periÓdico "huellas del guambuyaco" 2. septiembre-octubre de 2012

2huellas Periódico Regional

EDITORIAL

Tambeños, el presente informativo llama a refl exionar que nuevas puertas se abren para bien. ¿Que hay una crisis? Sí, ¿que se puede solucionar? Sí, ¿que después de un oscurantismo administrativo viene la luz? Sí; todo está en ma-

nos del presente administrador, claro, si quiere escribir su nombre en los libros de la historia y que su acción sea recordada como ejemplo a seguir.

Por otra parte, está en manos de quienes activen la economía, o sea, los particulares con visión empresarial, aprovechando que la gobernación de Nariño ha sido bene-volente en estos dos últimos periodos, el que acaba de fi nalizar, correspondiente al dirigido por el gobernador saliente Antonio Navarro Wolff y, el presente, dirigido por Raúl Delgado, quienes prácticamente dejan pavimentada la anhela vía como una sali-da viable en cuanto a turismo se refi ere. Al resto de los tambeños, que sean propositi-vos; que aspirar a trabajar con la alcaldía o el hospital no sea su mayor logro, hay que luchar por formar su propia empresa, destacarse profesionalmente, como verdadero líder cívico y no como caciquillo desfalcador del erario público. También logrando hacer valer nuestros derechos, sea ante los estrados judiciales o con manifestaciones públicas rechazando las malas acciones.

Es cierto que en parte tenemos responsabilidad, al fi n al cabo somos los que elegimos; enmendemos nuestras decisiones, es hora de mirar el benefi cio general y no el parti-cular, que vergonzoso para nosotros, que un sacerdote y un médico recién llegados, estén dando más muestra de interés por esta tierra, que ni siquiera es de ellos, y con el precedente que unos pocos no querían su llegada; en el primer caso tratando de impedir su posesión y en el segundo, difundiendo pasquines infames.

Tambeños, los buenos somos más, pero de nada nos sirve, ser indiferentes eso es sinónimo de complicidad; las soluciones ya están manifi estas, ahora cada cual aporte en su campo y comenzaremos a ver resultados; este es el siglo del humanismo no seamos lobos entre sí. Mirar el panorama de nuestro país no es muy halagador, no contribuyamos a empeorarlo.

Director Alex Dairo Jiménez Portillo

Comité editorialMaría Eugenia Apráez

Juan Gómez MadroñeroJosé Vicente Gómez

Aurelio Zambrano DíazJosé Vicente Córdoba

Julio César MuñozAlba Córdoba Cabrera

Gregorio Gómez Madroñero

COLECTIVO LITERARIO KAMINU LIMAY

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HLas opiniones expresadas son

responsabilidad de los autores y no com-prometen a los principios

ni políticas del periódico Huellas

“El que quiere hacer algo, encuentra el camino. El que no quiere hacer nada, encuentra una excusa.”

David Cegla

Carta de Lector

Apreciados Señores,

Periódico “HUELLAS”

Permítanme presentarles la más sincera

felicitación por la gran obra que han em-

prendido para bien de nuestro terruño que

estaba huérfano, hace años, de un medio

de expresión de esta naturaleza, desde que

desapareció la revista “TAMBO.COM” di-

rigida por el Dr. Luis Arturo Salas Portilla.

Esta clase de medios requieren de gran

heroísmo, decisión, carácter aguerrido,

etc., para salir adelante y subsistir.

Es ingrediente importante también, para

la supervivencia, el aspecto económico,

el apoyo de esa naturaleza que es el que

siempre falta. Esperamos que esta vez, no

sea esquivo el concurso quienes tienen el

poder y pueden contribuir para garantizar

la consecución del objetivo que Uds. se

proponen.

Es satisfactorio volver a contar con un

instrumento que nos permita conocer as-

pectos de todo orden que corresponden a

nuestro municipio, expresar lo que senti-

mos del diario vivir, conocer nuestras ca-

pacidades culturales, difundir la afi ción

por la literatura, la música, en fi n, el arte

en todas sus expresiones.

Gracias por este aporte en bien de El

Tambo. Adelante, siempre adelante.

Cordialmente,

JAIME R. MENA ROSERO.


O P I N I Ó N

Ramiro Chalacán

Pbro. Santuario Nuestra Señora de la Natividad

Desde hace 52 años Colombia vive un confl icto armado el cual ha desesta-

bilizado al país en todo ambiente social y gubernamental logrando una ruptura y abandono de la realidad en la que nuestra gente ha crecido, formado y desarrollado. Amargas y dolorosas lecciones de vida nos ha dado la historia de nuestra nación con el derramamiento de sangre inocente, po-sesión de tierras de una manera forzosa, enriquecimiento y explotación ante nuestra gente desprotegida y un gobierno que ha tratado de remediar este confl icto pero que no ha podido llegar a un acuerdo unilateral con quienes han causado los estragos que hemos vivido en carne propia.

No se trata de buscar culpables, pero si se trata de encontrar la solución ante este problema tan delicado que nos acecha día y noche; por esta razón, empieza a brillar

la luz de la nueva aurora en nuestro país, y esperamos que lo haga con la luz que nos cobija a todos los colombianos, con los tan esperados diálogos de paz entre el gobier-no y los grupos alzados en armas. Con este proceso de paz y llegando a ser un éxito palpable, ¿se podría borrar de la mente de los colombianos que han sido víctimas de la violencia, todo lo acontecido hasta el mo-mento; como las minas antipersona, falsos positivos, desplazamiento forzado, tomas guerrilleras, paros cívicos, secuestros, nar-conegocios y demás...? desafortunadamente vivimos en un “país sin memoria” y por esta razón, mañana podría estar al mando una de las personas que comandó todos estos ata-ques y quedaríamos ante el mundo como una nación que no le importa su historia, ni el futuro de las generaciones venideras.

Lo que hasta ahora nos hacen pensar, es que las FARC aspiran ser una fuerza política le-galmente reconocida, posiblemente como lo manifestaron el 1 de junio del 2004: “nosotros como Autodefensas Campesi-nas avanzaremos, no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transfor-mación en un movimiento político de ma-sas a través del cual la retaguardia social

de las Autodefensas pueda constituirse en una alternativa democrática que defi enda, custodie y proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades ante los poderes del Estado”. Ya Manuel Maru-landa Vélez lo dijo: “la paz que queremos y por la que luchamos es que en Colombia se acaben las poderosas desigualdades”. Que si bien sabemos están bien marcadas en toda la amplitud de esta patria, la pre-gunta es: ¿desigualdades entre el gobierno y el pueblo, o entre ricos y pobres o entre grupos subversivos y gobierno?... ante una pregunta etérea, una respuesta efímera.

Nuestra postura como católicos frente a este confl icto y ahora frente a este tan an-helado proceso de paz es que debemos ser promotores de la misma desde nuestro pro-pio ambiente, profesión o ideología, respe-tando nuestras culturas y acercándonos al perdón, buscar soluciones concretas frente a los afectados en la guerra fratricida, re-cordar que el fi n del confl icto armado es el inicio de la búsqueda de la paz y que no solo es responsabilidad de los entes guber-namentales buscar los mecanismos de paz sino de todos a los que nos ha afectado este gran confl icto de violencia.

Diálogos de paz en Colombia

Hombres y mujeres de varias veredas de nuestro municipio fueron los favore-

cidos con el empleo de emergencia, y son parte de la mano de obra no califi cada que realiza labores de mejoramiento y manteni-miento vial.

Un total de 36 personas del municipio de El Tambo fueron benefi ciadas con el deno-minado empleo de emergencia creado por el Departamento de la Prosperidad Social impulsado por el Gobierno Nacional. El alcalde William Ernesto Dorado Hidalgo expresó estar bastante satisfecho por el anuncio, y aseguró que estos 36 empleos formales-temporales que fueron asignados a afectados por el inverno 2010 - 2011 per-mitiendo a igual número de familias miti-gar en parte la problemática que ocasionó esta emergencia; así mismo, dijo que esto hará posible mejorar notoriamente su si-tuación económica y, ante todo, superar la crisis.

Sostuvo que las víctimas de la reciente ola invernal perdieron sus cultivos de comer-

cialización, así como los de pancoger, situación que los afectó sobrema-nera, pues muchas fami-lias quedaron en la ruina y han atravesado una crisis fi nanciera total.

Los empleados que ha asignado el Departa-mento para la Prosperi-dad Social (DPS), en el municipio de El Tambo, ya han iniciado con las labores pactadas. A su turno Ana Cristina Luna Lasso, supervisora de la Fundación del Alto Magdalena, que es la empresa contratista, manifestó que en El Tambo se benefi cian los damnifi cados que se encuentran ins-critos en el Registro Único de Damnifi ca-dos por la emergencia invernal de la Red Unidos y que se priorizaron por ser des-plazados y pertenecer a los niveles más bajos del Sisbén.

“Los benefi ciados ejecutan labores que incluyen la recuperación de las vías se-cundarias y terciarias, la limpieza de cu-netas, reparación de alcantarillas, entre otras actividades que serán realizadas hasta el mes de diciembre. Las personas

contratadas trabajarán media jornada, se-manalmente 24 horas, y su sueldo está es-tipulado en $ 283.350 pesos, más $ 67.800 en subsidio de transporte, con las prestacio-nes sociales”, concluyó la funcionaria.

Damnificados por la ola de invernal 2010 - 2011 serán beneficiados

Hermes LunaComunicador

Social


O P I N I Ó N

Como es de pleno conocimiento para la comunidad tambeña, el día 9 de octu-

bre del año en curso, en las instalaciones del H.H. Concejo Municipal de El Tambo, Nariño, se llevó a cabo la sesión extraor-dinaria donde se aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo Nro. 32, por medio del cual ésta corporación concedió amplias facultades al señor Alcalde, por el termino de seis meses, para determinar la estruc-tura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias; para modi-fi car, fusionar, suprimir o crear organismos y dependencias; para adoptar la planta de cargos del municipio, para contratar nuevos empréstitos y reestructurar la deuda vigen-te, suspender la destinación de los recursos de inversión con los ingresos corrientes de libre destinación y para que haga ajustes al presupuesto del municipio.

