narcotráfico, violencia política y política exterior

8/18/2019 Narcotráfico, Violencia Política y Política Exterior

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NARCOTRÁFICO, VIOLENCIA POLÍTICA Y POLÍTICA EXTERIORDE ESTADOS UNIDOS HACIA COLOMBIA EN LOS NOVENTA*

Bruce Michael Bagley'

El presente ensayo examina el impacto delas políticas de control de drogas de losgobiernos de Estados Unidos y Colombiaen la evolución del cultivo de drogas, elnarcotráfico y la violencia política en Co-lombia durante los años noventa. La tesiscentral radica en que la guerra contra las

drogas librada por Washington y Bogotádurante esta década no solamente fracasóen dar freno al crecimiento del tráfico dedrogas y a la consecuente corrupción, sinoque, de hecho, fue contraproducente. En-tre sus consecuencias involuntarias másimportantes están la expansión aceleradade las actividades de cultivo y producciónde drogas, la dispersión y proliferación delcrimen organizado y la intensificación dela violencia política y la lucha guerrillera

en el país. Como resultado, a inicios del2000 Colombia enfrentó más amenazas se-rias a su seguridad nacional y a su estabili-dad política que en 1990. En el ensayo seconcluye que el escalamiento masivo de lasestrategias defectuosas contra las drogas dela década anterior propuestas por la admi-nistración Clinton, en enero del 2000, tien-den más a empeorar los actuales proble-mas de violencia y de inseguridad en Co-lombia que a resolverlos.

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE DROGAS ENCOLOMBIA

A pesar del aporte de casi mil millones dedólares en ayuda antinarcóticos al Estadocolombiano durante la década del noven-ta, en 1999 Colombia se había convertido

en el primer país cultivador de coca delmundo, al producir más hoja de coca quePerú y Bolivia juntos (GAO, 1999a: 4-5). En-tre 1989 y 1998, la producción de hoja decoca creció en un 140%, de 33.900 a 81.400toneladas métricas. Más notable aún, losniveles de producción en 1999 aumenta-ron más del doble de los totales de 1998, alalcanzar alrededor de 220 toneladas. Estedramático ascenso en la producción totalreflejó el hecho de que entre 1996 y 1999

el número total de hectáreas de hoja decoca en cultivo en Colombia aumentó casiel 100%, de 68.280 a 120.000 hectáreas. Estatremenda expansión ocurrió pese a la exis-tencia de un programa de erradicación

permanente de la Policía Nacional de Co-lombia que fumigó un récord de 65.000hectáreas de coca sólo en 1998 (aproxima-damente 50% más que el total para 1997).En el año 2000 se proyectaba que el áreatotal de cultivo aumentara a 200.000 hec-

* Traducción: Marcela Londoño.** Profesor de Estudios Internacionales, School of International Studies, Universidad de Miami, Coral Gables,

Florida.


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Narcotráfico, violencia política y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia • 7

ciones traficantes colombianas de principios de la década transportar pasta de cocao "base" desde estos dos países andinos

hacia Colombia, en donde era posterior-mente refinada a cocaína y luego intro-ducida a Estados Unidos. La ruta aéreaefectivamente colapso a finales de 1995después que la Fuerza Aérea peruana, bajolas órdenes del presidente AlbertoFujimori, comenzó a disparar a los avio-nes sospechosos que volaban entre Perú yColombia. De hecho, durante 1995 los

peruanos derribaron 25 aeronaves y obli-garon a otras a aterrizar para ser inspec-

cionadas. Como resultado, entre abril yagosto de 1995 la demanda de hoja de cocaen Perú se desplomó y los precios de la hojacayeron a más del 60%. En combinacióncon los esfuerzos más agresivos de erradi-cación adelantados por los gobiernos dePerú y Bolivia (con respaldo financieroestadounidense) en 1996 y los años pos-teriores, los programas de desarrollo alter-nativo comenzaron a gozar de un éxitoconsiderable entre los campesinos cultiva-

dores en ambos países. Con la ruta aéreadestruida, sin embargo, los traficantes co-lombianos expandieron velozmente el cul-tivo de coca en Colombia, desplazando demanera progresiva a Perú y Bolivia comolos principales países cultivadores de cocaen el mundo a finales de los años noventa(Krauss, 1999; The Economist, 2000).

En 1999, el continuo éxito deí elogiado programa de erradicación de coca en Perú

estuvo en seria amenaza, dado que el pre-cio de la hoja de coca en el país se volvió adisparar durante el año a dos tercios de suaumento previo en 1995, con lo cual se es-timuló de nuevo el cultivo campesino. Va-rios factores parecen dar cuenta de estareactivación del cultivo de coca en Perú. En

primer lugar, los traficantes peruanos en-

contraron gradualmente formas de reabriralgunas rutas aéreas a Colombia y reem-

plazar otras por rutas por carretera, río y

mar, lo cual subió la demanda internacio-nal por la coca de Perú e hizo más lucrati-vo su cultivo en el país. La decisión delgobierno estadounidense en mayo de 1998de suspender los vuelos de inspecciónAWAC y P-3 Orion sobre Perú para incre-mentar el espionaje aéreo sobre Colombiaen la medida en que las actividades denarcotráfico aumentaron allí, claramenteredujo la capacidad de los peruanos de in-terceptar vuelos cargados de drogas en su

territorio nacional. La habilidad de la poli-cía peruana de llevar a cabo operacionesde interdicción más adelante se menguócuando el Fenómeno del Niño pasó porPerú a principios de 1998 y obligó a que lasfuerzas de seguridad del país trasladaranlos helicópteros y aviones normalmenteutilizados en operaciones antidrogas haciala costa Pacífica inundada para desempe-ñar labores de emergencia. De manerasimilar, un nuevo estallido de tensiones en-

tre Perú y Ecuador en 1998 condujo a queel Ejército peruano enviara algunos avio-nes al área de frontera temporalmente y,en consecuencia, se redujo la disponibi-lidad de naves para actividades de inter-dicción. A finales de agosto de 1999 la ad-ministración Clinton una vez más acordóreanudar vuelos de supervisión sobre Perú

para ayudar al Ejército peruano a intercep-tar aviones traficantes (Krauss, 1999; The Economist, 2000).

En segundo lugar, muchos más trafican-tes comenzaron a procesar pasta de coca acocaína refinada en su propio país, con locual se aumentó la demanda doméstica dehoja de coca en Perú. En tercer lugar, el con-sumo de cocaína en los principales centrosurbanos de Perú creció substancialmente


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a finales de la década del noventa (comolo hizo en los centros urbanos más impor-tantes de toda la región durante la déca-

da), y eso incrementó las utilidades delmercado local y la demanda total de hojade coca en Perú. Finalmente, la continuadisminución de la oferta de hoja de cocaen Bolivia le agregó valor al cultivo de cocaen Perú (y Colombia), especialmente a laluz del aumento en la demanda de cocaí-na en Europa, en donde los precios de lacalle casi siempre llegaban al doble de losde Estados Unidos (Krauss, 1999; The Economist, 2000).

Interdicción de rutas de tráficode drogas

Cerca de 13 millones de consumidores dedroga en EU gastaron aproximadamenteUS$ 67 billones en drogas ilícitas, lo cualhizo que el mercado estadounidense fuerael más lucrativo del mundo para los tra-ficantes colombianos. Washington gastóalrededor de dos tercios de sus US$ 17.8

billones de presupuesto antidrogas en 1999en interdicción y otras actividades relacio-nadas para restringir el flujo de drogasilícitas de Colombia y otras partes en elhemisferio hacia Estados Unidos. De he-cho, a lo largo de la década del noventa elgobierno de EU hizo un gran énfasis enactividades de interdicción como tácticaclave en su estrategia de guerra contra lasdrogas (Office of National Drug ControlPolicy, 1998: 42-52; GAO, 1999b).

Durante la mayor parte de la década delochenta, el cartel de Medellín dominó elmercado de droga colombiano y sus prin-cipales rutas de tráfico pasaban por (o so-

bre) el Caribe hacia Estados Unidos vía elsur de Florida y otros sitios a lo largo de lacosta Atlántica estadounidense. A medida

que estas rutas "tradicionales" comenzarona sufrir las presiones de la ejecución esta-dounidense de la Ley Antidrogas durantela segunda mitad de la década, se dio uncambio gradual de las rutas caribeñas aotras nuevas que pasaban por Centroamé-rica y México y a través de la frontera delsudoeste de Estados Unidos. A principiosde los noventa, un 70 a 80% de la cocaínafue introducida a Estados Unidos desdeColombia a través de México, mientras quesólo un 20 a 30% continuó entrando a tra-vés del Caribe (GAO, 1996; Office of

National Drug Control Policy, 1997:49-62).

Este dramático cambio en las rutas decontrabando, sin duda, fue provocado porlos grandes esfuerzos de interdicción de lasagencias de estadounidenses de ejecuciónde la ley y reforzado por el crecienteinvolucramiento del Ejército estadouni-dense (especialmente la Marina y la Fuer-za Aérea). El "éxito" en este frente en la

guerra contra las drogas, sin embargo, noresultó en una reducción en la oferta de co-caína (o heroína) en el mercado esta-dounidense, ni mucho menos en un au-mento en los precios de la calle durante ladécada del noventa. En la práctica, los tra-ficantes de Medellín y Cali eran muyadaptables y establecieron rápidamentenuevas rutas de contrabando para reem-

plazar las más viejas y riesgosas. En lugarde reducir el narcotráfico de Colombia ha-cia Estados Unidos, el crecimiento en lainterdicción en el Caribe más bien dispa-ró las actividades ilegales en América Cen-tral y México, junto con la consecuentecorrupción y violencia que típicamenteacompañan las actividades de narcotráfi-co a gran escala (Golden, 1997; Lupsha,1995).


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Inicialmente los carteles de la droga co-lombianos pactaron con las organizacionestraficantes mexicanas introducir su "pro-

ducto" a través de la frontera entre EU yMéxico sobre una simple base de cobro porservicio. A mediados de los noventa, sinembargo, dado que primero el cartel deMedellín y luego el de Cali fueron parcial-mente desmantelados por las autoridadesde ejecución de la ley de Estados Unidos yColombia, los mafiosos mexicanos comen-zaron a demandar productos en vez de di-nero en retorno por sus servicios. El papelexpansivo de los mexicanos en el tráfico de

drogas de los colombianos durante los no-venta incrementó sus utilidades ilícitas demanera exponencial y condujo a la conso-lidación de varios carteles mexicanos (elcartel de Juárez, el de Tijuana y el del Gol-fo) que pronto rivalizaron con las organi-zaciones colombianas en tamaño, utilida-des y violencia. De hecho, durante la se-gunda mitad de la década el surgimientode estas nuevas organizaciones criminalesen México desató en este país una ola sin

precedentes de violencia y corrupción porlas drogas que amenazó seriamente el na-ciente proceso de democratización del país(Dillon, 1997; Golden, 2000; Waller, 1999).

