MERCVRIO PERVANO

REVISTA DE HUMANIDADES FUNDADA EN 1918 POR VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE

MVLTA RENASCENTVR QVAE JAM CECIDERE

Director:

Nº 507 Antonio Belaunde Moreyra AÑO 1993

Sumario PRÓLOGO ......................................................................................................................... 5

LA FUNDACIÓN DEL MERCURIO PERUANO ................................................................ 11 José Agustín de la Puente Candamo LA POESÍA PERUANA .................................................................................................... 16 Jorge Cornejo Polar

LOS ESTUDIOS GEOGRÁFICOS EN EL PERÚ DESDE 1918 HASTA 1993 ................................................................................................................... 25 Hildegardo Córdova Aguilar

EL MERCURIO PERUANO Y LA EVOLUCIÓN JURÍDICA EN EL PERÚ ENTRE 1918 Y 1931. APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL DERECHO PERUANO ........................................................................................................................ 33 Jorge Basadre Ayulo

LA MEDICINA Y SUS RETOS SOCIOLÓGICO Y DEMOGRÁFICO EN EL PERÚ (1900-1993) ........................................................................................................... 39 Enrique Cipriani Thorne

LA MINERÍA PERUANA (1918-1993) ............................................................................... 51 Mario Samamé Boggio REFLEXIÓN EN TORNO AL PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA PERUANA ........................................................................................................................ 61 Luis Paredes Stagnaro CAMBIOS EN LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LOS ÚLTIMOS SETENTA AÑOS ............................................................................................. 69 Luis Felipe Arizmendi Echecopar

LA AGRICULTURA PERUANA EN LOS ÚLTIMOS 75 AÑOS .......................................... 83 Luis Gamarra Otero EDUCACIÓN Y CONSTITUCIÓN...................................................................................... 91 Antonino Espinosa Laña

REVISTA MERCURIO PERUANO Nº 507-1993

Director Antonio Belaunde Moreyra Consejo de Redacción Antonio Belaunde Moreyra, Aurelio Miró Quesada Sosa, José Agustín de la Puente Candamo, Guillermo Lohmann Villena, Juan Zegarra Russo, Jacobo Rey Elmore, Enrique Chirinos Soto, Pablo Ferreiro de Babot, Carlos Palacios Moreyra. Secretaria del Consejo de Redacción Andrés Echevarría Escriben y Manuel de la Puente Brunke

Gerente Andrés García Uribe Editor Andrés Echevarría Escriben

Diseño Lily Montalbetti Cánepa

Suscripciones EMILA BOOKS S.A. Atahualpa 390 Miraflores - Telf. 46-0236 El valor de la suscripción anual por 3 números es de S/. 15 (incluye franqueo). El valor de la suscripción internacional por 2 números es de US$ 30 (incluye franqueo).

MERCURIO PERUANO, Revista de Humanidades, es patrocinada por la UNIVERSIDAD DE PIURA (UDEP). El contenido de los artículos que publicamos de carácter cultural, técnico-científico y profesional, es de responsabilidad de los autores. DERECHOS RESERVADOS Prohibida su reproducción parcial o total. Impreso en Bekos S.A.

En el mes de julio del presente año se ha cumplido un importante aniversario para la revista MERCURIO PERUANO; los 75 años del primer número, aparecido el 4 de julio de 1918. Víctor Andrés Belaunde -su fundador y primer director como se sabe, revivió el nombre de la más célebre publicación de lo que puede llamarse la ilustración peruana a fines del s. XVIII, predecesora de nuestra independencia. Su propósito y de sus amigos fue iniciar una revista integralmente nacionalista centrada en lo que se suele llamarlas humanidades: Filoso-fía, Letras, Historia pero que abarcase y reflejase todos los aspectos relevantes de la vida nacional.

Para celebrar este conspicuo aniversario, que es el lapso de toda una vida, en el consejo de redacción de MERCURIO PERUANO hemos pensado que la mejor opción sería intentar una visión de conjunto de lo vivido y realizado en el Perú durante ese periodo, a cargo de especialistas en cada ramo.

Es así que hemos reunido una colección de artículos que cubren temas que van desde la

literatura hasta las actividades económicas, pasando por el derecho, la medicina, la educación, la agricultura, la minería, la geografía.

Quizá en ese cuadro el aspecto económico resulte privilegiado, lo que no deja de estar en conformidad con el elemento eminentemente fisiocrático que hubo en el primer MERCURIO PERUANO y que transformado simbólicamente se presenta en los signos del escudo patrio.

El profesor Luis Felipe Arizmendi nos ofrece una visión muy completa de la evolución económica del Perú en el periodo, que incluye profundas transformaciones desde la llamada por Jorge Basadre «república aristocrática» hasta el crítico reajuste actual en el que ya atisban rebrotes de esperanza. El Perú tuvo un crecimiento constante acumulativo interrumpido sólo por la crisis de los años 30 que entre nosotros duró relativamente poco; pero al terminar la década de los 50 hubo sectores insatisfechos que consideraban que el creci- miento acumulado no había ido acompañado de un auténtico desarrollo armónico en beneficio de todos los sectores de la población. Este orden de ideas re-

dundó a fines de los 60 y durante la década de los 70 en la así llamada Revolución Peruana que resultó concomitante de la pérdida del impulso al crecimiento, en razón de causalidades que escapan a la posibilidad de ser aquí debidamente sopesadas. El artículo de Arizmendi comprueba los hechos y deja abierta la vía a las diferentes interpretaciones posibles.

Otro tanto puede decirse del artículo del Sr. Paredes Stagnaro acerca de la empresa y especialmente la empresa industrial. Es evidente que en el Perú en los últimos 40 años se ha operado el surgimiento de una nueva clase empresarial y signo de ello es el desarrollo de estudios profesionales no sólo de economía política sino característicamente, de administración de empresas, que es la profesión que en cierto modo está a la orden del día y que ha dado lugar a nuevos centros de estudios como la Universidad del Pacífico, de Lima y de Piura, financiados, por lo demás, con una generosa aportación de la empresa privada.

Se ha acusado a los empresarios peruanos de «mer-cantilistas», o sea de buscar la pro- tección estatal y rehuir la intem-

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Prólogo

perie de la libre competencia. El artículo del Sr. Paredes da pie a un comienzo de debate a este respecto. Podría alegarse que nuestra clase media en algunos casos optó por algo peor, la solución fácil; en vez de esperar una larga vida de trabajo y esfuerzo personales para mejorar de posición económica y social, hubo quienes prefirieron el atajo de subirse al carro victorioso de la revolución dictatorial. Muchos optaron por esa solución pero la mayoría prefirieron mantenerse fieles al rol del «homus oeconomicus» y, con protección estatal o sin ella, contribuir al proceso de la producción sobretodo industrial.

Hoy la fase proteccionista ha hecho crisis pero la empresa peruana sobrevive, al menos eso es lo que esperamos y de ello nos habla el artículo de referencia.

El Sr. Luis Gamarra Otero nos ha proporcionado un estudio de la agricultura peruana en el periodo, en particular, la agricultura de exportación que floreció en la costa sobre la base de cultivos como el algodón y la caña, que alcanzaron índices de productividad muy respetables a nivel mundial. Otros cultivos

agropecuarios de exportación en el periodo fueron el café en la ceja de montaña y en el orden pecuario la lana de ovino en la sierra. Todo eso fue bruscamente interrumpido por el proceso de Reforma Agraria que acompañó a la así llamada Revolución Peruana. El régimen de tenencia de la tierra se alteró profunda y radicalmente y el latifundio fue sustituido por cooperativas organizadas de manera vertical bajo la égida del poder central, las cuales a su vez se están desintegrando en la actualidad. Parece que suena la hora de reformar la Reforma, pero una apreciación cabal de este proceso, hasta ahora no ha sido hecha, quizá porque aún nos falta la suficiente perspectiva temporal.

El artículo del Sr. Gamarra parece expresar la frustración desde el punto de vista patronal y de la eficacia productiva de la empresa agrícola; pero la cosa tiene obviamente otros aspectos, no el que menos de índole social, que no deben dejar de ser abordados y no lo son en el estudio que publicamos. Queda de ello toda una temática y problemática por desarrollar, especialmente con miras al futuro de la agricultura en nuestro país.

El Ing. Mario Samamé Boggio ha hecho un sesudo estudio de la evolución de la minería en el periodo. Estudio tanto más importante cuanto que hoy en día esa actividad extractiva constituye el componente mayor de nuestra economía de exportación. El Ing. Samamé, autor del código de Minería que a partir del año 1950 marcó un notable florecimiento de las empresas mineras grandes, pequeñas y medianas de nuestro país, se ve obligado a ser un poco juez y parte al apreciar esa obra suya. Lo hace con fidedigno apego a la verdad, sin ceder a un prurito de falsa modestia, que no vendría al caso porque su mérito es ampliamente reconocido. Su artículo representa el breve resumen de una basta obra histórica en que ha estado empeñado en los últimos años y que será la culminación de una fecunda carrera; tanto más interesante por eso su contribución.

Dentro del panorama de las actividades económicas de punta en el periodo, habría hecho falta un estudio de la pesquería, ramo en el que el Perú alcanzó registros de nivel mundial, por lo menos en lo que toca al volumen de las

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capturas brutas hechas. La contribución que se nos ofreció en este campo abarca un periodo mucho más amplio, razón por la cual hemos preferido preterirla a otra oportunidad. Pero queremos de todos modos marcar el vacío que significa este involuntario silencio sobre una actividad económica, que como el guano en el siglo pasado y el caucho a principios del presente, tuvo su momento de gran auge para estabilizarse después a un nivel inferior. Pero aquí, a diferencia de aquellas dos, conserva una virtualidad potencial muy apreciable, tanto al nivel de la satisfacción de la necesidad alimentaria de la población como al nivel de la economía externa. Sobre esto también hemos de volver.

El profesor Hildegardo Córdova ha hecho un importante recuento de las investigaciones geográficas en el Perú durante el periodo, las cuales tienen muchas significaciones desde el punto de vista económico, ecológico, poblacional e inclusive geopolítico. Es sabido el reto histórico que la geografía ha planteado siempre al destino del pueblo peruano, reto al que respondió con una mejor adaptación en otro tiempo a otro

nivel tecnológico, y no estando expuesto el país a la intemperie de la competencia internacional. Tales circunstancias ya no prevalecen desde la Independencia y el alto costo de la inversión infraestructural, necesaria para dominar nuestra geografía, se hace cada vez más evidente. Con ello se hará a su vez manifiesto, el premio que significará el aprovechamiento pleno de los recursos naturales que encierra nuestra madre tierra en los tres reinos de la naturaleza; pero es una madre celosa de sus tesoros, un pariente terrible como se puede decir traduciendo del francés, que nos obliga a estar a su inmensa altura. Podría agregarse mucho más en este breve comentario. Sea eso una invitación a ulteriores desarrollos.

El profesor Antonino Espinoza Laña ha estudiado lo que viene a ser un aspecto complementario al reto natural al que se enfrenta el país: la educación mediante la cual su juventud está siendo preparada a responder ese reto. Su estudio está centrado en torno a las normas constitucionales vigentes en el ordenamiento de 1979 en materia de Educación. Pero desborda esa limitación temática

específica y abre vistas sobre el tema en su conjunto y en toda su amplitud, mirando tanto al pasado como al futuro, y ésta es la razón por qué hemos publicado este artículo en esta oportunidad.

Siempre en el orden de lo social, el Dr. Enrique Cipriani ha historiado el desarrollo de la medicina en el Perú durante el periodo en cuestión. Consideramos que no es de los menores méritos de su estudio el haber superado el punto de vista profesional propio del autor y sus colegas de oficio, y haber intentado serios apuntes hacia una historia social de la medicina en el país. Recuenta el drama que implicó para su profesión el régimen del cogobierno universitario que los médicos más distinguidos de Lima, quienes encabezaban también las cátedras de San Fernando, que como se sabe es el nombre de la antigua facultad de medicina de San Marcos, no podían aceptar por razones disciplinarias en la formación de los nuevos médicos. A esto se sumó el conflicto en torno al Hospital del Seguro Social del Empleado y todo ello condujo a la fundación de la Universidad Cayetano Heredia, con lo cual la crisis tuvo al menos

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en esta parte, un resultado feliz. De todo lo cual nos da cuenta el Dr. Cipriani en un estudio que creemos dejará huella.

La otra profesión liberal comparable tradicionalmente en prestigio a la medicina es el derecho, que en muchos aspectos es una medicina social, siendo el abogado de confianza un personaje, en principio, tan ligado a la familia como el médico de cabecera. El Dr. Jorge Basadre Ayulo ha hecho un apretado resumen de la historia de la legislación peruana en el periodo bajo estudio, rico en dos códigos civiles más penales y de procedimientos. Esto no es toda la vida del Derecho pues haría falta estudiar las profesiones ligadas a él: la abogacía, la judicatura y toda la sociología del derecho en el periodo; pero es ya mucho para lo que se puede abarcar dentro de las cortas disponibilidades de espacio existentes para el caso. El Dr. Basadre logra una síntesis que puede considerarse una breve introducción a la materia.

En cuanto a la producción literaria y artística sólo presentamos en este número el artículo del profesor Jorge Cornejo Polar acerca de la poesía peruana.

Trabajo que es condigno de la alta calidad que nuestra producción poética alcanzó en el periodo a lo largo de las generaciones que van desde la de Vallejo hasta la más reciente de poetas jóvenes pasando por las de los años 30 y 50, tan fecundas que colocan al Perú, creo poderlo decir sin exageraciones, en el primer plano de la poética de la lengua castellana en el siglo. Habríamos querido completar este cuadro con los estudios de la narrativa y del ensayo pero eso no nos ha sido esta vez posible y debe quedar para una próxima oportunidad.

Se completa este conjunto de artículos con el estudio del Dr. José A. de la Puente Candamo sobre el MERCURIO PERUANO mismo que sin duda es parte de la historia.

Quedan vacíos. Habríamos deseado estudiar la evolución del Perú desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista militar, el artístico, y analizar cosas más específicas sobretodo el recuento de las investigaciones históricas, cosa que por cierto se ha hecho con otra óptica en otras partes y de las investigaciones sociológicas y antro-pológicas particularmente fecundas

aunque algo sesgadas ideológicamente en los últimos 30 años. Más aún, estudiar preocupaciones acordes con la problemática del momento como los derechos humanos o la conservación del medio ambiente. Queda pues esto como tarea para realizar.

Queda sobretodo un estudio de la historia del debate de la identidad nacional que se extiende a lo largo de todo el periodo, desde la protesta indigenista a principios de siglo, y ha sido particularmente intenso en los 20, los 30 y los 40 pero sus estribaciones llegaron hasta nosotros, manifiestas sobremanera en las transformaciones sociales que ocurrieron en el país a partir de los años sesentas y de las que ciertas posiciones en ese debate fueron, sin duda, progenitoras.

Este es en realidad el tema central del periodo pero insuperables constricciones materiales nos han impedido aportarlos esta vez como querríamos. No dejaremos de hacerlo pronto, esto es una deuda y un compromiso formal con nuestro público y con nosotros mismos.

El debate sobre la identidad nacional conlleva un replantea-

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miento del destino futuro del país, o mejor dicho, del sentido que han de tener ese destino y ese futuro y por ello todo el problema debe verse en una tónica marcadamente prospectiva que busque reencontrar las raíces profundas para mejor lanzar al aire y al viento de la nueva historia, la arboladura del país por hacer. Quizá podamos concluir con el grito de Belaunde en su discurso de la Universidad de San Marcos en 1914:

« ¡Queremos patria!»

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La Fundación del Mercurio Peruano

JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO

Asunto estudiado en otras oportunidades, es pertinente ahora que recordamos los setenticinco años del Mercurio Peruano, volver sobre temas y nombres que pertenecen a la idea inicial de nuestra Revista.

El momento que vive el Perú en 1918 invita a múltiples reflexiones. La experiencia de la estabilidad política de la llamada «república aristocrática» crea un clima de sosiego, de esperanza; la reconstrucción del Perú ya es visible a través de diversos testimonios; los efectos de la «gran guerra» no son ajenos a la vida peruana; la lucha por el plebiscito en Tacna y Arica y el penoso fenómeno de la «chilenización» convocan las preocupaciones de todos los espíritus. De otro lado, es cierto el desgaste de los partidos políticos históricos y es clara la presencia de los hombres de la generación del novecientos en diversas formas de liderazgo intelectual, político y social. Manuel González Prada ha muerto en 1912, Ricardo Palma vive hasta 1919; Cáceres muere en 1923.

En el centro del conjunto de circunstancias señaladas, como columna central, es- tá presente un clarísimo espíritu

Peruanista en la entraña misma del nacimiento del Mercurio Peruano. Es un amor al país que no se limita a un verbalismo retórico o a expresiones románticas de afecto. Está presente una firme devoción de servicio al Perú. Servicio por varios rumbos; por el camino del estudio, de la investigación y de la docencia; por la vía de lo que hoy podríamos llamar proyección social; por el camino de la acción política presidida por la voluntad de servicio a la República. No es sólo el natural cariño a la propia Nación, es un especial ánimo de estudio, fruto del afecto.

Es injusto, pues, decir que los hombres de la generación

del «novecientos» que en contorno de Víctor Andrés Belaunde fundan nuestra Revista con gente de otras generaciones, encarnen una posición intelectualista, fría, con síntomas de egoísmos o aislamiento. Todo lo contrario. No se puede entender a los fundadores del Mercurio Peruano sin la cercana presencia del Perú como gran personaje.

Belaunde en sus memorias explica el calor peruanista de las ideas que llevan a una publicación periódica con el nombre prócer que la generación de Hipólito Unánue expresó su voluntad de estudio de las cosas peruanas. Este es el camino para entender la filiación de la revista Mercurio Peruano que ahora recuerda sus setenticinco años de fundación.

El Mercurio Peruano de la década de 1790 y la Revista de Lima de los años de 1850 y 1860, son los dos grandes momentos en el derrotero que nos acerca al Mercurio Peruano de Belaunde que continúa un espíritu que viene de lejos.

El primer Mercurio Peruano nace en los días de la « Ilustración» y cuando madura una conciencia de lo peruano y se

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halla aún borrosa la idea de la Independencia. En ese ambiente germina la voluntad de publicar un periódico que en su primer artículo «Idea General del Perú» quiere «hacer más conocido este país que habitamos». Creencia en el Perú, afán de estudiarlo y de difundir los conocimientos sobre nuestra sociedad, espíritu optimista de progreso, afirmación de lo peruano frente a lo español, enaltecimiento de las costumbres nuestras, cariño por los estudios históricos, geográficos, sociales, económicos, en la vida peruana. Se quiere precisar un veraz retrato del Perú, del cual no está ausente la noción de lo hispanoamericano, género de lo peruano.

El Mercurio Peruano del siglo XVIII aparte limitaciones y circunstancias de la época, encierra un valor permanente para la cultura peruana, pues es un testimonio, un testigo, del ser del Perú. No es en el orden de lo político un precursor de la Emancipación, sí lo es en el camino de la afirmación de los temas peruanos.

Otro momento representativo en el estudio de lo peruano lo expresa la Revista de Lima entre la década de 1850 y 1860.

Hombres de diversa orientación intelectual como pueden ser José Casimiro Ulloa y José Antonio de Lavalle se unen con Ricardo Palma, Manuel Pardo y Antonio Raimondi, en contorno de una voluntad que quiere servir al país dentro de un espíritu de progreso semejante al que vivieron los hombres del primer Mercurio Peruano.

Es interesante otra reflexión. La Revista de Lima aparece en el momento de quietud institucional, de evidente progreso material y de clarísima vocación por el estudio del tema peruano. De ningún modo es casualidad que en los años siguientes publiquen sus obras capitales sobre el Perú, hombres como Mariano Felipe Paz Soldán, Mateo Paz Soldán, Manuel de Odriozola, Sebastián Lorente, Manuel Atanacio Fuentes, Francisco García Calderón, Benjamín Vicuña Mackenna, sin mencionar el florecimiento de la creación literaria de Ricardo Palma y los estudios múltiples de Juan de Arona.

Pero hay algo más, es la época de las grandes construcciones y de obras públicas fundamentales que se puede simbolizar en la Penitenciaría

de Lima y más tarde en el Ferro-carril Central que se concluye después de la Guerra con Chile, verdadera «maravilla del mundo», en el dominio audaz de una dramática geografía y en el alarde técnico que muestra. La Revista de Lima es un anuncio del Perú moderno, como lo es del Perú precursor, el primer Mercurio Peruano.

Desde otro angulo, tanto como en el Mercurio Peruano del s. XVIII, como en la Revista de Lima de la segunda mitad del s. XIX, las distancias intelectuales e ideológicas entre uno u otro hombre se someten y postergan frente a la creencia en el Perú.

El Mercurio Peruano de nuestros días, el de Belaunde, ligado al mundo antes descrito de 1918 anhela la difusión de un conocimiento veraz sobre el Perú.

Se puede decir sin ninguna hipérbole que estas tres grandes publicaciones nuestras reconocen al Perú como el gran personaje que reúne los afectos y convoca a un trabajo intelectual fecundo. El Perú del siglo XVIII, nuestra sociedad en la era victoriana, e l Perú posterior

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a la Segunda Guerra Mundial, estos tres rostros distintos de nuestro país se expresan en las revistas que comentamos y señalan una constante preocupación que va a vivir la generación del novecientos y la generación del centenario.

Ubicado el Mercurio Peruano en el momento de la fundación, procede ahora orientar nuestra atención a los hombres a quienes debemos esta bella «aventura» al servicio del Perú.

En Víctor Andrés Belaunde se asocian inquietudes intelectuales, aptitudes, primacía de lo espiritual, preocupación social, que le permiten ver el Perú no con la limitación del especialista estrecho sino con la amplitud que viene del jurista, del filósofo, del historiador, que asocia todas sus virtudes en el empeño por penetrar en un mejor conocimiento de lo peruano. Además, el tema peruano no es improvisación en Belaunde; él lo vive intensamente desde su formación familiar en Arequipa hasta el Archivo de Límites y lo expresa en artículos y en discursos universitarios. Todo esto nos indica que el Mercurio Peruano es fruto de un largo pro-ceso de madurez intelectual. Las

Memorias de Belaunde explican mejor que cualquier texto cómo ubica al Perú desde su juventud hasta su madurez de los días iniciales de nuestra revista.

Belaunde fue un especialista en el Derecho y un profundo conocedor de la Historia, de la Filosofía y de la Sociología, pero por encima de todo fue un humanista, un hombre culto, con criterio y jerarquía de valores que le permite establecer una suerte de esquema intelectual en el cual el Perú tiene un sitio singular y preeminente. No debe asombramos a nosotros, como sin duda no asombró a sus contemporáneos, que un hombre con tan ricas calidades espirituales quisiera publicar una revista al servicio del mejor conocimiento de su propio país.

Desde otro ángulo, debe mencionarse cómo desde el primer momento están unidos en el empeño del Mercurio Peruano hombres de la generación del novecientos con otros integrantes de la generación del centenario. Aparte simpatías y tendencias lo que preside la convocatoria es la dedicación al tema peruano y la vocación general por la cultura.

Una pequeña memoria de los hombres de la primera época puede mostramos la amplitud de las diversas especialidades de unos y otros. Están los historiadores, como Riva-Agüero, Belaunde, y más tarde participan del empeño Jorge Basadre, Raúl Porras, Luis Alberto Sánchez, Ricardo Vegas García; están los poetas, como Alberto Ureta, Manuel Beltroy, Adán Espinoza Sal-

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daña; están los filósofos, como Mariano Iberico y el mismo Belaunde; están los hombres dedicados al mundo de las artes, como Federico Gerdes, Daniel Hernández, Raúl María Pereyra, Guillermo Salinas Cossio; están los hombres de derecho, como Carlos Arana Santamaría y Manuel Gallagher; están los internacionalistas, como Alberto Ulloa Sotomayor y Víctor Andrés Belaunde; están los economistas, como César Antonio Ugarte y Carlos Ledgard; y están presentes hombres de sólida cultura, grandes lectores, interesados en la historia, la filosofía y el derecho como Francisco Moreyra y Paz Soldán, y hombres de ciencia como Cristóbal de Losada y Puga. Sin duda, es un conjunto humano representativo de la inteligencia peruana del momento, fundamental para el estudio del Perú y para el entendimiento cabal de nuestro siglo XX.

Si nos orientamos sólo al campo de la historia del Perú, el aporte del Mercurio Peruano no puede ignorarse.

Además, es interesante advertir cómo, del mismo modo que el del siglo XVIII, el Mercurio Peruano de nuestro tiempo trabaja el tema del Perú

desde muy diversos ángulos. Está la historia propiamente dicha, la economía, las expresiones artísticas, el hombre andino, la vida de la Iglesia, la geografía; podría decirse que están presentes todas las caras del Perú.

Es importante recordar cómo el Mercurio Peruano es el órgano en el cual aparece una y otra generación y se incorporan en él nuevos valores en los diversos campos del peruanismo.

Una memoria, a través de algunos casos singulares es interesante. Están presentes los estudios del P. Vargas Ugarte sobre Martines Compañón, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras; están presentes los trabajos fundamentales de Basadre sobre idea de patria en la Emancipación, Ingavi, Notas sobre la experiencia histórica peruana; de Rafael Loredo, la tercera parte de la crónica del Perú de Pedro Cieza de León; de Means, estudios sobre la pre-historia peruana; de Aurelio Miro Quesada, La Ciudad en el Perú, El mar, personaje peruano, El virreynato y la conciencia nacional; de Manuel Moreyra Paz Soldán diversos

estudios sobre la economía virreynal y sobre los oídores de Lima; de Francisco Mostajo, sobre José Gálvez, Zela y Corbacho; del mismo Víctor Andrés Belaunde, sobre la interpretación del Perú y política internacional; de José de la Riva-Agüero las primeras versiones de Paisajes Peruanos, su libro fundamental; de Raúl Porras Barrenechea, trabajos sobre Palma, Rodríguez de Mendoza, Arce, Toribio Pacheco, José Gálvez, Sánchez Carrión; de Guillermo Lohmann Villena, sobre Vidaurre, el reformismo; de Ella Dunbar Temple, sobre la descendencia de Huayna Cápac; de Alberto Tauro, sobre periódicos redactados por Felipe Pardo; de Javier Pulgar Vidal, sobre el territorio peruano. Y son frecuentes las colaboraciones de Carlos y José Pareja Paz Soldán, de Emilio Romero, de Fernando Romero, de Luis Alberto Sánchez sobre temas literarios e históricos.

La enumeración anterior puede ser impertinente por incompleta, mas, no obstante, es una forma de escarceo que muestra entre múltiples fichas bibliográficas la presencia habitual del tema peruano en nuestro Mercurio.

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Pero hay algo más. Lejos de posiciones triunfalistas o iconoclastas, en esta Revista desde 1918, enriquecida por las investigaciones de uno u otro tiempo, se muestra una visión serena y veraz de la sociedad peruana y de su historia.

La reflexión anterior es importante reiterarla. Frente a las visiones políticas, o que se dejan ganar por fenómenos de la hora presente, es necesario afirmar el planteamiento que propone la Historia, disciplina con autoridad para hablar de la formación de un pueblo y de su propia naturaleza. Esta tarea la ha cumplido el Mercurio Peruano, que si bien no es una revista dedicada a la historia, sí la asume como parte capital del fenómeno humano. Está presente en las páginas de esta revista el Perú de todas las edades; el país costeño y el serrano; la selva amazónica y el dominio marítimo; el aporte prehispánico y el aporte español y el africano, y no están ausentes las otras sangres que llegan más tarde y se incorporan al mosaico de nuestro mestizaje.

José Agustín de la Puente Candamo Doctor en Historia. Abogado. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de Número de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Peruana de Historia.

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La sola lectura del título de coordenadas generales del proceso poético en estos decisivos 75 años.

I

El año 1918 es el de la edición (aunque no de la circulación que se dio sólo en el año siguiente) de Los Heraldos Negros, el primer libro poético de César Vallejo. Curiosa coincidencia que vincula dos hechos importantes en la historia cultural del Perú contemporáneo: el libro inaugural del mayor poeta peruano y el nacimiento de una revista que iba a cumplir significativa función a lo largo del siglo. No debe olvidarse, sin embargo, que la década 1910-1920 es pródiga en acontecimientos culturales cuya sola mención abarcaría varios párrafos, pero que en lo específicamente poético significa -yendo a lo esencial- la aparición de los dos libros que fundan la modernidad en la poesía peruana: Simbólicas (1911) y La canción de las figuras (1916) de José María Eguren. Y también la breve pero influyente presencia de COLONIDA, el grupo y la revista que fundara y dirigiera Abraham Valdelomar que es otro factor de importancia

La Poesía Peruana (1918 - 1993)

JORGE CORNEJO POLAR

actuante en el proceso poético nacional. Todo lo cual significa complementariamente el comienzo del cese de la influencia del Modernismo y más específicamente de Rubén Dario, que en el Perú, como en toda Hispanoamérica, había sido la dominante desde los finales del siglo XIX.

