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SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2012

6.ª G SESIÓN (Matinal)

MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2013

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VÍCTOR ISLA ROJAS,

LUISA MARÍA CUCULIZA TORRE,

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER

Y

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO

SUMARIO

Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Se rechaza la admisión a debate y pasa al archivo una moción de censura contra la Mesa Directiva.— Se aprueba el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa por el que se autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjeros al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013.— Se aprueba en primera votación y se acuerda dispensar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley en virtud del cual se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes; y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.— Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el

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cual se propone la Ley contra el Crimen Organizado.— Se aprueba una moción de saludo a la Decimosexta Cuadrilla de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima con ocasión de celebrar su decimoquinto aniversario de vida institucional.— Se suspende el debate de la cuestión de orden planteada por la congresista Schaefer Cuculiza en el sentido de que a la Comisión de Salud y Población se le considerara como comisión principal respecto del Proyecto de Ley 2417, por el que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.— Se suspende la sesión.— Se reanuda la sesión.— Se aprueban mociones de saludo a la emblemática Institución Educativa Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, por el centésimo octogésimo sexto aniversario de su creación; al distrito de Recta, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, con ocasión de celebrar el sexagésimo séptimo aniversario de su creación política; al señor Marcial Rospigliosi Flores con ocasión de celebrar sus bodas de oro en el periodismo radial de Tacna; al distrito de Corosha, ubicado en la provincia de Bongará, departamento de Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación; a todas las autoridades, personal asistencial, trabajadores administrativos y personal en general del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, al conmemorarse el quincuagésimo tercer aniversario de su creación institucional; al distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, de la Región Cajamarca, al celebrar la fiesta en honor a su santo patrono Santo Domingo de Guzmán; al histórico y tradicional distrito de Breña, de la provincia de Lima, departamento de Lima, con motivo de cumplir su sexagésimo cuarto aniversario de creación; al caserío de Anguy, distrito de Cáceres del Perú, de la Región Áncash, con ocasión de celebrar su centésimo aniversario de creación política; a la provincia de Cajatambo, con motivo de celebrarse la fiesta en homenaje a Santa María Magdalena; a las organizaciones cooperativas y cooperativistas del país, por el Día Internacional de las Cooperativas; al distrito de Chisquilla, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación; al Colegio de Contadores Públicos de Lima, al conmemorarse el septuagésimo primer aniversario de su fundación; al distrito de Cacra, en la Región Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política; al distrito de Echarati, provincia de La Convención, de la Región Cusco, con motivo de conmemorarse un aniversario más de su creación política; a la comunidad de Vicos, ubicado en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, por conmemorarse un aniversario de su creación política; al pueblo de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, por su centésimo undécimo aniversario de fundación; al distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, Región Junín, con motivo de conmemorarse el quincuagésimo segundo aniversario de su creación política; a la Institución Educativa Inicial 225 Niños Héroes, por su quincuagésimo cuarto aniversario de creación; al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de Arequipa, con motivo de celebrar su quincuagésimo tercer aniversario; a los familiares descendientes de Domingo Mandamiento Sipán al conmemorarse el centenario del fallecimiento de este digno héroe, así como al barrio de Chaquilla, del distrito de Huacho, en la provincia de Huaura, perteneciente a la Región Lima Provincias; a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Urcos, por su cuadragésimo cuarto aniversario de creación; al centro poblado El Milagro, con motivo de su trigésimo segundo aniversario de creación política; a la provincia de Tarma, por el cuadringentésimo septuagésimo noveno aniversario de su fundación española; a la Cámara de Comercio y Producción de La

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Libertad, con motivo de celebrar su centésimo undécimo aniversario de creación institucional; al señor José Luis Huamaní Gonzales, alcalde del distrito de Surquillo, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna; al señor José Gordillo Abad, alcalde del distrito de Breña, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna; al distrito de Colonia, de la provincia de Yauyos, en la Región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política; al distrito de Surquillo, del departamento de Lima, por conmemorarse su sexagésimo cuarto aniversario de creación política; al distrito de Breña, departamento de Lima, por conmemorar su sexagésimo cuarto aniversario de creación política; a la villa histórica San Miguel de Tangarará, del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura, al conmemorarse el cuadringentésimo octogésimo primer aniversario de su fundación española; a todos los profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú y a sus quince consejeros directivos regionales por su nuevo aniversario de creación institucional.— Luego de rechazarse la cuestión previa planteada por la congresista Schaefer Cuculiza y de contar en el debate con la participación de las ministras de Salud, Midori de Habich Rospigliosi, y de Trabajo, Nancy Laos Cáceres, se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.— Se suspende el debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Descentralización respecto del proyecto de ley mediante el cual se propone crear el Sistema del Servicio Social Voluntario.— Se acuerda la admisión a debate de la moción de interpelación al señor ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y, de conformidad con la propuesta de la Presidencia, citarlo para el 1 de agosto de 2013, a las nueve de la mañana, con el fin de que conteste el pliego interpelatorio.— Se da cuenta de la moción de interpelación al ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra para que absuelva el pliego interpelatorio con relación a interceptaciones telefónicas.— Se da cuenta de otra moción de interpelación al ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra para que absuelva el pliego interpelatorio con respecto a la seguridad en los establecimientos penitenciarios, en general, y a las salas de audiencia, en particular.— Se suspende la sesión.

—A las 9 horas, bajo la Presidencia del señor Víctor Isla Rojas, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Isla Rojas, Eguren Neuenschwander, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chehade Moya, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, García Belaunde, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado

Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Velásquez Quesquén, Yovera Flores, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial: Los congresistas Chihuán Ramos, Elías Ávalos, Guevara Amasifuen, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Neyra Olaychea y Reynaga Soto.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Cabrera Ganoza y Huaire Chuquichaico.

En función de representación: Los congresistas Canches Guzmán y Merino De Lama.

Ausentes: Los congresistas Falconí Picardo, Luna Gálvez, Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Núñez, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Iberico Núñez, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Monterola Abregú, Omonte Durand, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valqui Matos, Wong Pujada e Yrupailla Montes.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El quórum para la presente sesión es de 62 congresistas.

Han registrado su asistencia 65 congresistas.

Con el quórum reglamentario, continúa la sesión.

Se rechaza la admisión a debate y se envía al archivo una moción de censura contra la Mesa Directiva

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Convoco a la congresista Luisa María Cuculiza Torre para que dirija el debate de la moción de censura a la Mesa Directiva del Congreso en razón de haber encabezado la lista alternativa para la elección de la Mesa Directiva del Periodo Anual 2012-2013.

—Asume la Presidencia la señora Luisa María Cuculiza Torre.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Muy buenos días a todos.

Se va a proceder con la lectura de la moción de censura a la Mesa Directiva.

El RELATOR da lectura:

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Moción de Censura

De los congresistas Chávez Cossío, Salgado Rubianes, López Córdova, Cordero Jon Tay, Bardález Cochagne, Elías Ávalos, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Salazar Miranda, Spadaro Philipps, Tapia Bernal y Valqui Matos a la Mesa Directiva del Congreso por considerar que esta ha cometido constantes abusos y no ha levantado las sesiones en clara maniobra política antidemocrática. (Moción N.º 7566).

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— En consulta la admisión a debate de la moción.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el congresista Mauricio Mulder Bedoya para que fundamente la moción en nombre de los autores.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señora Presidenta, esta moción de censura fue presentada por un grupo de parlamentarios después de la suspensión de la sesión de la semana pasada y de la constatación, de parte de los parlamentarios que hemos suscrito esta moción de censura, de que estamos todavía en la misma sesión que comenzó el 6 de junio del mes pasado y continuó los días 12, 13, 20 y 26 de junio; y 2 y 4 de julio.

Son siete reuniones en las que la Mesa Directiva, en lugar de levantar la sesión, la suspende.

Es evidente que esto tiene una connotación de carácter político, porque hay mociones de censura y mociones de interpelación planteadas por la oposición simplemente para que se debatan. La más importante, por ser la más antigua y tener que ver con un tema de escándalo que ocurre ya en los días de hoy con relación al ministro Cateriano, es la Moción de Interpelación 7062. Fue presentada el 16 de mayo y está para que se consulte su admisión; pero desde el 16 de mayo no se discute porque la sesión se suspende y se suspende. El Reglamento señala que se tiene que dar cuenta en la siguiente sesión. Como estamos en la misma sesión que se inició el 6 de junio, no se da cuenta de esa moción.

Esta es una maniobra política que busca enfriar este asunto para que después, con negociaciones de carácter político, sea retirada.

La moción, señora Presidenta, se refiere a las circunstancias exactas en que se produjeron los sucesos —que ya no son tan recientes— de Kepashiato. La prensa los ha olvidado, los políticos los han olvidado; pero se trata de sucesos sumamente graves por los que el Ministro de Defensa no ha rendido cuentas ante el Parlamento. Después, orondo, aparece en otro tipo de escándalos, y esos escándalos también tendrán que motivar, en su momento, que asuma sus responsabilidades.

Pero no solo eso, sino que también el 12 de junio, en la siguiente reunión de la sesión del 6 de junio, que es la que continúa hasta ahora, se presenta otra moción de interpelación, esta vez contra el Ministro del Interior. No se ha dado cuenta de esta moción todavía, y ni siquiera está incluida en la agenda que nos reparten desde que estamos en el período extraordinario. Es una moción que duerme el sueño de los justos desde el 12 de junio, más de un mes. No se da cuenta de ella porque no se levanta la sesión, y en este plan de ir suspendiéndola también buscan enfriar una moción que tiene treinta y dos preguntas

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relativas a la inseguridad ciudadana y al reglaje que se les está haciendo a algunas personas.

Entonces, ¿qué interés puede haber ahora por parte del Gobierno, que dice que hay que investigar el chuponeo, que hay que investigar el espionaje, cuando una imputación de chuponeo y espionaje contra el Ministro del Interior buscamos dilucidarla con las explicaciones que corresponden y no podemos debatirla en el Parlamento?

Estas cosas nos tienen que llevar a que la Mesa asuma su responsabilidad. La Mesa tiene la obligación de poner las mociones de orden del día, como corresponde y de acuerdo al Reglamento, siempre en la siguiente sesión; pero hacer siete suspensiones desde el 6 de junio hasta el día de hoy es completamente antirreglamentario y antidemocrático, porque las mociones de interpelación son recursos que presenta la minoría, y cuando se atenta contra el derecho de una minoría se está atentando contra un principio democrático. Ese tipo de circunstancias nos ha llevado a presentar por primera vez en muchos años una moción de censura contra la Mesa.

La última vez que sesionamos se pudo hablar con quien presidía la Mesa, que era el congresista Eguren, y se le dijo que levantara la sesión. Se lo pedimos porque era una simple prerrogativa reglamentaria. A pesar de todo, la suspendió, se fue por la puerta y dejó a todo al mundo con los crespos hechos.

Ese tipo de actitudes no deben ocurrir en un parlamento democrático. Los temas son para debatirse, no para rehuirlos cobardemente; y con los votos se gana o se pierde. Quienes ganen y quienes pierdan asumirán su responsabilidad.

Rechazamos las sucesivas suspensiones y las maniobras de carácter político, porque son antidemocráticas. Por eso, vamos a pedir que se vote a favor de la censura.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Los grupos opositores tienen un minuto cada uno, con un máximo de cinco entre todos, para oponerse a la admisión a debate de la moción de censura.

Tiene la palabra el congresista Víctor Isla.

El señor ISLA ROJAS (NGP).— Señora Presidenta, quiero señalar en primera instancia y de manera categórica que la suspensión de las sesiones no es antirreglamentaria ni antidemocrática.

Por todos es conocido que se da una amplitud democrática a los debates, porque aquí lo hemos definido de esa forma para el presente período con esta Mesa Directiva. Es más, ampliamos los minutos de debate porque consideramos que así debe ser.

Por lo demás, buscamos consensos para algo fundamental, para atender una deuda que tiene la clase política peruana con la Nación: la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del directorio del BCR y del defensor del Pueblo.

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Efectivamente, en este plazo se ha continuado una sesión por siete veces; sin embargo, eso no es antirreglamentario, sino una práctica parlamentaria. Lo digo porque me he tomado el tiempo de revisar las formas de actuar de los anteriores presidentes y estoy seguro de que, al igual que esta Mesa, ellos en ningún momento han querido evadir alguna interpelación.

Se ha dado cuenta, se ha procesado y se ha votado todo. Quedan pendientes dos mociones, pero todavía no concluye la legislatura.

Puedo señalar, por ejemplo, que en el período parlamentario del 2001 al 2006 hubo una sesión en diecisiete etapas, del 13 de mayo de 2003 al 13 de junio; y otra en veinte etapas, de abril del 2005 hasta junio del 2005.

Y el congresista Mulder, de vasta experiencia, debe tener presente que durante el período parlamentario anterior hubo una sesión en veinticuatro etapas, del 6 de setiembre al 14 de diciembre. Estoy seguro de que quien dirigía esa Mesa no tenía un carácter antidemocrático. Lo hizo porque tampoco era antirreglamentario.

De igual manera, durante el Gobierno anterior hubo otra sesión en veintidós etapas en el año 2008, del 12 de marzo al 12 de junio.

Lo que no pueden decir de esta Mesa es que ante una interpelación no sigue el procedimiento conforme al Reglamento.

Sin el afán de hacer comparaciones, reafirmo que esto no es antidemocrático ni antirreglamentario, sino una práctica parlamentaria. Durante el Gobierno anterior, cuando hubo una interpelación por el indulto al señor Crousillat, no se siguió el procedimiento ni se rindió cuenta. Eso es algo que no sucede con esta Mesa, por ejemplo, porque se da cuenta y se sigue el procedimiento, como lo vamos a seguir ahora.

Existen muchos elementos, y con la comparación no se quiere determinar quién es mejor; pero ustedes son testigos de lo que la Mesa Directiva ha hecho durante este período. Se ha buscado un debate permanente y un diálogo amplio y se ha levantado como bandera la tolerancia, porque tenemos claro que la única forma de que todas las sangres y todas las clases políticas lleguemos a un entendimiento es a través del consenso.

El congresista Mulder pide una interrupción, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, el congresista Isla sabe perfectamente que ni el error ni el abuso son fuente de derecho. El compararse con irregularidades o supuestas irregularidades anteriores no genera el derecho de hacerlo, en primer lugar.

Y en segundo lugar, señora Presidenta, yo quería escuchar las razones por las cuales se está suspendiendo siete veces una sesión; no si se hizo antes, sino por qué razones. Es evidente que son razones políticas, por la interpelación, señora Presidenta.

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Si no se responde eso, se está demostrando que a confesión de parte, relevo de prueba.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede continuar, congresista Víctor Isla.

El señor ISLA ROJAS (NGP).— Debo decirle al congresista Mauricio Mulder que he precisado que no existe un afán por hacer comparaciones, sino que es bueno refrescarse la memoria. He hecho esas comparaciones para aclarar que se trata de una práctica parlamentaria que no es antirreglamentaria ni antidemocrática.

Asimismo, he hablado con absoluta claridad del esfuerzo permanente de una comisión que busca llegar a un consenso para elegir a las autoridades que la población nos reclama.

Más allá de las discrepancias, yo espero que el día de mañana podamos cumplir con ese objetivo. Ojalá sea así.

Por eso, ante la propuesta que se dio, yo señalé con claridad que era el primer paso, que no se había logrado nada todavía, pero era el esfuerzo de un Congreso de muchos colores y posiciones políticas que demostraba que, cuando el interés de la Patria estaba de por medio, una de las formas de llegar a un entendimiento era a través del diálogo y la tolerancia.

En ese proceso se han venido dando debates largos y no se ha llegado a poner en consideración estas interpelaciones. Si mal no recuerdo, en el último Pleno, dirigido por el congresista Eguren, un grupo de parlamentarios discutíamos las propuestas que se iban a hacer. Eran aproximadamente las once o doce de la medianoche, hora a la que se suspendían las sesiones. No había ningún afán de evadir ni de nada. Esta Mesa se ha caracterizado por no esconder nada debajo de la alfombra y por poner todo en debate.

Como siempre lo he manifestado, acá en el Parlamento, más allá de los discursos, los que mandan son los votos.

El congresista Bruce me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede hacer uso de la segunda interrupción el congresista Carlos Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, en vista de todas las explicaciones que está dando el congresista Isla, nos encantaría saber si hoy va a suspender o va a levantar la sesión, porque con su respuesta podrá demostrarnos si en efecto él tiene un espíritu democrático y permitirá ventilar y procesar los distintos pedidos de interpelación pendientes.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede continuar por un minuto, congresista Víctor Isla.

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El señor ISLA ROJAS (NGP).— Yo le agradezco la interrupción al congresista Bruce.

Efectivamente, no tengo la intención de empatar a quienes tenían veintidós o veinticuatro convocatorias sin suspender la sesión. Tenemos el tiempo suficiente y estoy seguro, además, de que mañana definiremos una cuestión muy importante para la Nación.

Vamos a terminar con los temas de la agenda legislativa pendientes hasta hoy.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga para oponerse a la admisión de la moción.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidenta, nos preguntamos si su presencia en la dirección del Pleno no es una premonición, en este mes de julio, de que a partir de estas Fiestas Patrias usted podría conducir de manera más democrática este Congreso.

Se nos ha hablado de diálogo y tolerancia, pero son palabras que quedan flotando en el aire. No ha habido esa tolerancia que implica el respeto de las mayorías hacia las minorías, esa tolerancia que implica que haya un diálogo abierto y franco para que las minorías se expresen libre y democráticamente.

Si hay una moción de censura a la Mesa es porque ¿quién no se ha sentido burlado en el Pleno anterior? Hemos visto que la conducción se ha llevado de malas maneras. Se aceptó que se fuera a la conclusión y se levantara la sesión; sin embargo, escuchamos el tinglado de la campana y la huida por la puerta trasera.

El hecho de que no se haya levantado la sesión no permite que se veamos lo que de modo impostergable y necesario piden las minorías: las mociones de interpelación y las mociones de censura.

En el Ministerio de Defensa hay un cúmulo de situaciones irregulares que hacen impostergable la presencia del ministro para el debate y la investigación de posibles faenones que queremos que sean erradicados para siempre del Ejecutivo.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Reitero que el uso de la palabra es para quienes se oponen a la admisión a debate de la moción. Ruego a los señores congresistas que cumplan lo dispuesto en el Reglamento.

Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, la felicito por ocupar el cargo aunque sea momentáneamente o por poco tiempo.

Cuando escuchaba al colega Mulder, recién entendí que estábamos ante una censura planteada por el Apra. Si no hubiese hablado el colega Mulder, estaría convencido de que la censura la había planteado cualquier otra bancada. Pero cuando escucho a Mulder hablar, parecería que el Apra fuera un partido que recién se ha fundado hace dos

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años, casi con este Gobierno, y que no tuviera ochenta años de lucha partidaria ni de política y presencia en el Parlamento.

Hay que recordar que Haya de la Torre decía que este era el primer poder del Estado. Claro que nunca citó al autor intelectual de esa frase. El año 1839, Francisco de Paula González Vigil habló de que este era el primer poder del Estado. Pero claro, para el Apra, que todo lo crea, el primer poder del Estado surgió con la idea de Víctor Raúl, en lo cual están equivocados.

El primer poder del Estado fue poder mientras el Apra estuvo acá de oposición, y allí están los boicots que el Apra hizo al Congreso el año 1948.

Cuando viene el golpe de Estado de Odría, no había quórum en las sesiones porque el Apra no asistía. Cuando se trató de censurar al señor Odría como ministro del Interior [ministro de Gobierno y Policía], en 1948, el Apra lo defendió. Un mes después dio el golpe de Estado. Odría persiguió al Apra, por supuesto; y luego, en 1962, víctimas y victimarios se unieron en lo que se llamó la Coalición Nacional.

Entonces, estamos hablando de una vieja historia.

Y cuando llega Belaúnde al poder, en el año 1963, en este Congreso se censuran a once ministros de Estado; es decir, a dos ministros por año.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Tiene un minuto adicional, congresista.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Cada seis meses caía un ministro.

Haya de la Torre declaró en un discurso en la plaza San Martín que Velasco estaba haciendo el programa aprista. Se habían vuelto probablemente admiradores de la autocracia militarista de aquella época. Y en el año 1980, cuando vuelve la democracia con la Constitución firmada por Haya de la Torre —bueno, firmada por Belaúnde también—, empiezan a votar en contra de los embajadores y de los generales que venían aquí. Nunca votaron a favor de Pérez de Cuéllar, y Pérez de Cuéllar no fue elegido embajador porque el Apra no votó a favor de él.

¿Vamos a debatir, colega Mulder, o desea hacer una pequeña aclaración?

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Diríjase a la Mesa, congresista.

Puede interrumpir el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Ya nos tiene acostumbrados el congresista García a sus exégesis históricas, pero las hace a su leal saber y entender, las distorsiona conforme él quiere.

Ha dicho varias cosas que ya es absurdo refutar, pero hay dos que realmente me llaman la atención.

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¿Le sorprende a él una unión de victimarios y víctimas? El año 1965, cuando las guerrillas del MIR se levantaron, un ministro, el señor Javier Alva Orlandini, pidió la pena de muerte para los guerrilleros. Y yo pregunto: ¿la alianza que ahora tiene Acción Popular con el Partido Socialista qué cosa es?

Los tiempos cambian y está muy bien que así sea.

La segunda disquisición es mucho más notoria, porque todo el mundo sabe que el propio Javier Alva Orlandini, persona absolutamente respetable, fue el que promovió votar en contra de Javier Pérez de Cuéllar para que se vaya de embajador al Brasil. Javier Alva Orlandini sostenía que el primer rostro que había visto cuando se estaba leyendo el Estatuto Militar el día 3 de octubre de 1968 fue el de Javier Pérez de Cuéllar…

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Concluya, congresista.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Y quien tuvo mayoría en el Senado de 1980 a 1985 fue Acción Popular. Con los votos de Acción Popular se le cercenó el camino al señor Javier Pérez de Cuéllar. Cuando después fue elegido secretario general de las Naciones Unidas, el que se tuvo que quedar calladito fue Javier Alva Orlandini; y con él, por supuesto, Acción Popular.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede continuar, congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, a propósito, la esposa de Pérez de Cuéllar falleció la semana pasada, y yo quisiera aprovechar este momento para rendirle un homenaje. Una gran dama.

Le aclaro al colega Mulder, con la cortesía que ha tenido —no tenemos por qué recurrir a agravios ni infundios—, que Acción Popular no tenía mayoría en el Senado. En 1980, de sesenta votos de senadores, veintiséis eran de Acción Popular y seis del PPC; pero da la casualidad que los veintiocho votos restantes, que eran de la izquierda y del Apra, nunca fueron a favor de un embajador ni de un general ni de un almirante. Por eso es por lo que Pérez de Cuéllar no llegó a los treinta y un votos. Sacó solamente veintinueve, porque faltaron tres personas de la bancada ese día. Si el Apra hubiese votado a favor —como tendría que haber votado, por tratarse de un diplomático de carrera—, Pérez de Cuéllar hubiera sido embajador en Brasil.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Concluyó su tiempo, congresista.

Ruego a los señores congresistas que se sirvan mantener el orden y se aboquen a lo que se está trabajando hoy día.

Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidenta, en principio estoy en contra de cualquier acto de censura contra la Mesa Directiva porque esta ha tenido un manejo democrático a lo largo de todo este año. Los congresistas ya no hablamos uno o dos

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minutos, sino un tiempo mayor, y se dio oportunidad a todas las bancadas. Incluso muchos se quejaban de que las sesiones duraban hasta la una o dos de la mañana.

Por otra parte, estoy en absoluto desacuerdo de cómo las bancadas quieren plantear el día de mañana la elección del defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional. Sé que eso no está en debate, pero a los amigos que están a mi izquierda y piensan que me simpatiza esta suspensión les digo que no es así.

Reitero que las bancadas políticas hacen muy mal en proponer esa forma de elección de miembros del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo, pero eso no justifica que mi voto sea en contra de la moción de censura a la Mesa Directiva. Creo que hay un exceso, porque si bien es cierto que se debe de interpelar a los ministros, durante todo este año nos hemos pasado de interpelación en interpelación, y cuando han llegado los ministros y han hablado dos, tres, cuatro, cinco horas, habría que preguntarse quiénes se quedaban y quiénes no se quedaban. Una vez que los ministros concluían con el pliego interpelatorio, recién llegaban todos para el show mediático en la televisión.

Entonces, mi voto es en contra de la moción de censura al Presidente del Congreso y a la Mesa Directiva en su conjunto.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— En esta etapa interviene una persona por grupo parlamentario.

Por excepción, tiene la palabra el señor Jorge Rimarachín, para que no piense que no le doy la palabra por algo especial.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Muchísimas gracias, Presidenta, por esa amabilidad.

Quiero aclararle al congresista Mulder que no somos guerrilleros; somos luchadores sociales que levantamos las banderas nacionalistas y queremos el poder para los peruanos, no para los chilenos ni para los de afuera, como hizo su Gobierno.

Esta censura sí es una acción política, al igual que la suspensión de las sesiones. Si este es el escenario político y estamos haciendo política, ¿por qué traer como cuestionamiento que hay una acción política? Estas son acciones políticas. La censura misma lo es.

¿Qué hay detrás de todo esto, Presidenta? ¿Se quiere que se elija una nueva Mesa Directiva y se elimine la reelección que se vocea por los medios de comunicación? Existe un acuerdo para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del defensor del Pueblo y del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Quieren petardear este acuerdo? ¿No quieren que se tenga nuevo Tribunal Constitucional? ¿Qué buscan, Presidenta?

Esta censura no procede, y que ante la sociedad asuman su responsabilidad quienes quieren evitar la renovación del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.


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La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, el Parlamento es el primer poder del Estado en los regímenes parlamentarios. Eso lo sabe el congresista García Belaunde, y nadie puede negar que la gestión del Presidente del Congreso ha sido más explícita y democrática en este año de gestión, pero la ha enturbiado por tratar de impedir dos interpelaciones y de que se concedan facultades de comisión investigadora para el caso del ex presidente Toledo.

Quiero decir que el constituyente fue muy claro en definir el procedimiento de interpelación al darle rango constitucional como una herramienta de las minorías.

Si esas suspensiones de la sesión fueran por cansancio o por negociación con dos o tres bancadas respecto de lo que han acordado para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del directorio del BCR y del defensor del Pueblo, no parecerían nada normales.

Me pide una interrupción el Presidente, quien, como lo ha dicho el congresista Rimarachín, va a la reelección; pero no es la reelección conyugal.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede interrumpir el congresista Víctor Isla.

El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidenta, reitero que no hay ningún afán de evadir la responsabilidad de rendir cuentas. Por eso, hace momentos hice la comparación no con el fin de señalar si está bien o mal, sino de hacer notar que es bueno recordar.

Yo les recordaba que el 12 de marzo de 2010, durante el Gobierno anterior, hubo un pedido de interpelación contra el ministro Pastor por el indulto al señor Crousillat y ni siquiera se siguió el procedimiento.

También hubo otro pedido de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, que era nuestro amigo Javier Velásquez, y el ministro del Interior por el caso de Caravelí, y no se siguió el procedimiento.

Esa es una manera de proceder que esta Mesa no ha tenido en ningún momento. Los procedimientos continúan, y vuelvo a recalcar que nada ponemos bajo la alfombra. Llevamos todo al debate. En el Pleno se exponen las posiciones y se someten a votación.


La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Para finalizar, tiene dos minutos, congresista Javier Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señora Presidenta, esta gestión pasará a la historia como la que en dos años solo ha podido formar comisiones investigadoras para el Gobierno anterior. El caso de Qali Warma, las donaciones y la luz verde que le piden a la primera dama para comprar pertrechos militares no se pueden ver por la alianza que

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hay entre Perú Posible, Gana Perú y Acción Popular. Ya hoy día Víctor Andrés García Belaunde es uno de los candidatos del oficialismo.

Señora Presidenta, es grave la suspensión de estas siete sesiones, porque han tenido como propósito impedir que se lleve adelante el procedimiento constitucional de dos interpelaciones y de una comisión investigadora. Por eso, llama la atención, sin dejar de reconocer que durante este año ha habido un clima de cordialidad y respeto.

El Presidente ha sido, evidentemente, un coordinador de todos los parlamentarios; pero estos hechos empañan la gestión…

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Su tiempo ha concluido, congresista, y tiene un pedido de interrupción del congresista García Belaunde.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Concedo la interrupción, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Puede interrumpir, congresista Víctor Andrés García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, yo no soy candidato del oficialismo. Quizás Velásquez Quesquén quisiera que lo sea, pero no lo soy ni lo seré.

Tengo acá un libro que publiqué sobre Alan García y sus gobiernos. Se lo voy a entregar al señor Velásquez Quesquén para que lo lea, porque parece que no lo ha leído… Se lo voy a regalar, porque veo que tampoco tiene interés en comprarlo. En el libro se ve cómo cantidad de ministros apristas pasaron por acá cometiendo barbaridad y media sin que pudiéramos censurarlos ni interpelarlos, porque el Apra siempre se oponía.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Concluya, congresista Javier Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, la interpelación no tiene como correlato automático la censura al ministro. La interpelación es un instrumento que la Constitución asigna a las minorías para que los ministros respondan por hechos por los que no dan cuenta por conducto regular, por solicitud de información.

Los colegas del oficialismo también saben que los ministros no les contestan el teléfono ni les responden los pedidos de información. Y este Parlamento será democrático y ejercerá su función esencial de ser el contrapeso del Poder Ejecutivo y de los demás poderes públicos cuando cumplan su función de fiscalización, de control político, y eso se hace a través de las interpelaciones y de las comisiones investigadoras.

Ha cometido un grave error el Presidente del Congreso, y eso amerita y justifica esta moción de censura para llamarle la atención.

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Meses atrás, en la gestión anterior, planteamos solitariamente una moción de censura contra el presidente Abugattás porque quiso armar su plataforma electoral…

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Se agotó su tiempo, congresista. Muchas gracias.

De conformidad con el artículo 68.° del Reglamento, para la admisión a debate de la moción de censura contra la Mesa Directiva se requiere el voto a favor de la mayoría de los congresistas hábiles.

El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de ciento veintiuno. Para obtener mayoría se requiere que como mínimo voten a favor sesenta y un representantes.

Pido a los señores representantes que se sirvan registrar su asistencia.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (María Luisa Cuculiza Torre).— Han registrado su asistencia noventa y dos congresistas.

Con licencia oficial, seis; con licencia por enfermedad, dos; en representación por comisión ordinaria, Junta de Portavoces, reuniones de bancada y ausentes, veintisiete.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se rechaza, por 60 votos en contra, 18 a favor y 12 abstenciones, la admisión a debate de la Moción de Censura N.º 7566.

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— Se deja constancia, además, del voto en contra de los congresistas Valencia Quiroz, Omonte Durand, Falconí Picardo y Abugattás Majluf; y del voto a favor del congresista Hurtado Zamudio.

Resultado final: 19 votos a favor, 64 en contra y 12 abstenciones.

La moción de censura no ha sido admitida a debate.

“Votación de la admisión a debate de la Moción de Orden del Día 7566, por la que se proponía la censura de la Mesa Directiva del Congreso

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, García Belaunde, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez Tello de

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Rodríguez, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valle Ramírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, López Córdova, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Reátegui Flores, Rodríguez Zavaleta, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Spadaro Philipps, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Velásquez Quesquén.

Señores congresistas que se abstuvieron: Ccama Layme, Díaz Dios, Grandez Saldaña, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Rosas Huaranga, Sarmiento Betancourt, Tait Villacorta y Tan de Inafuko.”

La señora PRESIDENTA (Luisa María Cuculiza Torre).— En vista de que la moción de censura ha sido rechazada, pasa al archivo.

Invito al estrado al Presidente del Congreso, señor Víctor Isla Rojas, y a los miembros de la Mesa Directiva.

Para mí ha sido una satisfacción y un honor presidir la Mesa. Les agradezco muchísimo su colaboración.

Se suspende la sesión por breves minutos.

—Se suspende la sesión a las 10 horas y 3 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 10 horas y 4 minutos.

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúa la sesión.

Se aprueba el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa por el que se autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjeros al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla del primer proyecto de ley.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N.º 2420/2012-PE, con un texto sustitutorio que propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013.(*)

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional que recae en el Proyecto de Resolución Legislativa N.º 2420, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, y propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013.

Por excepción, antes de que se proceda a la sustentación del dictamen en mayoría, vamos a conceder el uso de la palabra a los congresistas Gustavo Rondón y Karla Schaefer.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, hemos iniciado una jornada con mucha adrenalina y democracia. Nos hemos dicho nuestras verdades, y espero que se continúe por ese camino de verdad.

Tenemos que liberarnos de tantas interferencias, porque una vez más hemos podido comprobar que la democracia es buena, que la democracia es tener dos orejas y una boca, es escuchar el doble de lo que hablamos y ser coherentes. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Señor Presidente, esta es una gran oportunidad para decirle al Perú entero que podemos estar de lado de ese 92% que indudablemente espera una respuesta con relación a la Moción 7009.

Le he escuchado atentamente a usted cuando ha dicho que hoy se va a cumplir con toda esta agenda, y espero que así sea. Por el bien del Congreso y por el bien del país, espero que podamos dar atención a esa moción, que en el fondo ni siquiera se necesita sustentar, sino someterla al voto. Hemos sido muy prudentes y tolerantes, y usted lo sabe.

Somos conscientes de la difícil misión de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros del directorio del BCR y al defensor del Pueblo; y creo que cada bancada ya tiene su decisión tomada, como la tiene Solidaridad Nacional. El pueblo peruano nos exige respuesta.

Señor Presidente, han pasado sesenta días desde que se presentó la moción, y espero que hoy se resuelva por el bien de usted, de la Mesa, del Congreso y del país.

Nosotros queremos ayudar a la gobernabilidad, pero no con toma y daca ni con pactos que carezcan de sinceridad. Queremos ayudar a que no haya manipulaciones ni condicionamientos. La democracia es decirnos cara a cara, piel a piel, que podemos construir, desde el Congreso, un Perú mejor.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Señor Presidente, me aúno a lo dicho por el congresista Rondón y espero que antes del debate del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la delegación de facultades votemos la cuestión de orden que he

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planteado como presidenta de la Comisión de Salud para respetar nuestra institución y nuestros fueros.

Me he negado a presentar una censura contra la primera vicepresidencia, y espero que la vicepresidencia y esta Mesa, de acuerdo con el artículo 77.° del Reglamento, respeten nuestra institución y nuestros fueros.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Conforme al Reglamento, la cuestión de orden se votará antes de iniciar el debate.

Tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, por intermedio de usted saludo a los congresistas de la República.

Voy a proceder a sustentar el Proyecto de Ley 2420, del Poder Ejecutivo, a través del cual se propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio de la República del Perú de acuerdo con el programa de actividades operacionales correspondiente al mes de julio de 2013.

El proyecto de resolución legislativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

La Constitución señala que es una atribución del Congreso prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República siempre que ello no afecte en forma alguna la soberanía nacional.

La iniciativa viene del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

Precisamente, una de las funciones del Ministerio de Defensa es promover el fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tener participación en actividades regionales, continentales y mundiales. Y otra de sus funciones es proponer ante el Consejo de Ministros el ingreso de personal militar con armas de guerra.

El Reglamento del Congreso y la Ley 27856 disponen que para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República se deben especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes, y el tiempo que permanecerán en territorio peruano. Esa información se encuentra debidamente acreditada en la iniciativa del Poder Ejecutivo y en el Decreto Supremo 013-2009-DE, que aprueba el Reglamento de Visita y Permanencia de Buques de Guerra Extranjeros en Puertos Nacionales y Tránsito por Aguas bajo Dominio Marítimo del Perú.

Dice el Reglamento en su artículo 17: “El ingreso de buques de guerra extranjeros es autorizado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa, previo

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dictamen —como es el caso— de la Comisión de Defensa Nacional, a solicitud del Presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros […]”.

Se trata, en esta oportunidad, de seis visitas operativas a Iquitos con la Marina de Guerra del Perú para realizar actividades por nuestro aniversario patrio. Las tres primeras se realizarán durante ocho días, desde el 24 de julio, con la República de Colombia; y las tres últimas, durante seis días, desde el 27 de julio, con la República Federativa del Brasil.

Por lo expuesto, el ingreso de estas unidades navales y de este personal extranjero en el territorio de la República se sujeta al Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, conforme a lo establecido en la Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República y en el Reglamento del Congreso de la República.

Obra en las carpetas de los señores congresistas la iniciativa legislativa que contiene la relación del personal militar, unidades navales y equipos que ingresarán al territorio nacional.

Esta autorización responde al programa de actividades del mes de julio, que no se pudo votar anteriormente. Por otro lado, coincide con las actividades de Fiestas Patrias. Muchos de ellos van a participar en los actos conmemorativos de Fiestas Patrias y el desfile militar.

En ese sentido, señor Presidente, pido que someta a debate este proyecto de resolución legislativa para proceder luego a la votación correspondiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación del presidente de la Comisión de Defensa.

Tiene la palabra la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presidente, en primer lugar, quería recordarle que hoy es la celebración por la Virgen del Carmen y la procesión va a pasar por las puertas del Congreso.

Este Congreso siempre ha recibido la sagrada imagen para rendirle homenaje y, como bien ha dispuesto usted, se le recibirá con flores y con la presencia de quienes nos quieran acompañar.

Con respecto al proyecto de resolución legislativa en debate, debo de manifestar que yo, como integrante de la Comisión de Defensa, he firmado casi todos los proyectos de ingreso de embarcaciones y tropas cuando vienen bien sustentados. En este caso me he abstenido de firmar el dictamen por una cuestión de forma, para recordarles, a quienes hacen este trabajo administrativo, que tienen que cumplir con todas las normas.

En este caso nos referimos a un buque hospital, que debe recibir el tratamiento de un buque de guerra. Por lo tanto, de acuerdo con lo que señala el Decreto Supremo 013-

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2009-DE, se requiere la autorización del Congreso. Además, en los anexos tiene que constar si llevan armamento o no, y resulta que los anexos no han llegado.

Ese fue el pedido que nosotros hicimos no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de forma, para llamar la atención, de modo que todos los que hagan este trámite regular de ingreso de buques cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, en los decretos que nosotros mismos como gobierno estamos dando.

Si no se tratara de armas, ni siquiera tendríamos que ver este asunto en el Congreso, porque el Ejecutivo lo autoriza. Pero tratándose de un buque tipo hospital, se le da el tratamiento de un buque de guerra.

Para llamar la atención, hemos sustentado las razones por las cuales nos abstenemos, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Si ningún otro parlamentario solicita el uso de la palabra, va a intervenir el presidente de la Comisión de Defensa, el congresista José Urquizo, para una precisión final.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, la observación de la congresista Luz Salgado se refiere a los puntos 3 y 6 del programa de actividades operacionales: al ingreso de la unidad auxiliar Bongo Hospital, que estaría en el territorio nacional por espacio de ocho días, desde el 24 de julio, para realizar una visita operativa y participar del aniversario patrio del Perú; y al ingreso del buque de ayuda humanitaria Oswaldo Cruz, que a partir del día 27 de julio realizaría una visita a Iquitos por seis días.

En ambos casos, la institución involucrada es nuestra Marina de Guerra del Perú.

El Decreto Supremo 013 prevé la condición que deben tener los buques hospital, incluso los buques de investigación científica o similar.

El artículo 10 del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 013-2009-DE señala lo siguiente: “Los buques hospital y los de investigación científica o similar, bajo comando de un Oficial de Marina de Guerra/Armada o de la Reserva Naval en servicio activo, podrán recibir el trato correspondiente a buques de guerra, cuando el Gobierno Peruano así lo disponga”. Estamos hablando del Reglamento de Visita y Permanencia de Buques de Guerra Extranjeros en Puertos Nacionales y Tránsito por Aguas bajo Dominio Marítimo del Perú. En ese sentido, hago la aclaración respectiva, toda vez que, si existen esas observaciones, las dudas puedan ser despejadas.

Existe el informe legal 069, a través del cual la Secretaría Institucional de Asuntos Jurídicos de la Marina y el Ministerio de Defensa señalan que es procedente el tratamiento que deben recibir los buques hospital. Por esa consideración, el proyecto ha sido dictaminado favorablemente en mayoría.

A nuestro juicio, la observación ha sido superada. La norma legal que se va a aprobar en el Pleno del Congreso reúne no solo los requisitos de la ley, sino también lo que señala la

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reglamentación respectiva, que fue aprobada mediante el Decreto Supremo 013-2009-DE.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han registrado su asistencia 97 congresistas.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 95 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa por el que se autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjeros al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013.

—Asume la Presidencia el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas Monterola Abregú y Lescano Ancieta.

Resultado final: 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Ha sido aprobado el Proyecto de Resolución Legislativa 2420.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78.° del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE UNIDADES NAVALES Y PERSONAL MILITAR EXTRANJEROS AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO

CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ CON FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS CORRESPONDIENTE A JULIO DE

2013

Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa

Autorízase el ingreso de unidades navales y personal militar extranjeros al territorio de la

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República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013, en el marco de lo establecido en el inciso 8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú y conforme a las especificaciones que, como Anexo 1, forman parte integrante de esta Resolución Legislativa.

Artículo 2. Autorización para modificación de plazos

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Defensa y por resolución ministerial, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, las fechas de inicio de ejecución de las actividades incluidas en el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013, a que hace referencia el artículo 1, siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia fijado en el Anexo 1.

El Ministro de Defensa procede a dar cuenta de la modificación a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en el plazo de cuarenta y ocho horas después de expedida la citada resolución ministerial.

Comuníquese, etc.”

ANEXO 1

Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a julio de 2013

1. Visita operativa para participación en Aniversario Patrio del Perú

Objetivo Visita operativa

Lugar Iquitos

Fecha de inicio 24 de julio

Tiempo de permanencia 8 días

Instituciones involucradas Marina de Guerra del Perú

País participante República de Colombia

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Tipo de unidad participante Patrullera ARC “Arauca”

Cantidad de personal 1. Teniente 2° Daniel Humberto Ramírez Clavijo

2. Alférez de Fragata Juan Roberto Mejia Fuentes

3. Alférez de Fragata Fabián Enrique Roman Salom

4. Técnico Supervisor Douglas Botello Oliveros

5. Oficial de Mar 1° Ricardo Castro Marmolejo

6. Oficial de Mar 1° Gabriel Cantor Sierra

7. Oficial de Mar 2° Luis Carlos Pedraza Torrez

8. Oficial de Mar 2° Andrés Jesús Fuentes Rodríguez

9. Oficial de Mar 3° Miguel Vigolla Pájaro

10. Oficial de Mar 3° Andrés Cotes Muñoz

11. Oficial de Mar 3° Luis Puello Castro

12. Oficial de Mar 3° Kevin José Morales Guardo

13. Oficial de Mar 3° César Andrés García Everts

14. Oficial de Mar 3° Brian Farid Cadavid Ospino

15. Oficial de Mar 3° Wander Alfonso Infante Castro

16. Oficial de Mar 3° Erick Ronald Gaitan Lozano

17. Oficial de Mar 3° Andrés Felipe Castro Aguilar

18. Oficial de Mar 3° Jesús Francisco Beltrán Arrietas

19. Oficial de Mar 3° Ferney Simancas Orozco

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20. Oficial de Mar 3° Hugo Andrés Tarazona Gómez

21. Oficial de Mar 3° Dagoberto Daza Vargas

Tipo y cantidad de armas 2 ametralladoras 50

2 MK-19

1 cañón 3”50 mm

1 cañón 40 mm

Armamento de dotación



Lugar Iquitos





Tipo de unidad participante Buque ARC “Cotuhe”

Cantidad de personal 1. Teniente 2° Wilson Villar Salinas

2. Teniente 2° Lilian Buitrago Lievano

3. Alférez de Fragata Luis Fernando Villalobos Álvarez

4. Alférez de Fragata David Zabala Paipilla

5. Técnico 1° Edgardo Ivo Sotelo Bernal

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6. Técnico 2° Emilio José Miranda Venegas

7. Técnico 3° Alfonso de Jesús Niebles Hernández

8. Oficial de Mar 2° Andrés Perdomo Gualteros

9. Oficial de Mar 2° Carlos Rodriguez Villamizar

10. Oficial de Mar 2° Jhonny Otalvaro Tapias

11. Oficial de Mar 2° Orlando Suarez Florez

12. Oficial de Mar 2° Kenny Javier Rodriguez Santana

13. Oficial de Mar 2° Javier Parada Gohete

14. Oficial de Mar 2° Víctor Galvis Vergara

15. Oficial de Mar 2° Enrique Vasquez Angarita

16. Oficial de Mar 3° Gilder Raúl Diaz Valenzuela

Tipo y cantidad de armas 1 ametralladora 50

2 ametralladoras M60

1 lanzagranadas MGL

1 lanzagranadas MK-19



Lugar Iquitos



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Tipo de unidad participante Auxiliar “Bongo Hospital”

Cantidad de personal 1. Contralmirante Benjamín Calle Meza

2. Teniente Coronel Jairo Zapata

3. Capitán de Fragata Carlos Alvarez

4. Teniente 1° Ana Fernanda Perdomo

5. Técnico 2° Rubén Darío Imitola Rodríguez

6. Oficial de Mar 3° Luis Ramón Morales Montalvo

Tipo y cantidad de armas Sin armamento



Lugar Iquitos




País participante República Federativa del Brasil

Tipo de unidad participante Patrullera Fluvial “Pedro Teixeira”

Helicóptero UH12 (Aeronave orgánica AS350)

Cantidad de personal 1. Vicealmirante Domingos Savio Almeida Nogueira

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2. Capitán de Corbeta Rafael Ramos Machado Dos Santos

3. Teniente 1° Hugo Leonardo Fernandes Da Costa

4. Teniente 1° Thiago Bento Alves Gomes

5. Teniente 1° Julio De Melo Vasconcelos

6. Teniente 1° Daniel Moreira Rocha

7. Teniente 1° Dihego Antonio Santana De Oliveira

8. Teniente 2° Ramón De Souza Rodríguez

9. Teniente 2° Rodrigo Ceron De Oliveira

10. Teniente 2° Fabio Ribeiro Dos Santos

11. Técnico Supervisor Jorge Mario De Sousa Lima

12. Técnico Supervisor Joao Chaves Franco

13. Técnico Supervisor Firmino Ferreira Da Costa Filho

14. Técnico Supervisor Rogério Souza Sa Silva

15. Técnico Supervisor Denilson Ferreira Da Silva

16. Técnico 1° Wilton Ferreira De Oliveira

17. Técnico 1° Mauro Antonio Gomes Dos Santos

18. Técnico 2° Huainer Da Silva Bezerra

19. Técnico 2° Jorge Luiz Sobral De Pinho

20. Técnico 2° Nilton Cesar De Oliveira Protazio

21. Técnico 2° Roberto De Melo Pereira

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22. Técnico 2° Severino Ramos Mota Junior

23. Técnico 2° Marcelo Amorin Da Silva

24. Técnico 3° Joaci Da Silva Vieira

25. Técnico 3° Otávio Frazao Serrado

26. Técnico 3° Edmilson Pereira Silva

27. Técnico 3° Clovis Ancelmo Dos Santos

28. Técnico 3° Édno Pereira De Castro Junior

29. Técnico 3° Kleber De Souza Freitas Da Silva

30. Técnico 3° Jorge Soares Da Silva

31. Técnico 3° Ironildo Soares Brasil

32. Técnico 3° Jean Henry Da Silva Martins

33. Técnico 3° Gleydson Da Costa Santos

34. Técnico 3° Everton Mata Dos Santos

35. Técnico 3° Egiuson Gomes Da Silva

36. Técnico 3° Esmeraldino Mendes Alves

37. Técnico 3° Jandrisson Marialva Pastana

38. Técnico 3° Renato Dias Jaccoud

39. Técnico 3° Alex Da Silva Gomes

40. Técnico 3° Bruno Meireles Lima

41. Técnico 3° Sergio Mauricio Cardoso Mendoca de Araujo

29

42. Técnico 3° Sinval Rodrigues Neves

43. Oficial de Mar 1° Jean Carlo Carvalho Pimentel

44. Oficial de Mar 1° Claudio Augusto Da Silva

45. Oficial de Mar 1° Henrique Lima Barboza

46. Oficial de Mar 1° Claudivanio De Oliveira Andrade

47. Oficial de Mar 1° Marcelo Bernardo Marinho

48. Oficial de Mar 1° Tiago Silva De Sousa

49. Oficial de Mar 1° Márcio Rodrigues Fonseca

50. Oficial de Mar 1° Artur Cavalcante Da Silva

51. Oficial de Mar 1° Fabiano De Castro Vieira

52. Oficial de Mar 1° Oseias Paulo De Barros Ramos

53. Oficial de Mar 1° Andre Luiz Cristovao

54. Oficial de Mar 1° Leonardo Lamana Ninck

55. Oficial de Mar 1° Thiago Marques Da Silva Rangel

56. Oficial de Mar 1° Diogo Barbosa Da Silva

57. Oficial de Mar 1° Luiz Alberto Gomes Da Silva

58. Oficial de Mar 1° Magno Gomes Conte Genuncio

59. Oficial de Mar 1° Diego Carneiro Goncalves

60. Oficial de Mar 1° Ruan Lopes Azevedo Valverde

61. Oficial de Mar 1° Joao Roberto Costa Junior

30

62. Oficial de Mar 1° Jonathan Ribeiro De Castro Guimaraes

63. Oficial de Mar 1° Pablo Pereira Da Silva

64. Oficial de Mar 1° Jonathan Da Silva Santos

65. Oficial de Mar 1° Rafael Araujo Szaz

66. Oficial de Mar 2° Wallace Bruno Dos Santos

67. Oficial de Mar 2° Alberto Vinicius De Paula Alvarenga

68. Oficial de Mar 2° Jonathan Antony Farias E Silva

69. Oficial de Mar 2° Ramón Costa Dos Santos

70. Oficial de Mar 2° Alyson Francisco Dos Santos Silva

71. Oficial de Mar 2° Elton Barbosa Lourenco Silva

72. Oficial de Mar 2° Thales Cabral Dos Santos Do Nascimento

73. Oficial de Mar 2° Pedro Paulo Feitosa Tavares

74. Oficial de Mar 2° Getulio De Andrade Da Silveira Neto

75. Oficial de Mar 2° Douglas Eduardo Nascimento Da Silva

76. Oficial de Mar 2° Charlles Robert Ramos Waughon

77. Oficial de Mar 2° Francisco Romario De Lima

78. Oficial de Mar 2° Romário Da Silva Faustino

79. Oficial de Mar 2° Jose Gabriel Lima De Oliveira

80. Oficial de Mar 2° Henrique Brito Freitas

81. Oficial de Mar 2° Raúl Fernando Araujo De Souza

31

82. Oficial de Mar 2° Carlos Davi Faustino De Souza

83. Oficial de Mar 2° Ramuelly Marques Loiola

84. Oficial de Mar 2° Lua Marley Caldas Freitas Santos

85. Oficial de Mar 2° Bruno Neres Nascimento

86. Oficial de Mar 2° Thiago Nascimento Lopes

87. Oficial de Mar 2° Fernando Da Silva Costa

Tipo y cantidad de armas 1 cañón Bofors 40/70

1 mortero MK-2/2

1 MTR Oerlinkon/2-20 mm

1 MTR Browning/6-50



Lugar Iquitos





Tipo de unidad participante Patrullera Fluvial “Amapa”

Cantidad de personal 1. Capitán de Corbeta Renato Cozzi O. Leite De Medeiros

2. Teniente 1° Rodrigo Feitosa Dos Santos

32

3. Teniente 1° Fabiano Dos Santos Da Silva

4. Teniente 2° Joaquim Alves Mariano Neto

5. Teniente 2° Felipe Solidario Pinheiro

6. Técnico Supervisor Raimundo Nonato Da Silva Santos

7. Técnico Supervisor André Luis Pereira Pinheiro

8. Técnico Supervisor Jose Carlos De Souza

9. Técnico 1° Valmir Gomes Da Silva

10. Técnico 1° Girlénio De Sousa Nascimento

11. Técnico 1° Antonio Carlos M. De Sena

12. Técnico 1° Jorge Henrique Diogo Barreto

13. Técnico 2° Américo Da Costa Araujo Neto

14. Técnico 2° Leonardo F. Da Trindade

15. Técnico 3° Geasi Jose Dos Santos

16. Técnico 3° Amois Machado Brito

17. Técnico 3° Max Medeiros Bernardo

18. Técnico 3° Osvaldo De Araujo Souza

19. Técnico 3° Leandro Rodrigues Dos Santos

20. Técnico 3° David Joesley De Sousa

21. Técnico 3° Alan Do Nascimento Souza

22. Técnico 3° José C. Sabino Dos Santos

33

23. Técnico 3° Eliquecio Rocha De Souza

24. Oficial de Mar 1° Laércio Serafim Do Nascimento

25. Oficial de Mar 1° Bruno Dos Santos Marques

26. Oficial de Mar 1° Mauricio De Almeida Damas

27. Oficial de Mar 1° Robson Da Conceicao Silveira

28. Oficial de Mar 1° Fernando Leonarczyk Mello

29. Oficial de Mar 1° Leandro José Freitas Da Silva

30. Oficial de Mar 1° John Rafael Do Nascimento

31. Oficial de Mar 1° Jefferson Henrique De Araujo

32. Oficial de Mar 1° Douglas Silva Dos Reis

33. Oficial de Mar 1° Marcelo Eduardo Peixoto Porto

34. Oficial de Mar 1° Vinicius Santiago Mello Dos Santos

35. Oficial de Mar 1° Víctor Machado

36. Oficial de Mar 1° Rafael Valentim De Paula

37. Oficial de Mar 1° Edi Carlos De Araujo Silva

38. Oficial de Mar 1° Bruno Ramos De Campo

39. Oficial de Mar 1° Mielk De Sousa Rodríguez

40. Oficial de Mar 1° Augusto Cesar De Araujo Costa

41. Oficial de Mar 1° Jones De Souza Luz Filho

42. Oficial de Mar 2° Ian Lira Gomes Veras

34

43. Oficial de Mar 2° Marcos Odilon Dos Santos

44. Oficial de Mar 2° Robsson Gomes Cruz

45. Oficial de Mar 2° Gustavo Roberto Da Silva

46. Oficial de Mar 2° Jonatas Bezerra Da Silva

47. Oficial de Mar 2° Deybson De Oliveira Amorim

48. Oficial de Mar 2° Francisco Gilson Da Conceicao Oliveira

49. Oficial de Mar 2° Marcilio Ricardo Tomé Da Silva

50. Oficial de Mar 2° Robson Luá Da Costa Pinheiro

51. Oficial de Mar 2° Erick Marcos Sobreira De Medeiros

52. Oficial de Mar 2° Mikael Martins Caldas

53. Oficial de Mar 2° Tiago Carvalho

Tipo y cantidad de armas 1 cañón Bofors 40/70/1

1 mortero MK-2/2

1 MTR Oerlinkon/2-20 mm

1 MTR Browning/6-50



Lugar Iquitos



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Tipo de unidad participante Buque de Ayuda Hospitalaria “Oswaldo Cruz”

Cantidad de personal 1. Capitán de Navío Nilson Nascimento De Carvalho

2. Capitán de Fragata Dionisio Tavares Da Cámara Junior

3. Capitán de Corbeta Paulo Roberto Dos Santos Júnior

4. Capitán de Corbeta Leonardo José De Padua Andrade

5. Teniente 1° Joao Paulo Martons Das Mercés

6. Teniente 1° Wagner Gomes Barroso Abrantes

7. Teniente 2° Joao Celso Silva De Deus

8. Teniente 2° Almir Pimentel Machado Neto

9. Teniente 2° Sylvio Oliveira Da Silva Junior

10. Técnico Supervisor Steeven Shu Kai Yeh

11. Técnico Supervisor Cicero Carneiro Rodrigues

12. Técnico Supervisor Odonaldo Alves De Castro

13. Técnico Supervisor Israel De Souza Nascimento

14. Técnico Supervisor Joáo Altino De Santana

15. Técnico Supervisor Paulo Cesar Reis Nazaré

16. Técnico 1° Junio Cesar Ramos Ferreira

17. Técnico 1° Edmir Torres De Meireles

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18. Técnico 1° Sandro Da Conceicáo Vitorino

19. Técnico 1° Nelilson Cabral Monteiro

20. Técnico 1° Everton Marcelino Da Costa

21. Técnico 1° Marcos Vinicius De Lima

22. Técnico 1° Cláudio Porto Da Silva

23. Técnico 1° Claudio Da Silva De Oliveira

24. Técnico 1° Jonas Barros De Castro

25. Técnico 2° Rodrigo Figueiredo De Carvalho

26. Técnico 2° Carlos Alberto Canuto De Santana Sobrinho

27. Técnico 2° Carlos Vinicius Francisco De Oliveira

28. Técnico 2° Leonardo Da Silva Pimenta

29. Técnico 2° Zildo Francelino Filho

30. Técnico 2° Evanildo Soares De Miranda

31. Técnico 2° Daniel Da Silva Ferreira

32. Técnico 2° Odenilson Dos Santos Rocha

33. Técnico 2° William Da Mata Ribeiro

34. Técnico 2° Isac Souza Lima

35. Técnico 2° Claudeni Alves Dos Santos

36. Técnico 2° Claudio Morerira Peixoto

37. Técnico 3° Arquimedes Henrique C. Do Nascimento

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38. Técnico 3° Edmilson Gonzaga Borges Junior

39. Técnico 3° Marcelo Tiago Santana Sousa

40. Técnico 3° Alexandre Magno De Paula

41. Oficial de Mar 1° Luiz Henrique Mascaranhas

42. Oficial de Mar 1° Nilton José Da Silva Leocádio Junior

43. Oficial de Mar 1° Andrey Farias Cruz

44. Oficial de Mar 1° Emerson Henrique Silva De Noronha

45. Oficial de Mar 1° Paulo Vinícius Dos Santos Bastos

46. Oficial de Mar 1° Allan Carvalho De Oliveira

47. Oficial de Mar 1° Jadson Olegario Ginuino Dos Santos

48. Oficial de Mar 1° Fernando Otávio Araujo Porto

49. Oficial de Mar 1° Flavio Martins Lima

50. Oficial de Mar 1° Dimitryws Dias De Lima

51. Oficial de Mar 1° Leandro Pitter Bispo

52. Oficial de Mar 1° Arthur Cezar Tavares Rodrigues

53. Oficial de Mar 1° Alexandre Pires Ferreira De Souza

54. Oficial de Mar 1° Gilson De Souza Dos Santos

55. Oficial de Mar 1° Jonas Rodrigo Elias Carvalho

56. Oficial de Mar 1° Hugo Barcellos Da Silva

57. Oficial de Mar 2° Guilherme Antonio Purcino Da Silva

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58. Oficial de Mar 2° Francisco Jeilson Silva De Sousa

59. Oficial de Mar 2° André Roberto Nunes Da Silva

60. Oficial de Mar 2° Alef De Freitas Justo

61. Oficial de Mar 2° Lucas Lima Da Silva

62. Oficial de Mar 2° Rafael Tadeu De Assis Carreira

63. Oficial de Mar 2° Jairus Lindomar Barbosa Da Silva

64. Oficial de Mar 2° Edgleyson De Sena Martins

Tipo y cantidad de armas Sin armamento

“Votación del texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 2420

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, García Belaunde, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, León Romero, Lewis Del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley en virtud del cual se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes; y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 83/2011-CR, 166/2011-CR, 177/2011-CR, 179/2011-MP, 227/2011-CR, 241/2011-CR, 303/2011-CR, 306/2011-CR, 609/2011-CR, 1024/2011-CR, 1095/2011-CR, 1113/2011-CR, 1274/2011-CR, 1275/2011-CR, 1497/2012-PE, 1580/2012-CR, 1590/2012-CR, 1627/2012-PJ, 1652/2012-CR, 1686/2012-CR, 1860/2012-CR, 1867/2012-PJ, 1870/2012-CR, 1872/2012-CR, 1878/2012-CR, 1886/2012-CR, 1887/2012-CR, 1912/2012-CR, 1915/2012-CR, 1916/2012-CR, 1928/2012-CR, 1937/2012-CR, 1951/2012-CR, 1980/2012-PE, 2043/2012-CR, 2045/2012-CR, 2049/2012-CR, 2051/2012-CR, 2052/2012-CR, 2055/2012-CR, 2056/2012-CR, 2057/2012-CR, 2100/2012-PE 2101/2012-PE, 2129/2012-CR, 2153/2012-CR, 2154/2012-CR, 2155/2012-CR, 2156/2012-CR, 2157/2012-CR, 2168/2012-CR, con una fórmula sustitutoria mediante la cual se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.(*)

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista María Soledad Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, se les ha hecho llegar la propuesta del nuevo texto sustitutorio y pido que la revisen.

Vamos a indicar cuáles son las propuestas que se han tomado en cuenta. Ya se señaló, en la sustentación del jueves pasado, cuáles eran las que no se iban a incorporar y las razones de su no incorporación. Vamos a proceder a explicar cuáles son las que se incorporan.

La acumulación se inició con cincuenta proyectos y hemos acumulado un total de sesenta y dos a solicitud de los autores de distintas iniciativas o de congresistas que han intercedido por proyectos de terceros.

Han intervenido veintiséis congresistas y han planteado sus legítimas posiciones. Sobre todas estas se ha reflexionado y se han acogido las que correspondían.

A propuesta del congresista Octavio Salazar, se ha incorporado, en el artículo 22 del Código Penal, la figura del integrante de una organización criminal, así como la de los agentes que cometan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado por condición del agente y feminicidio.

Se ha reemplazado el término banda, por el de organización criminal.

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Se han suprimido las especificaciones del lugar en el que el delito de extorsión se perpetra mediante el uso de armas o artefactos explosivos para hacerlos aplicables a cualquier ámbito geográfico y así mejorar el injusto penal.

Se ha vuelto a la redacción original del delito de receptación, mediante el cual se está considerando el supuesto de hecho en que el agente debía presumir la procedencia ilícita del bien. Esto coincide con la propuesta del congresista Beingolea.

En el caso del artículo 311 del Código Procesal Penal, que se refiere al desalojo preventivo, se ha ampliado de veinticuatro a setenta y dos horas el plazo para la ejecución.

Finalmente, se ha incluido la décima disposición complementaria final, que regula el destino de los bienes decomisados en el contexto de la comisión del delito de usurpación.

A propuesta de la congresista Karla Schaefer, se han acumulado todos los proyectos vinculados al delito de violación de menores. Nos referimos a los proyectos 651, 476, 551, 2126 y 2343, que buscan superar la deficiencia en la cual se incurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la violación de menores. Esta propuesta, en la que coinciden muchas congresistas, llegó a la agenda de la Comisión de Justicia, pero no pudo ser debatida. Consideramos prioritario que eso se supere.

A propuesta de la congresista Rosa Mavila, se ha modificado el numeral 3) del artículo 440 del Código Penal, de tal forma que las faltas, cuando apliquen las circunstancias de reincidencia y habitualidad, no serán convertidas en delito, aunque sí pueden ser sancionadas con pena privativa de la libertad. De esta forma, no se distorsionan ambas figuras. Esta propuesta coincide con la del congresista Pedro Spadaro.

Del mismo modo, la propuesta de la congresista Rosa Mavila ha sido tomada en su integridad en los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal. Ella explicó que en el debate de las comisiones no se había tomado el espíritu de su propuesta. Efectivamente, eso ha coincidido con una evaluación de las limitaciones logísticas que existen en Lurigancho y que no permiten cumplir con los objetivos últimos. Se refiere a la competencia de los beneficios de semilibertad y liberación condicional, que hacen inexigible la presencia de la autoridad en el tratamiento penitenciario y de las personas comprometidas con el trabajo y la educación del interno que solicita el beneficio penitenciario. Esto había devenido en materialmente imposible que se acudiera a las audiencias y se cumpliera el trabajo dentro de los penales. La propuesta coincide con una formulada por el congresista Omar Chehade.

Se han tomado las propuestas del congresista Pedro Spadaro respecto a la modificación de las faltas, que ya hemos explicado.

Se ha incorporado el delito de homicidio calificado por la condición oficial del agente, que ya ha sido aprobado y ya es ley.

Se ha incorporado el artículo 108-A del Código Penal y se ha incorporado el delito de homicidio calificado por la condición del agente al catálogo de delitos cuyos agentes no

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pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo o educación para obtener semilibertad o liberación condicional.

A propuesta de la congresista Martha Chávez, se ha incorporado el supuesto delito de apología a los de eliminación de la responsabilidad restringida previstas en el artículo 22 del Código Penal.

A propuesta del congresista Omar Chehade, se ha acumulado el Proyecto 1497, del Poder Ejecutivo, mediante el cual se incorpora el artículo 47-A al Código de Ejecución Penal con la finalidad de acumular la redención de la pena por trabajo o educación para el cumplimiento de la condena.

