libertad de prensa en españa en un momento de cambio

7/26/2019 Libertad de Prensa en Espaa en un momento de cambio

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Espaa: La libertad de prensa en un momento de cambioInforme de la misin internacional de alto nivel sobre la libertad de prensa en Espaade junio de 2015

Editorial Instituto Internacional de la Prensa (IPI)

Editor Scott GriffenDirector de Programas de Libertad de Prensa del IPI

Fecha de publicacin Noviembre de 2015

Organizaciones participantes Comit para la Proteccin de los Periodistas(CPJ, por sus siglas en ingls)

Federacin Europea de Periodistas(EFJ, por sus siglas en ingls)

Instituto Internacional de la Prensa(IPI, por sus siglas en ingls)

Plataforma en Defensa de la Libertad de Informacin(PDLI)

Con la excepcin de todas las fotografas, esta obra est bajo una licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial 4.0 Internacional. El IPI quisiera agradecerle a la European Pressphoto Agency el uso de susfotografas en este informe.

Nota sobre la traduccin:

En los encuentros con los representantes polticos se cont con asistencia de un intrprete y se tomaron notasen ingls. Dado que este texto es una traduccin de esas notas, las palabras exactas pueden variar ligeramente

respecto a las declaraciones originales en espaol.

Imagen de la portada: Manifestantes contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana se congregan cercade la rplica de la estatua de uno de los leones que hay frente al Congreso de los Diputados, la c-mara baja del parlamento espaol, el 30 de junio de 2015. EPA/Alberto Martn

The production of this report was supported by a grant from theFoundation Open Society Institute in cooperation with the Programon Independent Journalism of the Open Society Foundations.


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Tabla de contenidos

IntroduccinInstituto Internacional de la Prensa (IPI)

Resumen de la misinInstituto Internacional de la Prensa (IPI)

La Ley de Seguridad Ciudadana

La reforma del Cdigo Penal: el pacto antiyihadista

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los servicios pblicos de emisin de radio y televisin

La regulacin de los medios de comunicacin audiovisuales

Los medios de comunicacin comunitariosOtras cuestiones: Acceso a la informacin y publicidad institucional

Recomendaciones (IPI, CPJ, EFJ, PDLI)

Anexo: Partidos polticos en Espaa y su representacin en el Congreso

Comentario del experto: La Ley de Seguridad Ciudadana y otras reformaslegalesProfesora Katrin Nyman Metcalf, Ctedra de Derecho y Tecnologa, Tallinn Law

School/Tallinn University of Technology

Comentario del experto: Radiotelevisin pblica y regulacin audiovisualStephen Whittle, Ex Director de Poltica Editorial de la BBC

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Antecedentes

Este informe presenta los hallazgos y las conclu-siones de una misin internacional de alto nivelen Espaa llevada a cabo por el Instituto Inter-nacional de la Prensa (IPI) en junio de 2015. Elobjetivo de la misin era trasladar las preocupa-ciones relacionadas con la libertad de prensa y deexpresin directamente a funcionarios y represen-tantes de los partidos polticos espaoles.

Los participantes de la misin internacional fueron:

Paco Audije, miembro del Comit de Direccinde la Federacin Europea de Periodistas (EFJ).

Scott Griffen, Director de Programas deLibertad de Prensa del IPI.

Katrin Nyman Metcalf, Ctedra de Derechoy Tecnologa, Facultad de Derecho de Tallin/Universidad Tecnolgica de Tallin.

Ahmed Rashid, miembro de la Junta Di-rectiva del Comit para la Proteccin de losPeriodistas (CPJ).

Martha Steffens, miembro de la Junta Eje-cutiva del IPI.

Septhan Whittle, ex Director de PolticaEditorial en la BBC.

Adems, miembros de la Plataforma en De-fensa de la Libertad de Informacin (PDLI),que, con sede en Madrid, es una amplia agrupa-cin de abogados, periodistas, medios de comuni-cacin, asociaciones de consumidores y acadmi-cos, tambin formon parte de la misin.

La misin de alto nivel fue la culminacin de casiun ao de trabajo de la coalicin internacionalliderada por el IPI cuyo objetivo era concienciar alpblico de las amenazas que se ciernen sobre lalibertad de expresin en Espaa.

En septiembre de 2014, nueve asociaciones civilesescribieron al Comit de Derechos Humanos dela ONU pidiendo que se tuvieran en considera-

cin estas amenazas en la revisin peridica delcumplimiento de Espaa con el Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Polticos (PIDCP).Posteriormente, en diciembre de 2014, se envi a

Espaa una misin internacional para vericar los

hechos. Mientras esta dur, se llevaron a cabo 35reuniones con miembros de los medios de comu-nicacin, de la sociedad civil y del Gobierno tantoen Madrid como en Barcelona. En marzo de 2015,el IPI y otros cinco grupos publicaron un detalladoinforme sobre la situacin de la libertad de prensa

en Espaa basado en parte en los hallazgos de lamisin. Las conclusiones de ese informe sirvieronde base para la misin de junio de 2015.

La misin de alto nivel de junio de 2015 se lleva cabo en medio de un impredecible ao electoralplagado de eventos. Aigida por una devastadora

crisis nanciera que ahora podra estar remitien-do, Espaa ha vivido el sbito ascenso de nuevos

partidos polticos y movimientos sociales. Muchosde ellos son una reaccin no solo a las duras me-didas de austeridad, sino tambin a una oleadade escndalos por corrupcin que han afectado alos actores polticos tradicionales. Adems, estosnuevos partidos y movimientos se han unido afuerzas ms asentadas en la lucha por el controldel porvenir del pas y su futuro poltico.

El periodo electoral empez en marzo con las

elecciones autonmicas en Andaluca, la comuni-dad con ms habitantes de Espaa. Las eleccio-nes autonmicas y locales en la mayora del restode comunidades tuvieron lugar en mayo. El 27 deseptiembre, Catalua eligi un nuevo parlamentoen unas elecciones descritas como plebiscitariasen lo relativo a la cuestin independentista. Final-mente, las elecciones generales se esperan parael prximo 20 de diciembre tal y como el jefe delejecutivo conrm recientemente.

La primera partede este informe contiene unresumen general de los asuntos que la delegacinabord y la respuesta de los funcionarios espao-les. En la segunda parte, dos expertos inde-pendientes que se unieron a la misin reexionan

crticamente sobre las reformas legales emprendi-das recientemente y la situacin de los medios decomunicacin, respectivamente.

Cabe destacar que el principal objetivo de esteinforme no es hacer un anlisis de las deciencias

en el estado de la libertad de prensa, lo cual ya


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fue abordado en el informe de marzo de 2015,sino resumir las repuestas del Gobierno de Espa-a a dichas deciencias.

Casi todos los partidos polticos mayoritarios deEspaa, incluyendo el Partido Popular, ahora enel Gobierno, permitieron que la delegacin se en-

contrase con representantes destacados y fuerongenerosos con su tiempo a la hora de debatir lascuestiones que se planteaban. Desafortunada-mente, no se puede decir lo mismo del propioGobierno de Espaa. A pesar de los numerososintentos por parte del IPI y de sus socios, noestuvo disponible ningn funcionario del Ministe-rio de Justicia, de Interior ni de Industria; de laVicepresidencia del Gobierno o de la Secretara de

Estado de Comunicacin. En algunos casos, ni tansiquiera se respondi a las solicitudes.


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No hemos adoptado ninguna medida restrictivade la libertad de expresin.

Este fue el mensaje principal que Rafael Her-nando Fraile, portavoz parlamentario del PartidoPopular, el partido que actualmente se encuentraen el Gobierno, traslad en junio a la delegacinliderada por el IPI.

En Espaa no hay problemas con la libertad deexpresin, insisti otro miembro parlamentario delPartido Popular, Miguel Snchez de Alczar Ocaa,

durante la sesin de la delegacin con la ComisinParlamentaria Mixta que supervisa la corporacinpblica de radio y televisin espaola. El estado dela libertad de expresin e informacin es ejemplar,tal y como est consagrado en el artculo 20 de laConstitucin. No hay problemas ni en los medios decomunicacin pblicos ni en los privados.

Tan categricas armaciones, no obstante, chocan

con las advertencias que han lanzado medios de

comunicacin y observadores polticos y de derechoshumanos tanto de Espaa como de fuera del pas.

Consideremos, por ejemplo, la controvertidanueva Ley de proteccin de seguridad ciudada-na, caricaturizada por sus oponentes como leymordaza, que entr en vigor el 1 de julio de2015. Entre otras cosas, la ley castiga con impor-tantes multas el uso no autorizado de imgenesde agentes de polica, as como no demostrar el

debido respeto a la polica. Desde el anuncio delanteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudada-na, sta se convirti rpidamente en un puntode conicto ya que se propuso en medio de una

oleada sin precedentes de protestas pblicas enEspaa, muchas de ellas como respuesta a lasmedidas de austeridad implantadas por el Gobier-

no, en las que, incluso, llegaron a producirse en-frentamientos entre la polica y los manifestantes.De hecho, en alguna ocasin se registraron su-

puestas agresiones de la polica contra periodistasen el transcurso de las mismas. Aunque el PartidoPopular ha dicho que la ley es necesaria para pro-teger el orden pblico y prevenir actos violentos,est luchando la batalla en solitario en el campode la opinin pblica nacional e internacional.

Ni un solo parlamentario de ningn partido de laoposicin apoy esta medida cuando fue apro-bada en su lectura nal en el Congreso en marzo

de 2015. En mayo de 2015, cinco partidos de laoposicin, incluyendo el Partido Socialista, presen-taron un recurso ante el Tribunal Constitucional.Adems, un sondeo llevado a cabo por la agenciaespaola Metroscopia en junio de 2015 determinque un 75% de los encuestados se oponan a laley, incluidos los votantes del Partido Popular.1

La ley fue criticada duramente, adems de por

la PDLI que se fund expresamente para lucharcontra estas normas, y que haba realizado un in-forme contundente y detallado sobre las mismas,por las asociaciones de prensa ms importantesde Espaa, entre las que se incluyen la Fede-racin de Asociaciones de la Prensa de Espaa(FAPE), la Asociacin de la Prensa de Madrid(APM), la Asociacin Nacional de InformadoresGrcos de Prensa y Televisin (ANG-TV) y la

Federacin de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

Con la entrada en vigor de la ley mordaza, elejercicio del periodismo en nuestro pas es menoslibre, concluyeron desde la APM.2

En un comunicado institucional del 30 de juniode 2015, el Colegio de Abogados de Madrid3(miembro fundador de la PDLI) asegur que la

1Anabel Dez, El 44% de votantes del PP rechaza la ley mordaza, El Pas, 6 de julio de 2015, http://politica.elpais.com/po-litica/2015/07/05/actualidad/1436119482_433885.html.2Con la entrada en vigor de la ley mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro pas es menos libre, APM, 30 de junio de2015, http://fape.es/con-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-mordaza-el-ejercicio-del-periodismo-en-nuestro-pais-es-menos-libre/.3Comunicado institucional sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza, Colegio de Abogados de Madrid, 30de junio de 2015. http://web.icam.es/actualidad/noticia/2011/Comunicado_institucional_sobre_la_nueva_Ley_de_Seguridad_Ciu-dadana,_la_ley_mordaza.

