presupuestaria 2016. Este proyecto pretende iniciar los procedimientos de compra
desde el año 2015 para ejecutarlos en el siguiente periodo y adelantar así los procesos.
Asimismo, se pretende implementar acciones más específicas, como solicitar a los entes
técnicos los carteles de la contratación desde el año anterior, contratos según demanda, para
minimizar los trámites año a año y análisis de otros medios de pago como la carta de crédito.
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Es importante mencionar que la institución cuenta con el Sistema SIGA-PJ mediante el cual se
integra a todo el país de forma simultánea y en línea, durante el año 2015 se ha trabajado en la
implementación del módulo de actas que permite aplicar el pago final al proveedor en línea, de
acuerdo a la tecnología implementada en este nuevo sistema, lo que permite cerrar los trámites
de compra de acuerdo a la nueva plataforma y poder cumplir los plazos establecidos.
Entre los factores que influyen en la ejecución se encuentran:
-Atrasos en las entregas y cobros por la compra de bienes y servicios, así como los procesos de
contratación que por las características de las compras y su cuantía o por el avance en su
ejecución, no es posible concluirlos en el corto plazo.
- Los procesos de contratación administrativa conllevan mucha tramitología que alarga los plazos
de entrega. Tal es el caso de las licitaciones que por la cuantía de la compra o por las
características del proyecto dificultan su cumplimiento en el año presupuestario. Así por ejemplo,
los proyectos de construcción por montos considerables, necesitan de procedimientos de
contratación complejos debido a las definiciones de requerimientos, permisos de construcción,
elaboración de carteles, invitación de oferentes, revisión de propuestas, aprobación de contratos
y ejecución de las obras. En este caso se encuentran algunos proyectos en ejecución como: la
construcción de los Tribunales de Justicia de Hatillo y Jicaral, el acondicionamiento eléctrico del
Edificio de la Plaza de la Justicia, las remodelaciones del taller mecánico del OIJ en la Ciudad
Judicial y la de cárceles del edificio de Tribunales del II Circuito Judicial de San José, entre otros.
-Otros problemas presentados con las contrataciones son: la definición clara y precisa del objeto
contractual y de especificaciones técnicas al momento de la invitación a los potenciales
proveedores, que eventualmente en caso de no cumplir con todos los requisitos, provoca que los
procesos de contratación sean recusados, comprometiendo el tiempo de ejecución de los
mismos. En este caso los administradores han indicado retraso en la obtención de las
especificaciones técnicas por parte del Departamento de Servicios Generales, por lo que han
solicitado mayor celeridad en los tiempos de respuesta para atender de forma expedita la
demanda de esos servicios.
-También, existen casos de procedimientos que son declarados desiertos o infructuosos, lo que
implica iniciar nuevamente el proceso desde su primera etapa, esto afecta principalmente las
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licitaciones, lo que implica recursos sin ejecutar por montos considerables. Caso contrario con
las contrataciones directas, cuyo plazo para adjudicación permite hacer todo el proceso y lograr
la entrega de los bienes y servicios oportunamente.
-Contrario a los anteriores, un efecto favorable para la ejecución lo representa el empleo de las
contrataciones para atender el abastecimiento de materiales y suministros, por medio de la
implantación de licitaciones por entrega según demanda y con la definición de empresas
precalificadas, por cuanto permitió ahorrar tiempos en procedimientos licitatorios y mejorar la
ejecución presupuestaria en montos significativos, debido a que no se repiten nuevos
procedimientos en otros períodos presupuestarios.