Durante la década pasada Washingtonrespondió al incremento en las actividadesde narcotráfico en la frontera entre Méxi-co y Estados Unidos reforzando el controlantidrogas por el suroeste y presionando aMéxico DF a cooperar más de lleno con las

autoridades estadounidenses en operacio-nes conjuntas de control antidrogas en lafrontera y en México. Aunque había sidoexitosa sólo parcialmente en comprometerla colaboración mexicana, dada la gran co-rrupción relacionada con las drogas exis-tente en ese país, la intensificación de lainterdicción había comenzado a presentar

un progreso significativo en reducir el flujo de cocaína y heroína colombianas en lafrontera. Se le dio un verdadero estímulo

a los esfuerzos de control antidrogas gra-cias a la fisura que se abrió a finales de losnoventa entre las organizaciones delnarcotráfico colombianas y las mexicanas,

por el exorbitante tamaño de la participa-ción mexicana en los beneficios del tráficode la cocaína. El estallido de violencia deaniquilación mutua entre familias rivalesde la mafia mexicana, especialmente des-

pués de la muerte del jefe del Cartel deJuárez, Amado Carrillo Fuentes (alias "El

Señor de los Cielos") en 1997, también con-tribuyó al declive del uso de rutas me-xicanas por parte de Colombia y, por ende,a un mayor éxito de la aplicación del con-trol antidrogas en la frontera (Riley, 2000;Sandoval, 2000).

Una vez más, sin embargo, este "éxito"de la interdicción estadounidense fue másaparente que real. A finales de la décadahabía clara evidencia de que los trafican-

tes colombianos habían comenzado areutilizar las rutas del Caribe. De maneracada vez más frecuente empezaron a salira la superficie reportes que indicaban quela cocaína y la heroína provenientes deColombia estaban transitando a través deRepública Dominicana, Haití, Cuba y Puer-to Rico hacia Estados Unidos. También ha-

bía una creciente evidencia del uso de con-tenedores a bordo de embarcaciones parala introducción de cocaína por los puertos

de la costa este de Estados Unidos y de unretorno a los swallowers y "muías" para eltransporte de heroína a través de viajes enaviones comerciales y cruceros. En 1999,quizá un 50% del tráfico de cocaína y deun 80 a 90% de heroína eran transporta-dos por el Caribe en lugar de México. Lalista de los países más utilizados como ru-


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tas de tránsito en el Caribe estaba encabe-zada por República Dominicana, Haití,Jamaica, Puerto Rico y Cuba. Este retorno

a las rutas más tradicionales fue posible, en parte, a causa de la decisión de Washing-ton unos años antes de trasladar cierto per-sonal de aduana del sur de la Florida a lafrontera suroccidental y, en consecuencia,dejar las rutas del Caribe y el sur de la Flo-rida expuestas de nuevo a la acción de losnarcotraficantes. Las severas recesionesque sufrieron muchas economías del Cari-

be insular durante la segunda mitad de ladécada indudablemente las hicieron más

vulnerables al tráfico de drogas y a la co-rrupción resultante (Rother, 1998; Reuters,2000a; Kidwell, 2000; The Associated Press,2000b).

El cierre de la base aérea Howard en Pa-namá en mayo de 1999, en cumplimientode las obligaciones adquiridas por Was-hington con el tratado de 1977 de devol-ver el control de la Zona del Canal a Pana-má a finales de siglo, redujo aún más las

capacidades de supervisión de EstadosUnidos sobre las actividades de narcotrá-fico en Colombia. Durante la década delnoventa, la Fuerza Aérea estadounidensehabía utilizado la base Howard como basede las operaciones de AWAC para moni-torear los tramos no cubiertos por las tresestaciones de radar estadounidenses ubi-cadas al sur de Colombia. Con la pérdidade Howard en 1999 comenzaron a surgirde nuevo vuelos cargados de drogas, es-

pecialmente a lo largo de la costa pacíficacolombiana. Las peticiones que el Coman-do Sur estadounidense ubicado en Miamile hizo al Pentágono en el sentido de acon-dicionar vuelos de supervisión en Cen-troamérica y América del Sur y el Caribefueron satisfechas sólo en el 43% de lasveces en 1999. El gobierno estadouniden-

se negoció los derechos para establecer una base aérea en Manta, Ecuador, para reem- plazar a Howard durante 1999, pero en fe-

brero de 2000 la construcción de las nue-vas instalaciones aún no había comenza-do (Johnson, 2000b).

A comienzos de 1998, la Fuerza Aéreacolombiana, al igual que su contraparte pe-ruana, comenzó a forzar el aterrizaje o aderribar aeronaves sospechosas de nar-cotráfico. Entre 1998 y 1999, varios avionesfueron interceptados. Seis fueron derriba-dos y otros 30 destruidos después de ate-rrizar. A principios de febrero de 2000 elministro de Defensa de Colombia, Luis Fer-nando Ramírez, anunció que el gobiernodel presidente Pastrana intentaría reforzarsus actividades de interdicción en el 2000con la ayuda de nuevo equipo proporcio-nado por la administración Clinton(Johnson, 2000c).

El declive de los carteles colombianos

En Colombia, pese a que los cultivos y eltráfico se expandieron de manera expo-nencial durante la década, los esfuerzoscombinados de los gobiernos de EstadosUnidos y Colombia sí tuvieron éxito en in-terrumpir significativamente las activida-des de narcotráfico de las dos principalesredes del país -los carteles de Medellín yCali- durante los noventa. A comienzos deesa década, después del asesinato del can-didato presidencial por el Partido Liberal,Luis Carlos Galán, cometido por sicarios

pertenecientes a la nómina del jefe del car-tel de Medellín, Pablo Escobar, el gobiernodel presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y luego el de César Gaviria Trujillo(1990-1994) incrementaron ataques concer-tados contra el cartel de Medellín. Hacia1994, después de la muerte de Pablo Esco-


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bar en un tejado durante un tiroteo enMedellín en 1993, el cartel de Medellínhabía sido desmantelado en su mayoría.

De igual manera, entre 1995 y 1996 el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-98) persiguió y efectivamente desmanteló elcartel de Cali (Bagley, 1990: 154-171;Clawson y Lee, 1998: 37-61).

Aunque algunos restos de ambas orga-nizaciones continuaron operando a nive-les más bajos de actividad (algunas vecesdesde la cárcel) durante finales de la déca-da del noventa, el desmembramiento deestas dos poderosas y violentas organiza-ciones transnacionales de narcotráfico a

principios de la década constituyó unlogro importante para las organismos en-cargados de la ejecución de la ley en Esta-dos Unidos y Colombia. En la época tran-quila de los años ochenta y principios delos noventa, el despiadado cartel deMedellín había sobornado, intimidado yasesinado una veintena de oficiales delgobierno colombiano a todos los niveles

para proteger sus operaciones de droga.Luego que el presidente Belisario Betancur(1982-86) comenzara a extraditar narcotra-ficantes colombianos a Estados Unidos trasel asesinato del ministro de Justicia RodrigoLara Bonilla ordenado por el cartel deMedellín en 1984, los capos de Medellínlanzaron una campaña narcoterrorista sis-temática contra el Estado colombiano di-señada para forzar al gobierno a detener

posteriores extradiciones. Su campaña re-sultó exitosa más adelante cuando en 1997,una Corte Suprema de Justicia colombia-na completamente intimidada finalmentedio su fallo de inconstitucionalidad al tra-tado de extradición entre Colombia y Es-tados Unidos. A mediados de la década delos ochenta, el cartel de Medellín era tanrico y poderoso que podía constituir una

amenaza directa para la seguridad estatalde Colombia. Por lo tanto, la aniquilacióndel cartel de Medeílín y de manera subse-

cuente el igualmente peligroso cartel deCali deben reconocerse como victorias im-

portantes en la guerra contra las drogas enColombia, pues su dimisión efectivamen-te obstaculizó el surgimiento de un "nar-coestado" en el país (Bagley, 1998: 71-92;Sweeny, 1995; Shifter, 1999:14-20).

La innegable importancia de los ataquesexitosos del gobierno colombiano a los car-teles de Medellín y Cali durante la décadano debe, sin embargo, oscurecer la reali-dad subyacente de la expansión progresi-va de los cultivos de droga y del nar-cotráfico en Colombia durante la segundamitad de los noventa. Tampoco debe dis-traer la atención de la acelerada corrosión

política que provino del aún próspero trá-fico ilícito del país. En la práctica, más querestringir el auge del tráfico de drogas dela nación, las muertes, extradiciones o en-carcelamientos de los "jefes" de los princi-

pales carteles crearon sólo interrupcionestemporales y relativamente menores en elflujo de contrabando de droga de Colom-

bia a los mercados de Estados Unidos yEuropa. De hecho, el vacío que dejó el ani-quilamiento parcial de los carteles de Caliy Medellín fue rápidamente llenado por elsurgimiento y proliferación de montonesde organizaciones de narcotráfico o "car-telitos" por toda Colombia, más pequeñasy menos notorias (aunque igualmente vio-lentas), las cuales se involucraron tanto enel tráfico de cocaína como en el comerciomás lucrativo y de veloz expansión de laheroína. A diferencia de los carteles deMedelíín y Cali, no obstante, estos nuevosgrupos más pequeños han mantenido re-lativamente bajos perfiles y han operadocasi siempre desde bases ubicadas en mu-


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chas de las ciudades intermedias o secun-darias y pueblos pequeños donde puedensobornar e intimidar a los oficiales locales

con el fin de obtener "protección" para susactividades en relativo anonimato (Presi-dencia de la República de Colombia, 1997:24-25; Semana, 1999b; Thomson, 1999).