IntroduccinInstituto Internacional de la Prensa (IPI)

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paa:Lalibertaddeprensaenunmomentodecambio


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Ley de Seguridad Ciudadana, junto con otras dosreformas del Cdigo Penal espaol, suponan unrecorte en las libertades y derechos fundamenta-les de la ciudadana. De acuerdo con el Colegio,la ley restringa los derechos a la libertad deexpresin e informacin de manera arbitraria einjusticada, utilizando conceptos jurdicos inde-

terminados que dejan espacio a la impunidad deluso excesivo e ilegtimo de la fuerza por parte dela polica y cuerpos de seguridad. Unas crticascompartidas por el presidente del Consejo Gene-ral de la Abogaca Espaola.4

El Comit de Derechos Humanos de la ONU, ensu ms reciente revisin del cumplimiento deEspaa con el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Polticos, publicada en julio de2015, manifest su preocupacin por el efectodisuasorio que la Ley de Seguridad Ciudada-na podra tener en la libertad de expresin yreunin e inst a Espaa a revisar la ley enconsulta con todos los actores involucrados.5Los comentarios del Comit vinieron tras laadvertencia de cinco Relatores Especiales sobrederechos humanos de que la ley no cumplacon los estndares internacionales. [La Ley

de Seguridad Ciudadana] restringe de formainnecesaria y desproporcionada libertades b-sicas como el ejercicio colectivo del derecho ala libertad de opinin y expresin en Espaa,dijo el Relator Especial sobre el derecho a la li-bertad de expresin, David Kaye, en un informeque iba rmado por los Relatores Especiales so-bre la libertad de reunin; sobre la promocinde los derechos humanos en la lucha contra elterrorismo; sobre los derechos humanos de losmigrantes; y sobre la situacin de los defenso-res de los derechos humanos.6

Los problemas de Espaa debenvalorarse comparndolos con susvecinos europeos. No obstante, sor-prende escuchar a los funcionariosespaoles del Gobierno negar cate-gricamente la existencia de pro-

blemas con la libertad de expresinen Espaa. En esto, el Partido Popu-lar est claramente aislado, no solodel resto de partidos polticos, comomuestra el informe, sino tambin deun amplio nmero de profesiona-les de los medios de comunicacin,acadmicos, intelectuales y juristas,as como de organismos internacio-

nales de derechos humanos.

Los medios de comunicacin internacionales tam-bin se han jado en ella. En un mordaz editorial

publicado en abril de 2015, el New York Timesdeni la Ley de Seguridad Ciudadana como un

intento del Partido Popular de retener el po-der evitando las protestas y dijo que la medidarecordaba alarmantemente a los das oscuros delrgimen de Franco.

Viendo estas crticas, cuesta creer que se disfrute deuna ejemplar situacin de la libertad de expresin.

A pesar de toda la atencin que ha acaparado, laLey de Seguridad Ciudadana solo es uno de losobstculos del libre ujo de informacin en Espaa.

Un informe7publicado en marzo de 2015por

el IPI,Access Info Europe, la FederacinEuropea de Periodistas(EFJ, por sus siglas eningls) y Reporteros Sin Fronteras Espaaidenticaron estos problemas:

4La Abogaca, contra la regresin y el recorte de derechos que suponen el CP y la Ley Mordaza, 1 de julio de 2015, http://www.abogacia.es/2015/07/01/la-abogacia-contra-la-regresion-y-el-recorte-de-derechos-que-suponen-el-cp-y-la-ley-mordaza/.5Final observations on the sixth periodic review of Spain, 20 July 2015 [Spanish], 114th session, available for download at:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fESP%2fCO%2f6&Lang=en.6Two legal reform projects undermine the rights of assembly and expression in Spain - UN experts, Ocina del Alto Comi-sionado para los Derechos Humanos, 23 de febrero de 2015 (ingls), http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15597#sthash.DbGxwx5l.dpuf.7El estado de la libertad de prensa en Espaa: 2015, marzo de 2015, http://www.freemedia.at/uploads/media/SpainReport_ESP.pdf.

Espaa:Lal i bert adde

prensaenunmoment odecam

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Nuevas leyes restrictivas, incluyendo la Ley deSeguridad Ciudadana.

Amenazas a la independencia de la radiotelevi-sin pblica de Espaa (RTVE).

Falta de un regulador independiente especiali-zado en la radio y la televisin a nivel nacional.

Necesidad de una mayor transparencia en laasignacin de la publicidad institucional.

Nueva legislacin de transparencia que nocumple con los estndares internacionales.

Tendencia por parte de representantes pblicosa celebrar ruedas de prensa sin preguntas.

Existencia de leyes penales de difamacin.

Ese mismo mes, la nueva Plataforma en De-

fensa de la Libertad de Informacin (PDLI),una amplia agrupacin de periodistas, medios decomunicacin, activistas, abogados, acadmicos ydefensores de los derechos de los consumidores,publicaron su propio informe8en el que alertabande las crecientes amenazas a la libertad de expre-sin en Espaa, prestando especial atencin a losderechos y libertades digitales.

El informe de marzo de 2105 de la agrupacininternacional remarcaba que se haba llegado a

esas conclusiones teniendo en cuenta el contexto:los problemas de Espaa deben valorarse compa-rndolos con sus vecinos europeos. No obstante,sorprende escuchar a los funcionarios espaolesdel Gobierno negar categricamente la existenciade problemas con la libertad de expresin en Es-paa. En esto, el Partido Popular est claramente

aislado, no solo del resto de partidos polticos,como muestra el informe, sino tambin de unamplio nmero de profesionales de los medios decomunicacin, acadmicos, intelectuales y juris-tas, as como de organismos internacionales dederechos humanos.

Lo que es ms llamativo sobre la posicin delPartido Popular es que muchos de los problemas

diagnosticados por actores nacionales e interna-cionales no son sistmicos, sino que son el resul-tado directo de las decisiones tomadas porel Gobierno espaolactual, que est dirigidopor el presidente Mariano Rajoy.

Por ejemplo:

En abril de 2012, solo cinco meses despusde acceder al poder, el actual Gobierno creun decreto ley que salvaba la necesidad dealcanzar una mayora parlamentaria de dos

Activistas de Greenpeace protestan contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ante el Congreso de los Diputados, la cmarabaja del Parlamento espaol, en Madrid, Espaa, el 26 de marzo de 2015. EPA/Sergio Barrenechea

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98Lmites y amenazas al ejercicio de la Libertades de expresin e Informacin en Espaa, PDLI, marzo 2015. Disponible en:http://libertadinformacion.cc/informe-pdli-amenazas-a-la-libertad-de-informacion-en-espana/.


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tercios a la hora de nombrar a los miembrosdel Consejo de Administracin de RTVE, lacorporacin espaola de radio y televisin. Elnuevo proceso que permite los nombramientoscon mayora absoluta concede al partido enel poder una inuencia indebida en la compo-sicin del Consejo y, por lo tanto, en posicio-

nes editoriales clave. Desde el cambio, RTVEha lidiado con acusaciones de partidismo ymanipulacin de la cobertura informativa quehan acabado en una queja ante el ParlamentoEuropeo en abril de 2015.

En 2013, el Partido Popular aprob una leypara dejar de lado un aspecto clave de la LeyGeneral de Comunicacin Audiovisual de 2010:la creacin de un regulador independiente es-

pecco de los medios audiovisuales, algo de loque Espaa careca hasta el momento. La leyde 2013 traslad las funciones del reguladora un superregulador con competencias adi-cionales en aeropuertos, ferrocarriles, serviciospostales y el mercado de la energa y cuyos 10miembros son nombrados por el Gobierno sinprevia consulta con el Parlamento.

Un conjunto de reformas legales llevadas a

cabo y/o apoyadas por el Gobierno actual (laLey de Seguridad Ciudadana, las reformasdel Cdigo Penal en lo relativo a terrorismo ydelitos informticos y las reformas de la Leyde Enjuiciamiento Criminal) han sido amplia-mente criticadas por prever sanciones vagasy desproporcionadas que pueden conllevar unefecto disuasorio en los medios de comunica-cin y otros actores.

Cuando en junio de 2015 la misin internacio-nal todava estaba activa, los partidos de laoposicin prometieron revertir muchos deestos cambios, que haban sido duramen-te criticados por defensores de la libertadde prensa espaoles e internacionales.Los representantes del partido del Gobier-no, por contra, defendieron estas polticas

y ofrecieron continuamente lo que consi-

deraban justificaciones razonables, pesea los evidentes perjuicios que estas polticasestn teniendo en el libre ujo de la informa-cin de inters pblico.

Las amplias crticas a estas polticas y su robustadefensa por parte del Gobierno hacen pensar enuna importante pregunta: cmo puede explicarseque el Gobierno espaol tenga unos puntosde vista tan diferentes respecto al resto?

Una explicacin amable es que podra tratarse de

una cuestin de omisin. El Gobierno podra (apesar de todo) no haber tenido completamenteen cuenta las consecuencias que sus polticaspueden tener en la libertad de expresin, es-pecialmente el efecto disuasorio que algunospueden percibir. Si la Ley de Seguridad Ciudada-na no supone una amenaza para la libertad deexpresin, entonces est claro que el Gobierno noha hecho un buen trabajo al explicar por qu. De

la misma manera, sean cuales sean los benecioseconmicos de fusionar autoridades reguladoras,el Gobierno podra no haber valorado adecuada-mente que este ahorro no supera los costes enlos que se incurre al hacer que el control de underecho humano fundamental dependa de unorganismo no independiente.

