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PLANES NACIONALES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 2006 - 2015

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Rudecindo Vega CarreazoMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Guido Valdivia RodríguezViceministro de Vivienda y Urbanismo

Otto Eléspuru NesanovichViceministro de Construcción y Saneamiento

Lima, marzo de 2006

ÍNDICE GENERAL

Presentación ................................................................................................................9Introducción: Hacia la Superación de la Pobreza .........................................................15Plan Nacional de Vivienda ..........................................................................................25Plan Nacional de Saneamiento ...................................................................................61

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 9

AGUA Y VIVIENDA PARA UNA VIDA DIGNA. A PROPÓSITO DE LOS PLANES NACIONALES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 2006-2015

Rudecindo Vega CarreazoMinistro de Vivienda,

Construcción y Saneamiento

No hay vida sin agua y no hay vida digna sin vivienda. Agua y Vivienda son dos de las necesida-des más elementales de los seres humanos y definen la esencia de una vida decente. La carencia de una de ellas o, peor aún, de ambas, es un claro signo de pobreza, una nítida expresión de la violencia estructural que limita o impide que las personas puedan desarrollarse como personas. Justamente ahí, en la necesidad de proveer a todos de agua y de vivienda - hoy y en el futuro - se resume la razón de ser del actual Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Sin embargo, una tarea trágicamente pendiente en el Perú es la capacidad de planificar y ejecutar propuestas a mediano y largo plazo. Pocas veces o casi nunca levantamos nuestra mirada al ho-rizonte. El día a día nos consume y marca nuestro accionar. Algunas veces - sobre todo durante los procesos electorales o al inicio de los gobiernos - se discute y propone medidas generales de mediano y largo plazo sin avanzar como se debe en su contenido. Y, otras veces, nos olvidamos de lo avanzado y reiniciamos todo nuevamente.

Concientes de ello y con la finalidad de proponer una visión de mediano y largo plazo, consolidar y dar sostenibilidad a los planes y programas iniciados y, sobre todo, apoyar a las personas, al país y a sus autoridades nacionales, regionales y locales (todas ellas a ser renovadas en abril y noviembre de este año) es que hoy entregamos, completamente actualizados y con un horizonte hasta el 2015, el Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Saneamiento.

Los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento 2006-2015 surgen del compromiso del Estado peruano por desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit y con el objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera a proporcionar, a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un de-sarrollo saludable en un entorno adecuado. Estos planes llevan el signo de la lucha por superar la pobreza al mismo tiempo que promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento10 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 11

El objetivo central de estos Planes es contar con un marco director que oriente el desarrollo coherente e integrado del sector VIVIENDA, comprometiendo a las diferentes entidades e insti-tuciones públicas y privadas involucradas a llevar a cabo este proceso de manera participativa, concertada, transparente y con objetivos nacionales claros y bien definidos. Se trata de definir y determinar programas y proyectos que permitan concretar y ejecutar los grandes lineamien-tos sobre la materia, asumidos por el Estado Peruano en la Cumbre del Milenio y el Acuerdo Nacional.

La “disolución” del Ministerio de Vivienda durante el primer gobierno de Fujimori y la reducción, durante la década anterior, de la importancia del sector vivienda como actividad estratégica para el desarrollo nacional, a través del progresivo desmantelamiento del marco normativo, institucio-nal, tecnológico y financiero que regía las actividades del desarrollo urbano, la vivienda y la cons-trucción, requiere generar un cambio cualitativo importante destinado a recuperar la credibilidad pública del Estado como gestor del bienestar de la gente y responsable de garantizar un ambiente sano para ésta y las futuras generaciones.

El Plan Nacional de Vivienda, denominado “Vivienda para Todos” 2006-2015, contiene los linea-mientos de política, objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programática del sector para los próximos años. Busca consolidar el auge de la actividad habitacional y los logros obtenidos desde la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2002, bajo la perspectiva que la política de vivienda debe constituirse en una Política de Estado que garantice la continuidad de sus principales programas y propuestas.

En el caso del sector saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento “Agua es Vida” 2006-2015 expresa un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo las acciones que realizan las diferen-tes entidades involucradas en el sector y que abarcan los ámbitos urbano, rural y pequeñas loca-lidades, promoviendo su integración. El Plan incluye no sólo las acciones a realizar por el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino también las acciones que se requiere realizar en el ámbito de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), pequeñas municipalidades y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), las cuales tienen a su cargo la admi-nistración, operación y mantenimiento de los servicios rurales, e incluye, asimismo, el papel que cumplen los Gobiernos Regionales en materia de saneamiento.

Estos planes, impulsados por primera vez en conjunto, se inscriben como parte del compromi-so de diálogo de las fuerzas políticas del país, la sociedad civil y el Gobierno para lograr un Acuerdo Nacional. Dichas partes expresaron, en julio de 2002, el compromiso de proporcionar a cada familia el acceso a una vivienda digna y condiciones básicas para un desarrollo salu-dable en un ambiente de calidad y de seguridad; se comprometieron a otorgar un tratamiento especial a las obras de servicio social, con énfasis en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual plantearon la participación de la empresa privada en su gestión.

De igual manera, los Planes se orientan hacia el cumplimiento del compromiso y adhesión del Gobierno peruano por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Asam-blea General de las Naciones Unidas, concientes de la importancia del agua y los servicios de saneamiento tanto como de la necesidad de mejorar las características físicas y la calidad de las viviendas a fin de lograr la superación de la pobreza, garantizar la salud de las personas, reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, promover la igualdad de géneros y la conservación del medio ambiente.

Este conjunto de propuestas de objetivos, metas e inversiones permitirán fortalecer y hacer más competitivo el Sector, mediante la promoción de alianzas público-privadas, el fortalecimiento del sistema de regulación sectorial y la introducción de la gestión por resultados y la rendición de cuentas en el Sector.

Extender el acceso a una vivienda digna mediante las inversiones programadas, tiene además un efecto directo en la prevención de conflictos relacionados con los derechos fundamentales de las personas; si a esto le sumamos la participación de la población en las decisiones sobre el tipo de servicios que requieren y los costos que están dispuestos a asumir por ellos, además de colaborar en una administración justa y sostenible de los servicios, habremos avanzado en nuestra respon-sabilidad de conseguir el desarrollo humano y solidario del país.

Finalmente, los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento, pronto serán complementados con los Planes de Desarrollo Urbano e Infraestructura que el Sector propondrá al país, donde se dejarán establecidas las bases y orientaciones para garantizar la permanencia y la sostenibilidad de las políticas del sector y afianzarse como políticas de Estado.

Lima, marzo de 2006


INTRODUCCIÓN: HACIA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Se estima que al 2015, año meta de los siguientes planes, la población del Perú será de aproxi-madamente 31 millones 972 mil habitantes. Si se asume que el tamaño promedio de los hogares peruanos es de 4.4 miembros, al 2015 el Perú contará con 7 millones 266 mil hogares, lo que equivale a un crecimiento promedio de 91 mil nuevos hogares por año.

La población en edad de trabajar (15 a 64 años) aumenta anualmente a un ritmo mayor a la tasa de crecimiento demográfico: 2,2% versus 1,6%. Es decir, quienes hace 10 ó 20 años formaban parte de la base piramidal de población hoy demandan trabajo y vivienda.

Por otro lado, las tendencias observadas en la distribución de la población por área rural o urbana muestran que la dinámica demográfica no ha sido uniforme. Una distribución geográfica hete-rogénea es producto de la fecundidad, mortalidad, migraciones y la existencia de oportunidades económicas, laborales y sociales.

El 72,3% de la población peruana se concentra en el área urbana; en la costa se ubica el 52.2% de la población; en el departamento de Lima el 29,1%, y en Lima Metropolitana y Callao el 28.8%. Asimismo, en los últimos años se aprecia un mayor incremento relativo de la población en determinadas localidades de la costa, a raíz de las actividades de agroexportación que motivan una importante migración de la sierra a la costa.

Si no se sostiene una política de vivienda en los siguientes años enfocada a los sectores de mayor demanda, para el 2015 el déficit habitacional podría incrementarse en un 50% si se toma como referencia el déficit habitacional de arrastre cuantitativo y cualitativo; el número de hogares que cada año se incorporan al mercado habitacional (necesitados o demandantes); la cantidad y caracterización de la producción habitacional formal e informal y el deterioro del parque habita-cional existente (estimado en 2% anual).

De la misma manera, si bien nuestro país posee una oferta hídrica amplia, como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura, el bajo nivel de cobertura de agua potable en el país expresa una realidad preocupante ya que la población no se beneficia de ella: el acceso al agua es un indicador fundamental para medir el desarrollo humano de una población.

El Perú presenta niveles elevados de pobreza y pobreza extrema especialmente en el tema de saneamiento, los cuales se reflejan en la carencia de sistemas adecuados de acceso al agua po-table, drenaje y elevadas tasas de contaminación de las aguas.


LA POBREZA EN EL PERÚ

No obstante los innegables éxitos de la política macroeconómica implementada en el Perú desde el año 2001 - la que ha permitido un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno motivado por el notable incremento de las exportaciones, la demanda interna y la inversión - persisten en el país altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

De acuerdo con las estimaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-ca - INEI, la pobreza se redujo del 54,3% a 51.6% a nivel nacional entre el 2001 y el 2004, aunque se incrementó en Lima Metropolitana en 4.7 puntos porcentuales (pasando de 31.8% a 36.5%), lo cual limita el impacto de la reducción global de la pobreza que se ha presentado en las áreas rurales (4.6%) y más acentuadamente, en el resto del área urbana (6.7%). Este resul-tado desigual puede atribuirse, en una buena proporción, al aumento de 5.4% de la población en Lima Metropolitana, así como al auge de la actividad agroexportadora en varias regiones de la costa como Lambayeque, donde la pobreza se redujo 18.1puntos porcentuales o Ica, que pre-sentó una contracción de la pobreza de 17.5 puntos porcentuales, al bajar de 46.7% a 29.2%.

Si bien la tendencia es a la reducción, a la fecha aproximadamente 13 millones 800 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 5 millones 600 mil se encuentran en con-dición de extrema pobreza, es decir que no están en capacidad de cubrir una canasta básica de alimentos pese a que, de acuerdo a cifras del INEI, la pobreza extrema se ha reducido de 24.1% a 19.2% (casi cinco puntos porcentuales) entre el 2001 y el 2004.

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobre-za será el objetivo nacional de los próximos diez años. Para esto se requiere de una estrategia integral de largo plazo de la que forman parte importante los planes nacionales de vivienda y saneamiento, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

EL ENTORNO ECONÓMICO

El Marco Macroeconómico Multianual, elaborado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, estima que la producción nacional en el período 2006-2008 crecerá a un promedio anual de 5% y, en el ámbito sectorial, la recuperación será liderada, entre otros, por el sector construcción que se estima crecerá en 7,5% durante los próximos tres años.

De la misma manera, el MEF propone que el gasto social - que actualmente representa cerca del 8% del PBI - se eleve por encima del 10% y que estos gastos se orienten principalmente a las áreas de nutrición, salud, educación, justicia, vivienda, seguridad ciudadana e inversión social adicional que permita la transferencia de capital a las zonas más deprimidas y necesitadas, de tal manera que, en un escenario de restricción de recursos fiscales, se proteja a las familias de alto riesgo y se garantice la prestación de servicios sociales básicos de calidad adecuada.

El crecimiento sostenido del país y el incremento en la competitividad han requerido elevadas tasas de inversión en infraestructura física y capital humano y han generado los cimientos para desarrollar un país social y econonómicamente estable. Prueba de ello son los indicadores favo-rables del Producto Bruto Interno (PBI) que viene mostrando el país: durante el 2005, la economía nacional se vio incrementada en un 6,7% con relación al periodo anterior y ésta en un 4,8% en relación al 2003. Esta recuperación económica se vio fuertemente consolidada y apoyada por el creciente ritmo que mostró el Sector Vivienda, que creció en el 2005 en un 8,7% con relación al año anterior.

La dinámica mostrada por el Sector a través de sus diferentes programas y proyectos ha contri-buido, además, al arrastre económico de otros sectores como la minería no metálica (hormigón, arena o piedra chancada), industria ladrillera, productos de plástico, suministros eléctricos, pin-turas, mayólicas, etc. De esta manera, la participación productiva del Sector se ha convertido en un componente fundamental de las políticas de desarrollo del país.

En el mediano plazo, con la implementación de tratados de libre comercio con los Estados Uni-dos, la Unión Europea y el Asia, así como de acuerdos de integración con los países andinos y el MERCOSUR, se irá consolidando una economía abierta con un aparato productivo orientado firmemente hacia la exportación. Para ello es indispensable el fortalecimiento de la competitividad del país.

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

El incremento sostenido del comercio mundial, la disponibilidad de medios tecnológicos para difundir información y conocimientos y la vigencia de modelos económicos que privilegian la formación de bloques de países con importantes niveles de integración comercial, económica y política, nos indican que la globalización es un hecho ineludible del que no pueden sustraerse países pequeños y de renta media baja como el Perú. El objetivo es conseguir que la globalización se convierta en una fuerza positiva que nos permita conseguir la mayor cantidad de beneficios para el país.

Pero la globalización implica ser competitivos. Competitividad se define como la capacidad de un país de alcanzar un crecimiento rápido y sostenido. De acuerdo al Foro Económico Mundial, para medir la competitividad de una sociedad en su conjunto se utiliza el Índice de Competitividad para el Crecimiento (ICC) que se compone de tres sub-indicadores: calidad institucional, ambiente ma-croeconómico y disposición de recursos tecnológicos. Ello quiere decir que no basta que un país tenga estabilidad macroeconómica, inversión, recursos materiales, tecnológicos o habilidades empresariales, si al mismo tiempo no tiene una sociedad institucionalizada.

Una sociedad institucionalizada es aquella en la que existe capacidad para procesar las discre-pancias de los diferentes grupos de interés mediante mecanismos predecibles y legitimados. Es decir, aquélla en que los ciudadanos creen en sus instituciones (convicción ciudadana) y éstas funcionan de acuerdo a las competencias previamente otorgadas y a las normas legítimamente aprobadas por la sociedad.

La institucionalización de la sociedad facilita, además, el fortalecimiento de otros factores de competitividad (como la estabilidad macroeconómica o la inversión empresarial a largo plazo). Puede afirmarse, en consecuencia, que una sociedad institucionalizada es el prerrequisito básico para la competitividad de un país.

Una vez consolidados los factores de competitividad, es posible alcanzar el crecimiento sostenido. Ello, sin embargo, no es suficiente para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto, condición previa para alcanzar el desarrollo sostenido de un país.

Es aquí donde el Estado cumple un rol de primer orden en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. El crecimiento sostenido de un país, con un marco institucional sólido, puede generar una recaudación de recursos fiscales creciente y continua que permita desarrollar políticas de Estado que, por un lado, promuevan la inversión y, por otro, sirvan para reducir la pobreza y la desigualdad. Estas últimas - las llamadas políticas sociales - reducen los niveles de conflicto que


pueden amenazar a una sociedad, reforzando su institucionalidad y produciendo lo que puede denominarse el círculo virtuoso del desarrollo, tal y como se muestra en el grafico siguiente:

CompetitividadGlobal

Políticas SocialesEficientes

Crecimiento Sostenido

RecaudaciónFiscal Continua

Reducción dela pobreza

Estímulo deInversión

Sociedad Institucionalizada

El círculo virtuoso del desarrollo

Elaboración: VMVU

Con este enfoque, el Plan Nacional de Competitividad liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, que propone como uno de sus objetivos principales establecer planes estratégicos de gestión de las entidades públicas y su adopción por consenso nacional, constituye uno de los documentos orientadores para la elaboración de los planes.

EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Queda claro que las políticas sociales constituyen un elemento clave para la institucionalización de la sociedad, para la competitividad del país y para el bienestar nacional. De la eficiencia de estas políticas depende en gran medida que los objetivos se alcancen en el menor tiempo posible, de modo que se reduzcan los costos y riesgos sociales y económicos que trae consigo el mante-nimiento de la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, no es posible lograr eficiencia, productividad y calidad del gasto sin organizar y ordenar las políticas sociales para superar la pobreza, precisando con claridad los grandes lineamientos, prioridades y objetivos que orienten las intervenciones sociales. En este sentido, mediante el D.S.Nº 064-2004-PCM se precisaron tres grandes ejes que todo programa o pro-yecto social debe perseguir: el desarrollo de capacidades humanas, la promoción del empleo y generación de oportunidades económicas para los pobres y el funcionamiento de una red de protección social.

PRIORIDADES ÁREAS DEEJES OBJETIVOS ESTRATÉGICAS INTERVENCIÓN

DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y RESPETO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Asegurar el capital humano y social de grupos sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad social

Servicios sociales básicos: educación, salud, alimentación y nutrición, vivienda y saneamientoDerechos básicos:justicia y seguridad ciudadanaFondos sociales

Protección integral de todos los niños y niñas menores de tres años1, de cualquier daño que

afecte su desarrollo potencial

PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES ECONÓMICAS

Incrementar sus activos familiares y comunitarios y mejorar los ingresos y el empleo permanente

Activos de familias y comunidades: infraestrctura vial telecomunicaciones y electrificaciónCapacidad técnicaDesarrollo ruralMejoramiento del ingresoFondos sociales

Mantenimiento preventivo y generación

de infraestructura y desarrollo de iniciativas

sociales productivas

ESTABLECIMIENTODE UNA RED DE PROTECCIÓNSOCIAL

Reducir los riesgos y proteger a las personas y sus familias

Fondos sociales

Protección a los grupos más vulnerables,

especialmente los niños menores de tres años,

mujeres embarazadas y puérperas personas con discapacidad, personas

adultas mayores y damnificados por efecto

de emergencias naturales

Plan nacional para la superación de la pobreza

Carta de política social

Por otro lado, la Carta de Política Social elaborada por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Pro-moción del Empleo y el Ministerio de Educación y la colaboración del Banco Mundial) establece que estas estrategias tienen como elementos fundamentales los siguientes principios que orientan la acción del Estado en este campo:

1. Promoción y respeto de los derechos y deberes de la persona y responsabilidad de las institu-ciones.

2. Participación de la sociedad civil.3. Asignación de recursos con criterio de equidad.4. Descentralización de los servicios.5. Coordinación entre los diversos actores involucrados.6. Fomentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.7. El seguimiento permanente y la evaluación de la eficiencia y eficacia de las decisiones

adoptadas.


Acuerdo Nacional

Otro de los documentos de política que guía las acciones propuestas por los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento es el Acuerdo Nacional, un compromiso de gobernabilidad al que llegaron por consenso los representantes de las distintas organizaciones políticas, religiosas y sociales del país. Dichos representantes aprobaron, en julio de 2002, un conjunto de Políticas de Estado, dos de las cuales orientan los planes nacionales del sector: desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit mediante el fomento de la competitividad del país y su desarrollo sostenible y, en segundo lugar, garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad a través de la ampliación del acceso al agua potable y saneamiento básico, así como el control de los principales contaminantes ambientales.

Con estos objetivos, el Estado se comprometió a promover una cultura de la salud, incluyendo hábitos de vida saludables, ampliando el acceso a los servicios de agua y alcantarillado de acuer-do a las necesidades de cada región (Décimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional). Asimismo, se comprometió a facilitar el acceso a una vivienda digna, lo que supone elaborar un plan nacional de vivienda y normas que simplifiquen la construcción y el registro de viviendas en tiempo y costo que permitan su densificación, abaratamiento y seguridad. Se comprometió también a consolidar un sistema habitacional integrado al sistema económico privado; con el Estado en sus niveles nacional, regional y local, en un rol subsidiario, facilitador y regulador de estas actividades y le encomienda al sector privado fomentar la transferencia de su diseño, cons-trucción, promoción, mantenimiento u operación, según sea el caso. Finalmente, se comprometió a fomentar el saneamiento legal y a buscar mejorar la calidad de las viviendas auto-construidas (Vigésima Primera Política de Estado del Acuerdo Nacional).

Es evidente, pues, la íntima relación que existe entre la precariedad urbana - que se expresa en la carencia de infraestructura (servicios públicos, vivienda, equipamiento urbano) - y la exclusión social de las familias pobres. Por ello, los programas orientados a la atención de la precariedad física y la integración de las familias pobres a la ciudad son los más eficientes en la lucha contra la pobreza.

En efecto, un estudio de la Comisión Económica para América Latina-CEPAL1 considera que los programas de vivienda basados en subsidios directos habitacionales, los de mejoramiento de barrios pobres y los fondos sociales “constituyen, como conjunto, intervenciones que cubren parte importante de las distintas demandas y expresiones del problema de la pobreza (alojamiento, barrios e infraestructura para los pobres)”.

Asimismo, el ejercicio de apreciación al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, MiBarrio, efectuado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD2 , concluye que “MiBarrio ha logrado convertirse en una institución reconocida y valorada por las poblaciones urbano-marginales y los gobiernos locales involucrados, ya que apunta a resolver aspiraciones y necesidades altamente prioritarias por la población y sus autoridades. En el mismo sentido, el programa cumple un rol importante en los esfuerzos gubernamentales de combate y reducción de la pobreza extrema en las áreas urbanas menos favorecidas del país, siendo consistente con los esfuerzos nacionales dirigidos al logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de la

1 “Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano”, Camilo Arraigada, Serie medioambiente y desa-rrollo Nº 27, NN.UU. CEPAL - División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Santiago de Chile. Octubre de 2000.2 “Ejercicio de Apreciación del Programa “MiBarrio” del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Perú, Lima, enero de 2006.

Superación de la Pobreza, el Acuerdo Nacional y las Metas de Desarrollo asumidas por el Perú para el 2015 en la Cumbre del Milenio.”

Es así que los programas y las políticas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento están dirigidos al mejoramiento y desarrollo del hábitat urbano y rural del país y reflejan el rol primordial del Sector, no solamente en la generación de empleo, el desarrollo de mercados, la producción industrial y la inversión, sino también en el fortalecimiento de alianzas público-priva-das y la ejecución de la política social de lucha contra la pobreza.