Los años veinte y treinta son en el Perú los de la aparición y auge de la vanguardia poética. Trilce (1922), el segundo libro de Vallejo, marca el inicio de este momento, pero es evidente que Trilce es mucho más que un libro de vanguardia. Como se reconoce ahora sin discusión, Trilce constituye

una auténtica revolución literaria de incalculable repercusión en el Perú y en el mundo de habla hispana, hito inicial -como anota Jean Franco- de la poesía contemporánea en Latinoamérica, a cuyo desarrollo la obra posterior de Vallejo (Poemas Humanos, Poemas en prosa y España, aparta de mí este cáliz, de 1939) iba a contribuir de manera decisiva. No obstante debe reconocerse que el reconocimiento de la poesía de Vallejo en el Perú se va a producir solamente muchos años después, en la década de los cincuenta.

Sería inútil tratar de hacer en este lugar una síntesis aunque sea breve de lo que significa la poesía de César Vallejo. Basta decir que aunque el poeta de Santiago de Chuco es el primero (y hasta ahora único) escritor peruano que ha alcanzado una larga y extendida vigencia en el mundo entero, esta aceptación y admiración universal es, si bien significan mucho, no son lo más importante. Lo esencial de su poesía consiste en que ella significa -como sólo ocurre con los grandes poetas de la historia- la invención de un lenguaje y a la vez la creación de un cosmos temático y de una visión del hombre y del

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mundo que no puede expresarse a cabalidad sino en ese preciso y peculiar lenguaje. Y que el amor al hombre, a todos los hombres y la esperanza en un nuevo mundo construido sobre la base de este amor, es a la postre la lección fundamental de Vallejo, aunque para lograr articular la haya tenido que hundirse en el infierno del dolor, en el desconcierto por los absurdos que marcan la existencia, en la angustia ante la fugacidad del tiempo y lo inevitable e irremediable de la muerte. Si la primera y gran renovación de la poesía en lengua española la cumplió Rubén Darío, la segunda, aún más radical y profunda, la protagoniza sin duda César Vallejo.

Los años del apogeo vanguardista son los de Carlos Oquendo de Amat y sus Cinco metros de poemas (1927), seguramente, y a pesar de su extremada brevedad, uno de los logros mayores de la nueva tendencia en el Perú. Y también los de Alberto Hidalgo y su estación en la vanguardia: Química del espíritu (1923), Simplismo (1925), y Descripción del cielo (1928); y Alejandro y Arturo Peralta que unen al ademán y el lenguaje vanguardista la amorosa presencia

de lo indígena. Poco después, el movimiento se prolongará con brillo con poetas como César Moro (es decir Alfredo Quispez Asín), incorporado en Francia al núcleo principal del Surrealismo; Xavier Abril, a quien se señala con acierto como introductor de esta escuela en el Perú; y Emilio Adolfo Westphalen, fiel hasta hoy -es el único gallardo supérstite de la vanguardia peruana- a la estética surrealista, entre otros.

Pero al lado de estos poetas estrictamente vanguardistas va a aparecer una figura mayor de nuestras letras, Martín Adán (es decir Rafael de la Fuente Benavides), cuyo primer libro, La casa de cartón (1928) -formalmente novela-, es en realidad algo así como un fresco, imaginativo, original poema de vanguardia. La obra posterior de Martín Adán, muy vasta y con cimas como La rosa de la espinela (1939), Travesía de extramares (1950), La mano desasida (1964), La piedra absoluta (1966), revela el camino insólito que, con calidad poco común, recorre el poeta en un difícil equilibrio entre tradición y originalidad.

Luego de la rebelión vanguardista que en el Perú no fue

ni muy extendida en el tiempo ni muy profunda en general, viene lo que Guillermo de Torre llamaría la vuelta al orden, es decir una poesía que se deja tentar menos por la estridencia, la ruptura radical con el pasado, el (fértil) escándalo, pero que no obstante asimilalo mejor del legado de la vanguardia, aunque combinándolo con otras presencias. Todo ello se ve en un primer momento entre los treinta y los cuarenta, en la poesía de Manuel Moreno Jimeno, Juan Ríos y Mario Florian, por ejemplo.

Hacia fines de la década de 1940 comienzan a percibirse los primeros síntomas de una efervescencia poética que en poco tiempo iba a transformarse en la presencia y la voz de la llamada Generación del Cincuenta, a nuestro parecer la promoción poética peruana más numerosa y calificada en toda la centuria, a la que algunos, aduciendo razones valederas, prefieren denominar como generación del 45 o del 48. Antes de esbozar una escueta caracterización de este grupo de poetas, conviene dejar sentado que la del Cincuenta no es sólo una promoción poética sino que ella se da también en muy diversas áreas del arte y la cultu-

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ra: novela, evento, teatro, música, artes plásticas, ciencias sociales, ciencias humanas, áreas que no corresponde estudiaren esta ocasión.

Las fechas de nacimiento de los

poetas del Cincuenta se escalonan a nuestro parecer entre 1920 y 1935 (aunque pueda haber alguna excepción). De aquí que sus miembros sean en una enumeración por orden cronológico que no pretende ser exhaustiva: Gustavo Valcárcel, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson, Sebastián Salazar Bondy, Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Washington

Delgado, Carlos Germán Belli, Manuel Scorza, José Ruiz Rosas, Pedro Cateriano, Francisco Bendezú, Leopoldo Chariarse, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara, Aníbal Portocarrero, Cecilia Bustamante, Arturo Corcuera. Un despliegue poco común (en el Perú es el primer caso) de muchos poetas coetáneos de alto nivel.

Si la tentación de la vanguardia ha quedado atrás, hay otra que seduce a muchos de estos poetas: la de la revolución social, que en el campo poético se traduce en lo que se llama entonces poesía social o com-

prometida. Ello explica la tan comentada disputa de esos años entre «poetas puros» y «poetas sociales», que se expresa de múltiples formas y llega a su máxima y a la vez postrera manifestación, en el Primer Festival de Poesía Peruana que organizara la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 1957. No obstante que la polémica existió y tuvo cierta significación, re-examinado ahora el asunto con la perspectiva que da el tiempo transcurrido desde entonces, da la impresión de que no debe exagerarse la importancia de la controversia ni mucho menos reducir a esta confrontación de posiciones ideológicas y literarias, la historia de la generación.

En efecto, varios de los poetas del grupo se mantuvieron ajenos al debate, y aún algunos de los que más militante postura adoptaron, pasado un tiempo, cambiaron el tono de su poesía. Es el caso por ejemplo de Juan Gonzalo Rose, que de La luz armada (1954) o Cantos desde lejos (1957), pasa a Simple canción (1960) o Las comarcas (1964); otros, como Carlos Germán Belli, Blanca Varela, Javier Sologuren o Jorge Eduardo Eielson, escriben una

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poesía que difícilmente podría encasillarse en una de las dos posiciones. Más importante es en todo caso recordar algunas presencias fundamentales en el aprendizaje poético de la gene-ración (Vallejo, recién descubierto, la poesía española del Siglo de Oro y la de la generación de 1927) y más todavía advertir la variedad de propuestas que estos poetas encarnan y también señalar la presencia en medio de esta abundante y calificada producción de manifestaciones claras de las dos tendencias que en el ámbito latinoamericano suelen denominarse poesía trascendental y poesía existencial, opciones que a veces se dan encarnadas en las obras de poetas diferentes y a veces se presentan como distintas fases de un solo discurso poético.

Desde otros puntos de vista conviene apuntar que, aunque en su mayoría los poetas de esta generación viven en Lima, hay sin embargo un número mayor de poetas de la provincia que los que figuraban en promociones anterio-res. Y algo más importante: si bien es cierto que ninguno de ellos puede vivir de la literatura y tienen que recurrir al denostado «oficio secundario» de que habla la

sociología literaria, también lo es que es perceptible en el conjunto un asumir de modo más claro y definido la vocación y el oficio de poetas, que no será más una ocupación o entretenimiento de días libres, como sucedía antes (salvo importantes excepciones como las que hemos mencionado), sino compromiso de vida, entrega sin vacilaciones y temores a una tarea que basta para dar sentido a la existencia. Subrayemos por último que varios de estos poetas -la mayoría de los cuales sigue en pleno trabajo creador- han despertado interés en críticos y lectores de fuera del Perú. Es lo que está ocurriendo con Belli, Eielson, Varela y Sologuren especialmente, cuya obra viene siendo tema de libros, estudios, tesis universitarias así como de traducciones a diversos idiomas. Cabe decir por ello que, luego de la universal difusión de la poesía de Vallejo, son estos poetas del cincuenta quienes han logrado construir en el exterior una positiva imagen de la poesía peruana.

Al iniciarse la década de los sesenta una nueva promoción de poetas registra su presencia en las letras peruanas. Se trata de la llamada Generación del Sesenta, que cronológicamente

nos parece, más que una generación en sentido estricto, un segundo escalón de la del cincuenta. Pero más importante que las fechas son sin duda las obras y sus rasgos característicos. Y desde este punto de vista las diferencias entre el cincuenta y el sesenta son claras y significativas.

En primer lugar, se cancela definitivamente la a ratos bizantina polémica entre poesía pura y poesía social que ocupó buena parte del tiempo de los escritores precedentes. Y luego otros caracteres de mayor trascendencia. Por ejemplo, la presencia cada vez mayor del ámbito urbano como proveedor de temas, situaciones, atmósfera y léxico y también la creciente asunción del habla coloquial por el discurso poético. Igualmente, aunque estos rasgos no pueden adscribirse a la totalidad de escritores de la promoción, el alejamiento o la disminución del trato con la poesía española que es sustituida como material de lectura y fuente de estímulos por la gran poesía contemporánea en lengua inglesa (Eliot y Pound señaladamente), y también el intento de elaborar una poesía que de algún modo signifique la negación de la historia oficial

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del país y la revelación de la historia verdadera, aquélla que tiene al pueblo como principal protagonista.

Menos numerosa que la del cincuenta, la promoción del sesenta exhibe sin embargo un conjunto de poetas de alta calidad, entre los que cabe mencionar a César Calvo, Luis Hernández Camarero, Hildebrando Pérez, Rodolfo Hinostroza, Javier Heraud, Antonio Cisneros, Julio Ortega, Marco Martos, Juan Ojeda, Walther Márquez, Armando Rojas. Un destino trágico pesa extrañamente sobre este grupo, varios de cuyos miembros han muerto jóvenes: Heraud (llamado a ser tal vez el

gran poeta peruano de la segunda mitad del siglo), Hernández, Ojeda, Rojas, quienes felizmente lograron dejar escrita obra sustantiva pero inicial, que hace pensar en que el mapa de la poesía peruana actual sería otro de no haber mediado la temprana desaparición de estos poetas.

A partir de 1970 deja sentir su presencia un nuevo y esta vez muy numeroso grupo de poetas, a los que de inmediato se les bautiza como Generación del Setenta, denominación que en este caso sí parece acertada, tanto por la distancia temporal que los separa de la del cincuenta como por la confluencia de

otra serie de factores que los configuran como una promoción radicalmente diferente. Cabe decir que en cierta manera la Generación del Setenta, o por lo menos un gran sector de ella, constituye, en el proceso de la poesía en el Perú del siglo veinte, una nueva o segunda vanguardia por la actitud iconoclasta, por el cerrado rechazo al pasado literario y por la terca creencia de que con ellos está naciendo la auténtica poesía peruana.

Una primera novedad de los poetas del setenta es su tendencia a constituir grupos muy cohesionados, activos y beligerantes que, además, y co-

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mo una manera de fortalecer y evidenciar su identidad, publican revistas, lanzan manifiestos, se esfuerzan por justificar teóricamente las razones de su rebeldía. El grupo más importante es sin duda Hora Zero, que fundan Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz y que todavía hoy, veinte años después, se mantiene esporádicamente activo. Pero también deben mencionarse los grupos Estación Reunida y Gleba y un poco después La Sagrada Familia, todos los cuales logran dar una fisonomía distinta al panorama poético del Perú de los setenta.

Una caracterización aproximada de la Generación tendría que necesariamente señalar los siguientes rasgos, algunos ya indicados: a) La voluntad de ruptura violenta y agresiva con el pasado y la tradición, y parejamente el propósito de constituirse en elemento fundacional de la nueva (la auténtica) poesía peruana; b) presencia cada vez mayor del tema de la ciudad y del lenguaje cotidiano; c) voluntad de renovación y experimentación de las formas poéticas; d) tendencia a la constitución de grupos cerrados y beligerantes entre sí y con el pasado, lo que lleva a la

necesidad de explicaciones y fundamentaciones a través de manifiestos, declaraciones, etc. Complementariamente debe señalarse la cada vez mayor presencia de la provincia en las filas de la generación, el definido compromiso político con la revolución de izquierda y la aparición de algunas voces femeninas de notable calidad que parecen preludiar un fenómeno que se acentuará en los años ochenta. Naturalmente debe precisarse que hay muchos poetas importantes que no han pertenecido ni pertenecen a grupo alguno y que las señas de identidad que acabamos de bosque-jar no se dan en la totalidad de los escritores de la generación. Como siempre en estos casos, hemos apuntado a los rasgos generales y no a las excepciones.

La tarea de enumerar nombres se complica en este caso por la gran cantidad de poetas interesantes. No obstante, pensamos que en ninguna lista podrían faltar los siguientes nombres, salvo error u omisión: Jorge Pimentel, Jorge Nájar, José Watanabe, Juan Ramírez Ruiz, Abelardo Sánchez León, César Toro Montalvo, Carmen Ollé, Tulio Mora, Enrique Verástegui (para muchos la gran figura de la generación), Carlos

López Degregori, Jorge Eslava Calvo, Edgar O'Hara, Oswaldo Chanove, Inés Cook, Enriqueta Beleván.

Es frecuente hablar o escribir sobre la Generación del Ochenta. Nos da la impresión sin embargo que, en sentido estricto, no se trata de una generación ni por la cronología ni por los contenidos y formas de la poesía que escriben. Nuestra opinión es que se trata más bien de una segunda promoción de la generación del setenta, lo cual desde luego no significa desconocer en nada los valores de su obra que continúa y profundiza las líneas temáticas ya trabajadas en relación al mundo de la ciudad y la condición de sus habitantes así como el uso (y abuso) de las formas del lenguaje cotidiano.

En relación con la Generación del Setenta se dan en cambio ciertas novedades: a) Aunque se sigue dando la tendencia a la formación de grupos, éstos suelen ser menos radicales en sus cuestionamientos de la tradición y en sus enfrentamientos con sus similares; b) el fenómeno ya esbozado en la década anterior de la presencia femenina, se exacerba de manera abrumadora: aparecen en los ochenta decenas de jóvenes

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muchachas poetas, varias de ellas de notable calidad; c) la violencia que azota al país desde, precisamente, 1980 aparece poco, extrañamente, en los textos de estos poetas, aunque sin duda su presencia en temas y atmósfera va en aumento a medida que avanza la década. Es también importante señalar como signo positivo el notable incremento de la actividad poética (publicación de libros y revistas, recitales, lecturas, festivales, concursos), que lleva consigo un crecimiento considerable del público interesado en la poesía.

Citar nombres de poetas tan jóvenes y que se encuentran en pleno desarrollo de su obra, es una tarea aún más riesgosa que en los casos anteriores, no obstante, nos arriesgamos a mencionar con las reservas del caso algunos: Rossella di Paolo, Patricia Alva, Mariella Dreyfus, Rocío Silva Santisteban, Giovanna Pollarolo, Dalmacia Ruiz Rosas, Alonso Ruiz Rosas, Roger Santibáñez, Eduardo Chirinos, José Antonio Mazzotti, Jorge Frisancho.

II

Luego de revisitar en breve recorrido la trayectoria de la

poesía peruana a lo largo de los 75 años que van de la fundación del MERCURIO PERUANO (1918) a nuestros días, dedicamos las palabras finales de este estudio a examinar, también de modo sucinto, el rol cumplido por la revista en relación al fenómeno poético peruano durante todo el tiempo de su existencia.

El texto que bajo el título

«Palabras Iniciales» presenta la revista, encierra los principios e ideas generales que regirán la marcha de MERCURIO PE-RUANO en lo que a la literatura se refiere. Así, al dejar sentada de manera explícita su voluntad de retomar ciento veinte años después la senda iniciada por el primer MERCURIO PERUANO, el de la Sociedad Amantes del País, se recuerda que el objeto de esta tan importante publicación era «la historia, la literatura y las noticias públicas del Perú». Y más adelante se dice «Con- vencidos nosotros de que nuestro

medio necesita una revista que sirva de órgano a los estudios serios y a los ensayos de carácter nacional, hemos buscado afanosos la colaboración de la más distinguidas personalidades literarias, científicas y políticas...» Y luego de enumerar los diversos propósitos que alientan a los mantenedores de la revista, se cierra el párrafo señalando: «Queremos, por último, que nuestra inspiración literaria que languidece de exotismo y de artificio, se remoce acudiendo a las eternas fuentes de la tierra y de la historia».

Hay que reconocer que estos excelentes propósitos se han cumplido con creces en la historia de MERCURIO PERUANO, en general y en lo que a la poesía nacional se refiere. Desde el primer número en que se incluyen poemas de Luis Fernán Cisneros hasta el presente, la palabra de poetas nacionales (y algunas veces de otras nacionalidades) no ha dejado de figurar de modo destacado en las páginas de la revista.

Por lo demás, el subtítulo escogido para la publicación, Revista de Letras y Ciencias Sociales, confirmaba la importan-cia que el fundador, Víctor

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Andrés Belaunde, y el equipo directivo asignaban al mundo de la literatura.

Debe reconocerse que todos estos propósitos expresados en el momento fundacional de MERCURIO PERUANO se han cumplido a lo largo de toda su historia. Ya en el primer número se publican poemas de Luis Fernán Cisneros y Alberto Ureta, a la vez que en la sección reseñas se da preferencia al tema de la literatura con notas sobre El genio de la lengua y la literatura castellana, el libro de crítica de Javier Prado Ugarteche, el volumen de cuentos El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar y el folleto de Ventura García Calderón y Hugo Barbagelata titulado La literatura uruguaya.

En lo que se refiere específicamente a la poesía debe citarse, en primer lugar, los números monográficos dedicados a Abraham Valdelomar, en el que se considera, entre los demás, el lado poético de su obra; a José María Eguren, a Luis Fernán Cisneros y a José Gálvez Barrenechea. Pero además, siguiendo la cuidadosa estadística preparada por César Pacheco Vélez (que abarca solamente hasta 1978), se confir-

ma la definida vocación literaria de la revista (la literatura es después de la historia y el derecho, la tercera temática privilegiada en MERCURIO PERUANO) y dentro de ella su preferencia por la poesía. Se descubre así que de Alberto Ureta fueron publicados cincuentiseis textos, de José Gálvez Barrenechea, treintainueve, de Luis Fernán Cisneros, treintaisiete, de Enrique Peña Barrenechea, veintitrés, de José María Eguren y Leopoldo Chariarse, doce, de Carlos Germán Belli, José Alfredo Hernández, Sebastián Salazar Bondy, diez. Y con menos pero importantes poemas otros escritores tan destacados como Manuel González Prada, Percy Gibson Moller, César Atahualpa Rodriguez, Alberto Guillén, Pablo Abril de Vivero. Cabe aclarar que hay casos, como el de Rafael de la Fuente Benavides (Martín Adán), de quien no sólo se publican poemas sino también, por capítulos, su libro central De lo barroco en el Perú, con gran anterioridad a su edición como libro autónomo.

Es de justicia anotar que esta constante preocupación por lo literario (y dentro de ello, lo poético) se explica en gran parte por la acción del Director-

Fundador Víctor Andrés Belaunde y de los sucesivos secretarios de redacción y/o miembros del Consejo de Redacción, de destacados críticos literarios, como Jorge Puccinelli y Luis Jaime Cisneros.

Puede afirmarse sin vacilaciones, entonces, que MERCURIO PERUANO, desde 1918 a la fecha, no sólo ha acompañado el proceso de la poesía peruana y dado cabal testimonio de él, sino que en muchos momentos lo ha promovido y contribuido con brillo y acierto al desarrollo del arte poético en el Perú del siglo veinte.

Jorge Cornejo Polar Doctor en Letras. Profesor de Literatura y crítico literario. Ejerce la docencia en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico.

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Los estudios geográficos en el Perú desde 1918 hasta 1993

HILDEGARDO CÓRDOVA AGUILAR

«Los estudios geográficos son la base de nuestra expansión económica, de nuestro progreso como país.» (J. Pareja Paz Soldan, 1950)

Desde sus inicios, la revista MERCURIO PERUANO, fundada por el Dr. V.A. Belaunde en 1918, ha venido dando cabida a las inquietudes culturales y científicas de investigadores de formaciones distintas, tanto en las artes como en las ciencias. Entre las segundas, se encuentran trabajos de interés geográfico que reflejan una parte del desarrollo de la geografía como ciencia. Por ello, uniéndome a las celebraciones de los 75 años de labor de esta revista, presento a continuación una síntesis de la evolución del pensamiento geográfico peruano, desde 1918, hasta nuestros días.

Los Años Previos

Reconstruir el «ambiente geográfico» de 1918, nos lleva obligatoriamente a evaluar lo que se había hecho en los años inmediatamente anteriores. A finales del siglo XIX ya se había organizado

la Sociedad Geográfica de Lima, bajo la presidencia del Dr. Luis Carranza y el apoyo (respaldo con el ejemplo del trabajo) de don Antonio Raimondi. Se había publicado parte de los trabajos de Raimondi que, junto con el Atlas Geográfico del Perú (1865) y el Diccionario Geográfico Estadístico del Perú (1877) de don Mariano Felipe Paz Soldán, eran las obras de consulta obligada para cualquier indagación sobre el país. Estos trabajos, y otros que se publicaron en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima y visitas de geógrafos como Isaiah Bowman (1911), fueron el germen para que jóvenes como don Oscar Miró Quesada de la Guerra se interesaran por la geografía. Después de una visita a Bruselas en 1914, don Oscar regresó al Perú y presentó un "Informe sobre la enseñanza de la geografía" (1914), en donde se hizo ver la necesidad de renovar la formación para hacer a esta ciencia menos memorística y más atractiva a los estudiantes. Estas ideas fueron reforzadas en su libro La Geografía Científica del Perú (1919) que figuró en las bibliografías de cursos universitarios hasta la década de 1950.

En 1910 se publicó en París La Géographie, Essai de Classi-

fication Positive del profesor Jean Brunhes, en tres volúmenes. Este trabajo entusiasmó al Dr. Ricardo Bustamante y Cisneros, quien también publicó en 1919 las Nuevas Bases de la Geografía. En opinión del Dr. E. Romero (1970), Bustamante y Cisneros fue el introductor de la Escuela Francesa de Geografía aprovechando su cátedra de Geografía Humana General y del Perú en la Universidad Mayor de San Marcos desde 1920 hasta 1945.

A Partir de 1918

A estos esfuerzos de financiamiento geográfico se unió en 1922 el Diccionario Geográfico del Perú de don Germán Stiglich, obra que pronto se convirtió en documento de consulta obligatorio para todos los estudios regionales aún hasta nuestros días.

Como vemos, al inicio de la revista MERCURIO PERUANO ya había una vocación por los estudios geográficos peruanos, buscando darles una rigurosidad científica y no meramente literaria o monográfica. La visita al Perú de geógrafos como Isaiah Bowman (1911) revivió el interés geográ-

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fico despertado por Raimondi. El Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima fue el órgano de divulgación más importante de este interés por hacer conocer la geografía del Perú. A los temas de geografía jurídica (Verrier, 1893), geografía física (Raimondi, 1897), enseñanza de la geografía (De la Combe, 1898), siguieron los de geografía médica (Gross, 1900), geografía sismológica (Informe S.G.L., 1907), geografía Antropo- gráfica (Miró Quesada, 1918), geografía económica del Perú (Maúrtua, 1920), geografía biológica (Knoche, 1930), geografía entomológica peruana (Weiss, 1930) etc.

Si bien había una preocupación por darle un carácter "científico" a esta disciplina, la mayor parte de las contribuciones geográficas eran al mismo tiempo piezas literarias. Tales son los casos de los ar-

tículos del Dr. José de la Riva Agüero, publicados en el MERCURIO PERUANO en 1918, 1923 y 1926, del Dr. Jorge G. Leguía en 1920. El dedicarse a la geografía requería habilidades de explorador y de escritor. Por ello, los "geógrafos" eran profesionales dedicados a otros menesteres, y sólo unos pocos tomaron a la geografía como una forma de ganarse la vida. Este estado de cosas continuó en la década de 1930, y en 1938 don José Wagner, señaló claramente estas apreciaciones cuando dijo: «Hasta hace poco todo el mundo entendía por Geografía un acervo de datos especialmente estadísticos relativos a parcelas de la superficie del planeta, artificiosamente separadas por hitos y fronteras políticas, nombres, números de kiló- metros, número de habitantes, ríos, montes, sistemas oro-gráficos; nociones de inmensa vaguedad sobre clima, pro- ducciones, en sucesión inacabable,

muy poco conformes con la realidad».

Estas apreciaciones de un período que iba quedando atrás, van seguidas de una visión de geografía moderna que el mismo autor presenta como: "Una geografía vivida, animada; ciencia del carácter particular de los espacios terrestres y marítimos, cuyo conjunto forma la superficie del planeta. Cada espacio es considerado como complejo formado como unidad orgánica en la que actúan y acumulan fuerzas infinitas que, sin embargo, convergen en un mismo punto. La designación y análisis del espacio depende del centro de perspectiva que asuma el geógrafo" (1938).

A mi entender, 1938 marca el fin de una época en la evolución del pensamiento geográfico peruano. A partir de esta fecha cobra mayor interés el entendimiento de la morfología del paisaje peruano y de las poblaciones que lo habitan. Por aquellos tiempos ya empieza a figurar un joven huanuqueño formado en la Universidad Católica del Perú, el Dr. Javier Pulgar Vidal. Recogiendo las ideas de sus maestros sobre las diferenciaciones espaciales

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existentes dentro de cada una de las regiones clásicas de Costa, Sierra y Montaña del Perú, y agregando su experiencia en el recorrido Lima-Huánuco-Pucallpa, el Dr. Pulgar Vidal lanzó su propuesta de siete regiones naturales en 1936; y luego en 1938, las ocho Regiones Naturales del Perú. A esto se agregaron reportes de trabajos de campo de estudiantes de la Universidad Católica publicados entre 1938 y 1941 bajo el título Ensayos Geográficos.

Las discusiones sobre las ocho regiones naturales entre 1938 y 1941 fueron animadas por gente a favor y en contra. El Dr. José Pareja Paz Soldán (1941), profesor de Geografía, fue uno de los que creyó que era innecesaria tal subdivisión del territorio. Sin embargo, la pro-puesta fue poco a poco comprobándose en el terreno y ganando adeptos, especialmente después de 1946, en que apareció la primera versión en forma de libro.

A finales de los años 1930 e inicio de los 40, se incrementaron los estudios generales sobre la geografía del Perú. Los más conocidos fueron la Geogra-fía del Perú de O. Miró

Quesada, la Geografía del Perú de Carlos Wiesse, la Geografía Económica del Perú de Emilio Romero, Fitogeografía General de Carlos Nicholson, Mi País de Luis Alayza y Paz Soldán, Los Andes del Sur del Perú de Isaiah Bowman, etc. A estos se agregaron en 1943: la segunda edición de la Geografía del Perú de José Pareja Paz Soldán y Así es la Selva del Padre Avencio Villarejo. Luego en 1945 apareció el Mundo Vegetal de los Andes de Weberbauer, en 1946 las Ocho Regiones Naturales del Perú de Javier Pulgar Vidal, y en 1947 El Litoral Peruano de Erwin Schweigger.

Todo este ambiente científico llevó a que, en 1947, la Universidad Mayor de San Marcos aceptara la creación del Instituto de Geografía, cuya finalidad era no sólo acentuar la investigación científica de la geografía peruana, sino formar geógrafos profesionales.

Los trabajos de interés geográfico continuaron, y la revista MERCURIO PERUANO publicó en 1949 el "Cunti Suyo" del Dr. Luis Alayza y Paz Soldán, y en 1950 "Medio Siglo de Geografía Peruana" del Dr. José Pareja Paz Soldán. En ambos artículos

se nota una madurez geográfica en las apreciaciones del paisaje y reflexiones sobre la utilidad de la geografía.

A partir de 1950, la participación de geógrafos y científicos afines ayudó en la aparición de informes de investigación de proyectos específicos acompañados de una cartografía temática variada. Tales fueron el Informe de la Expedición Científica de la UNESCO a la Cuenca Central del Huallaga (1950); el Programa de Estudios de la Zona Árida Peruana (1954 y 1958), el Plan Regional para el Desarrollo del Sur del Perú (1959); el Informe sobre la Integración Económica y Social del Perú Central (1961); el Mapa Ecológico del Perú de J.A. Tosi Jr. (1957 y 1976) (Temple, 1964). Las instituciones gubernamentales también han venido produciendo abundante material cartográfico, especialmente para la Carta Nacional desde el siglo XIX; la cartografía censal desde 1961; y la planificación nacional desde 1963. A partir de esta fecha el trabajo geográfico se fue ligando cada vez más a la labor universitaria. Por ello, sigamos esta evolución en las universidades peruanas.