Si bien es cierto, nuestro municipio está afrontando una difícil situación económica que requiere iniciar un proceso que permita el saneamiento fi scal, también es importante tener en cuenta que en el acuerdo aprobado por la mayoría de mis compañeros conceja-

Una aprobación polémica les, con relación al articulado se debió anali-zar más minuciosamente el artículo primero de dicho acuerdo, el cual está relacionado con la determinación de la estructura de la Administración Municipal, debido a que se desconoció lo establecido en el numeral 6 de el Articulo 313 de la constitución Política de Colombia, el cual dice: “corresponde a los concejos: determinar la estructura de la administración municipal y las funcio-nes de sus dependencias”. Además de las normas legales estipuladas en el artículo 46 de la ley 909 de 2004, que dice: “Articulo 46. Reforma de plantas de personal. Las reformas de planta de empleos de las enti-dades de la rama ejecutiva de los ordenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la admi-nistración y basarse en justifi caciones o estudio técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por fi rmas especializadas en la materia; estudios que deberán ga-rantizar el mejoramiento organizacio-nal. Toda modifi cación a las plantas de personal de los organismos y entidades de las ramas ejecutivas del poder públi-co del orden nacional, deberá ser aprobada por el departamen-to administrativo de la función pública”. De acuerdo, entonces, con las normas cons-titucionales y legales, el artículo primero del acuerdo no debió ser

aprobado por esta corporación debido a que no se contó con los estudios técnicos seña-lados en el artículo anterior.

Por tal razón, aprobar el primer artículo del acuerdo municipal no fue una decisión co-rrecta, al contrario, es posible que a futuro aumente la crisis fi nanciera para el munici-pio debido a demandas o acciones judiciales que puedan ser emprendidas por los afecta-dos en la restructuración. En este orden y conociendo la situación y los acontecimien-tos que pueden presentarse en contra de los trabajadores actuales y agotando todas las opciones, se podía tomar una decisión coherente donde nadie salga perjudicado y evitando consecuencias jurídicas. Por tal ra-zón mi voto fue negativo en la aprobación de dicho proyecto de acuerdo. Por otra par-te, al concederle dichas facultades al ejecu-tivo, el concejo municipal se despojo de su función fundamental: la de hacer control político que por legitimidad, la constitución política nos otorga y el pueblo nos delega al depositar su voto por nosotros en las urnas, y que es lo que espera la ciudadanía de los concejales como representantes de las co-munidades desde esta corporación.

Carlos BastidasConcejal del municipio

El patrimonio tangible e intangible debe ser cuidado por las autoridades cual-

quiera que sea su denominación; en el caso de nuestro municipio urge la necesidad de refl exionar cuales son y cuanto signifi ca el valor de cada uno de ellos. Conservar el patrimonio es un compromiso que implica respetar la historia, alterarlo sería atentar con la idea original de su razón de ser. (Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifi ca y adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura - y se dictan otras disposiciones”.

Tal parece que a lo largo de nuestro trans-currir histórico estas riquezas se han ido desdibujando, la intervención apresurada y autoritaria de algunos mandos civiles y eclesiásticos sobre los más importantes monumentos arquitectónicos y urbanísti-cos han causado grave deterioro de lo que es hoy nuestro patrimonio. El conservar no signifi ca estancarse en el tiempo, es mirar nuestro pasado como soporte de identidad hacia un futuro.

Ejemplos sobran, vale citar: ¿Qué le paso a la planta eléctrica municipal? ¿El puente Bolívar? Las modifi caciones al interior de lo que es hoy nuestro santuario, casa pa-rroquial, de igual manera el cementerio, la gruta, la capilla ya desaparecida del colegio hoy Institución Educativa Agropecuario Je-sús Nazareno, la plaza La libertad y su orna-mentación, la quema de gran parte del archi-vo municipal; estos atropellos serán tratados con mas detalle en una nueva edición.

Hoy quiero enfocarme en la intervención que se hace a “El Camino Real”, que no signifi que sencillamente la propuesta de mingas de limpieza, debe contar con la asesoría de personas capacitadas para no transformar su aspecto, también debe ser la oportunidad para retomar nuestra historia,

darla a conocer y mantenerla vigente con programas educativos, ecológicos, visitas recreativas guiadas; este camino nos indica de donde venimos y hacia donde vamos, es nuestro punto de partida y el que nos per-mitía encontrarnos e identifi carnos como tambeños.

Por otra parte, cave destacar la buena noticia emitida en el programa radial local del día Domingo 11 de Noviembre, patrocinado por la actual administración, en entrevista reali-zada al tesorero municipal, donde se habla de la construcción de un complejo cultural tan necesario para el quehacer cultural, su-ponemos que este contara con un auditorio, la ubicación de la biblioteca pública, una sala de lectura, el conservatorio, la pinacote-ca, salón de exposiciones y por supuesto las ofi cinas de la casa de la cultura; no está de más manifestar que el diseño arquitectónico no se parezca en nada al polideportivo.

Que la intervención abrupta de nuestro es-pacio físico en función de construir o de transformar nuestras riquezas arquitectóni-cas no nos convierta en “antisociales”, bo-gar por la estética o la conservación de ellos permite que sean unos elementos vinculan-tes entre nosotros, nuestro pasado y futuro.

EL PATRIMONIO MUNICIPAL

Aurelio Zambrano

Gestor Cultural


Maria Eugenia ApraézJulio Cesar Muñoz

Quienes vimos la presentación del empalme entre la anterior y la ac-tual administración transmitida

por el canal de televisión local, creímos que la situación era normal y que nuestro municipio no atravesaba por difi cultades: saludos, felicitaciones, abrazos y sonrisas, nada de alarma. Pero la realidad no era la que se aparentaba ante la comunidad, bien porque el Alcalde anterior no haya infor-mado al actual ocultándola o bien porque el empalme se haya tomado por éste como un simple acto protocolario, cuando el sentido legal que tiene es el del corte de cuentas para establecer la situación en que se entre-ga y se recibe una entidad.

Resulta ahora que la pregunta del título del presente articulo que parece absurda no lo es, dada la crisis por la que atraviesa la en-tidad por el desgreño en el manejo de las fi nanzas y políticas fi nancieras inadecuadas de las anteriores administraciones, a tal pun-to que si la actual administración no toma las medidas precisas para conjurar la crisis, podría la Asamblea Departamental suprimir

la personería jurídica de El Tambo y con-vertirlo en un Corregimiento de El Peñol, de La Florida o de otro municipio colindante. Veamos las razones de esta afi rmación:

La preceptiva legal:

A fi nales de la década de los noventa, mu-chos municipios y departamentos atrave-saban crisis similares a la que vive hoy El Tambo. Por ello la Ley 617 de 2000, entre sus previsiones, dictó normas para la ra-cionalización del gasto público y el sanea-miento fi scal de las entidades territoriales, estableciendo entre otras previsiones que durante cada vigencia fi scal los gastos de funcionamiento de los municipios de sex-ta categoría (a la que pertenece El Tambo) no podrán superar el 80 % de sus ingresos corrientes de libre destinación. Que en caso de incumplimiento de dicho límite, el muni-cipio debe elaborar un programa de sanea-miento, el que deberá defi nir metas de des-empeño, pudiendo contemplar entre otros instrumentos la contratación con otras enti-dades territoriales o el esquema de asocia-ción de municipios para la prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administra-tivas, de forma tal que su atención resulte

más efi ciente e implique menor costo. Que si este programa no produce los resultados esperados, la Asamblea ordenará un nuevo plan de ajuste y fi nalmente, que si este úl-timo no resulta, esta corporación suprimirá el municipio y ordenará su fusión a otro u otras entidades territoriales limítrofes.

La situación actual del Municipio:

Según la información escrita que ha sido suministrada por el señor Tesorero, el Mu-nicipio tiene en el momento una difícil si-tuación fi nanciera y ha superado el límite de gastos de funcionamiento: Su deuda general asciende a la suma de $4.586.929.294,29; en el año inmediatamente anterior superó en 2.06% y en lo proyectado para el año en curso, superaría en un 3.03% el límite de gastos permitido por la ley. El presupuesto presentado por la anterior administración es defi citario y por ello, sólo hasta el mes de Agosto del presente se logró cancelar la nómina y las mesadas pensionales. Los gastos de nómina y pensiones mensuales ascienden a la suma de $67.417.449; los asociados a nómina, primas y cesantías a la suma mensual de $9.610.530 y la con-tratación de servicios mensual asciende a la suma de $185.506.555, de los cuales se están imputando algunos a inversión, a pe-sar de constituir claros gastos de funciona-miento, al tenor de lo dispuesto en la ley.

Como si eso fuera poco, la entidad no sólo está en crisis en los aspectos fi nancieros, sino en todos los demás. A tal punto que Planeación Nacional, según el informe ci-tado, al evaluar el desempeño integral de los municipios de Colombia ubicó al nues-tro en los últimos lugares nacionales y de-partamentales, así: En el año 2009 a nivel nacional entre un total de 1098 municipios, en el puesto 1033 y a nivel departamental, entre un total de 64 en el último. En el año 2010 sobre la misma cantidad de munici-pios a nivel nacional en el puesto 968 y a nivel departamental en el 62; lo que indi-ca que El Tambo en esos años fue uno de los peores de Colombia y de Nariño, pese a la leve mejoría del último año. Dice el informe que falta ver la evaluación del año 2011, pero que dado el comportamiento del municipio “…la califi cación de esa vigen-cia que está por dar Planeación Nacional de seguro no va a ser la mejor.”

