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Cuaderno de Políticas Públicas N° 1 Productividad

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Por:

Msc. Jorge Adalberto Ruano Estrada, con el apoyo del equipo de investigadores del IIPS.


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Fotografía de Portada: Guni Matamoros


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Cuadernos de Políticas Públicas

_______________________________________________________________________

Cuaderno 1 XI Época 2014 _______________________________________________________________________

Universidad de San Carlos de Guatemala

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA: LICDA. GEYDI MAGALI DE MATA MEDRANO

VOCAL I: LICDA. MAYRA VILLATORO VOCAL II: LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN VOCAL III: LIC. JORGE LUIS ZAMORA PRADO VOCAL IV: BR. MAYLIN VALERIA MONTUFAR ESQUINÁ VOCAL V: BR. ROMÁN CASTELLANOS CAAL SECRETARIO: LIC. MARVIN NORBERTO MORÁN CORZO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES POLITICAS Y SOCIALES

COLECTIVO DE INVESTIGADORES

LIC. JOSÉ EFRAÍN PÉREZ XICARÁ LIGIA RIVERA ROLDAN LIC. LUIS FERNANDO DE LEÓN LA PARRA PAOLA ZAMORA SANTOS LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN FAUSTO REYES MORALES LIC. CRISTIAN CALDERÓN CEDILLOS CON APOYO DE: LICDA. BLANCA SOSA DE LEIVA

DIRECTOR: LIC. JORGE RUANO ESTRADA

___________________________

CUADERNOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

EDITOR: LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN

CUADERNOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ES EDITADO POR EL INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA ESCUELA DE CIENCIA

POLÍTICA.

EDIFICIO M-5, SEGUNDO NIVEL, OF. 219, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, CIUDAD DE

GUATEMALA, GUATEMALA CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

TELEFAX (502) 24188705

WWW.USAC.EDU.GT


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PRODUCTIVIDAD EN GUATEMALA

Una mirada desde la realidad departamental

Cuaderno No. 1 Políticas Públicas

Problemas específicos de la población que expresan prioridades ciudadanas

para la política pública de productividad en Guatemala

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales

Escuela de Ciencia Política


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Índice

Contenido pág.

I. Presentación del primer cuaderno sobre políticas públicas 06

II. La importancia de las políticas públicas y la gobernanza

sociopolítica como eje central del ejercicio democrático 11

III. Resultados de la investigación: Productividad, una mirada

departamental.

1. Fortalecimiento de la institucionalidad (estatal) productiva 15

2. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos productivos 22

3. Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas 26

4. Créditos para implementar proyectos productivos 28

5. Apoyo a la comercialización nacional e internacional 29

6. Insumos para la producción 29

7. Acceso a la tierra y certeza jurídica de la propiedad 30

8. Tecnología productiva 31

9. Infraestructura productiva 31

10. Legislación nacional en apoyo a la productividad 32

IV. Conclusiones 35

V. Bibliografía 39

Anexo 1: Contenidos mínimos de los siguientes cuadernos

sobre políticas públicas. 40


6

I. Presentación del primer cuaderno de políticas públicas:

Productividad en Guatemala.

Para los efectos de este primer cuaderno, el énfasis está centrado en los insumos que la

Escuela de Ciencia Política pone a disposición de la comunidad académica y otros actores de

la sociedad que estén interesados en promover políticas públicas de productividad y desarrollo

económico local. El análisis y discusión de los resultados que expresan prioridades o

problemas relacionados con la productividad en el país, se refiere a la construcción de los

problemas desde la voz de la sociedad y contiene las áreas de acción institucional que se deben

fortalecer y lo que la población espera de las entidades estatales.

La recopilación, organización y análisis de 872 demandas ciudadanas, discutidas y

consensuadas en los 39 grupos presenciales de discusión a nivel nacional, ofrecen insumos

legítimos importantes para la política pública. En los grupos presenciales de discusión, la

ciudadanía produjo un contenido que puede ser útil para las entidades públicas responsables de

promover la productividad en Guatemala. Estos insumos pueden servir para reorientar o

reafirmar los propósitos de los planes institucionales, proyectos, programas y las políticas

públicas.

Los treinta y nueve grupos presenciales de discusión fueron promovidos y coordinados

por el actual director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales y la inquietud de

producir contenidos de investigación a partir de esta experiencia de campo, nació con el

interés mostrado por la Escuela de Ciencia Política de socializar este contenido. La

organización, sistematización y producción de contenidos de investigación a partir de esta

información recopilada en los 22 departamentos de la República de Guatemala, constituyó

para la Escuela de Ciencia Política una oportunidad para nutrir su área de investigación en el

2013 y conectar al Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales con problemas específicos

de los ciudadanos y aportar insumos para las políticas públicas en Guatemala.

La cobertura de los grupos presenciales de discusión fue nacional y 6,437 personas

participaron con propuestas para mejorar la productividad de sus territorios. Las jornadas de

discusión se iniciaron en Totonicapán y la última reunión se hizo en Suchitepéquez. En

cuatro departamentos: Quiché, Escuintla, Izabal y Totonicapán se hicieron tres ejercicios en

tiempos diferentes. En nueve departamentos: Zacapa, Huehuetenango, Petén, Jutiapa,

Chimaltenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Chiquimula y San Marcos, se realizaron dos

ejercicios en años diferentes.

Durante las jornadas participativas se conversó sobre temas y alternativas para mejorar

las estrategias de productividad y este cuaderno contiene el análisis de 872 problemas

específicos que fueron discutidos y consensuados con la gente. En los grupos de discusión

participaron líderes (hombres y mujeres) interesados en implementar estrategias de

productividad en sus municipios. Es pertinente aclarar que en las actividades de discusión

participaron muy poco lo grandes empresarios y aunque la convocatoria fue abierta, ellos

prefirieron espacios de exclusividad y un trato preferencial para hablar de sus asuntos, de ahí

que solamente en Suchitepéquez, Sacatepéquez y Quetzaltenango, por las dinámicas propias

de estos territorios hubo un acercamiento a sus organizaciones. Desde el análisis sociológico,

se puede afirmar que las personas que participaron en las discusiones pertenecían más a las

clases medias rurales y para-urbanas, así como a las clases populares y las muy pobres del

interior de la República.


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Los ejercicios de participación ciudadana se hicieron a nivel nacional y la población

consultada pertenece a la sociedad vibrante de cooperativistas, empresarios medios,

intelectuales mayas, académicos, representantes de universidades, iglesias y profesionales

independientes, grupos civiles con vocación pública y políticos de diferentes partidos

políticos. Es la sociedad de fondo y permanente que expresó la falta de apoyo del Estado para

responder a sus problemas específicos.

Los segmentos poblaciones estuvieron representados por asociaciones de azucareros,

de turismo, de mujeres, jóvenes, de desarrollo comunitario, mesas económicas

departamentales, cámara de turismo, de comercio, de industria, red nacional de grupos

gestores, operadores turísticos, comités de autogestión turística, clústeres de

turismo. Cooperativistas, artesanos, agricultores, pescadores, cafetaleros, ganaderos,

campesinos reforestadores, microbuseros, exportadores, campesinos, sindicalistas,

agricultores, mujeres, jóvenes, hoteleros, productores agropecuarios, pescadores, azucareros.

Representantes de municipalidades, de mancomunidades de municipalidades, de los consejos

departamentales, municipales y comunitarios de desarrollo, Alcaldes Municipales, Alcaldes

Comunitarios, representantes de entidades públicas gubernamentales. Consejos de Autoridades

Indígenas, Parlamento Xinca, Alcaldes Indígenas, Asociaciones Mayas de Desarrollo Integral.

Durante la exposición de los resultados de este primer cuaderno de investigación sobre

políticas públicas en Guatemala, se menciona varias veces el mismo nombre de los veintidós

departamentos que tiene el país, por tal razón y para uso exclusivo de este cuaderno, los

nombres aparecen abreviados de la siguiente manera: Alta Verapaz (AV), Baja Verapaz (BV),

Chimaltenango (CHO), Chiquimula (CHIQ), Escuintla (ESC), Guatemala (GUA),

Huehuetenango (HUE), Izabal (IZ), Jalapa (JAL), Jutiapa (JUT), Petén (PET), Progreso

(PRO), Quetzaltenango (QUET), Quiché (QUI), Retalhuleu (REU), Sacatepéquez (SAC), San

Marcos (SM), Santa Rosa (ST), Sololá (SOL), Suchitepéquez (SUCH), Totonicapán (TOT) y

Zacapa (ZA).

La hipótesis que orientó la investigación es la siguiente: “El fortalecimiento y

coordinación de la institucionalidad estatal productiva, específicamente de las entidades del

Organismo Ejecutivo, contribuye al mejoramiento de las estrategias de productividad de la

gente que vive en los municipios y en más de veinte mil comunidades dispersas en el territorio

guatemalteco”. Aunque los estudios cualitativos no exigen formular hipótesis por su

naturaleza más bien inductiva, esta hipótesis si fue posible formularla después de una primera

aproximación a la compleja realidad y la recopilación de datos. Dado el enfoque cualitativo,

la hipótesis, más que para probarse, sirvió para incrementar el conocimiento de lo que la

población quiere para fortalecer la productividad en Guatemala. La generación de la hipótesis

contribuyó a dar mayor sentido de entendimiento al fenómeno que se analiza en la

investigación: la demanda ciudadana desde la voz de la sociedad.


8

Cuadro No. 1: Demandas por departamento, participantes, fecha y lugar.

Departamento Demandas Líderes Fecha y lugar de la actividad

Alta Verapaz (AV)

64

400

9/10/2008 y 2/7/2011, Instituto Emilio Rosales Ponce.

Baja Verapaz (BV) 40 190 29/10/2008, Escuela Normal de Salamá

Chimaltenango (CHO) 42 200 2/12/2009 y 1/7/2011, Instituto Experimental Leonidas

Mencos Ávila

Chiquimula (CHIQ) 45 300 18/2/2009 y 19/6/2011 Instituto Nacional para Varones de

Oriente (INVO)

Escuintla (ESC) 52 350 29/01/2009, 25/3/2010 y 8/6/2011 Instituto Experimental

Carlos Samayoa Chinchilla

Guatemala (GUA) 17 205 21/9/2009 Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán

Huehuetenango (HUE) 45 410 16/4/2009 y 24/6/2011 Instituto Normal Alejandro

Córdova

Izabal (IZ) 48 350 17/9/2008, 11/03/2010 y 17/6/2011 Instituto Experimental

Luis Pasteur

Jalapa (JAL) 46 220 24/9/2009 Instituto Centroamericano para varones

(INCAV)

Jutiapa (JUT) 50 325 15/10/2009 y 3/7/2011 Instituto Nacional Experimental

Mario Efraín Nájera Farfán

Petén (PET) 56 325 8/12/2009 y 15/7/2011 Escuela Tipo Federación José

Benítez Gómez y la Escuela Normal No. 5 Julio Edmundo

Rosado Pinelo.

Progreso (PRO) 32 209 19/11/2009 Escuela Tipo Federación de Guastatoya.

Quetzaltenango

(QUET)

40 370 11/6/2009 Escuela de Ciencias Comerciales de Occidente

Quiché (QUI) 60 375 12/03/2009, 26/5/2010 y 26/6/2011 Instituto Normal

Mixto Juan de León, en Santa Cruz del Quiché.

Retalhuleu (REU) 35 326 2/7/2009 Instituto Experimental Carlos Arana Osorio

Sacatepéquez (SAC) 25 170 20/11/2008 Centro Cultural César Brañas.

San Marcos (SM) 48 250 7/5/2009 y 25/6/2011 Escuela Tipo Federación Ulises

Rojas

Santa Rosa (ST) 38 317 3/9/2009 Instituto Juan José Arévalo Bermejo

Sololá (SOL) 43 185 8/01/2009 Instituto Abraham Lincoln

Suchitepéquez

(SUCH)

45 300 30/7/2009 y 3/8/2011 Instituto Técnico Industrial George

Kerschensteiner y Centro Cultural de Mazatenango.

Totonicapán (TOT) 40 375 27/8/2008, 6/5/2010, 9/7/2011 Escuela Normal Rural

Zacapa (ZA) 42 285 5/11/2009 y 18/6/2011 Instituto José Rodríguez Cerna

Totales 953 6,437

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las consultas


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Cuadro No. 2 Organización de las demandas priorizadas por la gente.

Temas prioritarios para la población consultada

Demandas

1. Fortalecimiento de la institucionalidad (estatal) productiva 232

2. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos productivos 180

3. Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas 124

4. Créditos para implementar proyectos productivos 80

5. Apoyo a la comercialización nacional e internacional 64

6. Insumos para la producción 58

7. Acceso a la tierra y certeza jurídica de la propiedad 39

8. Tecnología productiva 38

9. Infraestructura productiva 34

10. Legislación nacional en apoyo a la productividad 23

Total de las demandas analizadas 872

Fuente: elaboración propia en base a datos de la consulta.

Los 872 problemas específicos analizados se organizaron en diez grupos temáticos en

el marco de los objetivos de este primer cuaderno de investigación. A través de esta

agrupación se respondió a la pregunta central de esta investigación, ¿Cuáles son las áreas de

apoyo a la productividad que el Estado debe fortalecer y que son de interés para la gente?

Este primer tema de mayor relevancia reflejó que 232 planteamientos se refieren a la

necesidad de mejorar las intervenciones de las entidades gubernamentales responsables de

promover la productividad en el país. Esta primera evidencia, permitió concluir que la

percepción ciudadana indica que existe un déficit en la capacidad de respuesta del Estado

(gobierno) para atender las demandas de la población en materia de productividad y que la

gente espera una mejor intervención del Estado a través de sus entidades específicas,

especialmente las que pertenecen al Organismo Ejecutivo: Instituto Nacional de Bosques,

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Instituto Guatemalteco de Turismo,

Ministerio de Economía, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Trabajo y

Previsión Social, el Fondo Nacional de Tierras, el Ministerio de Energía y Minas y entidades


10

de soporte como el Instituto Nacional de Estadística, la Secretaría de Planificación y

Programación.

El segundo tema de mayor relevancia de la gente con 180 demandas, demanda al

gobierno de la nación más apoyo a la población en la formulación y ejecución de proyectos

productivos. Las áreas y sectores prioritarios para la gente son los siguientes: 43 demandas de

proyectos productivos para pequeños productores y campesinos, 34 planteamientos para

proyectos turísticos, 32 demandas para la diversificar la producción campesina y artesanal, 31

ideas de proyectos para producir energía eléctrica, 17 propuestas de estrategias para promover

la productividad en doce departamentos, 21 demandas para mejorar las condiciones para la

generación de empleo y dos para desarrollar el potencial minero, especialmente en áreas del

Progreso y Baja Verapaz. Esta última área productiva es un tema muy polémico en territorios

donde habitan con mayoría población originaria de los pueblos indígenas.