Los objetivos de desarrollo del milenio

Planteados por la mayor reunión de líderes mundiales convocados por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde su creación, expresan el reconocimiento de la responsabilidad colec-tiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial y la decisión de reducir a la mitad el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza al 2015. Los ODM se plantean ocho metas, una de las cuales propone reducir a la mitad las personas que carecen de acceso a agua potable, así como, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos humanos y tugurios:

Los planes nacionales de vivienda y saneamiento se han planteado un horizonte de 10 años en concordancia con las Metas del Milenio y se proponen, ambos, alcanzar los compromisos inter-nacionales asumidos por el Perú en la Declaración del Milenio.

En conclusión, los planes nacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, teniendo como marco el Plan Nacional de la Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de Competitividad, el Marco Macroeconómico Multianual, la Carta de Política Social, el Acuerdo Nacional y las Metas de Desarrollo del Milenio, apuntan a superar la pobreza mediante la bús-queda del desarrollo humano de la población de menores recursos y grupos vulnerables; median-te la promoción de una gestión que propicie el desarrollo de la competitividad y la eficiencia a través de programas dirigidos a las personas que carecen de acceso a agua potable y servicios de saneamiento; mejorando las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos humanos y tugurios; facilitando el acceso al suelo formal; promoviendo las inversiones inmobiliarias con fines residenciales; y estimulando la producción de soluciones habitacionales de calidad para el medio urbano y el rural del país.

Objetivo 7 : Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.Meta 10 : Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.Meta 11 : Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de asentamientos humanos y tugurios.

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2006 -2015VIVIENDA PARA TODOS


ÍNDICE

CAPÍTULO I - SITUACIÓN ACTUAL ..................................................... 31

1.1 La vivienda en el Perú (1990-2000) ...............................................................31 1.2 Perfil habitacional y barrial (al 2001) .............................................................32 1.3 Una nueva visión (2001-2006) ......................................................................33 1.3.1 El modelo de gestión habitacional ............................................................ 33 1.3.2 El marco institucional .............................................................................. 33 1.3.3 El marco normativo ................................................................................. 35 1.3.4 El plan nacional de mediano plazo ........................................................... 36 1.4 Metas alcanzadas (2001-2005) .....................................................................37 1.4.1 Metas físicas alcanzadas .......................................................................... 37 1.4.2 Metas económicas y sociales alcanzadas .................................................. 37 1.5 Limitaciones .................................................................................................37

CAPÍTULO II - POLÍTICA DE VIVIENDA .............................................. 43

2.1 Principios fundamentales ..............................................................................43 2.1.1 La vivienda, un asunto de carácter múltiple ............................................... 43 2.1.2 La vivienda, lo urbano y lo rural ............................................................... 43 2.1.3 La vivienda y la institucionalidad ............................................................... 43 2.1.4 La vivienda y el desarrollo económico ....................................................... 43 2.1.5 La vivienda y la superación de la pobreza ................................................. 44 2.1.6 La vivienda y la descentralización ............................................................. 44 2.2 Misión ..........................................................................................................44 2.3 Objetivos ......................................................................................................44 2.3.1 Objetivos generales ................................................................................ 44 2.3.2 Objetivos específicos ............................................................................... 45 2.4 Metas ...........................................................................................................45 2.4.1 Metas físicas ........................................................................................... 45 2.4.2 Metas económicas .................................................................................. 46 2.4.3 Metas sociales ........................................................................................ 46 2.5 Estrategia .....................................................................................................46 2.5.1 Integralidad: vivienda para todos ............................................................. 46 2.5.2 Progresividad: más apoyo para los que menos tienen ................................ 47 2.5.3 Subsidiariedad: atiende el más eficiente, al que está más cerca .................. 47 2.5.4 Enfoque de mercado: equilibrando la oferta y la demanda ......................... 48 2.5.5 Transparencia: generando confianza ........................................................ 48 2.5.6 Articulación industrial: produciendo lo que la vivienda requiere .................. 49 2.5.7 Eficiencia social: superando la pobreza .................................................... 49 2.6 Líneas de acción programática ......................................................................49 2.6.1 Producción habitacional .......................................................................... 49 2.6.2 Mejoramiento urbano y rural .................................................................... 51 2.6.3 Financiamiento habitacional .................................................................... 52 2.6.4 Innovación tecnológica ............................................................................ 54 2.6.5 Modernización normativa ........................................................................ 55 2.6.6 Fortalecimiento y posicionamiento institucional .......................................... 56 2.6.7 Promoción habitacional ........................................................................... 57


CAPÍTULO I

SITUACIÓN ACTUAL

1.1 La vivienda en el Perú (1990-2000)

A partir del año 1991, se inició el proceso de debilitamiento institucional del sector vivienda, cuyos principales hitos fueron:

a. Una merma notoria de influencia política y de recursos económicos, al haber perdido su rango ministerial.

b. El mal uso y posterior liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que desde 1979 hasta 1992 fue el sustento de los programas de vivienda social, junto con la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), también desactivada.

c. La liquidación de las entidades que brindaban el financiamiento hipotecario para las fa-milias de estratos medios y bajos y el apoyo crediticio para el desarrollo de proyectos de vivienda(Banco Central Hipotecario, Banco de la Vivienda, Mutuales de Vivienda, Coopera-tivas de Créditos para Vivienda).

d. La dispersión, en diferentes instancias del aparato estatal, de las entidades encargadas de la instrumentación de políticas como la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Banco de Materiales (BANMAT), el Fondo Mivivienda, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), las empresas de Saneamiento, el Registro Predial Urbano (RPU).

e. La pérdida de su capacidad para generar información técnica actualizada y efectuar inves-tigaciones aplicadas, al haberse reducido el nivel de actividad y el ámbito de influencia del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR) y la desactivación del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI).

f. La reducción de su ámbito de gestión geográfica, al haberse transferido las Direcciones Re-gionales de Vivienda y Construcción a los Consejos Transitorios de Administración Regional.

g. La desvinculación - cuando no el enfrentamiento - con los gobiernos locales, lo que ha significado una superposición de normas y competencias que afectaron tanto al ciudadano como al inversionista.


Todo ello impidió la implementación de políticas nacionales de acondicionamiento territorial, de-sarrollo urbano, vivienda y construcción de infraestructura urbana, y condujo al mantenimiento de un marco normativo desfasado. Baste mencionar, como ejemplos de este desfase, la vigencia por más de treinta años de un obsoleto Reglamento Nacional de Construcciones, y el que los procesos de habilitación urbana y de edificación sean regidos por disposiciones que adolecían de gruesas fallas conceptuales, en las que primó la voluntad política de interferir en los fueros municipales antes que en el desarrollo ordenado de nuestras ciudades.

Los gobiernos locales, por su lado, sea por falta de medios económicos o por carencia de capa-cidades técnicas, no podían dirigir adecuadamente el pronunciado proceso de urbanización que ha sufrido el país, proceso que ha sido liderado por acciones espontáneas, desarrolladas princi-palmente por las familias de menores recursos.

Este crecimiento desorganizado de nuestras ciudades, que afectaba directamente el desarrollo eficiente del aparato productivo nacional, motivó además la acentuación de las diferencias sociales, de las que las graves carencias de empleo, educación, salud, alimentación y vivienda son un fiel reflejo; esto gene-ró un uso ineficiente del territorio, como lo revela el hecho que, en el 2001, el 52.2% de la población nacional se ubicaba en la costa, región que solamente representa el 11% del territorio, en tanto que en la selva, que concentra el 58% de la superficie, apenas habitaba el 13% de los peruanos. Es igualmente significativo el que aproximadamente el 53% del Producto Bruto Interno se concentra en la zona central del país, principalmente en Lima, mientras que en el Oriente solamente se produce el 5% del PBI.

En este contexto, las iniciativas para el desarrollo de programas habitacionales se limitaron, en los últimos años, a esfuerzos privados concentrados en los sectores altos y medios de la población urbana, utilizando para ello recursos de la banca privada y del Fondo MIVIVIENDA que, desde su creación hasta julio del 2001, apenas logró la colocación de 1,200 créditos por un monto de US$ 21 millones, a pesar de contar con recursos que bordeaban los US$ 500 millones.

El mayor volumen de viviendas correspondió a la llamada autoconstrucción, en la que la asisten-cia técnica es prácticamente nula y el apoyo financiero formal está a cargo del Banco de Mate-riales, cuya gestión durante los años noventa estuvo marcada por la politización y la ausencia de criterios técnicos para el diseño de programas de crédito y para la calificación y la aprobación de préstamos. Como consecuencia de ello, la cartera de colocaciones del BANMAT - cercana a los US$ 900 millones – presentaba, a julio del 2001, una morosidad de 86%.

Quizá el único esfuerzo coherente vinculado con la política habitacional fue la experiencia de for-malización de la propiedad predial urbana llevada a cabo por COFOPRI, a partir de 1996, con apoyo del Banco Mundial. Esta formalización permitió entregar, a través del Proyecto de Derechos de Propiedad Urbana (PDPU), más de 1 millón 100 mil títulos de propiedad, e incorporó con ello a los beneficios de la formalidad a igual número de familias pobres. Este éxito evidente del proyecto, reconocido a nivel mundial como buena práctica de regularización del suelo urbano, no pudo ser articulado con una estrategia integral de mejoramiento de las condiciones físicas y sociales de los asentamientos humanos formalizados. 1.2 Perfil habitacional y barrial (al 2001)

Como consecuencia de la inexistencia de una estrategia articulada, a diciembre del año 2001 el déficit habitacional ascendía a 1’233,000 viviendas. De éste, correspondería a viviendas faltantes 326,000 (26%), y 907,000 (74%) a viviendas existentes pero inadecuadas por características físicas y de hacinamiento (déficit cualitativo).

Los mayores niveles de déficit cuantitativo y cualitativo por características físicas se concentran en los departamentos de Lima 40,9%, Puno 6,6%, Cusco 5,4%, Callao 4,8%, Junín 4,8% y el resto (37,5%) en 19 departamentos. La inexistencia de una política habitacional deliberada y consistente durante los noventa, originó que la inmensa mayoría de las viviendas de este período (120 mil al año según los datos censales) fueran producidas al margen de la formalidad y carentes de condiciones mínimas de habitabili-dad, lo cual se refleja en los siguientes indicadores del parque habitacional encontrado:

• El 45.0% del total de viviendas contaba con dos o menos habitaciones.• El 45.5% tenía pisos de tierra.• El 60.8% contaba con abastecimiento de agua mediante red pública dentro de la vivienda.• El 69.6% tenía alumbrado eléctrico.

Adicionalmente, al 2001, 7,5 millones de personas (el 44% de la población urbana) vivían en alrededor de 7 mil Barrios Urbano Marginales (BUM) de las principales ciudades del país, en condiciones de precariedad física y abandono social, con el riesgo de perpetuar su situación de pobreza o indigencia.

1.3 Una nueva visión (2001-2006)

Desde julio del 2001, el gobierno nacional inició una nueva estrategia para el tratamiento de las deman-das habitacionales y barriales y recuperó, para el sector, la importancia estratégica que le correspondía, por su alto impacto en la reactivación económica, en la generación de empleo y en el incremento de los niveles de bienestar de la población. La nueva visión se sustentaba en cuatro factores clave:

• Un nuevo modelo de gestión habitacional, más eficiente y sostenible.• Un nuevo marco institucional, coordinado y eficaz.• Un nuevo marco normativo que promueve la creatividad, el bajo costo y preserva la calidad

de la construcción.• Un Plan nacional de mediano plazo, coherente e integrado.

1.3.1 El modelo de gestión habitacional

Se trataba de reemplazar al vigente hasta los años noventa, en el que el Estado se encargaba de ejecutar todas las fases del proceso de producción habitacional: diseñaba, normaba, construía, finan-ciaba la construcción, comercializaba las viviendas, otorgaba los créditos hipotecarios y los cobraba.

La nueva propuesta le reservó al Estado un rol promotor y facilitador de la iniciativa privada, a la que se entregó la ejecución de la política habitacional. Sería el sector privado inmobiliario-constructor (empre-sas inmobiliarias, pequeñas y medianas constructoras, profesionales independientes) el encargado de diseñar, construir y comercializar los programas habitacionales. El financiamiento de la construcción y el otorgamiento de los créditos hipotecarios quedaban a cargo de las instituciones financieras privadas (bancos comerciales, financieras, cajas municipales y rurales, cooperativas de ahorro y crédito). 1.3.2 El marco institucional

Comprendiendo que la dispersión del sector, alentada desde los noventa, constituía una fuerte limita-ción para la ejecución de la política de vivienda, se tuvo una clara conciencia de la necesidad de recu-perar la institucionalidad del Sector Vivienda. Para el efecto, se dictaron las siguientes disposiciones:


• Declarar de interés nacional la ejecución de actividades destinadas a promover el acceso de toda la población a la vivienda digna y crear una Comisión de Coordinación encargada del seguimiento de estas actividades (D.S.010-2002-MTC de 20 de marzo de 2002). La Comisión es presidida por el Viceministro de Vivienda y la integran el Viceministro de Saneamiento, el Secretario Ejecutivo del Fondo Mivivienda, el Presidente del Directorio del Banco de Materiales, el Superintendente de Bienes Nacionales y el Coordinador Nacional de la Comisión de For-malización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Se trató del primer esfuerzo por integrar, en una sola instancia, a todas las entidades del gobierno nacional vinculadas directamente con el tema habitacional y urbano.

• Crear el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Ley 27779 de 11 de junio de 2002), como ente rector y ejecutor de política en temas de vivienda, construcción, desarrollo urbano y saneamiento, al cual se adscriben el Fondo Mivivienda y el Banco de Materiales, entre otras entidades. Con esta decisión, el sector vivienda recupera su rango ministerial e integra bajo su administración a las instituciones del Estado encargadas del financiamiento de la vivienda.

Esta propuesta de fortalecimiento institucional se ha consolidado con la transformación del Fondo Mivivienda en una empresa estatal de derecho privado (Ley 28579 del 09 de julio del 2005), que contribuirá notablemente a la sostenibilidad del financiamiento hipotecario para vivienda social al menos durante los siguientes diez años.

En este mismo esquema, el Banco de Materiales SAC - BANMAT, además de haber ido mejo-rando su gestión administrativa y perfeccionando los procesos de otorgamiento de créditos, se ha ido encargando de los Proyectos Piloto Techo Propio, los Proyectos de Producción Urbana Primaria y de Mejoramiento Integral de Barrios. Ha optimizado la utilización de los recursos del Fondo de Apoyo Social con su participación en el cofinanciamiento de los Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrio. Asimismo, ha implementado el Programa Mi Mercado con el que da inicio a su accionar a través de la intermediación financiera.

• Conformar la Comisión Consultiva de Vivienda (R.M. N° 004-2002-VIVIENDA del 28 de julio de 2002) integrada por representantes de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros, de las Asociación Peruana de Consultoría, de las principales Universidades del País, de la Cámara Peruana de la Construcción, de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado ha emitido opinión sobre los principa-les instrumentos de la política habitacional y los ha respaldado con su solvencia técnica y representatividad, lo que ha permitido contribuir notablemente en su implementación y en la sensibilización de los agentes económicos, políticos y sociales hacia los objetivos del sector.

• Implementar los subsidios directos habitacionales, mediante la aprobación de la ley de crea-ción del Bono Familiar Habitacional (Ley 27829 del 20 de setiembre de 2002) que implicó un cambio cualitativo de trascendencia en el abordaje del problema de la vivienda social. Con anterioridad al BFH, que es una ayuda directa, transparente y focalizada en las familias pobres, el apoyo del Estado se otorgaba mediante subsidios indirectos, indiscriminados y desfocalizados a la demanda y a la oferta de vivienda.

Este cambio estratégico fue consolidado con la creación de los Bonos de Mejoramiento Barrial (D.S. 004-2004-VIVIENDA del 27 de marzo de 2004) para la ejecución de proyectos integrales de mejoramiento de barrios marginales en las principales ciudades del país.

1.3.3 El marco normativo

Dado el nivel de obsolescencia de las normas técnicas y administrativas que regían la actividad edificatoria y de vivienda, se dieron una serie de disposiciones destinadas a modernizarlas, pero cuidando de no interferir con las competencias normativas de los gobiernos locales. Las principa-les normas aprobadas son las siguientes:

• Reglamento de Construcción y Habilitación Urbana Especial (D.S. N° 030-2002-MTC del 30 de junio de 2002), para flexibilizar las condiciones de diseño y construcción de viviendas sociales y hacer posible, de esta manera, una oferta habitacional de calidad y consistente con la capacidad de compra de familias de ingresos medios y bajos.

• Programa de Proyectos Piloto de Vivienda (D.S. Nº 019-2002-MTC del 10 de mayo de 2002) financiado con recursos del Banco de Materiales SAC, para impulsar la utilización de nuevas propuestas de diseño urbano y de vivienda, el empleo de nuevas tecnologías de construcción y el uso de terrenos subutilizados del Estado para generar vivienda para fami-lias pobres.

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (D.S. 027-2003-VIVIEN-

DA del 06 de octubre de 2003), que estableció un marco normativo homogéneo y sim-plificado a nivel nacional para la formulación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanos a cargo de los gobiernos locales, con el propósito de promover las inversiones urbanas.

• Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas, Texto Único Ordenado, aproba-

do por D.S. N° 010-2005-VIVIENDA del 12 de mayo de 2005, que aclaró el procedimiento para el otorgamiento de licencias de habilitaciones urbanas.

• Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones y Declaratoria de Fábrica (D.S. N° 011-VIVIENDA-2005 del 13 de mayo de 2005) que fijó modificaciones sustantivas a la norma que regula sobre todo el otorgamiento de licencias de construcción, lo cual procuró su simplificación y flexibilización.

• Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 015-2004-VIVIENDA del 06 de setiembre del 2004 y R.M. N° 290-2005-VIVIENDA del 26 de noviembre del 2005), decretos que es-tablecen el índice y la nueva norma técnica de edificaciones, respectivamente, reemplazan-do al Reglamento vigente desde los años setenta. El RNE es concebido como un compendio integrado de normas técnicas con el que se pretende registrar los avances de la tecnología de diseño y construcción obtenidos en los últimos cuarenta años; reducir al máximo la ambigüedad de las normas a fin de facilitar la aprobación de proyectos; conceder a los profesionales que diseñan y construyen una parte significativa de la responsabilidad sobre la calidad y seguridad de las edificaciones; y establecer parámetros técnicos que vayan de acuerdo a los nuevos requerimientos habitacionales y urbanos.

• Resolución Ministerial Nº 297-2005-VIVIENDA, que autoriza al Directorio del BANMAT para que, en ejercicio de sus atribuciones, apruebe la utilización de recursos a los que se refie-re el artículo 3º de la Ley Nº 27205 para el “Sistema de Reforzamiento de Vivienda Rural de Pobladores de Menores Ingresos y con Mayor Riesgo Sísmico”, con el objeto de definir proyectos piloto en el medio rural para aplicar soluciones con tecnología apropiada en el reforzamiento y, en su caso, mejoramiento y reconstrucción de viviendas.


1.3.4 El plan nacional de mediano plazo

Como ya se ha mencionado, el Plan Nacional de Vivienda “Vivienda para Todos” se concibió como un instrumento de planeamiento y gestión de la política habitacional hasta el 2007. Se fijó tres objetivos:

• Reducir el déficit habitacional de arrastre y absorber la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

• Impulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición. • Mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, subutilizadas o deterioradas.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se implementó una estructura de seis programas, cada uno de ellos destinado a atender a un determinado segmento socioeconómico (ver cuadro adjun-to), consagrando de esta manera la propuesta de satisfacción integral del problema habitacional y de precariedad urbana expresada en el nombre del Plan: Vivienda para Todos. El planteamiento general de cada programa consiste en complementar el esfuerzo de las familias (el ahorro previo) con el apoyo directo otorgado por el Estado (subsidios habitacionales o barria-les y, en el caso del Programa Mivivienda, el Premio del Buen Pagador) y, de ser requerido, con un crédito hipotecario complementario. Como se aprecia en la ilustración, los programas que conforman el Plan benefician directamente a familias que pertenecen a los niveles socioeconómicos B, C, D y E que involucran a más del 85% de la población urbana del país. Más aún, hay que indicar que la consolidación del programa MIVIVIENDA ha permitido, a su vez, la diversificación de productos financieros inmobiliarios por parte de los bancos privados, y ha favorecido de manera indirecta a una parte importante del 15% restante de la población.

Sistema de Financiamiento según nivel socioeconómico (NSE)

ESTRUCTURA SEGÚN NSE A B

A b

C

B

D

C D

D

E

E

D

CRÉDITO HIPOTECARIO COMERCIAL

PROGRAMA MIVIVIENDA

PROGRAMA TECHO PROPIO

PROGRAMA BANMAT

PROGRAMA TECHO PROPIO DEUDA CERO

PROGRAMA MIBARRIO

PROGRAMA LA CALLE DE MIBARRIO

PROGRAMA MEJORANDO MI PUEBLO

c

c

d

Ed

Ed

e

1.4 Metas alcanzadas (2001-2005)

Luego de cincuenta y cuatro meses de implementación de la nueva visión estratégica para abor-dar el problema de la vivienda y de treinta y tres meses de vigencia del Plan Nacional “Vivienda para Todos”, pueden apreciarse avances significativos que se expresan en los siguientes logros alcanzados en lo físico, en lo económico y en lo social:

1.4.1 Metas físicas alcanzadas

• 82 mil viviendas nuevas, construidas a través de los Programas MIVIVIENDA, Techo Propio y BANMAT.

• 18 mil viviendas nuevas construidas con financiamiento privado, 49 mil viviendas mejoradas a través del Programa de Vivienda Progresiva del BANMAT.

• 15 mil familias beneficiadas con obras de infraestructura urbana y desarrollo social a través de Programas MiBarrio y La Calle de Mi Barrio.

• Construcción de dos mercados a través del Programa Mi Mercado, en beneficio de cerca de 2 mil familias.