A propuesta del congresista Teófilo Gamarra, se han acumulado los Proyectos de Ley 2221/2012-CR y 2240/2012-CR, por corresponder a la materia de este predictamen acumulado. A propuesta del congresista Teófilo Gamarra, también se ha acumulado el Proyecto de Ley 2147/2012-CR.

A propuesta de la congresista Cenaida Uribe, se ha suprimido el artículo 342 del Código Procesal Penal para ser tratado en el dictamen sobre criminalidad organizada, que se encuentra en la agenda para el día de hoy.

Se ha reformulado la redacción del artículo 269 del Código Procesal Penal, orientado a prever el supuesto de la pertenencia a una organización criminal como criterio para calificar el peligro de fuga a efectos de dictar la prisión preventiva.

Finalmente, se ha incorporado el supuesto de pertenencia a una organización criminal o vínculo a ella o actuación por encargo de dicha organización, y de esta manera se modifica el artículo 471 del Código Procesal Penal.

Del congresista Agustín Molina, se ha incorporado la undécima disposición complementaria, que regula la revisión judicial en casos de accidente de tránsito. Si bien es cierto no tiene que ver con seguridad ciudadana en el sentido de persecución, sí tiene que ver con la seguridad como un concepto más amplio.

A propuesta del congresista José Urquizo, en el numeral 6) del artículo 85 del Código Procesal Penal se plantea una nueva redacción que se ajusta a la Ley Orgánica del Ministerio Público y respeta las facultades constitucionales establecidas tanto para el Ministerio Público como para la Policía Nacional del Perú.

A propuesta del congresista Alberto Beingolea, se modifican los artículos 57 y 62 del Código Penal y se reemplaza el término de motivación circunstanciada por el de debida motivación, que es más acorde con nuestra legislación penal.

Se han disminuido los plazos de prescripción para las faltas previstas en el artículo 440 del Código Penal.

Se han reducido proporcionalmente las penas del delito previsto en el artículo 315-A, delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, de acuerdo con la propuesta del congresista Daniel Abugattás.

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Se ha incorporado un numeral 9) a los artículos 50-A y 55-A que se adicionarían al Código de Ejecución Penal, de modo que se incluya el supuesto del arraigo del interno en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado. De esa manera, si un interno vive en Piura y fue detenido en Cusco, podrá acreditar el arraigo a nivel nacional y no perder por eso las posibilidades que plantea la norma.

Finalmente, a propuesta del congresista Renzo Reggiardo, se ha acumulado el Proyecto de Ley 1296, que se refiere a la refundición de penas; y se deroga la Ley 10124, que establece las reglas que se observarán tanto para la investigación como para el juzgamiento en los casos de delitos conexos.

Adicionalmente, se ha modificado el artículo 69 del Código Penal, relativo a la rehabilitación automática de reincidentes o habituales.

No se ha tomado en cuenta su propuesta respecto de armas, no por no considerarla importante, trascendente y urgente, sino porque el Ejecutivo ha manifestado que está haciendo una reformulación total que esperemos se haga a tiempo. De lo contrario, nos comprometemos a trabajar con él un proyecto de ley que corrija los problemas que se generaron con esa modificación.

Se acumuló el Proyecto de Ley 1897, referido a usurpación, conforme a lo planteado literalmente por el congresista Jaime Delgado; y se acumuló el Proyecto 1911, referido a la modificación de los artículos 202 y 204, de acuerdo con lo planteado por el congresista Merino De Lama.

Se han realizado las precisiones sobre las incorporaciones al texto sustitutorio y solicitamos al Pleno que, en todo caso, se aboque al debate final.

Por último, respecto a los móviles considerados agravantes, el texto ha quedado redactado tal y como lo planteamos. Dentro de los supuestos de la a) a la l) se ha incorporado el supuesto d): “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”. De esta manera se evita que se discriminen los supuestos y superamos un debate que ha sido bastante arduo esta semana.

Presidente, me pide una interrupción el congresista Bruce.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Carlos Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidente, yo pediría una aclaración con respecto al último inciso del que habló la congresista Marisol Pérez Tello, solamente para que se desvirtúen algunas cosas que se ha escuchado la última semana.

Después del debate que tuvimos y perdimos, en una elección que, por supuesto, debemos reconocer, se ha dicho que se está eliminando expresamente la precisión de que los homosexuales tengan protección del Estado, porque ese fue el sentido que se le dio a la discusión acá. Yo argumenté que ese no fue el sentido. Algunos congresistas mayoritariamente decían que no había que ponerlo expresamente porque ya estaba considerado en “discriminación de cualquier índole” y que sí estaba protegido.

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Entonces, para que quede esto en el registro, ya que el día de mañana el abogado defensor de un asesino de gais va a decir que el sentido del Congreso fue no proteger a los gais, cuando creo interpretar que el sentido del Congreso es no ponerlo expresamente, que es distinto, le pido a la congresista Marisol Pérez Tello que nos diga cuál es el sentido expreso de este inciso, si este inciso protege a todos de delitos bajo móviles de intolerancia o discriminación por raza, sexo, religión, etnia, cultura, orientación sexual e identidad de género, solo que no está puesto expresamente.

Esa es la duda que quisiéramos que la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia, nos pudiera aclarar, para que de esa manera…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— … cuando alguien quiera hacer uso de este inciso para agravar una pena, se sepa expresamente que la intención del legislador fue proteger a todos, incluidos los casos de intolerancia o discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Marisol Pérez Tello, puede usted continuar.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Me pide una interrupción el congresista Julio Rosas, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La segunda interrupción es en favor del congresista Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA (GPFP).— Presidente, yo no sé por qué traemos aquí al Congreso un tema que no está tan directamente relacionado con asesinatos y violencia. Se quiere poner en agenda un asunto que puede distorsionar.

Ya hubo un crimen, y sentimos mucho que se haya producido el crimen que acaba de mencionar el congresista Bruce. Hay que sancionar al culpable.

No están desprotegidos, porque tienen ley. Que se aplique el artículo 108 del Código Penal, que se refiere al homicidio calificado. En el inciso 1) dice: “Por ferocidad, por lucro o por placer”. Aquí está ya, Presidente.

No se deben confundir crímenes de odio con crímenes pasionales. Hay que castigar a quienes han cometido este homicidio, y la presidenta de la Comisión tiene muy claro lo que nos está presentando esta mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Marisol Pérez Tello.

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La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, este es un proyecto de seguridad ciudadana que se enmarca en ese supuesto. Se ha incorporado un supuesto que consideramos gravitante en atención a la víctima, no al debate que se pueda generar en torno a ello.

En este supuesto, la agravante supone cualquier móvil de intolerancia o de discriminación respecto de cualquier persona; y esto, por supuesto, incluye al colectivo del LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Lo que se ha eliminado es disgregar los supuestos, porque nos llevan a un debate que, lejos de proteger a la víctima, puede generar que no consigamos la aprobación de un proyecto que necesitamos todos. Así que voy a dejar clara la voluntad del legislador.

Yo me he tomado el trabajo de revisar en el DIARIO DE LOS DEBATES todo lo que sustentaron los congresistas Bruce y los congresistas Lay, Chávez, Cuculiza y Rosas, que fueron quienes se expresaron sobre este tema. Además, he tomado en cuenta lo que me transmitieron muchos otros legisladores que no pidieron la palabra también pero tenían una posición.

Ninguno aceptaría el homicidio o el asesinato de una persona, independientemente de que sea homosexual, lesbiana, transexual bisexual, hombre, mujer, niño, indígena; independientemente de su condición. Lo que se quiere es sancionar a quien por cualquier criterio de discriminación o intolerancia mata a alguien. Que eso quede claro.

Lo de si se aplica o no un término que tiene diferentes connotaciones es un debate distinto. Lo que sí quiero dejar claro es que esta última semana, después de ver un proyecto que tiene que ver con seguridad, se ha puesto en evidencia la intolerancia absoluta, que yo rechazo y repudio en todos sus extremos. Los homofóbicos no se encuentran sentados en mi bancada, los homofóbicos no se encuentran en este Congreso.

Los pleitos que respecto a eso se den no le hacen ningún bien al país. Creo que hay que estar preparados para que un país que tiene que empezar a reconocerse tal y como es, con todas sus diferencias, se respete un poco más de lo que en esta semana se ha puesto en evidencia, Presidente.

Solicito, en todo caso, ir al voto o abrir el debate respecto al proyecto sobre seguridad.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, yo quiero insistir en lo que señalé el día que se debatió este proyecto, porque, lamentablemente, veo que no ha sido recogido por la presidenta de la Comisión, y me refiero a lo relacionado con la labor del abogado defensor.

En este proyecto de ley que se ha repartido y se ha discutido el día de hoy se deja de lado la labor del abogado defensor. Se busca fortalecer el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía; pero no se toma en cuenta a los abogados defensores. Eso

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preocupa, porque la indefensión de cualquier persona imputada, procesada, detenida, siempre tiene que contar con las garantías del caso.

Acá, de acuerdo con el orden jurídico vigente, todos sabemos que toda persona tiene el derecho de contar con un abogado de su elección, y esta norma lo que está buscando es imponer al abogado…


El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— A quien no tiene abogado se le impone el abogado de oficio, y eso es inconstitucional. Así lo hemos advertido en la sesión anterior e insistimos en ello.

También se pidió que, así como se sancionaba a los abogados que no asistían a una audiencia, se hiciera lo mismo con los jueces y fiscales que actúen incorrectamente y no acudan a las audiencias. Aplazan las audiencias y nadie les dice nada. ¿Por qué tenemos que mantener toda la vida que los jueces y los fiscales son intocables y no se les puede denunciar, no se les puede sancionar, no se les puede decir absolutamente nada? Son ellos los que disponen del derecho a la libertad de las personas, que es uno de los bienes más sagrados del ser humano.

Por esa razón, una vez más, a través de usted, señor Presidente, le pido a la presidenta de la Comisión que no se olvide de los abogados defensores. Toda persona tiene el derecho de contar con un abogado de su elección; y si se modifica la ley, no nos olvidemos de la que es una de las partes más importantes del proceso legal. Dejar a una persona sin abogado es atropellar los derechos fundamentales.

No nos olvidemos del abogado defensor ni atropellemos el debido proceso legal…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila, quien seguramente le concederá una interrupción al congresista Heriberto Benítez.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— La concedo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la interrupción, congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente, hay que garantizar un debido proceso legal. Y en este texto que estamos aprobando dice que si un imputado va a dar su declaración en una fecha determinada y su abogado no asiste, en el acto tendrá que nombrar a otro.

¿Cómo lo va a nombrar en el acto si su abogado no ha ido? ¿Dónde lo va a nombrar?, ¿dónde lo va a buscar?, ¿dónde lo va a encontrar? Peor si está detenido.

Entonces, el texto dice que si en el acto no lo puede nombrar, se pone a uno de oficio. ¿Qué garantía le da el abogado de oficio? Un abogado, para ejercer su labor, debe leer el expediente, conferenciar con su patrocinado, enterarse de los cargos, dar

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recomendaciones, dar sugerencias; pero así como está redactado el proyecto se estaría atropellando y mutilando la labor del abogado defensor.

Además, en los últimos días el propio Colegio de Abogados de Lima ha publicado un comunicado en el que protesta por la reducción del horario de atención para los abogados.

Por esa razón, señor Presidente, pido que se proteja al abogado defensor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente, quiero manifestarle mi acuerdo con lo que han expuesto el congresista Bruce y el congresista Benítez, cada uno en su respectivo tema.

Yo creo que una sociedad tolerante tiene que ser capaz de poner por delante principios laicos de enjuiciamiento de la normatividad penal y no criterios morales. Esta es la gran diferencia, en el historicismo del Derecho, entre la separación del derecho y la moral.

Y, por supuesto, un principio fundamental de tutela jurisdiccional del Estado tiene que ver con la garantía de la defensa para el debido proceso.

En segundo lugar, debo decir que a pesar de los avances en el texto que la presidencia de la Comisión de Justicia nos plantea, se persiste en nociones contrarias a una concepción dogmática del Derecho desde un punto de vista bipartidista, en el sentido de que se viola el criterio que separa las faltas de los delitos, y eso tiene directa implicancia con la hipercriminalización de la delincuencia juvenil.

En el artículo 46-C se dice que tiene condición de delincuente habitual quien comete de tres a más faltas dolosas contra la persona y el patrimonio, no obstante que ya sobre eso hemos hecho una clarísima exposición en el anterior debate. En nuestro sistema, la falta reiterada y la falta habitual no convierten al infractor automáticamente en actor de delito. Además están las consecuencias que en el proyecto se implican para la reincidencia y la habitualidad.

En el proyecto se fija que para delitos graves, reincidentes y habituales se aplicará no el máximo de la pena, sino, asumiendo que el máximo es lo mínimo, dos tercios más sobre el máximo. Entonces, si consideramos que los habituales arranchones de bagatela van a ser considerados como delito, se tendrá que sancionar en esos casos como una falta máxima más dos tercios del delito, no de la falta.

En segundo lugar, se aplicará, además, la prohibición de aplicación de beneficios penitenciarios.

Tan evidente es el error que se dice que tiene condición de delincuente habitual el que comete falta, y eso no puede ser.

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En nuestro Código, los artículos 441 y 444 admiten que en el caso de causas graves o patrimoniales se pueda aplicar pena privativa de libertad a esos actores de falta reiterante o habitual, pero por excepción. No es que toda falta reiterante o habitual tenga que ser considerada delito. Entonces, si aplicamos ese criterio, toda falta va a ser delito, todo reiterante por falta va a ser delincuente y, en consecuencia, se le va a aplicar el máximo de pena más dos tercios y no va a poder obtener beneficio penitenciario…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Las cárceles se van a llenar, el hacinamiento penitenciario va a seguir profundizándose, se va a plantear la asociación diferencial. La cárcel como escuela de delito. Aunque los faltosos reiterantes estén separados, de hecho se trata de una asociación delictiva, como lo dice la propia criminología norteamericana. Se aprende a delinquir porque se está en un espacio de socialización favorable a la dañosidad social y al delito.

Por lo tanto, estoy por el régimen que actualmente existe, conforme a los artículos 441 y 444, de modo que excepcionalmente, en caso de falta grave, se pueda aplicar pena privativa de libertad. Sería un grave error dogmático considerar que toda falta es delito y que, siendo delito, se le aplica el máximo más dos tercios y se eliminan los beneficios penitenciarios.

Además —permítame el añadido criminológico—, no podemos poblar las cárceles de jóvenes.

Hay un requerimiento a las políticas sociales, a la política criminal, en el primer estadío de infracción juvenil. A pesar de que ahora, con el populismo penal, se cree ilusamente que sobredimensionando la pena va a bajar la tasa de criminalidad de los arranchones, de los ilícitos patrimoniales, es un hecho, en los órganos de tratamiento, que con todos los limitados recursos que se aplican…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluyó su tiempo, congresista. Muchas gracias.

Tiene la palabra el congresista Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA (GPFP).— Presidente, la propuesta de modificación de los artículos 170 y 173 del Código Penal, que se refieren a la violación sexual, quita la consideración de menores de edad hasta cumplidos los dieciocho años. La edad no va en relación con lo que nos guste o no nos guste. Cada uno no es libre de poner una edad para señalar a quiénes considera menores.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1, precisa que para efectos de la Convención se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años. Este es un tratado internacional de las Naciones Unidas, y los Estados parte tienen que acatarlo.

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En segundo lugar, nuestra Constitución, en su artículo 30, dice que uno adquiere la mayoría de edad cuando cumple los dieciocho años. Por lo tanto, la propuesta de modificación del artículo 173 del Código Penal contenida en el dictamen tiene que mantener eso.

Hay dos formas de afectar a un menor de edad: por la fuerza o mediante la seducción. Los mayores con mentalidad pervertida tienen formas como atraer a un menor de edad cuando quieren afectarlo. Eso también es un delito si vamos a trabajar en salvaguarda de la protección de los menores de edad.

El congresista Bruce y la congresista Mavila me solicitan interrupciones, señor Presidente. Si usted me lo permite, yo se las concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Carlos Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidente, solo quiero recordarle al congresista Rosas que en la sesión pasada él decía que los tratados de organismos periféricos de las Naciones Unidas no eran obligatorios.

Hoy le estamos escuchando decir otra cosa, y me alegra que haya rectificado su posición y sea respetuoso de los tratados internacionales que vinculan al Perú.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La segunda interrupción es para la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Simplemente para ratificar, señor Presidente, que no son solo las normas de la ONU, sino también un informe de la Organización de los Estados Americanos que se refiere al tratamiento que debe haber con los infractores juveniles y los derechos que a estos les asisten. Señala, por ejemplo, que se debe cuestionar una vertiente en América que trata de bajar la edad de imputación penal; y ratifica que la edad para la imputabilidad restringida está entre los dieciocho y los veintiún años y que toda visión que pretende recortar hacia abajo los parámetros de imputabilidad no toma en cuenta que la condición etárea tiene relación con la teoría de la culpabilidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar con su intervención, congresista Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA (GPFP).— Señor Presidente, parece que mi colega el congresista Bruce quiere poner en mi boca palabras que yo no estoy diciendo.

El otro día decía que las conclusiones o escritos de comités no eran vinculantes, pero los tratados internacionales, como el que acaba de sacar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre aborto, tienen otro valor, porque son muy diferentes.

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Eso debe de quedar totalmente claro, porque de lo contrario va a dar la impresión de que uno lee y no entiende. Entendemos con mucha claridad.

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño sí es de carácter vinculante; por eso, se debe respetar la edad que ahí se menciona si vamos a trabajar en salvaguarda de la niñez.

Por otro lado, debemos entender que los niños son sujetos de derecho y que los adultos somos sujetos más bien de responsabilidades. Si queremos cuidar a la niñez peruana contra tanto abuso, atropello, violencia y perversión, protejámosla de esa manera.

Por ello, yo le diría a la presidenta de la Comisión que no debemos olvidar que la minoría de edad es hasta cumplir los dieciocho años. En la el numeral 2 de la propuesta de modificación del artículo 173 no se puede hablar del menor de edad solo hasta los catorce años de edad, porque debe considerarse hasta los dieciocho.

Por intermedio de usted, señor Presidente, le pido a la presidenta de la Comisión que considere ese punto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Renzo Reggiardo.

El señor REGGIARDO BARRETO (GPCP).— Señor Presidente, agradezco a la presidenta de la Comisión de Justicia que haya tomado en cuenta algunos planteamientos y algunas sugerencias que hicimos en la sesión pasada, fundamentalmente en lo que se refiere a la refundición de penas, algo que increíblemente, por no tener una derogación expresa de esta norma que viene de hace muchos años, de finales de los cuarenta, aplican algunos jueces para permitir la libertad de criminales peligrosos.

Hay un aspecto que tiene que trabajar el Ejecutivo y que la propia presidenta de la Comisión ha mencionado: el uso de armas. Todos los días, absolutamente todos los días, prendemos la televisión y nos damos con noticias respecto de delincuentes que usan armas de fuego y generan mucho daño en la sociedad.

Tenemos que legislar con relación a la tenencia ilegal de armas. Aquí tuvimos una gran oportunidad de aprobar una norma que trabajamos conjuntamente con Rosa Mavila y otros congresistas cuando recién instalábamos la Comisión de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente, esa norma quedó descabezada porque planteaba una amnistía con una modificación severa al Código Penal para aquellos que portaran armas ilegales. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a los delincuentes. Pero el Congreso no estuvo a la altura de las expectativas en ese momento, y esa norma quedó absolutamente desvirtuada.

Yo le pido al Ejecutivo que de una vez por todas presente un proyecto de ley de carácter de prioritario y se norme sobre la tenencia ilegal de armas en el aspecto de las armas ilegales, y también sobre el de las armas que deben tener más especificidades en ese aspecto.

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Y me quiero referir a lo que planteé también en la sesión pasada, a la prohibición que aquí en el Congreso se dio, a través de una ley, para las personas que tienen armas nueve milímetros Parabellum formales con autorización y licencia. Creo que eso se tendría que dar a través de un decreto supremo en el propio reglamento y modificarlo. Sin embargo, también es algo que le ha prometido el Presidente del Consejo de Ministros a la presidenta de la Comisión. Esperamos que legisle en ese aspecto lo más pronto posible, porque de alguna manera nos responsabilizaron a nosotros los congresistas de esta modificación, cuando esa fue una sugerencia del Ejecutivo, y entiendo que hay instituciones formales que se ven afectadas con esta modificación de la ley.

Son los aspectos a los cuales me quería referir, porque todavía falta mucho por hacer.

Vengo planteando desde hace mucho tiempo, y en la propia Comisión lo hemos aprobado por unanimidad, que el Gobierno pida facultades legislativas en seguridad ciudadana. Aquí hay un gran aporte que han hecho Marisol Pérez Tello y la Comisión de Justicia…


El señor REGGIARDO BARRETO (GPCP).— Señor Presidente, se tiene que trabajar en aspectos de prevención, en aspectos penitenciarios, en la obtención de recursos —si se requiere, también hay un paquete legislativo al respecto—, en sistemas tecnológicos y en muchas cosas más. No hay forma de tener algo con la celeridad que quisiéramos trabajándolo como lo hemos trabajado en el Congreso.

Reitero que lo que hay está bueno, lo saludo y lo felicito; pero esto tiene que ser normado por el Ejecutivo luego de pedir esas facultades. Las pidió en su momento, pero que no se otorgaron, y ahora está pidiendo facultades en el aspecto de salud. Me parece bien, pero la seguridad ciudadana no puede seguir esperando.

Sigue habiendo víctimas a consecuencia del uso ilegal de armas y tenemos que ponerle un freno a eso. El Ejecutivo tiene ahí una obligación para con todo el país.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Con todo gusto, señor Presidente, concedo una interrupción al congresista Rondón.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Gustavo Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, solo quiero merecer este minuto que se me da para resaltar la labor de la Comisión que preside la congresista Marisol Pérez Tello, la labor de los congresistas que integran la Comisión y de sus asesores. Y pido que se incluyan los Proyectos 288 y 568, que ya estuvieron agendados y que muy bien ha recogido la Comisión.

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El texto está muy bien redactado y en el artículo 204, que se refiere a usurpaciones, toca un aspecto muy sensible para la nación entera: las invasiones, las tierras que se despojan y todos esos actos de violencia.

Si el Pleno ya tuvo agendados estos proyectos, el 288 y el 568, y ha recogido ad integrum su propuesta, pido que por favor sean incluidos en este texto sustitutorio y en este dictamen.

Reitero mi agradecimiento y felicitación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas.

Estas mejoras que se han hecho al Código Penal, al Código de Ejecución Penal y al Código Procesal Penal tienen la única finalidad de poder enrumbar diferentes aspectos de la seguridad ciudadana.

Los ciudadanos dirán: “Bueno, ¿para qué nos sirve esto?”. En el caso de la receptación agravada, por ejemplo, los ciudadanos siempre preguntan por qué existen esos enclaves de la impunidad en diferentes partes de Lima, por qué no se intervienen estos lugares donde se venden cosas robadas. Porque sencillamente la receptación agravada para accesorios y autopartes de vehículos no estaba considerada, sino como una receptación simple.

En esta norma de la receptación agravada ya se está incluyendo la venta de estos accesorios y repuestos de vehículos, por lo que ya se podrá intervenir y detener a quienes desarrollen estas actividades. Además, las sanciones por receptación agravada se han ido elevando de cuatro a seis años, y eso es importante.

También hablamos de que la pena será privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de doce años cuando sea proveniente de robo agravado, secuestro, extorsión y trata de personas. Se ha adicionado el robo agravado.

Para los casos de extorsión —los ciudadanos del norte están viviendo todas las modalidades de extorsión—, aquí se establecen penas de diez hasta quince años; y pueden ir de quince hasta veinticinco años si se producen a mano armada. Si se trata de una organización criminal, ya es crimen organizado. Es muy importante que los ciudadanos sepan esto, Presidente.

También hay normas relativas a la usurpación, que es otro de los problemas que tiene el Estado. Hay formas agravadas de la usurpación, y se están estableciendo claramente las penalidades, así que hay que avisarles a todos estos criminales que usurpan tierras y sacan a los ciudadanos de posesiones que han ocupado durante muchos años. Entonces,

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ya se tiene una norma en la que los castigos son sumamente elevados, para que las cosas puedan mejorar en materia de seguridad ciudadana.

En lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal, es un código demasiado garantista. Hemos tratado…


El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— … de abrir un poco más el nuevo Código Procesal Penal para que no existan tantas facilidades en cuanto a la obtención de una serie de beneficios a través de la confesión sincera, la terminación anticipada y principios de oportunidad, que indudablemente están generando un problema grave en el país.

Dejo en salvedad ese tema, porque es importante que la ciudadanía sepa el rol que tenemos que cumplir en este lugar todos y cada uno de nosotros los congresistas.

Por lo demás, es un gran esfuerzo el que ha realizado la Comisión de Justicia y esperamos que con la aprobación de este proyecto de ley podamos aplicar exactamente lo que los ciudadanos desean.

Las normas están; hay que ver su aplicación. En ese sentido, tiene que ejercitarse un control estricto por parte del Estado.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Agotado el debate, tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, respecto a lo señalado por el congresista Benítez para la propuesta de modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal, yo les pediría que, en todo caso, revisaran la redacción. Lo que se ha buscado es un delicado equilibrio entre la justicia y las garantías de la justicia penal para evitar la dilación en la que incurren malos abogados que inasisten a algunas audiencias para conseguir reprogramaciones y no se lleve nunca a cabo el proceso.

Sin embargo, para garantizar que esto no deje en una situación de desprotección a la persona procesada, cumplimos con la obligación de incorporar, en esos supuestos, un abogado de oficio.

Yo les pido que revisen la redacción final de la propuesta de modificación del artículo 85. Lo que dice ya lo decía el Código anterior.

El texto dice: “1. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado —y es lo que se hace muchas veces para dilatar una y otra vez el proceso— y esta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en este acto designa el procesado —o sea, se le da posibilidad incluso al propio procesado para una nueva designación— o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia”.

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Y lo que nosotros hemos señalado es para los casos en los cuales no es inaplazable. A la primera no hay problema. Si no tiene carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. Pero, ¿qué pasa si en veinticuatro horas no designa un reemplazante y nuevamente el proceso se dilata dos, tres o cuatro meses entre audiencia y audiencia? De no hacerlo, se nombra uno de oficio y se reprograma la diligencia para que este pueda tomar conocimiento de los argumentos.

Ciertamente, se ha tomado en cuenta lo señalado por el congresista Benítez de no dejar en absoluta indefensión a la persona procesada; pero tampoco podemos permitir que, habilitados por una norma que tome en cuenta que un abogado podría enfermarse, utilicen este argumento para faltar una y otra vez a las diligencias e impidan que el proceso se lleve a cabo como debiera ser.

Respecto a lo manifestado por la congresista Rosa Mavila, ya se ha pronunciado al respecto el congresista Octavio Salazar, y hubo un largo debate en la Comisión sobre el tema. ¿Qué tipo de sanción le imponíamos al reincidente o al habitual por faltas en las que, sacando provecho de que la norma —que conocían mucho mejor que los abogados— no establecía sanción penal, reincidían una y otra vez. Es entonces que se plantea que el habitual o el reincidente tengan una sanción de pena privativa de libertad y sean tratados con todo el peso de la norma.

La lógica del proyecto en general es la misma: para el primario, todas las ventajas del sistema, todas las posibilidades para que pueda acceder a beneficios penitenciarios. Pero para el reincidente y para el habitual, que aprovechan cada resquicio de la norma, la máxima sanción penal. Evaluaremos en el tiempo si lo que señala la congresista Rosa Mavila termina siendo demasiado severo.

Finalmente, sabemos que una norma de naturaleza penal es ventajosa para una persona que ha sido sentenciada así se aplique retroactivamente, por lo cual, el daño no es irreparable; pero sí es irreparable que no seamos capaces de perseguir con la ley a quienes abusan de una norma y generan la constante zozobra de la que ya estamos hartos y que debemos de combatir en el marco de la normatividad. Por ello, la propuesta de la congresista Mavila fue tomada y me ratifico en el sentido de que la falta no constituya delito. Sin embargo, sí habrá sanción penal para quien incurra en reincidencia o en habitualidad por faltas, porque debemos de terminar de una vez con este flagelo.

Respecto a lo planteado por el congresista Rosas, es precisamente su preocupación por la violación la que generó las propuestas de las congresistas Schaefer y Mavila. Cuando se da la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del consentimiento que deja sin sanción penal determinados actos, se quedan en el limbo los menores que tienen entre catorce y dieciocho años, a los que se consideraba antes dentro de la norma penal con una sanción agravada.

Cuando la sentencia del Tribunal Constitucional establece que el consentimiento libera de responsabilidad, los responsables de violación a niñas o niños entre catorce y dieciocho años se quedaban con una sanción de seis años, y eso era inadmisible, por eso es por lo que se tomaron, entre otras, la propuesta de las congresistas Schaefer y Mavila y se

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incorporó como estaba originalmente en el artículo 170 del Código Penal. Eso no significa que no tenga circunstancias agravantes.

Lo que el congresista Rosas señala es que debe tener igual protección que la de un niño; pero la situación de indefensión de un niño hasta los seis años es distinta a la situación de indefensión de un niño de catorce a dieciocho. Eso no significa que no haya reprochabilidad penal. Por supuesto que la hay, y por eso lo hemos considerado no como estaba, hasta seis años, sino hasta los dieciocho años, pudiendo ponerlo incluso en el último tercio obligatoriamente como agravante.

Me pide una interrupción la congresista Chávez y el congresista Cárdenas.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, es muy lamentable que el Tribunal Constitucional haya puesto en la indefensión a los menores de catorce a dieciocho años bajo el argumento y con la desinformación de que se trata de relaciones sexuales entre menores de catorce a dieciocho años —entre ellos—. ¡Falso! Se trata de permitir que menores de catorce a dieciocho años sean presa fácil de personas adultas mayores, porque ahora quienes denuncian una violación van a tener que alegar que no han dado consentimiento. Es decir, tienen que probar que su consentimiento no existió.

Antes la ley suponía que no podía haber consentimiento válido de un menor de catorce a dieciocho años, porque la naturaleza humana así lo señala. Y acabamos de aprobar hace unos meses una ley con respecto a la comida chatarra para decir qué comen nuestros hijos; sin embargo, dejamos la posibilidad de que sí den consentimiento los menores de catorce a dieciocho años para tener relaciones sexuales con adultos. Esa es una gravísima incongruencia.


La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Es una gravísima incongruencia dejar que nuestros niños de catorce a dieciocho años estén a merced de los halagos, de los incentivos o de cualquier presión para que den su consentimiento a tener trato sexual con adultos; y poner a nuestros menores de catorce a dieciocho años a disponibilidad de redes de pedófilos, de pederastas, de turismo sexual, de explotación, de trata de personas, porque los menores de catorce a dieciocho años no cometen faltas si tienen trato sexual entre ellos.

El problema es el favor que se está haciendo —discúlpenme la palabra— a los adultos que quieran tener trato sexual con menores de catorce a dieciocho años. Bastará que el menor le dé el consentimiento.

Ojalá que esta medida no signifique que nuestros hijos sean puestos a disposición de hombres y mujeres adultos que quieren trato sexual con menores de catorce a dieciocho años y tienen todas las posibilidades de lograr un aparente consentimiento.

Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La segunda y última interrupción es para el congresista Johnny Cárdenas.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente, en el Pleno pasado realizamos, a través de usted, un pedido a la presidenta de la Comisión de Justicia para que se sancione al abogado que no presente recursos impugnatorios de acuerdo a los procedimientos que se establecen.

En este caso, la propuesta de modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal, en el numeral 2), debería quedar claro con el siguiente texto: “Si el defensor no presenta los recursos impugnatorios o no asiste injustificadamente a la diligencia…”, y lo que sigue. Igual en el numeral 3), de modo que el texto diga: “El juez o el colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al defensor que injustificadamente no presenta los recursos impugnatorios o no asiste a una diligencia…”, y lo que continúe.

Ojalá lo puedan valorar, porque cuando uno conversa con algunos litigantes, estos nos manifiestan que sufren porque el abogado o se olvidó o negoció algún procedimiento para presentar un recurso impugnatorio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, sobre lo señalado por la congresista Martha Chávez debo de manifestar que, efectivamente, ese ha sido el móvil por el cual, aun cuando nosotros no estamos de acuerdo con exonerar de dictamen de Comisión, hemos incorporado este proyecto vinculado a violación que estaba en la Comisión de Justicia. Nos parece que no se puede dejar en indefensión a los menores con una pena de seis años. Independientemente del debate que se inició en la Comisión, no tenía ningún proyecto detrás respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Presidente, sé que he concedido ya dos interrupciones, pero me piden dos últimas interrupciones las congresistas Verónika Mendoza y Rosa Mavila. Si usted lo tuviera a bien, con mucho gusto las concedería.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— A su solicitud, y por excepción, puede interrumpir la congresista Verónika Mendoza.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidente, solo para dejar constancia de que el Tribunal Constitucional ha señalado que, conforme a los tratados de derechos humanos, la interpretación contiene implícitamente una adhesión a la interpretación de los órganos supranacionales de protección. Eso incluye a los comités de seguimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual le ha encargado de manera explícita al Estado peruano que agilice la aprobación de legislación específica para prohibir la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual.

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Dejo constancia de que, al no incluir expresamente en el dictamen el agravante de discriminación por orientación sexual o identidad de género, estaríamos faltando a nuestro deber de respetar el bloque de constitucionalidad, pero sobre todo faltando a nuestro deber como Estado de garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual, y en particular los de los sectores vulnerables, como lo es el de la comunidad del LGBTI.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidente, se alude —y voy a referirme con respeto a la argumentatividad de la presidenta de la Comisión de Justicia— a que si hiciéramos un balancing entre el pragmatismo, la utilidad de la aplicación del orden ius puniendi del Estado en materia de tratamiento de la infracción juvenil reiterada, y en poner por delante, hasta en el caso de los infractores juveniles, el principio tuitivo del interés superior, hay que optar por el pragmatismo. Ya veremos, pues. La vida lo dirá.

En realidad, aquí hay un error conceptual. En nuestro país no hay política criminal aún, y menos una política criminal juvenil.

Es un craso error confundir el tratamiento de la falta juvenil, aunque sea reiterada, con el delito. El delito habitual y reiterado en materia de secuestros o de trata de personas es una cosa, y otra cosa es la reiterada práctica de conductas de bagatela en el caso de faltas contra la persona.


La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con los principios de proporcionalidad y humanidad.

¿Podemos aplicar el mismo rasero a jóvenes de catorce a dieciocho años que a criminales habituales de veinticinco, treinta y cinco o cuarenta años? ¿Puede esta sociedad renunciar a la lucha por la rehabilitación y la reeducación del joven infractor? ¿Puede esta sociedad hacer tabla rasa creyendo en el populismo penal de que el incremento de la pena al máximo y a dos tercios sobre el máximo va a lograr que esa criminalidad juvenil retroceda? Yo creo que no; yo creo que no se debe aplicar criterios de derecho penal de adultos a derecho penal de menores.

Y citaré a Juan Bustos, quien dice que si el derecho penal de adultos debe ser garantista, el derecho penal de menores debe ser doble y triplemente garantista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede usted continuar, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Respecto a lo señalado por el congresista Reggiardo, aclaro que el compromiso del Presidente del Consejo de Ministros

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en materia de armas no ha sido un compromiso privado, sino un compromiso público, en el marco de la reunión de Conasec [Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana], para corregir cualquier deficiencia o exceso y hacer una legislación mucho más acorde, por lo que se estaban evaluando todas las normas vinculadas a armas. Sin embargo, discrepo afectuosamente de la posición del congresista Reggiardo de delegar facultades en materia de seguridad.

A todos nos enriquecen estos debates que se han desarrollado en el seno de la Comisión de Justicia con congresistas que tienen distintas posiciones pero el mismo norte de buscar las medidas de seguridad más adecuadas. Por supuesto, son pasibles de error.

No hay duda de que la preocupación de la congresista Rosa Mavila me incluye, específicamente en el tema de menores infractores, pero no ha sido enfocado para eso. De hecho, la única modificación sustantiva en el tema de menores infractores se refiere al plazo de seis años, que no termina a los veintiuno sino a los veinticuatro años de edad, sin que eso signifique que no se les va a seguir aplicando, si así lo solicitan, los beneficios de semilibertad o libertad condicional.

Entonces, ese no es el objetivo de la norma. La norma se refiere a reincidencia y a faltas que cometen los adultos en la cotidianeidad y que, al no tener una sanción penal efectiva, se han convertido en el día a día.

Respecto a la insistencia del congresista Rondón de acumular los proyectos 288 y 568, sobre la usurpación, a nosotros nos gustaría incorporar ambos; sin embargo, ya están pendientes de una insistencia, por lo cual, desde el punto de vista procedimental, no se pueden acumular, aun cuando por materia y por la redacción de la propuesta de insistencia coincidan, no pueden sustraerse de esa insistencia para pasar por aquí.

Dejo esa constancia, porque el texto es muy parecido. Comprendo su malestar, pero esa es la razón por la cual no se han acumulado.

No todos van a estar satisfechos, pero frente a los problemas de seguridad esta es una solución inmediata que tendrá que sumarse a una serie de medidas adicionales, por lo que solicito ir al voto.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— En vista de que se ha agotado el debate, pido a los señores parlamentarios que se sirvan registrar su asistencia.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Mientras se registra la asistencia, va a intervenir el congresista Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA (GPFP).— Presidente, como cuestión previa, quiero plantear que se vote por separado la propuesta de modificación del artículo 173 del Código Penal, porque la Comisión no la ha tomado en cuenta. Mi propuesta es que se mantenga tal como está en el Código Penal, porque si decimos que somos defensores de los derechos, hay que garantizar la protección de la salud y los derechos de los menores.

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Por eso, como cuestión previa, planteo que se vote por separado el artículo 173, porque pido que se considere menores de edad a los menores de dieciocho años, tal como está en el Código Penal.

Me pide una interrupción la congresista Pérez Tello.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, con mucho respeto le pido al congresista que verifique que se eliminó el supuesto de menores entre catorce y dieciocho años de edad porque se trasladó al delito de seducción. Cuando el Tribunal Constitucional sacó la sentencia respecto a la aceptación voluntaria o el consentimiento, quedó en el aire. La propia sentencia del Tribunal Constitucional lo dice. La propia sentencia del Tribunal Constitucional conmina al Poder Legislativo a que cubra el vacío normativo que se genera.

Rosa Mavila, Karla Schaefer y un sinnúmero de congresistas —entre las que me hubiera gustado estar, pero me encontraba con la carga procesal— plantearon proyectos para cubrir ese vacío y proteger a los menores que eran violados. Eso es lo que se ha hecho, incorporar en esta norma ese planteamiento.

No procede un voto por separado, porque, a diferencia de lo que planteó el congresista Bruce y no fue tomado, yo habilité la cuestión de orden. En este caso no la habilito, porque se ha incorporado y se está hablando en el mismo sentido: proteger a los menores de edad. Quizás las congresistas que presentaron proyectos en ese sentido puedan sustentar y avalar esa posición.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se pone en conocimiento de la Representación Nacional que, para efectos del quórum, en estos momentos está sesionando la Comisión multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República, por lo cual se considera a sus integrantes con licencia.

Han registrado su asistencia 92 parlamentarios.

Con el quórum correspondiente, se va a proceder a votar.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 73 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de ley en virtud del cual se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes; y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Ha sido aprobado.

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Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas Merino De Lama, Mora Zevallos, Teves Quispe y Otárola Peñaranda.

Resultado final: 77 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 83, 166, 177, 179, 227 y otros.

De conformidad con el artículo 78.° del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.



Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, CÓDIGO PROCESAL PENAL, CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL Y EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CREA

REGISTROS Y PROTOCOLOS CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 1. Modificación de diversos artículos del Código Penal

Modifícanse los artículos 22, 36, 38, 45, 46, 46-B, 46-C, 57, 58, 62, 64, 69, 70, 102, 170, 173, 186, 189, 194, 195, 200, 202, 204, 205, 279, 279-C, 317-A y 440 del Código Penal, en los siguientes términos:

‘Artículo 22. Responsabilidad restringida por la edad

Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo.

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.

Artículo 36. Inhabilitación

La inhabilitación produce, según disponga la sentencia:

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular;

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2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;

3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia;

4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia;

5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela;

6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas.

7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo;

8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito;

9. Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley 25475, por el delito de apología del terrorismo previsto en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal o por los delitos de tráfico ilícito de drogas para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados o, en general, en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se impone obligatoriamente en la sentencia como pena principal;

10. Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos;

11. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez; o,

12. Prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios.

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal

La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

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1. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad;

2. Su cultura y sus costumbres; y,

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen.

Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) La carencia de antecedentes penales;

b) El obrar por móviles nobles o altruistas;

c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables;

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible;

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias;

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado;

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad;

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible.

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos;

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria;

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole;

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común;

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f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe;

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito;

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función;

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito;

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable;

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional;

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales;

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva.

Artículo 46-B. Reincidencia

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años.

La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.

El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.

En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los delitos señalados en el tercer párrafo del

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presente artículo.

Artículo 46-C. Habitualidad

Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo.

Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete de tres a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de tres años.

La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.

En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes señalados.

Artículo 57. Requisitos

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años;

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación; y,

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.

El plazo de suspensión es de uno a tres años.

Artículo 58. Reglas de conducta

Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar

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y justificar sus actividades;

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente; o,

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado.

Artículo 62. Reserva del fallo condenatorio. Circunstancias y requisitos

El juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio siempre que de las circunstancias individuales, verificables al momento de la expedición de la sentencia, pueda colegir que el agente no cometerá nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del sentenciado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación.

La reserva es dispuesta en los siguientes casos:

1. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa;

2. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres;

3. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación.

El plazo de reserva del fallo condenatorio es de uno a tres años, contado desde que la decisión adquiere calidad de cosa juzgada.

Artículo 64. Reglas de conducta

Al disponer la reserva del fallo, el juez impone de manera debidamente motivada las siguientes reglas de conducta que resulten aplicables al caso:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;

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5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente; o,

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado.

Artículo 69. Rehabilitación automática

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite.

La rehabilitación produce los efectos siguientes:

1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó; y,

2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva.

Artículo 70. Prohibición de comunicación de antecedentes

Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta solo podrán ser comunicados a solicitud del Ministerio Público o del juez.

Artículo 102. Decomiso de bienes provenientes del delito

El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado.

El juez también dispone el decomiso de los bienes intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos.

Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia

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lícita, procede el decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilícita procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes.

Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a título oneroso o por cualquier otra razón atribuible al autor o partícipe, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias.

Artículo 170. Violación sexual

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:

1. Si la violación se realiza a mano armada.

2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar.

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.

4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.

5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.

6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.

Artículo 173. Violación sexual de menor de edad

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua.

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2. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años de edad la pena será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años.

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza.

Artículo 186. Hurto agravado

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:

1. Durante la noche.

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.

3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado.

4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.

5. Mediante el concurso de dos o más personas.

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

1. En inmueble habitado.

2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos.

3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

4. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de claves secretas.

5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.

6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos.

7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales.

8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima.

9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.

10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios

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públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.

11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos.

Artículo 189. Robo agravado

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:

1. En inmueble habitado.

2. Durante la noche o en lugar desolado.

3. A mano armada.

4. Con el concurso de dos o más personas.

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad.

7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.

8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.

3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.

4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

La pena será de cadena perpetua cuando el agente en calidad de integrante de una organización criminal, como consecuencia del hecho, produce la muerte de la víctima o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

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Artículo 194. Receptación

El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.

Artículo 195. Receptación agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de sesenta a ciento cincuenta días-multa si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios, o si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.

La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos de robo agravado, secuestro, extorsión y trata de personas.

Artículo 200. Extorsión

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:

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a) A mano armada;

b) Participando dos o más personas; o,

c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años.

La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior:

a) Dura más de veinticuatro horas.

b) Se emplea crueldad contra el rehén.

c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.

d) El rehén adolece de enfermedad grave.

e) Es cometido por dos o más personas.

f) Se causa lesiones leves a la víctima.

La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos explosivos.

La pena será de cadena perpetua cuando:

a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.

b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.

c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.

d) El agente se vale de menores de edad.

Artículo 202. Usurpación

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años:

1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.

2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un

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derecho real.

3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.

La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes.

Artículo 204. Formas agravadas de usurpación

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, cuando la usurpación se comete:

1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos.

2. Con la intervención de dos o más personas.

3. Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.

4. Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por la entidad competente.

5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.

6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros materiales.

7. Abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor público.

Será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada.

Artículo 205. Daño simple

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con treinta a sesenta días-multa.

Artículo 279. Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos

El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas de fuego artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor

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de seis ni mayor de quince años.

Artículo 279-C. Tráfico de productos pirotécnicos

El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita, transporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que vendan estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y trescientos sesenta y cinco días-multa.

La pena será no menor de cinco ni mayor de diez años, si a causa de la fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de productos pirotécnicos, se produjesen lesiones graves o muerte de personas.

Artículo 317-A. Marcaje o reglaje

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Código Penal, acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos.

La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años cuando el agente:

1. Es funcionario o servidor público y aprovecha su cargo para la comisión del delito.

2. Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro vínculo que la impulse a esta última a depositar su confianza en el agente.

3. Utilice a un menor de edad.

4. Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema financiero y, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento de los ingresos económicos, operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio de la víctima.

5. Actúa en condición de integrante de una organización criminal.

Artículo 440. Disposiciones comunes

Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444.

2. Solo responde el autor.

3. Las penas que pueden imponerse son las limitativas de derechos y multa, salvo los casos de reincidencia o habitualidad en faltas dolosas reguladas en los artículos 441 y

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444, en cuyos casos se reprime con pena privativa de libertad del delito aplicable.

4. Los días-multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta.

5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de reincidencia y habitualidad, prescriben a los dos años. Las faltas previstas en los artículos 441 y 444 prescriben a los tres años, salvo en los supuestos de reincidencia o habitualidad, en cuyo caso es de aplicación el artículo 80.

6. La investigación está a cargo de la autoridad policial y el juzgamiento corresponde a los jueces de paz letrados o a los jueces de paz.

7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado, salvo en el caso de reincidencia en las faltas dolosas previstas en los artículos 441 y 444, según lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo.’

Artículo 2. Incorporación de artículos al Código Penal

Incorpóranse los artículos 45-A, 196-A, 207-D y 315-A al Código Penal, en los siguientes términos:

‘Artículo 45-A. Individualización de la pena

Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad.

El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:

1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes.

2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior.

b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.

c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior.

3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:

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a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior;

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito.

Artículo 196-A. Estafa agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:

1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.

2. Se realice con la participación de dos o más personas.

3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.

4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles.

5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.

Artículo 207-D. Tráfico ilegal de datos

El que, crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

Artículo 315-A. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública

El que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados.

Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio la amenaza de la comisión del delito

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de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años.’

Artículo 3. Modificación de diversos artículos del Código Procesal Penal

Modifícanse los artículos IV del Título Preliminar, 2, 32, 65, 67, 84, 85, 160, 161, 170, 268, 269, 274, 286, 287, 311, 332, 334, 386, 471 y 523 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos:

‘Artículo IV. Titular de la acción penal

1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.

2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.

4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos.

Artículo 2. Principio de oportunidad

1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que

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el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.

5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) del presente artículo.

7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento —con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)— hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.

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8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo.

9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado:

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal;

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico;

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o,

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio.

En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal.

Artículo 32. Competencia por conexión

En los supuestos de conexión previstos en el artículo 31, la competencia se determinará:

1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con pena más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibió la comunicación prevista en el artículo 3.

2. En el numeral 2), la competencia se determinará subsidiariamente por la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avanzado. En caso de procesos incoados en distintos distritos judiciales, la competencia se establece por razón del territorio.

3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al juez penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el artículo 3.

4. En el numeral 4) corresponderá al que conoce del delito con pena más grave.

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Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal

1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333.

2. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará —si correspondiere— las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.

3. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.

4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.

5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.

Artículo 67. Función de investigación de la Policía

1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.

2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.

Artículo 84. Derechos y deberes del abogado defensor

El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes:

1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial.

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2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos.

3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.

4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda.

5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.

6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.

7. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.

8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado.

9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.

10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.

El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Artículo 85. Reemplazo del abogado defensor inasistente

1. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia.

2. Si el defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y esta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra uno de oficio, reprogramándose la diligencia por única vez.

3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que ha sido citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviere desarrollando.

4. La renuncia del defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de veinticuatro horas antes de la realización de la diligencia.

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5. Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera conoce la aplicación de la sanción y el segundo la ejecución formal de la sanción.

6. La sanción disciplinaria aplicable al fiscal que incurra en cualquiera de las conductas antes descritas, se aplican de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 160. Valor de prueba de la confesión

1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra.

2. Solo tendrá valor probatorio cuando:

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción;

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas;

c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y,

d) Sea sincera y espontánea.

Artículo 161. Efecto de la confesión sincera

El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal.

Artículo 170. Desarrollo del interrogatorio

1. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento, y prestará juramento o promesa de honor de decir la verdad, según sus creencias. Deberá también ser advertido de que no está obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal.

2. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran las personas comprendidas en el artículo 165, inciso 1), y los menores de edad, los que presentan alguna anomalía psíquica o alteraciones en la percepción que no puedan tener un real alcance de su testimonio o de sus efectos.

3. Los testigos serán examinados por separado. Se dictarán las medidas necesarias para evitar que se establezca comunicación entre ellos.

4. Acto seguido se preguntará al testigo su nombre, apellido, nacionalidad, edad, religión si la tuviera, profesión u ocupación, estado civil, domicilio y sus relaciones con el

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imputado, agraviado o cualquier otra persona interesada en la causa. Si teme por su integridad podrá indicar su domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último caso, se dispondrá la prohibición de la divulgación en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. La Fiscalía de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial dictarán las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la eficacia de esta norma.

5. A continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado; asimismo, se le interrogará sobre toda circunstancia útil para valorar su testimonio. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y observaciones precisas.

6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto procesal.

Artículo 268. Presupuestos materiales

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Artículo 269. Peligro de fuga

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;

3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo;

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y

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5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.

Artículo 274. Prolongación de la prisión preventiva

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento.

2. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad.

3. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278.

4. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida.

Artículo 286. Presupuestos

1. El juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266.

2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268.

En los supuestos anteriores, el fiscal y el juez de la investigación preparatoria deben motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión.

Artículo 287. Comparecencia restrictiva

1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 167, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. También podrá utilizarse, alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar que no se excedan las restricciones impuestas a la libertad personal.

2. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará

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mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271.

4. El Juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa.

Artículo 311. Desalojo preventivo

1. En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas de concedida.

2. La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del fiscal.

3. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la investigación preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido.

4. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.

5. El juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días, previa audiencia con notificación de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del juez para su inmediata ejecución.

Artículo 332. Informe policial

1. La policía en todos los casos en que intervenga elevará al fiscal un informe policial.

2. El informe policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades.

3. El informe policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de investigación y todo aquello que considere indispensable para el esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los datos personales de los imputados.

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Artículo 334. Calificación

1. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado.

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante.

3. En caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará la intervención de la policía para tal fin.

4. Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación, notificando al denunciante.

5. El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior.

6. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda.

Artículo 386. Desarrollo de la discusión final

1. Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden:

a) Exposición oral del fiscal;

b) Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil;

c) Alegatos del abogado defensor del acusado;

d) Autodefensa del acusado.

2. No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audio-visuales para una mejor ilustración al

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juez.

3. Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, corresponderá la última palabra al acusado.

4. El juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención a la naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el juez penal llamará la atención al orador y, si este persistiere, podrá fijarle un tiempo límite en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato.

5. Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará cerrado el debate.

Artículo 471. Reducción adicional acumulable

El imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial.

La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal, en cuyo caso solo recibe el beneficio correspondiente a la terminación anticipada.

La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella.

Artículo 523. Arresto provisorio o preextradición

1. El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procederá cuando:

a) Haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado;

b) La persona pretenda ingresar al país mientras es perseguido por la autoridad de un país limítrofe;

c) La persona se encuentre plenamente ubicada, dentro del territorio nacional, con requerimiento urgente, por intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL.

2. En el supuesto del literal a) del numeral anterior, la solicitud formal será remitida a la Fiscalía de la Nación ya sea por intermedio de su autoridad central o por conducto de la INTERPOL. En casos de urgencia, se requerirá simple requisición hecha por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico o electrónico. La solicitud formal contendrá:

a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país;

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b) La fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho imputado;

c) Si el requerido fuese un imputado, indicación de la pena conminada para el hecho perpetrado; y, si fuera un condenado, precisión de la pena impuesta;

d) La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o de prisión, y de ausencia o contumacia en su caso;

e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición dentro de sesenta días de producida la detención. A su vencimiento, de no haberse formalizado la demanda de extradición el arrestado será puesto en inmediata libertad.

3. La Fiscalía de la Nación remitirá de inmediato al juez de la Investigación Preparatoria competente, con aviso al fiscal Provincial que corresponda.

4. El juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local de la INTERPOL.

5. En el supuesto del literal b) del numeral 1) la Policía destacada en los lugares de frontera deberá poner inmediatamente al detenido a disposición del juez de la Investigación Preparatoria competente del lugar de la intervención, con aviso al fiscal provincial. El juez por la vía más rápida, que puede ser comunicación telefónica, fax o correo electrónico, pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y del funcionario diplomático o consular del país de búsqueda. El representante diplomático o consular tendrá un plazo de dos días para requerir el mantenimiento del arresto provisorio, acompañando a su solicitud las condiciones establecidas en el numeral 2) de este artículo. De no hacerlo se dará inmediata libertad al arrestado.

6. Dispuesto el arresto provisorio, el juez de la Investigación Preparatoria oirá a la persona arrestada en el plazo de veinticuatro horas y le designará abogado defensor de oficio, si aquella no designa uno de su confianza. El arresto se levantará si, inicialmente, el Juez advierte que no se dan las condiciones indicadas en el numeral 4) de este artículo, convirtiéndose en un mandato de comparecencia restrictiva, con impedimento de salida del país. El arresto cesará si se comprobase que el arrestado no es la persona reclamada, o cuando transcurre el plazo de sesenta días para la presentación formal de la demanda de extradición.

7. El arrestado que sea liberado porque no se presentó a tiempo la demanda de extradición puede ser nuevamente detenido por razón del mismo delito, siempre que se reciba un formal pedido de extradición.

8. Mientras dure el arresto provisorio, el arrestado podrá dar su consentimiento a ser trasladado al Estado requirente. De ser así, se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 521.

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9. El arrestado puede obtener libertad provisional si transcurriesen los plazos legales del tratado o de la ley justificatorios de la demanda de extradición, o si el extraditado reuniese las condiciones procesales para esa medida. En este último caso se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte, sin perjuicio de otras medidas de control que el juez discrecionalmente acuerde. Se seguirá el trámite previsto para la cesación de la prisión preventiva.

10. En el caso del inciso c) del numeral 1) del presente artículo, la Policía Nacional procederá a la intervención y conducción del requerido en forma inmediata, poniéndolo a disposición del juez competente del lugar de la intervención y comunicando tal hecho al fiscal provincial, a la Fiscalía de la Nación y al funcionario diplomático o consular del país requirente.’

Artículo 4. Incorporación de artículo al Código Procesal Penal

Incorpórase el artículo 119-A al Código Procesal Penal en los siguientes términos:

‘Artículo 119-A. Audiencia

1. La presencia física del imputado es obligatoria en la audiencia del juicio, conforme al inciso 1) del artículo 356, así como en aquellos actos procesales dispuestos por ley.

2. Excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga.’

Artículo 5. Modificación de diversos artículos del Código de Ejecución Penal

Modifícanse los artículos 46, 47, 48, 50, 53 y 55 del Código de Ejecución Penal en los siguientes términos:

‘Artículo 46. Casos especiales de redención

En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 317, 317-A, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por cinco días de labor o estudios efectivos, en su caso.

Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la educación a razón de un día de pena por seis días de trabajo o estudio efectivos, según el caso.

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46-B y el primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos en los delitos señalados en los artículos 107, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 317, 317-A, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a

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razón de un día de pena por siete días de labor o estudio efectivos, en su caso.

Artículo 47. Improcedencia de acumulación de la redención de pena por el trabajo y educación

El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación no es acumulable cuando estos se realizan simultáneamente.

El beneficio de la redención de la pena por el trabajo o la educación no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 296, 297, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal.

Artículo 48. Semilibertad

La semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, para efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no tiene proceso pendiente con mandato de detención.

En los casos del artículo 46, primer párrafo, la semilibertad podrá concederse cuando se ha cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal.

El beneficio de semilibertad es inaplicable a los reincidentes, habituales y a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 279-A, 279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal.

Artículo 50. Competencia y audiencia de semilibertad

La semilibertad se concede por el juzgado que conoció el proceso. Recibida la solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad, acompañada obligatoriamente de los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 49, el juez notifica con los recaudos correspondientes y convoca a audiencia dentro de los diez días, a la que concurren obligatoriamente el fiscal, el sentenciado y su defensa.

Instalada la audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los medios de prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con las actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio.

El juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al debate contradictorio.

Culminada la audiencia, el juez escucha los alegatos finales, por su orden, al fiscal, al abogado defensor y al sentenciado, después de la cual, resuelve sobre la solicitud del beneficio penitenciario o, en su defecto, en el término de dos días.

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Artículo 53. Liberación condicional

La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención.

En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46, primer párrafo, la liberación condicional podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 187 del Código Procesal Penal.

El beneficio de liberación condicional es inaplicable a los reincidentes, habituales y a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 279-A, 279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal.

Artículo 55. Competencia y audiencia de liberación condicional

La liberación condicional se concede por el juzgado que conoció el proceso. Recibida la solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional, acompañada obligatoriamente de los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 54, el juez notifica con los recaudos correspondientes y convoca a audiencia dentro de los diez días, a la que concurren obligatoriamente el fiscal, el sentenciado y su defensa.

Instalada la audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los medios de prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con las actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio.

El juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al debate contradictorio.

Culminada la audiencia, el juez escucha los alegatos finales, por su orden, al fiscal, al abogado defensor y al sentenciado, después de la cual, resuelve sobre la solicitud del beneficio penitenciario o, en su defecto, en el término de dos días.’

Artículo 6. Incorporación de artículos al Código de Ejecución Penal

Incorpóranse los artículos 47-A, 50-A y 55-A al Código de Ejecución Penal en los siguientes términos:

‘Artículo 47-A. Acumulación de la redención de pena por trabajo o educación para el cumplimiento de la condena

Para el cumplimiento de la condena, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia efectiva en el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por trabajo o educación, en cuyo caso se deberá cumplir con el procedimiento y requisitos establecidos por el Reglamento.

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Dicha acumulación no procede en los delitos respecto de los cuales la redención de la pena por el trabajo y la educación está expresamente prohibida por ley.

Artículo 50-A. Decisión e impugnación de la semilibertad

El juez resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días siguientes de realizada la audiencia de semilibertad. Solo concede el beneficio en el caso de que la naturaleza del delito, la evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitan suponer razonablemente que no cometerá otra infracción penal.

Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe atender especialmente los siguientes criterios:

1. La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible.

2. La gravedad del hecho punible cometido.

3. La extensión del daño o peligro cometido.

4. Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, incluso en caso de insolvencia.

5. Los antecedentes penales y judiciales.

6. Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.

7. La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará, en su caso, el trabajo o estudio.

8. Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta.

9. El arraigo del interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado.

Si el juez concede el beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme al artículo 58 del Código Penal. El juez podrá disponer la utilización de la vigilancia electrónica personal como mecanismo de control de la pena.

Contra la resolución procede recurso de apelación en el término de tres días.

Artículo 55-A. Decisión e impugnación de la liberación condicional

El juez resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días siguientes de realizada la audiencia de liberación condicional. Solo concede el beneficio en el caso de que la naturaleza del delito, la evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitan suponer razonablemente que no cometerá otra infracción penal.

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Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe atender especialmente los siguientes criterios:

1. La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible.

2. La gravedad del hecho punible cometido.

3. La extensión del daño o peligro cometido.

4. Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, incluso en caso de insolvencia.

5. Los antecedentes penales y judiciales.

6. Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.

7. La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará, en su caso, el trabajo o estudio.

8. Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta.

9. El arraigo del interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado.

Si el juez concede el beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme al artículo 58 del Código Penal. El juez puede disponer la utilización de la vigilancia electrónica personal como mecanismo de control de la pena.

Contra la resolución procede recurso de apelación en el término de tres días.’

Artículo 7. Modificación del Código de los Niños y Adolescentes

Modifícase el artículo 239 del Código de los Niños y Adolescentes, el cual queda redactado de la siguiente manera:

‘Artículo 239. Excepción

Si el adolescente adquiere la mayoría de edad durante el cumplimiento de la medida, el juez prolonga cualquier medida hasta el término de la misma.

Si el juez penal se inhibe por haberse establecido la minoridad al momento de los hechos, asume competencia el juez de familia aunque el infractor haya alcanzado mayoría de edad.’

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Puesta en vigencia de artículos del Código Procesal Penal

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Adelántase la vigencia de los artículos 2, 160, 161, 268, 269, 270, 271 y 311 del Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 957, en todo el territorio peruano.

SEGUNDA. Interpretación

Cuando los artículos 268 a 271 del Código Procesal Penal hagan referencia a los términos ‘investigación preparatoria’, ‘expediente fiscal’, ‘prisión preventiva’ y ‘juez de la investigación preparatoria’, se debe interpretar que dichos términos hacen referencia, respectivamente, a ‘instrucción’, ‘expediente fiscal’, ‘mandato de detención’ y ‘juez penal’. Esta disposición rige en los distritos judiciales en los que el Código Procesal Penal no ha entrado en vigencia.

TERCERA. Adopción de protocolos y reglamentos

El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, respetando sus atribuciones constitucionales, diseñan y aprueban conjuntamente los protocolos y reglamentos necesarios para la adecuada y eficaz investigación del delito, en el plazo de noventa días calendario de publicada la presente ley en el diario oficial El Peruano.

En el mismo período, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario diseñan y aprueban los protocolos y reglamentos necesarios para una adecuada y eficaz realización de videoconferencia desde los centros penitenciarios a las distintas sedes judiciales a nivel nacional.

CUARTA. Coordinación interinstitucional

En el marco de la lucha eficaz contra la criminalidad y la garantía de los derechos fundamentales, los jueces y fiscales tramitan de manera inmediata las solicitudes referidas a medidas de coerción y de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, para lo cual en el plazo de treinta días establecen los canales permanentes de coordinación, comunicación y autorización, a fin de agilizar y efectivizar la ejecución de dichas medidas de modo ininterrumpido.

QUINTA. Creación del Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio

Créase el Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio en la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, en el que se registran las denuncias por la presunta comisión de faltas contra la persona y el patrimonio previstas en los artículos 441 y 444 del Código Penal, respectivamente, así como los nombres y apellidos de la persona denunciada, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio, número de su documento de identidad, pasaporte u otro de carácter oficial, según sea el caso, y una fotografía.

La Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú remite la información requerida en un plazo máximo de tres días.

SEXTA. Deberes de verificación y comunicación

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La Policía Nacional del Perú, al tomar conocimiento de la presunta comisión de las faltas contra la persona o el patrimonio, verifica inmediatamente en el Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio y en el Registro Nacional de Condenas a cargo de la Gerencia General del Poder Judicial, a fin de verificar si el imputado registra antecedentes por la comisión de tres o más hechos referidos a la mencionada falta o una condena por esa misma infracción. Con dicha información, la autoridad policial remite los actuados al juez de paz letrado competente en un plazo máximo de cinco días, a efectos de que este determine si el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46-B y 46-C del Código Penal.

En el caso del numeral 3) del artículo 440 del Código Penal, el juez de paz letrado debe remitir inmediatamente los actuados al fiscal, a fin de que este proceda con la investigación correspondiente, de acuerdo a sus atribuciones.

Si la denuncia se dirige directamente ante el juez de paz letrado, requiere la información sobre los antecedentes del imputado a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, a fin de determinar si el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, en cuyo caso es de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

En casos de flagrancia, la autoridad policial da cuenta inmediatamente al Ministerio Público, remitiéndole los actuados con la información acerca de los antecedentes del detenido, con la cual el fiscal determina si el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, en cuyo caso continúa con la investigación correspondiente, conforme a sus atribuciones.

En el supuesto en que el fiscal no cuente con los antecedentes del imputado y considere que los hechos denunciados no constituyen delito sino falta contra el patrimonio, antes de archivar el caso y remitirlo al juzgado de paz competente, requiere la información actualizada sobre los antecedentes del imputado a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, a efectos de determinar si dicho imputado tiene la condición de reincidente o habitual. De ser así, el fiscal continúa con la investigación correspondiente, conforme a sus atribuciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente disposición, la autoridad policial comunica a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú acerca de todas las presuntas faltas contra la persona o el patrimonio, puestas en su conocimiento, a fin de ingresar la información correspondiente en la base de datos del Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio.