Buena herencia la que recibe el actual Al-calde de la que no tomó nota al recibirla: Crisis económica y desgreño administrati-vo. Un municipio en el que si no se toman

I N V E S T I G A C I Ó N¿SERA EL TAMBO UN CORREGIMIENTO DE EL PEÑOL?


medidas precisas y serias puede convertirse en corregi-miento. Ahora al Burgomaes-tre le corresponde evitar que eso sea una realidad, porque si bien es cierto que la crisis se hizo evidente en la anterior administración que se calló y nada dijo ni hizo para supe-rarla, es también cierto que el conjurarla con un progra-ma de saneamiento fi scal se-rio y con responsabilidad y compromiso, le corresponde a la actual administración.

La solución:

Dada la situación, para cum-plir con los mandatos de la ley, el Municipio suscribió con Planeación Departamen-tal el 24 de Agosto del presente, el com-promiso de adoptar un programa de sanea-miento fi scal. Hasta el día 2 de Noviembre dicho programa no se había radicado en Planeación Departamental, pero según el Alcalde y el Tesorero está ya elaborado y sus líneas generales son la racionalización del gasto y la reestructuración administra-tiva, es decir recorte de planta de personal. Por la respuesta dada por el Alcalde en la entrevista que concedió, se entiende que no se ha contemplado la posibilidad de con-tratar con otros municipios o asumir con-juntamente con alguna asociación de éstos, la prestación de servicios conjuntos, con el fi n de ahorrar costos. Manifestó que habían alianzas para obra pública, concretamente para la pavimentación de algunos kilóme-tros de la carretera entre El Motilón y la ca-becera municipal de El Tambo, pero nada dijo de prestación conjunta de servicios.

Responsabilidades:

En la situación que se presenta en el Mu-nicipio, caben juicios de responsabilidad política, administrativa y fi scal. El pueblo debe adelantar el primero de ellos: Debe responsabilizar a las anteriores admistra-ciones y especialmente a la última, o sea a la presidida por el Economista Saulo Ernesto Pupiales. Lo que sucede en el momento no es repentino, se viene produciendo durante varios años: provisiones de pensiones no hechas, pagos omitidos, ausencia de medi-das para sanear las fi nanzas, ocultamiento de la crisis, presupuestos defi citarios, que ubicaron a El Tambo entre los peores mu-nicipios de Nariño y de Colombia. ¿Qué hacían los Alcaldes? Al parecer no hicieron nada, no cumplieron con el mandato que el pueblo les otorgó; ¿se debe responsabilizar a quienes integraron el Concejo en anterio-res administraciones, por haber omitido su función de control político?. ¿Que dijeron o hicieron ante la situación? Nada. Per-

mitieron con su conducta omisiva que se agravara la crisis día a día, callaron y ocul-taron, nunca hicieron un debate sobre el tema. Se debe responsabilizar igualmente a quienes fungieron como Personeros: ¿dón-de estuvo el control administrativo que les correspondía? Al actual mandatario le cabe la responsabilidad por haber secundado al anterior, al convertir el empalme en un acto protocolario y, así evitar que el pueblo co-nociera el estado en que quedaba el Muni-cipio, por haber presentado al Concejo una solicitud de facultades para una reforma administrativa, sin presentar el diagnóstico de la situación y los estudios técnicos que determinen que la solución es la reforma que pretende adelantar y, eventualmente, le cabrá responsabilidad si no presenta un plan de ajuste fi scal que consulte la reali-dad de la entidad y que contenga medidas efi caces para evitar las consecuencias se-ñaladas. En sus manos está solucionar la crisis. Si lo hace el pueblo deberá recom-pensarlo, de lo contrario lo recordará como el Alcalde que le dio entierro de tercera al Municipio. Igualmente, al actual Concejo le cabe responsabilidad por haber otorga-do facultades para la reforma sin tener el diagnóstico de la situación; esto a pesar de que el concejal Carlos Bastidas les advirtió sobre la falta de información para la toma de la decisión y le cabrá responsabilidad si durante el proceso que se avecina no ejerce de la mejor manera el control político que le corresponde.

Conclusión:

Después de conocer la situación, encontra-mos que realmente ésta es difícil y que es cierto que existe el riesgo de que El Tambo pierda su calidad de municipio y se convier-ta en corregimiento de otro vecino. Pero este riesgo se puede conjurar tal y como se ha hecho en entidades territoriales cuya situa-ción era más grave que la de El Tambo, por ejemplo, como lo hizo en el departamento

de Nariño en el año 2001, cuando la deuda de la enti-dad superaba los doscientos mil millones de pesos, había cesado en pagos, adeudaba a sus pensionados 14 mesadas y a sus empleados seis me-ses de sueldo y una prima, a tal punto que ya no le servía un programa de saneamien-to fi scal, como el que el Mi-nisterio de Hacienda le reco-mendó a El Tambo, sino que fue necesario acogerse a la ley de quiebra o reestructu-ración de pasivos, es decir a un acuerdo de pago de deu-da con sus acreedores, con la intervención del Ministerio de Hacienda. La situación de El Tambo no ha llegado a esos extremos y estamos se-

guros que con un programa de saneamiento fi scal serio y responsable puede arreglarse la situación. No se conoce el programa de ajuste fi scal, solamente sus líneas genera-les; aún no se ha presentado por parte del señor Alcalde a Planeación Departamental. Por ello, en esta primera entrega nos limi-tamos a emitir nuestra opinión sobre los li-neamientos generales que fueron dadas en la entrevista: La racionalización del gasto y la reestructuración administrativa.

Sobre la primera, más que una solución a la crisis, es una obligación impuesta por la ley. Es el principio de una sana adminis-tración. Se tendría que conocer específi -camente ¿qué es lo que la administración del Municipio considera como racionali-zación del gasto?. Cuando se preguntó por la posibilidad de disminuir la contratación de servicios, se respondió que se lo había contemplado en esta línea. Sin embargo, su peso económico en el presupuesto del municipio es tal que sería del caso con-templarlo en una línea diferente. Sobre la reforma administrativa consideramos que ella sólo es posible con base en estudio de tiempos y movimientos, que aún no existe, estudio que debe darse con el acompaña-miento de la Comisión Nacional del Ser-vicio Civil o de la ESAP y previa la eva-luación de la necesidad de supresión de los cargos. Es curioso que antes de pensar en la reestructuración de la planta de personal, no se haya pensado en el recorte de contra-tos de prestación de servicios. El valor que el Municipio paga por los mismos es casi tres veces superior al que paga por nómina. ¿Será acaso que no interesa el recorte de estos contratos porque con ellos se pagan favores políticos y sí el recorte de nómi-na porque quienes están en los cargos no acompañaron al Alcalde en su campaña?

Creemos que debe primar la sensatez, es un momento crucial para el Municipio y antes de tomar medidas debe hacerse un estudio serio para que ellas sean efi caces. La actual administración tiene en sus manos evitar que El Tambo se convierta en un corregi-miento del municipio al que le dio origen, es decir en hijo del que fuera su padre, o de otro municipio vecino.

Buena herencia la que recibe el actual Alcalde; de la que no tomó

nota al recibirla


Alex Dairo Jiménez Portillo

Desde el día en que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1530

del 17 de mayo de 2012, “por la cual se re-gulaba la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías”, según él, para “repartir los dineros más equitativa-mente entre la población Colombiana”, el concepto “regalías” se convirtió, progresi-vamente, en punto central de discusiones. Analistas económicos, políticos, periodistas y ciudadanía en general, se enfrentaban en sendas disputas acerca de la conveniencia o no conveniencia de aquella ley del gobierno.

Pero, ¿qué son las regalías?: según la de-fi nición ofi cial, se conoce como “la con-traprestación que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no reno-vable (petróleo, oro, níquel, carbón, esme-raldas, gas, etc.), cuya producción se extin-gue por el transcurso del tiempo”. En pocas palabras, son los impuestos que pagan al Estado Colombiano las industrias dueñas explotadoras de las minas y yacimientos en todo el país. La realidad mostraba que en años anteriores el 80% de las regalías se iba al 17% de la población, y que ahora, con la nueva norma-tividad, el 80% de las regalías se irá al 70% de la población colombiana: antes, 192 mu-nicipios recibían recursos del antiguo Fon-do Nacional de Regalías. Ahora, 1045 reci-ben recursos del Fondo de Compensación Regional, una mejora indiscutible en cuanto a equidad y justicia en la distribución de los recursos. Además, y en apoyo a la nueva de-cisión del legislativo y el Presidente, se ha descubierto que fueron muchos, centenares, los casos de corrupción que ocurrieron en los Departamentos y municipios que goza-ban de una mayor transferencia de dineros de las regalías; dineros que se perdían en las manos de algunos corruptos y que ahora lle-garán a los lugares más recónditos del país, entre ellos, afortunadamente, el municipio de El Tambo.

Ante esta circunstancia positiva, desde el inicio de su mandato, el Gobernador de Nariño y los alcaldes de esta región elegi-dos para el periodo 2012-2015, atentos a la nueva normatividad que regía debido a la mencionada ley, empezaron los diálogos para refl exionar sobre la necesidad de con-solidar y constituir la subregión denomina-da Guambuyaco, que la conformarían los municipios de Los Andes Sotomayor, La Llanada, El Peñol y El Tambo; acertada de-cisión, puesto que anteriormente el munici-pio de El Tambo estaba incluido en la zona Central, con Pasto, Yacuanquer, Consacá, La Florida, entre otros, lo que difi cultaba la

formulación de proyec-tos de gran envergadura y favorecimiento regio-nal, debido a que razo-nes geográfi cas, eco-nómicas o políticas no permitían el acuerdo en intenciones conjuntas.