El tercer tema importante para la población con 124 demandas se refiere al deseo de la

gente de mejorar sus capacidades técnicas y productivas a través de la capacitación y

tecnificación, 54 de ellas para apoyar a los pequeños productores agrícolas (campesinos

organizados y de asociaciones comunitarias); 36 planteamientos para apoyar a mujeres pobres,

activas y emprendedoras, 15 demandas de capacitación para artesanos (as), 14 aspectos para la

capacitación de jóvenes y cuatro solicitudes para capacitar a micro, pequeños y medianos

empresarios.

El cuarto más tema discutido en los 22 departamentos con 80 demandas, se refiere a la

necesidad que tiene la población de mayor acceso a créditos para implementar sus proyectos

productivos. Las mujeres pobres, activas y emprendedoras plantearon esta necesidad con

mayor frecuencia, pero también los productores agrícolas, los representantes de la micro,

pequeña y mediana empresa, los artesanos y quienes se dedican a otras actividades productivas

no agropecuarias.

El quinto tema en la escala relevante indicó que la población espera que su gobierno le

apoye con la comercialización de sus productos en el nivel nacional e internacional, en total 64

demandas expresan la aspiración de un mejor intercambio de sus productos agrícolas, con más

información, oportunidades y nichos de mercados para vender café, verduras, frutas, artículos

artesanales, etc.

El sexto tema expresa la expectativa de la gente a que su gobierno nacional le provea

de insumos para la producción. La mayoría de las 58 demandas analizadas y relacionadas con

este tema, tienen que ver con la entrega por parte del gobierno de los fertilizantes y otros

insumos agrícolas como semillas mejoradas, insecticidas y herramientas de labranza.

El acceso a la tierra y la certeza jurídica de la propiedad ocupó el séptimo lugar con 39

demandas. En 12 departamentos se planteó al gobierno la necesidad de incrementar los

subsidios y créditos para el acceso a la tierra. También ven importante que se mejoren los

programas de regularización de la propiedad de la tierra, la condonación de deudas agrarias y

el fortalecimiento del programa de arrendamiento de tierras.

La demanda de tecnología productiva es el tema ocho con 38 demandas. En 18

departamentos se solicitó al gobierno, seguir proporcionando las estufas mejoradas a las

familias pobres rurales, tecnología para sistemas de mini-riego, invernaderos, procesadoras,

pozos mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, rastros, molinos de nixtamal y centros

comunitarios digitales.

El penúltimo tema con 34 demandas, se refiere al mejoramiento de la infraestructura

productiva en los municipios, a través de la construcción de centros de capacitación,

mercados, centros de acopio, rastros, silos y centros artesanales.


11

Por último, aunque es un tema bajo la responsabilidad del Organismo Legislativo o sea el

Congreso de la República, la población valora la capacidad de propuesta del gobierno como

principal promotor de la legislación nacional en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas

(23), especialmente para la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la

Ley del Fondo de Tierras, la regulación de la tenencia de la tierra, la creación de tribunales

agrarios, la revisión de la legislación de la explotación minera y otros asuntos relevantes para

la gente.

¿Cuáles son las principales entidades públicas señaladas por la población?, ¿Qué proyectos

productivos prefiere la gente?, ¿Cuáles son las preferencias de capacitación y para qué

quieren los créditos?, ¿Por qué el apoyo a la comercialización, la construcción de

infraestructura y el fortalecimiento de la tecnología productiva es importante para la

población?, ¿Qué legislación es relevante para mejorar la productividad de la gente con menos

oportunidades?, ¿Qué es lo que la gente espera de las entidades estatales?, estas preguntas

tienen respuesta en la parte siguiente de esta investigación.

II. La importancia de las políticas públicas y la gobernanza sociopolítica

como eje central del ejercicio democrático.

El marco teórico abordado en la presente investigación hace referencia en primer lugar a

las políticas públicas, las cuales están relacionadas con las directrices o cursos de acción que

son desarrollados por algún ministerio, institución u organismo gubernamental. (Salazar 2009:

31 y 32). Se refieren al conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones

consideradas socialmente como problemáticas y que entorpecen la buena marcha de la

sociedad. (Salazar 2009: 26). Cuando se señala que la política pública es un conjunto de

respuestas del Estado, se está diciendo que casi nunca esa política pública es una decisión y

que por lo general involucra un conjunto o rosario de decisiones (del gobierno o del régimen

político) que se puede dar de manera simultánea o secuencial. (Salazar 2009:46)

Adicionalmente cuando el Estado (gobierno) no toma posición frente a algún problema – o

sea, lo omite-, esta actitud es también una toma de posición y está dando una respuesta, es

decir, que al no tomar posición, está tomando posición, a la espera de que por ejemplo, el

problema se desenvuelva solo enfrentándolo de manera particular. (Salazar 2009: 46)

La política pública entonces se decide frente a situaciones consideradas socialmente

problemáticas. En cualquier sociedad, desarrollada, en vías de desarrollo, tradicional

moderna, siempre hay un conjunto de problemas por resolver. Sin embargo, no siempre el

Estado (gobierno) puede enfrentar todos por múltiples razones: falta de recursos, tiempo,

circunstancias, presiones, intereses, etc. El Estado (gobierno) entonces, enfrenta de manera

prioritaria aquellos que socialmente obedecen a una mayor presión o tienen mayor incidencia.

De aquí que sean problemas socialmente considerados. Así que los problemas que existen en

toda sociedad, sólo algunos de ellos dan el tránsito a ser problemas socialmente considerados.

Este tránsito implica precisamente la intromisión y /o presencia y/o participación de actores en

el proceso de toma de decisiones. (Salazar 2009: 47)

Mediante distintas estrategias, los actores presionan al Estado para que considere un

determinado problema como político, de carácter general y formule propuestas en términos de

política pública. Cualquier problema de un gremio, empresarial, de trabajadores, un

movimiento social, etc., generalmente tiene propuestas sectoriales, particulares o privadas. La


12

presión sobre el Estado busca que éste lo considere como importante, como asunto público y,

al incluirlo en su agenda, formule respuestas en términos políticos. (Salazar 2009: 49)

Se da el tránsito de una situación subjetivamente existente, a una situación objetivamente

considerada, por la intervención de actores en su definición y estructuración. Son los actores

políticos y económicos y sociales que los convierten y transforman un problema cualquiera en

un asunto relevante, en la medida en que se considera socialmente prioritario y por lo tanto el

Estado (gobierno) tiene que entrar a ofrecer respuestas en términos de políticas públicas.

(Salazar 2009:50)

Toda política pública tiene tres elementos fundamentales. Uno de predicción, porque no es

posible pensar que se tome una decisión sin tener un futuro deseado como referente. Cualquier

decisión implica que se espere lograr algo y las políticas son eso: tratar de acercarse, mediante

medidas administrativas a un ideal de sociedad en cualquier de los campos. De ahí que con

ella se intervenga, cambie y transforme la sociedad. El segundo elemento es la decisión ya que

formular políticas no es otra cosa que decidir. Por eso, los que se preocupan por las políticas

públicas concentran su atención en cómo se decide, como son los procedimientos para la toma

de decisiones: quien o quienes en última instancia influyen en la decisión; que elementos

utilizan, etc. Decidir, a su vez, implica escoger entre dos alternativas. Cuando no hay sino una,

no hay decisión, ya está decidido. Por eso la decisión involucra dos procesos: uno la

racionalidad y el otro la voluntad. Por último, la política pública también implica acción. Esta

es la gran diferencia entre el discurso y la política pública. Mientras no haya acción se está

frente a un discurso. Es decir frente a una intención. Lo que caracteriza a la política pública es

el hecho de que ésta se ejecuta, se materializa o, si se quiere, se concretan acciones. (Salazar

2009: 53)

El círculo de la política involucra una primera etapa, es decir, la entrada en agenda de un

problema. La agenda es un listado de problemáticas políticas ordenadas según prioridades que

representan. Las prioridades, no obstante no responden a criterios únicos, objetivos, sino más

bien a una multiplicidad de causas que van desde la urgencia temporal – frente a una catástrofe

por ejemplo – hasta la conveniencia pública en lo electoral – en períodos de campaña-. La

influencia de los medios y la opinión pública en el proceso de entrada de agenda es directa y

fundamental. (Salazar 2009: 67).

El origen de toda política tiene lugar cuando un problema pasa a ser considerado

prioritario del Estado, es decir, cuando pasa a ser un problema socialmente considerado. La

fase o etapa de formulación corresponde al proceso mediante el cual el Estado ensaya distintas

alternativas, recibe presiones, negocia con los actores con poder y finalmente llega a una

decisión. La implementación hace relación a la desagregación de esta decisión en términos de

medidas específicas y su correspondiente ejecución por parte de la administración pública.

(Salazar 2009: 68).

El análisis de políticas públicas es una metodología para formular problemas con la

finalidad de buscar soluciones y que incorpora cinco procedimientos generales: estructuración

de problemas, pronóstico, recomendación, monitoreo y evaluación. De manera tal que la

evaluación forma parte integral del proceso de análisis de políticas públicas. De ahí que se

considere el análisis de políticas públicas como un proceso cíclico que comprende la

definición del problema, la elección de políticas, el monitoreo de los resultados de esas

políticas y la redefinición del problema. (Salazar, 2009: 129).


13

El marco teórico abordado en este primer cuaderno revela también la importancia de la

gobernanza sociopolítica porque el arte de gobernar comprende procesos de interacción entre

actores sociales, públicos y privados indica Carlos Matus (1971). Expertos en el tema han

señalado en la última década que el poder público ha perdido relativamente fuerza respecto del

poder privado en la solución de problemas de la sociedad y en la creación de sus nuevos

horizontes. Frente a estas circunstancias los actores políticos y económicos tratan de

interactuar y complementarse. Esta es una interacción lógica y obligada, porque en las actuales

condiciones ningún actor público o privado, tiene la información y el conocimiento suficiente

para resolver los problemas complejos, dinámicos y diversificados de un país.

Según Aguilar Villanueva, mexicano especialista en políticas públicas, lo que está a la

vista en el siglo XXI, es que el gobierno gobierna mediante co-acciones (colaboraciones,

concurrencias), que toman las formas de la coproducción, codirección, corregulación,

cogestión, asociación entre actores públicos y privados, pero con características diversas a las

formas tradicionales de unión de la acción pública con la privada. En la misma línea de

pensamiento Antaki /, dice en su libro “Manual del ciudadano contemporáneo”, que una

sociedad sólo se mueve si los actores que la componen se sienten socios de las decisiones

tomadas. El siglo XXI es el tiempo en que la sociedad se moverá desde abajo, porque cada

quien quiere tener su parte de responsabilidad en la comunidad; por ello hay que darles

esperanzas y razones. Si van a participar, más vale hacerlo de la mejor manera posible.

(Antaki 2009: 11).

La gobernanza sociopolítica guarda relación con el modo y proceso de gobernar una

sociedad en las condiciones sociales contemporáneas. Hoy no hay manera de gobernar más

que mediante gobernanza sociopolítica, entendida como los arreglos de los actores públicos y

privados en cuyo marco se dirigen al objetivo de resolver problemas y crear oportunidades a la

sociedad y a cuidar las instituciones sociales que enmarcan estas actividades de gobierno.

De acuerdo con Aguilar Villanueva /, estamos viviendo un cambio de los modelos más

tradicionales, en los que gobernar era algo unidireccional de los gobernantes hacia los

gobernados, hacia un modelo bidireccional en el que se tienen en consideración aspectos,

problemas y oportunidades del sistema de gobierno como del sistema a gobernar. Esto es

gobernanza sociopolítica o interactiva, fundada sobre interacciones amplias y sistémicas entre

aquellas que gobiernan y los que son gobernados y esto se aplica tanto a las interacciones

público-público como a las interacciones público-privado.

Los recursos estatales a disposición del gobierno son enormes y potentes pero insuficientes

para una tarea directiva exitosa, por lo tanto, el gobierno necesita de consensos básicos con

actores económicos y sociales independientes y disponer de más recursos a fin de producir los

resultados esperados. No está en cuestión la validez institucional del cargo y la legalidad de la

actuación del gobernante sino su validez directiva, que implica su competencia analítica,

técnica, gerencial, política. En cuestiones de gobierno el problema cognoscitivo y práctico se

ha desplazado del sujeto o sea la institución gobierno hacia el proceso de gobierno, la

gobernanza, que incluye a las instituciones públicas, la administración pública y las prácticas

políticas de relación del Ejecutivo con los poderes públicos y los sectores ciudadanos. (Aguilar

2010: 8).

La gobernanza integra el enfoque de la gobernabilidad como una de sus condiciones

necesarias de dirección social. Gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad de que el

gobierno gobierne a su sociedad, mientras su opuesto, ingobernabilidad, significa la

probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad. La probabilidad o

improbabilidad gubernativa puede tener dos causas de fondo. La primera causa es de origen


14

social y consiste en la disposición o indisposición de la sociedad de aceptar, obedecer y

reconocer que un gobernante posea el derecho a dirigir y a mandar, la gobernabilidad o la

ingobernabilidad tiene que ver con cuestiones de legitimidad política, con cuestiones de la

reputación social del gobierno. (Aguilar 2010: 23-24)

La perspectiva de la gobernabilidad con un enfoque gubernamentalista considera que un

gobierno bien equipado con los recursos y poderes apropiados es suficiente para dirigir a la

sociedad, sin tomar en consideración y en serio los hechos sociales, económicos y políticos

que han reducido su capacidad y autonomía decisoria o sin revisar el supuesto arraigado de

que la sociedad es incapaz de gobernarse y de que es necesaria su subordinación al gobierno

para llegar a ser un mundo en que valga la pena vivir. (Aguilar 2010: 27).

La gobernanza entendida como el conjunto de actividades que se llevan a cabo a fin de

dirigir a la sociedad, implica la acción del gobierno, pero no se reduce sólo a ella sino que

incluye además la acción de actores económicos y sociales. La gobernanza apunta a la

necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad, más que a la

reproducción del proceso directivo estructurado por la acción del gobierno. Su supuesto básico

es la noción de que en las actuales condiciones sociales el gobierno es un agente de dirección

necesario pero insuficiente. El gobierno es un agente legítimo y necesario de dirección de la

sociedad. Sin embargo, sus ideas, acciones y recursos son insuficientes para decidir por sí

mismo los futuros de interés social y sobre todo para realizarlos. (Aguilar 2010: 29).

Gobernanza significa un nuevo proceso directivo, en tanto la definición y realización de

los objetivos sociales es resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad. La

gobernanza incluye a la gobernabilidad, en tanto la dirección de la sociedad requiere e incluye

la acción de un gobierno legítimo, competente y eficaz. Gobernanza significa un cambio del

proceso, modo o patrón de gobierno, que es bien entendido y formulado como el paso de un

centro a un sistema de gobierno en el que se requieren, activan y conjuntan los recursos del

poder público, de los mercados y de las redes sociales. En conexión, es el paso de un estilo

jerárquico centralizado y vertical de gobernar a un estilo asociado e interdependiente del

gobierno con organizaciones privadas y sociales. (Aguilar 2010:30).