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Los Estudios de Geografía a Nivel Universitario

Como ocurrió en otras partes del mundo, en el siglo XX ya se estableció una clara diferencia entre los estudios de geografía física y geografía humana, no obstante que se luchaba para mantener la unidad dentro de la diversidad en geografía. Puede observarse esto en los cursos de geografía que se dictaban en la Universidad Mayor de San Marcos allá por el año 1946: - Geografía Física y Geografía Matemática, en la Facultad de Ciencias.

- Geografía Económica, en la Facultad de Ciencias Económicas.

- Geografía Humana, en la Facultad de Letras.

- Métodos de la Enseñanza de la Geografía, en la Facultad de Educación.

Como ya se dijo anteriormente, los estudios formales de geografía como profesión se iniciaron en 1947, cuando los doctores Gerardo Dianderas, José Jiménez Borja, Javier Pulgar Vidal, Rafael Dávila Cuevas, y el francés Marc Pieyre crearon el Instituto de Geografía como una dependencia directa del Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Resolución Rectoral Nº 6411 del 23-5-1947). Este instituto comenzó a publicar en 1949 su Revista de Geografía, en donde, hasta 1960, se publicaron varios artículos de investigación tanto práctica como teórica de la geografía peruana.

Los primeros alumnos fueron mayormente de la FF.AA.,

quienes se orientaron por la geografía matemática y geodesia, hace mapas que les servían para el levantamiento de la Carta Nacional. Este Instituto de Geografía, que después pasó a ser Departamento de Geografía, Sección de Geografía, y últimamente Escuela Académico-Profesional de Geografía de la Universidad de San Marcos, es la cuna de los geógrafos profesionales peruanos actuales. Allí volcaron sus enseñanzas los grandes maestros, tales como Erwin Schweigger en estudios marinos, Carlos Nicholson en climatología, Augusto Weberbauer en botánica y fitogeografía, Emilio Romero en geografía económica, Ella Dunbar Temple en geografía histórica, Javier Pulgar Vidal en geografía humana del Perú, y Rafael Dávila Cuevas en geografía física. La lista es larga de enumerar, pues en una institución universitaria siempre se nuclean inteligencias con intereses comunes: los unos estables, los otros visitantes. De entre los primeros sobresale la figura del Dr. Javier Pulgar Vidal, maestro excelente, quien supo inculcar en sus alumnos el amor hacia los recursos vegetales peruanos que, habiendo desempeñado un rol importante en la alimentación del

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campesino del incanato, hoy están en desuso.

Los egresados del Instituto de Geografía ocuparon las plazas docentes en las universidades, en donde continuaron empeñados en hacer conocer, no sólo la riqueza del Perú en recursos naturales, sino las posibilidades de recuperar su utilización, especialmente en el rubro alimentario.

A este esfuerzo nacional se juntaron las contribuciones de viajeros, visitantes que como Carl Troll dejaron huella en los jóvenes geógrafos peruanos. El trabajo de Troll, traducido al español en 1958 con el nombre Las Culturas Superiores Andinas y el Medio Geográfico, reforzó el interés por la geografía humana cultural que ya venía desarrollándose en Europa y América.

La producción geográfica continuó, sucediéndose reediciones de dos textos que se convirtieron en dásicos: La Geografía Económica del Perú de E. Romero, que en 1968 llegó a la 6ta. edición, y Las Ocho Regiones Naturales del Perú de J. Pulgar Vidal, que en 1986 llegó a la 9na. edición. Aparte de estos se publicaron otros como El Mar del

Perú de Hermann Buse (1958); El Litoral Peruano de Edwin Schweigger (2da. edición 1964); el Atlas de las Cuencas de los Ríos de la Costa Peruana de Gonzalo de Reparaz (1968); la Geografía General del Perú de Carlos Peñaherrera; y otros, cuya lista es larga de enumerar.

Entre los años de 1950 y 1964 se realizaron tres congresos nacionales de geografía en donde se presentaron temas variados que reflejan el avance y líneas de investigación, sobre todo en recursos vegetales. Aquí destacan los trabajos de C. Hurtado sobre Recursos Naturales Renovables del Perú (1964), y monografías distritales de varios autores.

A partir de 1970, la geografía peruana inicia un segundo cambio de dirección. Algunos de sus egresados siguieron estudios de postgrado en Francia, Rusia, Estados Unidos, Brasil y México, en donde se informaron de los avances de investigación y técnicas de análisis espaciales. Al regresar a San Marcos introdujeron cambios que llevaron a dos rupturas: a) Se introdujeron técnicas cuantitativas para medir las magnitudes de los fenómenos espaciales

estudiados, y b) se dio prioridad a los estudios de casos antes que a generalizaciones. Ello obligó a una modificación curricular para formar profesionales competitivos en el análisis regional, tanto en la línea de planificación física y recursos naturales como en planificación urbana. Los egresa-dos de la Universidad de San Marcos salen con el título profesional de geógrafo.

A partir de los años de 1980 se refuerza el análisis sistemático en la investigación geográfica y se busca la integración entre geografía física y humana. En esta línea destaca la Pontificia Universidad Católica del Perú, que desde 1985 alberga al Centro de Investigación en Geografía Aplicada (C.I.G.A) y desde 1987 a la Especialidad de Geografía. El C.I.G.A. se encarga de todo lo concerniente a la investigación geográfica aplicada en resolver problemas de manejo espacial del territorio peruano. En sus análisis de datos utiliza las tecnologías más avanzadas, como las de Sistemas de Información Geográfica, sensores remotos o teledetección mediante imágenes de satélite, cartografía automatizada, etc.

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Desde 1988, el C.I.G.A. viene publicando su revista anual Espacio y Desarrollo que, en la actualidad, es el único órgano de periodicidad regular especializado en geografía. El C.I.G.A. también ha intervenido directamente en la publicación del Atlas Regional de Piura de Bernex y Revesz (1988) y Cuadernos de Geografía Aplicada, que divulgan los avances y resultados de proyectos específicos del C.I.G.A.

La Especialidad de Geografía brinda la formación académica tanto teórica como práctica de los futuros geógrafos, para que puedan competir eficientemente en estudios y planes de acondicionamiento del territorio. Los egresados salen con el título de Licenciado en Geografía.

El interés por la cuantificación llevó a la creación de Ingeniería Geográfica, como carrera profesio-nal en las universidades Federico Villarreal y Mayor de San Marcos. Esta carrera funciona como comple-mentaria a los estudios geográ-

ficos y se encarga de la aplicación del ingenio a diseñar modelos matemáticos para estudiar problemas ambientales, y de la elaboración de la cartografía temática nacional.

Actividad Geográfica en otras Instituciones

Además de la actividad universitaria merecen citarse: 1. La Asociación Nacional de

Geógrafos. Esta institución tuvo su «edad de oro» en la primera mitad de la década de 1960. Publicó la Revista Geográfica del Perú y organizó los tres primeros congresos nacionales de geografía, cuyos resultados fueron publicados por la misma asociación. Lamentablemente, ésta entró después en un período de adormecimiento del cual todavía no se recupera.

2. El Instituto Geográfico Nacional (ex-IGM). Los nuevos planes y proyectos

de desarrollo han multiplicado el número de organismos vinculados al quehacer geográfico o cartográfico. Respecto a lo último, destaca el IGN, el cual tiene bajo su responsabilidad la elaboración de la Carta Nacional a escala 1:100,000, diferentes tipos de mapas del Perú a la escala de 1:1'000,000 y de cada uno de los departamentos del país a escalas diferentes. Copias de estos mapas sirven de base para los trabajos cartográficos especiales realizados por otros organismos de la administración pública y privada. En 1989 publicaron el Atlas geográfico Nacional bajo la dirección del Dr. Carlos Peñaherrera del Aguila. 3- La Sociedad Geográfica de

Lima, que continúa siendo la institución más antigua del Perú dedicada enteramente a la geografía. Sus directivos siguen empeñados en mantener viva la tradición por la investigación geográfica apoyándose en tecnologías modernas. Es la depositaria de una excelente co- lección de mapas y de revis-

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tas de gran parte del mundo. Además de seguir publicando el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, ha organizado con éxito dos congresos internacionales de geografía de las Américas y uno nacional entre los años 1988-1992.

4.- Otro organismo de destacada

labor cartográfica y geográfica es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INAREN) (ex-Oficina Nacional de Evaluación y Recursos Naturales (ONERN). Sus estudios de inventario de los recursos naturales del PeRÚ en abundante información geográfica y vienen casi siempre acompañados de un paquete de mapas temáticos que complementan la información recogida en las misiones de estudio. Últimamente están utilizando imágenes de radar y vienen desarrollando un SIG que permite evaluar los diferentes recursos con mayor celeridad y eficacia que los métodos tradicionales.

5.- Los aspectos censales y

demográficos están a cargo

del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aquí funciona una Oficina de Cartografía que tiene a su cargo todo lo referente a la cartografía censal. Además, esta oficina está elaborando un atlas censal del Perú con información a nivel distrital de aspectos geográficos y de distribución poblacional entre otros.

6.- Los aspectos concernientes al

planeamiento urbano están a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR). Además está el Instituto Peruano de Urbanismo y Planificación del Perú, que realiza estudios de planificación urbana y regional donde la información de tipo geográfico es amplia. Asimismo, está el Ministerio de la Presidencia mediante la sección de acondicionamiento del territorio, cuya labor de tipo geográfico es obvia.

En todos estos organismos

mencionados existen geógrafos trabajando profesionalmente.

Finalmente, es importan- te mencionar que existen en el

país alrededor de 50 geógrafos profesionales, quienes trabajan tanto en la docencia universitaria como en dependencias del sector público y privado. Algunos de estos profesionales han realizado estudios de post-grado en universidades norteamericanas, europeas, de la ex-Unión Soviética y Brasil. Son estos profesionales los que están trabajando duramente para conseguir una mayor aceptación como geógrafos en programas que se relacionan con el acondicionamiento del territorio. La tarea no es fácil porque para muchos todavía la geografía es una disciplina más académica (teórica) que práctica.

La geografía contemporánea ha evolucionado como lo han hecho otras ciencias. Puede definirse como la ciencia que estudia sistemicamente las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente. Para ello, se vale de técnicas de análisis sofisticadas que permiten modelizar una realidad primero, para luego explicarla en su complejidad. Así, la geografía sigue siendo la ciencia ambiental capaz de diagnosticar desajustes en el manejo de espacios geográficos y proponer soluciones, es decir, acondicio-

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nar mejor el territorio para mejorar la calidad de vida de los humanos.

Estas habilidades de los geógrafos están siendo reconocidas por los distintos profesionales, lo que está haciendo que poco a poco la situación vaya mejorando y los geógrafos participen, cada vez más, en proyectos de desarrollo nacional, regional y local. Este es, pues, un desafío que nos invita a seguir luchando.

Hildegardo Córdova Aguilar Doctor en Geografía. Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Referencias Bibliográficas

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El Mercurio Peruano y la Evolución Jurídica en el Perú entre 1918 y 1931. Apuntes para una historia del Derecho Peruano

JORGE BASADRE AYULO

El MERCURIO PERUANO fue fundado por don Víctor Andrés Belaunde en 1918 como revista mensual de ciencias sociales y letras, y sigue publicándose después de una interrupción entre los años 1931 y 1939. Pretendemos trazar en este breve bosquejo la evolución jurídica que vivió el Perú entre el período de 1918 y 1931 que coincide con el momento inicial del MERCURIO PERUANO.

La legislación civil peruana en el siglo XX se orientó hacia cinco rumbos diferentes cambiando la ruta trazada en los años republicanos del siglo anterior. Estas fueron las siguientes: a) la secularización del matrimonio y la implantación del divorcio vincular; b) la intensificación del carácter democrático y laico enunciado en los dogmas del movimiento independentista de 1821; c) el nacimiento de la legislación social como rama propia y autó- noma derivada del derecho civil, así como la aparición

de una legislación derogatoria del derecho común como fue la de inquilinato; d) la organización de normas para el más rápido y eficaz desarrollo de la riqueza; y e) el aumento de las regulaciones destinadas a la simplificación o la tecnificación del derecho 1.

En nuestro siglo, próximo a expirar, tiene notable recepción en materia civil en sus primeros treinta años el Código Civil alemán, que empieza a prepararse entre 1873 y 1896 y cuya vigencia empieza el 1º de enero de 1900, el suizo que se gestó entre 1892 y 1912 y el brasilero de 1916.

La marcha de esta evolución lenta del derecho civil patrio quedó plasmada con la resolución suprema de 26 de agosto de 1922, que designó una comisión reformadora del Código Civil de 1852 compuesta de cinco miembros: Juan José Calle, en su calidad de fiscal de la Corte Suprema de la Re- pública; Manuel Augusto Olaechea, decano del Colegio

de Abogados de Lima y profesor de derecho civil en las aulas de San Marcos; Pedro M. Oliveira, catedrático de San Marcos, y Hermilio Valdizán, profesor de la Facultad de Medicina de San Marcos. Era un momento de esplendor y auge de San Marcos.

Esta comisión empezó su trabajo codificador rectificando el error de la comisión codificadora de 1852 al sentar sus acuerdos en actas de las sesiones las mismas que fueron publicadas2. Esta comisión trabajó hasta 1936, con distintos grados de intensidad y con varios recesos. El proyecto estuvo terminado en 19223. La comisión codificadora designada en 1922 se encontró, como la del año cincuentidos, con el escollo del matrimonio civil y religioso, y la legalización del divorcio vincular.

Queda marcada en los primeros decenios del siglo XX una notable agitación a favor de la secularización del matrimonio y la regulación del di-

1 Jorge Basadre. Prólogo al libro Legislación Social del Perú de Fernando Luis Chavez León. Lima, 1937. p. VII. 2 Actas de las sesiones de la comisión reformadora del Código Civil peruano creada por decreto supremo de 26 de agosto

de 1922. Lima, 1923-1929, 8 fascículos. Lima, 1928-1929. 5 fascículos. 3 Consultas de la comisión reformadora del Código Civil Lima, 1926. 533 p.

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vorcio, augurándose que la Asamblea Nacional de 1919 iría a una posición divorcista. Pero el presidente Augusto B. Leguía vetó la ley; y esta postura quedaría postergada hasta la expiración de su gobierno, dictada como una reacción antileguista.

Desde el 23 de diciembre de 1897 existían dos formas de matrimonio reconocido por la ley: la canónica para los católicos y la civil para los no católicos, entendiéndose como tales a quienes declararan no haber pertenecido a la Iglesia Católica o haberse separado de ella. Esta postura legislativa para tratar la formalidad del matrimonio era una imitación española, a pesar de que en España el Código Civil de 1889 reguló el matrimonio

tridentino con la variedad de que el funcionario civil debía concurrir el acto matrimonial. La posición peruana fue entonces marcadamente conservadora y así apareció entre los años de 1918 y 1939.

La lucha para eliminar las supervivencias coloniales se hizo notoria a partir de 1918. La ley número 1447 del 7 de noviembre de 1911 había tenido una doble finalidad: prohibir la constitución de la enfiteusis y establecer la forma de ponerle fin mediante consolidación. La aparición del primer número del MERCURIO PERUANO coincidió con esta tendencia moderna a eliminar este gravamen perpetuo a la propiedad inmueble. No obs-

tante esta política legislativa de conferirle dinamismo a la pro-piedad inmueble, siguió vigente el régimen de tutela legal sobre los censos reservativos y consignativos reconocidos por el Código Civil de 1852.

El tema de las vinculaciones fue materia de incesante debate en el siglo XIX, cuyos vestigios siguieron en este siglo cuando apareció el MERCURIO PERUANO. La legislación de la primera mitad de ese siglo fue notoriamente individualista en lo que se refería a la propiedad inmobiliaria y a su inmovilización. En muchos casos, se había encontrado el legislador con el derecho de propiedad amortizado, como había sido el caso de las vinculaciones y su acumulación en poder de «manos muertas». Las primeras habían sido formas extraordinarias o especiales en el ejercicio del derecho de propiedad. Se privaba así de la libertad de transferir la propiedad inmueble sujetándola a un grado determinado en su disfrute por un vínculo o «lazo» dentro de una familia o persona. Proliferaron en el siglo XIX los mayorazgos, los patronatos y las capellanías, los que fueron abolidos como recusación a los

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atisbos medievales. La administración plena de las comunidades religiosas sobre sus bienes, que significó la abolición de las manos muertas, databa de 1901.

En 1907 se reguló la venta de inmuebles de propiedad de instituciones educacionales, beneficiencias y cofradías. Apareció casi simultáneamente con el MERCURIO PERUANO la noción de necesidad y utilidad pública que permitió el desarrollo del urbanismo y la política sanitaria, facilitando así la expropiación de inmuebles para ensanchar avenidas como La Colmena y Avenida Brasil con modelos de las capitales europeas, que causaban furor a los arquitectos e ingenieros peruanos.

Coincidente, también con la aparición del primer número fue la tendencia legislativa a dictar una nutrida y exuberante legislación del trabajo que modificó sustancialmente el espíritu del Código Civil de 1852. En 1918 surgió el mecanismo de la huelga para lograr la jornada de ocho horas, con lo que el acto coercitivo de los trabajadores suplió el

olvido de éstos bajo el dogma de la absoluta libertad de contratación, cuyo principio estaba inserto en el artículo 1256 del Código Civil de 1852. Empezó entonces a surgir un derecho de trabajo nuevo y, con miras a su independencia, desprendido del Código Civil. También en 1918 se promulgaría la ley 2851 sobre el régimen de mujeres y menores de edad, que fue ampliado por la ley 4239 de 26 de marzo de 1921. En 1918 se aprobó la ley 3010, sobre el descanso dominical obligatorio; y la ley 4916 sentaba un «nuevo» derecho a favor del empleado durante el período conocido como el oncenio.

Con este bagaje de reconocimiento y protección a los derechos del trabajador, la Constitución política de 1920, que sentó las bases del régimen de Leguía, se inspiró en textos europeos de la postguerra, incluyéndose una sección especial sobre un nuevo régimen de «garantías sociales» que comprendía la libertad del trabajo, el derecho de asociación y la salud del trabajador, entre otros tópicos de natura-

leza de protección al trabajador con reminiscencias en el viejo derecho hispano indiano.

En materia penal, en 1915 se había designado una comisión parlamentaria para la reforma de los códigos penales y de procedimientos en materia penal. El autor intelectual del Código penal fue el parlamentario don Víctor Maúrtua, profesor sanmarquino de Historia del Derecho. El primer proyecto de este código penal fue presentado al Congreso en 19164. La ley número 4460 del 27 de diciembre de 1921 encargó a una comisión parlamentaria la revisión del proyecto, y se acordó pedir a Maúrtua que actuara como ponente de su texto. Coincidente con el trabajo codificador en materia penal, fue el viaje de Maúrtua a Europa como representante diplomático a la Conferencia de Versalles, donde obtuvo la colaboración de juristas europeos en la revisión del proyecto del Código. De todo este rico material y acervo jurídico surgió el texto penal de 1924, revisándose el proyecto de Maúrtua por una comisión parlamentaria y judicial 5.

4 Proyecto de 1916 presentado a la Cámara de Diputados. La reforma del Código penal. Lima, 1918. II tomo. 5 Código penal (Ley 4868). Lima, 1924. Lima, 1939.

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El 18 de enero de 1924 se dictó un texto complementario al Código penal para tratar el problema de la vagancia, con lo que se empieza a regular el mundo de los marginados.

Este Código penal constituyó un intento de plasmar un régimen moderno para la represión del delito y la regeneración del delincuente. No vislumbró el legislador que el Poder judicial no contaba con el personal competente para ejecutar el Código ni existían en ese momento establecimientos pe- nales o reformatorios de me- nores. Por esta razón, el gobier-

no se ofreció a dar al Perú un texto moderno de carácter penal sin haber ido simultáneamente a una previsión de la estructura material para la regeneración del delincuente.

El Código Penal de 1924 estableció una recusión a la pena de muerte, sustituyéndola por la de internamiento más allá del mínimo de 25 años6. Fue con la Constitución Política de 1933 que se estableció como sanción al homicidio calificado y la traición a la patria, y que después fue ampliada a otros delitos.

En materia procesal penal ocurrió un fenómeno especial, ya que aparece un código adjetivo sin cambiar conjuntamente el sustantivo. En 1915 el Congreso de la República dispuso la designación de una comisión que preparara el Código procesal en materia criminal, ya que se consideraba inadecuado el texto del año 62, vislumbrándose la conveniencia de establecer el sistema de juzgamento con criterio de conciencia como el de los jurados sajónicos. Figura descollante de esta comisión del Código procesal penal fue don Mariano H. Cornejo.

6 Art. 151. "se impondrá internamiento al que, a sabiendas, matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge". 7 Art. 54 de la Constitución Política de 1933.

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Se propuso insertar novedades como la presencia de un juez instructor a cargo del proceso, que no dicta sentencia sino investiga la comisión del delito, a fin de individualizar al culpable; el establecimiento de garantías para la prisión preventiva; la realización del juicio oral después de verificada la instrucción por el juez y, el juzgamento con criterio de conciencia como si fueran jurados. Este último fue el escollo del Código penal en materia criminal y que originó un intenso debate.

El proyecto Cornejo se aprobó en la Cámara de Senadores, pero en la de Diputados encontró rechazo con el apoyo de la Corte Suprema. El proyecto fue combatido también por el Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Manuel Vicente Villarán, realizándose un prolífico debate periodístico entre estos dos juristas, terminando con el rechazo a la implantación del régi-

men de juzgamiento por jurado8. El Código procesal penal fue promulgado en 19209. Tuvo recepciones derivadas de los sistemas francés y español.

En 1928 se intentó una nueva codificación procesal en materia criminal, designándose un comité integrado por los juristas Angel Gustavo Cornejo y Plácido Jiménez, quienes eran entonces profesores de San Marcos. El proyecto modificatorio no fue acogido por el Congreso. Sólo el 25 de mayo de 1936 una comisión reformadora del Código de procedimientos en materia criminal originó el tercer código procesal peruano en materia penal por ley 902410.

En cuestión judicial, cuando apareció el primer número del MERCURIO PERUANO se encontraba vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Notariado. El primero de estos textos reemplazó al antiguo

Reglamento de Tribunales y Juzgados que había dictado el presidente Ramón Castilla en el siglo pasado11. Esta, entonces moderna ley de organización, estableció muchas innovaciones, como los procuradores generales con la facultad de extraer bajo su firma los autos judiciales para entregarlos al litigante cuando así lo autorizaba el Código procesal civil a los efectos de la expresión de agravios, y en la fundamentación del recurso de nulidad en la Corte Suprema 12.

En materia mercantil, en 1918 estaba vigente el Código de Comercio promulgado el 15 de febrero de 1902. Su texto provino de una adaptación del Código de Comercio de España por una comisión compuesta por Luis Felipe Villarán, Felipe de Osma y José Payan 13.

Revistió importancia la ley número 2763 de 27 de junio de 1918 sobre almacenes genera- les para el depósito y la conser-

8 Manuel Vicente Villarán. Páginas Escogidas. Lima, 1962. p. 253 y siguientes.

9 Código de procedimientos en materia criminal. Lima, 1920. Edición Oficia1.110 p. 10 Código de procedimientos penales. Ley 9024. Lima, 1939. Edición Oficial. 93 p. 11 Juan Oviedo. Colección de leyes, derechos, órdenes. 1821-1859. Lima, 1863. Vol. II, p. 282. 12 Ley N° 1510. Anuario de la legislación peruana de 1821. Vol. 6 p. 51-52. 13 Código de Comercio de la república del Perú Lima, 1902.

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vación de mercaderías y productos nacionales e importados, y la regulación jurídica de los warrants. El cuarto libro del Código de Comercio sobre quiebras fue modificado el 2 de agosto de 1932.

En cuestiones tributarias, el régimen impositivo peruano fluctuó entre la tributación directa y la indirecta. El órgano recolector de impuestos fue la Caja de Depósitos y Consignaciones entre mayo de 1904 y mayo de 1927. A partir de ese año, recibió la denominación de Compañía Recaudadora de Impuestos.

El impuesto a la renta se originó como impuesto personal; y su primera forma legislativa se encuentra en 1924 por una ley preparada por el llamado proyecto Rodriguez Dulanto. Un segundo proyecto de ley fiscal originó la ley 5574 del 11 de diciembre de 1926, que sirvió de bagaje para el importante texto propuesto por la comisión Kemmerer en 193114.

La ley 5574 estableció entre otros principios la tasa del 7% sobre las rentas de los predios rústicos y urbanos. Los sueldos, salarios, emolumentos, asignaciones o remuneraciones que excedían de Lp. 10,000 al año tenían una tasa de 5% sobre el exceso. Esta ley suscitó protestas entre los comerciantes e industriales, y por cierto, resulta tímida en su proyección a lo que la legislación posterior estableció en materia de impuestos.

Las municipalidades constituyeron una proyección del derecho castellano a la Indias y renacieron con nuevos moldes en América. En el siglo XX se empezó a poner restricciones a la elección libre de alcaldes y regidores. Esfe fue el ambiente municipal cuando apareció el MERCURIO PERUANO. Las leyes 4012 del 8 de diciembre de 1919 y la número 6327 del 9 de noviembre de 1928 dieron al Poder Ejecutivo facultades con carácter transitorio para designar a los

miembros de los municipios. La ley de municipalidades vigentes era la de 1892, promulgada por el presidente Remigio Morales Bermúdez.15

Se ha pretendido esbozar un breve resumen de la evolución jurídica peruana en un periodo inicial del MERCURIO PERUANO que coincide con el advenimiento, auge y posterior ocaso de Leguía. Este asume la presidencia del Perú por la violencia y en esta forma es despojado y enjuiciado. En su era empieza a extinguirse el influjo del romanticismo jurídico para que aparezca el estatismo, la igualdad civil, el laicismo, la progresividad del impuesto a la renta y la regeneración del delincuente. Estas tendencias tomarán variantes a partir de la crisis mundial de los años treinta cuando aparece el MERCURIO PERUANO. Jorge Basadre Ayulo Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Piura.

14 Project of an income law. Lima, 1931. p. 27. 15 Ley orgánica de municipalidades sancionada por la legislatura ordinaria de 1892. Lima, 1892. Edición oficial. p. 32.

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La Medicina y sus Retos Sociológico Demográfico en el Perú (1900-1993)

El Reto Sociológico Médico La historia de la medicina

nacional, desde fines de la década de los años cincuenta hasta inicios de los sesenta, se vio comprometida por una lucha de poderes entre los grupos médicos tradicionales y aquellos que cuestionaban esta hegemonía. Fueron determinantes de esta situación, la masificación estudiantil y la presencia en el poder del partido aprista durante el 2do gobierno de Manuel Prado (1956-1962), aunque las raíces de tal conflicto estuvieron dadas por la anticuada estructura social y política que determinaba la legitimidad del origen del poder por unos cuantos, desde los inicios de la época colonial; y de cuyos antecedentes también nos ocuparemos.

Pienso que muchos de los que fuimos testigos y partícipes de esa época turbulenta, no éramos concientes del fenómeno social que subyacía tales enfrentamientos. De allí la vehemencia con que se luchó en favor o en contra de determinados principios o instituciones, y que determinó odios y rencores que sólo el tiempo ha conseguido atenuar.

ENRIQUE CIPRIANI THORNE

Para lástima de la medicina nacional desde el punto de vista del desarrollo científico, la crisis del sistema que existía en el Perú hizo eclosión durante la llamada «época de oro» de la Facultad de Medicina de San Fernando (1), ya que ocurría bajo el liderazgo de Oswaldo Hercelles, Alberto Hurtado Abadía y Honorio Delgado.

Las decisiones sobre política de salud pública, y la elección del representante en esta área a nivel de Ministro de Estado, giraron alrededor de la Facultad de Medicina de San Fernando hasta la década de los años cincuenta del presente siglo; a pesar de haberse intentado una primera separación de poderes en la medicina, a mediados de siglo pasado, en que desapareció el tribunal del Protomedicato.

La protomedicatura fue establecida en el virreynato del Perú por Real Cédula de Felipe II, el 11 de enero de 1570; y su función primordial fue reprimir el ejercicio charlatanesco de la medicina y las prácticas del curanderismo (2,3,4). Dicha institución se mantuvo hasta 1848, siendo su último presidente Cayetano Heredia (1797 - 1861). La responsabili-

dad ética original, para el Presidente del Tribunal del Protomedicato, se amplió a funciones de tutelar la salud pública. En 1646, por Cédula de Felipe IV, el cargo recae en el profesor de la escuela médica que ocupa la cátedra de mayor jerarquía.

Las actuales funciones de Decano del Colegio Médico del Perú y de Ministro de Salud Pública recaían sobre el profesor que ocupara la Cátedra más notable en la Escuela de Medicina de San Fernando; y sobre su Decano en los casos de Hipólito Unánue y Cayetano Heredia (3).

Sólo durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres(3) se puso en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades trasmisibles y ejercicio profesional. Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administración descentralizada, y su reglamento el esbozo de un código sanitario.