Así que, ya instituida la subregión, se empeza-ron a elaborar proyectos de gran impacto con los cuales se justifi caría la adjudicación de los dineros de las regalías. En este sentido, el gobernador, Raúl Del-gado, defi nió que los recursos que llega-rían se destinarían, de acuerdo al programa NBI (necesidades básicas insatisfechas) y a la población de cada municipio. De la su-bregión de Guambuyaco, el municipio de los Andes Sotomayor es el que presenta la mayor cantidad de población y el NBI más elevado, por lo que le correspondería más cantidad de recursos, y El Tambo, para sor-presa de todos, al contar con el NBI más bajo y la segunda mayor cantidad de po-blación, le correspondería un poco menos. La Llanada y El Peñol tendrían, respectiva-mente, la tercera y cuarta posición.

Si se hace un recuento de la distribución general de los dineros de regalías, queda-ría de la siguiente manera: de los $9,1 bi-llones de pesos de regalías para Colombia en 2012, al Departamento de Nariño, uno de los más benefi ciados, le correspondió, en proyección, $309.153 millones de pe-sos, ocupando el puesto número 11 de los 33 Departamentos del país. Para la subre-gión de Guambuyaco quedaron apropiados $15.700 millones, y de éstos, al municipio de El Tambo le correspondieron, según datos otorgados por el Alcalde municipal, aproximadamente $3.500 millones. El dinero se encontraba, pero, ¿cómo dis-tribuirlo de acuerdo a la normatividad que exigía la formulación de un proyecto de IMPACTO REGIONAL? Aquí se debe re-conocer la exposición que hizo el Alcalde municipal de El Tambo, William Dorado, y el liderazgo del señor Gobernador de Nariño, Raúl Delgado, ya que lograron persuadir y hacerles comprender a los al-caldes de El Peñol, Los Andes Sotomayor y La Llanada, que el proyecto de mayor im-pacto regional era la pavimentación de la vía que une al municipio de El Tambo con el sector conocido como “El Motilón”, ya que con esta obra se favorecerían todos los municipios de la subregión. Varias reunio-nes pasaron, hasta la última que se llevó a

efecto en el municipio de El Peñol, donde se resolvió que el proyecto designado sería el deseado por todos los tambeños. Fue así como quedaron asignados $7.300 millones para la pavimentación, que, haciendo cuen-tas respectivas, y en opinión del Alcalde municipal de El Tambo, alcanzarían una distancia de 6 kilómetros de capa asfáltica.

Elaborados los cambios pertinentes al pro-yecto que la Gobernación ya tenía elabora-do, y adecuándolo de los $12.500 millones previstos inicialmente en años anteriores, a los $7.300 millones con los que se cuenta, el proyecto ha ido pasando los respectivos fi ltros legales dispuestos por los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), hasta ahora, cuando ya se ha defi nido su aprobación. Ha afi rmado el Alcalde municipal que, de no presentarse inconvenientes, en los primeros meses del próximo año se empezaría con las obras.

Tuvo que presentarse una acción desde el gobierno central para que este proyecto se hiciera, al menos en parte, realidad. Queda-ría por pavimentar ya muy poco: 7 kilóme-tros, aproximadamente. Muchos han sido los años de espera para ver pavimentada, de una vez y por todas, la vía El Tambo – El Motilón. Políticos, de todas las bande-ras, han aprovechado esta necesidad para embaucar a los electores con una promesa reiterativa de toda una vida. Ahora, fi nal-mente, poco a poco y gracias a las regalías, vemos como se avanza en la realización de esta ilusión general que implica el progreso económico y cultural para El Tambo.

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Según información de tesorería municipal, los recursos de regalías

corresponden a los cuatro años de la actual administración.

I N F O R M ESeis kilómetros más… gracias a las regalías


SALUD

La Salud como Derecho Fundamental

Carlos Eduardo MartínezAbogado. Ex-notario del Círculo de El Tambo (N).

El próximo 2013 se cumplirán 20 años de la expedición de la fa-mosa Ley 100. Desde el trámite, comenzaron las críticas de mé-

dicos, enfermeras, trabajadores de la salud y usuarios que compren-dieron que la Constitución de 1991, si bien es cierto contenía unos pocos enunciados de carácter democrático, también lo era que tenía, como aspecto central, los aspectos económicos derivados de la apli-cación de las políticas neoliberales, acordadas entre el Fondo Mo-netario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos nacionales que se acogieron al Consenso de Washington. La salud, al igual que la educación y otros derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, se convertirían en negocios particulares y se entrega-rían, para su manejo y usufructo, al gran capital fi nanciero.

A los pocos días de iniciarse la aplicación de la Ley 100, se hicie-ron evidentes, sin duda, los efectos negativos de los cambios en la política nacional de salud. De esta manera, quienes dirigían los sis-temas de seguridad social en salud, tanto públicos como privados, fueron obligados a acabar con ellos y se forzó a los colombianos y las colombianas a vincularse a alguna de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

El gobierno de ese entonces justifi có dicho cambio argumentando que se hacía para garantizar: aseguramiento pleno, calidad en la oferta de los servicios, ampliación de la cobertura y el pago opor-tuno, a clínicas y hospitales, por la prestación de los servicios de salud a los afi liados a las EPS. Y quienes no estuvieran afi liados a las aseguradoras, contributivas o subsidiadas, gozarían de la aten-ción que el Estado les daría como vinculados al nuevo sistema.

A partir de ese momento, los pacientes, cuando se enferman, no van a clínicas y hospitales para que los atiendan en sus enfermeda-des, sino a las EPS para que autoricen tratamientos y cirugías, den órdenes de exámenes y entreguen las medicinas para atenuar los padecimientos en su salud. El asunto se complicó, más aun, cuan-do los afi liados y las afi liadas a las EPS comenzaron a sentir que estos intermediarios fi nancieros no entregaban las órdenes a tiem-po, demoraban tratamientos y cirugías y negaban las medicinas, tal y como sucede con la EPS Nueva, SALUDCOOP, COOMEVA EPS y muchas otras más.

Pronto, la opinión pública descubrió que el sistema que montaron con la Ley 100 tampoco le pagaba a clínicas y hospitales, aho-ra llamadas Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, glosaban las cuentas, negaban el pago de servicios ya prestados y, sobre todo, encontraron que el esfuerzo de las EPS estaba centrado en hacer negocios, usar los varios billones de pesos que, año a año, les da el Estado por la llamada Unidad de Pago por Capitación, UPC, para expandir sus propias IPS e, incluso, para invertir en actividades comerciales completamente ajenas a la atención de sus afi liados y afi liadas, tal y como se demostró con las inversiones del grupo SALUDCOOP.

Por otra parte, hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas,

empezaron a quedarse sin recursos, sin el pago de las EPS y sin gi-ros de la nación, ante lo cual muchas de ellas cerraron. Por más es-fuerzos que hacen, todos los meses se cierra un hospital, clínica o centro de atención en salud. Los que no cerraron, fueron obligados a reestructurarse, es decir, reducir servicios y planta de personal, envileciendo los salarios de médicos, enfermeras y trabajadores. Pero, después de todos estos años, la situación es igual o peor.

Como la mayoría de la población colombiana no tiene empleo y no puede aportar para su salud o acceder a medicina pre-pagada, se estableció el régimen subsidiado y el de “pobres no afi liados”. Y, como no se aporta por igual, para el sostenimiento del sistema, la salud que se ofrece tampoco es igual. Los que tienen pre-pagada gozan de un plan de atención mayor; los del régimen contributivo, un Plan Obligatorio de Salud, POS, menos amplio; los del subsidia-do, un POS más reducido aun, con menos servicios, cirugías y me-dicinas; y los “pobres no afi liados” lo que de pronto sean capaces de conseguir para la atención de sus enfermedades. Y así se diga que el cubrimiento es casi universal, la verdad es que las EPS recurren a toda clase de destrezas y mañas para no atender debidamente a afi liadas y afi liados. Y los hospitales tampoco tienen cómo hacerlo.

Después de todos estos años, el sistema de salud de la Ley 100, fi el copia del de los Estados Unidos - uno de los peores del mundo desarrollado - ha alcanzado su más profunda crisis, ante lo cual diversos sectores sociales e institucionales exigen su fi n. Y lo soli-citan, no porque no haya los recursos económicos sufi cientes en el sistema, sino porque estos se quedan en los intermediarios. Según las cuentas, la nación aporta 28 billones de pesos y, sin embargo, los colombianos y las colombianas se mueren en las puertas de los hospitales y sufren el paseo de la muerte.

Ante esta dolorosa realidad, se propone un sistema que, con base en la combinación de instituciones públicas y privadas, preste los servicios de salud - tanto de promoción y prevención como de cu-ración de las enfermedades -, que tendrá que ser efi ciente, pulcro, cuidado por el Estado en su fi nanciación, con cobertura plena y vinculado al conocimiento científi co y académico más avanzado; un sistema que atienda los asuntos administrativos, de procedimien-tos y cirugías, de entrega de medicinas y de bienestar de las trabaja-doras y los trabajadores de la salud y sin intermediarios fi nancieros.

Como lo ha señalado, con claridad y agudeza, la Corte Constitucio-nal, las asociaciones de médicos, los secretarios de salud de algunos Departamentos, los sindicatos del sector, las asociaciones de usua-rios y miles de dirigentes sociales y políticos, para mejorar la salud de las colombianas y los colombianos, debe acabarse con la inter-mediación fi nanciera y con la Ley 100 que le sirve de sustento. Y eso debe hacerse porque está claro que las EPS se apropiaron de los recursos estatales, los dilapidaron en todo tipo de inversiones frau-dulentas, y 16 EPS, que atienden a la mitad de las y los colombia-


nos, están intervenidas por no cumplir los indicadores fi nancieros.Pero aunque es sencillo lo que debe hacerse, no se hace. ¿Y, por qué? Porque el gobierno de Juan Manuel Santos y los anteriores (Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Cesar Gaviria) son partidarios del aseguramiento, la intermediación fi nanciera, la permanencia de la Ley 100 y, sobre todo, de aprovechar la salud como negocio. No importa si eso conlleva la muerte de miles de colombianas y colombianos. Y la prueba es que Santos tramitó e hizo aprobar en el Congreso de la República la Ley 1438 de 2011, dejando intacta la esencia de la Ley 100 de 1993.