Una explicacin menos amable es que estoscambios son reacciones a tipos de expresin y

cobertura de noticias que no gustan al Gobier-no actual. De hecho, los Relatores Especiales semostraron preocupados porque la Ley de Seguri-dad Ciudadana y otras reformas legales podranser una respuesta por parte del Gobierno y loslegisladores a las numerosas manifestaciones quehan tenido lugar en Espaa en los ltimos aos.El propio Hernando Fraile explic a la delegacinque el cambio en el proceso de nombramien-tos en RTVE era necesario porque su forma deinformar haba ido en contra del Gobierno.Y una propuesta que podra haber prohibido lafotografa de personas siendo arrestadas por lapolica fue vista ampliamente como una respuestaa la cobertura de los medios de los escndalosde corrupcin que han salpicado a seguidores delPartido Popular.

En cualquier caso, las categricas arma-

ciones que los representantes del partidodel Gobierno hicieron durante la misin dealto nivel son preocupantes y no reejan la

realidad. Por encima de todo, sugieren una clara0



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paa:Lalibertaddeprensaenunmomentodecambionecesidad por parte de la sociedad civil de seguir

llevando un control riguroso de las violaciones dela libertad de prensa en Espaa y de continuarinformando a los ciudadanos espaoles en base asu derecho a la libertad de expresin de maneraque los ciudadanos puedan hacer que el Gobiernotenga que rendir cuentas.

Si la Ley de Seguridad Ciudadanano supone una amenaza para lalibertad de expresin, entoncesest claro que el Gobierno no hahecho un buen trabajo al explicarpor qu. De la misma manera, seancuales sean los benecios econmi-cos de fusionar autoridades regula-

doras, el Gobierno podra no habervalorado adecuadamente que esteahorro no supera los costes en losque se incurre al hacer que el con-trol de un derecho humano funda-mental dependa de un organismono independiente.


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y otras reformas

En junio de 2015 la delegacin expres su par-ticular preocupacin por cuatro elementos de lalegislacin espaola que tambin han llamado laatencin de muchos otros observadores naciona-les e internacionales:

1. La Ley de Seguridad Ciudadana.2. La reforma del Cdigo Penal del 30 de marzo

de 2015.3. La reforma del Cdigo Penal en temas relacio-

nados con el terrorismo.4. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las tres primeras reformas entraron en vigor el 1de julio de 2015. La cuarta fue aprobada deniti-vamente por el Parlamento en octubre de 2015 yse har efectiva dos meses despus de su publi-cacin en el Boletn Ocial del Estado.

La PDLI ha elaborado un informe que incluye unminucioso anlisis de estas medidas legislativas,sus antecedentes y las consecuencias que podrantener sobre la libertad de expresin y de prensaen Espaa.9Adems, este informe incluye uncomentario sobre las reformas de la profesoraKatrin Nyman Metcalf, miembro independiente dela misin que frecuentemente colabora como ex-perta legal para la Organizacin para la Seguridady la Cooperacin en Europa (OSCE).

Esta seccin remarcar las respuestas que sedieron a la misin cuando manifest sus preocu-paciones por los efectos de estas reformas en lalibertad de expresin y de prensa.


Como se ha reejado en la introduccin, la Ley

de Seguridad Ciudadana10ha sido objeto de ungran nmero de crticas provenientes tanto delmbito nacional como del internacional. Comorespuesta a las crticas, el proyecto de ley paspor numerosas revisiones y ajustes en algunoscasos, ajustes en los que, entre otras cosas, seredujeron las cuantas de las multas y se supri-mieron las provisiones que castigaban la ofensao el insulto a Espaa. No obstante, tal comoReporteros Sin Fronteras Espaa reej en su

informe de marzo de 2015, la versin posteriorconservaba, segn los ms crticos, la voluntadcensora del primer texto.

La versin nal de la ley incluye dos artculos que

afectan especialmente a la libertad de expresiny prensa. En primer lugar, el uso no autorizadode imgenes o datos personales [] que puedaponer en riesgo el xito de una operacin recibe

la consideracin de infraccin grave y, por lotanto, es castigable con una multa de entre 601 y 30000 . En segundo lugar, las faltas derespeto y consideracin cuyo destinario sea unmiembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridaden el ejercicio de sus funciones de proteccin de laseguridad reciben la consideracin de infraccinleve y se puede castigar con una multa de entre100 y 600 . Se puede encontrar ms informa-cin de la ley en el informe de marzo de 2015.

Durante la misin de alto nivel, los partidos de laoposicin que fueron consultados por la delega-cin expresaron de forma unnime su volun-tad de derogar la ley.

Resumen de la misinInstituto Internacional de la Prensa (IPI)

9PDLI ha publicado distintos documents donde enumera las amenazas concretas a las libertades de expresin e informacin,tanto de periodistas como de activistas y movimientos sociales, que contienen estas normas. Ver por ejemplo: Las 10 amenazas

a las libertades de expresin e informacin del nuevo cdigo penal, 18 de febrero de 2012, http://libertadinformacion.cc/las-10-amenazas-a-las-libertades-de-expresion-e-informacion-del-nuevo-codigo-penal/; y Marzo negro: 10 preguntas sobre las leyesmordaza y cmo te afectan, 11 de marzo de 2015, http://libertadinformacion.cc/marzo-negro-10-preguntas-sobre-las-leyes-mordaza-y-como-te-afectan/.10Ley Orgnica 4/2015, de 30 de marzo, de proteccin de la seguridad ciudadana, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442. 13

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Cayo Lara, el portavoz parlamentario de IzquierdaUnida, dijo que la ley era en realidad una ley deinseguridad ciudadana. Cmo ha reacciona-do el Gobierno a las protestas? Recurriendo a la

represin, coment a la delegacin.

El portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernan-do Vera, acus al Gobierno de intentar asegurar-se de que los periodistas y otros teman hacer sutrabajo. Coment: Nuestro objetivo es dero-garla [la ley]. Remarc que el Partido Socialistafue uno de los cinco partidos que la recurrieronante el Tribunal Constitucional, aunque comentque las sentencias de recursos como este pueden

tardar entre tres y diez aos.

El IPI considera que las provisionesvagas y desproporcionadas de laLey de Seguridad Ciudadana puedentener un efecto disuasorio en losmedios de comunicacin y puedenafectar al derecho a la informacinsobre temas de inters pblico enEspaa. Por lo tanto, valora positiva-mente el compromiso de los partidosde la oposicin de derogar la ley.

Joan Baldov Roda, diputado del Grupo Mixto,indic que Espaa haba sufrido un retroceso enla libertad de prensa y la muestra estaba en laLey de Seguridad Ciudadana.

Aunque en la actualidad no est representadoen el Congreso, Podemos tambin rechaza la Leyde Seguridad Ciudadana. Miguel lvarez-Peralta,miembro del Consejo de Coordinacin del partidoen Madrid y profesor de periodismo en la Univer-sidad de Castilla-La Mancha, dijo que el partidose mostraba completamente crtico con la leymordaza y la derogara. Dijo que las reformas le-gales a las que la misin hizo referencia llevaran

a Espaa a los tiempos anteriores a la dictadura.

El IPI considera que las provisiones vagas y des-proporcionadas de la Ley de Seguridad Ciudadanapueden tener un efecto disuasorio en los mediosde comunicacin y pueden afectar al derecho ala informacin sobre temas de inters pblicoen Espaa. Por lo tanto, valora positivamente elcompromiso de los partidos de la oposicin de

derogar la ley.

A la vez, el IPI seala el peligro que supondradepender de la sentencia del Tribunal Constitu-cional o tener que esperarla, puesto que puede

Agentes de polica se enfrentan a un grupo de manifestantes durante la campaa de protesta Rodea el Congreso, organi-zada por la Coordinadora 25-S, cerca del Congreso de los Diputados, la cmara baja del Parlamento espaol, el 4 de octubrede 2014. EPA/Luca Piergiovanni

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tardar aos. Si los partidos de la oposicin tienenla rme intencin de derogar la ley, deben hacer

de ello una prioridad inmediata si llegan al podertras las elecciones nacionales este ao.

Por su parte, Rafael Hernando Fraile, portavoz delPartido Popular en el Parlamento, evit hacer una

valoracin detallada de los distintos aspectos queincluye la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstan-te, Hernando defendi el carcter poco restrictivode la misma al asegurar que las sanciones quecontempla la ley son en su mayora administrati-vas y no penales: No tena sentido incluir estasinfracciones en el Cdigo Penal.

Como Katrin Nyman Metcalf, profesora de Dere-cho y Tecnologa en la Facultad de Derecho dela Universidad Tecnolgica de Tallin y miembroindependiente de esta misin, seala en un art-culo que acompaa a este informe, las sancionesadministrativas son preferibles muchas veces a lassanciones penales. No debera exponerse a lagente a tener antecedentes penales por infrac-ciones menores de la ley si se pueden emprenderotras medidas igualmente efectivas, comenta.

Sin embargo, como la propia Nyman Metcalfcontina explicando, la aplicacin de sancionesadministrativas tambin obstaculiza la tutela judi-cial, que es uno de los puntos clave de las crticashacia la ley tanto de expertos juristas espaolescomo de fuera del pas. Esta es la razn por laque la frase sin menoscabo, en todo caso, delderecho constitucional, a la libertad de informa-cin, extrada del prrafo en el que se habla deluso de imgenes o datos personales de agentes

de polica, no es demasiado tranquilizadora.

El ao 2015, en su revisin de Espaa, el Comitde Derechos Humanos de la ONU critic el eluso excesivo de sanciones administrativas conte-nidas en la Ley, las cuales excluyen la aplicacinde ciertas garantas judiciales. El Ilustre Colegiode Abogados de Madrid asegur que la ley supo-ne una grave merma en el control jurisdiccio-nal, ante los procesos administrativos que ahora

sancionan determinadas conductas con multas decantidades econmicas desproporcionadas.

La conversacin con el Partido Popular sobre lassanciones administrativas dio lugar a un problemamayor el cual se pudo observar a lo largo de todala misin: aunque el argumento del Gobierno pue-de parecer razonable en la teora, el objetivo dedicha ley se puede percibir, ya sea involuntaria-mente o no, de una manera bien distinta cuando

sta es sometida a un anlisis ms exhaustivo.

El ao 2015, en su revisin de Espa-a, el Comit de Derechos Humanosde la ONU critic el el uso excesivode sanciones administrativas conte-nidas en la Ley, las cuales excluyenla aplicacin de ciertas garantas

judiciales. El Ilustre Colegio de

Abogados de Madrid asegur quela ley supone una grave mermaen el control jurisdiccional, ante losprocesos administrativos que ahorasancionan determinadas conductascon multas de cantidades econmi-cas desproporcionadas.