Aunque es poco probable que planteenamenazas directas a la seguridad nacionalsimilares a las de los carteles de Medellín yCali a finales de los ochenta y principiosde los noventa, el surgimiento de estosnuevos carteles de boutique ha presentado

nuevos retos, tanto a los oficiales de ejecu-ción de la Ley Antidrogas colombianoscomo a los estadounidenses, que éstos nohan logrado superar de manera efectiva.A pesar de algunos "golpes" recientes ymuy publicitados contra los narcotra-ficantes, tales como la captura del capo Ale-

jandro Bernal (alias "Juvenal") -el sucesorde Pablo Escobar y su organización deMedellín- durante la "Operación Milenio"en octubre de 1999, el tráfico de droga en

Colombia continuó prosperando a co-mienzos del 2000. Sus efectos violentos ycorrosivos continúan permeando las insti-tuciones políticas y judiciales de Colombiade manera virtualmente constante y soca-va con severidad las posibilidades de unareforma económica efectiva en el país (Se-mana, 1999c; Semple, 1999).

La corrupción política en Colombia enrealidad precedió al surgimiento del narco-

tráfico de gran escala en el país. En efecto,está profundamente arraigada en la heren-cia colonial del país y en los patrones de

política elitista, gobierno patrimonial y re-

laciones patrón-cliente a través de los dossiglos que han transcurrido después de laindependencia. El narcotráfico y el fenó-

meno concomitante de violencia criminaly corrupción política que éste produce, seoriginó en Colombia a finales de los añossesenta y los setenta, en un contexto dedébil institucionalización del Estado, yaabundante en corrupción política y clien-telismo. La aparición y la expansión de or-ganizaciones criminales transnacionales

poderosas involucradas en el tráfico inter-nacional de drogas durante los años setentay ochenta fueron resultado de -y exacer-

baron significativamente- las debilidadesinstitucionales subyacentes del sistema

político colombiano. En los años ochenta y principios de los noventa, las enormesganancias obtenidas por los carteles enColombia en tráfico ilícito de drogas les

permitieron organizar y equipar su propioejército privado (grupos paramilitares) ysobornar e intimidar a los políticos colom-

bianos y los funcionarios del gobierno entodos los niveles. Como resultado, el sis-

tema de justicia colombiano prácticamentecolapso a finales de los años ochenta y

principios de los noventa, miembros clavede la Policía y el Ejército eran rutinaria-mente comprados y cerca del 60% de losmiembros del Congreso colombiano re-cibieron contribuciones ilícitas para suscampañas con el fin de garantizar su coo-

peración en asuntos cruciales tales comola extradición1.

La élite empresarial o el (sector priva-do) también resultó ser vulnerable y cóm-

plice, casi siempre aceptando pagos enefectivo, facilitando operaciones de lava-

1 Para análisis de los problemas de la corrupción institucional en Colombia, véase Roll (1997:117-134); Cepeda(1994,1996a, 1996b, 1997: 99-116).


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do de dinero mediante negocios legales,vendiendo propiedades a precios exorbi-tantes, entre otras. De hecho, durante ladécada del noventa casi siempre era im-

posible distinguir claramente entre activi-dades legales e ilegales del sector priva-do. Para ilustrar la profundidad del proble-ma, un reporte de febrero de 2000 emitido

por la llamada "Comisión de la Verdad"(compuesta por investigadores de variasentidades estatales) sobre corrupción en elsector bancario estatal reveló que durantelos últimos diez años cerca de 7.2 billones

de pesos habían sido sustraídos sistemá-ticamente de seis bancos pertenecientes alEstado. Como resultado de este enorme es-cándalo financiero, se han emprendidomás de 1.200 procesos criminales contra

banqueros, hombres de negocios, líderessindicales, congresistas, ex ministros y

burócratas de alto nivel. En palabras del ac-tual Fiscal General de la Nación, AlfonsoGómez Méndez, esta corrupción del sec-tor privado y público "es aún más peligro-sa [para el país] que los grupos armadosque operan al margen de la ley" (Semana,2000a). De hecho, según Transparency

International, en 1999 Colombia se posi-cionó no sólo como uno de los países másviolentos, sino como uno de los más co-rruptos del planeta.

Durante la década del noventa, bajoconsiderable presión de Estados Unidos,

Bogotá logró refrenar, al menos parcial-mente, la rampante corrupción y la violen-cia criminal en aumento producto de loscarteles de Medellín y Cali. No obstante,las campañas relativamente exitosas querealizó Colombia en contra de estas dos

principales organizaciones criminales deningún modo eliminó la corrupción rela-

cionada con la droga en el país. De acuer-do con pronunciamientos recientes delgobierno estadounidense,

la corrupción prevaleciente en todos los sec-tores del gobierno colombiano fue un fac-tor crucial que afectó las operacionesantinarcóticos y ... la corrupción relaciona-da con la droga en todas las ramas del gobierno continuó socavando la efectividad delas acciones antinarcóticos de Colombia(GAO, 1999c, 2000).

Las FARC y el comercio de drogasde Colombia

Los problemas que enfrentaron las autori-dades de ejecución de la Ley Antidrogasque trabajaban en Colombia durante la dé-cada estaban compuestos por el crecienteinvolucramiento de la principal organiza-ción guerrillera en Colombia -las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia,FARC- en el cultivo de drogas y en activi-dades de narcotráfico. El eclipse de los car-teles más importantes abrió mayores opor-tunidades para que el ejército guerrillerode 20.000 hombres de las FARC sacara pro-vecho de la próspera industria de la drogaen el país. Lo lograron mediante el cobrode impuestos a los campesinos cultivado-res en sus zonas de influencia y a través dela contratación de sus servicios a las orga-nizaciones traficantes para proteger suscultivos, los laboratorios de procesamien-to y las pistas de aterrizaje (Semana, 1999d).A finales de la década del noventa una li-mitada evidencia sugería que unos pocos"frentes" de las FARC pudieron inclusocomenzar a operar sus propias instalacio-nes de procesamiento en áreas remotas del

país, aunque no había señales de que hu- biera personal de este grupo guerrillerocomprometido en actividades internacio-


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nales de tráfico de drogas fuera de Colom- bia (Ambrus y Contreras, 1999; Reuters,1999a). Las altas cúpulas de las FARC con-

tinuaron negando las acusaciones sobre lavinculación de la organización con elnarcotráfico: "La verdad es que no depen-demos de la coca" (García, 2000). Pero elgeneral Fernando Tapias, Comandante delas Fuerzas Armadas de Colombia, insistióen que el caso era lo opuesto:

No creo que nadie en Colombia o en el mun-do pueda dudar de los vínculos existentesentre el narcotráfico y los grupos rebeldes

(The Associated Press, 2000c).

A finales de la década, los cálculos delgobierno colombiano estimaron las ganan-cias totales de las FARC por el tráfico dedrogas en 400 millones de dólares anua-les. Agregado a los aproximadamente US$500 millones al año que se cree que lasFARC ganan por sus actividades más "tra-dicionales" (recaudación de "impuestos"revolucionarios a terratenientes, secuestro,extorsión, robo, "comisiones" recogidas degobiernos y negocios locales, y sus propiasinversiones), el ingreso total de las FARCen 1999 pudo haber llegado a los US$900millones2.

Si bien los ingresos del tráfico de dro-gas han apoyado financieramente a lasFARC, sería un error concluir que el dine-ro proveniente de las drogas fue en el

pasado, o sigue siendo, esencial para lacontinuidad de la guerra de las FARC con-tra el gobierno colombiano. En primer lu-

gar, hay una serie de "frentes" de las FARCque nunca han dependido de la "renta" dela coca o la amapola para sostener sus acti-vidades. En segundo lugar, una caída enlos ingresos de las drogas se puede suplir,con toda probabilidad, incrementando lasganancias con secuestros, extorsión e "im-

puestos" revolucionarios a los campesinos,terratenientes, empresarios y multinacio-nales extranjeras. Por lo tanto, la elimina-ción de la economía clandestina de la dro-ga en Colombia, si alguna vez ocurriera,no terminaría automática ni inevitable-mente la guerra de cuarenta años que halibrado la guerrilla en el país, la cual hacobrado más de 35.000 vidas sólo en la úl-tima década (Reyes, 1999).

Sin embargo, alimentadas en buena parte por ganancias relacionadas con lasdrogas, las FARC crecieron a paso firme ennúmero y armamento durante la décadadel noventa. En la segunda mitad de esadécada, con frecuencia fueron capaces dederrotar o castigar severamente las fuerzascolombianas en combate. La decisión de laadministración Clinton de "descertificar"a Colombia en 1996 y 1997 (principalmente

por la supuesta aceptación por parte del presidente Samper de US$6.1 millones encontribuciones de campaña del cartel deCali durante su contienda presidencial en1994) condujo a una reducción sustancialde la ayuda estadounidense a Colombia.Como era de esperarse, estas reduccionescontribuyeron al deterioro de la capacidaddel Ejército colombiano de combatir a lasFARC de manera efectiva. El creciente ta-

2 Es extremadamente difícil obtener información precisa de las ganancias de las FARC como producto desus actividades con la droga y, por lo tanto, los cálculos varían ampliamente de US$100 millones a US$600millones anualmente. Las cifras presentadas aquí están basadas en entrevistas con informantes expertosrealizadas por el autor en Colombia en noviembre de 1999. Para discusiones sobre las fuentes de ingresosde las FARC, véase Semana (1999e); Farra (1999); Agencia EFE.(1999).


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maño y fuerza de las FARC fue, a su turno,un factor clave detrás de la decisión del

presidente Pastrana de promover una nue-va y ambiciosa iniciativa de paz dirigida alas FARC poco después de su posesión enagosto de 1998.

EL PROCESO DE PAZ DEL PRESIDENTEPASTRANA Y LA ZONA DE DESPEJE

Aunque el progreso en estas negociacionesde paz fue terriblemente lento durante los

primeros 18 meses de su administración,el presidente Pastrana y el jefe de las FARC,Manuel Marulanda Vélez (alias "Tirofijo")acordaron en noviembre de 1998 estable-cer una zona desmilitarizada de 42.000 ki-lómetros (zona de despeje) en el departa-mento de Caquetá. En efecto, dicho acuer-do obligó a las fuerzas de seguridad delgobierno a retirarse completamente de esteterritorio (del tamaño de Suiza) en la re-gión de los Llanos Orientales y le prohibióconducir operaciones militares e incluso deinteligencia en el área. La lógica detrás dela creación de la zona de despeje por partedel gobierno Pastrana, fue demostrar susintenciones pacíficas y facilitar los diálogosde paz con las FARC al crear un área de"distensión" en la cual las negociaciones

pudieran llevarse a cabo físicamente3.

