31 de octubre al 6 de noviembre de 2017

IGLESIA........................................................................................................................ 2

Centro Loyola Ayacucho: A la opinión pública: ¡POR UNA MEMORIA HISTORICA RESPONSABLE!................................................................................. 2

Visita Clave: Por la llegada del Papa firmarán Pacto contra deforestación, minería ilegal y prostitución ...................................................................................... 3

Rosa María Palacios: "Visita del papa Francisco mejorará la imagen del Perú

ante el mundo"........................................................................................................ 6 Eva Boyle B.: Ni santos, ni difuntos: cristianos y ciudadanos ejemplares ........ 7

Monseñor de Arequipa: "La ideología de género promueve las violaciones" .. 8 Ariana Lira: Hablemos del arzobispo de Arequipa ......................................... 10

Raúl Zegarra: Los evangélicos en el Perú........................................................... 10

Mirko Lauer: Carpe diem .................................................................................... 12 Fernando Tuesta: El nuevo evangelio político ................................................ 13

Mirko Lauer: El cerco al Estado laico ............................................................... 14

SOCIEDAD Y POLÍTICA .................................................................................... 15

Instituciones bajo ataque ........................................................................................ 15 Luis Davelouis: Aumentar Keiko para 500....................................................... 15

Becerril de Oro: Héctor Becerril presiona al TC.............................................. 15 ¡Jorge Barata contará todo!................................................................................ 17 Joaquín Ramírez será investigado bajo Ley de Crimen Organizado .......... 19

Daniel Salaverry presenta denuncia constitucional contra Pablo Sánchez20 Pablo Sánchez a Fuerza Popular: "No me voy a amilanar, no voy a tener

miedo" .................................................................................................................... 20 ¿Reforma electoral? ................................................................................................ 22

Sinesio López: Contrarreforma política ............................................................ 22

La República, EDITORIAL: Se necesitan voces críticas ............................... 23

Luis Davelouis: Eliminando la competencia .................................................... 24

Augusto Álvarez Rodrich: Expropiación del derecho a elegir ....................... 25 Daniel Parodi: La república amenazada .......................................................... 25

Gobierno y oposición ............................................................................................... 27 Mirko Lauer: El Hamlet del indulto .................................................................... 27 Santiago Pedraglio: Final del 2021: ¿FP vs. APP? ........................................ 28

Pedro Francke: Economía fujimorista............................................................... 28 Lucía Alvites: Castañeda, el destructor ................................................................ 30

POBREZA Y DESARROLLO ........................................................................... 31

Reconstrucción de la reconstrucción .................................................................... 31 Pedro Tenorio: Demolición sin cambios ........................................................... 31 Eduardo Ballón: La reconstrucción entre algodones ..................................... 32

Violencia contra la mujer......................................................................................... 34 Rocío Silva Santisteban: Matalá Matalá Matalá Matalá ................................ 34

Teresa Tovar: La escuela tiene vela en esta tragedia ................................... 35 Marilú Martens: Esta vez no será diferente ..................................................... 36 Patricia del Río: La peste.................................................................................... 38

NI UNA MENOS: El 70% de procesos judiciales por feminicidios no logra sentencia ............................................................................................................... 39

Rosa María Palacios: De la puerta para adentro ............................................ 41 Carolina Trivelli: El mundo en retroceso .......................................................... 43

Javier Díaz-Albertini: Raza, etnia y aspiraciones ............................................... 43

VERDAD Y RECONCILIACIÓN ...................................................................... 45

Juan Carlos Tafur: Fujimorismo contra la historia .............................................. 45 Alberto de Belaunde: Cuatro argumentos contra la pena de muerte .............. 46

Augusto Álvarez Rodrich: Lo que gusta a la gente ........................................ 47

Cortina de Humo .................................................................................................. 48 Marco Sifuentes: Que muera la pena de muerte ............................................ 49

IGLESIA

Centro Loyola Ayacucho: A la opinión pública: ¡POR UNA MEMORIA HISTORICA

RESPONSABLE!

Desde el Centro Loyola Ayacucho, institución de la Compañía de Jesús al

servicio de la fe y la promoción de la justicia, comprometida desde sus orígenes

en la construcción de una cultura de paz en donde la memoria histórica

responsable tiene un lugar indispensable, expresamos nuestro sentir en los siguientes términos:

1. Rechazamos tajantemente las declaraciones del Congresista de la República del

Perú, Octavio Salazar Miranda, del partido Fuerza Popular, quien sostiene que

el Museo de la Memoria de ANFASEP realiza “loas al terrorismo”. La población ayacuchana en general y las organizaciones de personas afectadas por la

violencia política en particular, valoramos y legitimamos el museo de la memoria de ANFASEP “Para que no se repita” porque es un espacio de reflexión acerca del conflicto armado interno que muestra testimonios de dolor, de coraje y se

enmarca dentro de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

2. El congresista Octavio Salazar afrenta la memoria de las miles de víctimas del

conflicto armado interno, especialmente de las madres de ANFASEP. Sin

embargo, tanto ANFASEP como su fundadora Mamá Angélica, han sido premiadas y reconocidas por su labor de defensa de los derechos humanos por

el Estado peruano y por múltiples instancias internacionales.

3. El Museo de la Memoria de ANFASEP desde el año 2005 viene sensibilizando a

la población local, regional, nacional e internacional, a través de recursos pedagógicos y artísticos, sobre la importancia del respeto a los derechos

humanos y de la contribución a la construcción de una cultura de paz, logrando transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido en los años 1980 al 2000.

4. Finalmente, expresamos nuestra mayor solidaridad con las madres de ANFASEP, organización que viene defendiendo la verdad, la justicia y la

búsqueda de sus desaparecidos desde hace 34 años. Exigimos la rectificación de las irresponsables declaraciones del señor Octavio Salazar; y demandamos al Congreso de la República una postura clara frente a este inaceptable agravio

cometido. Ayacucho, 19 de octubre del 2017

Caretas Edición 2512, el jueves 2 de noviembre de 2017

Visita Clave: Por la llegada del Papa firmarán Pacto contra deforestación, minería

ilegal y prostitución

Sin ninguna duda lo que ocurre

hoy en Madre de Dios a nivel ambiental podría calificarse de

pecado mortal. De allí que muchos esperen que la anunciada visita del papa

Francisco propicie un milagro que revierta esa calamitosa

situación. No es casual que el Sumo Pontífice haya incluido en su

periplo de enero a esa región de nuestra remota Amazonía, pues

ya en su encíclica sobre el ambiente, Laudato Si' (Alabado seas) publicada hace un par de

años, se manifestó alarmado sobre el tema. Esa zona del

oriente peruano ha sido convertida en tierra de nadie por la minería ilegal y la

depredación forestal, conllevando la vulneración

sistemática de los derechos de las comunidades indígenas, la trata de personas, la

prostitución de menores, entre otras tropelías que también dan que hablar fuera de nuestras fronteras. Es en este contexto que Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), viene promoviendo el 'Pacto de la Justicia Ambiental', por el cual un amplio grupo de organizaciones públicas y

privadas asumirán compromisos que afiancen su responsabilidad específica para, en conjunto, vencer a la bestia. Es de la partida el actor principal, el Poder Judicial, en la persona de su propio presidente Duberlí Rodríguez. "A esto se suma el hecho fortuito que en noviembre se realizará el Congreso de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado al que asistirán jueces de todo el

mundo y en esa ocasión esperamos tener ya un borrador del documento que tiene por objetivo la aplicación óptima de la justicia en Madre de Dios, pues se

trata de aprovechar esos dos momentos en que la región concitará la atención internacional para fortalecer esta agenda insoslayable", enfatiza Solano.

La meta común resulta del cumplimiento de los compromisos asumidos por cada entidad, llámese Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Federación Indígena de Madre de Dios, Conferencia Episcopal Peruana, Comité

de gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, entre otras. Solano ha recibido la adhesión entusiasta de monseñor Norberto Strotmann, de la Conferencia

episcopal, quien es el coordinador general de la visita del Papa; del Vicariato de Puerto Maldonado y de su obispo David Martínez de Aguirre Guinea, así como de otras personalidades como Marco Arana, presidente de la comisión de

Ambiente y ecología del Congreso. Según un estudio realizado por Carnegie Institution for Science, el 60 % de los peces en Puerto Maldonado supera los

límites de mercurio admitidos por la OMS, y el 70% de los pobladores evaluados tienen tres veces más presencia del mercurio admisible para la Organización Mundial de la Salud. En el 2015, el propio Ministerio de Salud reveló que el 41%

de la población de Madre de Dios presenta valores superiores a los límites adecuados.

Las adolescentes son llevadas con engaños a las zonas mineras y obligadas a trabajar en los "prostibares" (CARETAS 2443). Sin embargo, la modalidad de captación ha cambiado: "La manipulación psicológica ha reemplazado a las

amenazas, de tal manera que las víctimas siguen trabajando por una promesa de pago", explica la psicóloga Ana Ladera de CHS Alternativo (Capital Humano

y Social). Según un informe de Promsex el 38% de las mujeres de La Pampa

son explotadas sexualmente.

larepublica.pe, el viernes 3 de noviembre de 2017

Rosa María Palacios: "Visita del papa Francisco mejorará la imagen del Perú ante el mundo"

Rosa María Palacios habló este viernes de los S/ 37 millones asignados para la

visita del papa Francisco, en Sin Guion. El Gobierno ha dispuesto una partida de 37 millones de soles para la visita del

papa Francisco al Perú, prevista para enero del 2018. Al respecto, Rosa María Palacios explicó en qué se invertirá dicho presupuesto. Remarcó que Iglesia Católica no tiene ninguna injerencia sobre este gasto.

En su programa "Sin Guion", por LRTV, la periodista sostuvo que este evento representa una visita de Estado, como también una visita pastoral, que tiene dos

presupuestos diferentes: uno financiado por el gobierno de Kuczynski y el otro

por la Iglesia Católica, con los aportes de sus feligreses. Respecto al presupuesto del Estado, Palacios dijo que "este dinero no se

transfiere a la Iglesia Católica". Explicó que de los 37 millones de soles, 25 millones le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, 7 millones para

la transmisión del evento, 800 mil soles al Ministerio de Cultura, y otros gastos previstos para el acondicionamiento de la Base de Las Palmas. "Reitero la Iglesia Católica no tiene ningún control sobre este gasto, no lo ha

pedido tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer Relaciones Exteriores con 25 millones? Hay varias cosas, la primera es que la visita del Papa tiene un potencial

en el mejoramiento de la imagen del Perú ante el mundo, entonces, Cancillería va a montar 3 centros de prensa de primer nivel, uno en Lima, otro en Trujillo y un tercero en Puerto Maldonado. Además, 7 millones de soles se van en la transmisión de TV Perú y Radio Nacional. El Ministerio de Cultura ha pedido un presupuesto especial de 800 mil soles para el traslado de 2 mil personas

de comunidades nativas muy pobres que quieren asistir a Puerto Maldonado.

El Estado peruano también va a acondicionar sus propiedades como la Base de Las Palmas [sic]", señaló.

"¿Qué pone la Iglesia Católica? (...) por ejemplo, ornamentos, flores, transportes, todo el trabajo de la Conferencia Episcopal (...). Ahora, ¿hay beneficios?. Se

calcula que la visita del Papa va a mover la economía en más o menos 90 millones de dólares, solamente en visitas al Perú por turismo religioso de Chile, Bolivia y Brasil. Entonces, en el cálculo costo beneficio, la entrada de recursos

derivados de este evento es muchísimo más alto que el gasto que se va a hacer", agregó.

LaRepublica.pe, 2 Nov 2017 | LA PERIFERIA ES EL CENTRO. Iniciativa Eclesial

50° VAT II

Eva Boyle Bianchi: Ni santos, ni difuntos: cristianos y ciudadanos ejemplares

Los días 1 y 2 de noviembre son especiales de celebración. El 1 la Iglesia católica

celebra el día de Todos los Santos instituida en honor a aquéllos hombres y mujeres que han dedicado su vida a seguir el ejemplo de Jesucristo y son

declarados así, después de un proceso de canonización. La Conmemoración de los Fieles Difuntos, llamada Día de los Muertos, es una celebración cristiana que tiene lugar el día 2, en ella se ora por aquellos que ya

no están físicamente entre nosotros. Recuerdo estas dos fechas porque en nuestra vida cotidiana encontramos

personas que se esfuerzan por seguir las enseñanzas de Jesucristo, pero no van

a ser oficialmente “santos”. Cuando ellos mueran, van a ser recordados por sus

familiares y amigos, pero no van a ser canonizados. A ellos les llamo cristianos ejemplares.

¿Por qué cristianos ejemplares? El serlo implica vivir en comunidad con otras personas procurando una convivencia armónica y pacífica. Significa también identificarse como un ciudadano que conoce sus derechos, pero especialmente

sus deberes y participa activamente en su comunidad. Un cristiano ejemplar se comporta como un ciudadano ejemplar, sus actos son de servicio y solidaridad

a su prójimo. Pone en práctica los valores y son reconocidos por su entrega a los demás. Su fe ilumina su comportamiento. De igual manera, su relación con los demás, aún si hay conflictos, es dialogante

y de cooperación; no discrimina, no segrega demostrando que practica la fraternidad. No agrede e injuria a los que contradicen lo que piensa o cree.

Procura aportar para construir una sociedad en la que todos puedan tener posibilidades y vivir en paz. Son aquéllos que cuando emprenden una tarea la hacen lo mejor posible y no lo publican. Son un ejemplo para la comunidad en

donde viven. La mayoría conserva su anonimato. De otro lado, hay personas que se declaran seguidores y seguidoras de Cristo,

que mencionan en sus discursos hasta textos de la Biblia y luego los vemos haciendo lo contrario a las enseñanzas de Jesús. Son personas que señalan lo que está “mal” en los demás cuando ellos hacen lo mismo.

Como ejemplo mencionaré uno de los principales problemas que afecta a nuestro país: la corrupción. En septiembre Proética presentó la X Encuesta

Nacional sobre Percepción de la Corrupción, la cual permite apreciar que una de cada cinco personas opina que no se debe condenar a los funcionarios corruptos si hacen obras que benefician a la población. También casi la mitad de la

población piensa que es necesario algo de corrupción para facilitar el crecimiento de la economía, así como para facilitar los trámites y procedimientos en las

instituciones públicas. Lo que llama la atención es que entre los encuestados había gente de fe; esto nos llama a hacer una revisión profunda de nuestras creencias para darnos cuenta de lo incoherentes que podemos ser.

Indignémonos como Jesús ante los mercaderes del Templo y asumamos que tenemos algo que hacer desde nuestras comunidades de fe porque sabemos

que este mal causa el sufrimiento de mucha gente y no permite hacer las obras necesarias para el desarrollo de nuestro país. No somos ni santos, ni estamos aún muertos, pero si podemos esforzarnos en ser cristianos y ciudadanos

ejemplares.

Correo, el lunes 30 de octubre de 2017. ENTREVISTA

Monseñor de Arequipa: "La ideología de género promueve las violaciones"

Monseñor Javier Del Río Alba se pronunció en exclusiva con Correo sobre los

últimos casos de abuso sexual en nuestros país, y la manera en que la Iglesia,

los padres de familia y los colegios, deberían tomar las riendas para detener esta

problemática. Considera que la prevención de abusos sexuales inicia con la

educación que se imparte en el hogar.

Por Brenda Flores Castro ¿Qué opina del incremento de casos de abuso sexual en el Perú? Es terrible,

la violencia en cualquiera de sus dimensiones, y mucho más la violencia sexual, es una cosa dolorosa, porque es un abuso a la intimidad de las personas. No solamente a los órganos, sino a lo profundo de nuestro ser. Es un crimen que

todos condenamos. ¿Qué medidas se pueden tomar para controlar este tipo de casos?