SÉTIMA. Disposiciones relativas al Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, dicta las disposiciones pertinentes y necesarias para la implementación y aplicación del Registro de Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la publicación de la

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presente ley.

OCTAVA. Creación del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil

Créase, en la Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil.

La Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa el sistema de registro en un plazo de treinta días de publicada la presente ley.

NOVENA. Publicidad y destino de bienes inmovilizados o con similar medida

Respecto de los bienes que hayan sido materia de orden de inmovilización u otra medida similar, vinculados a investigaciones o actuaciones en que haya intervenido la Policía Nacional del Perú, y que se encuentren ubicados o custodiados en las delegaciones policiales por un período superior a seis meses, sin que se haya manifestado interesado alguno, estos deben ser materia de un inventario por parte de la respectiva entidad encargada de su custodia para comunicar a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) sobre su existencia, origen y propietario, si este se encuentra identificado, con la finalidad de publicitar el citado inventario.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles contado desde la comunicación mencionada, dichos bienes son considerados en abandono, encontrándose la CONABI facultada para su venta, donación, destrucción o asignación, una vez deducidos los gastos de custodia y administración respectivos.

DÉCIMA. Destino de bienes decomisados por usurpación

Los bienes decomisados por usurpación son enviados a la Comisión Nacional de Bienes Incautados para que, previa valorización, sean puestos a disposición de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, con la finalidad de ser destinados al cumplimiento de sus fines.

UNDÉCIMA. Revisión judicial en casos de accidentes de tránsito

No es de aplicación a los casos de imposición de papeletas de tránsito lo previsto en el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. En estos casos, la presentación de la demanda de revisión judicial no suspende la ejecución de los cobros coactivos por aplicación de papeletas de tránsito, salvo mandato judicial.

DUODÉCIMA. Financiamiento

La implementación de las medidas a que se refiere la presente norma se financia con cargo al presupuesto de cada una de las instituciones señaladas en la presente ley, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales.

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DIPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA. Derogación de disposiciones legales sobre usurpación

Deróganse los Decretos Ley 14495 y 20066, así como el Decreto Legislativo 312 y todas las leyes que se opongan a la presente.

SEGUNDA. Derogación de ley referida a la refundición de penas

Derógase la Ley 10124, que establece las reglas que se observarán tanto para la investigación como para el juzgamiento, en los casos de delitos conexos.


“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 83 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lewis Del Alcázar, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand, Oseda Soto, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Dammert Ego Aguirre, García Belaunde, Inga Vásquez, León Romero, Mavila León, Mendoza Frisch, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Simon Munaro, Velásquez Quesquén, Wong Pujada y Yovera Flores.

Señores congresistas que se abstuvieron: Abugattás Majluf, Coari Mamani y Romero Rodríguez.”

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Me pide una interrupción el congresista Salazar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Octavio Salazar.

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El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, solicito que se exonere de segunda votación en razón de que este es un proyecto importante para todo el país.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Continúe, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, el jueves pasado no sabíamos que se iba a ampliar la legislatura y hemos mantenido en la Comisión de Justicia la no exoneración. Sin embargo, tomando en cuenta que mañana es el último día de la legislatura, pedimos la exoneración de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Con la misma asistencia, se va a consultar la exoneración de la segunda votación.

Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 63 votos a favor, 16 en contra y siete abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley en virtud del cual se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes; y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Ha sido acordado.

Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas Mora Zevallos, Otárola Peñaranda, Belaunde Moreyra y Teves Quispe.

Resultado final: 67 votos a favor, 16 en contra y siete abstenciones.

Ha sido acordada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 83 y otros.

“Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto 83 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lewis Del Alcázar, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand, Oseda Soto, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Salazar

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Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Dammert Ego Aguirre, García Belaunde, Inga Vásquez, León Romero, Mavila León, Mendoza Frisch, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaranga, Simon Munaro, Velásquez Quesquén y Yovera Flores.

Señores congresistas que se abstuvieron: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Coari Mamani, Díaz Dios, Gutiérrez Cóndor, Romero Rodríguez y Saavedra Vela.”

Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se propone la Ley contra el Crimen Organizado

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 1803/2012-CR, 1833/2012-PE y 1946/2012-CR, con un texto sustitutorio por el que se propone la Ley contra el Crimen Organizado.(*)

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, esta norma contra el crimen organizado es otra de las medidas que se aprobaron con igual procedimiento que el anterior para atender la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia.

Si bien el proyecto que acabamos de aprobar por amplia mayoría atendía el problema de la seguridad en el día a día en nuestro discurrir como ciudadanos y ciudadanas, esta propuesta se refiere al crimen organizado y plantea una figura que afecta la estructura misma del Estado, dado que la criminalidad organizada se mueve con cantidades ingentes de dinero que involucran corrupción, mayor implementación, mayor logística y mueven de alguna manera todos los aparatos de persecución que tenemos en el Estado. Por ello, se establecen medidas de carácter procesal para asegurar que el procesamiento sea el adecuado y esté libre de toda injerencia vinculada a actos de corrupción.

Con posterioridad al Pleno de la semana próxima pasada se han celebrado una serie de reuniones para evaluar las sugerencias de los congresistas, y voy a pasar a mencionar cuáles son las que se han incorporado.

Del congresista Octavio Salazar se acogen sus precisiones a la redacción, con excepción de algunas figuras delictivas propuestas, como la del artículo 189-A, porque no

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responden a la naturaleza del crimen organizado. Las demás han sido acogidas en su totalidad porque mejoran el texto y aclaran algunas inconsistencias que podrían darse en una lectura global.

No olvidemos que el texto sobre seguridad se ha aprobado varias sesiones antes que el texto sobre criminalidad, y, como no sabíamos cuál iba a llegar primero al Pleno, había algunas figuras que podían legislarse en ambas.

Habiendo llegado las dos, lo que se ha hecho es privilegiar el texto sobre seguridad para las medidas que tienen carácter general; y privilegiar el texto sobre el crimen organizado para las que tienen carácter específico, separándolas y no repitiendo una y otra, tal como fue la sugerencia de los congresistas Spadaro y Reggiardo en su momento.

Se acoge lo planteado por el congresista Renzo Reggiardo respecto a la garantía de la definición. Si bien es cierto no se toma en un cien por ciento, se consideran los supuestos de no repetición en la definición cuando ya hay un concepto mucho más amplio.

También se acoge la sugerencia del congresista Reggiardo a la que se sumaron los congresistas Alberto Beingolea y Rosa Mavila respecto a la necesidad de mantener el tipo penal del artículo 317, el de asociación ilícita para delinquir. Aunque con supuestos distintos, la preocupación era más o menos en qué situación quedaban cuando se trataba de dos o más personas.

Ciertamente, el crimen organizado, tal como la Convención de Palermo lo ha aprobado y conforme al sentido que se le ha dado en la Comisión, requiere de la participación de tres personas. Aun cuando a través del concurso o de la coautoría podía incorporarse a dos, creemos que dejar el tipo penal como asociación ilícita puede evitar la confusión que hizo que incluso la congresista Mavila, después de habernos dado una serie de sugerencias que han sido tomadas en cuenta, señalara que si no se corregía esta confusión ella iba a preferir abstenerse de votar.

Bueno, tanto a la congresista Mavila como a los congresistas Reggiardo y Beingolea debo manifestarles que se han tomado en cuenta sus propuestas manteniendo el 317 como estaba, incluso su nombre, e incorporando algunos supuestos que podrían hacerlo aplicable.

Se acoge en absoluto la propuesta del congresista Sergio Tejada para evitar que por cuestiones de financiamiento pudiera haber alguna observación por parte del Ejecutivo con el señalamiento de que los gastos se realizan con cargo al presupuesto de cada una de las carteras implicadas.

Se acoge la modificación planteada verbalmente por el congresista José León para el artículo 249 del Código Penal sobre la reserva de identidad del denunciante.

Se acoge la propuesta de la congresista Rosa Mavila respecto del retiro del robo simple dentro de la criminalidad organizada, por ser un imposible jurídico de acuerdo con lo que señala el artículo 188 del Código Penal.

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Se acoge, por razones de dogmática penal, la propuesta de los congresistas Rosa Mavila y Manuel Dammert con relación al retiro del delito de aborto como delito materia de criminalidad organizada. Esto no significa que no podamos repudiarlo del mismo modo que cualquier otra persona, simplemente que no es este el lugar en el que corresponde incorporarlo.

Se acoge la propuesta del congresista Pedro Spadaro de retirar la modificación del artículo 22 del Código Penal por haber sido desarrollada ampliamente en el dictamen recaído en el Proyecto 083, sobre seguridad ciudadana, que acabamos de aprobar.

Se acoge la propuesta del congresista Teófilo Gamarra respecto de definir, con un criterio de análisis económico del Derecho, la multa como consecuencia accesoria. Asimismo, se perfecciona la redacción y la modificación del artículo 342 del Código Procesal Penal en el sentido de que es al fiscal a quien corresponde emitir la disposición que declara complejo un proceso.

En cuanto a las propuestas del congresista Alberto Beingolea, dos corrían en paralelo, y lo que se ha hecho con los textos sustitutorios es separar lo que se repetía en uno y en otro, manteniendo su origen de general o específico. Eso no se podía hacer en el debate de la Comisión porque no se sabía cuál iba a ser el destino de los proyectos.

No se acoge su propuesta con relación al artículo 22 desarrollado en el predictamen que acabamos de aprobar, sino la del congresista Pedro Spadaro.

No se acoge la propuesta respecto al 318-A, ya que solo se propone la precisión de crimen organizado. No hay necesidad de excluirlo.

Sí se acoge su propuesta respecto a lo señalado en la prescripción de la acción penal para el caso de integrantes de organizaciones criminales. La duplicidad planteada procede siempre que se actúe como miembro de la organización criminal, para efecto de lo cual se incorpora la precisión: “como integrante de la organización criminal”.

Respecto a la preocupación del congresista Beingolea sobre la cadena perpetua para el caso del robo agravado, debo señalar que esta es la redacción actual del Código Penal, por lo que solo se ha precisado la referencia a organización criminal. No ha habido ninguna modificación.

También se acogió la propuesta del congresista Beingolea respecto a mantener el artículo 317.

A solicitud del congresista Martín Belaunde, se acumula al dictamen el Proyecto 2167 sin modificación de texto, por ser materia de la norma lo relativo al agente encubierto.

Se acoge la propuesta del congresista Manuel Dammert en el sentido de priorizar mejor la estructura de la ley a partir de diferenciar las normas penales sustantivas, procesales y de ejecución penal, de manera que no haya confusión en el tratamiento de una y de otra.

El congresista Manuel Dammert preguntó durante su intervención cuál era el efecto real de la norma. La respuesta es tener elementos reales de investigación que hoy no se tienen

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sino parcialmente con algunas normas que se dieron contra el terrorismo, contra delitos tributarios y contra algunos otros delitos del Código Penal que no se entendían porque no se definía el concepto de criminalidad organizada.

También preguntó cuál era la prioridad de la ley, y debo manifestarle que la prioridad de la ley es darle una mejor estructura y una única norma de carácter especial a esta persecución, porque tenemos hechos aislados.

El Poder Judicial ha creado, por una directiva, una Sala Penal Nacional. A esa Sala Penal Nacional se trasladó, por ejemplo, el caso Bagua, lo que nos parece que no es adecuado. Esa Sala Penal Nacional tendría que cubrir determinados criterios y requisitos que sus propias directivas dieron en el momento de su creación.

Tenemos una serie de medidas que se dan en otras normas de persecución penal, lo que hemos hecho es generar una norma especial para determinados delitos cuando la comisión se hace por tres o más sujetos en determinadas circunstancias; es decir, cuando se crea una empresa para el mal. La finalidad de esa empresa tiene que ser delinquir, y eso me parece que ha quedado medianamente claro en esta definición. Era tácita, pero no existía.

Es por esta razón que se plantean algunas modificaciones en el título II y se priorizan el código sustantivo, el código adjetivo y demás.

Otra pregunta que hace el congresista es cuáles son los delitos que caracterizan al crimen organizado, y lo que hemos establecido es un conjunto de conductas que tienen una sanción penal agravada.

Respecto a lo planteado por el congresista Martín Rivas, se acoge la propuesta para aludir a organizaciones criminales en lugar de crimen organizado.

Se acoge la propuesta alcanzada por escrito por el congresista Jaime Delgado para la modificación del artículo 3 del texto sustitutorio, que se refiere a los delitos materia de la ley contra el crimen organizado, en lo que respecta a los siguientes extremos:

— Incorporar el delito de tráfico ilícito de migrantes, en el inciso 16).

— Incorporar los delitos de receptación —artículo 194 del Código Penal— y de estafa y otras defraudaciones.

— La precisión de los delitos contra la salud pública en el numeral 14).

— La incorporación, en el párrafo final, de una redacción que precisa que la norma alcanza a los delitos en que se contemple expresamente como circunstancia agravante la comisión del delito a través de una organización criminal, porque hay una serie de leyes especiales que persiguen algunas formas en las cuales actúa la criminalidad organizada y tienen, según sus características, un tratamiento especial.

Son modificaciones que han sido acogidas casi en su totalidad.

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Solicito que vayamos al voto y espero contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, esta es una ley muy dura y la Comisión de Justicia ha hecho un buen trabajo y ha tenido todo el interés en estudiarla y adecuarla a tiempos reales, a lo que está sufriendo hoy en día el país.

Esta es una norma en la que ya se define lo que es el crimen organizado. Ya estamos desapareciendo lo que es asociación ilícita para delinquir y otras formas de organización para concebir lo que hoy día es el mundo y lo que es en el Perú el crimen organizado.

Se ha establecido que estas organizaciones pueden ser de nivel internacional, nacional, regional o local.

Esta norma se aplica en esos casos en los que se juntan tres personas y tienen una organización jerarquizada para delinquir; y se han establecido todas las formas agravadas de los delitos. El juez también tiene una herramienta para incrementar la pena hasta en un tercio cuando se le adicione el hecho de formar parte del crimen organizado.

Frente a las circunstancias que viven nuestro país y los países vecinos, la aprobación de esta norma es de suma importancia. Como es sabido, organizaciones criminales de otros países ingresan al Perú, cometen sus crímenes y se retiran. Entonces, requerimos de una norma que permita paralizar rápidamente las acciones criminales de estos delincuentes.

Presidente, en esta norma están debidamente tipificadas las formas agravadas de estos delitos. Las medidas limitativas de derecho, las clases de operaciones que tienen que realizarse y las técnicas de investigación ya están establecidas. Hay modalidades que son producto de la experiencia, y esto les va a servir de mucho a nuestra Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial.

Mi voto va a ser, por supuesto, en verde, y esperemos que todos y cada uno de los señores congresistas apoyen este importante proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Si promulgando una ley pudiéramos luchar a fondo contra la criminalidad organizada, deberíamos dedicarnos a promulgar leyes y a aliviar la hiperinflación y el populismo penal. Pero quienes conocemos alguito de esas materias sabemos que la sobrecriminalización de delitos como el secuestro no ha significado el descenso significativo de la tasa de criminalidad. En la última década, por el contrario, se ha perfilado todo tipo de secuestros, incluso al paso.

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En lo fundamental, estoy de acuerdo en que la política criminal tiene dos brazos: el reactivo y el preventivo. En este caso, el brazo reactivo tiene que referirse a delitos de alta lesividad.

Yo estoy de acuerdo, igualmente, en la criminalización organizada del secuestro, de la trata de personas, de la extorsión, de la pornografía infantil, de delitos contra la propiedad industrial, de delitos monetarios, y sobre todo de los delitos de tráfico ilícito de drogas, de tráfico de armas, municiones y explosivos y de tráfico ilícito de migrantes, porque tienen la naturaleza de lesividad ultraagravada e implican una concepción de criminalidad organizada, con la consecuente limitación y aplicación de pena. Pero la incorporación de la estafa simple, del hurto simple y de la receptación simple no me parece que posea esas características, pues se trata de un tipo simple de criminalidad organizada.

Eso nos lleva a la definición de qué cosa es criminalidad organizada.

Yo no estoy de acuerdo —y por eso tengo mis reservas— de la denominación de criminalidad organizada para cualquier partícipe o cualquier cómplice, porque el imputarse por criminal organizado tiene, como dice la doctrina, carácter de coautoría, más allá del rol que tenga en el plan delictivo.

En segundo lugar, solo para dar un ejemplo de qué cosa es criminalidad organizada en América Latina, debo señalar que en México los cárteles contrataron a miembros de la Armada y del Ejército mexicano llamados Los Zetas, y ayer ha sido detenido su cabecilla principal.

Es la militarización del crimen, que implica un proceso de deserción de un número importante de policías por bajos salarios. El origen de las armas proviene de compradores fantasmas, hay colusión con traficantes de drogas y ataques contra funcionarios estatales.

En el caso de Colombia, significó la colombianización del narcoterrorismo.

En el Brasil hay un incremento de la criminalidad organizada desatada por los comandos de la droga. Desde la prisión, miembros del famoso Comando Vermelho hacen sobornos a funcionarios públicos y a policías y dirigen hasta gobiernos locales.

Eso es criminalidad organizada. Por eso, yo tengo algunas reservas respecto de la incorporación del tipo simple, como la estafa o la receptación, dentro del catálogo de delitos que serían incorporados en la criminalidad organizada.

A mi juicio, debemos superar en el Congreso lo que Luigi Ferrajoli llama la ilusión por la pena. Mientras no haya una política de Estado que, como varios congresistas lo hemos sostenido aquí, se oriente por un seguimiento inteligente de las bandas de criminalidad; mientras no haya especialización en la Policía; mientras no haya una eficacia real…


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La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— … más allá de que pongamos pena de cadena perpetua o pena mortícola por todos los delitos graves, la criminalidad organizada va a desarrollarse y robustecerse.

Eso implica un requerimiento a la política criminal del Estado, un seguimiento de la política penitenciaria y la especialización policial en las divisiones que combaten los delitos de secuestro, terrorismo, extorsión y tráfico ilícito de drogas.

Me parece que es hora de que equilibremos políticas de gobierno y políticas de naturaleza normativa.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente, en el Perú últimamente hemos visto crecer de manera escandalosa y preocupante lo que se llama cifra negra de la delincuencia. Esta cifra negra de la delincuencia ha sido alentada y ha venido creciendo por diferentes motivos, y entre los más importantes estaba el hecho de que al ciudadano no le dábamos herramientas para participar como un agente en la calle contra esta delincuencia y este crimen organizado.

Hoy día ya está en ese dictamen algo que ha costado muchas horas de trabajo a la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana: mantener en protección la reserva del denunciante y de los testigos. Esa propuesta ha sido acogida muy bien por la Comisión de Justicia.

De esta manera se devolverá la confianza a quienes vienen siendo víctimas de la extorsión, a quienes hasta para vender en su bodeguita tienen que recibir un sticker para ser identificados como parte de una mafia que los protege y a la que no pueden denunciar porque terminan muertos.

Igualmente, pasa en el sector Transportes, en la industria de la construcción civil, que en sus presupuestos programa hasta un dos por ciento para pagar a los extorsionadores, a los seudosindicalistas, a los delincuentes que están metidos ahí para hacer las extorsiones. A estos no podían denunciarlos, porque cuando se presentaban al proceso podían pedir con sus abogados que se dijera la identidad de quien los estaba denunciando o acusando.

Por eso, señor Presidente, saludamos que en las medidas adicionales se especifique que se debe mantener con carácter permanente la reserva de la identidad del denunciante e invocamos a la Representación Nacional que apoye con su voto esta importante herramienta para los ciudadanos del Perú.


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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Agotado el debate, pasaremos a la votación y luego haremos un homenaje y acompañaremos la imagen de la Virgen del Carmen.

Saludamos a los invitados de las congresistas Rosa Mavila y Natalie Condori, a los representantes del Sindicato de Trabajadores Obreros de Construcción Civil de la Región Tacna.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Han registrado su asistencia 79 congresistas.

Con el quórum correspondiente, al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 70 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se propone la Ley contra el Crimen Organizado.

—Asume la Presidencia el señor Marco Tulio Falconí Picardo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Ha sido aprobado en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Valqui Matos, Reátegui Flores, León Romero, Alcorta Suero, Eguren Neuenschwander, Capuñay Quispe y Cuculiza Torre; y de la abstención del congresista Abugattás Majluf.

Resultado final: 77 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones.




LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

TÍTULO I

OBJETO, DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

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Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal

1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley.

2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.

Artículo 3. Delitos comprendidos

La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del Código Penal.

2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal.

5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183-A del Código Penal.

7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.

8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del Código Penal.

9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207-C del Código Penal.

10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código Penal.

11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252, 253 y 254 del Código Penal.

12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Código Penal.

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13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 294-A y 294-B del Código Penal.

14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.

15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.

16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.

17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.

18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320 y 321 del Código Penal, respectivamente.

19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.

20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal.

21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el presente artículo.

Artículo 4. Ámbito de aplicación

Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley.

TÍTULO II

INVESTIGACIÓN, CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL

CAPÍTULO I

INVESTIGACIÓN Y PROCESO PENAL

Artículo 5. Diligencias preliminares

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1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de sesenta días, pudiendo el fiscal fijar un plazo distinto en atención a las características, grado de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de actos de investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indiciarios recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organización criminal, así como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta.

Artículo 6. Carácter complejo de la investigación preparatoria

Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

CAPÍTULO II

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 7. Disposiciones generales

1. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Su aplicación se decide caso por caso y se dictan cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre que existan suficientes elementos de convicción acerca de la comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal.

2. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

3. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de investigación previstas en este capítulo, así como el requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el caso, deben estar debida y suficientemente motivados, bajo sanción de nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la diligencia, así como su alcance y duración.

4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite alguno, en el término de veinticuatro horas.

Artículo 8. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Disposiciones comunes

1. En el ámbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duración de las técnicas especiales de interceptación postal e intervención de las comunicaciones previstas en el

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inciso 2 del artículo 226 y en el inciso 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, respectivamente.

2. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato.

Artículo 9. Interceptación postal

1. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no involucrados.

2. Toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relación con los hechos investigados es devuelta a su destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta comisión de otros hechos punibles, en cuyo caso el fiscal dispone su incautación y procede conforme al inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.

Artículo 10. Intervención de las comunicaciones

1. En el ámbito de la presente Ley, la grabación mediante la cual se registre la intervención de las comunicaciones es custodiada debidamente por el fiscal, quien debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles para la investigación.

2. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta comisión de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.

Artículo 11. Audiencia judicial de reexamen

Ejecutadas las técnicas especiales de investigación previstas en los artículos 9 y 10, el afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen prevista en el artículo 228 y en los incisos 3 y 4 del artículo 231 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

Artículo 12. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

1. El fiscal se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal, conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957.

2. Las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo de la autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se encuentran exentas de responsabilidad penal, siempre que su actuación se haya ceñido estrictamente al ámbito, finalidad, límites y características del acto de investigación dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida

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preventiva alguna a las personas jurídicas que obrasen dentro de estos márgenes permitidos.

Artículo 13. Agente encubierto

Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

Artículo 14. Acciones de seguimiento y vigilancia

El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

Artículo 15. Deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas

1. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente Ley, a fin de lograr la eficaz y oportuna realización de las técnicas de investigación previstas en este capítulo.

2. La información obtenida como consecuencia de las técnicas previstas en el presente capítulo debe ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad respecto de terceros durante y después del proceso penal, salvo en los casos de presunción de otros hechos punibles y de solicitudes fundadas de autoridades extranjeras del sistema de justicia penal.

3. Los referidos deberes se extienden a las personas naturales que intervengan en una investigación en el marco de la presente Ley.

4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda.

CAPÍTULO III

MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Artículo 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil

1. El juez, a solicitud del fiscal, puede ordenar, de forma reservada y de forma inmediata, el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo

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establecido por el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. La información obtenida solo puede ser utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.

2. El juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que se remita información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil, relacionados a acciones, bonos, fondos, cuotas de participación u otros valores, incluyendo la información relacionada a un emisor o sus negocios según lo establecido en los artículos 40 y 45 del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores, en la medida en que pudiera resultar útil para la investigación. Asimismo, la autoridad fiscal o judicial puede solicitar cualquier información sobre los compradores o vendedores de los valores negociados en el sistema bursátil, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 47 del Decreto Legislativo 861.

CAPÍTULO IV

INCAUTACIÓN Y DECOMISO

Artículo 17. Procedencia

En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una organización criminal, según lo previsto por la presente Ley, la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al servicio de la organización criminal, cuando se trate de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, debiendo darse cuenta inmediata de su ejecución al fiscal.

Artículo 18. Proceso de pérdida de dominio

Son de aplicación las reglas y el procedimiento del proceso de pérdida de dominio para los bienes señalados en el anterior artículo, siempre que se presente uno o más de los supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de dominio.

Artículo 19. Administración y custodia de los bienes de carácter delictivo

1. El fiscal o la Policía Nacional del Perú ejercen sus funciones de conformidad con las normas y los reglamentos que garantizan la seguridad, conservación, seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes señalados en el artículo 17 de la presente Ley.

2. Para los efectos de recepción, registro, calificación, conservación, administración y disposición de los bienes a que hace referencia el artículo 17 de la presente Ley, asume competencia la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1104, siempre que dichos bienes provengan de los delitos en agravio del patrimonio del Estado.

CAPÍTULO V

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VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Artículo 20. Prueba trasladada

1. En los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba.

2. En los casos en que no se presenten tales circunstancias, puede utilizarse los dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo el derecho a la oposición de la prueba trasladada, la cual se resuelve en la sentencia.

3. La sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, estructura, peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal, o que demuestre una modalidad o patrón relacionados a la actuación en la comisión de hechos delictivos, así como los resultados o consecuencias lesivas derivados de los mismos, constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal.

4. Para estos efectos, debe tenerse en consideración los siguientes criterios:

a) El valor probatorio de la prueba trasladada está sujeto a la evaluación que el órgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso en que ha sido incorporada, respetando las reglas de la sana crítica, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

b) La prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso, debiendo respetarse las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Perú.

c) La persona a la que se imputa hechos o circunstancias acreditados en un anterior proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar su existencia o intervención en ellos.

CAPÍTULO VI

CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL

Artículo 21. Inhabilitación

En el supuesto previsto en el literal c) del inciso 1 del artículo 22 de la presente Ley, se impone inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 22. Agravantes especiales

1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años, en los siguientes supuestos:

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a) Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal.

b) Si el agente financia la organización criminal.

c) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, es funcionario o servidor público y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar o encubrir el delito.

d) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito.

e) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra la integridad física o sicológica de menores de edad u otros inimputables.

f) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a terceras personas valiéndose de su conocimiento, profesión u oficio, o abusando de su posición de dominio, cargo, vínculo familiar u otra relación que le otorgue confianza, poder o autoridad sobre ellas.

g) Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere la presente Ley.

h) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio análogo.

2. Estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se encuentren ya previstas como tales por la ley penal.

Artículo 23. Consecuencias accesorias

1. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta:

a) Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real que se procura obtener como beneficio económico por la comisión del delito respectivo.

b) Clausura definitiva de locales o establecimientos.

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c) Suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años.

d) Prohibición de llevar a cabo actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

e) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.

f) Disolución de la persona jurídica.

2. Simultáneamente a la medida impuesta, el Juez ordena a la autoridad competente que disponga, de ser el caso, la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta por un período de dos años.

3. Para la aplicación de las medidas previstas en el inciso 1 del presente artículo, el Juez tiene en consideración los criterios establecidos en el artículo 105-A del Código Penal.

Artículo 24. Prohibición de beneficios penitenciarios

No pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional:

1. Las personas a que hacen referencia los literales a), b) y e) del inciso 1 del artículo 22 de la presente Ley.

2. Los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sea cualquiera de los previstos en los artículos 108, 152, 153, 189 y 200 del Código Penal.

Artículo 25. Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga del diseño, implementación y administración del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO), que contenga una base de datos y elementos para almacenar información sobre la situación penal, procesal y penitenciaria de todos los procesados y condenados por la comisión de uno o más delitos en condición de integrantes de una organización criminal, vinculadas a ella o por haber actuado por encargo de la misma, así como el registro de las visitas que reciben los internos antes aludidos, con la finalidad de hacer un seguimiento administrativo a efecto de garantizar el imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden y su rápida localización en los establecimientos penitenciarios.

TÍTULO III

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 26. Obligación del Estado de colaborar

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1. El Estado peruano, a través de las agencias del sistema penal, presta cooperación internacional o asistencia judicial recíproca, incluyendo a la Corte Penal Internacional, en las investigaciones, los procesos, así como las actuaciones fiscales y judiciales relacionados con los delitos a que se refiere la presente Ley.

2. Las autoridades competentes pueden solicitar cooperación o asistencia a otros Estados y organismos internacionales, de conformidad con los tratados multilaterales o bilaterales ratificados por el Estado en materia de cooperación o asistencia jurídico-penal.

3. En caso de que exista un tratado de cooperación internacional o asistencia judicial aplicable a los delitos contemplados en el artículo 3 de la presente Ley, sus normas rigen el trámite de cooperación internacional, aplicándose en forma complementaria lo dispuesto por la presente Ley.

4. La solicitud de cooperación o asistencia judicial solo procede cuando la pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado no sea menor de un año y siempre que no se trate de delito sujeto exclusivamente a la legislación militar.

5. En las circunstancias no previstas en la presente Ley, se aplican las disposiciones establecidas sobre Cooperación Judicial Internacional reguladas en el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

Artículo 27. Cooperación judicial y principio de doble incriminación

Para que las autoridades nacionales den lugar a la cooperación o asistencia judicial, no es necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea considerado como delito por la legislación nacional, salvo en las situaciones previstas en el literal h) del inciso 1 del artículo 511 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957.

Artículo 28. Actos de cooperación o asistencia internacional

1. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú pueden prestar y solicitar asistencia a otros Estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales, de conformidad con la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por el Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. En especial, los actos de cooperación y asistencia son los siguientes:

a) Recibir entrevistas o declaraciones de personas a fin de esclarecer los hechos materia de investigación o juzgamiento. Las autoridades nacionales pueden permitir la presencia de las autoridades extranjeras requirentes en las entrevistas o declaraciones.

b) Emitir copia certificada de documentos.

c) Efectuar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos.

d) Examinar e inspeccionar objetos y lugares.

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos.

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f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, documentación pública, bancaria y financiera, así como también la documentación social o comercial de personas jurídicas.

g) Identificar o localizar los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito u otros elementos con fines probatorios.

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente.

i) Detener provisionalmente y entregar a las personas investigadas, acusadas o condenadas.

j) Remitir todos los atestados en casos de entrega vigilada.

k) Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno.

3. Sin perjuicio de los actos de cooperación y asistencia señalados, se puede autorizar la práctica de operaciones conjuntas entre autoridades peruanas y autoridades extranjeras para el análisis y búsqueda de pruebas, ubicación y captura de las personas investigadas y cualquier otra diligencia necesaria para los fines de la investigación o proceso penal, según sea el caso.

Artículo 29. Trámite de cooperación o asistencia

1. Las solicitudes de cooperación o asistencia son dirigidas a la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público, en su calidad de autoridad central en materia de cooperación judicial internacional.

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda el apoyo necesario a la Fiscalía de la Nación en sus relaciones con los demás países y órganos internacionales, así como interviene en la tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las autoridades nacionales.

3. El Estado requerido cubre los gastos de la ejecución de solicitudes de asistencia o cooperación internacional, salvo pacto en contrario.

Artículo 30. Formalidades para la obtención de la prueba

Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la formalidad de su obtención, se regulan por la ley del lugar de donde provienen y, en cuanto a su valoración, se rigen conforme a las normas procesales vigentes en la República del Perú, así como por lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables en territorio peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia

La presente Ley entra en vigencia a los ciento veinte días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

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SEGUNDA. Reglamentación del SISCRICO

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de ciento veinte días, debe aprobar un reglamento que describa el diseño informático y establezca normas y procedimientos para la administración y cuidado de la información, los grupos de internos de especial seguimiento y la gestión de la base de datos a que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley.

TERCERA. Competencia de la Sala Penal Nacional

La investigación y procesamiento de los delitos comprendidos en el artículo 3 de la presente Ley vinculados a organizaciones criminales son de competencia de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para casos de criminalidad organizada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, conjuntamente con la presente Ley, entra en vigencia el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para todos los delitos previstos en el artículo 3 cometidos por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

SEGUNDA. Aplicación a investigaciones y procesos en trámite

Para las investigaciones y procesos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley seguidos contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se respetan las siguientes reglas:

1. En los casos en que se encuentren a cargo del Ministerio Público, en etapa de investigación preliminar y pendientes de calificación, es de aplicación inmediata la presente Ley bajo la vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

2. En los casos seguidos bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, en que el fiscal haya formalizado denuncia penal pero el juez aún no la haya calificado, se procede a la devolución de los actuados al Ministerio Público a fin de que se adecúen a las reglas del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

3. Los procesos penales ya instaurados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, ya sea bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales o del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, siguen su trámite regular, bajo esas mismas reglas según corresponda, hasta su conclusión.

TERCERA. Adelanto de vigencia

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Dispónese la entrada en vigencia a nivel nacional del Título V de la Sección II del Libro Segundo y la Sección VI del Libro Quinto del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

No se aplica la reducción de la pena establecida en el artículo 471 del Código Procesal Penal a quienes cometan los delitos comprendidos en el artículo 3 de la presente Ley como integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

CUARTA. Financiamiento

La aplicación de la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y en el marco de las leyes anuales de presupuesto.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de los artículos 80, 152, 179, 181, 186, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal

Modifícanse los artículos 80 in fine, 152 inciso 8, 179 inciso 7, 181 inciso 4, 186 in fine, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 80.- Plazos de prescripción de la acción penal

(…)

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica.

Artículo 152.- Secuestro

[…]

La pena será no menor de treinta años cuando:

[…]

8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización criminal.

[…]

Artículo 179.- Favorecimiento a la prostitución

[…]

La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años, cuando:

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[…]

7. El agente actúa como integrante de una organización criminal.

Artículo 181.- Proxenetismo

[…]

La pena será no menor de seis ni mayor de doce años, cuando:

[…]


[…]

Artículo 186.- Hurto agravado

[…]

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos.

Artículo 189.- Robo agravado

[…]

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Artículo 225.- Condición y grado de participación del agente

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4:

a) Si el agente que comete el delito integra una organización criminal destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo.

[…]

Artículo 257-A.- Formas agravadas

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de catorce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa el que comete los delitos establecidos en los artículos 252, 253, 254, 255 y 257, si concurriera cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Si el agente actúa como integrante de una organización criminal.

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[…]

Artículo 272.- Comercio clandestino

[…]

En los supuestos previstos en los incisos 3), 4) y 5) constituyen circunstancias agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando cualquiera de las conductas descritas se realice:

[…]

c) Por una organización criminal;

[…]

Artículo 297.- Formas agravadas

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4), 5) y 8) cuando:

[…]

6. El hecho es cometido por tres o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración.

[…]

Artículo 310-C.- Formas agravadas

[…]

La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años, cuando:


[…]

Artículo 317.- Asociación ilícita

El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los

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incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:

a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.

b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.

c) Cuando el agente es quien financia la organización.

Artículo 318-A.- Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años el que, por lucro y sin observar la ley de la materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres, concurriendo las circunstancias siguientes:

[…]

b. Constituye o integra una organización criminal para alcanzar dichos fines.

[…]”

SEGUNDA. Incorporación del artículo 105-A al Código Penal

Incorpórase el artículo 105-A al Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 105-A.- Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según corresponda:

1. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas.

2. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible.

3. La gravedad del hecho punible realizado.

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4. La extensión del daño o peligro causado.

5. El beneficio económico obtenido con el delito.

6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.

7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica.

La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.”

TERCERA. Modificación de los artículos 227, 230, 231, 249, 340, 341, 342 y 473 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957

Modifícanse los artículos 227, 230, 231, 249, 340, 341, 342 y 473 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos:

“Artículo 227.- Ejecución

[…]

2. La apertura, examen y análisis de la correspondencia y envíos se efectuará en el lugar donde el Fiscal lo considere más conveniente para los fines de la investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado serán devueltos a su destinatario, directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa.

[…]

Artículo 230.- Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles

[…]

3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.

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El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte concerniente.

4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.

Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional.

[…]

6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.

Artículo 231.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación

1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control serán entregados al Fiscal, quien dispone su conservación con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento.

2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación del proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptará el Fiscal en caso la investigación no se judicialice, previa autorización del Juez competente.

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita.

123

Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a la investigación, al igual que la grabación de las comunicaciones relevantes.

[…]

Artículo 249.- Medidas adicionales

[…]

2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este título, la continuación de las medidas de protección, con excepción de la reserva de identidad del denunciante, la que mantendrá dicho carácter en el caso de organizaciones criminales.

Artículo 340.- Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

[…]

4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.

Artículo 341.- Agente encubierto

1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.

[…]

Artículo 342.- Plazo

[…]

2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados

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integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria.

3. Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

Artículo 473.- Ámbito del proceso y competencia

1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes:

[…]

b. Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la materia.

[…]”

CUARTA. Incorporación del inciso 5 al artículo 231, del literal h) al inciso 2 del artículo 248 y del artículo 341-A del Código Procesal Penal

Incorpóranse el inciso 5 al artículo 231, el literal h) al inciso 2 del artículo 248 y el artículo 341-A del Código Procesal Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 231.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación

[…]

5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad.

Artículo 248.- Medidas de protección

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[…]

2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes:

[…]

h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país con una calidad migratoria que les permita residir temporalmente o realizar actividades laborales en el extranjero.

Artículo 341-A.- Operaciones encubiertas

Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes.

La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes.”

QUINTA. Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional

Modifícanse el artículo 1 y el inciso 7 del artículo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Marco y finalidad

La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional.

Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista en la presente Ley en los siguientes delitos:

1. Secuestro.

2. Trata de personas.

3. Pornografía infantil.

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4. Robo agravado.

5. Extorsión.

6. Tráfico ilícito de drogas.

7. Tráfico ilícito de migrantes.

8. Delitos contra la humanidad.

9. Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria.

10. Peculado.

11. Corrupción de funcionarios.

12. Terrorismo.

13. Delitos tributarios y aduaneros.

14. Lavado de activos.

Artículo 2.- Normas sobre recolección, control de comunicaciones y sanción

[…]

7. La solicitud que se presente estará debidamente sustentada y contendrá todos los datos necesarios. Tendrá como anexo los elementos indiciarios que permitan al Juez emitir bajo su criterio la respectiva autorización.

El Juez, después de verificar los requisitos establecidos en el primer párrafo de este numeral, emitirá resolución autorizando la realización de la medida hasta por el plazo estrictamente necesario, que no será mayor que el período de la investigación en el caso de la interceptación postal, y de sesenta días excepcionalmente prorrogables por plazos sucesivos a solicitud del Fiscal y mandato judicial debidamente motivado, en el caso de la intervención de las comunicaciones.

[…]”

SEXTA. Modificación del artículo 1 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares

Modifícase el artículo 1 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Ámbito de aplicación

La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional.

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Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrán dictarse en los siguientes casos:

1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de estos.

(…)

4. Delitos contra la libertad, previstos en los artículos 152 al 153-A, y delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de normas

Deróganse los siguientes dispositivos:

1. La Ley 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.

2. Los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.


“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 1803 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Lay Sun, León Rivera, Lewis Del Alcázar, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Coari Mamani, Condori Jahuira, Mavila León, Mendoza Frisch, Romero Rodríguez y Saavedra Vela.”

128

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Justicia, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, con el mismo argumento, y tomando en cuenta que la legislatura termina, pido la exoneración de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Justicia, se va a votar, con la misma asistencia, la exoneración de segunda votación.

Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 61 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se propone la Ley contra el Crimen Organizado.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Ha sido acordada la dispensa.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Ruiz Loayza, Coa Aguilar, Alcorta Suero, León Romero, Iberico Núñez, Eguren Neuenschwander, Capuñay Quispe, Cuculiza Torre y Delgado Zegarra; y de la abstención de los congresistas Abugattás Majluf y Romero Rodríguez.

Resultado final: 70 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.

Ha sido acordada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 1803, 1833 y 1946.

“Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto 1803 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Chehade Moya, Condori Cusi, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Lay Sun, León Rivera, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

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Señores congresistas que votaron en contra: Benítez Rivas, Mavila León y Mendoza Frisch.

Señores congresistas que se abstuvieron: Coari Mamani, Condori Jahuira y Saavedra Vela.”

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Se suspende la sesión por el término de diez minutos para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, cuya imagen se encuentra frente a la puerta principal del Congreso como parte de su recorrido procesional.




El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se reanuda la sesión.

Se aprueba una moción de saludo a la Decimosexta Cuadrilla de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima con ocasión de celebrar su decimoquinto aniversario de vida institucional

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de una moción de saludo.


Moción de Saludo

De los congresistas Tubino Arias Schreiber, Spadaro Philipps, Tejada Galindo, Julca Jara, Llatas Altamirano, Pari Choquecota y Wong Pujada, a la Decimosexta Cuadrilla de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima, con ocasión de celebrar su decimoquinto aniversario de vida institucional en el año de su Segunda Guardada.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

——Efectuada la votación, se aprueba la moción de saludo.


“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar a la Décimo Sexta Cuadrilla de la hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima, con ocasión del Carmen de Lima, con ocasión de celebrar su Décimo Quinto Aniversario de vida institucional en el año de su segunda Guardada.

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Segundo.— Transcribir la presente Moción al señor Jorge Burquez Sánchez, capataz de la Décimo sexta cuadrilla de la hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima.

Lima, 15 de julio de 2013.”

Habiéndose anunciado el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que contiene una fórmula sustitutoria por la que se propone delegar en el Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, continúa el debate de la cuestión de orden planteada por la congresista Schaefer Cuculiza en el sentido de que se considere como comisión principal a la Comisión de Salud y Población

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente proyecto.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recaído en el Proyecto de Ley N.º 2417/2012-PE, mediante el cual se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de ciento veinte días calendario. Al respecto, la Comisión de Salud y Población presenta dictámenes en mayoría y minoría con sus correspondientes textos sustitutorios.(*)

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En la sesión del 4 de julio de 2013, la congresista Karla Schaefer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud, presentó una cuestión de orden en el sentido de que la referida Comisión sea la comisión principal con respecto al Proyecto de Ley N.º 2417, por el que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra sobre este tema, puede solicitarla.

Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Señor Presidente, nos llama mucho la atención que prácticamente se vulneren las atribuciones de la Comisión de Salud cuando se solicita la delegación de facultades para legislar en materia de salud. El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo ha sido remitido a la Comisión de Presupuesto en calidad de Comisión principal, por lo que hablaríamos de una franca violación al artículo 77.° del Reglamento del Congreso de la República, en el cual dice bien claro que las iniciativas deben ir a la Comisión especializada.

En este caso, la comisión especializada es la Comisión de Salud. Sin embargo, la Primera Vicepresidencia ha optado por enviar este proyecto de ley a la Comisión de Presupuesto como comisión principal.

Por otro lado, el artículo 70.° del Reglamento también fue violado, ya que el predictamen no fue enviado a los congresistas con la debida anticipación. Estábamos escuchando a la ministra Trivelli y al ministro de Transportes en la Comisión de Presupuesto cuando de

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manera intempestiva se presentó la ministra de Salud. La escuchamos por respeto, pero se vulneró el fuero correspondiente dentro del Congreso de la República.

Comparto la cuestión de orden planteada por la congresista Karla Schaefer Cuculiza para que la Comisión de Salud sea la Comisión principal, lo cual tendría que definirse con votos en el Congreso de la República.

Por ser la Comisión de Salud la especializada en esta materia, que se discuta el dictamen de la Comisión de Salud.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la palabra la congresista Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Señor Presidente, usted mencionó que antes de debatir esta iniciativa del Ejecutivo se iba a dar atención a la cuestión de orden planteada en la sesión anterior por el respeto a los fueros que debemos tener en esta institución. Espero que así lo haga, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Así lo estamos haciendo, congresista Karla Schaefer.

Tiene la palabra el congresista Gustavo Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, también quiero respaldar la participación de los congresistas Tapia y Schaefer en el sentido de que hay que recordar que este poder del Estado legisla, fiscaliza y representa; pero muchas veces pareciera que no quisiéramos ni legislar ni fiscalizar, y no sé cómo nos va con la función de representación.

Como ya lo hemos visto con la Ley Servir [Ley del Servicio Civil], en ese caso la primera comisión tenía que ser, obviamente, la de Trabajo; y ahora que viene este proyecto de ley tenemos que ir, de igual modo, a la Comisión pertinente, que es la de Salud.

Tenemos que aplicar los procedimientos correctos. No podemos equivocar el camino. La segunda comisión tiene que ser la de Presupuesto; y la primera, la de Salud. ¿En casa de herrero, cuchillo de palo? ¿En casa de médico, receta de curandero? No puede ser, señor Presidente.

Yo no dudo de que debamos volver al camino correcto. Nosotros tenemos que hacer querer este Congreso, y hacer querer este Congreso es respetar las normas que nos da la democracia.

No dudo, señor Presidente, en cumplimiento de nuestra labor fiscalizadora, tendremos que apoyar la moción con respecto al señor Alejandro Toledo, como tampoco dudo de

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que la Comisión de Salud sea la que tenga que legislar como primera comisión en materia de salud.

Si el Ejecutivo nos manda proyectos de ley, entonces nosotros hagamos también proyectos de gastos, porque, como representamos, sabemos qué obras se necesitan en nuestra región…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Entonces, empecemos a ejecutar gastos, porque queremos, como representantes de nuestras regiones, tal carretera y tal obra.

Cada quién en su lugar. Tiene que haber el respeto correspondiente. Recordemos que nosotros legislamos, representamos y fiscalizamos, y que nada de eso debemos descuidar. No hagamos que nuestro Congreso sea vilipendiado. El Congreso es capaz de hacer leyes, de estudiarlas y analizarlas. Si hay una buena iniciativa en el Poder Ejecutivo, que venga aquí, pero a la comisión correspondiente.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— En la Comisión de Salud también se ha conversado la vez pasada de que ella es la comisión pertinente para este asunto.

Pero veamos los temas que solicita el Ejecutivo para legislar.

El primero tiene que ver con reorganización, y la reorganización es un proceso que corresponde a especialistas en racionalización y a un sistema denominado Sistema Nacional de Planificación. Entonces, no es estrictamente competencia de Salud.

El segundo tema tiene que ver con modernización y cómo optimizar la oferta de servicios con eficiencia, efectividad y oportunidad. No necesariamente es de exclusiva competencia de Salud. No creo que muchos colegas conozcan los temas de optimización.

El punto tercero se refiere a inversiones, y eso corresponde de una u otra forma a una política de Estado denominada Sistema Nacional de Inversión Pública. Se trata de todo un proceso. Ahí, por ejemplo, a efectos de discriminar proyectos hay que manejar teoría respecto a precios sombra, precios cuenta, eficiencia social, eficiencia económica. ¿Quién de los que integran la Comisión conoce esos temas? Entonces, por más que comprenda aspectos de Salud, no es especializada la Comisión para esos temas.

El cuarto punto, relativo a remuneraciones, habla de cargos, incentivos, bonificaciones, mejoras salariales. Eso no necesariamente es patrimonio de la Comisión de Salud, sino más bien correspondería a otra comisión.

En lo que respecta a la cobertura de la protección financiera…


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El señor CONDORI CUSI (NGP).— … hablamos de cantidades, y esas cantidades están asociadas, de una u otra forma, a disponibilidad presupuestaria y al financiamiento. ¿Cómo financiamos los servicios de salud?

Si verificamos el conjunto de temas para los que solicita facultades legislativas el Ejecutivo, observaremos que transversalmente todos tienen que ver con materia presupuestal, porque lo presupuestal no se limita a remuneraciones.

Entonces, acá entran, de una u otra forma, el sistema de presupuesto, el sistema de crédito público, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Planificación, y todo eso es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, ninguna comisión del Congreso tiene facultad e iniciativa de gasto, y aquí hay voluntad de parte del Estado para invertir más en materia de salud.

La solicitud de delegación de facultades no deberíamos de entenderla como si le estuviéramos quitando competencia a alguien. Aquí hay una voluntad política. El Estado tiene la voluntad de resolver problemas de salud, y nos equivocamos al pensar que los temas de salud son patrimonio de quienes integran la Comisión de Salud.

Los temas de salud son mucho más amplios, y lo relativo a la gerencia no es patrimonio de unas cuantas personas, sino con especialistas de muchas profesiones, como, por ejemplo, administradores, economistas, contadores públicos.

Señor Presidente, me piden una interrupción los colegas Zeballos y Tapia.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, yo quiero llamar un poquito al orden al congresista Condori, porque no estamos discutiendo la entrega de facultades o no, sino qué comisión debe ser la principal.

Lo que ha reclamado la presidenta de la Comisión de Salud es que su comisión sea la principal, no la de Presupuesto, para una materia de salud.

Sin embargo, ya que ha tocado esos puntos el congresista Condori, me permito plantear algunas interrogantes.

Desde su lógica, nosotros, como parlamentarios y miembros de una comisión especializada, somos incompetentes para todo. En tal sentido, no podríamos discutir la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que es el siguiente tema en la agenda; estaríamos vetados para discutir temas de descentralización; prohibidos de aprobar la Ley de Servicio Civil; prohibidos de aprobar, a partir de agosto, la Ley de Presupuesto. Incapacitados para todo.

Solo quiero recordarle que este es un estamento político por excelencia. Obviamente, la especialidad no la tenemos, pero esto se complementa. Nadie le está quitando iniciativa al Ejecutivo en estas materias; pero, como lo ha dicho con mucha claridad el congresista

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Gustavo Rondón, tampoco podemos negarnos nosotros mismos a legislar, que es la razón de ser de este Parlamento.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La segunda interrupción es para el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, qué pena que un congresista que ha estado en la Comisión de Salud —en este caso, el congresista Condori— pretenda hacer un by pass cuando se trata de fortalecer el Sistema de Salud y diga que en la Comisión de Salud no somos capaces. Sí somos capaces, señor Presidente. Hay promesas incumplidas de este Gobierno, y el Congreso no puede renunciar a su labor legislativa. La reforma tiene que salir de acá.

Presidente, no voy a la cuestión de fondo, pero aquí se han violado los artículos 70.° y 77.° del Reglamento. Es como si para un tema de Defensa hubiéramos dado facultades a la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Presupuesto es secundaria en esta materia, y la Comisión de Salud es la principal. Me ratifico en que el dictamen de la Comisión de Salud es el que debe tener prioridad.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidente, yo creo que se está entendiendo un poquito mal.

Lo que yo estoy aclarando es que la materia que se está tratando comprende varios temas. El primero tiene que ver con planificación; el segundo, con inversión pública; el tercero, con remuneraciones; el cuarto, con protección financiera; el quinto, con el financiamiento del seguro social.

De acuerdo con la materia, la Mesa Directiva ha entendido que en esto tiene más competencia la Comisión de Presupuesto, y en ese sentido es que se ha orientado el debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Schaefer.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Karla Schaefer.

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La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, como congresista y presidenta de la Comisión no puedo permitir que un congresista piense que podamos nosotros abdicar a nuestra función principal que es legislar.

Cuando uno asume una Presidencia debe rodearse de especialistas, y yo no puedo permitir que el congresista Condori melle la profesionalidad del servicio parlamentario o de los asesores con los que hemos trabajado en la Comisión. Es más, esta Comisión de Salud todo el tiempo ha trabajado los proyectos de la mano con el Ejecutivo y la sociedad civil, que tiene muchísima experiencia en materia de salud.

Acá hay una meritocracia. En mi Comisión ni siquiera conocía yo a las personas que trabajan en ella, porque uno tiene que trabajar con un sentido profesional. Por eso, esta Comisión se siente en capacidad de hacer el trabajo que nos ha encomendado el pueblo, que es legislar…


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— … y ojalá que cuando el congresista Condori asuma alguna presidencia también se rodee de especialistas y profesionales para que no abdique a su función principal que es legislar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Inicie su intervención, congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, mi colega José León ni siquiera ha tenido la valentía de consultar a una persona que hace dos años trabaja en el sector Salud.

El 15 de mayo se presentó un dictamen en la Comisión de Salud para ver la reforma, y ahora, faltando diez días, nos piden facultades para legislar, cuando el Ejecutivo ha trabajado contratos de publicidad por seis años, el Plan Esperanza no funciona y hay pacientes durmiendo en los pasillos de Emergencia. Nos piden ciento veinte días para legislar cuando nada se ha logrado en dos años.

Yo soy aliada ¿de qué? Dos años trabajando ¿para qué? ¿Para que vengan a imponernos facultades? No, señores. Hay que tener respeto por los pacientes y los médicos, que están haciendo huelga. ¿Qué es esto? Me vienen a dar clases ¿de qué? ¿Ustedes creen que a mí me han dado este escaño para que yo regale votos?

Yo he visto qué han hecho con el congresista Crisólogo. ¡Qué pena! Denunciado está; pero lo están comprando. Sí, públicamente lo digo.

El congresista Jaime Delgado, pidiendo votos. ¿Qué es esto? ¿En nuestra cara nos están diciendo que no somos capaces de hacer leyes?

Señor Presidente, ¿cuánto tiempo está la reforma de Salud en la agenda?; ¿cuánto tiempo está el pedido de facultades para investigar a la Digemid [Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas] y lo relativo a las vacunas?

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La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Entonces, si no se sentían capaces de preparar leyes, ¿por qué el congresista Gutiérrez y la Comisión de Presupuesto no convocaron a la Comisión de Salud? Juntitos hubiéramos sacado lo que el Ejecutivo está pidiendo.

¿Cree que no me he dado cuenta de que detrás de estas columnas se están negociando los votos? ¡Basta ya! Yo soy la voz del pueblo, que no puede hablar, que no es escuchado.

Los pacientes se siguen muriendo y acá estamos negociando. ¿Desde cuándo? Desde siempre.

Yo debo reconocer que este Gobierno ha hecho cosas buenas y ha puesto en agenda la problemática del sector Salud, pero ¿gracias a quién? A este Congreso, que todos los días, desde hace dos años, viene trabajando para sacar adelante a los pacientes. ¿Y ahora me piden facultades para legislar? No se las voy a dar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por alusión, tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, con todo respeto, yo quiero rechazar las expresiones de la congresista Tait, porque el hecho de que ella pueda discrepar de esta delegación de facultades no le da derecho a hacer ese tipo de acusaciones sobre negociaciones o tráfico de votos. Creo que esa es una falta de respeto.

En mi condición de vocero, tengo la obligación de coordinar con las bancadas respecto de los proyectos que vienen del Ejecutivo, y eso de ninguna manera significa traficar o negociar. Lo rechazo. Yo pido que se retire esas expresiones, salvo que ella tenga pruebas y haga la denuncia correspondiente.

En segundo lugar, cuando un proyecto llega del Ejecutivo, la Vicepresidencia es la que tiene que asignar las iniciativas a las diversas comisiones; y en este caso se ha hecho lo propio.

El congresista Rubén Condori ha expresado algunos argumentos por los cuales la Comisión de Presupuesto fue considerada Comisión principal, lo cual no significa que en la Comisión de Salud, de la que yo soy miembro, no hayamos discutido este tema. Y se ha hecho a nuestra insistencia, porque no se quería discutir. Es más, la congresista Karla Schaefer invitó a la ministra de Salud y a la presidenta de EsSalud, pero simplemente levantó la sesión y nos dejó a todos con la palabra sin siquiera haber permitido que la ministra de Salud y la presidenta de EsSalud absolvieran las inquietudes que se estaban planteando…


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El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Entonces, yo no sé de qué ánimo estamos hablando. Todos estamos de acuerdo con la reforma en Salud y todos somos conscientes de las necesidades que hay y del interés que tiene el Gobierno en hacer una verdadera reforma, y ese es el pedido de delegación.

Yo comprendo el interés y lo compartimos todos. Hemos conversado en la Comisión de Salud de la necesidad de hacer estas reformas; pero que las discrepancias no nos lleven a hacer calificativos de esta naturaleza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Hago de conocimiento de la congresista Cecilia Tait que el congresista Jaime Delgado le ha pedido que retire el término negociación, porque lo considera ofensivo.

Es normal que las bancadas puedan conversar a través de sus voceros.

Tiene la palabra la congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— ¿Podría repetir, Presidente, por favor?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El congresista Jaime Delgado ha solicitado que retire la palabra negociación, que considera ofensiva al proceso parlamentario.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Entonces, voy a retirar eso. Diría más bien: “Los lobbies que no están oficializados”.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La congresista Tait ha retirado la palabra. Por lo tanto, se da por superado el incidente.

La congresista Lourdes Alcorta también se ha sentido aludida.

La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Presidente, yo quiero informarle a la congresista Cecilia Tait que en mi bancada hemos tomado una decisión. Como soy vocera alterna, he trasmitido la voluntad de mi bancada; sin embargo, no dejo de reconocer que tiene razón, porque para eso están las comisiones. No estamos pintados acá.

Lamentablemente, no estuve informada. Por esas circunstancias de la vida, que nadie sabe cómo —no sé si lo dijeron—, la Comisión de Salud había estado trabajando este tema. Pero igual la votación se mantiene exactamente igual en el sentido de dar las facultades al Ejecutivo. Lo lamento, realmente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Vamos a ordenar el debate.

En primer lugar, estamos volteando la cuestión de orden para ver si vamos al debate de fondo, de manera que podamos tener el tiempo suficiente para marcar las diferencias.

Sugiero que de una vez agotemos este asunto y vayamos al debate.

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La congresista Karla Schaefer se ha sentido aludida, igual que el congresista Fredy Otárola, y luego de que ellos intervengan le daré el uso de la palabra al congresista Mauricio Mulder.

He anotado en el rol de oradores al congresista José León.

Lo que sucede es que estoy pidiendo que agotemos la cuestión de orden para entrar al debate de fondo.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, para aclarar lo dicho por el congresista Delgado.

A solicitud de la bancada de la mayoría y sus aliados, sin incluir a la congresista Tait, se invitó a la ministra para que diera cuenta del pedido de delegación de facultades, y yo estaba en contra; pero soy responsable y, de acuerdo con las formas democráticas, se sometió al voto. Su presencia era para que diera las explicaciones, por eso se levantó la sesión luego de que las escucháramos.

Entonces, acá dejemos claro que yo, estando en contra, tengo que respetar el Reglamento, así como lo hemos hecho en la sesión extraordinaria a pedido de nueve congresistas.

Yo no puedo dejar de respetar el trabajo para la reforma del sector Salud que durante seis meses hicieron, en la Comisión anterior, la congresista Tait y el congresista Tapia, y con la misma mesa de trabajo que hoy trabaja con el Ejecutivo para lograr un buen documento.


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Y fui, al segundo día de asumir mi presidencia, a decirle a la ministra Midori de Habich que había este proyecto en el orden del día, de modo que ella pudiera ver si adicionaba algo al dictamen; y que estábamos llanos a recibir un dictamen en minoría de la bancada del oficialismo y llegar a un consenso.

Han pasado trescientos treinta días, señor Delgado. La Comisión de Salud siempre ha querido trabajar de manera objetiva por la salud de todos los peruanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Fredy Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidente, la Ley 28024 regula la gestión de intereses en el Perú, lo que conocemos como lobby.

Y cuando la congresista Tait habla de “lobbies bajo la mesa”, está hablando de que aquí en el Congreso hay corrupción y negociados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si tiene pruebas de eso, que lo diga; pero yo no creo que Oncosalud, que tanto daño ha hecho en el Perú por haber traficado con los pacientes con ese tipo de enfermedades,

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pretenda entrar acá a imponer sus lobbies. Hay que tener mucho cuidado antes de levantar el dedo acusador.

El lobby legal no es delito, porque está regulado por la Ley 28024. Consiguientemente, con el respeto y el cariño que le tenemos a la congresista Tait, le pedimos que retire su frase y tenga mucho cuidado antes de alzar el dedo acusador.


El señor PRESIDENTE.— Congresista Cecilia Tait, el congresista Fredy Otárola pide que retire la expresión que ha sido considerada ofensiva.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, yo he sido parte del oficialismo, y para pedir facultades legislativas el presidente Toledo convocaba a reuniones a Palacio.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Tait, se le ha pedido que retire la palabra.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Él ha tenido la oportunidad de fundamentar. Déjeme hacerlo a mí también, por favor.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Tait, se le ha pedido que retire la palabra. Usted también ha sido parlamentaria en el período anterior y conoce perfectamente el Reglamento del Congreso.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Yo también quiero fundamentar para retirar mi palabra, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— ¿Nos señala si va a retirar la palabra, congresista Tait?

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Yo quiero fundamentar para retirar mi palabra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Primero retire la palabra y luego fundamente, congresista Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— No, se fundamenta y después se retira.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se suspende la sesión por breves momentos.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Fredy Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Gracias, señor Presidente.

Vamos a retirar la solicitud, porque hay temas pendientes que tienen que tratarse sí o sí, no sin antes pedir que se aclare esa afirmación de que hay congresistas que están

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cobrando por proyectos de ley. Eso significa, en el diccionario jurídico, el lobby ilegal, y va a tener que aclarárnoslo, porque irresponsablemente no se puede hacer esas afirmaciones.

Retiro la solicitud, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se da por concluido el incidente.

Se suspende la sesión hasta las tres de la tarde de hoy.


—Se reanuda la sesión a las 15 horas.


Se aprueban mociones de saludo a la emblemática Institución Educativa Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, por el centésimo octogésimo sexto aniversario de su creación; al distrito de Recta, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, con ocasión de celebrar el sexagésimo séptimo aniversario de su creación política; al señor Marcial Rospigliosi Flores con ocasión de celebrar sus bodas de oro en el periodismo radial de Tacna; al distrito de Corosha, ubicado en la provincia de Bongará, departamento de Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación; a todas las autoridades, personal asistencial, trabajadores administrativos y personal en general del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, al conmemorarse el quincuagésimo tercer aniversario de su creación institucional; al distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, de la Región Cajamarca, al celebrar la fiesta en honor a su santo patrono Santo Domingo de Guzmán; al histórico y tradicional distrito de Breña, de la provincia de Lima, departamento de Lima, con motivo de cumplir su sexagésimo cuarto aniversario de creación; al caserío de Anguy, distrito de Cáceres del Perú, de la Región Áncash, con ocasión de celebrar su centésimo aniversario de creación política; a la provincia de Cajatambo, con motivo de celebrarse la fiesta en homenaje a Santa María Magdalena; a las organizaciones cooperativas y cooperativistas del país, por el Día Internacional de las Cooperativas; al distrito de Chisquilla, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación; al Colegio de Contadores Públicos de Lima, al conmemorarse el septuagésimo primer aniversario de su fundación; al distrito de Cacra, en la Región Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política; al distrito de Echarati, provincia de La Convención, de la Región Cusco, con motivo de conmemorarse un aniversario más de su creación política; a la comunidad de Vicos, ubicado en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, por conmemorarse un aniversario de su creación política; al pueblo de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, por su centésimo undécimo aniversario de fundación; al distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, Región Junín, con motivo de conmemorarse el quincuagésimo segundo aniversario de su creación política; a la Institución Educativa Inicial 225 Niños Héroes, por su quincuagésimo cuarto aniversario de creación; al

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Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de Arequipa, con motivo de celebrar su quincuagésimo tercer aniversario; a los familiares descendientes de Domingo Mandamiento Sipán al conmemorarse el centenario del fallecimiento de este digno héroe, así como al barrio de Chaquilla, del distrito de Huacho, en la provincia de Huaura, perteneciente a la Región Lima Provincias; a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Urcos, por su cuadragésimo cuarto aniversario de creación; al centro poblado El Milagro, con motivo de su trigésimo segundo aniversario de creación política; a la provincia de Tarma, por el cuadringentésimo septuagésimo noveno aniversario de su fundación española; a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, con motivo de celebrar su centésimo undécimo aniversario de creación institucional; al señor José Luis Huamaní Gonzales, alcalde del distrito de Surquillo, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna; al señor José Gordillo Abad, alcalde del distrito de Breña, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna; al distrito de Colonia, de la provincia de Yauyos, en la Región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política; al distrito de Surquillo, del departamento de Lima, por conmemorarse su sexagésimo cuarto aniversario de creación política; al distrito de Breña, departamento de Lima, por conmemorar su sexagésimo cuarto aniversario de creación política; a la villa histórica San Miguel de Tangarará, del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura, al conmemorarse el cuadringentésimo octogésimo primer aniversario de su fundación española; a todos los profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú y a sus quince consejeros directivos regionales por su nuevo aniversario de creación institucional

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de varias mociones de saludo.