El primer conflicto social importante de nuestro siglo, en

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la vida universitaria del Perú, y que sacudió asimismo las esferas de poder de la Facultad de San Fernando, fue el de la «reforma universitaria».

El movimiento estudiantil de «Reforma Universitaria» de 1919 tuvo como principio fundamental la lucha por erradicar a profesores universitarios que no cumplían con el requisito mínimo de saber enseñar, ni con el de mantenerse actualizados en el conocimiento de su disciplina; no fue una lucha politizada, y los dirigentes que la encauzaron gozaban de independencia partidaria, además de que en muchos casos eran alumnos notables. Tal el caso de Eleazar Guzmán Barrón y de Juan Francis-co Valega, ambos de la Facultad de Medicina; de Raúl Porras Barrenechea, de Jorge Basadre y tantos otros (5)

.

La participación de Víctor Raúl Haya de la Torre y de Luis Alberto Sánchez en el Movimiento de Reforma Universitaria en 1919 como líderes estudiantiles, y el cuestionamiento de la oligarquía cuasi aristocrática que gobernaba la Universidad, se constituyó en bandera significativa cuando se fun-dó el APRA como partido po-

lítico en la década siguiente; había sido iniciativa juvenil de sus líderes y fundadores.

La influencia estudiantil de aquel entonces llegó a concretarse al dar el Poder Ejecutivo el 15 de noviembre de 1919 el decreto que declaró vacante 19 cátedras de la Universidad de San Marcos, entre ellas ocho de la Facultad de Medicina (5); estableció las cátedras libres, la representación estudiantil, la suspensión de listas, e hizo suyo el derecho de tacha.

En 1921, San Marcos es recesada por alumnos y catedráticos que toman el local de la Universidad declarándose en rebeldía contra el gobierno de Leguía, luego de que turbas adictas al régimen asaltaron el claustro de San Marcos. Durante ese mismo año, el gobierno declara la reorganización de San Marcos; para luego de un año expedir un decreto que acabó con los planteamientos de la reforma. Figuras saltantes de aquellas lides, y que ocuparon los cargos de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario en 1920, fueron Carlos Enrique Paz Soldán, quien luego se convirtiera en notable historiador de la medicina nacional y ardoroso de-

fensor del desarrollo de la Salud Pública en el Perú, así como del principio de la Seguridad Social; y José Antonio Encinas, pedagogo, diputado al Congreso Nacional (1919-1923), Rector de San Marcos (1931-1932), Senador por Puno (1945-1948), exilado del Perú en dos oportunidades por sus ideas políticas (5,6).

En 1924 triunfan, como delegados estudiantiles, Honorio Delgado y Mariano Iberico Rodríguez, derrotando a la facción más extremista representada por Luis Alberto Sánchez y Oscar Herrera (5) «El último escrutinio reveló que en 1924 predominaba en un gran porcentaje de los alumnos, a pesar de todo, una actitud mucho más conservadora que la de 1919». «Aquí terminó, sin la menor resonancia, el tímido experimento inicial de semi-cogobierno...» (5).

El derrocamiento del Presidente Leguía y la llegada al poder de Sánchez Cerro, vuelven a fojas cero el tema de la reforma, y en 1932 San Marcos es recesada. El nuevo presidente hace la persecución de cuantos se le oponían y así van a la catacumba los ideales reformistas.

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En 1945 sale elegido, con el

respaldo del APRA, José Luis Bustamante y Rivero, y en 1946 se da la ley que implanta el cogobierno estudiantil del tercio en todos los organismos de gobierno de la Universidad. Luis Alberto Sánchez es entonces Rector de San Marcos, y Sergio Bernales, también del partido aprista, ocupa el cargo de Decano de San Fernando. La experiencia del cogobierno resultó nefasta (1), y la revolución del general Odría (Ministro de Gobierno de Bustamante) en 1950, volvió a regresar la causa del cogobierno al tiempo pretérito.

Hasta la década de los años sesenta los profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando tenían bajo su control la mayoría de servicios hospitalarios de Lima, que pertenecían a la Beneficencia Pública de Lima, hasta su traspaso al Ministerio de Salud, durante el gobierno dictatorial del general Velasco (1968-1975). Los mismos docentes gozaban del prestigio que les daba su conocimiento médico, lo cual les permitía usufructuar, en el ejercicio de la práctica privada, de ingresos económicos que los hacían convertirse en miembros de la llamada clase dominante.

La situación de hegemonía de los profesores de San Fernando continuó así hasta los años sesenta de este siglo, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública fue creado el 5 de octubre de 1935; la influencia de la cúpula médica que decidía los rumbos de la Facultad de Medicina aportaba la mayoría de ministros a cargo de la Cartera de Salud; y así figuraron: Fortunato Quesada en 1936, Constantino Carvallo en 1939, Oscar Trelles en 1945, Alberto Hurtado en 1947 y en 1948, Jorge de la Romaña en 1955 (3).

Durante el gobierno de Odría (1948-1956), se construyó el Hospital del Seguro Social del Empleado, ahora Hospital Rebagliati, una edificación enorme con capacidad de 1000 camas y equipado con lo mejor del momento.

El segundo conflicto social en la medicina nacional en este

siglo, y que estuvo basado en la presencia de las prerrogativas del grupo médico que giraba alrededor de la Facultad de Medicina de San Fernando, se dio con la implementación del Seguro Social del Empleado. En 1958 abrió sus puertas el Hospital del Seguro del Empleado en Lima, bajo el sistema de «Clínica Cerrada», es decir que sólo podían actuar, en él, los médicos que configuraban su plantel. De tal manera que se imposibilitaba la participación de todos los médicos de fama que ya tenían su responsabilidad hospitalaria.

La ley del Seguro del Empleado fue presentada en el poder legislativo por iniciativa del entonces diputado Roberto Ramírez del Villar, del Partido Demócrata Cristiano. Este hecho motivó la renuncia a dicho partido de los médicos funda-dores, todos ellos prominentes profesores de la Facultad de Medicina: Honorio Delgado,

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Alberto Hurtado, Jorge Voto Bernales y Enrique Cipriani Vargas. Es importante señalar que la Democracia Cristiana en el Perú aglutinó a muchos de los seguidores del expresidente don José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), y constituyó la principal alternativa de ideología política que pretendió enfrentarse al movimiento socialista-comunista peruano y a su faceta oriunda, el partido aprista.

La oposición al sistema de «Clínica Cerrada», con que se inició el funcionamiento del hospital en mención, generó un conflicto de intereses entre la entonces denominada oligarquía médica y algunos médicos que, teniendo algún poderío, no eran considerados parte importante del sistema, como

fueron Francisco Sánchez Moreno (Ministro de Salud Pública 1957-1959, durante el 2do gobierno de Manuel Prado) y Tomás Escajadillo.

La Federación Médica Peruana, bajo la presidencia de Vicente Ubilluz, declaró la huelga médica indefinida al abrirse el registro de inscripción en el Seguro Social para los médicos que quisieran trabajar en él. Para evitar que los médicos de poca capacidad económica rompieran la huelga en sus consultorios privados, se crearon bolsas de auxilio en dinero y en alimentos donados por los más pudientes, pero la magnitud del fenómeno social subyacente, descrito líneas arriba, terminó con las expectativas tradicionalistas de aquellos años.

El partido aprista fue proscrito, por el gobierno de Odría, y sus principales líderes fueron encarcelados, deportados o fugaron al exterior; de tal manera que, al llamarse a elecciones generales para 1956, no presentaron candidatura a la presidencia de la República, y respaldaron la de Manuel Prado, quien saliendo elegido, permitió al aprismo salir del ostracismo político en que se encontraba, y que sus líderes volvieran a figurar. Es así que Luis Alberto Sánchez, connotado líder del APRA, sale elegido Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y durante su segunda gestión ocurre el tercer conflicto social para la medicina peruana en este siglo.

En 1960 el poder legislativo da una nueva ley universitaria, la que introducía la participación del tercio estudiantil en el gobierno de las universidades, pero, a instancia de la Facultad de Medicina de San Fernando, introdujo el artículo 34, que confería excepción de esta participación estudiantil a las Facultades de Medicina «por la índole de sus estudios».

Dados los lineamientos ideológicos del APRA, no fue de extrañar que el rector Sán-

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chez hiciera interpretación parcializada del mandato legal, y no solamente se abstuvo de tomar medidas para restaurar el orden dentro de la Facultad de Medicina de San Fernando, sino que miró la situación planteada como favorable a sus intereses partidarios. Es así que entre 1960 y 1961 dicha Facultad se vio sacudida por huelgas y paralizaciones de sus estudiantes, llegando al extremo de insultar y maltratar físicamente a los miembros del Consejo de dicha Facultad, liderados por su decano el Dr. Honorio Delgado.

Los principales líderes estudiantiles de aquellas revueltas fueron los estudiantes Walter Griebenow Estrada, Max Hernández Camarero y Antonio Meza Cuadra, desde su cargo de secretarios generales del Centro de Estudiantes de Medicina. Ninguno era miembro activo del partido aprista, ni eran comunistas; pero fueron utilizados y aconsejados por aquellos que no podían tolerar la marginación de la que fueron objeto por parte de los médicos que también usufructuaban del poder en la Federación Médica Peruana, y que durante el conflicto del Seguro Social del Empleado llegaron al ex-

tremo de declararlos traidores de la medicina nacional.

Este tercer conflicto culmina con la renuncia masiva de los profesores de San Fernando, que crean la «Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia». Y en 1962 inician el dictado de clases en la Universidad de «Ciencias Médicas y Biológicas», que a la postre se ha convertido en «Cayetano Heredia».

El hecho de ser médico representó hasta la década del sesenta una suerte de garantía de bienestar económico, el número de graduados resultaba corto para nuestro crecimiento poblacional; y a pesar del surgimiento del Seguro Social del Empleado, que restringió la afluencia de pacientes al sector privado de la medicina desde su iniciación en 1958, los consultorios particulares y las pocas clínicas existentes en esa época daban una renta adecuada para llevar una vida con algunas comodidades superfluas.

A diferencia del litigio ocurrido con la creación del Seguro Social del Empleado para efectos de enfermedad y maternidad, cuando ya se vislumbrada la ley del puesto

únicos para los médicos; la puesta en función del Hospital del Seguro Social Obrero en 1941 ocurrió sin disturbio alguno, y su plantel médico estuvo conformado por muchos de los que contaban con el tácito aval de los directivos de la Facultad de Medicina o eran miembros de ella. Además, el estrato social de los pacientes obreros no tenía acceso a la medicina privada, por lo que no significó merma en los ingresos de los médicos en sus consultorios.

En los últimos treinta años, la profesión médica peruana se ha visto entre sujeto partícipe responsable y objeto moldeable, por causas ajenas a ella, de los fenómenos siguientes: emigración al extranjero; conflictos salariales con el Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de Seguridad Social; la aparición del seguro médico brindado por compañías de seguros privados; el aburgue-samiento selectivo de grandes grupos médicos que laboran exclusivamente en clínicas o instituciones privadas; y por último la perpetuación de los vicios del centralismo y de la inclinación masiva por la especialización.

La salida al extranjero en función de perfeccionamiento,

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fue una aspiración importante desde que se inicia la era científica de la medicina. Un ejemplo de la antigüedad del fenómeno lo dan los alumnos favorecidos de la recientemente fundada Facultad de Medicina a mediados del siglo XIX por Cayetano Heredia, nuestro último Protomédico y nuestro gran mecenas de la medicina nacional, cuando de su propio peculio los enviaba a especializarse a Europa

(23). En aquellas lejanas épocas, virtualmente todos regresaban al Perú a cumplir con su destino.

Es al final de la década de los años sesenta, y durante toda la década de los setenta y gran parte de la de los ochenta, que ocurre una emigración de médicos recién graduados hacia los Estados Unidos de Norteamérica en búsqueda de perfeccionamiento; pero que, dadas las extraordinarias condiciones

económicas del trabajo médico, resulta en una fuga definitiva de algo más del 80% de los que salieron.

El fenómeno es universal para esta fuga de talentos médicos; y la denominamos así puesto que solamente los exalumnos más capaces son los que pueden aprobar los difíciles exámenes de conocimientos que impone la sociedad médica norteamericana para aceptarlos en su seno. La emigración deviene principalmente de países subdesarrollados y alcanza las increíbles proporciones de 30, 925 médicos foráneos ejerciendo la medicina en el país del Norte en 1963; y esta cifra se convierte en 76,505 médicos en 1974; que representaban nada menos que el 25% de la fuerza laboral médica de los EE.UU.

Con respecto al problema peruano, en 1970 existían 618

médicos peruanos oficialmente registrados en EE.UU.; en 1972, 754 médicos y en 1974, 850 médicos (7). Felizmente, las cifras no han seguido su ruta ascendente sino una más bien decreciente, dado que el país del norte ha incentivado desde el gobierno central un incremento en las vacantes para estudiantes de medicina en sus propias universidades; y simultáneamente desde 1976 ha introducido, en la selección de médicos extranjeros para trabajar como estudiantes de postgrado, modificaciones que hacen mucho más difícil acceder a esto (7).

La magnitud de las cifras citadas líneas arriba cobra inusitada trascendencia, si consideramos que el Perú graduaba entre 219 y 462 médicos por año en la década de los sesenta; y entre 283 y 595 en la década de los setenta. Entre 1970 y 1974 se graduaron 1923 médicos en el Perú (8); en tanto que el incremento de la población médica peruana en EE.UU. para esos años fue de 232 (7); es decir, una fuga del 12% de nuestros graduados, en su gran mayoría los mejores alumnos.

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el fenómeno económico dado por la increíble bonanza del mercado médico norteamericano, en el cual un médico que está siguiendo estudios de post-grado recibe un salario anual que oscila entre los $20,000 y $26,000; mientras su correspondiente en el Perú percibe entre $3,600 y $4,800 al año. Y en la práctica médica luego del postgrado, en USA se gana entre $60,000 y $500,000 al año, o más en algunas especialidades, la inmensa mayoría de veces con un sólo empleo; en tanto que entre nosotros tales cifras resultan astronómicas, a pesar de que en el Perú un 35 % de los médicos desempeñan dos ó más funciones (sin considerar el ejercicio privado de la medicina, la que otorga su ingreso principal al 28% de los médicos peruanos) (8).

Nuestra sociedad sufrió desde 1969 hasta 1988 el embate de múltiples reclamaciones del sector asalariado de los médicos, tanto del Ministerio de Salud como del IPSS, en la forma de inhumanas huelgas, caracterizadas por la limitación de la atención a sólo las emergencias médicas; hasta aquella huelga de médicos del Ministerio de Salud liderada por el médico aprista César López Silva

(asesinado posteriormente en circunstancias que no permiten descifrar quienes lo hicieron); huelga en la que se hizo abandono de los hospitales, obligando al entonces Ministro de Salud, Dr. Uriel García Cáceres (28 julio 1980 - 2 marzo 1982), a entablar denuncia penal ante el Ministerio Público, la que, luego de cubileteos políticos durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde, quedó en nada.

Aquellas huelgas tenían como factor desencadenante el hecho de la pérdida progresiva del poder adquisitivo de la moneda, a consecuencia de la inflación que nos azotó; y al hecho concreto de que los médicos en un 20%, no tenían otro ingreso que el proveniente de su trabajo con el Estado (8); en tanto que el deterioro económico nacional mermaba importantemente los ingresos por actividad privada de la medicina, y los profesionales jóvenes que se incrementaban sustantivamente desde aquellos años no tenían capacidad para salir a una práctica privada independiente.

Así tenemos que mientras que en 1960 las facultades de medicina graduaron 219 médicos; contra 283 en 1970; en 1980

la cifra se triplica para llegar a 836; y en 1982 a 1841; cifra que se redujo en un 50% en años posteriores, al cambiar la ley universitaria la posibilidad de acceder a facultades a punta de partida del ingreso a estudios generales (8).

Este tremendo incremento en la oferta médica ocurría en paralelo con el surgimiento de las campañas de las compañías de seguro privadas. Estas se iniciaron en la venta de seguros para enfermedad y maternidad entre miembros de la clase social más pudiente, para en la década de los setenta irrumpir con contratos en muchas de las instituciones paraestatales durante la época del gobierno militar que encabezó Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y luego Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), lo que fue un contrasentido en su política de estatización y socialismo de Estado.

El paulatino aumento en el número de beneficiarios de pólizas de seguro para enfermedad y maternidad, ha llevado a la reducción progresiva de las tarifas de atención médica particular, lo que a su vez ha condicionado la masificación de la atención privada en clínicas

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privadas y policlínicos, con el consiguiente deterioro en la calidad del servicio prestado.

La mencionada masificación ha venido apareada con el fenómeno de sub-empleo de mano de obra médica, al contratar los grupos de poder médicos a profesionales recién graduados, a quienes por un porcentaje de lo facturado a las compañías de seguros se les pone a atender pacientes asegurados que acuden en masa al sistema creado; es decir, derivando en un sistema de «puntos y contrapuntos».

La situación actual en este rubro se complica aún más, pues los intermediarios (brokers) de seguros privados están propiciando el dumping, al negociar, con los grupos propietarios de centros de salud privados, escalas de tarifas por servicios médicos cada vez más bajas; con el único afán de lograr mayor rentabilidad tanto para las corporaciones de propietarios como de las compañías de seguros. Esto, la mayoría de las veces a espaldas, de lo que tengan que decir los obreros de esta actividad: los médicos sub-empleados involucrados en la atención de pacientes.

El Colegio Médico del Perú, entidad creada para salvaguardar el nivel ético de la profesión, no ha intervenido directa ni indirectamente en este fenómeno anómalo, con excepción de la administración del Decano Jorge Rodríguez Larraín, que casi al término de su gestión aprobó un tarifario mínimo para las gestiones y contratos para el trabajo médico independiente en noviembre de 1991. Hasta ahora se ha hecho caso omiso de él, y no ha sido renovado.

Los bajos salarios pagados por el Estado y por las Universidades, así como el desprestigio en que han caído muchas de las universidades y sus facultades de medicina, además de la sobre oferta de trabajo médico, han elevado el porcentaje de los que se dedican exclusivamente al ejercicio privado de la medicina del 3.6% en 1964 a más del 8% en 1988 (8). Los pacientes asegurados demandan la implementación de cobertura de servicio permanente, a cambio de una afluencia sostenida a una determinada clínica, policlínico o centro médico. Los médicos que así laboran tienen estudios de postgrado, en muchos casos desarrollados en el extranjero, y escogen, cada vez en mayor pro-

porción, quedarse en el anonimato académico de docencia o investigación.

El vicio del centralismo -que ha sido problema en el Perú desde la época colonial y, por cierto, no es prerrogativa exclusiva de la medicina- ha tendido a agravarse con el paso de los años. Así, en la actualidad el 66.3% de la fuerza laboral médica reside en Lima (8).

La tendencia a la especialización en medicina, es un fenómeno mundial, dado el avance científico; ella se logra a través de estudios de postgrado, que en el Perú tienen una duración de tres a cuatro años, durante los cuales la entidad donde realiza su aprendizaje el futuro especialista le paga un salario mensual. Más del 80% de médicos realiza este adiestramiento complementario y lo hace en subespecialidades que demandan una infraestructura tecnológica costosa. Esta es inexistente o deficitaria en la gran mayoría de hospitales del Ministerio de Salud; no así en algunos nosocomios del IPSS y de las sanidades de las fuerzas armadas. Esto conlleva una pobre utilización de las destrezas aprendidas, con la consiguiente frustración. Se ha dicho que el defecto se origina en el

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énfasis que ponen en sus curricula las facultades de medicina para enseñar en detalle conceptos y problemas que no son del uso común, menos en un país subdesarrollado; y se ha querido definir un modelo de «médico que el Perú necesita»; como si la medicina no fuera una ciencia universal. No debe ni puede identificarse el rol del médico con el de promotor de salud de una comunidad (términos utilizados dentro de la estrategia de atención primaria de salud).

Teniendo en cuenta que la subespecialización en áreas restringidas del conocimiento, conlleva el deseo de laborar en grandes centros urbanos. La forma de revertir esa tendencia es auspiciando la docencia de post-grado en la llamada Medicina Integral, la conocida como medicina de práctica en la familia («Family Practice» en países de habla inglesa). Dichos especialistas salen preparados en atendercasi todas las especiali-dades médicas, pero con una

limitación en su capacidad para resolver los problemas más complejos en cada una de ellas, lo que les obliga a derivar esos casos de pacientes al subespecialista correspondiente. Incluso realizan intervenciones quirúrgicas sencillas, como apendicectomías y cierre de hernias; por no mencionar la atención de partos y cesáreas.

Tales especialistas tendrían su lugar de acción en centros de salud y postas médicas dependientes del Ministerio de Salud y del IPSS en toda la República; sin considerar la importante demanda que tendrían en la práctica privada en cualquier lugar de nuestro territorio.

El auspicio para incrementar ese tipo de especialista tiene que venir incentivado por políticas institucionales gubernamentales, y las facultades de medicina se amoldarán a la demanda que se les plantea. Después de todo, son el Ministerio de Salud y el IPSS las entidades que sostienen a la gran mayoría de los que siguen estudios de postgrado en medicina.

El Reto Demográfico

La población del Perú ha crecido de 7'200,000 habitan-

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tes, según el censo de 1940 a una estimada en 22'453,000 habitantes en 1992 (9), es decir se ha triplicado. En tanto que la población médica del año 1940 era de 1138 (10), es decir 1 médico por cada 6300 habitantes; en 1992, el estimado de médicos es de 22,750; es decir de 1 médico por cada 980 habitantes; y el número de médicos ha crecido por un múltiplo de 20 en estos 50 años.

Estos datos harían pensar que hemos llegado a conseguir el ideal de cobertura médica; pero al contrastarlos con la distribución de esa fuerza laboral en las diferentes regiones del Perú, nos damos con que en 1944 (10) la proporción de habitantes por 1 médico era de 1014 en Lima; contrastando con cifras de 40,030 para Apurímac; 88,519 para Huancavelica; 10,667 para Loreto; 26,473 para Tumbes; es decir una catástrofe.

En 1957, según estudio realizado por Alberto Hurtado y Octavio Mongrut, citados por Lip, Lazo y Brito (8), la situación central no era diferente, con el agravante de que ya se iniciaba la presencia de una oferta médica elevada en la ciudad de Lima: 1 médico por

cada 464 habitantes; en tanto que en Apurímac fue de 32450 habitantes por médico; en Huancavelica 33,478; en Loreto 3024; en Tumbes 1324; en Tacna 2266. La notoria mejoría en los departamentos fronterizos de la costa y en Loreto probablemente está en relación con el desarrollo del comercio y su bonanza consecutiva.

En la encuesta sobre trabajo médico en el Perú realizada en 1988 por Lip, Lazo y Brito (8), se halló que el 66.4% de los médicos laboraban en Lima, exactamente igual a las cifras derivadas de la distribución de médicos en 1944 (10).

El tiempo no ha pasado sobre la pobre capacidad que demostramos en poder fomentar el progreso de nuestras provincias, generando por esa desatención, la mortífera migración hacia la capital de la república, que se siente inerme ante la presión social que se le impone, al convertir en reto casi imposible de satisfacer, el plantearle un desarrollo armónico.

Desde el ángulo de las facultades de medicina (a fines de la década de los cincuenta sólo existía la de San Fernando), que son doce en la actualidad

(San Fernando, Villarreal, Cayetano Heredia, Pedro Ruiz Gallo, Nacional de Piura, Nacional de Trujillo, Antonio Abad, San Martín de Porres, San Agustín, San Luis Gonzaga, del Altiplano, de la Amazonia), el número de estudiantes que aceptan para estudiar medicina lo establecen sin consulta previa entre ellas, sin patrón que guarde alguna relación con su medio ambiente. Se llega al colmo de casi doblar el número de matrículas para balancear presupuestos, como si el futuro de los médicos fuera carne de cañón.

La tendencia de nuestro crecimiento poblacional es descendente. En los últimos 15 años la fecundidad descendió 34%, para llevar a un estimado de 3.5 hijos/mujer contra 53 a mediados de los años setenta (9); con obvias diferencias entre áreas rurales y centros urbanos. El crecimiento poblacional anual es del 2%.

El hecho de mantener el número de graduados de medicina en nuestras universidades en 1200 por año, significa una tasa de crecimiento anual de 5%, es decir que en 10 años, contra un crecimiento poblacional de 20%, tendremos un incremento en la oferta

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de médicos del 50%; y en cifras absolutas 27’000,000 de habitantes y 34,000 médicos, lo que arroja la relación global de 1 médico por cada 794 habitantes. Si en la actualidad no existe trabajo para los médicos en la capital; ¿qué va a ser de nuestra profesión, de persistir las tendencias señaladas para los últimos cincuenta años con respecto al centralismo? ¿Cuántos médicos tendrán que migrar? ¿Hasta dónde caerá el nivel profesional médico, si en la actualidad el IPSS se atreve a ofrecer $1.50 (un dólar cincuenta) por consulta? ¿Cómo será el trato a los recién graduados por parte de empresas, muchas manejadas por médicos, para estos galenos? La Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), el Colegio Médico del Perú y el Ministerio de Salud tienen la palabra. Enrique Cipriani Thorne Médico Cirujano. Post grado en Medicina Interna en Union Memorial Hospital y en Endocrinología en John Hopkins Hospital, Baltimore, USA. Profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia.

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BIBLIOGRAFÍA

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8. «El trabajo médico en el Perú». César Lip, Oswaldo Lazo, Pedro Brito.

Publicación de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima-Perú, 1990.

9. «República del Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1991/1992».

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima-Perú. Setiembre, 1992. PN «Rumbos de Política Sanitaria». Carlos Enrique Paz Soldán. Ediciones de «La

Reforma Médica». Lima, 1945.

La Minería Peruana (1918-1993)

MARIO SAMAMÉ BOGGIO

En el mes de julio se cumplieron 75 años de la Fundación del MERCURIO PERUANO por un grupo de intelectuales presididos por don Víctor Andrés Belaunde en un cenáculo al que llamaban PROTERVIA. Este período comprende, pues, de 1918 a la fecha, y en el mismo está incluido el 3er. Período de la República hasta hoy.

Uno de los hechos principales en este lapso es la iniciación de la Concentración de Minerales por flotación. En 1918 se completa la compra de acciones de la Backus y Johnston por la Cerro de Pasco Corporation, al año siguiente (1919) la Cerro de Pasco Cooper Corporation adquirió las minas de Aguas Calientes de don Ricardo Bentin; en este mismo año 1919 se inició la construcción de la fundición de La Oroya; la American Vanadium Company se transfiere a la Vanadium Corporation of America que instala hornos eléctricos en Bridgeville P.A.

Fue la primera Guerra Mundial, que se desencadena entre julio y agosto de 1914, el factor que tiene una gravitación en el desarrollo de nuestra minería. Claro que al comienzo

la tensión europea significa la contracción del crédito y la disminución del comercio inter-nacional, pero posteriormente, al hacerse evidente la necesidad de armamento, se va a dar un repunte en precios y producción. Los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos fijaron topes de cotizaciones, pero, con todo, las necesidades bélicas determinaron que la producción minera aumentara.

También el funcionamiento del Canal de Panamá fue un factor favorable, aunque de otro lado significó también una desventaja por los costos mayores. Había que pagar naturalmente el derecho de peaje, y eso aumentaba el precio, que desde luego tenía repercusión entre los exportadores. Igualmente, había también inseguridad en los embarques, que originaban meses de espera en los muelles; y esto significó que las empresas exportadoras tuvieran que pagar almacenaje y ocasionó otros gastos, pero de toda suerte estos son pequeños aspectos que no tienen un eco tan grave frente al despegue de la minería de entonces.

Con motivo de este conflicto mundial, hacia 1916 la Cerro de Pasco emprende un

estudio para la instalación de una nueva fundición de mucha mayor capacidad que la de Tinyahuarco, puesto que aquella resultaba sumamente pequeña y sus métodos no modernos. La planta que se proyectaba estaría ubicada en La Oroya, punto equidistante entre Cerro de Pasco, Morococha y Casapalca. La construcción se inicia en 1919; y el 22 de noviembre de 1922, ya terminada, sale el primer lingote de la fundición de La Oroya, hecho relievante para la metalurgia peruana. También debemos destacar que en 1919 se efectúa la concentración de minerales por flotación, que se aplica primero a los minerales de cobre, luego al plomo, al zinc y a la plata. Esto viene a constituir realmente una innovación técnica de notable valor.

La Fundación de La Oroya, que aporta un notable valor tecnológico al tratamiento de los metales, tiene sin embargo un aspecto negativo: altera la ecología, de la zona andina, puesto que contamina la vegetación y causa estragos en el ganado ovino y lanar hasta 60 km. de distancia. Esto se debía al anhídrido sulfuroso y al arsénico y a los compuestos de plomo que arrojaba al ambiente la planta. Por supuesto, esto

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trae notable preocupación al Gobierno. Es el científico peruano José Julián Bravo, Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas, quien realiza el estudio y en su informe recomienda la instalación de los aparatos denominados «Cottrell» que van a neutralizar tales humos tóxicos.