Realmente es difícil, porque el internet con la pornografía está al alcance de un clic incluso para los niños y adolescentes, los padres tienen que cuidarlos, poner filtros. Luego, fundamentalmente, se necesita una educación sexual que debe

partir de la familia, no solo explicar los órganos que tiene cada uno, sino el sentido de la sexualidad humana, eso se llama educación para el amor. En los

colegios católicos no se trata la educación sexual. La iglesia considera que la educación sexual se tiene que dar en el hogar con los papás, lo que pasa

es que muchos no sabe cómo hablar de esto, entonces los colegios deben

trabajar junto a los padres, pero hay que ver también qué se les enseña, porque nos encontramos con esta currícula (plural de "currículo" masculino, curiosamente no domina latín ...) educativa por esta ideología de género que

los padres no aceptan. Cuando habla de ideología de género, ¿cree que esto promueve los abusos

sexuales? Ciertamente, la ideología de género, entre otras cosas, promueve las

relaciones sexuales desde temprana edad y de modo totalmente libre. De esa manera, por supuesto que sí, la ideología de género es uno de los elementos que coadyuva a que hayan más violaciones. Una de las medidas que se debate es la pena de muerte, ¿qué opina sobre

ello? El Papa Francisco ha dicho, hace muy poco, que en el mundo no haya

pena de muerte. Hoy en día, hay tantos medios para proteger la ciudad, como

dar penas de 25 a 30 años en cárceles de extrema seguridad, y de esa manera

se protege, no hace falta la pena de muerte, porque pasaría a ser de carácter

indicativo. Se propuso ejecutar la castración química, ¿cree que es una opción? Sobre

eso la iglesia aún no se ha pronunciado, vamos a ver, estamos abiertos a diversas posibilidades. Pero creo que a lo que hay que ir es a la raíz, porque están pasando este tipo de casos de violación sexual. ¿Cómo controlan los casos de pedofilia cometidos por miembros de la iglesia? Ante una denuncia de abuso sexual, se evalúa si la denuncia es

verosímil, inmediatamente se suspende al sacerdote y si se va descubriendo en el mismo proceso que la denuncia es verdadera se le suspende del ministerio y se le obliga a seguir tratamientos psicológico y acompañamiento espiritual.

Correo, el martes 31 de Octubre del 2017

Ariana Lira : Hablemos del arzobispo de Arequipa

Ayer, Javier del Río, arzobispo de Arequipa, dijo en entrevista para este diario que la "ideología de género" -léase: enfoque que promueve la igualdad entre

hombres y mujeres y la no discriminación por orientación sexual o identidad de género- ocasiona que haya más violaciones.

Hablemos de monseñor Del Río. En mayo de este año, la unidad de investigación de Altavoz publicó un reportaje -en el que yo participé- acerca de la nauseabunda experiencia que vivió un joven llamado Camilo en el Seminario

"Corazón de Cristo", en el Callao. En su testimonio, el muchacho acusa al padre Víctor Guerrero de haber abusado

sexual y psicológicamente de él durante años. Camilo era pobre, tenía problemas con las drogas y los sacerdotes le facilitaban dónde vivir a cambio de servicios domésticos. Un acuerdo justo, salvo porque el padre Guerrero lo amenazaba con

dejarlo en la calle si se resistía a tener sexo. Por ese entonces, el rector del Seminario era nada menos que el actual

arzobispo de Arequipa. Camilo afirma que acudió a Del Río en busca de ayuda. Según cuenta, el sacerdote respondió que Guerrero "era un ser humano y que se podía equivocar". Y vale recalcar que las andanzas de Guerrero -que van

desde abuso sexual hasta uso de cocaína y contratación de "fletes"- son calificadas como un "secreto a voces" en el Callao tanto por laicos como por

miembros de la diócesis. Quizás sea Del Río quien esté ideologizado al punto de mirar para otro lado en caso de un abuso sexual dentro de su "chacra". Y quizás, pues, las violaciones

no le importen tanto como la "ideología de género".

El Comercio, el martes 31 de octubre de 2017

Raúl Zegarra: Los evangélicos en el Perú

"A nivel tanto teológico como pastoral, la presencia evangélica ha forzado a la Iglesia Católica a repensarse"

Cuenta la historia que hace 500 años un brillante y tenaz monje agustino caminó

con paso marcial a la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg. Allí, con martillazos que resonarían sin parar por los pasillos de la historia, habría clavado

95 tesis desafiando la nefasta venta de indulgencias por parte de la Iglesia. ¿Su nombre? Martín Lutero. ¿Su destino? Sin quererlo, cambiar la historia. Pero ¿cómo corresponde evaluar este cambio? Un fenómeno tan complejo y

decisivo como la reforma protestante no puede sino estar signado por la pluralidad y ambigüedad de sus interpretaciones. Sobre algo, no obstante, parece haber unanimidad: la reforma quebró el monopolio religioso de la Iglesia pluralizando el cristianismo y, con él, toda la cultura.

El resto ya es (una muy larga y compleja) historia. La tradición cristiana

protestante devendría en una multiplicidad de iglesias, particularmente en Estados Unidos. La hegemonía global de este país desde finales del siglo XIX

facilitaría la expansión de múltiples denominaciones protestantes y, en ese contexto, llegarían las primeras iglesias evangélicas a América Latina y al Perú. No sorprende, entonces, que las iglesias evangélicas hayan pluralizado

también el "mercado" religioso peruano. Mediciones serias colocan el

porcentaje de cristianos evangélicos en el Perú entre el 11% (2012) y el 17% (2014), como recientemente ha notado la socióloga Catalina Romero. El

evangelismo ha diversificado internamente el cristianismo peruano, convirtiéndolo, para todo efecto práctico, en un país dividido entre dos

confesiones cristianas. Por un lado, una mayoría clara de católicos (76%) y una sólida minoría evangélica. Por supuesto, existen también otras religiones y

sectores secularizados, pero ellos no tienen la influencia masiva de estos dos bloques cristianos. Con motivo de la justa celebración del Día de las Iglesias Evangélicas, algunas reflexiones parecen pertinentes. Primero, no cabe duda de que estas iglesias han ayudado grandemente a diversificar la religiosidad peruana avivando

una espiritualidad algo adormecida, dando servicios pastorales a comunidades desatendidas e introduciendo un rigor ético que ha salvado a

muchos de cuadros de violencia y adicción desoladores. Segundo, a nivel tanto teológico como pastoral, la presencia evangélica ha forzado a la Iglesia Católica a repensarse. Ello ha permitido la revitalización

de su acción pastoral y su reposicionamiento en la esfera pública. Esto, por

supuesto, no ha sucedido sin ambigüedad. En algunos casos, ha llevado a diálogos fecundos y experiencias de cooperación muy interesantes; en otros, a coqueteos con el integrismo. Pero surgen también preocupaciones. La marginalidad histórica de las

iglesias evangélicas las ha llevado a través de los años a batallar por su legitimación pública. Los mecanismos para esto son variados y no aplican a todas ellas, pero uno que ha empezado a tener prominencia es tratar de usar el

poder político para la promoción de una visión muy particular de la sociedad. Esta visión suele estar en tensión con la cultura de igualdad de

derechos, siendo particularmente hostil respecto de la comunidad LGTBI y la igualdad de género. De hecho, ciertos sectores evangélicos y católicos suelen hacer causa común cuando de estos temas se trata.

La pluralidad que han traído las iglesias evangélicas nos confronta con la ambigüedad de su rol en la sociedad, sobre todo si la defensa de un Estado

que no privilegie posiciones religiosas particulares se ve como un valor democrático fundamental. Pero quizá este sea buen momento para volver a

los orígenes de la reforma protestante, reinterpretándolos. Quizá toque

invocar la tenacidad de la sola fides de Lutero para imaginar un futuro en el que esa pluralidad que emergió con él hace 500 años pueda reflejarse

hoy en genuino respeto por toda pluralidad, sea esta de convicción religiosa, posición política u orientación sexual.

La República, el miércoles 1 de noviembre de 2017

Mirko Lauer : Carpe diem

Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas. Suena pomposo, más aun en un Estado a duras penas laico. La nueva designación es una forma de reconocer la importancia de estos cultos, que en una encuesta PEW ya en el

2014 representaban 17% de la afiliación religiosa en el país. Dos tercios de

estos formados originalmente como católicos.

También en el Perú el protestantismo es sumamente variado, y el común denominador más visible de sus grupos es no ser católicos. Como en toda América Latina, está creciendo, sobre todo a expensas de la Iglesia Católica. Un

problema con este efecto es que la actuación de uno solo de ellos suele terminar afectando la imagen del conjunto. Estamos viviendo en el país una fuerte ofensiva de las congregaciones de extrema derecha, católicas y protestantes, unidas en algunas causas. Esto

ha venido dando prominencia a los grupos protestantes ubicados en esa línea, con algunos de sus pastores notorios por sus declaraciones excesivas, al extremo de ser pintorescas.

Esto ha venido borrando del mapa político a las iglesias evangélicas moderadas, incluso progresistas, que forman el núcleo central de esta rama religiosa. Si acaso hay polémica entre las tendencias, esta no llega al gran

público. Con lo cual justos deben estar pagando por pecadores, no solo en el terreno de la percepción política externa. Desde que Alberto Fujimori ganó las elecciones en 1990 las iglesias evangélicas han sido consideradas una fuerza política considerable, incluso decisiva. El predominio católico las ha mantenido en los márgenes, pero

eso ha sido compensado mediante un mayor activismo y un sentido de la oportunidad. Pero en el fondo han hecho ganar mucho más de lo que han

ganado. La gran presencia política de los protestantes, pastores y feligreses comunes, en cierto modo ha convertido la fe de algunos en una suerte de doble militancia, y

hasta triple, como vimos en la pasada huelga magisterial. Es lo mismo que hacen los católicos, pero en este caso se nota más, quizás por ser un sacerdocio sin

uniforme. No se entiende bien por qué un sector tan dinámico necesita un día para recordarse a sí mismo, junto al Día de los Fieles Difuntos, el Día de Todos los

Santos, el de la Canción Criolla, y Halloween. Pero de algo debe servir. Carpe diem, que aprovechen el día.

Carpe diem es una locución latina que literalmente significa 'toma el día', que quiere decir 'aprovecha el momento', en el sentido de no malgastarlo.

Carpe diem, a phrase that comes from the Roman poet Horace, means literally "Pluck the day", though it's usually translated as "Seize the day". A free translation might be "Enjoy yourself while you have the chance". "Carpe diem quam minimum credula postero" meaning "seize the day, trusting as little as possible in the future."

El Comercio, el jueves 2 de noviembre de 2017

Fernando Tuesta : El nuevo evangel io pol ítico

El movimiento evangélico peruano ha conseguido que el 31 de octubre sea

declarado oficialmente nada menos que el día de las iglesias evangélicas A 500 años del nacimiento del protestantismo, el movimiento evangélico peruano

ha conseguido que el 31 de octubre sea declarado oficialmente nada menos que el día de las iglesias evangélicas. Esto no pasaría de ser anecdótico en la lista

de leyes carentes de sentido, si no fuera por que dichas iglesias concentran nada menos que quince parlamentarios de diversas bancadas donde su punto de

referencia principal son sus iglesias y no sus respectivos partidos. En general los evangélicos han crecido en número (17% de los peruanos) con fuertes raíces en sectores pobres, en un momento en que la Iglesia

Católica (76%) ha perdido feligreses, de la mano de una infeliz participación de Juan Luis Cipriani a la cabeza del Arzobispado de Lima y las acusaciones de abusos sexuales (p.e. Sodalicio), algunos de los cuales

habrían sido encubiertos por la Iglesia Católica.

Centran su presión en los temas de salud y educación, siendo los abanderados de los llamados valores por la vida y la familia, combatiendo particularmente la llamada "ideología de género", logrando éxitos como haber contribuido a la

caída de los ministros de Educación Jaime Saavedra y Marilú Martens.

Si bien no se puede hablar de una iglesia evangélica sino de iglesias evangélicas, en nuestro país se reproducen las divisiones y conflictos como en

otros países, lo que no ha evitado una real penetración en la política peruana. Esto debido a su necesidad de hacer más visible su visión religiosa de la vida. Sin embargo, donde hay un campo de encuentro común entre los sectores

más conservadores de las dos corrientes cristianas, la católica y evangélica, es en su acérrima y agresiva oposición a la comunidad LGTBI

y la igualdad de género. Es, pues, este el signo mayor del evangelismo político actual, su vena altamente conservadora y su necesidad de incursionar fuertemente en la arena

política. Para ello han puesto a su disposición sus locales, recursos y, sobre

todo, sus feligreses. No por gusto Pedro Pablo Kuczynski, en la campaña del

2016, se reunió con los líderes del Concilio Nacional Evangélico (Conep) y de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep), y Keiko Fujimori firmó un compromiso público con la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores

(CCCPV), presidida por el pastor Alberto Santana Leyva, de la Iglesia El Aposento Alto (Independencia).

Por ahora sus quince parlamentarios están presentes en tres bancadas parlamentarias. Estas organizaciones que muestran signos exteriores de riqueza han borrado claramente la frontera entre iglesia y partido político.

El tema es que una de las fuentes prohibidas del financiamiento partidario son "las confesiones religiosas de cualquier denominación". Parece no

importarles. Por ahora van por más. Alberto Santana encabeza la formación del

partido Perú Nación Poderosa, con miras a próximos procesos electorales. Si el pastor Humberto Lay, de Restauración Nacional, presidía un partido acotado, los

evangélicos conservadores quieren uno de masas. Los controles han sido rebasados. Más si se tiene tantos parlamentarios y tantos compromisos incrustados en el Congreso.

La República, el lunes 6 de noviembre de 2017

Mirko Lauer : El cerco al Estado la ico

Estamos presenciando un verdadero asalto de la religión a la política. Casi no existe credo sin ubicación en el esquema partidario. Jerarcas

eclesiásticos actúan como figuras del poder político, abierta o embozadamente. Grupos de presión religiosa buscan ampliar su influencia

en la educación pública y en los nombramientos para los altos cargos del Estado. Pero también podría hablarse de un asalto de parte de la política a la

religión. En estos 10 años un fujimorismo cargado de votos pero sin una ideología propiamente dicha se ha volcado cada vez más hacia el

fundamentalismo religioso para fortalecer su rangalida canasta de ideas. Las iglesias más conservadoras han recibido a los nuevos socios con entusiasmo, y se han puesto a trabajar.

En la medida en que el sentimiento religioso de una mayoría de la población es real, el paso hacia su conversión hacia alguna de las diversas formas de

intolerancia es corto. Para ello solo se requiere avanzar en el paulatino desplazamiento de aquellas islas de pensamiento laico, racional o científico que subsisten en la sociedad. Parte de la derecha está apoyando todo esto.

El resto del espectro político da la impresión de haber quedado descolocado, preso de un liberalismo que no tiene realmente partidos políticos comprometidos con él. Hoy son las alas más conservadoras de las iglesias cristianas las que se comportan como verdaderos partidos políticos, impulsando formas de extrema derecha para la vida cotidiana.

Que un pastor protestante billetudo aspire a la Presidencia de la República es un claro signo de los tiempos. No será el primero que lo intenta. En el 2005 el

correcto pastor Humberto Lay candidateó al cargo en alianza con otros líderes evangélicos. Desde entonces las cosas han cambiado, es otro tipo de pastor el que se mueve en la política. Evidentemente el Estado laico, los derechos de las personas, los principios liberales y la libertad de pensamiento están cada día más necesitados de

una defensa eficaz. No la van a encontrar en este gobierno, ni en el oportunismo de políticos y partidos que viven cortejando a los administradores de iglesias con copia de recursos y extraños valores. Un

gremio cada vez más abundante y activo.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

Instituciones bajo ataque

Perú.21, el jueves 2 de noviembre de 2017

Luis Davelouis: Aumentar Keiko para 500

Si todo sigue como lo planeado, en una semana -esto es, el 9 de noviembre- el

fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, encargado de investigar a Keiko Fujimori, entrevistará a Marcelo Odebrecht y le pedirá que

profundice en la explicación de la frase "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" que aparecía en su celular al momento de su captura. ¿Quién sabe? Quizás es otra Keiko, así como AG podría ser Abelardo Gutiérrez (Tongo) o, en

todo caso, "algún gordo" cualquiera. El mismo 9 a las 10 a.m., Pérez Gómez ha citado a Keiko Fujimori por el mismo

caso. Como el fiscal estará en Brasil, tal vez sus adjuntos se harán cargo. No se espera reedición de la comisión Lava Jato. Desde que tomó el caso Fujimori, Pérez Gómez ha denunciado haber

recibido amenazas de muerte y acoso policial. De hecho, a raíz de esto, el

fiscal cuenta hoy con resguardo… policial. Ejem. Pérez Gómez también denunció que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera le dijo hasta en dos ocasiones que a Odebrecht solo podía hacerle preguntas sobre Keiko, pero no sobre Alan García. Peña Cabrera es el

encargado de la Fiscalía para la cooperación internacional y coordina con las autoridades brasileñas Lava Jato y Odebrecht. Mira tú. Estamos a una semana de que, finalmente, alguien le pregunte a Odebrecht sobre Alan y Keiko y a Keiko sobre lo mismo en un espacio que no sea como

su jardín. Seguramente, Odebrecht dirá mucho, pero volverá a señalar a Barata

para los detalles. Y Barata en el Perú está bloqueado por los mismos fiscales que no quisieron preguntarle a Odebrecht ni por Alan ni por Keiko.