1.4.2 Metas económicas y sociales alcanzadas

• 5,923 millones de soles de inversión en vivienda y mejoramiento urbano.• 4,723 millones de soles de créditos hipotecarios.• 616 mil empleos generados. 206 mil empleos directos y 410 mil indirectos. • 2 millones 569 mil personas beneficiadas con vivienda o empleo.• 52 meses (a diciembre de 2005) de crecimiento sostenido de la construcción con un incremen-

to acumulado de 23 % desde el 2001 (ver gráfico adjunto).

Evolución anual del PBI Construcción

0.3

4.94.0

4.8

7.5

2001 2002 2003 2004 2005

1.5 Limitaciones

A pesar de que los indicadores mostrados reflejan una consolidación de la política habitacional implementada, es evidente que la magnitud de los déficit habitacionales y urbanos no se han reducido en una magnitud significativa. Esto obliga a plantear objetivos de largo plazo - de allí la necesidad de un nuevo Plan hasta el 2015 - y el ajuste de los instrumentos que conforman la política de vivienda con miras a superar las dificultades encontradas en esta primera etapa de aplicación, siendo las más relevantes las siguientes:


• Incapacidad de las familias potencialmente beneficiarias de los programas habitacionales para completar el ahorro previo requerido como cuota inicial. En efecto, estudios de mercado efectuados por empresas independientes revelan que el 54% de quienes podrían aplicar al programa Mivivienda y 79% de quienes desean postular al programa Techo Propio, tienen ca-pacidad de pagar las cuotas mensuales pero no cuentan con el dinero suficiente para efectuar la cancelación de la cuota inicial de los créditos hipotecarios.

• Insuficiencia de la oferta habitacional del Programa MIVIVIENDA en las ciudades del in-

terior y en los estratos de ingresos medio-bajos (viviendas de menos de 18 mil dólares) y del Programa Techo Propio en Lima Metropolitana.

• Debilidad financiera y económica de muchas empresas promotoras, sobre todo las enfo-cadas en Techo Propio, lo que retrasa la culminación de los proyectos y afecta la credibi-lidad del programa.

• Dificultades notorias para la ejecución de proyectos habitacionales, sobre todo los que se ejecutan en el marco del Programa Techo Propio, por la demora e impredecibilidad de los trámites de zonificación, de la aprobación de licencias de habilitación urbana y construcción y de la de factibilidad de servicios públicos y registrales. Este nivel de incertidumbre es un factor discriminante en la decisión de desarrollar o no proyectos de interés social, dados los bajos márgenes unitarios que se manejan en este tipo de emprendimientos.

• Reticencia de las instituciones financieras de mayor dimensión por involucrarse en el fi-nanciamiento de proyectos habitacionales en muchas ciudades del interior del país y de aquellos dirigidos al Techo Propio. Igualmente, existen dificultades para la calificación crediticia de familias que no cuentan con ingresos demostrables mediante boletas de in-gresos.

• Imposibilidad de las instituciones de microfinanciamiento (cajas municipales y rurales, EDPYME) para acceder a mayores líneas de crédito del Fondo Mivivienda, debido a sus limitaciones patrimoniales y de riesgo.

• Desconfianza de los agentes económicos y sociales en la sostenibilidad de los programas que conforman el Plan Nacional, por el agotamiento de la colocación primaria del Fondo Mivivienda, la incertidumbre respecto al rol del Banco de Materiales y sobre la disposición de recursos a largo plazo para solventar los subsidios directos habitacionales y barriales.

• Dificultades para intervenir en procesos de destugurización en el marco del Programa Techo Propio, debido a la falta de saneamiento físico-legal de los inmuebles, a la debili-dad financiera de las entidades técnicas ejecutoras y a las limitaciones impuestas por el carácter monumental de los centros históricos del país.

• Insuficiente número de entidades técnicas interesadas en promover proyectos de mejora-miento de vivienda y construcción en lote propio o aires independizados, en el marco del Programa Techo Propio. Debilidad financiera de las pocas entidades inscritas y limitacio-nes técnicas y presupuestarias de los gobiernos locales.

• Reducida articulación del sector fabril vinculado con los materiales y servicios de cons-trucción con la política habitacional. Existencia de productos de baja calidad, nacionales e importados.

• Escasez de información sistemática y confiable sobre la realidad habitacional y barrial, lo cual dificulta la toma de decisiones empresariales y el monitoreo de los programas habitacionales.

• Persistencia de la cultura de la informalidad y de la ocupación de tierras públicas y privadas como formas aceptadas socialmente de acceso al suelo.

• Insuficiente nivel de coordinación entre la política de vivienda, la de formalización de propie-dad informal y la de saneamiento, así como con los programas que desarrollan otros sectores enfocados en la superación de la pobreza.

• Debilidades en los procesos internos de aplicación de los Programas Techo Propio, Mivivienda y MiBarrio, que retrasan los desembolsos y la ejecución de los proyectos.

• Dificultades para la aprobación de proyectos de mejoramiento integral de barrios en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y exigencia de someter a las obras de habili-tación urbana y edificación desarrolladas por promotores privados a la evaluación del SNIP.

• Incipiente intervención del sector vivienda en el área rural, que complemente los programas de saneamiento y electrificación rural.


CAPÍTULO II

POLÍTICA DE VIVIENDA

2.1 Principios fundamentales

2.1.1 La vivienda, un asunto de carácter múltiple

Se entiende que la atención de la demanda habitacional de una parte significativa de la población peruana requiere de la consolidación de una política de largo plazo que contemple obligatoria-mente el carácter múltiple del problema de la vivienda: comprende aspectos económicos, finan-cieros, legales, sociales, ambientales, tecnológicos, institucionales y de mercado.

2.1.2 La vivienda, lo urbano y lo rural

Una política de vivienda integral debe contemplar - en el ámbito urbano - intervenciones destina-das a favorecer el crecimiento orgánico de los centros de población y, sobre todo, la integración física y social de los barrios urbano-marginales.

En el espacio rural, las acciones de política habitacional no pueden limitarse a superar las ca-rencias físicas de las viviendas y del entorno, sino que han de dirigirse también a contribuir al incremento de la productividad y sostenibilidad de las actividades económicas que expresan la ruralidad.

2.1.3 La vivienda y la institucionalidad

Una política de estado que promueva el acceso de las familias - sobre todo las que se encuen-tran en condición de pobreza o indigencia - a una vivienda digna y a mejores condiciones de su entorno urbano o rural constituye un factor estratégico para el fortalecimiento de las convicciones ciudadanas, de la autoestima, del sentido de nación, de la formalidad y de la confianza en las instituciones democráticas.

2.1.4 La vivienda y el desarrollo económico

Si la política habitacional es capaz de articular eficientemente los medios económicos, financieros, productivos y de mercado de los agentes económicos, de las familias y del Estado, se convierte en un elemento clave para el crecimiento económico sostenible y articulado y el fortalecimiento de


la competitividad del país. En tal virtud, las oportunidades que ofrezca y los requerimientos que demande el sostenimiento de la política de vivienda deben ser prolijamente contemplados en el diseño de los planes y programas macroeconómicos. 2.1.5 La vivienda y la superación de la pobreza

Por su capacidad de generar empleo - en especial el no calificado - pero particularmente por su impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de las familias, los programas de vivienda y de mejoramiento urbano y rural se convierten en instrumentos de primer orden en la superación de la pobreza y de la indigencia. 2.1.6 La vivienda y la descentralización

La política habitacional, por tener como ámbito todo el territorio nacional, por su capacidad de movilizar inversiones tanto en las áreas urbanas como rurales - en las de extrema pobreza cuanto en las más consolidadas - y por la necesidad de comprometer en su ejecución a agentes locales, públicos y privados, puede contribuir notablemente con la descentralización económica y política del país.

2.2 Misión

Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de la población nacional, ur-bana y rural, mediante:

- la consolidación del sector vivienda como un factor de desarrollo económico y de distribución de riqueza: más inversión, más empleo, más ingresos, menos pobreza;

- su contribución a la elevación de los estándares de calidad de vida: mejor hábitat, más se-guridad, más salubridad; y,

- la creación de condiciones que posibiliten estilos de vida caracterizados por la integración y cohesión familiar y social: mayor estabilidad, menos violencia, más solidaridad, más ciu-dadanía.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivos generales

a. Consolidar la reducción del déficit habitacional de arrastre, y absorber la demanda residen-cial derivada de la formación de nuevos hogares.

b. Superar las condiciones de precariedad de las familias que habitan barrios urbanos subes-tándar y en las zonas rurales del país.

c. Impulsar la producción habitacional de bajo costo y óptima calidad, tanto en el área urbana como en la rural.

d. Contribuir al crecimiento ordenado de los centros poblados, al fortalecimiento de sus áreas en consolidación y a la recuperación de las deterioradas o subutilizadas.

e. Coadyuvar a la estrategia nacional para la superación de la pobreza e indigencia.

2.3.2 Objetivos específicos

a. Facilitar el acceso al suelo y promover las inversiones inmobiliarias con fines residenciales, especialmente las dirigidas a familias pobres.

b. Estimular la producción de soluciones habitacionales de calidad que contemplen todas las formas de dotarse de vivienda.

c. Propiciar la integración física y social de las familias que habitan en barrios marginales así como la recuperación de las condiciones de habitabilidad de las que viven en áreas tuguri-zadas o deterioradas de los centros urbanos del país.

d. Contribuir a superar la vulnerabilidad física y económica de las familias que habitan las áreas rurales del país.

e. Establecer un sistema integral de financiamiento que incentive la demanda de vivienda en todos segmentos sociales, fortalezca a los agentes vinculados a la producción de soluciones habitacionales e incorpore nuevas fuentes de fondeo al mercado de vivienda.

f. Asegurar la modernización del marco normativo institucional que rige el uso del suelo, así como el diseño, la producción y la formalización de edificaciones, con la finalidad de incen-tivar la inversión urbana y garantizar la calidad y seguridad de lo construido.

g. Incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías de diseño y edificaciones, así como la norma-lización y estandarización de productos y servicios vinculados con la actividad edificatoria.

h. Coordinar la política habitacional con aquellas relacionadas con el desarrollo urbano, la dotación de servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

i. Impulsar una mayor participación de los gobiernos regionales y locales en la ejecución de la política habitacional, para permitir la paulatina transferencia de competencias en la materia.

j. Asegurar la permanente adhesión de los agentes políticos, sociales y económicos así como de la población en general, a los fines y objetivos de la política habitacional y a la cultura de la formalidad.

k. Garantizar el fortalecimiento de los organismos encargados de la formulación y ejecución de la política habitacional.

2.4 Metas

2.4.1 Metas físicas

Con la aplicación del Plan Nacional de Vivienda 2006-2015, se espera desarrollar aproxima-damente 2 millones doscientas cuatro mil acciones de producción habitacional y mejoramiento urbano, distribuidas de la siguiente manera:

• La construcción de 632 mil viviendas y el mejoramiento de 348 mil viviendas en el área urbana.

• El mejoramiento urbano de 2,900 barrios marginales en los que habitan 723 mil familias.


• La realización de acciones de mejoramiento habitacional y desarrollo social y productivo en 1,000 centros poblados, con las que se dará atención de 501 mil familias en el área rural.

Adicionalmente, se espera conseguir que estas acciones beneficien a 9 millones 922 mil personas, de las cuales el 80% vive en pobreza o en pobreza extrema y el 60% vive fuera de Lima Metropolitana.

Finalmente, las intervenciones de mejoramiento urbano implicarán la integración física y social de 723 mil familias en barrios urbano-marginales y 501 mil familias previstas en el área rural.

2.4.2 Metas económicas

El esfuerzo económico que demandaría el logro de las metas físicas en el periodo 2006-2015, ascendería a 13 mil 580 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 30% debería in-vertirse en los primeros cinco años. Este esfuerzo podrá efectuarse a partir de las siguientes fuentes:

• US$ 2,219 millones provendrán de los ahorros de las familias.

• US$ 3,503 millones para subsidios, financiados con recursos del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, y de la cooperación internacional.

• US$ 5,989 millones en créditos hipotecarios provenientes de fondos privados, de los cuales aproximadamente el 40% requerirá de algún fondo de cobertura estatal.

• US$ 1,869 millones provendrían de créditos hipotecarios provenientes de fondos estatales.

El mayor esfuerzo financiero para el logro de las metas, 60%, corresponde al sector privado, a través del ahorro de las familias y los créditos hipotecarios del sistema financiero. Concurre a este esfuerzo el sector público, principalmente mediante el otorgamiento de subsidios y de créditos hipotecarios complementarios, que constituyen el 26% y el 14%, del financiamiento.

Adicionalmente, de lograrse este resultado, ello podría significar aproximadamente 3.7% del Pro-ducto Bruto Interno en el primer quinquenio de aplicación del plan y 5.9% en el segundo.

2.4.3 Metas sociales

La meta previsible de generación de empleo podría alcanzar la cifra de 1 millón 563 mil nuevos puestos de trabajo directos y aproximadamente 3 millones 072 mil indirectos, haciendo un total 4 millones 635 mil puestos de trabajo.

De otro lado, al beneficiar directamente a 7 millones 376 mil personas pobres o indigentes (casi el 50% del total), se estaría contribuyendo notablemente a reducir los niveles de pobreza y pobre-za extrema del país.

2.5 Estrategias

2.5.1 Integralidad: vivienda para todos

Al ser la vivienda un bien indispensable para toda la población nacional, el Plan Nacional se pro-pone generar oportunidades para facilitar su acceso, mediante soluciones habitacionales:

• Destinadas a familias de todos los niveles socioeconómicos, considerando sus hábitos de vida y posibilidades económicas.

• Que contemplen todas las formas de dotarse de vivienda: adquisición de vivienda nueva, construcción sobre sitio propio, mejoramiento de vivienda, y arrendamiento de vivienda.

• En todo el territorio nacional, en áreas rurales y urbanas, y dentro de éstas últimas, tomando en cuenta las características de las zonas de expansión, las consolidadas y las deterioradas.

• Que respondan a criterios establecidos de adecuación ambiental, seguridad, composición, superficie y habitabilidad.

2.5.2 Progresividad: más apoyo para los que menos tienen

La estructura socioeconómica actual del país sugiere que, para acceder a condiciones habitacio-nales, más del 85% de la población – es decir no solamente los pobres e indigentes - requiere del apoyo del Estado, aunque ciertamente en diferente magnitud. En tal virtud, el Plan Nacional debe asegurar que la ayuda estatal sea progresiva: a mayor necesidad, mayor prioridad.

Para los próximos años, los sectores prioritarios por atender con las acciones del Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 serán:

• Las familias asentadas en barrios urbano-marginales.

• Las familias que habitan viviendas tugurizadas de las áreas centrales de las principales ciuda-des del país.

• Las familias pobres e indigentes de las áreas rurales.

• Los nuevos hogares que se formen, especialmente los de sectores socioeconómicos de meno-res ingresos.

No obstante reconocer las condiciones de precariedad de la gran mayoría de la población, el apoyo estatal debe otorgarse también como un estímulo al ahorro y al esfuerzo constructor de las familias. 2.5.3 Subsidiariedad: atiende el más eficiente, al que está más cerca

El esfuerzo para alcanzar los propósitos cualitativos y cuantitativos definidos por la Política Nacio-nal de Vivienda necesita de la activa participación de la población y las familias, los agentes eco-nómicos, la sociedad civil y el Estado, mediante la adopción de actitudes favorables al cambio de los procesos que intervienen en la comercialización, producción y financiamiento habitacional.

El Estado cumple un rol facilitador y promotor de la iniciativa de los demás agentes que son los que fundamentalmente deben encargarse del diseño, la ejecución, la comercialización y el fi-nanciamiento de los programas habitacionales y de mejoramiento urbano y rural contemplados en el Plan Nacional.

Para tal fin, el sector estatal otorga medios de financiamiento, subsidios directos, un marco normativo, facilidades fiscales, información actualizada y recursos tecnológicos, especialmente suelo urbano.


Sin embargo, frente a la ausencia de otros agentes, el Estado puede asumir temporalmente el rol de ejecutor, pero previendo que sus intervenciones contemplen mecanismos de fortalecimiento institu-cional, asistencia técnica e información que faciliten ulteriormente la presencia de otros agentes.

No obstante que el nivel de operación alcanzado hasta la fecha por los programas y actividades que componen la política de vivienda ha permitido la concentración de las funciones asigna-das al Estado en el gobierno nacional, se prevé que, durante la ejecución del Plan Nacional al 2015, varias regiones e incluso algunas provincias habrán consolidado una importante demanda habitacional efectiva, lo que haría necesaria la transferencia gradual de competencias. El Plan Nacional debe establecer mecanismos de acreditación de capacidades y de asistencia técnica para dicho fin.

2.5.4 Enfoque de mercado: equilibrando la oferta y la demanda

La vivienda constituye, para la inmensa mayoría de la población, el bien material de más difícil adquisición, puesto que involucra una parte significativa de los recursos familiares regulares y la necesidad imperiosa de recurrir a medios de financiamiento de largo plazo.

De otro lado, la producción de viviendas requiere de la concurrencia eficiente de una serie de agentes (diseñadores, constructores, industriales, comerciantes, consultores, entidades financieras y estatales) y recursos materiales (suelo, servicios básicos, insumos, maquinarias y servicios de construcción); así como la existencia de un marco regulatorio que garantice la calidad y seguri-dad de las edificaciones (autorizaciones municipales, normas técnicas de diseño, construcción y fabricación, instrumentos de formalización de la propiedad).

En este contexto, la política de vivienda debe estructurarse alrededor de un enfoque de mercado, propiciando la incorporación de un mayor número de familias a la demanda habitacional a la vez que impulsando el crecimiento y sostenibilidad de la oferta de viviendas.

El Plan Nacional debe contemplar mecanismos financieros, fiscales, comerciales, normativos y tecnológicos para complementar el esfuerzo de las familias por acceder al mercado habitacional, a la par que instrumentos que estimulen el interés de los agentes económicos y sociales por inte-grarse a la cadena de producción de viviendas.

2.5.5 Transparencia: generando confianza

Un plan de largo plazo solamente es sostenible si es que su vigencia es legitimada por la credi-bilidad que inspira entre los diferentes agentes económicos, sociales y políticos que participan en su formulación e implementación.

Con este propósito, el Plan Nacional de Vivienda debe considerar mecanismos que garanticen la transparencia de su ejecución, promuevan la confianza de los agentes y permitan la evaluación y el control de sus resultados. En este objetivo de generar confianza, son particularmente importantes:

• La seguridad de contar con recursos para financiar el plan.

• La transparencia en el otorgamiento de los subsidios y ayudas estatales.

• La estabilidad y racionalidad del marco técnico-administrativo.

• La seguridad jurídica de los derechos de propiedad.

• La disponibilidad y el libre acceso de información sobre el mercado habitacional.

• La disponibilidad de servicios públicos.

• El aseguramiento de la calidad de los materiales de construcción.

• La idoneidad de los agentes que participan en la producción de viviendas.

• La vigencia de los derechos del vendedor y del comprador de viviendas. En este contexto, durante la aplicación del Plan Nacional, es necesario contar con un permanente soporte de comunicación a través de medios masivos, institucionales y especializados.

2.5.6 Articulación industrial: produciendo lo que la vivienda requiere

La producción habitacional en gran escala repercute, a su vez, en los niveles de producción y comercialización de materiales, equipos, herramientas y componentes para la construcción y me-joramiento de viviendas. Por ello, el Plan Nacional de Vivienda debe articularse con la política in-dustrial y comercial para generar una mayor fluidez productiva, un incremento de la productividad, una mejora en la calidad de los bienes y servicios y una reducción de los costos de producción.

Paralelamente, el Plan debe incentivar la paulatina normalización de materiales y servicios, la estandarización de componentes, así como la acreditación de la solvencia técnica y económica de las entidades que intervienen en el proceso de producción habitacional.

2.5.7 Eficiencia social: superando la pobreza

Con el propósito de hacer más eficiente la inversión que destina el Estado a la estrategia de superación de la pobreza, resulta necesario coordinar los programas de vivienda con subsidio directo, los de mejoramiento de barrios urbano-marginales y los de vivienda rural, con los otros programas que se focalizan en los pobres e indigentes. Es particularmente relevante la necesidad de coordinación con los planes de saneamiento básico y de formalización de la propiedad urbana y rural con los Gobiernos Locales, teniendo en cuenta, para el caso de la propiedad urbana, el nuevo rol conferido a COFOPRI para con éstos.

2.6 Líneas de acción programática

Para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional 2006-2015, se han diseñado siete Líneas de Acción Programática las que, a la luz de la experiencia reciente, descri-ben ya las principales acciones de política habitacional a emprender.

2.6.1 Producción habitacional

a. Asegurar la disposición de suelo urbano para la atención de la demanda habitacional y de equipamientos urbanos, previendo sobre todo que pueda contarse con suelo para el de-sarrollo de programas habitacionales dirigidos a familias de bajos ingresos. Para ello, será necesario contar con una Bolsa de Tierras Urbanas, que pueda incorporar:


• Terrenos de dominio privado del Estado, particularmente en áreas de expansión urbana.

• Terrenos de propiedad de los gobiernos locales y regionales.

• Terrenos de propiedad de entidades del Estado en liquidación.

• Terrenos correspondientes a instalaciones militares, que se localicen dentro de las áreas de expansión urbana de mediano plazo.

• Terrenos de comunidades campesinas localizados en las áreas de expansión urbana.

• Terrenos urbanos ubicados en antiguas zonas industriales en proceso de abandono.

• Inmuebles abandonados que puedan reciclarse con fines de vivienda.

• Inmuebles de entidades estatales ocupados por tugurios.

• Terrenos o inmuebles de propiedad privada no utilizados y que tengan vocación residencial.

Los predios de propiedad estatal que sean declarados prioritarios con fines de vivienda serán incorporados a la Bolsa de Tierras. Los de los gobiernos regionales y locales podrán servir para solventar Programas de Vivienda regional o municipal. Los de propiedad particular aportados voluntariamente por sus propietarios, bajo el esquema de transferencia onerosa o joint-venture.

b. Promover el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social, en los terrenos e inmuebles que conforman el Bolsa de Tierras, mediante los siguientes Programas:

• De Producción Urbana Primaria (PUP), en áreas de expansión urbana. A través del PUP, el Estado invierte en la habilitación urbana de “macrolotes” que luego son vendidos a operadores privados para que construyan y comercialicen proyectos de vivienda social y equipamiento urbano complementario.