Hasta los años de 1929-1936 la minería peruana había crecido más o menos sostenidamente, sobre todo en el rubro del cobre. En este aspecto, no es tan sólo la empresa de la Cerro la que tiene influencia, sino otras en el norte, en el centro y en el sur del país. Pero fue por los años anteriores a la segunda guerra mundial, en 1924, que se empieza a exportar zinc, nuevo rubro, que alcanza en 1926 la cantidad de hasta 15,000 toneladas.

Es por esta época que se fundan también la Dirección de Minas y Petróleo en el Ministerio de Fomento en 1922, y la Sociedad Geológica del Perú en 1924. Seguidamente hay una caída en las cotizaciones y en el volumen de compras durante los años de la crisis mundial, principalmente entre 1929 y 1932, que ya hemos señalado. En realidad el Perú se vio afec-

tado por este colapso, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que tuvieron que suspender sus trabajos creando un enorme problema social, el de la desocupación. Grandes cantidades de obreros y empleados fueron despedidos, lo que significó una serie de conflictos que el gobierno tuvo que encarar.

Es en 1930, frente a aquella gravísima situación, que la Junta de Gobierno, presidida por el Comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, emitió sucesivos decretos leyes con el propósito de canalizar y promover la actividad minera. Sin embargo, esa crisis comenzó a ceder en 1933. Aquí nuevamente hay un aumento de demanda, un mejoramiento de cotizaciones.

Se llega así a 1939 cuando precisamente se desencadena la segunda guerra mundial. Para los países productores de materias primas, el conflicto bélico resulta, como el anterior, negativos en ciertos aspectos, al comienzo; hay restricciones de fletes, retención de embarques, dificultades de abasteci-miento de insumos, maquinarias, equipos, repuestos, etc; y no hay una expansión manufacturera; y sobre todo se cierran los mer-

cados de los países involucrados en el conflicto.

Hay una diferenciación entre los efectos positivos del primer conflicto bélico con el segundo. Las grandes potencias, quizás experimentadas frente a la anterior conflagación mundial, empiezan a regular las cotizaciones de los productos primarios, sobre todo los metales esenciales para la fabricación de armamentos. Prácticamente Estados Unidos y Gran Bretaña manejan los precios. Sólo hay variaciones muy leves, y por consiguiente los beneficios económicos para el país fueron sumamente relativos, a diferencia de la primera Guerra mundial.

Empero, pese a tal situación, la minería del Perú no decreció significativamente. Se hacen estudios de explotación de los yacimientos de Marcona, creándose en 1942 la Corporación Peruana del Santa a fin de construir la Hidroeléctrica, la Planta Siderúrgica de Chimbote y una carretera de 51 km. en Ica, que llegaba hasta la planicie de Marcona y la Bahía de San Juan.

También se dan otros hechos importantes dentro de la

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producción minera de entonces. El 24 de julio de 1940 se crea el Banco Minero del Perú, que inicia sus operaciones dos años después; en 1940 se reorganiza la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo; en 1943 se crea el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y en 1944 el Instituto Geológico del Perú. Es interesante anotar que el Perú entonces había retomado al patrón de oro, estabilizando el sol en 28 centavos de dólar y logrando en 1940 soles 6.17 por dólar.

Cuando termina la Guerra Mundial en 1945, la minería se vio nuevamente favorecida por una alza de precios de los metales, no obstante que Estados Unidos y Gran Bretaña trataban, como siempre, de controlarlos. Pero frente a esta situación, sin embargo, hay una contrapartida negativa; los gobiernos de entonces aumentan los impuestos, crean una profusión de disposiciones administrativas que tergiversan el código de 1950 y más bien producen cierta contracción en la minería. La producción del oro baja dramáticamente; el cobre decae; el plomo se mantiene entre 1949 y 1950, el zinc también se incrementa durante la

guerra, alcanzando la más alta cifra de explotación entre los metales; el antimonio se redujo en un 50%; y la producción de estaño, cadmio e indio en pequeñas cantidades durante la guerra, no son notablemente significativas. En cuanto a la producción del carbón y otros productos, no se alteran tam-poco en gran escala.

Hemos ya podido advertir que, al finalizar la primera mitad del siglo, la industria minera, con altibajos, tiene una declinación en la baja de su producción y exportación, salvo en el plomo y el zinc, que mantuvieron los precios pero sin que la producción fuera tan alta. La industria minera se ve nuevamente doblegada bajo una legislación confusa e incierta, injusta a veces, que aumenta los riesgos y desalienta las espectativas de los mineros nacionales. Las estadísticas mientras de entonces, correspondientes a 1949, muestran una crisis honda a la que se había llegado con naturales daños para la economía y el desarrollo del país. Esto se prolonga hasta los primeros meses de 1950; y es sólo a partir de su segundo semestre cuando hay una reactivación, debido a la

mejor aplicación del Código de Minería que se va a promulgar ese año.

El Código de minería en 1950 es un instrumento decisivo en la recuperación de la minería nacional. La Comisión que elabora este instrumento jurídico fue creada por Resolución Suprema del 22 de agosto de 1949. La preside quien esto escribe en su carácter de Jefe del Departamento de Minas de la Escuela Nacional de Ingeniería y Vocal del Consejo Superior de Minería y Petróleo; la integran además los Doctores Daniel Chavarri y José Rocha Fernandini. Dicha comisión es instalada por el Ministro de Fomento y Obras Públicas el 6 de setiembre de 1949.

Después de 5 meses de intensa labor, quedó redactado el anteproyecto del Código de Minería, que fue presentado al Ministro de Fomento con fecha 21 de enero de 1950. Dicho proyecto fue publicado y recibió el beneplácito, tanto de las instituciones y personas vinculadas a esta actividad, como del público en general. Fue promulgado el 12 de mayo de 1950 por Decreto Ley Nº 11377, estableciéndose que entraría en vigencia el 1º de junio de dicho año.

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A fin de que pudiera

pragmatizarse el verdadero espíritu del Código, el Presidente de la Comisión que lo redactara fue invitado por el Gobierno para que asumiera la Dirección de Minería del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, lo que así ocurrió. Hemos dicho que el referido Código significó renovación absoluta de la realidad minera en el país. Se imprimió un dinamismo que hasta entonces no se había conocido. Las actividades se reanimaron a tal punto que los renglones de producción subieron casi mágicamente. En un lapso aproximado de dos décadas sola-mente, la minería alcanzó gran dimensión, colocando a nuestro país en situación destacada dentro de la producción mundial.

Este instrumento jurídico, como factor de impulso de la actividad minera, fue reconocido entre otros por Jorge Basadre, quien anotó que dicho Código fue decisivo instrumento creador de favorables condiciones para el desarrollo de esta industria y para la inversión de grandes capitales.

No estaba lejos de la verdad el destacado historiador. El incremento en sólo los primeros meses de denuncios mineros,

como también la explotación de los yacimientos de hierro de Marcona en 1953 y los de cobre en 1959, son muestras de ello. Así, el «PERÚ MINERO DE 1974» señala que, durante las dos décadas comprendidas entre 1950 y 1969, la minería se desarrolla vertiginosamente. La producción de bismuto, tungsteno, plata y plomo aumentó en más de 100%; el cemento, los materiales de construcción y el zinc aumentaron en más de 200%; la baritina, el cobre, y el mercurio aumentaron en 500 %; el cadmio y el molibdeno en más de 1,000%; el hierro, el selenio y el telurio, que no se producía en el Perú antes de 1950, comenzaron a explotarse. La pequeña y mediana minería tomaron fuerzas y práctica-

mente duplicaron su producción. Esto era indudablemente producto de esta sana política de impulso que el Código comentado dio a la minería.

El referido Código establecía, a través de su artículo 56, normas que permitieron estimular la conducción de nuevas plantas de fuerza motriz y la instalación de centrales de beneficio de minerales, elementos fundamentales que valorizan el yacimiento y permiten hacerlo económicamente rentable. El Código facultaba la creación de vías de comunicación; es decir, hacía conjugar los factores fundamentales para la extracción de nuestras riquezas, que son el camino, la planta de fuerza y la central de beneficio

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(concentradora, fundición, refinería, ingenio, etc.). El señalado artículo 56 establecía que el Poder Ejecutivo y los concesionarios mineros podían celebrar contratos para la instalación de plantas de fuerza y central de beneficio para plazos fijos, en los cuales el monto del impuesto a las utilidades quedaba garantizado en un mínimo de 10% y un máximo de 20%.

Hemos dicho cómo en pocos meses se efectuaron contratos de inversión tales como los de Cerro de Pasco, empresa norteamericana, que estudió y realizó la instalación de la refinería de zinc en La Oroya para la explotación del beneficio de los minerales marmatíticos de Cerro de Pasco; la inversión de la American Smelting, por intermedio de la Northern Perú Mining and Smelting Co., amplió e intensificó sus exploraciones, y plantas de beneficio en varias partes del país; la Cía de Mauricio Hochschild que creó la Cía. Minera de Marcona, financiada por la Utah Construction y la Cyprus Mines para explotar el yacimiento ferrífero de Marcona; la Consolitated Guayna Mines Ltda., subsidiaria de la Ventures, asume el control de la Chavín Mi- nes Corporation, a fin de explotar,

cobre, plata, plomo, y zinc; la India Nicaragua y la Republic Steel inician exploraciones en diferentes regiones del país, así como muchos grupos de empresas nacionales.

También se incluye en este Código el establecimiento de un registro para las concesiones mineras. Eso permite legislar sobre el régimen de inscripción y validez de los títulos que se ajusta a las peculiaridades propias de la actividad y a las eventualidades de caducidad por incumplimiento de obligaciones.

Juntamente con la fijación de normas jurídicas para el desenvolvimiento de las actividades mineras, se adoptan otros mecanismos administrativos que permiten asegurar la eficiencia de la nueva estructura administrativa, clave para el desarrollo sistematizado y progresista de todo esfuerzo de producción. Es así como se crea el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero el 1º de marzo de 1950. En ese Instituto se centralizan las tareas de orientación y asistencia técnica, que desarrollaban el Cuerpo de Ingenieros de Minas, el Instituto Geológico y el Banco Minero del Perú.

Si miramos la estadística en 1980, es seguro que advirtamos los efectos renovadores que tiene la política del año 1950. Esta expresión se da en las cifras de entonces. Con excepción solamente del antimonio, que acusa declinación para después recuperarse, y del oro que siempre está a merced de la política monetaria de los grandes países, el campo de los minerales metálicos logra un notable nivel. Así tenemos que la estadística de la producción de cobre pasó de 30,257 toneladas en 1950, a 212,537 en 1968; en 1953 la producción de hierro pasó de 1'749,749 toneladas a 9'014,994 en 1968; la producción de plata pasó de 15'000,000 de onzas en 1950 a 32'987,000 en 1968; y en 1950 la producción de zinc pasó de 87,879 a 291,404 en 1968.

El 3 de octubre de 1968 asciende al poder el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, el que imprime una nueva política minera al Perú. Política, minera fundamentalmente de orden nacionalista y que otorga una nueva orientación al aspecto de la minería nacional. Hay el empeño de implementar en el sector minero una política nacional con mayor autonomía en las decisio-

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nes creándose el Ministerio de Energía y Minas el 03 de diciembre de 1968. Por Decreto Ley del 09 de enero de 1969 se establecen normas importantes en este campo. Así, por ejemplo, los concesionarios mineros deberán presentar declaraciones juradas de sus reservas mineras, para los efectos de la fijación de la mínima producción anual obligatoria, o, según sea el caso, de la exoneración del pago del sobre canon progresivo o de la inversión anual mínima, en aplicación del artículo Nº 51 del Código de Minería de 1950, modificado por la dación de dos leyes.

Toda la legislación vigente se ve sometida a un proceso de revisión. El 21 de marzo de 1969 se promulga la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, que establece la nueva estructura ministerial y señala los organismos públicos descentralizados. También se crea el Fondo de Inversión Minera, que tiene como objetivo promover la Industria Minera Nacional, en especial la pequeña minería y la participación del Estado en la actividad empresarial. Igualmente se dicta el Decreto Ley 18225 del 14 de abril de 1970 que promulga la Ley Normativa

de la Industria Minera, la que modifica sustancialmente el ordenamiento legal del sector, dando participación directa al Estado en calidad de empresario en las fases principales de la industria manufacturera. También esta norma prescribe la obligatoriedad de poner en explotación los yacimientos en el más corto plazo posible, impulsa la formación de sociedades mixtas con participación de capitales nacionales y señala la intervención del Estado en la comercialización y refinación de los productos mineros.

La Ley General de Minería, dictada por Decreto Ley Nº 18880 del 8 de junio de 1971, es el instrumento más significativo dentro del proceso revolucionario peruano. La Ley establece que los yacimientos minerales son bienes de propiedad del Estado, comprendiendo todo lo que se encuentra en el suelo y el subsuelo del territorio nacional, así como a los existentes en el mar, en el zócalo continental, los fondos marinos y sus respectivos subsuelos, hasta la distancia de 200 millas marinas de la costa; con excepción de hidrocarburos, guano y agua minero medicinales.

La Ley establece la actividad minera en dos grandes campos: la industria privada y las empresas estatales cuyas normas dicta en forma detallada. Establece igualmente sanciones, como la caducidad otorgada por razones de incumplimiento en cuanto a la inversión anual obligatoria y por no solicitar oportunamente la prórroga del plazo de exploración o la conversión de la concesión de exploración o explotación.

Por Decreto del año 1973 se declara de necesidad la expropiación de la Cerro de Pasco Corporation que operaba en los Departamentos de Junín, Pasco y Huancavelica, y nace entonces la Empresa Estatal Centromin Perú; además se crea la Empresa Estatal Hierro Perú dedicada a la extracción de este mineral. También ese año se crea el Instituto Científico y Tecnológico Minero, INCITEMI, con el fin de coordinar, fomentar, orientar y ejecutar investigaciones y trabajos científicos aplicados a la actividad de la industria minera.

Pero la experiencia de 1977 y 1978 hace que se intro- duzcan constantes cambios en el

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planteamiento general, incorporando mejores criterios que abrieron ya perspectivas para el incremento de la industria de la producción, alentando la pequeña y mediana minería. El balance de los últimos años de este gobierno registra aumentos que demuestran la enorme vitalidad de la minería y las proyecciones que ofreció.

En el período de cambio entre 1969 y 1978, la metalurgia se caracteriza por la programación y ejecución de mayor magnitud, tanto en el campo de la fundición como en el campo de la refinación. En 1975 entra en funcionamiento la Refinería Electrolítica de Cobre de Ilo. Se establecen acuerdos para una Refinería de Zinc de Cajamarquilla. Se pone en marcha el proyecto cuprífero de Cuajone por la Southern Perú Cooper Corporation; se instaló la concentradora de Botiflaca. Más de 100 plantas de Beneficio de concentración, refinación, cianuración, lixiviación y reducción de mercurio, mantienen su actividad. Igualmente, el Instituto Científico y Tecnológico Minero efectúa programas de investigación y desarrollo.

En el curso del proceso que se inicia en 1968, las estadísti-

cas revelan un evidente surgimiento de la minería. En 1968 la participación de la minería en las exportaciones fue del 51%, y ellas se incrementaron a más de 54% en 1969. Este porcentaje bajó levemente en 1970 al 48%, para recuperarse y llegar al 56%. En 1977 la exportación se mantuvo en 52%. En 1968 la producción de cobre de 21,537 toneladas métricas pasó en 1977 a 220,269 toneladas; el hierro, que en el año de 1968 había superado los 9'000,000 de toneladas, pasó en 1973 y 1974 más de 10 millones, para bajar en 1976 a 3'190,000 toneladas; la producción de la plata, que alcanzó en 1968 a 1,026 toneladas llega en 1976 a 1,117 toneladas; el oro, que llegó en 1969 a 4,094 kilogramos, bajó a 3,120 kilogramos en 1976; y el zinc, cuya producción se señala en 1968 en la cifra de 291,404 toneladas, pasó en 1976 a 382,000 toneladas.

El Perú, como se sabe, es uno de los países que tiene una gran reserva minera. Hay estimaciones realizadas que aseguran, al ritmo actual de explotación, periodos de producción de la siguiente magnitud: 100 años para el cobre, 80 años para el hierro, 40 años para el cobre, el zinc y la plata. Aún en el caso

de que estas actividades se intensifiquen, esas previsiones son susceptibles de ampliarse, conforme a los resultados de prospección que se han formulado.

Como resumen, es básico señalar que en el período de 1969 a 1978 existe el afán de encontrar fórmulas que conduzcan al creciente nivel en la gestión minera nacional, desplazando en algunos casos la presencia del inversionista exterior. Estos propósitos se logran en muchos aspectos. Sigue teniendo considerable gravitación la participación extranjera en la industria del cobre, fenómeno que también se presenta en el campo del petróleo, aún cuando en este último fuera expropiado desde 1968 el complejo de Talara, a cargo de la Internacional Petroleum Company. Otro fenómeno es la falta de estabilidad en las normas, generando incertidumbres que ya se han señalado.

También son de notar otros aspectos, como el de la vivienda en los centros mineros del Perú. La minería, bien sabemos, no obstante ser fuente de riqueza privada y pública, fue descuidada en algunos flancos como en los referentes a la vivien-

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da. Claro que el problema de la vivienda no es privativo de este sector sino de todos en general. Los altos costos que demandan en este rubro las construcciones hacen de veras difícil a un Gobierno o a una empresa encarar el problema con resultados positivos. He aquí que nuestros asentamientos hayan sido clamorosos ejemplos de un abandono en el renglón de la vivienda. Desde que los españoles explotaron ávidamente nuestras minas, esa avidez no tuvo parangón con ninguna preocupación humana referente a las condiciones de vida de esos hombres que explotaban dichas minas.

Tugurios rurales, viejas chozas indígenas, fueron características urbanísticas que enmarcaron la mina peruana. Siglos más tarde, la explotación de los asentamientos mineros estuvo enmarcada por el «Campamento», donde moraron los mineros en casi tan precarias condiciones como las de la colonia. Sólo con muy escasas excepciones, algunos yacimientos fueron favorecidos, en el mejor de los casos, con casas de alguna mejorada estructura, pero siempre de carácter provisional. Aún los yacimientos ricos en petróleo de

la Costa Norte del Perú, como en el caso de Talara, la ciudad de los trabajadores se componía de canchones de madera, donde el tiempo, la salubridad y el desaseo plagaban de chinches los intersticios de las tablas, a pesar de las ingentes riquezas obtenidas. No hubo programa de viviendas sólidas y dignas del esforzado trabajador peruano.

Sin embargo, la legislación peruana prestó mucha atención al problema de la vivienda para los mineros. Específicamente, la Ley General de Minería del Gobierno Revolucionario establecía que los empleadores mineros debían proporcionar a sus trabajadores que laborasen en zonas alejadas de los centros poblados, adecuadas viviendas, escuelas, lugares de recreación y asistencia social. También asistencia médica hospitalaria gratuita, en el caso de que estas prestaciones no fueran cubiertas por las entidades del Seguro Social del Perú.

Por su parte, el Artículo 3 del Reglamento de esta Ley minera señalaba que la construcción de viviendas y facilidades adicionales para los trabajadores dependientes legales, tendrá un nivel razonable de

higiene y comodidad considerando las condiciones topográficas y del clima. Las viviendas de los trabajadores deberán reunir las condiciones adecuadas de ventilación, alumbrado, protección contra el frío, la lluvia, la proliferación de insectos. Dicho reglamento explica el modo de tramitar ante la autoridad respectiva los planes de construcción de las viviendas y las facilidades del crédito, de proximidad, escuelas, mercados, servicios asistenciales, atención a solteros y casados, a esposas e hijos. El reglamento considera igualmente la previsión de instalaciones de bienestar tales como hospitales, correos, escuelas, mercados, cines, clubes, campos deportivos, edificios administra-tivos y hasta zona industrial.

Dentro de este contexto legal lo más significativo es el complejo minero o la gran ciudad minera de Santiago de Cochascasa, que, para encarar el problema de la vivienda en el Perú, estableció la Cía. de Minas Buenaventura, empresa que opera dos minas en el Departamento de Huancavelica, una en Arequipa y una en Lima. Esta ciudad fue edificada debido a la gestión del Ingeniero Alberto Benavides de la

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Quintara, Director de la menciona-da Cía. de Minas. Sobre el mencionado proyecto, el Ing. Benavides dijo lo siguiente: «Una preocupación continua desde mis años mozos ha sido la de darle solución al problema de la vivienda, del minero de nuestro medio. Cuando era Presidente de la antigua Cerro de Pasco Corporation, esta preocupación se acentuó y fue ahí donde solicité el asesoramiento del arquitecto y amigo Luis Ortíz de Zevallos con el que intercambié ideas sobre la posibilidad de construir una ciudad satélite no lejos de la Oroya, al borde de la carretera central y con dirección a Lima, que pudieron absorber el déficit habitacional del campamento, sa-

cando a la población de un inadecuado medio ambiente; pensaba que tampoco era conveniente que los centros habitacionales estuviesen bajo la influencia directa de una Empresa».

Era una idea nueva que revolucionaba todo el planeamiento urbanístico minero. Así surgió la proyección de la ciudad de San Martín, en Pachachaca, ejecutándose sólo el anteproyecto. Aún cuando no pudo llevarse a la práctica, el proyecto significó un paso adelante. La ciudad minera de Santiago de Cocha Ccasa realizada por la Cía. de Minas Buenaventu-ra, fue realmente un ejemplo de

solución al problema habitacional y la convirtió en una inversión con futuro, reemplazando los campamentos unidos simbióticamente a las empresas y que entran en decadencia cuando ésta abandona sus operaciones. Santiago de Cocha Ccasa se fundó el 25 de Julio de 1974, a fin de satisfacer las necesidades de vivienda de los centros mineros de Julcani, Herminia y Hermosa. El proyecto fue hecho en equipo y encargado al arquitecto Luis Ortiz de Zevallos, quien consultó y discutió con Alberto y Jorge Benavides de la Quintana, los Ingenieros Hoover, Llave, Luis del Carpio y otros profesionales de la mencionada compañía.

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La ciudad comprende cuatro barrios con sus respectivos núcleos urbanos de servicio, hallándose en el centro el núcleo urbano principal. Este lo conforman dos conjuntos de plazas, que son la Plaza de Armas y la del mercado. En dicho núcleo se hallan los esenciales servicios de la moderna ciudad, como la Iglesia, el Municipio, un Hotel de Primera y otro de Segunda, el Cine, el mercado, tiendas locales para los sindicatos y servicios sociales.

Como epílogo a esta apretada síntesis de los años 1918-1993 haremos algunas consideraciones sobre los siguientes tópicos:

1.- Crisis Minera 2.- Futuro inmediato de la minería

3.- Futuro a largo plazo

La crisis minera es peculiar a toda actividad económica cíclica como la minería. A períodos de bonanza suceden períodos de depresión y así sucesivamente. No es ésta la primera crisis minera que pasamos, ni será la última. En el caso de la minería las causas son externas e internas. Como causas externas tenemos como fundamen-

tales el precio de los metales, el descubrimiento de nuevos ya-cimientos, la aparición de sustitutos y nuevos usos y costumbres. Como causas internas tenemos los conflictos laborales, el terrorismo, el mal estado de las vías de comunicación, el alto costo de la energía, la falta de exploraciones, y la falta de compresión de lo que la minería significa en la economía nacional.

En el futuro inmediato de la minería debemos considerar la abundancia de yacimientos, la variedad de ellos, los problemas ecológicos con el crecimiento consumo de minerales, y la competitividad con los yacimientos de Alaska en el Hemisferio Norte y Aysen en el Hemisferio Sur.

En lo concerniente a la nueva minería debemos consignar lo siguiente: - Poner en exploración los

yacimientos ya conocidos. - Realizar nuevas exploraciones

con las tecnologías actuales, sobre todo en el sur del Perú.

- Realizar esfuerzos conjun-

tos minero-energéticos co-

mo Michiquillay, Sechura, Tambo Grande, Olmos, como primer ejemplo. Como segundo ejemplo, Raura, Uchuchaya e Iscaycruz, y como tercero, Tintaya, Las Bambas y Corcohuayco.

- Debemos proveer de cobre a la

fundición de La Oroya, teniendo en cuenta el yacimiento de Antamina a base de la carretera oriental de la Cordillera de Huayhuash; y por último desarrollar el carbón, mineral como base energética complementaria.

Mario Samamé Boggio Ingeniero de Minas Doctor en Ciencias Matemáticas. Profesor Universitario. Ex-Rector de la Universidad de Ingeniería.

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Reflexiones en torno al Panorama Actual de la Industria Peruana (1918-1993) LUIS PAREDES STAGNARO

De acuerdo a compromiso, el título de esta colaboración al número de MERCURIO PERUANO conmemorativo de sus 75 años de continua publicación durante esta centuria, debió ser Historia de la Industria Peruana entre 1918 y 1993. En consecuencia, debería referirse específicamente al desarrollo de las actividades manufactureras que ya existían en 1918 y a las que se crearon desde entonces, completando la información sobre el período con estadísticas que reflejaran su evolución en tipos y volúmenes de producción. Es decir, una acumulación de noticias y datos que -conviene aclararlo- no habrían constituido ni reflejado, ni en un momento determinado ni en el transcurso del tiempo estudiado, la verdadera esencia del sujeto a tratar -en este caso, la industria peruana y su peripecia durante el período fijado- si no se llegaba a conclusiones de alguna naturaleza estableciendo las conexiones estrechas que el sujeto tiene con la economía del país en su conjunto.

Hacer la historia de cualquier actividad desarrollada por el hombre durante deter- minado transcurso de tiempo re-

quiere de la acumulación previa de cierto volumen de materiales que «per se» no son historia, pero de los que sí emanan los hechos históricos a los que se debe identificar y tratar de encontrarles sentido.

El sentido, decía Basadre, es la materia inteligible de la historia. Ello es más cierto aun cuando se estudia movimientos de larga duración, como la industrialización de un país, entendida como la evolución de sus manufacturas, en la que los fenómenos observables no se presentan como producto de una o más voluntades, sino como fragmentos que emergen de un sistema subyacente, de una estructura que les preexiste, que los origina y que condiciona su avance o su retroceso, su éxito o su fracaso, su crecimiento o su desaparición.

A las reflexiones anteriores debe añadirse que ningún hecho ni ningún proceso histórico, se dan aislada o solitariamente. Por el contrario, les es aplicable por entero el juicio de Ortega y Gasset en cuanto a que el hombre no es él solo sino él y su circunstancia. Así pues, la actividad manufacturera no es ella en si sino ella y su circunstancia: la economía en que

está inmersa, de la que no puede funcionar independientemente, sino por la que está condicionada y de cuyas particulares características estructurales forma parte.

Finalmente, debe testimoniarse que quien intente historiar cualquier aspecto de las actividades económicas desarrolladas por los peruanos, sea que abarque los últimos 75 años de nuestra vida republicana o la totalidad de ésta, se ve inevitablemente limitado por el hecho de que no somos un país en evolución en la significación implícita que esta palabra tiene dentro de la concepción occidental de la historia en la que el término «evolución» contiene el concepto de progreso constante, de continuos pasos hacia adelante.

O sea que, contrariamente a esta significación del término evolución entendido como «progreso», debemos reconocer y aceptar que el Perú es aún, al cabo de 172 años de vida independiente, un país en crecimiento, con desarrollos parciales en algunos aspectos de su economía y, en los últimos 25 años, en involución en otros. Nos referimos aquí a los aspectos económicos, no a los

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aspectos culturales, en los que sí se ha dado, muy especialmente en este siglo, una vigorosa evolución en todos los órdenes de la creación intelectual y la actividad artística.

Ahora bien: volviendo al tema de una historia de la industria peruana entre 1918 y 1993, el material existente es abundante. Ubicarlo, ordenarlo, procesarlo y hacerlo homogéneo, es decir comparable e interpretable, es tarea no de días o semanas sino de meses. Especialmente complicada es la dificultad que presenta el ma

terial estadístico, debido a que ni instituciones ni investigadores se han puesto hasta ahora -tal vez, tampoco lo han intentado- en fijar, de tiempo en tiempo, años base 100 para facilitar el manejo de las estadísticas. Al respecto cabe citar la proliferación de casos en que, en una misma obra, redactada por un único autor, las estadísticas no son comparables en cuanto a que sus bases de cálculo difieren radicalmente entre ellas mismas.

En resumen, no es posible hacer seriamente la historia de

un período tan vasto como 75 años con una información tan copiosa en un lapso tan breve como un par de semanas; y luego reducirlo a un texto que abarque un par de decenas de páginas impresas. Estas dificultades hacen explicable el que se prefiera el riesgo de formu-lar sucedáneamente algunas reflexiones sobre la situación de la industria peruana en la actualidad y aventurar explicaciones sobre sus causas.

En un país en que las es-tadísticas no son enteramente confiables sólo es posible, al mo-mento, esbozar con algún grado de certidumbre el panorama de nuestra industria hasta el final de 1989, o sea con tres años de retardo sobre el presente. Y debe reconocerse que esas estadísticas revelan penosas evidencias de retroceso sobre niveles alcanzados en algún momento de las cuatro últimas décadas.