Ahora, ¿vamos a seguir ocupándonos de la imposible pena de muerte o volvemos a la China Tudela?

Caretas Edición 2512, el jueves 2 de noviembre de 2017

Becerril de Oro: Héctor Becerril presiona al TC.

Además de caso El Frontón, demanda documentos de caso de fiscalización

minera.

"Ellos se creen intocables, creen que por ser del TC están fuera del alcance de

la ley. Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona. Les guste o no, la investigación que se les sigue en la Subcomisión de Acusaciones

Constitucionales es legal y debe seguir su curso".

¿Es truco o treta? Implacable, el congresista Héctor Becerril, vocero alterno de

Fuerza Popular, respondió así a la denuncia que tres magistrados del Tribunal Constitucional hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los jueces Eloy Espinoza, Carlos Ramos y Marianella Ledesma viajaron a Montevideo, Uruguay, para participar el 23 de octubre en una sesión de la CIDH y dar a conocer que el Congreso tramita contra ellos -y contra el presidente del

TC, Manuel Miranda- una acusación constitucional por una resolución que el máximo Tribunal emitió en marzo último sobre el caso El Frontón.

Ledesma advirtió ante la CIDH que "se viene usando el mecanismo de la acusación constitucional como medio de amedrentamiento a nuestra independencia cada vez que tenemos que resolver casos vinculados con el

grupo mayoritario del Congreso". La denuncia constitucional por prevaricato, por lo que los jueces podrían ser removidos del TC, fue presentada por el abogado de los marinos retirados,

actualmente procesados por el caso El Frontón. Se trata de Sergio Tapia, muy recordado por ser en 1999 uno de los encargados

en el Ministerio de Justicia de justificar el retiro peruano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el gobierno de Alberto

Fujimori. Masacre de El Frontón

El proceso se apertura como consecuencia de lo ordenado por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el 2000. Nueve años más tarde, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial califica los

hechos como "crímenes de lesa humanidad". El abogado Humberto Bocanegra interpone en respuesta una demanda de habeas corpus. En su fallo de 2013, el TC declaró como válido el inicio del proceso penal, pero infundada la calificación

de crímenes de lesa humanidad. La sentencia la firmaron Carlos Mesía, Fernando Calle, Ernesto Álvarez y Juan

Vergara. En contra estuvieron César Landa, Gerardo Eto y Ricardo Beaumont. El error de conteo

En 2013, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional denunció que el

voto de Vergara fue erróneamente contabilizado a favor del dictamen el mayoría. En ese respecto, la votación no habría sido cuatro contra tres, sino empate de a

tres, con Vergara en voto singular. Vergara aclaraba que estaba en desacuerdo sobre el fundamento en torno a la lesa humanidad: "considero que resulta innecesario un pronunciamiento

constitucional toda vez que aquella no es materia de la demanda", se lee. Y más adelante añade que a quien le corresponde calificar los delitos con "determinado

tipo penal" es "al juzgador penal ordinario". Quiebra del empate

En marzo del 2017, el TC, con otra conformación, subsanó la sentencia a pedido

de la Procuraduría y corrigió lo que consideró un "error material". No se pronuncia si los hechos investigados son de delitos de lesa humanidad. Tampoco

reabre el proceso -por cierto nunca cerrado-, no se pronuncia sobre si hubo prescripción ni dice si los marinos enjuiciados tienen responsabilidad. Votaron a favor los cuatro magistrados hoy investigados por el Congreso: Eloy

Espinoza, Carlos Ramos y Marianella Ledesma y el presidente del TC, Manuel Miranda. En contra estuvieron Óscar Urviola -reemplazado desde entonces por

Augusto Ferrero-, Ernesto Blume y José Luis Sardón.

Mientras tanto, el 8 de septiembre se inició en el Colegiado B de la Sala Penal

Nacional el juicio oral contra 35 marinos acusados de asesinar a 133 reos durante el debelamiento de un motín en ese penal, el 18 y 19 de junio de 1986.

El Ministerio Público pide condenas de entre 25 y 30 años de cárcel. La fiscal a cargo es Luz Ibáñez Carranza de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Sobre los magistrados del TC, Becerril opina que "si están seguros de que no

han actuado mal, más bien deberían saludar esta investigación. Si piensan que denunciando al Congreso se van a salvar de la investigación, están

equivocados". Becerril integra la subcomisión de acusaciones constitucionales que verá el caso.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, acusó a los magistrados de "querer vender que en el Perú no hay democracia". Calificó de "preocupante, inaudito e

inapropiado" que recurran a una instancia internacional. Se trata de un choque de trenes. …..

hildebrandtensustrece Edición 371 - Año 8, el viernes 3 de noviembre de 2017

¡Jorge Barata contará todo!

Garganta profunda

La Fiscalía levanta las medidas restrictivas que pesaban sobre Jorge Barata.

La promesa del agente corruptor de Odebrecht es que ahora sí contará todo lo que sabe.

Américo Zambrano

Jorge Barata está dispuesto a contarlo todo y en el Ministerio Público ya han

comenzado a perfilar el acuerdo de colaboración eficaz. Barata ya ha logrado, luego de varios meses de negociación, que el Equipo Especial de Investigación

del caso Lava Jato, que dirige el fiscal Hamilton Castro, le levante todas las medidas restrictivas que pesaban sobre él a cambio de su confesión. El hombre de los sobornos en Perú se ha comprometido a narrar, con detalle, la trama de

corrupción de Odebrecht desde el 2006 hasta el 2015. Esta vez sin omisión generosa de nombres y circunstancias.

De acuerdo a la Fiscalía, el ex director de Odebrecht Latinvest Perú está dispuesto a "aclarar" todos los temas que se le pregunten, incluyendo el presunto financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori y Alan García.

Hasta ahora, oficialmente, Barata sólo había ofrecido un testimonio en calidad de "adelanto" al fiscal Castro, a inicios de este año. En esa declaración, brindada

en Brasil, el ex ejecutivo de Odebrecht confesó haber negociado el pago de 20 millones de dólares en sobornos para el ex presidente Alejandro Toledo. También manifestó que las constructoras peruanas Graña y Montero, CCGSA y

JJC Contratistas Generales, socios de Odebrecht en la Interoceánica Sur, no sólo conocían de las cutras sino que habrían participado del esquema de pagos ilícitos.

Barata es el testigo clave para establecer a cuántos y qué candidatos presidenciales financió Odebrecht en el Perú con dinero negro.

En mayo pasado, en Curitiba, Marcelo Odebrecht declaró a un grupo de

fiscales peruanos que no podía dar las cifras exactas pero que, "con seguridad", la constructora había apoyado "a los principales candidatos en

todas las elecciones". Y agregó: "Debemos haber apoyado a Keiko,

probablemente al candidato del partido de Alan García. Como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos". Odebrecht, quien volverá a ser

interrogado por el fiscal José Domingo Pérez el próximo 9 de noviembre, dijo que los detalles de las "donaciones" los tenía Jorge Barata.

Durante nueve meses los fiscales peruanos intentaron hasta en tres ocasiones interrogar a Barata, pero este se negó a declarar. El ex directivo argumentaba que la Fiscalía le había abierto una serie de investigaciones

y que en esas circunstancias no existían las condiciones para celebrar el acuerdo de colaboración. La Procuraduría de Río d Janeiro le dio la razón y lo

facultó a no declarar sobre actos de corrupción en el Perú. Las autoridades de ese país sostienen que los delatores brasileños no pueden ser procesados por sus declaraciones en el extranjero. Barata quería que el Ministerio Público peruano lo libre de todos los cargos para continuar testificando. Y lo logró. Documentos a los que tuvo acceso

esta revista revelan que el fiscal Castro ya le otorgó la calificación de "colaborador eficaz" y, gracias a esta condición, le ha levantado todos los cargos por los que era investigado en los caso Línea 1 del Metro de Lima e

Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

"Este despacho fiscal decide no incluir al colaborador eficaz Jorge Simoes Barata

como cómplice del delito de tráfico de influencias (...) Por los hechos reaccionados con la línea 1, tramo1, del Metro de Lima", dice la disposición del fiscal Castro.

El documento añade que la "Fiscalía considera prudente señalar que un colaborador eficaz tiene un estatus especial dentro del proceso penal, pues se

trata de una fuente de información valiosa para el desarrollo de las imputaciones y el establecimiento de la responsabilidad en el marco de la comisión de graves delito de alta corrupción estatal y de crimen organizado". Ese fue el primer gol

de Barata. El pasado 24 de octubre Castro emitió una nueva disposición en la que

acepta "recalificar el estatus del imputado Barata". En el documento el fiscal anticorrupción elimina la calificación penal de "cómplice de los delitos de colusión y tráfico de influencias" atribuidos al ex ejecutivo. Y

añade: "La situación jurídica de Jorge Simoes Barata deberá dilucidarse en el marco de proceso especial de colaboración eficaz al que se encuentra

acogido".

Castro se cuida de cerrar la puerta a una eventual imputación a Barata y sub raya en la disposición que la condición que le otorga es "autónoma y tiene un

curso independiente a cualquier otro caso". Es decir, si otro fiscal tiene elementos suficientes para investigarlo, podría hacerlo.

Libre de los dos casos de corrupción en los que estaba comprometido, el empresario se alista ahora pedir al Poder Judicial que desbloquee sus dos cuentas bancarias en las que tenía ahorros por 13 millones de dólares. También

solicitará el levantamiento del embargo de cuatro inmuebles (un departamento, dos cocheras y un depósito) valorizados en un millón de dólares, y de tres

vehículos tasados en 90,000 dólares.

Sus cuentas fueron congeladas por la Unidad d Inteligencia Financiera (UIF) a pedido del fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, mientras que

sus bienes fueron embargados a solicitud de la ex procuradora del caso Lava Jato Katherine Ampuero.

Según su defensa, Barata planea aguardar a que se le libere su dinero y se le devuelvan las propiedades para ampliar su declaración inicial y testificar en las

investigaciones seguidas a Keiko Fujimori, Alan García y otros. ¿Dirá toda la verdad? Fuentes del Ministerio Público dijeron a este

semanario que Barata ha mostrado su disposición para no contradecir lo manifestado por su ex jefe, Marcelo Odebrecht. Es decir, confirmaría que Odebrecht aportó dinero "no contabilizado" para las campañas de la hija

del reo y del partido aprista en el 2011. El abogado Carlos Rivera opinó que el hecho de que el fiscal Castro decidiera

excluir a Barata de las investigaciones en marcha "significa que ya llegaron a un acuerdo de colaboración". La ex procuradora Katherin Ampuero mostró su preocupación porque, según

dijo a esta revista, se estaría distorsionando el proceso de colaboración eficaz. "Los beneficios que establece la ley para un colaborador se determinan en un

proceso y pueden culminar con la exención de la pena. No es que ahorita yo te saco de investigado y te doy todos los beneficios", dijo. El Equipo Especial del caso Lava Jato, que lidera Castro, estima lo

contrario y considera que el uso de mecanismos como la confesión sincera y la colaboración eficaz a cambio de "beneficios especiales" son las armas

efectivas para "luchar contra la criminalidad". Y lo cierto es que le ha dado buenos resultados.

La estrategia que Castro está aplicando con Barata es la misma que ha utilizado

con Josef Maiman, quien confesó haber sido el testaferro de Toledo y dio los detalles precisos de la ruta del dinero a cambio de beneficios procesales. Ahora

el fiscal espera repetir la jugada.

elcomercio.pe, el lunes 6 de noviembre de 2017 - 20:04

Joaquín Ramírez será investigado bajo Ley de Cr imen Organizado

La fiscalía decidió el viernes reabrir pesquisa contra ex congresista fujimorista por presunto lavado de activos.

Medida alcanza a Keiko Fujimori.

El Ministerio Público decidió el último viernes reabrir una investigación contra el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos. La indagación incluye a la lideresa de la mencionada agrupación,

Keiko Fujimori. La fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de

Lavado de Activos, había decidido el 22 de setiembre pasado archivar la pesquisa contra el ex congresista de Fuerza Popular. Sin embargo, el programa de TV 'Primer Plano' reveló hoy que la Tercera Fiscalía

Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ha declarado nula la resolución de la fiscal que archivó la investigación a Joaquín Ramírez.

elcomercio.pe, el lunes 6 de noviembre de 2017 - 9:59 a.m.

Daniel Salaverry presenta denuncia constitucional contra Pablo Sánchez

El vocero fujimorista ha presentado la acusación contra el fiscal de la Nación,

Pablo Sánchez, ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Según la acusación de Daniel Salaverry, Pablo Sánchez ha incurrido en omisión

funcional en la lucha contra la corrupción.

El congresista y vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó esta

mañana una acusación constitucional en el Parlamento contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la cual exigen su destitución e inhabilitación.

El la acusación, el representante fujimorista acusa al fiscal de la Nación por "grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción". El documento, recibido esta mañana por el área de trámite documentario, será

enviado a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista Daniel Salaverry aseguró que la acusación es porque Sánchez

Velarde "no adoptó las medidas necesarias para preservar la imagen de imparcialidad y transparencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción".

Según la denuncia, la fiscalía no tomó las acciones para evitar "la inoperancia" de su institución frente a las empresas peruanas consorciadas con la

constructora brasileña Odebrecht. Puedes leer el resto de la denuncia en este enlace. Fujimorismo vs. Ministerio Público

Fuerza Popular ha cuestionado la labor del Ministerio Público en las últimas semanas, luego de que el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez

confirmara que la investigación contra Keiko Fujimori será bajo la ley de crimen organizado y el Nuevo Código Procesal Penal. "Increíble, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, asume el papel de verdugo

político de Keiko Fujimori y la acusa de pertenecer a una organización criminal", señaló la semana pasada el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

larepublica.pe, el lunes 6 de noviembre de 2017 - 18:56

Pablo Sánchez a Fuerza Popular: "No me voy a amilanar, no voy a tener miedo"

"Acá vamos a pelear contra la corrupción", dijo

Fiscal de la Nación se pronunció por la denuncia constitucional que

Fuerza Popular presentó en su contra este lunes ante el Congreso

El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, expresó con contundencia que

la denuncia que Fuerza Popular le interpuso en el Congreso no lo amilanará. "No voy a tener miedo", dijo en una actividad donde recibió el respaldo de la institución que preside.

"Después de más de 30 años con servicio a la fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso. Entiendo que los

fiscales también piensan igual que yo. Acá no vamos a tener miedo. Acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú", dijo. El alto funcionario agradeció el respaldo de sus colegas y envió un mensaje a

quienes intentan paralizar o afectar las indagaciones que se realizan en esta instancia. Sostuvo por ello que en el país se necesita más justicia, honestidad y

decencia. "No más corrupción, no sin vergüenzas". "No podemos descender a ciertos niveles donde solamente llegan aquellos que no tienen vergüenza de sí mismos y de lo que hacen (…) Les agradezco este

espacio de su tiempo. Vamos a seguir en la misma línea de trabajo siempre avanzando con apego a la ley" acotó.