• De Transferencia de Terrenos Urbanizados (TTU), en áreas consolidadas, donde se identifique una demanda habitacional insatisfecha. Mediante el TTU se transfiere, a tí-tulo oneroso y sin ninguna inversión del Estado, terrenos a operadores privados, condi-cionando la misma al desarrollo de proyectos cuyo producto residencial sea consistente con los objetivos de la política habitacional.

• De Proyectos Piloto de Vivienda (PPV), en áreas deterioradas en donde no se advierte interés del sector privado por intervenir. El PPV permitirá, subsidiariamente, invertir recursos del Estado para la construcción y comercialización de proyectos de vivienda de interés social.

• De Destugurización sobre predios de propiedad estatal, a través del cual el Estado facilitará el otorgamiento de créditos a operadores privados para la recuperación de tugurios, dotando de vivienda nueva o mejorada a sus ocupantes en el mismo inmue-ble o relocalizándolos. Estos proyectos deberán asociarse necesariamente al Programa Techo Propio.

• De Reciclaje de Edificaciones públicas o privadas, a través del cual se facilita a operadores privados el otorgamiento de créditos para el desarrollo de proyectos de vivienda social.

La consolidación de estos programas permitirá también orientar una inversión descentralizada de vivienda social, lo que incrementará la oferta habitacional en las ciudades del interior.

c. Estimular el crecimiento vertical u horizontal residencial mediante la agregación de nuevas unidades de vivienda en los aires o en áreas libres de una vivienda ya producida o existente. Para el efecto, será necesario:

• Asegurar un número creciente de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) para esta modalidad.

• Impulsar la participación de los gobiernos locales, mediante Programas Municipales de Vivienda, encargados de la organización de la demanda y la facilitación de proyectos.

• Promover el desarrollo de Entidades Técnicas locales, que sirvan de soporte a la cons-trucción y supervisión de los proyectos.

d. Identificar, proponer e impulsar, de manera coordinada y concertada, la dotación o comple-mentación de infraestructura urbana (abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanita-rio y pluvial, alumbrado doméstico y público, comunicaciones); equipamiento urbano social (salud, educación y recreación); económico (industria, comercio, turismo); institucional (se-guridad, justicia) y protección ambiental urbana.

e. Facilitar a la población urbana y rural el acceso, uso y disfrute de los espacios públicos libres de carácter cívico, deportivo, natural y zonas verdes, respecto de estándares mínimos preestablecidos.

2.6.2 Mejoramiento urbano y rural

a. Consolidar el proceso de integración física y social de los barrios urbano-marginales, a fin de garantizar la sostenibilidad del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) en sus diferentes modalidades, mediante:

• La declaratoria de interés nacional del PMIB, de tal manera que se asegure su sostenibi-lidad en el tiempo.

• La creación de Programas Regionales y Provinciales de Mejoramiento Integral de Barrios,

que propicien la utilización de recursos del canon y regalías, entre otros, en los barrios urbano marginales de sus circunscripciones.

• La implementación de fondos fideicometidos para proyectos de MIB, con aportes de empresas privadas de presencia predominante en determinadas regiones y de la coope-ración internacional (Fondos Contravalor y No Reembolsables).

• El establecimiento de un marco específico para la evaluación de Proyectos de MIB en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

b. En este escenario, el rol del Gobierno Nacional deberá ir migrando paulatinamente de la ejecución directa a la indirecta, bajo las siguientes premisas:

• La reestructuración permanente del ámbito de intervención directa del Gobierno Nacio-nal, focalizando la ejecución de proyectos en aquellas circunscripciones en las que no existan programas regionales o provinciales en marcha.


• La asignación de recursos para complementar los que efectúen los gobiernos regionales o provinciales en los programas que administren, o los que se impulsan a través de la cooperación internacional o el sector privado. Estos recursos constituyen el aporte del Estado a los Bonos de Mejoramiento Barrial (BMB), entendiéndose que deben financiar una parte minoritaria de ellos.

• El establecimiento de un sistema nacional de capacitación, acreditación, seguimiento y evaluación de programas de mejoramiento integral de barrios, para garantizar que todas las intervenciones se ejecuten bajo los principios de la política nacional.

c. Impulsar el Programa Integral de Mejoramiento de Viviendas y Pueblos Rurales (Mejorando Mi Pueblo) que contemple:

• La ejecución de proyectos integrales de mejoramiento o construcción de vivienda, recu-peración del entorno rural y acciones de desarrollo productivo y social.

• El otorgamiento de Bonos Habitacionales Rurales (BHR), como un subsidio directo a las familias pobres o indigentes involucradas en los proyectos.

• La formalización de los predios rurales.

• El fortalecimiento de los gobiernos locales rurales, mediante la dotación de instrumentos de planeamiento y gestión.

• La coordinación con las intervenciones que efectúen otros programas enfocados en el área rural, particularmente los de saneamiento básico, electrificación, infraestructura vial y formalización de la propiedad.

Durante la ejecución del Plan, será indispensable establecer mecanismos que incentiven la participación de los gobiernos regionales y locales, de tal forma que pueda desarrollarse un esquema de transferencia de competencias similar al previsto para el mejoramiento de barrios urbanos.

2.6.3 Financiamiento habitacional

a. Propiciar la constitución de un Sistema Integral de Financiamiento Habitacional (SIFH), a partir del conjunto de instrumentos de captación y mecanismos de prestación de recursos financieros. El SIFH deberá:

• Incentivar la participación de las instituciones financieras privadas en el fondeo de crédi-tos hipotecarios. En aquellos segmentos de bajos ingresos en los que el riesgo inicial sea alto, el Estado otorgará una cobertura a través de MIVIVIENDA.

• Impulsar la estandarización de carteras hipotecarias que permita la emisión de Bonos Hipotecarios para atraer recursos del mercado de capitales para el financiamiento de vivienda.

• Implementar un programa de financiamiento para promotores privados de vivienda so-cial, a través de las instituciones financieras privadas, inicialmente con recursos de COFIDE, MIVIVIENDA y del BANMAT. Este programa deberá comprender créditos puente

para la ejecución de proyectos, fondos de garantía para pequeños y medianos empresa-rios y fideicomisos inmobiliarios.

• Desarrollar mecanismos de fondeo a instituciones de microfinanciamiento (cajas mu-nicipales y rurales) para el financiamiento de proyectos de mejoramiento de viviendas y construcción en sitio propio, con recursos del BANMAT y COFIDE. Este esquema de financiamiento debe servir fundamentalmente al fortalecimiento de las entidades técnicas encargadas de la ejecución de proyectos, de la asistencia técnica previa y de los progra-mas municipales de vivienda.

• Crear un Fondo Revolvente para financiar los programas de desarrollo inmobiliario re-sidencial en los inmuebles y terrenos que conforman la Bolsa de Tierras. Este fondo se formará con recursos propios, producto de la transferencia de los terrenos públicos y privados de la Bolsa de Tierras y provenientes de otras fuentes.

• Establecer un programa de incentivos financieros y de otro tipo para fomentar el uso de materiales y servicios de construcción nacionales en los proyectos habitacionales, espe-cialmente los de vivienda social.

A través de esta línea, los fabricantes de productos nacionales podrán competir en me-jores condiciones en el mercado y las empresas constructoras tendrán una alternativa de financiamiento más ventajosa que los créditos puente.

Se exigirá que los productos o servicios que se beneficien de estos incentivos se sujeten previamente a los procesos de normalización técnica y acreditación empresarial, de tal manera que se cumpla con el objetivo colateral de incrementar la calidad y seguridad de la construcción.

b. Incentivar a las familias al ahorro con fines de vivienda, para acelerar su incorporación al mercado habitacional a fin de facilitar la sostenibilidad de la demanda. Para ello se plantea:

• Promover los programas de ahorro programado a través de las instituciones financieras privadas.

• Establecer un marco de operación y seguimiento que impulse la utilización de los recursos de las Compensaciones por Tiempos de Servicios (CTS) y de las remesas que provienen del exterior.

• Propiciar una mayor incorporación de los fondos previsionales de trabajadores estatales organi-zados, como los fondos policiales y militares de vivienda, la Derrama Magisterial, los CAFAE.

• Fomentar la creación de fondos de vivienda de trabajadores de empresas privadas, in-volucrando a los empleadores en el otorgamiento de garantías para el desarrollo de proyectos habitacionales.

• Involucrar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito para vivienda en la implementación de programas de ahorro programado.

• Impulsar la creación de Empresas de Capitalización Inmobiliaria (ECI).

c. Garantizar la sostenibilidad de los programas de subsidio directo habitacional y barrial para per-mitir el afianzamiento del mercado de viviendas de interés social. Para ello se propone destinar:


• Una asignación presupuestal permanente del gobierno central, a partir de un porcentaje de la recaudación de IGV e Impuesto a la Renta proveniente de las Principales Empresas Contribuyen-tes relacionadas con la actividad constructora, inmobiliaria y de materiales de construcción.

• Un porcentaje de las recuperaciones del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) desti-nado a otorgar subsidios a quienes acrediten su condición de aportantes al FONAVI.

• Una parte de los recursos de los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y regalías, para financiar subsidios barriales que otorguen sus propios Programas de MIB.

• Una parte de los recursos obtenidos por los gobiernos locales por concepto de Impuesto Predial, para financiar subsidios de mejoramiento de vivienda o construcción en sitio pro-pio de sus propios programas.

• Aportes de empresas privadas de presencia predominante en determinadas regiones y de la cooperación internacional (Fondos Contravalor y No Reembolsables).

• Un porcentaje del Fondo Nacional de Ayuda Social (FONAS) que administra el Banco de Mate-riales.

• Un porcentaje de las utilidades obtenidas por el Estado en la ejecución de proyectos ha-bitacionales sobre inmuebles que conforman la Bolsa de Tierras.

2.6.4 Innovación tecnológica

a. Orientar la producción habitacional a la construcción de vivienda nueva de bajo costo, en suelo propio en proceso de urbanización o urbanizado, para venta o arrendamiento; así como a la densificación habitacional en áreas consolidadas o en proceso de consolidación y al mejoramiento habitacional de viviendas existentes pero inadecuadas.

b. Tomar en cuenta la diversidad geográfica, climática y cultural que caracteriza nuestro país en los procesos de diseño y construcción de vivienda nueva y de mejoramiento habita-cional. Las soluciones habitacionales deberán invitar, cuando sea posible, al crecimiento progresivo o movilidad habitacional, con la posible generación de un mercado secundario de viviendas.

c. Incentivar la investigación y capacitación tecnológica con fines de innovación que reditúe en mayores niveles de productividad y calidad habitacional, de modo que permita el acceso mayoritario de la población nacional a vivienda nueva. Para el efecto, será indispensable fortalecer el rol y los recursos del SENCICO.

d. Propiciar la estandarización de materiales y componentes constructivos e incentivar la utilización de sistemas constructivos normalizados que reditúen en mayores índices de productividad, sin menoscabo de la generación de puestos de trabajo. Es imprescindible para ello fomentar la creación de entidades privadas que evalúen y otorguen la acredi-tación de empresas y la normalización de productos.

e. Estimular el estudio y mejoramiento de tecnologías constructivas tradicionales en lo que respecta a condiciones sismorresistentes, de estabilización, confort, durabilidad y seguridad (social y económica).

2.6.5 Modernización normativa

a. Establecer un marco normativo técnico-administrativo nacional, relacionado con el uso del suelo urbano y el desarrollo urbano en general, con el objetivo de:

• Propiciar el ordenamiento de la población y sus actividades económicas en el territorio nacional de manera equilibrada, complementaria y sostenible.

• Promover el crecimiento, conservación, mejoramiento y protección de los centros de po-blación de manera sostenible, es decir, social, económica y ambiental.

• Incentivar la participación del sector privado en acciones e intervenciones de desarrollo urbano e inmobiliario.

• Estimular la competitividad de las ciudades del país y, por ende, de las actividades eco-nómicas que se desarrollan o pudieran desarrollarse en ellas, teniendo en cuenta que - en el marco de la globalización - las ciudades se han convertido en factores de producción y competitividad nacionales, al concentrarse en ellas infraestructura, equipamiento y po-blación.

b. Actualizar, simplificar y flexibilizar las normas técnicas y administrativas relacionadas con la habilitación urbana y la edificación residencial y no residencial, procurando:

• Superar las discrepancias existentes entre las normas de alcance nacional y las normas locales, así como entre dichas normas y la realidad edificatoria nacional.

• Facilitar y promover la inversión inmobiliaria en edificaciones nuevas y/o existentes, pro-tegidas o no.

• Establecer procedimientos eficientes y homologados a nivel nacional que otorguen ma-yor seguridad jurídica para la tramitación de expedientes de habilitación urbana, de construcción y mejoramiento de viviendas, así como de declaratoria de fábrica, y que, mediante la reducción o eliminación de exigencias y cargas administrativas, signifiquen disminución de tiempos de tramitación y reducción de costos directos e indirectos y, por lo tanto, un menor efecto en los costos del producto final.

• Aumentar los niveles de calidad y productividad edificatoria, mediante el fomento del empleo de nuevas tecnologías de diseño y construcción, así como mecanismos de nor-malización y acreditación técnicas.

• Actualizar y completar la configuración legal y la responsabilidad de los diferentes actores que participan en el proceso edificatorio, incluyendo a los propietarios y usuarios.

• Garantizar la adecuada protección de los intereses de los usuarios de “productos” urba-nos y edificatorios.

Para este propósito, será necesario concordar todo el marco legal vigente, modificando, pre-cisando y/o derogando, entre otras, la Ley General de Habilitaciones Urbanas (N° 26878) y la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (N°


27157). Igualmente, se fijará con claridad las competencias y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno en materia de desarrollo urbano y edificaciones residenciales y no resi-denciales, y se cubrirá los vacíos respecto de la promoción de inversiones en infraestructura e edificaciones urbanas en general.

c. Propiciar la modernización del marco normativo relacionado a los procesos de formaliza-ción de la propiedad inmobiliaria y su utilización con fines de endeudamiento hipotecario, que rige en los ámbitos bancario, notarial, registral y judicial.

d. Simplificar los mecanismos de acceso a los programas que componen el Plan Nacional de

Vivienda, particularmente los referidos al desembolso de subsidios habitacionales y créditos hipotecarios.

2.6.6 Fortalecimiento y posicionamiento institucional

a. Coordinar la política nacional de vivienda y sus acciones de política con las organizaciones públicas de alcance nacional, regional o local, con la población beneficiaria, la sociedad civil y los agentes económicos.

b. Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de promoto-res y ejecutores de la política urbana, dentro de su ámbito de competencia territorial. Asi-mismo, promover una mayor eficiencia y eficacia operativa de los organismos regionales y locales respecto de los procesos de zonificación, aprobación de expedientes, otorgamiento de licencias y recepción de obras residenciales.

c. Consolidar el proceso de conversión del Fondo MIVIVIENDA y del BANMAT, así como el fortalecimiento de SENCICO:

• El Fondo MIVIVIENDA deberá ir abandonando paulatinamente la responsabilidad de fondear con sus propios recursos a las instituciones financieras intermediarias, y deberá asumir, más bien, el rol de estimular el flujo de capitales privados hacia el financiamiento de créditos hipotecarios, principalmente mediante el otorgamiento de coberturas de ries-go y la emisión de instrumentos negociables en el mercado de capitales.

• El Banco de Materiales SAC dejará de operar progresivamente como banca de primer piso que financie el mejoramiento o construcción en sitio propio de viviendas de interés social, para convertirse en la entidad de apoyo financiero para promotores privados y entidades técnicas y de los programas municipales y regionales enfocados en la vivienda social. Igualmente, deberá fortalecer su participación en la ejecución de proyectos de mejoramiento de barrios urbanos y poblados rurales, así como en programas dirigidos a la generación de nuevo suelo urbano para vivienda y equipamiento.

• El SENCICO tendrá que fortalecer su función de investigación tecnológica y normaliza-ción de materiales, diseños y sistemas constructivos, a la par de vincular sus programas de capacitación con los objetivos de industrialización comprendidos en el Plan Nacional de Vivienda.

d. Establecer mecanismos de coordinación intersectorial para vincular los programas Techo Propio, MiBarrio y Mejorando Mi Pueblo con los demás programas enfocados en la supera-ción de la pobreza.

e. Compatibilizar el Plan Nacional de Vivienda con el Plan Nacional de Saneamiento y con los Programas de formalización de la propiedad implementados por los Gobiernos Locales, tanto en el área urbana como rural.

2.6.7 Promoción habitacional

a. Instituir el Sistema Nacional de Información Urbano-Habitacional (SINIHU) a partir de fuentes primarias y secundarias que coadyuven a la mejor toma de decisiones del sector público y privado, permita el monitoreo y garantice la transparencia de los pro-gramas.

b. Instaurar un sistema de promoción de inversiones inmobiliarias residenciales en térmi-nos de identificación, selección, elaboración, difusión, orientación comercial y apoyo a la venta para los agentes económicos.

c. Constituir un sistema de difusión y orientación a las personas naturales y familias del ámbito urbano y rural respecto de las oportunidades de mercado existentes, las fuentes de financiamiento disponible, parámetros de calidad habitacional comparables y segu-ridad jurídica a tenerse presente a la hora de optar por la adquisición o mejoramiento de una solución habitacional.

d. Desarrollar campañas encaminadas al cambio de actitudes de la población, agentes eco-nómicos, agentes sociales y otras entidades del Estado respecto de la importancia social y económica de la vivienda, la necesidad de facilitarla, y la conveniencia de acceder a ella de manera segura y a precios asequibles, así como que su uso residencial no se considere a perpetuidad.

e. Desarrollar una estrategia permanente y coordinada de comunicación y capacitación para difundir los objetivos del Plan Nacional de Vivienda y las características de sus di-ferentes programas, con la finalidad de sensibilizar a los diferentes agentes vinculados al tema urbano-habitacional acerca de sus bondades y contribuir al cumplimiento de las metas de ejecución planteadas.

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006 -2015AGUA ES VIDA


ÍNDICE

CAPÍTULO I - SITUACIÓN ACTUAL ..................................................... 67 1.1 Marco legal ..................................................................................................67 1.2 Antecedentes del sector ................................................................................67 1.3 Marco institucional .......................................................................................69 1.4 Gestión de recursos hídricos .........................................................................71 1.5 Ámbito de atención ......................................................................................71 1.6 Cobertura de los servicios .............................................................................72 1.7 Gestión de los servicios .................................................................................73 1.7.1 Indicadores de calidad ............................................................................ 73 1.7.2 Indicadores financieros ............................................................................ 76

1.8 Niveles de inversión 79

CAPÍTULO II - POLÍTICAS DE SANEAMIENTO .................................... 85

2.1 Principios .....................................................................................................85 2.2 Visión ...........................................................................................................86 2.3 Misión ..........................................................................................................86 2.4 Objetivos ......................................................................................................86 2.5 Metas ...........................................................................................................88 2.5.1 Metas de cobertura ................................................................................. 88 2.5.2 Metas de Gestión .................................................................................... 90 2.5.3 Requerimiento de inversiones ................................................................... 91 2.5.4 Fuentes de financiamiento ....................................................................... 93 2.6 Estrategias ....................................................................................................94 2.6.1 Estrategias para el ámbito urbano ............................................................ 94 2.6.2 Estrategias para las pequeñas ciudades .................................................... 95 2.6.3 Estrategias para el ámbito rural ................................................................ 96 2.6.4 Instrumentos y mecanismos de desarrollo sectorial .................................... 96 2.7 Acciones a desarrollar ..................................................................................97 2.7.1 Consideraciones generales ...................................................................... 97 2.7.2 Acciones propuestas para el ámbito urbano ............................................. 98 2.7.3 Acciones propuestas para el ámbito rural .................................................. 99 2.7.4 Implementación de plan .......................................................................... 99 2.8 Monitoreo y evaluación ...............................................................................101

CAPÍTULO III - PROGRAMAS Y PROYECTOS ..................................... 105

ANEXOS ............................................................................................. 111


CAPÍTULO I

SITUACIÓN ACTUAL

1.1 Marco legal

El marco jurídico general en que se ubica el Sector y el Plan Nacional de Saneamiento se rige, en principio, por los preceptos indicados en la Constitución Política del Perú, por las distintas leyes emanadas de la propia Constitución y por otras disposiciones de observancia general relativas al saneamiento como son:

- Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338. - Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento

y sus modificatorias.- Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto

Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.- Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios. Crea el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley Nº 27779. - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley

Nº 27792.- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-

miento, Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA. - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293. - Decreto Supremo N° 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional

de Inversión Pública.- Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783. - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto Ley Nº 25965.- Reglamento General de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto

Supremo Nº 017-2001-PCM.- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

1.2 Antecedentes del sector

En el año 1981, mediante Decreto Legislativo N° 150, se creó el Servicio Nacional de Abaste-cimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), una empresa estatal que reemplazó a la


Dirección General de Obras Sanitarias - la cual dependía del Ministerio de Fomento y Obras Públicas - y absorbió a las empresas autónomas que ésta poseía en Lima, Arequipa y Trujillo.

SENAPA era una empresa central que estaba integrada por cerca de 15 empresas filiales del interior, ubicadas en las ciudades con mayor desarrollo demográfico, una de las cuales era SEDAPAL, creada a partir de la Empresa de Saneamiento de Lima–ESAL. En este nuevo siste-ma de manejo centralizado se empieza a insinuar, desde su denominación, el concepto del Servicio.

En abril de 1990, se dispone la transferencia de todas las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a las Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el De-creto Legislativo N° 574, complementado por el Decreto Legislativo N° 601.

En diciembre de 1992, se crea, mediante Decreto Ley N° 25965, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como el organismo encargado de promover el desarrollo y proponer las normas para la prestación de los servicios de saneamiento, fiscalizar la prestación y resolver, en última instancia, los reclamos de los usuarios. Entonces, se declara en disolución y liquidación a la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, SENAPA (Decreto Ley N° 25973).