Dada la gravedad de los hechos en materia de salud, se necesita, a lo largo y ancho del país, un movimiento en defensa de la salud pú-blica como derecho fundamental y por la eliminación de la nefasta Ley 100, ante lo cual los habitantes del municipio de El Tambo no podemos ser ajenos.

Tal y como dice la consigna: No más Ley 100, ni intermediarios fi nancieros en la salud…

La crisis hospitalaria en Colombia

Dr. Javier Augusto Villota EsparzaSubgerente Científi co

Desconsuela ver la situación de los hospitales del país desde hace mucho tiempo, pero ahora en forma agravada nos in-

formamos por la prensa del cierre de muchos sanatorios ante la indolencia ofi cial y de la sociedad, como si fuera algo tan simple como cerrar una tienda. ¿Será que ya nos estamos acostumbrando a todo? No puede ser, y parece que debemos escudriñar en nuestras más íntimas fi bras del sentimiento de solidaridad para contribuir, como movimiento nacional, en procura de reivindicaciones en este campo que siempre ha servido para determinar el grado de civili-zación y desarrollo en que se encuentra un país. Parece como si la salud, en vez de ser un derecho de los colombianos, hubiera pasado a convertirse en un abominable privilegio, y no podemos permitir que lo poco que queda lo dilapiden.

Hospitales, como el San Juan de Dios de Bogotá, no superaron la crisis o estado difícil al que lo llevaron el clientelismo, la po-litiquería y el despilfarro de entidades ofi ciales fi nancieras que lo tuvieron a cargo durante largos años. Igual suerte pueden correr muchos hospitales en el país porque ahora se les deben mendigar los recursos a las EPS, consideradas un intermediario o, mejor, un adefesio en el andamiaje de la salud, porque solo tienen la óptica del lucro y la anteponen a las necesidades de los hospitales y de las personas del común.

Durante mucho tiempo se escucharon voces suplicantes que cla-maban porque no se dejara acabar el Hospital San Vicente de Paúl, gloria de la medicina antioqueña, y parece que la única inversión o inyección económica que esta institución recibía era la que cada año aportan los taurófi los paisas, con la corrida de benefi cencia; como si no fuera una obligación del Estado mantenerla abierta y efi ciente.

Igual suerte tuvieron el Instituto de los Seguros Sociales, las Cajas de Compensación Familiar, las entidades de economía solidaria, situación de riesgo que muy seguramente seguirá incidiendo en la calidad de sus servicios de salud. Y parece, igualmente, que la niñez colombiana no está en su mejor momento de suerte, ya que se anuncian recortes presupuestales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Será que para los sabios de las fi nanzas, ya en Colombia no existe protección de la infancia? ¿Será que ya ellos, desde sus fl amantes cargos internacionales y suntuarias ofi cinas, arreglaron el problema?

Pero si a esto le agregamos las difi cultades que hoy padecen hos-pitales infantiles en todo el país, como el Lorencita Villegas de Santos y el de la Misericordia de Bogotá, parecería más bien que nuestros dirigentes fueran sacados de los pasajes bíblicos, descen-dientes del hijo de Antípatro, quien, después de tomar Jerusalén, ordenó la matanza, en Belén, de todos los niños, poco después del nacimiento de Cristo, para dar origen a la celebración del día de los inocentes, pero, a pesar de todo, somos quienes todavía pensamos que todo esto no se va a arreglar con nuestra mansedumbre. Partici-pemos, pues, de posiciones actuantes que, en conjunto, no permitan estos excesos de infamia y para que el sector salud reciba los presu-puestos que les han sido fácilmente desviados a otros, sin tener que recurrir a pelear unos dineros calientes confi scados a los carteles.

La salud en Colombia requiere una alta cirugía y ojalá no pasen muchos años y tengamos en el Senado de la República a parlamen-tarios que legislen en favor de las personas más pobres y no de los intereses de los grupos económicos de este país, y contemos con autoridades departamentales y locales que piensen con el corazón en la gente que está a dos metros de un hospital, pero carece de los medios para obtener servicios de calidad, y que los intermediarios desaparezcan del concierto de la prestación de servicios de salud, porque hasta ahora lo único que han hecho es llenar sus arcas a costa del sufrimiento y angustia de muchos compatriotas, porque debería ser que el dinero de la salud le perteneciese a los más des-protegidos. La crisis hospitalaria en Colombia debe ser superada, pero con recursos, no con ilusiones.

SALUD

CENTRO HOSPITAL SAN LUISEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

MUNICIPIO DE EL TAMBO NARIÑO


Educación

Juan Gómez Madroñero

Q ue ya viene; esperemos, que ya viene: eran las voces de las personas encar-

gadas de organizar la programación con la cual se recibiría a varias autoridades edu-cativas y, la más importantes de ellas, la Ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campo Saavedra, acom-pañada del gerente del programa “Todos a aprender”; del gobernador del Departamen-to de Nariño Doctor Raúl Delgado y, por supuesto, su secretario de educación, doc-tor Ángel Paredes. Por este motivo, las au-toridades municipales estaban listas y con las baterías puestas para el extraordinario evento.

Esto sucedió el pasado sábado 6 de octu-bre de 2012, en el municipio de El Tambo, Nariño. Es histórica la venida de una auto-

ridad del nivel nacional al terruño que nos vio nacer. Tres semanas antes de este acon-tecimiento, las autoridades locales, rectores de las instituciones educativas y docentes de los centros educativos de La Ovejera, Las Palmas y Tanguana, escuelas focaliza-das con el programa, hacían los preparati-vos para recibir a los ilustres visitantes. Se predecía que esta visita dejaría unos buenos recursos para los implicados

Primero, tres capacitadoras ilustraron a los docentes sobre las bondades del programa. Con ello se entregó un material de trabajo (cartillas), una buena colección de libros y computadores para cada escuela. Se infor-mó que en el país se focalizó a los Depar-tamentos con menores puntajes en las prue-bas censales SABER 2009. Para el caso del Departamento de Nariño, no fue focalizado por hallarse en el promedio nacional. La oportuna gestión del gobernador permitió que se focalizaran un centenar de estableci-mientos educativos de la entidad territorial.

Con bombos y platillos… es decir, con la banda de paz de la Institución Educativa

Agropecuaria «Jesús Nazareno», se recibió a los visitantes en el Centro Educativo de La Ovejera. Aplausos, saludos de bienveni-da, calle de honor y, por supuesto, la ilustrí-sima visitante, sin escatimar esfuerzos, con una candidez que los docentes no le cono-cían, saludó a los niños, les repartió abrazos y besos y, de igual manera, a los profesores y habitantes del sector. Digo esto porque cuando los maestros marchan en las calles siempre se argumenta que el gobierno na-cional lo único que hace es hacerle conejo a los estudiantes y al magisterio, a tal punto que no ha cumplido los acuerdos fi rmados con la Federación Colombiana de Educado-res (FECODE) y en todo momento intenta desconocer los derechos adquiridos de los docentes.

Una vez ubicados en la mesa de honor, y de los actos protocolarios, comenzaron los discursos. Palabras de agradecimiento del director, del alcalde, del gobernador y, por supuesto, no debían faltar las palabras de la ministra, quien, con bastante elocuencia, felicitó a los docentes y les recalcó que son los líderes de estas comunidades y que ella,

Que ya viene; esperemos, que ya viene

María Fernanda Campo, Ministra de Educación Nacional (centro), acompañada por el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero (derecha).


Educación

a nombre del gobierno, transmitía los buenos ofi cios enviados des-de la casa de Nariño; como, también, invitó a los padres de fami-lia a brindarles la educación a sus hijos, fundamentalmente ahora cuando el Estado ha decretado la gratuidad y, por tanto, no existe el pretexto económico para no acceder a este esencial servicio.

El gobierno, dijo: “viene haciendo enormes esfuerzos e invirtiendo grandes cantidades de dinero del erario público como muestra de tener interés de romper las barreras de las desigualdades sociales y culturales”. Argu-mentó, además, que “los padres deben ser los primeros veedores de estos recursos y pueden pedirle cuenta a sus docentes de la manera cómo se gastan estos dineros”, que, por cier-to llegan aproximadamente a la suma de $300 diarios por estudiante, con los cuales se deben cubrir todas las necesidades de los niños y de las niñas. Esta exorbitante cantidad es la que… hablando en plata blanca y palabras conjun-tas, suma las grandes millonadas que dizque gasta el Estado y anuncia el gobierno en los medios de comunicación de los grandes em-porios económicos del país y que, obviamente, no consultan la realidad de los colombianos y mantienen desinformado al pueblo.

Cabe anotar que entre discursos y alabanzas de un lado hacia el otro, el gobernador del Departamen-to de Nariño Raúl Delgado llamó a este evento, el Pacto de La Ovejera, porque los compromisos que allí se anunciaron entregarían buenos divi-dendos para la inversión en la educación de es-tas tierras. Por ello, muchos de los interesados, tratando de no perder la oportunidad, presentaron sus propuestas que, de una u otra forma, benefi -ciarán a la niñez y juventud tambeña. Posterior-mente, la comitiva visitó los Centros Educativos de Tanguana y Las Palmas, en su respectivo or-den. Donde se entregaron también los elementos de dotación antes mencionados.

“Ya para el 18 de octubre, en horas de la tar-de, los docentes fueron invitados por la ad-ministración municipal a participar de una reunión con delegados e instructores del Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicaciones (TIC’s), quienes vienen a capacitar a los docentes de El Tambo en el uso de estas herramientas tecnológicas con el fi n de convertirlos en ciudadanos de las

tecnologías y que puedan aplicarlas en el 2013 y así mejo-rar la calidad educativa.”

