periodistas en los gabinetes de comunicación...

Actas – IV Congreso Internacional Latina de Comunicación

Social – IV CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2012

ISBN-13: 978-84-15698-06-7 / D.L.: TF-969-2012 Página 1

Actas on-line: http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_actas.html

Periodistas en los gabinetes de

comunicación institucionales: una estabilidad profesional condicionada por

cada voto

Pablo Vázquez Sande – U. Santiago Compostela (USC) – [email protected]

Resumen: La comunicación organizacional constituye una de las salidas profesionales con mayores posibilidades para las últimas promociones de periodistas debido fundamentalmente a tres factores: el auge de la comunicación organizacional, la profesionalización de los gabinetes de comunicación y la reducción de oportunidades laborales que caracterizan a los medios tradicionales, con modelos de negocio actualmente en revisión.

Sin embargo, la estabilidad profesional de los trabajadores de estas organizaciones se ve amenazada en muchas ocasiones por el tipo de vinculación contractual que une al profesional con la institución, ya que en la mayoría de los casos se trata de relaciones basadas en la confianza, con contratos de duración eventual y en el que el cese del político al que está laboralmente asociado implica automáticamente su despido.

De este modo, el periodista es consciente de que su continuidad en su puesto de trabajo depende, en primera instancia, de la voluntad del político que, en cualquier momento, puede decidir prescindir de sus servicios sin que ello suponga derecho a finiquito por las peculiaridades del contrato firmado; y, en segundo lugar, sabe también que los resultados electorales, pese a no figurar en ninguna candidatura de ningún partido, pueden acarrear su despido. De ello emerge una conciencia de provisionalidad que no contribuye a que el trabajador se sienta con garantías de pervivencia profesional.

A su vez, provoca una merma en la información que se transmite a los ciudadanos, los destinatarios últimos, que, además, no dejan de ser la razón de la existencia de estos gabinetes de comunicación y quienes financian esta actividad con el pago de sus impuestos. No en vano, la continua rotación de profesionales en los gabinetes de la administración lleva a que no se puedan establecer relaciones duraderas con los periodistas de los medios, dificultando así la tarea profesional. Al mismo tiempo, imposibilita que se pueda aprovechar la experiencia adquirida por el trabajador que con frecuencia se cambia.

Palabras clave: comunicación organizacional; gabinetes de comunicación; inestabilidad profesional; contratos de confianza; democracia



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1. Introducción

La comunicación organizacional es un sector que ha despegado enormemente en España en las últimas décadas y se ha convertido en un verdadero nicho de mercado para las más recientes promociones de periodistas que ven en esta actividad una alternativa al segmento más tradicional de la profesión, el representado por los medios. La comunicación organizacional engloba diversas posibilidades, desde la empresa privada hasta las ONG pasando por las instituciones públicas. Precisamente es en este último sector (el de las administraciones) donde más posibilidades laborales parecen estar surgiendo.

En ese sentido, los ayuntamientos, en los que centraremos nuestra atención por ser la administración más próxima a los ciudadanos, no han sido ajenos a este fenómeno sino que se han interesado en gran medida por dotarse de departamentos específicos que se ocupan de la comunicación bajo diferentes fórmulas: desde el gabinete institucional hasta las asesorías externas contratadas de modo puntual o de forma permanente, pasando por fórmulas como la mancomunación de servicios entre aquellos entes de menor tamaño y, por tanto, con menores posibilidades presupuestarias.

Estas oficinas municipales surgen especialmente en el segundo mandato tras la transición (1983-1987) bajo las premisas de la transparencia y la comunicación democrática con los ciudadanos, quienes en definitiva son, o deberían ser, la razón última de la existencia de estos gabinetes, porque es a ellos a quien se dirige la información transmitida empleando, en la mayoría de los casos, los medios de comunicación como canal.

Sin embargo en la configuración de los gabinetes y en la elección de sus trabajadores interviene un factor específico relacionado con la naturaleza de los actores, ya que se combinan en un mismo departamento, por un lado, las personas y los fines de la institución como garante de la participación de los ciudadanos y del juego democrático y, por el otro, los partidos políticos, caracterizados por Bartolomé Castro (2012: 285) como “entidades de carácter difuso, situadas en la frontera entre lo público y lo privado”.

A este respecto, Losada Díaz (2004: 535), aunque sostiene que “la existencia de los partidos permite el funcionamiento institucional”, sí marca distancias al apelar a la naturaleza eminentemente privada de los partidos políticos, inscritos como tales en el Registro de Partidos Políticos.

En una línea similar se manifiesta Pérez González (1988: 227), quien distingue claramente entre el programa político “que corre el riesgo de alejarse del interés de los vecinos” y el programa de gestión “que se va llenando de contenidos concretos próximos a los intereses vecinales e inmersos en el día a día de los problemas urbanos”. Con todo, no es menos cierto que, como subraya Canel (2007: 28), “toda organización tiene una cierta dimensión política, pues en ella existe un proceso de gobierno, una distribución de poder y un conflicto de valores”.

Desde un punto de vista eminentemente teórico, también Martín Martín (2006: 106) aboga por separar claramente la comunicación institucional de la comunicación política, al elaborar su tipología de direcciones de comunicación



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(las de la institución pública frente a las del partido político)1. De este modo, parece claro que la frontera entre lo institucional y lo político debería ser infranqueable, pero la realidad demuestra que las condiciones laborales de los trabajadores de estos gabinetes de comunicación afectan negativamente a esta necesaria separación de polos.

Al margen de esta confusión de planos en la que ahondaremos posteriormente, debe tenerse en cuenta que, de forma paralela al espectacular incremento en el número de gabinetes de comunicación, las posibilidades de empleo en los medios de comunicación españoles son cada vez más escasas. Ya no se trata de que no se contratan nuevos profesionales, sino que según los datos que aporta Molina (2012: 8) los efectos de la crisis provocaron que en los últimos tres años se hayan destruido 7.000 puestos de trabajo en el sector periodístico en territorio nacional.

A esta devastación de empleo hay que sumar el hecho de que, mientras que el mercado laboral es capaz de dar trabajo solamente a unos 600 periodistas cada año, 3.000 profesionales terminan sus estudios en uno de los 41 centros públicos y privados que ofrecen titulaciones de Periodismo en toda España. Por ello, y sin afán de ahondar en las causas, el desajuste entre la oferta y la demanda parece evidente.

En la encrucijada entre ambas realidades, emergen los gabinetes municipales como una fuente proactiva que ofrece productos cerrados (comunicados de prensa, eventos, dossier, etc.) que, debido a la merma en el número de profesionales en los medios de comunicación, son incorporados sin que, en numerosas ocasiones, se contraste ni se dé otro enfoque diferente a lo transmitido por estas oficinas, que cada vez se adaptan más a las rutinas de los medios.