En julio de 1994, se aprueba la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, regla-mentada mediante Decreto Supremo 09-95-PRES de agosto de 1995, que establece las com-petencias de las instituciones involucradas en el sector, determina los deberes y derechos de los usuarios y las Entidades Prestadoras, define el régimen tarifario, establece las condiciones y mo-dalidades de la participación privada, entre otros temas.

El 11 de junio de 2002 se crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la Ley Nº 27779, Ley Orgánica que modifica la Organización y Funciones de los Ministerios. El 25 de julio, mediante Ley Nº 27792, se promulga la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la cual determina y regula el ámbito, la estructura or-gánica básica, las competencias y funciones del organismo rector de vivienda y saneamiento. De acuerdo a estas normas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formula, aprueba, ejecuta y supervisa la aplicación de las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, urba-nismo, construcción y saneamiento. Para tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento.

En cuanto a la gestión de los servicios en el ámbito rural, el sector ha sufrido grandes cambios. En el año 1962, por medio de la Ley N° 13997, se encarga al Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Saneamiento Básico Rural (DISABAR), la promoción de los servicios en el ámbito rural. Por esta vía se construyeron obras de variadas características para cubrir la infraestructura básica de prestación de servicios, las que luego fueron entregadas a asociaciones de usuarios denominadas Juntas Administradoras, integradas por pobladores de la localidad que se encargan de la administración, operación y mantenimiento de estas instalaciones. El actual marco legal aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, establece que las Organizaciones Comunales - las cuales incluyen a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - son las encargadas de prestar los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Las Organizaciones Comunales incluyen a las Asociaciones, Comités, entre otros. Adicionalmente, dicha norma ha reglamentado la prestación de los servicios en las Pequeñas Ciudades (población entre 2,001 y 30,000 habitantes).

La Constitución de 1993 establece la responsabilidad de las municipalidades en la prestación de los servicios públicos. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) señala en el numeral 2.1 del artículo 80º, que es una función compartida de las Municipalidades Provinciales admi-nistrar y reglamentar, directamente o por concesión, el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe. De la misma manera, mediante Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización (marzo 2002), se establece que los gobiernos locales desarrollan y regulan actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda y saneamiento, entre otros.

Asimismo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 establece que los Gobiernos Regionales tienen entre sus funciones la de apoyar técnica y financieramente a los gobiernos lo-cales en la prestación de servicios de saneamiento.

Por último, en materia ambiental, la Ley General del Ambiente otorga diversas facultades al Sector en materia de regulación y supervisión, para prevención y minimización de riesgo al ambiente a causa de las actividades de saneamiento, lo cual se refleja en diversas normas sobre temas es-pecíficos.

1.3 Marco institucional

El sector saneamiento está integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente rector del Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento, a través del Vice-ministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS); las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, (SUNASS), en su calidad de Ente Regulador.

Otras entidades e instituciones del sistema que cumplen funciones relacionadas con el sector y que permiten el cumplimiento de sus metas son:

Cuadro Nº 1: Roles vigentes del sector saneamiento

ÁREAS ÁREA URBANA ÁREA RURAL

a. Definición de políticas MVCS-VMCS: DNS

b. Priorización de inversionesMVCS-VMCS: DNS, OGPP - OPI Vivienda

MEF: Dirección General de Programación Multianual DRVCS: Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento

c. Asignación de recursos

VMCS: DNS - DSU VMCS: DNS – DSR

MEF: Dirección Nacional de Endeudamiento Público, Dirección Nacional de Presupuesto Público y FONAFE

d. Regulación Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

e. Aprobación y fijación de tarifas y cuotas

Juntas de Accionistas EPSMunicipalidades

Organizaciones Comunales

f. NormasMVCS-VMCS: DNS

MINSA: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)


ÁREAS ÁREA URBANA ÁREA RURAL

g. Estudios y ejecución de obras

Gobiernos RegionalesMunicipiosPARSSA – Ex-PRONAPINADEDIES EPS

Gobiernos RegionalesPROMUDEH – FONCODESMINSA - DIGESAONGSDIESAgencias de Cooperación Internacional

h. Prestación de serviciosEPS (Públicas, Privadas o Mixtas)Municipalidades

Organizaciones Comunales

Elaboración: VMCS

Además de las Entidades antes mencionadas, tenemos a la Superintendencia Nacional de Ser-vicios de Saneamiento, ente Regulador del Sector, cuyas funciones son supervisar, regular, nor-mar, fiscalizar, sancionar y resolver controversias y reclamos de los usuarios de acuerdo con los alcances y limitaciones establecidas en la ley. Este organismo se financia con el 1% de la facturación de las EPS. SUNASS es un organismo descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con personería de derecho público interno y con autonomía ad-ministrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Asimismo, participan el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico (DESAB), entidades que ejercen funciones en los aspectos sanitarios de la calidad del agua para consumo humano y la protección del ambiente para la salud.

DIGESA es la autoridad responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de sistemas de trata-miento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y microrredes de salud, como sus contrapartes locales (Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas).

Otras instituciones que actúan y participan en el sector son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene injerencia específica en los aspectos de planificación económica sectorial y nor-mativa relacionada a las finanzas; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el Sector Privado, los Organismos Multilaterales de Crédito, (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento) y las Agencias de Cooperación Internacional, entre otras.

El rol que cumplen las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación interna-cional, en lo que respecta a la prestación de los servicios de saneamiento, es fundamentalmente la capacitación, la asesoría técnica y el financiamiento de las inversiones, lo cual, dado el alto nivel de déficit de infraestructura, es clave para el desarrollo del sector.

Por su parte, las EPS tienen un importante rol ejecutivo en la operación, mantenimiento y admi-nistración de los servicios.

Los prestadores de servicios en el país son: (a) SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales (EPS) que tienen bajo su jurisdicción al 62% de la población total del país; (b) Orga-nizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población principalmente asentada en el ámbito rural; y (c) Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la población total.

La situación del sector es la siguiente:

Elaboración: VMCS – DNS

En resumen, la situación del sector saneamiento en el Perú es aún deficiente desde el punto de vista institucional, de gestión y financiero. Por todo ello, se requiere resolver las causas que vienen ocasionando los problemas antes mencionados, principalmente la interferencia política en la toma de decisiones de gestión y la asistencia del Gobierno Nacional a través de subsidios, entre otros.

1.4 Gestión de recursos hídricos

Un tema muy importante es el concerniente a la Gestión de los Recursos Hídricos que se desa-rrolla actualmente en torno al sector agrario. Surge la necesidad de alentar un enfoque integral orientado a la coordinación de las intervenciones para el aprovechamiento multisectorial del agua, al ser considerado como un bien económico cuyo manejo debe basarse en los criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad.

En el año 2004, los Ministerios de Agricultura; Energía y Minas; Producción; Defensa; Salud; Economía y Finanzas; y Vivienda, Construcción y Saneamiento consideraron relevante la prepa-ración de la Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos, en función del aprove-chamiento racional y sostenible del agua, de la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión integrada, del carácter multisectorial del agua y de la protección y preservación del recurso, entre otros aspectos.

El agua tiene valor social, económico y ambiental y su uso y aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre éstos. El agua es un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del país y su valor económico está en función de los costos que implican su disponibi-lidad, utilidad y escasez.

1.5 Ámbito de atención

En el Sector se tienen 54 EPS (cuadro Nº 2), entre ellas SEDAPAL, que tiene la responsabilidad de atender al 29% de la población del país y las otras EPS al 33%. En el Anexo 1 se presenta el listado de las EPS por Departamento considerando que, en algunos casos, existe más de una EPS por departamento. Existen otras administraciones urbanas a cargo directo de los municipios que deben atender al 9% de la población y, las organizaciones comunales, al 29% básicamente en el área rural.

• Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.• Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población.• Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos.• Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los

servicios (atraso tarifario).• El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena

gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera.• Debilidad institucional y financiera.• Recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación en las EPS.


Cuadro Nº 2: Ámbito de atención del sector saneamiento - Año 2004

Ámbito EmpresarialRango por conexiones

totales de aguaNúmero de

EPS

Nºde distritos

atendidos

Ámbito Poblacional

Habitantes (miles)

%

SEDAPAL más de 1’000,000 1 45 7,975 29

EPS Grandes de 40,000 a 200,000 9 130 5,444 20

EPS Medianas de 10,000 a 40,000 21 91 3,004 11

EPS Pequeñas de 1,000 a 10,000 23 37 705 3

54 303 17,166 62

Ámbito No EmpresarialN° Total de localidades

N° de localidades atendidas 2/

Ámbito Poblacional

Habitantes (miles) %

Otras Adm. Urbanas 1/ 490 490 2,477 9

Rural (Menos de 2000 hab) 75,765 11,800 7,902 29

TOTAL 76,255 12,290 10,380 38

Total Población Perú 2004 (miles) 27,546

12/ Incluye localidades con administración municipal o comunal de los servicios.2/ Fuente: Evaluación de los servicios de saneamiento en el Perú, año 2000, DIGESA-MINSA.Fuentes: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de SaneamientoEstudio Sectorial de los Servicios de Agua y Saneamiento en Pequeñas Localidades del Perú, año 2004, Banco Mundial. Elaboración: VMCS-DNS

1.6 Cobertura de los servicios

La población total del Perú al año 2004 es de 27.5 millones de habitantes, de los cuales el 71% reside en el área urbana y el 29% en el área rural. En el Cuadro N° 3, se presenta la cobertura actual de servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, donde se aprecia una cober-tura de 76% de agua y 57% de servicios de saneamiento.

Las coberturas actuales, en general, todavía son bajas y constituyen uno de los principales proble-mas que presenta el Sector.

Cuadro Nº 3: Coberturas de agua y saneamiento en el Perú – Año 2004

Entidad

PoblaciónPoblación Servida

Agua PotablePoblación Servida

Saneamiento

Millones de habitantes

Millones de habitantes %


Urbano 19.6 15.9 81 13.4 68

SEDAPAL 8.0 7.1 89 6.7 84

EPS’s Grandes 5.4 4.5 82 3.7 68

EPS’s Medianas 3.0 2.4 79 1.8 61

Entidad

PoblaciónPoblación Servida

Agua PotablePoblación Servida

Saneamiento

Millones de habitantes



EPS’s Pequeñas 0.7 0.4 71 0.3 51

Otras Administraciones 2.5 1.5 60 0.8 33

Rural 7.9 4.9 62 2.4 30

COBERTURA TOTAL 27.5 20.8 76 15.7 57

Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de SaneamientoElaboración: VMCS-DNS

En cuanto a la cobertura de tratamiento de las aguas servidas, en el año 2004 se estima en 22% a nivel nacional. Es decir que las tres cuartas partes de las aguas residuales generadas no reciben ningún tipo de tratamiento previo a su disposición final, lo cual representa un serio problema de contaminación al medio ambiente.

1.7 Gestión de los servicios

1.7.1 Indicadores de calidad

• Continuidad del servicio de agua

En el ámbito empresarial, la continuidad promedio es de 17 horas al día (ver el Cuadro Nº 4). El 37% presenta una continuidad menor a 12 horas de servicio, 37% entre 12 y 20 horas y 26% más de 20 horas.

En otras palabras, el 74% de las EPS presenta problemas de continuidad en la prestación del servicio de agua, siendo los casos más preocupantes los de EMAPAVIGSSA, EPS ILO, EPSSMU, EMAPAB y EMAPAPASCO que brindan el servicio en promedio 4 horas al día. Por otro lado, EMUSAP AMAZONAS es la única empresa que brinda el servicio en forma continua.

Cuadro Nº 4: Continuidad promedio del servicio de agua en el ámbito empresarial – Año 2004

EmpresasNº Prestadores según Horas de Servicio al Día

Promedio[0 a4h> [4 a 8h] [8 a 12h] [12 a 16h] [16 a 20h] [20 a 24h]

Ámbito Empresarial 4 3 8 9 13 11 17 horas

SEDAPAL 1 18 horas

EPS

Grandes

Medianas

Pequeñas

4

0

0

4

3

2

1

0

8

1

6

1

9

2

5

2

12

2

5

5

11

2

4

5

16 horas

15 Horas

15 horas

16 horas

Sin información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA Y EMAPAL (Luya)Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS. Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Elaboración:VMCS-DNS


En el ámbito no empresarial - que incluye al rural - existe intermitencia en la prestación de los servicios. El PRONAP (ahora PARSSA) reportó que, en una muestra de 20 localidades pequeñas, el 75% tiene servicio discontinuo y el 50% menos de 10 horas diarias1 .

• Micromedición

En el ámbito empresarial, el promedio de micromedición es 54% (ver Cuadro N° 5). El 4% de empresas tiene un nivel mayor a 80%. Las EPS que presentan mayores niveles de medición son: EMUSAP AMAZONAS, EMAPAT S.R.L, y EMSAP CHANKA S.A. que tienen indicadores de 91%, 85% y 93% respectivamente. En Lima Metropolitana, el nivel de micromedición al año 2004 era de 70% (SEDAPAL).

Otro problema es la ausencia de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los me-didores. Si bien la mayoría de EPS cuenta con banco de medidores, no lleva un programa riguroso de mantenimiento. En muchos casos sólo se usa el banco para calibrar medidores que presentan altos consumos y reclamo de usuarios.

Cuadro Nº 5: Micromedición del servicio de agua en el Año 2004

EmpresasNº Prestadores según Nivel de Micromedición

Nivel Promedio de Micromedic.[0 a 25%] [25 a 40%] [40 a 60%] [60 a 80%] [80 a 100%]

Ámbito Empresarial 21 7 8 8 2 54%

SEDAPAL 1 70%

EPS 21 7 8 7 2 38%

Grandes 5 0 2 2 0 41%

Medianas 8 7 3 3 0 33%

Pequeñas 8 0 3 2 2 40%

Micromedición = [Nº total de medidores operativos /Nº total de conexiones de agua] x 100%Sin información: EPSSMU, EMSAP CHANKA, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL. Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS

En tanto en el país no se incremente la medición efectiva al nivel de producción (macromedición) y consumo (micromedición), cualquier referencia al agua no contabilizada será cuestionable. Es por esta razón que en este Plan no se ha considerado este indicador como meta de gestión por su baja confiabilidad actual.

Sin embargo, asumiendo que el agua no contabilizada (más bien agua no facturada) es alta en el país, se presenta de manera referencial la información del Cuadro N° 6 con base en la infor-mación de las EPS. En él se aprecia que SEDAPAL y las otras EPS tienen 37% y 50% de agua no facturada. El 83% de las EPS supera el 30% de agua no facturada. La situación más grave se da en la EPS SIERRA CENTRAL S.A. (95%).

1 Evaluación Global de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 2000 - PRONAP

Cuadro Nº 6: Agua no facturada en el Año 2004

EmpresasNº Prestadores según nivel de agua no facturada

Promedio[0 a 20%] [20 a 35% ] [35 a 50%] [50ª 65%] [65% a más ]


SEDAPAL 1 37%

EPS 3 3 16 17 5

Grandes 0 1 5 3 0 49%

Medianas 0 2 8 8 2 50%

Pequeñas 3 0 3 6 3 54%

Sin información: EMAPA PASCO, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAPACALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL. Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS

• Producción unitaria

De acuerdo con el Cuadro N° 7, se estima que las empresas producen, en promedio, 291 l/hab./día, dotación bastante alta para el nivel de desarrollo económico de las ciudades del Perú. Por lo tanto, no es admisible que con los niveles altos de producción, en la mayoría de localidades, se estén presentando problemas de intermitencia en el servicio.

El 15% de las EPS produce menos de 200 l/hab/día. En el otro extremo, el 48% de EPS reporta una producción mayor a 300 l/hab/día; entre ellas destacan EPS MARAÑÓN (674 l/hab/día) y EMAQ S.R.L. (617 l/hab/día) con 15 y 12 horas de servicio diario respectivamente.

Cuadro Nº 7: Producción unitaria ( l/hab/día ) en el Año 2004

Empresas

Nº Prestadores según nivel de producción unitaria Promedio

l/h/d[0 a 200 l/h/d]

[200 a 250 l/h/d ]

[250 a 300 l/h/d ]

[300 a 350 l/h/d ]

[350 a más ]

Ámbito Empresarial 9 12 8 10 13 291 l/h/d

SEDAPAL 1 241 l/h/d

EPS 9 12 7 10 13

Grandes 2 3 0 4 0 253 l/h/d

Medianas 5 1 1 8 6 301 l/h/d

Pequeñas 5 2 1 3 3 292 l/h/d

Producción unitaria (l/hab/día) = [volumen de agua producida durante el año (m3) x 1000] / [Nº conexiones activas de agua x promedio de habitantes por conexión x 365 días]Sin información: EMAPA PASCO, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EPS PATIVILCA, EMAPA SALAS, EMSAPA CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS


• Servicios con sistema de desinfección

En el ámbito empresarial, según la información del año 2004, las 43 EPS que reportaron informa-ción cumplieron con los niveles de cloro residual en las redes. Sin duda, la continua fiscalización de la SUNASS obliga a las EPS a cumplir con este importante indicador, por lo que son muy raros los casos de ausencia de cloro en las redes de distribución de agua.

Sin embargo, el problema principal se presenta en el ámbito rural; de una muestra de 1,630 sistemas analizados, el 59% no desinfecta al agua por carecer de sistema o insumos necesarios (Gráfico N° 1). Considerando que en localidades con menos de 2,000 habitantes se tiene alrede-dor de 11,800 sistemas, se puede concluir que en cerca de 7,000 del ámbito rural no se contaría con sistemas de desinfección. Es por esta razón que, en el presente Plan, una acción prioritaria es el incremento de la desinfección en los sistemas, sobre todo del ámbito rural.

Grafico Nª 1: Sistemas con desinfección - Área Rural 2004

Sistemas Sin Desinfección

59%

7,000 Sistemas 4,800 Sistemas

41%

Sistemas Con Desinfección

Fuente: Información DIGESA // Elaboración: VMCS-DNS

1.7.2 Indicadores financieros

• Morosidad

A nivel empresarial, el promedio de morosidad (cuentas por cobrar) es equivalente a 5 meses de facturación. Aproximadamente el 46% de las EPS tiene un nivel de morosidad menor a 3 meses y el 15% es mayor a 12 meses.

En general, la situación es grave en algunas EPS: en EMFAPA TUMBES (35 meses), EMAPAU S.R.L. (26 meses) y EMAPAY (23 meses). La alta morosidad origina problemas de liquidez y debilidad en la capacidad de las EPS. Esto dificulta realizar, en forma adecuada, la operación y manteni-miento de la infraestructura; y, obviamente, ocasiona el no poder honrar los compromisos de sus deudas. Bajo estas condiciones, el ente regulador bien puede cuestionar la necesidad de incrementos tarifarios que soliciten las EPS.

Cuadron Nº 8: Nivel de morosidad en el Año 2004

EmpresasNº Prestadores según meses de morosidad

Promedio[0 a 3m] [3 a 6m] [6 a 9m] [9 a 12m] [12 a más ]

Ámbito Empresarial 21 9 6 4 8 5 meses

SEDAPAL 1 3 meses

Morosidad (meses) = [Cuentas por cobrar al final del año] / [Importe facturado al año / 12 meses]Sin información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASSEmpresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración:VMCS-DNS

• Margen operativo

En el ámbito empresarial, el margen operativo alcanza un 28% (cuadro Nº 9). Este promedio se eleva dado que SEDAPAL presenta un 33% en tanto que las EPS sólo llegan a un 17% en prome-dio. Asimismo, el 11% de las EPS (1 grande, 3 medianas y 2 pequeñas) tiene margen operativo negativo; esto significa que ni siquiera puede cubrir sus costos operativos, lo cual origina el dete-rioro de la infraestructura y de la calidad de los servicios.

Cuadro Nº 9: Margen operativo en el Año 2004

EmpresasNº Prestadores según margen operativo

PromedioNegativo [0 a 10%] [10 a 20%] [20 a 30%] [30% a más]


SEDAPALEPSGrandesMedianas Pequeñas

5041

11164

13346

12363

14211

33%17%21%11%11%

Margen Operativo = [Ingreso Operativo Total - Costo Operativo sin depreciación ni provisiones] / [Ingresos Operativo Total] x 100%Sin Información: EPSSMU, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAPA CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS

Por otra parte, el indicador promedio de deuda (pasivo total) sobre margen operativo es de 10 años. Esto expresa, en término de años, el número de períodos de operación en que las empresas tienen comprometido su margen operativo anual para hacer frente a las deudas. En SEDAPAL es de 8 años y a nivel de las demás EPS, 20 años.

Es importante mencionar que 41 EPS presentaban una deuda total con terceros, deuda ascenden-te a US$ 1,620 millones, de la cual el 33% corresponde a las contribuciones reembolsables al ex-FONAVI (US$ 537 millones). De no considerarse esta cifra, la deuda se reduce a US$ 1,083 millones.

Del Cuadro Nº 10, se puede ver que del total de la deuda contraída por las EPS con ex-FONAVI (US$ 802 millones), un 33% (US$ 265 millones) corresponde a la deuda contraída directamente

EmpresasNº Prestadores según meses de morosidad

Promedio[0 a 3m] [3 a 6m] [6 a 9m] [9 a 12m] [12 a más ]

EPS 20 9 6 4 8 8 meses

Grandes 2 2 2 2 1 8 meses

Medianas 10 5 2 0 4 6 meses

Pequeñas 8 2 2 2 3 6 meses


por las EPS y el 67% restante a la deuda contraída por los usuarios que después fue transferida a las EPS (contribuciones reembolsables).