-Por su parte, la ejecución de las transferencias corrientes, se explican básicamente por la
demanda de pago de los rubros relacionados con indemnizaciones y prestaciones legales
principalmente. Estos pagos se han realizado de acuerdo a las solicitudes para cancelar
derechos laborales y a las resoluciones administrativas o judiciales que se atendieron. También,
se ejecutaron los recursos que se transfieren al Fideicomiso del Poder Judicial para atender
emergencias nacionales y continuar con los proyectos relacionados. Sin embargo, los recursos
incluidos como ayuda económica a funcionarios asignados para la Escuela Judicial con el fin de
atender el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura, no fueron ejecutados
como se esperaba, debido a que no existieron suficientes oferentes de acuerdo a los requisitos,
por lo que se tuvo que cambiar la fecha de inicio en distintas ocasiones y el programa empezó
hasta el mes de octubre 2015.
En conclusión, a pesar que el porcentaje de ejecución del Poder Judicial se ha venido
manteniendo por arriba del 95,0%, para este ejercicio económico el nivel de ejecución disminuyó
en un 4,6% respecto al porcentaje que se había obtenido el año anterior. Básicamente esta baja
en la ejecución se explica por los recursos no utilizados en la partida de remuneraciones, dadas
las restricciones de gasto en este rubro y que algunos de los sobrantes no fueron utilizados en
otras necesidades, así como por los problemas de ejecución que enfrentó la partida de bienes
duraderos, a causa de las dificultades con los diferentes procesos de contratación, lo que
conllevó a que muchos de estos recursos no fueron devengados en 2015, sino que quedaran
comprometidos para su ejecución contra el presupuesto del ejercicio 2016.
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
El presente análisis se enfocará en los avances o logros de los indicadores estratégicos, en
apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, que ha venido
implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional, sin embargo, a partir del próximo
2016 esta Dirección inicia un cambio metodológico en la Programación y Evaluación
Presupuestaria, lo que llevará a un cambio en el análisis de la información a partir de los
informes del 2016.
Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de
Presupuesto y sus modificaciones.
Para los años 2014 y 2015 la entidad contó con los siguientes indicadores:
Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total
Servicio Jurisdiccional 1 2 3 1 3 4
Servicio Invest. Judicial - - - - - -
Serv. Ejerc. Acc. Penal Púb. - - - - - -
Servicio Defensa Pública 1 2 3 1 2 3
Servicio Justicia Tránsito - 1 1 - - -
Serv. At. y Protec. Víct y Test. - 3 3 - 4 4
TOTAL 2 8 10 2 9 11
F uente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Centro de Gestión 1/
Cuadro 3.1
Poder Judicial
Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos
2014-2015
2014 2015
por Centro de Gestión
Como puede observarse en el cuadro anterior, el programa Servicio Justicia de Tránsito fue
eliminado junto con el indicador estratégico que contenía, por lo que para este año la cantidad de
programas presupuestarios fue inferior al 2014. Por otra parte, debe considerarse que la
ausencia de indicadores que se muestra en el cuadro anterior, correspondientes al Servicio de
Investigación Judicial (OIJ) y al Servicio del Ejercicio de la Acción Penal Pública (Ministerio
Público), se debe básicamente a un aspecto técnico, por cuanto estos servicios no cumplen con
los requerimientos técnicos de la categoría programa presupuestario y por consiguiente, su
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programación fue excluida de las leyes de presupuesto a partir de la correspondiente a 2013 y
desde ese año no son sujetos de evaluación. Debe comprenderse sin embargo, que lo anterior
no quita la relevancia que tienen estas actividades presupuestarias (así catalogadas según la
técnica de presupuesto por programa) para la planificación institucional; por cuanto funcionan
como servicios de apoyo a los procesos que se realizan para la resolución final de un caso
judicial, su producción por consiguiente no tiene un carácter final, sino intermedio y como tal no
se constituye por sí mismo en un producto entregable a los usuarios externos de la institución.