Tanto el IPI como sus asociados mostraron su

preocupacin por la Ley de Seguridad Ciudadanaante Soledad Becerril, la Defensora del Puebloen materia de derechos humanos y anim a suocina a tomar medidas de forma proactiva para

asegurar que la Ley se aplique de forma queno viole la libertad de expresin, lo que incluyehacer recomendaciones a la polica. La ocina del

Defensor del Pueblo no se comprometi a tomarninguna accin y, de hecho, Becerril rechaz cla-ramente las insinuaciones de la delegacin de que

la libertad de expresin y de la prensa estabanbajo amenaza en su pas.

La reforma del Cdigo Penal:

el pacto antiyihadista

El llamado pacto antiyihadista11modicartculos del Cdigo Penal espaol relacionadoscon el terrorismo. El proyecto de ley fue aproba-

do en febrero de 2015 con el nico apoyo de losdos partidos mayoritarios en Espaa, el Partido

11Ley Orgnica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal,

en materia de delitos de terrorismo, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3440. 15

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Popular y el Partido Socialista, actualmente enla oposicin. Adems, contaron con el apoyo detres partidos menores de la oposicin. El resto departidos polticos o se abstuvieron o votaron encontra del proyecto.12

En un encuentro con la delegacin de alto nivel

del IPI, Jos Miguel Castillo Calvn, el Portavoz deJusticia del Grupo Parlamentario Popular, dijo quela reforma del Cdigo Penal era necesaria paralidiar con los nuevos fenmenos criminales.Dijo que el pacto antiyihadista se inspiraba en lalegislacin de otros pases.

La PDLI y otros defensores de la libertad de ex-presin en Espaa se han opuesto a los cambios

bajo el pacto antiyihadista por numerosas razo-nes, incluyendo:

La unicacin de determinados delitos infor-mticos con los de terrorismo, lo que puedetener un efecto disuasorio en el periodismode investigacin.

La inclusin de provisiones vagas, como lassanciones por acceder de manera habituala pginas web de contenido terrorista, que

pueden frenar el trabajo tanto de periodistascomo de acadmicos.

El aumento de los poderes del Gobierno a la horade llevar a cabo tarea de vigilancia en masa, engeneral, y de periodistas, en particular.13

Describiendo de manera conjunta la Ley de Segu-ridad Ciudadana, el pacto antiyihadista y la re-forma del Cdigo Penal del 30 de marzo de 2015,la PDLI apunt lo siguiente:14Es llamativo que

buena parte de estas novedades estn dirigidas asancionar o penar las nuevas formas de difusiny organizacin de las protestas, como Internet

y las redes sociales. Otro elemento comn es laredaccin vaga de muchos artculos, dejando unpeligroso margen para que casi cualquiera puedaser acusado.15

Sin embargo, segn el informe de la PDLI, la re-forma en materia de terrorismo es la ms grave,

por la importancia de las penas y la suspensinde derechos fundamentales (como la detencinincomunicada o la violacin de secretos de lascomunicaciones) que supone para quien resulteacusado. Adems, dicho anlisis alerta de que elperiodismo de investigacin que se base en unaltracin de documentos como el caso Falciani,

los correos de Blesa o el caso Snowden puede

estar en la esfera de lo que ahora pasa a consi-

derarse terrorismo.

Tanto el Partido Popular como elPartido Socialista negaron que elvago lenguaje del pacto supusieseuna amenaza para la libertad deexpresin. En respuesta a la preocu-pacin que manifest la misin porel literal acceder de manera ha-bitual a pginas web de contenidoterrorista, el Portavoz de Justiciadel Grupo Parlamentario Popularasegur a los delegados que tieneque haber un componente de sub-

jetividad, y explic: No basta convisitar la web. A no ser que hayaprueba de la intencin [de cometerun acto terrorista], no se emprende-rn acciones legales.

Funcionarios de derechos humanos de la ONUtambin han criticado el pacto antiyihadista.

12El Congreso da luz verde al pacto antiyihadista PP-PSOE sin sumar ms apoyos, Europa Press, 19 de febrero de 2015, http://www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e5c6d6ca4741110f8b4578.html.13El Congreso da luz verde al pacto antiyihadista PP-PSOE sin sumar ms apoyos, Europa Press, 19 de febrero de 2015, http://www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e5c6d6ca4741110f8b4578.html.14PDLI ha publicado distintos documents donde enumera las amenazas concretas a las libertades de expresin e informacin,

tanto de periodistas como de activistas y movimientos sociales, que contienen estas normas. Ver por ejemplo: Las 10 amenazasa las libertades de expresin e informacin del nuevo cdigo penal, 18 de febrero de 2012, http://libertadinformacion.cc/las-10-amenazas-a-las-libertades-de-expresion-e-informacion-del-nuevo-codigo-penal/; y Marzo negro: 10 preguntas sobre las leyesmordaza y cmo te afectan, 11 de marzo de 2015, http://libertadinformacion.cc/marzo-negro-10-preguntas-sobre-las-leyes-mordaza-y-como-te-afectan/.15Ibid.6



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David Kaye, el Relator Especial de la ONU sobrelos derechos humanos dijo en febrero de 2015:Tal como est redactado el borrador, la ley an-titerrorismo podra criminalizar comportamientosque de otra manera no constituiran terrorismo ypodran resultar en restricciones desproporciona-das del ejercicio de la libertad de expresin, en-

tre otras. Tambin lanz la advertencia de queel proyecto de ley tambin puede dar lugar aerrores por omisin y a la supresin de informa-cin disponible en Internet.16Ben Emmerson,Relator Especial sobre la promocin y proteccinde los derechos humanos y las libertades funda-mentales en la lucha contra el terrorismo, apoylas declaraciones de Kaye.

Antonio Hernando Vera, portavoz parlamentariodel Partido Socialista, defendi el apoyo de supartido a la reforma por la importancia de quelos dos partidos mayoritarios en Espaa gobiernende acuerdo en lo relativo al terrorismo. Aadi:Una de las razones por las que negociamos conel Gobierno [sobre el pacto] fue para tener msgarantas para las libertades.

Agreg: Creemos que hay sucientes salvaguar-

das de la libertad.

Tanto el Partido Popular como el PartidoSocialista negaron que el vago lenguaje delpacto supusiese una amenaza para la libertadde expresin. En respuesta a la preocupacin quemanifest la misin por el literal acceder de manerahabitual a pginas web de contenido terrorista,Castillo Calvn asegur a los delegados que tieneque haber un componente de subjetividad, y expli-c: No basta con visitar la web. A no ser que hayaprueba de la intencin [de cometer un acto terroris-ta], no se emprendern acciones legales.

Jos de Francisco, consejero legal del Partido So-cialista, argument: Podis pensar que el lengua-je es ambiguo, pero es el mismo lenguaje que haestado en el Cdigo durante aos. Conamos en

la ley por la experiencia que hemos tenido durantelos ltimos veinte aos. Hay mucha jurisprudenciay sabemos cul es la interpretacin que los tribu-nales hacen del concepto de orden pblico.

Aunque el IPI agradeci los compromisos de am-bos partidos, seala que, si hay un efecto disua-sorio o no, no depender de la interpretacin delos tribunales y de los expertos en derecho cons-titucional, sino de la conclusin a la que llegan lospropios periodistas y el resto de personas. Comola profesora Katrin Nyman Metcalf resume en suartculo, que se adjunta a este informe:

Se debe tener en mente el posible efecto

negativo en las provisiones relacionadas con laseguridad si son vagas y admiten la posibilidad dediferentes interpretaciones. [] En los encuentrosque se llevaron a cabo, los miembros de la misininternacional tuvieron la impresin de que no seestaba prestando demasiada atencin a la percep-cin del pblico, a su impacto negativo o a cmopuede el pblico general interpretar las leyes. Ladiscusin se ha centrado ms bien en asegurarque las leyes se aplicarn adecuadamente, cosaque sus detractores no creen.

La reforma de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal

Las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Cri-minal, que ha sido llamada por algunos de susdetractores como la ley Torquemada por el

Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y ex ministro deEconoma en Espaa, abandona su domicilio en Madrid el 20 deabril de 2015, poco despus de su detencin por fraude, blan-queo de dinero y alzamiento de bienes. EPA/Chema Moya

16El anlisis de la PDLI destaca especialmente el Artculo 599 del Cdigo Penal que se incorpor en la reforma aprobada elpasado 30 de marzo, mediante el cual se penaliza PDLIs analysis highlights in particular Art. 559 of the Penal Code, included inthe March 30 reform, which punishes the la distribucin o difusin pblica, a travs de cualquier medio, de mensajes o consignasque inciten a la comisin de alguno de los delitos de alteracin del orden pblico [entre ellos alterar la paz social], o que sirvanpara reforzar la decisin de llevarlos a cabo con una pena de multa de tres a doce meses o prisin de tres meses a un ao. 17

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infame inquisidor, ha suscitado preocupacinentre los activistas de los derechos civiles por,entre otras cosas, la ampliacin de la actividad devigilancia de la polica. La PDLI critic duramen-te esta reforma y asegur que se trataba de unintento que cerraba el crculo de criminalizacinde Internet.17

No obstante, la reforma tambin ha levantadocontroversia por la provisin que requiere laadopcin de las medidas necesarias para ase-gurar el respeto a sus derechos constitucionalesal honor, intimidad e imagen de los sospechososdetenidos por la polica.18Los medios de comuni-cacin espaoles interpretaron la provisin comoun intento de evitar las penas de telediario

que han acompaado a los arrestos por casos decorrupcin de guras pblicas prominentes, in-cluyendo a muchos vinculados al Partido Popular.Los medios de comunicacin temieron que estamodicacin redundase en una prohibicin de

fotograar a los sospechosos.

En sus encuentros con los partidos polticos enjunio de 2015, el IPI y sus asociados fueronrotundos en su oposicin a la reforma, que el

IPI calic de serio menoscabo del derecho delpblico a la informacin sobre las actividades deguras pblicas y funcionarios del Gobierno.