En la práctica, la zona pronto se convir-tió en una especie de santuario para lasFARC. Unas 5.000 tropas están estaciona-das permanentemente allí y se han vueltoel gobierno de jacto en el área. La crecienteavalancha de críticas al presidente Pastra-na tanto al interior como fuera de Colom-

bia (incluyendo a muchos miembros del

Congreso de Estados Unidos) han denun-ciado en repetidas ocasiones la creación dela zona de despeje como un signo de que

el mandatario le está "entregando" el paísa las FARC, al tiempo que está permitien-do la consolidación de una "narcoguerrilla"al interior del territorio nacional. Duranteel último año y medio las fuerzas de lasFARC que operan en la zona han sido acu-sadas con frecuencia de violar tanto la le-tra como el espíritu del acuerdo al ejecu-tar asesinatos selectivos, albergar víctimasde secuestro, amenazar alcaldes y jueceslocales, conducir investigaciones y captu-

ras ilegales, detener civiles inocentes, re-caudar dineros públicos, reclutar niños ensus filas, entrenar nuevas tropas y coman-dos terroristas y construir baterías an-tiaéreas y otras fortificaciones militares

para fortalecer sus defensas. También hansido culpadas de explotar alrededor de35.000 hectáreas de coca dentro de la zona,comprar hoja de coca a los campesinos delos departamentos circundantes (Meta,Guaviare, Caquetá, Putumayo) y venderla

directamente a los carteles de la droga, asícorno de utilizar las 37 pistas de aterrizajea su disposición dentro de la zona desmili-tarizada para llevar por aire la cocaína pro-cesada a prácticamente cualquier parte del

país (Ambrus y Contreras, 1999).

Las fuentes de inteligencia de Colom- bia y EU también creen que las FARC hanutilizado la zona de despeje y sus ganan-cias ilícitas de la coca y otros ingresos para

emprender un programa de rearme duran-te los últimos 18 meses. A mediados de ju-nio de 2000 el general Tapias calculó quedurante el último año y medio las FARC

3 Para su declaración original d e intenciones en relación con el proceso de paz, véase Pastrana (1998); Tokatlian(1999: 339-360).


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habían adquirido más de 20.000 rifles deasalto provenientes de Alemania Oriental

junto con lanzadores de granada, morte-

ros, misiles antiaéreos SAM-12, equipossofisticados de comunicaciones electró-nicas, y su propia fuerza aérea, pequeñaaunque en crecimiento. Desde 1997, tres pi-lotos estadounidenses que volaban en mi-siones de interdicción antidrogas sobre elsur de Colombia para DynCorp, una con-tratista militar privada estadounidense,han muerto en accidentes de avión. A me-diados de 1999, un avión DeHavilland RC-7 de la Armada estadounidense dotado de

un sofisticado equipo de inteligencia parainterceptar comunicaciones por radio y te-léfono celular, cayó en las selvas del sur deColombia mientras realizaba un patrulla]eoficial antinarcóticos de rutina; los cincotripulantes del Ejército estadounidense quese encontraban a bordo murieron en el ac-cidente. No hay evidencia que indique quelas FARC fueron responsables de derribarestos aviones. Sin embargo, se ha reporta-do ampliamente que las FARC han adqui-

rido suficiente poder armamentista parahacerlo en el futuro. Sólo durante enero de2000, las FARC dispararon misiles RPG-7contra aeronaves ocho veces, aunque nose reportaron aciertos (Agence Frunce Press,2000b; Washington Post, 1999; Semana, 1999f,1999g; Hammer e Isikoff, 1999).

Los paramilitares, los derechos humanosy el tráfico de drogas

Al igual que sus rivales izquierdistas de lasFARC, las fuerzas paramilitares derechis-tas de Colombia (Autodefensas Unidas deColombia, AUC), conformadas aproxima-damente por 7.000 hombres, también sefinancian, al menos en parte, con impues-tos del tráfico de drogas en las áreas bajosu control. En una entrevista televisada

al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a principios de enero de 2000, éste admitióabiertamente por primera vez que sus fuer-

zas de "autodefensa" basadas en el noroes-te de Colombia le cobraban rutinariamen-te un 40% de impuestos a los campesinos

productores de coca. De hecho, los conflic-tos más sangrientos entre las guerrillas ylos paramilitares en Colombia durante la

pasada década se han llevado a cabo en re-giones ricas en recursos naturales (petró-leo, oro o esmeraldas) o en cultivos de dro-gas (The Associated Press, 2000d).

Apoyados por muchos grandes terrate-nientes, narcotraficantes y segmentos delEjército, los paramilitares virulentamenteanticomunistas han sido primor dialmen teresponsables de oleadas de masacres a ci-viles que han arrasado a Colombia en laúltima década. Sólo entre 1998 y 1999 elíndice de masacres aumentó al44%, dejan-do más de 2.000 civiles colombianos muer-tos en 1999 (Human Rights Watch, 2000).Sus sistemáticos ataques a civiles sospecho-sos de ser "simpatizantes", en lugar de las

propias guerrillas, provocaron el desplaza-miento de casi dos millones de colombia-nos durante la década del noventa. A pe-sar de la crueldad de los "paras", el miedoa los rebeldes izquierdistas se ha vuelto tangeneralizado que el 60% de los colombia-nos consultados en una encuesta realiza-da en 1999 declararon que no apoyabanque se desbandaran los grupos de autode-fensa. Además, una mayoría entrevistadaen la misma encuesta afirmó que queríanque intervinieran tropas estadounidenses

porque su propio gobierno era incapaz de protegerlos (Robinson, 1999-2000: 64).

Las FARC, junto con la mayoría de losgrupos de derechos humanos dentro y fue-ra de Colombia, han denunciado en repe-


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tidas ocasiones la existencia de instanciasde coalición entre los grupos de autode-fensa y las fuerzas de seguridad del gobier-

no durante la última década. De acuerdocon Marulanda, los grupos paramilitaresson una expresión oficial de la política es-tatal. Cuando los paramilitares entran auna zona, las unidades del Ejército en elárea usualmente descuidan sus activida-des. En múltiples ocasiones, se ha reporta-do que el Ejército ha proporcionado comu-nicaciones y apoyo logístico para operacio-nes paramilitares. A mediados de 1999,cuando un grupo de rebeldes de las FARC

atacó y rodeó la sede del líder de las AUCCarlos Castaño, tropas del Ejército se apre-suraron a su rescate. Para refutar la opinióndel alto comandante sobre la inexistenciade lazos estrechos entre los "paras" y elEjército, en 1999 las EARC distribuyeron lis-tas de bases de paramilitares, frecuenciasradiales utilizadas para comunicarse conunidades del Ejército y los nombres de ofi-ciales que actuaban como mediadores(Human Rights Watch, 1996; revista Cam-bio, 1999).

Tales vínculos entre paramilitares y mi-litares indudablemente constituyen enor-mes impedimentos para cualquier progre-so futuro en las actuales negociaciones de

paz de Bogotá con las FARC. Conscientede esto, en 1999 el presidente Pastrana re-levó a cuatro generales del servicio militaractivo por sus conexiones con los parami-litares y envió a uno de ellos a juicio. Tam-

bién completó el desmantelamiento de la

infame Brigada XX (Brigada de Inteligen-cia) que había sido estrechamente relacio-nada con bandas paramilitares derechistas

durante años, y comenzó el proceso de re-organización y modernización de la inteli-gencia militar con ayuda de Estados Uni-dos. Sin embargo, los lazos persisten y lasconfrontaciones entre el Ejército y los para-militares continúan siendo extremadamenteescasas (Reuters, 1999b; Martínez, 1999).

En reconocimiento de la creciente par-ticipación de los paramilitares en el tráficode drogas y su récord como los peores

abusadores de los derechos humanos enColombia, a mediados de enero de 2000oficiales del gobierno estadounidense ins-taron a la administración Pastrana a tomarmedidas más enérgicas para eliminar lasactividades paramilitares en el país. Segúndeclaraciones públicas de Washington, laeliminación de estos grupos de autodefen-sa continúa siendo un paso esencial en elcamino hacia la paz y el restablecimientode la ley y el orden en el país (Agence Tran-ce Presse, 2000b)4. Por su parte, Castaño sos-tiene que el gobierno colombiano en últi-mas tendrá que otorgar amnistía a sushombres e incluir a las AUC en las nego-ciaciones de paz, o de lo contrario el pro-ceso de paz fracasará (El Tiempo, 2000a).

El ELN, el EPL, el ERP y la búsquedade la paz

La búsqueda de una resolución pacífica del

conflicto por parte de la administración

4 En una visita anterior a Washington en marzo de 2000 para hacer lobby a los legisladores del paquete deayuda de Clinton, el Vicepresidente colombiano Gustavo Bell Lemus declaró que siete comandantes de laalta cúpula del Ejército habían sido relevados recientemente de sus cargos por parte de la administraciónPastrana por colaborar con los grupos paramilitares de derecha. Así mismo, anunció que siete miembros paramilitares habían sido dados de baja y 42 habían sido capturados por fuerzas del gobierno en los dos primeros meses de 2000 (Gedda, 2000).


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Pastrana se ha complicado por la presen-cia de otros tres movimientos insurgentesarmados de izquierda en Colombia. Éstos

incluyen el Ejército de Liberación Nacio-nal (ELN), el Ejército Popular de Liberación(EPL) y el Ejército Revolucionario del Pue-

blo (ERP). Con aproximadamente 5.000combatientes, el ELN, de orientación cas-trista, es el segundo grupo rebelde de iz-quierda en el país. Al igual que las FARC,opera por todo el territorio nacional. Sinembargo, a diferencia de las FARC, el ELNno parece haberse comprometido sistemá-ticamente en actividades de narcotráfico

durante la década del noventa. En cambio,ha financiado sus operaciones principal-mente a partir de extorsiones a compañíasmultinacionales que explotan las áreas pe-trolíferas de Colombia y volando (50 a 100veces al año) el oleoducto de 900 kilóme-tros que transporta crudo de diferentesáreas a lo largo de la frontera con Venezue-la a instalaciones portuarias en la costa nor-te. También ha obtenido sus recursos del

pago de rescates (Semana, 1999i, 1999J,

1999k).