Mociones de Saludo

Del congresista Apaza Ordóñez a la emblemática Institución Educativa Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, por el centésimo octogésimo sexto aniversario de su creación.

Del congresista Nayap Kinin al distrito de Recta, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, con ocasión de celebrar el sexagésimo séptimo aniversario de su creación política.

De la congresista Condori Jahuira al señor Marcial Rospigliosi Flores con ocasión de celebrar sus bodas de oro en el periodismo radial de Tacna.

Del congresista Nayap Kinin al distrito de Corosha, ubicado en la provincia de Bongará, departamento de Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación.

Del congresista Falconí Picardo a todas las autoridades, personal asistencial, trabajadores administrativos y personal en general del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, al conmemorarse el quincuagésimo tercer aniversario de su creación institucional.

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Del congresista Llatas Altamirano al distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, de la Región Cajamarca, al celebrar la fiesta en honor a su santo patrono Santo Domingo de Guzmán.

Del congresista Yovera Flores al histórico y tradicional distrito de Breña, de la provincia de Lima, departamento de Lima, con motivo de cumplir su sexagésimo cuarto aniversario de creación.

Del congresista Otárola Peñaranda al caserío de Anguy, distrito de Cáceres del Perú, de la Región Áncash, con ocasión de celebrar su centésimo aniversario de creación política.

Del congresista Ruiz Loayza a la provincia de Cajatambo, con motivo de celebrarse la fiesta en homenaje a Santa María Magdalena.

De la congresista Teves Quispe a las organizaciones cooperativas y cooperativistas del país, por el Día Internacional de las Cooperativas.

Del congresista Nayap Kinin al distrito de Chisquilla, ubicado en la provincia de Bongará, Región Amazonas, por su sexagésimo séptimo aniversario de creación.

De la congresista Teves Quispe al Colegio de Contadores Públicos de Lima, al conmemorarse el septuagésimo primer aniversario de su fundación.

De la congresista Tan de Inafuko al distrito de Cacra, en la Región Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política.

De la congresista Teves Quispe al distrito de Echarati, provincia de La Convención, de la Región Cusco, con motivo de conmemorarse un aniversario más de su creación política.

Del congresista Julca Jara a la comunidad de Vicos, ubicado en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, por conmemorarse un aniversario de su creación política.

Del congresista Neyra Olaychea al pueblo de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, por su centésimo undécimo aniversario de fundación.

Del congresista Pariona Galindo al distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, Región Junín, con motivo de conmemorarse el quincuagésimo segundo aniversario de su creación política.

De la congresista Condori Jahuira a la Institución Educativa Inicial 225 Niños Héroes, por su quincuagésimo cuarto aniversario de creación.

Del congresista Zamudio Briceño al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de Arequipa, con motivo de celebrar su quincuagésimo tercer aniversario.

Del congresista Zerillo Bazalar a los familiares descendientes de Domingo Mandamiento Sipán al conmemorarse el centenario del fallecimiento de este digno héroe, así como al barrio de Chaquilla, del distrito de Huacho, en la provincia de Huaura, perteneciente a la Región Lima Provincias.

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Del congresista De la Torre Dueñas a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Urcos, por su cuadragésimo cuarto aniversario de creación.

Del congresista Salazar Miranda al centro poblado El Milagro, con motivo de su trigésimo segundo aniversario de creación política.

Del congresista Cárdenas Cerrón a la provincia de Tarma, por el cuadringentésimo septuagésimo noveno aniversario de su fundación española.

Del congresista Urtecho Medina a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, con motivo de celebrar su centésimo undécimo aniversario de creación institucional.

De la congresista Salgado Rubianes al señor José Luis Huamaní Gonzales, alcalde del distrito de Surquillo, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna.

De la congresista Salgado Rubianes al señor José Gordillo Abad, alcalde del distrito de Breña, con motivo de conmemorarse el sexagésimo cuarto aniversario de creación política de esa comuna.

De la congresista Tan de Inafuko al distrito de Colonia, de la provincia de Yauyos, en la Región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el septuagésimo séptimo aniversario de su creación política.

De la congresista Capuñay Quispe al distrito de Surquillo, del departamento de Lima, por conmemorar su sexagésimo cuarto aniversario de creación política.

De la congresista Capuñay Quispe al distrito de Breña, departamento de Lima, por conmemorar su sexagésimo cuarto aniversario de creación política.

Del congresista Sarmiento Betancourt a la villa histórica San Miguel de Tangarará, del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura, al conmemorarse el cuadringentésimo octogésimo primer aniversario de su fundación española.

Del congresista Portugal Catacora a todos los profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú y a sus quince consejeros directivos regionales por su nuevo aniversario de creación institucional.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueban las mociones de saludo.

—Los textos aprobados son los siguientes:


Acuerda:

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Primero.— Expresar un cordial saludo a la Emblemática Institución Educativa “Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana” de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, por celebrar el 15 de julio de 2013 el 186ª aniversario de su creación.

Segundo.— Extender el saludo al director del plantel Don Milton Mamani Ayma, a la plana docente y alumnado en general por conmemorarse tan importante.



Acuerda:

Primero.— Saludar al Distrito de Recta ubicado en la Provincia de Bongara, Región Amazonas, con ocasión de celebrar su 67 aniversario de Creación Política el 20 de Julio.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de saludo y felicitación, al alcalde del distrito Serafín Mas López y hacerla extensiva a los regidores, trabajadores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas y a toda la población del Distrito de Recta.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo, al señor Marcial Rospigliosi Flores con ocasión de celebrar sus Bodas de Oro en el periodismo Radial de Tacna; reconociendo su labor en aras de contribuir al ejercicio pleno del derecho de la Libertad de información consagrando este gran principio constitucional.



Acuerda:

Primero.— Saludar al Distrito de Corosha, ubicado en la Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas, por los 67.° aniversario de su creación, que se celebra el 20 de julio del presente año.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo al Alcalde Distrital, Wilfredo Goñas Guivin, Y hacerla extensiva a los regidores, trabajadores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Lima, 12 de junio de 2013.”


145

Acuerda

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a todas las autoridades Personal Asistencial, Trabajadores Administrativos y personal en general del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, al conmemorarse el 18 del presente año, el 53.° Aniversario de su creación institucional.

Segundo.— Formular los más fervientes votos para que todas las autoridades, Personal asistencial, trabajadores administrativos y personal en general del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, se mantengan en la senda del progreso y desarrollo para orgullo y satisfacción de todos los peruanos reconociendo su gran aporte en beneficio de la salud de toda la población de nuestra región de Arequipa.

Tercero.— Transmitir la presente Moción de Saludo al señor Director Doctor Carlos Medina Linares, por la celebración del 53.° aniversario de creación institucional del Reconocido Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, haciendo extensivo a todo el Personal Asistencial. Trabajadores Administrativos y personal en general de esta Institución.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cordial saludo y felicitación al pueblo del distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, de la región de la capilla, provincia de Cutervo, de la región Cajamarca, al celebrar el 04 de agosto del presente año, el día central de la Fiesta Patronal en honor a su Santo Patrono, Santo Domingo de Guzmán.

Segundo.— Hágase llegar la presente Moción de saludo al señor Párroco del Distrito de Santo Domingo de la Capilla, quien hará extensivo este saludo a toda la feligresía en los oficios religiosos que con este motivo pueda celebrar; así mismo al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla y el Señor Gobernador político, para conocimiento del pueblo en su conjunto.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y congratulaciones al Histórico y tradicional Distrito de Breña en la Provincia de Lima. Con motivo de cumplirse este 15 de julio de 2013.” su 64.° Aniversario de creación y hace votos para que este notable distrito continúe por la vía del desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo, al señor José Antonio Gordillo Abad, Alcalde del Distrito de Breña Provincia de Lima, Departamento de Lima, por el 64.°

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Aniversario de creación y por su intermedio hacer extensivo el saludo al cuerpo de regidores, personal administrativo y al pueblo en general.



Acuerda:

Primero.— Expresar un especial y emotivo saludo al Caserío de Anguy, Distrito de Cáceres del Perú, en la Región Áncash, con ocasión de celebrar el 13 de julio su 100.° Aniversario de creación Política.

Segundo.— Transmitir el texto de la presente Moción de Saludo y Felicitación a las autoridades y ciudadanos del Caserío de Anguy, Distrito de Cáceres del Perú, en la Región de Áncash, en la persona de su agente Municipal, Sr. Antonio Gonzales Roca, como muestra de reconocimiento de este Poder del Estado y deseándole continúe por la senda del progreso y desarrollo, comprometiendo a toda la ciudadanía a sumar esfuerzos para cristalizar sus metas.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso saludo y felicitación a la provincia de Cajatambo con motivo de celebrar la fiesta en homenaje a Santa María Magdalena.

Segundo.— Transcribir la presente moción de saludo y hacerla llegar al señor Miguel Ángel Carlos Castillo, alcalde de la provincia de Cajatambo y por su intermedio a regidores autoridades políticas, eclesiásticas, militares, educativas, organizaciones sociales y poblaciones en general de tan ilustre Provincia, deseándoles los mejores éxitos en los años venideros.

Lima, 12 de junio de 2013.”


Acuerda:

Primero.— El Congreso de la República expresa su más especial y sincero saludo a las organizaciones cooperativas y cooperativistas del país, al conmemorarse el 06 de julio de 2013.”, el Día Internacional de las Cooperativas.

Segundo.— Transcribir la siguiente Moción de saludo y hacerla llegar al Sr. Eutemio Ríos Alarcón , Gerente General de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), y por su intermedio a cada uno de los líderes de los movimientos cooperativos.

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Acuerda:

Primero.— Saludar al Distrito de Chisquilla, ubicado en la provincia de Bongará, Región de Amazonas, por sus 67.° Aniversario de su creación, que se celebra el 20 de julio del presente año.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo al Alcalde Distrital, José Bacalla Daza, y hacerla extensiva a los regidores, trabajadores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas; asimismo, a la población del Distrito de Chisquilla.



Acuerda:

Primero.— El Congreso de la República, expresa su más ferviente y cálido saludo y felicitación al Colegio de Contadores Públicos de Lima al conmemorarse el día 17 de julio de 2013.”, el 71.° Aniversario de su Fundación.

Segundo.— Transcribir la siguiente Moción de saludo a la Decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, CPCC Elsa Rosario Ugarte Vásquez y por su intermedio a todos los colegiados que pertenecen a esta prestigiosa Institución.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito Cacra, en la Región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el 15 de julio el 77.° aniversario de su creación política como distrito.

Segundo.— Transmitir este reconocimiento a toda la población de Cacra en la persona de su señor alcalde Sr. Edison Lubem Sulca Molleda, así como a todas sus autoridades civiles.



Acuerda:

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Primero.— Expresar su más ferviente y cálido saludo y felicitación al Distrito de Echarati, Provincia de la Convención de la Región Cusco, con motivo de conmemorarse el día 15 de julio del presente año un Aniversario más de su Creación Política.

Segundo.— Transcribir la siguiente Moción de Saludo y hacerla llegar al Señor José Ríos Álvarez, Alcalde del distrito de Echarati, Provincia de la Convención de la Región Cusco y por su intermedio a sus regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales así como a los pobladores de este hermoso distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo y reconocimiento a la Comunidad de Vicos, ubicado en el distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, por conmemorarse este 13 de julio su aniversario de la creación política.

Segundo.— Elevar la presente Moción de saludo a las autoridades locales y población en general de la Comunidad de Vicos, del Distrito de Márcara, provincia de Carhuaz, Ancash.



Acuerda:

Primero.— Saludar y expresar su reconocimiento su reconocimiento al pueblo de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, por su 111.° Aniversario de fundación al conmemorarse el 10 de Julio de todos los años.

Segundo.— Transmitir la presente moción de saludo a todos los compatriotas de Puerto Maldonado y publicarlo para su difusión.



Acuerda:

Primero.— Saludar y expresar al Distrito de Yanacancha, Provincia de Chupaca, Región Junín, por motivo de conmemorarse el 52 aniversario de creación política del distrito de Yanacancha.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo al alcalde del distrito de Yanacancha, señor Edilberto Ártica Orihuela y, por medio del alcalde, a las demás autoridades y pueblo en general.

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Lima, julio de 2013.”


Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo, a la institución educativa inicial N.° 225 “Niños Héroes” en sus 54 años de creación al servicio de la Niñez Tacneña.

Segundo.— Saludar a la Directora, plana de profesores, personal auxiliar, administrativo, padres de familia y educandos de la mencionada Institución educativa inicial al cumplir su Quincuagésimo Cuarto Aniversario de creación.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, en la persona de su Director Doctor Carlos Segundo Medina Linares, con motivo de celebrar el 18 de julio su 53.° Aniversario.

Segundo.— Disponer que la presente Moción de Saludo se haga extensiva a los médicos, personal asistencial y administrativo que labo9ra en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.



Acuerda:

Primero.— Expresar el más caluroso y patriótico saludo a los familiares descendientes de Domingo Mandamiento Sipán y al barrio de Chaquilla del Distrito de Huacho en la provincia de Huaura, perteneciente a la región Lima Provincias, con motivo de conmemorarse el 28 de Julio el centenario de su fallecimiento; y hágase votos para que la población en general, continúe el ejemplo de este digno héroe nacido del corazón del mismo pueblo, en el valor, entrega y sacrificio. Elévese la presente Moción de saludo al alcalde Provincial de Santiago Cano La Rosa, y por su intermedio a las autoridades judiciales, educativas y policiales, al histórico gremio de artesanos y a las organizaciones gremiales en general, así como a todo pueblo en general.



Acuerda:

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Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a la Institución Educativa nuestra Señora del Carmen de Urcos, por celebrar su XLIV Aniversario de creación.

Segundo.— Transmitir la Moción de Saludo a la reverenda Madre Directora Cristina Vélez Checa y por su intermedio a toda la plana docente, padres de familia, alumnos y ex alumnos en general.

Lima, 15 julio de 2013.”


Acuerda:

Primero.— Dar un fraterno saludo a los pobladores del Centro Poblado El Milagro, con motivo de su 32 aniversario de creación política, celebrado el pasado 6 de julio.

Segundo.— Extender la presente Moción de Saludo al señor Saúl Pérez Cortez, y, por su intermedio al cuerpo de regidores, autoridades políticas, civiles y personalidades educativas de tan importante labor que realizan.

Lima, 15 de julio de 2013.”.


Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a felicitación a los habitantes de la provincia de Tarma, por recordar este 26 de julio sus 479 años de fundación española, manifestando el saludo en la persona de su alcalde, Señor Luis F. Morales Nieva, a través de Él, a las autoridades y a toda la población en su conjunto.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a nombre del Congreso de la República a la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, con motivo de celebrar el 13 de Julio de 2013.”, el 111° aniversario Institucional de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo a la Presidenta Rosario Bazán de Aran gurí y por su intermedio al consejo directivo, a los empresarios y al personal administrativo que forma parte de dicha Institución.



Acuerda:

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Primero.— Expresar su saludo al señor José Luis Huamaní Gonzales, alcalde del distrito de Surquillo, con motivo de conmemorase el próxima 15 de julio, el 64° Aniversario de su Creación Política.

Segundo.— Trasladar la presente Moción de saludo a los regidores, trabajadores, autoridades políticas, policiales, religiosas y a la población en general del distrito de Surquillo.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al señor José Gordillo Abad, alcalde del distrito de Breña, con motivo de conmemorarse el próximo 15 de julio, el 64° Aniversario de su Creación Política.

Segundo.— Trasladar la presente Moción de saludo a los regidores, trabajadores, autoridades políticas, policiales, religiosas y a la población en general del Distrito de Breña.

Lima, 9 de julio de 2013.”.


Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Colonia de la provincia de Yauyos, en la Región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el 15 de julio el 77° aniversario de su creación política como distrito.

Segundo.— Transmitir este reconocimiento a toda la población de Colonia en la persona de su alcalde Sr. Elías Armando Quispe Apolinario, así como a todas sus autoridades civiles.



Acuerda:

Primero.— Expresar su caluroso y efusivo saludo a toda la población del Distrito de Surquillo, Lima, por conmemorarse el próximo 15 de julio; su 64.° Aniversario de Creación Política como Distrito.

Segundo.— Elevar la presente Moción de Saludo al distrito de Surquillo en la persona de su alcalde Distrital, el señor José Luis Huamaní Gonzales, manifestando el compromiso del Congreso de la República para un desarrollo político, económico, social e inclusivo que genere bienestar, calidad de vida y emprendimiento a toda su población.

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Acuerda:

Primero.— Expresar un calurosos y efusivo saludo a toda la población del distrito de Breña, Lima, por conmemorarse el próximo 15 de julio, su 64° Aniversario de Creación Política como Distrito.

Segundo.— Elevar la presente Moción de Saludo al Distrito de Breña en la persona de su alcalde Distrital, el señor José Gordillo Abad, manifestando el compromiso del Congreso de la República para un desarrollo político, económico, social e inclusivo que genere bienestar, calidad de vida y emprendimiento a toda su población.

Lima, 9 julio de 2013.”


Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar a la Villa Histórica San Miguel de Tangarará del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura, al conmemorarse el 15 de julio, 481 años de la fundación española considerada y reconocida como la primera ciudad fundada por los españoles en el pacífico sur y capital Nacional de la Transculturación.

Segunda.— Transmitir la presente Moción de Saludo a toda la población de San Miguel de Tangarará, as sus distinguidos autoridades y de manera especial al Alcalde Distrital de Marcavelica señor Mg. William Ramón Alcas Agurto.



Acuerda:

Primero.— Expresar un cordial saludo a la Emblemática Institución Educativa “Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, por celebrar el 15 de julio del 2013.”, el 186° aniversario de su creación.

Segundo.— Extender el saludo al director del plantel, Don Milton Mamani Ayma, a la plana docente y alumnado en general por conmemorarse tan importante ocasión.”


Acuerda:

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Primero.— Expresar un justo reconocimiento y saludo a todos los profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú y a sus quince Consejos Directivos Nacionales, en su XXXIV Aniversario de creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente Moción de Saludo y Felicitación a la Decana Nacional del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú en la persona de la Lic. Elsa Clarivel Paredes Portocarrero, así como a la Decana de esta institución del Consejo N.° 7 de Puno Mg. Georgina Pinto Sotelo, para que se hagan extensivas a todos los trabajadores de esta noble institución.


Luego de rechazarse la cuestión de orden planteada por la congresista Schaefer Cuculiza en el sentido de que en lo relativo al Proyecto de Ley 2417, por el que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, se considere como principal a la Comisión de Salud y Población, se acuerda invitar a la presente sesión a las ministras de Salud, Midori de Habich Rospigliosi, y de Trabajo, Nancy Laos Cáceres, para que participen en el debate

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúa en debate la cuestión de orden planteada por la congresista Schaefer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud, en el sentido de que en lo relativo al Proyecto de Ley 2417, por el que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, se considere como principal a la Comisión que ella preside.

Hemos quedado con una lista de oradores.

Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Representación Nacional porque, una vez más, el Poder Ejecutivo demanda facultades legislativas en medio de un paro. Hoy se está cumpliendo un paro de la Federación Médica Peruana, gremio que ha denunciado que desde hace cuatro meses no es recibido por la ministra a pesar de que se han firmado actas para que los médicos puedan obtener el ingreso que les corresponde.

A partir del primero de julio, a los médicos de la Federación Médica Peruana que trabajan en el Minsa les correspondía un aumento. Pero no existe una política de diálogo con los médicos. Y vemos, además, que el Colegio de Tecnólogos Médicos y los colegios de obstetras tampoco han sido convocados por el Ministerio de Salud. ¿La señora ministra no tiene una política de diálogo que contribuya a formular pedidos relacionados con este plan integral de salud? Entonces, no puede haber confianza para que nosotros como parlamentarios deleguemos en el Poder Ejecutivo la supuesta reforma de un sistema de salud, menos aún si no se hace con el diálogo de los principales actores del área de salud de nuestro país. Gravísimo problema.

Este pedido se formula como un proyecto de ley que se deriva a una comisión, que es la de Presupuesto —de los seis casos que se están pidiendo, uno tiene que ver con presupuesto, que es el de la política integral de remuneraciones; pero los otros cinco se

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refieren a políticas de salud—, y la ministra no ha tenido el talante democrático de venir acá a sustentarlo. No necesita ser invitada, no necesita ser interpelada, no necesita ser requerida. La Constitución le permite participar en los debates sobre asuntos en los que tenga que ver su sector, y cualquier ministro que pide facultades debiera tener siquiera la cortesía de venir a sustentar su pedido aquí en el Pleno.

Entonces, nosotros tenemos que votar una delegación de facultades adicional sin que siquiera el Poder Ejecutivo se digne a sustentarla aquí en el Pleno, señor Presidente.

Le pido que haga las gestiones para que la ministra venga en este instante y sustente cuáles son las razones por las cuáles están pidiendo estas facultades extraordinarias. Si no, no se puede debatir. No es ninguna interpelación; no es ningún requerimiento; no es nada compulsivo; no es ningún arrinconamiento. No vayan a pretender ahora sostener que el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es una suerte de hostigamiento contra la ministra. No, que venga y se sustente, porque también necesitamos escuchar explicaciones sobre lo que aquí la congresista Cecilia Tait viene denunciando permanentemente. ¿Se han disuelto las políticas de lobbies alrededor de los temas de salud? No.


El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Sabemos que los laboratorios, las compañías de seguros y las grandes clínicas tienen determinados intereses económicos que entran en pugna con una política de salud pública —como se llamaba antes— que está colapsada. Evidentemente, está colapsada, y la respuesta de la señora ministra es: “Mándenme ustedes facultades para que yo pueda reformarla”.

¿Qué confianza puede haber si tenemos un presidente de la República que no sabe que los serumistas son médicos? El Presidente de la República dice que cuando uno va a una posta médica no encuentra médicos, sino serumistas. No sabe que los serumistas son médicos. El Presidente de la República dice que ya ha reformado todo el Perú: la Policía, las Fuerzas Armadas, el Estado. Él cree que la palabra reforma se aplica para cualquier cosa, cuando en realidad se trata de simples proyectos de ley que no cambian nada.

Ahora quieren hablar de reforma de salud y no nos dicen en qué consiste esa reforma. ¿Es simplemente una reforma de la estructura del Ministerio de Salud?

Tampoco se sabe cómo se entiende la palabra modernización.

Se habla de una extensión de coberturas y no se dice cómo se van a financiar.

Por último, en cuanto a la política integral de remuneraciones, ¿qué significa eso del reordenamiento?


El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Por reordenamiento también se puede suponer que algunos ganan mucho y que hay que bajarles el sueldo. Por reordenamiento también se

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puede suponer despidos o recortes, así como la no utilización del diálogo o del convenio colectivo con las federaciones que están alrededor del área de Salud, que son múltiples.

Las organizaciones profesionales y sindicales se quejan de la falta de diálogo con el sector Salud en nuestro país. Entonces, es un despropósito y una exageración reclamar a los parlamentarios, incluidos los del nacionalismo, que hagan un acto de fe para otorgarle facultades legislativas a una ministra que no dialoga con nadie.

Por eso, en su condición de presidente del Congreso y representante de todos nosotros, le pido a usted que, en vez de que tengamos plantear cuestiones previas o incluso de orden —tendríamos que plantearlas si esto no se quisiera ejecutar—, haga gestiones para invitar a la ministra con el fin de que venga a sustentar por qué razones quiere facultades para reformar la Salud.

Le pido que haga usted esa gestión, señor Presidente, porque es importantísimo que así suceda. De lo contrario, no se podrán discutir ni votar temas tan importantes como el que ha producido una huelga hoy.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Debo señalar que la ministra de Salud ha estado en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, me pide una interrupción la congresista Julia Teves.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, aunque a veces resulte vergonzoso decirlo, es importante precisar que este Gobierno, a diferencia de otros gobiernos, especialmente del Gobierno pasado, si está cumpliendo.

Aquí hay un propósito y hay acuerdos que se están cumpliendo. El fortalecimiento de los servicios de salud no es solo la política de remuneraciones, sino un sistema integral que queremos trabajar por los miles y miles de pacientes que en este momento representan a las regiones.

Y debo de recordar que en el Decreto Supremo 269-2013-EF se ha autorizado la transferencia de partidas del pliego del Ministerio de Salud, cosa que sí se está cumpliendo. La segunda etapa, del bono extraordinario por trabajo médico, también se está cumpliendo a mayo de 2013. Se está haciendo en este momento el proyecto de ley sobre la escala remunerativa, y se está trabajando, igualmente, de manera coordinada.

Finalmente, mediante la Resolución Ministerial 850-2012-MINSA se ha conformado una comisión de trabajo.

Se está elaborando la propuesta, y en sesiones permanentes se ha trabajado la política remunerativa que los profesionales han exigido, señor Presidente.

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Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, el bien ponderado congresista Mauricio Mulder me pide una interrupción. Si usted me lo permite, con todo gusto la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, yo creí que estábamos en el Perú y no en Suiza. Aquí hay una congresista que se ha equivocado de continente, porque todo es una maravilla. Los médicos están haciendo huelga porque están locos.

Yo más bien quisiera que se tomara en cuenta lo que usted ha señalado. Si la ministra se encuentra en la Comisión de Presupuesto ante cuatro, seis o doce parlamentarios, ¿por qué no viene de frente con esos parlamentarios y comenzamos el debate?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Disculpe, congresista Mulder.

Dije que la ministra de Salud estuvo en sesiones de las comisiones de Presupuesto y de Salud.

Prosiga, congresista.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Eso ya lo sabíamos, porque está señalado acá y lo dijo la presidenta de la Comisión de Salud.

Entonces, reitero el pedido, Presidente.

Sé que estamos debatiendo una cuestión de orden.

No hay ningún impedimento reglamentario para que plantee una cuestión previa, pero yo creo que usted puede hacer las gestiones en este instante para que la ministra venga y participe en el debate.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, a los políticos que estamos trabajando por una verdadera transformación que no nos vengan a confundir con quienes hacen política tradicional.

En segundo término, que quede bien claro que nosotros trabajamos no solamente para los médicos, sino también para el personal administrativo, para el personal asistencial y para todos los pacientes del Perú, que requieren un mejor trato. Un paciente del interior del país merece ser atendido en las mismas condiciones que en la capital de la República.

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Primero hay que conocer bien lo que es una política general y no solamente centrarnos en remuneraciones. Eso está totalmente claro.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, el propósito de mi participación no es desacreditar a una comisión ni las sabias expresiones de los señores parlamentarios. Me permito exponer porque esta Comisión ha recibido ese encargo.

Nosotros en ningún momento hemos solicitado ser primera comisión, pero asumimos esa responsabilidad en cumplimiento de lo que se ha venido diciendo el día de hoy, en cumplimiento del Estado de derecho y de las normas que respaldan el Reglamento, en cumplimiento de la facultad de la Mesa Directiva para disponer qué comisiones van a tratar estos temas.

Pero quisiera ir un poquito más a fondo y que los señores parlamentarios presten atención a lo que voy a manifestar.

La decimosexta disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 2013, que estructuramos el año pasado, tiene esa orientación de escuchar a los involucrados en la problemática de la salud, principalmente a los médicos, sin desconocer la participación de las obstetrices, los enfermeros, los técnicos y todo el sistema de la administración pública que es parte de la labor asistencial en materia de salud.

Cuando formulamos esta propuesta, lo hicimos pensando en la necesidad de que definamos cuáles serían los alcances de esta entrega de delegación de facultades, a efectos de ver la problemática de fondo del sector Salud. Naturalmente, ha habido orientaciones tendientes a buscar espacios de orden técnico —hoy día espacios de orden político— para tomar una sabia decisión en torno a ello.

Presidente, la Comisión de Presupuesto tiene en su seno un representante de cada bancada como parte de la asesoría permanente. Ellos participan permanentemente con nosotros en la estructuración y el debate.

Segundo, existe la participación de los grupos de trabajo asignados, en orden proporcional, a cada una de las bancadas que están en este Parlamento. Por lo tanto, resulta oportuno expresarles a los colegas congresistas que, si nos hemos abocado a tomar conocimiento de un proyecto de ley que viene del Ejecutivo, lo hemos hecho en cumplimiento de un mandato. Ese mandato hoy día está siendo cuestionado por el Pleno.

Presidente, somos demócratas y el alcance de nuestra integridad como personas respetuosas del derecho no nos hace abdicar de nuestra firme expresión de respeto por todos los señores parlamentarios.

Por falta de argumentos de fondo no se puede recurrir a la diatriba ni a expresiones que dañan no solo la honorabilidad del congresista al que se alude, sino también la magnificencia de este Pleno.

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Defiendo lo expresado por lo miembros de la Comisión. Hemos dictaminado por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, y será este Pleno quien respalde con su voto que la Comisión de Presupuesto sustente el proyecto en calidad de Comisión principal, porque contiene términos del plano administrativo-asistencial que corresponden a materia presupuestal.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Daniel Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señor Presidente, quiero hacer una invocación al Congreso de la República el día de hoy.

Cualquiera de nosotros que haga visitas periódicas a los centros de salud en cumplimiento de sus labores de representación y fiscalización se dará cuenta de que la salud en el Perú ha colapsado. Ese no es un problema coyuntural, sino un problema estructural.

En abril del año 2009, con el Gobierno pasado, este Congreso sacó la Ley Marco de Aseguramiento Universal de la Salud, lo que generó una enorme presión en cuanto a los servicios, porque tenemos la obligación ética y moral de brindar y llevar el servicio de salud a todos los ciudadanos peruanos.

¿Ustedes creen que discutiendo si la comisión dictaminadora principal debe ser la de Salud o la de Presupuesto se va a resolver el problema del hacinamiento de todas las emergencias nacionales? ¿Con la aprobación de los proyectos de ley que dictamine la Comisión de Salud vamos a resolver los problemas que están viviendo todas las parturientas y los enfermos en el Perú?

Si el Ejecutivo nos dice que va a asumir la responsabilidad, ¿a santo de qué nosotros, como legisladores, nos ponemos a discutir si le damos las facultades legislativas o no se las damos?

Si alguien tiene la varita mágica en este momento y nos dice que con noventa de trabajo en la Comisión de Salud da las pautas para solucionar los problemas de salud, en buena hora. Pero eso no es lo que hemos oído acá.

Acá estamos discutiendo si la comisión principal debe ser la de Presupuesto o la de Salud, y ¿dónde quedan los pacientes? ¿Quién se ocupa de los pacientes: la Comisión de Salud o la Comisión de Presupuesto? Son los hospitales los que se ocupan de los pacientes.

Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Luz Salgado.

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La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, yo entiendo la vehemencia del congresista Abugattás, y no le falta razón: es responsabilidad del Ejecutivo. Pero si hay algunas normas, para eso está este Congreso, para examinarlas.

Si el Ejecutivo hubiera hecho su labor, nos estaría enviando los proyectos y le daríamos la prioridad inmediata, porque sabemos que son los que tienen el presupuesto y la obligación de ejecutar y gerenciar. El problema es que ni siquiera sabemos qué tienen en mente, y con leyes no vamos a resolver la emergencia.

Yo estoy preocupada por el Hospital Rebagliati, por el Policlínico Grau, por el Policlínico que está en la avenida República de Panamá. Los enfermos están en las calles, las camillas salen por las ventanas, no hay médicos. Esto es algo que se observa a nivel nacional.

Pero tampoco es con leyes que se van a resolver estos problemas, sino con la capacidad de gerenciar…


La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— … y utilizar los recursos debidamente.

Si nos dijeran a nosotros que aquí hay un proyecto de ley y que necesitan su aprobación, con todo gusto vamos a ser los primeros en apoyarlo. Y eso es lo que ha ocurrido con proyectos que han trabajado los ministros y han sido enviados a distintas comisiones: las hemos aprobado en primer lugar.

Entonces, que nos digan qué es lo que quieren hacer para resolver este rollo, este gran problema que todos sabemos que existe. ¿Qué cosa tienen en mente?

Si no son capaces de decirnos qué es lo que quieren hacer, tampoco se les puede entregar cheques en blanco.

Ustedes con el Ejecutivo tienen toda la responsabilidad de lo que corresponde a la materia presupuestal.

Gracias, congresista Abugattás. Siempre tan democrático.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede usted continuar, congresista Daniel Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señor Presidente, yo quiero reiterar lo que he planteado: este es un problema estructural.

Yo tengo en mis manos la Ley N.° 29344, que lleva las firmas de Javier Velásquez Quesquén como presidente del Congreso; de Alejandro Aguinaga, como vicepresidente; y de Yehude Simon, como presidente del Congreso de Ministros. Gran parte de lo que se está pidiendo es para cumplir con la Ley de Aseguramiento Universal. Eso está en la

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exposición de motivos de la solicitud. No leemos la exposición de motivos y queremos que vengan a darnos explicaciones.

Nosotros tenemos una obligación con el país, tenemos la obligación de leer lo que nos entregan. ¿Cuánto tiempo tiene esta solicitud? Tiene más de cuarenta días de ingresada. Si no la han leído y el día del debate piden que vengan a explicarla, no están cumpliendo con su trabajo.

El congresista Velásquez Quesquén me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, la salud en el país atraviesa por un mal momento, tanto es así que hay algunos que tienen el privilegio de irse a curar a Boston, porque no se pueden curar en los hospitales del país. Pero eso de ninguna manera justifica que hoy día se pretenda hacer lo que se quiso aplicar para la aprobación de la Ley del Servicio Civil. Yo creo que es una falta de respeto al propio Parlamento y a los propios parlamentarios.

Si además de la urgencia de que esta norma se dé para implementar el aseguramiento en salud hubiera la renuencia de la Comisión de Salud en poner en debate este proyecto, podríamos explicarnos que se debatiera en primer término el dictamen de la Comisión de Presupuesto.

Yo tengo el mayor de los respetos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero las comisiones ordinarias no están pintadas y el principio de especialidad debe erigirse al momento de dictaminar un proyecto…


El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— … porque de lo contrario habría que cerrar el resto de comisiones y dejar que todo lo resuelva la Comisión de Presupuesto. Me parece que este tipo de medidas traduce el temor de aquellos que no tienen argumentos para fundamentar las facultades delegadas por noventa días útiles.

En su momento, cuando intervenga el presidente de la Comisión, voy a explicar por qué razones los noventa días no van a ser suficientes para cumplir con todo lo que plantean los tres artículos de esta solicitud de delegación de facultades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Daniel Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Simplemente vuelvo a invocar que no seamos indolentes con los pacientes que están sufriendo por un problema que no ha sido generado por este Gobierno ni por el Gobierno anterior ni por el Gobierno anterior al anterior, sino que es un problema estructural del país.

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Si en este momento el Ejecutivo pide la delegación de facultades para resolver el problema o encaminarlo hacia una solución, como Congreso tenemos la obligación de atender su pedido, así como la obligación aún mayor de fiscalizar que las normas que expida se cumplan.

Hago una invocación para que vayamos al tema de fondo y tratemos de definir, de una vez por todas, la delegación de facultades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, reitero que nosotros no nos oponemos a las facultades delegadas. Hay temas que se explican por las razones técnicas, y el Ejecutivo puede elaborar, procesar y aprobar rápidamente las normas de naturaleza estrictamente técnica porque tiene técnicos para ello. Lo que sucede es que, en estos dos años, no se ha hecho control político de las facultades que hemos delegado al Poder Ejecutivo, porque el oficialismo controla la mayoría del grupo de trabajo que se encarga de realizar esa labor en la Comisión de Constitución. No hay rendición de cuentas de las facultades delegadas.

Dimos facultades en materia de minería ilegal y de seguridad ciudadana, y hasta ahora no ha habido un informe en el Pleno de si el Ejecutivo utilizó estas facultades en el marco de la autorización que les dimos ni tampoco hay un informe sobre si se cumplieron o no los objetivos para los cuales se solicitaron estas facultades.

Ahora nuevamente se viene por facultades delegadas, esta vez para realizar una profunda reorganización en el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud, modernizar la gestión de las inversiones públicas y contar con una política integral de remuneraciones médico-profesionales.

Le pido al oficialismo que en los alcances de la norma también se incluya a los médicos legistas.

Me pide una interrupción el congresista Gutiérrez, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, cuando se da cuenta de lo que dice una propuesta hay que leerla en su integridad. Cuando se habla del Minsa como primera propuesta de reorganización y después se habla del Sistema es porque implícitamente… Si el congresista desea, en la norma podemos poner de manera expresa lo que el señala, pero ya están comprendidos el Ministerio Público, con los médicos legistas; el Ministerio del Interior, que tiene el Hospital de Policía; el Ministerio de Defensa, que tiene el Hospital Militar; el sector Educación, que tiene profesionales de la salud.

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Es un sistema integral y todos ellos están incluidos. Si hay que colocarlos literalmente para que no haya expresión de causa, se les puede poner sin ningún inconveniente. Eso, además, tiene la justificación de lo que nosotros provisionamos el año pasado, que fueron trescientos millones para iniciar este año el proceso de implementación; mil doscientos millones para el año 2014; mil cuatrocientos millones para el año 2015; y mil seiscientos millones para el año 2016. Pero eso será cuando arribemos al tema de fondo.

Que quede claro, señor Presidente, que las propuestas del congresista Velásquez Quesquén ya están comprendidas en esta delegación de facultades que solicita el Ejecutivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Si usted lo permite, señor Presidente, con mucho gusto le concedo la interrupción a la presidenta de la Comisión de Salud.


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Efectivamente, en la Comisión de Salud debemos puntualizarlo, porque las interpretaciones a veces dejan en el aire a mucha gente. Entonces, hay que puntualizarlo, como bien usted lo ha dicho, para que esté claro que los médicos del Ministerio Público, del INPE, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y todos los actores del sector salud estén inmersos en esta reforma.

No queremos esas interpretaciones que se dieron en la Ley de Presupuesto del 2013 y a los serumistas y a los que hacían su residentado los dejaron sin el bono que debían recibir. Se interpretó que ellos ocupaban puestos de voluntarios, cuando en realidad ocupan plazas que están en el CAP.

Gracias, congresista.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Nosotros presentamos un proyecto de ley para que el Ministerio de Salud continúe con el proceso de nombrar personal asistencial no médico, porque hace cinco años que no se hacen nombramientos.

Los médicos en forma justificada y legítima hicieron una justificada y legítima paralización el año pasado, e inmediatamente se procedió a terminar de nombrar a todos los médicos. Como el personal no médico —las enfermeras, los técnicos— no hizo paro, hace cinco o seis años que no tiene el proceso de nombramiento.

El presidente de la Comisión de Presupuesto —o el “presidente” del Congreso, porque él dictamina todos los proyectos— me pide una interrupción.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por excepción, tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, estamos en la cuestión de orden para definir cuál de las dos comisiones es la principal para este proyecto.

Si defiendo que sea la Comisión de Presupuesto es por su connotación. Cada punto que menciona el congresista Velásquez Quesquén tiene una justificación de fondo de por qué la Comisión de Presupuesto se ha abocado al tema.

Cuando en el año 2012 se habló del nombramiento del personal asistencial en la estructuración del Presupuesto del 2013, dijimos que esta comisión multisectorial tenía que trabajar esos esquemas.

Solamente para ir adelantando, podemos decir que, de acuerdo con cálculos estimados, el nombramiento de médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares y personal administrativo en los gobiernos regionales representa ciento sesenta millones en los tres años de implementación.


El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Estamos dando cobertura para todos los que están pendientes de nombramiento. La complementariedad del servicio en el sector Salud es un espacio muy importante y en el tema de fondo también lo arribaremos. No adelantemos, pero me permito hacerlo para que no sea materia de mayores discusiones en adelante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, yo estoy sustentando por qué razones la Comisión de Salud tiene que ser la que dictamine en calidad de comisión principal: por principio.

Yo no pongo en cuestión la idoneidad del presidente de la Comisión de Presupuesto, pero por principio estos malos precedentes van a ser invocados como ahora se invocaron precedentes parlamentarios que se imponen al Reglamento.

Entonces, ¿para qué hay veinticuatro comisiones ordinarias y comisiones especiales?, ¿para los amigos de las bancadas que apoyan al oficialismo? Para qué, si todo lo va a determinar la Comisión de Presupuesto con la invocación de que el tema tiene incidencia económica.

Sostengo categóricamente que la Comisión de Presupuesto no tiene por qué tocar el tema de EsSalud. Cuidado, porque EsSalud es una institución que se financia con recursos de los trabajadores.

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¿Dónde está el presidente de la Comisión de Trabajo? ¿Dónde está la presidenta de la Comisión de Salud? Por qué se quiere, dentro de la delegación de facultades que se solicita, legislar con respecto al fortalecimiento financiero de EsSalud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de la brecha de infraestructura?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por cuarta vez le pido que concluya, congresista.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— A ver, que me expliquen cuál es la razón por la que la Comisión de Presupuesto tiene que meter la mano en una institución que es financiada con el aporte de los trabajadores. Ninguna, señor Presidente.

Por eso, Mauricio Mulder tiene razón cuando plantea que venga la ministra y explique —tal vez nos convenza— por qué razones dentro de este proceso de reorganización de los sistemas de salud… Siendo de naturaleza estrictamente médica y social la solicitud de facultad delegada, son las comisiones de Salud y de Trabajo las competentes para discutir este dictamen.

No estamos en contra de la facultad delegada, pero malas formas borran buenas acciones. Este precedente no puede ser un precedente sistemático por el hecho de que tengan una mayoría numérica. Una comisión de ninguna manera puede estar por encima del Reglamento y la Constitución.

Por eso, señor Presidente, no apoyamos que la Comisión de Presupuesto sea la primera comisión en el debate y discusión de este dictamen, sino la Comisión de Salud.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la lista de oradores.

Vamos a votar la cuestión de orden planteada por la congresista Karla Schaefer en el sentido de que la Comisión de Salud, que ella preside, sea la Comisión principal respecto del Proyecto de Ley N.° 2417.

Pido a los congresistas que se sirvan registrar su asistencia.



Al voto.


—Efectuada la consulta, 45 congresistas se pronuncian a favor de la cuestión de orden; 45, en contra; y ninguno se abstiene.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas Pariona Galindo, Salazar Miranda, Pérez Tello de Rodríguez y Lescano

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Ancieta; y del voto en contra de los congresistas Ruiz Loayza, Dammert Ego Aguirre, Solórzano Flores y quien habla.

El resultado final es de 49 votos a favor, 49 votos en contra y cero abstenciones.

El voto dirimente del Presidente es en contra.

“Votación de la cuestión de orden para considerar a la Comisión de Salud como comisión principal sobre el Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, García Belaunde, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Jara Velásquez, Julca Jara, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tapia Bernal, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Zeballos Salinas.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto recaído en el Proyecto de Ley N.º 2417, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, con un texto sustitutorio por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de ciento veinte días.

Al respecto, la Comisión de Salud ha presentado dictámenes en mayoría y minoría.

Les voy a pedir que se tranquilicen para poder continuar.

La Junta de Portavoces, con fecha 16 de julio de 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto.

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El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, ha llegado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Proyecto de Ley 2417, que propone la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de salud.

Como antecedente tenemos la decimosexta disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que señala lo siguiente: “Dispónese la conformación de una Comisión Multisectorial, la cual estará integrada por representantes de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, encargada de revisar el sistema remunerativo del sector Salud y proponer al Poder Ejecutivo, en un plazo de hasta ciento ochenta días calendario, una nueva política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales de la salud y personal asistencial del sector Salud”.

Esto, señor Presidente, trae a colación, de manera consiguiente, la propuesta normativa que está basada principalmente en los siguientes extremos…

Señor Presidente, hay un desorden total…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores, está exponiendo el presidente de la Comisión de Presupuesto. Se les pide que guarden silencio.

Continúe, congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, la reforma integral de remuneraciones del sector Salud no puede ser ajena a la reorganización y modernización total del sector.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta integral que consta principalmente de los siguientes puntos:

En el artículo 1.°, la delegación de facultades legislativas; en el artículo 2.°, las materias de delegación de facultades legislativas; y en el artículo 3.°, la vigencia de la norma.

Lo que establece el artículo 1.° se regula de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, en el Reglamento del Congreso y en otras normas que son parte del bloque constitucional.

Son seis las materias para las que se solicita la delegación de facultades: una, reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos; dos, modernización del Sistema Nacional de la Salud; tres, modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud; cuatro, política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público; cinco, extensión de la cobertura de protección financiera en salud; y seis, fortalecimiento del financiamiento de EsSalud.

El artículo 3.° se refiere a la entrada en vigencia de la presente norma.

Permítanme desarrollar cada uno de los puntos que son objeto da la solicitud de delegación de facultades legislativas.

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1. Reorganización del Minsa y sus organismos públicos.

El sector Salud tiene enorme complejidad, tanto por sus numerosos componentes como por las complejas relaciones que se establecen entre ellos, además de las coordinaciones y articulaciones intergubernamentales y multisectoriales que se requieren para incidir sobre los múltiples determinantes de la salud. Por ello y para garantizar el aseguramiento en salud y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, es preciso que el sector Salud cuente con una estructura organizacional moderna y adecuada.

2. La modernización del Sistema Nacional de Salud.

El país tiene una brecha negativa entre la oferta y la demanda de los servicios médicos asistenciales ocasionada por el déficit crítico de profesionales médicos cirujanos y/o médicos cirujanos especialistas, lo que ha originado el incremento de la demanda insatisfecha en los servicios de salud.

En tal sentido, resulta de suma urgencia y de necesidad pública reducir la brecha de médicos cirujanos o médicos cirujanos especialistas a fin de lograr una cobertura adecuada de los servicios de salud a favor de la población más vulnerable y excluida del país.

3. Modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud.

La inversión es un determinante de los niveles de oferta de los servicios de salud en un país. Por ello, los establecimientos de salud pública requieren planificar adecuadamente sus necesidades de recursos y gestionarlas de manera eficiente, minimizando sus riesgos y optimizando su capacidad resolutiva para garantizar la mejora del estado de la salud de la población.

En el país aún existe una brecha de acceso a los servicios de salud, una brecha que no permite el acceso de muchos conciudadanos a los servicios de salud, que restringe la solución de las demandas y necesidades de la población a menos de un ochenta por ciento, debido a diversos factores, como la falta de recursos humanos, limitaciones de infraestructura y equipamiento, debilidades en la gestión de la inversión en salud.

4. Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público.

Existe una serie de problemas que se han ido acumulando a lo largo de los años y han generado una situación poco racional en la forma como se reconoce salarialmente el trabajo del personal de salud. He ahí muchas veces la inequidad y la disconformidad de los señores trabajadores de la parte asistencial en la salud pública.

Es necesario establecer los mecanismos para mejorar las condiciones de trabajo, revalorar los recursos humanos y propiciar un clima laboral saludable a fin de que ello contribuya a mejorar la salud de la población peruana.

Ese es nuestro interés. Ese es el derrotero que queremos seguir nosotros como peruanos.

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Cuando hablamos del sistema integral como un todo en materia de salud, debemos siempre referirnos al Ministerio Público, donde están los médicos especialistas que participan permanentemente como médicos legistas coadyuvando al esclarecimiento en materia de política criminal en el Perú. De igual manera, a los que trabajan en el Inpe, que son parte del Ministerio de Justicia; a los que están en el Ministerio de Educación; a los que están en el Ministerio del Interior; a los que están en el Ministerio de Defensa, que son médicos a quienes queremos alcanzar con esta norma, Presidente.

5. Extensión de la cobertura de protección financiera en salud.

Presidente, hay algo que debe ser motivo de coincidencia común entre todos los peruanos, principalmente entre los actores políticos que están representados en este Parlamento, y no es otra cosa que la universalización de la protección social en la salud. Se trata de uno de los desafíos más importantes del Estado peruano.

Dar cobertura a treinta millones de peruanos debe el sueño de todo buen peruano. Eso se inscribe, a nivel internacional, en la corriente patrocinada por la Organización Mundial de la Salud para lograr la cobertura universal en salud; y a nivel interno, en la política de inclusión social que impulsa el actual Gobierno de nuestro presidente Ollanta Humala Tasso.

Para alcanzar efectiva protección social en salud, es necesario trabajar en tres dimensiones principales. Son dimensiones en las que debemos poner mucho énfasis, y entiendo que los señores parlamentarios hoy día harán sus aportes sobre la materia.

Primera dimensión: Nosotros queremos la protección contra los riesgos para la salud a través de actividades de vigilancia, prevención y regulación. La política preventiva en materia de salud nos permitirá, a largo plazo, ser planificadores de no más enfermos, sino de gente sana que pueda convivir en esta sociedad con sus aportes para que el país siga creciendo sobre bases seguras.

Segunda dimensión: La protección de los pacientes a través de la garantía de calidad de atención médica. No solamente trabajamos para hacer vigilias, prevenir y regular, sino también para cubrir que las personas enfermas tengan la garantía de recibir atención médica de manera integral.

Tercera dimensión: La protección financiera es algo muy importante, porque toda reforma tiene que ir acompañada de un financiamiento. Nuestros compatriotas dicen que de nada vale el discurso si no viene acompañado con el recurso.

Los recursos son fundamentales para ver con esperanza que estas reformas no queden en sueños y se concreticen en beneficio de las grandes mayorías.

6. Fortalecimiento del financiamiento de EsSalud.

En efecto, reconocemos que hoy nuestra economía ha ingresado a sectores antes poco explorados. Hoy existen obras e inversión pública y privada en los pueblos más recónditos de nuestro país. Ello trae consigo asegurados en el sector de EsSalud. ¿Cómo podemos

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dar cobertura a todos esos trabajadores en zonas tan lejanas si vivimos y convivimos con una legislación arcaica y centralizada principalmente en las grandes urbes?

Con esta delegación de facultades queremos garantizar la efectiva prestación de los servicios que se brindan a los asegurados, como también la intangibilidad de sus recursos en el marco del derecho a la seguridad social en salud y a los principios de solidaridad, transparencia, participación y eficiencia.

Reafirmamos la convicción de que no se tocarán esos fondos públicos que son de los asegurados sino para darles mejor servicio y mejor calidad en la atención, que es finalmente nuestro derrotero.

Esta reforma se encuentra financiada, y quiero detallar el esquema de este financiamiento.

La reforma de salud para el 2014 tiene una previsión de quinientos cuarenta millones; para el 2015, de seiscientos cuarenta millones; y para el 2016, de setecientos cuarenta millones.

Otras reformas incluyen el equipamiento de cada uno de los hospitales y tienen un criterio complementario. Para el 2014, implican doscientos cincuenta millones; para el 2015, trescientos cincuenta millones; y para el 2016, quinientos millones.

Queremos avanzar aún más para tener políticas preventivas. Hay que darles plan de salud escolar a todos los que están vinculados a los programas sociales, principalmente a los de Qali Warma, con ciento ocho millones para el 2014, ciento ocho millones para el 2015 y ciento cuarenta millones para el 2016.

Lo que quizás sea materia de discurso permanente en este Pleno y ha sido iniciativa de muchos de los señores parlamentarios desde el año pasado es que se continúe con el proceso de nombramiento de médicos, tecnólogos médicos, no médicos, técnicos, auxiliares y personal administrativo que vienen trabajando en las direcciones regionales de salud. Para ello, se han provisionado, en la base de cálculos, ciento sesenta millones en el 2014; ciento sesenta millones en el 2015 y ciento sesenta millones en el 2016.

El financiamiento del Plan Esperanza, para combatir el cáncer, tiene un énfasis similar con ciento cincuenta millones en cada uno de estos años de proyección para que se implemente la norma.

En resumen, el 2014 tendremos mil doscientos ocho millones de nuevos soles para implementar; el 2015, mil cuatrocientos ocho millones; y el 2016, mil seiscientos noventa millones.

El costo mayor de la reforma está en materia laboral, que para este año se estima en trescientos millones de nuevos soles. Por eso, es importante e imprescindible que hoy, con el voto consciente, maduro y seguro de cada uno de ustedes, podamos lograr que estas reformas sean entregadas en delegación al Ejecutivo.

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Se va a tener en cuenta el equilibrio presupuestal y el equilibrio macrofiscal, tal como se contempla en los principios regulatorios del título preliminar del texto único de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Los beneficiarios directos de la reforma:

Si bien es cierto que los beneficiarios de la reforma seremos los treinta millones de peruanos que asistimos por angas o por mangas a los servicios de salud, debemos precisar que hay operadores, trabajadores, servidores del sector público vinculados directamente a este proceso.

Los beneficiarios de la reforma de manera directa serán los médicos, profesionales de la salud, técnicos y auxiliares del Ministerio de Salud, que están también de manera desconcentrada o descentralizada en los gobiernos regionales; los que están en el Ministerio de Defensa; los que están en el Ministerio de Educación; los que están en el Ministerio del Interior; los que están en el Ministerio de Justicia —me refiero a los del INPE—; y los que están en el Ministerio Público, que son los médicos legistas y sus auxiliares.

Señor Presidente, este es el cuadro que nosotros alcanzamos a efectos de ilustrar con mejor criterio una reforma en el Sistema Nacional de Salud en la que no solo está involucrado el Ministerio de Salud como ente rector.

El 95% de los beneficiarios están comprendidos en el Minsa y los gobiernos regionales, pero la reforma también abarca al Ministerio Público, al Ministerio de Defensa y a todos los sectores que tienen que ver con la salud.

Queremos aprovechar estos espacios de crecimiento económico del país para hacer que estas reformas vayan acompañadas paralelamente de nuevos procesos que permitan optimizar nuestros recursos.

Por lo expuesto y en consideración de la relevancia que tiene el tema, le solicito, señor Presidente, someter a votación el presente proyecto de ley en el momento que usted lo estime conveniente a efectos de darle al país la oportunidad de enrumbarse en el camino correcto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En reemplazo de la presidenta de la Comisión de Salud, congresista Karla Schaefer, sustentará el dictamen en mayoría correspondiente el secretario de dicha Comisión, el congresista Enrique Wong.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Presidente, el dictamen recae en el Proyecto de Ley 2417/2012-PE, por el cual se propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. El proyecto fue presentado por el Presidente de la República el 26 de junio de 2013 y fue derivado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y a la Comisión de Salud y Población mediante decreto de fecha primero de julio de 2013.

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El Poder Ejecutivo solicita la delegación de facultades por ciento veinte días calendario para legislar sobre la reorganización del Minsa y sus organismos públicos para el fortalecimiento de su rectoría; la modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados, lograr el mayor acceso a los medicamentos y la mejora de la administración de los fondos de Salud; la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud; la política integral de remuneraciones de los servidores médicos profesionales y personal asistencial de la salud del sector público; la extensión de la cobertura de protección financiera en salud y el aseguramiento de las condiciones para un acceso universal a los servicios de salud; el fortalecimiento del financiamiento de EsSalud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social.

La Comisión de Salud y Población solo ha considerado otorgar facultades al Poder Ejecutivo para legislar por noventa días útiles en los siguientes aspectos: la reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en la materia de su competencia; y la política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluido el Ministerio Público, considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial al amparo de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

La postura adoptada en el dictamen de la Comisión de Salud y Población es congruente con la posición doctrinal que señala que en razón de la especialidad, urgencia y naturaleza temática, es necesario delegar la función legislativa en el Ejecutivo pero imponiendo directrices, límites, materiales intemporales para su actuación; y el principio de colaboración de poderes que consiste en la delegación facultades que concede el Parlamento al Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa.

La Comisión de Salud y Población ha considerado conveniente la incorporación de los controles siguientes:

Ex-ante: El Ejecutivo debe publicar en el diario oficial los proyectos de decreto legislativo cinco días útiles antes de su promulgación.

Ex-post: La Comisión de Salud y Población revisaría los decretos legislativos que el Ejecutivo promulgue y podría recomendar su modificación o derogación.

El dictamen tiene su fundamento en la Constitución Política, el Reglamento del Congreso, la Ley de Creación de EsSalud, la Ley del Ministerio de Salud, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El proyecto de ley precisa que el impacto económico se indicará en cada propuesta normativa y si el costo de la implementación estará a cargo del Minsa o requerirá de mayor presupuesto.

La ministra de Salud ha señalado ante los medios de comunicación que el impacto económico de esta medida ascenderá entre trescientos y quinientos millones de nuevos soles para el presente año.

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La Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal b) del artículo 70.° del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de su dictamen en mayoría recaído en el Proyecto de Ley 2417/2012-PE, aprobado con el voto dirimente de la presidenta.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista César Yrupailla para sustentar el dictamen en minoría de la Comisión de Salud.

El señor YRUPAILLA MONTES (NGP).— Señor Presidente, nuestro país se encuentra en estos momentos en una etapa de crecimiento y desarrollo, y tenemos la responsabilidad de mejorar los niveles de salud, educación y nutrición.

En los hospitales de nuestro país existen deficiencias no solo en lo asistencial y en lo que se refiere a medicamentos, sino también en infraestructura. Las emergencias en nuestros hospitales no están bien atendidas, no tienen funcionalidad; por lo tanto, es necesario que tengamos esa responsabilidad de atender esa necesidad de que nuestros hospitales cuenten con infraestructura, personal, medicinas y equipos adecuados.

Nuestros hospitales están cerrados dieciséis horas al día, y es poco probable que con esta deficiencia de tiempo podamos cumplir con la necesidad de nuestro pueblo.

Tenemos que dar mayor trabajo a nuestros hospitales con el mismo personal o personal prestado conforme a la Ley de Complementariedad. Y que esta ley acoja no solo a los médicos, sino también a enfermeras, auxiliares, técnicos, personal administrativo, para poder cubrir las necesidades asistenciales de nuestra población.

Las redes no funcionan adecuadamente, y queremos que tengan una funcionalidad real. Lo que sucede en la periferia no lo saben los hospitales regionales ni los hospitales responsables de dicho sector.

Tenemos que tomar en cuenta las historias clínicas electrónicas, pues son herramientas fundamentales para poder trabajar adecuadamente, lo mismo que la telemedicina, que es fundamental para que un profesional radiólogo, cardiólogo u otorrino pueda diagnosticar los problemas de salud de gente que está en la periferia.

Tenemos una deficiencia de más de once mil médicos especialistas en el Perú. Está de por medio la Ley del Residentado Médico, que estamos esperando que se promulgue. Y estamos esperando también que los hospitales regionales sean responsables para cubrir estas necesidades. De esa manera podemos lograr que nuestros hospitales tengan la mayor cantidad de especialistas y mejor calidad de atención.

Nuestro sector Salud tiene que ser responsable de enfermedades crónicas paralelas a la situación de pobreza, como es el caso de la tuberculosis. Somos el segundo país, después de Haití, en cuando a la incidencia de esta enfermedad. Eso implica que tenemos que tomar medidas adecuadas, y hay una ley que está ingresando al Pleno para poder responsabilizarnos de esto.

De igual modo, ocupamos los últimos lugares con respecto a la desnutrición crónica.

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Tenemos la gran responsabilidad de cubrir estos problemas.

Así, pues, tenemos una serie de problemas que debemos asumir con responsabilidad, y por esa razón es por lo que tenemos que ver adecuadamente esta propuesta legislativa.

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.° del Reglamento del Congreso de la República, voy a sustentar el dictamen en minoría de la Comisión de Salud y Población recaído en el Proyecto de Ley N.° 2417/2012-PE, presentado por el Presidente de la República, con un texto sustitutorio que propone la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Existen la propuesta de reorganización del Minsa, la propuesta de modernización del Sistema Nacional de Salud, la propuesta de modernización de la gestión de inversiones públicas en salud; la propuesta de política integral de remuneraciones de los servidores asistenciales de EsSalud en el sector público; y la propuesta de la extensión de cobertura y protección financiera en EsSalud.

En ese sentido, proponemos el siguiente texto sustitutorio:

“Ley que Delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia de Salud y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud

Artículo 1. Disposición autoritativa general

Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por noventa días útiles, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en los términos que hace referencia al artículo 104 de la Constitución Política del Perú y lo establecido en el literal d) del numeral 1 del artículo 76 y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2. Materias de delegación de facultades legislativas

La delegación a la que se refiere en el artículo 1 de la presente Ley, comprende la facultad de legislar sobre las siguientes materias:

a) Reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia, en el marco de la descentralización.

b) Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluido el Ministerio Público, considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conformada al amparo de la Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, la cual incluye los ingresos de dicho personal y sus efectos de aspecto previsional.

c) Modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del

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paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a las expectativas de los usuarios, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para su atención; incluyendo la mejora de la administración de los fondos de salud.

d) Modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, estableciendo las prioridades, los procedimientos y los mecanismos de planificación multianual, sectorial e intergubernamental, así como las del Seguro Social de Salud (EsSalud), para racionalizar y efectivizar la inversión pública en materia de salud.

e) Extensión de cobertura de protección financiera en salud asegurando las condiciones para un acceso universal en los servicios de salud, en forma continua, oportuna y de calidad.

f) Fortalecimiento del financiamiento del Seguro Social de Salud (EsSalud), a fin de garantizar la sostenibilidad del fondo de seguridad social y permitir el cierre de la brecha en infraestructura, recursos humanos, equipamiento, servicios y otros bienes, excluyéndose la facultad de modificar las disposiciones establecidas en la Ley 29351, modificada por la Ley 29714 y las tasas de aportes.

Artículo 3. Publicación de los proyectos decretos legislativos

El Poder Ejecutivo publica en el diario oficial El Peruano con una anticipación de cinco días útiles antes de su promulgación, los proyectos de decretos legislativos que al amparo de la presente Ley se emitan.

Artículo 4. Control de la legislación delegada

Encárgase a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República la revisión de los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo promulgue en el amparo de la presente Ley”.

En razón de eso, invoco a la Representación Parlamentaria a dar el voto de respaldo a esta delegación de facultades que permitirá avanzar oportunamente en la implementación de las medidas impostergables que darán sostenibilidad a las medidas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluida la sustentación de los dictámenes, se abre el debate.

Ha pedido la palabra el congresista Juan Carlos Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Presidente, como ya se ha señalado a lo largo de la tarde, este es un tema sumamente importante porque implica reformas estructurales; sin embargo, quiero precisar un aspecto muy puntual, y está referido…

No sé dónde se encuentra el presidente de la Comisión. Si no estuviese, preferiría hablar después.

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La página 5 del dictamen, en su último párrafo, señala lo siguiente: “En efecto, se busca adoptar las medidas que garanticen el acceso de la población a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales, con criterio de equidad, empleando diferentes modalidades de financiamiento y distribución, estableciendo —y esta es la parte importante, señor Presidente— por Ley la oferta obligatoria de medicamentos esenciales en proveedores privados […]”. Entonces, la obligación por ley para que las empresas privadas oferten determinado tipo de producto estaría vulnerando directamente la Constitución en lo relativo al régimen económico, a la economía social de mercado y, específicamente, al derecho de libre empresa y libre contratación.

Eso en cuanto a la exposición de motivos del dictamen, pero tiene un correlato en las primeras líneas de la siguiente página cuando habla de farmacias populares.

En el Perú no existen farmacias populares, salvo que el presidente Ollanta Humala, el 28 de julio, quiera lanzar un nuevo programa de farmacias populares. Podría estar en su derecho, siempre y cuando no haya una obligación legal. Por ley no se puede obligar a ninguna empresa a comercializar de manera obligatoria ningún tipo de producto.

Además, ya aterrizando en la fórmula legal, en el numeral 2.2 del artículo 2 se dice: “así como mayor acceso a los medicamentos”.

Por ello, por un asunto de garantía constitucional, planteo la modificación del numeral 2.2 con un párrafo adicional que diga lo siguiente: “El mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de la salud no implica la obligación de los proveedores privados de activar o distribuir medicamentos”.

Más allá de eso, resulta preocupante, porque lo mismo tenemos en Brasil, Venezuela y Ecuador, con graves riesgos de populismo o clientelismo.

Entonces, pido que resguardemos el mandato constitucional sobre las libertades económicas fundamentales. En todo caso, si el Gobierno tiene algún programa que crear, lo puede hacer vía decreto supremo en el marco de la ley o, en su defecto, enviar un proyecto de ley específico sobre esa materia.

Finalmente, solicito que se incorpore al dictamen, en caso sea aprobado, el Proyecto de Ley 1425, referido a delitos previsionales, porque la propuesta de la delegación implica crear ese delito. Hemos presentado dicho proyecto de ley en el mismo sentido, por lo que solicitamos que, de aprobarse la delegación de facultades, sea incorporado.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, todos aspiramos a tener una reforma profunda del sector salud que busque alcanzar los objetivos que todos deseamos, fundamentalmente el acceso universal a la salud.

Efectivamente, hay una serie de problemas de estructura, funcionamiento y remuneración en el sector salud, pero tradicionalmente la atención de la salud se ha concentrado en la

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cura de enfermedades. Esta situación tiene que invertirse para que se dé prioridad a lo que es la promoción y la prevención. Tenemos que generar un sistema a través del cual la atención primaria sea la privilegiada, porque de esa manera vamos a tener la oportunidad de hacer promoción y prevención.

Finalmente, esto le va a costar al Estado mucho menos de lo que hoy está costando. Por ejemplo, en el tratamiento de insuficiencia renal, los costos ascienden a setecientos millones de nuevos soles por gente que acude a tratamiento de manera tardía.