Y no se trata de afirmaciones gratuitas: para 1989 la industria peruana había retrocedido, en volumen de producción, 16 años, igualando el que alcanzó en 1973; en producción per capita -por habitante-, 28 años, igual al ni- vel ya logrado en 1961; en partici-

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pación en la generacón del PBI, también 28 años, pues el 21% de tal participación, en 1989 es el mismo porcentaje registrado en 1961. A esto deben añadirse otros retrocesos también revelados por las estadísticas de 1989 -no mejoradas por las cifras estimadas o provisionales de 1990 a 1992- en aspectos tales como la contribución de la industria a la ocupación y la utilización porcentual de su capa-cidad de producción instalada.

Y aún cuando pueda una que otra mejora ocurrida entre 1990 y 1992 en las cifras de 1989, el panorama de hoy no es distinto al del año últimamente mencionado (1989): un sector industrial, en general, debilitado, no sólo en continua descapitalización por efecto de políticas económicas, monetarias e impositivas inadecuadas; tecnológicamente atrasado en su equipamiento por la no oportuna renovación de equipos con decenas de años de funciona-miento; con un mercado interno que continúa siendo insuficiente, no sólo en número de consu-midores sino en la capacidad adquisitiva de los mismos; todo lo que en conjunto coloca a nuestra industria en condición de inferioridad para desen- volverse con éxito en el exterior

-con la excepción de algunos sectores sumamente especializados- y por tanto con oportunidades mínimas o sumamente limitadas para competir en los mercados no sólo de los países desarrollados sino de aquellos de similar nivel con el nuestro.

Frente al panorama de 1989 -no en mucho distinto hoy día y sí tal vez agudizado en más de un aspecto-, parece, pues, más conveniente que historiar la in-dustria peruana entre 1918 y 1993, interrogarnos por las causas de su situación actual, analizar qué ha pasado con ella, dentro del panorama más amplio de nuestra economía. Especialmente porque el proceso de la actividad manufactu-rera en nuestro país, al cabo de los 75 años transcurridos desde 1918, no ha sido constantemente negativo durante el período.

Dentro de avances y retrocesos periódicos o parciales, nuestra industria había alcanzado, aunque imperfecta e inorgánicamente, un cierto grado de desarrollo y progreso, especialmente si se la comparaba con los países que en los inicios de la década de los años 70 iban a incorporarse al organismo de integración regional, el Grupo

Andino. Aunque es cierto también que, al momento de la formación de ese organismo, ya la debilidad estructural de nuestra industria -correspondiente a su vez a la de la economía peruana en su conjunto- la hacía vulnerable, en el futuro in-mediato de los 70, frente a la competencia del exterior, no ya siquiera de los países industria-lizados, sino de los otros inte-grantes del flamante organismo de integración. Tal debilidad, en nuestro concepto, lo repetimos, es de carácter estructural, y sus orígenes se remontan al nacimiento mismo de nuestro país como república independiente. Porque lo cierto es que la república, desde sus días auro-rales se sintió y proclamó here-dera de la política mercantilista liberal que introdujeron los Borbones al acceder al trono imperial de Madrid a mediados del siglo XVIII. Optó así -en terminología de nuestro tiempo- por el modelo de desarrollo hacia afuera, por el libre mercado, prácticamente sin barreras aduaneras para las manufacturas procedentes del exterior; es decir, sin protección de ninguna clase a lo que se produjera dentro de nuestras fronteras.

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Esa fue la posición encabezadas

por Manuel Lorenzo de Vidaurre en el Congreso de 1827, y la que se impondría, sin discusión sustantiva posterior, prácticamente hasta nuestros días. Al sentenciar Vidaurre: «En el momento actual no existe ninguna industria en el Perú», significaba que seguiríamos siendo lo que habíamos sido como colonia, especialmente con los Borbones: un proveedor de materias primas para la metrópoli y, a través de ella, para los países industrializados y, por tanto, un consumidor de las manufacturas por ellos producidas.

Ciertamente la promesa de la vida peruana, que contuvo la decisión de emanciparnos, entrañaba la libertad política, pero con el complemento de la independencia económica, no entendida como autarquía imposible sino como necesaria y decorosa capacidad de decisión y negociación con los centros de poder externos desde la perspectiva de los intereses de la colectividad peruana como nuevo miembro de la comunidad internacional. Aún cuando deba reconocerse que, ni en principio ni en definitiva, la opción adoptada por los fundadores de la república era discutible, sí lo era en cuanto

significó e importó de hecho el rechazo absoluto de la posibilidad de ensayar los primeros pasos de un industrialismo progresivo.

Al rechazar frontalmente Vidaurre y sus seguidores a quienes plantearon protección absoluta a lo que se produjera en el país, no percibieron ni unos ni otros de que lo conveniente era un desarrollo equilibrado a través de la aplicación de los excedentes de las exportaciones, tanto a la reconstrucción de la base agraria destruida durante las guerras de la independencia e iniciar o buscar nuevas formas de redistribución del ingreso -de modo de ir creando paulatinamente una masa creciente de consumidores-, cuanto al restablecimiento de los obrajes, primero debilitados y finalmente abandonados por la política aperturista de los Bor- bones. Continuar o rea- nudar después de 1824 la actividad de los obrajes habría

constituido la semilla de la industrialización del país, puesto que tales establecimientos no se limitaban a la producción textil sino que se extendian a la manufactura de una variada gama de productos de consumo popular, con la ventaja de que los establecimientos estaban distribuidos regionalmente y propi-ciaban, por razones de especiali-zación, un intenso intercambio regional.

Posteriormente a la consolidación de sus fronteras en los inicios de la década de los años 40, la República no supo aprovechar los dones del guano primero y del salitre después -que acabarían a la postre siendo dos aciagos presentes griegos para el Perú del siglo XIX- con una política que aplicara sus excedentes al desarrollo agrícola y a la creación del mercado interno. Estas dos necesidades vitales para nuestro futuro no fueron vistas, en su momento, por los vencedores de Santa Cruz,

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como no lo habían visto, en su oportunidad, los fundadores de la República.

Luego, durante los años transcurridos entre el advenimiento de Castilla al poder y 1879, el país inició y continuó, especialmente por iniciativa y esfuerzos privados, con suerte varia, diversas actividades manufactureras que podrían calificarse como un proyecto industrialista que configuraba el primer intento, aunque no orgánico, de ensayar un desarrollo hacia adentro, que la guerra del Pacifico frustró.

Pasados los años de los conflictos internos que siguieron a la guerra, durante la cual se destruyó y perdió el equipo industrial instalado desde mediados de siglo, la última década del 800 contempló el inicio de una vigorosa reacción de nuestra economía con base en un incremento de las exportaciones de nuestras materias primas con precios altamente retributivos, acompañado por la embrionaria instalación de un nuevo aparato industrial que abarcó un panorama más amplio que el textil. Pareció por un momento que nos encaminábamos a un desarrollo

equilibrado tanto de nuestro sector externo como del interno.

Sin embargo, no sucedió así progresivamente, desde los inicios del siglo XX, volvieron nuestros gobiernos a una política aperturista total, en la cual las disminuciones de ingresos fiscales, provocadas por los descensos periódicos de los precios de nuestras materias primas en los mercados mundiales, se subsanaban mediante empréstitos que permitían la práctica de variadas gamas de populismo o la ejecución de obras públicas sin priorización de necesidades globales ni regionales.

La obstinación con que hemos continuado practicando preferentemente en todo el transcurso de este siglo la política del aperturismo y las consecuencias que ella ha acarreado para nuestra industria han sido reconocidas, en más de una oportunidad, por diversos intérpretes de la realidad económica peruana a lo largo de este siglo.

Un economista honesto y enterado1 resumía así en 1926 las causas del escaso desarrollo

de la industria fabril durante los años de vida republicana transcurridos hasta entonces: «La división internacional del trabajo ha obligado al Perú, país nuevo, extenso y de grandes recursos naturales, a consagrar sus fuerzas económicas a las industrias extractivas más bien que a las industrias manufactureras, que tienen condiciones poco favorables en un país de población escasa e inculta. Tal es la causa fundamental del incipiente desarrollo que han tenido en la república las industrias manufactureras».

Y posteriormente, en 1949, otro de los más notables estudiosos de nuestra economía,2 sostiene: «... la etapa que culmina en Leguía, está caracterizada por el propósito político de exhibir el éxito de un gobierno en las mayores cifras de las exportaciones sobre las importaciones, como un signo de bonanza pública... Se creía en la prosperidad fundada en los derechos aduaneros rendidos por la exportación del azúcar, del algodón y de los minerales como el cobre y el petróleo»... «Las cifras bajas de las importaciones no eran porque el Perú podía

1 César Antonio Ugarte, 1926 2 Emilio Romero, 1949

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abastecerse de mercaderías, sino porque el pueblo peruano no tenía los medios necesarios para adquirir productos de importación indispensables».

Pero al análisis de esos estudiosos de nuestra economía escapó el profundizar las causas del escaso desarrollo industrial alcanzado hasta mediados de este siglo: la actividad fabril de cualesquier colectividad social no puede funcionar independientemente, fuera del contexto de las demás actividades productivas -agrícolas, mineras, pesqueras, comerciales, de servicios-; ni de las políticas gubernamentales -económicas, financieras monetarias-; ni de los desarrollos dentro de las instituciones propias de su entorno -sociedades, gremios, sindicatos-; ni de las legislaciones especificas-fiscales, aduaneras, de marcas y patentes y de comercialización- que gravan su actividad o la regulan; ni de los mecanismos destinados a salvaguardar o satisfacer las necesidades básicas de educación y salud del cuerpo social en el cual están insertadas.

Por último, ninguna actividad económica puede de- senvolverse de modo eficiente

dentro del grado de inautenticidad e ineficiencia que ha caracterizado desde la iniciación de la República a la mayor parte del aparato institucional peruano, tanto estatal -gobiernos y parlamentos- como privado -sociedades, asociaciones, sindicatos-. Tal inautenticidad se traduce en su falta de efectiva representatividad por su carácter de círculos mayormente cerrados de personas o de intereses circunstanciales, en unos casos; o por la no existencia de canales o mecanismos para la participación efectiva de la ciudadanía en general, en otros. Estas características de inautenticidad de la mayor parte de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, estrechamente ligadas a la falta de vocación de servicio a la comunidad de quienes han desempeñado sus dirigencias o han constituido sus mayorías.

Volviendo al tema del más que sesquicentenario voluntarismo de nuestros gobernantes de pretender que el país haga reposar prioritariamente sus posibilidades de desarrollo y progreso sobre su capacidad exportadora, es pues posible afirmar que ese voluntarismo nos ha impedido crear un mercado interno con base en un

aumento del poder de compra de las grandes masas de nuestra población, partiendo de la premisa de que, en todo momento de nuestra vida republicana, esas mayorías han estado siempre constituidas por nuestra masa indígena, radicada mayormente en la zona andina. En todas las oportunidades en que se ha estimado o se ha censado a nuestra población, los resultados han arrojado que la población indígena es absoluta y abrumadoramente mayoritaria frente a la mestiza y por supuesto frente a la blanca y a los volúmenes sin significación de la negra y la amarilla.

No obstante, nunca se ejecutó política redistributiva de alguna naturaleza que persiguiera el incremento del ingreso de sectores indígenas y mestizos, de modo que, a través del salario, en el caso de quienes constituían la fuerza de trabajo, o a través del precio para quienes eran productores agrícolas o ganaderos, esas mayorías pudieran convertirse en consumidores, creando el circuito demanda-producción abastecimiento a través del trinomio consumidor-productor-comerciante, mecanismo con el que se hubieran dado paulatinamente las condiciones para una

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actividad manufacturera des-centralizada y vigorosa.

De lo expresado se puede deducir que quienes han de-terminado la orientación de nuestra economía, quienes han ejercido la función de gobernarnos desde la iniciación de la república -ejecutivos y legislativos- han carecido en su mayoría de la intuición, visión, conocimientos o cultura en la materia, para comprender la necesidad de lograr progresivamente el equilibrio entre

nuestro desarrollo externo e interno; y que quienes sí tuvieron intuición, visión o conocimientos en economía, los sacrificaron priorizando intereses personales o grupales de tipo político ejercitando populismos absurdos que, sin excepción, han contribuido a agravar y prolongar las crisis a que su práctica daba origen.

Lo corrobora el hecho de que toda crisis de nuestra economía -sin necesidad de remon- tarnos al siglo XIX y

y tomando en cuenta solamente el lapso comprendido entre 1918 y el presente- ha correspondido a los períodos de baja de demanda, y en consecuencia bajos precios, de nuestras exportaciones; y todo auge, a su vez, ha correspondido a períodos de alta demanda e incremento de precios de las mismas, pero siempre sin que tales periodos de auge se tradujeran en la transformación estructural de nuestra economía. Obviamente, ambas circunstancias temporales, de crisis y auge, han tenido su reflejo en nuestro sector manufacturero.

Por citar sólo un ejemplo, el fenómeno del extraordinario crecimiento de las exportaciones de harina de pescado alentó en su momento el crecimiento también vertiginoso de una industria metal-mecánica que fue capaz de abastecer con capacidad, eficiencia e idoneidad tecnológica la demanda de embarcaciones y de plantas de harina; pero, pasado el boom de las exportaciones -no es pertinente aquí discutir sus causas-, la actividad metal mecánica entró en una crisis tanto o más profunda que la de las exportaciones de productos pesqueros.

Y es que no obstante que el recurso marino, de excepcional

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riqueza en nuestro mar existió siempre, antes y después del boom, nunca fue pensado -más allá de una actividad artesanal, tan antigua como la existencia del hombre en el Perú- como un recurso para el mercado interno, capaz de suplir los déficits y carencias alimentarias y de nutrición del hombre peruano. En otras palabras, se constituyó casi exclusivamente en un recurso de nuestro sector externo y no del interno. Con él también miramos -como prácticamente con todas nuestras materias primas- hacia afuera, no hacia adentro.

Hoy día, frente a este panorama de nuestra economía -de la que es componente nuestro sector industrial-, no parece caber otra opción que la que tuvimos desde la iniciación de la república y que nunca adoptamos. Ella es la de un desarrollo equilibrado de nuestros sectores externo e interno, pro-curando maximizar los excedentes del primero para aplicarlos a la vigorización del segundo, tecnificando a ambos para hacerlos, en conjunto, menos vulnerables a la fluctuación de los precios mundiales con una profunda voluntad de apoyar al sector agrario como fuente fundamental de suministro para nuestra demanda

interna; inclusive tratando de modificar el hábito alimentario arraigado artificialmente en el consumo de trigo que tenemos que importar cada vez en mayores volúmenes en lugar del maíz del que somos ancestrales productores.

Con el complemento de un esfuerzo también racional para ir disminuyendo, en el aspecto de los precios agrícolas, la dependencia del campo a la ciudad, se deberá crear la capacidad adquisitiva de la que hoy carece el campesinado peruano, especialmente el andino, convirtiéndolo en consumidor de una industria urbana, descentralizada en lo posible, para abaratar los costos de comercialización.

Todo lo enunciado, que

constituye solamente un fragmento de un conjunto más amplio de reflexiones suscitadas por un sentimiento de urgencia en cuanto a las modificaciones que requieren las obsoletas estructuras de nuestra economía, concluye en que úni- camente dentro de un manejo racional de todos nuestros sectores productivos se podrá empezar a dar forma y sentido a la promesa de la vida peruana que entrañó en 1821 la decisión de ser independientes.

Si lo hacemos, podríamos, en relación con nuestra industria, fijarnos metas que, reconociendo su situación actual, deberíamos alcanzar para el término de la primera década del siglo XXI. Para entonces el objetivo debe ser una industria en desarrollo y progreso constantes, competitiva en el exterior con base en el soporte de un sólido y creciente mercado interno, en el marco de una economía auténticamente en evolución.

Si cumplimos con esas metas habremos eliminado las posibilidades de que las futuras generaciones de peruanos continúen leyendo estudios y estadísticas contra cuyas conclusiones y revelaciones sólo cabe reaccionar afirmando que el Perú es posible. En cuanto a lo que a la economía -y dentro de ella a la industria- el optimismo no es utópico, si miramos a países vecinos al nuestro que no cuentan con la variedad y abundancia de recursos naturales ni el potencial de consumidores que posee el Perú. Luis Paredes Stagnaro Egresado de la facultad de Letras. Sección Doctoral de Historia de la UNMSM en 1942. Dedicado a la actividad empresarial, en función de gerencia desde 1956.

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Cambios en la Orientación de la Política Económica en los últimos setenta años

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR

El Perú, en la búsqueda del progreso económico y el bienestar de su pueblo, ha aplicado a lo largo de la historia republicana del presente siglo, diversas propuestas económicas, políticas y sociales con resultados algunas veces alentadores, otras tantas desencanta-dores y, en mayoría, inciertos e incompletos.

Nuestro país lo ha intentado casi todo. Desde el desarrollismo modernista pero derrochador de Leguía, pasando por un socialismo no alineado o lo que podríamos llamar un «humanismo con prepotencia» de Velasco, hasta el actual liberalismo con reforma estructural (incluidos los aspectos constitucionales) de Fujimori, la evolución económica del Perú ha estado marcada por profundas crisis coyunturales recurrentes, en donde fenómenos tales como la inflación, la recesión, la crisis de balanza de pagos, el déficit fiscal, etc. se sucedían desviando muchas veces la atención de los gobiernos de grandes problemas de nuestra nación.

Veamos, en un recuento apretado, la secuencia histórica de estas políticas económi-

cas. Cabe advertir al lector que son pocas las cifras que se emplean, debido a su dificultad en ser comparadas las actuales.

Leguía: Patria Nueva, Progreso y Debacle (1919-1930)

Debo hacer mención, en primera instancia, de mi profundo respeto por don Augusto B. Leguía. Con todos sus defectos y errores, Leguía puso al Perú en el siglo XX. Su largo gobierno de once años, se caracterizó por el tono de esperanza en el futuro del país y por la actitud contagiosa de resurgimiento de nuestra nación dentro del contexto mundial. El Perú de aquella época era mucho más importante y relevante, políticamente hablando, de lo que puede ser hoy.

La política fiscal de Leguía fue claramente expansiva, gracias a la mejora de la recaudación llevada a cabo durante los primeros años del siglo XX. La expresión más clara de ello se notó, posiblemente, en la transformación de la ciudad de Lima. El desarrollo de lo que hoy conocemos como la Avenida Arequipa, permitió la rápida urbanización de zonas como

San Isido, Lince y Miraflores. Las avenidas Progreso y de la Unión acercaron Lima y el Callao. Las avenidas Pershing, Brasil y Alfonso Ugarte ganaron para la ciudad a Breña, Chacra Colorada y Jesús María. Se levantaron plazas tales como la San Martín y la Sucre. Se construyeron edificios tales como el Hotel Bolívar, el Club Nacional, el Banco Italiano, el Palacio Arzobispal, la Escuela Nacional de Varones y el Edificio Gildemeister. También fueron remozados o reconstruidos el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso. La Foundation Company realizó obras de pavimentación, así como de instalación de redes de agua potable y de desagüe, sobre todo en las nuevas urbanizaciones.

Aunque parte de los casi 30 millones de dólares en obra pública que el gobierno del oncenio gastó, mejoraron las condiciones de habitabilidad en algunas provincias, este se concentró, como hemos visto en la lista anterior, en Lima. Ello reforzó desde entonces, quizá sin quererlo, el centralismo que hoy nos ahoga.

En cuanto a la política monetaria, predominaba mundialmente la doctrina de «real

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bills». Debido a su influencia, los bancos centrales prestaban más, tanto mediante tasa más bajas de redescuento, así como con mayores volúmenes, cuando las empresas -y por ende la economía- obtenían buenos resultados y se expandían. Por el contrario, elevaban la tasa de redescuento e inclusive cerraban estos recursos cuando la mayoría de las empresas que operaban en la economía, mostraban signos de debilitamiento. En el Perú, la práctica monetaria no varió sustancialmente de lo hecho, erróneamente, por el Sistema Federal de Reserva en los EE.UU.

Luego de una expansión moderada de la oferta monetaria y del crédito entre 1919 y 1924, se siguió una política errática entre 1925 y 1929, lo que redundó en inversiones especulativas. La crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la posterior gran depresión norteamericana (1929-1933), impactó de lleno en la economía nacional, demasiado endeudada con la banca de aquél país y la británica. El error de creer que el financiamiento externo nos sacaría rápidamente del atraso, se pagó con creces entre 1929 y 1032, al cortarse

ásperamente el flujo de capitales hacia el Perú y al no poder nuestra autoridad monetaria resolver adecuadamente la quiebra de diversas instituciones financieras que operaban por entonces en nuestro país. Se cerraba un ciclo de expansión y se iniciaba, otra vez, un duro proceso de ajuste.

Sánchez Cerro y Benavides: Ajuste y Transición (1931-1939)

Producto de la virtual bancarrota del Estado Peruano desde 1931, el Perú se encontró en cesación unilateral del servicio de su deuda externa. De esta manera, las circunstancias obligaban a hacer política económica «hacia adentro». El país, sin embargo, se encontraba sumamente convulsionado. A la guerra civil abortada, provocada por la sublevación del aprismo en Trujillo, había que sumarle la inminente guerra con Colombia por la disputa de la región comprendida entre los ríos Putumayo y Caquetá. El manejo de la economía era caótico. El déficit fiscal se avizoraba como enorme para 1932 y 1933. Pese al sentimiento patriótico que imperaba, lo débil de la economía externa impedía

que la recaudación gracias a los tributos a las exportaciones llegase aún, con aumentos sustanciales en las tasas que se imponían, a los niveles de equilibrio presupuestal.

Pese a lo gris de la situación, no todo fue malo, sobre todo en términos de la transformación de la economía del país en el largo plazo. Gracias a la misión Kemmerer, la modernización de la banca en el Perú (incluyendo la creación del Banco Central de Reserva) nos permitió acelerar la recuperación. Pese a que se intentaron fórmulas poco exitosas, como el tratar de reintroducir el patrón oro, la política monetaria mejoró sustancialmente, haciendo mucho más ordenada la asignación del crédito.

Este factor, sumado a las políticas del (New Deal» de F.D. Roosevelt en los EE.UU., permitieron que, a partir de 1933 la crisis comenzara a ser superada. Según Portocarrero (1983), fueron dos factores independientes pero complementarios los que contribuyeron a ello: a) la mejora de los precios del algodón, por aquella época la exportación de mayor impacto en la economía del país. b) el aumento del gasto público y

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como consecuencia, el incremento de la demanda interna y de la producción. Este autor señala que en el gobierno de Benavides triunfó la tesis de una moderada extensión de los gastos públicos, en base al au-mento de impuestos y/o del crédito interno.

Prado y Bustamante: Economías de Restricción y Escasez (1939-1948)

Resulta imposible aislar los gobiernos constitucionales de los presidentes Prado y Bustamante de los conflictos nacionales e internacionales. La Segunda Guerra Mundial, desatada desde 1939, obligó al Perú a tomar partido por los Aliados. Ello comprometió exportaciones necesarias para la guerra y también a restringir el consumo de una serie de bienes importados. Adicionalmente, el conflicto con el Ecuador ocurrido en 1941, presionó por un mayor gasto público y una mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional.

Empieza a darse entonces, un fenómeno que acompañaría a nuestra economía hasta hace poco: el crecimiento del «Estado Burocrático». Es así como la planilla del gobierno sube de

casi 22,000 servidores en 1940, entre empleados y maestros, a más de 38,000 en 1945. Así mismo, los gastos fiscales se incrementaron de 235 millones de soles en 1939 a 536 millones de soles en 1945. Cabe reconocer el esfuerzo del Estado por introducir cambios en la legislación tributaria, sobre todo en materia de impuestos a la renta, utilidades y dividendos con un espíritu de redistribución de la riqueza.

Debido a la persistencia del déficit fiscal, la deuda interna continuó creciendo en todo el período. La aceptación de obligaciones del Estado y del BCRP por parte de la población fue notable, lo que permitió continuar un moderado crecimiento económico financiado desde dentro. Pero los peligros inherentes no pudieron ser evitados. Durante la década de los cuarenta, empezó a crecer amenazadoramente la inflación, terrible mal que luego nos afectaría despiadadamente durante la década de los ochenta.

Odría: Autoritarismo y Bonanza (1948-1956)

Si a los peruanos mayores de cincuenta años se les pre-

gunta por el período de mayor prosperidad que recuerden, la mayoría de ellos probablemente responda en favor del ochenio del General Odria. Pese a su imagen dura, Odria fue siempre muy abierto y receptivo a las ideas en materia económica dichas por quienes consideraba como enterados. De esta manera, Odría logró plasmar en realidades, un plan bastante simple en cuanto a concepciones, se trataba de una política expansiva, casi «keynesiana» por el lado fiscal, aunada a un estímulo a la inversión privada, sea ésta nacional o extranjera, en base a una legislación ampliamente favorable.

Gracias a los buenos precios de los metales en sus primeros tres años de gobierno y al flujo de inversiones hacia la gran minería sobre todo, el gobierno contó casi siempre con suficientes fondos como para hacer carreteras, levantar impresionantes (para la época) edificios públicos, construir colegios (las famosas grandes unidades escolares), hospitales y unidades vecinales. Este efecto del gasto público en construcción tuvo un efecto multiplicador muy poderoso en el poder adquisitivo de los sectores sociales medios y bajos.

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En el campo monetario, las políticas fueron sumamente moderadas, lo que favoreció a la estabilidad económica de la época. La inflación no superó, en promedio, el 5% anual. Las tasas de interés, reguladas por el BCRP eran ligeramente reales positivas para ahorros (alrededor de 5.5% anual). Hacia el final del gobierno, sin embargo, el esquema expansivo perdió fuerza y se comenzaron a presentar nuevamente las peligrosas brechas fiscal y externa.

Prado y el liberalismo de Beltrán (1956-1962)

Agotados el impulso de los precios de los metales por la guerra de Corea y la expansión generada por el gasto en obras públicas, y ante la presencia de brechas adversas en nuestra economía, el gobierno de Prado tuvo que orientarse en sus primeros meses, hacia el «sinceramiento» de la economía. En 1956, las importaciones excedían en 43 millones de dólares a las exportaciones, el déficit en cuenta corriente bordeaba el 6% del PBI y el déficit del gobierno central, aunque moderado (poco más del 1% del PBI), amenazaba con seguir creciendo. Si bien la situación no era desesperada,

un ajuste moderado aparecía como altamente conveniente. El cálculo político, sin embargo, empezó a primar. Dado el rechazo de la opinión pública a medidas tales como una devaluación o un aumento de los impuestos, el gobierno de Prado trató de emplear formas moderadas y gradualistas para corregir la trayectoria de las variables económicas compro-metidas. La crisis, entre tanto, siguió tomando cuerpo. El persistente saldo negativo de la balanza en cuenta corriente, la disminución de las reservas internacionales y el pobre crecimiento del PBI en términos reales (4.6% en 1956, sólo 1 % en 1957y 3.4% en 1958) provocaron que, hacia fines de 1958 y con mayor énfasis en 1959, a raíz del ingreso de don Pedro Beltrán al gabinete como Ministro de Hacienda, se pudiese devaluar el sol, recuperando así nuestro país su capacidad competitiva (el tipo de cambio pasó de 19 soles por dólar en 1957, a 24.50 como promedio durante 1958, para llegar a 27.70 como promedio en 1959), lográndose rápidamente tomar en positiva la balanza comercial y cerrar la brecha fiscal, gracias a mejores mecanismos tributarios y recaudatorios, así como a

reestructuraciones del gasto público. Algunos historiadores de la economía política del Perú, como Rosemary Thorp y E.V.K Fitzgerald, señalan que la recuperación de la economía nacional no se debió tanto a las políticas de austeridad, ajuste y liberalización propiciadas por Beltrán, sino a factores tales como el inicio de la producción y exportación del hierro proveniente de Marcona, de la entrada en producción de la mina de cobre a tajo abierto de Toquepala y al aumento persistente de las exportaciones de harina de pescado.

El hecho concreto es que este «primer liberalismo con-temporáneo», sea por correctas decisiones llevadas a cabo o por fortuna en base a hechos favorables coincidentes, relanzó la economía nacional. El PBI creció 3.5% en 1959, 9.1% en 1960, 8.1 % en 1961 y 9.2% en 1962. La inflación promedio fue de casi 8% anual para el período comprendido entre 1958 y 1962. El déficit fiscal fue eliminado, e inclusive se obtuvo un pequeño superávit. Se ganaron reservas internacionales y el crédito bancario al sector privado se expandió notablemente.

Pero quedaban por resolver, en la conciencia nacional,

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algunas cuestiones. El Perú presentaba en aquellos años, un nivel de concentración de la riqueza y del ingreso francamente injusto. Problemas tales como el del campesino sin tierra, del gamonalismo en la sierra, del olvido de las provincias y de las concesiones petroleras, repicaban constantemente en las mentes más ilustradas de la época y tomaban cuerpo en partidos políticos, sindicatos y gremios. La bonanza económica no parecía serlo todo, ni estar sobre todo.