Desde el comienzo de las negociacio-nes de Pastrana con las FARC, el ELN bus-có participar en el proceso de paz en piede igualdad. En lugar de incluir al ELN enel diálogo del gobierno con las FARC, sinembargo, el presidente Pastrana optó portratar con el ELN por separado en un esce-nario paralelo de diálogos de paz. Si bienestas negociaciones se desarrollaron de

manera variable durante los primeros 18meses, no se alcanzó un progreso sustan-cial. Adicionalmente, Pastrana se rehusóconstantemente a ceder a la demanda delELN para la creación de una zona dedespeje en el norte de Colombia, en el de-

partamento de Bolívar, similar a la que leotorgó a las FARC en el sur de Colombia,

aunque más pequeña (El Tiempo, 2000b; El Espectador, 2000).

A mediados de enero de 2000, el ELNefectuó una serie de ataques durante unasemana a 28 torres eléctricas en los depar-tamentos de Antioquia y Chocó y dejó elsistema eléctrico del país al borde del co-lapso. En una entrevista radial en enero 19de 2000, Nicolás Rodríguez -el comandan-te de mayor rango del ELN- declaró quesu grupo había "perdido la paciencia" conla estrategia de paz del gobierno y prome-tieron que sus fuerzas continuarían sus se-

cuestros de alto perfil y sus operaciones desabotaje en señal de protesta. "La clasedirigente sólo escucha la voz de la dinamitay los rifles" (The Associated Press, 2000e).Los voceros del Ejército colombiano ad-mitieron francamente que sería virtual-mente imposible para las Fuerzas Arma-das proteger las 15.000 torres de transmi-sión eléctrica que están repartidas por todala nación. Sólo en 1999 los rebeldes izquier-distas dinamitaron 169 torres y causaron

pérdidas de US$13.2 millones a la econo-mía nacional (Baena, 2000a; El Tiempo,2000c; Acosta, 2000a).

Tras estos ataques destructivos a losoleoductos, el gobierno Pastrana reabriónegociaciones con el ELN y aceptó la peti-ción del ELN para la creación de una zonade despeje en el sur de Bolívar donde elELN pudiera celebrar su convención na-cional y comenzar diálogos de paz con el

gobierno. Inflexiblemente opuestas a estaconcesión al ELN, y decididas a controlarlas actividades de producción de coca y oroen el área, a mediados de febrero de 2000las AUC llevaron a cabo una serie de bru-tales masacres en las comunidades campe-sinas asociadas a este grupo guerrillero, di-rigidas a evitar la consolidación de una


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zona de despeje del ELN en la región. Laintensidad y extrema crueldad de la reden-te campaña militar de las AUC al sur de

Bolívar reflejan tanto la profundidad y elgrado de resentimiento de su rivalidad conel ELN, como las altas utilidades económi-cas que subyacen en la lucha entre guerri-lleros y paramilitares en la región. A corto

plazo, al menos, parecía haber poca probabilidad de que la complicada situaciónde fondo permitiera a la administraciónPastrana avanzar con los planes para crearuna nueva zona de despeje al sur de Bolí-var. Aún en medio del baño de sangre, sinembargo, los diálogos entre el gobierno yel ELN continuaron en Venezuela5.

Por su parte, el EPL, con menos de 500combatientes, era mucho más pequeño quelas FARC o el ELN a finales de los añosnoventa. Sus principales bases de opera-ción están localizadas en los departamen-tos nororientales de Cesar, Santander y

Norte de Santander cerca de la frontera conVenezuela. Al igual que el ELN, el EPL pa-rece haberse mantenido al margen del trá-fico de drogas, y en su lugar se ha concen-trado en actividades de extorsión, secues-tro y asesinato para financiarse. En los añosochenta el EPL gradualmente fue abando-nando su ideología radical maoísta y, a

principios de la década del noventa, nego-ción un acuerdo de paz con Bogotá quecondujo al grueso de sus miembros (casi3.000) a entregar las armas y reinsertarse ala sociedad civil. Los miembros disidentesrestantes del EPL, dirigidos por HugoCarvajal (alias "El Nene"), se negaronconstan-

temente a entrar a negociaciones de pazcon el gobierno Pastrana. Con la muerte deCarvajal en enero 12 de 2000, como resul-

tado de las heridas recibidas en un combatecon tropas del Ejército colombiano el 31 dediciembre de 1999, el papel que el EPL

puede cumplir, de tener alguno, en el ac-tual proceso de paz en Colombia siguesiendo poco claro (Agencia Trance Presse,2000c; Reuters,2000b)6.

Con únicamente 150 combatientes, elERP era el más pequeño y el menos cono-cido de los cuatro grupos guerrilleros aún

activos en Colombia a comienzos del 2000.Sus orígenes se remontan a una divisióndentro del ELN que aconteció en agosto de1996 durante el Tercer Congreso Ideológi-co del ELN. Su principal base de operacio-nes se localizaba en el norte de Colombia,en las áreas de frontera de los departamen-tos de Antioquia, Sucre y Bolívar. Bajo cons-tante persecución por parte de CarlosCastaño y sus fuerzas paramilitares, espe-cialmente al sur de Bolívar, en 1998 las gue-

rrillas del ERP, con el respaldo del Frente37 de las FARC, buscaron refugio en la re-mota región de los Montes de María en eldepartamento de Bolívar, a lo largo de lafrontera con Sucre. Dado su reducido ta-maño y su inhabilidad para mantener suterritorio lejos de la presión de las AUC, elERP no ha sido un factor significativo en elcultivo o tráfico de drogas (Semana, 2000c).

Después de un prolongado período de

inactividad, el ERP resurgió a finales de1999 -tomando ventaja de la tregua navi-

5 Desde mediados de febrero, las unidades paramilitares han asesinado más de 60 personas sospechosas desimpatizar con el ELN (The Associated Press: 2000f; Semana, 2000b; Baena, 2000b).

6 El 7 de marzo de 2000, una víctima de secuestro del EPL recientemente liberada anunció a la prensa queeste grupo había decidido entrar en diálogos de paz con el gobierno Pastrana (El Tiempo, 2000d).


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deña entre el gobierno de Pastrana y lasFARC- cuando emprendió una serie de"pescas milagrosas" altamente publicitadas

a lo largo de la frontera entre Sucre y Bolí-var. A mediados de febrero de 2000 las AUCreanudaron sus ataques al ERP con asaltosa varios corregimientos cerca a Ovejas,Sucre, en los cuales murieron cerca de 70

personas. A finales de febrero, los reportessobre intensos combates entre las AUC yel ERP en la región de Montes de Maríaindicaron que las ofensivas de las AUC con-tinuaron escalando. Al igual que el EPL, elERP no participó en las negociaciones de

paz con el gobierno durante los primerosdieciocho meses de la administraciónPastrana, pero sus recientes derrotas encombate contra las AUC puede forzarlo aconsiderar ingresar al proceso de paz enlos meses venideros o enfrentar su aniqui-lación (Semana, 2000c).

Los secuestros para cobrar rescates in-dudablemente se convirtieron en una delas principales fuentes de financiamiento

para los cuatro grupos guerrilleros en losnoventa. A comienzos del 2000, las FARCtenían en cautiverio a 850 personas. El ELNtenía a otras 702, el EPL a 200 y el ERP unadocena. Durante 1999 las AUC secuestra-ron 120 personas, lo cual reflejó un incre-mento de seis veces en sus actividades desecuestro con respecto al año anterior. En1999 el número total de secuestros repor-tados en Colombia aumentó a 2.945 casos,comparado con los 2.216 del año anterior

(un 33% de intensificación con respecto alos niveles de 1998), con lo cual Colombiarompió su propio récord de secuestros enel mundo (The Associated Press, 2000g;

Reuters, 2000c).

Esta creciente ola de secuestros no sólocomplicó los esfuerzos de paz de Pastrana,

sino que también contribuyó a un progre-sivo éxodo de colombianos de clase mediaalta y alta que huyeron de su país en con-

flicto hacia Estados Unidos. De acuerdo conlos cálculos del gobierno colombiano,800.000 personas -el 2% del total de la po-

blación colombiana- han abandonado el país en los últimos cuatro años. Sólo en1999,366.423 colombianos solicitaron visasde no inmigrantes a Estados Unidos, encomparación con 150.514 en 1997. Casi trescuartos de las solicitudes de no inmigrantesy más de la mitad de las 11.345 de inmi-grantes fueron otorgadas en 1999. Además,

aunque aún son pocas en términos abso-lutos (sólo 334 durante los 12 meses quevan del último trimestre de 1998 hasta sep-tiembre de 1999), las solicitudes de asilo

político por parte de colombianos tambiénhan comenzado a aumentar sustancial-mente (396 en el último trimestre de 1999).La tasa de aprobación de solicitudes de asi-lo también ha aumentado de 19% en 1998a 46% a finales de 1999 (Rother, 2000).

Actualmente hay, por lo menos, 60.000a 80.000 colombianos viviendo y trabajan-do ilegalmente en Estados Unidos que lehan pedido a la administración Clintonotorgarles status de protección temporal

para permanecer en el país legalmentehasta por 18 meses (Travierso, 2000). TantoClinton como Pastrana se han opuesto pú-

blicamente a un cambio de ese estilo en laLey de Inmigración estadounidense soste-niendo que, de ser aprobada, precipitaría

un éxodo de colombianos aún mayor y, porlo tanto, exacerbaría los serios problemasde "fuga de cerebros" y fuga de capital yaexistentes en la nación. Pastrana ha exhor-tado a sus compatriotas a quedarse en Co-lombia y a apoyar su iniciativa de paz enlugar de irse. Necesita que trabajen e in-viertan en Colombia y paguen sus impues-


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tos al gobierno con el fin de tener la oportu-nidad de reactivar la economía en recesióny restablecer la estabilidad política. Sin

embargo, la intensificación de la violenciay la inseguridad tanto en las áreas ruralescomo urbanas ha llevado a un mayor nú-mero de personas a optar por la inmigra-ción. El "movimiento de paz" que crece confuerza en el país y que en años recientesha movilizado a millones de colombianosa marchar o a manifestarse a favor de la

paz hasta la fecha ha tenido poco impactoreal en el ritmo de las negociaciones de paz,así como en la creciente violencia armada

y los secuestros que convulsionan a lanación7.