Entonces, el sector salud requiere de una reforma profunda que no solo pase por las remuneraciones. Es verdad que lo relativo a remuneraciones es importante, más aún si nuestros países vecinos —Brasil, particularmente— ofrecen sueldos que motivan que cientos —si no miles— de médicos estén migrando porque el país no les da las oportunidades del caso.

No solamente se trata de incrementos salariales, sino también de un sistema, de una organización, de un mecanismo que fije metas e indicadores que permitan que la población en su conjunto sea la beneficiaria.

La población reclama servicios accesibles y de calidad. La Comisión de Salud ha venido discutiendo, este año y el anterior, distintas propuestas en las que ha participado el Ministerio de Salud con la presencia de la ministra en reiteradas oportunidades y se ha visto, pues, que el problema es complejo y diverso.

En ese sentido, consideramos oportuno que el Gobierno se haya comprado el pleito y haya decidido asumir el reto de hacer la reforma, porque esto implica mayor inversión en remuneraciones, equipamiento, sistemas de supervisión, verificación y acreditación de la calidad de los servicios, para que la atención de la salud pueda llegar a todos los peruanos en las mejores condiciones.

Esperamos contar con el apoyo de la Representación Nacional.

Muchas gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— El congresista Mauricio Mulder desea plantear una cuestión de orden.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, pido que se consulte a la Representación Nacional la aplicación del artículo 129.° de la Constitución, que establece la presencia de los ministros en los asuntos que le competen a su sector, para que pueda venir la ministra a participar en este debate.

Nada más.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Vamos a consultarlo en su momento.

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Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista Mulder.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, si lo que estoy planteando es un tema de procedibilidad en el debate, no se puede votar en el momento en que usted lo disponga. Eso sería absurdo votarlo antes de la votación, por ejemplo. Tiene que votarse de inmediato.

Lo que estoy solicitando es que usted consulte al Pleno el voto inmediato de la presencia de la señora ministra, porque no es para compulsivamente arrinconarla, sino para que participe en el debate y nos ilustre respecto de cuáles son las prerrogativas básicas con las que ella quiere hacer la llamada reforma de salud. A lo mejor nos convence y obtiene un voto mayoritario. Así que no hay que tener ningún temor.

Usted puede tomar esa decisión. Le ruego, le pido, lo conmino a que haga de una vez la votación. Total, los votos son los que determinan acá.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Estoy de acuerdo, congresista Mulder, pero sería una falta de respeto no dejar que intervenga el congresista Segundo Tapia. Luego de ello podremos pasar a la consulta, tal como lo solicita.

La segunda interrupción es para el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Si se va a someter a votación esta cuestión de orden, debería incluirse a la ministra de Trabajo, porque en este proyecto de ley también se habla de modificaciones respecto de EsSalud, que no está bajo la supervisión del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Trabajo.

De manera que si se hace la consulta, tendrían que venir las dos ministras, porque la ministra de Salud no está en condiciones de hablar del Seguro Social de Salud, que depende orgánicamente del Ministerio de Trabajo.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Con su venia, señor Presidente, vamos a presentar un video.

—Se inicia la proyección del video de informe del programa periodístico Cuarto Poder.

Entrevistada.— Estoy llorando, señor. A mi dios le estoy pidiendo. Sí, a mi dios padre santo que está en los cielos. A él le pido, a mi padre bendito.

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Reportero.— ¿Usted es paciente?

Entrevistada.— Sí.

Reportero.— ¿De qué está mal?

Entrevistada.— Tengo un tumor.

Narradora.— La batalla contra el cáncer es una lucha en silencio, a solas y con mucho dolor. ¿Cómo no quebrarse si se trata de una contienda por la vida?

Ella es de provincia. No tiene dinero ni techo. Debe acomodarse como puede, al aire libre, con el frío invierno limeño golpeándola tan fuerte como la propia enfermedad.

Esta es la realidad de un paciente con cáncer sin recursos y sin seguro privado.

Reportero.— ¿Y hace tiempo está acá?

Entrevistada.— No, recién voy a tener ocho días.

Reportero.— ¿Y todos los días…?

Entrevistada.— Sí, porque me están haciendo radioterapia.

Reportero.— Pero hace bastante frío en la noche.

Entrevistada.— Sí, aquí dormimos. No tenemos a dónde ir. Nosotros somos de Chiclayo.

Narradora.— Son las 8 y 30 de la noche y un cartón hace las veces de colchón. Esta mujer refiere tener cáncer al útero y duerme a la intemperie, al pie de la capilla del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, hospital donde recibe sus radioterapias. Bajo estas condiciones inhumanas sabe que la vida se le puede ir de las manos, pero no le queda de otra.

Aquella pesada cruz no la carga sola. Como ven, varias personas hacen lo mismo. Algunos tienen, en lo que cabe, el privilegio de dormir bajo esta carpa del hospital; pero otros pernoctan así, a ras del suelo.

Entrevistado.— Mi hija, mi hijita está en tratamiento como tres años…

Reportero.— ¡Hace tres años que está en tratamiento! ¿Y desde cuándo está acá?

Entrevistado.— Ya estoy llevando tres noches. Soy de provincia y no tengo dónde quedarme. Yo soy de Cajamarca, de la provincia de Chota. Soy de provincia y no tengo dónde quedarme. Yo qué no he hecho para dormir por adentro, por Emergencia. Es por la farmacia. Hay unas bancas largas. Que me den para mi hijita siquiera, y no quieren.

Narradora.— El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En el Perú existen ochenta mil personas con esta enfermedad. Cuarenta y cinco mil de ellas son casos nuevos en diversos estadíos. Hace casi un año, los más pobres condenados con esta

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enfermedad escucharon como eco un anuncio que intentaría quitarle segundos a la muerte.

El señor PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, Ollanta Humala Tasso.— Ningún peruano deberá quedarse sin tratamiento contra el cáncer por problemas económicos. Este es el ansiado seguro oncológico gratuito.

(Aplausos).

Narradora.— En noviembre del 2012, con un decreto supremo, el Ejecutivo puso en marcha el Plan Esperanza…”.

—Finaliza la proyección del video.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, una promesa incumplida más: el seguro oncológico, el Plan Esperanza.

Presidente, también hay promesas incumplidas como las de un hospital en cada provincia y el aumento del presupuesto en 0,5% del PBI hasta llegar al 8%. Hasta la fecha, absolutamente nada.

En octubre del año 2012, una ministra de Salud se comprometió con la Federación Médica Peruana a que lo relativo a la política integral de remuneraciones ingresaría al Congreso de la República en marzo de este año; pero recién en julio está ingresando. Eso habla de ineficiencia en la gestión.

Los hospitales se están cayendo a pedazos, el equipamiento data de la Segunda Guerra Mundial y las remuneraciones son miserables, lo que hace que 1500 médicos vayan al exterior cada año. Se necesitan 6500 especialistas en el Ministerio de Salud y 5570 médicos especialistas en EsSalud, sin contar con las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional.

Presidente, ocupamos el segundo lugar en tuberculosis multidrogo resistente en el mundo, y es lamentable que hasta la fecha solamente se haya gastado un 25% en el proyecto de inversión.

Otro tema importante que debemos transmitirle a la población es que se habla de unos quinientos millones que se van a invertir, pero el ministro de Economía el año pasado prometió diez mil cuatrocientos noventa y un millones para Salud. ¿Cuánto aprobamos en la Comisión de Presupuesto General de la República? Nueve mil novecientos veinticuatro millones…


El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Solamente se hubiera aumentado mil setecientos diecisiete millones. Y ¿saben cuánto ahora aparece como presupuesto modificado? Ocho

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mil setecientos noventa y un millones. Han dejado de dar para este año mil ciento treinta y tres millones, y ahora el aumento es de quinientos ochenta y cuatro millones. Hablamos de menos que el año 2012: 0,01% en Salud.

Dado que para este tema se ha dejado como comisión principal a la Comisión de Presupuesto, quiero plantear una cuestión previa para que los puntos del uno al seis sean votados uno por uno.

Desde ya, quiero decirle que mi bancada está interesada en que se apruebe realmente el punto número cuatro, relativo a la política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Inpe, el Ministerio Público.

Por lo demás, no es conveniente otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo. Hemos tenido mala experiencia el caso del servicio militar obligatorio, con el Decreto Legislativo 1146, que prácticamente ha generado desconfianza.

En lo que respecta a EsSalud, no vaya ser que se compren equipos y no tengamos ni dónde ponerlos.

Entonces…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se agotó su tiempo, congresista. Gracias.

Pido a los señores parlamentarios que se sirvan registrar su asistencia.




Primero se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Mulder Bedoya para invitar al debate a la ministra de Salud.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 55 votos a favor, 41 en contra y ninguna abstención, la cuestión de orden planteada por el congresista Mulder Bedoya.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Simon Munaro, Pérez Tello de Rodríguez, Sarmiento Betancourt y Ccama Layme; y de los votos en contra de los congresistas Abugattás Majluf, Molina Martínez, Nayap Kinin y Angulo Álvarez.

El resultado final es el siguiente: 59 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones.

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La cuestión previa ha sido aprobada.

“Votación de la cuestión de orden para que se invite a la ministra de Salud para participar en el debate del Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, García Belaunde, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, Julca Jara, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mora Zevallos, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la misma asistencia, se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Belaunde Moreyra para invitar al debate a la ministra de Trabajo y Promoción Social.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 55 votos a favor, 41 en contra y ninguna abstención, la cuestión de orden planteada por el congresista Belaunde Moreyra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Ccama Layme, Bruce Montes de Oca, Simon Munaro, Pérez Tello de Rodríguez, Sarmiento Betancourt; y de los votos en contra de los congresistas Castagnino Lema, Angulo Álvarez, Molina Martínez y Nayap Kinin.

El resultado final es el siguiente: 60 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones.

La cuestión previa ha sido aprobada.

“Votación de la cuestión de orden para que se invite a la ministra de Trabajo para

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participar en el debate del Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, García Belaunde, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, Julca Jara, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mora Zevallos, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Aprobadas las cuestiones de orden, se suspende el debate del proyecto y se cursarán las invitaciones correspondientes.

Se suspende el debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Descentralización respecto del proyecto de ley mediante el cual se propone crear el Sistema del Servicio Social Voluntario

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.

EL RELATOR da lectura:

Dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, recaído en el Proyecto de Ley N.º 2026/2012-PE, con un texto sustitutorio mediante el cual se propone crear el Sistema del Servicio Social Voluntario como un sistema funcional que permita consolidar y fomentar el civismo, la solidaridad y la conciencia social de la ciudadanía a nivel nacional, regional y local a través de la prestación del servicio social voluntario en cualquiera de sus modalidades.(*)

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización recaído en el Proyecto de Ley N.º 2026, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone crear el Sistema del Servicio Social Voluntario.

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Tiene la palabra el congresista Hernán de la Torre, secretario de la Comisión de Descentralización.

El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Señor Presidente, el Proyecto de Ley 2026/2012-PE ha sido remitido por el Poder Ejecutivo el 1 de abril de 2013 y busca crear un sistema social voluntario que permita articular la prestación del servicio social voluntario en cualquiera de sus modalidades.

Para tal fin, se propone la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario (Voluntarios Perú) como ente rector de este sistema.

La Comisión invitó al presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, a solicitud de los colegas congresistas, para que hiciera la sustentación; y aprobó por unanimidad el proyecto de ley el 2 de julio.

La propuesta incorpora cuatro modalidades de voluntariado: el cuerpo general del voluntariado, el servicio voluntario comunitario, el servicio social voluntario universitario y el servicio militar.

El cuerpo general del voluntariado va a agrupar a las personas que quieran prestar su apoyo a un tercero con fines altruistas y sin esperar algún tipo de beneficio.

El servicio voluntario comunitario, en cambio, lo realizan, por libre elección y sin intención de lucro, personas naturales u organizaciones de voluntarios agrupados de manera colectiva o bajo la forma de una asociación que ofrecen su tiempo, trabajo y competencias. En la actualidad, este voluntariado existe y se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El servicio social voluntario universitario tiene la finalidad de realizar actividades en beneficio de la comunidad y fortalecer la solidaridad, la responsabilidad y la conciencia social de los estudiantes o egresados de centros universitarios. El dictamen de la Comisión de Descentralización también considera el acceso a esta modalidad por parte de los estudiantes de educación superior pedagógica, tecnológica y técnico-productiva.

Señor Presidente, la última modalidad es la del servicio militar, que, de acuerdo a la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, se enfoca en la participación del personal militar en acciones cívicas de apoyo a la población. Dentro de esas acciones está comprendida la alfabetización.

Es preciso señalar que el servicio militar seguirá a cargo del Ministerio de Defensa y que el servicio comunitario continuará dentro del ámbito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, deberán adecuarse a las disposiciones generales que dicte el ente rector en lo que corresponda a su labor de voluntariado.

Se están creando las modalidades del cuerpo general del voluntariado y del servicio social voluntario universitario, que estarán a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario.

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Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables serán considerados como entes gestores y continuarán realizando sus acciones de voluntariado, pero lo tendrán que hacer desde una visión de Estado y con la participación de los tres niveles de Gobierno, no solo desde una política sectorial.

La propuesta del Poder Ejecutivo ofrece una serie de beneficios para todas las personas que participen en cualquiera de las modalidades ya explicadas.

Debemos recordar, además, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la cual el Perú está adscrito, proclamó, mediante Resolución 52/17, del 20 de noviembre de 1997, el año 2001 como el Año Internacional de los Voluntarios; y recomendó a los gobiernos crear el sistema del voluntariado.

Finalmente, entendemos que esta norma va a regular ciertos vacíos respecto del voluntariado en el país. Por ello, el dictamen presentado recoge todo lo propuesto por el Ejecutivo, que encabeza el presidente Ollanta Humala; y las sugerencias que han dado los colegas congresistas en la Comisión los colegas congresistas lo sistematiza de mejor manera.

Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de la Representación Nacional.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación.

Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señor Presidente, el servicio social voluntario es un mecanismo a través del cual el Estado promueve que los ciudadanos interesados en participar en los procesos de desarrollo de sus propias comunidades tengan la oportunidad de plasmar su actitud cívica hacia esos fines sociales.

El voluntariado es un recurso que se utiliza en todo el mundo. Son millones de ciudadanos voluntarios los que alrededor del mundo están viendo una forma de realización personal a través de su contribución gratuita y desinteresada en favor de determinadas actividades.

Una muestra de lo que significa ser voluntario es el Cuerpo General de Bomberos. El valor agregado y la distinción que tienen los bomberos están en el hecho de ser voluntarios.

El voluntario es un ciudadano que busca una forma de colaborar con la ciudadanía en la medida de sus posibilidades, de sus aptitudes y de sus tiempos.

Mucha gente en el Perú hace el voluntariado, y lo hace a través de organizaciones privadas o públicas.

Existe una Ley del Voluntariado que ya tiene muchos años y que cuenta con un reglamento y un registro. Pero de parte del Estado no ha existido un sistema que organice

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programas de las diversas instituciones de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del Gobierno Central que capten toda esa energía, todo ese deseo, todas esas capacidades de los ciudadanos que de manera desinteresada quieren canalizar en beneficio de la comunidad.

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado, por ejemplo, tiene un cuerpo de voluntarios que dedica dos o tres horas al día a esa actividad de manera desinteresada. Mayormente está integrado por damas, y su actividad es una forma de realización personal y de obtener satisfacción a través de la ayuda que se brinda al prójimo.

Estos recursos del voluntariado pueden ser una oportunidad extraordinaria para que en muchas dependencias de cualquiera de los tres niveles de Estado, particularmente en las municipalidades, pueda promoverse, por ejemplo, que los vecinos de una zona puedan constituirse en grupos en los alrededores de los colegios, en horarios de ingreso o de salida, para custodiar a los niños. Ya hay instituciones que lo hacen, pero no hace falta una organización sistemática.

Para los jóvenes universitarios sería una extraordinaria oportunidad. Muchos de ellos buscan programas de voluntariado para salir a provincias y tener contacto con una realidad que generalmente no conocen. Pueden recibir tal vez algún estipendio para su alojamiento, alimentación y transporte.

La labor del voluntariado es una forma de ayudar a que las personas encuentren soluciones a sus problemas. El aporte puede ser muy sencillo, muy simple. Por ejemplo, una persona adulta mayor puede contribuir con la seguridad del colegio de la zona, un médico puede atender de manera voluntaria en las zonas más alejadas.

Es importante esta iniciativa porque desde el nivel municipal distrital se va a poder incorporar a los ciudadanos en este servicio social voluntario.

Este voluntariado no genera dependencia laboral ni una retribución económica, sino un encuentro de capacidades entre ciudadanos que quieren colaborar con sus autoridades, porque los problemas de la comunidad no siempre se pueden atender a través de trabajadores de los gobiernos locales o regionales o del gobierno nacional, sino en cosas puntuales.

Me solicita una interrupción el congresista Tejada, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, este es un proyecto sumamente importante.

Se crea el Sistema de Servicio Social Voluntario, que engloba una serie de modalidades de voluntariado en el país, y, además de lo señalado por el congresista Delgado, quiero resaltar una dimensión del voluntariado respecto de la integración nacional y la construcción de la nación.

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El voluntariado tiene un componente fundamental que es la solidaridad, y eso es lo que se refuerza, porque integra a los peruanos y permite que haya contacto entre distintos sectores de la sociedad. Eso es algo que falta en estos tiempos y que se ha podido ver en determinados momentos de nuestra historia, como ocurrió, por ejemplo, con la experiencia de Cooperación Popular.

Necesitamos espacios de solidaridad con personas que tienen problemas diferentes de los nuestros.

Además, en esta iniciativa hay una serie de beneficios para aquellos que entran al servicio social voluntario, y están establecidos en el artículo 18.°. Se habla, por ejemplo, de puntajes adicionales si postulan a becas nacionales o a programas promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento…


El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Se habla también de acceso a los beneficios que brinda el Seguro Integral de Salud y de una constancia del Sistema de Servicio Social Voluntario que puede ayudar a obtener puntaje adicional en las evaluaciones para acceder a la función pública.

De manera que hay una serie de beneficios para incentivar al voluntariado. Pero lo central que tiene que tener el voluntario es esta idea de solidaridad, de aplicar los conocimientos que uno posee para ayudar a las demás personas, de acercar distintos sectores sociales y ayudar a la integración nacional.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar su intervención, congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, frecuentemente llegan a nuestro país jóvenes voluntarios de otros países. Trabajan por temporadas de dos o tres meses e identifican estas oportunidades que existen. De hecho, muchas instituciones, generalmente privadas, las han identificado.

Son jóvenes que vienen con un entusiasmo enorme y que pagan sus gastos con sus propios recursos. Para ellos es una oportunidad fabulosa de contactarse con comunidades de la selva, por ejemplo, y ayudarlas en las labores productivas con la aplicación de los conocimientos que han adquirido con sus estudios universitarios.

El servicio social voluntario es un complemento perfecto que puede ayudar no solo a que las comunidades puedan satisfacer necesidades muchas veces desatendidas, sino a que los jóvenes puedan canalizar sus aspiraciones de colaborar con una serie de iniciativas y generar un encuentro de beneficio mutuo.

Pero el voluntariado es una cualidad y no está conformado únicamente por jóvenes, sino también por personas de sesenta y cinco o setenta años de edad.

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En Canadá hay un programa CESO…


El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Esto no hay que confundirlo con prácticas preprofesionales ni mucho menos. Si bien es cierto que se pueden reconocer algunas certificaciones, el voluntariado es una forma de expresión solidaria. Como lo ha dicho el congresista Tejada, es una acción natural de apoyo a la comunidad, de integración.

Es sumamente positivo este proyecto y ojalá que contemos con el respaldo para su aprobación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Aurelia Tan.

La señora TAN DE INAFUKO (GPFP).— Presidente, en mi calidad de presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, planteo como cuestión previa que la Comisión que presido dictamine el presente dictamen, en razón de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector del Sistema Nacional de Voluntariado de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-2012-MIMP.

Es necesario que la ministra de la Mujer, la señora Ana Jara, nos explique en la Comisión de la Mujer qué inconvenientes ha tenido para que hoy el Ejecutivo pretenda quitarle esa función. Que nos diga si ella está de acuerdo con esta decisión y que nos informe si existe o no el registro de personas e instituciones voluntarias en su ministerio.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, ¿es necesaria una ley como esta? No.

¿Los voluntarios del Hospital de Neoplásicas necesitan una ley para hacer voluntariado? No. ¿Las voluntarias que están en todos los hospitales del país necesitan una ley para hacer voluntariado? No. ¿Los voluntarios de los municipios necesitan una ley? No. ¿Necesitan una ley los voluntarios de los colegios que van a colegios pobres a brindarles ayuda para construir sus aulas? No. ¿Se necesita una ley para que los voluntarios puedan trabajar en las municipalidades? No, porque eso depende de la autoridad del alcalde. Por lo tanto, esta ley no es necesaria, porque incluso en esta ley dice: “Hay que transferir los recursos”. ¿Cómo? ¿Voy a transferir los recursos y voy a presupuestar? ¿Más dinero?, ¿para quién?

El Presidente de la República va a nombrar con esto al jefe supremo de los voluntarios. ¿De dónde va a salir ese dinero? De la plata de todos los peruanos, del bolsillo de todos los contribuyentes. Entonces, estamos creando instituciones que solo van a servir para

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incrementar la burocracia del sector público y no para un fin específico, que es el voluntariado.

El voluntariado nace de la persona que tiene ese afán solidario y quiere ayudar sin esperar nada a cambio. Pero una ley para tratar de crear a nivel nacional una institución que interactúe con los demás voluntariados del Perú me parece estúpida. Discúlpeme, Presidente.

Hay muchas situaciones que el Perú necesita solucionar con recursos como los que acá se quiere dar al voluntariado para supuestamente tratar de sacar esta ley. Obviamente, son más recursos que van a tener que salir no sé de qué sector. Acá se dice que del Ministerio de la Mujer se va a tener que presupuestar. ¿Cuánto dinero va a salir de ahí? O de repente quieren una ley del servicio de voluntariado para la reelección presidencial, porque no hay otra forma de observar en este proyecto de ley un fin y un objetivo claro.

Los voluntariados del Perú no necesitan una ley para actuar. Nacen de cada persona humana, nacen de cada ser que quiere ayudar a una persona sin esperar nada a cambio. No necesitan esta ley, Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Julio Gagó.

El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Señor Presidente, me llama la atención la celeridad con que está tramitando esta propuesta legislativa remitida por el Poder Ejecutivo con el objeto de crear el Sistema del Servicio Civil Voluntario, sobre todo si ya tenemos la Ley General del Voluntariado, la Ley N.° 28238, vigente desde el año 2004.

Cuando el presidente del Consejo de Ministros Jiménez Mayor se presentó ante la Comisión de Descentralización para sustentar este proyecto no justificó la urgencia de la creación de esta nueva estructura orgánica. ¿Acaso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha sido capaz de cumplir el objetivo aprobado en la Ley General del Voluntariado? Parece que no.

De la exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se desprende que este ministerio no habría logrado impulsar el sistema de voluntariado en el país, porque se señala que no se aprecia un trabajo articulado entre las entidades y falta una visión nacional del Estado sobre el sistema de voluntarios. Eso es lo que está pasando hoy día en el Ministerio de la Mujer.

Cabe preguntar qué trabajo ha realizado la ministra de la Mujer en este campo. ¿Tendrá que esperar luz verde para actuar?

Según veo, el propio Poder Ejecutivo está descalificando su trabajo en materia de voluntariado. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que la creación de esta nueva unidad orgánica le iba a significar un costo de veinte millones de nuevos soles, ya que estimaba que se requería de unas setenta personas para elaborar la Autoridad Nacional del Servicio Social del Voluntariado. ¿No sería mejor que dieran el ejemplo y sean voluntarios?

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¿Se justifica generarle este gasto al Estado? ¿Por qué el Ministerio de la Mujer no cumple con sus funciones? Da la impresión de que este Gobierno pretende crear nuevas unidades orgánicas, como pretendió hacerlo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando nos dijo que todos los programas sociales iban a estar bajo el ámbito del MIDIS. Eso no se ha cumplido y muchos programas sociales siguen en los diferentes ministerios.

La creación de esta Autoridad Nacional del Servicio Social del Voluntariado es totalmente innecesaria. Lo están haciendo para crear empleos a sus partidarios con fines populistas y electoreros. ¿Por qué no se fortalece o reorganiza el trabajo que viene realizando el Ministerio de la Mujer en esta materia? ¿Por qué no se aprovecha la experiencia y la estructura que ya tiene —supuestamente— este ministerio para fortalecer el servicio del voluntariado?


El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Señor Presidente, en la exposición de motivos muestran un cuadro de remuneraciones para los funcionarios de esta nueva estructura orgánica. ¿Saben cuánto van a ganar estos funcionarios? El jefe institucional, S/. 15 000,00; asesores, S/. 12 500,00; secretaria general, S/. 15 000,00; jefe de oficina, S/. 12 500,00. Y podría seguir enumerando.


El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Esto significa dilapidar el dinero del Estado cuando existen otras necesidades más urgentes que deben ser atendidas por este Gobierno. Además, se pretende contratar personal bajo el régimen 728, que ya se encuentra cerrado mediante la Ley del Servicio Civil vigente.

Finalmente, debo recordarles a mis colegas congresistas que esta no es la primera vez que el Ejecutivo trata el tema del voluntariado, porque también remitieron la propuesta de policías voluntarios, medida que fue rechazada por este Congreso.

Lamento decir que todas estas acciones del Gobierno parecen recetas del chavismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, este proyecto de ley tendría un costo de S/. 7 000 000,00 tan solo para la implementación de la norma y más de S/. 20 000 000,00 en apoyo y propinas para los voluntarios.

Acá debemos analizar las implicancias de la creación de un organismo público con autonomía administrativa y económica adscrito a la PCM que bien podría servir como una estructura para hacer proselitismo político.

El Gobierno está desesperado por hacer este tipo de proselitismo. Basta ver los últimos programas del día domingo para observar a los congresistas del oficialismo recibiendo y

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repartiendo donaciones vía el Ministerio de la Mujer. En esa situación, ¿cómo quieren que no pensemos diferente si ustedes están haciendo proselitismo político con el dinero del Estado?

Este proyecto nos hace recordar el Programa Gestores para el Desarrollo Local, mediante el cual quisieron tener personas al servicio del oficialismo para hacer campaña política en todas las regiones del país.

Por lo tanto, me sumo a la cuestión previa planteada por la colega Aurelia Tan, presidenta de la Comisión de la Mujer, para que esta comisión también dictamine este proyecto de ley.

Presidente, me pide una interrupción el colega Freddy Sarmiento.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Freddy Sarmiento.

El señor SARMIENTO BETANCOURT (GPFP).— Presidente, no entiendo este proyecto de voluntariado en el que tendríamos que invertir S/. 7 000 000,00 en costos fijos, y en variables —o sea, en apoyar al voluntariado— solamente gastaríamos S/. 6 000 000,00. Se van a gastar S/. 17 000 000,00 y solo se van a invertir S/. 6 000 000,00. ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener?

Dicen que solo se van a gastar S/. 5 000 000,00 y se va a dar cobertura al 25% el primer año. Son 975 voluntarios. ¿Cómo los vamos a escoger? ¿Por qué este dinero no se transfiere a cada uno de los gobiernos locales y regionales para que puedan contratar a esa gente de forma directa y por concurso con la participación de los mejores de cada una de las promociones de las universidades?

¿Por qué no hacemos eso en vez de aprobar una ley que va a significar que el Estado gaste dinero en sueldos altos para mantener a una cúpula? Eso es lo que no entiendo de este proyecto, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, concedo la segunda interrupción al colega Pedro Spadaro.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Pedro Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Presidente, quiero aclarar que en mi condición de vicepresidente he debido de sustentar el dictamen y no el secretario. A pesar de no haber suscrito el dictamen, lo hubiéramos sustentado sin ningún problema. Sin embargo, nuevamente se hace caso omiso al Reglamento. Esa es una falta de respeto.

Ya que no estamos nosotros sustentando, permítannos ahora hacer señalamientos en algunos, y le pido que me preste atención al señor vicepresidente encargado de la Presidencia.

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Al inicio de este período gubernamental, al Ministerio de la Mujer le cercenaron facultades; y hoy le vuelven a quitar facultades para pasarlas a la PCM.

Si tenemos entendido que la ministra de la Mujer es la jefa de campaña, quiere decir que la próxima presidenta del Consejo de Ministros será la ministra de la Mujer.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, basta ya de que este Gobierno pretenda resaltar una labor completamente mal realizada utilizando fondos del Estado. Basta ya publicitar algo que el pueblo sabe perfectamente que este Gobierno no está haciendo.

Creo que lo que deben de hacer simplemente es seguir pidiendo luz verde a su presidenta Nadine Heredia y dejar de utilizar los recursos del Estado con fines proselitistas.



El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, con el respeto y las disculpas del caso que nos demanda en todo momento la Presidencia, solicito al congresista Becerril que retire la referencia que ha hecho sobre Nadine Heredia. Me da mucha pena que en todo momento él agreda a una mujer.

Nadie habla de Keiko, la candidata del congresista Becerril. Y aquí no podemos acusar a la presidenta Nadine Heredia.

Pido, señor Presidente, que el congresista Becerril retire la expresión “presidenta Nadine Heredia”, porque estaría insultando al pueblo, que ha elegido a nuestro presidente Ollanta Humala.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Héctor Becerril, le pedimos que retire la alusión.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Sí, presidente lo han elegido, pero no gobierna. Sin embargo, si toma como insulto la expresión “presidenta Nadine Heredia”, retiro esas palabras.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Gracias, congresista Becerril.

Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

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El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente, con el ánimo de ser constructivo y de no contribuir a un debate controvertido y quizás algo violento, me permito hacer una reflexión.

Si esta ley se denomina Ley que crea el Sistema del Servicio Social Voluntario y lo define como tal, ¿por qué se incluye el capítulo IV, “Del servicio militar”, que, además, está regido por leyes especiales? En ningún momento se están tocando esas leyes ni es el propósito incidir en esa materia.

Pero hay un tema que de alguna forma me preocupa. Si aquí se establece que a los voluntarios se les pagará un estipendio mensual de S/. 510,00, suma que en la actualidad supera lo que se abona a los voluntarios del servicio militar, que reciben más o menos la mitad, entonces es fácil que se haga una comparación y que algunas personas pregunten por qué no se les paga los S/. 510,00 mensuales.

Como el servicio militar voluntario requiere de un análisis de mucho mayor alcance en cuanto a sus implicaciones financieras para lograr la plenitud de su desarrollo y el número de efectivos necesarios en las Fuerzas Armadas de acuerdo con la situación actual del Perú, yo me permitiría sugerir que evitemos comparaciones y se elimine el capítulo IV; o que, en todo caso, pongamos una disposición complementaria en el sentido de que la norma sobre el servicio militar voluntario no está afectada o de que esta ley no comprende nada relacionado con el servicio militar voluntario, que se rige por sus propias leyes.

Digo eso porque se está creando un ejemplo del pago de una suma, y esa suma parece ser inalcanzable para los defensores de la Patria. Por ello, me permitiría proponer que se elimine el capítulo IV de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Manuel Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista Tejada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, este proyecto de ley busca articular las modalidades de voluntariado que existen en el país.

En cuanto al servicio militar, es el Ministerio de Defensa el responsable de la organización; y en el artículo 38.° dice claramente que la organización, los alcances, modalidades y procedimientos del servicio militar están regulados conforme a las leyes, reglamentos y normas vigentes en el ordenamiento legal y de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Defensa. No hay ninguna manera de alterar eso.

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Lamento el reiterado rechazo de algunos congresistas hacia un sistema de voluntariado que es absolutamente positivo. Hay congresistas que se preguntan qué ganamos con esto. Ganamos mucho: ganamos en integración, ganamos en solidaridad.

Los profesionales, por ejemplo, ganan experiencia; los estudiantes pueden aplicar los conocimientos teóricos en realidades diferentes de la suya; y las personas que reciben estos conocimientos también se ven beneficiadas. Esto beneficia a todos.

Y esto no es algo que se esté viendo recientemente, sino una propuesta que se ha discutido aquí en el Congreso desde la legislatura anterior, cuando había varios proyectos de ley que se presentaron sobre servicio voluntario, entre ellos los de los congresistas Diez Canseco y Zamudio. Entiendo que había hasta cinco proyectos…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Hay un pedido de interrupción de la congresista Lourdes Alcorta.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Sí, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Lourdes Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Presidente, el problema no es que haya solidaridad o encuentros, sino quién maneja el control administrativo de los expedientes médicos de cada paciente. ¿Quién va a controlar toda esa situación? Los pacientes quieren verse con su mismo médico siempre, quieren continuidad y no tener que explicar la historia a cada médico que preste servicios en la posta o haga un encuentro. El asunto es que podría armarse todo un desorden.

Además, ¿qué hacemos con toda esta situación y con toda esta reforma si faltan hospitales y médicos por todas partes? Y sobre todo falta el control de los expedientes y las fichas médicas de cada paciente para tener la continuidad del tratamiento.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Manuel Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, este proyecto tiene a la base una buena idea, una buena intención, pero las buenas intenciones a veces ocasionan los peores monstruos en la administración pública. Y quiero decirlo expresamente, porque el congresista Diez Canseco presentó un proyecto de ley que aludía de otra forma el tema del voluntariado.

El antropólogo José Matos ha dicho hace muchos años que estamos en una nación en crecimiento de sus derechos frente a un Estado que no es capaz de representarlos o de resolverlos.

Se requieren políticas públicas, y este proyecto de ley no tiene ningún diseño de política que sea asumida por los ciudadanos. Tiene, sobre todo, un marco para crear un

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organismo que va a depender directamente de la Presidencia de la República, un casi ministerio o un OPD [organismo público descentralizado]. Por lo tanto, será un organismo con presupuesto, pliego presupuestal, funciones ejecutivas y normativas; y va a extraer mecanismos para poder controlar los movimientos sociales.

Las rondas campesinas, ¿no son una expresión de ciudadanía activa? Las rondas urbanas de autodefensa social, que garantizan su seguridad en los barrios, ¿no son una creación de los últimos veinte años en el Perú? Las comunidades campesinas, que tienen representantes de salud, coordinan las actividades de las parteras y acciones básicas para combatir epidemias, ¿no son acaso una expresión del movimiento social? Los estudiantes que van a hacer obras en diversos lugares, ¿no son expresión de ese movimiento activo de ciudadanía?

Todo eso lo quieren reemplazar por este organismo que va a apabullarnos y que les va a decir a los estudiantes “te doy un dinero”. La norma que se propone dice expresamente que se les va a dar un estipendio a los que hagan Serums [Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud] o Secigra [Servicio Civil de Graduandos] y a los estudiantes universitarios en general. ¿Qué significa darles un estipendio a los estudiantes? ¿Significa convertirlos en trabajadores dependientes de alguien que tiene una voluntad política determinada? Eso está en el proyecto de ley.

Y así son los otros aspectos cuando hablan de voluntariado. No hay ninguna política pública sobre ningún sector en voluntariado. Todas las normas que se han dado los últimos quince años respecto a la participación ciudadana en la descentralización van a ser pisoteadas por este organismo. Ahí están los consejos de participación locales; ahí están los organismos de planeamiento local. Todo eso va a ser dejado de lado por este organismo, y su tronco central no es por casualidad la articulación con el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa.

Hay una confusión absoluta en la propuesta. Parece buena la idea inicial, porque hay que darle a la ciudadanía mayores derechos; pero yo conozco la experiencia del Gobierno Regional de La Libertad, que tiene un excelente voluntariado en Salud y no se les paga nada, no hay estipendio.

Se está discutiendo cómo darles algunas facilidades, pero eso no requiere un organismo central que las canalice.

Todas las organizaciones de voluntariado no requieren un organismo central. Cooperación Popular fue una gran experiencia exitosa de Acción Popular en los años sesenta porque logró captar voluntarios y no se les daba un estipendio. Se les daba la garantía de sus actividades y se les incluía en un proceso, el de la reforma agraria —como la planteaba el Gobierno en ese momento— o el del trabajo educativo.

Aquí más bien se está considerando como el proceso de organización de una voluntad que termina siendo —y este es el defecto fundamental, señor Presidente— una gran masa de maniobra clientelista.


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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente, con este mecanismo se están poniendo millones de soles del erario público en una estructura absurda, desde el punto de vista funcional, que no se sabe bien qué cosa es.

Se están regimentando y limitando los verdaderos organismos de participación ciudadana para establecer un régimen de clientelaje político, que además no tiene efecto, porque un gobierno que abandona sus reformas no tiene capacidad de convocatoria ni capacidad de audiencia, y un organismo así va a enfrentar la base ciudadana y no va a obtener resultados.

Sería mejor que este proyecto regrese a la Comisión, porque la idea de base me parece que puede dar origen a una política pública mejor diseñada que se dedique a fundamentar las organizaciones propias de la sociedad, les dé apoyo, les dé resultados pero en su propia autonomía y en los niveles descentralizados que existen en nuestra patria.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidente, me solicita una interrupción el colega Rubén Coa.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente, en efecto existe una ley general del voluntariado, pero no ha logrado su objetivo de articular los esfuerzos de todas las instituciones ni tampoco los esfuerzos de las organizaciones sociales de base.

En el sector urbano tenemos infinidad de ejemplos: el Cuerpo General de Bomberos, las brigadas civiles, la asistencia a enfermos internados, el apoyo moral y cultural a presidiarios, los grupos religiosos y otros. En el sector rural existen experiencias ligadas a las rondas campesinas, a las organizaciones de base, a los delegados que van en nombre de una comunidad, centro poblado o distrito para participar en faenas y organizar los presupuestos participativos, etcétera. Todo ello es una expresión de esta actitud altruista…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Le conceden la segunda interrupción, congresista. Puede usted continuar.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Y entonces el tema central es que, más allá de esos fantasmas del uso político partidario que siempre rondan estos foros y nuestros gobiernos, hay que mirar un poco más allá cuál es el objetivo.

En nuestra patria, lamentablemente, unos recibimos más que otros de parte del Estado, y se trata de auspiciar esa motivación filantrópica de retribución con aquellos sectores más vulnerables. Es un enfoque de solidaridad con los sectores más vulnerables en una patria como la nuestra, que tiene profundos abismos de desigualdad.

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Reitero que el objetivo de este proyecto es bueno: lograr un sistema que, mirando las experiencias de otros países cercanos, articule y consolide…


Puede iniciar su intervención, congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidente, pido serenidad a la Representación Nacional.

Hay el prejuicio de que todo lo que hace el Gobierno tiene que archivarse, no tiene que ejecutarse. Es una especie de sabotaje a la gestión gubernamental.

En la Comisión de Descentralización, el criterio fue, ni bien se tuvo conocimiento de este proyecto, el archivamiento inmediato.

Luego vino el presidente del Consejo de Ministros, y este proyecto de ley se aprobó por unanimidad. El problema es el prejuicio, no la calidad del proyecto.

Se ha hablado de más burocracia, pero eso no es tan cierto. Acá estamos hablando de un presupuesto analítico de personal (PAP) mínimo para la autoridad nacional.

Luego, se habla de que es un presupuesto mínimo para el direccionamiento. El país requiere esfuerzos, pero esfuerzos conjuntos para que el Estado peruano funcione como equipo, no esfuerzos aislados. Se requiere generar sinergias. Esa es la particularidad.

También reconozcamos que en el país existe mucho voluntario. Se han comentado los casos de las rondas campesinas y las rondas urbanas. Ellos en este momento sacrifican su trabajo. Ellos necesitan otras alternativas. Tienen su costo de oportunidad. ¿El Estado ni siquiera puede darles un estipendio? No es un sueldo, no es una remuneración, no es un justo precio a su trabajo, sino una propina. Un estudiante o egresado quiere servir a la patria en el servicio civil con sus conocimientos mínimos, pero requiere un apoyo del Estado. No es mayor burocracia, porque ahí no hay estabilidad laboral ni renovación de contrato.

Diferencia en el concepto: estipendio es ‘propina’. Creo que no deberíamos malentender eso.

El país requiere articular todo lo que cada uno de los ministerios tiene, y pido a la Representación Nacional que lea este proyecto de ley. No es negativo.

En el caso del servicio militar, se ha comentado que debe ser voluntario; pero el voluntarismo por el voluntarismo también es negativo.

Se requiere organización, estructuración; por eso, aquí se plantea como sistema, con un ente regulador. Sistema no significa ‘un conjunto de órganos’; puede ser un sistema normativo. Hay que revisar, en todo caso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Sistema no significa necesariamente ‘órganos’; significa también ‘normas’.

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Virgilio Acuña.

El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidente, el congresista Zeballos me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, este proyecto resulta bastante importante por los principios en los cuales descansa: solidaridad, equidad, altruismo. Y creo que también hay suspicacia respecto a la posibilidad de que pueda politizarse.

Esta oportunidad me permite un poco refrescar la memoria de este Pleno.

Desde el 5 de julio del año 2012 está el Proyecto de Ley 595/2011-CR, que propone la Ley que Crea el Servicio Social Universitario, que se acumula con otros cinco proyectos de ley presentados por diversos congresistas. Incluso hay cinco cartas presentadas por el congresista Tomás Zamudio que reiteran el pedido de que este proyecto de ley sea agendado.

Si bien ambos proyectos tienen el mismo espíritu, creo que el del año pasado es mejor, y hago eco de dos opiniones especializadas.

La ministra de Educación, respecto de este proyecto dice: “Podrían contribuir —los estudiantes universitarios— con la disminución de las situaciones de violencia en las instituciones educativas…”

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Pido a los señores parlamentarios que administren adecuadamente el tiempo que se les asigna.

El congresista Virgilio Acuña le concede la segunda interrupción, congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— La ANR, a este respecto, dice: “La iniciativa legislativa mejorará la relación entre la universidad y la sociedad”. ¿Qué mejor argumento para que este proyecto de ley pueda ser agendado?

Con el ánimo de mejorar los contenidos y conciliar ambos proyectos, me adhiero a la cuestión previa planteada, de modo que estos dos proyectos puedan ser consistenciados y, en su oportunidad, agendados.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Sergio Tejada.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señor Presidente, se ha señalado que con este proyecto se reemplazarían espacios de participación como las rondas campesinas u otros. La verdad es que, luego de una revisión de todo el proyecto, no encontramos ninguna

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parte en la que se haga alusión a ese tipo de organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto no las contempla. Este proyecto articula los espacios de voluntariado, varios de los cuales ya existen y algunos otros se incorporan, como el servicio de voluntariado universitario. De manera que nada tiene que ver con las organizaciones ni con los espacios de participación que ya han sido conquistados en la sociedad, porque tienen un camino diferente.

Solo quería aclarar ese aspecto, porque me parece preocupante que se confundan algunas cosas y no se entienda la naturaleza importante de este proyecto de ley que, además, tiene una suerte de lógica de ley marco, porque articula e indica cómo debe funcionar cada espacio del voluntariado.

Algunos espacios del voluntariado del sector privado pueden haber funcionado mejor. En el sector público, en cambio, hay dificultad para tener a profesionales que vayan a las municipalidades, por ejemplo, para aplicar sus conocimientos de manera voluntaria.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Virgilio Acuña.

El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Señor Presidente, quiero empezar mi intervención con dos datos.

Primero: en el mundo tenemos más o menos ciento noventa millones de personas que trabajan en los voluntariados, y estos ciento noventa millones de personas representan más o menos el 20% de las personas mayores del planeta y generan un 5% del producto interno de los ingresos de los países donde se trabaja el voluntariado.

Segundo: de acuerdo a información proporcionada por Unicef en el año 2000, con diez millones de voluntarios se ha logrado vacunar a quinientos cincuenta millones de niños.

Hago referencia a esos datos numéricos para que tengamos una visión más clara y más amplia de lo que es el voluntariado.

El voluntariado no es esa pequeña visión que se pudiera tener para recursos habría que dar el próximo año mediante este proyecto de ley. Para el voluntariado debemos tener una visión mucha más amplia, de más largo alcance, de mucho más interés social.

Desafortunadamente, los economistas, que ven el desarrollo del país solo desde el punto de vista económico, creen que el voluntario no aporta nada. Los economistas que creen que solo el mercado resuelve los problemas piensan que el voluntariado no es importante.

Desafortunadamente también, los economistas no saben valorar lo importante que es la labor social, no saben valorar lo importante que es la solidaridad. Ese concepto de solidaridad no está mirando la rentabilidad, no está mirando los beneficios, no está dentro del mercado, pero hace un gran servicio en bien de la humanidad.

Es muy importante apoyar este proyecto de ley que brindará tres grandes beneficios en nuestra sociedad. El primero de ellos como gran generador de bienes y servicios.

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¿Cuánto se construye en losas deportivas?, ¿cuánto se construye en caminos?, ¿cuánto se construye en iglesias?, ¿cuánto se construye en beneficio de la sociedad? Ahí donde no llega el Estado, ahí donde no llega el capital, ahí donde no llega el mercado, ahí construye bienes y brinda servicios el voluntariado.

Por otro lado, lo más importante es que se construya un gran capital social, esa unidad de ciudadanos para apoyar, ese conjunto de personas que se levanta con las ganas de ayudar a su prójimo. Ese gran conjunto forma un gran capital social, y eso es fundamental para el desarrollo.

El desarrollo del país y del planeta no está solo en el capital. Un desarrollo integral está en función del gran capital social que tengamos para la educación, la salud, la cultura, el deporte, la música. Con ese capital social podemos hacer de nuestro Perú un país mucho más grande…


El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Invoco a los colegas a que apoyemos este proyecto de ley, porque contiene dos conceptos fundamentales: el amor y el civismo. El amor y el civismo son recursos interminables que crecen con el ejemplo cuando más los ejercitamos.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— En vista de que no está presente el congresista Teófilo Gamarra, tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Presidente, ¿es necesario apoyar una ley como la que estamos debatiendo? La respuesta es un sí contundente. A veces algunos colegas hablan con el hígado cuando ni siquiera se han tomado la molestia de leer el dictamen.

Este dictamen, en la página 5, señala que existen cinco iniciativas legislativas (342, 352, 593, 720, 747 y 769), pero ni siquiera se dan la molestia de ver que una de estas iniciativas que debe acumularse en este dictamen es la del congresista Elard Melgar Valdez, presentada por la bancada Fujimorista.

Están también las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario Alianza Parlamentaria, el congresista Javier Diez Canseco y el grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú. En esa medida, hay consenso en este Parlamento para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza.

Permítame concluir, congresista Dammert, para después concederle la interrupción.

Esta iniciativa crea el servicio social del voluntariado como un servicio funcional a fin de fomentar y consolidar el civismo, la solidaridad y la conciencia social a nivel local, regional y nacional.

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Nosotros no tenemos representantes en todas las regiones del país, tampoco en los municipios, y eso garantiza que esta iniciativa es importante para impulsar el voluntariado en el país.

Con el mayor gusto, concedo una interrupción al congresista Manuel Dammert.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Manuel Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, en mi intervención señalé que el congresista Diez Canseco había presentado un proyecto de ley que se sustentaba en esos movimientos de ciudadanía que, como bien se ha reconocido por las Ciencias Sociales, son parte de la autoconstrucción del Perú. Esos movimientos ciudadanos siguen vigentes con la normatividad muy amplia que existe, pero se les da la capacidad de autorregularse y de participar de acuerdo con el Estado.

Aquí no hay consenso porque se mencione un proyecto de ley. El proyecto de ley que está en debate es contradictorio con eso, porque en vez de ciudadanía crea clientelas…


Puede usted continuar, congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— El proyecto de ley lo hemos debatido con el congresista Diez Canseco y lo hemos consensuado, porque el proyecto nuestro habla del servicio civil agrario, el Secigra agrario, porque es importante vincular a la universidad al proceso y desarrollo económico del país.

Me pide una interrupción el congresista Martín Rivas.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Martín Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Señor Presidente, que pena que no esté el colega Diez Canseco para que pueda defender su proyecto. Yo creo que él se hubiera expresado en el sentido de que este proyecto es netamente integrador.

Algunos de los jóvenes de los años noventa, cuando teníamos que hacer el servicio civil de graduandos, era necesaria nuestra participación previamente a ejercer algún oficio o una profesión. Los que van a recibirse de abogados lo hacen.

También tenemos el servicio civil en los entes de salud, y es necesario articular la solidaridad manifiesta de quienes quieren participar en un servicio natural en apoyo a la colectividad.

Y también es bueno…


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Continúe, congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— El dictamen contempla el servicio social voluntario universitario, el cuerpo general del voluntariado, el servicio militar, el servicio voluntario comunitario.

El sistema considera como ente rector a la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario del Perú. En ese sentido, debemos de tener en cuenta qué organismos públicos participan en el voluntariado a nivel nacional.

El Congreso de la República ha tenido agendados los proyectos de ley que mencioné inicialmente. En tal sentido, solicito que se acumulen el Proyecto de Ley 769 y los demás proyectos que aparecen en la página 5 del dictamen a fin de consensuar la propuesta…


El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— … y el trabajo de varios congresistas y de casi todas las bancadas que se encuentran aquí presentes y respaldan esta iniciativa legislativa del Ejecutivo.

De esa manera estaremos aprobando un dictamen y una ley que va a favorecer a todos los peruanos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Antes de continuar con el debate, la Presidencia saluda a cinco distinguidos jóvenes que se encuentran en las galerías: la señorita Katia Paola Caisahuana, el señor Arnold Ludwig Lázaro, la señorita Carla Taco, el señor Yordi Baldeón y el profesor Fidel Cueva. Ellos han participado recientemente en un concurso coorganizado con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Concurso Volvo Adventure, en Gotemberg, Suecia, con el Proyecto Humedales de Pucush Uclo (Chupaca, Junín), y ubicaron su trabajo entre los cuatro mejores proyectos ambientales del mundo.

El Congreso de la República les ha otorgado merecidamente el Diploma del Congreso.

¡Felicitaciones, jóvenes!

Gracias, congresista Jesús Hurtado, por acompañar a estos valiosos muchachos.

Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidente, quiero decirles que el Partido Humanista apoya este proyecto, y lo apoya, en principio, porque la Comisión de Descentralización lo debatió durante buen tiempo y exigió la presencia del presidente del Consejo de Ministros para que profundizara en el tema. Yo no encontré ninguna voz discordante al respecto.

En segundo lugar, Presidente, por lo menos los de mi generación recordamos muchísimo lo que significó Cooperación Popular y cómo a través de ese proyecto fuimos conociendo

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el país, cómo fuimos conociendo nuestra Amazonía, cómo fuimos conociendo nuestra sierra. Que yo supiera, no existía Chávez. Existía Fernando Belaúnde Terry. Salvo que Chávez haya copiado el proyecto de Fernando Belaúnde Terry. No lo sé.

Este no es un proyecto que haya nacido del chavismo, sino un proyecto aprobado en función de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Ya se ha dicho con mucha claridad que con la Resolución 52/17, del 20 de noviembre de 1997, hace doce años, se proclamó el año 2001 como el Año Internacional de los Voluntarios.

Asimismo, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el Futuro se recomendaba que los Estados miembros fomentarán la participación de voluntarios en desarrollo social y alentaran a los gobiernos a formular estrategias para sensibilizar a la población sobre el valor voluntario. Pero esto continúa en Argentina y pasa en Brasil, España y Colombia. Habría que preguntarse cuántos de esos países son chavistas. Parece que el espíritu de Chávez afecta a muchas personas.

Este proyecto, además, responde a un compromiso que tuvo el presidente Humala en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, donde se planteaba que jóvenes profesionales contribuyeran con sus conocimientos al desarrollo de las zonas más pobres y a fortalecer la identidad —que muchos parecen no tener— y el amor al Perú.

Yo recuerdo mucho no solo la experiencia del primer período de gobierno de Fernando Belaúnde Terry, sino también la del general Velasco y la del segundo período de Belaúnde. Los universitarios podíamos contribuir con las zonas rurales y enseñarles a los ganaderos o a los agricultores cómo tratar las enfermedades de las plantas, y podíamos ir a las zonas pobres para ver cómo ayudábamos a combatir la tuberculosis. Es decir, siempre ha existido voluntariado, pero nunca ha existido de manera organizada.

No nos olvidemos de que el voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre y buscan contribuir al desarrollo del país.

El servicio va a durar doce meses. Cuando este Gobierno se acabe, otro Gobierno entrará y continuará con el servicio voluntario. Por lo tanto, hay que mirar el bosque y no solo el árbol.


El señor SIMON MUNARO (APGC).— El voluntariado va a tener cuatro modalidades y va a ser regido por la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. Sería bueno que se clarificara cuál va a ser la función de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario, porque de acuerdo con lo que refiere el proyecto parecería un ministerio más. Esa es la preocupación que se tendría.

El responsable de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario va a tener una serie de atribuciones que podrían afectar, por ejemplo, las obligaciones del presidente del Consejo de Ministros.

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Me gustaría que el presidente de la Comisión —lamentablemente no está— o quien lo reemplaza aclarase de manera muy firme cuál va a ser el papel de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. A pesar de que lo dice el proyecto de ley, habría que ponerle un candado para que no se dispare y mañana tengamos un nuevo ministerio.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidente, me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta.


La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Presidente, un poco para anunciarle que acaban de comunicar por Twitter que el Tribunal Constitucional le da plazo al Ejecutivo para pagar la deuda de los bonos agrarios en seis meses. El Tribunal ya se pronunció y la información la debe colgar en su portal en cualquier momento.

Nada más.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, antes de hablar de Cooperación Popular, un integrante de la familia Belaunde me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señor integrante de la familia Belaunde, puede hacer uso de la interrupción.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Yo, a riesgo de ser un poco machacón, quisiera hacer una pequeña incidencia en este proyecto de ley cuando habla de la modalidades del servicio social voluntario e incluye el servicio militar.

El servicio militar voluntario, que es el que está vigente, no puede ser incluido dentro del servicio social voluntario, porque se trata de conceptos totalmente distintos. Se debe eliminar toda referencia al servicio militar para que esta norma no se desnaturalice ni sea incoherente.

Reitero mi propuesta, a riesgo de ser machacón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, una madre de familia se comunica conmigo a través de Facebook y me dice que a los jóvenes del servicio militar

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voluntario en Arequipa no les dan uniformes ni buzos ni zapatillas y se los tienen que comprar. No tienen camas ni catres ni instalaciones sanitarias ni agua. Entonces, ¿qué joven podrá animarse a ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas en condiciones verdaderamente lamentables?

Con la norma que se propone también se ignora eso. No puede haber un voluntariado que está maltratando a los jóvenes en el servicio militar voluntario.

En segundo lugar, el Gobierno y los colegas deberían tener un sentido de prioridad de las cosas. Este proyecto no nos propone atender con prioridad las necesidades que vive el Perú.

Aquí dice que va a atender con especial énfasis mejoras en las condiciones de vida de la población, principalmente en las comunidades menos favorecidas del país. Eso lo hará nuestra distinguida ministra de la Mujer, que está acá presente; eso lo hará la ministra de Inclusión Social; eso lo hará el ministro de Transportes; eso lo harán los gobiernos regionales para abrir trochas en las carreteras; o eso lo hará el ministro de Vivienda poniendo viviendas con calefacción natural o cocinas a leña como las que tienen en sus casas los comuneros en los Andes; pero no una entidad o una organización que está creando esta ley.

Ese dinero debería estar destinado para lo que están reclamando todos los peruanos en las calles: la seguridad ciudadana.

Las juntas vecinales que están organizadas en los barrios más pobres por la policía no tienen cómo defenderse de la delincuencia. Al parecer, estamos ciegos ante eso, no vemos esa realidad. Ese dinero debería ir para fortalecer las juntas vecinales y comprar teléfonos celulares que les permitan mantenerse conectados con la Policía y el municipio, debería ir para pagar a voluntarios de las juntas vecinales; pero no para crear este tipo de instituciones que nada tienen que ver con cooperación popular.

El presidente Belaúnde y Acción Popular reconocieron las instituciones ancestrales del Perú, el trabajo conjunto. El Estado ponía los materiales para construir el local comunal y la escuela; y los voluntarios, la mano de obra. El Estado no reclutaba gente. Esto es un reclutamiento de gente.


El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Entonces, yo creo que esto no tiene sentido de prioridad. Ese dinero debe ir para seguridad ciudadana, ¿por qué el Gobierno no les paga a las juntas vecinales para que cuiden a sus barrios de los asaltos de los criminales. No se hace absolutamente nada.

Y quiero referirme a algunas incoherencias.

En el artículo 16 hay algo muy peligroso. Dice que todas las entidades del sector público podrán ser entidades receptoras de voluntades. Quiere decir que en todos los ministerios vamos a tener voluntarios, y eso es clientelaje político. Eso no se puede permitir de

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ninguna manera. Eso no tiene sentido, porque es como poner ahí a servidores de confianza —entre comillas— pero en una situación difícil.

Me pide una interrupción el congresista Mulder, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, lo que señala el congresista Lescano permite acentuar y llamar la atención sobre un tema de fondo, ya que muchos proyectos laborales y de salud han pasado por la Comisión de Presupuesto como comisión principal.

Este, que es un proyecto que al parecer va a costar una cantidad bastante grande de dinero, porque se trata de la creación de una entidad que es casi del tamaño de un ministerio, no pasa por la Comisión de Presupuesto. Eso es impresionante.

Si tenemos el caso de un presidente de la República que dice que no hay plata para pagarles a los voluntarios del servicio militar, ¿con qué se va a costear esto?

Este proyecto es inconstitucional en la medida que vamos a votar algo que va a costar un dinero, y ni siquiera se nos dice que va a tener la partida presupuestal que corresponde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, todas las entidades de la administración pública, en sus tres niveles, podrán tener el servicio social voluntario. Eso es muy peligroso.

El artículo 18 va en contra de la meritocracia, que se dice haber aprobado con la llamada Ley de Servicio Civil. Y ¿qué dice aquí? Que hay puntaje adicional si los voluntarios postulan a becas nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué meritocracia estamos pidiéndoles a los trabajadores estables?

Los que entran a dedo por cien o doscientos nuevos soles, a los que también van a sobreexplotar, van a tener becas y una serie de beneficios. Dirán los trabajadores estables: Nosotros, que contamos con veinte, quince o diez años de servicio, ¿no tenemos derecho a becas?

¡Puntajes adicionales y construcción de viviendas! Ni los profesores tienen este beneficio en su ley, señor Presidente. Construcción de viviendas a personas que…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluyó su tiempo, congresista. Gracias.

Tiene la palabra el congresista Alberto Beingolea.

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El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista Lescano.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, hay cosas como esta: El servicio social voluntario no genera vínculos o responsabilidades contractuales (…)”. Artículo 13, último párrafo.

Pero en el artículo 9 dicen que la entidad que va a dirigir este servicio social voluntario, la Autoridad Nacional, tiene por objeto ejercer potestad sancionadora por las infracciones que cometan los voluntarios.

Ellos trabajan sin contrato, no tienen beneficio, no tienen nada; pero pueden ser sancionados.

Entonces, señor Presidente, tenemos este tipo de propuestas que deben irse al archivo. Y ese dinero debería de ir a la seguridad ciudadana, que es lo que está demandando la gente a gritos. No hay plata para atender esa necesidad única, prioritaria, que la población está pidiendo.

Gracias por la interrupción concedida.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede dar inicio a su intervención, congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Como se ha recordado, esta propuesta fue traída aquí al Pleno con dispensa de trámite de dictamen en un primer intento por que aprobáramos rápidamente este servicio. Felizmente aquí en el Pleno se decidió que el proyecto fuera a la Comisión correspondiente, a la Comisión de Descentralización.

En la Comisión de Descentralización, según me cuenta la historia, estuvieron juntos en el voto humalistas y peruposibilistas. Los demás no estuvieron, y se trajo este dictamen aprobado.

¿Cuál es la idea de este dictamen? Es una ley general de voluntariado que, por la forma como está diseñada, hace suponer un peligroso manejo político del sistema del voluntariado.

La pregunta es, ¿no existe hoy una ley al respecto? Sí, existe una ley al respecto, y viene desde el año 2004. ¿Hace falta reformarla? No, no hace falta reformarla. ¿Necesitamos esta ley para que los voluntarios del Perú sigan siendo voluntarios? No la necesitamos. ¿Para qué la organizamos, entonces?

En esta ley se contempla el nombramiento de una autoridad del voluntariado nombrada directamente por el presidente de la República. Ahí surge una primera duda que nos hace pensar que esto suena al servicio policial voluntario y a tantas otras intentonas del

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Gobierno de tratar de organizar gente alrededor o paralelamente a otras organizaciones gubernamentales, sabe Dios con qué fines adicionales. Así que por ahí nosotros no estamos de acuerdo.

Aquí me apunta el congresista Iberico que se parece a algunas organizaciones velasquistas. Se le ha querido comparar con la experiencia de Belaúnde; pero fue absolutamente diferente. Nos hace recordar más bien a los voluntariados que existen hoy en Venezuela. A esos sí nos hace recordar, Presidente.

Más allá de esas observaciones generales, yo quiero hacer algunas observaciones puntuales.

¿Qué hace el servicio militar en esta ley del voluntariado? Es un absurdo absoluto: se nos está diciendo que una autoridad autónoma adscrita a la PCM va a tener que ver lo relativo al servicio militar.

Yo quisiera saber qué piensa el ministro de Defensa al respecto. ¿Se le ha preguntado al Ministerio de Defensa cuál es su opinión? ¿Se les ha preguntado a los institutos armados cuál es su opinión? ¿A partir de ahora ellos van a depender de esta autoridad anónima nombrada a dedo por el presidente de la República? ¿Así va a ser la situación de nuestros militares voluntarios? Eso es un absurdo, Presidente.

En segundo lugar, como ha señalado el congresista Lescano —y le doy toda la razón—, hace pocos días en este Congreso de la República hemos estado discutiendo la Ley de Servicio Civil, y se decía que una de las cosas claves era la meritocracia. Revise usted el artículo 18 del proyecto que nos están alcanzando, señor Presidente: la meritocracia se tiró por el piso; ya no hay meritocracia. Ahora resulta que los que pertenezcan a este servicio voluntario tendrán puntaje adicional incluso —se olvidó de decir el congresista Lescano— para acceder a la función pública.

¿De qué meritocracia hablamos? Toda la discusión que tuvimos hace dos semanas ya no sirve para nada.


El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Ahora, aquellos que integren las huestes del voluntariado del presidente Humala podrán ingresar a la función pública, aparte de otras cuestiones que ya han hecho mención quienes me han antecedido.

Quisiera saber qué piensa Servir al respecto. Después de todo lo que discutimos, ¿qué piensa Servir? Le vamos a sacar la vuelta a todo lo que discutimos, porque ahora, vía voluntariado, podrán entrar todos a la función pública. ¿Para qué discutimos tanto? ¿Para qué tanto problema social, Presidente?

La tercera disposición complementaria final —y sobre esto sí quiero llamar la atención puntualmente— es una disposición inconstitucional. Fíjese usted la gravedad de ella. Nos dice, en su último párrafo, que por decreto supremo se tipificarán las infracciones y se determinarán las sanciones aplicables.

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Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 2.°, numeral 24), literal d), de la Constitución, sobre el principio de legalidad, cualquier cuestión delictiva tiene que estar tipificada en una ley, no en un decreto supremo. Más aún, si me dicen que esto no es para delitos, sino para sanciones administrativas, habría que precisarles que la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, también señala…


El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— … que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales.

Entonces, aquí hay consideraciones inconstitucionales para el establecimiento de sanciones; aquí hay cuestiones que están vulnerando todos los principios del servicio militar. No sé qué pensarán los institutos armados. Habría que preguntarles. Aquí estamos pisoteando todo lo que se discutió sobre meritocracia a propósito del servicio civil.

Esta norma debería volver a la Comisión de Descentralización o a la Comisión de la Mujer, tal como se ha planteado en una cuestión previa; pero esto no puede ser aprobado de ninguna manera. Es más, yo diría que debería ir al archivo, ni siquiera a comisiones. Si se quiere, que regrese a comisiones para que ahí lo archiven, porque esto tiene un tufillo distinto. Esta no es una norma eficiente ni busca lo que pretende. Creo que está buscando otra cosa, y por eso es por lo que yo diría que vaya al archivo. Si no lo mandamos al archivo, que vuelva a comisiones y que las comisiones se encarguen de darle el lugar que le corresponde.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, me solicita una interrupción el congresista Otárola.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Fredy Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Creo que toda lectura o comentario incompleto no es un comentario real.

En cuanto al servicio militar, se rige por las normas del Ministerio de Defensa y las que regulan las instituciones que corresponden al Sistema de la Defensa Nacional, llámense Fuerza Aérea, Marina, Ejército. No es cierto que se esté propiciando una confusión.