Cuadro Nº 10: Deudas de empresas prestadoras de servicios de saneamiento - 2004 (Millones US$)

EMPRESADeuda Directa

Ex Fonavi 1/ Otros 2/ Contrib. Reemb.Ex Fonavi 1/

Deuda Total

(Mill. US$) %

SEDAPAL 123 478 130 731 45

EPS (sin Sedapal) 142 340 407 889 55

Ámbito Empresarial 265 818 537 1,620 100

1/ Ultima información oficial proporcionada por COLFONAVI a diciembre de 2001.2/ Fuente Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2004 SUNASS.Elaboración: VMCS-DNS

De un análisis realizado por el VMCS, si el 30% del margen bruto de las EPS (sin SEDAPAL) se destinara al pago de la actual deuda directa de las EPS, éstas necesitarían, en promedio, 38 años para pagarla.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la situación patrimonial de las EPS, buscará disponer la consolidación, reestructuración, refinanciación y/o fraccionamiento de las deudas directas de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el FONAVI y de las deudas originadas por las Contribuciones Reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento para favorecer a los usuarios con recursos del FONAVI.

• Conexiones activas

A nivel empresarial, existe un elevado número de conexiones inactivas, es decir conexiones que figuran en los registros de las EPS, pero que no son facturados.

Del total de EPS analizadas, el 11% de las conexiones domiciliarias de agua potable se encuentra inactivo; esto significa 316 mil conexiones, el equivalente a más de dos ciudades como Arequipa. SEDAPAL registra 56 mil conexiones inactivas no facturadas, lo cual representa un problema muy serio que requiere una atención prioritaria.

Cuadro Nº 11: Conexiones totales y activas en el Año 2004

Empresas Nº Conexiones totales (miles) Nº Conexiones activas (miles) % Conexiones activas

Ámbito Empresarial 2,834 2,518 89

SEDAPALEPS

GrandesMedianas Pequeñas

1,3861,448868 491 89

1,3301,188 723 388 77

9682837986

% Conex. Activas = [N° de conexiones activas / N° de conexiones totales] x 100%Sin Información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EPS PATIVILCA, EMAPA SALAS, EMSAPA CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL . Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS

• Tarifas

Las tarifas cumplen un papel muy importante en la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado. El cobro de las mismas debe cubrir los costos de operación y mantenimiento, además de permitir a la empresa ampliar la cobertura dentro del área de servicio.

En el Perú, la aprobación y aplicación de tarifas implica una serie de procedimientos que hacen difícil su implementación.

El ente regulador, SUNASS, es quien establece los incrementos tarifarios a solicitud de las EPS. Posteriormente, a través de audiencias públicas se fijan las tarifas y se define la viabilidad de su aplicación. No obstante ello, son las Juntas de Accionistas de las EPS las que, una vez aprobadas las tarifas por SUNASS, deciden en última instancia su aprobación, de ser el caso, lo cual ocasio-na retrasos tarifarios de varios años en muchas de ellas.

En términos generales, las tarifas son bajas - en promedio S/. 1.29/m3 - pero no miden nece-sariamente la eficiencia en la gestión de las empresas sino, por el contrario, son el reflejo de la baja calidad de los servicios brindados. En el ámbito empresarial, el pago promedio mensual por usuario asciende a S/. 32, lo que significa un consumo promedio de 25 m3/mes/usuario.

Cuadro Nº 12: Tarifas y pago mensual promedio en el Año 2004

Empresas Tarifa media(S/. / m3)

Pago mensual promedio(S/. / m/ usuario)

Ámbito Empresarial 1.29 32

SEDAPALEPS

GrandesMedianas Pequeñas

1.391.151.300.940.91

3423252116

Tarifa media = [Importe facturado anual por agua y alcantarillado (soles) / Volumen facturado anual (m3)]Pago mensual prom = [Importe facturado anual por agua y alcantarillado (soles) / N° conexiones activas / 12 meses]Sin Información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.Elaboración: VMCS-DNS

1.8 Niveles de inversión

En el periodo 2000-2005 se ha invertido en el Sector US$ 833.1 millones, de los cuales el 45% son inversiones ejecutadas por SEDAPAL que incluyen recursos propios y endeudamiento externo. El detalle por año se presenta en el Anexo 2. Asimismo, en el Anexo 3 se presenta las inversiones realizadas en el sector durante el periodo 1990-1999.El Cuadro Nº 13 muestra un resumen del total de las inversiones ejecutadas en el periodo por entidad.

Cuadro Nº 13: Inversiones en el sector saneamiento 2000-2005

Entidades Total: 2000-2005 (US$ Mill) %

Sedapal 378.1 45.4

PARSSA 114.3 13.7


Entidades Total: 2000-2005 (US$ Mill) %

MESIAS 97.8 11.7

EPS 79.7 9.6

Gobierno Regional 60.1 7.2

FONCODES 55.5 6.7

A TRABAJAR URBANO 31.5 3.8

PRONASAR 7.7 0.9

Otros 1/ 8.5 1.0

Total 833.1 100

1/ Incluye INADE, Gestión de Proyectos e Infraestructura de Saneamiento FONAVI en LiquidaciónFuentes: Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera, MIMDES, Foncodes, Ministerio de Trabajo, A Trabajar Urbano, SUNASS, SEDAPALElaboración: VMCS-DNS

Del cuadro se aprecia que en el ámbito rural y de pequeñas ciudades se ha invertido un monto ascendente a US$ 123.3 millones, representado por las inversiones ejecutadas por los Gobiernos Regionales, PRONASAR y FONCODES.

Desde el año 2004 en que se inicia la ejecución del PRONASAR, la modalidad de intervención en los ámbitos rurales y de pequeñas ciudades cambia con relación al modo en que se venía efectuando, ya que en éste se daba una mayor importancia a la ejecución de infraestructura sin considerar la sostenibilidad de los sistemas construidos.

El PRONASAR en cambio comprende, en el ámbito rural, la mejora o ampliación de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos, la capacitación y formación de JASS para la ad-ministración de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales así como educación en salud e higiene a los usuarios. En cuanto a las pequeñas ciudades, comprende la implemen-tación de nuevos modelos de gestión de la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento a través de operadores especializados, el fortalecimiento de capacidades municipales, la educación en salud e higiene a los usuarios y el mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas existentes.

El MVCS, en el periodo 2001-2005, ha efectuado diversas intervenciones en la totalidad de re-giones del país. A continuación se presentan dos mapas en los cuales se indican, tanto para el ámbito urbano como para el rural, la intervención efectuada por el Ministerio, inversión que ha significado un incremento en la población con servicios de agua y alcantarillado de 2.3 millones de personas.

Ámbito urbano

TUMBES¤

PIURA¤

LAMBAYEQUE¤

LA LIBERTAD¤

ANCASH¤

LIMA¤

ICA¤

AREQUIPA¤

MOQUEGUA¤

TACNA¤

PUNO¤AYACUCHO¤

HUANCAVELICA¤

JUNÍN¤

PASCO¤

HUANUCO¤

SAN MARTÍNCAJAMARCA¤

¤AMAZONAS

LORETO¤

UCAYALI¤

MADRE DE DIOS¤

CUSCO¤

APURÍMAC¤

¤

TUMBESInversión US$7.8 millones

PIURA (PE-P25)Inversión US$45.0 millones

CAJAMARCA (KfW)Inversión US$18.8 millones

LAMBAYEQUEInversión US$1.4 millones

LA LIBERTADInversión US$4.3 millones

ANCASH (PE-P25)Inversión US$47.0 millones

LIMAInversión US$2.2 millones

HUANCAVELICA (KfW)Inversión US$12.0 millones

ICAInversión US$19.4 millones

AYACUCHO (KfW)Inversión US$19.9 millones

AREQUIPAInversión US$1.4 millones

MOQUEGUAInversión US$0.1 millones

AMAZONASInversión US$0.4 millones

LORETO (PE-P29)Inversión US$33.7 millones

SAN MARTÍNInversión US$4.0 millones

PASCOInversión US$7.4 millones

UCAYALIInversión US$0.9 millones

JUNÍNInversión US$9.3 millones

MADRE DE DIOSInversión US$0.1 millones

CUSCOInversión US$0.9 millones

APURÍMACInversión US$0.8 millones

PUNO (KfW)Inversión US$23.2 millones

TACNAInv. US$3.8 millones

Ámbito rural

TUMBES¤

PIURA¤

LAMBAYEQUE¤

LA LIBERTAD¤

ANCASH¤

LIMA¤

ICA¤

AREQUIPA¤

MOQUEGUA¤

TACNA¤

PUNO¤AYACUCHO¤

HUANCAVELICA¤

JUNÍN¤

PASCO¤

HUÁNUCO¤

SAN MARTÍNCAJAMARCA¤

¤AMAZONAS

LORETO¤

UCAYALI¤

MADRE DE DIOS¤

CUSCO¤

APURÍMAC¤

¤

Comunidades RuralesPequeñas CiudadesFrontera Norte (Pozos)Las Bambas (rurales)

LEYENDA

Nº Proyectos: 3Beneficiarios:11,392Inversión: US$ 792,273

Nºde Proyectos: 33Beneficiarios: 23,896Inversión:US$1,264,440

Nºde Proyectos: 31Beneficiarios: 19,020Inversión: US$1,241,737

Nº Proyectos: 10Beneficiarios:66,619Inversión: US$ 2,640,909

Nº Proyecto: 2Beneficiarios:5,011Inversión: US$ 528,182

Nºde Proyectos: 20Beneficiarios: 11,000Inversión: US$1,484,242

Nº Proyectos: 32Beneficiarios: 150,989Inversión: US$17,534,224

Nº Proyectos: 2Beneficiarios: 10,546Inversión: US$ 468,258

Nºde Proyectos: 111Beneficiarios: 79,580Inversión:US$ 4,565,846


Nºde Proyectos: 98Beneficiarios: 61,989Inversión: US$ 3,524,389




Nº Proyectos: 5Beneficiarios:20,238Inversión: US$ 1,260,530

Nºde Proyectos: 117Beneficiarios: 62,145Inversión:US4 4,810,479

Nºde Proyectos: 29Beneficiarios: 12,767Inversión:US$1,278,941

Nº Proyectos: 7Beneficiarios: 129,513Inversión: US$10,696,331


CAPÍTULO II

POLÍTICAS DE SANEAMIENTO

2.1 Principios

• Las tarifas / cuotas deben cubrir costos de operación, mantenimiento e inversiones.• Los subsidios deben dirigirse a los más pobres.• Los subsidios a la inversión deben ligarse a la eficiencia en la prestación de los servicios.• Promover alianzas público privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestión de

los prestadores de servicios.

Los programas que se propone desarrollar en el Plan Nacional se han reforzado en aspectos que apoyarán y acelerarán el proceso de cambio sectorial, a través del replanteo de estrategias y reforzamiento de líneas prioritarias de acción. En el contexto definido, se promoverá el desarro-llo integral sustentable al conjugar acciones en las cuatro dimensiones determinadas: técnicas, ambientales, económicas y sociales, a fin de coadyuvar a cubrir el déficit de infraestructura de saneamiento contemplado en el Plan Nacional de Vivienda.

La modernización de la gestión del Sector Saneamiento requiere, de un lado, del manejo y disponibi-lidad de información sobre el estado de los servicios de agua y saneamiento, la situación de salud re-lacionada, las inversiones que se encuentran en proceso, la demanda por el mejoramiento o acceso a los servicios, entre otra información que permita hacer un seguimiento a los indicadores de impacto en los proyectos de inversión; y de otro lado, de la disponibilidad de los recursos humanos calificados para la implementación de las acciones, así como proyectos y obras. Es por ello que se contempla, como ejes transversales para el desarrollo del Sector Saneamiento, el diseño e implementación de un Sistema de Información en Agua y Saneamiento y de un Sistema Nacional de Capacitación.

Al igual que el Sector Saneamiento, otros sectores vienen implementando una serie de políticas y estrategias orientadas a la reducción de la pobreza. Es en este contexto que la coordinación intersectorial toma especial importancia para el logro de los objetivos trazados, basados en el aprovechamiento de potenciales de otros sectores para la consolidación del desarrollo del sector saneamiento.

De otro lado, la participación de la población en aspectos de política y desarrollo de temas am-bientales y de agua y saneamiento en sus respectivas localidades constituye uno de los pilares de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.


2.2 Visión

La población tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a través de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado a base de políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.

2.3 Misión

Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Participación del Sector Privado.

2.4 Objetivos

Objetivo general

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y con las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional, así como con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

En este contexto, el MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia econó-mica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Cabe destacar que el objetivo general del Plan se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Competitividad que propone contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana. En el Anexo 4 se presenta un resumen de los objetivos y acciones del PNC relacionados al sector saneamiento.

Para cumplir con el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos específi-cos:

Objetivos específicos

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.3. Mejorar la calidad de los servicios.4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.5. Incrementar el acceso a los servicios.

Con relación a los objetivos específicos planteados, el sector se propone:

Objetivo específico 1: Modernizar la gestión del sector saneamiento

• Adecuación de normas legales de acuerdo a las nuevas políticas que orienten el desarrollo del Sector Saneamiento.

• Implementación de nuevas políticas para el reordenamiento del Sector Saneamiento.• Redefinir los roles de los distintos agentes del Sector a nivel nacional, regional y local.• Fortalecer las capacidades de las Direcciones Regionales de Construcción y Saneamiento para

la implementación de las políticas sectoriales en agua y saneamiento en el ámbito de sus re-giones.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública.• Fortalecer la capacidad de los prestadores de servicios en la ejecución de sus estudios y

obras.• Desarrollar instrumentos que orienten una ágil gestión ambiental en los proyectos de inversión

pública y privada.• Diseño e implementación de un Sistema de Información en Agua y Saneamiento.• Diseño e implementación de un Sistema Nacional de capacitación en Saneamiento.

Objetivo específico 2: Incrementar la sostenibilidad de los servicios

• Promover la participación del sector privado (PSP).• Promover la elaboración y ejecución de Planes de Desarrollo Empresarial.• Promover el desarrollo de programas de asistencia técnica para el personal de los prestadores

de servicio.• Promover la participación de los Municipios en la supervisión de las funciones de las JASS

(Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento).• Promover la organización adecuada e independiente para la prestación de servicios, primor-

dialmente en las pequeñas localidades.• Promover Programas continuos de Educación Sanitaria.• Promover programas de prevención de riesgos, la disminución de la vulnerabilidad y la optimi-

zación de la atención en casos de emergencia en el ámbito sectorial.

Objetivo específico 3: Mejorar la calidad de los servicios

• Promover obras de rehabilitación de los sistemas de saneamiento.• Promover programas de adquisición, instalación y mantenimiento de medidores.• Promover la racionalidad en la producción per cápita de agua en las EPS.• Promover la tecnificación en la gestión operacional de los sistemas de agua potable y alcanta-

rillado en las EPS.• Promover la implementación de programas de control de calidad y promover la instalación y/o

rehabilitación de equipos de desinfección y laboratorio.

Objetivo específico 4: Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio

• Promover programas de acción para reducir la morosidad.• Propiciar tarifas que, como mínimo, cubran sus costos de operación y mantenimiento.• Promover la generación interna de caja de las EPS para cubrir inversiones y servicio de la

deuda.• Promover la incorporación de conexiones a la facturación de las EPS disminuyendo las co-

nexiones inactivas.• Promover la ejecución de programas de control de pérdidas y fugas.


Objetivo específico 5: Incrementar el acceso a los servicios

• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua potable con conexio-nes domiciliarias.

• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua a través de piletas públicas.

• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de alcantarillado.• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de saneamiento con otros

sistemas de disposición de excretas (letrinas u otros).• Promover la ejecución de obras de tratamiento de aguas servidas.

2.5 Metas

2.5.1 Metas de coberturas

Cobertura de agua potable

Como se indicó, se considera incrementar la cobertura del servicio de agua potable a través de la instalación de conexiones domiciliarias y, complementariamente, con piletas públicas.

Para el área urbana, se considera que las conexiones domiciliarias, como mínimo, sostendrán los niveles actuales de cobertura, de manera a atender el incremento vegetativo de la población.

En el caso de SEDAPAL, se plantea un aumento de la cobertura con aplicación de soluciones técnicas por segmentos de población en forma priorizada según la situación de salubridad y de pobreza, orientado a lograr una cobertura del 97% al año 2015.

Para el área rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el área urbana, la cobertura al año 2015 llegaría al 87% y en el área rural sería de un 70%. Al nivel de país, la cobertura sería de un 82%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio.

Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 4.9 millones de habitantes; mientras que 5.7 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015.

En el Cuadro Nº 14 se presentan las metas de cobertura de agua potable.

Cuadro Nº 14: Cobertura de agua potable (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 81 84 87

SEDAPAL 89 93 97

EPS GRANDES 80 82 85

EPS MEDIANAS 81 82 83

EPS PEQUEÑAS 62 67 73

OTRAS ADM. URBANAS 60 64 69

RURAL 62 66 70

PROMEDIO NACIONAL 76 79 82

Elaboración: VMCS - DNS

Cobertura de alcantarillado2

Se considera incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento del país, complementaria-mente, a través de la construcción de letrinas. En el ámbito urbano, como mínimo, se cubrirá el crecimiento vegetativo de la población con conexiones de alcantarillado.

En el ámbito rural, con apoyo de financiamiento externo ya concertado, se considera incrementar los actuales niveles de cobertura de saneamiento con letrinas, sin contemplar proyectos de co-nexiones de alcantarillado.

A nivel nacional, al año 2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que representará atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones serían del ámbito urbano. Con ello se alcanzaría el 84% de cobertura urbana y 5.4 millones de habitantes del me-dio rural que representarán el 60% del total de la población rural a dicho año.

Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 4.1 millones de habitantes; mientras que 7.4 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015. En el Cuadro Nº 15, se presentan las metas de cobertura de alcantarillado.

Cuadro Nº 15: Cobertura de alcantarillado (%) 1/

GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 68 75 84

SEDAPAL 84 89 95





RURAL 30 43 60

PROMEDIO NACIONAL 57 66 77

1/ Incluye alcantarillado y otras formas de disposición de excretas.Elaboración: VMCS-DNS

Cobertura de tratamiento de aguas residuales

Se prevé un crecimiento a nivel del ámbito urbano que alcanzaría, en el año 2015, una cober-tura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendiéndose por esta meta que al año 2015 la población servida con tratamiento de aguas residuales sea igual a la población atendida en alcantarillado.

En el Cuadro Nº 16, se presentan las metas de cobertura de tratamiento de aguas residuales.

Cuadro Nº 16: Cobertura de tratamiento de aguas residuales (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 22 54 100

SEDAPAL 10 40 100

2 Incluye otras formas de disposición de excretas.


GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 22 54 100





(1) Porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistemas de alcantarillado.Elaboración: VMCS-DNS

2.5.2 Metas de gestión

En el ámbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones.

Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio a las 23 horas/día en el año 2015. Para ello, se prevé mejorar la distribución y racionalizar la disponibilidad de la producción unitaria de agua, a través de programas de macro y micromedición, la sectorización de las redes de distribución, reducción de pérdidas y desperdicios, y la mejora en los niveles de presión en las redes secundarias.

El MVCS propone impulsar el desarrollo de programas integrales de medición en las EPS que per-mitan alcanzar una cobertura promedio de micromedición al año 2015 del 95%. De esta forma, se podrán reducir las pérdidas técnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de agua, de manera a promover una cultura de uso racional del agua.

Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporación de nuevas conexiones a la factura-ción, disminución de las conexiones inactivas y la oferta de una mejor calidad del servicio, se proyecta lograr la reducción de la morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturación, lo cual generará, a la vez, mayor liquidez en las empresas.

Respecto al pago mensual promedio, se contempla la necesidad de realizar algunos incrementos tarifarios que permitan generar los márgenes operativos suficientes para cubrir el pago del servi-cio de la deuda y las necesidades de contrapartida para realizar las inversiones requeridas por las EPS de acuerdo a sus planes empresariales.

Al no contarse con información sobre la situación de los servicios de pequeñas localidades que están a cargo directamente de los municipios (490), se ha tenido que estimar sus indicadores de gestión en función a los disponibles para las pequeñas empresas.

En el ámbito rural, las metas de gestión responden básicamente al objetivo estratégico de lograr la sostenibilidad de las inversiones, a través de la participación activa de la población beneficiaria y las municipalidades, siendo el componente de educación sanitaria - con la colaboración activa de las mujeres - un eje central de la estrategia.

En el Cuadro Nº 17 se presentan las metas de gestión promedio planteadas para las Empresas Prestadoras de Servicios.

Cuadro Nº 17: Metas de gestión promedio en el ámbito empresarial: 2005 - 2015

Indicador 2005 2010 2015

Continuidad del servicio (hr/día) 17 23 23

Producción Unitaria (lts/hab/día) 1/ 291 230 200

Micromedición (%) 54 92 95

Morosidad (meses) 5 2 2

Margen Operativo (%) 28 42 50

Conexiones Activas (%) 89 95 95

1/ La producción unitaria está calculada tomando como base la producción del año base.Elaboración: VMCS - DNS

2.5.3 Requerimiento de inversiones

Para la estimación de las inversiones requeridas en el Sector, para el periodo 2006-2015, se han tomado en cuenta las consideraciones generales indicadas en el ítem 5.1, los niveles de cobertu-ra del ítem 3.5 y las metas de gestión del ítem 5.4, así como la información proporcionada por Sedapal. Asimismo, se han utilizado los costos per cápita del Anexo 5, que se obtuvieron en base a la recopilación de información de diversas obras ejecutadas, desde 1995 hasta 1999 por la EX FONAVI y PRONAP (ahora PARSSA) para las zonas urbanas de las provincias del Perú, mientras que los costos per cápita correspondientes a proyectos rurales responden a información obtenida de una muestra de 60 proyectos construidos por varias instituciones promotoras como son FON-CODES, APRISABAC, CARE, SANBASUR y DIGESA.

Cabe resaltar que para las proyecciones del requerimiento de financiamiento para las inversiones se ha supuesto, entre otros, que no habría ampliación de producción mientras la producción per cápita sobrepase los 200 lt/hab/día para el caso de las EPS y otras administraciones urbanas. En el caso de SEDAPAL, se considera que las obras de ampliación de producción entren en operación cuando el nivel per cápita sea inferior a 250 lt/hab/día.