Violencia, migración interna ycatástrofe social

En los 15 años que transcurrieron entre1985 y 2000, las guerras internas de Colom-

bia desplazaron cerca de 1.7 millones decolombianos de sus lugares de origen. En1999, al menos 225.000 personas fueron

extraídas de sus hogares, comunidades yde sus medios de sustento por violenciaasociada a la política y a las drogas. De és-tas, aproximadamente 53% eran mujeresy niños. En contraste con los pocos privile-giados de estratos altos que han logradoinmigrar a Estados Unidos, la vasta mayo-ría de desplazados de bajos recursos enColombia está condenada a rondar por el

país como emigrantes internos en busca detrabajo, alimento, techo y seguridad. A

mediados de 1999 la ONU reportó que la

actual ayuda y otros esfuerzos del gobier-no colombiano para asistir a los desplaza-dos "han sido absolutamente insuficientes,

lo cual ha causado una deplorable situa-ción de sufrimiento humano" (Kovalesky,1999; Reuters, 1999c).

Un estudio realizado en 1999 sobre po- blación desplazada en Colombia revelóque los grupos paramilitares son respon-sables del 47% de los desplazamientos for-zados en años recientes. Las guerrillas -es-

pecialmente las FARC y el ELN- fueron ha-lladas responsables del 35%. Las fuerzas deseguridad del Estado dan cuenta del 8%,los grupos criminales desconocidos del 7%y los narcotraficantes del 1% (Codhes,1999).

La mayor parte de los desplazados hasido forzada a huir de sus pueblos comoresultado de incursiones, masacres, ame-nazas de muerte e incautación de tierras

perpetradas por las milicias de ultradere-cha o las guerrillas izquierdistas. De hecho,muchos observadores sostienen que tantolos grupos paramilitares como los insur-gentes marxistas emplean estrategias de"limpieza" regional sistemática para libraráreas de gente que no los apoya y poste-riormente ceder estas tierras abandonadasa sus seguidores o miembros de su familia.Los bombardeos antiguerrilla de la FuerzaAérea Colombiana y los ataques militares,sin embargo, han sido factores que hancomplicado significativamente la situaciónen muchas áreas rurales, al igual que la

7 En marzo 11 de 2000, Francisco Santos, periodista del periódico El Tiempo y líder del movimiento de pazPaís Libre que organizó las marchas por la paz en octubre de 1999, en las cuales participaron cerca de 12millones de colombianos fue forzado al exilio en Estados Unidos después del descubrimiento de un plande las FARC para asesinarlo. En total, nueve periodistas colombianos han sido asesinados en Colombia por parte de varios grupos armados en los últimos 15 meses, más de trescientos han recibido amenazas demuerte y al menos 11 además de Santos se han ido al exilio (Agence France Press, 2000d).


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campaña antidrogas que está llevando acabo Colombia -particularmente la fumi-gación aérea de coca y cultivos de amapo-

la- con el respaldo de Estados Unidos(Kovalesky, 1999).

Algunos de los desplazados logranencontrar refugios con familiares en comu-nidades vecinas, pero con la constante in-tensificación de la violencia esta "solución"casi siempre los ha dejado expuestos al ries-go de ser desarraigados una segunda e in-cluso una tercera vez en pocas semanas omeses. Los pocos campos de refugiados

establecidos por el gobierno que están dis- ponibles están típicamente superpobladosy frecuentemente vulnerables a tomas vio-lentas de un lado o de otro en los conflic-tos que convulsionan las áreas rurales dela nación. Decenas de miles de personasno tienen otra alternativa que engrosar lasfilas de emigrantes rurales que se ven obli-gados a trabajar en los campos de coca yamapola como "raspachines" cosechandohojas de coca o recogiendo goma de opio

de las flores de amapola -el único empleolucrativo que queda en muchas áreas ru-rales aquejadas por la violencia (Kovalesky,1999).

Cientos de miles de otros desplazadoshan emigrado del campo a las áreas urba-nas de Colombia en donde la vivienda, laeducación, la salud y el trabajo son esca-sos, especialmente a causa de la profundarecesión económica del país a finales de losnoventa (El Tiempo, 2000e). En consecuen-cia, la mendicidad, la prostitución y lacriminalidad en los centros urbanos enColombia se dispararon en esta década. Elcaso de Medellín es ilustrativo, ya que des-

pués del fin del cartel a principios de losnoventa, esta ciudad fue testigo de la pro-liferación de bandas criminales de jóvenes

-unas 138, según reportes recientes- casisiempre filiadas a organizaciones crimina-les más grandes (Johnson, 2000c). Bogotá,

Cali y otras ciudades principales han su-frido incrementos dramáticos similares enel crimen y la delincuencia común durantela última década (Rother, 1999).

La escalada en la violencia y el des- plazamiento masivo de población en elcampo también han conducido a miles decampesinos desposeídos a las filas de lasguerrillas o los paramilitares. Aunque am-

bos lados niegan que pagan a sus tropas

salarios habituales, sí admiten que realizan pagos de estipendios irregulares a jóvenesempobrecidos de las áreas rurales (o a susfamilias) como parte de sus esfuerzos parareclutar nuevos combatientes en sus orga-nizaciones. Los niños de 8 a 10 años deedad son utilizados como espías o explo-radores y los adolescentes (tanto niñoscomo niñas) son habitualmente entrenadosy dispuestos como combatientes. Algunossimplemente son secuestrados y otros son

retenidos, contra su voluntad, a cambio de pagos de "impuestos" o reembolsos dedeudas familiares. Pero muchos de los des-

plazados en Colombia encuentran queunirse a uno u otro bando es su única op-ción de vida viable que les queda (Johnson,2000c).

Las guerrillas marxistas frecuentementeorganizan sesiones políticas de "toma deconciencia" en las comunidades campesi-nas en donde ejercen influencia para atraernuevos adherentes a sus grupos y propor-cionan alimentos, asilo, uniformes, armase incluso educación básica a los jóvenes quese enlistan en sus filas. El adoctrinamientoideológico marxista es una parte integraldel entrenamiento para nuevas incorpora-ciones. Los paramilitares esgrimen doctri-


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nas anticomunistas pero están típicamen-te menos involucrados con la ideología quelos rebeldes. Ellos se valen primordialmen-

te de incentivos materiales y deseos devenganza contra las guerrillas para atraerreclutas. Entrevistas con antiguos insur-gentes que han sido capturados por losmilitares o han desertado rebelan que po-cos adolescentes expresan firmes convic-ciones ideológicas marxistas y que muchoshablan de cambiar de bando -sea de unir-se a los paramilitares o a una banda cri-minal- una vez que sean liberados de lacustodia. En resumen, para muchos jóve-

nes desplazados la decisión de integrarsea la guerrilla o a las milicias es una "esco-gencia económica racional" dictaminada

por el grupo que domina en un área o re-gión particular, más que por un compro-miso ideológico. La falta de programas yrecursos gubernamentales adecuados paramanejar el problema de las masas de des-

plazados literalmente deja a muchas per-sonas sin ninguna alternativa económicarealista. Inclusive si los conflictos internos

en Colombia finalmente dieran lugar al es-tablecimiento de una paz formal, las tasasde criminalidad continuarán subiendo ver-tiginosamente entre los jóvenes y adultossin educación, desempleados y desadapta-dos que han sido desarraigados forzosa-mente de sus hogares y familias e irrepara-

blemente traumatizados por la violenciaque han tenido que enfrentar (Johnson,2000c; Prieto San Juan, 1998: 39-68).

Los conflictos internos en Colombia yla seguridad regional

La iniciativa de paz del presidente Pastranatambién se ha visto obstaculizada por lascrecientes repercusiones de los conflictosinternos de la nación a los países aledaños.Las guerrillas, los paramilitares y narcotra-

ficantes colombianos actualmente suelencruzar los territorios vecinos de Panamá,Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador para re-

fugio seguro, reservas, tráfico de armas ynarcotráfico. Los incidentes de secuestrosy asesinatos transfronterizos también hanaumentado dramáticamente en años re-cientes. Y miles de campesinos desplaza-dos han buscado protección al otro lado delas fronteras en Venezuela y Panamá.

Después que el presidente HugoChávez asumiera la presidencia en Vene-zuela en febrero de 1999, las relaciones

colombo-venezolanas se deterioraron rá- pidamente. Chávez acusó inmediatamen-te a Colombia de no ser capaz de controlarsus fronteras apropiadamente y luegoanunció que abriría negociaciones con lasFARC directamente en lugar de esperarresultados del frágil proceso de paz dePastrana. Dada su retórica populista, anti-establecimiento y vagamente "revolucio-naria", algunos observadores en Colombiatemían que inclusive podría brindarle apo-

yo clandestino a las FARC u otorgarle sta-tus de beligerancia. Aunque en la prácticaChávez no realizó ninguna de estas accio-nes durante 1999, las relaciones bilateralesentre los dos vecinos se mantuvieron ten-sas e incómodas a comienzos de 2000 (Se-mana, 19991; El Nuevo Herald, 1999a; Reyes,1999).

Aunque han sido menos públicas, hansurgido tensiones similares en las relacio-

nes bilaterales con Brasil, Perú y Ecuadordurante el último año y medio. En 1999,tanto Brasil como Perú enviaron refuerzosmilitares similares a sus fronteras con Co-lombia para fortalecer sus defensas contraincursiones transfronterizas. Al ser la pri-mera ruta de tráfico de armas y de drogasdentro y fuera de Colombia y zona clave


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de conflicto entre las FARC y las AUC, lafrontera entre Colombia y Panamá fue lamás polémica de las relaciones bilaterales

en 1999. La salida de tropas estadouniden-ses de la Zona del Canal a finales de año yla capacidad militar limitada de la Policía

Nacional de Panamá orig inó serioscuestionamientos sobre la futura seguridaddel propio canal (Bagley, 1999).

La incapacidad del Ejército colombia-no de asegurar sus fronteras hace que losesfuerzos de Pastrana para contener el trá-fico de drogas y lograr un acuerdo de paz

con las guerrillas en Colombia sean consi-derablemente más problemáticos, puestanto los traficantes como los insurgentesclaramente se han convertido en actorestransnacionales más allá del control efecti-vo de Bogotá. Como resultado, durante1999 las preocupaciones de Washingtoncon respecto a las crecientes amenazas a laseguridad regional por parte de Colombiase incrementaron dramáticamente, y enúltimas, condujeron a que la administra-

ción Clinton propusiera mayores aumen-tos en la asistencia de Estados Unidos diri-gidos a reforzar la capacidad de la admi-nistración Pastrana para manejar los pro-

blemas de Colombia8.