La acusación interpuesta por el fujimorista Daniel Salaverry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales surge cuando desde ese bando político cuestionan las pesquisas iniciadas contra su lideresa, Keiko Fujimori, bajo el

marco de la Ley de Crimen Organizado. El también portavoz del partido naranja argumentó más temprano que no hay represalia alguna en la denuncia contra el fiscal de la Nación, sino que cuestiona

que este no haya tomado acciones contra empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht.

"No hay políticos en la fiscalía. No hay ninguna mano negra, ninguna mano política. Se investigan a personas que de alguna manera están siendo implicados en investigaciones. ¿O qué quieren, que no se investigue, que no se pregunte?",

se defendió Sánchez.

Antes de finalizar volvió a agradecer el respaldo de los fiscales y los miembros

de la institución. Señaló que este apoyo "me hace sentir que no estoy solo, me hace sentir que somos una familia, me hace sentir más fiscal".

¿Reforma electoral?

La República, el jueves 2 de noviembre de 2017

Sinesio López: Contrarreforma pol ítica

Los cambios electorales que viene haciendo el Congreso muestran que carecemos de una élite política capaz de entender, enfrentar y resolver los

desafíos que la actual crisis política nos plantea. Esta crisis no toca solo al sistema electoral sino que se extiende al sistema de partidos y a la forma de gobierno.

Su solución requiere una propuesta de conjunto que permita una articulación adecuada de estos tres elementos del sistema político. Las

mejores reformas parciales son las que nacen de una propuesta global de reforma política. Los cambios actuales son parciales y desarticulados porque carecen no solo de una perspectiva global de reforma política sino

también de una propuesta coherente de reforma electoral puesto que se rechazó aquella que había logrado desarrollar la comisión presidida por la

congresista Donayre. La formulación de una propuesta de reforma global requiere discutir previamente tres temas fundamentales del sistema político:

las crisis de representatividad y de representabilidad y las posibles formas de resolverlas,

las deficiencias de la democracia que tenemos y las posibles modalidades de construir la democracia que queremos, los problemas de gobernabilidad que traban la eficiencia y la estabilidad

de los gobiernos y las probables salidas para superarlos. Un esclarecimiento fundamentado de estos temas ayuda a diseñar mejor

tanto la reforma política global como la reforma electoral. Los cambios electorales hasta ahora diseñados por el Congreso configuran, no una reforma electoral, sino una contrarreforma política que

tiene las siguientes características: Primera, la construcción de un sistema político elitista y cerrado que

bloquea las posibilidades de renovación de un sistema político agotado.

Los partidos que se inscribieron con cien mil firmas exigen a los nuevos cerca e ochocientos mil adherentes y convierten, de ese modo, a la política en coto

cerrado de colapsados "partidos" caudillistas, algunos de los cuales siguen en la arena política gracias a los favores del anterior JNE.

Esta cerrazón elitista es reforzada con la maniobra insensata de exigir tres años de militancia a los futuros candidatos a la presidencia. Segunda, se mantiene una competencia electoral injusta y abierta a la

corrupción debido a la aceptación del financiamiento privado de las campañas electorales.

Los beneficiados con el financiamiento privado son, además de los canales de

TV y las cadenas radiales, los partidos de derecha y los mismos financistas privados que buscarán recuperar con creces la inversión hecha en las campañas

una vez que sus candidatos favoritos accedan al gobierno. La política sigue siendo un negocio para los políticos y para los financistas de las campañas electorales. Tercera, la configuración de un sistema electoral confuso y costoso. La

mayoría congresista potencia el error de García que estableció la segunda vuelta

para aquellos casos en los que ningún candidato regional alcanzara el 30% en la primera vuelta. La legitimidad por desempeño no depende de la legitimidad de origen sino de la capacidad de dirección y gestión de los gobernadores, del

equipo técnico que los apoya y de los recursos que dispone.

viernes 3 de noviembre de 2017

La República, EDITORIAL: Se necesitan voces críticas

La contrarreforma electoral avanza

Lo que ocurre en el Congreso en relación a los cambios electorales recibe

el nombre de reforma electoral, tratándose en realidad del inicio de una contrarreforma, una peligrosa tendencia para el sistema. Las señales

emitidas por el Parlamento en los últimos 15 meses deben impulsarnos a la alerta. El primer hecho fue la temprana decisión de Fuerza Popular de bloquear un

proceso que se había planteado integral, descuartizando el proyecto de Código Electoral elaborado por un grupo de trabajo dirigido por el mismo

fujimorismo. Luego se sabrían los entretelones de esta decisión cuyo único objetivo era, precisamente, evitar a toda costa la reforma ofrecida a los peruanos.

Lo que ha seguido es una simulación, en cuyo contexto se han aprobado dictámenes e iniciativas de ley, la última de las cuales es la prohibición de los

movimientos locales independientes, una tradición que tenía 35 años de vigencia. En cambio, el Congreso les ha dado un portazo adelantado a la democracia interna, la participación obligatoria de los organismos electorales

en las elecciones internas, la supresión del cáncer del voto preferencial y la adopción de la paridad de género en las listas a los cargos de elección popular.

En relación al financiamiento partidario, los cambios aprobados son escandalosamente mínimos; en cambio se mantiene el financiamiento vía los actos proselitistas y se desoye el pedido para que las sanciones no solo sean

pecuniarias sino políticas. La línea central de esta parte de la contrarreforma ha sido trazada, en la medida que se restringen las potestades fiscalizadoras

de la ONPE porque los partidos ya no estarán obligados a reportar sus ingresos

y gastos de campaña durante el proceso electoral, sino después. A pesar de estas evidencias, y de la convicción de que el fujimorismo no ha

variado su posición inicial contra la reforma, varios sectores persisten en

reducir el proceso a cambios ceñidos al financiamiento, como si el resto importara poco. Entre ese "resto" asoma el riesgo del cierre del sistema político; a las cerca de 800 mil firmas que se exigen para inscribir un partido

se pretende agregar un período mínimo de legalidad de 3 años a los nuevos

partidos para participar en las elecciones.

Lo que está sucediendo en el Perú, en el contexto de agresivos cambios

electorales en la región para garantizar la transparencia de la política, la preservación de la ética pública y la competencia democrática por el poder, no es una normalidad. Por esa razón, es conveniente que se alcen las voces

críticas. En este empeño, a las instituciones que a nombre de la sociedad civil asumen el desafío de la reforma electoral, como la Asociación Civil

Transparencia, IDEA Internacional y Proética, les corresponde liderar desde la sociedad una perspectiva integral de los cambios requeridos, para que el proceso recobre el sentido de profundidad que ya tuvo en el pasado

reciente, antes de la aprobación de la Ley Nº 30414 que originó el retiro de dos candidaturas presidenciales para favorecer a otras y que, no obstante, no pudo

evitar la funesta composición del actual Parlamento.

Perú.21, el viernes 3 de noviembre de 2017

Luis Davelouis: El iminando la competencia

El Congreso le cerró la puerta de la participación política a las organizaciones

políticas locales. Las organizaciones de vecinos que suelen nacer del hartazgo de no sentirse representados por la oferta política existente, piña. En un país con instituciones sólidas, controlar la dispersión de

movimientos políticos a nivel vecinal, distrital o provincial puede parecer una buena idea pues se trata de centralizar el camino al poder y dejar fuera

a oportunistas, demagogos y aventureros. Pero en un país con clientelismo político que incluso la bancada mayoritaria exhibe, es como zamparse a la fiesta saltando el muro y luego

poner botellas rotas en el perímetro con el pretexto de que hay que evitar a los zampones.

De los últimos cinco presidentes, el único que postuló con un partido consolidado y ganó fue Alan García. Todos los demás llegaron o en tractorcito, o con vincha, o con "gesta", o con miedo.

Para que no parezca un cambio de reglas de juego, se incorporará una disposición transitoria en la ley según la cual los movimientos vecinales y

distritales que ya tengan comprado su kit podrán participar en las elecciones del próximo año si cumplen los requisitos. La única posibilidad para los movimientos locales será adscribirse a organizaciones políticas regionales o nacionales establecidas (difícil hablar de organizaciones consolidadas cuando la principal fuerza política en el

Congreso llegó con 73 congresistas de los cuales solo 11 eran del partido).

Además, de esta forma los movimientos locales tienen menos margen de negociación porque, es evidente, aquí no hablamos de identificación de

principios ni de aproximaciones ideológicas y menos doctrinales. Ni esta medida, ni ninguna por el estilo, coadyuvará a la construcción de organizaciones políticas

más fuertes. Cáscaras con respirador artificial.

La República, el sábado 4 de noviembre de 2017

Augusto Álvarez Rodrich: Expropiación del derecho a elegir

Otro mamarracho aprobado por este Congreso penoso

El Congreso sigue queriendo mejorar su reputación pero manteniendo invicta su capacidad de errar, como acaba de volver a demostrarlo al aprobar, por amplia

mayoría, un proyecto que expropia el derecho de la gente a elegir a quien quiera. El proyecto establece la prohibición de manera permanente a postular a cargos

de elección popular a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, corrupción de funcionarios, peculado y corrupción.

El impedimento se aplica aun cuando la persona hubiera sido rehabilitada, pero no a los indultados.

Suena bien a primera vista para satisfacer a la gente, pero una mirada más profunda lleva a concluir que estamos ante otro mamarracho del congreso que se aprobó con 77 votos, tres en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa es del fujimorista Héctor Becerril, lo que debería llevar a sospechar sobre su inconveniencia por su apuesta indesmayable por el

desatino, pero todo se debe analizar.

La propuesta inicial de Becerril fue que el impedimento a postular solo alcance a los sentenciados por terrorismo y por apología del terrorismo. Pero luego, a

iniciativa de Alianza para el Progreso, se amplió la prohibición a los condenados por los otros delitos mencionados.

Se puede -y debe- establecer restricciones para que determinados sentenciados ocupen algunos puestos en el sector público. Por ejemplo, que un condenado por violación de menores o por terrorismo sea profesor de niños, o que uno por

corrupción trabaje en el Estado. Pero lo que no se debe impedir, porque es antidemocrático, es que alguien

que ya cumplió su sentencia pueda postular a un cargo de elección popular porque en ese caso es el ciudadano el que tomará la decisión. Con el criterio absurdo aprobado anteanoche en el congreso, Nelson Mandela,

José Mujica o Dilma Rousseff no habrían podido postular a la presidencia de Sudáfrica, Uruguay y Brasil. O Yehude Simon al Congreso.

Dice la fujimorista Úrsula Letona que el proyecto se justifica pues "el país necesita mejores candidatos y mejores autoridades". Si así fuera, debiera preocuparse por no llevar en sus listas a gente como Yesenia Ponce,

Karina Beteta, Bienvenido Ramírez o Maritza García, por solo citar a cuatro que hacen parecer a la bancada de FP como armada en un desagüe.

Pero ni eso debiera expropiarle al ciudadano el derecho a elegir como quiera, a quien quiera.

La República, el lunes 6 de noviembre de 2017

Daniel Parodi: La repúbl ica amenazada

(aprista, historiador, docente universitario)

El 5 de abril de 1992, luego de que Alberto Fujimori anunciase el cierre del

Congreso y la intervención de los poderes del Estado, decenas de miles de personas lo vivaron en la Plaza Mayor. Significativamente, casi el 90% de

peruanos aprobó la medida, así lo registraron las encuestas. Entonces la dicotomía nos pareció clara: dictadura o terrorismo. Y así, entre bombazos y apagones, el país asistía a su enésima refundación

republicana, como tantas en los siglos XIX y XX, pero no a través de la democracia, sino de la dictadura que, una vez más, nos pareció

imprescindible para salvar a la república amenazada. Es como diría

Chocano, en su célebre texto justificador del Oncenio de Leguía: "las dictaduras están llamadas a organizar las democracias". No obstante, un repaso por el aciago 1992, nos muestra varios escenarios posibles, como el trunco gobierno del neoliberal FREDEMO, cuyas recetas

económicas, acordes al consenso de Washington y el plan Brady, eran similares a las que aplicó el ‘Chino’, solo que tumbarse a la democracia completita y a sus partidos políticos no estaba en los planes del liberal Nobel de literatura. Ni qué

hablar de Sendero, cuyos talones venía pisando el GEIN, y que el gobierno de Cambio 90 mantuvo a regañadientes. Lo digo más claro: con o sin golpe,

Abimael Guzmán iba a caer. De allí que la dicotomía "dictadura o terrorismo" no fuese más que una psicosocial más, de las muchas que se gestaron en la mente perversa de

Vladimiro Montesinos y que, entre tanto bombazo, porque Sendero aún operaba, compramos sin dudarlo pues los medios la difundieron día tras

día y los peruanos anhelábamos, antes que nada, la paz. ¿Estamos en una coyuntura así? es posible, en todo caso, comienzan a deslizarse narrativas e iniciativas legislativas para allanarle el camino a una

nueva refundación, anaranjada por supuesto. De allí que los analistas de su entorno hayan centrado su ataque contra el mismísimo republicanismo,

presentándolo como la frívola exquisitez de una aburguesada elite intelectual y ninguneándole cualquier atributo ante la ciudadanía. Y es así que, repentinamente, se han levantado críticas incluso contra la

transición democrática de Valentín Paniagua la que, con mil y un dificultades, alcanza a nuestros días. Luego, los cuestionamientos se extienden a Julio

Guzmán, presentado por algunos como sucesor natural de Paniagua, en tanto

que podría levantar los valores cívicos que en su momento este enarboló. Y mientras que, con un floro notoriamente autoritario, se insiste en que el periodo democrático iniciado en 2016 es un experimento caduco y finiquitado, el Congreso se ocupa de limpiar la cancha para que el "nuevo advenimiento

fujimorista" se convierta en realidad. De esta manera, un cambio en la legislación electoral dejará fuera de carrera a Verónika Mendoza y Julio Guzmán. Ojo con el segundo, y su capacidad de aglutinar a esa mitad

clasemediera del país, la misma que derrotó con las justas a Keiko Fujimori en 2016. Porque decir que el 70% del país es antiestablishment es demasiada

exageración: por lo menos uno de cada dos peruanos cree en la vía republicana, como en la consolidación de sus instituciones democráticas, lo que queda por hacer es darle organicidad a esa mitad.

Luego ¿Qué es lo que existe más allá de la república? Queda claro que, entre el posmodernismo y la posverdad, el proyecto de los padres fundadores no parece

demasiado inspirador y que no iremos a ninguna guerra civil por defenderla, como sí lo hicieron los republicanos españoles entre 1936 y 1939. Pero como

desarmar es fácil, la pregunta que queda en el aire es ¿cuál es la alternativa

frente a la república y sus utopías de virtud ciudadana, gobierno del pueblo e igualdad ante la ley? Porque si se trata del autoritarismo clientelar,

patrimonialista y corrupto de Alberto, encarnado en su hija Keiko, me queda

clarísimo que mi lugar está en la trinchera de quienes quieren seguir construyendo la república, no importa si contra viento y marea.

Gobierno y oposición

La República, el domingo 5 de noviembre de 2017

Mirko Lauer : El Hamlet del indulto

Pedro Pablo Kuczynski ha convertido su relación con el indulto en un arte de la indecisión. Ha cavilado a lo largo de más de un año, y emitido sobre el tema

declaraciones para todos los gustos, ninguna concluyente. El efecto de tal irresolución ha sido mantener la excarcelación de Alberto Fujimori como un

centro de la atención política. ¿Es lo que ha buscado? PPK ha sido consistente en ignorar el discurso de los abogados y en presentar sus dudas sobre el indulto como una preocupación humanitaria: evitar que

Fujimori muera en la cárcel. El problema en esto es que el preso no ha podido demostrar que sus males efectivamente son de ese calibre. Lo cual PPK parece

haber entendido como un alargamiento del plazo para tomar la decisión. Al mismo tiempo la cuestión tiene una faceta nada humanitaria, pues preso o

libre el ex presidente es una ficha importante en la política. Su prisión ayuda a

mantener el orden establecido en Fuerza Popular, en esa medida no indultar puede ser visto como un aporte a mejores relaciones entre el Ejecutivo y la

mayoría del Congreso. Aunque quizás más ha ayudado darle a FP medio gabinete. De otra parte el indulto tendría un costo entre sectores influyentes del

sentimiento oficialista, que lo verían como una claudicación, y un error político

en el mediano plazo. A estos sectores el argumento humanitario les importa

poco, y además consideran que el peligro de muerte no está demostrado, y podría ser elemento de una farsa. Frente a esta encrucijada PPK parece considerar que sí va a producirse el

momento adecuado para indultar sin, o con pocas, consecuencias. Así, las declaraciones vagamente herméticas que él va soltando de cuando en cuando

serían maneras de sondear el ambiente. Mientras tanto su gente va informando sobre los momentos en que el tema "no está en la agenda". ¿Puede esta mecánica continuar indefinidamente? En el fondo no hay nada que

se lo impida. Pero es inevitable que termine siendo vista como la manera que PPK ha encontrado para no indultar mientras va buscando la manera de

hacerlo. En los bordes se van acumulando la expectativa y la zozobra de los

más interesados en el asunto.