El modo concreto, moderno, como se practica el gobierno es en modo de co-acción,

entendida como la acción conjunta o asociada entre el sector público y el privado o el social,

que expresa y reproduce un patrón estructural de dirección pública, cuya característica

esencial es la interdependencia gubernamental - social. No existe ningún sujeto o instancia

social con el poder intelectual, financiero y político dominante para imponer a los demás una

determinada orientación y línea de comportamiento o para transferirles los costos de la

solución de problemas o de la realización de objetivos de importancia social, tratando de

obtener ganancias exclusivas. (Aguilar 2010: 32 y 33).

La nueva situación directiva se describe como el paso de las formas directas de gobierno

hacia las formas indirectas (o mediante terceros) o de gobierno a distancia, dado que los

gobiernos se han vuelto timoneles más que remadores, formuladores, decisores y

financiadores de las políticas más que sus ejecutores u operadores directos. Se la describe

también como un cambio del modo jerárquico de gobernar hacia uno más descentralizado,

horizontal, interdependiente, relacional, interactivo, participativo, consensual, en forma de red

y hasta paritario con las organizaciones sociales (gobierno por redes, en red). Gobernanza

representa el nuevo perfil que ha ido tomando el modo de gobernar y que destaca el hecho de

que gobierno y sociedad sin perder su diferencia e independencia producen ahora en modo

asociado (coproducen) un buen número de políticas, inversiones, proyectos y servicios

públicos. (Aguilar 2010: 35).


15

III. Resultados de la investigación: Productividad, una mirada

departamental.

1. Fortalecimiento de la institucionalidad estatal productiva.

De acuerdo al número demandas por tema, 232 planteamientos constatan que la

percepción de la gente es que el gobierno debe mejorar la intervención de sus entidades

responsables de promover la productividad y el desarrollo de los territorios. En su orden, se

concluye la población en Guatemala, espera mejor intervención del Estado a través de las

siguientes entidades: Instituto Nacional de Bosques (INAB) mencionado 46 veces en el país;

Ministerio de Agricultura (MAGA), con 33 demandas específicas; Instituto Guatemalteco de

Turismo (INGUAT), 29 demandas; procesos de intervención coordinada entre entidades, 29

demandas; Ministerio de Economía (MINECO) 27 intervenciones; Secretaría de Asuntos

Agrarios (SAA) 20 demandas; Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) 19

demandas; Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), 13 aspectos, 8 demandas de igual

naturaleza solicitadas al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), cinco de demandas de

intervención de los Consejos departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE) y tres

demandas al Ministerio de Energía y Minas (MEM)

.

Cuadro No. 3 Fortalecimiento de la institucionalidad estatal productiva.

Entidad Demandas Entidad Demandas

INAB 46 MINTRAB 19

MAGA 36 FONTIERRAS 13

INGUAT 29 INE / SEGEPLAN 8

COORDINACIÓN 29 CODEDE 5

MINECO 27 MEM 3

SAA 20

Fuente: elaboración personal en base a datos de la consulta.

a. Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Cuarenta y seis demandas fueron orientadas hacia el mejoramiento de la intervención

INAB, especialmente para el fortalecimiento de sus dos programas de incentivos forestales, la

mejora de su capacidad de control forestal, la promoción de industrias forestales y apoyo a la

exportación de estos productos. Las líneas de política institucional de esta entidad están

relacionadas con el fomento del manejo productivo de bosques naturales; la promoción de la

silvicultura de plantaciones; la promoción del sistema agroforestal y silvopastoril en tierras de

vocación forestal; fomento a la ampliación y modernización del parque industrial de

transformación primaria y secundaria de la madera.


16

En el marco de su misión, sobresale la administración del Programa de Incentivos

Forestales (PINFOR) a través de planes de manejo forestal para reforestación, protección,

manejo de bosque natural de producción y planes de manejo de regeneración natural. También

administra el Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores de Tierras de

Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP), por medio de planes de manejo forestal para

reforestación, protección de bosque natural de producción y sistemas agroforestales.

Durante las consultas se pudo confirmar que la población guatemalteca está consciente

de la pérdida anual de bosques en el país. La deforestación se produce, entre otras, por la

ampliación de la frontera agrícola; es decir, la sustitución de bosque para actividades agrícolas

y pecuarias. Asimismo, por consumo de leña, tala ilícita, pastoreo sin control en bosques e

incendios forestales. Los departamentos con mayor pérdida de cobertura forestal son, en ese

orden, CHI, JUT, PET, JAL, IZ y ZA. Por municipios, los que más cobertura boscosa

perdieron en el período son La Libertad y Dolores en el departamento de Petén, los del sur de

este departamento y norte de Alta Verapaz, Izabal y Quiché (IARNA-IIA, 2006:76).

De acuerdo con datos de IARNA-IIA (2006:75) en un período de 10 años se registró la

pérdida del 11% del recurso boscoso. Con esos números, Guatemala posee el mayor índice de

deforestación en América Latina: pierde cuatro veces más recurso boscoso que Brasil, y dos

veces más que México. Anualmente pierde al año, 73,148 ha, lo que equivale a 1,43% de la

cobertura boscosa del país.

El volumen de madera cosechada en el período 1999-2004 equivale a 3.4 millones de

m3. De esa cantidad 2.142 millones (63%) se destinaron a la industria forestal nacional y 1.19

millones (35%) como leña. El restante 2% se destinó a otros usos como carbón, trocilla y

otros. El 68% de troza para la industria forestal y el 40% para leña se extrajeron de Petén,

Huehuetenango, Quiché, Sacatepéquez y las Verapaces. Por destino de la meda en la industria

forestal el 68% fue la madera aserrada, 14% madera elaborada, 8.6% chapas terciadas y

aglomeradas y 9.4% a manufacturas. El 70% de la madera que fue procesada provino de

bosques naturales de coníferas (IARNA-IIA, 2006:74).

Se considera que la cobertura forestal en Guatemala, en el 2001, era de 4.3 millones de

hectáreas que cubrían el territorio del país, alrededor del 40% del territorio, la mayor parte en

áreas protegidas (55%). De esa cobertura forestal, el 75% estaba en cuatro departamentos:

Petén (52%), Alta Verapaz (10%), Izabal (7,4%) y Huehuetenango (6,2%) (IARNA-IIA,

2006:78).

En 2007, más de 56,000 hectáreas fueron consumidas por incendios; mientras que en

2008 hubo una reducción sensible a 28,833 hectáreas consumidas por 546 incendios. Por área

quemada, los departamentos más afectados fueron, según datos de la Secretaría de

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia: Petén (norte, con 17,231), Zacapa (este, 1,393),

Jalapa (2,997), Quiché (1,327), Guatemala (1,649) y Baja Verapaz (924). En 2009 hubo un

total de 775 incendios forestales que consumieron 19,423 hectáreas de bosques y pastizales.

Las personas que integraron los grupos presenciales de discusión en nueve

departamentos, hablaron de la importancia del ingreso de nuevos miembros al programa de

incentivos forestales PINPEP y sobre la necesidad de fortalecer su intervención nacional. En

AB y BV, CHO, HUE, JAL, JUT, PET, PRO y QUET, se evidenció la importancia que tiene

el programa PINPEP para la población, porque allí participan los poseedores de pequeñas

extensiones de tierras de vocación forestal o agroforestal y obtienen beneficios de los

incentivos económicos en materia forestal y tienen la oportunidad de generar empleo rural a

través del establecimiento y mantenimiento de proyectos de manejo de bosques naturales, de

plantaciones forestales y sistemas agroforestales.


17

La promoción de la reforestación a través de grupos organizados con participación de

mujeres, jóvenes, campesinos y municipalidades, se mencionó en ocho departamentos, AB,

CHO, ESC, PET, REU, SOL, ZA (Usumatlán, municipio).La gente de estas comunidades

señaló la importancia de reforestar para preservar las zonas de recarga hídrica, evitar los

desastres naturales y la contaminación del aire. También para combatir el efecto invernadero

de la atmósfera, conservar el agua, reducir la erosión del terreno y conservar la energía para

aumentar la estabilidad económica.

En siete departamentos: AV, BV, HUE, JUT, PET, PRO y QUET, la ampliación y

fortalecimiento del Programa PINFOR por tiempo indefinido fue la demanda relevante de los

participantes. Guatemala es uno de los países con la más amplia riqueza de recursos naturales;

sin embargo, el bosque ha sido uno de los recursos naturales más deteriorados por la acción

del hombre. Ante tal situación el objetivo del PINFOR, es mantener y mejorar la producción

forestal sostenible incorporando tierras de vocación forestal desprovistas de bosque a la

actividad forestal y los bosques naturales a la producción económica productiva. Además,

fomenta la creación de núcleos de producción forestal regional de alta productividad, para

impulsar la oferta de productos forestales competitivos, reducir la deforestación, generar

servicios ambientales y empleo en el área rural. Incentiva la inversión para el establecimiento

y manejo de plantaciones forestales, el manejo sostenido de bosques naturales y la silvicultura

con fines ambientales.

En cuatro departamentos se solicitó asistencia técnica para la siembra de otras especies de

árboles, transformar la madera y aprovecharla mejor, implementar bosques energéticos e

incentivos para conservar bosques naturales. Esto se mencionó en AV, CHIQ, HUE y PET.

Los bosques energéticos son áreas de bosque destinadas para recolectar leña como fuente de

energía y los bosques naturales están compuestos por árboles autóctonos, no plantados por el

hombre.

En ocho departamentos la población solicitó al INAB que amplíe sus esfuerzos para

atender el problema de la deforestación y que previo a autorizar licencias de explotación de

bosques haga los respectivos estudios y que controle con más firmeza el contrabando de

madera, especialmente en BV, JAL, SR (Casillas, municipio), ESC (Nueva Concepción y

Siquinalá, municipios), QUET y ZA. En ESC, los alcaldes solicitaron implementar vedas

forestales con excepción de las fincas forestales, establecer más oficinas del INAB con el

apoyo de las municipalidades y fortalecer el Estado para hacer cumplir las leyes ambientales.

b. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Treinta y tres planteamientos fueron generados para el MAGA en catorce departamentos.

Este ente gubernamental es responsable del desarrollo de la fruticultura, la agroindustria,

apoyo a la pesca artesanal y acuicultura, sistemas de mini riego, distribución y producción de

semillas, la sanidad agropecuaria, la asistencia alimentaria, la producción comunitaria de

alimentos (establecimiento de huertos familiares y escolares, granjas avícolas), distribución de

silos metálicos, sanidad agropecuaria, organización, capacitación y asistencia técnica,

vigilancia epidemiológica y prevención zoosanitaria, distribución de insumos productivos y

fertilizantes.

Sus principales programas son: asistencia alimentaria, alimentos por acciones, producción

comunitaria de alimentos, programa de granos básicos, programa de insumos productivos, el

apoyo a la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la fruticultura y agroindustria

(PROFRUTA), el plan de acción para la modernización y fomento de la agricultura bajo riego

(PLAMAR), el programa de apoyo a la reconversión productiva agroalimentaria (PARPA), el


18

fondo nacional para la Reactivación de la actividad agropecuaria (FONAGRO), el programa

de desarrollo rural, el programa de post-cosecha para la fabricación de silos metálicos, el

programa de fertilizantes. A través de la unidad de normas y regulaciones promueve la

vacunación, desparasitación y se vitaminización de animales domésticos.

La realización de los análisis de suelos como herramienta fundamental para la estrategia de

fertilización y preservación de su calidad, es una de las necesidades más sentidas de la

población. Además, solicitaron al MAGA, divulgar más sus servicios y que involucre a los

consejos municipales de desarrollo urbano y rural en la implementación de sus acciones. Esto

se mencionó en AV, ESC, JUT, BV, PET, SM y SUCH.

Promover proyectos productivos para mujeres e implementar procesos de diversificación

productiva (agrícola, pecuaria, forestal) de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelo, se

solicitó en CHO, PET, CHIQ y SM. Mejorar los programas de seguridad alimentaria se

planteó en Jalapa (San Miguel Chaparrón, municipio), San Marcos y Alta Verapaz. También

mejorar la implementación del programa de fertilizantes, tanto en la cantidad como en la

oportunidad, se planteó en Izabal, Petén y Suchitepéquez.

En Huehuetenango y Totonicapán, ven necesario que el MAGA descentralice y

desconcentre sus decisiones políticas y técnicas. En Escuintla se solicitó no utilizar maíz

transgénico, en Chimaltenango ven importante implementar un plan de desarrollo para granos

básicos y de post-cosecha, fortalecer el programa de extensión agrícola1/ y en el Petén,

implementar procesos de agricultura orgánica sostenible. En el Quiché, mejorar el mercado del

café, del cardamomo, las hortalizas, frutas y maderas sin intervención de intermediarios.

c. Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

Las veintinueve demandas en quince departamentos, para el fortalecimiento del trabajo

que realiza INGUAT, indican que la población necesita más apoyo estatal para el desarrollo

del turismo en sus territorios. La diversidad biológica y cultural que tiene el país es un

atractivo turístico importante y por sus características naturales y culturales únicas, sitios

como Tikal, el lago de Atitlán, Antigua Guatemala, Chichicastenango, atraen año con año a

miles de visitantes. El turismo es el segundo generador de divisas para el país; las remesas

familiares son el primero (según el Banco de Guatemala 2009). Guatemala ha representado un

1/ Según el columnista Helmer Velásquez en el diario El Periódico del 26 de agosto de 2010. Los servicios

Estatales de asistencia técnica para el mejoramiento de los cultivos, información de mercados, y organización

productiva brindados a los campesinos de pequeña escala y medianos, fueron abandonados por el Estado

Guatemalteco en 1994. En cuanto a los servicios de extensión agrícola, la justificación para su supresión fue

“impulsar un cambio de mentalidad”, mediante el cual los campesinos deberían “transformarse en empresarios”

así por decreto, y eso significaba que siendo eficaces y eficientes su productividad se elevaría, y

consecuentemente sus márgenes de ganancia. Sin embargo, las consecuencias están a la vista, la producción

agrícola de granos, cayó en más de un 30 por ciento en las últimas décadas, tenemos un incremento nunca visto

en la importación de alimentos. Y riesgo permanente y agudo de inseguridad alimentaria. Revertir la situación es

difícil y no se agota con la medida anunciada por el MAGA en 2010, sin embargo, brindar de nuevo servicios de

extensión agrícola, redundará en mejores prácticas de cultivo y comercio para los campesinos de nuestro país, lo

cual acarreará ingentes beneficios a la sociedad: más y mejores productos alimenticios. A no dudar hacen falta

muchas otras cosas: tierras y crédito para mencionar dos factores, sin embargo, a su juicio el MAGA ha tomado

una decisión de trascendencia histórica y múltiple beneficio social.


19

destino turístico por su rica biodiversidad y en conjunto por sus rasgos culturales y el

crecimiento del turismo ha sido constante y sostenible en las últimas décadas.

La demanda más expresada se relaciona con la necesidad de crear y fortalecer sedes del

INGUAT a nivel regional, departamental y municipal. Esto se indicó en cinco departamentos

donde la dependencia económica del turismo es importante: PET, QUET, SAC, SOL y QUI.