Estudiantes Centro Educativo “La Ovejera”.

Estudiantes Grupo de danzas de la Institución Agropecuario Jesús Nazareno.


José Vicente Córdoba.Alex Dairo Jiménez Portillo.

Para los habitantes del Corregimiento de San Pedro, la mañana despertaba

entretenida con el acompasado rumor del golpear de las herraduras en las piedras y la yerba húmeda. A la distancia, se veía a cuatro jóvenes que caminaban detrás de los jumentos, bromeando y apurando, entre ri-sas, el sexto viaje que hacían desde la fi nca hasta el trapiche. En lo alto, una chimenea exhalaba bocanadas de humo. El humo era gris, igual que el futuro gris que algunos de nuestros paneleros se resisten a aceptar. Dentro del trapiche, más de una veintena de personas se movían rítmica y pausada-mente por entre el bagazo, rústicas máqui-nas y algunas pailas que contenían líquidos burbujeantes. Acostumbrados a convivir en aquel ambiente, no parecían prestar aten-ción al vapor espeso que lo envolvía todo en una penumbra nostálgica y endulzada. En una paila, la más pequeña, se encontra-ba ya dispuesto el producto fi nal: la panela: concentración dulce que empieza a darse forma allá en las lomas, en los cañaduzales que se distinguen a lo lejos como tramos de verdes que se mecen apaciblemente sobre los lomos de nuestros campos.

Es importante saber que la explotación de caña y producción panelera en el munici-

RURALES

pio de El Tambo benefi cia, — según datos ofi ciales —, a cerca de 600 familias, que si bien están distribuidas a lo largo de todo el territorio, confl uyen en su mayoría en el Corregimiento de San Pedro, lugar donde se encuentran los 15 trapiches más importan-tes, que generan a diario, cada uno de ellos, de 30 a 40 empleos directos. Pero, y como sucede con la gran mayoría de los queha-ceres agrícolas, referirse a los productores de panela es tratar con un sector olvidado y en difi cultades, que subsiste sólo gracias a la constancia de algunos de sus dirigentes, como Germán Guerrero, de algún asesor técnico, como Germán Silva (FEDEPANE-LA), pero, sobre todo, al esfuerzo y tenaci-dad propia tanto de administradores de los trapiches, como propietarios de los cultivos de caña y los cientos de trabajadores, que son el alma de este noble e importante foco productivo.

Este sector, desde el 2006, año en que el gobierno nacional lanzó, a la ligera y sin consideración, la Resolución 779, donde se “establecía el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se debían cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano”, se ha visto afectado por un sinnúmero de exigencias, que, desde ese entonces, empezaron a re-percutir económica y socialmente en sus proyectos. Entre muchas otras, les exigían: que los trapiches debían “estar separados de cualquier tipo de vivienda”; además, hacer una “delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y servicios sanitarios”; asimismo, y, uno de los más exigentes, que los trapiches “de-bían contar con los equipos, recipientes y utensilios que garanticen las buenas con-

diciones sanitarias en la elaboración de la panela, incluyendo los molinos”.

Ante estas exigencias, ¿cómo creen que les ha ido y les va a los trapiches tambeños?, como debe ser, cuando el apoyo de los entes municipales, departamentales y nacionales es mínimo: de regular a mal. Tanto así que una de las voces más entendidas en la si-tuación, el señor Germán Guerrero, dice con sinceridad: “está como en duda que los quince trapiches a futuro sigan trabajando; de pronto algunos pueden salir adelante”. Y agrega, refl exionando sobre las posibles causas del poco progreso: “lo que han he-cho los trapiches ha sido, hasta el momento,

Trapiches con olor a injusta resolución

Uno de los cientos de trabajadores del sector pane-lero.


esfuerzo económico de cada uno de ellos”. Lo que atestigua un evidente abandono por parte del Estado; bien lo dice don Luis Al-berto Narváez, propietario del Trapiche “La Hacienda” en el corregimiento de San Pe-dro: “El gobierno exige y exige cosas, pero no nos apoya en nada.”

Ahora, nadie critica unas disposiciones que, a la postre, han signifi cado que la pro-ducción haya pasado de ser artesanal a te-ner una visión empresarial, mejorando las condiciones sanitarias, de comercialización y benefi ciando a la ciudadanía con la dis-tribución de una panela de mejor calidad para el consumo. Lo reprochable es que, sin tener en cuenta las posibilidades, por parte de los pequeños paneleros del país, para cumplir aquellas exigencias, decidió el gobierno que aquella Resolución “se ha-

ría exigible a partir del tercer año de entrada en vigencia del Reglamento técnico”: o sea, a fi nales del 2009. Sin embargo, y como era de esperar, los pro-ductores avanzaron muy poco en las disposiciones exigidas, por lo que el gobierno estipuló una nueva Resolución, donde se daba plazo de cinco años, a partir del 2006, para que se efectuara: plazo que se cum-plía a fi nales del año pasado. “El gobierno exige y exige cosas, pero no nos apoya en nada.”

¿Qué pasó, entonces? Que el gobierno — gracias a que las organizaciones campesinas se movilizaron y protestaron en todos los Departamentos paneleros —, tuvo que apla-

zar, una vez más, la vigencia de sus Resoluciones apuradas. Ahora, lo último que se sabe es que, mediante la Resolución

4121 del Ministerio de la Protección Social — que arremete, más que pro-tege — intenta, de algún modo, facilitar el cumplimiento de las condiciones que se exigían, don-de lo llamativo es que ya no hay un plazo límite, sino que se da la oportunidad al productor para que acuerde con el INVIMA y se comprometa a cumplir los re-quisitos en un plazo determinado que él mismo elige. ¿Qué buscaba aquella Resolución tan exigente al principio? Posi-blemente, que muchos paneleros del país hubieran decidido no in-sistir más en el negocio panelero, y así die-ran vía libre a que grandes industrias, como

“Manuelita”, por ejemplo, monopolicen la producción, situación que coincide con las opinión de varios analistas económicos, cuando manifestaban que una de las razo-nes por las cuales el gobierno nacional im-pulsó tal Resolución, era permitir que toda la producción de panela cayera en manos de unos pocos, los más poderosos empresarios del país, que a la larga son, claro está, los que fi nancian las campañas electorales de los que hoy promueven Resoluciones y Le-yes para su conveniencia.

Pero, bueno, al parecer lo más difícil quedó atrás; las acciones temerarias del gobierno ya pasaron. Ahora es, repetimos, el produc-tor quien — en acuerdo con el INVIMA —, programará fechas cuando le revisarán los avances y cumplimientos de las exigen-cias: que haciendo cuentas, dan aproxima-damente de 30 a 60 millones de inversión para cumplirlas a cabalidad, dinero que sal-drá, como ya está sucediendo, del endeuda-miento de los campesinos con los grandes bancos. El gobierno gana, los monopolios empresariales ganan, los bancos ganan y los consumidores ganamos: ¿quiénes están perdiendo?.

RURALES

Francisco J. Pabón, arrendatario, y José C. Figueroa, propietario, trapiche “Tres esquinas”.

“lo que han hecho los trapiches ha sido, hasta el momento,

esfuerzo económico de cada uno de ellos”.


José Vicente Gómez

Cada día nace, crese, no se reproduce y muere. Vivencias perso-nales y de conglomerado, tendencias colectivas, que aparecen,

evolucionan, dejan huella en la historia de la humanidad formando cimientos sobre los cuales se sostendrán grandes estructuras socia-les, organizaciones de poder que generaran cosas buenas y malas; Paz o guerra, justicia o injusticia, esperanza o aniquilación; el po-der enceguece y puede llegar a cambiar el pensar y actuar del ser humano, de un pensamiento noble y libertario a un pensamiento tiránico. Cuando se negocia todo y el único que tiene la razón es el capital, hemos perdido los valores humanos y no podemos asomar-nos a la equidad social; nos llega el fi n o por lo menos el principio del fi n. La descomposición social inminente, ya no se puede ajus-tar, todo tiene su fi nal; bueno o malo pero fi nal.

El infi nito cultural humanístico ha confundido la verdad y solo existe verdades relativas, fruto de ello se ha tomado convencimien-tos parciales y como no se acuerda, entramos en peleas que acaban en guerras que heredan nuestras generaciones futuras, aseguramos esta herencia por razones particulares y no pensamos que la gue-rra todo destruye, solo deja desgaste, afl icción, pobreza y amen de adjetivación negativa. ¡Paramos o seguimos! cada uno puede decidirlo, al fi n y al cabo ¿no es la reunión de individuos, su pensar y actuar lo que al fi nal hacen el estar bien o estar mal?

Unámonos todos en el que hacer cultural positivo del mundo, acep-temos nuestro pensar y actuar diverso, estrechémonos con un po-quito más de amor. Se trata de construir, de hacer; y de hacer el bien y no el mal, acabemos con lo que no permite que la vida traiga la felicidad, seamos consientes de nuestro error y ejecutemos cam-bios personales para que sumados seamos más, patrocinemos los espacios que nos hagan gozar de la vida, una cruzada humanística cultural real donde verdaderamente alcancemos todos ¿Porque el espacio del otro queremos usurpar?

Garanticemos la vida, no la neguemos ¡Por favor! Es un don de Dios. No a la cultura de guerra. ¡Viva la cultura de la paz!

CULTURA

Cultura a la orden del dia


CULTURA

“La sacrifi cada Cultura Tambeña”

Gregorio Gómez Madroñero

El preocuparse por las expresiones culturales de un pueblo, no debe limitarse únicamente a organizar una o dos fi estas importan-tes en el año. Es tener en cuenta el conjunto de vivencias positivas que se instalan en el seno de nuestra sociedad; es valorarlas como el bien más preciado que se encarga de enaltecer a los pueblos e individuos. Para preservar y avivar nuestro patrimonio cultural, se debe comprender que es responsabilidad de todos los habitantes del municipio construir espacios donde ésta se manifi este. La ley 397 de 1997, ley general de cultura, estableció en uno de sus prin-cipios que no sólo el estado es el encargado de proteger el patrimo-nio cultural, si no que cada uno de los ciudadanos lo deben hacer. De esta manera la protección está a cargo de: La administración municipal, casa de la cultura, consejo de cultura, establecimientos educativos, grupos asociativos y ciudadanía en general.