De algún modo, estos departamentos de comunicación están usando en su provecho la saturación de los profesionales de los diferentes soportes, que deben cubrir más páginas, por lo que disponen de menos tiempo para realizar un tratamiento en profundidad de cada tema, al tiempo que, en numerosas ocasiones, se les exigen nuevas funciones que también requieren de su tiempo (actualización de la web, elaboración de contenidos para Internet, tratamiento multimedia, etc.).

Se trata, en síntesis y desde la perspectiva de los gabinetes, de transformar una debilidad (el menor número de trabajadores en medios) en una fortaleza (que los diferentes soportes recojan y transmitan lo más fielmente posible todo lo comunicado por la organización). En este sentido, no podemos perder de vista que los responsables de los gabinetes proceden en numerosas ocasiones de medios de comunicación, lo que les asegura un conocimiento actualizado de las rutinas periodísticas.

1 También Ramírez (1995: 125) adopta una postura similar, al clasificar los gabinetes de comunicación en cinco grandes grupos, distinguiendo entre “los de la administración o institucionales (gobiernos, instituciones oficiales, ayuntamientos, diputaciones, entes autónomos…)” y “los de partidos políticos y sindicatos”.



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No en vano, los gabinetes de comunicación están cada vez más profesionalizados, una tesis que García Orosa (2005: 109) asienta en tres factores, si bien el último de ellos parece estar en tela de juicio, como desarrollaremos a continuación.

“La media de licenciados en Ciencias de la Comunicación es similar o superior a la media del sector; los dircom tienen experiencia en medios de comunicación; y la mayoría manifiesta que permanecería en el puesto a pesar de cambios directivos o de gobierno”.

Precisamente su conocimiento de los diferentes soportes les permite ajustarse a los criterios y valores-noticia y, en consecuencia, favorecen que su producto salga reforzado y sea elegido en el proceso de selección de los acontecimientos noticiables. Cabría incluso en este punto plantearse la redefinición del rol del gatekeeper tal como se ha venido concibiendo tradicionalmente en el sector, dado que en un momento en que la permeabilidad de los contenidos emitidos por las diferentes organizaciones está siendo tan elevada, se ha añadido otro filtrador y otro gatekeeper primario (el responsable de comunicación de las diferentes entidades), que, en defensa de sus legítimos intereses, selecciona una parte concreta de la realidad.

De este modo, tal vez convendría replantearse el papel de estos profesionales, toda vez que las organizaciones parecen tener su hueco asegurado en la agenda mediática, provocando que exista menos espacio para los otros actores, que deben luchar por conquistar ese territorio aún no invadido por los gabinetes de comunicación de esas fuentes estables.

Un último aspecto a destacar dentro de esta introducción a respecto de las condiciones laborales de los periodistas de los gabinetes está relacionado con las retribuciones de estos empleados, ya que, según destaca Roses (2011: 203), los trabajadores de los departamentos de comunicación son los mejor pagados, solo superados por los de la televisión, ya que “solo el 23,6% (de los trabajadores de gabinetes) percibe salarios bajos”, lo cual también contribuye a hacer más atractivo este sector.

2. Metodología

El presente estudio, de carácter exploratorio, pretende ser una aproximación a la naturaleza de los contratos que los responsables de los gabinetes de comunicación de la administración local española han suscrito para ver cuáles son las propiedades y las características intrínsecas a ese tipo de vinculaciones.

Partimos de dos preguntas: ¿cuentan los trabajadores de los departamentos municipales de comunicación con un contrato estable asimilable al de un funcionario o, por el contrario, la tendencia es a suscribir contratos de confianza propios de los asesores? ¿Cuáles son las repercusiones que estas



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vinculaciones tienen sobre la práctica profesional, la propia administración y sobre el derecho a la información del ciudadano?

A partir de estas cuestiones, trazamos como hipótesis que en la mayoría de los ayuntamientos los nombramientos de los responsables de los gabinetes de comunicación se corresponden con una cuestión de confianza, en lugar de por un concurso de méritos, lo cual acarrea consecuencias en, al menos, cuatro esferas: la personal, la profesional, la institucional y la social.

Para refutar o confirmar esta hipótesis optamos por la elección del método cualitativo de la encuesta semi-estructurada, que fue remitida a los líderes de las oficinas de comunicación municipales. El cuestionario, compuesto por un total de 20 preguntas, abordaba, entre otros, cuatro ítems de especial relevancia para el presente estudio: la situación contractual, la participación de los periodistas del gabinete institucional en actividades de partido como las campañas electorales, las consecuencias que los resultados de los comicios tienen sobre su puesto de trabajo y la percepción sobre la existencia de casos de simultaneidad de tareas institucionales y partidistas.

Una vez expuesta la metodología seguida, nos referiremos a la delimitación espacial y temporal de esta investigación. En lo que respecta a la cuestión geográfica, en territorio nacional existen en el momento de elaboración de este estudio (otoño de 2012) 8114 ayuntamientos que presentan unas propiedades claramente divergentes (demografía, orografía, color político, extensión, etc.), por lo que, y con el afán de elaborar este artículo tanto desde la perspectiva profesional como desde la del propio ciudadano, recurriremos al criterio demográfico para delimitar nuestro objeto de estudio.

Así, centraremos nuestra atención en el conjunto de municipios españoles cuya población supera, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los 50000 habitantes, de modo que trabajaremos sobre una relación de 145 localidades distribuidas a lo largo de 48 de las 50 provincias españolas (quedan excluidas las capitales provinciales de Soria y Teruel, ya que ninguna alcanza el mínimo de residentes), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tras haber analizado la coordenada espacial, es hora de definir el marco temporal en el que encuadramos nuestra investigación: la encuesta fue remitida a los responsables de los gabinetes de comunicación durante el mes de julio de 2012, tras haber realizado una llamada telefónica en la que se recababan las direcciones de correo electrónico más habitualmente utilizadas por los jefes de estas oficinas. Debido a que tanto julio como agosto son meses en los que tradicionalmente se disfruta de las vacaciones, el período de recepción de cuestionarios se fue ampliando sucesivamente hasta la primera quincena de septiembre.

De todos modos, este criterio temporal podría extenderse en algunos casos a todo el mandato (mayo de 2011 a mayo de 2015) si tenemos en cuenta que habrá municipios en los que el responsable del gabinete sea el mismo desde el pleno de investidura de la nueva corporación hasta el momento del cese (especialmente en el caso de funcionarios no supeditados a un hipotético



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cambio de gobierno, pero también en algunos ejemplos donde este papel lo desempeña personal de confianza).