Perú.21, el viernes 3 de noviembre de 2017

Santiago Pedragl io: Final del 2021: ¿FP vs. APP?

Si la ruleta de la política peruana sigue girando en la dirección que va, el próximo año, en noviembre de 2018, fecha de las elecciones subnacionales, la contienda

principal será entre Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, de César Acuña. Entre los partidos nacionales, hoy por hoy son los

mejores apertrechados para ganar el mayor número de gobiernos regionales y alcaldías. Son los que se están preparando con más ahínco, vía sus redes de contactos,

la organización de alianzas, la asimilación de caudillos locales y la disponibilidad de recursos. Además, tienen la mayor presencia actual en gobiernos regionales

y alcaldías; en las zonas de reconstrucción, por ejemplo, alcaldes y gobernadores son sobre todo de FP, APP e independientes. Entre los demás partidos, el que tiene mayores opciones para terciar en

este eventual duelo es Acción Popular, sobre todo si cuaja su candidatura por Lima Metropolitana. Esto no solo debido a la repercusión de un triunfo en

la capital, sino también por el efecto de arrastre sobre distritos limeños, sin olvidar que, ya en las subnacionales pasadas, AP ganó en varias localidades fuera de Lima.

El 2018 será "la previa" del 2021, elección en la que todos los partidos, y en particular Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, tienen el ojo puesto. Las

dos agrupaciones tienen claros puntos en común: su base social es similar -sobre todo en los sectores definidos por las encuestas como C, D y E-; su nexo con los informales y los "emprendedores", a los que tanto halagan

los intelectuales del neoliberalismo; son fuerzas conservadoras; tienen un estilo clientelar de lealtades y redes; y dan cobertura para la participación

de aliados que aspiran a las parlamentarias. El 2021 está bastante lejos, pero

los aspirantes ya se perfilan.

http://wayka.pe/economia-fujimorista/ 31 Oct, 2017 | Actualidad,

Pedro Francke: Economía fujimorista

La semana pasada el congresista fujimorista Miki Torres insistió en bloquear un proyecto de ley propuesto por la Superintendencia de Banca para regular a las

cooperativas de ahorro y crédito (CAC). La regulación bancaria es muy necesaria ya que el funcionamiento ilegal de financieras trae consigo riesgos muy severos, como lo saben las decenas de miles de peruanos que perdieron su plata en

CLAE hace un par de décadas. En Estados Unidos y Europa, bancos desregulados generaron el crack del 2008/2009, causando pérdidas billonarias

que tuvieron que ser absorbidas por sus estados para evitar un pánico financiero que hubiera tenido efectos aún más desastrosos. Está muy bien promover la competencia y el cooperativismo en ahorro y crédito, pero con la supervisión necesaria. Pero Miki Torres bloquea las medidas para regular a las CAC. No parece ser casualidad que sea él quien lo haga: su

estudio de abogados y el de su padre durante años han ganado buen dinero prestando servicios a estas cooperativas, por lo que se puede pensar que más que amor al chancho es el gusto por los chicharrones lo que mueve su postura

en el Congreso. Pero no es la única defensa fujimorista de intereses particulares. En el

Congreso están insistiendo en un proyecto de ley que regalaría unos 5 mil millones de soles en exoneraciones de impuestos a LAN / LATAM. Luego

de que la congresista Marisa Glave revelara que se trata de un proyecto con

nombre propio en favor de esta empresa chilena, la mayoría del congreso trató de lavarse la cara diciendo que la ley sería solo para medianas empresas, pero

ahora la fujimorista Karla Schaefer Cuculiza ha dicho que insistirá en que empresas grandes y extranjeras como LAN/LATAM también se beneficien, olvidando por cierto los 1,500 millones de impuestos que por otras razones

LAN se niega a pagar. Como se ve, en este caso los chicharrones son mucho

más gordos. Otro proyecto aprobado por el fujimorismo impide que la SUNAT multe a

empresas que venden hasta 6 millones anuales que se niegan a mostrar sus libros contables y tienen camiones trasladando mercadería ilegalmente sin

guías.

Los grandes monopolios industriales también han visto sus intereses

económicos defendidos por el fujimorismo. Aunque las estadísticas indican

que 58% de mujeres padecen de sobre peso u obesidad en nuestro país, lo que

es causa de ataques al corazón, diabetes y diversos cánceres, la bancada fujimorista ha presentado un proyecto de ley que busca traerse abajo el reglamento de la ley de alimentación saludable que establece un etiquetado

de la comida chatarra. También en este caso hay muchos millones en juego, contrapuestos a la salud y la vida de millones de peruanos.

Economía fujimorista: ¡qué les parece!

Lucía Alvites: Castañeda, el destructor

Otra Mirada, 7. 11. 2017

El alcalde Castañeda Lossio no se cansa de demostrar, una y otra vez, que sus

acciones son motivadas por intereses que poco o nada tienen que ver con el de mejorar la vida de quienes habitamos la ciudad. El resultado de sus proyectos expresa improvisación, desconocimiento técnico y, sobre todo,

fuertes irregularidades en el manejo de los recursos utilizados.

Consecuencia lógica de todo esto es que sus proyectos sean además, necesariamente, inconsultos, hechos sin y contra los vecinos que han de sufrir

las nefastas consecuencias. Esta realidad ha traído graves consecuencias para Lima en infraestructura,

modernización, transporte y calidad de vida, como es evidente al recorrer cualquier día la ciudad. Lo peor ha sido, sin ninguna duda, la pérdida de vidas

por la incompetencia de la gestión de Castañeda, como son los casos del niño fallecido en el incendio de Cantagallo, hecho directamente relacionado al

incumplimiento de reubicación de las familias de la comunidad shipibo - konibo

mediante el proyecto Río Verde, impulsado por la anterior gestión y que abandonó el alcalde. También el de los dos jóvenes que murieron en el incendio de Las Malvinas,

trabajando en galerías que no tenían condiciones para tener licencia de funcionamiento pero que sin embargo la obtenían de todos modos por la

corrupción enquistada en la Municipalidad de Lima. El de la persona fallecida en la ruta del Cerro San Cristóbal, como pasajera

de una empresa de buses que no debía tener autorización para circular por esa zona pero que la había obtenido igual gracias, una vez más, al gobierno municipal de Castañeda. Castañeda es la primera autoridad de Lima y como todo indica su principal enemigo. Estamos sometidos a su incapacidad, a sus intereses personales

y a su visión de ciudad que depreda los espacios públicos y sus áreas verdes para priorizar grandes negocios privados, el cemento y los autos. Hace unas semanas este delirio edil llegó a la zona de Santa Beatriz , que es la

primera urbanización de la capital. Ubicada en el mismo Cercado de Lima pero que se ha mantenido relativamente lejos de la hegemonía del comercio,

conservando sus calles las características de un barrio donde la gente convive y hace comunidad. Cuenta con árboles de décadas de vida y jardines en sus veredas. Tiene además construcciones que son testimonio de la arquitectura de

principios del siglo pasado, en la que podemos encontrar las casas que

acogieron a reconocidos artistas y escritores de la cultura limeña como Julio

Ramón Ribeyro, Blanca Varela, Fernando de Szyszlo, entre otros. Bondades que hace cinco años me hicieron elegir a mí y a mi familia esta urbanización para

vivir. Hoy todo esto se encuentra amenazado por la obra que pretende ensanchar las pistas de Santa Beatriz, convirtiéndolas en calles de tres carriles .

Mariano Carranza, Enrique Villar, Teodoro Cárdenas y Manuel Segura son las elegidas por el alcalde para que pasen más autos, como si ya no fuera

insoportable el tráfico de la ciudad. La obra ya empezó en las dos primeras calles y como los vecinos y vecinas podemos constatar diariamente, este tercer carril impone la eliminación de los jardines y los árboles, algunos de hasta

cincuenta años, que rodean las casas. ¿Cuál es el objetivo de hacer un tercer carril en una zona residencial donde hay

colegios, iglesias, mercados y bodegas? ¿Por qué, si se sabe que técnicamente este tercer carril no descongestionaría en lo absoluto el tráfico de las avenidas cercanas, Castañeda insiste con esta obra? ¿Qué intereses hay detrás de una

obra a la que la mayoría de vecinos se opone porque significa eliminar sus áreas verdes y tugurizar de autos la zona?

Son preguntas que nos hacemos todos los días quienes vivimos en este todavía hermoso barrio, sin encontrar respuestas lógicas que nos anuncien que algo bueno dejaría la nueva obra de Castañeda. Así como en otros distritos, los vecinos de esta urbanización han decidido organizarse en el espacio “Yo defiendo Santa Beatriz”, para exigir la

paralización de la obra a la Municipalidad, iniciando acciones legales por el crimen ecológico de destruir las áreas verdes y por ser un proyecto impuesto sin consulta, de forma arbitraria, a pesar que afecta directamente la cotidianidad de

los residentes. La agresión permanente de Castañeda a nuestra calidad de vida no deja más

alternativas que recuperar y salvar nuestra ciudad, para nosotros y nuestros hijos, o la resignación suicida ante este dictador municipal que pretende que nuestros espacios públicos son coto de caza para sus negocios privados. Lima

se merece más.

POBREZA Y DESARROLLO

Reconstrucción de la reconstrucción

El Comercio, el martes 31 de octubre de 2017

Pedro Tenorio: Demolición sin cambios

"Pablo de la Flor se estrelló con un muro de incapacidades en el que

se estrellarán Aráoz y compañía si no hacen ajustes cuanto antes" Cuando en febrero del 2014 Nadine Heredia conspiró contra el entonces jefe del Gabinete, César Villanueva, y forzó su renuncia, inició una debacle que

la llevaría pronto a perder el rango de "estrella" del régimen que, de acuerdo

con las encuestas, venía ostentando. Tiempo después, la denuncia de los "narcoindultos" complicó toda expectativa electoral de Alan García, pero

este se negó a aceptarlo. Sus disculpas públicas poco antes de la primera vuelta en el 2016 no lo salvaron del rechazo general. Las crisis políticas casi siempre avisan. Por eso la habilidad de un político radica en detectarlas a

tiempo y atacarlas sin demora. Sin embargo, no es lo que viene sucediendo con el gobierno de Pedro Pablo

Kuczynski en un tema tan sensible como el de la "reconstrucción con cambios", luego de El Niño costero. La emergencia lleva siete meses sin que hasta el momento se vislumbre una solución eficiente. Fue un desastre

nacional que afectó a cientos de miles de familias que hoy, para todo efecto práctico, continúan en la misma indefensión que el día en que los huaicos

y crecidas de ríos arrasaron sus viviendas. La renuncia de Pablo de la Flor al organismo encargado ahonda la sensación de que en Palacio de Gobierno no entienden el problema ni cómo encararlo.

Así, es obvio que se avecina una crisis muy seria por este tema y que Mercedes Aráoz no es consciente de ello. Sale De la Flor y se anuncia su reemplazo, pero el problema no es de nombres sino de procedimientos y de voluntad política. Lo alertó en este Diario Roberto Abusada: "Trabajar en forma

atomizada con 306 unidades ejecutoras es a todas luces una mala idea" ("Los peligros de la reconstrucción", 17/10/2017). El economista proponía que fuera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de una oficina

especializada, el que gestione las labores de reconstrucción ante la inoperancia de instancias regionales y provinciales para convocar concursos, adjudicar obras y supervisarlas con el criterio técnico

requerido. Pablo de la Flor se estrelló con un muro de incapacidades en el que

se estrellarán Aráoz y compañía si no hacen ajustes cuanto antes.

Sin embargo, ese es solo el flanco técnico del problema, pues hay un ámbito político donde únicamente hay discursos. No basta con que el presidente Kuczynski visite una mañana el norte para "inspeccionar" la limpieza del cauce de algunos ríos. Está clarísimo que, o el gobierno corrige y actúa ya mismo o se lo llevará el huaico del descontento popular, lo que atizará el

demoledor ataque de las fuerzas opositoras y le restará fuerza para

implementar cualquier iniciativa o reforma (¡nadie querrá aparecer del brazo de un Ejecutivo socialmente insensible!). Avisados están.

Eduardo Bal lón: La reconstrucción entre algodones

2. 11. 2017

La renuncia de Pablo de la Flor, responsable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), evidenció, por si hacía falta, la virtual parálisis del proceso de rehabilitación, prevención y reconstrucción

lanzado por el gobierno como respuesta al Niño Costero que afectó distintas

regiones del país, dejando a decenas de miles de personas sin vivienda y sin acceso a servicios básicos y a vías de comunicación, pero dejándolas también

sin sus principales fuentes de ingreso, es decir sus tierras y sus empresas.

El Estado, tras hacerse presente directamente en las zonas afectadas para responder a las necesidades más urgentes de la población en el terreno, contra

viento y marea creó una Autoridad de la reconstrucción, basada en un diseño fuertemente centralista, poco articulada con los diversos sectores y

niveles de gobierno, obviando todo mecanismo significativo de participación de los afectados. La misma fue encargada a un ex alto funcionario del Banco de Crédito que “compitió” por la posición con otros gerentes privados,

destacando entre ellos, otro importante gerente, allegado al Grupo Interbank. Fue claro desde un primer momento, en consecuencia, la preocupación y el interés de los principales sectores privados por liderar un proceso ,

percibido como la locomotora del crecimiento económico de los próximos 24 meses en el país. A fin de cuentas, los 25,665 millones de soles aprobados como presupuesto para la reconstrucción, constituyen un bocado nada desdeñable.

El 75% de las aproximadamente 10,000 obras contempladas, han sido programadas para ser ejecutadas por el gobierno nacional, dejando 20% de

éstas a cargo de las regiones y 5% en manos de los gobiernos locales. Ello, a pesar de la abundante y larga evidencia que demuestra los límites de la

capacidad de ejecución de los sectores. Como es obvio, este enfoque de intervención generó tensión entre los gobiernos subnacionales y la Autoridad. Más importante aún, generó creciente malestar entre la población afectada,

que después de los meses transcurridos sigue viviendo en carpas y albergues transitorios, enfrenta su supervivencia cotidiana sin mayor

apoyo del Estado y ha tenido que hacer frente a sucesivas crisis sanitarias y de salud, como la sufrida por Piura, frívolamente caracterizada por una ex

ministra, de cortina de humo.