Asimismo, es necesario señalar que la institución ha venido realizando un esfuerzo junto con la
Dirección de Presupuesto Nacional, por mejorar la programación y la definición de los
indicadores estratégicos. Esto se evidencia en el caso del programa Servicio de Atención y
Protección de Víctimas y Testigos, que producto de este trabajo conjunto, elaboró cuatro
objetivos estratégicos que cumplían con la metodología de programación y a la vez pudieron ser
medidos de forma correcta por medio de sus respectivos indicadores. Como resultado de estas
acciones, para 2015, el 81,8% de los indicadores de la institución son considerados estratégicos
y en el caso particular del programa Servicio Jurisdiccional, incorporado desde 2012 en un Plan
de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a
Resultados, esta relación es de un 75,0%.
Para el año 2015 la institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de
cumplimiento en los indicadores estratégicos:
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13
Clasificación de
indicadores Cumplido
(100%)
Muy Bueno
(99%-81%)
Bueno
(80%-71%)
Insuficiente
(70%-1%)
No
cumplido
(0%)
Producto 2 1
Objetivo
Producto 1 1
Objetivo
Producto
Objetivo 3 1
TOTAL 6 2 0 0 1
1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Cuadro 3.2
Poder Judicial
Centro de Gestión 1/
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Parcialmente cumplido
Servicio Jurisdiccional
Servicio Defensa Públca
Serv. Atención y
Protección Víctimas y
Testigos
Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo
según porcentaje de cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2015
En el programa Defensa Pública, el indicador relacionado con el “Porcentaje de satisfacción de
las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la
Defensora o Defensor Público”, tuvo un resultado de un 89,3% en el que se indica que el tiempo
de atención que le dedica el funcionario a los usuarios oscila entre 16 a 45 minutos para el
65,0% de estas personas y que si bien este tiempo de atención ha disminuido, también depende
de la complejidad de la consulta y va asociado a que se mejoró sustancialmente el tiempo de
espera de los usuarios antes de ser atendidos por los defensores, es decir, se le dedicó menor
tiempo a las personas pero tuvieron que esperar menos antes de ser atendidos.
En el programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, el indicador que se
refiere al “Tiempo de respuesta (en minutos) en la atención de los casos fuera del área
metropolitana, que requieran la presencia de agentes de protección para mitigar el riesgo de las
personas intervinientes en los procesos penales”, tenía programada una meta de 36 minutos, sin
embargo el programa no remitió ningún dato y señaló que a mediados de año la Unidad de
Protección a las Víctimas tuvo un cambio de jefatura. Luego de consultar al actual jerarca, este
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indicó que era materialmente imposible cumplir con el tiempo establecido para la atención de los
casos, ya que se requiere realizar un traslado desde las oficinas centrales de San José,
considerando que se debe enfrentar el congestionamiento vial, cierre de vías, accidentes de
tránsito, así como las distancias a que se encuentran las oficinas regionales.
A continuación se incluye información del programa Servicio Jurisdiccional que representa una
prioridad de Gobierno y al que está dirigido el 34,9% del presupuesto del Poder Judicial.
Este programa es el encargado de administrar la justicia en forma pronta, en forma igualitaria
para todas las personas, en apego a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico, lo cual es
pertinente con la razón de ser del Poder Judicial. En este sentido, los retos para el programa
van orientados a disminuir la mora judicial, por lo que se vienen introduciendo una serie de
medidas tendientes a la modernización de la gestión de los despachos judiciales, la agilización
de trámites, la aplicación de nuevas tecnologías y cambios en los procesos de trabajo, entre
otros.
Considerando lo anterior; el siguiente es un análisis de los resultados alcanzados por el
programa respecto de las metas de los indicadores estratégicos y los recursos financieros
programados para su consecución.
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Cumplido
(100%)
Muy Bueno
(99%-81%)
Bueno
(80%-71%)
Insuficiente
(70%-1%)
No
cumplido
(0%)
Recursos
Programados 1/
Recursos
ejecutados 1/
2/
Porcentaje de
expedientes judiciales
resueltos por el
Programa de Justicia
Restaurativa
X
Tasa de resolución X
Tasa de pendencia X
Total de recursos 139.247,4 134.180,5
Porcentaje de ejecución
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional,
excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones.