Posteriormente ese mismo mes, una agrupa-cin que inclua a la Asociacin de Editores deDiarios Espaoles (AEDE), a la Federacin deAsociaciones de la Prensa de Espaa (FAPE) y ala Federacin de Sindicatos de Periodistas (FeSP,miembros de la PDLI) denunci que la provisinera un ataque al trabajo de los profesionales yde los medios de comunicacin y dijo que la leypodra ser inconstitucional. El grupo seal que

el Tribunal Constitucional espaol haba argu-mentado en sus sentencias que en asuntos deinters pblico y con veracidad informativa, ha deprevalecer el derecho colectivo a la informacinfrente al derecho individual al honor, la intimidady la propia imagen.19

En lo que puede considerarse una victoria delos defensores de la libertad de prensa, elMinistro de Justicia, Rafael Catal, anunci en julioque, en respuesta a las crticas, se modicara la

ley para reejar claramente que nunca se prohibi-ra la grabacin o distribucin de imgenes de losdetenidos.20La versin nal de la ley, aprobadaen septiembre de 2015, constata la necesidadde adoptar medidas para proteger los derechos

constitucionales al honor, la intimidad y la imagende los detenidos e incluye la siguiente disposicin:Con respeto al derecho fundamental a la libertadde informacin.

Los partidos tanto de izquierda (elPartido Socialista e Izquierda Plu-ral, adems del del Grupo Mixtoparlamentario) como de derecha (elPartido Popular) que participaron enel encuentro estuvieron de acuerdoen que RTVE estaba en crisis, peroestuvieron en desacuerdo funda-mentalmente en quconstitua esacrisis y en cmohaba surgido.

Los servicios pblicos de emi-

sin de radio y televisin

En abril de 2015, el Consejo de Informativos, un r-gano asesor interno de RTVE, present una denun-cia ante la Comisin de Libertades Civiles, Justicia y

17 En junio de 2015, la PDLI critic el borrador de la ley: Para la PDLI, con la nueva Ley de Enjuiciamiento [Criminal] se cierra el cr-culo de la criminalizacin de Internet. Abre la puerta a medidas excepcionales que podran aplicarse a quien exprese una opinin enInternet, ltre documentos, comparta archivos P2P o lleve a cabo acciones de protesta online. Es decir, todos los nuevos delitos que

introduce el Cdigo Penal, rechazado incluso por Naciones Unidas. #LeyTorquemada: Cmo la nueva Ley de Enjuiciamiento Crimi-nal amenaza la libertad en Internet, 5 de mayo de 2015, http://libertadinformacion.cc/ley-torquemada-enjuiciamiento-criminal/.18Fernando Garea, El PP cambia la ley para evitar imgenes como el arresto de Rato, El Pas, 2 de junio de 2015, http://po-litica.elpais.com/politica/2015/06/02/actualidad/1433257856_462858.html.19Editores y periodistas se oponen a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, El Pas, 23 de junio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2015/06/23/actualidad/1435079810_778230.html.20Acuerdo de Justicia y periodistas para fotograar a detenidos, Europa Press, 23 de julio de 2015, http://www.telecinco.es/

telemania/tribunales/Justicia-no-prohibira-grabacion-difusion-imagenes-arrestados-pena-telediario_0_2023875235.html.8



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Asuntos de Interior. La denuncia haca referencia21a que las guas ticas y profesionales de RTVE sonhabitualmente incumplidas en lo que se reere a la

imparcialidad, pluralidad, veracidad y objetividad,convirtindose por el contrario en un instrumentode propaganda al servicio de Gobierno.

Entre otras cosas, el documento presentaba ejem-plos concretos de lo que consideraban manipu-lacin informativa de la cobertura de asuntosde inters pblico, particularmente en relacin aescndalos nancieros, entre otros, en los que

estaban implicados miembros del Partido Popu-lar. Tambin sealaba una purga de personalde TVE de reconocido prestigio y trayectoriaprofesional que fue reemplazado por perso-

nas que no han sido formadas en el espritu delservicio pblico de los medios de comunicaciny que provienen del mercado de los medios decomunicacin, marcado por cierta imparcialidad yclaramente alineados con una persistente defensade las ideas del Gobierno.

La lista de acusaciones contra RTVE es, de hecho,larga. El informe del IPI de marzo de 2015 sealmuchas de ellas, pero no se reproducirn aqu por

motivos de espacio. Basta con decir que los pro-blemas de la corporacin han llamado la atencinde los medios de comunicacin internacionales,entre los que se incluye el Financial Times,22ascomo otras emisoras pblicas europeas.23

El IPI y sus asociados compartieron su preocupa-cin por la independencia de RTVE con miembrosde la Comisin Mixta de Control Parlamentario dela Corporacin RTVE y sus Sociedades que super-visa a RTVE en un encuentro mantenido durante

la misin de junio de 2015. En contraste con la vi-sita previa a Espaa en diciembre de 2014 cuandorepresentantes de RTVE se negaron a responder apreguntas relacionadas con la libertad de prensa,los parlamentarios respondieron amablemente ycon concrecin a las conclusiones que se presen-taron en el informe de marzo de 2015.

Los partidos tanto de izquierda (el Partido So-cialista e Izquierda Plural, adems del del GrupoMixto parlamentario) como de derecha (el PartidoPopular) que participaron en el encuentro estuvie-ron de acuerdo en que RTVE estaba en crisis, peroestuvieron en desacuerdo fundamentalmente enquconstitua esa crisis y en cmohaba surgido.

El problema en los medios de comunicacinpblicos est en una crisis nanciera, dijo elparlamentario Miguel Snchez de Alczar Ocaasobre RTVE, cuyo share ha cado hasta un 10%,aproximadamente. La supresin por parte delGobierno socialista de la publicidad en RTVE,argument, supuso una reduccin de los ingre-sos, que se agrav con los problemas econmicosgenerales del pas. Tras la supresin, el juego noha estado equilibrado entre los canales pblicos y

los privados, dijo.24Otra diputada del Partido Popular, Julia de MicheoCarrillo-Albornoz, primera vicepresidenta de laComisin, tambin consider que las cuestionessobre RTVE estaban claramente relacionadas consu competitividad y salud nanciera. Tambin cri-tic la decisin de eliminar la publicidad en RTVEy sugiri que era lgico que la situacin de lacorporacin se hubiera resentido como conse-cuencia. Aadi: No puedes medir la audiencia

21PDF de la denuncia disponible en http://cdn27.hiberus.com/uploads/documentos/2015/04/14/documentos_informeconsejo-deinformativosdetve_b96136da.pdf, va Jaime Olmo, Los periodistas de TVE denuncian la manipulacin y la redaccin paralelaante el Parlamento Europeo, InfoLibre, 14 de abril de 2015, http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/04/10/los_periodis-tas_tve_llevan_manipulacion_redaccion_paralela_ante_parlamento_europeo_31167_1027.html. El Instituto Internacional de laPrensa cont con una versin en ingls.22Ver por ejemplo, el artculo de Tobias Buck (ingls), Spanish state broadcaster TVE accused of political bias, Financial Times,mayo de 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4625b188-e818-11e4-9960-00144feab7de.html#axzz3dmFu3oCx.23

Por ejemplo, el 16 de abril, la cadena austraca ORF emiti un reportaje llamado Alboroto en los medios de comunicacinespaoles en el que analizaba la poltica del Gobierno espaol respecto a RTVE y las consecuencias de la independencia delcanal pblico.24RTVE se nanciaba parcialmente a travs de la publicidad hasta 2006. La Ley de nanciacin de la Corporacin de Radio yTelevisin Espaola de 2009 requiere que los canales privados hagan una aportacin anual al presupuesto de RTVE en compen-sacin por el aumento de ingresos derivados de la publicidad al ceder RTVE su cuota al resto de canales. 19

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como hasta ahora porque hay muchos ms cana-les. Los dos diputados, no obstante, sealaronque, pese a la situacin nanciera, el Gobierno

no haba reducido el personal de RTVE, al que los

diputados alabaron por su profesionalidad.

Germn Rodrguez Snchez, el portavoz delPartido Socialista en la Comisin Mixta, rechaz ladescripcin del PP y sugiri que estaban usandolos problemas nancieros como una pantalla de

humo. Los problemas nancieros no son la cues-tin, dijo. La cuestin es la prdida de impar-cialidad y credibilidad.

Rodrguez Snchez, como el Consejo de Informa-tivos en su denuncia ante el Parlamento Europeo,sugiri que la raz de la crisis est en el decretoley del Gobierno del PP que alteraba el proceso denombramiento del Consejo de Administracin25deRTVE. Dijo que la Ley de radio y televisin pblicasque aprob el Gobierno socialista anterior en 200626,que haca que fuese necesaria una mayora de dostercios y que cre el Consejo de Informativos como

organismo de control interno, marc un punto deinexin, eliminando de hecho el control del Estado

de la corporacin pblica. El decreto ley de 2012,dijo, haba eliminado ese progreso.

Los diputados de Izquierda Plural y del GrupoMixto estuvieron de acuerdo con esa posicin.Queremos que [el decreto de 2012] se modi-que para proteger la corporacin pblica, no solopor la institucin, sino tambin por los periodistasque trabajan ah, para protegerlos de la intimida-cin y del acoso, dijo Ricardo Sixta Iglesias, elportavoz de Izquierda Plural en la Comisin Mixta.

Podemos, que en estos momentos no tiene repre-sentacin en el Congreso, explic a la delegacinliderada por el IPI que apoyaba la idea de hacerque el sistema de radio y televisin pblicas deEspaa alcanzara los niveles de calidad europeos.Miguel lvarez-Peralta, miembro del Consejo deCoordinacin del partido en Madrid, propuso,entre otras cosas, crear defensores o editores p-blicos en todos los canales pblicos de televisin.

El presidente del Gobierno y lder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se dirige a los medios tras las elecciones locales y au-tonmicas desde la sede del Partido Popular en Madrid el 25 de mayo de 2015. EPA/J. J. Guilln

0

25 Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modicacin del rgimen de administracin de la Corporacin RTVE, previsto en la

Ley 17/2006, de 5 de junio, http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338.pdf.26Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisin de titularidad estatal, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-2006-9958.



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Germn Rodrguez Snchez, el por-tavoz del Partido Socialista en la Co-misin Mixta, rechaz la descripcindel PP y sugiri que estaban usandolos problemas nancieros como una

pantalla de humo. Los problemas

nancieros no son la cuestin,dijo. La cuestin es la prdida deimparcialidad y credibilidad.

En el informe de marzo de 2015, el IPI y susasociados recomiendan expresamente recuperarel requisito de la mayora de dos tercios. Mien-tras que todos los partidos de la oposicinapoyaron tal movimiento, el Partido Popular

no lo hizo y en su lugar defendi el cambiopor diversos motivos.