Antes de adentrarnos en el análisis de los datos, creemos conveniente aclarar el significado que damos a tres nociones que se van a repetir continuamente en el marco de esta investigación: la comunicación organizacional, la institucional y la municipal. Como es lógico, el ámbito de la comunicación organizacional es el más vasto ya que engloba no solo a las instituciones (marco específico en el que nos adentraremos) sino que también incluye a partidos políticos, sindicatos, ONG, empresas, etc.

Dada la variedad de esferas, teóricas como García Orosa (2005: 18) abogan por establecer una taxonomía en la que el primer sector lo representarían las administraciones públicas; el segundo correspondería a las entidades con ánimo de lucro y relacionadas con la economía de mercado (fundamentalmente empresas privadas); y el tercer sector sería el característico de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Posteriormente veremos cómo el primer y el tercer sector, pese a ser tan diferentes en el plano teórico, pueden llegar a cruzarse y entremezclarse en nuestro ámbito de estudio.

Si descendemos un peldaño y aludimos a la noción de comunicación institucional, recurriremos a Sotelo Enríquez (2001: 200), quien apunta que esta disciplina se corresponde con la “función de marketing informativo desarrollada por una institución, interna y externamente, con el fin de descubrir, configurar y difundir los principios de su identidad en el mercado de la información”. Consciente de la relevancia de esta cuestión, Sabés Turno (2008: 15) subraya que:

“Una correcta comunicación implicará que los ciudadanos incrementen su confianza en las instituciones. Es importante cultivar este aspecto en todo momento, dado que garantizará un mayor crédito de la organización en aquellos momentos en los que se puedan producir crisis informativas, independientemente de lo que las haya provocado”.

Un último concepto clave es el de la comunicación municipal (la propia de la administración local, la más próxima a los ciudadanos), una herramienta que según León Vergara (2006: 571) “es un factor estratégico clave en la formación de la imagen que sobre el Ayuntamiento tiene la ciudadanía, de ahí que deba entenderse desde un sentido global”.

3. Marco legal

La creación de gabinetes de comunicación por parte de la administración local es un acto amparado por la normativa en vigor: el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen General de las Entidades Locales (ROF), recogido en el Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, contempla en su artículo 230 que:



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“Existirá en la organización administrativa de la entidad una oficina de información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a la que se refiere el artículo anterior, así como el resto de la información que esta proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.12 de la Ley 7/1985 del 2 de abril”.

Esta posibilidad de dotarse de un gabinete de comunicación3 se completa con el derecho a la información administrativa que tienen todos los ciudadanos españoles según el artículo 20 de la Constitución Española, cuyo apartado a) contempla el derecho a difundir y el párrafo 1 d) a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Asimismo, el apartado 3 de este artículo reconoce el derecho de todos los grupos sociales y políticos significativos a acceder a los medios de comunicación social dependientes del estado.

Así, vemos que los gabinetes de comunicación municipales están legalmente justificados desde una doble perspectiva: la de la propia administración pero también desde la de los ciudadanos, que son clave para el buen funcionamiento de la institución.

4. Clasificación legal de los trabajadores de los g abinetes de comunicación de los ayuntamientos españoles

También dentro del marco legal nos referiremos a las posibilidades de contratación a las que, de acuerdo con la normativa vigente, puede recurrir la administración pública (y, por tanto, los entes locales) cuando decide canalizar su comunicación a través de un departamento propio e interno, en lugar de otras opciones (como una asesoría de comunicación externa contratada de modo puntual o permanente, o la mancomunicación de este servicio junto a ayuntamientos limítrofes). Con ello pretendemos ver las diferentes opciones con las que cuentan los municipios para organizar y configurar sus gabinetes de comunicación.

De este modo, distinguiremos entre los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral fijo y el personal laboral eventual. La estabilidad y la garantía de permanencia en el puesto de trabajo oscilan notablemente entre los dos polos (los funcionarios de carrera y el personal laboral eventual). De una forma pormenorizada, estas serían las peculiaridades de cada una de estas cuatro opciones:

Por una parte, estas tareas podrían estar realizadas por funcionarios de carrera; es decir, personas que desempeñan sus servicios con carácter permanente una vez que han superado las pruebas selectivas anunciadas en

2 Este artículo establece que “las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. 3 Cárdenas Rica (2000: 28) interpreta que “la información administrativa forma parte de una estrategia institucional que busca identificar y desarrollar al máximo las relaciones con los ciudadanos, con vistas a reforzar el conocimiento que estos tienen de la Administración y procurar el consenso en torno a la acción que aquella lleva a cabo cerca de la sociedad”.



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un boletín oficial (tengan estas el formato de oposición, concurso-oposición o simplemente concurso). Tras haber sido nombrados, figuran en la plantilla municipal con el correspondiente grupo de adscripción. Estos profesionales tienen su puesto de trabajo asegurado, con independencia de las eventuales circunstancias o cambios de gobierno que pudieran producirse.

También gozan de ciertas garantías (si bien su permanencia no está tan asegurada) los funcionarios interinos, también seleccionados con frecuencia mediante oposición o concurso-oposición. La gran diferencia con los funcionarios de carrera es que cuando su presencia se considera innecesaria pierden su puesto de trabajo.

Según la ley, este personal interino, que siempre debe acreditar una formación acorde al puesto a cubrir, puede ser contratado bajo tres circunstancias: la sustitución provisional de funcionarios de carrera, la realización de tareas urgentes o estrictamente temporales y la ocupación con carácter provisional y temporal de una plaza nueva que más adelante se otorgará a un funcionario de carrera. En este último caso, el haberse ocupado previamente de estas tareas suele representar una ventaja para el candidato en la medida en que le otorga la posibilidad de obtener una puntuación superior en el concurso de méritos que suele convocarse conjuntamente a la oposición.

En tercer lugar, puede ocurrir que para ocuparse del gabinete de comunicación municipal se recurra a otro tipo de empleados - los laborales - que, al contrario que los dos grupos anteriores, se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, al igual que cualquier empleado del sector privado. La otra gran diferencia respecto de los funcionarios de carrera radica en que los laborales (fijos o con contrato de duración indefinida) no pueden actuar como fedatarios; es decir, no cuentan con la presunción de verdad ni pueden dar fe de la autenticidad de un documento. Con todo, además de reconocérseles como empleados públicos, su experiencia en la Administración Pública sí les sirve para acumular méritos en caso de que decidan presentarse a una nueva plaza mediante concurso.

La situación es bien diferente cuando se encomiendan las funciones del gabinete de comunicación a personal con consideración de laboral eventual. Aunque la normativa legal en vigor es clara y dice que el personal laboral temporal solo debe contratarse en situaciones excepcionales y para tareas de duración limitada, lo cierto es que constituye una de las fórmulas preferidas por la administración local para sus oficinas de comunicación. También son conocidos como puestos temporales de confianza o asesores.