También se demandó la creación de la figura de promotor turístico enfocado en la gestión,

coordinación y supervisión turística en los departamentos de IZ, REU, SUCH y SOL.

El fortalecimiento de los comités de autogestión turística y la capacitación a las

comunidades para la atención turística, se mencionó en IZ, CHI, PET, ZA y AV. Se solicitó

además, la señalización turística de la Ruta Santa del Peregrino Procesioanal que abarca los

departamentos de Progreso, Zacapa y Chiquimula. El proyecto es una propuesta de integración

de los once municipios que conforman la mancomunidad de nororiente y construcción de

centros de servicios inmediatos. Su finalidad es el aprovechamiento de la capacidad ociosa,

fomentar la creación de nuevos productos turísticos y la inversión en infraestructura para

facilitar el acceso al sistema, además de otorgar precios accesibles y ofertas de buena calidad,

el proyecto incluye la señalización vial desde el municipio de San Cristóbal Acasaguatlán

(Progreso) carretera hasta el municipio de Esquipulas (Chiquimula).

En Baja Verapaz se solicitó señalización turística desde el Rancho (Km 82) al centro

turístico Tikal, vía las Verapaces, además del reordenamiento con información turística de la

Cumbre de Santa Elena (km 132 hacia San Jerónimo). En el Petén, se solicitaron módulos de

información y asistencia turística para las áreas de Melchor de Mencos, el Ceibo, Bethel y

Modesto Méndez. En Izabal la población quiere que los impuestos recaudados se reinvierta en

las áreas turísticas.

d. Procesos con apoyos interinstitucionales

En siete departamentos, la población considera importante la descentralización y el

fortalecimiento institucional de las entidades que promueven la productividad en el país, que

además se nombre en las entidades a personal idóneo que conozca las necesidades de la gente

y que actúen con transparencia. Esto se dijo en AV, BV, CHI, IZ, PET, QUI, SM, TOT y ZA.

Evitar la politización de los servicios públicos y promover la transparencia en las entidades, se

mencionó en Escuintla, Izabal, Jalapa y Quiché.

La gente solicitó al gobierno central que apoye a sus alcaldes en la implementación de

planes de desarrollo económico con enfoque territorial y apoyar a las mancomunidades para

fortalecer la solidaridad en los departamentos de JAL, ZA, JUT, PET, ESC, SM y SOL. La

demanda de creación de Ministerio de Desarrollo Rural se mencionó en Jalapa y también

apoyar la solución de los problemas provocados por el cierre del Banco del Comercio2/. En

Escuintla se solicitó implementar el plan de desarrollo para la franja litoral del pacífico.3/

e. Ministerio de Economía (MINECO)

Veintisiete demandas para el MINECO, especialmente para servicios de desarrollo

empresarial, elaboración de diseño de marca y empaque de productos, apoyo a la

comercialización, asistencia técnica, servicios financieros a través de la facilitación de

2 / Personas que perdieron dinero tras la quiebra de la mencionada institución bancaria en 2006. 3/ Este plan fue programado para beneficiar a 17 municipios de seis departamentos: SM, REU, SUCH, ESC, ST

y JUT. El énfasis está en mejorar la calidad de vida de la población a través del comercio, turismo y la

producción.


20

créditos, capacitación en tecnologías de información y comunicación. El apoyo a la micro,

pequeña y mediana empresa y la atención y defensa del consumidor para la resolución de

inconformidades entre consumidores y proveedores.

Las veintisiete demandas al MINECO se plantearon en quince departamentos. La gente

quiere que este ministerio tome el liderazgo de la coordinación interinstitucional estatal para

mejorar la productividad. Esto se mencionó en AV, BJA, ESC, HUE, IZA, QUI, SM, ST,

SOL, TOT y ZA. Siempre en el marco de la coordinación, en siete departamentos se solicitó

al MINECO, conformar mesas departamentales de productividad y competitividad para hacer

pactos territoriales. Esto se mencionó en CHI, ESC, PET, QUET, QUI, ZA y SOL.

La regulación de los precios de la canasta básica, así como mejorar las inspecciones

para el control de los precios, la calidad de los productos y dar seguimiento a las denuncias

para castigar a los negocios que incumplen se mencionó en Escuintla y Sacatepéquez. Ampliar

el personal del MINECO para la gestión de créditos para actividades productivas y para

capacitar a comerciantes o pequeños empresarios, se mencionó en Quiché y en Sacatepéquez.

f. Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)

Veinte demandas para la SAA especialmente para la atención y resolución de conflictos de

tierras a través de procesos de diálogo y negociación. En departamentos con más

conflictividad agraria, Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos, se solicitó atender

conflictos de límites territoriales: Panzós y la Tinta (Alta Verapaz), San Sebastián y Todos

Santos; Nentón (Guaxacaná, las Palmas, la Trinidad y Chaculá); Tajumulco e Ixchiguán; San

Sebastián y San Juan Atitán; San Mateo Ixtatán y Nentón. Atender y caracterizar casos de

conflictos de tierras en Alta Verapaz, Izabal, Chimaltenango y Escuintla.

La creación de comisiones agrarias a nivel local y fortalecer las oficinas para atender la

conflictividad agraria se solicitó en San Marcos, Izabal y Alta Verapaz. Atender el tema de la

invasión de áreas protegidas en Alta Verapaz e Izabal, así como atender el conflicto de la

invasión de tierras en Malacatán, San Marcos y mediar en el conflicto de la adjudicación de un

terreno en la aldea las Cabezas del municipio de Oratorio en Santa Rosa.

g. Ministerio de Trabajo (MINTRAB)

Diecinueve demandas para el MINTRAB para casos específicos de asesoría jurídica,

conciliaciones, visitadurías a empresas o fincas, inspecciones de oficio para garantizar el

respeto a la legislación laboral y cálculo de prestaciones laborales. También demandas para el

mejoramiento de su principal programa de aporte económico para el adulto mayor.4/ La

promoción de ofertas de empleo y otorgamiento de becas de formación ocupacional para el

trabajo.

La demanda que más se escuchó de la gente fue que el MINTRAB debe verificar el

cumplimiento del salario mínimo, tanto en las entidades estatales como no gubernamentales y

que apoye los procesos en los tribunales para garantizar la indemnización de los trabajadores

según la ley. Además de velar por la estabilidad laboral del personal estatal que trabaja en

4/ El programa del aporte económico del adulto mayor, nación por el decreto 85-2005 y reformado por el

decreto 39-2006, ambos del Congreso de la República y consiste en el otorgamiento de una pensión económica

de cuatrocientos quetzales mensuales en forma vitalicia a las personas que califican como beneficiarios:

guatemalteco (a) de 65 años en adelante, sin pensión o jubilación, ni trabajar en ninguna dependencia. El

programa ha tenido un presupuesto anual de un monto aproximado de 250 millones de quetzales.


21

áreas estratégicas como el tema agrario. Esto se mencionó en Quetzaltenango, Retalhuleu,

Sacatepéquez y Alta Verapaz.

La gente quiere conocer más el trabajo que hace el MINTRAB en los departamentos y que

informe a los jóvenes sobre fuentes de trabajo y que los capacite. Esto se mencionó en Baja

Verapaz, Retalhuleu, Santa Rosa y Suchitepéquez. En Quetzaltenango se demandó la creación

de una escuela sindical, la conformación de una subcomisión laboral tripartita regional y la

intervención del MINTRAB en la problemática del trabajo infantil. En Retalhuleu se hizo

énfasis en la necesidad de crear una mesa tripartita de resolución de conflictos laborales, que

involucre trabajadores, patronos y representantes estatales.

h. El Fondo de Tierras (FONTIERRAS)

Trece demandas para FONTIERRAS especialmente para el acceso a la tierra a través

de sus programas de asistencia técnica, arrendamiento de tierras, compra de fincas y

regularización de tierras del Estado. Las demandas tienen que ver con la ampliación de su

presupuesto para la compra inmediata de tierras, la revisión de su estructura administrativa

para hacerlo más eficaz, la revisión de sus requisitos para agilizar la adquisición de tierras y

que garantice la equidad de género en la contratación de su personal, esto se mencionó en Alta

Verapaz, Retalhuleu, Santa Rosa, Quiché y Zacapa.

Demandas puntuales como el apoyo a la problemática de tierra en la Sierra de las

Minas, área de Alta Verapaz, atender la situación de la comunidad los Regadíos en el norte de

El Quiché, implementar acciones de desarrollo en comunidades con problemas de límites

territoriales entre Ixchiguán y Tajumulco en San Marcos y atender el problema de tierras en el

Palmar, Quetzaltenango.

i. Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Planificación y

Programación (SEGEPLAN).

Ocho demandas de igual naturaleza solicitadas INE y SEGEPLAN, especialmente para

la recopilación de estadísticas continuas, censos de pobreza y procesos de planificaciones

territoriales. Se refieren especialmente a la necesidad que tiene el Estado de revisar y

actualizar sus estadísticas, para contar con información de las aldeas con extrema pobreza y

hacer diagnósticos reales de la pobreza general y extrema, revisar mapas de desnutrición. Esto

se mencionó en AV, BV, ZA y HUE.

En relación a los programas sociales gubernamentales, la demanda expresada en El

Quiché se refiere a realizar nuevos censos para verificar datos y depurar beneficiarios, para

que solamente familias de escasos recursos sean los beneficiarios. Se solicitó realizar un censo

poblacional en San Bartolo Aguas Calientes en Totonicapán, para que la asignación del

situado constitucional al municipio, sea acorde a la cantidad real de la población. En Zacapa

se solicitó que SEGEPLAN continúe con el trabajo de revisión y validación de los planes de

desarrollo municipal y los planes de inversiones.

j. Los Consejos departamentales de desarrollo urbano y rural (CODEDE)

Y finalmente cinco demandas de intervención de los CODEDES, que es la

institucionalidad de articulación Estado Sociedad, que constituye una entidad clave para la

población del interior de la República. En Baja Verapaz y Sacatepéquez se solicitó el gobierno

fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo con enfoque de productividad y que sean

informados de la existencia de programas nacionales y otras acciones que desarrolla la

cooperación internacional en relación a la productividad en los territorios.


22

En Suchitepéquez donde ya existe una mesa de competitividad, la población considera que

debieran integrarse estos esfuerzos con el Consejo de Desarrollo Departamental y que los

Consejos Comunitarios de Desarrollo, debieran ser fortalecidos para una mejor distribución de

los beneficios sociales que otorga el gobierno.

k. Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Finalmente, tres demandas al MEM.5/ Se le solicitó en Jutiapa, no autorizar licencias de

explotación minera, así como evaluar la extracción de arena en la parte media y baja de la

cuenca del Río Ostúa o Grande de Mita, en Santa Catarina y Asunción Mita. En Santa Rosa,

la población solicitó conocer las acciones de explotación de minerales que se realizan en el

departamento.

2. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos productivos.

El segundo tema de mayor relevancia con 180 demandas, se refiera a la solicitud de apoyo

al gobierno para formular y ejecutar proyectos productivos de interés de la población en el

siguiente orden: 43 demandas de pequeños productores campesinos, 34 demandas de

proyectos de turismo, 32 demandas de proyectos para la diversidad productiva para la

economía campesina y artesanal, 31 demandas de producción de energía eléctrica, 17

propuestas de estrategias para promover la productividad en doce departamentos, 21 demandas

para mejorar condiciones para la promoción y generación de empleo y dos demandas para

desarrollar el potencial minero, especialmente en el Progreso y Baja Verapaz.

En este apartado de la investigación se procede a responder a una de las preguntas

originales ¿Cuáles son las áreas de preferencia de la población para inversión en proyectos

productivos?

a. Ideas de proyectos para pequeños productores agrícolas.

Cuarenta y tres demandas en 21 departamentos para impulsar proyectos productivos para

pequeños productores agrícolas. Para este segmento poblacional lo más importante es la

generación de sistemas mini-riego. Representantes de municipios de seis departamentos

(HUE, QUI, SUCH, JUT, PET y PRO (Sansare, municipio), indicaron la importancia de

implementar proyectos de mini-riego a pequeña escala con participación de los beneficiarios.

Generalmente el gobierno se hace cargo del diseño técnico del proyecto de mini-riego, de la

supervisión de la ejecución del proyecto y la asistencia técnica para la diversificación de la

producción agrícola. Los beneficiarios mediante un préstamo compran los materiales de

construcción y proporcionan toda la mano de obra no calificada para la ejecución de la obra.

La producción de abono orgánico fue comentada por la gente en diez departamentos (AV,

CHI, JAL, PET, PRO, QUET, QUI, REU, ST y TOT). El propósito es incorporar un nuevo

programa de fertilizantes para renovar los suelos, como una alternativa a lo que se ha venido

haciendo en los últimos 33 años de usar fertilizantes químicos que han debilitado los suelos.

Aunque llevar a la práctica esta idea nacional es un proceso complicado, se puede dar

capacitación a los agricultores para que puedan fabricar su propio fertilizante. El objetivo es

5 / El Ministerio de Energía y Minas ha impulsado una política de cambio de matriz energética en los últimos tres

gobiernos. Sus principales propósitos han sido: aumentar la oferta energética del país a precios competitivos;

diversificar la matriz energética priorizando las energías renovables; promover el desarrollo sostenible y

sustentable a partir de los recursos renovables y no renovables del país; incrementar la eficiencia energética e

impulsar la integración energética.


23

desarrollar una producción más sana y natural con el uso del abono orgánico, además,

fortalecer los procesos de recuperación de los suelos. La idea es reducir el uso de abonos

químicos y agroquímicos y mejorar las condiciones de producción cuidando del medio

ambiente.

La protección, conservación y mejoramiento de semillas criollas, fue demandada en seis

departamentos (CHO, IZ, JAL, JUT, ZA y REU). Los pequeños productores agrícolas

consideran que la promoción del uso de semilla criolla puede amortiguar las pérdidas que los

efectos del cambio climático provocan a las cosechas de granos básicos. Generalmente los

cultivos que provienen de semillas tratadas o mejoradas requieren de mayores cuidados

agrícolas y su capacidad de reaccionar a los efectos del medioambiente es menor con relación

a las semillas criollas. Las semillas criollas, por su parte, son variedades que están totalmente

adaptadas a los efectos del microclima de cada departamento o región, eso les permite ser más

resistentes a los efectos del clima. Aunque los cultivos tecnificados garantizan una mayor

productividad, son menos resistentes a los embates del medioambiente y el clima. Aunque el

rendimiento de la semilla criolla es menor, el productor asegura su cosecha de maíz y frijol a

pesar de los estragos del clima.

En tres departamentos se habló de la necesidad de implementar proyectos familiares

agropecuarios y huertos (Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango). Implementar

proyectos de producción y almacenamiento de granos básicos se propuso en Alta Verapaz y

Santa Rosa. En los departamentos de San Marcos y Totonicapán se habló de construir

invernaderos6/ o casas sombras. En el departamento de Escuintla se habló de la

industrialización de la producción agrícola.

b. Estrategias para promover la productividad.