Snchez de Alczar dijo a la delegacin lideradapor el IPI que el decreto se haba aprobado parasolucionar el bloqueo del proceso de nombramien-to. No podamos llegar a un consenso, dijo.El resumen del decreto dice lo mismo :Por otrolado, la designacin de los miembros del Consejo

de Administracin y del Presidente de la Corpora-cin RTVE que regula la Ley 17/2006, basada enun sistema de mayoras reforzadas en las CortesGenerales, ha demostrado ser inecaz puesto que

no permite renovar el Consejo de Administracincon la agilidad necesaria para evitar que se parali-ce el funcionamiento de la Corporacin.

No es difcil imaginarse un bloqueo poltico comoeste, aunque uno concluya, como lo hace el

IPI, que solventarlo eliminando una importanteherramienta para garantizar la independencia deRTVE no es una decisin acertada. En cualquiercaso, Rafael Hernando Fraile, el portavoz parla-mentario del Partido Popular, ofreci una justi-cacin diferente para la modicacin legislativa.

Anteriormente, dijo, RTVE no era independiente,sino que iba en contra del Gobierno. Continu:RTVE era claramente pro socialista, por eso he-mos cambiado el proceso de nombramiento.

Desde el IPI estos comentarios son vistos con granpreocupacin ya que sugieren que la corporacinpblica es una herramienta poltica en Espaa, alservicio del Gobierno y no una fuente imparcial denoticias e informacin al servicio del pblico.

Poco antes de la visita de la delegacin inter-

nacional, el presidente del Consejo de RTVE,Jos Antonio Snchez Domnguez, caus grancontroversia al declarar a la Comisin Mixta losiguiente: Voto al PP y seguir votando al PP.Los miembros de los partidos de la oposicin dela Comisin Mixta denunciaron enrgicamente suscomentarios, sealndolos como una prueba msde la falta de independencia de RTVE.

Hernando Fraile defendi a Snchez Domnguezy dijo a la delegacin: En democracia puedesvotar a quien quieras. No se debera cuestionarel trabajo de un funcionario pblico por el partidoal que vota, eso no signica que el resto tambin

tengan que votar al PP.

Esto es, por supuesto, cierto en la teora. Pero,tal y como Whittle seala en su captulo sobre losmedios de comunicacin, la radiodifusin pblica

necesita conanza. Y precisamente conanzaes lo que parece que RTVE no tiene. Incluso si laaliacin poltica de Snchez Domnguez no tuvie-ra impacto en la cobertura informativa de RTVE,nadie se lo creera: la idea de que la programa-cin de RTVE est manipulada ideolgicamenteest demasiado asentada. Desafortunadamente,lejos de eliminar esa idea, las polticas del actualGobierno solo han servido para rearmarla.

La regulacin de los medios de

comunicacin audiovisuales

En 2010, el Gobierno socialista aprob la LeyGeneral de la Comunicacin Audiovisual27, cuyopunto clave era la creacin del CEMA, el ConsejoEstatal de Medios Audiovisuales, un reguladorindependiente y especco del sector. El CEMA,

cuyos objetivos incluan garantizar la transpa-

rencia y el pluralismo del sector de los medios

27Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292&b=59&tn=1&p=20100401#tv. (Ver las provisiones para el CEMA en la Parte V, arts. 44-54.) 21

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de comunicacin audiovisual y la independen-cia e imparcialidad del sector pblico estatal deradio, televisin, iba a estar compuesto de uncomit ejecutivo y de un comit consultivo. Losmiembros del comit ejecutivo, incluyendo a supresidente, iban a ser nombrados por el Congre-so de los Diputados a travs de una mayora detres quintos. El comit consultivo iba a incluir arepresentantes de los medios de comunicacin,del sector de la publicidad, de los sindicatos y delas asociaciones de consumidores, entre otros.

Pese a su estructura modlica, nunca se lleg apermitir que se pusiera en marcha. En 2013, elGobierno del Partido Popular derog la Ley sobre

el CEMA y cre la Comisin Nacional de los Mer-cados y la Competencia28(CNMC). Alegando unentorno de austeridad y una clara tendencia[...] pasando del modelo unisectorial a un mode-lo de convergencia, el Gobierno decidi unicar

las competencias regulatorias de los sectores dela energa, las telecomunicaciones, los ferrocarri-les, postal, aeroportuario y audiovisual bajo unnico techo.

En 2012, la vicepresidenta del Gobierno, SorayaSenz de Santamara, dijo del CEMA: Si no locreamos directamente, ya estamos ahorrandosiete millones de euros, y probablemente otroorganismo regulador puede llevar a cabo la mis-ma tarea, con la misma ecacia y sin suponer un

incremento de coste.29

Sean cuales sean los benecios de unicar funcio-nes regulatorias, el hecho es que la CNMC no essencillamente otro organismo regulador: estformado de una manera completamente diferenteque el CEMA y no se garantiza de ninguna manerasu independencia. La CNMC est dirigida por unConsejo compuesto por diez miembros que son

nombrados directamente por el Gobierno. El Con-greso tiene el poder de veto de los nombramien-tos, pero solo a travs de la mayora absoluta, paralo que hace falta que los diputados del partido delGobierno voten a favor. Difcilmente esto suponeun control del poder ejecutivo. Este sistema contcon la rme oposicin de la mayora de los parti-dos de la oposicin y en otoo de 2013 el PartidoPopular anul un intento por parte de un partido

El cofundador y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, habla durante el debate El otro estado de la nacin, celeb-rado en el Crculo de Bellas Artes de Madrid, el 25 de febrero de 2015. EPA/Ballesteros

2

28 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creacin de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5940.29No crear el CEMA supone un ahorro de siete millones de euros, Europa Press, 20 de enero de 2012, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/20/comunicacion/1327073838.html.



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menor, Unin Progreso y Democracia (UPyD), devetar a tres candidatos al consejo que procedandirectamente del ministerio responsable.30

Es signicativo que, mientras que el CEMA iba a

poder conceder licencias, la CNMC, no. Dada lamaniesta falta de independencia de la CNMC, se

podra ver como algo positivo que el Ministerio deIndustria, Energa y Turismo de Espaa las conce-da directamente.

Los partidos de la oposicin criticaron duramenteel fracaso a la hora de implementar el CEMA du-rante las reuniones con la misin internacional enjunio de 2015. Antonio Hernando Vera, el porta-voz parlamentario del Partido Socialista, dijo que

la decisin y su justicacin del Gobierno eran elejemplo perfecto del uso de la crisis como excu-sa y aadi: Al pas le supone un mayor costeno tener informacin independiente.

Ni la democracia ni los controlesdemocrticos son baratos. Tienesque gastar dinero en ellos. Ricar-do Sixto Iglesias, Izquierda Plural

Ricardo Sixto Iglesias, de Izquierda Plural, dijoalgo parecido. Ni la democracia ni los controlesdemocrticos son baratos, coment. Tienesque gastar dinero en ellos.

Hernando Vera tambin hizo referencia a unapropuesta de proceso de seleccin independiente,que tambin podra usarse en los nombramientosdel Consejo de RTVE. Sugerimos que todos losorganismos pblicos tengan un comit de expertos y

consultores independientes que aprueben y evalena los candidatos antes de que el Congreso los puedaproponer. As, la gente podra presentar su solicitud auna posicin en vez de ser nombrado por el Gobier-no porque la vacante se anunciara pblicamente.

Los miembros de la delegacin internacional liderada por el IPI (abajo, a la izquierda) se renen con representantes del Par-tido Socialista espaol, entre los que se encuentra el portavoz Antonio Hernando Vera (tercero por la derecha), el 18 de juniode 2015. Foto cortesa del Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE).

2330El Congreso apoya el nombramiento de los diez consejeros de la CNMC, Energadiario.com, 5 de septiembre de 2013, http://www.energiadiario.com/publicacion/el-congreso-apoya-el-nombramiento-de-los-diez-consejeros-de-la-cnmc/.

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lvarez-Peralta, de Podemos, estuvo de acuerdo enque la CNMC no es independiente. Remarc queel sector de los medios de comunicacin audiovisualdebera estar supervisados por expertos del sector yrepresentantes de la sociedad civil. Parte del es-fuerzo, dijo, estara en desgubernamentalizar lasinstituciones pblicas como la CNMC o RTVE.

En lnea con lo que se ha comentado anteriormen-te en este informe, mientras que las justicaciones

del Partido Popular para rechazar la creacin delCEMA (austeridad y eciencia) pueden parecer

razonables, los acontecimientos recientes nosrecuerdan cmo son los entresijos de la situacin yqu consecuencias pueden tener estas decisiones.Durante la misin de alto nivel, los partidos de la

oposicin mencionaron el anuncio del Gobiernoen abril de 2015 de la apertura a licitacin de seisnuevas licencias privadas que se concederan justoantes de las elecciones nacionales, a nales de

otoo. La eleccin del momento, argumentaron,pone en evidencia una agenda oculta.

De la misma manera que Stephen Whittle, exDirector de Poltica Editorial en la BBC y miembroindependiente de la misin de alto nivel, dice

en otro punto de este informe: Es incluso mspreocupante que la concesin est vinculada tanclaramente al calendario electoral y que deje alGobierno la posibilidad de premiar a los pro-pietarios de los medios de comunicacin por suservicio poltico.

Los medios de comunicacin

comunitarios

En algunos casos, como el del CEMA, el Gobiernoespaol derog provisiones contenidas en la Leyde Comunicacin Audiovisual de 2010. En otroscasos, simplemente las ignor.

Esta es la situacin de los medios de comunicacincomunitarios. La Ley de Comunicacin Audiovisualde 2010 pretenda, por primera vez, proporcionarun marco legal a los medios de comunicacincomunitarios en Espaa, de los que deca que des-empeaban un rol importante a la hora de cubrirlas necesidades sociales, culturales y de comu-nicacin especcas de comunidades y grupos

sociales, as como para fomentar la participacinciudadana y la vertebracin del tejido asociativo.

La ley reconoca explcitamente el derecho al plu-ralismo en los medios de comunicacin y, espec-camente, el derecho a la existencia de los mediosde comunicacin comunitarios. Todo ello, llev alGobierno a desarrollar un marco legal para la con-cesin de licencias a los medios de comunicacincomunitarios en un plazo de doce meses.

Durante la misin de alto nivel inter-nacional, solo Podemos adopt unaposicin espontnea con respecto a lasituacin de los medios comunitarios.