Tanto su nombramiento como su cese, que realizarán los presidentes de las corporaciones locales, son totalmente libres (recogido en el artículo 20 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública), si bien es cierto que este tipo de trabajadores cesa automáticamente cuando se produce el cese de la autoridad a la que presta su función de asesoramiento y confianza. También hay que resaltar que, a diferencia de los funcionarios interinos y del personal laboral, su experiencia como empleado público no le confiere ventajas para obtener una plaza fija mediante cualquier concurso de méritos.



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Además, el personal de confianza está sujeto a otras particularidades frente a los tres colectivos anteriores, como la posibilidad de ser despedido invocando simplemente su empleador la pérdida de confianza (existen tres circunstancias para su cese, sin que en ninguno de los casos pueda percibir una indemnización: por renuncia del interesado, por decisión de la autoridad que lo nombró y de forma automática cuando cesa en su cargo la persona a la que presta su función de confianza o asesoramiento). Asimismo, tampoco se exige ninguna titulación ni formación específica, sino que queda a la libre elección del contratante, quien decide de forma discrecional qué perfil desea.

Creemos también necesario matizar que, según el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato” y agrega que “estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales”.

Por último, y sin afán de profundizar más en una cuestión tan farragosa como es la de la consideración legal del personal de confianza, sí podemos afirmar que la postura jurisprudencial más asentada es la de considerar al “personal eventual” como “funcionario de empleo”4, con lo que en la práctica parece producirse una asimilación entre los cuatro grupos de trabajadores, si bien en el plano teórico las diferencias son claras, como acabamos de exponer.

Fuente: elaboración propia

4 Baste mencionar los ejemplos de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria (sentencia de 25 de noviembre de 2004): “la interpretación más correcta de la normativa aplicable sustenta la inclusión del personal eventual dentro del funcionario de empleo”; de la Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 20 del TSJ de la Comunidad Valenciana (sentencia de 27 de enero de 2004): “el personal eventual es funcionario (…) aún cuando se le contraponga al “funcionario de carrera” al no venir sometido al principio de “neutralidad política” (…)”; y de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias (sentencia de 25 de noviembre de 1991): “es dudoso, sin embargo, que a dicho personal eventual pueda excluírsele de la condición de funcionario, expresamente atribuida a dicho personal por alguna de las normas de referencia, cuando le denominan funcionario o funcionario de empleo”.



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Una vez analizadas las cuatro posibilidades según las que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) pueden incluir a los trabajadores de los gabinetes de comunicación, nos interesamos por saber cuáles son los perfiles y los modelos más frecuentes en las 145 ciudades españolas más pobladas. A partir de la encuesta realizada, constatamos que la tendencia es la del personal de confianza de carácter eventual. Más concretamente, un 66,2% de los responsables de los gabinetes de comunicación españoles tienen un contrato de este tipo, lo que implica que en dos de cada tres ayuntamientos la persona que se ocupa de la gestión de la comunicación está sometida a las circunstancias de inestabilidad y volubilidad anteriormente enumeradas.

Frente a este porcentaje, un 29,6% de los profesionales que ocupan la jefatura de comunicación (bajo sus diferentes denominaciones) tienen la consideración de funcionario de carrera, funcionario interino o laboral fijo o indefinido. El 4,2% restante se corresponde con otras posibilidades, como por ejemplo autónomos que no están incluidos en la Relación de Personal.

Si comparamos estas cifras con las del resto de la profesión (tomamos como referencia las ofrecidas en el Informe de la Profesión Periodística, de Farias Batlle (ed.) (2012: 34)), concluimos que el nivel de temporalidad en los gabinetes de comunicación supera ampliamente el de la media de la profesión, ya que frente al 66,2% de los contratos no indefinidos en los gabinetes, en el conjunto de periodistas los contratos temporales a penas han representado en 2011 un 10,8%.

De este modo, la inestabilidad en términos de temporalidad de los departamentos de comunicación municipales multiplica a los del resto de sectores de la profesión hasta el punto en que incluso es superior el porcentaje de contratos de confianza en la administración local (un 66,2%) que el conjunto de trabajadores con una relación contractual indefinida (un 63,1%). Otro dato curioso se obtiene si nos detenemos en la tendencia a la disminución de la temporalidad en los contratos del sector periodístico (representaban el 16% en 2008, el 8% en 2009, el 13,7% en 2010 y el 10,8% en 2011), una tendencia con la que rompen claramente las relaciones contractuales en los gabinetes de comunicación municipales.

Así las cosas, se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan dotarse de personal de confianza para configurar sus oficinas de comunicación. El problema, tal como advierten Canel y Sanders (2010: 13), radica en que en numerosas ocasiones son “nombrados sobre la base de la adscripción partidista y cercanía más que con criterios profesionales”. En una línea similar se manifiesta también Túñez (2007: 168), quien apunta que “en los grandes ayuntamientos se mantiene la tendencia a tener gabinetes de confianza política; más que un departamento municipal son un servicio de la alcaldía”.

Regresando a las respuestas de la encuesta, llama la atención que, por más que se intente, no se puede establecer relación alguna entre el tipo de contrato suscrito y ningún otro parámetro (ni color político, ni datos demográficos, ni ninguna otra variable), con lo que parece que la decisión de escoger una u otra opción es claramente aleatoria.



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Con todo, sí parecería lógico que en aquellos ayuntamientos en los que solo existe un gabinete institucional (es decir, los municipios en los que la comunicación se canaliza única y exclusivamente a través de un solo órgano, sin que se hayan constituido departamentos específicos para los grupos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición), esta oficina estuviese dirigida por un funcionario para evitar conductas partidistas y para impedir que se produzca una mezcla entre el mensaje institucional y el político.

Sin embargo, hemos constatado que esto solo ocurre en el 47,6% de los casos en los que existe un único órgano de comunicación, ya que en el resto de casos, la persona que está al frente de este departamento es un asesor y, por tanto, una persona de confianza del alcalde, lo que hace difícil que pueda prestar sus servicios a todos los grupos políticos con representación en la corporación.

Tampoco es posible establecer una correspondencia unívoca entre el tipo de contrato y la adscripción del profesional, ya que, si bien en el plano teórico puede estar asociado al grupo político o a la institución, en la práctica comprobamos que la amplísima mayoría de los trabajadores figuran como personal de la institución, con independencia de su clasificación (funcionario de carrera, funcionario interino, laboral fijo – indefinido o laboral eventual). Aún así, no es menos cierto que la tendencia es a incorporar al personal de prensa como adscrito a la institución aunque el municipio en cuestión no cuente con un departamento institucional sino que se decante por la fórmula de grupos políticos, lo cual pone de manifiesto incluso sus contradicciones internas.