Diecisiete demandas en doce departamentos y líderes de cuatro departamentos

(Chiquimula, Jalapa (municipio de San Luis Jilotepeque), Progreso, Quetzaltenango

(municipio de Zunil), hablaron de la importancia de establecer zonas francas. A estas se les

conoce por ser espacios en los que se congregan una o varias empresas, las cuales reciben

múltiples ventajas de orden tributario y aduanero. Los beneficios para el empresario se podrían

agrupar de la siguiente forma: a) Carácter Fiscal (créditos fiscales). b) Carácter municipal o

departamental. c) Infraestructura pública. d) Gestión ambiental. e) Aprovechamiento

sostenido de los recursos naturales. f) Logística de comercialización y g) Procedimientos

aduanales simplificados y ágiles. Su principal objetivo es atraer la inversión extranjera,

medida por: i) La creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento de la esperanza de vida

de la población. ii) La transferencia de conocimientos prácticos a los nuevos recursos humanos

del país. iii) Mejora de las exportaciones. iv) Aumento en el comercio exterior. v) Refuerzo de

la cadena de suministro con el fin de mejorar el producto y la calidad de las empresas locales

que suministran bienes y servicios a la zona de libre comercio. vi) Introducción de nuevas

tecnologías. vii) Estimulación de las regiones menos desarrolladas y sectores económicos

estratégicos del país.

Fortalecimiento de las agencias de desarrollo local para promover la asociatividad para

el desarrollo, fue planteado en cuatro departamentos (Jutiapa, Suchitepéquez, Petén y

Totonicapán). El propósito es construir consensos en el modelo de desarrollo económico local

6 /Lugares cerrados, estáticos y accesible a pie, que se destinan a la producción de cultivos, dotado

habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura,

la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas


24

y asegurar la sostenibilidad de esos procesos como vía para mejorar la productividad, la

competitividad, el empleo local y disminuir la pobreza. La idea de este modelo alternativo de

desarrollo local es poner en marcha un funcionamiento sistemático y coordinado de los

distintos actores sociales y de los factores productivos para pasar de una competitividad

empresarial débil en las pequeñas empresas, a una competitividad territorial, pues las Agencias

de Desarrollo Local consideran al territorio como un nuevo „agente competitivo‟.

En dos departamentos (Retalhuleu y San Marcos), la población habló de la importancia

de desarrollar e implementar planes de ordenamiento territorial, que es una herramienta

técnica que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio. Tiene como objetivo

integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente. Son

instrumentos que debieran formar parte de las políticas públicas, con el fin de propiciar

desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y desarrollo

de los asentamientos humanos.

Promover el cooperativismo se expuso en los departamentos de Chiquimula y en el

Quiché, especialmente para los tres municipios que integran el área ixil (Chajul, Nebaj y

Cotzal). En Jalapa, se habló de la importancia de apoyar el proyecto del corredor seco, en

Chimaltenango de la necesidad de establecer granjas avícolas comunitarias y en Chiquimula

sobre la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional desde el Estado para mejorar

la productividad. En Petén sobre la importancia de que el Estado apoye a las empresas que

trabajan en la promoción del turismo. En Chiquimula se habló de establecer un mecanismo

para aprovechar las ayudas internacionales al desarrollo.

c. Ideas de proyectos para la diversidad productiva. Treinta y dos demandas se expusieron en 16 departamentos, la más comentada fue la

crianza de gallinasponedoras en Baja Verapaz, Quiché y Zacapa (Gualán, municipio); el

cultivo del plátano, el macal que es un tubérculo de la familia de la yuca, la pepitoria,

producción de árboles de xate, chicle y pimienta, se habló en el Petén, Escuintla y

Suchitepéquez.

El rescate del pez blanco se habló en Petén y la crianza de peces en Sololá y Zacapa.

La crianza de ganado y ganado lechero en Baja Verapaz y Chimaltenango. La producción de

la rosa de Jamaica en Huehuetenango y Suchitepéquez. La producción de cacao fino en Izabal

y Suchitepéquez. La crianza de marranos y conejos en Baja Verapaz. La industrialización del

loroco y la reactivación de la planta de productos lácteos en Jutiapa. El cultivo de bambú y

aguacate booth y proyectos de agroforestería en el departamento de El Progreso. La

producción de tomate manzano y chile habanero en Suchitepéquez y la producción de hongos

en Sacatepéquez.

d. Ideas de proyectos para la generación de energía eléctrica

31 demandas de producción de energía eléctrica en 17 departamentos del país para

mejorar el suministro de este servicio. En cuatro departamentos la población demandó a sus

autoridades municipales, implementar plantas para la generación de energía eléctrica, con el

propósito de dar el servicio a mejor precio a los usuarios. Este planteamiento apareció en tres

departamentos del occidente del país y con mayor población, San Marcos, Huehuetenango y

Quiché, también la propuesta se hizo en Chiquimula, de la zona nororiental del país.

En siete departamentos se habló de la necesidad de aprovechar mejor el potencial

hidroeléctrico de los municipios. En Baja Verapaz, en el Progreso, especialmente en el

municipio de El Jícaro, el departamento de Suchitepéquez y Sololá. También se mencionó en


25

los departamentos de Chimaltenango, Jalapa y Quiché. Poblaciones del occidente del país

reclaman al Estado ser incluidos y escuchados en la implementación de estos proyectos. En

cuatro departamentos se habló de impulsar proyectos de energía renovable, tanto en Alta

Verapaz y Jutiapa, especialmente para el municipio de Quezada. Guatemala es un país que

cuenta con una gran cantidad de recursos naturales de tipo renovable, los cuales tienen un gran

potencial energético. Se sabe que el uso desmedido de los combustibles fósiles en las

actividades humanas, continúa generando impactos cada vez más drásticos por las emisiones

de gases contaminantes, mismos que se ven reflejados en los efectos negativos del cambio

climático. Ante este escenario, se han buscado oportunidades de mitigación y adaptación al

cambio climático, con el uso alternativo de fuentes de energía renovable para satisfacer las

necesidades energéticas de diversos procesos productivos. Esta demanda es congruente con la

política de cambio de matriz energética que han venido impulsando los últimos tres gobiernos

de Guatemala, para depender menos del petróleo. En Jutiapa y San Marcos, se planteó la idea

de implementar proyectos energéticos con luz solar.

En catorce departamentos se plantearon demandas para la implementación de

proyectos de generación de energía. En Alta Verapaz se solicitó al Gobierno apoyar a las

municipalidades de Tactic y Chaal, para construir hidroeléctricas en el Río Polochic. En el

mismo departamento, construir hidroeléctrica en Pueblo Viejo Mayalán, municipio de Panzós

y en la comunidad de Platanar, municipio de Tactic. En Baja Verapaz, además de garantizar a

la población el beneficio de las hidroeléctricas, se demandó la construcción de una represa en

el municipio de Purulhá.

En Chimaltenango se habló de la implementación de biodigestores para la generación

de energía limpia y en Jutiapa para los municipios de Jalpatagua, Asunción Mita y Agua

Blanca, la generación de energía solar. En Escuintla se planteó la generación de energía

eléctrica en los Ríos Coyolate, San Cristol y Pantaleón que cruzan el territorio del municipio

de Santa Lucía Cotzumalguapa. En Huehuetenango se solicitó evaluar el potencial

hidroeléctrico del Río Cuilco en el municipio de San Idelfonso Ixtahuacán e implementar un

proyecto de energía eléctrica en el municipio de San Juan Atitán. En Izabal, realizar

hidroeléctricas en el lugar llamado “entre ríos” que entre los municipios de Morales y los

Amates. En el departamento de Jalapa, realizar un proyecto de energía eléctrica en el

municipio de San Pedro Pinula, también los municipios de Pasaco, Asunción Mita y

Jalpatagua en Jutiapa y otro proyecto en el Río Salamá, Totonicapán.

e. Ideas de proyectos turísticos

Treinta y cuatro demandas se refieren a la promoción de proyectos turísticos. En diez

departamentos, su planteó la necesidad de diagnosticar las ventajas comparativas de cada uno

de los municipios como destino turístico y analizar los recursos y atractivos actuales y

potenciales que posee cada municipio, valorar cada uno de los recursos y atractivos

potenciales de los diferentes municipios en nueve departamentos: Sololá, Izabal, Zacapa, en

Chimaltenango particularmente el municipio de Comalapa como lugar turístico, Chiquimula,

Jalapa, Progreso, Quiché y Santa Rosa.

En seis departamentos se habló de promover el agroturismo que es una forma de

turismo en la que la cultura rural es aprovechada para brindar diversas opciones de distracción

y atraer turistas con la naturaleza y con paisajes cultivados. También proyectos de

ecoturismoque consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar,

apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), como las

manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse. El ecoturismo protege al medio


26

ambiente mientras que ayuda que la comunidad se desarrolle en una manera sostenible. Esta

discusión se realizó en los departamentos de AV, CHI, ESC, HUE, PRO (San Cristóbal

Acasaguastlán, municipio) y SM.

En cuatro departamentos (IZ, PET, QUET y SOL), se plantearon ideas para desarrollar

el turismo comunitario, cultural y rural como una alternativa diferente que beneficia a la

población local. El turismo comunitario es una forma de turismo que tiene como objetivo

beneficiar a las comunidades locales, particularmente de los pueblos indígenas y campesinos

en zonas rurales. Los pobladores pueden ser anfitriones de los turistas en su pueblo, realizar la

gestión de los servicios y compartir las ganancias. Todos los proyectos de turismo comunitario

deben brindar a la gente local una parte equitativa de los beneficios y ganancias, y también

voz para decidir cómo el turismo entrante es administrado. El turismo cultural comprende las

visitas a ciudades y centros de población donde hay un patrimonio cultural, de tipo histórico y

arquitectónico importante, como por ejemplo unas restas arqueológicas o muestras

importantes de arquitectura religiosa.

En otros departamentos se habló de otras acciones específicas para promover el

turismo, en Izabal por ejemplo se mencionó la necesidad de subsidiar a los sectores

productivos vinculados al turismo, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas

vinculadas al sector y construir un muelle turístico entre la ciudad de Puerto Barrios y el

puerto Santo Tomás de Castilla. Construir un turicentro en el municipio de Jalpatagua de

Jutiapa. En Petén apoyar el turismo sustentable y posicionar la marca turística “Petén”, en el

sureste de México. Impulsar, promocionar y posicionar a Quetzaltenango como destino

turístico, educativo y cultural e impulsar la cultura turística en los niveles educativos.

Fortalecer el turismo en el Puerto de Champerico en Retalhuleu. Crear centros de promoción

cultural en Sacatepéquez y legalizar comités de autogestión turística en Suchitepéquez.

f. Promoción de acciones para la generación de empleo.

En catorce departamentos se habló de la necesidad de promover acciones para la

generación de empleo. En ocho de ellos BV, CHI, HUE, JAL, JUT, PET, PRO y QUI), se

pidió al gobierno, propiciar condiciones para generar fuentes de empleo. En cuatro

departamentos se solicitó organizar ferias del empleo para jóvenes, especialmente mujeres

(AV, BV, CHO y JUT).

Instalar fábricas o maquilas en los departamentos de Baja Verapaz, Escuintla y

Suchitepéquez. Promover iniciativas de educación para el trabajo para la juventud en áreas

como: mecánica automotriz, carpintería, enfermería, herrería en los departamentos de

Huehuetenango y Petén.

En Escuintla se habló de reactivar la empresa de reciclamiento de plástico en la comunidad

del Chato, del municipio de la Gomera. En Zacapa se mencionó el fomento del empleo local a

través de empresas de construcción que hacen obra pública y generar condiciones para que los

inversionistas instalen industrias en el área rural. En el departamento de El Progreso se habló

de implementar “Call Centers” para jóvenes en los municipios de San Agustín y San Cristóbal

Acasaguastlán. En el Progreso y Baja Verapaz (municipio de El Chol), se demandó desarrollar

el potencial minero.

3. Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas

El tercer tema en orden de relevancia con 124 demandas en los 22 departamentos, se

refiere a la necesidades de capacitación, 54 de ellas para capacitar a pequeños productores


27

agrícolas y campesinos organizados y asociaciones comunitarias; 36 para apoyar a mujeres

emprendedoras (pobres activas), 15 demandas de capacitación para artesanos y artesanas,

capacitación de jóvenes 14 demandas y cuatro para capacitar a micro, pequeños y medianos

empresarios.

a. Capacitación a pequeños productores, agrícolas y campesinos.

Cincuenta y cuatro demandas en 21 departamentos, especialmente para mejorar la

producción agrícola en los departamentos de AV, CHI, IZ, JUT, QUE, REU, SUCH y ZA.

Guatemala es un país en donde aproximadamente el 50% de la población se dedica a la

agricultura. Los granos básicos más importantes para la población son el frijol y el maíz que

son la base de la dieta alimenticia. La agricultura sigue siendo el sector productivo con mayor

importancia para Guatemala. El 61% de la población habita en el área rural y depende de esta

actividad para satisfacer sus necesidades de ingresos.

La segunda prioridad de capacitación de los pequeños productores está relacionada con los

procesos de comercialización y exportación. Tradicionalmente por comercialización agraria o

comercialización de productos agrarios se entiende el proceso que lleva a los productos

agrarios desde la explotación agraria hasta el consumidor. Esta demanda apareció en AV,

CHO, HUE, JAL, PRO, REU, SOL y SUCH.

La tercera prioridad de capacitación es la diversificación de cultivos que se refiere

básicamente a cambiar al agricultor de subsistencia que cultiva maíz y frijol e introducirlo a

cultivos más rentables como frutales, hortícolas etc. La diversificación de cultivos ofrece

muchas alternativas al agricultor guatemalteco, en el occidente del país se pueden explotar

árboles frutales como: la manzana, el melocotón, el durazno, la pera, la ciruela, el membrillo,

níspero, nances, aguacates y otros. Estos se pueden aprovechar en fresco, jaleas o mermeladas,

en almíbar o deshidratados, esto también abre oportunidades para la agroindustria a nivel

familiar, en proyectos en que las mujeres de las comunidades pueden ocuparse de la

industrialización de los frutos, los cuales se pueden comercializar a nivel local o internacional.

Esta demanda apareció en ocho departamentos (AV, CHO, HUE, JAL, PRO, REU, SOL y

SUCH. En el área de la horticultura, se pueden trabajar hortalizas, repollo, arveja china,

pepinos, pepinillos, maíz dulce, lechugas, rábanos, chiles pimientos, arveja dulce, mini

vegetales los cuales se pueden trabajar de manera orgánica para obtener un mejor precio en el

mercado nacional e internacional. En el oriente del país, por su clima se cultiva mejor el

tomate, melón, sandía, tabaco, mango, aguacates, naranja washington, limón, sapotes,

chicozapotes, tamarindo, morro y otros cultivos de la región, los cuales se pueden exportar y

vender en el mercado nacional, tanto en fresco, como enlatados, o deshidratados y algunos

casos para la industria farmacéutica.

En seis departamentos se mencionó la necesidad de capacitarse mejor para la producción

pecuaria, que se refiere al estudio, planeación y realización de las actividades de la crianza de

ganado, puede ser vacuno, porcino, aviar o lanar. Esto se planteó en Escuintla, Jutiapa, Petén,

Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.

En Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos, se demandó mejorar las capacidades

para la silvicultura, que es el conjunto de técnicas para favorecer el crecimiento y desarrollo de

los bosques en los espacios donde se propone hacerlo. Entre una de las técnicas está la poda y

el raleo o extracción selectiva de árboles.

Capacitarse para organizar cooperativas y hacer investigación agropecuaria, se mencionó

en Chiquimula, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu. Mejorar sus capacidades para la

producción hidrobiológica quieren los pequeños productores de Escuintla y Retalhuleu, para


28

aprovechar mejor los recursos hidrobiológicos que comprenden las especies vivas,

especialmente animales de las aguas del océano pacífico. Capacidades para la piscicultura o el

cultivo de peces se mencionó en Escuintla y Santa Rosa. Mejorar capacidades para la

apicultura o sea la actividad dedicada a la crianza de las abejas se demandó en Escuintla y su

producto principal es la miel.

b. Capacitación a mujeres emprendedoras

Treinta y seis demandas en 15 departamentos con referencia a mujeres pobres y

emprendedoras. Las mujeres están muy interesadas en mejorar sus diversas habilidades

productivas en AV, BV, GUA, QUET, SR y SUCH. Además, requieren del gobierno, el apoyo

para capacitarse en la legalización de sus propias organizaciones en ESC, HUE, AV y GUA.

En BV, SM, HUE y SUCH, las mujeres quieren ser capacitadas para generar nuevos

diseños de tejidos y mejorar sus capacidades textiles y sus capacidades empresariales.

Capacitación para la producción pecuaria en Escuintla y Suchitepéquez y procesos de

producción agrícola en Chimaltenango y Jutiapa. Capacidades para la apicultura, hidrobiología

y piscicultura se mencionó en Escuintla. En el Quiché y Chimaltenango se demandó mejorar

sus capacidades para la producción artesanal y hacer mejores bordados.

c. Capacitación para artesanos (as) y jóvenes.

Capacitación para mejorar los procesos de producción artesanal en los departamentos de

BV, QUET, SM y TOT. Formación empresarial y para mejorar procesos de comercialización,

incluso el uso de internet, se demandó en los departamentos de AV, BV, TOT y ZA. Mejorar

el sistema textil maya en Quetzaltenango y capacitación para la diversificación de tejidos en

Alta Verapaz.

La demanda de capacitación para jóvenes para mejorar sus capacidades agrícolas y

pecuarias en los departamentos de JUT, PET, ZA y SUCH. Carpintería, panadería y

albañilería en Petén, capacidades artesanales en Santa Rosa, repostería en Quiché y

organización comunitaria en Petén.

4. Créditos para implementar proyectos productivos.

El cuarto tema ampliamente discutido con 80 planteamientos consensuados en los 22

departamentos, se refiere a la necesidad de créditos para la productividad, especialmente para

mujeres activas y emprendedoras, productores agrícolas, para micro y pequeños empresarios,

artesanos y actividades productivas no agropecuarias.

En todos los departamentos se solicitó créditos especialmente para mujeres emprendedoras

y se demandó créditos para productores agrícolas. En doce de estos departamentos se solicitó

mayor flexibilidad en los requisitos para obtener un crédito, porque la población de escasos

recursos ve que el acceso a los créditos a través del Estado es engorroso.

En once departamentos se consideró central la acción del Estado para promover la

productividad, el otorgamiento de créditos a micro, pequeños y medianos empresarios.

Créditos para artesanos se solicitó en seis departamentos, Alta Verapaz, Huehuetenango,

Jalapa, Quiché, Santa Rosa y Zacapa.

Créditos para acceso a la tierra en Quiché, Retalhuleu y San Marcos; para actividades

turísticas en Jalapa, Petén y Quetzaltenango; para actividades productivas no agropecuarias en

Chimaltenango, Quetzaltenango, Retalhuleu (para la pesca) y Santa Rosa.


29

Créditos para infraestructura productiva Sololá y Chiquimula, en Retalhuleu y

Suchitepéquez específicamente para sistemas de riego y para productores de cacao y rosa de

Jamaica en los municipios de Mazatenango y San Antonio en el departamento de

Suchitepéquez.

5. Apoyo a la comercialización

El quinto tema posicionado con 64 demandas de productores de 21 departamentos para

mejorar el intercambio de productos agrícolas a través de más información y análisis de

oportunidades y nichos de mercados para productos agrícolas, artesanales, comercialización de

verduras, frutas, etc.

Quienes demandan este apoyo son artesanos, agricultores, agroindustriales, ganaderos,

piscicultores, mujeres emprendedoras, textileros y representantes de organizaciones rurales. El

apoyo a la comercialización de productos agrícolas fue solicitado en nueve departamentos:

PET, CHO, CHI, ESC, JAL, JUT, PET, QUI, SAC, SM, SUCH y ZA.

Análisis de marcados y apoyo para la comercialización de productos artesanales se

mencionó en nueve departamentos: AV, CHO, QUI, HUE, BV, SAC, PET, SM y TOT. Los

productores requieren del gobierno más información sobre mercados, oportunidades y nichos

de mercados, lo cual fue expuesto en ocho departamentos: ESC, CHO, QUET, BV, SAC, SM,

SOL y SUCH.

Apoyo para comerciar verduras en PRO, QUET, SOL, BV y SAC. Para comerciar textiles

en HUE, QUI, SAC y SM. Para comerciar frutas en Retalhuleu y Sacatepéquez. Desarrollo de

ferias de productores agrícolas en San Marcos y Chiquimula.

Apoyo para certificar productos agrícolas, como por ejemplo el registro de marca nacional

“café de Huehuetenango” y facilitar registros sanitarios de exportación. Establecer controles

de la importación de leche en polvo se demandó en Jutiapa; apoyo para comerciar el pez

blanco se solicitó en Petén; la iniciativa de crear seguros para la comercialización se mencionó

en Chiquimula y el impulso de mercados solidarios se expresó en Totonicapán.

6. Insumos para la producción

El sexto tema expresa la expectativa de la gente a que su Gobierno le provea insumos para

la producción, un total de 58 demandas relacionadas, con fertilizantes, insumos agrícolas,

semillas mejoradas, insecticidas, herramientas de labranza, etc.

Los insumos constituyen el conjunto de bienes utilizados para la producción de otros

bienes de consumo o de inversión, para la población rural el insumo más demandado al

gobierno en los 22 departamentos son los fertilizantes, los cuales quieren que se entregue en

tiempo oportuno y con transparencia.

En trece departamentos la gente considera que es muy importante que el gobierno

simplifique los procedimientos para la entrega de los insumos agrícolas (fertilizantes,

pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, herramientas de labranza,

concentrados, insumos veterinarios y otros materiales).

La demanda de semillas mejoradas apareció en siete departamentos (BV, CHI, JAL, JUT,

QUET, SR y SUCH). La semilla mejorada es un híbrido que se obtiene de la mezcla de dos o

más razas puras de las semillas (para este caso semillas de maíz), que tienen la capacidad de

cruzarse y ser más productivas. Esta semilla no se considera un transgénico, ya que no ha sido

manipulado genéticamente.

http://es.mimi.hu/economia/bienes_de_consumo.html


30

Aunque no sea reconocida la demanda de alimentos como insumo productivo, para el caso

de varias regiones del país, la demanda de ayuda alimentaria si incide en el proceso

productivo. Esta demanda apareció en seis departamentos: CHI, HUE, JAL, JUT, PRO y TOT,

donde existen municipios con altos niveles de desnutrición.

En Quetzaltenango y Quiché se demandó telares, hilo y devanadoras, en Jutiapa insumos

veterinarios, en Petén chapiadoras y desgranadoras; en Santa Rosa, herramientas para

proyectos de riego y en Totonicapán, aves, concentrado y vacunas.

7. El acceso a la tierra y certeza jurídica de su propiedad.7/

El acceso a la tierra y la certeza jurídica de la propiedad, con 39 demandas, ocupó el

séptimo lugar. En 12 departamentos se habló de la necesidad de incrementar subsidios y

créditos para el acceso a la tierra y mejorar los programas de regularización de la propiedad de

la tierra, la condonación de deudas agrarias y el fortalecimiento del programa de

arrendamiento de tierras.

En doce departamentos se demandó el apoyo del gobierno para implementar programas de

subsidios y créditos para el acceso a la tierra: AV, CHI (Pochuta, municipio), ESC, JAL, JUT

(Moyuta, Conguaco y Pasaco, municipios); REU, SAC, SR, SOL, SUCH, TOT y ZA.

También en doce departamentos se solicitaron programas de regulación de la propiedad de

la tierra para tener certeza jurídica y entrega de escrituras respectivas: AV, BV, CHI (se refiere

a legalizar la propiedad de la Finca San José las Lágrimas del municipio de Esquipulas), ESC,

IZ, JAL, JUT, QUET, QUI (el caso de las tierras comunales), Retalhuleu, Santa Rosa y

Suchitepéquez.

Implementar programas de arrendamiento de tierras se planteó en seis departamentos:

ESC, JAL, JUT, QUET, SM y ZA. Así como la condonación de deudas agrarias en los

departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Retalhuleu y Santa Rosa.

Casos puntuales de regularización de tierras, por ejemplo de la Cooperativa Las Murallas

y terrenos de la Finca San Rafael Cacaotal del municipio de Guanagazapa, Escuintla; la

regularización de terrenos cercanos al lado de Izabal; certeza jurídica de la Finca las Violetas

en Nebaj, propiedad de la Iglesia Católica del Quiché y legalización de tierras en Chacalté y

Chacté de San Luis Petén.

7 /La tenencia de la tierra sigue siendo un problema latente en el país, muestra de ello son los conflictos agrarios

que se registran. Al momento se contabilizan unos 1,400, siendo los departamentos de las Verapaces,

Huehuetenango y Petén los que encabezan la lista y en menor grado se presentan en Sololá, San Marcos y

Suchitepéquez. El subsecretario de la Resolución de Conflictos del gobierno de Guatemala, Axel López, explicó

que principal factor que provoca el conflicto, es la tenencia a la tierra “Se sienten con el derecho histórico de que

la tierra les pertenece… a veces por la necesidad de su seguridad alimentaria que piden el acceso a la tierra”. Por

lo que la falta de certeza jurídica, la ocupación de tierras, la regularización que consiste en otorgar espacios a

comunidades que prueban herencias ancestrales o que fueron desalojadas durante el conflicto armado interno y la

problemática que se deriva por los límites territoriales son los factores que debe estudiar la Secretaría de Asuntos

Agrarios. (diario la Hora del 9 de junio de 2012)


31

8. Tecnología productiva.

La demanda de tecnología productiva ocupó el octavo lugar con 38 demandas. En 18

departamentos se solicitó estufas mejoradas, tecnología para sistemas de mini-riego,

invernaderos, procesadoras, pozos mecánicos, silos, tanques, rastros, molinos de nixtamal,

centros comunitarios digitales, etc.

La tecnología es uno de los cuatro factores productivos demás de la tierra, el trabajo, y el

capital. La demanda más expresada en nueve departamentos, se refiere a la tecnología para

implementar y mejorar los sistemas de mini-riegos, por ejemplo en el Valle de San Jerónimo,

Nimacabaj y Rabinal en el departamento de Baja Verapaz; en la laguna del Hoyo en Monjas y

Pinalito de San Pedro Pinula departamento de Jalapa; en el Rancho y el Jícaro en el

departamento de El Progreso; en Caballas y Hüité del departamento de Zacapa; en

Champerico, Retaluleu; en Chiquimula, Huehuetenango, Santa Rosa y Sololá.

En ocho departamentos se solicitaron procesadoras, de mariscos en Escuintla; de carne

bovina y porcina en los Amates, Izabal; de frijol para la mancomunidad del cono sur de

Jutiapa; procesadora de semilla de pepitoria en el municipio de la Libertad, El Petén;

procesadora de papa en San Marcos; procesadora de Ajonjolí en Sacatepéquez, en Sololá para

procesar café y en Totonicapán para deshidratar fruta.

La implementación de invernaderos, lugares preparados artificialmente para cultivar las

plantas fuera de su ambiente y clima habituales, se discutió en Chimaltenango,

Huehuetenango, Jalapa y Progreso. Estufas mejoradas se demandaron en cuatro

departamentos: Alta Verapaz, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Las estufas mejoradas son

aparatos que poseen una mejor combustión y administración del combustible, son estufas de

leña que incluyen una combustión limpia.

El restablecimiento de los silos del extinto Instituto Nacional de Comercialización

Agrícola (INDECA)8/ para almacenar maíz y frijol, se demandó en Jalapa, Petén y Zacapa.

Implementar pozos mecánicos se mencionó en Jalapa y Santa Rosa; tanques para almacenar

agua de lluvia en Jalapa; tecnología moderna para rastros en Jutiapa; cuartos fríos para

productos agrícolas, biodigestores para producir gas metano y molinos de nixtamal en el

departamento de Quiché. Tecnología para actividades pesqueras en Retalhuleu; centros

comunitarios digitales en Sololá y empacadoras de mango en Chiquimula.

9. Infraestructura productiva.

El tema nueve se refiere a la demanda de mejoramiento de la infraestructura productiva, 34

demandas relacionadas con la construcción de centros de capacitación, mercados, centros de

acopio, rastros, silos, centros artesanales, etc.

8/ Según el diario El Periódico del 21 de enero de 2012, El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

(MAGA) planea resucitar el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA) para implementar un

programa de almacenamiento de maíz que se obtendría de las compras que realice dicha cartera a los pequeños

agricultores como parte del programa: Triángulo de la Dignidad. Efraín Medina, titular del MAGA, indicó que

poseen una asignación presupuestaria de Q225 millones para implementar el programa, un componente del plan

Hambre Cero.


32

La demanda más expresada en once departamentos está relacionada con el desarrollo de

centros de acopio para productos agrícolas, pecuarios, hidrobiológicos y artesanales. Esto se

mencionó en QUET (Palestina y Chiquirichapa, municipios), CHO, CHI, HUE, IZ, JAL, JUT,

PET, SAC, SM y SOL. También un central de mayoreo en Suchitepéquez.

La construcción de centros de capacitación para temas agrícolas, artesanales, respostería,

tejidos, carpintería y productos hortícolas, se mencionó en siete departamentos: Baja Verapaz

(municipios de San Miguel Chicaj, San Jerónico, Cubulco y Purulhá), CHO, GUA, JUT, PRO,

QUI (municipios de Nebaj, San Andrés Sacabajá, Zacualpa y Uspantán) y el departamento de

Sololá.

La construcción de mercados municipales y comunitarios para productos artesanales o

agropecuarios, se demandó en 7 departamentos: CHO, CHI, IZ, PET, QUI, REU y ZA. La

construcción de rastros municipales en Jutiapa, Suchitepéquez (muncipios de Patulul y San

Antonio); infraestructura para almacenamiento de maíz en el Petén; implementar centros

artesanales en los municipios de Nebaj, San Andrés Sajcabajá, Zacualpa y Uspantán en el

departamento de El Quiché.