La multiplicación de malestares y críticas se agudizó con el cambio de gabinete. A fin de cuentas, De la Flor fue impulsado por Zavala y no gozaba,

necesariamente, de la confianza y el entusiasmo de la nueva Premier. En este contexto, y con un presupuesto que recién fue aprobado en septiembre, De la Flor sorprendió al país con unas declaraciones publicadas por El Comercio,

donde responsabilizaba a las autoridades subnacionales de incapacidad para el gasto en distintas obras de prevención y anunciaba su pretensión de hacer de la

Autoridad, una unidad ejecutora presupuestal; es decir, manejar directamente la

mayoría de obras y recursos. De la Flor, y el gobierno todo, obviaban en su mirada interesada, los severos problemas de los sistemas administrativos del Estado. Preocupados por resolver la tramitología que supuestamente afecta a la gran inversión privada, olvidaron aquella que perjudica directamente a la gente. Así, por

ejemplo, los procesos de contratación y adquisiciones que controla la OSCE, toman, en cada paso, 30 días de papeles que van y vienen de Lima sin contemplar las demandas y urgencias de la gente. Antes que apoyar a los

distintos niveles de gobierno a ejecutar adecuadamente los recursos para distintas obras de prevención –acortando por ejemplo los plazos de los que

dispone la OSCE, creando un equipo especial destinado a estas tareas-, optaron por “constatar” las limitaciones de los gobiernos descentralizados, exonerándose

de responsabilidad. La respuesta de los gobernadores regionales del Norte, no se dejó esperar. Rechazaron los señalamientos del responsable de la Autoridad y exigieron su

renuncia en un pronunciamiento conjunto. Así las cosas, todo indica que De la Flor “calculó” sus declaraciones, ante las dificultades crecientes que enfrentaba

con sus distintos interlocutores: los sectores, frente a los cuales tenía una capacidad limitada, y las autoridades descentralizadas, con las que los desencuentros eran inevitables. Así las cosas, la eventual designación de Edgar Quispe, un funcionario público

de varios años, distintos gobiernos y diversas posiciones en su curriculum, no

cambia sustantivamente la esencia de las cosas. La Autoridad debiera reorganizarse rápidamente para garantizar una coordinación efectiva de todos los comprometidos en la reconstrucción, niveles y sectores del gobierno,

incorporando directamente a los órganos nacionales de contrataciones y de control. De inmediato, se deben priorizar y cronogramar las inversiones, con

participación de las autoridades descentralizadas, agilizando la viabilidad de las inversiones y asegurando su transparencia, impulsando un sistema de veedurías ciudadanas, con la participación directa de la población afectada, que

complemente las acciones de control a cargo de la Contraloría. Desde los gobiernos territoriales, se debe fortalecer el ordenamiento y la gestión y

prevención de desastres para no repetir una mala película. ¿Es posible? Si, de existir en el gobierno la decisión de evitar seguir disparándose a los pies.

[1] Investigador principal de DESCO

Violencia contra la mujer

La República, el martes 31 de octubre de 2017

Rocío Si lva Santisteban: Matalá Matalá Matalá Matalá

"Gracias Zaperoko por el mensaje, ahorita mismo la mato" es el primer

comentario en el video de YouTube que la orquesta chalaca ha colgado remixeando a la cubana Sonora Matancera, otrora difusora de esta canción de José Antonio Morillas Lizancos (1979). Otro comenta: "qué hermosa canción,

hasta la letra tiene sentimiento…" Los comentarios de los videos de YouTube

siempre pueden ser peores que los del resto de redes sociales. Esta canción que, seguramente, hasta yo misma bailé en mi juventud sin saber siquiera de lo

peligroso que es su mensaje, es una muestra de lo que hacemos y bailamos quienes nos encontremos insertos en un sistema patriarcal dependiente que, a través de sus productos culturales, difunde el machismo como estrategia

de dominación. Víctor Vich lo ha dicho de manera impecable en un post de La Mula: "¿Cuál

es la manera profunda de combatir la violencia contra la mujer? Insisto: ¿De qué sirve meter a la cárcel a los violadores si tenemos una cultura que "produce" violadores todos los días?" Lo que plantea el profesor de la

Universidad Católica es "deconstruir la masculinidad hegemónica" que en

buena cuenta consiste en cuestionar los roles tradicionales en los cuales

peruanas y peruanos nos hemos "engenerado". Todos aquellos roles que, a lo largo de nuestra educación y medio social, nos han enseñado como si fueran los únicos y los verdaderos. Debemos cuestionar estereotipos como que los hombres no lloran y las mujeres lloran demasiado; cuestionar la pertenencia de la mujer a su pareja

varón como si se tratara de un objeto y tampoco viceversa. Entender que la violencia estructural de nuestro país no se fue cuando cayó Abimael Guzmán o cuando sentenciaron a Alberto Fujimori. Comprender que los

altos índices de violencia sexual y de feminicidios en América Latina están vinculados a una cultura de la violación que todos recreamos día a día si

seguimos invisibilizando los instrumentos que la mantienen vigente. Por eso cito nuevamente a Vich: "La estrategia central para combatir la violencia de género -la más importante quizá- debe concentrarse en desmontar el

imaginario machista. Para eso son necesarias las políticas culturales". No solo la educación sino la cultura en su ámbito amplio y en su concepto

antropológico. Si la gente lee más no serán necesariamente más buenas personas, pero entenderán mejor las cosas, podrían desarrollar un espíritu crítico y podrán tomar decisiones. Un cambio cultural es un cambio lento que

no se rige por las normas legales. Pero por algo se comienza.

Es cierto que las mujeres necesitamos aclarar nuestro papel en la sociedad,

dejar de sentirnos culpables y empoderarnos para reclamar nuestros justos derechos. Pero es imprescindible que los hombres entiendan que la cultura machista, además de exigirles pruebas perversas y tortuosas de su

masculinidad, les hace creer que son superiores y que toda relación con una persona mujer o trans o bigénero, es vertical, jerárquica y subordinada.

Ese sentido común debe explotar y dejar de ser un mandato. #NoalaPenadeMuerte

Diario UNO, el miércoles 1 de noviembre de 2017

Teresa Tovar : La escuela tiene vela en esta tragedia

Somos el segundo país más violador de América del Sur. Este y otros

indicadores citados por diversos estudios muestran que la violencia contra la mujer está escalando dramáticamente, siendo, además, justificada por varias

autoridades y líderes de opinión. Es decir, la misoginia se está instalando en

espacios de poder y de cultura.

El sistema educativo no forma parte de este coro, pero está pecando por omisión.

Pues culpable no solo es el que violenta y mata, sino el que deja matar, o peor aún, el que educa en un currículo oculto donde agredir a una mujer se vuelve lícito. La violencia que vivimos no solo exige leyes y penas drásticas.

Requiere ser enfrentada de raíz, desde la educación y la cultura.

Se consiguió la matrícula paritaria de niñas y niños, pero las niñas matriculadas

son agredidas. Se ha restablecido la Dirección Nacional de Tutoría, pero omitiendo el tema de violencia de género. La igualdad de género está mencionada en el currículo, pero esto es a todas luces insuficiente: es un

enfoque "transversal" que existe solo como entelequia, como fraseo sin peso decisorio. En educación lo que tiene poder es lo que se prioriza, evalúa y es

objeto de rendición de cuentas. La igualdad de género no tiene nota, ni tampoco ningún responsable al interior del sistema educativo. Si nadie la

implementa, no pasa nada. ¿Qué hacer? Hay que comenzar priorizando la prevención y sanción del abuso sexual y la violencia contra la mujer, para que ningún agresor pase

piola, aunque tenga buenas notas en matemáticas o sea un maestro con bono de reconocimiento. Urge dar atención intersectorial a la salud de las niñas, incluyendo educación sexual con enfoque de género para niños y niñas, para

que todos valoren su cuerpo y dignidad. Se debe garantizar baños diferenciados por sexo en todas las escuelas, pues resguardan la intimidad de las niñas. Es

básico que la formación docente incluya el enfoque de igualdad de género, porque ningún cambio se consigue sin los maestros. Es necesario modificar las prácticas pedagógicas para que: a) Recuperen los

saberes de las niñas; b) Visibilicen el aporte de las mujeres en la historia; c) Erradiquen la burla y desmonten todos los días los estereotipos que las

subvaloran y subordinan; d) Enseñen a los niños a encontrar nuevos modelos de masculinidad, distintos y amables; e) Valoren los procesos de reproducción y cuidado de la vida al igual que se empieza a hacer con el cuidado ambiental; f)

Cambien los roles de género que subordinan a las mujeres y g) Estimulen la autoestima, autonomía y liderazgo de las niñas. Pero se requiere, sobre todo, que haya instancias responsables de que esto se implemente. Porque no las hay.

El Comercio, el domingo 5 de noviembre de 2017

Mari lú Martens: Esta vez no será diferente

El papel de la educación para erradicar la violencia y la discriminación de género

(ex ministra de educación)

"Es hora de que la educación dé a nuestros hijos las herramientas

y el criterio que no nos dio en las últimas décadas" "Para los niños de estos hogares no hay esperanzas si es que la educación formal que puede llegarles se pone de lado

o, peor aún, justifica la violencia y la discriminación sexual"

Como en ocasiones pasadas, la violencia de género ha despertado interés entre

nosotros. Personajes influyentes la han condenado en sus redes y hasta algunos agresores salieron a pedir disculpas públicas. Pero como en aquellas ocasiones,

esta vez tampoco será suficiente para acabar con la violencia y la discriminación que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Las raíces de este mal son profundas y fuertes, y nuestras reacciones, demasiado débiles (sobre todo,

cuando las sigue un "pero": "pero los hashtags son exagerados", "pero ella no debió provocarlo", "pero lo hice con buena intención"). En ese sentido los "peros"

que deslegitiman los esfuerzos que deben hacerse a través de la educación -"pero la educación es competencia única de los padres", "pero la palabra ‘género’ es innecesaria"- son los más preocupantes y evidencian que aún estamos lejos

de siquiera comprender la problemática. Cuando afirmamos que la educación familiar es suficiente, demostramos que no

sabemos que, como padres, también somos falibles de albergar ideas y comportamientos sexistas. Está demostrado que los sesgos que impulsan estas ideas se forman desde nuestros primeros años, mientras absorbemos como

esponjas todo en nuestro entorno. A lo largo de nuestras vidas, estos sesgos se manifiestan en nuestro comportamiento cotidiano sin que seamos conscientes

de ello. Reconocer estos sesgos no nos hace peores padres o personas; estudios han encontrado evidencia de discriminación inconsciente entre los académicos de las instituciones más prestigiosas del mundo y hasta en las

organizaciones que trabajan a favor de la igualdad de género. Ellos y nosotros somos producto de una educación que reforzó estos sesgos y nos hizo

incapaces de identificar y condenar esta discriminación. Es hora de que la educación dé a nuestros hijos las herramientas y el criterio que no nos dio en las últimas décadas.

Además, es un error generalizar una condición privilegiada -como lo es la buena preparación de los padres- a todos los hogares del país. En el Perú, el 90% de

los padres que envían a sus hijos a escuelas públicas no completó la secundaria y el 60% de la violencia sexual denunciada sucede entre familiares y dentro del hogar. Para los niños de estos hogares no hay esperanzas si es que la educación

formal que puede llegarles se pone de lado o, peor aún, justifica la violencia y la discriminación sexual. Aquí, la educación sexual es la única forma de que un

menor de edad aprenda que no debe aceptar este tipo de agresiones y sepa cómo enfrentarlas. Negarles esta contraparte educativa es perpetuar su vulnerabilidad y los círculos de violencia.

Asimismo, hay quienes apoyan la igualdad de género pero desde arriba; en paridad en el empleo, en los ingresos, en la representación política, en lugar de

"distraer a la educación de lo que importa" o "confundir a la juventud". Aunque el efecto de estas iniciativas es positivo e inmediato, está muy lejos de atacar a la raíz del problema. En Ruanda, luego del genocidio que exterminara a gran parte

de la población masculina, y en la India, gracias a un programa que garantizaba empleos públicos a todas las mujeres que lo solicitaran, se lograron algunos de

los avances más significativos en el empoderamiento político y económico de las mujeres en la historia reciente. Sin embargo, en ambos casos también se registraron incrementos de violencia sexual en el ámbito público y en los

hogares. Si nuestra identidad germina de una semilla contaminada por una cultura sexista, las intervenciones que se hagan en la superficie de la tierra

entrarán en conflicto con nuestra propia estructura y, por lo general, de alguna manera u otra será esta última la que se imponga. Si queremos erradicar la

discriminación y la violencia de género, debemos reconsiderar el tipo de semillas

que sembramos. Por último, la mejor educación es aquella que busca la comprensión antes que

la obediencia. Para combatir una discriminación que es aprendida desde la formación de la identidad de las personas no es suficiente repetir como borregos que "no debemos discriminar entre hombres y mujeres", sino entender el origen

y mecanismo de esa discriminación. Para ello, debemos distinguir el sexo de una persona y las distintas series de características que las sociedades han asociado

a lo largo de la historia a los hombres y mujeres. Sin embargo, esto no será posible si no identificamos estas características por su nombre: género. Resistirse a distinguir entre sexo y género, o usar la terminología técnicamente

correcta, es negarse a aceptar que una mujer no tiene que priorizar el cuidado del hogar por encima de su carrera por el simple hecho de ser mujer, o que un

hombre debe ser el principal sostén económico del hogar por ser hombre. Esta reticencia evidencia el conflicto constante entre el ideal de no discriminar y nuestras identidades construidas sobre conceptos discriminatorios.

Con estos "peros" podremos seguir condenando la violencia de género en nuestras redes sociales, declaraciones públicas y conversaciones privadas, pero

la seguiremos albergando en nuestra sociedad y en nuestros hogares. Para que esta vez sea diferente, querámoslo de verdad. Sin "peros".

El Comercio, el jueves 2 de noviembre de 2017

Patr icia del Río: La peste

"Ganas de matarlos a todos no nos faltan,

pero seamos realistas, eso no va a pasar" Imagínese que nos atacara una enfermedad que ya hubiera infectado a más de 17 mil peruanos en lo que va del año. Imagínese que se reportaran 63 nuevos

casos diariamente. Imagínese que el 90% de los casos de contagio fueran mujeres, y el 70% adolescentes entre 13 y 17 años. Imagínese que para ser

atacado por este mal uno ni siquiera tuviera que salir a la calle, que estando en su casa o en su escuela sería suficiente para estar infectado. ¿El escenario le parece apocalíptico? Pues lo es: esas son las cifras de

denuncias por agresiones sexuales en el Perú en lo que va del 2017. Si esto fuera el ébola o la gripe AH1N1, tendríamos a todo el sistema de salud

pública tratando adecuadamente a los enfermos, al sistema educativo concientizando sobre cómo prevenir y no expandir el contagio, habría campañas nacionales, padres y madres participando activamente…

Pero nada de eso ocurre. Ni el Estado ni la sociedad están a la altura del drama que vivimos. Y el dato más fidedigno de lo mal que comprendemos

el problema es pretender solucionarlo con la pena de muerte. Todos quisiéramos (y me incluyo) ver muerto a un violador. Sin embargo, más allá de los aspectos éticos y morales, que no vamos a discutir acá, debiéramos

preguntarnos si ese es el remedio que buscamos para combatir la peste que ya se instaló entre nosotros.

Las violaciones ocurren todos los días, en todos los lugares, a todas las horas. Hemos identificado al agente patógeno que las produce: es ese poco hombre que cree que su masculinidad y pequeñez serán superadas abusando del

cuerpo, el alma y el espíritu de una mujer. Y yo les pregunto qué vamos a hacer

con ellos: ¿Vamos a matar al profesor que obliga a una adolescente de 13 años que se baje el calzón mientras se masturba mirándole la vagina? ¿Acaso un juez

va a darle pena de muerte a ese tío que violó a su sobrina de 21 años en una fiesta? ¿Y cómo hacemos con el que se masturba sobre el jean de la universitaria en el Metropolitano? Ganas de matarlos a todos no nos faltan, pero seamos

realistas, eso no va a pasar. Así que pedir la pena de muerte para una enfermedad como esta equivale a tratar de combatir una peste que se extiende

a velocidad del rayo con una vacuna experimental que solo se le puede aplicar a tres ciudadanos de cada 10 mil. No sirve. Empecemos por prevenir, y para eso necesitamos dejarnos de mojigaterías

e impulsar una educación en la que se hable de sexo, de deberes y derechos y de igualdad en los colegios. Apliquemos penas severas y

efectivas a todos los agresores, desde el que le deja el ojo morado a una mujer hasta el que viola a una niña. Generemos conciencia: pongámonos de una vez del lado de las víctimas. Las que estamos siendo atacadas por este virus

somos principalmente las mujeres, a nosotras nos ocurre, a nosotras nos persigue, a nosotras nos mata. Si no nos unimos todos en esta lucha, la

próxima víctima puedes ser tú, tu hermana, tu mamá, tu hija, tu conciencia.