En lo que respecta a la composición y al número de miembros de los gabinetes de comunicación municipales, no se aprecian indicios que nos permitan hablar de un mayor o menor número de profesionales según la categoría profesional de los mismos. De hecho, coexisten oficinas unipersonales donde su trabajador es funcionario con otras en las que el único empleado es personal de confianza. Y lo mismo ocurre con los departamentos formados por más personas, que oscilan entre ambas fórmulas.

Por último, no existe tampoco una especificidad a la hora de denominar a los responsables del gabinete de comunicación cuando esta función está desempeñada por funcionarios. Así, constatamos que las posibilidades de denominación5 son tan variadas como en el caso del personal de confianza, aunque es cierto que en el caso de los trabajadores con mayores garantías de estabilidad sí desaparecen consideraciones propias y que están en la naturaleza de los empleados eventuales, como pueden ser “asesor” o “personal de confianza”, dos de los epígrafes más frecuentes que figuran en los contratos.

5 Entre otras, nos encontramos con las siguientes designaciones: jefe de comunicación y protocolo, responsable de comunicación, técnico periodista grupo A, jefe de prensa y comunicación, responsable de gabinete de prensa, jefe de sección de comunicación, técnico de grado medio en comunicación, periodista, técnico superior de comunicación, director de comunicación, encargado de gabinete de comunicación…



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Por el contrario, sí se aprecia una tendencia en la que, aunque con excepciones, cuando el contrato incluye la denominación de técnico en comunicación (con o sin la subdivisión funcionarial en grupo A, B, etc.), parece guiarnos hacia un gabinete liderado por un funcionario.

Con todo, hay que tener en cuenta que en un mismo departamento pueden coexistir diferentes figuras profesionales y personas con distintos tipos de contrato, como efectivamente ocurre en algún municipio español. En estos casos, convendría reflexionar sobre esta desigualdad, cuando las herramientas, las dinámicas y las funciones de trabajo son prácticamente las mismas, siendo la única diferencia previsible el grado de responsabilidad.

Desde nuestro punto de vista, sería recomendable la equiparación de la consideración profesional, ya que parece a todas luces lógico que, por coherencia, la fórmula escogida para configurar el gabinete (funcionarios o personal de confianza, si nos atenemos a las posibilidades más extremas) sea homogénea y, en ese sentido, todo el personal cuente con los mismos deberes y los mismos derechos. De lo contrario, se pueden producir tensiones ante las inevitables y las indeseables comparaciones; unos conflictos que pueden reducir la productividad y la operatividad de la oficina, de modo que la gran perjudicada, además de estos trabajadores, sea la propia institución.

5. Actividad política de los profesionales instituc ionales

Sin lugar a dudas, el hecho de que la mayoría de contratos que regulan la actividad de los profesionales de los gabinetes sean del tipo de confianza o asesoramiento (por tanto, eventual, con las características que acabamos de describir) genera una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad en los empleados, que deben asumir todas las funciones encomendadas por las personas para las que trabajan, ya que el no hacerlo podría implicar un despido sin derecho a indemnización.

Una de las esferas en las que se traduce esta presión puede ser la obligatoriedad de realizar tareas correspondientes al partido político, a pesar de que los profesionales estén adscritos a la institución, y aun cuando su contrato lo une a una administración pública y no al partido que gobierna dicha institución. Para averiguar si efectivamente se están produciendo este tipo de situaciones, hemos incluido varios ítems en la encuesta dirigida a los responsables de comunicación de los 145 ayuntamientos más poblados.

En ella preguntábamos por la participación profesional en la última campaña de elecciones municipales (22 de mayo de 2011), el sentimiento de que su puesto de trabajo estaba supeditado a estos resultados, el conocimiento de casos de periodistas adscritos a una institución que se ocupan de la comunicación del partido, la posibilidad de que esta simultaneidad de funciones afecte a la no contratación de más periodistas, si profesionalmente está asumido que una misma persona se ocupe de la comunicación de ambas esferas y si responde a la ética profesional compatibilizar ambas funciones cuando solo se percibe sueldo por trabajar para la institución.



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En primer lugar, queríamos saber si los trabajadores de los gabinetes de comunicación, mayoritariamente adscritos a la institución y no al grupo político, como hemos visto, han participado profesionalmente en uno de los eventos de mayor calado político que puede existir: las campañas electorales. Para ello, enmarcamos este ítem en las últimas elecciones celebradas en el ámbito de la investigación: los ayuntamientos y corporaciones locales. Como es lógico, esta pregunta está temporalmente restringida a unos días (los de campaña), sin que ello nos permita deducir que esta colaboración se prolongó unos meses (precampaña) o que es una constante a lo largo del mandato.

Según sus respuestas, el 43,7% de los responsables de comunicación de los gabinetes municipales reconocen haber intervenido en estos actos netamente políticos que nada tienen que ver con las funciones encomendadas. De entrada, cabría suponer que este porcentaje comprende mayoritariamente a los trabajadores con contratos de confianza y que, por tanto, están directamente sometidos a esos resultados de los comicios.

Sin embargo, si desglosamos los datos, vemos que el 9,7% del total de empleados de comunicación que intervienen en la campaña electoral tienen la consideración de funcionario o laboral fijo. De este modo, aunque la participación en campaña electoral trasciende el tipo de contrato, sí constatamos que es un fenómeno que se produce mayoritariamente en aquellas personas que han firmado un contrato de confianza.

Probablemente una de las razones que explican esta incursión profesional en las campañas electorales esté directamente relacionada con el tipo de contrato suscrito, o lo que es lo mismo, con la sensación de inestabilidad y con la percepción de que la permanencia en el puesto de trabajo depende de los resultados de los comicios. Aunque es cierto que puede haber casos en los que el profesional intervenga por ideología y en su tiempo libre, resulta difícil que no incumpla la ley (por ejemplo en lo que se refiere a la utilización de materiales propiedad de la institución) por la propia inercia de su trabajo.

Al margen de esta consideración, hemos preguntado a los responsables de las oficinas de comunicación municipales si creían que su continuidad y su permanencia en la institución dependían de los resultados electorales. En efecto, casi la mitad de los encuestados (un 48,5%) percibió que su puesto de trabajo estaba condicionado por la decisión popular en la jornada de votación. Resulta curioso que, si desglosamos los datos por tipo de contrato, el 15,2% del total de estas respuestas afirmativas las hayan brindado funcionarios de carrera, interinos o laborales fijos.

Del dato global se desprende que casi la mitad de los responsables de los gabinetes de comunicación españoles creen que su puesto está amenazado y en constante revisión con la celebración de cada elección municipal. Y, en contra de lo que cabría pensar, esta sensación también afecta, si bien en mucho menor porcentaje, a aquellas personas cuyo tipo de contrato podría hacer pensar en una mayor estabilidad profesional.