En el Cuadro Nº 18 se aprecian los recursos necesarios para alcanzar las Metas de Milenio en agua potable y alcantarillado, los que ascienden a US$ 2,911 millones. Las inversiones estimadas para el Tratamiento de Aguas Residuales (TAR) al 2015 son de US$ 1,131 millones; cabe señalar que la proyección realizada busca un tratamiento de aguas residuales en un 100% de aquellas aguas recolectadas de los sistemas de alcantarillado (del 77% de la cobertura de alcantarillado fijada como meta para el 2015).

Cuadro Nº 18: Financiamiento requerido de inversiones: 2006-2015 (Millones US$)

Componente Ampliación Rehabilitación Medición Total

SEDAPAL 1,211

Agua Potable 433 145 0 577

Saneamiento 489 145 634

EPS Grandes 652




Componente Ampliación Rehabilitación Medición Total

EPS Medianas 367



EPS Pequeñas 87


Saneamiento 43 3 47

Otras Administraciones 310



Ámbito Rural 285


Saneamiento 66 66

Total General 2,082 742 87 2,911

Financiamiento requerido para inversiones en tratamiento de aguas residuales (Millones US$)

Componente Ampliación Rehabilitación Total

SEDAPAL 367 0 367

EPS Grandes 331 22 353

EPS Medianas 203 9 212

EPS Pequeñas 47 0 47

Otras Administraciones 152 1 153

Total General 1,100 31 1,131

Elaboración: VMCS – DNS

Estas inversiones permitirán:

• Priorizar las inversiones en rehabilitación de sistemas, las cuales comprenden las inversiones para prevención y atención de desastres así como para mejorar el control de la calidad y desinfección del agua; programas de medición, y acciones para el mejoramiento de la ges-tión que apunten a lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios.

• Dirigir un 3% de las inversiones en obras de rehabilitación de los sistemas a obras de preven-ción y atención de desastres.

• Promover la integración de Pequeñas Ciudades con otros municipios u otras EPS para lograr mayores economías de escala y la viabilidad financiera. Igualmente, se promoverá la fusión de pequeñas o medianas EPS.

• En el ámbito rural, se dará prioridad a las inversiones para rehabilitación de los servicios, la capacitación de las JASS y la educación sanitaria de la población.

2.5.4 Fuentes de financiamiento

De los US$ 4,042 millones que se indica en el Cuadro Nº 17, US$ 1,270 millones corresponden a créditos ya concertados y recursos propios de EPS, municipalidades y Gobiernos Regionales, mientras que US$ 2,772 millones no cuentan con fuente definida de financiamiento.

En el Cuadro Nº 19 se presenta el detalle de las inversiones con financiamiento ya concertado para el periodo 2006-2008.

Cuadro Nº 19: Inversiones en curso 2006-2008

ÁREA Rango de atención Programa/ProyectoFuente de finan-

ciamiento

Inversión en curso 2006-

2008

1. Comunidades Rurales

Hasta 2,000 hab. PRONASAR – Comp. 1 Banco Mundial 75

2. Pequeñas Ciudades

De 2,000 hasta 30,000 hab.

PRONASAR – Comp. 2 Banco Mundial 5

3. Pequeñas y Medianas EPS

Ciudades medianas (Aya-cucho, Cajamarca, Puno, Huancavelica, Huaraz, Moyabamba, Moquegua, etc.)

Proyectos IntegralesPMRI

KfWKfW

9115

4. Grandes EPS

Grandes ciudades (Tum-bes, Piura, Huancayo, Truji-llo, Pucallpa, Chimbote, Iquitos, Cusco)

Programa PSPPE-P25PE-P29

BID-KfWJBICJBIC

9014285

5. SEDAPAL Lima y CallaoPréstamos e inversiones con recursos propios

JBIC, CAF, BIRF 657

SUBTOTAL (Millones de US$) 1,160

Inversión estimada por EPS y Municipalidades con Recursos Propios 2006-2008 90

Obras de Saneamiento FONAVI en Liquidación 20

TOTAL (millones de US$) 1,270

Elaboración: VMCS -DNS

Las fuentes concertadas están referidas a los recursos provenientes de la generación interna de las EPS con las tarifas vigentes, y de los créditos externos que se encuentran concertados. (JBIC, Banco Mundial, BID, KfW, CAF, entre otros).

Las fuentes por concertar se refieren a la generación de nuevos recursos de las EPS3, recursos del tesoro público, aportes de las comunidades y los operadores privados, créditos internos y externos por concertar y donaciones.

Una fuente importante de financiamiento está referida a la generación de recursos de las EPS que requerirían de aumentos tarifarios moderados. Estos recursos deberán ser destinados a la inver-sión y pago de préstamos concertados de ser el caso.

3 Incluyendo endeudamiento que puedan obtener con o sin aval del Gobierno Nacional.


Asimismo, a la fecha, SEDAPAL participa con recursos propios en el financiamiento de sus inversiones; de esta manera, se observa una menor dependencia respecto a los recursos del Gobierno Nacional.

Frente al actual déficit de infraestructura, la participación del sector privado representa una fuente importante de financiamiento por lo que el MVCS, en cumplimiento de las funciones señaladas en su Ley de creación, promueve en forma activa la presencia de operadores especializados en la gestión de las EPS del país. En el ámbito rural y de pequeñas ciudades, el MVCS deberá potenciar la participación de la comunidad, de las municipalidades y de los Gobiernos Regionales en el financiamiento de sus inversiones.

En el Cuadro Nº 20 se presenta una propuesta de financiamiento para el periodo que no cuenta con financiamiento definido (US$ 2,772 millones).

Cuadro Nº 20: Esquema de financiamiento 2009-2015

Fuente de financiamiento Monto (Mill. US$) Porcentaje

1.Recursos Ordinarios (Gobiernos Locales, Go-biernos Regionales)

350 13%

2. Endeudamiento Externo 1/ 700 25%

3. Donaciones 300 11%

4. SEDAPAL 280 10%

5. EPS - Recurso propios 2/ 105 4%

6. Participación del Sector Privado 872 31%

7. Contrapartida Nacional (endeudamiento externo, PSP) 165 6%

TOTAL 2,772 100%

Nota: Estimaciones sujetas a revisión1/ Se ha considerado un promedio de US$ 100 millones por año considerando los techos de endeudamiento externo.2/ Se ha considerado la inversión promedio histórica.Elaboración: VMCS –DNS

2.6 Estrategias

2.6.1 Estrategias para el ámbito urbano

En el ámbito urbano se impulsará el mejoramiento de la gestión y se incorporará el concepto de viabilidad financiera. Para ello, una herramienta de apoyo clave será la participación del sector privado vía concesiones y/o cualquier otra modalidad de participación. Además, para el seguimiento y control del mejoramiento de la gestión y viabilidad financiera en las diferentes EPS donde no sea viable la participación del sector privado, se han definido indicadores de metas, de acuerdo al tamaño de la empresa.

Cabe destacar que una estrategia importante es la optimización del uso de la capacidad instala-da, previa a cualquier inversión en ampliación de la producción, así como lograr una contribución de las EPS a sus programas de inversión (20-45%) que hasta la fecha eran financiados básica-mente por el Gobierno Nacional sin posibilidades de recuperación de las inversiones.

De otro lado, se considera que, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales podrán brindar asistencia técnica y financiera a las Empresas Municipa-les para viabilizar la ejecución de programas de inversión en saneamiento.

Entre otras estrategias para el ámbito urbano también se tiene: • Disminuir el número de conexiones inactivas.

• Reducir el índice de morosidad.

• Establecer márgenes operativos en las EPS para contribuir a sus programas de inversión.

• Educar a los usuarios para un consumo óptimo y responsable de los servicios.

• Revisión y simplificación de la estructura tarifaria.

• Promover tarifas adecuadas que permitan cubrir como mínimo los costos de operación y man-tenimiento de los servicios.

• Concienciar e informar a la población sobre los beneficios de tarifas apropiadas que garanti-cen servicios eficientes.

• Reducir la participación del nivel político en la aprobación de tarifas en las EPS.

• Priorizar las inversiones en programas de medición y en obras de rehabilitación.

• Definir, para cada caso, la política de tratamiento de la deuda con el Estado.

• Las inversiones deben considerar la protección y mejoramiento del medio ambiente.

• Promover proyectos de rápido impacto para mejorar la situación financiera de las EPS media-nas y pequeñas, que les permitan generar capacidad financiera para costear sus necesidades de inversión.

• Promover la participación del Sector Privado en los servicios de agua potable y alcantarillado buscando la eficiencia y la introducción de tecnologías eficaces, y así independizar de forma estable la gestión.

• Fomentar la venta de agua en bloques, la misma que deberá ser vigilada por DIGESA, encar-gada de verificar la calidad bacteriológica del agua.

• Estrecha coordinación con el Programa A Trabajar Urbano para promover proyectos de saneamiento.

• Definir una política de tratamiento de la deuda con el Estado.

2.6.2 Estrategias para las pequeñas ciudades

Los servicios de las pequeñas ciudades que comprenden poblaciones de 2001 a 30,000 habitan-tes son usualmente administrados por los municipios distritales o por las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento.


Para dar solución a los problemas de abastecimiento y gestión de las pequeñas ciudades se han planteado las siguientes estrategias:

• Promover y facilitar la gestión de los servicios de agua y saneamiento a través de operadores especializados o unidades de gestión independientes de la Municipalidad.

• El monto a pagar por los servicios debe cubrir, como mínimo, los costos de operación, mante-nimiento y reposición del servicio.

• En materia de inversiones, las Municipalidades deben cubrir un mínimo del 40% del costo de inversión, sea en mano de obra, materiales o dinero en efectivo.

• Fortalecer las capacidades de las Municipalidades en cuanto al control, supervisión y fiscaliza-ción de los servicios.

• Educar a la población en materias de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento, salud, higiene y educación ambiental.

2.6.3 Estrategias para el ámbito rural

Para el ámbito rural, considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles, a continuación se indican las estrategias de intervención en agua y saneamiento:

• Educación en salud e higiene, así como en materia de deberes y derechos para con los servi-cios de agua y saneamiento.

• Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de Sanea-miento para la administración del servicio) como en los gobiernos locales para la asistencia técnica, seguimiento y supervisión de los servicios implementados.

• Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la población, diferenciando la construcción de obras nuevas de las de rehabilitación y otorgando un mayor subsidio a la construcción de obras nuevas.

• Las cuotas a pagar por la prestación del servicio deben cubrir como mínimo: administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación de la infraestructura.

• Brindar diferentes niveles de servicios u opciones técnicas en agua y saneamiento en función a la factibilidad de implementación (social, económica y técnica) de cada una de ellas.

2.6.4 Instrumentos y mecanismos de desarrollo sectorial Fondo Nacional de Saneamiento

Creación del Fondo Nacional de Saneamiento cuyo objetivo es ordenar los esfuerzos dispersos de apoyo financiero y técnico, tanto de las diversas dependencias públicas como de los organismos de crédito multilateral, entre otros, así como constituir la herramienta de financiamiento de la política financiera del Sector Saneamiento.

El Fondo se destinará para el financiamiento de las inversiones referidas al mejoramiento, ampliación y desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas.

Para el otorgamiento de recursos con cargo al Fondo mencionado, será indispensable que los prestadores cuenten con un Contrato de Explotación y Plan Maestro Optimizado que permita visualizar la evolución de sus metas de gestión y desarrollo.

Sistema de información sectorial en agua y saneamiento (SIAS)

Implementación de un conjunto formal de procesos que recopila, elabora y distribuye la información necesaria sobre el Sector Agua y Saneamiento a nivel nacional para la operación del Sector y para las actividades de dirección y control correspondiente, apoyando los procesos de toma de decisiones in-dispensables para desempeñar las funciones de la misma de acuerdo con las estrategias definidas.

Sistema nacional de capacitación en saneamiento

Se busca la creación de un instituto a nivel nacional que brinde asistencia técnica y programas de capacitación al Sector Saneamiento.

• Programa de asistencia técnica

Se busca fortalecer al Sector, mediante actividades de asesoría técnica, a fin de facilitar el au-mento de sus capacidades de gestión para formular los planes maestros optimizados, estudios de pre-inversión, diseños definitivos y preparación de expedientes técnicos y otros. Se analizará la alternativa de implementar este mecanismo de manera descentralizada.

• Programa de capacitación

Promover la capacitación de los recursos humanos que conforman el Sector considerando una actividad básica la elaboración de un inventario de las necesidades de formación de personal que laboran en actividades vinculadas al sector, fundamentalmente el de las EPS. Esta infor-mación permitirá evaluar las posibilidades de una transferencia de conocimientos entre las EPS mediante una cooperación horizontal. Se prevé una actividad muy dinámica de los donantes para la implementación de este plan, sobretodo con la cooperación técnica internacional.

2.7 Acciones a desarrollar

2.7.1 Consideraciones generales

• La información base sobre la que se parte para preparar este conjunto de acciones correspon-de al año 2004 y se ha obtenido de SUNASS, EPS, DIGESA, PRONASAR, PARSSA, FONCODES, INEI, entre otros.

• La población del año 2004 ha sido desagregada según el ámbito de las administraciones de servicios de saneamiento, y se ha clasificado en población urbana y rural (menos de 2,000 habitantes). La población del año 2004 así como las tasas de crecimiento poblacional para el periodo de proyección, a nivel departamental, son estimaciones realizadas a partir de la información del INEI.

• Se ha desagregado la demanda en seis grupos, cinco de los cuales corresponden al ámbito ur-bano y el restante al ámbito rural. Los grupos del ámbito urbano son: SEDAPAL, Grandes EPS, Medianas EPS, Pequeñas EPS y Otras Administraciones del ámbito no empresarial. El grupo del ámbito rural comprende localidades con población menor a 2000 habitantes.


• Las proyecciones de población hasta el año 2015, para los grupos urbano y rural se presentan en el Cuadro N° 21.

Cuadro Nº 21: Proyección de la población (Millones de habitantes)

GruposPoblación Tasa de Crec. (%)

2005 2010 2015 2005-2010 2011-2015

URBANO 19.9 21.5 22.9 1.3 1.3

SEDAPALEPS GRANDES (9)EPS MEDIANAS (21)EPS PEQUEÑAS (23)OTRAS ADMINIST. URBANAS (490)

8.15.43.10.82.5

8.75.93.40.82.7

9.36.33.60.82.9

1.51.91.60.81.6

1.31.21.61.11.4

RURAL 8.0 8.5 9.0 1.2 1.1

TOTAL NACIONAL 27.9 30.0 32.0 1.4 1.3

Fuente: INEI Elaboración: VMCS - DNS

• El componente para la dotación o complementación de infraestructura sanitaria de abasteci-miento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y disposición de excretas, contemplado en el Plan Nacional de Vivienda, será financiado por el conjunto de las acciones correspondientes a las inversiones del Sector Vivienda y no incide en las metas de cobertura del presente Plan.

• Las inversiones requeridas se orientan a alcanzar las metas del milenio.

2.7.2 Acciones propuestas para el ámbito urbano

• Para el cálculo de las inversiones en el ámbito urbano, se ha considerado incrementar la co-bertura de servicios con conexiones e incrementar la cobertura total del servicio complementa-riamente con piletas y letrinas.

• Asimismo, se contempla mejorar la gestión: medición, continuidad, producción unitaria, co-nexiones activas, morosidad y margen operativo, principalmente en las EPS.

• De igual forma, se contempla priorizar las inversiones en medición y en rehabilitación.

• Las EPS deberán contribuir con sus recursos propios al financiamiento de sus programas de inversión, y asegurar, cuando sea el caso, las contrapartidas necesarias para posibles créditos externos.

• Se buscará la consolidación, reestructuración, refinanciación y/o fraccionamiento de las deu-das directas de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el FONAVI y deu-das originadas por las Contribuciones Reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento, con el fin de favorecer a los usuarios con recursos del FONAVI.

• Las donaciones y aportes no reembolsables podrán destinarse a financiar proyectos de trata-miento de las aguas residuales en el ámbito urbano.

• En pequeñas localidades urbanas que son administradas directamente por municipios, se con-templa una contribución de, por lo menos, 20% entre Comunidades, Municipalidades y Go-biernos Regionales para el financiamiento de sus inversiones.

• En el caso de los municipios que tienen a su cargo directamente los servicios, será un requisito, para la obtención de financiamiento, que formen una Unidad de Gestión in-dependiente de los demás servicios que ofrecen tales municipios. Esto con el propósito de garantizar la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado.

• En el tema de la prevención y atención de desastres, se considera fundamental para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, la Gestión de Riesgos de Desastres que es parte integrante de las estrategias del presente Plan. La finalidad es promover que las EPS y otros operadores tomen las medidas de prevención de riesgos de desastres y miti-gación de vulnerabilidad y prevean en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para ello.

2.7.3 Acciones propuestas para el ámbito rural

• Promover la demanda por servicios.

• Ampliar la cobertura de agua con conexiones y piletas, estas últimas con mayor incidencia en poblaciones con mayor dispersión poblacional.

• Promover soluciones con letrinas para disposición sanitaria de excretas.

• Orientar las donaciones de los proyectos de cooperación técnica hacia este ámbito.

• Se contempla una contribución de, por lo menos, 20% entre la Comunidad y Municipalidad para el financiamiento de sus inversiones.

• Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir, como mínimo, los costos de operación y mantenimiento de los servicios.

• Fomentar la participación de la comunidad en las decisiones sobre los servicios.

• Se promoverá la conformación de organizaciones comunales, previamente a la realización de cualquier obra.

2.7.4 Implementación del plan

Se tiene previsto elaborar el Plan para el Fortalecimiento del Sector Saneamiento, que re-presenta una herramienta para el planeamiento y desarrollo ordenado de las acciones de la Dirección Nacional de Saneamiento y el marco director para su fortalecimiento. Este plan coadyuvará al cumplimiento y a la implementación de las políticas y objetivos estratégicos definidos por el Sector, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento.


El alcance del plan abarca los ámbitos urbano, rural y pequeñas ciudades, así como a las institu-ciones públicas y privadas involucradas a nivel nacional, regional y local.

En el ámbito urbano, se ha previsto formalizar las actividades de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) de las Municipalidades Provinciales mediante la suscripción de los correspondientes contratos de explotación, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

A efectos de obtener recursos financieros para los requerimientos de inversión del sector Sanea-miento en el ámbito urbano, se concretó una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 50 millones y recursos de contrapartida nacional de US$ 22 millones de dólares de apoyo al ordenamiento y desarrollo de las EPS. Se prevé, a través de este programa, implementar progresivamente la nueva política financiera del Sector, la que incluye la promoción de la participación del sector privado y el establecimiento de facilidades para las inversiones en rehabilitación y mejoramiento de los servicios.

El Sector viene promoviendo la creación de un Fondo Nacional del Sector Saneamiento que canalice los recursos que actualmente se captan y aplican en forma dispersa las instituciones del sector, lo que permite la aplicación óptima y equitativa de estos recursos. El Fondo se conformaría con financiamiento de los organismos multilaterales de crédito, la cooperación internacional y los aportes del Gobierno Central. Estos recursos serán destinados a financiar, vía créditos, los planes de inversión de las empresas prestadoras de servicios vinculados a la optimización de la capacidad instalada existente y al mejoramiento de la calidad de los servicios. La Participación del Sector Privado, como objetivo del sector para el desarrollo de los servi-cios, viene siendo implementada de manera conjunta con PROINVERSIÓN en seis (06) EPS, número que podría incrementarse de acuerdo a la decisión que adopten las autoridades locales. En el Anexo 6, se presentan las modalidades de vinculación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios. En cualquiera de estas modalidades, el beneficio que generará la inclusión del sector privado en el sector será de provecho para los usuarios.

De otro lado, está prevista la creación de un mecanismo de representación conjunta frente a los operadores privados cuya función consistirá en ser interlocutores ante la población a fin de garan-tizar un servicio eficiente de mutua responsabilidad.

En el ámbito rural, se ha previsto la ejecución de diversos programas de inversión con el apoyo de recursos de la cooperación internacional y el Estado. En este contexto, el Sector promoverá soluciones adecuadas a la cultura y la capacidad de pago de las comunidades, una intensa participación comunal y municipal en la construcción y operación de los servi-cios, el subsidio parcial de la inversión en servicios, una continua educación sanitaria y la participación de los gobiernos municipales provinciales y distritales en la supervisión y control de los servicios.

La administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en las áreas rurales será realizada a través de Organizaciones Comunales en representación de la po-blación organizada. Para el caso de Pequeñas Ciudades, se consideró promover la conformación de unidades de gestión dentro de las propias municipalidades y la participación de operadores especializados.

2.8 Monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados (especialmente de los com-promisos internacionales del Perú como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos del Sector) es una tarea permanente que se ha planteado el gobierno peruano.

Ésta se realizará a través del seguimiento de los indicadores de las metas de gestión y los indica-dores operativos de los proyectos en ejecución establecidos para cada caso.

En el caso de proyectos que se ejecutan con recursos de préstamos externos, los encargados de dichos proyectos son los responsables del seguimiento, monitoreo y supervisión de las acciones programadas. Los responsables llevarán a cabo evaluaciones y auditorias independientes para medir el avance de sus objetivos y sus resultados.

En el ámbito rural y de pequeñas ciudades, el Sector fortalecerá la capacidad de las municipali-dades y de las organizaciones comunales para el monitoreo y evaluación de la prestación de los servicios de saneamiento.

Asimismo, el Sector ha previsto implementar un Sistema de Información Sectorial en Agua y Sa-neamiento SIAS, en cuatro etapas:

• Primera etapa: análisis y diseño del SIAS. • Segunda etapa: desarrollo del software y aplicativos.• Tercera etapa: inicio de la implementación del SIAS y puesta en marcha (se utilizará la capa-

cidad tecnológica instalada y los recursos existentes).• Cuarta etapa: evaluación y posibles modificaciones y mejoramiento progresivo de la capaci-

dad instalada y soporte tecnológico.

La implementación de este sistema de información en el medio rural se hará a partir de los sis-temas existentes, buscando su integración y aprovechando los esfuerzos ya realizados por las diferentes instituciones que actúan en este ámbito.

El aporte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS complementará las labores de las tareas de monitoreo y evaluación de las tarifas y la calidad de los servicios.