Narcotráfico, guerrilla y relacionescolombo-estadounidenses

Ya profundamente preocupado con el au-mento vertiginoso de la producción y trá-fico de drogas, el incremento de la violen-cia guerrillera y paramilitar y el deterioro

de las condiciones políticas y económicasde Colombia, el Io de marzo de 1998 Was-hington optó una vez más por "certificar"

a Colombia como "país cooperador" en laguerra estadounidense contra las drogas

por primera vez desde 1994. En 1995, laadministración Samper había sido "des-certificada", pero la administración Clintonle otorgó un "certificación por seguridadnacional" que permitió la continuación dela ayuda estadounidense a Colombia. En1996 y 1997 el gobierno de Samper fuedescertificado totalmente y el flujo de ayu-da estadounidense fue severamente redu-

cido (a excepción de la Policía Nacional).Aunque Clinton no impuso finalmentesanciones al comercio en Colombia comola legislación estadounidense autoriza encasos de descertificación, el uso de "diplo-macia coercitiva" o "chantaje" diplomáti-co por parte de Washington durante este

período, ejerció un efecto de profundocongelamiento de toda la actividad de ne-gocios y flujos de inversión extranjera des-de 1996 en adelante (Bagley, 1998:103-118).

En combinación con el retraso económi-co global, la profundización en las recesio-nes en Venezuela y Ecuador y el manejoeconómico y político clientelista y popu-lista de Samper durante su período, ladescertificación ayudó a conducir a la eco-nomía de Colombia, entre 1997 y 1998 ha-cia un despeñadero del cual aún no se harecuperado. De hecho, en 1999 Colombiaexperimentó su peor recesión económicaen setenta años, ya que la economía se con-trajo en casi el 6%, mientras que los nive-

8 Aunque los oficiales de alto rango de Estados Unidos alimentaron las expectativas de un mayor paquetede ayuda de EU durante la segunda mitad de 1999, las discusiones partidistas y las intensas disputasalrededor de prioridades presupuéstales entre los republicanos y los demócratas del Congreso conduje-ron a posponer la solicitud de ayuda inicial en el Congreso de Estados Unidos a finales de 1999 (Shifter,2000: 51).


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les de desempleo alcanzaron el 18%(Orrego, 1999: 5B; Semana, 1999m, 1999n).La severidad de la presente crisis econó-

mica en Colombia y el descontento popu-lar generalizado causado por ésta fuerondos factores que generaron los problemasde criminalidad común y gobernabilidadenfrentados por el presidente Pastranadurante su primer año y medio de gobier-no, al tiempo que ha alimentado y fortale-cido a las guerrillas del país. Las accionesde la guerrilla -secuestros, sabotaje a lainfraestructura, escalada del conflicto ar-mado- a su turno, han exacerbado y pro-longado el actual descenso en la economíadel país {Semana, 2000c, 2000d).

A principios de 1998, la situación de de-terioro en Colombia se había vuelto tan

preocupante para las autoridades estado-unidenses que, a pesar del hecho de que elsombrío período de cuatro años del presi-dente Samper no estaba programado paraterminar hasta agosto de 1998, de todas

maneras Washington procedió a "recer-tificar" a Colombia el 1o de marzo. Estadecisión despejó el camino para que laadministración Clinton otorgara US$289millones en ayuda antinarcóticos a Colom-

bia en el año fiscal de 1999, una suma queinmediatamente catapultó a este país a la

posición del tercer receptor de ayuda esta-dounidense en el mundo, sólo después deIsrael y Egipto. Dado que el año fiscal deEstados Unidos no comienza sino hasta

octubre 1o

de cada año de calendario, los

nuevos fondos de ayuda estadounidensecomenzaron a entrar a Colombia sólo a fi-nales de 1998 (bastante después que el pre-

sidente Pastrana asumiera la presidenciael 7 de agosto). Este margen de tiempo ase-guró que el gobierno Samper no recibiera

beneficios directos de] aumento en la ayu-da de Estados Unidos en el año fiscal de19999.

Tan pronto como Pastrana asumió la presidencia, las relaciones bilateralescolombo-estadounidenses se mejoraron rá-

pidamente. En octubre de 1998, el presi-dente Clinton recibió al presidente Pastra-na en una visita de Estado a Washington,con lo cual claramente marcó el contrastecon el anterior presidente Samper, a quienoficialmente se le había negado la visa paraviajar a Estados Unidos en 1996. A pesarde ser escéptica, la administración Clinton

públicamente respaldó las propuestas de paz de Pastrana hacia las FARC a finalesde 1998. En efecto, a petición del presidente

Pastrana, la administración Clinton inclu-sive estuvo de acuerdo en enviar emisa-rios para sostener encuentros secretos conlos representantes de las FARC en CostaRica en diciembre de 1998 para discutir lavoluntad de las FARC de emprender pro-gramas de erradicación de drogas como

parte del proceso de paz. Sin embargo, unavez fueron reveladas públicamente a lamayoría republicana en el Congreso de Es-tados Unidos, estas conversaciones secre-

tas causaron tanta controversia en Was-

9 Los US$228 correspondían a tres veces la cantidad de ayuda que Colombia había recibido de EstadosUnidos en el año fiscal de 1998 durante el último año del gobierno de Samper. Durante esta administra-ción, prácticamente todo el flujo reducido de ayuda antinarcóticos de Estados Unidos a Colombia fuecanalizado a través de la Policía Nacional encabezada por el general Rosso José Serrano, más que medianteel Ejército, el cual fue percibido por las autoridades estadounidenses como corrupto y profundamente 9involucrado con abusos de los derechos humanos (GAO, 1998,1999d).


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hington que la administración Clinton sevio obligada a desautorizarlas y a compro-meterse a abstenerse de cualquier discu-sión futura con los "terroristas" de las FARC(El Nuevo Herald,1999b)10.

La administración Clinton continuó res- paldando la iniciativa de paz de Pastranadurante 1999 en su diplomacia pública. Sinembargo, en la medida en que el procesode negociaciones se empantanaba mes trasmes, los formuladores de política clave enEstados Unidos claramente llegaron a laconclusión de que las FARC nunca nego-ciarían seriamente, a no ser que fueranobligadas a hacerlo tras su derrota en elcampo de batalla. Indicando un cambioimportante, en marzo de 1999, Washing-ton acordó comenzar a cooperar con inte-ligencia en tráfico de drogas y actividadguerrillera con el gobierno Pastrana y elEjército colombiano, incluyendo los datosobtenidos de observaciones satelitales dela zona de despeje (Albright, 1999; Reuters,

1999c: A15).

A mediados de 1999, más de 300 esta-dounidenses estaban apostados en Colom-

bia: 22 entrenadores y asesores y más de100 operativos de la Drug EnforcementAdministration (DEA) y de la CentralIntelligence Agence (CÍA). El control dedrogas continuó siendo la prioridad políti-ca declarada de Estados Unidos en Colom-

bia. La misión primordial de Estados Uni-

dos era entrenar y equipar un batallón

antinarcóticos nuevo de 950 hombres en elEjército colombiano (Semana, 2000e).

Pero el estancamiento en el proceso de paz y los reveses que sufrió el Ejército encombate contra las FARC durante 1998-1999, combinados con la creciente eviden-cia de los vínculos de este grupo guerrille-ro con el tráfico de drogas, forzaron a Was-hington a aceptar que la guerra contra lasdrogas ya no podía ser claramente distin-guida de la lucha contra la guerrilla. Conel impulso de Washington, en septiembrede 1999 el gobierno Pastrana emitió el do-

cumento del "Plan Colombia", en el cualexponía su estrategia general para mane-

jar los múltiples problemas que aquejan al país, que van del narcotráfico, la violencia política, crisis humanitaria y recesión eco-nómica hasta la corrupción institucional.El precio del plan era de US$7.5 billonesdurante un período de tres años, de loscuales Colombia prometió aportar US$4

billones. Se esperaba que Washington su-ministraría de US$1.5 a US$2 billones y que

el monto restante provendría de institucio-nes financieras multilaterales (FMI, BancoMundial y BID) y la Unión Europea (Presi-dencia de la República, 1999)11.

Después de no lograr promover unarespuesta más temprana a través del Con-greso estadounidense a finales de 1999, el11 de enero de 2000 la administraciónClinton presentó un nuevo proyecto de leyal Congreso de Estados Unidos por un pro-

10 El asesinato de tres estadounidenses defensores de los derechos humanos, realizado por las FARC, ocasionó la impensable reactivación de los contactos entre los diplomáticos estadounidenses y esta guerrilla.

11 Claramente indicando que su pretensión primordial era convencer a Estados Unidos de apoyar al gobierno Pastrana, el Plan Colombia fue inicialmente escrito en inglés y circuló primero en Washington antes deestar disponible en español para el Congreso de la República de Colombia, en Bogotá.


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Narcotráfico, violencia política y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia 27

grama de ayuda de emergencia de US$ 1.28 billones para Colombia. Pensado para ayu-dar a Bogotá a luchar contra el tráfico de

narcóticos en aumento y para afianzarla de-mocracia durante los siguientes dos años,cerca de la mitad del dinero estaba inclui-do como una solicitud de presupuesto su-

plementaria para el año fiscal de 2000. Laotra mitad fue incorporada en la propuestade presupuesto de Clinton al Congreso

para el año fiscal de 2001 presentada en febrero 7 de 2000. Agregada a los US$ 300millones previamente asignados para Co-lombia en el presupuesto del año fiscal de

2000, la ayuda total a Colombia en los pró-ximos dos años alcanzará cerca de US$1.58

billones, casi doblando la cantidad aporta-da durante toda la década de los noventa(Albright, 2000; The White House, 2000).