2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del
órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones.
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Servicio Jurisdiccional
96,4%
Casos
judiciales
terminados
Cuadro 3.3
Poder Judicial
Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros
Al 31 de diciembre de 2015
Descripción
del Producto
Descripción del
Indicador
Parcialmente cumplido
En cuanto a la estimación de recursos y su ejecución, el Poder Judicial indica que no es posible
individualizar el porcentaje de presupuesto correspondiente a cada indicador, porque los
insumos para lograr la consecución de la meta de uno y otro son los mismos; así las cosas,
estos datos se presentan como una sola suma para todos los indicadores.
La institución no cuenta en el programa Servicio Jurisdiccional con indicadores estratégicos
asociados a objetivos, por lo cual no se presenta esta información.
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Efectividad del Programa
Según los criterios emitidos por la Dirección de Presupuesto Nacional, dos indicadores
estratégicos del programa Servicio Jurisdiccional asociados al producto (gestión), lograron
porcentajes considerados “cumplidos” y uno como “muy bueno”, y según señala el Poder Judicial
aunque no sea posible individualizar el porcentaje de presupuesto correspondiente a cada
indicador, porque los insumos para lograr la consecución de la meta de uno y otro son los
mismos y los datos son globales, se consideró el dato de ejecución aportado por la institución el
cual es de un 96,4% por lo que el programa se clasifica como “efectivo”.
Cumplimiento de
indicadoresEfectivo
Parcialmente
Efectivo
Poco
Efectivo
Servicio Jurisdiccional
Indicadores de Producto X
Cuadro 3.4
Efectividad
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General
de Presupuesto Nacional.
Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de
indicadores asociados al producto y/o objetivos
estratégicos
Al 31 de diciembre de 2015
Poder Judicial
Conforme a los datos del cuadro No.3.3 y la información complementaria suministrada respecto
de los indicadores estratégicos del programa Servicio Jurisdiccional, se tiene que:
El indicador que se refiere al “Porcentaje de expedientes judiciales resueltos por el Programa de
Justicia Restaurativa”, logró alcanzar la meta en un 100%. El programa de Justicia Restaurativa
tiene como fin, que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través del
reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las
consecuencias de sus actos delictivos.
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De acuerdo a los datos aportados por la institución, de los 1.163 asuntos ingresados al Programa
de Justicia Restaurativa durante todo el año 2015, se lograron finalizar 649 asuntos bajo esta
modalidad. En este sentido, cabe destacar que el porcentaje de resolución descrito, se establece
con la cantidad de asuntos entrados y que los casos restantes (sin resolver), son trasladados al
trámite ordinario donde se resolverán pero a partir de una sentencia mediante esa vía. Resulta
oportuno indicar que, el Programa de Justicia Restaurativa apenas inicia, de ahí que el volumen
de asuntos terminados bajo esta metodología no es tan alto respecto al total de los casos
judiciales terminados en primera instancia, en todos los juzgados y despachos del país y que
incluyen diversas materias que se atienden en los mismos, por lo que se espera que este
porcentaje aumente en la medida que el programa se desarrolle y alcance todo el país.
Este programa contribuye a la intervención del conflicto social mediante formas distintas a la
privativa de libertad. Al reparar las consecuencias del hecho delictivo de manera satisfactoria,
tanto para el actor como para la víctima, se favorece la participación de las personas víctimas,
ofensoras y comunidades en la solución de los conflictos penales, generando un clima de mayor
satisfacción. Por ejemplo, en la población juvenil, ayuda a evitar la vinculación de personas
adolescentes en conflictos con la justicia y a brindar una respuesta al delito, que favorezca la
integración social y la no reincidencia en la población adolescente, la reparación del daño en la
persona víctima, la resolución del conflicto y la restauración de la paz y la seguridad social que
se ha visto quebrantada a partir del ilícito.