De todos modos y a la luz de la encuesta, cabe matizar que la sensación de inseguridad laboral no provoca necesariamente la intervención en la campaña



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electoral, dado que no existe una correspondencia absoluta entre ambos parámetros. De hecho, hay trabajadores que, a pesar de que consideraban que su puesto dependía de los resultados electorales, no participaron en la campaña, y el caso contrario (personas que sí intervienen en el proceso electoral aun cuando creen que su trabajo estaba garantizado con independencia de lo que ocurriese el día de la votación).

Con todo, si establecemos una relación entre las dos preguntas, comprobamos que tres de cada cuatro personas (un 75,8%) de las que apreciaban que su puesto estaba supeditado a los resultados del 22 de mayo de 2011 sí participaron en la campaña electoral previa a esa jornada.

Con el objetivo de evitar que los trabajadores de los gabinetes de comunicación se sintiesen cohibidos en la medida en que las preguntas les afectaban personalmente y, de este modo, que los resultados de la encuesta pudiesen estar distorsionados por esta circunstancia, nos interesamos por saber si conocían casos de personas que, con cargo a las arcas municipales, estuviesen simultaneando su tarea institucional con una labor política. Si nos atenemos a las respuestas, la compatibilización de tareas parece una constante y una tónica generalizada, ya que dos de cada tres (el 68,1%) afirma ser conocedor de estas situaciones. Esta cantidad asciende ligeramente en el caso de los funcionarios y laborales fijos, quienes en un 71,4% aseveran estar al tanto de ellas.

Una de las consecuencias lógicas de que una misma persona asuma las tareas de comunicación de la institución y las del partido podría ser que esta simultaneidad afectase a la no contratación de más periodistas, en la medida en que el servicio ya está cubierto sin necesidad de desembolsar un salario adicional a cargo de la formación política. Por ello, quisimos saber si los responsables de los gabinetes tenían la percepción de que alguien que compatibiliza ambas funciones podría estar provocando que no hubiese nuevas incorporaciones de profesionales. Más de la mitad (un 57,4%) así lo consideran, si bien este porcentaje aumenta considerablemente si nos ceñimos a las respuestas del colectivo de funcionarios y laborales fijos (un 76,2%).

Una vez analizado si se produce este fenómeno de compatibilización de tareas políticas por parte del personal institucional, es el momento de revisar la percepción y la consideración profesional de este tipo de prácticas. Para ello, hemos preguntado si esta posibilidad estaba asumida por el conjunto de los periodistas como una praxis normal. Según las respuestas brindadas, el 41,8% de los responsables de comunicación de los ayuntamientos españoles consideran que está profesionalmente aceptado que quienes se encargan de la comunicación institucional también se ocupen de la política. En el caso de los funcionarios, el porcentaje se mueve en términos similares (un 38,1%).

Por último, recurrimos a la ética y a la deontología para que los responsables de comunicación de los ayuntamientos españoles valorasen si este tipo de prácticas y actitudes responden a los principios morales del ejercicio de la profesión. A la luz de las respuestas, resulta claro que la mayoría consideran que, desde un punto de vista ético, simultanear ambas esferas estando adscritos exclusivamente a la institución, no es correcto. Al menos, así lo



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aprecian el 68,3% de los responsables de comunicación, frente al 28,6% que creen que no representa ningún problema desde esta perspectiva, y al 3,1% que esgrimen que depende de las circunstancias.

Por su parte, y si desglosamos el dato como lo hemos hecho en los otros cinco ítems, el 85% de los funcionarios y laborales fijos advierten que estas prácticas son éticamente reprobables. Resulta curioso que, tanto en el colectivo de los funcionarios como en el de los asesores, se producen casos donde los mismos profesionales que han participado en la campaña electoral reconocen que compatibilizar ambos dominios no es ético.

Todo ello al margen de las consecuencias legales que podría tener esta actitud, tanto para el responsable político de esta actividad como para quien efectivamente la desarrolla al producirse una cesión ilegal de fondos públicos (recursos humanos, materiales, etc.) para intereses privados de tipo puramente político. En este sentido, y sin afán de ser exhaustivos, mencionaremos que el Código Penal recoge en su artículo 4336 un delito que podría llegar a afectar a quienes incurren en estas prácticas, el de malversación de fondos.

6. Consecuencias

Con el objetivo de no ceñirnos exclusivamente a elaborar un estudio meramente descriptivo, reflexionaremos desde un punto de vista interpretativo sobre las consecuencias que tiene el hecho de que la mayoría de los contratos suscritos entre las administraciones locales y sus responsables de comunicación sean de confianza. Desde nuestra óptica, esta realidad constatada en la encuesta repercute en cuatro esferas: en la práctica profesional, en la propia institución, en la oferta de información al ciudadano e incluso en el plano personal del trabajador.

A respecto del primero de los ámbitos (el de la práctica profesional) hay que tener en cuenta que los responsables de los gabinetes de comunicación son (o deberían ser) la primera puerta a la que llaman los periodistas de los medios a la hora de buscar que se satisfagan sus necesidades informativas. Por ello, mantener la misma cara al frente de ese órgano puede ayudar a que el funcionamiento del gabinete sea mejor, en la medida en que conoce ya no solo las rutinas periodísticas y las especificidades de cada soporte e incluso cada medio, sino también porque sabe cuáles son las particularidades profesionales (y personales) de cada periodista con el que se relaciona.

Más aún en el caso de las urbes de tamaño medio, ya que, por las propias dimensiones de las plantillas de los medios de comunicación, tiende a producirse un conocimiento casi personal de los periodistas que provoca que, como argumenta García Orosa (2005: 15):

6 “La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años”.



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“En la comunicación organizacional en el ámbito local todavía predomina el carácter personal sobre el institucional, tanto desde el punto de vista del profesional que desempeña el puesto laboral de “jefe de comunicación” (normalmente son cargos de confianza e inestables) como desde el punto de vista del trabajo desempeñado desde el gabinete (el objetivo del departamento de comunicación no es obtener la presencia positiva en la opinión pública de la institución sino, sobre todo, del líder/responsable de la ciudad)”.

Además, el jefe del gabinete de comunicación también lucha contra el recelo de los periodistas de los medios, quienes cuestionan la información que les ofrece por considerar que no está siendo todo lo transparente que debiera o porque creen que deliberadamente se les engaña para mantener la buena imagen de la institución. Por ello, es necesario que el personal del departamento de prensa se vaya ganando la confianza de los informadores, para así contribuir a minimizar el impacto de una de las características que Túñez (1999: 41) advierte en las relaciones entre los periodistas de los medios y los de los gabinetes, que se definen por “una desconfianza mutua latente”.