Perú.21, el sábado 4 de noviembre de 2017

NI UNA MENOS: El 70% de procesos judiciales por feminicidios no logra sentencia

No hay proporcionalidad entre las denuncias y las sanciones a los asesinos. Aunque las leyes mejoraron, persisten las deficiencias en la administrac ión

de justicia por la falta de un enfoque de género y de presupuesto.

Por Mariella Sausa

Ocurrió en Junín. Una joven de 17 años fue víctima de feminicidio. Su asesino fue su ex enamorado, de 18 años, con quien ella se negaba a retomar la relación.

Aunque a nivel judicial la edad de la víctima se considera un agravante y el fiscal propuso una pena de 25 años de cárcel, al criminal solo se le aplicaron 12 años de prisión. El juez redujo la pena basándose en los atenuantes de que el acusado

aceptó los cargos y no tenía antecedentes penales. Además, se consideró que su responsabilidad fue aminorada por su estado de ebriedad, pese a que no se

contaba con ningún examen toxicológico. Este es solo uno de los muchos casos de feminicidio que han sido analizados por la Defensoría del Pueblo y en los que se ha encontrado que los procesos

judiciales concluyen con penas privativas de la libertad inferiores al mínimo legal establecido. Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía de la Mujer, precisó

que, tras un análisis de los procesos judiciales de los últimos tres años, se halló que no existe proporcionalidad entre las denuncias presentadas por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio y las condenas.

Las cifras son evidentes: en 2014, por ejemplo, se procesaron cien casos, pero solo tres terminaron en sentencia efectiva. En 2015, de 103 casos investigados,

solamente 23 fueron sentenciados y, en 2016, la cifra mejoró a 31 de 100 denuncias. No obstante, aún hay un 70% de procesos judiciales que no logran una sentencia.

"Por estas situaciones, las víctimas prefieren acudir a un familiar o a un amigo

en lugar de denunciar ante las autoridades. Por eso es importante que el sistema de administración de justicia tenga una respuesta más eficaz y rápida que evite

la impunidad", sostuvo Portal. Enfoque de género

Amire Ortiz, de Paro Internacional de Mujeres, comentó que, aunque la

legislación peruana ha mejorado -y ahora, al denunciar un caso de violencia contra la mujer, este inmediatamente pasa al juez para que dicte medidas de protección mientras la Fiscalía investiga-; la administración de justicia sigue siendo deficiente por la falta de un enfoque de género.

"Sin duda hay mejoras y más funcionarios involucrados en el tema, pero aún hay

casos de mujeres que acuden a la justicia y no obtienen respuesta. Hay víctimas, por ejemplo, a las que en los mismos Centros de Emergencia Mujer los

funcionarios les dicen ‘todo saldrá bien, confía en Dios y reza para que no te vuelva a pegar’, y otras que van a las comisarías con el labio reventado y los policías les dicen ‘no se entiende lo que dices, regresa otro día’. Eso revela que

falta que el enfoque de género esté en todas las etapas y falta que se capacite a policías, fiscales, jueces", manifestó.

Silvia Loli, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que, aunque la sanción que se impone por la comisión de un delito debe ser proporcional a la gravedad del mismo, el análisis que hacen los fiscales y

jueces para determinar esa gravedad enfrenta serias dificultades en el proceso de valoración de las pruebas. Por ello, en algunos casos, a pesar de

existir indicadores que dan cuenta de un intento de feminicidio, los magistrados procesan a los denunciados como presuntos responsables de delitos de lesiones graves.

"Las heridas con arma de fuego, por ejemplo, muestran claramente la intención de matar y por lo tanto deberían investigarse y sancionarse como feminicidio en

grado de tentativa, pero en ciertos casos se están procesando como lesiones graves y por esa interpretación errónea al final la sanción suele ser muy leve", comentó. Muchas dificultades

Al respecto, Leticia Silva Chávez, fiscal provincial de Familia y encargada de la

oficina técnica del Plan Nacional de Igualdad de Género, aseveró que el Ministerio Público está haciendo grandes esfuerzos para que los operadores comprendan el término género y sepan cómo investigar los casos con esa

perspectiva. Sin embargo, señaló que su trabajo no solo se ve perjudicado por la falta de ese enfoque, sino también por las dificultades económicas que afectan

la investigación y el procesamiento de los casos. Ello porque no hay suficientes cámaras Gessel para recoger las declaraciones de las víctimas, así como laboratorios de criminalística para

procesar pruebas. Tampoco se cuenta con una Policía especializada que

haga una buena investigación, maneje el enfoque de género y no contamine la

escena del crimen y, además, ante la falta de profesionales especializados, hay mucha demora en las pericias de Medicina Legal. "Todo eso complica la investigación y si a eso agregamos que no se tiene esa

mirada de género desde el inicio, nos daremos cuenta por qué los fiscales no podemos construir una buena teoría del caso, de tal forma que cuando esta

llegue a manos del juez, no podrá sancionar correctamente", advirtió Silva. Algunos avances

Pese a ello, la magistrada indicó que, ante esa situación, la Fiscalía está

trabajando de manera creativa para incorporar una mirada jurídica con "lentes de género" en los casos de violencia contra la mujer, y está capacitando y

sensibilizando con diplomados a los fiscales mixtos y penales, quienes son los que intervienen en la investigación del delito. "Se promueve que los fiscales no solo evalúen un caso en base al certificado de

Medicina Legal, sino que revisen todos los antecedentes de violencia, como si la víctima ha denunciado antes, si los vecinos conocen del trato que tenía la pareja

hacia ella, si la acosaba o quería regresar a la fuerza, etc. Todo esto es tener otra mirada en la investigación para construir una teoría del caso sólida y que se logren condenas efectivas", dijo.

Silva agregó que el Ministerio Público está terminando de redactar el primer protocolo de investigación para el delito de feminicidio, el cual ha incluido los

enfoques de género, derechos humanos y diversidad, y servirá como guía de trabajo para los operadores de justicia. Tenga en cuenta

Desde enero de este año, con la Ley 30364, la penalización de la violencia contra la mujer es vista en el ámbito penal.

Según la legislación vigente, toda agresión contra una mujer es considerada un delito, al margen de la incapacidad médico legal que se pueda acreditar.

La República, el domingo 5 de noviembre de 2017

Rosa María Palacios: De la puerta para adentro

Si se mira bien la historia de los derechos de la mujer, el siglo XX fue uno de grandes saltos positivos. En estos cien años, la mujer peruana obtuvo el derecho a votar y a ser elegida; acceso a la educación en todos sus niveles, pero, sobre

todo, acceso a una carrera profesional; acceso a la salud, lo que le permitió tomar decisiones sobre su maternidad; independencia económica y autonomía social

para participar en la vida laboral del país, mantener a su familia y tomar opciones propias en materia de ingresos y gastos. La vida de una mujer peruana hoy, de la puerta de casa para afuera, es muy

diferente a la de sus abuelas o bisabuelas. Más en la ciudad que en el campo,

menos en el mundo andino monolingüe, pero aún en situaciones de extrema

pobreza, las beneficiarias de programas de subsidios económicos directos han demostrado su capacidad de ahorro y, a través de este, de organización productiva que no solo mejora la situación de sus hijos sino también su

empoderamiento como jefas de hogar y dirigentes. En estos cien años, un paquete de leyes ha acompañado estos cambios.

Hitos son el acceso de la mujer a la universidad pública, el divorcio, el derecho al voto, la eliminación de la facultad en el Código Civil de disponer de los bienes de la mujer casada (hasta 1968 el marido podía comprar y vender el patrimonio

familiar a sola firma), la igualdad dentro del matrimonio en el Código Civil de 1984, la ley de cuotas políticas, entre otras medidas. Por cierto, luchas como

la igualdad de remuneraciones por el mismo trabajo o el acceso a cargos de dirección empresarial son tareas pendientes.

Lo notable es que la mujer peruana cambió su vida pública, pero no su vida

privada. De la puerta para adentro, su vida es muy parecida a la de su madre, su abuela o su bisabuela. Las cifras de espanto que se recuerdan

cada vez que nos enfrentamos a casos de agresión, violencia o suma crueldad responden a este fenómeno. La "santidad" del hogar, la inviolabilidad del domicilio, permitió que para por los menos 1 de cada 3 mujeres se creara un

espacio de violencia impune. Solo así se explica cómo mujeres con educación superior, reconocidas en su

área de trabajo, autónomas económicamente, se enreden en relaciones de dominación completamente tóxicas de las que les demora años salir. No porque no quieran, sino porque no pueden. Los patrones de violencia se pasan, de la

puerta para adentro, de generación en generación. El trato entre los que deberían ser pares -según todas las normas- se convierte, en privado, en

una relación de dominación masculina y sumisión femenina que se perpetúa hasta la siguiente generación, como "normal". ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? La educación y alfabetización

universal y el acceso a salud han sido un primer paso indispensable. Si hoy conocemos más de lo que sucede de la puerta para adentro es porque

miles de mujeres se han atrevido a denunciar. Ninguna lo hubiera hecho si no hubiera recibido una educación que le haga entender que tiene derecho a no ser humillada, violada o golpeada. No lo hubieran hecho si no tuvieran

opciones económicas para garantizar su supervivencia -y la de sus hijos- sin depender de un proveedor agresivo.

El segundo paso es crear incentivos para la denuncia. Hoy, casi el único incentivo que existe es la sanción social, más que la punición real. Un agresor desprestigiado socialmente no deja de ser un avance, pero no es

suficiente. No lo es porque aún hay una "normalización" social de la agresión -aunque ya pocas veces se atreve a manifestarse abiertamente -

todavía muy presente en privado y reflejada tanto en los medios de comunicación como en el discurso de los operadores de justicia frente a la víctima. Quien denuncia sabe que su testimonio no será creído, que su vida personal -

irrelevante para el caso- será puesta bajo escrutinio y que, de tratarse de delitos graves como violación sexual o feminicidio, el victimario será puesto, más

temprano que tarde, en libertad, si es que alguna vez fue detenido. Hay dos escenarios en los que es urgente trabajar. De la puerta para adentro se llega a través de la escuela, de la vida comunitaria, de la contención

social de la familia extendida -una fortaleza en esta lucha- y hasta de la vida espiritual. En esos espacios no solo hay que educar en denunciar el abuso.

Lo que es más difícil es educar en igualdad, romper patrones ancestrales, revisar lo que cada uno hace para no estar criando un futuro agresor que imite, "porque es natural", a su padre. Eso implica no solo educar a la niña,

sino sobre todo al niño. Esa masculinidad basada en el dominio de otra persona tiene que ser destruida y reemplazada por el respeto, el afecto, en fin, el

reconocimiento de la dignidad ajena. El segundo escenario sigue siendo el del conjunto de operadores de justicia. ¿Es relevante que un policía le pregunte a una niña de 13 años si ha

tenido relaciones sexuales anteriores cuando va a denunciar una violación? En un delito sin testigos, ¿qué importancia da el juez al testimonio de la

víctima? En la mayoría de veces, muy poca. Mientras que el 90% de casos de

violencia sexual termine en una absolución, de la puerta para adentro, poco

va a cambiar.

Perú.21, el lunes 6 de noviembre de 2017

Carol ina Tr ivel l i : El mundo en retroceso

Desde el año 2006, cuando el Foro Económico Mundial (WEF) comenzó a seguir

el progreso global en el cierre de las brechas de género, solo se habían visto mejoras. Este año, el índice global no mejoró, a pesar de que hay creciente

atención al tema, nos detuvimos. Tremendo revés. Según el WEF, tomará 100 años cerrar la brecha global de género y en América Latina, 79 años. Así que ni mis hijos, ni mis nietos verán un mundo

con equidad de género, con suerte mis bisnietos lo harán. El WEF revisa disparidades de género en cuatro áreas: salud, educación,

oportunidades económicas y participación política. Se ha avanzado en salud y educación. En oportunidades económicas, necesitaremos 217 años para cerrar la brecha entre hombres y mujeres. Sin equidad en lo económico, no

habrá autonomía para las mujeres. El Perú mejoró en el ranking porque hay más mujeres en el gabinete. En la región

estamos a media tabla, entre Nicaragua y Bolivia que son los que lo están haciendo mejor, y Guatemala y Paraguay que son los que lo están haciendo peor.

Para avanzar hay casi todo por hacer, pero tenemos dos tareas urgentes en el corto plazo. Lograr que haya más candidatas en las próximas elecciones locales

y regionales. Y tomar acciones en las empresas y en el sector público para que esa mitad de estudiantes que son mujeres encuentre una oportunidad laboral con opción de avanzar en su carrera, mientras recibe el mismo pago que sus

pares hombres –con igual formación y experiencia–, ningún privilegio. Solo igualdad.

Política y economía con más mujeres solo serían buenas noticias, pero no pasará en automático, al revés, se puede retroceder, así que hagamos que suceda.

El Comercio, el miércoles 1 de noviembre de 2017

Javier Díaz-Albertini: Raza, etnia y aspiraciones

La autoidentificación en el censo del INEI

(sociólogo docente - U. de Lima)

"El problema con el censo es que mezcló y confundió raza con etnia" El vaso de Rolando Arellano siempre está medio lleno, mientras que el mío se

encuentra medio vacío. Creo que nuestras diferencias de percepción se dan porque él da como hecho cuestiones que aún están en proceso o en duda.

Mientras que yo me fijo en las dificultades para cambiar algunos aspectos que

Arellano considera superados. Y esto se nota en varios asuntos. En primer lugar, en una reciente entrevista Arellano afirma que la sociología

no tiene una "buena definición" de raza. Esto no es cierto. Los sociólogos sabemos que las razas no tienen ningún sentido biológico, sino que son una creación sociocultural que edifica y justifica el dominio de ciertos

grupos sobre la base de supuestas diferencias biológicas. Es por esta razón que no existe una "buena" definición de lo que es un "blanco" o un

"negro" porque depende del lugar y el momento. Por ejemplo, muchos de los blancos peruanos no serían considerados como tales en buena parte de Europa.

El problema con el censo es que mezcló y confundió raza con etnia. Al referirse a los quechuas y aimaras -por ejemplo- está enfatizando la

pertenencia a subculturas específicas. Se evita así el término "indígena" que es racial y, para muchos, peyorativo. Sin embargo, para los afrodescendientes mezcló lo racial (zambo, mulato, moreno) con lo étnico

(afroperuano). Mientras que las clasificaciones de mestizo y blanco son raciales, el encabezado de la "autoidentificación" generaba confusión, ya que

preguntaba cómo uno se sentía "por sus costumbres y antepasados". Costumbres apuntan a etnia, antepasados a la sangre. Como han comentado otros columnistas, ¿cuáles son las costumbres "mestizas" o "blancas"?

En segundo lugar, Arellano en la misma entrevista declara que "ya nos reconocemos como una nación mestiza". A decir verdad, la reconocemos así desde hace mucho tiempo y no siempre por la mejor de las razones. El proyecto liberal de modernización del Perú consistía precisamente en "deindianizar" al país. El impulso era occidentalizar nuestra cultura y mestizar nuestra

raza. Un ejemplo claro es el censo de 1940, el último en incluir raza como descriptor (blanco, indígena, mestizo, negro y amarillo). Al momento de

presentar las cifras, sin embargo, juntaron blanco con mestizo, logrando así al 52,9% de la población, mientras que la indígena era 45,8%. Estos resultados llevaron a fortalecer la idea de que el país ya se definía más

como mestizo -racial y culturalmente- y no indígena. Hay que recordar que

no tuvimos una revolución mestiza modernizadora como en México (1911) y

Bolivia (1952), que resultaron esenciales para afirmar este carácter (no indígena) de la nación. En tercer lugar, Arellano afirma que ahora la mayoría dice que es mestizo y que

"esto nunca se veía porque siempre insistíamos en un tema de aspiracionalidad racial", es decir, en ser blancos. Esto no es así. Ser mestizo también ha sido un factor de aspiración en muchas partes del país. Marisol de la Cadena lo estudió magistralmente en el caso del Cusco. Ella muestra que ser mestizo era un proyecto educativo y cultural, más que racial, que los diferenciaba de los

indígenas. Cuando se les pregunta a los peruanos por su raza, el 70% afirma ser mestizo

y solo el 7% indígena (ver Latinobarómetro 2014). Sin embargo, cuando en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2012 se les dio la posibilidad -

como en el censo- de auto-identificarse como quechua, aimara o de otro pueblo originario, el 27% se definió así, al mismo tiempo que la definición mestiza bajó a 55,1%.