La vicepresidenta primera Soraya Senz de Santamara durante una rueda de prensa tras un consejo de ministros en el palaciode La Moncloa en Madrid, Espaa, el 29 de mayo de 2015. EPA/ngel Daz

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Miguel lvarez Peralta, un miembrodel Consejo de Coordinacin del par-tido en Madrid, dijo que fortalecer losmedios comunitarios como tercersector de la comunicacin plural y di-nmico era un pilar de la poltica en

materia de medios de comunicacindel partido. Los medios comunita-rios tienen un papel especial que nilos medios de comunicacin privadosni los pblicos pueden desempear.Crean debate y hacen que la audien-cia se convierta en miembro activo deese debate.

Han pasado ms de cinco aos desde que la Leyde Comunicacin Audiovisual de 2010 entrara envigor el 1 de mayo de 2010. No se ha desarro-llado ningn marco legal (no lo ha hecho ni elGobierno socialista, que estuvo en el poder hastadiciembre de 2011, ni el Gobierno del PartidoPopular, que accedi al poder ese mismo mes).

De acuerdo con la Red de Medios Comunitarios(ReMC), en agosto de 2015, ninguna entidad

ha podido obtener una licencia ni existe proce-dimiento para acceder a licencias. Esta situacinimpide la creacin de este tipo de emisoras ylas que estn en funcionamiento no puedenregularizar su situacin a pesar de estar previstoen la LGCA por lo que se enfrentan a sanciones(multas y cierre).

En una sesin informativa para el IPI, la ReMCseal varios ejemplos de estas multas, inclu-

yendo una de 500.000 que se impuesto a laemisora La Tele y otra de 100.000 con la quese castig a la radio canaria San Borondn. Enambos casos, los reguladores determinaronque las emisoras haban estado operando sinlicencias y ordenaron su cierre.

Estos esfuerzos en algunas ocasiones han sidodraconianos. En un caso sobre el que Podemosllam la atencin de la delegacin, la autoridadlocal en materia de telecomunicaciones en Astu-rias (que forma parte del Ministerio de Industria,Energa y Turismo), amenaz al propietario deun edicio en Oviedo con una multa de 500.000

si no identicaba en un plazo de diez das al

responsable de una emisora comunitaria que lasautoridades sospechaban que estaba operandodesde ese edicio.

Tanto el Consejo de Estado como el Defensor delPueblo han criticado al Gobierno de Espaa porno cumplir con los trminos que marcaba la Ley

de Comunicacin Audiovisual de 2010 en lo rela-tivo a los medios comunitarios. La propia ReMCpone de maniesto la falta de cumplimiento del

Gobierno en un caso que en estos momentosest en el Tribunal Supremo espaol. Se esperaque se dicte sentencia en 2016.

El IPI est intranquilo por la negativa del Go-bierno espaol de cumplir con el requerimientoy desarrollar un marco legal para los medios de

comunicacin comunitarios. Su inaccin vio-la maniestamente el derecho de los medios

comunitarios a operar como parte de un entornoplural, tal y como se reeja en la Ley de Comuni-cacin Audiovisual de 2010.

Durante la misin de alto nivel internacional, soloPodemos adopt una posicin espontnea conrespecto a la situacin de los medios comunitarios.Miguel lvarez Peralta, un miembro del Consejo deCoordinacin del partido en Madrid, dijo que forta-lecer los medios comunitarios como tercer sectorde la comunicacin plural y dinmico era un pilarde la poltica en materia de medios de comunica-cin del partido. Los medios comunitarios tienenun papel especial que ni los medios de comunica-cin privados ni los pblicos pueden desempear.Crean debate y hacen que la audiencia se con-vierta en miembro activo de ese debate.

Otras cuestiones

Las reformas legales y los temas relacionadoscon las libertades de comunicacin audiovisualsurgieron como cuestiones importantes en losencuentros entre la delegacin de alto nivel y lospartidos polticos espaoles.

Sin embargo, en las indicaciones introductorias,

los representantes del IPI tambin mencionaronque la transparencia y el acceso a la informacineran motivos de preocupacin, citando en parti-cular la falta de informacin sobre la publicidadinstitucional en los medios de comunicacin y la 25

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aprobacin de leyes relacionadas con el acceso ala informacin que no cumplen con los estndaresinternacionales. Vale la pena, por lo tanto, resu-mir brevemente las respuestas de algunos de lospartidos polticos sobre estas cuestiones.

En relacin a la publicidad institucional, el informe

de marzo de 2015 de la coalicin internacionalexplicaba detalladamente como exista una faltade informacin sobre los criterios usados por losorganismos pblicos a la hora de conceder lascampaas de publicidad a los medios de comu-nicacin, lo que haca difcil saber si exista unaposible censura blanda en Espaa. Organiza-ciones de la sociedad civil consideraron que ladecisin del Gobierno en 2014 de centralizar laasignacin de publicidad institucional a travs de

un grupo de mximo cinco agencias publicitariasempeor la situacin31ya que permitira quedetalles claves como la identidad de los mediosde comunicacin que reciben publicidad ocial, as

como detalles sobre el objetivo de la campaa,costo total, medios de comunicacin preferidos,etc., slo se publicasen cuando se estime oportu-no. Adems, como destaca el informe de marzode 2015, citando a un experto en publicidadinstitucional de la Universidad de Sevilla,32lanueva ley espaola de transparencia y acceso ala informacin obliga a las instituciones pblicas ahacer pblicos todos los contratos de publicidad,independientemente de su tamao. Sin embargo,cuando los contratos se adjudican a travs deagencias de publicidad contratadas por el Estado,la informacin sobre cmo stas asignan la publi-cidad ocial no est sometida a la nueva ley.

Los funcionarios generalmente no respondieroncuando se les pregunt al respecto, aunque esto sedeba, en parte, a la falta de tiempo. Sin embargo,dado las deciencias que se subrayaron en el infor-me de marzo de 2015, el IPI cree urgente intensi-car la labor de monitorizacin de la gestin de dichapublicidad e invita a la sociedad civil espaola a estu-diar las medidas que deben tomarse para mejorar lasituacin actual en este mbito.

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En relacin a la segunda cuestin, el informe demarzo de 2015 tambin incluy un extenso captuloescrito por Access Info Europe sobre las deciencias

de la Ley de transparencia, acceso a la informa-cin pblica y buen gobiernode 2013, que entren vigor en dos fases en los ltimos dos aos.

El Partido Socialista se disculp por no apoyar laley cuando se vot en el parlamento, que descri-bi como una decisin difcil dado que la medi-da era la primera de ese tipo en Espaa. Jos deFrancisco, consejero legal del Partido Socialista,explic que el anterior Gobierno socialista habaempezado a redactar el esbozo de una ley de ac-ceso a la informacin que dijo que estaba basadaen un modelo del Consejo de Europa pero que laversin del Partido Popular haba aadido ms

casos en los que se puede denegar el derecho ala informacin y haba reducido la independenciadel organismo supervisor, cosa que el PartidoSocialista no poda apoyar.

lvarez-Peralta, de Podemos, seal la falta deuna cultura de la transparencia en Espaa y dijoque el partido quera llevar la ley de acceso a la in-formacin al nivel europeo. Describi la ley actualcomo una sombra de lo que podra haber sido.

Durante la misin de diciembre de 2014, CarmenMartnez Castro, la Secretaria de Estado de Comu-nicaciones, defendi rmemente la ley: Tenemos

la rme voluntad de que [esta ley] funcione, de

ponerla en prctica y de ver en qu podemos me-jorarla. Esta ley cambiar la cultura del gobierno yde la sociedad [espaola].

Pero en esta cuestin parece que el PartidoPopular tambin est aislado, y no solo de laoposicin. Tal y como el informe de marzo de2015 dej claro, la opinin en Espaa de la leyde acceso a la informacin por parte de mediosde comunicacin, acadmicos y observadores dela sociedad civil est clara: es una oportunidadperdida que no respeta los estndares europeos einternacionales en cuestiones de transparencia.



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31Eva Belmonte, El Gobierno centraliza la compra de anuncios en medios y la limita a un mximo de cinco empresas, 8 de mayode 2014, http:// elboenuestrodecadadia.com/2014/05/08/el-gobierno-centraliza-la-compra-de-anuncios-en-medios-y-la-limita-a-un-maximo-de-cinco-empresas/.32Fernando Vicente, Con la publicidad institucional est en juego el meollo de la democracia , Eldiario.es, el 23 de mayo de2013, http://www. eldiario.es/andalucia/reparto-publicidad-institucional-jugamos-democracia_0_135437303.html.


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Recomendaciones

Con un ojo en las elecciones generales de Espaaque tendrn lugar a nales de 2015, el IPI, el Co-mit para la Proteccin de los Periodistas, la Fede-racin Europea de Periodistas y la Plataforma enDefensa de la Libertad de Informacin instan al

Gobierno de Espaa a tomar los siguientes pasos:- Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana.

- Recuperar el proceso de nombramiento de losmiembros del Consejo de Administracin de RTVEprevisto en la Ley de 2006 de de la radio y latelevisin de titularidad estatal, que requera unamayora de dos tercios en el Parlamento.

- Implementar un regulador independienteespecializado en la radiodifusin como el que

estaba previsto en la Ley de ComunicacinAudiovisual de 2010.

- Implementar un marco legal para la conce-sin de licencias de medios de comunicacincomunitarios, como se dispone en la Ley deComunicacin Audiovisual de 2010.

- Dar los pasos necesarios para asegurar quela concesin de campaas publicitarias deinstituciones pblicas se lleve a cabo de forma

transparente y de acuerdo a criterios objetivos.

En general, el Gobierno de Espaa debera asegu-rarse de que cualquier reforma legal:

se lleve a cabo con la adecuada observancia de lapercepcin del pblico y del potencial efecto di-suasorio en la libertad de expresin y de prensa.

se redacte de la forma ms precisa posible.

tenga en cuenta las preocupaciones de lasociedad civil nacional e internacional, ascomo las de los organismos que deenden los

derechos humanos.

reeje los estndares internacionales de libertadde expresin, as como las buenas prcticas.

Se deberan revisar las reformas que ya se han apro-bado pero que no cumplen con estos requisitos.

Anexo

Lista de partidos polticos en Espaa y su represen-tacin en el Congreso de los Diputados (350 escaosen total, en el recuento se incluye un miembro inde-pendiente que no se muestra a continuacin)

Partido EscaosGrupo Parlamentario Popular 185en el Congreso

Grupo Parlamentario Socialista 109

Grupo Parlamentario Cataln 16de Convergncia i Uni

Grupo Parlamentario de IU, 11ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya VerdsChunta Aragonesista

Unin, Progreso y Democracia 5

Partido Nacionalista Vasco 5

Grupo Parlamentario Mixto 19AmaiurEsquerra Republicana de CatalunyaBloque Nacionalista Galego

Coalicin CanariaCoalici CompromsForo AsturiasGeroa BaiUnin del Pueblo Navarro

Fuente: Pgina web del Congreso de los Diputados.