El servicio militar es una forma de servicio voluntario. Lo único que se está creando es un ente coordinador que pueda regular, que pueda tenerlos en mente, que permita extender al servicio militar los beneficios que aquí se crean. Consiguientemente, se está leyendo

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mal, se está leyendo de manera incompleta, y no voy a pensar que un comentario errado lo hayan hecho de mala fe.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Me solicita otra interrupción el congresista Condori.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— De lo que se habla en el proyecto de ley es de la creación de un sistema. En el artículo 1 se habla de sistema; en el artículo 2, también; en el artículo 3, igualmente; en el artículo 4, lo mismo; en el artículo 5, también se habla de sistema. Y como ente rector se habla de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. Y ¿qué es sistema? No es un organismo público. El sistema, de acuerdo al artículo 43.° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice que los sistemas son conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. No estamos creando un organismo público, un aparato, sino un conjunto de normas que se articularían dentro de la administración pública ya creada.

Un concepto análogo a este sería el del Sistema Nacional de Inversión Pública, que atraviesa todo el Estado peruano. En cada entidad pública existe un organismo público denominado Sistema de Inversión Pública.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención el congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, hago un llamado para que el análisis de este proyecto de ley sea responsable, sin mezquindades y, sobre todo, frío, de modo que no genere suspicacias.

Algunos congresistas creen que este servicio civil voluntario sería parecido a organizaciones creadas en países como Venezuela. Pero ya el Perú ha marcado distancia y tiene un comportamiento democrático y de respeto al Estado de derecho.

Este servicio civil voluntario tiene por objeto establecer un sistema que funcione a través de diversas modalidades, como por ejemplo el cuerpo general del voluntariado, el servicio social voluntario comunitario, el servicio social voluntario universitario y el servicio militar.

Cuando hablamos del servicio civil voluntario tenemos que referirnos específicamente a que la suma de voluntades pueda ser la construcción de grandes culturas, como en el pasado. Las voluntades aisladas no van a permitir el desarrollo de los pueblos. Si sumamos voluntades, vamos a construir cultura, vamos a construir solidaridad, vamos a

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construir desarrollo, vamos a construir unidad de pensamiento, civismo, que es lo que nos falta en este momento.

Por eso, señor Presidente, decía que no hay que ver este proyecto de ley con mezquindad. No podemos seguir generando suspicacia; por el contrario, cómo no estar de acuerdo con aspectos muy importantes relativos a las actividades del servicio social voluntario y apoyar en el mejoramiento de los servicios de salud y las condiciones de vida de la comunidad.

Con esto, ¿qué se pretende? Que la suma de voluntades de un conjunto de universitarios pueda acercarse a una comunidad alejada…


El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Los estudiantes de las facultades de Derecho podrán ir a comunidades alejadas y brindar servicios de asesoría. Los estudiantes de Medicina podrán hacer charlas en lugares alejados con relación a la planificación familiar. ¿Ese no es un trabajo que requiere el Perú?, ¿ese no es un trabajo de desarrollo?, ¿ese no es un trabajo para llevar cultura a los pueblos más alejados?

Hay aspectos relativos a la capacitación y a la educación en asuntos de interés para las comunidades y las personas beneficiarias, así como la generación de mecanismos que acerquen los servicios del Estado al ciudadano.

Es necesario que veamos cuáles son los verdaderos objetivos y la finalidad de este proyecto, y cuáles serían las actividades encaminadas a buscar la participación de la suma de voluntades que en este momento requiere el Perú.

Hay que dar apoyo en la gestión de las entidades de acuerdo a la formación del voluntario…


Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Me pide una interrupción el congresista Alberto Beingolea, señor Presidente. Con mucho gusto se la concedo, si usted lo permite.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Señor Presidente, nos dicen que veamos sin mezquindad este proyecto. No hay nada mezquino. Simple y llanamente, la pregunta inicial sería: si es tan abierto, si es tan claro, si es tan glorioso el proyecto que nos presentan, ¿cuál fue la necesidad de tratar de saltar las comisiones?, ¿de tratar de entrar por el atajo?, ¿de tratar de evitar este debate?

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Según este último discurso, un sistema de voluntariado tienen que organizarlo para que los chicos vayan. Por Dios, hoy día hay servicio voluntario en el Perú; pero voluntario de verdad, y no necesitan un jefe nombrado por el presidente de la República para hacer el servicio voluntario.

Vaya usted al interior del país y vea que hay jóvenes peruanos que sí hacen voluntariado y no necesitan todos los premios que aquí ocultamente les están entregando: becas, estudios, trabajo.

Acá se está buscando hacer otra cosa. Esa es la verdad; por eso, nos oponemos.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Manuel Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, quiero informarle al Congreso algo sumamente grave que tiene que ver, en parte —aunque lejana—, con este debate.

Acabo de recibir la sentencia dada por el Tribunal Constitucional, con voto decisorio de su presidente luego del empate entre tres posiciones que coinciden en un mismo criterio y tres votos singulares, que resuelve que en seis meses tiene que darse un decreto supremo para el pago de los bonos de la deuda agraria.

Aquí hay US$ 4 500 000 000,00 de una norma en la cual el Congreso mismo ha dicho que no ha sido notificado como parte y Colegio de Ingenieros ha señalado que no existen ni las actas ni los documentos que sustenten ese pedido del 2001; o sea, que es nulo.

Esa situación amerita que yo haya presentado, con la bancada de Acción Popular-Frente Amplio, una moción de orden del día para que se discuta con oportunidad este tema.

Muchas gracias, y disculpen la interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sería bueno que nos vayamos informando de la sentencia, pero no es tema ni materia de la agenda de este Pleno.

Por excepción, puede hacer uso de una tercera interrupción el congresista Daniel Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Hay mala información que genera pánico y se llama terrorismo financiero blanco.

El Tribunal no ha dicho que paguen en seis meses. Eso es absolutamente falso. Lo que dice el Tribunal es: “Saque usted, señor Ejecutivo, en seis meses un decreto supremo para que regule la forma como se va a calcular, y después de dos años…”. No lee los artículos del 26 al 29.

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Si quieren definir esto, la sentencia es clarísima y se sujeta a la Constitución.

Si vamos a comenzar a hablar medias verdades o mentiras completas, vamos a engañar a la población.

Aquí hay una sentencia que es absolutamente clara y justa con los tenedores de los bonos agrarios.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Zanjado el incidente.

Puede iniciar su intervención el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, voy a plantearlo como una cuestión previa, porque resulta paradójico que haya habido una discusión sobre un proyecto de ley en materia de salud que lo dictamina como comisión principal la Comisión de Presupuesto. Este dictamen, en cambio, tiene incidencia económica.

El artículo 18 de este dictamen habla de beneficios económicos para los voluntarios y acceso a los beneficios del Seguro Integral de Salud. Y a quienes realicen el servicio voluntario en algún lugar distante de su domicilio, les van a pagar gastos.

El artículo 34 también habla de estipendio y de contratación de personal; pero el presidente de la Comisión de Presupuesto voltea la cara, no sabe. Él no sustenta este dictamen.

Este dictamen le está recortando funciones al Ministerio de la Mujer. ¿Por qué la Comisión de la Mujer no ha dado una opinión? Además, está incorporando el servicio militar a los alcances de esta norma. ¿Cuál es la norma que prevalece?

Entonces, señor Presidente, voy a plantear como cuestión previa que este proyecto vaya a las comisiones de la Mujer y de Presupuesto. Que trabaje el presidente de la Comisión de Presupuesto en temas de su competencia.

Este servicio social voluntario, tal como se está planteando, es una copia inspirada en los principios del Sinamos.

El artículo 2.° del Decreto Ley N.° 19352, ‘Ley orgánica del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social [Sinamos], que determina sus funciones, estructura y relaciones con otros organismos’, habla de la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la realidad nacional. Ese principio lo han trasladado al dictamen. Y no solamente eso, sino que este dictamen está inspirado en la Ley de Servicio Social Integral promulgada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Qué dice el artículo 3 de esta ley? Que se rige bajo los principios de solidaridad, cooperación y concurrencia del bien común y se inspira en valores establecidos en el ordenamiento jurídico del Estado democrático y social de derecho, justicia, igualdad, responsabilidad y justicia social.

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¿No es un proyecto que tiene como propósito organizar milicias pagadas por el Estado? ¿No se está creando un sistema administrativo…?

No tengo nada que retirar. Si gustan, llévenme a la Megacomisión; pero aquí no voy a retirar nada.

Este es un proyecto que crea un sistema administrativo con un titular de pliego. De inicio, cuesta veinte millones de nuevos soles…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— … siete millones para pagar funcionarios y trece millones para equipar funcionarios. Una autoridad autónoma adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Y el Ministerio de la Mujer? Va camino a ser un casco vacío. Le están quitando todas sus competencias.

¿Qué dijeron el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros? No hay plata para mejorar las propinas de los que son convocados coercitivamente al servicio militar obligatorio. Los pobres hermanos bomberos no tienen para el combustible de sus máquinas. Los incorporan al servicio militar, pero no les dan ni un centavo. No hay plata para pagar a los magistrados. No hay plata para pagar a los médicos. Pero hay plata para armar la plataforma adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La norma tiene una trampa: no precisa cuál es el mecanismo de incorporación de los voluntarios al sistema. Deja todo librado al reglamento que, obviamente, lo va a hacer el Gobierno.

Señor Presidente, es absolutamente inoportuno…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Me voy a tomar la libertad de pedirle al congresista Javier Bedoya, a quien le toca intervenir, que le conceda una interrupción al congresista Javier Velásquez. De lo contrario, el congresista Javier Bedoya podrá iniciar su intervención.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Afortunadamente, voy a ser muy breve, por lo que no tengo inconveniente en conceder la interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Recuerdo que los parlamentarios tenemos derecho a hablar cinco minutos. No es una generosidad. Por si acaso.

Es una mala práctica, una práctica antidemocrática de la Mesa querer imponer tres minutos. Nosotros queremos organizar una idea y expresarla.

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Esta norma es absolutamente invasiva de otros regímenes que hace poco acabamos de aprobar, como es la Ley del Servicio Civil. Por eso, señor Presidente, se hubieran dado el trabajo de leerla.

Esta es una propuesta que recoge los principios de la ley que creó el Sinamos, y la han complementado con la norma de la Asamblea Nacional venezolana. ¿Qué se quiere hacer con este sistema de apoyo voluntario? ¿Qué ha hecho el Gobierno, por ejemplo, por estas madres que desinteresadamente hacen una labor de voluntariado en el INEI sin pedirle un centavo al Estado? ¿Por qué ahora tenemos que financiar una estructura a la que sabe Dios qué destino u orientación se le va a dar? Que se defina, señor Presidente.

Acá está la ministra de la Mujer. Que este dictamen vaya a la Comisión de la Mujer, porque recorta drásticamente…


Puede iniciar su intervención, congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente, los argumentos en favor y en contra han sido largamente debatidos y es evidente que el proyecto hace agua por varios lados. No solamente en cuanto a la intención o los resquemores que suscita, sino también a las inconstitucionalidades que contiene.

Ya el doctor Beingolea ha manifestado que el proyecto viola la Constitución cuando deriva a un decreto supremo para que se fijen las sanciones. La Constitución establece que corresponde a la ley fijar esas sanciones, y nadie puede ser sancionado por algo que no esté previamente establecido en la ley.

El principio elemental de legalidad nullum crimen, nulla poena sine lege está siendo violado reiteradamente en dos o tres artículos de este proyecto de ley.

El artículo 9, literal l), respecto de las funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario dice lo siguiente: “Ejercer potestad sancionadora en el ámbito del Sistema del Servicio Social Voluntario, de acuerdo a las infracciones que comentan los voluntarios y las sanciones que sean determinadas por decreto supremo y al procedimiento que se apruebe para tal efecto”.

Esta norma tiene que concordarse con otra que contiene el proyecto y que va en el mismo sentido. Me refiero a la tercera disposición complementaria final, que dice en su último párrafo: “[…] por decreto supremo se tipificarán las infracciones y se determinarán las sanciones aplicables”.

Pero eso no es todo. La premura o la rapidez o la improvisación con que este proyecto ha sido elaborado nos ha llevado a que en dos o tres partes del proyecto se estipule de manera reiterada algo muy curioso. El artículo 12, por ejemplo, se refiere al régimen laboral del personal que va a trabajar en este ente que se va a crear, y ¿qué es lo que dice respecto de las remuneraciones del personal? “El personal de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario está comprendido dentro del régimen laboral

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correspondiente”. ¿Cuál es ese régimen? No lo precisa; simplemente estipula: “dentro del régimen legal correspondiente”.

Conforme se revisa con más detenimiento este proyecto, surgen más evidencias de que lo más aconsejable es que retorne a comisiones para que sea estudiado con seriedad y con asesoría técnica y profesional.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Ana Jara.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Señor Presidente, por intermedio de usted saludo a la Representación Nacional.

En principio, agradezco la enorme preocupación de algunos congresistas por el supuesto recorte de las funciones del Ministerio de la Mujer.

En lo que se refiere a este proyecto de ley, que propone la creación del Sistema del Servicio Social Voluntario, permítame decirle, señor Presidente, que las acciones sobre temas de voluntariado representan una de las múltiples competencias que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Esta creación del sistema, como bien lo han acotado los que me han antecedido en el uso de la palabra, permitirá una acción mucho más articulada, mucho más integral y con mayores beneficios para todas las partes involucradas en el sistema.

¿Por qué estar adscrita a la PCM? Si al sistema queremos darle una visión transversal, una visión intersectorial sobre la base de los principios de solidaridad y conciencia social, en la PCM se permitiría un mayor nivel de coordinación, una mayor promoción y difusión de todas las modalidades del voluntariado. Y hablo de todas las modalidades, porque, como lo ha señalado la presidenta de la Comisión de la Mujer, en este sector tenemos el Registro Nacional de Voluntarios.

Este registro que se crea por la Ley 28238, en la práctica solamente ha podido agrupar a los colectivos, a las asociaciones, a la sociedad civil organizada, como bien lo ha señalado en algún momento el congresista Velásquez. Por ejemplo, está la asociación de voluntarias que en el INEN realizan una acción solidaria con todos los enfermos de cáncer.

Pero son colectivos. Hablamos de figuras abstractas, ideales; no de un registro individualizado en el que las personas naturales se inscriban para prestar sus servicios de forma gratuita a la población de acuerdo con algún tipo de modalidad a la que se quiera acceder.

Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer tenemos, dentro de estos colectivos que prestan servicio en esta modalidad colectiva —o comunitaria, como ahora la quiere denominar este proyecto de ley—, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.

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Tenemos una universidad particular con estudiantes de pregrado que en sus horas libres prestan servicios a mujeres que son víctimas de violencia.

Tenemos también, dentro de este sistema, asociaciones civiles inscritas en el Registro Nacional del Voluntariado del Ministerio de la Mujer que prestan servicios en hospitales.


La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Hay que ser precisos en señalar que este registro ha sido derivado por un decreto supremo, el Decreto Supremo 012-2011-Mimdes, bajo la competencia de los gobiernos regionales. Esto dentro de la mirada de lo que es la descentralización, y significa que son los gobiernos regionales los que ahora tienen la función del registro del voluntariado y alimentan la data que nosotros tenemos en el Registro Nacional.

Tenemos voluntariado en el Ministerio de la Mujer, que es un voluntariado propiamente dicho; tenemos voluntariado a través, por ejemplo, de la Compañía General de Bomberos; tenemos el voluntariado universitario, que se crea ahora por ley; y tenemos este voluntariado en el ámbito militar, que está generando discusión y está bien que se debata. En consecuencia, es necesario que tengamos un sistema que pueda articular de manera mucho más transversal este servicio social del voluntariado que hoy traemos a la Representación Nacional para su aprobación.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Espero que la congresista Luz Salgado le conceda una interrupción a la congresista Ana Jara para que concluya.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Está bien, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Ana Jara.

La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Decía que el voluntariado es una de las tantas acciones que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero nosotros continuamos manteniendo la rectoría en el Sistema Nacional de Población en Riesgo, la rectoría del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y la autoridad central en materia de sustracción internacional de menores de edad, así como la custodia tutelar y adopción de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en abandono.

Si bien es cierto que se crearía el voluntariado comunitario a través de esta ley, el Ministerio de la Mujer ahora es considerado como un ente gestor en esta materia. Pasa a la rectoría la PCM, pero nosotros nos erigimos como ente rector en el voluntariado.

En cuanto a si nos afecta en materia presupuestal, quiero señalarle a la Representación Nacional que equivale solo al 3,6% del presupuesto institucional. Esto quiere decir que de la actividad Apoyo a Poblaciones Vulnerables, de la cual dimos cuenta hace poco ante la Comisión de Fiscalización, once millones se transferirían presupuestalmente para el sustento del proyecto de ley que esta tarde debatimos. Repito: el 3,6% del presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer.

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, yo no entiendo todavía las contradicciones que tiene este Gobierno: por un lado, habla de una reforma del Estado; por otro, se complica la vida creando más instituciones que lo único que hacen es crear una mayor burocracia.

Cuando se creó el Ministerio de Inclusión Social, nosotros advertimos que se iban a duplicar acciones con el Ministerio de la Mujer, y eso es lo que ha ocurrido. Lamentablemente, destruyeron una institución tan valiosa y con mucha experiencia como el Pronaa. Hoy tenemos los resultados con Qali Warma, donde hay personas sin experiencia que han incurrido en una serie de errores, y los niños son los paganos en eso.

La Ley 28238 le daba esta atribución a la ministra, y por eso yo le pedía una interrupción. ¿Por qué no se refuerza la dirección que ella ha tenido bajo su mando? ¿Por qué no se ha podido hacer que este trabajo del voluntariado se extienda hacia diferentes aéreas y dé cabida a mayor número de alumnos? ¿Ha sido falta de competencia?, ¿ha sido falta de presupuesto?

Entonces, no se entiende por qué la dejan huérfana de esta dirección para crear otro monstruo. Sí, porque va a ser un monstruo si es que está así como lo están pintando.

No es que vayan a pasar a las regiones este ente jurídico, que es una nueva institución con presupuesto y va a depender de la PCM. Seguro que el presidente de la República va a nombrar al director y va a establecer convenios con los gobiernos regionales que sean de su agrado, y a aquellos que no sean de su agrado simplemente no les va dar.

Es más, yo me pregunto: ¿a los presidentes regionales les han pedido permiso, autorización, opinión para decirles que parte de su presupuesto también tendría que ir para financiar —como dice— el traslado y manutención de gente que salga de una región a otra? ¿Para qué los van a sacar de una región a otra? ¿No se tendría que poner a los de Áncash en Áncash y a los de Ica en Ica? ¿Eso tendría que estar coordinado por el Ministerio de la Mujer? No. Ahora se establecen convenios, y los gobiernos regionales tendrían que tener, dentro de su presupuesto, asignaciones para mantenerlos y trasladarlos.

¿Por qué no se establece ni siquiera el tiempo límite del voluntariado? ¿Van a estar de voluntarios por siempre, ad infinítum? Si el servicio militar voluntario tiene dos años, ¿por qué en la ley no tendrían que ir dos años? ¿Se piensa en cuatro?, ¿en cinco?, ¿en seis?, ¿en diez? ¿Por qué no se pone la cantidad de años?


La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Le ruego que me dé dos minutos más, como les ha dado a los demás expositores.

Esto nace desfinanciado. ¿Por qué no se pone cuánto van a pagar?

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Además, dice que tendrían puntajes adicionales en las evaluaciones para acceder a la función pública. ¿Y lo de Servir queda a un lado? ¿A quiénes vamos a dar preferencia?, ¿a aquellos que he podido contactar desde sus inicios para darles una bonificación y llevarlos a tal sitio para que sean voluntarios? Voluntarios no sé ya en qué, porque han puesto no solamente el área social.

Me pide una interrupción el congresista Otárola.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Fredy Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Congresista Luz Salgado, cada sistema necesita un ente rector, y en este caso sería Voluntarios Perú. Pero no es monstruo, no es ese elefante del que están hablando. Es un ente pequeñísimo, con poca burocracia y con una estructura orgánica básica. Por su naturaleza, estará adscrito a la PCM; y presupuestalmente no va a tener más de once millones, que equivalen al 3,6% del presupuesto del Ministerio de la Mujer.

Entonces, no exageremos y digamos la verdad: es una pequeñez en cuanto a presupuesto y burocracia lo que va a permitir contar con este ente rector de todo voluntario en el Perú y fortalecer la solidaridad que mucho necesitamos los peruanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— La solidaridad se necesita, y este trabajo ha tenido que ser reforzado en el Ministerio de la Mujer. Yo no sé por qué el Ministerio de la Mujer no le ha reclamado a su presidente que le dé mayores recursos y mayores atribuciones para reforzar esa dirección que ya tenía una ley.

Si es un ente pequeñísimo, mayor razón para que continúe en ese ministerio. ¿Por qué se quiere sacar? Ahí es donde entra la duda, la sospecha. Aquí se está queriendo hacer otra cosa.

Y se dice, además, que en caso se realice un servicio social voluntario en un lugar distante al domicilio, la cobertura de los gastos corren de su traslado y manutención. Raro, ¿no?

Hagamos las cosas bien. Si queremos un Estado moderno, un Estado no burocrático, no hay que crear más instituciones que lo único que hacen es enredarse y complicarse en sus propias funciones.

No saben qué hace una ministra ni qué hace la otra ministra o el otro ministro. Se están enredando.

Hagamos las cosas bien y no llevemos a suspicacias, señor Presidente.

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Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Juan José Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, realmente estamos alarmados. Quien les habla es, desde hace ocho o nueve años, voluntario de una asociación que se llama Malteser del Perú, de modo que sabemos un poquito del trabajo que realizamos jóvenes de la edad universitaria.

Sin embargo, lo que aquí se plantea no es una red de organización de jóvenes que pretendan dar tiempo de su vida para mejorar su comunidad o ayudar a la gente que más lo necesita. Lo que acá estamos viendo es un montaje que preocupa y al que yo califico como un nuevo intento de este Gobierno para llevar a cabo lo que sería no un sistema social voluntario, sino un sistema de milicia chavista.

No podemos hablar de voluntariado cuando se está hablando de estipendios que no están fijados en la norma. Eso se va a dejar para una posterior determinación del reglamento. Y ¿quién fija el reglamento? El Ejecutivo.

Además, resulta que la cabeza de todo este andamiaje, que puede ser utilizado —dirán que no, pero nosotros tenemos el derecho de pensar que sí— para una grotesca manipulación política, va a ser nombrada nada menos que por el presidente de la República. Tendremos que preguntarnos si la cabeza de esta organización de jóvenes voluntarios que van a ser pagados por todos los peruanos también va a tener que pasar por la luz verde de la señora primera dama.

Ahora, yo quisiera llamar la atención de los anexos. Todos los congresistas acá presentes tienen este documento, en los anexos podemos ver un poco los sueldos que se pagarían para armar este andamiaje: once mil nuevos soles, Presidente. Presupuesto de veinte mil nuevos soles.

Como joven con ocho o quizás diez años de experiencia en trabajo voluntario puedo decir con derecho y autoridad que esto me resulta sumamente preocupante, que esto no es un sistema de voluntariado, sino un sistema de andamiaje chavista que mi bancada rechaza.

Yo sugeriría a los congresistas que están en contra de este proyecto absurdo que este tema sea archivado de inmediato y que no regrese a la Comisión, porque no tiene por qué seguir más en el tintero haciéndonos perder tiempo.

Hemos tenido un largo debate en la mañana hablando de un proyecto de ley importante de presupuesto para hacer un proyecto serio que llegue al Congreso. En este caso, sin embargo, falta el estudio presupuestal.

Independientemente de este cálculo matemático de los millones que va a costar al Estado, de ninguna manera podemos hacernos los tontos los congresistas de la oposición para no darnos cuenta de que esta es una nueva arremetida para tener voluntarios

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pagados que hagan la campaña presidencial ya sea a la señora Nadine —como seguramente se está hablando— o a quien ustedes consideren conveniente.

Presidente, me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta.


La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Presidente, la solidaridad es, por ejemplo, ese programa Crea Más, con un voluntariado que lo originó la Universidad del Pacífico. Los chicos de la Pacífico, de la de Lima, del Banco de Crédito y de Procter & Gamble se juntaron y de forma voluntaria iban todos los sábados de ocho de la mañana a dos de la tarde para enseñarles comprensión lectora, razonamiento matemático y educación cívica a los chicos de Villa María del Triunfo y de Villa El Salvador. Eran infaltables. Ellos mismos se toman las pruebas. Nadie los nombró. Ellos lo hicieron y no cobraron un céntimo. Es gente preparada que se juntó por solidaridad.

Mi hijo estuvo en ese programa, y sé que ellos iban todos los sábados desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. Con su dinero compraban las herramientas para poder trabajar. Cada uno enseñaba a doce chicos de manera generosa, voluntaria, solidaria.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Continúe, congresista Juan José Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Me pide una interrupción el congresista Tejada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, de verdad no entiendo cómo un sistema de voluntariado puede convertirse en una milicia chavista. Aquí ven un proyecto de ley donde dice “crear conciencias sobre la realidad nacional” e inmediatamente lo relacionan con Sinamos. Se habla de solidaridad e inmediatamente lo asocian al chavismo. No puede ser posible.

Aquí estamos articulando los sistemas de voluntariado. Lo que se exige —por ejemplo, a los jóvenes universitarios— es que se inscriban en un registro creado por la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. ¿De qué manera un joven universitario que se va a brindar un servicio a la municipalidad de una zona rural puede ser de una milicia chavista?

Cuando estudiaba sociología, me fui a Puno y estuve en Azángaro, Olaechea y San Antón, y después fui por todo Huancavelica. Fue una experiencia muy bonita y no era parte de ninguna milicia chavista. Estaba conociendo la realidad nacional y había gente que también estaba aprovechando los conocimientos que podría transmitirle.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Juan José Díaz.

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El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, yo le contesto al congresista Sergio Tejada que a él nadie le pagaba. Era voluntario. En su caso no estamos hablando de estipendios que serán fijados posteriormente por el Ejecutivo, por una persona que, de acuerdo al proyecto que nos están presentando, es designada por el propio presidente de la República.

Si son un grupo de jóvenes pagados con el dinero de todos los peruanos, ya no son voluntarios. Lo dice alguien que ha sido voluntario casi diez años. Si son pagados, serán considerados una milicia chavista.

Es absurdo que se diga que no se tiene plata para poner en actividad real a los bomberos voluntarios, que ni siquiera piden un pago, sino los equipos necesarios para salvar vidas y protegerse; y que para esto se diga que hay plata.

En el Anexo N.° 9 podemos ver que el jefe institucional percibirá S/. 15 000,00; los asesores, S/. 12 500,00; un jefe de oficina, S/ 15 000,00; el secretario general, S/. 15 000,00. Esa información está en los anexos del dictamen que se ha alcanzado a todos los congresistas. ¿Esta estructura es para armar voluntariado? No lo creo. Es milicia chavista lo que se quiere imponer en el Perú.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Finalmente, tiene la palabra el congresista Hugo Carrillo, luego de lo cual vamos a suspender la sesión para permitir el ingreso de las dos señoras ministras de Estado que están esperando desde hace buen rato.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Presidente, me pide una interrupción el congresista Pari.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Presidente, es una pésima y mala práctica política poner el adjetivo por delante, el supuesto por delante, la especulación por delante, antes que el argumento. Yo creo que la verdadera práctica política debe ser debatir los argumentos y los contenidos que practica la ley, no poner el adjetivo macartista o chavista.

Me extraña que adopte esa actitud gente que ha estado vinculada a posiciones que fomentaban la participación. Esa práctica desdice mucho su forma de hacer política.

Un asunto fundamental que se tiene que discutir en el país es cómo afirmamos participación, civismo, ciudadanía, principios de solidaridad, compromiso de los jóvenes por nuestra realidad; cómo afirmamos que nuestra universidad vincule, en términos prácticos, a sus egresados con la realidad del país.

Yo creo que son temas fundamentales que hay que debatir.

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Continúe, congresista Hugo Carrillo.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Me pide una segunda interrupción el congresista Daniel Abugattás.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Daniel Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidente, quienes ya pasamos los cincuenta años y vivimos el terremoto de Huaraz, vimos cómo la sociedad en pleno se movilizó, cómo las universidades y los centros poblados participaron. Si hacemos una comparación con lo que ocurrió con los damnificados del terremoto de Ica, nos damos cuenta que como sociedad hemos perdido contacto con la solidaridad.

Les guste o no les guste, en la década de los setenta había una motivación, había un concepto de nación, había interés por la dignidad del país, había preocupación por los que estaban sufriendo. En el caso del terremoto de Ica, en cambio, no solamente hubo indiferencia de parte del Gobierno de turno, sino de la población en general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Prosiga, congresista Hugo Carrillo.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Presidente, cuando en días pasados discutíamos este tema en la Comisión de Descentralización, yo pensaba que había una involuntad de parte de algunos congresistas, especialmente de los representantes del fujimorismo.

Pensaba, en efecto, que ese tal Chávez debe estar haciendo algo en los sueños de algunos de los congresistas, porque lo mencionan día y noche. Cada vez que se habla de alguna labor de solidaridad, viene Chávez y se presenta en los sueños de algunos congresistas.

Algunos congresistas no nos han informado coherentemente, porque dijeron que nos iban a anunciar que esto se origina en los cánones del cooperativismo de Acción Popular y Cooperación Popular.

Señor Presidente, Acción Popular surge un día de 1960, cuando el entonces candidato Belaúnde Terry llega a una comunidad que se llama Uripa y pregunta qué acciones se están realizando. Entonces lo llevan a la comunidad de Mutuy, donde se estaba haciendo una central hidroeléctrica pequeña, y los comuneros le dijeron que la hacían por acción popular, que era uno de los cuatro sistemas que ahí se conocían: ayni, minca, acción popular y república. El futuro presidente adoptó el nombre del sistema de acción popular para su partido, y el sistema de cooperación popular efectivamente reclutaba, porque muchos fuimos reclutados en Cooperación Popular. Pero el representante de acción popular dice que no se reclutaba. Sí se reclutaba, señor Presidente. No es eso lo que quiere este proyecto; lo que quiere es rescatar los lazos de solidaridad, rescatar esos sistemas que todavía funcionan en los espacios altoandinos, en los espacios de mayor

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pobreza, donde necesitamos de la cooperación de quienes ya cumplieron un ciclo, de los mayores, de los que tienen alguna experiencia y ya no necesitan un pago. Para eso es el sistema.

Algunos congresistas utilizan el Hemiciclo y algunas sesiones de las comisiones pensando en la televisión, por eso hablan del chavismo a cada rato y por eso intervienen con conocimiento primario o un entendimiento parcial de la realidad…


El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— … porque parcial es la forma en que se ha entendido este proyecto.

Este proyecto pretende solucionar un problema central de falta de técnicos, de falta de profesionales que colaboren con este proceso inclusivo e incluyente emprendido en esta etapa y que debe ser continuado en el próximo período.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— El último orador será el congresista Humberto Lay, de modo que luego puedan ingresar a la Sala las señoras ministras.

El señor LAY SUN (APGC).— Señor Presidente, será una intervención breve y concreta.

Estamos hablando de un servicio social voluntario, y lo voluntario no puede ser obligatorio. Por eso, me pregunto qué hace el servicio militar en este servicio social voluntario. Aunque la Ley del Servicio Militar lo llama servicio militar voluntario en su artículo 1.°, el texto de su artículo 23.° dice que todo peruano se inscribe obligatoriamente en el registro militar al cumplir los diecisiete años de edad. Y más adelante, en el artículo 50.°, dice que los elegidos por sorteo están obligados a presentarse en el plazo señalado en la dirección de movilización de la institución a la que fueron asignados, y que aquellos que resulten seleccionados están obligados a presentarse a las unidades militares en el plazo que se les indique. También dice que los elegidos por sorteo o seleccionados que no se presenten a las dependencias indicadas incurrirán en la infracción prevista en el artículo 77.° de esta ley. Y más adelante se establecen sanciones para todos aquellos que no se presenten a las unidades militares.

Entonces, el servicio militar no es social; es militar, es castrense. Y, en el mejor de los casos, es semiobligatorio, por lo que resulta totalmente contradictorio que se encuentre dentro de un servicio militar voluntario.

Esto debe ir a comisiones para un mejor estudio.

Me pide una interrupción el congresista Beingolea, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Alberto Beingolea.

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El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, a propósito de la voluntariedad del servicio, se nos dice que se ha perdido la solidaridad en el Perú, que hay que recuperarla, que hay que formar el espíritu solidario; y yo estoy absolutamente de acuerdo. También he escuchado lo relativo a experiencias como las del congresista Tejada, que en su momento me tocaron compartir. Aquí todos o muchos hemos compartido el voluntariado, y era efectivamente un voluntariado.

¿Vamos a despertar ese espíritu solidario que probablemente han perdido algunos jóvenes —no todos, porque hay muchos jóvenes solidarios en el Perú— con pagos, becas, ingresos a la función pública? Eso es clientelismo. Estamos formando mercenarios. ¿Qué solidaridad es esa? ¿De dónde aprendieron que para formar solidaridad había que pagarles? No es eso lo que estamos formando. Es otra la intención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Humberto Lay.

El señor LAY SUN (APGC).— Me pide una interrupción la congresista Karla Schaefer.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Haga uso de la interrupción, congresista Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, este proyecto de ley es un insulto para las personas que tienen vocación de servicio y voluntariado.

Yo tengo la suerte de haber nacido en un hogar donde la solidaridad fue el pan de cada día. Mi madre estuvo en el terremoto de Yungay y estuvo durante cuatro años conmigo en el terremoto de Ica. Nosotras no hemos ido de voluntarias por recibir algo a cambio. Mi madre desde los dieciséis años fue sola a inscribirse a la Cruz Roja Peruana para ser voluntaria.

Sensibilicemos a nuestra población desde la época escolar y fomentemos la solidaridad, pero no con dinero.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Humberto Lay.

El señor LAY SUN (APGC).— Todos tenemos que estar de acuerdo con promover un servicio voluntario en bien de la sociedad, en bien de los más pobres, y en colaborar con el Estado en mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, yo creo que este proyecto tiene que ser mejor estudiado para que realmente sea efectivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Vamos a suspender la sesión por breves minutos para que ingresen las señoras ministras de Estado.

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—Ingresan a la Sala de sesiones la señora ministra de Salud Midori de Habich Rospigliosi y la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Nancy Laos Cáceres.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se reanuda la sesión.

Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Presidencia saluda a las ministras de Salud y de Trabajo, quienes concurren al Pleno para participar en el debate del Proyecto de Ley N.° 2417, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de ciento veinte días.

Tiene la palabra la señora Midori de Habich, ministra de Salud.

La señora MINISTRA DE SALUD, Midori de Habich Rospigliosi.— Muy buenas noches, señor Presidente, y muchas gracias por la gentil invitación.

Es con agrado que acudo al Pleno del Congreso esperando que esta breve exposición sea de utilidad para la toma de decisiones de cada uno de ustedes.

Las materias de la solicitud de delegación de facultades ya largamente debatida son seis: la reorganización del Ministerio de Salud, la modernización del Sistema Nacional de Salud, la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, la política integral de remuneraciones, la extensión de la cobertura de protección financiera y el fortalecimiento de la financiación de EsSalud.

Yo voy a presentar los primeros cinco puntos y, con su venia, le pediré a la ministra Laos que desarrolle el punto sexto, que se refiere a EsSalud.

Con relación al primer punto, la reorganización del Ministerio de Salud para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia, es conocido que la estructura orgánica del Ministerio de Salud actual corresponde a una época previa a los procesos de descentralización del país. Es una estructura que ha permanecido durante largo tiempo casi sin cambios sustanciales.

Consideramos que es momento de adecuar al Ministerio de Salud con una nueva ley de organización y funciones que permita, por un lado, tener una mayor y fortalecida capacidad de conducción sectorial, definición de políticas, monitoreo de estas y evaluación de las políticas que el ministerio emite, que es el mecanismo por el cual podemos aprender de la implementación de políticas y mejorarlas.

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En ese sentido, estaríamos hablando de un viceministerio especializado en conducción sectorial, definición de políticas y fortalecimiento de la capacidad normativa del Ministerio de Salud.

En otro viceministerio estaríamos planteando la posibilidad de fortalecer la salud pública y solucionar los problemas de salud pública prioritarios del país, aquellos que constituyen problemas y prioridades de salud pública.

Es importante señalar lo absolutamente vital que significa reforzar nuestro sistema de prevención, vigilancia, prevención y control de brotes en un país como el Perú, donde estamos sujetos a una serie de fenómenos epidemiológicos que compartimos, además, con el resto del continente.

Necesitamos fortalecer muchísimo nuestra capacidad de detección temprana, vigilancia y prevención de brotes. En un contexto en el que algunas de estas competencias han sido descentralizadas, tenemos que encontrar la manera de actuar rápidamente no solo cuando ya existe un brote, sino también con acciones conjuntas para reforzar la prevención.

En este viceministerio también queremos reforzar lo que hoy son nuestras estrategias nacionales sanitarias. El día de hoy tienen una estructura funcional y no orgánica, y creemos que las estrategias nacionales que abordan problemas prioritarios deben de ser una expresión orgánica que les permita tener la fuerza y la contundencia para actuar oportunamente.

También nos parece importante fortalecer nuestra capacidad de conducción estratégica y de mejora de la gestión de la prestación que está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud: los institutos, los hospitales y las redes de Lima Metropolitana.

Asimismo, fortalecer nuestra capacidad de brindar asistencia técnica a las regiones en materia de mejorar la prestación de servicios de salud.

Todo este conjunto de competencias fortalecidas ameritan una nueva estructura orgánica. Es por ello que consideramos vital avanzar rápidamente en la discusión y aprobación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y consecuentemente, el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del ente rector.

Con relación al segundo punto, que es la modernización del Sistema Nacional para Optimizar la Oferta de Servicios Integrados, para apuntar a mayor oportunidad, seguridad y calidad de las atenciones nos parece esencial que abordemos la brecha de oferta de servicios en el país reflexionando sobre el modelo de atención que tenemos.

Hemos discutido en este mismo Pleno, en el seno del Congreso, la necesidad de fortalecer la atención primaria y la atención secundaria, acercar estos servicios fundamentales a la población y pasar de un modelo centrado en lo hospitalario de mayor complejidad a un esquema de atención donde las especialidades básicas estén mucho más cercanas a la población.

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Este cambio supone prácticamente poner, si ustedes me permiten la metáfora, el sistema de cabeza, en el sentido de dirigir más esfuerzos a la atención primaria y secundaria, donde la evidencia internacional señala que se deben y se pueden resolver entre el 70 y 75% de los problemas de salud de la población sin tener que acudir a hospitales de alta complejidad; y más bien hacer esfuerzos para que los hospitales especializados sean hospitales de referencia y con alta capacidad clínica en esta alta complejidad.

Para ello, estamos planteando algunas necesidades normativas que voy a pasar a detallar.

Un elemento adicional de esta propuesta son las redes integradas que permitan a los ciudadanos de un determinado territorio acceder al conjunto de la oferta que en ese territorio exista y no tener limitaciones para acceder a infraestructura y servicios que existan en el territorio simplemente por el hecho de no pertenecer al régimen de aseguramiento que corresponde a esa prestación.

En tal sentido, hemos venido avanzando con los intercambios de servicios de los convenios que existen entre el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, EsSalud y el Seguro Integral de Salud, lo que nos permite ofrecer en un territorio dado a los asegurados del SIS servicios pactados con EsSalud y, a su vez, ofrecer a los asegurados de EsSalud servicios que puede brindar el gobierno regional, si estamos hablando de fuera de Lima.

Esta idea de las redes integradas tiene ese propósito: hacer el mejor uso de la oferta existente mediante mecanismos de intercambio de servicios y acceso a los servicios que hoy se dan.

En tal sentido, queremos dar continuidad a artículos aprobados por ustedes en la Ley de Presupuesto de 2013. Creemos que son importantes y no hay por qué hacer que sean momentáneos o que deban reactivarse o prorrogarse en cada ley presupuestal.

Por ejemplo, una ley para dar continuidad a la prestación de los servicios complementarios, el artículo que ustedes tuvieron a bien aprobar en la Ley de Presupuesto con el fin de dar luz verde a la prestación de servicios para los médicos, ha sido un paso muy importante. Esto se ha reglamentado. Creemos importante ampliarlo no solamente a los médicos, sino al equipo que brinda la atención.

Si bien los médicos son muy importantes, también necesitamos el equipo, de forma tal que se extienda la posibilidad de la prestación complementaria al equipo médico en su conjunto.

También nos parece importante modificar la Ley de la Superintendencia Nacional de Salud, la Ley 29344, de manera tal que la Sunasa no solo pueda salvaguardar, vigilar y proteger los derechos de los asegurados, sino también de cualquier usuario. ¿Por qué planteamos esto? Porque hoy la Sunasa, frente a una queja de un usuario asegurado de cualquier régimen, puede intervenir para las acciones correspondientes que corrijan el problema. Si el usuario no es asegurado, aun siendo el mismo establecimiento que está presentando la falla, la Sunasa tiene limitaciones para proveer esa protección del

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derecho. Es, en realidad, una limitación ficticia, porque estamos hablando del mismo servicio que tiene que ser corregido.

Entonces, eso daría una mayor amplitud y potenciaría el rol de la Sunasa.

Tal vez el eje central de este segundo ítem del pedido de facultades está en la ley para organizar y gestionar la red integrada de servicios de salud con énfasis en la atención primaria, la atención secundaria, la promoción y la prevención de la salud; pero también en la solución de los problemas básicos de las especialidades de pediatría, ginecoobstetricia, cirugía y, en fin, todo aquello que, como he mencionado, resolvería entre el 70 y el 75% de los problemas de salud.

Es muy importante decir que esta propuesta de red integrada de servicios de salud con una organización más eficaz y el uso efectivo de los recursos y la oferta existente en un territorio tiene que estar absolutamente alineada con la política de remuneraciones y la política de inversiones, que son otros dos puntos de la delegación.

Entonces, quería llamar la atención por el hecho de que hay una relación directa entre la operación de las redes integradas con la política remunerativa y la política de inversiones, que más adelante voy a comentar.

Otro de los elementos que tienen que ver con mejorar la oferta y dispensación de los medicamentos esenciales a la población en general es que nos parece que hay una posibilidad grande de establecer complementariedades, asociaciones y alianzas con el sector privado para llegar mejor con medicamentos genéricos.

Debo decir que la preocupación expresada respecto a leyes de obligatoriedad es compartida. Creemos que el alineamiento de incentivos y prácticas de asociación pueden ser mucho más efectivas para lograr el resultado que estamos buscando, que es ampliar el acceso a medicamentos genéricos en particular.

En el primer pedido que tiene que ver con la organización del Ministerio de Salud, estamos contemplando el fortalecimiento de la Digemid, en particular la capacidad del Estado para hacer control de calidad de los genéricos y garantizar la intercambiabilidad, que es una elemento esencial para la promoción de los medicamentos genéricos.

Finalmente, en este acápite también se incluye algo que nos parece muy importante y que hemos acogido de las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales. Hoy, los fondos destinados a las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales no se distinguen bien del resto de los fondos presupuestales de estos sectores y estos pliegos. Es voluntad y es decisión de avanzar hacia una especificación más clara de cuáles son los fondos que van a cubrir las necesidades de salud de este personal y, en tal medida, se está pidiendo la delegación con el fin de adecuar los fondos de sanidad para que tengan personería jurídica propia. De esta manera habrá mucho más transparencia en cómo se financian los equilibrios financieros para cubrir las necesidades de salud de este personal, y se establecerá también las salvaguardas económicas, financieras, contables y presupuestales para un uso más transparente.

El siguiente ítem es la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud.

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Nos parece absolutamente fundamental establecer los mecanismos, procedimientos, metodologías que soporten una política de inversión. La inversión tiene una inercia que a veces nos hace perder de vista la política que está detrás de ese conjunto de esfuerzos de inversión. Cuando decimos que vamos a fortalecer la atención primaria y secundaria en el país, tenemos que alinear la política de inversiones a ese objetivo principalmente.

Ya venimos trabajando con todos los gobiernos regionales en una planificación multianual de inversiones que apuntan a fortalecer ciento setenta hospitales intermedios y hospitales básicos con estas especialidades mencionadas en todo el territorio nacional. Recientemente se ha hecho una transferencia de doscientos millones para iniciar el financiamiento de este tipo de establecimientos estratégicos a los gobiernos regionales de San Martín y Moquegua y al hospital de Jaén.

La intención es continuar trabajando para orientar recursos a este cambio sustancial en la organización de servicios en el país. Pero para que esta asignación de recursos sea sostenible, permanente y transparente y esté orientada en el sentido antes mencionado, consideramos muy importante darle continuidad normativa y procedimental. En ese sentido, esta planificación debe ser multianual, multisectorial —en la medida en que queramos redes integradas— e intergubernamental.

Los tres niveles de gobierno estamos haciendo esfuerzos de inversión, aunque a veces no necesariamente muy bien coordinados. Nuestra experiencia de estos meses es haber encontrado diversos proyectos —no necesariamente complementarios, sino a veces contradictorios— que han significado esfuerzos e inteligencias no necesariamente articulados del modo más eficiente. Entonces, creemos que esta iniciativa puede ayudar muchísimo a acelerar la inversión, a orientarla en un sentido concreto y a ir cerrando la brecha de servicios con este enfoque.

También enfatizamos que este enfoque requiere que la planificación de infraestructura y equipamiento venga fuertemente asociada a la planificación de los recursos humanos que se van a requerir para poner en operación esta nueva infraestructura. Lamentablemente, ahora tenemos casos donde tenemos la infraestructura, pero no se han tomado las previsiones para contar con los especialistas que se requieren para poner en operación esta infraestructura.

El siguiente es un punto altamente sensible y largamente discutido: la política integral de remuneraciones de los servidores profesionales y asistenciales del Decreto Ley N.° 276, que abarca al Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, el personal civil de las sanidades, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del INPE y otras instituciones públicas que tienen personal asistencial.

La idea acá es tener una nueva estructura salarial que permita nuevamente tener una política remunerativa. Esto no es simplemente un aumento de sueldo, sino que pretende estructurar una política remunerativa que por un lado ordene la multiplicidad de conceptos…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señora ministra de Salud, permítame una breve interrupción.

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Pido a los señores parlamentarios que se sirvan prestar mayor atención a la exposición de la ministra.

Puede continuar, señora ministra de Salud.

La señora MINISTRA DE SALUD, economista Midori de Habich Rospigliosi.— Gracias, señor Presidente.

Se trata de ordenar la remuneración fija, que hoy está compuesta por una serie de ítems. La remuneración propiamente generadora de pensión es muy pequeña y, por lo tanto, la posibilidad de que hubiese una pensión al término de la vida laboral se reduce considerablemente.

Entonces, se busca ordenar la remuneración fija y ampliar la distancia entre los niveles de la escala salarial. Hoy es una escala muy chata, por decirlo así. Hay muy poca diferencia entre un nivel y otro.

Por último, quisiéramos introducir un componente de remuneración variable que permita orientar los incentivos y alinearlos con la política; una remuneración variable producto de acuerdos de gestión y otros mecanismos de fijación de indicadores de desempeño de la institución que supongan un incentivo fuerte a todo el personal para lograr estas metas de mejor desempeño institucional; una parte variable que tenga que ver con el trabajo en zonas alejadas y de fronteras para que haya un incentivo para atender estas zonas y retener al personal durante un tiempo más prolongado —hoy hay una rotación muy alta, con lo cual se vulnera la calidad de atención—; y elementos también variables que tengan que ver con premios a aquellos que desempeñan ocupaciones más riesgosas. En fin, un conjunto de elementos que orienten claramente los incentivos hacia objetivos de política.

Nos parece muy importante que podamos avanzar rápidamente en nuestra nueva estructura salarial, que está siendo reclamada, como es de conocimiento de todos y de la opinión pública. El hecho de estar aquí el día de hoy refleja la importancia que el Ejecutivo y el Ministerio de Salud están dando a rápidamente modificar la escala salarial y satisfacer una necesidad salarial reconocida por nosotros y por todo el país; pero a la vez, como corresponsabilidad, se solicita a los propios trabajadores un compromiso para un mejor desempeño.

Entonces, nos parece sumamente importante este tema y esperamos contar con la anuencia de este Congreso.

El punto quinto tiene que ver con la extensión de cobertura de la protección financiera en salud. ¿Qué estamos diciendo con esto? Tener alguna normativa que nos permita ser más ágiles en la afiliación al Seguro Integral de Salud de poblaciones más alejadas que carecen de DNI o de otros requisitos formales. Nos cuesta mucho poder afiliarlos porque no cuentan con esa documentación previa.

Consideramos que comunidades nativas, particularmente en la sierra y la selva, deberían tener un régimen de afiliación colectivo que nos permita extender con mucho más rapidez

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la cobertura. Son cambios más administrativos, en términos de reglas de afiliación, pero muy importantes para actuar con mayor celeridad.

Y también tenemos la discusión sobre cómo podemos complementar el criterio de pobreza monetaria con el concepto de vulnerabilidad para hacerse acreedor a una afiliación o estar incluido en el grupo objetivo del Seguro Integral de Salud.

Ya el Congreso ha aprobado recientemente la Ley del Seguro de Salud Escolar, con lo cual ya hemos comenzado a dar un paso en ese sentido. Extendiendo la protección del Seguro Integral de Salud a aquellos niños que, estando en escuelas públicas, no tienen seguro de salud, habremos dado un paso muy interesante para seguir pensando en que otros grupos vulnerables requieren protección financiera. La sociedad peruana considera que proteger a estos segmentos, a estas poblaciones, es una prioridad para la sociedad.

Esos son básicamente los primeros cinco puntos, y con el permiso del señor Presidente, quisiera solicitarle a la doctora Laos que explique el punto seis, referido a EsSalud.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Gracias, señora ministra de Salud.

Tiene la palabra la señora Nancy Laos, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, Nancy Laos Cáceres.— Señor Presidente, señores congresistas: En primer lugar, muchísimas gracias por permitirme sustentar acá en el Pleno el último punto de la solicitud de delegación de facultades, que se refiere al fortalecimiento y el financiamiento de EsSalud a fin de garantizar la sostenibilidad del fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de la brecha en infraestructura, recursos humanos, equipamientos, servicios y otros bienes.

Como es de público conocimiento, existe una deficiencia en cuanto se refiere a los servicios y a la atención que presta EsSalud. Todos los días vemos en los noticieros que hay congestionamiento en la atención del servicio de emergencia y deficiencias en la atención en cualquiera de los hospitales a cargo de EsSalud, como es el caso del Hospital Rebagliati, por ejemplo. Por eso, nos hemos permitido, dentro de esta reforma integral del Sistema de Salud, solicitar que se incluyan facultades delegadas con el fin de cumplir determinados objetivos tendientes al fortalecimiento y el financiamiento de EsSalud, garantizar la sostenibilidad del fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de esta brecha en infraestructura, servicios, recursos humanos, equipamiento y otros.

¿Cómo podemos hacer esto?

Tenemos cinco objetivos y cinco definiciones de cómo podemos hacerlo.

En principio, perfeccionar los mecanismos de cobranza y recuperación de deudas tributarias y no tributarias a la Seguridad Social en Salud.

Con anterioridad, EsSalud tenía la posibilidad de que si existía alguna deuda, pudiera suscribir convenios con las entidades deudoras con el objeto de que puedan efectuar pagos en especie —por ejemplo, un inmueble, un vehículo— en vía de compensación de

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las deudas. No tenemos actualmente esa posibilidad, y por eso es por lo que estamos solicitando la facultad normativa que tendríamos que desarrollar.

Igualmente, si algún gobierno regional tuviera esta deuda, quisiéramos contar con la posibilidad de pactar con ellos un fideicomiso, en cuyo caso el pago íntegro de la deuda se quedaría en la región. Se suscribiría este fideicomiso que nos permitiría hacer una obra de infraestructura en la localidad.

Asimismo, requerimos dictar normas para sancionar eficazmente las filtraciones, suplantaciones y el no pago doloso a la Seguridad Social en Salud, considerándolos como un nuevo tipo penal, porque no está dentro de la tipificación del Código Penal este tipo de delitos.

Otro tema que es importantísimo para nosotros es el dictar normas que garanticen los ingresos de la Seguridad Social en Salud para asegurar el financiamiento e implementación de sus inversiones, de modo que estas permitan cerrar las brechas existentes de infraestructura, equipamiento, bienes y personal asistencial especializado que requiere la institución. Para ello requerimos el desarrollo de nuevas propuestas normativas en base a estudios actuariales favorables.

De igual manera, tenemos que establecer mecanismos para incentivar un mayor cumplimiento en el pago de las contribuciones a la Seguridad Social en Salud de los empleadores del sector público y del sector privado. Por ejemplo, requerimos el diseño de políticas públicas relativas al buen contribuyente. También necesitamos establecer reglas y normas a fin de evitar los subsidios cruzados entre los regímenes de la Seguridad Social en Salud, así como perfeccionar los mecanismos que permitan uniformizar las tasas de aporte con vínculo laboral vigente. Por ejemplo, la estandarización de bases imponibles.

Todos estos son objetivos que tenemos. De ese modo podremos cerrar las brechas para que EsSalud pueda alcanzar un servicio más eficiente, que es lo que requiere la ciudadanía en general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Presidencia agradece las exposiciones de las señoras ministras de Salud y de Trabajo y las invita a permanecer en la Sala de sesiones para participar en el debate.

Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidente, por intermedio de usted les doy la bienvenida a las dos ministras de Estado.

Hablar de una reforma de salud implica muchos componentes que en estos momentos percibimos que los están dejando de lado. Y no quiero referirme a los primeros pasos de este Gobierno cuando hablaba de salud y decía que se iba a construir un hospital en cada provincia. Hoy vemos que uno de los contenidos de estas seis propuestas habla de construir o equipar instituciones de salud.

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Otro componente que se quedó en la grandilocuencia y que no funciona, así como tantas cosas, es el famoso Servicio Asistencial Médico de Urgencia (SAMU). Para atender una necesidad imperiosa de la población, cuenta con cuatro ambulancias; si no, que me desmienta la ministra. Si uno llama al 105, podrá comprobar que no funciona como un verdadero sistema en el que el paciente tiene la referencia para poder ser atendido en la institución a la cual ya está directamente derivado a través de estos sistemas de emergencia.

El Perú es un país heterogéneo y diverso en poblaciones y territorio. Tenemos poblaciones muy adelantadas y poblaciones que están saliendo del neolítico, cazadoras y recolectoras que viven como hace cuatro mil años. Pero a todos hay que llevarles salud. Y tenemos una diversidad porque como consecuencia de este territorio hay muchos microclimas y patrones epidemiológicos propios de diferentes zonas del país. A todos hay que incorporarlos a una política de salud.

Entonces, a mí me hubiera gustado escuchar, siendo un sector tan grande que reposa sobre dos columnas, que son el financiamiento y la prestación, qué vamos a hacer con el financiamiento.

¿Cómo vamos a financiar? ¿Vamos a seguir fortaleciendo oferta llenando de gente las instituciones, como vemos hoy día en diferentes leyes, o vamos a subvencionar demanda para que la población tenga realmente un empoderamiento?

¿Cómo vamos a atender a la población? Me hubiera gustado escuchar qué vamos a hacer en la prestación de salud, qué vamos a hacer en salud individual y qué vamos a hacer en salud colectiva, donde la recuperación de la salud de una persona redunda en bien colectivo. Si yo curo a un tuberculoso, evito que contagie a diez.


El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Voy a tomar el tiempo de la bancada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— No hay tiempo de la bancada, congresista. Puede usted continuar.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— ¿Qué es lo que vamos a hacer en recursos humanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos recursos para poder contener una demanda del segundo nivel de atención y trabajar en las especialidades básicas? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el aseguramiento universal? ¿Vamos a continuar con las acciones focalizadas del seguro integral de salud o seguro de los pobres, o vamos a abrir una prestación para que la atención vía el aseguramiento que todos tenemos, tanto en el régimen contributivo —como me hubiera gustado escucharlo de la ministra de Trabajo respecto de los que aportamos el nueve por ciento de nuestro salario— como en el régimen público o seguro de los pobres?

¿Qué vamos a hacer con los grupos poblacionales no cubiertos, que son los grupos emergentes que han accedido a un mejor nivel económico pero que siguen viviendo como pobres? ¿Cómo vamos a motivar que esta gente pueda entrar en un sistema de aseguramiento con copago o alguna de las maneras…?

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Vamos a elevar a cuatro minutos el tiempo de cada intervención, y les pido que puedan ajustarse a ese tiempo.

Tiene un minuto más, congresista Alejandro Aguinaga.

El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Qué pena que no podamos discutir. Qué pena que un tema tan importante se toque con superficialidad, Presidente. Un proceso de reforma no requiere el apuro de que hoy día se apruebe, porque un proceso de reforma en un país significa diez o doce años, y no veo la urgencia de que se apruebe hoy día sin que seamos escuchados acerca de los componentes que quisiéramos que se fortalezcan para que haya un buen sistema.

Cuando hablan del punto seis, del fortalecimiento y el financiamiento de salud, ¿a qué fortalecimiento se refieren si la gente participa en este régimen contributivo con el nueve por ciento de su salario? ¿O es que la ministra nos plantea —con lo cual yo estaría de acuerdo— que el seguro EsSalud se convierta, como cualquier seguro, en financiador y que el aparato prestador de la atención de salud, que es donde hay la más grande corruptela en el país, que es donde se construyen hospitales donde no se necesitan, que es donde se compran equipamientos que están encajonados y pierden su garantía…?

Lo que queremos es que un seguro sea netamente financiado. ¿Vamos a dar ese paso de reforma?

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluyó su tiempo. Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Enrique Wong hasta por un máximo de cuatro minutos.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Presidente, a través de usted saludo a las señoras ministras.

En la Comisión de Salud se ha trabajado durante mucho tiempo en los proyectos de ley. Creemos que la delegación debería hacerse en dos puntos: en la organización del Ministerio de Salud y en la política integral de remuneraciones.

El problema es muchas veces de fondo. El Proyecto Esperanza prácticamente nació muerto, porque es fundamental el personal humano.

En el caso del cáncer, es fundamental la labor de los oncólogos, y el problema es en muchas partes del país no hay estos especialistas. De los ciento cincuenta y siete oncólogos que hay en el país, ciento veintinueve están en Lima. En las provincias prácticamente no existen. Y si consideramos que dentro de la especialidad hay subdivisiones, como la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, que tienen un mínimo de profesionales en las provincias. Entonces, este Proyecto Esperanza iba a ser una desesperanza e iba a ser un fracaso completo.

¿Por qué tenemos tan pocos especialistas? Porque muchas veces en el Ministerio de Salud no hay un estudio completo para que se formen especialistas. Tenemos que tener residentes, y los residentes son los que están más limitados por ciertos hospitales que

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aceptan muy pocos especialistas. Por eso, por ahí se habla de que los grandes millonarios son los que se dedican a la oncología.

El problema es que nosotros ponemos trabas para formar a los especialistas.

En la Comisión de Salud habíamos debatido sobre el problema de la residencia, porque solamente se aceptan alrededor de veinte a veinticinco para hacer esta especialidad.

No hay ningún país que tenga un número tan limitado de especialistas de oncología como el Perú, a pesar de que el cáncer es la segunda causa de muerte. No hay la posibilidad de que en provincias puedan hacer el diagnóstico, la prevención o el estudio primario de esa enfermedad. Quienes padecen de cáncer tienen que venir a la capital y dormir a la intemperie, porque no tienen ni cama para ser atendidos. Es indudable, porque hay fallas en el principal factor, que es el humano. Ni hablemos de fallas de infraestructura. Si no tenemos al especialista, no se van a tener los elementos necesarios para dar un tratamiento.

Nosotros pedíamos que solamente delegáramos la facultad en el caso de la política integral de remuneraciones porque el caso apremiaba. Lo demás deberíamos consensuarlo, porque ya se ha trabajado de forma seria en la Comisión de Salud, en común esfuerzo de todos los congresistas, para que el proyecto de ley fuera más completo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Cecilia Tait por cuatro minutos.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, mi bancada se ha retirado y el congresista Valle no va a participar, por lo cual yo le pediría, por cada uno de mis colegas, el tiempo correspondiente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Lamento que no tenga más tiempo, congresista Tait.

Para que las normas queden claras para todos, debo manifestar que no ha habido asignación de tiempo por bancada ni ha habido ninguna reunión de portavoces.

Le pido que haga el máximo esfuerzo, congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Bueno, se han reunido para otras cosas que van a estallar ahora, pero voy a tomar su generosidad.

Presidente, yo me permití esta mañana pedir en el Twitter que los ciudadanos participen con algunas preguntas, y voy a hacérselas llegar a las ministras de Salud y de Trabajo.

Sí, da Vida dice: “Inconsistencia en reforma de salud. Ni siquiera reconoce la salud como derecho humano”.

César Ponce: “Sea autoridad central y así, por ejemplo, no tengamos hospitales controlados por otros ministerios, gobiernos regionales, etcétera”.

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El mismo César Ponce: “Plazos concretos de reformas que plantean y si es posible que tengamos sistema único de salud”.

Además, la Red Peruana de Pacientes Usuarios dice lo siguiente: “Quisiera preguntarle a la ministra si conoce la Ley 29124, la Ley de Gestión y Participación Ciudadana de Salud. ¿Hicieron de conocimiento y participación a los miembros de esta red peruana la iniciativa del Ejecutivo?”.

Parece que, según este comunicado, no.

Pero tengo algunos alcances que sería bueno que los tomaran en cuenta.

El señor Julio César Cruz, coordinador de la Red Peruana de Pacientes Usuarios dice: “No han reconocido como derecho humano, generando una brecha enorme para alcanzar el acceso universal integral digno y gratuito a los servicios de salud. Se persiste en la política de seguros segmentados, que no permiten el acceso universal. Los treinta millones de peruanos no tienen garantizada la cobertura prestacional integral. Y de estos, aproximadamente ocho millones no tendrán ningún nivel de protección financiera, generando exclusión”.

Cruz Requena: “El sector no ha previsto mecanismos que garanticen una efectiva participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud”. Y observa en la propuesta de reforma un conjunto de medidas para contratar servicios de terceros en lugar de fortalecer el sector.

En la misma línea, Mario Ríos, de la Asociación Justicia en Salud, sostuvo que la nueva reforma vulnera la protección de los derechos de las personas usuarias al no establecer estrategias de prevención y mecanismos de acceso a la justicia en casos de malas prácticas médicas, atención inadecuada, cobros indebidos, etcétera.

El señor Marlo Castillo dijo que no hay coherencia en las medidas correctivas para lograr la disponibilidad oportuna de productos farmacéuticos e insumos médicos esenciales, ya que el diagnóstico del plan no contempla determinantes, como la propiedad intelectual, que afectan los precios de los medicamentos a nivel nacional.

La ministra habla de reformar y habla del ROF. ¿El reglamento de organización y funciones está obsoleto? Después de dos años, ¿se han dado cuenta ahora? ¿Cuánto va a costar esa reforma? No lo ponen, pero está dentro del pedido de facultades. Si ustedes quieren hacer esa reforma del ROF, por lo menos dígannos cuánto va a costar…


La señora TAIT VILLACORTA (PP).— El congresista Tito Valle me da sus cuatro minutos.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— No está anotado el congresista Tito Valle. Concluya, congresista.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Usted le ha dado al grupo Fujimorista…

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Lo han solicitado y no lo he concedido.

Concluya, congresista.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Tengo acá algunas preguntas.

En cuanto a la reorganización de EsSalud, ¿la norma que emita el Ejecutivo durante la delegación de facultades va a ser de aplicación en todo el territorio nacional? El Minsa no tiene rectoría en los gobiernos regionales, y existen hospitales que son controlados por otros ministerios. ¿Cómo piensa integrar el sector Salud bajo su rectoría?

¿A cuánto asciende la suma pronosticada por el Ejecutivo para ejecutar y cumplir los objetivos planteados en el proyecto de ley presentado?

¿Dentro del monto de inversión están tomando en cuenta el abastecimiento de medicamentos?

¿Podría explicar a todo el Parlamento cuáles son los plazos de ejecución fijados para cumplir los proyectos que están tomando en cuenta para mejorar el sector Salud y cuáles son estos?

En cuanto a la modernización, ¿cómo piensan hacerlo?

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Lo lamento, congresista, pero concluyó su tiempo. Gracias.

El dictamen que está en debate ha sido aprobado por unanimidad. De acuerdo al Reglamento, las intervenciones son de dos minutos. Estamos siendo flexibles y hemos duplicado el tiempo con el adicional que normalmente se concede para finalizar. Estamos hablando de cinco minutos, más del doble del tiempo reglamentario.

Les pido que a todos los parlamentarios que puedan focalizar y priorizar los temas que van a tratar en sus intervenciones.

Tiene la palabra la congresista Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción la congresista Cecilia Tait.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Supongo que para su región y para el país es importante la reforma, y si están pidiendo ciento veinte días para legislar en la reforma de Salud y usted está limitando los tiempos, seguramente creen que porque tienen los votos van a cumplir con lo que se está pidiendo. Lo dudo, Presidente.

Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Repito que no estoy limitando los tiempos, sino que los he duplicado.

Puede iniciar su intervención la congresista Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, saludo la presencia de las ministras de Salud y de Trabajo.

La ministra de Salud al inicio de su exposición dijo que venía a darnos a conocer por qué el pedido de facultades después de un largo debate. Me gustaría saber con quién debatió.

Hoy día he tenido la posibilidad de estar con la federación médica. Constantemente vienen los obstetras y una serie de actores involucrados en la problemática de la salud, los cuales no han sido convocados en la mesa de trabajo que usted ha planteado para tener esta reforma.

Si no mal recuerdo, ministra, en agosto del año pasado yo la visité y le llevé todos los proyectos de ley que se encontraban en la Comisión y en el orden del día. Entre ellos se encontraba la reforma de salud, con iniciativas de la congresista Tait y el congresista Tapia, que trabajó el proyecto durante seis meses, como bien lo ha dicho el congresista y doctor Wong. Por ahí dijeron algunos colegas de la bancada oficialista que acá no había especialistas para tratar estos temas, pero ese proyecto se trabajó con todas las instituciones públicas y civiles que hoy trabajan en la mesa convocada por la ministra.

Recuerdo que le dije que si tenían alguna propuesta adicional presentaran un dictamen en minoría a través del oficialismo para sacar un texto consensuado y poder actuar con la mayor brevedad posible sobre la crisis en el sector Salud.

La fragmentación que existe en el sector Salud es terrible. Yo sé que es un problema de años, pero ¿cómo permite lanzar otros programas sociales que crean una expectativa terrible, como el Plan Esperanza, sin tener a los especialistas, como dijo el congresista Wong.

Nosotros tenemos cuarenta y cinco mil casos adicionales de personas con cáncer, una enfermedad tan dura y tan triste a veces, y no tenemos ni trescientos oncólogos en todo el Perú. En la Región Piura recién hay dos oncólogos desde hace un año.

Por favor, no mintamos a la población. Estamos maltratando a los enfermos. Necesitaríamos ochocientos oncólogos para poder trabajar en prevención, no ciento ochenta millones de nuevos soles. Y parte de esa suma que se ha destinado para el Plan Esperanza ha salido del Fissal [Fondo Intangible Solidario de Salud], de un fondo que por iniciativa del congresista Urtecho se dio para enfermedades de alto costo y enfermedades raras.

Han debido tener un fondo especial. No podemos mentirle a la población. Y si el Presidente viene y nos dice que quiere hacer este programa, tenemos limitaciones.

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El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está embalsamado, está tugurizado desde hace años, señor Presidente. No es que ayer hayan aparecido todos los pacientes, no es que desde ayer recién duerman los pacientes en los pasillos. Desde hace años pasa eso.

Se necesitan infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y acá yo saludo que el Ejecutivo mande iniciativas. Si la ministra ha tenido la posibilidad, de acuerdo al artículo 105.° del reglamento de las comisiones, de presentar su proyecto con carácter de urgencia, se hubiera podido priorizar, como yo lo he hecho con el seguro escolar.

Con las dos iniciativas que tienen iniciativa de gasto, perfecto. Lo de las remuneraciones tiene que verlo de una manera integral, no solo lo del sector Minsa. Acá se tiene que hacer una reforma salarial integral: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, INPE, Ministerio Público…


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— De esa manera tenemos que trabajar. No puede haber una fragmentación en el sistema ni siquiera salarial, y espero que eso esté contemplado.

También saludo la iniciativa del empoderamiento de los centros estratégicos. Para el primer año están los ciento setenta, y es una iniciativa que solo depende del Ejecutivo, porque a mí me hubiera encantado plantearla, pero no puedo.

Las otras cuatro materias las hemos podido trabajar de una manera ordenada, respetando el trabajo que hicieron los otros congresistas con todos los especialistas. No podemos vulnerar el trabajo de los congresistas y abdicar a nuestra función principal, señor Presidente.

Yo espero que nosotros seamos responsables y podamos aprobar las dos iniciativas que escapan de nuestras facultades porque tienen iniciativa de gasto; y que lo otro se vaya haciendo paulatinamente y respetando los fueros correspondientes.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Señor Presidente, por su intermedio, mi saludo a las ministras de Trabajo y de Salud.

Señor Presidente, lo que está pasando en esa Mesa es una evidencia de cómo la salud está fragmentada. La ministra de Salud y la ministra de Trabajo. EsSalud pertenece al Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace EsSalud en el Ministerio de Trabajo?

En segundo lugar, señor Presidente, se ha ofrecido un hospital en cada provincia y aumentar el presupuesto. Yo le pregunto a la ministra, a través de la Presidencia, lo siguiente: en el Presupuesto General de la República se aprobaron S/. 9 924 000

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000,00; y en el PIM [presupuesto institucional modificado] del pliego del sector, ¿cuánto figura el día de hoy? S/. 8 791 000 000,00. Nos han arrancado S/. 1 133 000 000,00, Presidente.

Si en el 2012 aumentaron 0,05%; esta vez, el 2013, el aumento sería el 0,01% del PBI, S/. 584 000 000,00.

Entonces, por más que nos quieran decir que nos dan S/. 500 000 000,00, ni siquiera nos están dando lo que estuvo en el Presupuesto General de la República. Los hospitales se caen a pedazos. El equipamiento es de la Segunda Guerra Mundial y las remuneraciones son prácticamente miserables. Lo hemos dicho hace un momento. Y plantean una reforma que es básicamente de la rectoría, de las remuneraciones, y de las inversiones en Minsa y EsSalud.

¿Hay prisa para aprobar esto, Presidente? Hay prisa ahora de parte del Gobierno porque los médicos están en huelga y se les une todo el personal de EsSalud a nivel nacional. Dos años han pasado y recién ponen la reforma del Sistema Nacional de Salud.

Estamos en el segundo lugar en el mundo en casos de tuberculosis multidrogo resistente.

Solo se ha utilizado el 25% del presupuesto de inversiones; y es una reforma insuficiente, porque es materia presupuestal. La reforma es la rectoría del sistema único de salud, que intervenga la comunidad civil en el presupuesto y el sistema articulado con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud, EsSalud.

Presidente, la Sunasa no funciona y los gobiernos regionales hacen lo que les da la gana. Eso es parte de la reforma, Presidente.

EsSalud debe salir del Fonafe, y así sucesivamente.

Podemos hablar de reforma cuando tengamos una ley de residentado médico. El proyecto está durmiendo en este Congreso de la República cuando a niños que se han vacunado contra la polio les ha dado polio postvacuna y se siguen arrastrando. ¿Eso es realmente inclusión social?

Presidente, ahora tenemos serios informes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República que dicen bien claro: EsSalud, déficit de tres mil setecientas camas, saturación de 300%, pacientes en emergencia duran treinta y cuatro horas, doce mil cirugías en espera. Esa es nuestra realidad.

Ahora me salen con que van a hacer convenios con Solidaridad. Un asegurado no merece atenderse ahí, porque son consultorios de Solidaridad.

¿Eso es reforma?


El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Esto no es una reforma.

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En el Congreso de la República hemos presentado proyectos la congresista Tait, quien les habla y otros congresistas y considero que somos capaces de hacer la gran reforma del Sistema Nacional de Salud. Que salga del Congreso de la República. Que el Ejecutivo envíe su proyecto y se discuta. En el Congreso de la República hay personal capacitado.

Y no olvidemos, Presidente, el nombramiento de los médicos y del personal de salud a nivel nacional.

Además, las remuneraciones tienen que ser integrales también para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Inpe.

No seamos miserables con los médicos residentes, los serumistas, a los que hasta ahora les ha negado el bono. Les han dicho: “¿Quiénes son los médicos serumistas?”. Y un día el Presidente de la República incluso dijo: “¿Son médicos?”.

Para terminar, Presidente, para el Plan Esperanza le dieron al país S/. 68 000 000,00…


Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Presidente, con su venia, pide una interrupción la congresista Oseda.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Doris Oseda.

La señora OSEDA SOTO (NGP).— Señor Presidente, un saludo a todos los congresistas presentes.

Sinceramente, siento malestar cuando escucho a quienes cuestionan esta delegación de facultades. Hay que tener calidad moral para reclamar, para cuestionar. Aquí, el sector Salud está con múltiples problemas, y quienes hemos conformado la Comisión de Salud y hemos trabajado muchos años en el sector conocemos muy de cerca esta problemática.

Me indigna escuchar al congresista Segundo Tapia. El 7 de julio, Punto Final lo denuncia.

¿Hay malos funcionarios?, ¿hay malos elementos? Sí, pues. Destinó cuatrocientas noventa y cinco camas, con un costo de más de siete mil nuevos soles cada una, del Hospital Loayza a la Región de Cajamarca.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Por alusión, puede intervenir el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Señor Presidente, por intermedio de usted quiero decirle a la congresista Oseda que ese es un refrito. Aun así, quiero decirle que ninguna cama me he llevado del Hospital Loayza para regalarla en Cajamarca. Y me someto a todo el Pleno del Congreso de la República, a la Comisión de Ética y a todas las comisiones que se conformen para llegar a la verdad.

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Rechazo ese infundio que me ha hecho la congresista Oseda. Me llama mucho la atención que mezclemos un tema de reforma del Sistema Nacional de Salud en el que de manera irresponsable una ministra de Salud les ha mentido a los médicos de la Federación Médica Peruana y no ha cumplido con el acta.

Ha habido una deficiencia en la gestión de la ministra, porque no ha cumplido un acta, lo que al final se traduce en ineficiencia de la gestión, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Le concedo la segunda interrupción a la colega Oseda.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Doris Oseda.

La señora OSEDA SOTO (NGP).— Señor Presidente, indigna, pues, cuando…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Invoco a la congresista Doris Oseda a que no siga con alusiones personales, de modo que no se genere un diálogo innecesario.

La señora OSEDA SOTO (NGP).— Señor Presidente, el sector Salud está atravesando una crisis, y en la Comisión de Salud en un inicio decidimos declararlo en emergencia, pero era inconstitucional.

Todos los que hemos viajado a las regiones nos sentimos preocupados por este sector. Los especialistas han dicho que este sector es el más complejo y presenta múltiples problemas. Entonces, es importante dar un paso trascendental.

Yo hice alusión del congresista porque, aparte de los serios problemas, hay actitudes negativas de quienes en algún momento tuvieron una función pública o tuvieron un encargo en algún hospital y causaron desorden, y acá tenemos que escuchar sus cuestionamientos.

Cuando escucho al doctor Aguinaga…


Puede iniciar su intervención el congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, por intermedio de usted hago un saludo muy especial a nuestras señoras ministras de Trabajo y de Salud.

Es de suma y trascendental importancia que se debata este problema sobre la delegación de facultades. Todos sabemos que delegar no es ‘aplicar’; delegar funcionalidad al Ejecutivo es más bien ‘agilizar la funcionalidad en la dación de leyes que necesita el país’.

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Tenemos que despojarnos de egoísmos y orgullos personales. Invoco y exhorto a la comprensión de todos nuestros colegas presentes aquí para que pensemos en la salud de los niños, los hombres y las mujeres del país. No es hora de lamentaciones, porque en dos años no hemos hecho nada. Ya es hora de reflexionar y hacer un acto de contrición, políticamente hablando, para agilizar la funcionalidad del Estado en el sector Salud.

Es una invocación que les hago. Si realmente queremos velar por la salud de nuestro pueblo, dejémonos de orgullos personales y démosle prioridad a la salud del pueblo peruano.

Es mucho lo que se puede decir a favor de esta delegación de facultades, y muchos distinguidos maestros en política son testigos de que a los gobiernos anteriores continuamente se les ha delegado facultades y con buenos resultados.

Solicitamos que se den estas facultades para agilizar fundamentalmente el sector Salud.

Se dice que nosotros no estamos cumpliendo con la construcción de hospitales, y al respecto debo decir que no se están construyendo hospitales en la plenitud de lo que quisiéramos, pero sí estamos avanzando.

En la ciudad de Arequipa, en el distrito El Pedregal, prontamente se va a inaugurar un moderno hospital que cuesta treinta y seis millones solamente en infraestructura. Está equipado con los últimos instrumentos que la modernidad exige, y eso muchos de ustedes no lo conocen. Se va a inaugurar dentro de unos escasos días. Ya se ha contratado también a doscientos cincuenta personas especialistas que tienen que ver por la salud.

Hacemos esta invocación porque es necesario que el Ministerio de Salud pueda reorganizarse y contemporizarse. Se necesita modernizar la gestión de las inversiones públicas de la salud. Es hora de revisar la política integral de remuneraciones de los servidores médicos profesionales y del personal asistencial del sector público, que hoy ha iniciado una huelga. Asimismo, se requiere dictar medidas para la extensión de la cobertura de salud y el fortalecimiento de las finanzas en salud.


El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— … solucionar los problemas laborales que en este momento tiene el país en el sector salud.

Entendamos que es un llamado que hacemos a nombre del pueblo. No es perder un orgullo, sino servir de todo corazón a un pueblo que se muere por falta de organización, por falta de atención médica. Ya es hora de que le digamos al país si estamos por la salud o en contra de ella.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Jorge Rimarachín.

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El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista Coa.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente, este es un tema estructural, de fondo, que debe captar nuestra más seria atención. Antes que preocuparnos en los bonos de la reforma agraria, que significan millones de soles impagables para nuestro presupuesto, debemos detenernos, con un poco de serenidad y objetividad, para hablar, desprovistos de sesgos de carácter político, respecto a las posibilidades de este sector.

Hay que reconocer los esfuerzos que todos los gobiernos han venido haciendo para atender a este sector estratégico fundamental bajo el enfoque del derecho humano. Por eso, yo no tengo ningún problema en señalar que, así como se ha saludado que en el año 2010…


El señor COA AGUILAR (NGP).— … S/. 3 000 000 000,00 para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los hospitales. Esta inversión, que en su momento fue saludada, ha sido insuficiente, porque a la fecha continuamos siendo uno de los países latinoamericanos con menor inversión por ciudadano. Son cerca de US$ 269,00 al año por cada ciudadano, lo que nos ubica todavía en las escalas inferiores.

Por esas consideraciones, es importante impulsar una reforma profunda en este sector. Nuestro Gobierno enfrenta el desafío de llevar adelante varias reformas, y es difícil impulsar esos procesos porque hay resistencia al cambio; pero cuando el debate se hace cargado de sesgos ideológicos y políticos, con miradas tremendistas…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluyó su tiempo, congresista. Gracias.

Congresista Jorge Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, me pide la segunda interrupción el congresista Johnny Cárdenas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Johnny Cárdenas.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente, hemos escuchado la participación de algunos congresistas y se han identificado hasta tres problemas muy puntuales: la falta de camas para la atención de los usuarios, la construcción de hospitales donde no se necesitan y la no planificación de los proyectos de inversión en este sector.

Los proyectos que de algún modo ya han sido presentados por sus unidades formuladoras no cuentan con la calidad necesaria para que puedan pasar a una siguiente etapa, que tendría que ser la de inversión.

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Es importante considerar el tercer punto de la delegación de facultades que está solicitando el Ejecutivo. Se refiere clara y puntualmente a la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud y establece las prioridades, los procedimientos y los mecanismos de planificación multianual sectorial, así como los de EsSalud, para racionalizar la inversión pública en materia de salud.

Los problemas que el día hoy han identificado los señores congresistas se resuelven con este tercer punto, y creo que se deberían de valorar y se deberían de estudiar, porque es importante que el Ejecutivo tenga que dar las soluciones que correspondan.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Jorge Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, con las intervenciones de las señoras ministras ha quedado claro que este Gobierno no quiere reformar la salud en el Perú.

Hay seis puntos, y la carnecita, lo atractivo es que internamente se nos ha dicho que hay S/. 500 000 000,00 para EsSalud y que todos los que van a votar creen que esa suma va a ser para aumentos a los trabajadores. Pero ni siquiera eso, Presidente.

¿Qué nos dice la ministra de Salud? “No va a haber aumento de sueldo, sino una reestructuración”. “Vamos a ordenar la remuneración fija”. “Vamos a ampliar la distancia de las escalas salariales”.

Esta llamada modernización, ¿va a ser para beneficio del personal de Salud o para ajustar el gasto en lo que llaman los neoliberales “ajustar el gasto de la carga social”? Salud está dentro de la carga social, de modo que mucho cuidado con esto, Presidente.

Pero eso no es todo. Acá se nos quiere vender el cuento de que se va a reformar con el planteamiento de la modernización, de la gestión de inversiones, del Sistema Nacional de Salud.

De la política de remuneraciones ya quedó claro que no va a haber aumento. Lo que va a haber es corte, porque quieren hacer caja. En concreto, esta es la continuación de la Ley del Servicio Civil, que quieren implementar en materia de salud.

Y cuando se habla de extensión de cobertura para la protección financiera en salud, ¿extensión de la cobertura en qué, Presidente?

Este Gobierno, al igual que los anteriores, no dice nada de una reforma en lo fundamental. No se trata de hacer variaciones administrativas, sino de reorientar la salud a lo preventivo promocional, y de lo preventivo promocional no hay ninguna línea en esta solicitud de facultades. De modo que no se quiere cambiar absolutamente nada.

La prevención es la base, y para que haya prevención tiene que intervenir salud con educación, con población cautiva y con la sociedad; pero eso es lo que no hacen.

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Yo estaba sugiriendo la ampliación del artículo 2, numeral 2.1; pero luego de la exposición ya no me dan ganas de plantearlo.

Hay que dar prioridad a una atención preventiva en la que participe la población y se articulen los diversos sectores del Estado para reducir las tasas epidemiológicas.

Tener mejor salud en la sociedad implica actuar como Estado con todos los sectores, prevenir.

Acá nos dicen que hay déficit de infraestructura, y hay que ser coherentes. Señora ministra, construya también entonces más funerarias, porque al costado de los hospitales están las funerarias. Cuando no hay prevención, hay más muertes, hay más elevadas tasas epidemiológicas, y el cambio en el sistema de salud está en atacar las causas. Las causas se atacan con prevención, y este modelo de salud en el Perú desde hace años no tiene absolutamente nada de prevención.


El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— En el caso de EsSalud, nos hablan de cobrar las deudas tributarias, que nos den pagos en especie, y las deudas del Estado a EsSalud son de más de tres mil millones por falta de pago de los descuentos en planilla.

Pero eso no es todo, Presidente. ¿Cuánto le debe el Estado a EsSalud, a los asegurados? De la plata que coge y que cogió en préstamo como caja chica. Si no, recurramos a ver el IPSS, EsSalud.

El señor Alan García construyó veinticinco hospitales en EsSalud, y eso no lo hizo con plata del Estado peruano, del presupuesto. Fue plata de los asegurados. Y no los inauguró ningún viejito, los inauguró Alan García para hacerse promoción.

¿Se quiere, entonces, hacer lo mismo? ¿Se quiere continuar con el saqueo de EsSalud? ¿Creen que EsSalud es una fuente de ingresos del Gobierno?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista Jorge Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, EsSalud no es fuente de ingreso presupuestal para el Gobierno. Lo justo sería que todo lo que aportamos en Salud lo administraran los propios asegurados. ¿Por qué el Estado coge esa plata? ¿Por qué el Estado acepta una planilla elevada? ¿Por qué los gobiernos de turno saturan a EsSalud como si fuera del Estado?

El dinero de EsSalud nos pertenece a todos los asegurados, de modo que acá no están planteando ninguna reforma. Una verdadera reforma en EsSalud es devolverles el seguro a los asegurados.

Entonces, se quiere saquear nuestros recursos y continuar con la administración de la crisis en el sector Salud.

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Yo espero que asumamos con bastante responsabilidad la votación, porque debemos reformar el sector Salud y no traer estas propuestas…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluyó su tiempo, congresista. Gracias.

Tiene la palabra el congresista Jhon Reynaga.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente, por intermedio de usted concedo una interrupción al congresista Apaza.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Lamento algunas expresiones por las que demostramos derrotismo. Tengamos fe y esperanza en nuestras decisiones a través de la delegación de facultades que necesita el Gobierno.

Nadie habla, por ejemplo, de cómo se ha profundizado el Programa Hospital Perú. Las carpas van a ser renovadas con módulos especiales en los que incluso se van a realizar operaciones. Esto lo digo con elementos de causa, porque en El Pedregal, ciudad de Arequipa, en ocho días se ha atendido a más de tres mil personas de forma gratuita. Eso es actuar, eso es salud.

Renuevo mi pedido de delegar estas facultades, porque el Perú lo necesita.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Jhon Reynaga.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente, la población que carece de este sistema nacional de salud, más que discursos, pide recursos. Debemos ser conscientes de lo que se viene suscitando en el interior del país y en los conos de Lima Metropolitana, Presidente.

Esta delegación de facultades es clave para legislar dentro del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. La vida no tiene precio, y debemos apoyar iniciativas de esta naturaleza, como muy bien lo han sustentado de manera específica las dos ministras de Estado.

En el intercambio prestacional ya está funcionando en trece regiones y permite que los asegurados del SIS se atiendan en hospitales de EsSalud. ¿Por qué no podemos ampliar eso a todos los departamentos del Perú? Sería importantísimo este intercambio, y para eso se requiere de estas facultades.

El Fondo Intangible Solidario de Salud (FISAL) ha financiado el trasplante de médula ósea de donante no emparentado a tres niños de Miami, Estados Unidos, por cuatro millones doscientos mil. Aquí en Latinoamérica no hay muchos países que realicen eso. Que se salve una vida no tiene costo en términos del principio costo-beneficio o costo-efectividad.

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Presidente, más que un tema de los médicos, este es un tema de Estado. Por ello, es coherente el aporte que hacen tanto la ministra de Salud como la ministra de Trabajo.

Los exámenes que son prerrequisitos de distintas operaciones quirúrgicas muchas veces caducan por los embalses y la falta de recursos que hay en los hospitales. Esto irroga mayor gasto al erario nacional, al Sistema Nacional de Salud, y los pacientes empeoran sus enfermedades.

Debemos cambiar esto que hemos heredado de varios gobiernos del pasado, y necesitamos esta reforma como un primer paso. Ya el presidente Ollanta Humala ha señalado que todavía nos faltan mil días de gestión, tres años, y la segunda etapa consta ya del incremento de fondos presupuestales. Tenemos que ir por partes para aplicar algo responsable.

El congresista Wong me pide una interrupción, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Enrique Wong.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Presidente, no hay ningún tipo de mezquindad en delegar las facultades que corresponden, como es el caso de las remuneraciones; pero los asuntos que corresponden a proyectos de ley que ya veníamos trabajando en la Comisión de Salud debemos de consensuarlos.

No vamos a echarle la culpa del problema al Gobierno. Eso tenemos que dejarlo claro.

El Perú es el segundo país que tiene la mayor cantidad de tuberculosis multidrogo resistente. Y para combatir ese mal es necesario aislar a los pacientes, porque de nada vale darle un tratamiento tan costoso si el señor se sube a un micro, tose y contagia a los demás.

Entonces, tenemos que llevar programas que sean factibles y efectivos.

Eso es lo que hemos trabajado en la Comisión…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista. Está en uso de una interrupción.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Presidente, no se actúa de forma mezquina si no se quiere delegar todas las facultades. El problema de una mejor atención de la salud va a llevar años. Si le delegamos todas las funciones, lo más seguro es que dentro de seis meses le estén enrostrando que no se ha hecho gran cosa, porque lo fundamental es lo humano.

En el caso de Puno, se decía que no había enfermos de la vista, y todos decían “¡qué bueno!”; pero la realidad era que no había pacientes porque no había especialista. Entonces, hay que tener en cuenta que es fundamental la formación de profesionales, de especialistas. ¿De qué vale la infraestructura si no tenemos a los especialistas?

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En el caso de los trasplantes medulares, lo fundamental es ver el análogo. La intervención en sí… No quiero yo presumir, pero siendo residente de medicina interna hice trasplante medular.

Entonces, el problema es técnico. Hay que ver cómo podemos hacer para que los hospitales tengan lo necesario…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista Jhon Reynaga.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Sí, Presidente.

Hablando del Plan Esperanza, cómo negarnos al apoyo técnico para equipar y desarrollar unidades de radioterapia en los hospitales de Lima y Callao, donde existe la mayor concentración, de modo que no se haga necesaria, como se ha venido viendo, la tercerización en Oncosalud, en Auna. En fin, ese presupuesto nos permitiría equiparnos y dar atención a un mayor número de beneficiarios.

Las visitas técnicas que se han realizado en distintas regiones como Cajamarca, Junín, Arequipa, La Libertad…


El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Sí, Presidente.

La delegación de facultades va a permitir que, en esta segunda etapa, las consultas preventivas puedan acondicionarse tranquilamente en las localidades del interior del país. En tal sentido, para ese tipo de atenciones las personas ya no se verán obligadas a concurrir a la capital.

Las capacitaciones permitirán incidir directamente en el estadío uno, en lo preventivo, donde el 98% de las personas pueden salvar su vida. En el estadío cuatro ya es mínimo el porcentaje de personas que salvan su vida.

Asimismo, la implementación de una unidad de trasplante de médula ósea de donante no emparentado evitará que se siga tercerizando a nivel de otras empresas, como se ha visto con gobiernos pasados.


El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente, el trabajo mancomunado del Minsa y EsSalud para la unidad de trasplante de médula ósea con un mejor equipamiento hará que no sea necesario transferir dinero a terceros por ese concepto. En buena hora, porque esto es algo fundamental.

Pocos parlamentarios inciden en esta tercerización; pero muchos parlamentarios están conscientes y son consecuentes con la necesidad de dar estas facultades para que se trabaje a un nivel técnico, científico y clínico en defensa del interés nacional de la salud.

Por último, ¿cómo no permitir la modernización de los registros de cáncer? Esta base de datos va a permitir identificar los casos y dar mejores soluciones.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción el congresista Cárdenas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Johnny Cárdenas.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente, nosotros quisiéramos corroborar lo que está diciendo el congresista Wong, que el Perú ocupa el segundo lugar en índices de tuberculosis. ¿Cómo no vamos a ocupar el segundo lugar si existe un déficit de médicos especialistas? Eso está claro, y es por eso por lo que se reduce la oferta de los servicios médicos asistenciales y se incrementa la demanda insatisfecha.

¿Qué se pretende con esta delegación de facultades, Presidente? Que se continúe con los servicios complementarios entre el Minsa, EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

Esto está dentro del punto número dos, que se refiere a modernizar el Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados.

Presidente, las acciones, los procedimientos, las necesidades y las observaciones que tienen algunos congresistas están considerados dentro de este proyecto de ley que remite el Ejecutivo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— El congresista Eguren me ha pedido una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Juan Carlos Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Presidente, voy a ser muy breve para hacer una aclaración en honor a la verdad.

El congresista Apaza se ha referido a un hospital en El Pedregal. Ese hospital ha sido construido íntegramente durante el Gobierno anterior, y hemos tenido dos años para implementarlo. Felizmente —más vale tarde que nunca— ya está implementado, y el impulso inicial fue a través de una partida que se gestionó en la Comisión de Presupuesto en el año 2006 o 2007.

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Entonces, que quede claro que el hospital ha sido construido durante el Gobierno anterior, y recién se ha implementado y se ha puesto en operación, después de dos años, con este Gobierno.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por alusión, tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Tenemos que hablar lo real y lo objetivo. Es verdad que fue iniciado en el Gobierno anterior. Estuvo también abandonado por mucho tiempo, pero la decisión del señor presidente regional en coordinación con nuestro Presidente de la República lo ha hecho realidad. El equipamiento es de última generación y no lo tiene ningún otro hospital de Lima ni de ninguna parte del país.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, saludo la presencia de las dos ministras esta noche.

Yo quiero preguntarle a la ministra Midori de Habich si realmente tiene un diagnóstico acerca de lo que pasa en el sector Salud.

Cuando se hizo la mal llamada reforma de la descentralización del Perú, el Gobierno Central abandonó su responsabilidad social de dar salud a los peruanos y derivó la conducción de los hospitales a los gobiernos regionales. Y durante todo este tiempo la atención en los hospitales de provincias es realmente una calamidad. Entonces, ¿usted quiere hacer una reforma para perpetuar el desorden o para aplicar una política de reforma profunda que permita que la atención de los servicios de salud llegue realmente a todos los peruanos y no solo a Lima?

¿Qué es lo que se pretende con esto? La congresista Karla Schaefer ha tenido abiertas las puertas de la Comisión de Salud durante todo este año para lograr que las reformas las trabajemos de manera conjunta el Ejecutivo y el Parlamento.

Ya tienen dos años en el Gobierno, y específicamente nosotros esperábamos que en el primer año hicieran una reforma, o al menos un diagnóstico de qué tipos de reformas son los que plantean para solucionar este problema.

Con lo que usted se ha manifestado, esto no es una reforma sino pequeños cambios para perpetuar el desorden.

No creo que solamente con modificar las remuneraciones de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud vaya a mejorar el sistema de salud en todo el Perú. Algunos cambios profundos deberían hacerse. Por ejemplo, hacer una oficina de inversiones de todos los sectores destinados a la salud (de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de EsSalud, del Ministerio de Salud, de organismos privados) para optimizar los recursos.

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En realidad, tenemos recursos escasos y los invertimos mal. No priorizamos los recursos para lograr eficiencia en la salud.

El Perú ocupa ahora el segundo puesto en los índices más altos de tuberculosis. En los años noventa se premió al Perú por el buen manejo para hacer frente a los procesos de tuberculosis y se logró bajar los índices a tal punto que fue envidia de otros países. Incluso en los programas para combatir ciertas virosis, el Perú también progresó muchísimo. Cuando vino el dengue al Perú, se dio cuenta de que el índice aédico llegaba casi a niveles más bajos que Cuba.

Lo que ustedes pretenden hacer es una reforma a medias. El plan esencial de asesoramiento de salud, ¿cómo lo van a financiar? Los programas estratégicos nacionales, ¿cómo los van a financiar?

¿EsSalud saldrá del ámbito de Fonafe? ¿Quieren hacer una reforma para sacar a EsSalud del ámbito de Fonafe?


El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— ¿Esas son las reformas que ustedes necesitan hacer? Hasta donde yo veo, a esta reforma le falta profundidad para cambiar la salud de todos los peruanos, le falta fuerza. Esto es realmente muy débil y no nos va a permitir lograr nada, señora ministra.

Estoy seguro de que no vamos avanzar en la atención de la salud que con urgencia requieren los más necesitados.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, me pide una interrupción la congresista Cecilia Tait.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Cecilia Tait.

La señora TAIT VILLACORTA (PP).— El año pasado, cuando se debatía el presupuesto general de la República, le planteé a la ministra que se desdoblaran las asignaciones para la atención de la tuberculosis, porque estaban incluidas de manera conjunta con la asignación para tratar el VIH-Sida. Obviamente, cuatrocientos veintidós millones no van alcanzar para combatir la TBC. Se necesita pagar a los especialistas. A ver si la ministra ya lo plantea por separado en este nuevo presupuesto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— El congresista Coa me pide otra interrupción, señor Presidente.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente, estamos hablando de una propuesta de reformas, y lo responsable sería discutir punto por punto cada una de las seis materias que contiene la solicitud de facultades.

Reitero mi oposición a este comportamiento fatalista, tremendista de hacer diagnósticos. Todas o la gran mayoría de bancadas hemos sido gobierno en algún momento, y todos tenemos parte de responsabilidad.

En materia estructural, amerita evacuar un debate muy serio y muy responsable sobre este tema.

Estamos…


El señor COA AGUILAR (NGP).— … de mortalidad infantil, y estamos a punto de alcanzar los indicadores de mortalidad neonatal y desnutrición crónica con referencia a los objetivos del milenio. No podemos ser facilistas ni hacer señalamientos que no llevan a atender el tema de fondo.

Son seis materias. Tienen que ver con la reorganización del Ministerio de Salud, la modernización del Sistema Nacional de Salud, la gestión en inversión pública, la política de remuneraciones, las condiciones para un acceso universal a los servicios de salud, el fortalecimiento de las finanzas en EsSalud. Esos son temas que tenemos que discutir.

Entonces, hay que concentrarnos en estos temas planteados por el Ejecutivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, las ministras nos han venido a pedir delegación de facultades sobre seis puntos, y yo quisiera llamar la atención sobre el segundo de ellos, que dice que hay que modernizar el Sistema Nacional de Salud y dar mayor acceso a los medicamentos.

El Gobierno tiene dos años y no se necesita una ley para permitir que los peruanos tengan más acceso a los medicamentos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los medicamentos suben diariamente y no están al acceso de los ciudadanos.

Entonces, quisiéramos que nos expliquen cómo van a hacer para que los precios de los medicamentos no se incrementen como si fuesen unas zapatillas, sin control del Estado. A veces se venden a 300 o 400% del precio de importación, fundamentalmente los medicamentos contra el cáncer. Ahí no se ha hecho absolutamente nada.

¿Cómo se va a hacer para que haya acceso a los medicamentos? Se puede decir que se quiere hacerlo, pero en dos años no se ha conseguido nada sobre este punto.

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En segundo lugar, se habla de modernizar la gestión de las inversiones públicas tanto en el Ministerio de Salud como en EsSalud, pero en varias instituciones públicas seguimos con el vicio de hacer compras a través de la Unops (por sus siglas en inglés, The United Nations Office for Project Services), de este organismo de las Naciones Unidas que no permite ningún mecanismo de control y a veces se hacen compras con precios sobrevalorados.

El Gobierno sigue utilizando este sistema para comprar cosas para que no haya fiscalización, porque a estos organismos internacionales no se les puede fiscalizar. La pregunta es: ¿cómo se va a modernizar la gestión en inversión si se permiten estos mecanismos que son contrarios a la transparencia y al buen manejo de los recursos públicos?

Y se hacen incluso las llamadas compras fraccionadas. Se compra de poquito en poquito y a mayores precios, en vez de comprar grandes cantidades para distribuir en los centros o establecimientos de salud.

En tercer lugar, en política de remuneraciones el Gobierno nos pide que le deleguemos facultades cuando se ha visto que la Ley del Presupuesto niega la negociación colectiva para las mejoras remunerativas o económicas de los trabajadores, cuando se ha visto que en la Ley del Servicio Civil no se permite la negociación colectiva para la mejora de las remuneraciones.

¿Por qué no se repone la negociación colectiva libre? ¿Qué garantías tiene la reforma para las remuneraciones? ¿No se les va a recortar derechos a los médicos ni a los demás trabajadores?

La congresista Alcorta solicita una tercera interrupción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En la próxima intervención le concederemos una interrupción a la congresista Alcorta.

Concluya, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Entonces, estas preguntas que considero importantes son las que tienen que…


El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Una pregunta más respecto a EsSalud.

Sé que se hacen esfuerzos para mejorar la institución; pero a la Sunat se le ha dado la facultad de cobrar los aportes de EsSalud. Son S/. 95 000 000,00 los que se pagan a la Sunat por cobrar los aportes de EsSalud; pero sucede que son S/. 1 900 000 000,00 de deuda incobrable.

Ministra de Trabajo, son S/. 1 900 000 000,00 que ya no se pueden cobrar, que EsSalud ha perdido, porque el sistema de cobro de comisiones es ineficiente, y por eso se le pagan más de noventa millones a la Sunat.

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¿Cómo van a mejorar el sistema de recaudación para que el país no pierda estos recursos?

En EsSalud no hay medicamentos ni una serie de cosas porque les falta plata…


El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, necesitamos respuestas a estos puntos que son materia del pedido de las ministras para la delegación de facultades.

Si no tenemos respuestas sobre estos puntos centrales, ¿cómo vamos a dar facultades? Tendrán que venir los proyectos al Congreso para discutirlos.

Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a los protocolos.

La gente se muere esperando sus citas en los hospitales. Hay que sacar un protocolo para establecer qué enfermedades se atienden antes y qué enfermedades se atienden después. Eso existe en otros países para evitar que los enfermos se mueran en los hospitales mientras esperan sus intervenciones quirúrgicas o sus citas médicas.

Espero que las ministras nos respondan a esto, porque es importante para votar en contra o a favor de la delegación de facultades.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, me piden interrupciones las congresistas Alcorta y Pérez Tello.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Lourdes Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Presidente, saludo a las dos ministras.

Tengo entendido que el congresista Mauricio Mulder planteó una cuestión previa para que vengan las ministras a sustentar las facultades que se van a entregar al Ejecutivo, pero da la impresión de que esto fuera una interpelación. Las ministras tendrían que haber sustentado la necesidad de darle facultades al Ejecutivo. Para eso han venido y ya lo hicieron.

Estamos en una rotación de preguntas y respuestas, de si hay hospital o no hay hospital. Parece una interpelación.

Esto es lo que le corresponde hacer a la bancada de Gana Perú y no a mí. Pero no entiendo lo que está pasando.

Las ministras ya vinieron. Ustedes tendrían que haber hecho esta interrupción y no yo. En fin, la reflexión no brilla a veces por allá.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente, la interrupción para la congresista Marisol Pérez Tello será al final de mi breve exposición.

Por intermedio de usted, señor Presidente, quiero dirigirme a las dos distinguidas ministras.

El defecto principal de este proyecto de ley es su excesiva amplitud, que en cierta forma no se compadece con lo que señala el artículo 104 de la Constitución sobre la delegación de facultades, que habla de materia específica. Aquí estamos hablando de materias muy diversas, así estén vinculadas al tema de salud.

Se habla de la reorganización del Ministerio de Salud; de la modernización del Sistema Nacional de Salud; de la modernización de la gestión de las inversiones públicas —incluida la de EsSalud—; de la política integral de remuneraciones —eso podría ser materia de una ley específica—; de la extensión de la cobertura de protección financiera de EsSalud y las condiciones para un acceso universal; y, por último, de la materia a la que me quiero referir, el fortalecimiento de la gestión de EsSalud.

Señor Presidente, la Comisión de Fiscalización, en el tiempo que la presidí, y luego en el tiempo que fue presidente el congresista Gustavo Rondón, se ha ocupado de EsSalud. ¿Qué se sacó en concreto con respecto a la situación financiera de EsSalud? Que tenía —por lo menos hasta el año 2011, y creo que continuaba así el año 2012— un superávit social, un superávit económico, con excepción del año 2010, en el que tuvo un déficit del orden de los cien millones de nuevos soles. Y ¿cuál era el otro problema? El otro problema era que, de los cuatro fondos que manejaba EsSalud, el único fondo real era el llamado Fondo General de Salud, que es el que aportan los empleadores, incluido el Estado en su calidad de empleador, sobre un nueve por ciento de las remuneraciones.

Hay un cuatro por ciento del Fondo Agrario, pero ¿qué ocurre en la práctica? El Fondo de EsSalud cubre todo el déficit de los otros fondos. El Fondo de EsSalud paga una suma del orden de los ochocientos o novecientos millones de nuevos soles de los pensionarios del Decreto Ley 20530. Paga, además, el déficit del Fondo Agrario y creo que los otros déficits. Eso significa una detracción de los fondos de EsSalud para atender la universalidad de sus prestaciones.

Ahora bien, al finalizar el año 2011, EsSalud tenía alrededor de nueve millones doscientos mil derechohabientes. No contribuyentes, sino derechohabientes, personas con derecho a generar o a solicitar prestaciones de EsSalud. Ahora parece que, al finalizar el año 2012, tiene nueve millones setecientos mil. Sigue creciendo, y lógicamente también sigue creciendo la cantidad de personal médico, asistencial y administrativo. Frente a eso, se habla del fortalecimiento del sistema financiero de EsSalud…


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El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— … y se crea un nuevo delito. Esto es un contrabando. Pretenden incorporar una figura penal bajo el título de ‘fortalecimiento’ por el hecho de dejar de pagar los aportes o las contribuciones de EsSalud. Eso, aparte de ser un contrabando legal —disculpe usted que me exprese en esa forma— y algo contrario a la doctrina, significa que tendrían que perseguir sabe Dios a cuánta gente, porque hay muchos casos, sobre todo en lo que se refiere al seguro de las trabajadoras del hogar, en los que el contribuyente es el empleador del hogar. ¿Van a estar enjuiciando penalmente a todas aquellas personas que falten a pagar el seguro social? El delito, en este caso, implica intencionalidad, y la falta de pago se sanciona con multas.

Eso se viene sancionando desde hace muchísimo tiempo.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Hay una interrupción pendiente de la congresista Marisol Pérez Tello, que fue concedida por el congresista Martín Belaunde.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, mi interrupción no es para hablar sobre el tema, sino para pedir un minuto de silencio, porque un día como hoy, hace veintiún años, estalló una bomba en el jirón Tarata, en Miraflores; y hace veintinueve fue la masacre en el distrito de Soras, Ayacucho.

Esta Representación Nacional debe dar el mensaje a la Nación de que estamos combatiendo al terrorismo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Presidencia invita a ponerse de pie a los señores parlamentarios para guardar un minuto de silencio.

—La Representación Nacional se pone de pie en memoria de las víctimas del coche bomba que un día como hoy, hace veintiún años, estalló en el jirón Tarata, distrito de Miraflores, Lima; y de la masacre que se produjo hace veintinueve años en el distrito de Soras, provincia de Sucre, Ayacucho.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Muchas gracias. Pueden tomar asiento.

Concluya, congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, y con eso de recibir pagos en especie, ¿qué se pretende? ¿Recibir objetos de cualquier tipo?, ¿recibir gallinas? ¡Por favor!, yo eso lo considero poco serio.

Yo le recomendaría que se recortase este proyecto de ley y se limitara a la reorganización del Ministerio de Salud y a las remuneraciones del Ministerio de Salud. Lo demás requiere un estudio muchísimo más excesivo en comisiones.


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El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, me solicita el uso de la palabra la congresista Natalie Condori.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Natalie Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (NGP).— Señor Presidente, la Representación Nacional debe saber hace cuántos años no se hace una reforma de salud. Todos sabemos que el problema es amplio y complejo y que no solo se trata de infraestructura y de lo administrativo, sino también de capital humano y de logística.

Este Gobierno se esfuerza por dar los mejores servicios de salud a la población. ¿Qué es lo que queremos? Que toda la población sea atendida como debe de ser.

Para esta delegación de facultades se han tenido opiniones favorables y de respaldo de diferentes entes del sector público.

Ha habido, como nunca antes, esa congruencia, esa unión de esfuerzos. Tal es el caso de EsSalud, de las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como de los presidentes regionales de todo el país, las direcciones regionales de salud y las autoridades sanitarias regionales.

También están los médicos del Ministerio Público, que año tras año luchaban para que les incorporasen los beneficios de los médicos del Minsa. Y también están los médicos del INPE.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, igualmente, con documentos está pidiendo esta delegación de facultades.

Están el Sistema Metropolitano de la Salud, la Macro Región Norte (Tumbes, Cajamarca, Piura, La Libertad), la Macro Región Oriente (Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios), la Macro Región Centro (Huánuco, Pasco, Huancavelica, Callao, Lima, Junín) y la Macro Sur (Arequipa, Cusco).

Además, no…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La segunda interrupción es también para la congresista Natalie Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (NGP).— Además, el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Él sostuvo, el domingo pasado, que el objetivo del Gobierno peruano es alcanzar la cobertura universal en salud, lo cual representa una manifestación política de mucho valor.

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Ellos, a través de su grupo de especialistas, vienen brindando asesoramiento técnico al Ministerio de Salud y acompañarán este proceso de reforma. Yo creo que esto debe brindarnos a nosotros confianza para la delegación de facultades al Ejecutivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, saludo a las señoras ministras de Salud y de Trabajo, que hoy se han hecho presentes.

En principio, llamo a la reflexión de todos los congresistas de este Parlamento para que podamos llegar a un consenso y votemos por el cambio que se requiere en materia de salud. Todos coincidimos en que se hay una serie de problemas que no son de hoy, sino de hace muchos años.

Definitivamente, muchos gobiernos han rehuido esta enorme responsabilidad. En esta oportunidad, el Gobierno está promoviendo la reforma de todo el sistema de salud. Tiene que ser una reforma integral, una reforma no con leyes aisladas sino con un paquete de normas integrales de todos los sectores.

¿Qué es lo que se busca con esta reforma?

Se busca que la población esté protegida de riesgos sanitarios en el entorno en el que vive.

Se busca que la población participe en el cuidado de su salud y se beneficie con acciones de prevención de la enfermedad.

Alguien hace algún momento decía que se tiene que buscar la prevención, y eso es lo que se quiere hacer con estas reformas.

Se busca que más ciudadanos estén asegurados, disminuyan sus gastos del bolsillo, hagan mayor prevención y reciban mejor atención.

Se busca que los ciudadanos resuelvan sus necesidades más frecuentas con redes integradas de salud más cercanas y con capacidad resolutiva.

Se busca que los usuarios sean atendidos por personal de salud motivado, competente y con mejores remuneraciones.

Se busca que los usuarios tengan acceso a medicamentos de calidad y a bajo costo.

Se busca que los usuarios reciban servicios de salud de calidad oportunos y adecuados a su cultura.

Se busca que las personas tengan cobertura de atención de las principales enfermedades catastróficas.

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Se busca que los ciudadanos ejerzan su derecho en salud.

Eso es lo que busca esta reforma, y nosotros tenemos que apoyarla, porque esta reforma no puede darse sin leyes que permitan ajustar, por ejemplo, la protección al ciudadano del riesgo a contraer enfermedades, la protección al usuario de los servicios de salud, la protección financiera en materia de salud.

Esto conlleva a que necesariamente el Ejecutivo presente proyectos de ley debidamente sustentados para cumplir con los objetivos.

¿Qué es lo que se quiere en materia legislativa? Una ley de organización y funciones del Minsa; una ley para la continuidad y la prestación de servicios complementarios entre el Minsa, los gobiernos regionales y EsSalud; una ley para la organización y gestión de la red integrada de servicios de salud con énfasis en la atención primaria y secundaria; una nueva ley de política remunerativa basada en el mérito, en el desempeño; una ley para mejorar la inversión pública en salud; y una ley para ampliar gradualmente la cobertura de afiliación al Seguro Integral de Salud.


El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Eso es lo que se busca, señor Presidente.

Es importante contar con la participación de todos los congresistas, porque estoy seguro de que nadie que la situación de la salud en el país se mantenga como está. Todos queremos cambios sustanciales para mejorar la atención e integrar las redes con un servicio de calidad para todos los usuarios del sector Salud.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Julio Gagó.

El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Me pide una interrupción la congresista Cecilia Tait.


La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, no es que seamos mezquinos y no queramos que haya reforma. Ya he dicho esta mañana que este Gobierno está haciendo bien en tocar el sector Salud, y ¿saben por qué? Porque este Congreso lo ha puesto en agenda.

Qué bueno que se esté debatiendo sobre este tema y que todo el pueblo peruano esté al tanto de que finalmente van a tomarse en cuenta todos los aportes para una verdadera reforma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Julio Gagó.

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El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Una segunda interrupción me pide el congresista Segundo Tapia, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, una vez más quiero decirle que en el proyecto de ley que remite el Ejecutivo no dice cómo se financiaría todo esto.

¿Qué ha pasado con los S/. 1 133 000 000,00 que estaban presupuestados para este año? ¿Han sido arrebatados? ¿Qué reforma sería si al final nos han quitado S/. 1 133 000 000,00? ¿De qué reforma hablamos?

Cuando hablamos de protección también nos referimos a los médicos, a las enfermeras y al personal asistencial. En los hospitales Loayza y Santa Rosa ni siquiera ha habido mascarillas protectoras ni toallas para los médicos. Esa es la realidad del sector.

Y cuando hemos visitado el interior del país hemos visto que los establecimientos de Salud eliminan sus desechos en el campo, a donde van los gallinazos…


Puede iniciar su intervención, congresista Julio Gagó.

El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Señor Presidente, por intermedio de usted saludo a las ministras de Trabajo y de Salud, que han tenido a bien venir al Congreso de la República en atención al pedido del congresista Mulder.

El que habla ha visitado durante un año diferentes hospitales de EsSalud y del Minsa, así que voy a hablar de lo que he visto y de lo que hay hasta el día de hoy.

Tanto los hospitales de EsSalud como los del Minsa, en estos dos años de gobierno del presidente Ollanta Humala, han colapsado en todo sentido: no hay camas, no hay atención, ni siquiera hay sillas de ruedas para los pacientes en algunos servicios de emergencia, la falta de equipos médicos es impresionante, hay insuficiente personal médico, faltan medicinas para combatir ciertas enfermedades, especialmente para el tratamiento del cáncer y de patologías hematológicas.

En una de las visitas inopinadas que hice al Hospital Almenara ingresé a uno de los quirófanos y demostré que era un almacén de equipos viejos. El que era director ejecutivo de EsSalud me quiso poner una denuncia, pero esta no procedió.

Así funcionan hoy día los hospitales de EsSalud.

Hay citas médicas por las que se tiene que esperar un mes, y eso hay que aplaudirlo, porque en muchos casos hay que esperar dos o más meses. Si tengo una cita para sacarme una tomografía porque el médico presume que tengo un tumor cancerígeno, debo de esperar dos o tres meses para ese examen. Puedo estar en la fase I, pero luego

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de todo ese tiempo de espera hasta conseguir la cita para la tomografía, ya alcanzo la fase II o la fase III. Esa es la situación que se vive en los hospitales del Perú.

Y acá quiero hablar de la capacidad de gestión de este Gobierno en forma integral, especialmente de la cartera de Salud.

El partido Aprista dejó el Hospital del Niño prácticamente al 90%. ¿Cuánto tiempo se han demorado en instalar este hospital? Dos años para que funcione al 30%. ¿Cómo se llama esto? ¿Requieren delegación de facultades para que funcione el Hospital del Niño?

El PET [por sus siglas en inglés, Positron Emission Tomography] Scan, máquina de alta tecnología que escanea todo el cuerpo para el diagnóstico y la invasión del cáncer, hasta el día de hoy no funciona. También la dejó el partido Aprista. No funciona. ¿Para eso requieren delegación de facultades?

La situación es muy grave y la conocemos todos los peruanos.

¿Por qué el fujimorismo no quiere la delegación de facultades? Ya hemos delegado facultades en el caso de la minería ilegal, de la seguridad ciudadana, del fortalecimiento y reforma institucional de los sectores Interior y Defensa, y ¿qué han hecho? ¿Cuál es su informe? ¿Ha venido alguna vez un ministro a darnos los resultados? Absolutamente nada.

Considero correcto que el Congreso esté para apoyar; pero ¿cómo vamos a apoyar? Que nos envíen sus proyectos sobre esos seis puntos aquí al Congreso de la República, porque acá en forma constructiva y rápida los congresistas de la República vamos a estar a favor de la salud del pueblo peruano, tengan ustedes la seguridad.

¿Qué hemos conseguido con la delegación de facultades? Los resultados están a la vista, y tal vez sea un poco sarcástico para que me dé un minuto más para terminar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Julio Gagó.

El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— No hay avances notables en ninguno de esos aspectos, salvo en el caso de Defensa, porque el ministro ha sido chuponeado con facilidad y ha dejado en mala situación al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros, porque al ministro de defensa le basta solo la “luz verde” para proceder.

Así estamos en este Gobierno, y por eso no le vamos a dar la delegación de facultades. El fujimorismo solo le podría delegar facultades en el aspecto remunerativo, porque somos conscientes de que los legisladores no tenemos iniciativa de gasto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Gustavo Rondón.

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El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, muchas gracias, después de larga espera.

Me piden interrupciones los congresistas Segundo Tapia y Agustín Molina.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, son importantes la reforma y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y nuestra bancada está dispuesta a apoyar en el punto cuatro, que se refiere al sistema de remuneraciones; pero que el Ejecutivo envíe al Congreso sus cinco proyectos adicionales para discutirlos acá.

Tenemos gente eficiente para hacer la gran reforma del sistema de salud desde el Congreso de la República, Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Agustín Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señor Presidente, les doy la bienvenida a las señoras ministras.

Definitivamente, es de suma importancia esta delegación de facultades que está solicitando el Ejecutivo, por cuanto considera una serie de aspectos de importancia. Por ejemplo, hay incentivos económicos para aquellos profesionales que trabajan en las zonas rurales.

Alguien manifestó que la compra de medicamentos se hacía a través de UNOPS, y puedo decir que no es así, porque la compra de medicamentos para el Sistema Integral de Salud es efectuada directamente por el sector y es subvencionada. Son medicamentos totalmente gratuitos que van a solucionar los problemas de enfermedades oncológicas…


Puede iniciar su intervención, congresista Gustavo Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Por intermedio de usted, señor Presidente, quiero saludar a nuestras dignas ministras Midori de Habich y Nancy Laos.

Hay que empezar haciendo lo necesario; después, lo posible; y sin esperarlo van a hacer lo imposible.

Hay que empezar bien, y yo siento que en esta discusión hemos empezado mal, porque no estamos en una interpelación, como alguien bien ya lo señaló. En el fondo, estamos para dar o no dar facultades, y el gran problema de deviene porque el procedimiento no debió darle la prioridad a la Comisión de Presupuesto sino a la Comisión de Salud. Entonces, eso produce un rechazo innecesario.

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Eso sí, felicito el hecho de que todos queramos mejorar la atención de la salud en el país, porque la salud es el indicador más sensible del verdadero desarrollo de una nación.

Cómo hablamos de un crecimiento económico y de un desarrollo si nuestros hospitales siguen mal, siguen hacinados; si tienen a su personal descontento y a los pacientes peor. Entonces, hagamos bien las cosas desde el principio, porque con la salud no se juega.

Lo primero es que este me parece un discurso repetido, y vamos a estar expectantes y atentos en esto que se pretende hacer. Lo segundo es que no se juega con los sentimientos de la gente. Y lo tercero es que yo voy a rezar los ciento veinte días calendario por ustedes, porque este es un asunto muy sensible y espero que de por medio no solo haya un buen deseo. Espero que se ganen el cielo si logran su cometido. Pero cuidado: empiezan mal si hay imposiciones; no pueden hacerse las cosas con imposiciones; y para empezar una reforma se necesita, como lo dijo el congresista Aguinaga, un buen tiempo.

Quienes hemos trabajado en el campo de la salud sabemos que para una verdadera reforma no se puede hablar de ciento veinte días, sino de una mejora continua de las cosas.

Yo les deseo mucha suerte a ambas ministras, porque la ciudadanía va a estar atenta para ver si solucionan el hacinamiento, las citas prolongadas, las colas interminables, la falta de camas.

Acaban de hacerme una llamada para informarme de que hay una niña de siete años, Gabriela Astorga, a la que no le van a hacer el trasplante de médula porque el área que le corresponde está en reestructuración.

Por favor, tengan mucho cuidado con todo esto.

Hay que ver los pagos diferenciados, la homologación de haberes de todo el sector, las contraprestaciones entre Minsa y EsSalud, las especialidades, y a ver si también meditan el hecho de que EsSalud esté en un viceministerio del Minsa, porque zapatero a tus zapatos.

No veamos a los seres humanos ni a la salud como números o cuestión económica. Eso también vayan observándolo.

Cuando estuvo aquí el ministro de Economía, ya le hablé de que para Salud solo tenemos el 1,47% del PBI, el más bajo de las Américas. Entonces, para hablar de todo esto, se hace con un mayor sustento del PBI, no con cuestiones de décimas o decimales que simplemente nos van a conducir a crear falsas expectativas…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene un minuto adicional para que concluya, congresista.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— No destapemos una herida si no somos capaces de curarla. Veremos cómo nos va con los recursos humanos mejor pagados, con los

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equipos, las medicinas, las camas, la infraestructura, la racionalidad. No se trata de poner hospitales en la punta del cerro, sino de distribuir bien una red de salud.

Señora ministra Midori de Habich, implementemos las historias clínicas electrónicas, porque el personal de salud ocupa el 60% de su tiempo llenando papeles y más papeles, y podría emplearlo en atender a los pacientes.

Felicito el hecho de que todos nos juntemos por la salud, pero tomémoslo con mucho cuidado, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Ciento veinte días se han pedido, y yo le agregaría a ese proyecto de ley que se dé cuenta al Congreso de la República por cada ítem que se ha puesto.

Vamos a rezar ciento veinte días para que les vaya muy bien.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Cristóbal Llatas.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidente, me piden interrupciones los congresistas Molina y Pari.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Me puede interrumpir el congresista Agustín Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señor Presidente, simplemente quería concluir con una referencia a algunas expresiones fatalistas en el sentido de que faltan medicamentos y falta atención, porque en realidad no es así. Solo para poner un ejemplo, debo de señalar que en la ciudad del Cusco se está construyendo el hospital más moderno del país con una inversión de más de doscientos millones. Eso significa que el presidente Ollanta Humala está cumpliendo su compromiso con ese pueblo del sur del país.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Presidente, se ha hablado de varias situaciones muy críticas y ciertas, pero para que esas situaciones críticas y ciertas cambien hay que hacer la reforma; si no, nos quedaremos con el statu quo.

Hay que hacer reformas en diferentes niveles, porque no solo se trata del aspecto remunerativo.

La inversión en salud toca materia económica y tiene que ver con iniciativa de gasto. Si estamos tocando aspectos de reestructuración para organizar una nueva gestión en el sector Salud, obviamente va a haber una reestructuración del gasto o una nueva forma de entender el presupuesto para asimilar y asumir la voluntad política que se refiere al cambio organizacional y de gestión…

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Puede iniciar su intervención, congresista Cristóbal Llatas.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidente, quiero ser categórico respecto a las bondades de lo que significa una delegación de facultades.

Aquí hemos escuchado una serie de versiones que no corresponden a la verdad y confunden a la población, incluso a quienes estamos en este Parlamento. Lamentablemente, quienes las han traído no se encuentran en la Sala en estos momentos.

El congresista Tapia, por ejemplo, ha dicho que la ministra de Salud es mentirosa porque no ha cumplido con el acta suscrita con los médicos y los profesionales de Salud, cuando no es así, Presidente.

¿Qué cosa se ha cumplido? Otorgamiento de un bono de tres mil quinientos en diciembre 2012 y mayo 2013; ascenso automático hasta el nivel de carrera y correspondiente según años de servicio; nombramiento al cien por ciento de médicos contratados; otorgamiento de bonificación mensual a favor de profesionales médicos que prestan servicios en zonas alejadas y de frontera; otorgamiento de prestaciones complementarias; y la propuesta del proyecto de ley de escalas remunerativas de política integral de remuneraciones, que es uno de los puntos de la delegación de facultades. Todo eso se ha cumplido.

Respecto al bono de tres mil quinientos, tenemos el Decreto Supremo 269-2012-EF, publicado el 21 de diciembre de 2012, y el Decreto Supremo 105-2013-EF. Entonces, no se puede confundir a la población de la forma como se ha hecho.

Además de ello, la reforma es integral, no solo de remuneraciones. Se necesita una reforma integral. No hay médicos especialistas, no hay médicos en las zonas altoandinas, no hay atención médica oportuna. Esos y otros aspectos tienen que estar comprendidos en esta reforma, Presidente.

La política remunerativa del sector Salud no solo incluye al Minsa, sino también a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario, al Ministerio de Educación y al Ministerio Público.

En el Ministerio de Educación existen profesionales médicos con remuneraciones enormemente disminuidas, y cualquier incremento que se aplique en el sector Salud no los comprende en lo absoluto.

Esta reforma busca resolver un tema crucial. No quiero volver a la historia de siempre, pero tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Los usuarios del Minsa y EsSalud esperan soluciones, y la reforma va a permitir resolver situaciones muy caóticas.

En el caso del papel que cumplen los gobiernos locales y regionales, a veces se reclama que se ejerza una acción de fiscalización, pero no se puede actuar contra el proceso de descentralización y regionalización, que es irreversible.

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El ministerio necesita tener las pautas para saber qué hacer…


El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— … por ejemplo, cuando un gobierno regional inicia una obra y no la concluye —como ha sucedido en Cajamarca, Ayacucho y otras regiones—, no es que el ministerio no quiera participar, sino que, lamentablemente, existen limitaciones de tipo legal, y eso es lo que queremos nosotros resolver.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Señor Presidente, la congresista Cecilia Tait me solicita una interrupción.


La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Presidente, quiero hacer un alcance para que la ministra de Trabajo o la ministra de Salud puedan decir algo sobre el particular.

Se está construyendo el hospital de Villa María del Triunfo y por su documentación hemos comprobado que no tiene área de oncología. ¿Hay una planificación en función de ello cuando hospitales como el Edgardo Rebagliati Martins y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Inen) están colapsando? ¿De qué cosa estamos hablando?

Nadie está en contra, pero hay que saber planificar.

Entonces, me gustaría saber si este pedido, que ya lo he hecho varias veces en la Comisión de Salud, lo han tomado en cuenta para que no suceda lo que ha pasado con el Hospital del Niño, en el que tienen que hacer un área especializada para el trasplante de médula.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente, tenemos que entender que el crecimiento poblacional hace que crezca, igualmente, la demanda de cobertura en los servicios de salud del Minsa y EsSalud.

La población asegurada en el Minsa está más o menos en el orden del 40%; en EsSalud, del 30%; y en las Fuerzas Armadas, alrededor del 5%, lo que hace que el Ejecutivo y este Congreso nos planteemos el reto de cubrir un 25% más para los servicios de salud en el Perú.

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En el año 2021, año del Bicentenario, se estima que la población asegurada debe de estar, en el caso de EsSalud, al 44%; y en el caso del Minsa, al 50%. Eso nos hace pensar en el diseño de políticas para que en el año del Bicentenario tengamos cubierto casi el 100% de los servicios de salud, un gran anhelo del Perú y de sus instituciones. Es algo que trasciende este Gobierno, es algo que va más allá de dos o tres gobiernos. No será el Apra —como dice el congresista Velásquez Quesquén—, pero hoy día tenemos que plantearnos estos desafíos.

Si no logramos este crecimiento vía recaudación, que no pasa del 3% ahora en EsSalud, por ejemplo, difícilmente podremos alcanzar este anhelado proyecto de hacer un sistema de salud eficiente en el Perú. Por eso, es necesario que hoy día la representación parlamentaria tome en cuenta que la delegación de facultades sí tiene la posibilidad de superar este desafío.

Nuestra bancada en mayoría apoyará este gran desafío por el Perú. Con todo respeto aceptamos, como una práctica de la democracia interna, que alguien pueda discrepar. Lo hacemos con un abrazo crítico y de cariño. Y ya esta mañana nos ha jalado las orejas nuestra querida amiga Cecilia Tait.

Me pide una interrupción la congresista Anicama.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Celia Anicama.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Señor Presidente, un saludo para las ministras de Salud y de Trabajo.

Señor Presidente, es cierto que todos tenemos interés en mejorar la atención de la salud en nuestro país, y la reformulación va a coincidir con el incremento de facultades que se van a programar a nivel del Ministerio de Salud. Por lo tanto, es concordante la necesidad de darle facultades al ministerio.

Es verdad también que estamos en una situación proyectada por una desplanificación que viene de tiempo atrás; pero eso lo hemos venido enmendando, al menos desde mi despacho, y estamos llevando salud a las zonas rurales.

EsSalud está en crisis, es verdad; pero ¿qué se ha hecho para salvar vidas?

Aprovecho esta oportunidad…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La segunda interrupción es también para la congresista Celia Anicama.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Aprovecho para saludar a la ministra, que me ayudó a hacer una campaña social de salud el años pasado con Módulos Perú.

Asimismo, aprovecho para saludar al director del Hospital María Auxiliadora, que hizo posible salvar la vida de muchos niños de la zona sur.

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Invito a todos los congresistas a que lleven salud a las zonas rurales con asistencia de apoyo social. Creo que es lo más emergente en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede concluir su intervención, congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Señor Presidente, los números no nos engañan y aquí están las estadísticas. El desafío está planteado; por lo tanto, traslado esta responsabilidad a las dos señoras ministras que tienen que ver con el sector. Asimismo, a la doctora Baffigo, que nos acompaña también en este Hemiciclo.

Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer un llamado para que haya una respuesta rápida frente a lo que está pasando con la salud en nuestro país.

Hace unos días visité una prestigiosa clínica de Lima y un famoso neumólogo me comentó que ya había dieciséis casos de infección con el virus A (H1N1) y que podría haber muchos más en otros hospitales. A través de los medios de comunicación no se daba todavía ninguna noticia de lo que hoy día está conociéndose.

Hace pocas horas he recibido la noticia de que el cuarto fallecido en la Región Junín es un joven de veintidós años. Según informa la Dirección Regional de Junín…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Ya le permitimos el tiempo necesario, congresista León. En todo caso, quien le puede dar una interrupción es el congresista Javier Velásquez, que es el siguiente orador.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Le concedo mis dos interrupciones al congresista León.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Aquí necesitamos tomar acciones y hacer lo mismo que el vecino país del sur: declarar una alerta epidemiológica. En el caso de EsSalud, lo que se sabe es que tienen quinientos tratamientos, y eso es muy grave.