Respecto a los indicadores estratégicos “Tasa de Resolución” y “Tasa de Pendencia” se debe
considerar que el análisis de éstos es complementario, por cuanto la base estadística que
permite su cálculo es la misma y la unidad básica de medida son los expedientes o casos que
requieren una resolución judicial. Por medio de la primera se identifica dentro de los expedientes
pendientes, aquellos que se han resuelto, mientras que con la segunda se determina la cantidad
de expedientes que se mantienen pendientes de ser terminados (aunque se haya iniciado su
tramitación), situación por la cual, si una variable aumenta necesariamente la otra presenta una
disminución.
Los datos aportados por la institución establecen lo siguiente:
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-Porcentaje anual de la tasa de resolución (expedientes en trámite que llegado el fin de año
fueron resueltos). Alcanzó un 34,0% de cumplimiento respecto al 34,0% programado, que lo
sitúa en un nivel de cumplimiento del 100,0%.
-Porcentaje anual de la tasa de pendencia (expedientes en trámite que llegado el final de año no
tienen una resolución, quedaron pendientes). Mostró un resultado del 56,8% respecto del 54,5%
programado como meta, por lo que obtuvo un nivel de cumplimiento del 96,0% (este es un
indicador con meta decreciente, mientras más disminuya la meta el resultado es positivo). Al
respecto, la institución considera el nivel de cumplimento como aceptable, en razón de que la
dinámica de algunas materias, como la civil y pensiones alimentarias, impide al Poder Judicial
por si solo terminar los asuntos con mayor tiempo en la “corriente judicial”.
Por ejemplo, en materia de pensión alimentaria, indistintamente del esfuerzo por terminar los
casos, el asunto debe mantenerse en la corriente judicial entre 18 y 25 años o más; en el caso
de la materia de violencia doméstica las medidas de protección deben prolongarse por un año
antes de dar por terminado el expediente; en materia civil y cobros que operan a gestión de
parte, la celeridad es determinada por las partes involucradas y no por el Poder Judicial, lo que
implica que el resultado de estas dos variables, no necesariamente sea siempre el esperado.
A pesar de estas situaciones que se presentan, el Poder Judicial ha venido realizando esfuerzos
significativos para mejorar la capacidad de resolución de los asuntos, a través del uso de la
tecnología, mejoramiento de los controles internos en los despachos, rediseño de procesos,
utilización del escritorio virtual y otras medidas más. Así también se presentó a la Asamblea
Legislativa el Proyecto de ley de Evaluación del Desempeño que se espera contribuya a mejorar
la gestión institucional.
Respecto a estos dos indicadores, la institución señala que una mayor cantidad de casos
terminados, así como una más alta tasa de resolución llevan aparejadas la máxima
constitucional de justicia pronta y cumplida, ya que una mayor cantidad de personas usuarias de
los servicios judiciales se benefician, en el tanto las partes en conflicto puedan ver atendidas sus
demandas de justicia de manera efectiva. Igualmente, esto conlleva a que la población acuda
cada vez más al Poder Judicial y no a otras instancias o vías distintas, a dirimir sus conflictos,
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contribuyendo con ello a salvaguardar la paz social y nuestro sistema democrático regido por el
principio de legalidad.
En línea con lo anterior, complementando estos dos indicadores, que son considerados
relevantes para el usuario externo, también se estableció otro relacionado que se refiere a la
cantidad de casos judiciales terminados, cuya meta programada fue lograda en un 100%. Se
menciona al respecto que, es importante recordar que dentro de la institucionalidad establecida,
el Poder Judicial es el último “peldaño” que tienen las personas para resolver sus conflictos y que
en cada caso (expediente) que se tramita, como mínimo se involucran dos personas o partes,
por lo cual al terminar 561.694 expedientes, se colige que se resolvió el conflicto que tenían
aproximadamente 1.123.388 personas.