Es así como, tras un complejo proceso político, llega al poder por la vía electoral el Arq. Fernando Belaunde Terry, encabezando la alianza Acción Popular-Democracia Cristiana. Belaunde encarnaba una corriente de opinión que pug- naba por un programa económico

típicamente reformista, de recuperación del sentido nacional de la economía, inspirado en el «Perú profundo» de costumbres milenarias. La obra pública tomaba un cariz diferente. Se tornaba en el eje de la política de redistribución del ingreso y de la riqueza en el Perú. El Estado comenzaba a ingresar en todas las actividades de la economía. Belaunde y el Perú Profundo (1963-1968)

En el primer gobierno de Belaunde la política económica se caracterizó por lo siguiente: una fuerte promoción a la industria manufacturera; un incremento notable en el gasto público (el cual pasó a ser la tercera parte del PBI) y por ende, un rol más importante

del Estado en la economía y una aceptación cada vez más fuerte de una reforma integral de la propiedad agraria e industrial.

La ley de promoción industrial ofreció incentivos a la inversión, tanto nacional como extranjera, a través de reducciones y exoneraciones en los aranceles de equipos y bienes intermedios, a la vez que se incrementaban los aranceles para los productos que pudieran ser manufacturados en el Perú. Por otro lado, incentivó la reinversión de utilidades al exonerarlas de impuestos. Todo ello contribuyó a la presencia de un fuerte proteccionismo en la industria de sustitución de importaciones, lo que era visto como necesario por los empresarios, políticos y economistas de la época.

El gran problema estuvo en la falta de una promoción racional y estudiada, dirigida para fomentar algunos sectores claves y lograr un crecimiento ordenado, como sucedía en otros países latinoamericanos, sino que la ley de promoción fue aplicada en forma indiscriminada.

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Las reformas estructurales estuvieron limitadas en su mayoría a la redistribución intrasectorial más que a la intersectorial. Las empresas agrarias del sector moderno fueron transferidas a sus trabajadores, organizados en cooperativas mientras que al resto de la población rural le dio acceso únicamente a las tierras pobres de la sierra. La reforma agraria sólo logró redistribuir a un tercio del total de la tierra, y esta redistribución solo se dio al interior del sector moderno.

El gobierno siguió man-teniendo los precios bajos de los productos agrícolas y en ausencia de subsidios que compensaran a los productores locales se mantuvieron desfavorables los términos de intercambio rural-urbano.

Los recursos expropiados por el gobierno no pudieron ser fácilmente explotados debido a que las empresas de estos sectores habían sido descapitalizados antes de la expropiación y necesitaban de inversiones muy altas que el gobierno no podía solventar. Debido a los requerimientos de inversión el estado recurrió a mayor endeudamiento externo lo que hizo que nuestra deuda se incremen-

tara considerablemente. Sin embargo, los problemas en balanza de pagos, debido al estancamiento de las exportaciones, demostraron el fracaso del desarrollo autónomo propuesto.

Por otro lado, la producción de alimentos tuvo un rendimiento muy bajo tanto en los productos exportables como en los importables. Por otro lado, ya para 1975 disminuyeron los ingresos por exportaciones y se incrementaron los requerimientos de importaciones, por lo que un mayor coeficiente de pago de la deuda, con una reducción en las exportaciones y una estructura de importaciones más rígida, hacía suponer, que en cuanto empeoraran las condiciones de los precios internacionales y los préstamos se acabaran, la economía entraría en crisis, lo que finalmente empujaría a Morales Bermúdez a reemplazar a Velasco.

Morales Bermúdez y la desactivación de la revolución (1975 -1980)

La disminución de las RIN, el continuo déficit en balanza de pagos y la creciente inflación, que se tenía hacia Junio de 1975 obligan a que se de un

cambio en la orientación de la política económica. La gestión de Morales Bermúdez se apoyó al comienzo, en una devaluación moderada, pero siempre se siguió apoyando en el crédito externo, ya para enero de 1976 se ve obligado a recortar presupuestos, incrementar tributos y subir los precios, sin embargo para mediados de 1976 el problema del pago de la deuda y los bajos niveles de RIN obligan a negociar con la banca privada sin la aprobación del FMI. El nuevo programa que se siguió implicaba una mayor restricción fiscal y monetaria, así como devaluaciones, un mejor trato a la inversión extranjera, y un mayor acercamiento al sector privado; por lo que se procedió al incremento de los precios controlados, llegándose a duplicar el precio de la gasolina, también a devaluaciones moderadas y se entregó la flota pesquera al sector privado, pero por el lado del gasto, éste en términos reales siguió incrementándose.

A comienzos de 1977 la inflación aumentaba y la producción industrial caía al igual que los salarios reales, ya el subempleo alcanzaba un nivel de más del 50%, además la Balanza de Pagos era desfavora-

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ble, dado ese contexto, entra un nuevo ministro de economía, que pertenecía al sector privado, Piazza, el cual implantó una serie de medidas deflacionarias, con el objeto de tratar de aliviar la presión sobre el sector industrial, disminuir el aumento de los precios de los alimentos y gasolina, y reducir el gasto de defensa, sin embargo, sus medidas provocaron muchos descontentos en diversos sectores y fue reemplazado, por lo que en junio de 1977 la política de estabilización parece disolverse, y se da marcha atrás en el incremento de los precios, se rompen las negociaciones con el FMI, y renuncia el equipo del BCR. Otro de los problemas que se tenía era una limitada oferta exportable. En resumen, la inflación se aceleró a corto plazo por los efectos del incremento de costos de los ajustes de precios relativos, aparte la depresión casi no afectaba el déficit fiscal, ni tampoco disminuían las importaciones por efecto de una caída en la demanda, pues más del 50% de éstas provenían del sector público.

En junio de 1978 comienza la transición al gobierno civil, la cual coincide con un incremento de los precios internacionales,

principalmente del cobre, por lo que se produce una mejora en los términos de intercambio, que permite cierto respiro en medio de la crisis, sin embargo, esta situación duraría poco. En esta etapa Silva Ruete, asume la cartera de economía, se caracterizó por ser un conservador moderado, de estilo pragmático, con el, se inició una disminución de aranceles, la expansión de la demanda proveniente del crecimiento de las exportaciones se controló a través de un impuesto a las exportaciones para regular su crecimiento. Se buscó reducir la inflación expandiendo las importaciones, por lo que disminuyeron los aranceles y sobre-valorizaron el tipo de cambio; todo ésto fue posible gracias al crecimiento en las exportaciones. Por otro lado, no se elevaron los precios controlados al ritmo de la inflación y los subsidios se incrementaron.

Belaunde y su segunda administración (1980 - 1985)

A finales de la década del 70 el Perú se vio favorecido por el contexto internacional, a través de una mejora en los términos de intercambio, sin embargo, ésto duró poco y a comienzos

de 1980, las condiciones comerciales y financieras internacionales ya eran desfavorables para América Latina, incluyendo al Perú.

Belaunde inicia su segundo gobierno con Manuel Ulloa al frente de la cartera de economía y finanzas. Durante 1980 y 1982, mantuvo una posición más fuerte en pro del mercado, en la espera de un flujo importante de inversión extranjera privada y combinándola con una política fiscal expansiva y una política monetaria más bien conservadora. Al comienzo se optó por tratar de reducir la inflación vía un manejo del tipo de cambio, reduciendo el ritmo de las mini-devaluaciones. También se buscó la reducción de la inflación mediante la concertación de los sueldos y los salarios, pero este intento fracasó debido a la falta de confianza de algunos sectores en que el gobierno cumpliría su parte. Hacia agosto de 1981, al no reducirse la inflación y seguir cayendo el nivel de ingreso por exportaciones en cambio, se produjo un viraje en la política, procediéndose a incrementar la tasa de devaluación, que coincidió con la virtual eliminación de los subsidios a muchos alimentos.

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Al final, los resultados no fueron los esperados, la inversión extranjera no llegó como se esperaba, las reformas financieras que buscaban incrementar el ahorro vía un alza de las tasas de interés también fracasaron, y no pudieron combatir la dolarización creciente, además la cartera de activos financieros cayó como porcentaje del PBI, en lo referido a privatización los medios de comunicación volvieron a manos privadas, y también se dio una nueva ley agrícola, que permitía la venta de ellas. Con la liberalización tampoco se logró lo esperado, primero se atacaron las barreras para-arancelarias, sin embargo, el incremento de la demanda de importaciones produjo un incremento de la devaluación lo que redundó en una mayor inflación.

En lo que se refiere a la demanda, hasta 1981 hubo un auge de la inversión, pública y privada, pero ya en 1982 empieza ha disminuir debido a que las espectativas eran desfavorables, ante esta crisis las políticas que se implementan a partir de 1982 hasta 1985 ponen énfasis en la reducción del déficit fiscal, vía incremento del ingreso y disminución de los

gastos, lo que al final llevaría a la recesión; por otro lado la restricción crediticia se mantuvo tanto para el sector público como para el privado. Ante el incremento desmesurado de las importaciones y sus efectos en la industria, se procede a incrementar levemente los aranceles, ya a estas alturas, los cambios en los precios relativos solo se lograban generando inflación, y la caída en la demanda era lo único que afectaba la balanza de pagos, así, en términos reales, se tuvo que reducir la inversión privada en 34%, además de caer la producción industrial en 21 %, para reducir en 25% las importaciones.

En 1984 solo se logró «sobrevivir» gracias al no pago de los intereses de la deuda. La recesión en que se había caído, afectaba al sector fiscal con cada vez menores ingresos tributarios, que pasaron de 19% del PBI en 1980 a sólo 13% en 1983.

Hacia finales de este gobierno la política crediticia ya había demostrado su ineficacia, y se había incrementado el costo del capital, también había crecido la banca informal que era más costosa. Finalmen-

te, la distribución del ingreso había empeorado, al igual de la mortalidad infantil, también los salarios reales habían caído, todo ésto produjo un incremento de sector informal, el cual actuaría en adelante como una válvula de escape ante la crisis.

García: Los extremos a prueba (1985 - 1990)

Su gobierno se caracterizó por aplicar un planteamiento «heterodoxo». Se procedió a controlar los precios de la economía, el precio de los alimentos se controló, se congeló el tipo de cambio, los precios de los servicios públicos también se mantuvieron bajos, lo que amenazaba la viabilidad de las empresas públicas en el largo plazo, ésto con el objeto de lograr una reactivación en la economía.

Los heterodoxos no enfocaron la inflación como un problema de exceso de demanda. Para ellos el déficit fiscal era un síntoma y no la causa del problema, además, los problemas de balanza de pagos tendrían su origen en la oferta del sector exportador, en los bajos precios internacionales y en los mercados limitados, también pensa-

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ban reestructurar la demanda e industria para reducir la propensión a importar, y disminuir la fuga de capitales provocada por la recesión y falta de confianza. La inflación según este enfoque era un problema de costos, los precios controlados eran la principal determinante y se buscaba reorientarlos para controlar las expectativas anti-inflacionarias y también para manipular la entabilidad, con el objeto de generar la reactivación. La idea era de que si la recesión había empeorado la

inflación, entonces la reactivación revertiría la inflación.

Ante ésto, los heterodoxos procedieron a usar incrementos salariales, subsidios, bajas tasas de interés y tipo de cambio múltiple y congelado, incluso llegaron en una oportunidad a bajar el IGV e incrementar los salarios en el mismo mes, buscando de esta manera transferir recursos de las actividades financieras y especulativas al sector real, y así, crecer con menor dependencia externa y con un

mayor alcance estructural, teniendo a la reactivación como base.

Hasta mediados de 1987, se logró dar una reactivación (con crecimiento de 8 % en 1986 y de 7% en 1987), que tuvo sus motores en el aumento del consumo privado y en la expansión del sector informal. El primero creció gracias a la inyección de dinero en la economía, mientras que el segundo creció rápidamente debido a que ofrecía una mayor

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rentabilidad, por lo que muchas empresas formales se pasaban a ese sector. Por otro lado, el estímulo a la demanda no vino únicamente del gasto corriente público, sino más bien de las recuperaciones de la inversión pública y privada. En cuanto a la inflación, ésta no se pudo controlar adecuadamente. Para abril de 1987, por ejemplo, el IPC del mes ya alcanzaba un nivel de 6.6%. A ésto había que sumarle un fuerte embalse en los precios, la disminución de los ingresos del estado en términos reales, con el consiguiente aumento en el déficit fiscal. Además como consecuencia de la política de no pago de la deuda, el Perú se encontraba aislado de los centros financieros internacionales.

Así, la llamada «luna de miel» entre los principales empresarios y el gobierno de AGP terminó bruscamente, con el intento de estatalización del sector financiero y de seguros. El exceso de demanda originó los tan mentados «cuellos de botella» en las empresas por el abastecimiento de insumos. Los precios relativos que se encontraban embalsados exigían una pronta nivelación. El estado era cada vez más ineficiente. Finalmente la situación

desembocó en una crisis hiperinflacionaria y recesiva.

Desde entonces (mediados de 1987) el gobierno de AGP, perdió el control de la situación y se dedicó únicamente a tratar de administrar la inflación en base al corto plazo, perdiendo de vista cualquier opción racional para el largo plazo. No se atacó a la inflación de manera frontal, y se mantuvieron las políticas de subsidios y de precios controlados, los tipos de cambio eran tantos que el despilfarro y mal uso de los llamados «dólares MUC» evaporaron todo intento de acumulación y de reservas internacionales; la indexación de salarios continuó. Todo ello hacía aún más difícil cerrar el déficit fiscal. Las políticas anti-exportadoras también se agravaron la obtención de divisas, por lo cual al final del período las RIN llegaron a ser negativas en poco más de 100 millones de dólares.

Los dos últimos años del gobierno aprista se caracterizaron, lamentablemente, por el caos total que reinaba, tanto en el ámbito político, como en el económico y en el social, lo que generó una gran incertidumbre y un recrudecimiento de la actividad terrorista. El Perú se

convirtió en uno de los peores riesgos para el inversionista internacional. Al final las cifras hablan por si solas: mientras en 1985 la inflación fue de 158.3%, en 1990 fue de 7,649%, el PBI pasó de un índice de 100.00 en 1987 a 1985 a 19.762 millones de dólares en 1,990. Por otro lado, la remuneración mínima vital en el Perú pasó de I/. 7.49 en 1987 a I/. 1.20 (intis constantes de 1979) en 1990. Las RIN del sistema bancario pasaron de US$ 1,383 millones en 1985 a un nivel deficitario en agosto de 1990. Recién afines de ese mismo año y como resultado del tremendo ajuste tomado, las RIN llegan a US$ 681 millones.

Fujimori: Ajuste, Reinserción y Reforma Estructural

Hacia mediados de 1990, el debate shock vs. no chock presentó una aparente contradicción. Mientras que la mayoría de la ciudadanía entendía que la situación era claramente artificial y que por lo tanto, un «desembalse» de precios era inevitable, la mayoría también no deseaba aplicar la solución «dura» propuesta por el candidato presidencial Mario

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Vargas Llosa y el Fredemo. Elegido y juramentando el Ing. Alberto Fujimori, quién en principio parecía que trabajaría con el Apra y las coaliciones de izquierda, se abre un compás de espera. Finalmente, mejor enterado de la grave realidad de las cosas, el presidente Fujimori, por intermedio de su ministro de economía y finanzas, Ing. Hurtado Miller, aplicó el programa de estabilización más severo de la historia contemporánea del Perú. Aquel 8 de agosto de 1990, los combustibles subieron en 3,100% en promedio. Las tarifas eléctricas en más de 1,200 %. Los fideos en 1,000%. El tipo de cambio en 400%. La economía tuvo una parada "en seco". Las secuelas de ajuste se vivieron también durante los años 1991 y 1992, con particular intensidad a través de la falta de empleo.

El programa económico aplicado, ortodoxo por excelencia, tuvo resultados mixtos. El proceso inflacionario perdió velocidad rápidamente, cayendo de 45% mensual a poco menos de 10% mensual durante los seis meses siguientes, para luego mantenerse oscilando entre 2% a 4%. La incremento de la emisión monetaria

se redujo fuertemente, lo que «secó» la liquidez de la economía y contribuyó al incremento de las tasas de interés. La presión tributaria se recuperó del bajísimo 4.5% del PBI hasta casi 8% en 1990, 9.5% en 1991, estando hoy en día por encima del 12%. Un claro signo de confianza en la economía peruana, aunque paradójicamente complicado con el problema del atraso cambiario, está en el enorme ingreso de capitales de inversionistas extranjeros que ha permitido acumular -entre fondos permanentes y «golondrinos»- más de 1,400 millones de dólares. La Bolsa de Valores de Lima entre enero de 1991 y junio de 1993, tuvo un rendimiento superior al 450% en dólares.

El proceso de reforma estructural, entendida como la desregulación, la liberalización y la privatización de la economía, se ha desarrollado con bastante firmeza y velocidad, si lo comparamos con los tímidos intentos de las dos décadas pasadas. Muy pronto, la gran mayoría de la empresas públicas -principales causantes de los déficit fiscales- estarán en manos privadas, compro- metidas incluso en planes de inver-

sión y modernización.

Si bien las perspectivas son bastante optimistas para 1994 y en adelante, preocupan aún aspectos tales como el saneamiento financiero de muchas empresas, el controversial atraso cambiario y la preservación de un orden económico tan eficiente como justo.

Conclusiones

Las principales conclusiones serían las siguientes: 1.- En nuestro país, las políticas

económicas han estado casi siempre orientadas a resolver problemas de la coyuntura y sólo en ocasiones, en el largo plazo. Todas las fórmulas ideológicas, sin embargo, parece que fueron intentadas.

2.- La falta de continuidad de las

políticas económicas ha estado ligada con las profundas variaciones en las posiciones políticas de los distintos gobiernos peruanos. Ello ha provocado un movimiento pendular entre liberalismo e intervencionismo y ha causado, en gran medida, una exacerbación de los ciclos económicos.

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3.- Ha sido constante también la falta de coherencia de las medidas de política económica ante cambios inesperados en el entorno. Ello puede haberse decidido al lento proceso de acumulación de información económica, así como a la carencia de cuadros técnicos en el aparato estatal.

Luis Arizmendi Echecopar Doctor en Economía. Profesor extraordinario de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y Profesor de la Facultad de Economía y de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Director de la S.A.B. Peruval S.A.

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Thorp, Rosemary y Geoffrey Bertram (1978), Perú 1890-1977. Growth and Policy in Open Economy. The Macmillan Press, London.

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La Agricultura Peruana en los últimos 75 años

LUIS GAMARRA OTERO

Antecedentes Históricos

El Perú, concordante con liderazgo cultural continental de épocas pasadas, tiene una tradición agraria que se pierde en el pasado de los siglos.

Contra la común creencia, no fueron los Incas, sino las culturas que florecieron antes de su dominación, las que en realidad desarrollaron los sistemas de intensa explotación de la tierra, que, cuando se produce la llegada europea en el siglo XVI, causaron la admiración de la humanidad.

Ese fue el verdadero aporte o la contraparte de América para el resto del mundo. No existía, para dicha época, en el continente Europeo, un desarrollo tecnológico agrario de la magnitud y calidad como el que encontraron en nuestros lares. En la necesidad de aprovechar al máximo las escasas áreas disponibles, repartidas en pequeñas porciones dentro de una geografía hostil, nuestros primitivos habitantes levantaron terrazas en las laderas, construyeron canales y diseñaron embalses con tal grado de perfección, que muchos de ellos siguen en actual funciona-

miento, aún después de 500 u 800 años de haber sido construidos. También domesticaron y cultivaron vegetales, que hoy son base de la alimentación mundial. Pero sobre todo, mediante sofisticados sistemas de riego y prácticas de fertilización, cuidado y preservación de tierras, los llevaron a altísimos niveles de productividad para dicha época.

Durante la dominación española la agricultura continuó orientada, casi exclusivamente hacia la satisfacción del consumo local, o cuando más regional, con muy escaso desarrollo del comercio interior y casi ninguno del exterior. La política de la corona de España fue la de restringir las exportaciones que no fueran de metales preciosos. El comercio con la metrópoli fue monopolio de los españoles y sólo en 1713, se otorgó una concesión a los ingleses, por el tratado de Utrecht. El comercio entre colonias estuvo prohibido hasta 1772.

La agricultura sufrió muy agudamente, las consecuencias del despoblamiento en favor del trabajo obligatorio en la actividad preferida: la minera. Se abandonaron y por consi-

guiente se destruyeron caminos, canales, reservorios y acueductos. La producción decayó, al cultivarse menor extensión y con menos eficiencia. Para subsanar la escasez de mano de obra hubo la necesidad de traer eslavos negros para la costa.

Al independizarse el Perú de España, desaparecen las restricciones impuestas durante el coloniaje al comercio exterior. Este hecho coincide con el inicio de la primera revolución industrial. Surgen en el mundo las grandes máquinas y se gestan las grandes industrias.

Ello ocasiona un cambio en la orientación de la agricultura nacional: nace y se desarrolla, al lado de la agricultura para el consumo interno, otra orientada hacia la exportación, cuya importancia fue creciente hasta la década del sesenta.

Al iniciarse el presente siglo, la situación de la agricultura peruana se debatía en franca decadencia. En la costa el cultivo de mayor significación seguía siendo la caña de azúcar, pese a que había sufrido, en forma intensa, los estragos de la invasión chilena de la guerra en 1879. La crisis se agravaba también, por la baja de los

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precios de este producto en el mercado mundial, como consecuencia del cultivo subsidiado de la remolacha en los campos europeos. Nuestra industria azucarera se encontraba al borde del colapso.

El cultivo del algodón era en ese entonces incipiente. Los cultivos alimenticios y de forraje sólo podían desenvolverse dentro del marco anémico de un país empobrecido y carente de elementos de movilidad entre sus diferentes regiones. El maíz seguía en importancia económica a la caña, y se cultivaba en gran escala en lo que hoy es la región algodonera central, para sostener la industria de cerdos, que era casi nuestra única fuente de materias grasas. En el Norte se cultivaba con intensidad el arroz, así como también en los valles de Tambo y Camaná, al sur del país. Pero no obstante las grandes extensiones sembradas con este cereal, también se importaba de Asia para suplir el consumo nacional.

En la región de la Sierra, el cuadro agrario era aún más pobre. Exceptuando las pequeñas áreas beneficiadas por la influencia de la construcción de las líneas férreas de pene-

tración, se podía decir que el resto, no tenía más expectativa económica que el reducido marco de los mercados locales.

Pero dentro de la negra noche de la gran crisis de principios de siglo se engendra en el Perú un fenómeno que tendría vital trascendencia para su futuro: la creación de instituciones vitales para el desarollo del agro.

La Época de Oro

Cual augurio de prósperos días que luego vendrían y como un ejemplo cabal de gobierno que se proyecta al futuro, en 1902 y a iniciativa de la Sociedad Nacional de Agricultura (posteriormente Sociedad Nacional Agraria), se crea la Escuela Nacional de Agricultura, ubicada en sus inicios en el fundo Santa Beatriz. La creación de este centro superior fue la base para el extraordinario progreso que alcanzaría nuestro agro en los años venideros y que lo colocaría, por largas décadas, como nuestra principal fuente de riqueza. Las promociones de profesionales que egresaron de dicho centro de estudios, diseñaron y pusieron en marcha un sistema tecnológico, netamente

peruano, que fue un ejemplo para el mundo entero.

Es aleccionador detenerse un momento para valorar la importancia de lo que fue, tal vez, la mejor etapa de la agricultura peruana. A fines del siglo pasado y a inicios del presente, nuestro país se encontraba en la bancarrota total. Al finalizar la guerra civil entre Cáceres e Iglesias, el gobierno que asumió al poder encontró en la caja fiscal apenas 3,500 soles. Los sueldos de los empleados públicos tenían que cubrirse con los préstamos de los principales comerciantes de Lima.

De esta postración salió el país gracias al auge que alcanza en los posteriores años su sector agrario. Esta hazaña la lograron agricultores peruanos sin leyes de promoción, sin favoritismos políticos, sin avales del Estado que no estaba en capacidad de darlos, sin regímenes de excepción, sólo en base al trabajo y la habilidad, y soportando sobre sus hombros todo el peso de la reconstrucción nacional. Ni siquiera existía -o tal vez gracias a ello- Ministerio de Agricultura.

De 1914 a 1929 el Perú ex-portó productos agrarios por 200 millones de libras peruanas,

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equivalente a 51.5 millones de onzas Troy de Oro, las que al precio actual de ese metal nos daría la astronómica cifra de 20 mil millones de dólares. Hay que tener presente que en aquel tiempo la moneda tenía mayor poder adquisitivo. Un solo ejemplo para poder comparar el Huáscar costó tan sólo 81,257 libras peruanas.

Toda esta riqueza permitió a nuestro país tener una balanza comercial favorable por más de 20 años, y de ese modo, un permanente superávit de divisas. Nuestra moneda era sólida, de allí la famosa frase que se acuñó refiriéndose al Sol: «a la par con Londres». Todo ello fue hecho por agricultores pe-ruanos en nuestras tierras, las mismas de ahora. Si hoy pu-diéramos tener tan sólo una fracción de aquella bonanza, nos reiríamos de nuestra crisis.

La actividad agraria peruana, sobre todo la de la costa, experimentó profundos cambios como consecuencia de la primera guerra mundial. Esta etapa se caracterizó por las continuas perturbaciones en los mercados, interno y externo, así como de cambios artificialmente provocados en la demanda de

nuestros productos agropecuarios de exportación.

La aparición del automóvil en el mundo, había abierto un fuerte mercado para el caucho y las gomas, que hasta entonces sólo habían tenido muy escasa utilización. Ello creó el interés por nuestra región amazónica, donde el caucho era una riqueza natural. Se organizaron numerosas explotaciones que traen insospechado auge a nuestra selva. Poblaciones como Iquitos y Yurimaguas deben a dicha época su mayor desarrollo, y el esfuerzo del cauchero por colonizar alejados lugares, afirmó nuestra soberanía sobre zonas limítrofes. Pero el consumo mundial fue creciendo y no era lógico fiarse a la simple extracción de un recurso natural para suplir dicha demanda. Ello dio lugar a que surgieran plantaciones caucheras en Asia, con un apoyo gubernamental que aquí no existió.

Durante la tercera década del siglo, surgen los primeros centros de investigación agraria hechos sobre bases serias. En 1925 se crea la Estación Experimental Agrícola de Lambayeque, dedicada a la investigación del cultivo del arroz. En 1926 inicia sus labores la

Estación Experimental Agrícola de Cañete, nacida por iniciativa y bajo peculio de los agricultores de dicho valle. En 1927, a iniciativa de la Sociedad Nacional Agraria, se creó la Estación Experimental Agrícola de La Molina, la que por disposición del gobierno pasa, en 1920, a formar parte de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Fomento.

La pronunciada crisis mundial del período 1929-1932, dio lugar a graves desequilibrios que determinaron la depresión general. Esta situación de inseguridad se prolongó por varios años.

A la dramática necesidad de crédito para la agricultura, atendida hasta ese momento, muy tangencialmente, por entidades particulares, le pone fin, en 1931, la creación del Banco Agrícola del Perú, con un capital de 10 millones de soles. Los recursos asignados a esta trascendental entidad financiera, pronto se quedaron cortos, razón por la cual, a partir de 1942, se los incrementó con un millón de soles anuales, con cargo a las utilidades -que en ese tiempo sí daban las entidades públicas- de la Compañía Administradora del Guano.

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Nuestra Segunda Revolución Verde

El conflicto de 1939 a 1944 dejó sentirse influencia con gran intensidad en nuestro sector agrario, con la movilización de recursos agrícolas y económicos destinados a fines bélicos. Disminuyó drásticamente la disponibilidad de bodegas marítimas y se produjo una aguda escasez de equipos, maquinaria, fertilizantes, insecticidas, envases, repuestos, camiones, etc.

En esos tiempos difíciles, a partir de 1940, es que la actividad agrícola experimenta cambios de consideración. La implantación de agroindustrias para aprovechar nuestras materias primas, comienza a tomar forma. La visión y el esfuerzo de numerosas promociones de empresarios, con gran espíritu de progreso, lograron notables incrementos en la producción, en extensión y en productividad, como paso inicial e indispensable para la acumulación del capital que requería la etapa de desarrollo industrial que se proyectaba.

Merece destacar que, durante la época 1930 a 1950, el Perú se disputaba con Egipto, el primer lugar en el mundo en

cuanto a rendimientos unitarios en el cultivo del algodonero. En el cultivo de caña de azúcar, nuestro país sólo era superado en eficiencia por Hawai. No puede dejarse tampoco de mencionar que estos dos cultivos constituían la primera fuente de divisas del país. En el año 1950 su aporte fue del 50% sobre las exportaciones totales peruanas.

Esta etapa fue también fecunda en la realización de obras de irrigación, gubernamentales y privadas, así como de mejoramiento de sistemas de riego. En 1934 se reconstruye el canal de Sechura permitiéndose restablecer el riego en 7,000 has. En dicha época se impulsan también las obras de irrigación de Olmos (iniciadas en 1924), para poner bajo riego 177,500 has. de muy fértiles tierras. Estas obras fueron abandonadas posteriormente -hasta nuestros días- por razones políticas y económicas.