Se enviaron solicitudes de reunin a todos losgrupos parlamentarios, adems de Podemos y

Ciudadanos, que an no tienen representacin.La misin de alto nivel a Espaa se reuni conrepresentantes del Partido Popular, el Partido So-cialista, Izquierda Plural y el Grupo ParlamentarioMixto. Convergncia i Uni y el Partido Naciona-lista Vasco tambin accedieron a encontrarse conla delegacin pero posteriormente cancelaronsendas reuniones (en el caso de Convergnciai Uni, debido a una reunin en Barcelona quems tarde result en la disolucin del partido

el 17 de junio de 2015; en el caso del PartidoNacionalista Vasco, debido a una votacin legis-lativa urgente). La delegacin tambin se reunicon representantes de Podemos.

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Resumen ejectivo

La vaguedad de la redaccin de las provi-

siones de la Ley de Seguridad Ciudadana, as

como de las modifcaciones del Cdigo Penal en

lo relativo a terrorismo, pueden llevar a casos

de autocensura entre periodistas y otros. Aunque el Gobierno de Espaa ha asegurado

que estos cambios legislativos se aplicarn en

casos muy especfcos, tambin debe abordar

el gran problema de cmo el pblico percibe y

entiende estos cambios.

Las medidas restrictivas relacionadas con el

terrorismo, materia sobre la que hay poca le-

gislacin internacional, deben tener en cuenta

los principios de necesidad y proporcionalidad. La introduccinde sanciones administrativas

en lugar de penales, como est previsto en la

Ley de Seguridad Ciudadana, no deben con-

travenir los principios de transparencia o de

examen judicial independiente.

Introduccin

Entre los problemas a los que se enfrenta la

libertad de expresin de los activistas en Espaase encuentran diferentes cambios legislativos,concretamente la nueva Ley de Seguridad Ciuda-dana (Ley Orgnica de Proteccin de la SeguridadCiudadana), la llamada Ley Mordaza por sus de-tractores, y las modicaciones del Cdigo Penal.

Tanto la Ley como las modicaciones del Cdigo

Penal han entrado en vigor el 1 de julio de 2015.Adems, el cuerpo legislador valora en estos mo-mentos la reforma de algunos aspectos de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal.

Este informe no hace un anlisis detallado de loscambios legislativos pues esto no forma parte dela misin, aunque s que seala las preocupacio-nes y los comentarios de diferentes interlocutoresdurante la misin internacional de expertos.

Cambios legislativosLa Ley de Seguridad Ciudadana, entre otrascosas, hace que se pueda castigar el uso sinautorizacin de imgenes o datos personales deagentes de seguridad. Es muy probable que estotenga un impacto en los medios de comunicaciny que limite su importante papel de guardindel inters pblico. La Ley tambin requiere quelos ciudadanos muestren el debido respeto a los

ociales de los cuerpos de seguridad durante sucumplimiento de deber. Esta redaccin es vaga yabierta a diferentes interpretaciones.

Se han llevado a cabo varias modicaciones del

Cdigo Penal. Como se trata de un cdigo viejo,en muchos casos las modicaciones han sido

actualizaciones para modernizarlo. Algunas modi-caciones, no obstante, son motivo de preocupa-cin ya que podran tener un impacto negativo enla libertad de expresin a causa de redaccionespoco claras. Un ejemplo de ello es la prohibicinde acceder de manera habitual a pginas web decontenido terrorista: no est claro a partir de qupunto se considera acceder de manera habitualy el signicado de contenido terrorista tampoco

lo es. Los defensores de las modicaciones (el

Partido Popular y, hasta cierto punto, el PartidoSocialista, que han llegado a un pacto antiyiha-

dista que conforma el trasfondo de las modi-caciones) nos aseguraron que es necesario que

Comentario del experto:

La Ley de Seguridad Ciudadanay otras reformas legales33

Profesora Katrin Nyman MetcalfCtedra de Derecho y Tecnologa, Tallinn Law School/Tallinn University of Technology34

33Este artculo fue originalmente publicado el 7 de julio de 2015 en www.freemedia.at.34Este artculo reeja el punto de vista de la autora como miembro independiente de la misin internacional. 29

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haya elementos objetivos y subjetivos para quecualquier actividad pueda caer dentro de los es-cenarios que la Ley contempla. Por ejemplo, paraculpar a alguien de terrorismo, ste debe habertenido la intencin de cometer actos terroristas.Aunque se puede llegar a aceptar lo que la Leyestablece siempre que sea aplicado por un juez

independiente, la vaguedad de la redaccin puedetener un efecto intimidatorio.

Se debe tener en mente el posibleefecto negativo en las provisionesrelacionadas con la seguridad si sonvagas y admiten la posibilidad de di-ferentes interpretaciones. Se tardarun tiempo en desarrollar la juris-

prudencia y, durante este periodo,periodistas, investigadores y otrosque, por razones legtimas, acce-dan a pginas web, no deben temerporque su actividad pueda constituirun delito. En los encuentros quese llevaron a cabo, los miembrosde la misin internacional tuvieronla impresin de que no se estaba

prestando demasiada atencin a lapercepcin del pblico, a su impactonegativo o a cmo puede el pblicogeneral interpretar las leyes.

Las modicaciones de la Ley de EnjuiciamientoCriminal podran, entre otras cosas, permitir lainstalacin de los programas llamados spywarey de otros instrumentos de vigilancia electr-

nica. El proyecto de modicacin de la Ley hasufrido cambios durante el proceso de redacciny aprobacin. La posibilidad de vigilancia sinautorizacin judicial, como se propona inicialmen-te, ha sido reducida. El grupo de trabajo depen-diente del Consejo General del Poder Judicialque revisa los proyectos de ley (ver ms abajo)sugiri cambiarlo y se acept la sugerencia. Elcuerpo legislador todava sigue valorando estasmodicaciones. Es muy importante no caer en la

tentacin, desafortunadamente comn en muchospases, de que, como es tan fcil usar las tecnolo-gas modernas para la vigilancia masiva, se llevea cabo dicha vigilancia sin la debida consideracinde su proporcionalidad y su necesidad.

Legislacin internacional

En lo referente a las medidas legislativas relacio-nadas de diferentes maneras con temas de segu-ridad y la lucha contra el terrorismo, la situacinpara los expertos internacionales es ligeramentediferente a la situacin que encuentran a la hora

de asesorar en temas relacionados con, porejemplo, servicios pblicos de emisin de radio ytelevisin, regulacin de derechos de emisin olegislacin sobre acceso a la informacin. En estoscasos, existen buenas prcticas internacionalesas como diferentes sistemas nacionales bienestablecidos que pueden usarse como modelos.Por varias razones, hay menos buenos modelosen asuntos relacionados con la seguridad. No hayningn tratado internacional ni ninguna denicin

aceptada internacionalmente de terrorismo en lalegislacin internacional. La mayor parte de lospases del mundo luchan por determinar qu estdentro de lo aceptable y qu es una infraccindel Derecho a la hora de preservar la seguridadpblica. No se dispone, por lo tanto, de ningunasolucin internacional usada en otras ocasio-nes para aplicarla en estas situaciones. Esto nosignica que no haya buenas prcticas a las que

dirigir los esfuerzos. Lo que es importante es quelos requisitos de necesidad y proporcionalidad decualquier medida restrictiva sean observados debi-da y transparentemente. Estos requisitos incluyenque cualquier medida que restrinja derechos ylibertades pueda tener xito a la hora de perseguirsu objetivo. Las restricciones y el motivo por elque se emplean deben ser lo ms claros posible.

Se debe tener en mente el posible efecto negativo

en las provisiones relacionadas con la seguridadsi son vagas y admiten la posibilidad de diferentesinterpretaciones. Se tardar un tiempo en desa-rrollar la jurisprudencia y, durante este periodo,periodistas, investigadores y otros que, por razo-nes legtimas, accedan a pginas web, no debentemer porque su actividad pueda constituir undelito. En los encuentros que se llevaron a cabo,los miembros de la misin internacional tuvie-ron la impresin de que no se estaba prestandodemasiada atencin a la percepcin del pblico,a su impacto negativo o a cmo puede el pbli-co general interpretar las leyes. La discusin seha centrado ms bien en asegurar que las leyes



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se aplicarn de forma apropiada, cosa que susdetractores no creen.

Todos los pases que respetan los derechoshumanos y las libertades individuales adviertenconictos de intereses en ciertas situaciones. Esto

es algo reconocido por los instrumentos de losderechos humanos, que reejan que las libertades

y los derechos no son absolutos. El artculo 10del Convencin Europea de Derechos Humanos,as como el artculo 19 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Polticos contienen limitacionesexplcitas al derecho de libertad de expresin. Mu-chos de nuestros interlocutores comentaron esteposible conicto y remarcaron que no hay falta

de comprensin de las posibles limitaciones de

derechos que las nuevas leyes o modicacioneslegislativas puedan conllevar. Se har un ejerciciode equilibrio de derechos de forma adecuada. Enla mayora de casos esto no se puede vericar ni

contradecir hasta que haya jurisprudencia sobreprovisiones especcas. Se debe, no obstante,

reconocer que las leyes que puedan limitar lalibertad de expresin pueden tener un efectodesproporcionadamente restrictivo de la libertadde expresin y de la libertad de los medios de

comunicacin, lo que supone un problema inclusoaunque ese impacto se base en temores parcial-mente exagerados.

Problemas procesales

Como se ha dicho, durante las charlas con algu-nas personas se seal que estas provisiones nocomportan ningn riesgo ya que la interpretacindepender de jueces con experiencia en este tipo

de interpretaciones. Por ejemplo, se comentque, aunque el concepto de terrorismo tampocoest bien denido en la legislacin, se ha usado

adecuadamente durante aos. Se remarc que senecesitan elementos objetivos y subjetivos paraque se pueda castigar una actividad como, porejemplo, la intencin de cometer un acto terroris-ta. Como con cualquier ley, el criterio se determi-nar con su aplicacin.

No hay ninguna duda de que en Espaa hay unsistema judicial independiente, con jueces profe-sion

libertad de prensa en españa en un momento de cambio

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