Comprometo a las señoras ministras a que se pueda tomar una decisión y no esconder lo que es evidente. Aquí hay una realidad y necesitamos dar respuestas, porque la salud epidemiológica del Perú puede verse afectada.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede iniciar su intervención, congresista Javier Velásquez.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Una interrupción para la presidenta de la Comisión de Salud.


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, si ya es preocupante lo que ocurre en los hospitales de Lima, ¿cómo será el desabastecimiento de la vacuna contra la gripe A (H1N1) en las regiones?

No quiero alarmar a la población, pero es necesario tomar medidas. No necesitamos una reforma para tomar las precauciones del caso. Desde el mes de marzo he enviado oficios para prevenir estos casos.

Estoy también preocupada porque he constatado que no se ha otorgado una sola dosis de un medicamento que ha sido repartido a todas las regiones para controlar la hepatitis B. Esa compra fue por casi seiscientos mil dólares…


La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Las regiones no han reportado un solo caso. Algo imposible.

Es importante tener la rectoría y el manejo en políticas nacionales de salud, sobre todo en casos, como los que vemos ahora, de gripe A (H1N1), hepatitis B, TBC, que son enfermedades que están matando en nuestro país.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Inicie su intervención, congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, un sector del Gobierno tiene el complejo de Adán. Cree que todo recién lo descubre. Después de dos años de Gobierno, la gran reforma en salud.

En aquellos sectores en que ha habido continuidad le va bien al país. Lamentablemente, en Salud y en EsSalud, por desidia, por encono, por cuestiones políticas, las reformas que se iniciaron en el pasado se han paralizado, y hoy día vamos a mostrar con cifras cómo están colapsando los servicios de salud.

Ya lo ha dicho el congresista Gagó. El Hospital del Niño, que dicen que lo dejaron incompleto, después de dos años lo ponen en funcionamiento al 30%. Ni siquiera eso se puede hacer. Y no es culpa de la actual ministra, porque el ministro que estuvo un año ahí, como fue alcalde de San Borja, no quería que se haga un hospital en San Borja y tuvo un año cerrado ese hospital con todo su equipamiento.

Si se va a hacer una reforma, no se van a ver resultados el 2014 o el 2015, sino en el mediano y el largo plazo.

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Yo había expresado mi preocupación con respecto a EsSalud, porque a EsSalud, en materia de gratificaciones, lo hemos golpeado bastante y le hemos quitado recursos y no se los hemos repuesto.

EsSalud lleva la carga de regímenes laborales como el agrario y el pesquero, que aportan el cuatro por ciento, y eso significa un gran peso para el financiamiento de la institución.

Dicen que no se ha hecho nada.

Año a año, EsSalud necesita ochocientas camas, porque año a año se incorporan ochocientos mil afiliados o derechohabientes a la seguridad social, y se estima que se necesita una cama por cada mil afiliados.

Nosotros hemos construido diecisiete hospitales en EsSalud, y diez hemos dejado en construcción. Lamentablemente, llegó el señor Vidal y se dedicó a investigar, a hacer auditorías, y paralizó la institución.

Hoy —y esto lo puede certificar la nueva jefa de EsSalud— se ha incrementado el tiempo de espera en cirugías al doble, tanto es así que la actual jefa de EsSalud ha tenido que buscar convenios con los hospitales de Solidaridad para resolver este problema, porque el 2010 se hacían veinte millones de consultas externas al año y ahora se hacen diecisiete millones. No se pone énfasis en el mejoramiento de la infraestructura, y por eso expresé mi preocupación.

Si esto va camino a facilitar mecanismos que garanticen recursos que permitan un programa de inversiones que cubra rápidamente el déficit de infraestructura y de servicios de la seguridad social, bienaventuradas estas facultades delegadas, señor Presidente.

En el quinquenio pasado implementamos las compras corporativas a través de subastas inversas. Se compraba con los hospitales de las Fuerzas Armadas y con el Minsa. Se pudieron reducir los precios 30%, porque estas compras eran más transparentes.

Lo que queremos es que no se siga golpeando la seguridad social. Si este conjunto de reformas va camino a potenciar esta institución, vamos a hacer un acto de fe; pero queremos que de esto rindan cuentas, porque, como bien lo ha dicho el congresista Gagó, cuatro veces han venido a pedir facultades delegadas y no han venido a explicar cuáles son los resultados de ninguna de ellas.

Hay diez hospitales de EsSalud que están en construcción y que el señor Vidal las paralizó. El hospital Víctor Raúl…


El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— … el nuevo Almenara, el hospital de Abancay, el de Cerro de Pasco, el de Chanchamayo, el de Tarapoto, el de Villa María, el del Callao.

No solamente se necesitan más hospitales, sino también unidades básicas de atención primaria. Nosotros hicimos cien. ¿Cuántas va haciendo este Gobierno?

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Entonces, ha sido un búmeran. Después de dos años, todavía en la Comisión de Fiscalización están investigando a EsSalud, y podemos mostrar que veintisiete hospitales se dejaron. Diecisiete de ellos ya fueron entregados, pero algunos dicen que faltó equipamiento. Ya han pasado dos años y se siguen quejando.

Hay que ajustar bien las facultades delegadas que se refieren al fortalecimiento de las finanzas en EsSalud. Son servicios que se financian con los recursos de los trabajadores, y si se necesita reformular y replantear el sistema de aportes, es muy importante darle mayor financiamiento a la seguridad social.

Hay empresas agroindustriales que registran a sus trabajadores como trabajadores agrarios para que aporten el cuatro y no el nueve por ciento que deberían aportar, como dice la OIT.

Entonces, faltan más mecanismos de fiscalización. Lo único que hacen estos regímenes diferenciados es desfinanciar una institución que pertenece a todos los trabajadores y que es financiada por estos.

Si el propósito es ese, señor Presidente, que vayan las facultades delegadas; pero necesitamos que haya una comisión parlamentaria que haga seguimiento a estas reformas. Que no suceda lo que ha pasado con la seguridad ciudadana: vino el ministro de Defensa a sustentar sus facultades para la seguridad ciudadana, pero él ha sido el primerito en ser chuponeado.

Necesitamos que estas facultades delegadas no se entreguen con un cheque en blanco y que el Congreso haga el control político que le corresponde.

Por lo demás, me gustaría que la ministra de Salud pudiera explicarnos por qué, a dos años de construirse el Hospital del Niño…


El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— … su funcionamiento es al 30%. ¿Qué es lo que está pasando?

Vamos a presentar una propuesta de mejor redacción del artículo 2 para poner candados a estas facultades, de modo que estas no puedan extralimitarse con la regulación de hechos para los cuales el Parlamento no va a otorgar la delegación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la palabra la congresista Marisol Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista Apaza.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Justiniano Apaza.

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El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, esta noche han sido invitadas nuestras dos ministras para que nos expliquen fundamentalmente sobre esta reforma de salud. Sin embargo, la mayoría de los congresistas viene hablando de la problemática de la salud.

Hay aspectos que muchas veces se desconocen. Por ejemplo, en Arequipa se van a invertir doscientos millones de nuevos soles en el hospital regional para la hemodiálisis; se han determinado ya los estudios primarios para el hospital de Socabaya; asimismo, se está tratando de hacer un convenio con la Universidad Nacional de San Agustín para que EsSalud pueda proceder a la implementación de un local amplio que no está siendo usado por esa casa de estudios.

No es que haya descuido, sino que son situaciones que hay que tomarlas de carácter de urgencia. Por eso, invocamos la comprensión de los señores parlamentarios.

Me alegra la posición de nuestro colega Velásquez. Eso es comprender, eso es entender.

Yo creo que esta noche va a beneficiarse el pueblo con esta delegación de facultades.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Inicie su intervención, congresista Marisol Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Me solicitan interrupciones la congresista Alcorta y el congresista Velásquez.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la congresista Alcorta se terminan las interrupciones. El congresista Velásquez sabe que son dos las interrupciones permitidas por el Reglamento.

Proceda, congresista Lourdes Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (APGC).— Señor Presidente, por intermedio de usted, con todo aprecio le digo a la ministra de Salud que sería bueno que viera los noticieros.

El sábado yo la llamé por teléfono para decirle que había una persona fallecida y cinco o siete personas con la gripe A (H1N1); y le recomendé hacer una campaña preventiva para evitar una epidemia.

¿Qué es una campaña preventiva? Ventilar las habitaciones, ventilar la casa, lavarse las manos, cubrirse cuando se estornuda, no saludar con la mano. Pero ya tenemos como siete fallecidos.

Prácticamente se trata de un problema que está en todas partes: Moquegua, Tacna, Arequipa, Lima. ¿Qué cuesta hacer una campaña preventiva? Los que están sufriendo son los pobres, los que han venido de provincias para una huelga que se inicia mañana.

Además, se está denunciando que no hay vacunas para combatir esta gripe A (H1N1), no hay vacunas contra la polio, no hay vacunas contra nada.

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¿Qué reforma nos están pidiendo si tenemos un caso terrible en este momento? Si no nos conmueve eso, ¿qué nos conmueve? ¿Qué cuesta hacer una campaña en la televisión para prevenir la enfermedad? No tendríamos de repente setenta contagiados hoy…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Inicie su intervención, congresista Marisol Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Señor Presidente, la presencia de la ministra de Salud Midori de Habich, de la ministra de Trabajo Nancy Laos y de la presidenta ejecutiva de EsSalud refleja una preocupación no solo por lo que se refiere a prevención, sino también por garantizar proyectos públicos que permitan hacer una planificación de lo que se necesita —infraestructura, equipamiento, recursos humanos—, de modo que todos confluyan en una sola meta.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el gran camino para avanzar en materia de salud es la universalización, y ese es el reto que debemos asumir.

Hoy estamos trabajando por la salud de ocho millones de peruanos que no están incluidos en los sistemas de salud, y concretamente por la salud de un millón setecientas mil personas que no tienen acceso al SIS.

Por ejemplo, en la localidad de Sepahua, en el departamento de Ucayali, nuestras comunidades nativas están esperando una oportunidad.

Queremos facultades legislativas para el Ejecutivo con el fin de trabajar por la salud de los más pobres y de los pobladores de las zonas más alejadas, de las zonas rurales. Precisamente, se está pensando en garantizar la salud para los más pobres.

Otra de las preocupaciones es el déficit que existe en EsSalud. Según el informe que alcanzó a la Comisión de Seguridad Social el Consejo Directivo de EsSalud, en estos momentos tenemos una cobertura promedio del 30% de los trabajadores, para alcanzar más o menos un promedio de 40 o 44% el año 2021.

Necesitamos garantizar equipamiento y reducir la brecha que significa contar con personal especializado. En EsSalud hay un déficit de 5750 médicos especialistas y 6000 camas hospitalarias. Tenemos un promedio de nueve por ciento de camas hospitalarias, cuando los promedios más bajos en Latinoamérica están en 15%, y el promedio es de 25%.

¿Queremos seguir con el hacinamiento que tenemos? Hay que empezar a trabajar en esto. Necesitamos unas reformas, y es por eso por lo que se han solicitado facultades.

En lo relativo al PET Scan, un proyecto de inversión demanda como dos años, y ahora se están trabajando las habitaciones calientes para garantizar que se puedan colocar ahí dos equipos. Esa era una de las preocupaciones de la congresista Cecilia Tait.

Asimismo, debo señalar que hay 947 106 vacunas garantizadas para prevenir la gripe A (H1N1). En Tacna se ha otorgado una dotación para atender al vecino país de Chile en

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la zona de Arica. Tenemos las vacunas necesarias para atender la amenaza de la gripe A (H1N1).

La preocupación es contar con planificación, contar con presupuestos de inversión que permitan determinar dónde, cuándo y qué equipos e infraestructura hospitalaria se requieren en el país. De esa manera se evitará que haya duplicidad de esfuerzos entre el Ministerio de Salud y EsSalud y se garantizarán hospitales de alta complejidad, como los que se están planteando en Cusco…


La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— … en Huancayo, en Puno. Ya en Piura se está construyendo el Hospital Las Mercedes, de Paita.

Lo que necesitamos es garantizar protección oportuna y de calidad para los peruanos, sobre todo para esos ocho millones de peruanos que hoy no cuentan con esa cobertura de salud. Se requiere atenderlos a través de presupuestos públicos que permitan garantizar la salud, sobre todo para los sectores más pobres.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El congresista Javier Velásquez desea hacer una precisión.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, yo he conversado con el presidente de la Comisión de Presupuesto y le he pedido que en las facultades —conociendo como es el Ministerio de Economía— incorpore a los médicos legistas con un texto que le vamos a alcanzar.

Asimismo, que se establezca el cronograma para el nombramiento del personal no médico del Minsa de todas las regiones.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la señora ministra de Salud.

La señora MINISTRA DE SALUD, doctora Midori de Habich Rospigliosi.— Quiero comenzar por desmentir de la forma más tajante posible que no hay abastecimiento de vacunas. Repito: quiero desmentir de la forma más tajante posible que hay desabastecimiento de vacunas. No hay desabastecimiento de vacunas. Es muy importante que ustedes lo sepan; es muy importante que la población lo sepa.

Más información, si es requerida por ustedes, mañana mismo la podemos alcanzar.

Con respecto a la gripe A (H1N1), hasta la fecha tenemos, en efecto, tres casos confirmados de personas fallecidas. El día de hoy han aparecido noticias de otros fallecidos, pero las desmentimos. En el caso de Moquegua, por ejemplo, la muerte no se ha producido por la gripe A (H1N1), sino por otras causas. Y así como ese habrá otros

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casos. Yo les ruego que esperen los exámenes de laboratorio. Nosotros, como Ministerio de Salud, confirmaremos qué casos corresponden a la gripe A (H1N1) y qué casos no.

Es muy importante decir que la última información que teníamos era de setenta y tres casos confirmados, de los cuales cincuenta y uno proceden de Lima y Callao.

Ayer se ha hecho llegar a los gobiernos regionales del país la declaratoria de alerta epidemiológica, que manda una serie de medidas, entre ellas el reforzamiento de vacunación a las poblaciones más vulnerables: niños menores de cinco años, personas adultas mayores de sesenta, madres gestantes a partir del cuarto mes de embarazo y personas que tengan comorbilidades, como obesidad, hipertensión, cirrosis, etcétera.

Los tres lamentables fallecidos han sido pacientes con la salud comprometida por una serie de comorbilidades que los han hecho más propensos a este fatal desenlace.

La campaña preventiva —efectivamente, la congresista Lourdes Alcorta tuvo la gentileza de llamarme el fin de semana— se está lanzando mañana con spots y material que será repartido a la población a través de los servicios. Hemos hecho, además, una coordinación con el Ministerio de Educación para entrar fuertemente en colaboración con los docentes y los padres de familia para difundir aún más estas medidas preventivas.

Se decía hace un momento que la acción conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación es fundamental para abordar los problemas de salud, particularmente aquellos que tienen que ver con los cambios de hábitos y la prevención.

También quiero ser enfática con relación al Plan Esperanza. Yo sé que estos no son temas propios de la delegación, pero han sido mencionados y requiero su paciencia para la información que les quiero brindar.

El Plan Esperanza tiene un pilar preventivo muy importante, e incluye la detección temprana.

Es absolutamente indispensable que no pensemos en el Plan Esperanza solo como un plan de cobertura financiera para el tratamiento, porque el pilar más importante, como ha sido mencionado en diversas oportunidades, es la capacidad de que tengamos que desarrollar lo más rápidamente posible una detección temprana para brindar la esperanza de una recuperación plena a estos pacientes.

También tiene un componente de cobertura financiera para las personas que requieran tratamiento, y voy a dar algunas cifras a continuación.

Es cierto que la capacidad de la oferta para atender enfermedades oncológicas tiene que ser desarrollada a velocidad. No contamos con todos los oncólogos, ustedes lo han dicho. No es la única especialidad que nos falta y no estamos descubriendo la pólvora. Estas cosas van a tomar el tiempo que requieran tomar. Lo importante es que se tomen las decisiones para que se vayan cerrando estas brechas.

Yo quiero tomar un poco de su tiempo para decirles que desde que se ha aprobado el Plan Esperanza hemos brindado 17 600 atenciones gratuitas a pacientes con cáncer a

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través del Seguro Integral de Salud y el Fisal. Son 17 600 peruanos que no contaban con cobertura financiera para el tratamiento de cáncer y que hoy cuentan con él. No es una cifra pequeña, son casi 18 000 personas que apenas hace un año no hubieran podido costear su tratamiento.

Hay que mejorar, por supuesto. Hay muchísima oportunidad de mejora y hay muchísimas deficiencias que tenemos que enfrentar; pero vamos avanzando también. Dieciséis trasplantes de médula ósea se han realizado en estos breves meses: diez trasplantes autólogos, tres trasplantes alogénicos emparentados y tres trasplantes alogénicos no emparentados. Estos últimos han significado un gran esfuerzo no digo al Ministerio de Salud, no digo al SIS, sino a la sociedad peruana para que los pequeños niños pudieran, a través de un contrato suscrito por el Fisal y el Jackson Memorial Hospital de Miami, ser intervenidos.

Debo reconocer también el impulso de este Congreso. La congresista Tait y la congresista Marisol Espinoza se preocuparon por el asunto y todos juntos hicimos posible tener un convenio que envía a niños peruanos al extranjero para trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados. Todavía no se hacen esos trasplantes en el Perú, pero estamos trabajando fuertemente para que dentro de relativamente poco podamos decir que esta tecnología también la dominamos en nuestro país. Para eso tenemos el apoyo de los especialistas del Jackson Memorial, algunos de ellos peruanos, entre otros latinos. Ellos han comprometido su colaboración en el entrenamiento y especialización de nuestro personal de salud.

Hemos hecho 656 000 tamizajes a nivel nacional; 22 mil mujeres con mamografía; 593 000 papanicolaou; 11 000 endoscopias altas. En fin, hay una serie de cifras que nos indican que estamos avanzando en el tamizaje, que es una de las cosas más importantes. Casi 120 000 familias evaluadas por riesgo de cáncer y 4 300 000 personas atendidas en prevención de cáncer en veinticinco regiones.

Hemos fortalecido nuestra capacidad de detección temprana y estamos lanzando estas acciones preventivas porque hemos iniciado un proceso de capacitación sumamente dinámico, un diplomado latinoamericano de cáncer que al final del año nos va a redituar 1500 profesionales de todas las regiones del Perú capacitados en el cáncer de la mujer. Esto ha sido hecho en colaboración con la Fundación Slim y con absoluta certificación de los mejores centros educativos del mundo especializados en cáncer de la mujer.

También debo decir que tenemos casi 4000 profesionales (3992, para ser exactos) capacitados en prevención primaria de cáncer; 599 profesionales que han sido capacitados en la prevención secundaria del cáncer; 661 profesionales de atención primaria capacitados en evaluación familiar del riesgo de cáncer en una serie de talleres que no quiero pasar a describir.

Pero sí quiero terminar diciendo dos cosas respecto al Plan Esperanza, que está en marcha en una etapa inicial muy auspiciosa.

Primero, que tenemos una comisión sectorial de implementación del Plan Esperanza. Ustedes reclaman con justa razón por la fragmentación del sistema, pero creo que todos

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podemos estar satisfechos de que esta comisión involucre al Ministerio de Salud, a organismos públicos descentralizados, a representantes de Salud, a la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al Instituto Peruano de Energía Nuclear.

Entre los acuerdos más importantes de esta comisión están la creación del Registro Nacional de Psicología, la creación de centros de desarrollo de competencias en prevención y detección precoz del cáncer en el primer nivel de atención, entre otros acuerdos valiosísimos.

Tenemos diecisiete regiones equipadas con mamógrafos digitales que han sido trabajados mano a mano con el propio INEN para la asistencia técnica; y veinticinco regiones equipadas con colposcopias y equipos de crioterapia.

Vamos avanzando tanto en la generación de recursos humanos capacitados en prevención primaria como en la dotación del equipamiento.

Tenemos que reforzar la velocidad de formación de oncólogos, y en esa línea estamos. Hemos ampliado sustancialmente el número de plazas de residentado este año y apoyamos sin reservas, como ha sido oficializado mediante cartas, el proyecto de ley de este Congreso respecto al residentado médico.

Hemos remitido una carta al Presidente del Congreso para enfatizar nuestro apoyo y nuestro deseo de que ese proyecto de ley sea debatido lo antes posible, porque nos ayudará a formar más rápidamente a los especialistas, en línea con la política de recursos humanos especializados que requiere el país.

Quiero entrar a tocar la materia que nos ha traído el día de hoy y poner quizás un poco más de énfasis, porque no me he dejado entender como hubiera deseado.

Es cierto, y ustedes han dicho de diferentes maneras que el sector Salud es altamente complejo. Esa complejidad se refleja en opiniones y posiciones. Unos piensan que la solicitud de facultades es excesivamente amplia; otros, que tiene insuficiente alcance. Y probablemente ambas cosas sean verdad, y eso refleja la complejidad del sector.

¿Cuál es nuestra posición sobre esto? Estos seis puntos que estamos trayendo aquí no van a resolver todos los problemas que tiene el sector Salud. Muchos de estos problemas no requieren leyes, sino normas de otro nivel jerárquico y decisiones, gestión, tiempo, políticas. Lo cierto es que no todo lo que se tiene que hacer en el sector requiere una ley.

Y como bien decía el congresista Rondón, hagamos primero lo necesario, y lo necesario para dar continuidad a las reformas que ya se vienen dando —la Ley de Aseguramiento Universal, por ejemplo— supone dar el siguiente paso.

La Ley de Aseguramiento Universal generó un aumento de demanda muy considerable y aceleró un proceso que venía desde atrás, cuando se fusionaron el materno infantil y el seguro escolar gratuito. Desde ahí comenzó en el país un proceso ascendente muy rápido de aseguramiento universal. Pasamos de 30% de la población asegurada a 70 % de la población asegurada.

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Y cuando se le dice a una familia que está asegurada, eso genera una demanda de servicios casi automática, y es natural, porque se les está dando un derecho de acceso, y en muchos casos gratuito. Entonces, hay una presión muy fuerte sobre los servicios.

Esa presión que vemos hoy que se traduce en todo lo que ustedes han dicho de falta de horas médico, hacinamiento, colas, etcétera, es producto de esa ampliación de demanda que hemos tenido, porque es una ampliación de derechos, y está bien. Pero si no actuamos sobre la oferta, esos derechos no son derechos, sino frustraciones: la frustración de no encontrar al médico, la frustración de no encontrar la cama, la frustración de tener que ir temprano, la frustración de que se postergue la intervención quirúrgica, la frustración del maltrato, etcétera.

Esta delegación de facultades no pretende resolver todos los problemas del sistema de salud, sino enfrentar lo necesario en términos del cierre de brechas de oferta.

Para cerrar la brecha de la oferta, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿De qué tipo de oferta: la oferta centrada en el hospital o la oferta que está centrada en prevención, promoción y en el 75 % de los problemas de salud que se pueden resolver en un nivel primario y secundario?

Entonces, lo primero que esta delegación de facultades propone es que trabajemos fuertemente en cerrar la brecha en los niveles primario y secundario, porque eso va a hacer sostenible nuestro sistema. Con esa orientación tenemos la propuesta de trabajar la organización y la gestión de las redes integradas; pero para eso se necesita cerrar la brecha de infraestructura, para eso se necesita cerrar la brecha de recursos humanos.

La brecha de infraestructura se requiere cerrar con una política sostenida y con financiamiento, por eso estamos pidiendo la delegación de facultades para el planeamiento de corto y mediano plazo que involucre a todos los sectores y a los tres niveles de gobierno, de modo que los recursos que tenemos sean mejor utilizados en la inversión que se requiere para cerrar la brecha de infraestructura y equipamiento.

Y todavía más importante que infraestructura y equipamiento es que cerremos la brecha de recursos humanos. ¿Vamos a cerrar la brecha de recursos humanos con las remuneraciones que tenemos? ¿Vamos a cerrar la brecha de motivación y de compromiso de nuestros recursos humanos con el nivel de remuneraciones que tenemos hoy? No.

Un congresista afirmaba que la política remunerativa iba contra los derechos de los trabajadores y que no suponía aumento. Nuevamente quiero recalcar que la reestructuración salarial supone ordenamiento, supone alineamiento de los incentivos a la política, supone cerrar la brecha remunerativa gradualmente. No la podemos cerrar mañana, pero el esfuerzo del Ejecutivo es que se pueda hacer un aumento remunerativo en breve plazo luego de concedidas las facultades, luego de aprobada la ley, luego de aprobada la normativa correspondiente para la transferencia presupuestal que se requiere para este fin.

Pero un aumento per se no garantiza nada. Es el aumento y lo que sucesivamente otras gestiones y otros gobiernos tendrán que mantener en el tiempo como parte de esta

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política, pero también cómo premiamos al que hace el mejor esfuerzo, cómo premiamos al que trabaja en equipo y mejora el desempeño de su institución, cómo premiamos a aquel que se va a zonas alejadas y de frontera.

Dicho sea de paso, hoy ha salido publicado lo que corresponde a un artículo que ustedes aprobaron en la Ley de Presupuesto, que es la bonificación en zonas alejadas y de frontera, y que es parte integrante de la política de remuneraciones que estamos proponiendo.

Me parece importante aclarar lo siguiente, porque ha habido preguntas respecto a este asunto de ampliación de la cobertura de protección financiera. Lo que estamos diciendo es simple: tenemos aún población pobre a la que no estamos pudiendo cubrir por una serie de problemas que son básicamente administrativos, porque no podemos acreditar su DNI o no podemos acreditar su condición de pobreza. Eso lo queremos levantar rápidamente.

Si efectivamente podemos retener personal en zonas alejadas y de frontera, entonces debemos extender el aseguramiento lo más rápidamente posible a estas poblaciones.

¿Y por qué necesitamos una reestructuración del Ministerio de Salud? Ustedes lo han dicho: necesitamos tener un Ministerio de Salud fortalecido que haga políticas y evalúe esas políticas, que aprenda a corregir los errores, que seguramente vamos a cometer y se van a seguir cometiendo por diferentes gestiones, pero es el aprendizaje de esos errores, mediante la evaluación y la corrección, el que nos hará un mejor Ministerio de Salud; y un Ministerio de Salud que tenga un brazo muy fuerte, en el marco de la normativa sobre la descentralización —que solo puede ser modificada por este Congreso—, para el control de brotes y el mejoramiento de las prioridades de salud pública en el país, muchas de las cuales ustedes han mencionado el día de hoy.

Una pregunta muy pertinente es: ¿de qué financiamiento estamos hablando? El presidente de la Comisión de Presupuesto ha presentado unas cifras y yo las quiero repetir, porque esos son compromisos iniciales que hemos establecido dentro del Ejecutivo para apoyar la reforma del sector Salud. Estamos hablando en el 2014 de mil doscientos millones; en el 2015, de mil cuatrocientos millones; y en el 2016, de casi mil setecientos millones. Además, de lo que significará orientar recursos a la inversión propiamente en función de la velocidad y de la rapidez con que podamos tener todos los expedientes para nuestros establecimientos estratégicos listos.

Hoy estamos en un proceso muy acelerado de trabajo conjunto con los gobiernos regionales. Ayudamos a los gobiernos regionales y trabajamos codo a codo con ellos para generar todos los perfiles en un formato simplificado que hemos logrado consensuar con el Ministerio de Economía. En los próximos tres años esperamos tener los ciento setenta establecimientos de nivel secundario que este país requiere.

En la organización de servicios en este país hemos tenido una base de establecimientos de primer nivel, puestos de salud, centros de muy baja capacidad resolutiva y hospitales. Tenemos que llenar este vacío en la atención secundaria, donde se resuelve la mayoría

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de los problemas de atención de la población. No los hemos llenado, y por eso es que tenemos dificultades para bajar índices de mortalidad materna.

Tenemos algunos indicadores todavía altos porque no hemos acercado esa capacidad resolutiva básica a los niveles más cercanos a la población.

Estas son cifras importantes que reflejan una voluntad y un compromiso de financiar las reformas, los cambios, los procesos de mejora, llámenlos como les parezca mejor. Estas cosas, que parecen muy pocas para algunos de ustedes, son esfuerzos muy grandes por dejar políticas claras. Probablemente otras gestiones y gobiernos posteriores podrán revisar estas políticas y cambiarlas; pero esperamos que con esta delegación de facultades dejemos políticas de Estado que puedan ser respaldadas no solamente por los que hacen política sino por la propia población, que esperamos pueda ver resultados.

¿Es un paso previo a esto que es una aspiración de un sistema único? Estoy convencida de que necesitamos dar este paso previo antes de plantear una reforma que suponga fusión de instituciones y un sistema único, porque dos o tres sistemas débiles no hacen un sistema fuerte.

Si sumamos debilidades no vamos a generar fortaleza. Tenemos que hacer nuestra tarea y fortalecer nuestras instituciones, de modo que podamos encontrar el momento adecuado para decir que ahora hablamos el mismo lenguaje y tenemos los mismos protocolos, el mismo sistema de información, y de que ahora sí podemos ser una sola institución.

El caso brasileño ha sido así. Diez años antes del Sistema Único de Salud se comenzó a trabajar para lograr en 10 años el Sistema Único de Salud. Hoy, lamentablemente, vemos que la sociedad brasileña está descontenta con su sistema y enfrenta problemas similares a los nuestros: falta de médicos, falta de una adecuada descentralización, insuficiente financiamiento. Son problemas que siempre están presentes en los sistemas de salud.

No existe un sistema de salud en el Perú que haya resuelto todos los problemas. Los problemas son como los virus de la gripe: mutan. Necesitamos otras soluciones a medida que estos problemas se van complejizando. Pero en el centro de la atención de todos estos esfuerzos debe estar el ciudadano.

Un congresista mencionaba hace un momento: “¿Estas reformas van a beneficiar al personal de Salud?”. Esperamos que sí; pero nuestra preocupación es que beneficien principalmente al usuario. Queremos alinear los intereses y las motivaciones de ese personal de salud con ese fin, que es mejorar la atención de salud del usuario.

Tengo muchas preguntas aquí, y seguramente algunas de ellas no las voy a poder responder a plenitud, pero creo que sí vale la pena detenernos en algunos temas específicos.

El Presidente de la República ofreció, hace algún tiempo, un hospital por provincia. Hoy estamos hablando de ciento setenta establecimientos estratégicos de nivel hospitalario de nivel secundario que no han sido definidos en función de que tenemos que tener uno por provincia. Han sido hoy definidos y concordados con los gobiernos regionales, porque

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haciendo un planeamiento serio respecto a las necesidades de atención de la población, se ha podido identificar cuáles son esos ciento setenta hospitales de nivel secundario. Ese es el énfasis de nuestro programa de inversiones.

Entonces, yo no quiero decir “estamos cumpliendo” con la idea del ofrecimiento de una promesa, sino por el énfasis que ponemos en los establecimientos estratégicos, porque esa promesa del Presidente conlleva a satisfacer una necesidad que, desde el punto de vista técnico y de organización de servicios, tiene mucho sentido: la atención primaria y la atención secundaria.

En segundo lugar, hay que acompañar esto con recursos humanos, como bien decía el doctor Aguinaga.

En cuanto al aseguramiento universal, ustedes han aprobado, en nuestra Ley de Presupuesto, lo que estamos llamando el SIS del Régimen Único Simplificado para ese segmento de población emprendedor que apuesta por la formalización y se inscribe en el RUS. A ese emprendedor que paga mensualmente sus impuestos bajo un régimen simplificado y a su familia el Estado le reconoce su esfuerzo a través de ese mecanismo y le otorga la posibilidad de afiliarse al Seguro Integral de Salud.

La propuesta que tenemos para ese grupo que sale de la pobreza, que es emprendedor, que se formaliza y apuesta por un país formal y moderno, es el compromiso del Estado en cubrir la atención de su salud. Ese es el rumbo que queremos seguir, y eso supone un esfuerzo de colaboración.

Tenemos un régimen subsidiado para las personas que tienen barreras de acceso por motivos económicos muy fuertes. No podemos esperar a que estas personas salgan de la pobreza. Necesitan ser protegidas en su salud.

Para este otro grupo que va ascendiendo a niveles superiores de bienestar económico, tenemos la propuesta de valor, que es salud contra impuestos en régimen simplificado, en régimen que facilita la formalización, pero salud y protección contra ese deseo de integrarse a un país moderno. Esto solo ha requerido el artículo que ustedes aprobaron en la Ley de Presupuesto.

Ya el decreto supremo para esto está aprobado, y estamos trabajando fuertemente con la Sunat en el intercambio de información para identificar nominalmente a cada uno de estos peruanos.

Personalmente me parece de suma importancia lo que decía la congresista Karla Schaefer respecto a la necesidad de la participación ciudadana en esta discusión. Donde estamos es un hito. La discusión de la reforma no acaba aquí hoy ni acaba mañana; la discusión de la reforma tiene que ser permanente.

En nuestra página web estamos poniendo una propuesta un poco más integral.

No solo para la delegación de facultades están abiertos los canales para recibir comentarios y sugerencias.

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Además de esto, que es más pasivo, de solo esperar, vamos a poner en marcha actividades y acciones que comprometan mucho más activamente a la sociedad civil y a todos los actores del sistema. Creemos que este es un proceso que tiene que ser continuo.

Me han pasado un papelito diciéndome que ya estoy fuera de tiempo.

Sí, la alerta epidemiológica ha sido decretada ayer.

Agradezco mucho la atención. Sus sugerencias las tengo apuntadas.

No quiero terminar sin decir que estoy totalmente segura y convencida de que todos los que estamos aquí somos personas honorables. Entre ellas, me cuento yo, y una persona honorable no miente.

No tengo el tiempo suficiente. Los animo a leer el acta, que se ha cumplido estrictamente con los diferentes profesionales y no profesionales de salud. El estar hoy día acá es la expresión de ese cumplimiento.

Si me lo permite, señor Presidente, solo quiero tomar un minuto para leer uno de esos varios puntos: “El Ministerio de Salud se compromete a impulsar la mencionada propuesta de ley ante las instancias respectivas del Congreso de la República”. Eso es lo que estamos haciendo: impulsar una ley que permita esa modificación de la escala remunerativa, y está en el nivel uno de nuestras prioridades en este momento.

Si hubiera cualquier pedido de información adicional, el Ministerio, como siempre, está a disposición de todos ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Agradecemos a la ministra de Salud.

Finalmente, tiene la palabra la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, Teresa Laos Cáceres.— Señor Presidente, en las intervenciones que hemos escuchado hemos advertido que todos los que han participado han evidenciado las deficiencias que tiene EsSalud. Eso marca las brechas que existen en infraestructura, en equipamiento. Es justamente por eso por lo que estamos aquí pidiendo estas facultades delegadas para el fortalecer el financiamiento.

Es importante precisar que este año EsSalud ha destinado noventa millones para cinco programas preventivos: tuberculosis, VIH-Sida, cáncer, salud bucal, salud mental. Y se ha hecho la compra de tres unidades móviles para el despistaje de cáncer.

Igualmente, EsSalud ha incrementado cuatro veces el número de plazas para residentes, de 167 a 850 plazas. Este incremento ha costado cincuenta y cinco millones.

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Se hizo una pregunta con relación al hospital de Villa María de Triunfo. Este es un hospital que es producto de una asociación público–privada. Contará con doscientas camas y brindarán atención a un cuarto de millón de asegurados.

Otro hospital del mismo modelo se está construyendo en el Callao.

En efecto, hay una deuda de tres mil millones. Un 50% proviene de deuda pública; y otro 50%, de deuda privada. Por eso, se solicitan facultades para hacer un proceso de recuperación de la deuda.

En cuanto a la modificación del Código Penal que se está solicitando, es para casos de fraude, suplantación o filtraciones al sistema. No habrá, de ninguna manera, y lo rechazamos enfáticamente, persecuciones contra deudores de EsSalud.

Se ha avanzado muchísimo en el abastecimiento de medicamentos. Nunca se había logrado el 97% que actualmente tenemos, y con medicamentos de calidad comprobada y rigurosos controles.

En esa adquisición de medicamentos hemos logrado reducir S/. 55 000 000,00, y los hemos venido utilizando para comprar implantes cocleares, prótesis, etcétera.

Quiere decir que, a pesar de que hay grandes deficiencias, hemos venido avanzando en EsSalud con mejoras en el servicio de atención en la medida de nuestras posibilidades. Para seguir avanzando y dar la mejor atención al ciudadano, al aportante, requerimos de esta delegación de facultades importante para EsSalud.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que ha concluido la intervención de las ministras de Salud y de Trabajo, agradecemos su disposición y las invitamos a abandonar la Sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente.

Se suspende la sesión por breve término.


—Se retiran de la Sala de sesiones la señora ministra de Salud, Midori de Habich Rospigliosi, y la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Teresa Laos Cáceres.



Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Karla Schaefer, presidenta de la Comisión de Salud.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Señor Presidente, quiero hacer notar la incoherencia de los miembros del oficialismo que forman parte de la Comisión de Salud. Cuando se plantea que se respeten el artículo 77 del Reglamento y la especialidad de

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Comisión de Salud, ellos votan en contra de la cuestión de orden; pero en su dictamen en minoría ponen que el control estará a cargo de la Comisión de Salud.

Para no perder todas las facultades y las funciones que nos ha encargado el pueblo y que como congresistas debemos ejercer, espero que la Comisión de Presupuesto respete lo dicho por sus colegas congresistas en su dictamen en minoría. Ya que no nos deja legislar, por lo menos que nos deje ejercer nuestra función de fiscalización a través del control previo por parte de la Comisión de Salud y la publicación de cada proyecto de ley que el Ejecutivo presente.

Es un control que está dentro de los considerandos para ejercer nuestra función de fiscalización, que es la parte ex-ante y ex-post.

Eso es lo único que le pediría, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Finalmente, tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, en principio quiero remontarme a hechos históricos que tienen precedente de recordación obligatoria.

Este Pleno, señor Presidente, ha otorgado facultades para la reforma en materia de asuntos tributarios. Gracias a ello, hoy día ponemos tener mayores recaudaciones y se está ampliando el universo de contribuyentes, que fue una gran demanda de los señores parlamentarios. Y, gracias a este Parlamento, acompañamos reformas sustantivas en el Estado en lo que fue materia del debate nacional.

A la luz de lo expuesto por mis colegas, puedo darle la razón a cada uno de ellos. Probablemente la industria perfecta, la industria farmacéutica quiera que cada día haya más enfermos, porque eso justificaría la ampliación de su espectro de funcionamiento.

Nosotros apuntamos a algo distinto, a trastocar los temas de fondo para que la salud procure ser siempre preventiva. No quisiera jamás que el mejor médico cirujano del Perú o del mundo me intervenga en una cirugía. No quisiera jamás que me operen. Hay que coadyuvar esfuerzos para que esa estructura arcaica deje de serlo y demos pasos firmes para modernizar el sistema de la salud pública.

Presidente, se han recogido propuestas que apuntan a buscar consensos, y en ese mismo orden, ¿cómo no reconocer las propuestas enmarcadas sobre el particular por los congresistas Dammert, Rimarachín y otros, que han puesto bastante énfasis en la política preventiva de la salud?

Esto no es nuevo para nosotros. Hemos sido autores de proyectos de ley que están en la Comisión de Salud, y gracias a la presidenta uno de esos proyectos de mi autoría es hoy día ley.

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Estamos entregando el texto sustitutorio para que todos puedan seguirnos respecto a materias de delegación de facultades legislativas.

En el inciso a) del artículo 2 incluimos el carácter prioritario de la atención preventiva de salud en el marco de todo el proceso de descentralización.

En el inciso b) de ese mismo artículo, se incorpora la propuesta del congresista Eguren con el texto siguiente: “Modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a las expectativas de los usuarios, mejora de la administración de los fondos de salud, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de salud, que se realiza en el marco de lo previsto en el artículo 62 de la Constitución sobre la libertad de contratación”. Expresión literal que nosotros recogemos, señor Presidente.

De igual modo, en el inciso c) del mismo artículo los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Norman Lewis, Natalie Condori y otros hacen notar su preocupación para que de manera literal pueda incorporarse el siguiente texto: “Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluyendo a los del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio Público y gobiernos regionales —esto en alusión directa a los médicos legistas y a los médicos, profesionales y personal asistencial de la salud de los diversos sectores—; considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conformada al amparo de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, la misma que incluye los ingresos de dicho personal y sus efectos en el aspecto previsional”.

En el inciso e) se incluyen las propuestas de los congresistas García Belaunde, Merino De Lama, Mendoza Frisch y otros. El texto del inciso e) sería el siguiente: “Fortalecimiento del financiamiento se EsSalud a fin de garantizar la sostenibilidad del fondo de seguridad social y permitir el cierre de la brecha de infraestructura, recursos humanos, equipamiento, servicios y otros bienes. Se excluye de la presente delegación la facultad de modificar o derogar las disposiciones referidas a las tasas de aportación en materia de salud, así como las materias contenidas en la Ley 29351, Ley que reduce los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y modificatorias”.

Hay un error material en el inciso a), porque a su segundo párrafo se le ha puesto como inciso b) y luego continúa con un inciso c) que en realidad es el b).

Damos cuenta de eso y, asimismo, de recoger lo que fuera pertinente del Proyecto de Ley 1435/2012-CR, de autoría del congresista Eguren.

Solicito que se someta al voto el texto que se ha alcanzado a la Mesa Directiva y se ha distribuido.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Hay una cuestión previa planteada por el congresista Segundo Tapia en el sentido de votar por separado los seis puntos contenidos en el artículo 2 del Proyecto de Ley N.º 2417.

Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar la cuestión previa planteada por el congresista Tapia.



Para que no haya dudas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Tapia en el sentido de votar por separado los seis puntos contenidos en el artículo 2 del Proyecto de Ley N.º 2417.

Al voto.


—Efectuada la votación, se rechaza, por 62 votos en contra, 35 a favor y ninguna abstención, la cuestión previa planteada por el congresista Tapia Bernal.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se deja constancia, además, del voto en contra del congresista Julca Jara.

En suma, 63 congresistas han votado en contra, 35 a favor y ninguno en contra.

La cuestión previa ha sido rechazada.

“Votación de la cuestión previa para votar por separado los seis puntos contenidos en el artículo 2 del Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Gagó Pérez, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Jara Velásquez, Lay Sun, León Rivera, Lescano

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Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que ha finalizado el debate, con la misma asistencia se va a proceder a votar el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto presentado a las 22 horas y 58 minutos y distribuido en la Sala con la corrección señalada por el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 64 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor del congresista Julca Jara y de la abstención del congresista Fujimori Higuchi.

Resultado final: 65 votos a favor, uno en contra y 33 abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 2417 presentado por la Comisión de Presupuesto.




LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Artículo 1. Disposición autoritativa general

Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del sector salud por el término de ciento veinte (120) días calendario contado a partir de la vigencia de la presente Ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y lo establecido en el literal d) del numeral 1) del artículo 76 y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2. Materias de la delegación de facultades legislativas

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La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley comprende la facultad de legislar sobre las siguientes materias:

a. Reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia, priorizando la atención preventiva en salud, en el marco de la descentralización.

b. Modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a las expectativas de los usuarios, mejora de la administración de los fondos de salud, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de salud, que se realiza en el marco de lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú sobre la libertad de contratación.

c. Modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, estableciendo las prioridades, los procedimientos y los mecanismos de planificación multianual, sectorial e intergubernamental, así como las de EsSalud, para racionalizar la inversión pública en materia de salud.

d. Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluyendo a los del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio Público y gobiernos regionales; considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conformada al amparo de la décima sexta disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, la misma que incluye los ingresos de dicho personal y sus efectos en el aspecto previsional.

e. Extensión de la cobertura de protección financiera en salud asegurando las condiciones para un acceso universal a los servicios de salud, en forma continua, oportuna y de calidad.

f. Fortalecimiento del financiamiento de EsSalud a fin de garantizar la sostenibilidad del fondo de seguridad social y permitir el cierre de la brecha en infraestructura, recursos humanos, equipamiento, servicios y otros bienes. Se excluye de la presente delegación la facultad de modificar o derogar las disposiciones referidas a las tasas de aportación en materia de salud, así como las materias contenidas en la Ley 29351, Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y modificatorias.

Artículo 3. Vigencia de la Ley

La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.


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“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Jara Velásquez, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señora congresista que votó en contra: Tait Villacorta.

Señores congresistas que se abstuvieron: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Gagó Pérez, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Zeballos Salinas.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha pedido la palabra el congresista Josué Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Ruego a los señores parlamentarios que se exonere de segunda votación el proyecto que acabamos de aprobar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, se va a votar, con la misma asistencia, la dispensa de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 64 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordado.

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Se deja constancia del voto a favor del congresista Julca Jara y del voto en contra del congresista Fujimori Higuchi.

Resultado final: 65 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones.

Ha sido acordada la dispensa de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 2417 presentado por la Comisión de Presupuesto.

“Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto 2417

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, Jara Velásquez, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Gagó Pérez, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rosas Huaranga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Belaunde Moreyra, Rodríguez Zavaleta, Salazar Miranda y Zeballos Salinas.

Se acuerda la admisión a debate de la moción de interpelación al señor ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y, de conformidad con la propuesta de la Presidencia, citarlo para el 1 de agosto de 2013, a las nueve de la mañana, con el fin de que conteste el pliego interpelatorio

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura al siguiente punto de la agenda.


Moción de Interpelación

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De los congresistas Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Cordero Jon Tay, Elías Ávalos, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Medina Ortiz, Mulder Bedoya, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal, Vacchelli Corbetto y Valqui Matos, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido para que responda el pliego interpelatorio y explique sobre las circunstancias exactas en que se produjeron los recientes sucesos de Kepashiato, donde una patrulla atacó a un medio de transporte comercial y causó heridas graves a pasajeros civiles; sobre los propósitos del Decreto Legislativo 1146, que en los hechos convierte el servicio militar voluntario en obligatorio para los ciudadanos de menores recursos; respecto de sus declaraciones imprudentes sobre las compras secretas y de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno anterior; respecto de los criterios para el ascenso y colocación en puestos claves de militares pertenecientes a ciertas promociones; y, por último, sobre el traslado de las funciones portuarias a autoridades militares. (Moción 7062).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido.

En aplicación del artículo 68.° del Reglamento del Congreso, se concede la palabra a los autores hasta por cinco minutos; y luego se concederá la palabra a quienes se opongan, por un minuto cada uno, con un máximo de cinco minutos entre todos.

Tiene la palabra la congresista Luz Salgado para que fundamente la moción.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, esta moción fue presentada en el mes de mayo. Ha pasado mucho tiempo y se han ido acumulando una serie de hechos que nos hacen ratificar con mayor razón que el ministro de Defensa tiene que venir a la Representación Nacional a dar una serie de respuestas a muchas inquietudes.

Empezaré por la primera, que fue motivo de esta moción.

Ya todos se han olvidado de los sucesos de Kepashiato; sin embargo, hay personas que han sido acusadas de terroristas, hay personas a las que el fiscal de la Nación está defendiendo, hay personas heridas —menos mal, ningún muerto— y se quedaron en el aire una serie de versiones en el sentido de que terroristas habrían asaltado una camioneta por la parte de encima, cuando las balas aparecían por los costados.

La población de esa zona está muy indignada, y yo sé que los congresistas de la zona también. Vinieron alcaldes, gobernadores y pobladores de la zona que conocían a los que viajaban en esa camioneta y sabían que eran agricultores. Es más, el chofer sabía que ahí se trasladaban policías y militares.

Entonces, algo no está concordando aquí. Si hubo errores, tendrían que haberse admitido y no tendrían por qué haber dado lugar a acusaciones falsas. En fin, estas preguntas todavía no han sido respondidas y nosotros creemos que es necesario que el ministro venga y nos diga por qué determinadas compras estatales han sido declaradas como secretas, cuando no tienen nada que las califique de tal modo, porque son prácticamente

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bienes de servicios; por qué son secretos adquirir toallas, jabones; por qué son secretos adquirir cosas que no tienen ninguna relación con la seguridad del Estado.

También tendrá que venir para ver sobre los ascensos y las promociones que últimamente se han llevado a cabo y que coincidentemente califican a una sola promoción en los más altos cargos a nivel nacional; tendrá que venir a dar cuenta de los recursos que se han dado para los retiros; y tendrá que venir a decirnos si él conoce la LOPE o simplemente ha llegado a ese ministerio siendo abogado y no tenía conocimiento de que no puede pedir autorización ni permiso ni luz verde a la primera dama cuando él tiene diferentes instancias de funcionarios públicos a los que tiene que acudir para ver la agenda del Presidente de la República.

Se ha pasado por alto el Despacho Presidencial, se ha pasado por alto la Secretaría. Incluso dice que no le importa lo que diga el presidente del Consejo de Ministros y tiene una serie de argumentos que son irrisorios para una persona que ocupa tan alto cargo, una persona que debería tener la seguridad de lo que a todos los peruanos nos interesa en cuanto a defensa nacional.

Entonces, hay motivos suficientes para que el ministro Cateriano venga a rendirle cuentas a la Representación Nacional. Cuando él asumió la cartera del Ministerio sabía que tenía que venir a este Hemiciclo en alguna oportunidad a darnos respuestas, y hoy tenemos muchas preguntas que se siguen acumulando a este pliego interpelatorio que presentamos en el mes de mayo. En ese entonces llegaban a treinta y nueve; hoy, señor Presidente, esas preguntas deben pasar de cincuenta.

Creemos, señor Presidente… Ya sé que no me escucha.

Creemos, señor Presidente, que se debe dar luz verde a esta moción de interpelación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha pedido la palabra el congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, el tiempo ha permitido que muchos de los cuestionamientos al señor ministro de Defensa a través de estas treinta y siete preguntas o bien se encuentran en otras instancias o están en proceso de investigación, como es el caso del incidente en Kepashiato, en la Región Cusco.

La Comisión de Defensa Nacional convocó, a los pocos días de este incidente, al señor ministro de Defensa, quien vino acompañado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, a pedido de los congresistas cusqueños, se recibió a la alcaldesa de La Convención, al conductor de la combi materia de los impactos y al alcalde de Kiteni.

Posteriormente el Ministerio Público ha asumido la investigación de este caso. Han trascurrido más de treinta días de ese hecho.

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El reporte de criminalística y de los expertos en esta materia señala que se han encontrado altos niveles de concentración de plomo, de antimonio, en una clara señal de que su portador sí habría efectuado disparos y que estos provendrían de la combi.

Los antecedentes del conductor de la combi señalan que en alguna oportunidad fue intervenido porque transportaba droga.

En fin, son aspectos que van a ser materia de la investigación por parte del Ministerio Público.

Con todo gusto, señor Presidente, concedo una interrupción a la colega Luz Salgado.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, el presidente de la Comisión de Defensa cumplió con el pedido que le hicimos los miembros de la Comisión de Defensa a fin de que nos vinieran a dar cuenta y ahí nos dieron una versión completamente diferente después de lo que usted mismo escuchó de los testigos, entre ellos la alcaldesa, que decía que conocía al chofer y al agricultor, al que en un primer momento habían calificado como terrorista. Eran agricultores de la zona.

Después de que hallan estos restos de pólvora, congresista Urquizo —a través de la Presidencia—, a usted también le habrá parecido raro que la señora de setenta y cinco o setenta y nueve años sea la que haya manipulado el arma —porque encontraron una sola arma— y luego se las haya pasado a los otros.

El testimonio de la Fiscalía y de la propia fuerza armada fue que habían encontrado un arma, y esa arma supuestamente ha pasado por todos los pasajeros, incluso por la señora de setenta y tantos años, a la que le encontraron restos de pólvora.

Todo eso es lo que no está claro, colega Urquizo, y usted sabe bien que se tiene que investigar.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Se está investigando este confuso y delicado incidente, porque, como lo ha señalado la colega, ha habido heridos. El Ministerio Público ya ha asumido la investigación de este asunto.

Por otro lado, en el pliego interpelatorio se hace referencia al Decreto Legislativo 1146, norma que se dio en mérito a una delegación de facultades del Parlamento.

El Poder Ejecutivo emitió veintisiete decretos legislativos, no es una novedad. La Ley del Servicio Militar data del año 2008 y, en mérito a ese Decreto Legislativo 1146 se han dado importantes modificaciones. Esto ha dado lugar a que la bancada vecina presente una acción de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo; y a que la Defensoría del Pueblo plantee un pedido de medida cautelar que ha suspendido el sorteo.

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Obviamente, tenemos que esperar a que el Tribunal Constitucional, por un lado, y la Comisión de Constitución y Reglamento, por otro, determinen la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1146.

Me pide una interrupción el colega Rivas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Martín Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Yo creo que hay que tratar de ser un poco objetivos en esta situación.

La investigación de esos hechos está en el fuero correspondiente, y es evidente que en ese fuero se van a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Si se trata de imputar algunas situaciones al titular de la cartera, podríamos decir que si se cae una casa, también habría que hacer responsable al ministro de Vivienda.

Consecuentemente, hay que ser bastante claros y objetivos en ese punto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiga, congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, lo relativo al Servicio Militar se encuentra no en manos del Poder Ejecutivo, mucho menos del Poder Legislativo, sino en manos del Poder Judicial.

Se ha cuestionado una apreciación personal sobre las adquisiciones en las Fuerzas Armadas en el Gobierno anterior, lo que mereció un pronunciamiento del ministro señalando que no había nada nuevo, de que en la página amigable de transparencia económica se señalaba estas cifras que respondían al núcleo básico del Fondo de Defensa. Como tal, era una opinión del señor ministro de Defensa que no podíamos cuestionar cuando se dieron estas apreciaciones.

Con relación al Decreto Legislativo 1147, sobre la Autoridad Portuaria y el rol de nuestra Marina de Guerra, el señor ministro ha concurrido a la Comisión y ha explicado este aspecto, y en la oportunidad que en sesión extraordinaria se visitaron las instalaciones de la Comandancia General de la Marina, también el Comandante General de la Marina absolvió estas inquietudes.

Entonces, si no es en la Comisión, está en otras instancias. Es el caso del servicio militar, que se encuentra en el Tribunal Constitucional; o el de Kepashiato, en el Ministerio Público.

No solo por el tiempo, sino además por competencia, ya el fuero del Parlamento Nacional no es el competente en este momento para resolver las preocupaciones que con legítimo derecho han formulado los señores congresistas, sino otras instancias, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o la Comisión de Constitución y Reglamento, que obviamente tendrá que determinar, a través de su grupo de trabajo, la constitucionalidad de estas normas.

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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, nada de lo que se ha dicho acá tiene que ver con una moción de interpelación.

No estamos planteando una comisión investigadora, no estamos planteando traer al ministro para interrogarlo en función de criterios de encontrar responsabilidades, sino para interpelarlo.

Está en la Constitución: es un diálogo, es la necesidad de formularle preguntas. Pero todas las respuestas que se han pretendido dar ahora para oponerse suponen la lógica de que el Ministerio Público se ha abocado o de que ya se resolvió lo relativo al fuero militar o de que ya está pendiente de solucionar otro problema. De esa manera se ha venido postergando el pliego interpelatorio a lo largo de todos estos días.

Evidentemente, lo que están buscando es darle lógica a esa maniobra que denuncié en la mañana en el sentido de que la sesión solamente se venía suspendiendo y no se levantaba para tratar de enfriar este asunto.

Pero esos argumentos son completamente baladíes. No tienen ninguna importancia. Lo importante es que una prerrogativa constitucional de las minorías es plantear que los ministros concurran a responder preguntas formuladas por las minorías, y aquí están las preguntas, señor Presidente.

Tarde o temprano tiene que llegar el plazo en el que se digan las respuestas que corresponden.

Este ministro no da respuestas. Si el ministro tuviese un talante democrático de dar respuestas, vendría al Pleno. No se escondería en las comisiones ni buscaría simplemente decir que en el Ministerio Público se está viendo, porque a él no lo llaman al Ministerio Público.

Si él tuviese, además, esa fuerza democrática de dialogar con el Poder Legislativo, no le estaría ocurriendo lo que le está ocurriendo ahora, que seguramente dará lugar a que evaluemos una interpelación, porque si al Ministro de Defensa lo chuponean y el Ministro de Defensa introduce un método de escándalo mediante el cual señala de manera clara y meridiana que quien gobierna este país no parece ser el Presidente de la República, por lo menos que conteste un pliego interrogatorio. Aunque lo quieran enfriar, es un pliego interrogatorio que contiene elementos básicos de su gestión, pero él no ha sabido dar respuestas.

Entonces, este es un tema estrictamente político, pero también es político el haberlo querido enfriar; y también es político buscar que la Representación Nacional se ocupe de otro tipo de temas.

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Yo creo, señor Presidente, que hay que asumir responsabilidades. Una bancada que le planteó casi sesenta y siete interpelaciones al Gobierno anterior por quítame estas pajas, qué raro que ahora ya no quiera ninguna interpelación.

Ahora pueden decir que esto ya lo está viendo el Ministerio Público y que son temas pasados, pero que acepten este es un mecanismo de diálogo.

De las sesenta y siete interpelaciones que ellos plantearon, casi todas se realizaron, porque nosotros nunca hemos rehuido ningún debate. Al contrario, en el debate es donde mejor nos podemos desempeñar, señor Presidente.

Si algunos vienen al Congreso para rehuir debate, entonces no sé qué hacen acá. ¿Cuál es su papel si este es el lugar donde se viene a debatir? ¿Qué ministros son esos, señor Presidente, que tienen miedo de venir al Parlamento? Entonces, ¿para qué aceptan ser ministros si se trata de un cargo que es consustancial al debate?

Yo felicito ahora a la Ministra de Trabajo y a la Ministra de Salud, que han venido pero las hemos tenido que llamar. ¿Por qué no pueden venir a debatir si este es el lugar del debate, no los cenáculos cerrados del Consejo de Ministros?

Ojalá que los Consejos de Ministros algún día se televisen, como se televisan las sesiones del Parlamento, para que toda la prensa que vigila permanentemente a los congresistas también vigile a los ministros y les puedan preguntar a la salida de Palacio de Gobierno como les preguntan a los parlamentarios.

Algún día se hará. Pero que tengan que venir a este foro en donde está la Representación Nacional ¿tanto los asusta?

Tenemos que ir cultivando los espíritus democráticos del Poder Ejecutivo, y una bancada como la oficialista no puede servir de parapeto por posiciones antidemocráticas que buscan manejar las cosas de manera cerrada, señor Presidente.

Por eso, creo que esta interpelación tiene que proceder y se tiene que votar de inmediato.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Verónika Mendoza.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Señor Presidente, quiero remitirme a lo ocurrido en el caso de Ozonampiato y señalar que, efectivamente, se ha abierto un expediente en la Fiscalía. Y es importante que se sepa en este Pleno que, a pesar de ese curioso —por decir lo menos— informe de absorción atómica, el fiscal ha dispuesto que existen suficientes indicios o evidencias respecto a la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad lesiones, subtipo lesiones graves contra los pasajeros civiles de esa combi que fue baleada.

Más allá de la investigación fiscal, hay cosas que tiene que responder el ministro, y tienen que ver con aquello que señaló en la Comisión de Defensa de este Congreso.

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Por ejemplo, fue reiterado por su persona y por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se habían hecho todas las coordinaciones con las autoridades locales y los gremios de transportistas para establecer una restricción en el tránsito. Cuando hemos estado en la zona, los congresistas del Cusco hemos hablado con diversos actores de toda naturaleza, y todos nos han ratificado que nunca fueron comunicados formalmente de tal hecho.

¿Mintió el ministro? ¿No tuvo claridad? ¿No fue bien informado? ¿Hay o no mecanismos adecuados de coordinación con la población y las autoridades? Eso es algo que tiene que ser respondido.

Además, el jefe del Comando Conjunto y el ministro dijeron, en la Comisión de Defensa, que ninguno de los pasajeros de la combi había sido herido de bala, cosa que se contradice gravemente con los informes médico-legales que hemos podido verificar los congresistas del Cusco, que señalan textualmente que los pasajeros de la combi presentan lesiones contusas y penetrantes por proyectil de arma de fuego.

¿Mintió el ministro? ¿No le comunicaron adecuadamente los datos? ¿No sabía? ¿Hay descoordinación? Eso también tiene que ser respondido.

Un último hecho, solo para adelantar algunas de las cosas que queremos preguntarle directamente al señor ministro de Defensa.

En esa misma sesión, el jefe del Comando Conjunto dijo, ratificando lo que se había señalado en un comunicado escrito y público, que uno de los pasajeros de esa combi tenía antecedentes penales por terrorismo. Afirmaron eso avalándose, supuestamente, en una ficha del Reniec que nosotros hemos consultado también y que no contempla ningún tipo de mención a ningún tipo de antecedente penal. Además, el Reniec nos ha ratificado que entre sus funciones no está la de registrar este tipo de datos.

Entonces, ¿a qué ficha del Reniec se referían si esta entidad no cuenta con ese dato?

De confirmarse que eso no tiene sustento en ningún tipo de antecedente ni de ficha del Reniec, como fue señalado por el jefe del Comando Conjunto y el ministro, se habría mentido y se habría vulnerado el derecho al honor de esa persona de manera injusta.

Esas son, Presidente, algunas de las numerosas preguntas que creemos que el señor ministro debe responder de cara al Congreso y a la ciudadanía de Kepashiato y La Convención, que se siente agredida y vulnerada permanentemente.

Por eso, vamos a votar a favor de la interpelación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Según el artículo 131.º de la Constitución Política del Perú y el artículo 83.º del Reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación.

299

Se recuerda que para admitir la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 120, el tercio es 40.

Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital.


Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 47 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, la admisión a debate de la moción de interpelación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido admitida.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Eguren Neuenschwander, Beingolea Delgado, Galarreta Velarde, Tait Villacorta, Lescano Ancieta y Pérez Tello de Rodríguez; y del voto en contra del congresista Coa Aguilar.

Resultado final: 54 votos a favor, 41 en contra, cero abstenciones.

En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación.

“Votación de la moción 7062

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benites Rivas, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Urtecho Medina, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Zevallos Salinas.

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Uribe

300

Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La fecha que propone la Presidencia es el 1 de agosto de 2013, a las nueve horas, para que el ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido concurra al Pleno del Congreso con el fin de contestar el pliego interpelatorio.

Se va a votar a mano alzada.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda, a propuesta de la Presidencia, citar para el 1 de agosto de 2013, a las nueve de la mañana, al señor ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido con el fin de que conteste el pliego interpelatorio.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordada la propuesta.

Se da cuenta de la moción de interpelación al ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra para que absuelva el pliego interpelatorio con relación a interceptaciones telefónicas

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación al señor ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra.


Moción de Interpelación 7331

De los congresistas Salgado Rubianes, Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Cordero Jon Tay, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Lay Sun, López Córdova, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Zeballos Salinas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra para que absuelva el pliego interpelatorio que se adjunta relacionado con la interceptación telefónica.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura al artículo 132.º de la Constitución Política y a los incisos a) y b) del artículo 83.º del Reglamento del Congreso.


“Constitución Política del Perú

Artículo 131.°.— Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

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La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.”

“Reglamento del Congreso de la República

Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros

Artículo 83.°.— El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El pedido de interpelación se formula mediante moción del orden del día, firmada por no menos del quince por ciento del número legal de Congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda.

b) Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de Congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.

[…]”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Según lo dispuesto en el artículo 132.º de la Constitución Política y el artículo 83.º del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de la interpelación.

Se da cuenta de otra moción de interpelación al ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra para que absuelva el pliego interpelatorio con respecto a la seguridad en los establecimientos penitenciarios, en general, y a las salas de audiencia, en particular

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a otra moción de interpelación al señor ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra.


Moción 7390

De los congresistas Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Eguren Neuenschwander, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, León Romero, López Córdova, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Spadaro Phillips, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto y Valqui Matos, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, para que cumpla con absolver el pliego interpelatorio que se adjunta,

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relacionado con la seguridad en los establecimientos penitenciarios en general y en la salas de audiencia en particular.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Según lo dispuesto en el artículo 131.º de la Constitución Política y el artículo 82.º del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación.

Para ilustración del Pleno, se va a dar lectura a una moción de orden del día presentada el día de hoy.


De los congresistas Dammert Ego Aguirre, García Belaunde, Inga Vásquez, Lescano Ancieta, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino De Lama y Rimarachín Cabrera, mediante la cual el Congreso de la República acuerda respaldar el comunicado del Congreso del 10 de julio de 2013 con la solicitud de que se corra traslado al Congreso para que intervenga en el proceso de la presunta solicitud del Colegio de Ingenieros del Perú de 2001, sobre la ejecución de sentencia con respecto al Expediente N.° 022-96-TC, referido al pago de bonos de la reforma agraria; y solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado de lo relativo al pago de los bonos de la reforma agraria en un plazo de noventa días. (Moción 7680).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La moción continuará el trámite correspondiente.

Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para lo acordado en la presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordado.

Se suspende la sesión a las 11 horas y 51 minutos.

—A las 23 horas y 51 minutos, se suspende la sesión.

Por la redacción:

FERNANDO CASADO CALDERÓN

(matinal) - archivo digital de la legislación del perú · semana pasada y de la constatación, de...

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