Otras obras dignas de mencionarse fueron: las Pampas de Imperial en Cañete, las de la Esperanza en Chancay, las de Sihuas y La Joya en Arequipa, la de San Lorenzo en Piura, Manrique y Cabeza de Toro en Pisco, San Felipe y Santa Rosa en Huacho, las Pampas de Pativilca, las de Chimbote, etc. Destacase igualmente el enorme avance que se logró con la captación de aguas subterráneas mediante la construcción de pozos. Sólo en el valle de Ica llegaron a funcionar más de 400 pozos y en algunas haciendas azucareras, especialmente en Casa Grande, se crearon sofisticados sistemas de reciclaje de aguas de subsuelo.

La Primera Reforma Agraria

El claro desarrollo que venía produciéndose en el sector agropecuario peruano, vino a

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alterarse en los inicios de la década de 1960. Políticos, ideólogos y tecnócratas nacionales e internacionales, desconociendo nuestra realidad y tomando como pretexto situaciones ya superadas del pasado, o en franco proceso de superación, proponían drásticas y alocadas transformaciones. Nuestro campo se convirtió de esta manera en carne de aventureros, para ensayar sobre él los más descabellados experimentos, que tenían además, como nefasto antecedente, el haber fracasado en todos los países donde se habían puesto en práctica.

Como preámbulo a esta etapa, en el año 1961 se realizó lo que se dio en llamar «Primer Censo Nacional Agropecuario». Quienes planificaron este trabajo y quienes lo publicaron años después, hábilmente jugaron con las cifras, para engañar al país mostrando unas desigualdades en la distribución de la tierra, que si bien podía en casos darse en nuestro territorio, estaba muy lejos de las magnitudes que se mostraban. Además la solución propuesta, de destruirlo todo, sólo conduciría -como lo ha demos- trado la realidad de los hechos-

al agravamiento del problema que se intentaba corregir.

Como resultado de intensas y elaboradas campañas, en el año 1964 se promulga la Primera Ley de Reforma Agraria, que recogía híbridamente los planteamientos de diferentes tiendas políticas. Con la aparente motivación de buscar la «justicia social», a la que nadie podía oponerse, se intodujeron una serie de criterios que cuestionaban la propiedad privada, sujetándola a un concepto de «cumplimiento de la función social», determinada y sancionada en última instancia, por burócratas politizados.

Los resultados no se hicieron esperar. La declinación en la producción fue la respuesta casi inmediata. Esto obligó al gobierno de ese entonces, a promulgar una Ley de Promoción y Desarrollo para una actividad que ellos precisamente habían ayudado a destruir y que paradójicamente, había venido desarrollándose sin necesidad de promoción alguna. La ley, sin embargo, nunca funcionó. Complicados y enredados reglamentos la hicieron inoperante en poco tiempo, sumiendo en mayor caos a este

sector vital de la economía nacional.

La Segunda Reforma

Durante la dictadura militar de Velasco, y con el pretexto de corregir los efectos de la anterior ley, se promulga en 1969 la segunda Ley de Reforma Agraria. Con ella se confiscan, bajo el rótulo de «expropiación», la tierra, maquinaria, equipos, etc., de la mayor parte de las empresas agrarias, grandes, medianas y pequeñas, pagándoles a sus propietarios, por sus bienes subvaluados, bonos sin valor (en soles, redimibles en 20 y 25 años y al irrisorio interés anual de 4% a 5%). Se confiscó inclusive fondos disponibles en caja y bancos.

Las empresas agrarias que se habían desarrollado con gran esfuerzo a través de los años, fueron reemplazadas por entes de corte colectivista, imitando modelos tomados de diversos países de la llamada órbita socialista, bajo el asesoramiento de técnicos del mismo origen.

Se perdieron de vista, o se olvidaron intencionalmente, los verdaderos fines de cualquier planeamiento agrario racional,

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cuya secuencia lógica debe ser conservar lo bueno y productivo, mejorar lo regular y reformar lo malo e ineficiente. En su lugar se hizo exactamente lo contrario. Se reformó lo que venía produciendo y se dejó sin tocar lo abandonado y mal trabajado. En el fondo, el único objetivo era el de terminar con la empresa privada agraria, como paso inicial para la implantación del Socialismo Marxista en el Perú, sin importarles que, para logarlo, tuviera que destruirse el país.

El talento administrativo y empresarial, producto de la experiencia de tantos años, hostilizado por la burocracia y por cúpulas sindicales politizadas, fue obligado a retirarse del sector, para ser reemplazado con personal de escasa preparación, pero dócil a los caprichos de la nueva administración. Bajo estos criterios, la mayor parte de la mejor tierra productiva del país, fue entregada a organizaciones improvisadas, ideadas precipitadamente por personas ajenas al quehacer empresarial. Los presuntos beneficiarios ingresaron a ellas por decreto, compulsivamente. No hubo voluntad en la elección.

El tiempo se encargó de demostrar lo demencial de estas políticas. Los resultados han sido evidentes y crudos. Lejos de lograr la tan pregonada justicia social, lo que se consiguió fue postrar al campesino, al que se aseguraba beneficiar, en una crisis económica, social y moral de magnitudes insospechables y que ha sido el origen de la mayor crisis nacional de toda la historia: la que hoy sufrimos.

La Tercera Reforma

La fuerza más grande, la potencialidad más promisoria que puede llevar al éxito un proceso de reestructuración de este tipo, había sido negada desde su partida al desviarla de su cauce natural y legítimo. En lugar de darle libertad a los hombres de campo, para desarrollarse según su propia iniciativa y para desplegar sus energías de acuerdo con ella, se les forzó hacia un sistema

artificial, que estaba muy lejos de lo que tenían en mente.

Pronto los campesinos se dieron cuenta del engaño. Se percataron de que los estaban llevando hacia un esquema en el cual, bajo la dependencia de burócratas, pasarían a ser obreros del Estado o juguetes de cúpulas políticas. Por estas razones, pasado un tiempo prudencial, y a pesar de los esfuerzos y las amenazas estatales por impedirlo, en forma masiva rompieron las estructuras donde los habían encerrado. Las empresas colectivas, prácticamente en su totalidad, creadas como consecuencia de la Reforma Agraria, se dividieron sin consentimiento, muchas de ellas por la fuerza, en parcelas individuales o familiares de corte privado.

La nefasta ley de Reforma Agraria tuvo que ser derogada cuando prácticamente se había convertido en letra muerta.

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pero el daño ya estaba hecho. Hoy, estos parceleros, se debaten dentro de una gravísima crisis económica. La depresión nacional, nacida de las desacertadas reformas, ha llevado al país por una escalada de cada vez mayor pobreza, situación que, pese a los grandes esfuerzos y enormes sacrificios realizados, no conseguimos superar. Dicha situación repercute contra el hombre del campo y se agrava por la indiferencia y falta de visión de sucesivos gobiernos, que ven, antes que nada, sus inmediatos intereses políticos y por consecuencia, prefieren postergar al agro, en beneficio de un voto o adhesión, -la maldición de las encuestas-, que piensan encontrar mayoritariamente en los centros urbanos.

Sin embargo, el porvenir está allí, en el campo. El despertar agrario para sacar al país del abismo, tal cual sucedió en otras épocas, se encuentra latente. Hace algunos años, en pleno auge de las empresas colectivas, en un valle norteño, se produjo una creciente de río durante el fin de semana. El agua se cargó por los canales y corrió por ellos la noche del sábado y sólo el domingo, pasado el medio día, los campesinos se enteraron de la destrucción de sus sistemas

de riego, con la noticia de la inundación del pueblo vecino. Eran los tiempos del colectivismo, cuando el trabajo en la chacra no pasaba de las cuatro horas diarias. Los fines de semana y menos aún por la noche, no había quien estuviera en el campo.

Hace dos años, la noche del 31 de diciembre, tuve que ir de urgencia a un puerto del sur de Lima. El río había crecido. Por todas partes se velan los lamparines de los regadores, que no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad de llevar el agua a sus sembríos. La noche era buena para buscar el progreso. Las cervezas podían esperar uno o dos días más.

Esa es la enorme diferencia entre los dos sistemas, el colectivo y el privado. Nuestras tierras peruanas, que tantas veces fueron promotoras del bienestar nacional, están esperando el clima propicio para despegar. Dicho clima precisa de seguridad, estabilidad y de políticas sensatas, que, lejos de incentivar diferencias y rencores, busquen la concordia, premien el esfuerzo y cultiven el desarrollo tecnológico. Eso sólo se logra con trabajo silencioso y con una gran dosis de humildad.

Luis Gamarra Otero Ingeniero Agrónomo. Ex-presidente de la Sociedad Nacional Agraria (1968-1969). Gerente General de Indutex.

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Educación y Constitución

ANTONINO ESPINOSA LAÑA

El examen crítico del proceso de la educación peruana durante los últimos 75 años podría concluir, con toda objetividad, en una verificación y un lamento: ¡Ha fracasado!.

Nos ha faltado, sustancial-mente, la educación de la razón. Desde la razón de la fe (las razones para creer), el conocimiento de lo real (que exorcizara todas las magias), la razón de la conducta (la moral que la orienta y la juzga), la razón de nuestra propia identidad (que vence sus «resistencias» y llega a conocerla), la razón que se elabora en el diálogo y busca consenso en la verdad, y que es fuente de solidaridad, contra toda violencia.

Por eso tenemos hoy una juventud en la que se encuentran fácilmente las siguientes características negativas: Es insegura porque no tiene la identidad de su propia Fe. Ni de la propia libertad (el uso responsable de su conducta). Porque carece del sentido de la identidad nacional. Porque es superficial (sujeta a la «ley del menor esfuerzo»), materialista (en pos del tener más que del ser), insensible ante el dolor ajeno, débil frente al propio dolor, confusa por el poder pu-

blicitario de sectas irracionales. Juventud que vive el prestigio de la anarquía (la violación de toda norma) y la exaltación de la violencia (sólo ella premia).

En suma, nos ha faltado una educación para la libertad (el ejercicio responsable del albedrío), para la justicia (que no es resentimiento sino respeto del otro), para la solidaridad (abierta, el compromiso humanista, no la pasión facciosa).

Es oportuna entonces, ahora que se pone en debate nuevamente la Constitución que debe regirnos, la publicación -parcial por limitación de espacio- de lo que

expresé en una conferencia, hace algunos años en el Colegio de Abogados de Lima. Su cono-cimiento puede ser saludable ejercicio de reflexión. Para contrastar lo que pasó con lo que debió pasar en estas ocho décadas.

Estamos aquí para estudiar la nueva Constitución, para investigar sus razones, para descubrir sus fallas y sus virtudes. Pero en este estudio debemos tener cuidado: los peruanos tenemos una peligrosa tendencia a denigramos a nosotros mismos. Un placer, un tanto masoquista, de auto-negación. Que parece compensar, a veces, la falta de libertad para el comentario abierto, franco.

Sería tremendo que, precisamente por venir de los hombres del oficio, nuestro enfrentamiento al flamante texto constitucional derivara en una crítica corrosiva. Actitud negativa que por un lado reflejara nuestra exquisitez individualista «¡No me gusta la Constitución!»; y por otro tuviera un pecaminoso sabor a desacato, a desprestigio prematuro de la Ley suprema.

El país requiere una norma constitucional bien trabada y operante, pero, más que nada,

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está urgido de un consenso amplio, que desde lo emotivo a lo conceptual «amarre» la vida social de nuestras gentes dispersas, y dé sentido al conjunto sin sacrificar a la persona. Y eso se malograría si el cimiento de esa vida común, que es la Constitución, estuviera minado por un negativismo irresponsable.

No olvidemos que el peor crítico es el impotente, el que no pudo o no supo crear, y que satisface su resentimiento tachando las obras de los demás.

En la línea de fuego

¿Cuál es el deber actual, de la educación?

No podemos esperar que la sociedad cambie. Un poderoso viento debe airear todos los ambientes educativos del Perú. Debe alentar las tareas, desvanecer las burocracias, empujar todos los aprendizajes. Los niños del Perú plantean cuestiones que no pueden dilatarse.

Sin embargo, nadie tiene derecho de acelerar la descomposición social destruyendo el sistema escolar.

Es deficiente, pero nos ha costado mucho. Y tiene posibili-

dades positivas. No podemos matar al enfermo para curar la enfermedad.

Minarla, enfrentar a los estudiantes contra los profesores, o contra si mismos, a los profesores contra los padres, o a unos y otros contra el Estado, puede ser un arma muy efectiva para desatar el caos social, pero acarrea daños irreparables -en nombre de un futuro hipotético- en los medios educativos, en definitiva en los mismos niños que se proclama servir.

La Escuela es campo de batalla. Es evidente. Ya no es más (ni los centros de trabajo, ni los hogares, ni los conventos, lo son) un reducto tranquilo, donde profesores y alumnos, en retiro, se dedicaban a una «preparación para la vida», para la vida que vendría después.

Ahora la Escuela está en la línea de fuego. Donde se cruzan, tal vez, con mayor radicalidad los cuestionamientos.

Pues no se trata solamente de enfrentamientos por razones económicas o políticas (aunque también las hay). Aquí se combate (a veces con pretextos econó- micos o con racionalizaciones de ideología política) por algo

más hondo, lo verdaderamente decisivo: la mente del hombre.

Y (en esto hay poca novedad) las reacciones libres son pocas, la formación de la libertad casi inexistente. La lucha consiste en apoderarse de las mentes. Hasta la misma palabra «concientización» se pervierte y deja de significar «toma de conciencia», consistencia personal, para resultar manipulación efectiva, nueva y definitiva alienación con máscara de liberación.

Se lucha por arrebatar al hombre desde que nace. Su mismo nacimiento se quiere controlado por los burócratas. Y después su entrega al Gobierno, (so pretexto de inoperancia de la familia) su entrega al que maneja el Gobierno: un Partido, una «banda de cuatro», una secta.

Para ello se devalúa la familia, se desprestigia la formación familiar. Se sostiene que es incapaz de educar cabalmente, que inculca falsos valores, que sólo quiere conservar el orden social injusto. Se busca convencer a los mismos padres de su impotencia. Y a veces se lo consigue. Mussolini primero, Hitler y el totalitarismo comunista des-

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pués, lo han logrado. Una infancia en manos del Estado. ¿Para hacer qué, con ella? No, por cierto, un país de hombres libres. Sino el gran experimento del siglo XX: la Sociedad monolítica, el país-cuartel, el país prisión; con su tremenda eficacia material y su inmensa miseria humana.

Eso es lo que está en juego. No unas reivindicaciones de poca monta. Se contiende por el hombre, y, con palabras que invocan libertad, o justicia, se persigue su sometimiento.

En las Constituciones del Perú

Si recorremos desde la Constitución de Cádiz, en 1812 y el Reglamento Provisorio de 1821, en fin, todas las Cartas Constitucionales y Estatutos Provisorios, y analizamos en ellas qué ente público legisla o norma lo educativo, qué lugar tiene la educación en la Constitución, qué ente administrativo la dirige, qué garantía se da al pueblo de que va a recibirla, etc., llegamos a conclusiones como éstas, algunas muy curiosas:

- Siempre y generalmente en la Constitución se decía que

Las normas para esta materia las daría el Congreso. Esto hasta la Constitución de 1855. Después se dejó de decir, y en la de 1933 se introdujo un concepto -sin mayor definición-, el enunciado de que «la dirección técnica» -nadie sabía exactamente qué significaba- de la educación correspondía al Estado.

- Luego tenemos que la idea de que la educación esté a cargo de los Municipios, que ha revivido al fin del debate constitucional último, estaba en la Constitución de Cádiz de 1812, y estuvo en la primera Constitución Peruana (1823). Nunca más se volvió

a mencionar, a nivel de Constitución, que las Municipalidades debían ser los entes que se encargaran directamente de ella.

- En cuanto a garantías, si, casi ninguna de las Cartas deja de decir que se garantiza la Educación Primaria. La primera que menciona la Primaria gratuita, -la gran reividicación del siglo XIX- es la Constitución de 1828.

- La educación «obligatoria» está

por primera vez en la Constitución de 1920.

- Es muy interesante ver que el ejercicio libre de la ense-

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ñanza lo incorpora la Constitución de 1856. Lo repite la de 1860. Constitución liberal la primera, conservadora la segunda. Y lo repite la del 67. Liberales y conservadores coinciden en reclamar la libertad de la enseñanza. La de 1933 postula la libertad de cátedra.

− El profesorado es carrera pública

en el Perú, como principio constitucional, apenas desde el año 20 de este siglo.

− Luego un dato, también

significativo: Sólo en dos Constituciones de nuestra historia la educación ha tenido un Capítulo especial. No solamente un articulito metido entre las facultades del Congreso o del Poder Ejecutivo, sino un Capítulo propio de la Educación. Esto lo encontramos en la primera de todas, la de 1823, a los 110 años, en la de 1933, y en la última, la de 1979.

− Y curiosamente resulta que en

esas mismas se dice cómo debe ser la Educación. La Educación debe fomentar las obligaciones morales y civiles, afirmaba la de 1823. La educación moral y cívica, dice la de 1933.

- En la de 1933 hubo una serie de novedades importantes: Se hablaba del fomento de la enseñanza técnica, de la pre-escolar, de la post-escolar, de la educación de los retardados, de la obligación de las empresas de tener escuelas en los centros mineros o agrícolas ¡y se establecía un monto mínimo de la renta que se dedicaría a la educación!

Veamos la última, la actual.

La nueva Constitución

Para ella sólo hubo dos proyectos completos del Capítulo de Educación: El del Partido Popular Cristiano y el del Partido Comunista Peruano, el P.P. C. y el P.C.P.

Por tercera vez tenemos un Capítulo especial, «De la Educación, la Ciencia y la Cultura», conveintiún artículos (antes trece). Es el de mayor extensión, y de más rico contenido de todas las anteriores. En la Constitución se encuentran, ahora plenamente, lo ideal y lo concreto de nuestra realidad nacional.

Ese Capítulo integra el Título sobre Derechos Humanos;

y aquí es oportuno recordar que la izquierda marxista se opuso a la consideración prioritaria de la persona humana en la Constitución. Como lo dijo claramente la Dra. Laura Caller Iberico, con palabras que el diario «La Prensa» recogió, y que por su totalitarismo hacen eco fiel a los términos de Mussolini por ejemplo, con el mismo concepto que destruye al hombre, en homenaje al Estado todo-poderoso.

El Artículo 21 establece primero lo ontológico: ¿qué es la educación? Se define como derecho «inherente a la persona humana». La educación ayuda al hombre a desplegar sus potencialidades. Se inspira en la democracia social. El Estado garantiza la libertad de enseñanza.

Luego viene lo teleológico, los fines de la educación: El desarrollo integral de la personalidad, las humanidades, el arte, la ciencia, la técnica, la integración nacional y latinoamericana, la solidaridad internacional, la formación ética y cívica (Arts. 21 y 22).

Hubo consenso, cuando se discutía esto, en lo relativo a los fines tradicionales de la educación. Cuando se trató de la for-

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mación religiosa hubo discrepancia. Algunos querían eliminar hasta la simple mención de la religión. Finalmente hubo acuerdo unánime en la fórmula aprobada, que entrega a los padres de familia la decisión última en la materia: «La educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia. Es determinada libremente por los padres de familia».

Además se enseñarán la Constitución y los derechos humanos.

En el Art. 23 se asume el precepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el derecho de los padres de familia. Esto también fue cuestionado

por algunos. Sostenían que llevaría a un caos, que negaría la dirección de la Educación por el Estado. Hubo fuerte tendencia estatista. Pero la participación de los padres quedó consagrada, y su derecho de escoger el tipo de educación.

En el Art. 24: ¿Qué le toca al Estado? Los planes, los programas, la dirección y la supervisión de la Educación.

Y se añade con qué propósito -esto es también muy importante-: Para asegurar la calidad y la eficiencia de la educación. O sea que tiene también aquí una función promotora; supervisa, para asegurar la calidad, así como para «otorgar a

todos igualdad de oportunidades ».

El deber de educar está re-cogido en la norma que establece la obligatoriedad de la educación; lo que se hace realidad con la garantía de la gratuidad (Art. 25 ).

El Art. 26, sobre la erradicación del analfabetismo, nunca antes apareció en la Constitución. Es una «tarea primordial del Estado». Habrá recursos específicos para ello; el Mensaje presidencial anual informará necesariamente de sus progresos. Si, el gran objetivo y la gran tarea, no eran dar el voto a los analfabetos, ¡era darles el alfabeto!

El Art. 30 afirma la educación privada. Ha habido que dar batalla por ella pues encontró sistemática oposición.

El P.C.P. la consideraba meramente «supletoria». En el Anteproyecto sólo se la aceptaba con grandes limitaciones. Pero se sostuvo apoyándose en el derecho primordial de los padres, y además en el hecho de que muchísimas escuelas de clase media, y aun de caseríos que sufragan sus colegios, son privadas. El fruto excelente de

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ellas no pudo desconocerse. El artículo estableció finalmente que, con la calidad adecuada y «sin fines de lucro», la educación privada, cooperativa, comunal y municipal, será reconocida, ayudada y supervisada por el Estado.

El artículo referido a la Universidad (el 31°): Recibe por primera vez la declaración constitucional de su autonomía académica, económica, normativa y administrativa. ¡Cada Universidad!. Todo universitario, todo profesor o alumno universitario de los últimos años en el Perú, sabe lo que esto significa. Cada Universidad gozará de autonomía. No más el engendro del Decreto Ley 17437: el «Sistema de la Universidad Peruana», y el CONUP como agente de ese «Sistema», el engendro que permitía en realidad, únicamente, la manipulación de las Universidades.

Se garantiza la libertad de cátedra. Las Universidades «son públicas o privadas»; constituidas por profesores, graduados y estudiantes; como quiso la Reforma de Córdova, y no con la exótica mixtura de los «no-docentes», que inventó también el régimen de la Dictadura militar. Y se coordinarán entre

sí y con la comunidad nacional, sin la coacción suprema que ejerció el CONUP. Ellas se coordinarán, libremente, y la coordinación nacerá de ellas, no vendrá impuesta de arriba.

En fin, los siguientes artículos también tienen «lo suyo». La colegiación de las profesiones universitarias, novedad también (Art. 33). Los medios de comunicación, que colaborarán con la educación (Art. 37). La educación bilingüe, «también en su propio idioma» (Art. 35).

Atendamos al Artículo 28, tan interesante, porque alienta, podemos decir, la fidelidad al propósito educativo. Fíjense Uds., dice: «La enseñanza, en todos sus niveles, debe impartirse con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa». Cada institución, de acuerdo con su propio proyecto educativo, debe contar con este espíritu comunitario, de los maestros, y los padres, y los directores, de la institución No puede ser que se produzcan enfrentamientos que escindan, en el alma del niño, la formación que recibe. Esta comunidad educativa, que debe ser cada escuela, supone una fidelidad

al objetivo común. El que va a un colegio es para convenir en un tipo de educación, y libremente se incorpora, entonces, a hacerlo posible con su esfuerzo.

El nuevo Artículo 39 establece también que no menos del 20% del Presupuesto nacional se destine a educación. Actualmente sólo el 11 %. En el primer gobierno del Arquitecto Belaunde la UNESCO elogió el alto porcentaje que el Perú dedicaba a la educación. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años.

Sobre el Artículo 40, acerca de la investigación científica y tecnológica, habría que mencionar que algunos rechazaban la transferencia de la tecnología extranjera; pero lo necesario es determinar en qué condiciones viene, lo que será fijado por la ley.

¿Cuáles son pues las novedades fundamentales de este Capítulo? Novedades totales, sin antecedente en las Constituciones anteriores: - Definición de la Educación.

Determinación de sus fines. (Antes se ponía el título «Educación», y no había nada que la definiera, nada que dijera

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− de qué se trataba). − Libertad de enseñanza religiosa. − Derecho de los padres de familia. − Mejor definición del rol del

Estado. − Erradicación del analfabetismo,

como tarea básica − Reconocimiento y ayuda a la

enseñanza privada. − Autonomía de cada Universidad;

fin del «Sistema». − Colegiación profesional. − Estímulo al folklore; promoción

del deporte; el 20% del Presupuesto; estímulos a la investigación; incentivos tributarios.

Es verdad, y se ha dicho ya

mucho, que la Constitución es demasiado extensa, es «reglamentarista».

Yo me pregunto si esto no se podría ver también de una manera benévola. ¿Por qué es

«reglamentarista» la Constitución? ¿Por qué han pensado los constituyentes que había que incorporar al texto constitucional tantas cosas? ¿No son detalles minuciosos, no son innecesarios?.

¿No se tratará de una manera de resolver el gran problema, que advirtió Basadre, de la diferencia entre el «país legal» y el «país real»? ¿No será la única forma de acercar el «país real» a la legalidad - dado que en el Perú se cumplen tan poco las leyes, y que la misma Constitución es tan violada-? . Por lo menos da una mayor garantía de estabilidad, y de fuerza, el que una norma esté no a nivel meramente legal sino en la Constitución.

Claro que el riesgo era muy grande. Pudimos haber tenido una Consti-tución que fuera un volumen inmenso. Porque todas las leyes indispensables, pudieron pensar, la única garantía de que se cumplan es incorpo-

rarlas en la Constitución. Pero yo veo que hay un propósito de darle fuerza inconmovible a ciertas pautas y esto ha determinado, ciertamente, una proliferación formal del texto, que no me parece, en si, un mal.

Reflexión Final Y permítanme terminar con una

reflexión final.

Educación Humana es, antes que nada, Educación de la Libertad, para la Libertad.

También, básicamente, Educación del sentido de lo justo, para que haya Justicia.

Mucho ha sufrido el hombre concreto por las «libertades» sin Justicia, especialmente en el siglo XIX; y mucho también por la «justicia» sin Libertad, sobre todo en el siglo XX.

Pero lo decisivo no está en ellas. Esas «libertades» que no sentían el imperativo de la Justicia, esa «justicia» que no respondía al hambre de Libertad, atropellaban al hombre concreto, porque coincidían en creerse posibles -que pudiera haber Libertad, que pudiera haber Justicia- sin Solidaridad.

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Sólo la Solidaridad hace sentir que no bastan la Libertad o la Justicia por separado. Sólo la Solidaridad compatibiliza lo libre con lo justo, y lleva ambos principios a una realización simultánea, recíproca, armónica. En que uno alimenta al otro.

Se requiere una Educación para la Solidaridad, una Pedagogía de la Solidaridad.

Allí está lo radical. Nadie la busca. Por esto todo anda descalabrado. Cada uno combate por «su libertad», «su derecho», o «su justicia». No se ha aprendido a perseguir nuestra Solidaridad.

¿Qué la hará posible? ¿Quién se atreve?

Estamos obsesionados, sugestionados, por la dialéctica del odio. Parece que el mundo no puede comprenderse sin ella. Los testimonios abundan, desde Hitler hasta Mao. La imagen implacable del verdugo y la víctima, ¡parece no haber reconciliación posible!.

Mientras la autoridad o el padre de familia, el burgués o el maestro, sean vistos como «el enemigo»; mientras «el enemigo» merezca toda nuestra capacidad de destrucción

y de odio; mientras esa violencia sea el método del cambio, sólo llegaremos, en lo mejores casos, a esas «libertades» truncadas, o a esa «justicia» frustradora del hombre real.

Construir la Solidaridad supone conocer al hombre, aceptarlo, compartir la vida con él, sabernos coresponsables; y no sólo reivindicar los derechos (la Libertad), o exigir el cumplimiento de los deberes (la Justicia).

La posibilidad de la Solidaridad radica básicamente en la educación; y si la Constitución nos da el molde formal de la solidaridad nacional, toca a la Educación realizar su contenido.

Lo radical es la falta de Solidaridad. Aquí al enemigo no lo encontramos afuera. Tenemos que descubrir la dimensión interior del hombre para toparnos con el adversario. No es un poder político o económico. Está en el hombre mismo, en nosotros mismos. El obstáculo consiste en nuestro propio egoísmo, en nuestra cerrazón. Que se proyecta después en los egoísmos del grupo, de la secta, de la clase o de la raza. Que encuentra virtud sólo en lo propio, y pecado en todos los demás; raciona-

lizando así todas las discriminaciones y las explotaciones de unos hombres por otros, haciéndolas inevitables.

La Solidaridad parte del fondo mismo del hombre, y lo redime de sus desviaciones peores. A la Educación corresponde, en empeño consciente, deliberado e infatigable, hacerla posible. Ese es su reto, su alta misión.

Por eso las armas de este combate no son cortantes ni detonantes. Son las mismas amas que, hace 20 siglos, Pablo de Tarso describió con una imagen luminosa, que conserva todo su esplendor:

Son las armas, decía él, «para poder resistir en el día aciago y sostenernos apercibidos en todo».

«Estad, pues, a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad, armados de la coraza de la justicia,... embrazad en todos los encuentros el escudo de la fe,... tomad también el yelmo de la salud; y empuñad la espada del espíritu» (Ep. a Efesios - 6,13 a 17 ).

Antonino Espinosa Laña Abogado. Ex-diputado por Lima (1980-1985). Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.

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