Sin lugar a dudas, el establecimiento de un contacto estable y duradero contribuirá no solo a evitar estos recelos iniciales sino que también la institución puede beneficiarse de un trato cercano y marcado por la confianza entre ambas partes. De hecho, Carroggio (2009: 142) asegura que una de las tareas principales de los trabajadores de los gabinetes de comunicación consiste en mantener “una relación informativa, profesional y estable de una institución con los periodistas”. Difícilmente la administración, a quien representan los empleados de estas oficinas, puede entablar un contacto prolongado si continuamente cambia las caras de quienes son los primeros a los que se dirigen los trabajadores de los medios de comunicación.

No en vano, el responsable del gabinete es la cara visible de la institución ante los medios de comunicación y, a fuerza del contacto diario sostenido en el tiempo, puede ser un elemento de ayuda a la hora de buscar la complicidad con los informadores.

En este punto, Villafañe (2002: 213) fija varias premisas en su concepción del personal del gabinete, que tiene como objetivo el establecimiento de una política a largo plazo, la búsqueda de un cierto espíritu de colaboración con los periodistas (satisfacer rápidamente sus demandas, generar confianza y establecer relaciones privilegiadas mediante exclusivas y primicias), eficacia en la difusión informativa (elaborar un fichero de prensa, personalizarlo y actualizarlo constantemente), así como racionalizar los contactos con los periodistas (seleccionar la cantidad de la información remitida, personalizar el envío y anticiparse en los envíos).

Otra de las funciones esenciales de un responsable de un gabinete de comunicación consiste en la elaboración del Plan de Comunicación que regirá toda la actividad del mandato. Aunque se base en premisas objetivas, se trata de un documento con una elevada carga subjetiva, en la medida en que supone la priorización de unos ejes sobre otros y la adopción de unas



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estrategias y unas técnicas específicas (que no necesariamente coincidirán con las que incorporarían otros profesionales). En definitiva, es un proyecto que lleva un marcado sello personal y que no debe estar sometido tampoco a continuos cambios fruto de la irrupción de nuevos trabajadores que lo apliquen y, por tanto, reinterpreten lo propuesto por su predecesor.

En segundo lugar, también la propia administración local es sensible a la figura del responsable del gabinete de comunicación. Ya no solo en los casos en que este departamento se ocupe de la comunicación interna (a la luz de la encuesta aún son numerosos los municipios en que no se atiende a esta dimensión) y, por tanto, requiera un conocimiento exhaustivo de los profesionales que componen la plantilla municipal, sino en la medida en que esos trabajadores son siempre fuente de información.

Del mismo modo que es imposible que el concejal tenga un control absoluto y actualizado de todos los temas de su área, tampoco al responsable de comunicación se le puede exigir esta capacidad. Antes bien, tanto uno como otro deben saber de qué funcionario depende esa cuestión y solicitarle dicha información. Además de proporcionar datos actualizados o de explicar el punto exacto en que se encuentra un trámite determinado, los funcionarios también pueden contribuir a dar un tratamiento preciso y correcto desde un punto de vista técnico, y a resolver todas las dudas que plantee el asunto a los profanos en la materia, dado que difícilmente el responsable del gabinete podrá transmitir aquello que él no es capaz de entender.

Por eso también desde la perspectiva del funcionamiento de la administración es conveniente una cierta estabilidad a respecto de la figura del responsable de comunicación, que ayude a que se establezcan unas relaciones de confianza y complicidad con los empleados de la institución en tanto que son fuentes primarias de numerosas cuestiones. Un trato frecuente entre ambas partes (periodistas y funcionarios) minimizará la sobrecarga de trabajo que supone al empleado público satisfacer las necesidades informativas del gabinete.

De la síntesis de estas dos esferas surge el tercer elemento sobre el que repercute la inestabilidad de los responsables de los gabinetes: los ciudadanos. A pesar de que son el destinatario y la justificación última de su actividad, los vecinos de cada localidad se pueden ver afectados, dado que se les puede estar privando de un conocimiento profundo de la administración más próxima. Incluso en la mayoría de las ocasiones pueden no ser conscientes de que se está produciendo este fenómeno, lo cual no quiere decir que efectivamente no ocurra.

En este sentido, una de las consecuencias que más directamente les puede afectar viene derivada de uno de los aspectos analizados, que es la simultaneidad entre la actividad institucional y la política, puesto que se está induciendo a la confusión interesada a los vecinos. Existen varias fórmulas para hacerlo, pero sin duda una de ellas es la deliberada contratación de publicidad institucional en época preelectoral para adquirir de forma tácita un cierto poder durante la campaña.



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Esta práctica, consolidada en nuestro panorama mediático-institucional, puede tener un impacto sobre la conciencia del administrado y, por tanto, sobre su intención de voto, sin que él sea consciente de que está ocurriendo. Sería diferente si los contenidos estuviesen acompañados por el emblema del partido en lugar del de la institución, ya que en ese caso no se produciría esa manipulación subliminal.

Por último, también tiene incidencia en el ámbito personal del trabajador del gabinete de comunicación, dado que la inestabilidad profesional puede llevarle a una sensación de provisionalidad, sin garantías de continuidad, que se traduzca en un trabajo menos profesional.

Además, puede verse obligado a realizar trabajos y funciones que no figuran en su contrato (como por ejemplo la participación en la campaña electoral) ante la posibilidad de perder su empleo en la medida en que su pervivencia en el puesto está bajo el criterio del político para el que trabaja. Se produce, de este modo, una confusión de roles de la que ya advertía García Orosa (2005: 222):

“La confusión entre gabinete personal, de partido y de administración pública es bastante importante según se desprende del análisis detenido de los organigramas, de la actividad de los responsables de prensa o de las entrevistas con los periodistas o con miembros de la administración”.

También León Vergara (2006: 577) pone el acento en esta cuestión:

“Cuando el profesional del gabinete de comunicación se convierte en un pseudo-político, entonces sí que hablamos de servicio partidario, ya que este trabajador/a municipal emitirá informaciones interesadas, exclusivamente de lucimiento, con poco contenido, y buscando perpetuar en el poder a los gobernantes municipales, entre otras cosas porque le va en ello su puesto de trabajo”.

Sin lugar a dudas, la mejor solución para evitar toda esta serie de consecuencias que acabamos de describir pasa por la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir estos puestos de trabajo. No en vano, Cárdenas Rica (2000: 83) destaca que el ser funcionarios de oposición:

“Garantiza unos plazos de rotación o estancia en el servicio mucho más largos, lo que redunda en un mejor conocimiento de las estructuras administrativas que atienden (…) La estabilidad del servicio de comunicación y el mantenimiento de sus normas de funcionamiento y contenidos generan confianza en los medios de comunicación hacia las informaciones que de él reciben, lo que hace disminuir los recelos habituales ante una visión procedente de un gabinete de prensa (…) Permite una visión más coherente y global de lo que es la Administración y evita el distanciamiento de la actualidad puramente política respecto del conjunto de la entidad institucional”.