De la misma manera, la participación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, es esencial en el seguimiento de las políticas y los objetivos del Sector.


CAPÍTULO III

PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.1 Proyectos ejecutados en Lima Metropolitana

Actualmente se vienen ejecutando los siguientes proyectos:

• Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL. Consiste en la rehabilitación de los sistemas de distribución a fin de reducir las fugas en las redes de agua potable y alcantarillado, así como la ejecución de obras generales y secundarias.

• Proyecto Micromedición.

• Rehabilitación de Redes Primarias, Colectores, Recolección y Disposición Final.

• Proyecto Obras Secundarias en Asentamientos Humanos - PROREDES.

• Proyecto de Ampliación de Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuación de Desagües (PAC). Consiste en brindar soluciones inmediatas de agua potable y saneamiento.

• Interceptor Norte. Consiste en la instalación de tubería para evacuación de aguas servidas desde el colector Costanero hasta la playa Tabeada y posterior descarga al mar.

• Estudios y obras de agua potable y alcantarillado en diversos distritos.

• Reposición de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado.

• Proyectos básicos para el desarrollo. Consiste en la elaboración de perfiles y obtención de viabilidades de los proyectos a ejecutarse por la empresa en el marco del SNIP.

• Plan de emergencia. Consiste en la ejecución de proyectos para afrontar el problema de sequía.

• Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana - MESIAS, proyecto concebido para mejorar las condiciones sanitarias de la zona sur de Lima, a fin de reducir la contaminación costera producida por la descarga de aguas resi-duales en el mar.


3.2 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR

Como parte de la política de desarrollo del Sector Saneamiento, el Viceministerio de Construc-ción y Saneamiento se encuentra implementando el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) financiado principalmente a través de un préstamo del Banco Mundial, por un periodo que culmina a finales del 2008.

El costo total del Programa asciende a US$ 80 millones de dólares, de los cuales US$ 50 millones corresponden a recursos procedentes de la operación de endeudamiento externo con el Banco Mundial, US$ 25 millones son financiados a través de recursos ordinarios y US$ 5 millones co-rresponden a una donación del Gobierno de Canadá.

El PRONASAR está compuesto de cuatro componentes:

(i) Componente 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento rural, que comprende la mejora o am-pliación de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos; la capacitación y formación de JASS a cargo de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales y educación en salud e higiene a la comunidades; (ii) Componente 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades, proyecto piloto que comprende la implementación de nuevos modelos de gestión de los servicios de Agua y Saneamiento a través de operadores especializados, el fortalecimiento de capacidades municipales, la educación en salud y higiene a los usuarios, y el mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas existentes; (iii) Componente 3: Forta-lecimiento Institucional, que comprende la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sector; y (iv) Componente 4: Ejecución, evaluación y mo-nitoreo del proyecto.

A la fecha, el programa se encuentra en plena implementación en las Regiones de: Arequipa, Ayacucho, Piura, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, Cusco, San Martín y Apurímac. Se tiene previsto intervenir en Amazonas, Ancash, Ucayali, Lambayeque y Puno.

3.3 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado de las ciudades de Piura-Castilla y Chimbote (PE-P25)

El objetivo de este proyecto es mejorar y ampliar los sistemas de de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Piura-Castilla y Chimbote.

La población beneficiada por este programa se estima será de 650 mil habitantes.

El costo total de este programa es de US$ 142 millones (US$ 100 Piura / US$ 42 Chimbote), cuyo financiamiento se clasifica de la siguiente manera:

• Préstamo de la Cooperación japonesa JBIC US$ 106.5 millones • Contrapartida Nacional US$ 35.5 millones

3.4 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado de las ciudades de Cusco, Iquitos y Sicuani (PE-P29)

El objetivo de este proyecto es mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani.

La población beneficiada por este programa se estima será de 680 mil habitantes.

El costo total de este programa es de US$ 85 millones, cuyo financiamiento se clasifica de la siguiente manera:

• Préstamo de la Cooperación japonesa JBIC US$ 65.3 millones • Contrapartida Nacional US$ 19.7 millones

3.5 Promoción de la participación del sector privado

Es el proceso mediante el cual se promueve la inversión privada proveniente de personas na-turales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas distintas del Estado Peruano, organismos del sector público, las empresas del estado y los entes que conforman la Actividad Empresarial de Estado.

TUMBES - Primera concesión de saneamiento en el Perú (Alianza Estratégica Público Privada)

Como una alternativa para impulsar la mejora del Sector, el Ente Rector ha planteado las Alian-zas Estratégicas Público Privada porque reconoce que la plataforma de diálogo entre el sector público y el privado que se crea permitirá lograr cumplir el objetivo que se ha manifestado en este documento, lo cual en el futuro cercano generará el ansiado beneficio esperado para la población.

El actual ejemplo exitoso del tipo de alianzas antes mencionadas es la primera concesión en el Sector Saneamiento llevada a cabo en el Perú.

En el mes de setiembre de 2005, se concretó el proceso de concesión de los servicios de agua y desagüe en Tumbes con la firma del Contrato de Concesión con el Consorcio argentino-peruano Latinguas-Concyssa, Aguas de Tumbes S.A.

La concesión de este servicio permitirá no sólo incrementar la cobertura de agua y saneamiento en Tumbes, sino alcanzar niveles tales que harán posible mejorar la salud, el nivel de vida y el bienestar de toda la población.

Otros procesos:

EMPRESA ÁMBITOINVERSIÓN 30 años

(US$ Millones)

EPS GRAURegión Piura(Provincias de Piura y Paita). Sullana y Talara si lo

solicitan podrán entrar en el proceso.185 (Piura y Paita)

SEDAM HUANCAYO Huancayo y distritos 110

SEDALIB Región La Libertad (provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Chepén) 255

EMAPACOP Región Ucayali (provincias de Pucallpa) 151

Total 701

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento108

3.6 Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI)

Esta Alianza Estratégica Público Público, el PMRI, tiene por objetivo apoyar a medianas y peque-ñas empresas con proyectos que, a corto plazo, tengan impacto favorable en la generación de caja, de tal modo que puedan superar su situación de crisis financiera y solventar sus propios requerimientos de inversión.

La primera parte de este programa se realizará en 9 EPS, las cuales fueron elegidas luego de pasar por un largo proceso de selección que permitió escoger a aquellas EPS más idó-neas para dicho programa dadas las características del mismo. Las EPS participantes son: EPS CHAVÍN (Huaraz), EMAPA CAÑETE, SEDAHUANUCO, EPS SELVA CENTRAL (Chanchamayo), EPS SIERRA CENTRAL (Tarma), EPS MOQUEGUA, EPS MOYOBAMBA, EMAQ (Quillabamba), EMAPA HUARAL.

Cabe señalar que se ha estimado que la población beneficiada por este programa es de 650,000 habitantes.

El costo total de este programa es de US$ 15 millones, cuyo financiamiento se clasifica de la siguiente manera:

• Préstamo de la Cooperación alemana KfW US$ 12 millones • Contrapartida Nacional US$ 3 millones

3.7 Programa de apoyo al desarrollo del sector saneamiento

Está destinado a mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y sanea-miento en el Perú. Éstos se encuentran administrados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento que dependen de los municipios y requieren lograr viabilidad financiera para mejo-rar la calidad de sus prestaciones, a fin de posibilitar a la población el acceso a los servicios de agua y saneamiento; asimismo, se busca establecer empresas operadoras eficientes y sostenibles, promoviendo la participación del sector privado.

COMPONENTE KFW BID CN SIN FINANC. TOTAL

Componente 1 Fortaleci-miento Institucional

2,500,000 500,000 3,000,000

Componente 2 CPP 21,050,000 45,500,000 13,730,000 117,430,821 197,710,821

Componente 3 CPP Media-nas y/o pequeñas y el PDL

2,000,000 500,000 2,500,000

Costos Financieros 4,500,500 4,500,500

TOTAL (US$) 21,050,000 50,000,000 19,230,500 117,430,821 207,711,321

3.8 Cooperación técnica no reembolsable

El Sector cuenta, además, con el apoyo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, las Agencias Suiza, Alemana y Canadiense de cooperación internacional con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el fortalecimiento de las instituciones res-ponsables de la gestión del sector de agua y saneamiento.


ANEXO 1: Relación de EPS por departamentos y coberturas – 2004

Departamento EPS

Población Total EPS(millones

habitantes)

Población Servida

Agua Potable 1/ Alcantarillado

Total EPS % Total EPS %

AMAZONAS

EMAPAU 0,027 0,023 87 0,016 59

EMUSAP AMAZONAS 0,021 0,020 96 0,015 74

EMAPAB 0,025 0,019 75 0,017 70

EMAPAL S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Sub Total 0,073 0,062 85 0,048 66

ANCASH

SEDA CHIMBOTE 0,377 0,335 89 0,303 80

EPS CHAVÍN 0,109 0,099 90 0,085 78

Sub Total 0,486 0,434 89 0,388 79

APURÍMAC

EMUSAP ABANCAY 0,063 0,043 69 0,039 62

EMSAP CHANKA 0,017 0,013 80,0 0,010 58,8

Sub Total 0,080 0,056 63,1 0,049 49,9

AREQUIPASEDAPAR 1,032 0,864 84 0,795 77

Sub Total 1,032 0,864 84 0,795 77

CAJAMARCA

EPS SEDACAJ 0,128 0,120 94 0,115 90

EPS MARAÑÓN 0,080 0,027 34 0,026 33

Sub Total 0,208 0,147 71 0,141 68

CUSCO

EPS SEDACUSCO 0,322 0,299 93 0,265 82

EMPSSAPAL 0,044 0,036 83 0,031 71

EMAQ 0,030 0,021 68 0,012 40

EMSAPA CALCA S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Sub Total 0,396 0,356 89 0,308 78

HUANCAVE-LICA

SEMAPA HUANCA-VELICA 0,045 0,023 51 0,021 46

Sub Total 0,045 0,023 51 0,021 46

HUÁNUCOSEDAHUANUCO 0,240 0,179 75 0,154 64

Sub Total 0,240 0,179 75 0,154 64

ICA

EMAPICA 0,229 0,190 83 0,162 70

EPS SEMAPACH 0,143 0,128 90 0,091 64

EMAPISCO 0,094 0,082 88 0,068 72

EMAPAVIGSSA 2/ 0,042 0,030 71 0,034 81

Sub Total 0,508 0,430 85 0,355 70

AYACUCHOEPS AYACUCHO 0,173 0,162 94 0,116 67

Sub Total 0,173 0,162 94 0,116 67

LA LIBERTADSEDALIB 0,865 0,670 77 0,581 67

Sub Total 0,865 0,670 77 0,581 67

LAMBAYEQUEEPSEL 0,891 0,509 57 0,475 53

Sub Total 0,891 0,509 57 0,475 53

LIMA

SEDAPAL 7,975 7,097 89 6,699 84

SEMAPA BARRANCA 0,117 0,070 60 0,063 53

EMAPA HUACHO 0,113 0,097 87 0,094 84


Departamento EPS

Población Total EPS(millones

habitantes)

Población Servida

Agua Potable 1/ Alcantarillado

Total EPS % Total EPS %

LIMA

EMAPA HUARAL 0,084 0,053 63 0,049 58

EMAPA CAÑETE 0,140 0,123 88 0,089 64

EMAPA CHANCAY 0.027 S.I. S.I. S.I. S.I.

EPS PATIVILCA 0.012 S.I. S.I. S.I. S.I.

Sub Total 8,468 7,416 87 7,097 84

LORETOEPS LORETO 0,461 0,264 57 0,184 40

Sub Total 0,461 0,264 57 0,184 40

MADRE DE DIOSEMAPAT 0,048 0,046 95 0,019 40

Sub Total 0,048 0,046 95 0,019 40

MOQUEGUA

EPS ILO 0,067 0,064 96 0,049 74

EPS MOQUEGUA 0,080 0,057 72 0,044 55

Sub Total 0,147 0,121 82 0,093 63

PASCOEMAPA PASCO 0,080 0,038 48 S.I. S.I.

Sub Total 0,080 0,038 48 S.I. S.I.

JUNÍN

EPS SELVA CENTRAL 3/ 0,109 0,074 68 0,055 50

EPS SIERRA CENTRAL 0,051 0,044 87 0,039 77

EPS MANTARO 0,078 0,056 71 0,033 42

SEDAM HUANCAYO 0,349 0,250 72 0,242 69

EMSAPA LA OROYA 0,033 S.I. S.I. S.I. S.I.

EMSAP ACOBAMBA S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Sub Total 0,563 0,424 75 0,369 66

PIURAEPS GRAU 0,880 0,731 83 0,594 68

Sub Total 0,880 0,731 83 0,594 68

PUNO

SEDA JULIACA 0,211 0,170 81 0,168 80

EMSA PUNO 0,161 0,121 75 0,104 65

EMAPA YUNGUYO 0,013 0,013 97 0,008 61

EPS NOR PUNO 0,024 0,023 97 0,013 53

AGUAS DEL ATIPLANO S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Sub Total 0,409 0,327 80 0,293 72

SAN MARTÍN

EMAPA SAN MARTÍN 0,246 0,194 79 0,145 59

EPS MOYOBAMBA 0,058 0,050 87 0,037 63

Sub Total 0,304 0,244 80 0,182 60

TACNAEPS TACNA 0,267 0,267 100 0,256 96

Sub Total 0,267 0,267 100 0,256 96

TUMBESEMFAPATUMBES 0,188 0,159 85 0,103 55

Sub Total 0,188 0,159 85 0,103 55

UCAYALI

EMAPACOP 0,276 0,127 46 0,110 40

Sub Total 0,276 0,127 46 0,110 40

1/ Cobertura con conexiones domiciliarias.2/ Administra parte de los departamentos de Ica y Ayacucho.3/ Administra parte de los departamentos de Pasco y Junín.Fuente: SUNASS “Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú: 2004”

ANEXO N° 2: Inversión en el sector saneamiento : 2000-2005 (Millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005TOTAL

2000-2005

TOTALINVERSIONES

192.4 115.7 119.5 109.6 105.8 190.2 833.1

GOBIERNO REGIONAL 7.3 8.8 6.4 6.5 12.0 19.0 60.1

SEDAPAL 76.4 53.0 75.2 64.0 30.4 79.1 378.1

MESIAS 65.1 16.5 2.8 3.2 8.8 1.4 97.8

EPS 20.4 5.2 13.2 10.5 18.4 12.1 79.7

PARSSA 18.1 23.6 8.8 9.1 9.2 45.5 114.3

PRONASAR 0.2 0.4 0.9 1.6 4.6 7.7

FONCODES 4.5 6.6 7.5 10.9 13.4 12.5 55.5

A TRABAJAR URBANO 3.5 4.3 10.9 12.8 31.5

OTROS 1/ 0.6 1.7 1.7 0.3 1.0 3.1 8.5

1/ Incluye INADE, Gestión de Proyectos e Infraestructura de Saneamiento FONAVI en Liquidación. Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Integrado de Administración FinancieraMIMDES, FoncodesMinisterio de Trabajo, A Trabajar UrbanoSUNASSElaboración: VMCS-DNS


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ANEXO 4

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

El Plan Nacional de Competitividad (PNC) tiene como base los lineamientos de la Estrategia Na-cional de Competitividad, los cuales se dividieron en 3 lineamientos motores y 7 condicionantes:

L1: Articulación empresarial y ClustersL2: Innovación y transferencia tecnológicaL3: EducaciónL4: Reglas Claras y EstablesL5: Política económica transparente y predecibleL6: Estabilidad JurídicaL7: Institucionalidad Pública y PrivadaL8: Mercado Financiero y de CapitalL9: InfraestructuraL10: Medio Ambiente

El fin último del PNC es el de contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana. Para lograr este propósito, se debe dinamizar la economía a través de la faci-litación de la inversión privada, fuente primordial del crecimiento económico dentro de un marco de creciente inserción al mercado global.

El propósito del PNC es el de mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa inserción en el mercado global para el desarrollo social.

El PNC se subdivide en 7 objetivos estratégicos para cada una de las 7 áreas temáticas en que están divididos los 10 lineamientos antes señalados.

Los objetivos estratégicos son los siguientes:

1. Fortalecimiento Institucional. Fortalecer la institucionalidad con un Sistema Público efectivo en sus resultados y eficiente en su costo, con organizaciones privadas y de la Sociedad Civil que sean representativas y tengan capacidades fortalecidas para promover un adecuado clima de negocios del país.

2. Política Económica, Mercados Financieros y de Capitales. Fortalecer la institucionalidad para mejorar el clima de negocios del país a través de adecuadas políticas económicas, comerciales, fiscales, tributarias y laborales; y mejorar la provisión y el acceso a recursos financieros y de capital.

3. Infraestructura. Aumentar y mejorar la infraestructura física y la provisión de los servicios relacionados para la integración de mercados y el desarrollo empresarial.

4. Articulación Empresarial. Fortalecer las cadenas productivas y conglomerados para promo-ver el desarrollo regional y local.

5. Innovación tecnológica. Aumentar la aplicación de conocimientos para mejorar la competi-tividad de la producción usando las herramientas que proveen la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.


6. Educación. Desarrollar competencias en los jóvenes y adolescentes para lograr su mejor desempeño en la sociedad peruana.

7. Medio Ambiente. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la con-servación del ambiente, mediante la promoción de la eficiencia empresarial y su crecimiento comercial.

El tema saneamiento se encuentra incluido en el objetivo estratégico 3 Infraestructura, en las siguientes estrategias:

1. Desarrollar un sistema integral de infraestructura que garantice una eficiente inversión de los recursos públicos y privados.

2. Fomentar la participación del sector privado en la provisión de la infraestructura de uso pú-blico mediante mecanismos como las concesiones y, en aquellos casos que requieran de un cofinanciamiento estatal, mediante esquemas de Asociación Público Privada (APP).

3. Fortalecer el marco regulatorio e institucional para facilitar la participación de la inversión privada en la infraestructura del país y asegurar una adecuada protección de los usuarios.

ANEXO 5

ESTIMACIÓN DE COSTOS PER CÁPITA

La estimación de los costos per cápita (cpc) se basa en la recopilación de información de diversas obras ejecutadas, desde 1995 hasta 1999 por la EX FONAVI y PRONAP para las zonas urbanas de las provincias del Perú. Estas obras, que alcanzan a un total de 153, se han desagregado en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y, dentro de cada uno, se ha discri-minado lo que corresponde a la construcción de obras primarias (captación, almacenamiento, conducción, aducción, tratamiento) y secundarias (redes y conexiones). A su vez, éstas se han clasificado en obras de ampliación y de rehabilitación. El costo de la instalación de medidores y del sistema de piletas se obtuvo de un promedio de los costos correspondientes a las EPS de provincias y a SEDAPAL S.A.

La estimación de los cpc correspondientes a proyectos rurales de agua potable y saneamiento responde a información obtenida de una muestra de 60 proyectos construidos por varias institu-ciones promotoras como son FONCODES, APRISABAC, CARE, SANBASUR y DIGESA, en áreas rurales de los departamentos de Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Lima, zonas caracteri-zadas como de extrema pobreza y cuya población por localidad no supera los dos mil habitantes. Estos proyectos cubren las diversas opciones técnicas y niveles de servicio más frecuentes. Para su estimación, se han considerado costos directos e indirectos. El sistema más representativo es el de gravedad simple; el nivel de servicio es con conexiones domiciliarias de agua y letrinas. Se incluyen los costos para educación sanitaria y la capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad de los proyectos.

Para cada uno de los proyectos tomados en la información de base, se determinó la población servida beneficiaria de las obras ejecutadas que permitiera hallar los cpc.

Cuadro Nº A5-1: Costos Per Cápita en el área urbana

COMPONENTE Costos per cápita (US$/Hab.)

Ampliación del servicio de agua potable (costo total) 245

Ampliación de redes y conexiones agua potable, sin incluir obras primarias 151

Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total) 233

Ampliación de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras primarias 185

Ampliación tratamiento de aguas servidas 90

Rehabilitación sistema agua potable (1) 31

Rehabilitación sistema alcantarillado(1) 12

Costo de pileta 41

Rehabilitación de los servicios de tratamiento de aguas servidas (1) 14

Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios) 62

(1) Los costos per cápita de rehabilitación están calculados en función de la población servida.

Cuadro Nº A5-2: Costos Per Cápita en el área rural (Poblaciones menores de 2000 Hab.)

COMPONENTE Costos per cápita (US$/Hab)

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable con conexiones 77

Sistemas de Saneamiento con Letrinas 22

Costo de Pileta 41

Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento Agua Potable con conexiones 31

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento118

ANEXO 6

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

a) Contrato de serviciosLa entidad estatal contrata con firmas privadas la ejecución de tareas específicas. La dura-ción de este tipo de contratos es de 1 a 2 años.

b) Contrato de gestiónSe contrata con firmas privadas la gestión total del servicio. Su duración es de 3 a 5 años.

c) Contrato de arrendamientoSe concede a una firma privada el derecho de explotar los servicios a cambio de recibir un canon de arrendamiento por el uso de los activos. El arrendatario es responsable de la operación y mantenimiento del sistema.

d) Contrato de concesiónSe concede a un operador privado el derecho de explotar el servicio por un periodo deter-minado (entre 20 a 30 años). El operador privado asume la totalidad del riesgo comercial, recauda el valor de los servicios, cubre los costos de administración, operación y manteni-miento, así como los de inversión.

e) BOT (Build, Operate & Transfer)El privado financia, construye, opera y explota un proyecto por un periodo de tiempo de-terminado. Al final del periodo, la obra es transferida a la entidad pública concedente por el valor previsto en el contrato.

Los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento han sido elaborados por las Direccionales Nacionales de Vivienda; Urbanismo; Saneamiento y Construcción del MVCS.

Esta publicación no habría sido posible sin la valiosa contribución del GRUPO AGUA (PAS, COSUDE, CEPIS, GTZ-KfW, JBIC, ACDI, BID y la UE), y los importantes comentarios de todaslas personas que colaboraron con los borradores de esta propuesta.

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