En efecto, con esta nueva propuesta deayuda la administración Clinton reveló uncambio dramático en la estrategia de Esta-dos Unidos hacia Colombia. En 1999, aligual que en años anteriores, virtualmente

toda la ayuda antinarcóticos de Washing-ton había sido canalizada hacia la Policía

Nacional y no hacia el Ejército. El nuevo paquete, en cambio, asignaba el grueso dela futura asistencia estadounidense a lasfuerzas armadas colombianas (Ejército,-Fuerza Aérea y Marina), mientras que re-ducía substancialmente los flujos de ayu-da a la Policía. Del total de US$1.573 billo-nes a ser aportados durante los próximosdos años, casi dos tercios -US$940 millo-

nes)- se destinarán a la fuerza militar, ver-sus US$96 millones para la Policía. Para ga-rantizar entrenamiento, equipos y la com-

pra de 30 helicópteros Black Hawk y 33Huey para dos nuevos batallones antinar-cóticos, se proyecta que el Ejército recibi-ría US$599 millones (US$512 millones enel año fiscal de 2000 y 88 millones en el

2001). Para las actividades de interdicciónla Fuerza Aérea y la marina recibirán US$341 millones (US$238 en el año fiscal de

2000 y 103 millones en el 2001) (GómezMaseri, 2000).

Mientras que el Consejero de Seguridad Nacional para América Latina de la CasaBlanca, Arturo Valenzuela, señaló que lanueva ayuda estadounidense no tenía"nada que ver "con la lucha contra la gue-rrilla, el zar antidrogas Barry McCaffreyadmitió más directamente que el dineroharía una "importante contribución" a la

lucha antisubversiva en Colombia. En la práctica, los continuos esfuerzos retóricosde Washington para mantener una estric-ta división entre la ayuda antinarcóticos ylas operaciones antiguerrilla son falsos yfútiles. La realidad colombiana actual sim-

plemente no se presta para hacer este tipode distinciones. De hecho, durante su via-

je a Washington a finales de enero de 2000 para apuntalar el apoyo del Congreso deEstados Unidos al paquete de ayuda del

presidente Clinton para Colombia, el pre-sidente Pastrana reconoció abiertamenteque en la medida en que las FARC estén"en el negocio", los fondos y equiposantinarcó-ticos de Estados Unidos se usa-rían contra las guerrillas (Torres de la Llosa,2000).

Implicaciones del cambio en lasprioridades de la política estadounidense

En el fondo, la administración Clinton seha preocupado últimamente más por laestabilidad de la democracia colombiana ylas implicaciones de un potencial colapsodel Estado colombiano para la seguridadregional que por el control antidrogas perse, aunque los dos obviamente están estre-chamente entrelazados. En efecto, a media-


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dos de enero de 2000 la Secretaria de Esta-do, Madeleine Albright, particularizó a Co-lombia, junto con otros tres países (Nigeria,Indonesia y Ucrania) como merecedores deatención especial, dado que "cada uno deellos puede ser una fuerza de gran im-

portancia para la estabilidad y progreso desu región y cada una es un punto crítico enel camino de la democracia" (Reuters,2000d: A20). De hecho, Colombia es hoyen día vista en Washington como el país"problema" en el hemisferio occidental y,como tal, ha surgido como el principal pun-

to focal de la política exterior de EstadosUnidos hacia América Latina en 2000.

Mientras que esta elevada atención por parte de Washington casi siempre estáacompañada por recursos que se necesitanurgentemente, la experiencia acumuladaindica que también implica típicamenteuna mayor "condicionalidad" y una par-ticipación creciente de Estados Unidos enlos asuntos domésticos del país en cuestión.

El caso colombiano no será la excepción.En primer lugar, Washington ha estipula-do que la mayor parte de la asistencia es-tadounidense sea usada para operacionesde control de drogas en el sur del país, don-de se cultivan dos tercios de los cultivos decoca y donde las FARC son más activas enla protección de los campos, los laborato-rios de procesamiento y las pistas de ate-rrizaje. La intensificación del conflicto delgobierno con las FARC parece ser un re-sultado inevitable del mandato que Esta-dos Unidos le hizo a Bogotá.

En segundo lugar, la administraciónClinton está profundamente consciente dela pasada vinculación de las fuerzas mi-litares de Colombia en abusos de los dere-chos humanos, y ha atado la ayuda de

Estados Unidos directamente al monitoreo permanente de las actividades de los nue-vos batallones antinarcóticos y a la certi-

ficación estadounidense de que no se presente ningún vínculo de la Policía o elEjército con grupos paramilitares. En efec-to, US$93 millones están explícitamentedestinados en la nueva propuesta de pre-supuesto a fortalecer los derechos huma-nos, la administración de justicia y la de-mocracia en Colombia (US$45 millones enel año fiscal de 2000 y 48 millones en el2001). Consciente de la probabilidad de unmayor escrutinio del récord de derechos

humanos de sus fuerzas armadas en ordende batalla, durante un viaje a Washington(el cuarto en los primeros 18 meses de su

presidencia) a finales de enero de 2000,Pastrana explícitamente pidió que la ayu-da no estuviera ligada a los derechos hu-manos.

Sabemos que aún tenemos muchos proble-mas ... [pero] no creo que sea bueno para laayuda tratar de poner todo tipo de condi-

ciones en ella (Golden, 2000).

A pesar de las preferencias de Pastrana,varios demócratas en el Congreso como elsenador Patrick J. Leahy (Vermont) pare-cían decididos a presionar para poner ta-les condiciones.

No quiero que en la guerra contra las dro-gas cometamos el mismo error que tuvimosen la guerra fría, donde aportamos dinero

... sin tener en cuenta sus récords de dere-chos humanos con tal de que fueran anti-comunistas (Golden, 2000; The AssociatedPress,2000h).

En tercer lugar, Washington ha esti- pulado, un poco contradictoriamente, quetodas las operaciones de las nuevas uni-dades antinarcóticos de Colombia finan-


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FARC, Raúl Reyes, afirmó que su organi-zación percibía el paquete de ayuda esta-dounidense como nada más que una de-

claración de guerra sutilmente disfrazada por parte de Washington a las FARC. Él, asu turno, le declaró la "guerra" a EstadosUnidos y juró que las FARC lucharían con-tra la intervención extranjera en Colombia(Reuters, 2000e; The Associated Press, 2000i).Para evitar exponer el personal militar es-tadounidense y arriesgar las protestas do-mésticas que inevitablemente sobreven-drían, Washington puede optar en cambio

por la bien establecida práctica de nego-cios privados conocida como out-sourcing.Esta estrategia involucraría emplear con-tratistas civiles (muchos de los cuales sonoficiales estadounidenses antiguos) paraapoyar su programa de ayuda en lugar deaumentar abruptamente los niveles de per-sonal militar estadounidense. Aunque qui-zá es conveniente desde el punto de vistade Washington, las organizaciones de de-rechos humanos tales como Amnistía In-

ternacional advierten que dicha estrategiagenera serios cuestionamientos en térmi-nos de responsabilidad:

el Departamento de Defensa en sí mismo,en su entrenamiento, tiene que cumplir conciertos lmeamientos de derechos humanos porque están obligados por la ley a hacerlo.Pero no es claro hasta qué punto se extien-de dicho mandato cuando estamos hablan-do de actores privados esencialmente (Brigs,2000).

Tanto Bogotá como Washington prefe-rirían obviamente que las FARC reaccio-naran acelerando el ritmo de las negocia-ciones de paz y acabando con sus vínculoscon el tráfico de drogas. De acuerdo conuna encuesta reciente patrocinada por ElTiempo en Bogotá, el 70% de todos los Co-

lombianos está a favor de los aumentos quese planean en la ayuda de EU a su país.Pero menos de la mitad cree que la ayuda

servirá para reducir los niveles del conflic-to armado. El escenario más probable, deacuerdo con la mayoría de los encuestados,es el del escalamiento del conflicto entrelas FARC y el Ejército colombiano, al me-nos en el futuro previsible. De hecho, lamayoría de los analistas creen que es posi-

ble que las FARC respondan con una nue-va gran ofensiva que incluirá sabotaje in-tensificado de la infraestructura, aumentoen lo secuestros y asesinato y movilizacio-nes campesinas masivas para protestar porel fortalecimiento de los programas de erra-dicación de coca y amapola (El Tiempo,2000f).

CONCLUSIONES

La lógica implícita de la nueva estrategiade Estados Unidos es forzar a las FARC a

negociar seriamente con el gobiernoPastrana, demostrándoles en el campo de

batalla que tienen más que ganar con unacuerdo de paz que con la continuación dela guerra. Que esta estrategia vaya a fun-cionar está bastante puesto en duda. Lo queno debe dudarse es que el nuevo paquetede ayuda de Estados Unidos pondrá enescena una época más sangrienta y violentaen los conflictos internos de Colombiadurante los últimos años. Además, sería unerror creer que la presente propuesta deayuda de dos años será suficiente para ba-

jar la marea. Si la estrategia tiene alguna posibilidad de funcionar, Washington ten-drá que sostener sus elevados niveles defondos para Bogotá durante la mayor partede la próxima década y deberán encon-trarse donantes adicionales (probablemen-


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te en Europa) para complementar los com- promisos de Estados Unidos13.

Aún asumiendo flujos sostenidos deayuda estadounidense y europea, muchoscríticos permanecen escépticos con respec-to a los prospectos de acabar la violencia

política y el tráfico de drogas en Colombiacon la estrategia asumida actualmente porBogotá y Washington. En blanco y negro,los críticos pueden dividirse en dos gruposo campos básicos. Por un lado, hay una "lí-nea dura" que sostiene que las FARC estántan profundamente involucradas en (y tan

bien financiadas por) el tráfico de drogas yotras actividades ilegales que nunca acor-darán una negociación de paz que las obli-gue a deponer las armas y renunciar a susfuentes ilícitas de ingresos. La lógica de estalínea lleva a la conclusión de que las FARC

primero tendrán que ser derrotadas mili-tarmente en una guerra antisubversiva

prolongada antes que la paz pueda ser res-tablecida o el cultivo de drogas pueda serdebilitado en Colombia. Washington debe

reconocer esta realidad, sostienen los par-tidarios de la "línea dura", "primero decla-rando la primacía absoluta de la guerracontra los comunistas, en vez de la guerracontra las drogas".

Desde esta perspectiva, la insistencia deWashington en distinguir entre operacio-nes antidrogas y antiguerrilla se considera

artificial y frustrante. Además, atar la ayu-da estadounidense al respeto por los dere-chos humanos y a la eliminación de víncu-

los del Ejército y la Policía a los grupos paramilitares sólo incapacitará a las fuer-zas de seguridad, al tiempo que dejará li-

bres a las guerrillas para operar sin dichastrabas. En el análisis final, el escepticismode los partidarios de la "línea dura" surgede su creencia en que las Fuerzas Arma-das de Colombia no serán capaces de de-rrot

narcotráfico, violencia política y política exterior

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