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León Vergara (2006: 577) es otra de las voces que reclaman y demandan estabilidad en el personal de los gabinetes de comunicación y comparan a los profesionales que componen con otros trabajadores que sí han obtenido su puesto mediante una oposición. Esta autora subraya que:

“Como profesionales de la comunicación, (debemos) reivindicar un acceso digno a los puestos de los gabinetes de comunicación en la administración pública en general, con oposiciones libres que eviten la posibilidad de cambiar al profesional del gabinete cuando cambian los políticos. El profesional del gabinete de comunicación es tan profesional como un arquitecto, un psicólogo o un bibliotecario municipal y, como tal, debe poder acceder a la administración en las mismas condiciones que el resto de profesionales. Solo así se conseguirá que la información que se emita sea verdaderamente de servicio público, sin miedo al cese por opinar”.

Por el contrario, en el caso del personal de confianza, según Cárdenas Rica (2000: 83), “legislatura tras legislatura, los profesionales son cesados y nombrados de nuevo, como si su preparación académica y experiencia profesional no fuesen suficiente aval para garantizar su estabilidad laboral”.

Y es que mientras los diferentes gobiernos municipales sigan prefiriendo nombramientos basados en la premisa de la confianza que los contratos por méritos seguirán abogando por incumplir alguno de los rasgos propios de la Administración pública, como la continuidad, la neutralidad y la permanencia, ya que “los fines que le fueron encomendados exigen una actividad continua y permanente, con absoluta independencia de las eventuales situaciones de cambio o crisis política que pueda afectar al poder ejecutivo” (García Orosa, 2005: 156).

7. Conclusiones

A pesar de que durante mucho tiempo los gabinetes de comunicación eran vistos como una salida profesional menos digna para los periodistas al considerarse su función impropia para los trabajadores de la información, los datos demuestran que cada vez más constituyen un nicho de ocupación importante en el conjunto del sector. De hecho, el último informe anual sobre la profesión periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (Farias Batlle (ed): 2012: 32) recoge que ya uno de cada cinco periodistas (un 19,2%) ejerce su profesión en gabinetes de prensa o departamentos de comunicación.

De este modo, son el tercer “medio” donde más periodistas se ocupan, tras la prensa (31,7%) y la televisión (25,6%). A los gabinetes le siguen la radio (14,5%), las revistas (10,4%), los medios digitales (9,5%), las agencias de noticias (5,2%) y otros (2%). Además, la tendencia al crecimiento del número de comunicadores en estos gabinetes parece ser sostenida en el tiempo, si tenemos en cuenta que, salvo en dos ocasiones, en los últimos siete años



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siempre aumentó la cantidad si tomamos como referencia los parámetros del ejercicio anterior.

Esta evolución sostenida ha permitido aumentar las distancias con otros medios que parecían estar a punto de alcanzar a los gabinetes, como pueden ser las radios (a 1,7 puntos en 2008, hoy a 4,7) o las revistas (a 1,3 puntos en 2007, hoy a 8,8).

EVOLUCIÓN OCUPACIÓN PROFESIÓN PERIODÍSTICA

Fuente: Informe APM 2011

De este modo, Túñez (2010: 82) señala que “las nuevas funciones del periodismo son los únicos campos en los que se registran evoluciones positivas, principalmente en la Comunicación Institucional y en el periodismo en nuevos soportes”.

En ese sentido, el ámbito municipal no es ajeno a la incorporación de estos profesionales, si bien es cierto que la aparición de los periodistas en los gabinetes de comunicación de estas instituciones viene acompañada, por lo general, por contratos de duración muy limitada y cuya duración está supeditada al del político en el poder. Así, dos de cada tres responsables de los gabinetes de comunicación municipales tienen contratos de confianza, lo que además de repercutir en una sensación de provisionalidad también provoca un cese automático al cesar la persona a la que presta su servicio.



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Es decir, que el responsable de los gabinetes de comunicación está sometido a una serie de fuerzas extrínsecas sobre las que no puede intervenir, como es el resultado electoral. De hecho, un elevado porcentaje de ellos reconocen que sienten que su permanencia está supeditada a los votos de los ciudadanos.

Y es que el tipo de contratos que han proliferado para estos profesionales tienen consecuencias a varios niveles (profesional, institucional, social y personal), si bien una de las más preocupantes desde el punto de vista democrático se produce cuando un trabajador adscrito a la institución y a sueldo de una administración pública se ve obligado a realizar funciones que no figuran en su contrato, como puede ser la gestión de la comunicación de un partido político (sea en campaña o sea a lo largo de todo el mandato). Desde el momento en que ocurre esta confusión absoluta entre los roles de la institución y los del área político-partidista se están alterando las bases del sistema democrático español, que aboga por una separación clara de ambas esferas.

La situación de precariedad que vive la profesión lleva a muchos de los trabajadores a aceptar estas condiciones, si bien la mayoría de ellos reconocen que, a pesar de haber participado en una campaña electoral, no es ético simultanear ambas esferas cuando es la administración pública (y, por tanto, el conjunto de los administrados) quien está financiando su actividad.

Evidentemente, no existe una solución inmediata para esta realidad, sino que el futuro pasa por una conjunción de factores que se inicien con una mejora en la autoestima profesional y que se culminen con un mayor respeto democrático tanto por parte de los políticos como de los empleados públicos (entre los que se encuentran los responsables de los gabinetes de comunicación). Otra alternativa consiste en apostar por fórmulas de contratación que primen menos la amistad o la filiación política, para lo que la opción del concurso-oposición es siempre interesante.

Eso sí, todos los estamentos deben estar vigilantes para evitar que esa vía, que pretende atajar la entrada en la administración de personas sin más méritos que la amistad de un político, acabe consolidándose como un acceso para este tipo de trabajadores sin la formación especializada y con el agravante, a diferencia de los puestos de confianza, de que su empleo está garantizado para toda la vida en el ayuntamiento en cuestión. Antes bien, deberían estar garantizados, por encima de todo, los principios de igualdad, mérito y capacidad, como en cualquier otro procedimiento de empleo público.

En todo caso, si lo que se desean contratar son trabajadores para un gabinete de comunicación, uno de los requisitos debería ser el de estar en posesión de un título universitario relacionado con el sector. Por el contrario, son varios los casos recientes donde las convocatorias de empleo público para periodistas no incluían esta titulación entre los requisitos. Con ejemplos así, se está favoreciendo la pervivencia de prácticas nada democráticas e impropias del siglo XXI.



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