¿Qué hacer en torno al patrimonio cultural? por parte las autori-dades, la primera gran responsabilidad es nombrar como director de la casa de la cultura a un persona que tenga conocimiento en el campo cultural y capacidad de gestión ante autoridades culturales regionales, nacionales e internacionales. Que no dé como excusa a la falta de dinero la defi ciente organización cultural; que sepa decir no a la nefasta decisión administrativa, que desfavoreciendo al deporte y la cultura, las ha encargado en la dirección de un sólo funcionario que se ve impotente de ejercer una aceptable labor ante tamaña responsabilidad.

Un funcionario que tenga como iniciativa fundamental sacar de los papeles apolillados de un archivo la organización del consejo de cultura y llevarlo al ámbito práctico y real de las acciones ciuda-danas. Además, realizar un inventario del patrimonio cultural del

Y de la cultura, ¿qué?

municipio, hacer visitas y socialización de talleres, incentivar la elevación al grado de acuerdo municipal el rescate de la identidad cultural como lo ordena la ley, destinar autonomía económica y po-lítica de la casa de la cultura para generar acciones de recuperación de patrimonio cultural, organizar espacio de estudio interdiscipli-nario para la investigación científi ca de la cultura, etc.

Es necesario, entonces, sensibilizar en torno a valorar, proteger y conservar la cultura, evitando que se pierda lo poco que ha subsis-tido al olvido y menosprecio de los gobiernos de turno. Las ma-nifestaciones culturales en El Tambo, van más allá de fi estas de fi n de año, carnavales y fi esta de Jesús Nazareno; son, entre otros, literatura, música, artes plásticas, danza, teatro; pero no como eventos casuales, sino como procesos de formación continua, se-ria, que trasciendan el casco urbano y se acerquen al sector rural. Por ello, es menester que nuestras autoridades se pongan la mano en el pecho y digan qué se está haciendo por dinamizar las expre-siones culturales y, además, den un informe sobre la distribución de los dineros de la estampilla pro-cultura aprobada en el gobierno del ex-alcalde Jairo Rojas Solarte, porque fue aquel, uno de los mecanismos con los cuales se pretendía nutrir y fortalecer las in-tenciones y proyectos culturales de los tambeños: benefi cios que no se ven.


Océano Pacifi co a 75 kilómetros de la costa de Tumaco. Miércoles 12 de

diciembre de 1979 a las 2:29 am. A esta hora los tumaqueños dormían plácidamen-te cuando fueron cobijados por las violen-tas olas del tsunami; muchos no volvieron a despertar más de su sueño profundo. En toda la costa hubo más de 450 muertos y 1000 personas heridas.

Antes de las 8:15 de la mañana del jueves 31 de marzo de 1983. Aparentemente todo estaba en completa calma. Era un día nor-mal, solo faltaba 3 minutos que marcaría la diferencia de los demás días. El reloj dio las 8:15 y cambia totalmente el panorama de Popayán. El terremoto de la ciudad blan-ca de Colombia deja aproximadamente 250 muertos y 1500 heridos.

Es el 13 de noviembre de 1985 de mane-ra abrupta, el mundo es enterado que en Colombia existió una pequeña población llamada Armero. La misma que desapare-ce bajo la erupción del Volcán Nevado del Ruiz. Atrapada en el lodo sin que nadie pudiera ayudarla ve morir a 23.000 de los 29.000 habitantes.

El calor fatigaba un poco a los habitantes de Armenia. Después de almuerzo algu-nas personas caminaban por las calles rá-pidamente. Se dirigían hacia sus puestos de trabajo. Mientras lo hacían, se sentían observados por los pasajeros que iban en buses. Otros en sus motos adelantaban a los taxistas y los acomodados en sus carros

último modelo muy seguros de tenerlo todo y de querer más, transitaban afanosos por las vías de la Ciudad milagro. Es lunes, el calendario indica 25 de enero de 1999. Es la 1:19 de la tarde. Algunos pensaban que sus vidas estaban garantizadas, lastima el terremoto no les brindo la oportunidad de sorprenderse, tiempo para vivir un instan-te. El terremoto del Eje Cafetero deja 2.000 muertos y 500 personas desaparecidas.

Por esas cosas de la vida que forman parte del destino de los pueblos, Hace 16 años la profesora Ana Julia España Jurado se vin-cula a la Institución Educativa Sagrado Co-razón de Jesús de El Tambo Nariño. Inicia su actividad académica formando el grupo de danzas folclóricas y el de teatro, luego funda el comité escolar de emergencia con 32 estudiantes de bachillerato, con ellos se inicia la atención pre hospitalaria, primeros auxilios y traslado de pacientes. Igualmente se organiza lo que hoy es la enfermería.

En el año 2.000 y a raíz del terremoto del Eje Cafetero y por las catástrofes referidas, se crea la asociación de brigadas de emer-gencia empresariales y ayuda humanitaria, (ASOBEECOL). Fundado en Pasto, por 5 hombres valientes destacados por haber prestado su servicio en el departamento de Nariño como socorristas en diferentes enti-dades, Cruz Roja, Defensa Civil y Bombe-ros. Unen sus esfuerzos y esperanzas para mitigar y preparar a la población ante un evento natural como lo puede ser una posible y no deseada erupción del volcán Galeras.

El Capitán Oscar Armando Gó-mez Cifuentes fue el gestor y continúa como presiente Nacio-nal. En Colombia él es el único que tiene una preparación com-pleta en manejo de desastres. Estudio en Wisconsin Estados Unidos y representa a nuestro País a nivel internacional.

“ASOBEECOL” acoge, ase-sora y capacita a otros entes que trabajan en este campo, sus distintivos son los colores

rojo y negro símbolo de su trabajo, después de 13 años ya se ha extendido por toda Co-lombia; primero se une el sur Occidente Colombiano luego Antioquia y Norte de Santander.

En este mismo año el comité escolar de Emergencia paso a pertenecer a la entidad mencionada como “la brigada de emergen-cia Sagrado Corazón de Jesús” “ASOBEE-COL”. Hoy cuenta con 123 alumnos “bri-gadistas consagrados” que han recibido formación integral. Siendo el primer y úni-co colegio público de Nariño que maneja el programa. La profesora Ana Julia España Jurado es quien se desempeña como coor-dinadora en Salud Ocupacional siendo ins-tructora en atención pre hospitalaria a nivel nacional, junto a su equipo de trabajo, con-formado por, Ana Lucia Díaz Zamudio ge-rente de “COPASO” y Atala Cristina Martí-nez Noguera agente de grupo. Han logrado no solo posicionar al colegio sino con ello irradiar esta actividad a otras esferas del municipio como la defensa civil y el centro hospital San Luis.

Es importante que nos concienticemos y asumamos la responsabilidad de preparar-nos para afrontar las catástrofes naturales, o reacciones que pueda sufrir nuestro planeta a causa de maltrato causado al medio am-biente provocando el calentamiento global. Nadie está garantizado, administremos bien nuestro planeta y vivamos felices.

RECONOCIMIENTOCatástrofes

devastadoras a causa de fenómenos naturales

“Nace una esperanza

ASOBEECOL”

Alba Córdoba Cabrera


RECONOCIMIENTO

“Listos, en paz o emergencia”

Para hacer feliz a la gente

Alex Dairo Jiménez Portillo

Poco más de dos años y medio hace de aquel Viernes Santo, cuando se desató

uno de los más enardecidos incendios que hayan ocurrido dentro del área urbana del municipio de El Tambo, dejando como resultado la reducción a escombros de un sector importante de las instalaciones de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. En la recordada tarde, cientos de tam-beños, arriesgando sus vidas, asistieron a socorrer a las personas que en el interior del colegio se encontraban y, posteriormente, a actuar en los ejercicios de apaciguamiento de las llamas, claro, con mayor entusiasmo que destreza en estas labores, que necesitan de personas capacitadas, provistas con los implementos y equipos necesarios.

Después de este hecho lamentable, la co-munidad en general hizo un llamado de atención a las autoridades de aquel enton-ces para que se organizara un grupo espe-cializado en las labores de prevención y atención de desastres, tan necesario en un municipio que, de igual modo a como día a día avanza en su desarrollo, se vuelve más proclive a situaciones de riesgo, como la mencionada anteriormente. Fue así como, y en bien de este pueblo, algunos concejales y funcionarios públicos le propusieron a la Dirección Seccional Nariño de la Defensa Civil, que convocara a la ciudadanía para, en primer medida, orientarla y, posterior-mente, recibir personal para formar parte de aquella importante institución, que goza ya de una trayectoria cercana a los cien años de trabajos sociales en el mundo.

Fue así como, el 19 de septiembre de 2010, se instituyó la primera Junta Directiva, que, después de algunos cambios, quedó confor-mada por los siguientes tambeños:

Luis Ignacio Ordoñez FigueroaPresidente

Willinton Antonio PupialesVicepresidente

Jenny Mireya CalvacheSecretaria

Víctor Alejandro MeloTesorero

José Edgar RiascosCoordinador operativoUriel Orlando Gómez

Redacción, prensa y comunicacionesPaola Andrea EscobarJefe Talento Humano

Floriberto Argoty Erazo Jefe Talento Humano

Marco Aurelio BotinaCapacitación y entrenamiento

Hernán Arcos LópezCoordinador de disciplina

José Vicente Córdoba José Antonio Cabrera

Fiscales

A la junta la acompaña un centenar de per-sonas, que asumen tres campos de acción fundamentales: la acción humanitaria, que se refi ere a emergencias tales como incen-dios forestales, inundaciones, deslizamien-tos de tierra, etc.; la gestión ambiental, re-ferida a trabajos de reforestación y cuidado del medio ambiente. Y el tercer campo de acción, la acción social, que comprende la atención de eventos de afl uencia masiva de gente, como fi estas patronales, caminatas de Semana Santa, eventos deportivos, etc.