Construcción de un puerto pesquero artesanal en la Aldea Tahuesco, Suchitepéquez y la

construcción de un beneficio de café en el municipio de la Unión, Zacapa; en Escuintla

solicitaron la construcción de estructuras para arrecifes artificiales para proteger, regenerar y

desarrollar recursos pesqueros en zonas marinas.

10. Legislación Nacional en apoyo a la productividad.

Por último, un tema bajo la responsabilidad del Organismo Legislativo, pero que la

población ve al Organismo Ejecutivo como el principal promotor de la legislación nacional en

apoyo a la productividad. La solicitud más frecuente se refiere a la aprobación de la Ley de

Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley del Fondo de Tierras, la regulación de la

tenencia de la tierra, la creación de tribunales agrarios, revisar la legislación de explotación

minera, etc.

a. Aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

Fue expresada en diez de los veintidós departamentos que tiene el país, cuatro de ellos, son

los más grandes, tanto por su extensión territorial como por la cantidad de sus habitantes en su

mayoría de ascendencias maya hablante (Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché).

Son departamentos con alta población rural y con municipios de extrema pobreza. Otros dos

departamentos, Retalhuleu y Suchitepéquez, pertenecen a la parte del sur del país y ambos

hacen contacto con el océano pacífico. También Chiquimula y Jutiapa de la parte oriental con

poblaciones rurales con grandes necesidades económicas. Quetzaltenango y Baja Verapaz con

fuerte presencia de poblaciones indígenas.

En los últimos doce años, organizaciones campesinas, indígenas y sociales que integran la

Alianza por el Desarrollo Rural Integral (ADRI), han promovido acercamientos con instancias

del Estado, especialmente con el Organismo Legislativo y el Organismo Ejecutivo, para

promover y discutir la iniciativa de ley de Desarrollo Rural Integral. Aunque durante este

lapso, han aparecido varias iniciativas, es la iniciativa de Ley 4084 “Ley del Sistema de

Desarrollo Rural Integral”, el documento público de referencia. Esta temática ha sido parte

de la agenda pública de oferta electoral en las últimas tres campañas electorales y los partidos

políticos que han hecho gobierno, aunque han promovido acciones, no han logrado que el

Congreso de la República apruebe la ley. No se trata de una ley de reforma agraria, sino de un

instrumento de desarrollo del campo, con enfoque global, integral y sostenible, con el


33

propósito de mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de las actividades agrícolas,

y que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico del país en el área rural.

b. Reforma a la Ley del Fondo de Tierras

La necesidad de reformar FONTIERRAS (decreto 24-99), para agilizar procesos de

compra de tierras, se evidenció en ocho departamentos. Representantes de comunidades de

cuatro departamentos (Alta Verapaz, Retalhuleu, Santa Rosa y Zacapa), allí consideran que

FONTIERRAS debe contar con más fondos para la compra inmediata de tierras, que revise su

estructura administrativa y que reforme los requisitos para la adquisición de tierras. Demandas

en la misma dirección aparecieron en los departamentos de ESC, IZ, JAL, PET, QUET y SM.

Especial atención merecen los casos de acceso a la tierra en la Sierra de las Minas (Alta

Verapaz), en la comunidad Los Regadíos en el norte de El Quiché, en los municipios de

Ixchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos y el municipio del Palmar,

Quetzaltenango.

c. Iniciativa para regular la propiedad y tenencia de la tierra.

Para fortalecer el tema agrario en Guatemala, la demanda de regularización de la

propiedad de la tierra fue expresada en ocho departamentos (PET, AV, CHI, IZ, JAL, ESC,

REU y SM). La población indica que existe la necesidad de regular la tenencia de la tierra a

nivel nacional y el Estado de Guatemala debe mejorar su legislación para garantizar el

ejercicio del derecho a la propiedad, creando para ello condiciones que faciliten el uso y

disfrute de sus bienes. Cualquier forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria,

así como el patrimonio familiar gozan de protección especial del Estado, por lo que debe

promoverse la certeza jurídica sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra de campesinos y

campesinas. Para mencionar un ejemplo, la demanda de regulación de tierras baldías en el

municipio de San Luis Petén.

d. Seguros de cultivos y subsidios ante desastres naturales

En cinco departamentos (Petén, Escuintla, Chimaltenango, Suchitepéquez y Quiché), la

gente habló de la necesidad de generar normativas para la creación de seguros de cultivos y

subsidios agrícolas ante los desastres naturales. Esta demanda tiene su razón de ser, porque

Guatemala es uno de los países más vulnerables a los impactos negativos y riesgos a la salud

de cambio climático en todo el planeta. En los últimos diez años, el país ha sufrido eventos

hidrometeorológicos extremos, tanto de sequía como inundaciones, que ha ocasionado daños

económicos cuantiosos, poniendo en riesgo la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria y

la salud de la población, principalmente en las comunidades rurales indígenas.

e. Creación de tribunales agrarios.

Iniciativa de ley para la creación de tribunales agrarios, apareció en dos departamentos

(Alta Verapaz y Quetzaltenango). El antecedente inmediato hace referencia a que el Congreso

de la República, mediante el artículo 90 del decreto 41-2005, solicitó al Organismo Judicial

instalar tribunales agrarios en el país. En el 2005 se iniciaron las diligencias para la creación

de los tribunales agrarios y quedaron en suspenso tras una resolución de la Corte de

Constitucionalidad. Estos tribunales atenderían los conflictos agrarios y descongestionarían la

vía civil. Ante la creciente cantidad conflictos agrarios que afectan a miles de familias

guatemaltecas, las instituciones del Estado no tienen la capacidad de respuesta para

solucionarlos.


34

f. Reforma de la Ley de Minería

La revisión de la legislación de la explotación minera (regalías) en dos departamentos

(Baja Verapaz y Jutiapa). La demanda más expresada en departamentos con población

indígena se refiere al deseo de la gente que el Estado ya no autorice más licencias de

explotación minera (San Marcos, Quiché) y que el Estado divulgue más acciones de

explotación de minerales (Santa Rosa). En el Progreso, dadas sus condiciones, la explotación

minera, si es una demanda apoyada por la población. El punto central de la demanda, es que

debiera aumentarse el porcentaje de las regalías a pagarse al Estado. Para el caso de

Guatemala y según la Ley, es del 1%. El Gobierno de Guatemala (26 de enero de 2012)

concretó un acuerdo con la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) adscritas a la Cámara

de Industria de Guatemala, para que las regalías de extracción minera fueran elevadas al 5%.

Los acuerdos voluntarios según las organizaciones ambientalistas, son paliativos para tratar de

quitarle la carga negativa a la actividad minera en el país y que debiera reformarse la ley de

minería para incrementar las regalías, invertir más en los territorios utilizados y medir el

impacto ambiental que se ha generado.

g. Reforma al impuesto a las cooperativas de ahorro y crédito.

El tratamiento tributario de las cooperativas y sus exoneraciones han sufrido diversas

modificaciones a lo largo del tiempo. La demanda expresada por los cooperativistas de

Huehuetenango y Quiché, se refiere a la reforma del decreto 26-95, “Ley de impuesto sobre

productos financieros” (IPF), para exonerar de dicho impuesto a las cooperativas de ahorro y

crédito del pago del impuesto sobre productos financieros, una exención que les fue retirada

en el 2000. Las iniciativas solicitan que se agregue un nuevo inciso al Decreto 26-96 Ley del

Impuesto Sobre Productos Financieros y su reforma Decreto 44-2000, donde se establezca que

las cooperativas de ahorro y crédito queden exentas del pago de este tributo.

h. Reforma a la Ley del Petróleo, a la Ley Forestal, del Adulto Mayor,

producción de energía renovable y protección de desarrollo artesanal.

Otras acciones fueron solicitadas por la gente, en Alta y Baja Verapaz, una reforma a la

ley del Petróleo para estar en armonía con el ambiente y la pertinencia cultural. En Escuintla

se solicitó la revisión de artículo 53 de la Ley Forestal (Decreto 101-96), con el objeto de

modificar el tema de la extensión de las licencias forestales. En San Marcos, se solicitó la

generación de legislación para la producción de energía eléctrica con energía renovable y en

Sacatepéquez, la reforma a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

(Decreto 39-2006), para que la edad de los beneficiarios sea de 60 años en adelante y no de 65

como se encuentra actualmente. En Quetzaltenango, se mencionó la necesidad de reglamentar

la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal (Decreto 141-96).


35

IV. Conclusiones:

Aspectos institucionales

La percepción ciudadana indica que existe un déficit en la capacidad de respuesta del

Estado (gobierno) para atender las demandas de la población en materia de productividad

y que la gente espera una mejor intervención del Estado a través de sus entidades

específicas.

En relación al tema forestal la población quiere que el gobierno fortalezca los programas

PINPEP y FINFOR del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Además, que reforeste con

apoyo de la población y las municipalidades. Que conserve el agua, reduzca la erosión del

terreno y conserve la energía para aumentar la estabilidad económica. También, que

incremente la asistencia técnica para sembrar otras especies de árboles y transformar la

madera. Que implemente bosques energéticos e incentivos para conservar bosques

naturales, que combata el contrabando de madera y establezca más oficinas del INAB en

los municipios.

La población espera que el Ministerio de Agricultura (MAGA) fortalezca su programa de

análisis de suelos, que desarrolle más proyectos productivos para mujeres e implemente

procesos de diversificación productiva. Además, que mejore sus programas de entrega de

fertilizantes y de extensión agrícola. Que descentralice sus decisiones políticas y técnicas,

que promueva la agricultura orgánica, que impida el uso de maíz transgénico y propicie

condiciones para mejores opciones de mercado para el mediano y pequeño productor.

Que el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) incremente sus sedes en los

departamentos, que promueva la creación de la figura del promotor turístico y fortalezca

los comités de autogestión turística. Que desarrolle procesos de capacitación a las

comunidades para la atención turística, más inversión para la señalización turística y

generación de módulos de información y asistencia turística en territorios claves.

La gente quiere que en las entidades gubernamentales descentralicen sus acciones, que

trabajen con transparencia, con personal idóneo que conozca las necesidades de la

población y que los servicios públicos no se politicen. Que se implementen planes de

desarrollo económico con enfoque territorial y que las mancomunidades tengan mayor

apoyo del gobierno central. Además, demandan la creación del Ministerio de Desarrollo

Rural.

Del Ministerio de Economía la población espera más servicios de desarrollo empresarial,

apoyo a la comercialización de productos, más servicios financieros para actividades

productivas y asistencia técnica. Más capacitación y apoyo a la micro, pequeña y mediana

empresa y la defensa del consumidor. Que promueva más la coordinación

interinstitucional y la conformación de mesas departamentales de productividad y

competitividad para hacer pactos territoriales. Que regule los precios de la canasta básica e

incremente el control de los precios y castigue a los negocios que incumplen las

disposiciones.

Que la Secretaría de Asuntos Agrarios mejore la atención de los conflictos agrarios a

través de la instalación de comisiones agrarias a nivel local y que fortalezca sus oficinas en

los departamentos.

Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mejore su programa de aporte económico

para al adulto mayor, que facilite contactos con la empresa privada para oportunidades de


36

empleo y proporcione becas de formación ocupacional para el trabajo. Que verifique más

el cumplimiento del salario mínimo, que promueva escuelas sindicales e intervenga en la

problemática del trabajo infantil.

Que el Fondo de Tierras amplíe su presupuesto, que revise su estructura administrativa

para ser más eficaz en los procesos de adquisición de tierras.

Que las Secretaría de Planificación y Programación y el Instituto Nacional de Estadística

actualicen las estadísticas de pobreza y revisen los más de desnutrición.

Que el Ministerio de Energía y Minas no autorice licencias de explotación minera.

Apoyo a proyectos productivos preferidos por la población

Que el gobierno atienda principalmente a los pequeños productores en la generación de

sistemas de mini-riego, para la producción de abono orgánico. La protección, conservación

y mejoramiento de semillas criollas e implementación de proyectos familiares

agropecuarios (huertos), granjas avícolas comunitarias y que construya invernaderos y

apoye la industrialización agrícola.

Para promover la productividad en los territorios, la población pidió al gobierno,

implementar estrategias de productividad como el establecimiento de zonas francas,

fortalecer las agencias de desarrollo local, realizar planes de ordenamiento territorial,

promover el cooperativismo, mejorar la coordinación entre instituciones vinculadas,

promover el turismo, aprovechar mejor las ayudas internacionales y promover el canal

corredor seco en la parte oriental del país.

Para la diversidad productiva, los pequeños productores requieren el apoyo de las

instituciones para la crianza de gallinas, el cultivo de tubérculos y la producción de

árboles. El rescate del pez blanco, la crianza de ganado, marranos y conejos. El cultivo de

la rosa de Jamaica, cacao fino, bambú, aguate, flores, tomate, chile y hongos.

Para implementar proyectos de energía eléctrica, la población requiere apoyo

gubernamental para aprovechar el potencial hidroeléctrico de los municipios, impulsar

proyectos de energía renovable y generación de energía solar. Implementar plantas de

generación de energía y biodigestores.

Para mejorar el trabajo en turismo, la población espera más intervención del gobierno para

diagnosticar las ventajas (recursos, atractivos, potenciales) de los municipios con destino

turístico. Promover el agroturismo y proyectos de ecoturismo. Desarrollar el turismo

comunitario, cultural y sustentable. Subsidiar a la micro, pequeña y mediana empresa

turística. Impulsar la cultura turística en el sistema educativo, crear centros de promoción

cultural y legalizar comités de autogestión turística.

Para la promoción del empleo, la población espera que el gobierno genere condiciones

para instalar fábricas, maquilas e industrias en los municipios, que promueva más la

educación para el trabajo, que las empresas de construcción de obra pública incorporen

mano de obra local. Implementar “call centers” para jóvenes y desarrollar el potencial

minero en las comunidades que así lo deseen.

Para fortalecer la capacitación a nivel nacional

La capacitación a pequeños productores y campesinos para mejorar la producción debiera

ser una acción estratégica gubernamental. Además, darles herramientas para mejorar

procesos de comercialización y exportación. Más tecnificación para diversificar cultivos,

generar agroindustria familiar, industrialización de frutos, horticultura, producción

pecuaria y capacidades para la silvicultura. Organizar cooperativas, hacer más


37

investigación agropecuaria, mejorar la producción hidrobiológica, la piscicultura y la

apicultura.

Las mujeres emprendedoras quieren ser capacitadas para mejorar sus habilidades

productivas, mejorar sus capacidades textiles (bordados y nuevos estilos) y empresariales.

Legalizar sus propias organizaciones, mejorar sus destrezas par la producción pecuaria,

agrícola, piscícola, apícola y artesanal.

Los artesanos y los jóvenes están interesados en fortalecer sus habilidades de uso de

internet. Los artesanos están enfocados en mejorar su formación empresarial, los procesos

de comercialización, mejorar sus capacidades artesanales, mayor conocimiento del sistema

textil maya y la diversificación de tejidos. Los jóvenes quieren mejorar sus capacidades de

producción agrícola, pecuaria, artesanal y desean ser capacitados para ser carpinteros,

panaderos, reposteros y albañiles.