A continuación se presenta un cuadro resumen relacionado al número de casos judiciales
terminados, así como a la tasa de resolución y pendencia, elaborado por la Sección de
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial:
INDICADORES DE GESTIÓN JUDICIAL POR MATERIA DURANTE EL AÑO 2015
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De acuerdo a la información que brinda el cuadro No.3.3 y a la suministrada por el Ente Judicial,
se podría indicar que el porcentaje de logro de las metas de los indicadores, está acorde con el
nivel de ejecución de los recursos para el ejercicio económico 2015.
Estimación de costos
Para establecer el costo estimado del conjunto de indicadores que se asocian al “Servicio de
justicia”, la institución consideró la totalidad del presupuesto asignado al programa por un total de
¢139.247.417.503, lo cual resulta comprensible si se considera que los indicadores definidos
miden de diferentes formas los resultados del proceso que conlleva brindar ese servicio, el cual
culmina con la resolución de los casos, ya sea por medidas alternativas o mediante procesos
ordinarios. Según las consideraciones anteriores, para el cumplimiento de los cuatro indicadores
del programa se requirieron recursos por la suma de ¢134.180.473.687,8.
Programa evaluado Servicio Jurisdiccional
Propósito del programa Administrar Justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta
conformidad con las leyes.
Presupuesto del programa ¢138.358.700.883 1/
Porcentaje ejecutado del presupuesto 96.4
Período evaluado Enero a diciembre de 2015.
Efectividad en el cumplimiento de los indicadores
asociados a producto (gestión)Efectivo.
Efectividad en el cumplimiento de los indicadores
asociados a objetivos estratégicos (resultados)No se cuenta con información para pronunciarse.
Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.
Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado
por la DGPN.
1 / No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recursos externos.
Ficha resumen
Información general del Programa o Subprograma
Poder Judicial
Al 31 de diciembre de 2015
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4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El Poder Judicial se ajustó en términos generales, a lo solicitado por la Dirección General de
Presupuesto Nacional para remitir información respecto a la gestión de la institución. Sin
embargo, se incluye información abundante, que en algunos casos es reiterativa, por cuanto
afecta la gestión de varios de los programas institucionales, en otro se refiere a actividades
operativas o internas, tales como: seminarios, cursos o talleres de capacitación a los funcionarios
o convenios y estrategias de coordinación con otras instituciones, que no son sujetos de este tipo
de evaluación, según la metodología vigente; razón por la que se solicita hacer un mayor
esfuerzo de consolidación, de manera que se concretice y unifique la información que se remite.
No obstante, es conveniente que se continúe informando sobre los logros institucionales
relacionados con los bienes o servicios que se entregan a los usuarios externos, o con proyectos
que pretenden mejorar en algún grado su efectividad, que para el presente informe se rescataron
con el propósito de mejorar la rendición de cuentas institucional.
En adición a lo anterior, se debe reconocer que la institución atendió para el presente informe
una observación planteada en el informe de seguimiento semestral 2015, sobre el requerimiento
oficial de disponer de los datos financieros que ofrece el Módulo Presupuestario de Poderes.
Asimismo, cabe mencionar que a pesar de las dificultades que le impidieron ejecutar todos sus
recursos, el nivel de ejecución alcanzado es relativamente similar al de los últimos años, aunque
más bajo que el logrado el año anterior.
Al respecto es conveniente considerar que, al igual que en ejercicios económicos anteriores,
existe dificultad para ejecutar recursos en la partida de Bienes Duraderos, debido a los
problemas que se presentan con las contrataciones, especialmente cuando se trata de las
licitaciones que por la cuantía de la compra o por las características del proyecto dificultan su
cumplimiento en el año presupuestario, que a la postre influyen en los montos de los
compromisos no devengados que quedan pendientes para el siguiente ejercicio económico. En
concordancia con lo anterior, nuevamente la institución menciona que esto dificulta la ejecución
presupuestaria para atender la programación de actividades del año, situación que se ha venido
presentando y señalando en los informes de los últimos años. Para 2015, la situación se agrava,
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por cuanto el monto de los compromisos no devengados fue de ¢8.719,5 millones, un 49% más
respecto de los ¢5.843,1 millones del año anterior, consumiendo un 2,16% del total del
presupuesto institucional para el ejercicio.