De tal importancia es la labor que está rea-lizando el grupo de la Defensa Civil que ya, a partir de este año, la administración mu-nicipal la ha tenido en cuenta para que for-me parte del Concejo municipal de gestión de riesgos y desastres, antiguo CLOPAD, participando como miembro del Comité operativo. Ante tamaña responsabilidad, el presidente de la junta, señor Luis Ignacio Ordoñez, ha presentado, ante el Alcalde municipal de El Tambo, basado en la Ley

1505 del 5 de enero del presente año, un proyecto que pretende la adjudicación de recursos del año 2013, los cuales serán destinados al fortalecimiento institucional, con la dotación de uniformes reglamenta-dos para los voluntarios, equipos de resca-te, viáticos para la asistencia a cursos en escuelas nacionales, unidades básicas para la junta, entre otros, apoyo que, de hacerse realidad, se ha de sumar a la unidad locativa de la que ya goza la institución en la antigua escuela Nuestra Señora de la Natividad, en el barrio Villa del Sol.

Como se puede observar, es necesario que la comunidad tambeña aprenda a respetar, a agradecer a este grupo de personas siem-pre dispuestas a atender cualquier percance o a promover actos socioculturales, cuando la ventura otorga la siempre anhelada tran-quilidad. Son amigos, coterráneos, que de manera desinteresada ponen su integridad física y mental en riesgo y dedican gran parte de su tiempo a una labor valiente y solidaria, digna de reconocerse.

Dos años después de presencia de la defensa Civil Colombiana en el municipio de El Tam-bo, los benefi cios han sido considerables, no medibles con un simple cálculo económico o político, sino tasados con el valor mayor que posee el ser humano: la vida. En este caso, la vida y bienestar de los tambeños.

Línea de Mando NacionalJuan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República Juan Carlos Pinzón Ministro de Defensa

M.G. Jairo Duvan PinedaDirector General de la Defensa Civil

ColombianaT.C. Mario Fernando Orozco

Director Seccional Nariño de la Defensa Civil

Luis Ignacio OrdoñezPresidente Junta de la Defensa Civil de

El Tambo


Aurelio Zambrano Díaz

Por generaciones, los ojos de los tambeños se han acostumbrado a estar rodeados de las montañas, en su mayoría cultivadas con

esa planta mágica que permitió ubicar a nuestro municipio como uno de los primeros productores de fi que en el país. Hoy la cruda realidad nos expone a un paisaje de tierras casi improductivas; la tecnología invadió el mercado con el plástico y esa planta que ge-neraba bonanza y que se arraigó en nuestras tradiciones, en nuestro folclor, poco a poco va desapareciendo.

La familia Sosapanta Valencia, quienes por años saborearon las mieles de esa bonanza, hoy ven con nostalgia la caída de este pro-ducto en el mercado. Ante esta situación, y por acuerdo, han que-rido emprender una empresa familiar, que consiste en un Parque recreacional de deporte extremo en la montaña de su propiedad, la que una mañana de verano fue dispuesta con el trazo de una pista de motocrós y enduro, dando inicio a este proyecto de inversión considerable. En un futuro no muy lejano, los ojos de los seguidores de este deporte visitarán este lugar favorecido por su cercanía, su cli-ma y, sobre todo, por la escasez de pistas en el Departamento, permitiendo así cristalizar esta nueva propuesta y, a la vez, generar dividendos para sus gestores y, de paso, activar y aportar en parte a la economía lugareña. Todo empezó como un hobby deportivo, pero ahora la visión a futuro es más palpable.

Las gestiones en cuanto a la creación del club Motomanía, legalización y reconocimiento de la pista por parte de Pasto deportes y la Liga del Departamento están en camino. La pista tiene una longitud de 1200 m, con una amplitud de 6 m, un partidor o salida para 16 motocrosistas, variedad topográfi ca para el deleite de los que

D E P O R T E S

practican y quienes observan; no sobra decir que se ajusta a las medidas estipuladas para este tipo de deporte. El trazo de la pista lo realizó Silvio Delgado Morales, campeón nacional y de recono-cimiento internacional en esta práctica deportiva, quien también ha sido un motivador para la creación de una escuela de formación.

En el mes de diciembre del presente año, esta apacible montaña rugirá, como un llamado a propios y extraños, para compartir el inicio de una nueva era para el municipio de El Tambo, que pro-moverá el deporte competitivo en el Departamento con el inicio de la primera válida de motocross. El siguiente paso a dar, por parte de esta nueva empresa familiar, en la misma montaña, será la construcción de lugares de deporte recreativo extremo de mu-cho apogeo en la actualidad, como un gancho perfecto que com-plementara el turismo religioso a nuestro santuario. Ante nuestros ojos se abren puertas de progreso; auguramos éxitos a quienes han emprendido esta difícil labor y motivamos a quienes tengan visión empresarial para que sigan el ejemplo.

Parque recreacional y de deporte extremo en El Tambo, Nariño.


AMBIENTE

Rodrigo Bolívar BurbanoPresidente Junta de Acción Comunal de Pocaurco.

La Reserva Natural de Pocaurco o “El Copete”, fue legalmente reconocida mediante Acuerdo 028 del 26 de Diciembre de

2008, emanado por el Concejo municipal y sancionado respectiva-mente por el entonces Alcalde municipal, economista Saulo Er-nesto Pupiales G.

A pesar de que ya han transcurrido alrededor de cuatro años de haberse declarado esta zona del municipio como área protegida, son muy pocas las acciones que se han adelantado para cumplir con el propósito de conservar y proteger lo que se podría llamar el pulmón de El Tambo. La ubicación geográfi ca donde se encuentra abarca la vereda de Pocaurco, parte de las veredas de El Zanjón, La Sultana y Llano Largo. Según estudios realizados por inves-tigadores de la Universidad de Nariño y la Institución Educativa Agropecuario Jesús Nazareno, esta Reserva abastece de agua al 90% de la población de El Municipio de El Tambo, como tam-bién los corregimientos de Robles y parte del corregimiento de Las Plazuelas en el municipio de La Florida. Como se puede ver, la Reserva Natural de Pocaurco es de una importancia incalculable para el progreso y bienestar de la población de nuestro municipio y sectores aledaños.

Sin embargo, es preocupante el abandono a que se encuentra sometida esta importante área natural, respecto a la protección de su biodiversidad, espe-cialmente de los árboles nativos, que se los tala para combustible (leña o carbón), para postes de cerca o para construcción de instalaciones campesinas. De igual manera, se arrasa con la vegetación primaria para establecer potreros o cultivos transitorios.

Debido al desconocimiento de la población campe-sina asentada en esta zona, al acabar con el bosque se ve amenazada la permanencia de muchos ani-males silvestres, que hoy ya se encuentran en vía de extinción, entre ellos la pava copetona, el venado, el tucán verde, el armadillo, la mofeta o zorro, el conejo, la ardilla, la torcaza, el gorrión, el colibrí, entre muchos otros animales de los que aún existen algunos ejemplares. En relación con lo anterior, es preciso, entonces, adoptar medidas tendientes a ca-pacitar a los moradores de donde se encuentra ubicada la reserva, hacer conocer su importancia y buscar mecanismos que permitan

conservarla y mejorarla. Una propuesta viable sería ayudar, por parte del Gobierno, con algunos incentivos a los dueños de los pre-dios donde están ubicadas las bocatomas de los acueductos, para que conserven el bosque, se hagan zonas de aislamiento de ganado y permitiendo así reforestar las cuencas hidrográfi cas.También, formular proyectos dirigidos a la compra de predios, porque si bien es cierto que la ley destina el 1% de los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) para la compra de predios de interés ambiental, dichos recursos se los ha utilizado, en administraciones anteriores, para pagar cuotas políticas, nom-brando reforestadores en las veredas, que lo único que hacían era cobrar el sueldo, pero acciones a favor del medio ambiente, nada.

Últimamente en las campañas políticas a la Alcaldía, se ha es-cuchado a los diferentes candidatos hablar de la Reserva Natural de Pocaurco, conocida por otros como la reserva “El Copete”, pero es mínima la importancia que le dan cuando llegan al poder.

Por otra parte, existe una fuerte contradicción entre el sistema legal y la comunidad campesina. En la actualidad son los propietarios de la tierra donde se encuentra la Reserva; es decir, la ley prohíbe y sanciona a quien tale los bosques, con la argumentación de que el Estado es el dueño del subsuelo y, por tanto, las autoridades encar-gadas del medio ambiente otorgan las licencias para las concesio-nes de agua. Por su parte, los propietarios, humildes campesinos, son los que pagan el impuesto predial al municipio, de terrenos que, en su mayoría, son minifundios, en los cuales las familias pro-ducen su sustento diario, y por lo que en cierta forma se ven ob-ligados a explotar sus pequeñas parcelas de tierra, aumentando así la deforestación y erosión de la misma.

¿Qué hacer, entonces? Buscar un acercamiento entre Gobierno y propietarios para socializar la problemática con las comunidades benefi ciadas por los acueductos regionales. Las autoridades en unión con la academia deben buscar recursos en Corponariño y en el Ministerio de Ambiente para la compra de los predios más relevantes de la reserva por parte del Estado.

El Tambo se preocupa por su expansión urbana y comercial, pero se está olvidando de lo más importante, el agua y la biodiversidad de los ecosistemas naturales, de los que, por cierto, ya nos quedan muy pocos.

No basta con cerrar la llave, protejamos la Reserva

periÓdico "huellas del guambuyaco" 2. septiembre-octubre de 2012

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