La población de las clases medias urbanas y pobres urbanas y rurales de la provincia

guatemalteca, quiere que el gobierno le facilite y flexibilice los requisitos para obtener

créditos con el propósito de apoyar a las mujeres activas y emprendedoras, a los medianos

y pequeños productores agrícolas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los

artesanos y para generar otras actividades productivas no agropecuarias. También para la

compra de tierras, la infraestructura productiva e implementación de sistemas de mini-

riego.

Para facilitar la comercialización

Los artesanos, agricultores, agroindustriales, ganaderos, piscicultores, representantes de

organizaciones rurales, mujeres emprendedoras, en general las fuerzas productivas

pequeñas y medianas, necesitan más información y análisis de mercados para vender sus

productos. Que el gobierno promueva ferias de venta de productos, que facilite registros

sanitarios de exportación y de certificación de productos. Que promueva seguros para la

comercialización e impulse los mercados solidarios.

Insumos para la producción

Los pequeños productores requieren el gobierno les siga ayudando con alimentos,

fertilizantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, plaguicidas y herramientas de

labranza, insumos agrícolas, semillas mejoradas, herramientas de para mini-riego, insumos

veterinarios. Telares, aves, concentrado, ganado y vacunas.

Para el acceso a la tierra y la certeza jurídica de la propiedad

La población desea que el gobierno fortalezca sus intervenciones para establecer subsidios

y créditos para el acceso a la tierra. Que mejore los programas de regularización de la

propiedad de la tierra, la condonación de deudas agrarias y fortalezca el programa de

arrendamiento de tierras.

Para incrementar la tecnología productiva

Las opciones demandas por la población van desde las tecnologías para sistemas de mini-

riego, los centros comunitarios digitales, invernaderos, procesadoras, rastros modernos,

cuartos fríos, hasta preferencias más accesibles como las estufas mejoradas, pozos

mecánicos, silos, tanques de agua y molinos de nixtamal.

Para mejorar la infraestructura productiva

Más centros de capacitación, centros de acopio, rastros, silos, centros artesanales,

mercados, puertos pesqueros artesanales, construcción de beneficios de café y estructuras

para arrecifes artificiales.


38

Legislación priorizada por la población

La aprobación de la ley de desarrollo rural integral, la reforma a la ley del Fondo de

Tierras para flexibilizar los requisitos de adquisición de tierras, iniciativa de ley para

regular la propiedad y tenencia de la tierra, generación de legislación para seguros de

cultivos agrícolas y subsidios ante desastres naturales. También para la creación de

tribunales agrarios que atiendan conflictos agrarios y la revisión de la ley de minería para

aumentar el porcentaje de regalías a pagarse al Estado. Además, una reforma al impuesto a

las cooperativas de ahorro y crédito para favorecerlas, reformas a la ley del petróleo para

una mejor armonía con el ambiente, reformas a ley forestal para modificar el tema de las

extensiones de licencias y legislación para producir energía renovable.


39

V. Bibliografía.

Aguilar Villanueva, Luis (2010). Gobernanza: El nuevo modelo de gobernar. Publicado

por la Fundación Friedrich Naumann. México.

Aguilar Villanueva, Luis (2003). La hechura de las políticas públicas. Porrúa, México.

Antaki, Ikram (2009). El Manual del Ciudadano Contemporáneo. Editorial Planeta

Mexicana.

Evans, Peter (1996). El Estado como problema y como solución, en Desarrollo

Económico (California) Volumen 35 No. 140 enero-marzo.

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) (2006). Perfil

Ambiental de Guatemala: tendencias y reflexiones sobre la gestión ambiental.

Universidad Rafael Landívar y Asociación Instituto de Incidencia Ambiental. Guatemala.

Lowi, Theodore. Citado por Aguilar Villanueva (2000) El Estudio de las políticas.

Miguel Ángel Porrúa. 3ra. Edición. México.

Matus, Carlos (2007). Teoría del juego social, colección planificación y políticas

públicas. Ediciones de la UNLa. Fundación CIGob, Buenos Aires.

Matus, Carlos (2008). El líder sin Estado Mayor. La oficina del gobernante. 1ª. Edición,

San Justo. Universidad Nacional de la Matanza. Argentina.

Majone, Giandomenico (1997). Evidencia, argumentación y persuasión de políticas

públicas. Fondo de Cultura Económica. México.

Medellín Torres, Pedro (2004). La Política de las políticas públicas: propuesta teórica y

metodológica para el estudio de políticas públicas en países de frágil institucionalidad.

Chile, CEPAL-SERIE de Políticas Sociales No. 93.

Parsons, Wayne (2009). Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica

del análisis de políticas públicas. FLACSO México/Miño y Dávila

Salazar Vargas, Carlos (2009). Políticas Públicas y Think Tanks. Fundación Konrad

Adenauer. Colombia.


40

Anexo No. 1

Contenidos mínimos de los siguientes cuadernos sobre políticas públicas.

La Escuela de Ciencia Política tiene en proyecto la publicación de varios cuadernos

sobre políticas públicas en Guatemala. El propósito es compartir información a la comunidad

académica, política y social para pensar en los problemas de la población. En torno de

problemas es posible la participación ciudadana porque los actores del juego social lidian con

problemas y la realidad tiene problemas ¿Quién piensa por problemas?. El intento

revolucionario es un ejercicio intelectual que ilumina en profundidad la naturaleza del

problema, en realidad, mientras no analizamos las posibilidades de revolucionar el juego, aún

no lo comprendemos bien. La metodología de macroproblema utilizado en estos cuadernos de

investigación, ofrece la visión global y la selección de problemas específicos que evidencian

causas del macroproblema. Para el caso particular de productividad como macroproblema,

pudimos ver que son ocho los problemas en orden de importancia que la población necesita

que el Estado resuelva. Para mayor comprensión del contenido de los siguientes cuadernos de

investigación, utilizamos otro concepto en el análisis, es decir, la operación, entendida como la

unidad básica de acción que realiza el Estado (gobierno) para cambiar la realidad.

Cuaderno No. 2: Problemas específicos de la población que expresan prioridades

ciudadanas para la política pública de medio ambiente y recursos naturales en

Guatemala

Siete problemas en orden de importancia para la población que necesita el apoyo del Estado.

Problema No. 1: Débil aplicación de la ley e insuficiente regulación.

Propuestas de solución.

• Regular y fortalecer la aplicación de la ley: minería, agua, bosques, flora, fauna.

Realizar estudios y planes de mitigación de impacto ambiental. Realizar consultas

comunitarias no vinculantes. Un mejor control sanitario y de la contaminación agroindustrial.

Problema No. 2 Manejo deficiente de los desechos sólidos y líquidos.


Crear un mayor número de plantas de tratamiento. Brindar mantenimiento continuo a los

rellenos sanitarios. Fortalecer a través de las municipalidades el manejo de los desechos.

Crear políticas locales para el manejo de los desechos. Un mejor control de la

contaminación industrial y agroindustrial. Incrementar el control de los basureros

clandestinos para erradicarlos.

Problema No. 3 Institucionalidad ambiental débil.

Propuestas de solución

Aumentar el presupuesto departamental. Institucionalizar los procesos y programas.

Fortalecer la coordinación interinstitucional. Aumentar el nivel de descentralización

institucional. Fortalecer la capacidad institucional para prevenir riesgos. Fortalecer las

sedes y equipos departamentales.


41

Problema No. 4: Débil capacidad para la reforestación y conservación de bosques


Realizar más acciones para la reforestación de bosques. Fortalecer el sistema para la

conservación de bosques. Mejorar la capacidad en el manejo integrado y conservación de

cuencas. Promover el ordenamiento territorial. Aumentar la capacidad para prevenir

incendios forestales.

Problema No. 5: Insuficientes acciones para la protección, uso y conservación del agua.


Fortalecer el control de la contaminación de las fuentes de agua. Mayor número de

acciones para la protección y conservación de fuentes de agua. Realizar mejores estudios

técnicos de la contaminación del agua.

Problema No.6: Bajo nivel de educación ambiental en la población.


Crear más programas de formación y capacitación ambiental para la población. Dar a

conocer la regulación ambiental existente. Traducción de la legislación ambienten a

idiomas mayas.

Problema No. 7: Ineficiente capacidad para el manejo y conservación de las áreas

protegidas.


Realizar acciones para reconocer y declaras áreas protegidas. Fortalecer los planes de

manejo y protección de las áreas protegidas. Mayor participación de autoridades

comunitarias y pobladores para el manejo y conservación de áreas protegidas.


ciudadanas para la política pública de educación en Guatemala


Problema No. 1 Insuficiente cobertura educativa, especialmente en el nivel medio y pre-

primario.


Garantizar/aumentar la Cobertura Educativa: A nivel de educación media (ciclo

básico y diversificado). A nivel de nivel preprimaria. Crear e implementar estrategias que

garanticen una primaria completa. Incrementar la cantidad de maestros contratados para la

cubrir demanda educativa. Nuevos programas para ampliar cobertura. Aumentar las becas

estudiantiles.

Problema No. 2 Infraestructura Educativa insuficiente.


Implementar una infraestructura educativa adecuada: Cubrir la infraestructura

educativa del nivel medio. Remodelar/remozar/reparar la infraestructura educativa del

nivel primario. Fortalecer la infraestructura de sedes departamentales del MINEDUC.

Implementar auditoría social en la construcción de edificios escolares.

Problema No. 3 Calidad Educativa con deficiencias.


42


Mejorar la Calidad educativa: Más capacitación y profesionalización docente. Más

supervisión y evaluación educativa. Mejor desarrollo del Currículo Nacional Base. Crear

programas de educación superior. Disminuir deserción escolar en varias regiones.

Problemas No. 4 Insumos, materiales y equipos insuficientes.


Garantizar los insumos, materiales y equipos: Más escritorios, computadoras e

instrumentos musicales. Acelerar los procesos administrativos para la entrega de insumos

educativos. Garantizar la cobertura de los programas de apoyo.

Problemas No. 5 Debilidad Institucional.


Garantizar los insumos, materiales y equipos: Mejorar los tiempos de entrega de

recursos financieros. Optimización del uso de los recursos disponibles. Incremento

presupuesto según las disponibilidades. Desconcentración y descentralización

administrativa.

Problemas No. 6 Educación bilingüe insuficiente.


Fortalecer la Educación bilingüe e intercultural: Suficientes programas para promover

la educación bilingüe. Suficientes plazas para maestros bilingües. Más capacitación y

profesionalización docente.

Problemas No. 6 Alfabetización insuficiente


Fortalecer la Alfabetización: Más métodos y planes educativos eficientes. Más

supervisión y evaluación suficiente. Cobertura suficiente de los programas. Enfatizar la

educación de mujeres rurales.


ciudadanas para la política de salud pública en Guatemala


Problema No. 1 Insuficiente cobertura de los servicios.


Ampliación de los servicios de atención para tener una mayor cobertura para la

población en general. Centros de atención insuficientes. Más jornadas médicas y

clínicas móviles. Más y mejor atención a la mujer, niñez, juventud. Atención permanente

en los servicios. Suficiente re-categorización de centros de atención. Más apoyo a los

programas de salud preventiva.

Problema No. 2 Debilidad de la institucionalidad estatal


Promover estrategias orientadas al fortalecimiento institucional en el área de salud.

Incremento de presupuesto. Mayor supervisión y auditoría social del servicio. Mejor


43

coordinación interinstitucional. Más capacitación y formación del personal. Más personal

y restructuración del mismo.

Problema No. 3 Falta de educación en salud en la población.


Fortalecimiento de programas de capacitación y orientación a la población en general

en temas vinculados a la salud. Suficiente sensibilización y capacitación a las personas.

Comadronas con suficiente capacitación. Más orientación en salud reproductiva.

Problema No. 4 Insuficientes insumos, equipos y materiales en los espacios de atención.


Adquisición de una mayor cantidad de insumos, equipos y materiales para una mejor

atención a la población en general en el área de salud. Suficientes equipos y materiales.

Suficientes medicamentos e insumos. Más ambulancias.

Problema No. 5 Infraestructura insuficiente.


Ampliación y mejoramiento de los centros de atención en el área de salud. Suficientes centros de atención construidos. Suficientes puestos de salud construidos.

Mejoras en la infraestructura existente.

Problemas No. 6 Falta de compensadores alimenticios. (Nutrición)


Mayor cobertura y promoción en cuanto a asistencia alimentaria y nutricional del

área de salud. Asistencia alimentaria y nutricional suficiente. Seguridad alimentaria más

promovida. Suficientes comedores para personas de escasos recursos.

Problema No. 7 Escasa pertinencia cultural en la prestación de los servicios.


Fortalecimiento de la atención en el área de salud con énfasis en la pertenencia

cultural, a través de un mayor incremento del personal bilingüe contratado. Incorporación

del sistema de salud maya al sistema nacional de salud. Más personal bilingüe contratado.

Capacitación suficiente para la atención con pertinencia cultural. Comadronas

incorporadas al sistema de salud. Institucionalización de sistemas de salud maya.


ciudadanas para la política de seguridad pública en Guatemala

Seis problemas en orden de importancia para la población que necesita el apoyo del Estado.

Problema No. 1 Debilidad institucional de la Policía Nacional Civil.


Incremento de la calidad de la formación policial. Mejoramiento de la infraestructura

policial y mejor condiciones adecuada en sedes policiales. Suficiente número de agentes

de la PNC. Mejorar el nivel de confianza de la población hacia la PNC. Suficiente número


44

de vehículos en la PNC. Fuerte presencia de la Inspectoría (control interno) y la Dirección

de Investigación Criminal.

Problema No. 2 Falta de prevención de la violencia


Incremento de planes de seguridad bien diseñados y ejecutados. Más cultura de

prevención en la PNC. Más organización comunitaria. Más sistemas de inteligencia a

nivel local. Implementar campañas de desarme. Suficiente inversión social en las

comunidades.

Problema No. 3 Coordinación interinstitucional insuficiente e ineficaz.


Mejor coordinación operativa interinstitucional en el Organismo Ejecutivo. Alta

coordinación con el sector justicia (Ministerio Público y otras entidades). Suficiente

coordinación con actores de la sociedad civil. Alta coordinación con actores políticos,

(alcaldes y otros).

Problema No. 4 Falta de atención a la violencia contra la mujer.


Suficientes acciones para evitar la violencia contra la mujer (incluso sensibilización).

Fuerte implementación de la Ley contra el Femicidio. Más centros de atención a la

víctima (CAIMUS). Incremento de presupuesto a entidades afines, la Defensoría de la

Mujer Indígenas por ejemplo.

Problema No. 5 Falta de presencia militar en regiones específicas.


Poca presencia militar en territorios dentro del corredor del narcotráfico. Mayor

presencia de fuerzas combinadas. Más acción contra el crimen organizado y el

narcotráfico.

Problema No. 6 Débil Sistema Penitenciario.


Infraestructura penitenciaria en mejor estado. Mayor de control de centros

penitenciarios. Reos de alta peligrosidad en cárceles seguras.


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