Esto nos ayuda a entender porque, para muchos, el ser mestizo es una identidad por oposición (no indio-no blanco) y, por ende, admite gradaciones

(y discriminaciones) de acuerdo con cuán cerca o lejos uno se encuentra de estos polos. Como nos narra Marco Avilés en una de sus crónicas, no es lo mismo ser cholo blanco y pasar piola que cholo oscuro y sufrir las peores

vejaciones. Y es en esta indefinición y la desvaloración de lo indígena que

cobra importancia lo blanco como un elemento aspiracional para muchos peruanos.

VERDAD Y RECONCILIACIÓN

El Comercio, el martes 31 de octubre de 2017

El Comercio, el martes 31 de octubre de 2017

Juan Carlos Tafur: Fujimorismo contra la historia

Las declaraciones de Octavio Salazar sobre el Museo de la Memoria de

Ayacucho

"Si el general Octavio Salazar se siente indignado, debería orientar mejor sus afectos y reflexionar si ese rubor corresponde a lo expuesto en el museo o estaría mejor enfocado hacia la

conducta institucional de los hombres de uniforme" Decir como ha dicho el congresista fujimorista Octavio Salazar que el Museo de la Memoria de Ayacucho, manejado por la Asociación Nacional de Familiares de

Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), hace apología al terrorismo es un despropósito sustentado en el engaño o la ignorancia.

En dicho museo -muy pequeño y humilde- se muestra con crudeza que la violencia en Ayacucho estuvo signada no solo por la barbarie senderista, sino también por el abuso militar y policial. Subraya que la población

ayacuchana estuvo bajo dos fuegos que la maltrataban, humillaban y asesinaban sin contemplaciones y sin diferencia.

¿Qué debería hacer un lugar cuyo lema es "Para que no se repita"? ¿Ocultar la historia y decir que en el conflicto armado interno, entre 1980 y 1992 en una región asolada por una violencia apocalíptica, las fuerzas del orden respetaron

escrupulosamente los derechos humanos, cuando ello lamentablemente no fue así? ¿Y decirlo supone acaso una apología a la conducta criminal de Sendero

Luminoso, muy bien denunciada en la exposición del museo? Si el general Octavio Salazar se siente indignado, debería orientar mejor sus afectos y reflexionar si ese rubor corresponde a lo expuesto en el museo o

estaría mejor enfocado hacia la conducta institucional de los hombres de uniforme que supuestamente representaban a la democracia peruana, al Estado

de derecho y a la Constitución, y que hicieron tabla rasa de toda juridicidad en varios momentos y en muchas zonas del país. La historia no se honra a punta de enterrarla o de recordarla

engañosamente. Hubo una brutal respuesta de las Fuerzas Armadas y la

Policía Nacional, fundamentalmente en la década de 1980, y eso debería no

solo avergonzarnos íntimamente sino públicamente, y al mostrarnos los abismos a los que el ser humano puede llegar debería servirnos de referente de aquello

que no debe volver a ocurrir. Es lamentable que el fujimorismo, que ni siquiera tuvo responsabilidad mayor en tales abusos, no sea capaz de procesar la historia con entereza y, lejos de ese

talante, se halle inmerso en un proceso terrible de involución conservadora, que abarca no solo su mirada de la lucha antisubversiva.

Hay una conservadurización popular enorme, es verdad, pero no llega a los niveles de cinismo que algunos voceros o representantes del fujimorismo exhiben con desparpajo e insolencia. Una cosa es el pueblo que reacciona

conservadoramente frente a los cambios sociales o a situaciones límite y otra es un intento taimado de aprovecharse electoral o financieramente de ese estado

de ánimo, trastocándolo y convirtiéndolo en mercancía o baratija política. Fue tan abrumador lo sucedido con la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA que recién después de 20 o 25 años el país empieza a vivir el duelo, a

elaborarlo y a procesarlo socialmente. Nos merecemos una clase política que tenga el empaque moral e intelectual de acompañar ese proceso con

la verdad como único norte, sin importar lo doloroso o traumático que sea,

consciente de que construir una cultura de paz pasa necesariamente por aprender de lo ocurrido mirando directamente a los ojos de la realidad.

Alberto de Belaunde: Cuatro argumentos contra la pena de muerte

La propuesta de castigar con la pena capital a los violadores de menores

(presidente de la comisión de justicia y derechos humanos del Congreso)

"Aplicar la pena de muerte acarrearía la responsabilidad internacional del Estado por incumplir el tratado al que este mismo se obligó".

Comparto la indignación e impotencia que genera en la sociedad la crisis humanitaria que implica el abuso sexual contra mujeres y menores de edad en nuestro país. Sin embargo, ello no debe llevarnos a abrazar propuestas

demagógicas e ineficaces, como la de reimplantar la pena de muerte.

Además de los argumentos morales que podemos compartir respecto al rol punitivo del Estado, existen cuatro argumentos para oponernos a esta medida que considero importante compartir. 1. La pena de muerte no es disuasiva. Existe la idea de que con la pena de

muerte los crímenes disminuyen, que el malhechor lo pensará dos veces antes de poner su vida en peligro. Sin embargo, la evidencia nos demuestra

lo contrario. En Japón, por ejemplo, un estudio presentado este año con

información oficial de la policía japonesa concluye que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves (Muramatsu, Johnson, Yano: The death

penalty and homicide deterrence in Japan, 2017). Lo mismo ocurre en

Estados Unidos, el Death Penalty Information Center ha analizado data sobre la pena de muerte desde 1987 hasta el 2015 y ha concluido que no existe

evidencia alguna para sostener ese lugar común. 2. Nuestro sistema de justicia no es confiable. De las instituciones públicas,

las que tienen menos confianza entre los peruanos son el Poder Judicial y

el Ministerio Público (solo superados por el Congreso de la República). No

se confía en ellos, ¿pero estamos dispuestos a darle la posibilidad de acabar con la vida de las personas? De acuerdo con el Death Penalty

Information Center, en los últimos 10 años Estados Unidos -con un sistema de justicia más institucionalizado y confiable- ha anulado 34 sentencias de pena de muerte. Los motivos para ello son falsa acusación, inconducta de los

oficiales que procesaron el caso, falsas o confusa evidencia forense, inadecuada defensa legal, etc. ¿Se imaginan lo que podría ocurrir en nuestro

país, con un problema grave de institucionalidad y de acceso a la justicia?

Recordemos el caso de Jorge Villanueva Torres, conocido como el ‘Monstruo de Armendáriz’, condenado a pena de muerte en 1957 por supuestamente violar y

matar a un menor de edad, cuya culpabilidad se cuestionó después de ejecutada la sanción. En dicho proceso no solo hubo una deficiente labor probatoria, sino también un marcado prejuicio racial contra el condenado. En los casos de pena de muerte no hay sentencia revocatoria que pueda eliminar la condena.

3. Es jurídicamente inviable. El Perú ratificó en 1978 la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, donde se prohíbe expresamente que los países extiendan la pena de muerte a delitos que no estuvieran contemplados

previamente en su legislación interna. Asimismo, impide restablecerla en aquellos supuestos para los que se elimine con posterioridad. Recordemos que la Constitución de 1979, posterior a la fecha de ratificación de la convención,

recogió la aplicación de la pena de muerte solo para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. Aplicar esta sanción para supuestos adicionales

acarrearía la responsabilidad internacional del Estado por incumplir el tratado al que este mismo se obligó. 4. Afectaría el liderazgo peruano en espacios multilaterales. Existe en el mundo

una marcada tendencia abolicionista: más de 130 países han dejado de aplicarla en los últimos 60 años. De restituir la pena de muerte en contra de sus

obligaciones internacionales, el Perú iría en contra de dicha tendencia, lo cual afectaría nuestro prestigio internacional, que nos ha permitido alcanzar espacios importantes en organismos internacionales, como el ser miembros del Consejo

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este tipo de coyunturas, los políticos tenemos que ser especialmente cuidadosos y responsables con las propuestas que apoyemos. Hay que guiarnos por la Constitución y la evidencia, no por las encuestas. Para

enfrentar este grave problema, debemos modificar normas penales para tener

sanciones más fuertes, sin duda. Pero no nos quedemos en la reacción que debe tener el Estado una vez ocurrido el delito, es necesario plantear una discusión

más profunda sobre por qué ocurren estos abusos y qué hacer para que no sigan ocurriendo. No hay "varita mágica" que solucione esta crisis, el problema es complejo y la solución también lo será. Pensemos en el país

y no en lo que resulta políticamente rentable.

La República, el martes 31 de octubre de 2017

Augusto Álvarez Rodrich: Lo que gusta a la gente

Vocación invicta por discutir tonterías por los políticos

La propuesta de restablecer la pena de muerte -no prevista en la Constitución-

es una película muchas veces vista en el Perú y siempre con el mismo final de su inviabilidad, pero los políticos siempre la reponen.

Nuestros políticos nunca pierden oportunidad para encarar los problemas importantes con enfoques que, en vez de buscar su solución, pretenden resolver las dificultades de su propia falta de prestigio, y eso es lo que vuelve a suceder

con este debate sobre la implantación de la pena de muerte para violadores de menores.

Las violaciones -de niñas, niños y mujeres- es un problema grave en el Perú que debe ser encarado desde el más alto nivel político, y que produce gran indignación en la gente, la cual siempre busca soluciones facilistas pero no

siempre convenientes. Pero los políticos debieran tener la capacidad para no ser seducidos por la

vocación de hacer lo que la gente quiere, sino lo que se debe hacer.

No es, lamentablemente, lo que está sucediendo. Fuerza Popular ha lanzado la propuesta, a través de la congresista Karla Schaefer, para establecer la pena

de muerte para violadores de menores, y ha sido respaldada por su colega de bancada y presidenta de la comisión de Constitución, Úrsula Letona.

En el mismo sentido se ha pronunciado el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, a quien le preocupa el costo de tener gente presa, y destaca el

‘ahorro’ que se podría generar con la pena de muerte. Y en coincidencia con el fujimorismo, saltó al debate el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, cuya voz es, por su cargo, relevante en el tema.

Sin embargo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que enmendarle la plana señalando que esa no es la posición del gobierno, lo cual ha sido respaldado por el titular de Educación, Idel Vexler, y matizado por Carlos Bruce y Carlos

Basombrío con su planteamiento de la cadena perpetua. Este debate se ha planteado muchas veces en el Perú con el mismo

resultado. La pena de muerte es inviable, pues implica salir de convenios internacionales que traen otros beneficios para el país; porque su aplicación demoraría por tenerse que cambiar la Constitución; y porque no

está demostrado que la pena de muerte reduzca la criminalidad. Que el fujiaprismo lance la propuesta es consecuente con su

comportamiento populista, haciendo ‘lo que le gusta a la gente’, pero estas discrepancias en el gobierno evidencian otra vez la importancia de contar con ministros que jueguen en equipo y que, como el de Justicia, no crean que

su jefe es Alan García o Keiko Fujimori.

Caretas Edición 2512, el jueves 2 de noviembre de 2017

Cortina de Humo

Pena de muerte contra los violadores de niños que provoquen la muerte de su víctima. Es una cortina de humo que se propaga cada cierto tiempo y su

aplicación es muy remota. Implicaría retirarse del pacto de San José, aunque algunos -como el aprista Elías Rodríguez- insisten en que esto puede darse

por partes y el Perú tendría que abandonar de plano proyectos como el de la

incorporación a la OCDE.

Esta vez fue el propio ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien se declaró

a favor. Reculó, pero ya las fujimoristas Karla Schaeffer y Úrsula Letona

prometieron sendos proyectos de ley. El presidente Pedro Pablo Kuczynski admitió que podrían endurecerse las penas y ahí hay una confusión. La sentencia para monstruos como Julio Salcedo, que violó a su hija de dos meses, ya es de cadena perpetua. El

problema es con las violaciones contra mayores de edad, como fue el caso

de la empadronadora del censo, donde la sentencia está entre 6 y 8 años.

En tiempos recientes la pionera de la pena de muerte fue la ex congresista de Perú Posible Julia Valenzuela. Poco después Alan García tomó la posta y la congresista Lourdes Alcorta presentó un proyecto de ley que también contó con

la firma de su entonces colega pepecista Luis Galarreta. García propuso un referéndum. Volvió con la idea en la última campaña. También Humberto Lay.

Y la ex congresista Keiko Fujimori propuso en el 2010 el retiro de la Corte

Interamericana para poder establecer esta pena y en abril volvió a declararse a favor de la pena de muerte. Esto colocaría al país dentro de los 15 países donde

destacan Siria e Irán. Ni un solo latinoamericano.

El Comercio, el viernes 3 de noviembre de 2017

Marco Sifuentes: Que muera la pena de muerte

"Basta de perder el tiempo en fantasías demagógicas, discutamos medidas realistas"

"Viudas, huérfanos, padres, hijos de las víctimas, hagamos justicia. Digámoslo sin odio, sin revancha, con serenidad, con calma cristiana. ¡Dios está del lado de

la justicia! ¡Cristo está del lado de los que sufren!". El 19 de enero del 2007, hace más de diez años, Alan García recibía con este ejemplo perfecto de demagogia a una portátil de dos mil personas que

él mismo había convocado en la Plaza de Armas. ¿Para qué? Para apoyar una propuesta que había mantenido a los peruanos debatiendo desde

agosto del año anterior: la pena de muerte para violadores de niños. A lo largo de seis meses de estéril discusión, la medida se amplió -luego de un ataque en el Vraem- a terroristas, y se presentó como proyecto al

Congreso.

Hábilmente, García consiguió mover la atención del escándalo personal que le

estalló por esos días y enfrascó al país en esta discusión bizantina. El show fue completo: todos los manifestantes decían ser víctimas, de una forma u otra, de las lacras a las que se buscaba ejecutar. Para entonces ya todo era una pantomima. El Congreso -luego de una brillante disertación de Javier Valle Riestra- había mandado al archivo la

propuesta. "Seguiré peleando, aunque sea solo, por el establecimiento de la pena capital. El Perú requiere disciplina y un gobierno firme", dijo García, para luego olvidarse inmediatamente del asunto, no volver a mencionarlo

nunca más y, con mucha disciplina y firmeza, terminar firmando indultos a mansalva. De hecho, las cuatro últimas leyes (26293, 28251, 28704 y 30076)

que endurecían las penas para los violadores corresponden a los gobiernos de Fujimori, Toledo y Humala. García, cero.

La historia viene a cuento por varios motivos. El primero, para demostrar que en el Perú tropezar con la misma piedra es casi un deporte olímpico. Esto ya se discutió y su inviabilidad está demostrada hasta la saciedad.

El segundo, para desconfiar de todos los que se llenan la boca con discursos violentos que, en realidad, están vacíos. Para la mayoría de promotores de la pena de muerte, esta es un fin en sí misma. Si no, fíjense

en cuántos de ellos tienen un discurso más o menos coherente, por ejemplo, sobre la violencia contra la mujer. No les interesa el problema de

fondo, lo que quieren es una satisfacción ideológica. Y, tercero, para ver si esta vez la cortina de humo no dura tanto. Insisto en que el problema real -y que se venía discutiendo hasta esta semana- es el

cáncer de la cultura de la violación en el Perú. Un estudio mundial de Equality

Now, de febrero de este año, pone al Perú como uno de los países con peores

medidas contra la violación (penas reducidas porque se considera "delito contra la moral", en vez de violencia; humillante paso por el médico legista; deficiente protección de denunciantes). Allí estamos, al fondo de la tabla, junto a

Afganistán, Yemen y Pakistán. Ese informe es un punto de partida para ver cómo tratan el tema otros países. Basta de perder el tiempo en fantasías

demagógicas, discutamos medidas realistas. Y veamos a quiénes les interesa más la ideología que la realidad.