En razón de lo anterior, se solicita prestar especial atención al tema de los procesos de
contratación y realizar una intervención más efectiva del equipo de trabajo interdisciplinario para
el Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto, por cuanto si bien se indican diversas medidas
que se vienen adoptando para mejorar la ejecución del presupuesto y minimizar los
compromisos no devengados, los resultados a la vista muestran que las mismas no han sido
efectivas.
En cuanto a las justificaciones sobre los porcentajes de ejecución por partida, es necesario que
las mismas sean precisas y expliquen en forma concreta las acciones que favorecieron la
ejecución o que por lo contrario limitaron o perjudicaron la misma, omitiendo el reporte de
aquellas que no agregan nada al análisis, tal como las modificaciones presupuestarias que se
realizan en el año.
Otro aspecto pendiente, se refiere a la desagregación individual de los costos por indicador ya
que la institución señala que no cuenta con las herramientas para realizarlo y se utilizan los
mismos insumos para cada uno. Si bien se comprende lo complejo de esta tarea, es necesario
realizar el esfuerzo para medir el costo de alcanzar las metas que se propone cada uno de los
indicadores estratégicos propuestos.
Es importante señalar el esfuerzo que ha venido realizando la institución con el fin de mejorar y
perfeccionar la programación presupuestaria y la medición de aspectos estratégicos y de
relevancia para las personas usuarias de sus bienes y servicios. Así, en el programa Servicio
Jurisdiccional se incorporó un indicador estratégico más asociado al producto, para medir otro
aspecto importante que no estaba considerado; y en el programa Servicio de Atención y
Protección de Víctimas y Testigos se formularon dos objetivos estratégicos más con sus
respectivos indicadores, que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos.
De acuerdo con la información remitida por la institución y a los resultados que se pueden
observar, la gestión del ente judicial está respaldada por el logro de las metas de los indicadores
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estratégicos en un alto grado de cumplimiento, en todos sus programas presupuestarios, así
como en la ejecución de los recursos financieros asignados.
Respecto al indicador del programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos,
sobre el que no se remitió información, argumentando que a mediados de año la Unidad de
Protección a las Víctimas tuvo un cambio de jefatura y que era materialmente imposible cumplir
con la meta, debe aclararse que cuando se definió la incorporación de este indicador mediante
Reprogramación, se hizo bajo el entendido de que se iba a ampliar la presencia del personal de
la Unidad de Protección en cada circuito judicial y no que éste tuviera que trasladarse desde San
José para atender los casos, razón por la que se insta a las autoridades actuales del programa a
reconsiderar si se mantiene este indicador en los términos propuestos o si por el contrario se
reformula o elimina en la programación de 2016.
También, es importante que se consideren las conclusiones del Informe Ejecutivo INF-USCEP-
004-2016 realizado por la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria
(USCEP) de la Dirección de Presupuesto Nacional, referente a la verificación y comprobación de
las fuentes de información y documentación que respaldan el cumplimiento de los indicadores
del programa Servicio Jurisdiccional, contenidos en el presente Informe de Evaluación del Poder
Judicial para el ejercicio económico 2015; con el fin de que se consideren las observaciones
señaladas en el mismo, especialmente en lo que se refiere al suministro de información que
procede de proyecciones y no de datos reales, así como los requerimientos de autoría en los
documentos y la firma de los responsables de los informes, cuando estos se constituyan en
fuentes de información. Lo anterior con el fin de que se pueda declarar como válidas las fuentes
y los datos que se respaldan en éstas.