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LAS INTERVENCIONES INSTITUCIONALES EN TORNO A LA
VIOLENCIA INTERPERSONAL Y LA MUERTE ENTRE JÓVENES EN LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DOSSIER
ALEJANDRO M. VILLA – [email protected] Programa de Juventud e Inclusión Educativa/CeSAC Nº8/Área Programática del Hospital J. M. Penna - Consejo de Investigación en Salud, Ministerio de Salud/GCABA.
FECHA DE RECEPCIÓN: 03-06-16 FECHA DE ACEPTACIÓN: 05-10-16
Resumen
El trabajo presenta resultados de un estudio realizado con miembros de actores institucionales que
intervienen en la situaciones de violencia interpersonal y muertes entre jóvenes, en barrios marginalizados
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires: diferentes niveles de atención de la salud de Hospitales
Generales de Agudos, fuerzas de seguridad y organizaciones no-gubernamentales que actúan con jóvenes en
los barrios. Se trata de un diseño cualitativo, exploratorio y descriptivo, compuesto por la toma de treinta
entrevistas semiestructuradas. La perspectiva de análisis de la relación de los actores con la violencia en la
población juvenil considera tres niveles, según la violencia que pueden ejercer aquéllos: estructural,
institucional y situacional. Se propone discutir que la visualización de la situaciones de violencia
interpersonal y muerte entre jóvenes de los actores está vinculada a: 1- La falta de normativas específicas
para el abordaje de dichas situaciones en la interrelación con dicha población juvenil masculina y 2- Distintos
modelos explicativos de las concepciones sobre la relación entre violencia y socialización de los jóvenes.
Palabras clave: jóvenes - violencia interpersonal - actores institucionales – Buenos Aires
Abstract
This work presents the results of a study of institutional actors who intervene in interpersonal violence
situations and deaths among young people, in marginalized neighborhoods of the south zone of Buenos Aires
City: different levels of public health care in acute general hospitals, security forces and non-governmental
organizations that interact with young people in the neighborhoods. It’s been a qualitative, exploratory and
descriptive design, comprised by the take of thirty semi structured interviews.
The analysis perspective in the relations of the actors with violence in youth population considers three
levels, according to the violence that they can practice: structural, institutional and situational. It is proposed
to discuss that the visualization of the interpersonal violence situations and deaths among young people of
the actors is related to: 1- The lack of specific regulations to the approach of such situations, in the
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interrelation with the male youth population and 2- Different explanatory models of the conceptions about
the relationship between violence and socialization of young people.
Keywords: young people - interpersonal violence - institutional actors – Buenos Aires City
Introducción
Documentos internacionales recientes destacan que el homicidio doloso constituye un
problema para la población (PNUD, 2013; UNODOC, 2013). Ello no sólo por la pérdida en
vidas humanas que aquél comporta, sino porque el mismo puede generar “un entorno de
miedo e incertidumbre”. Se estima que a nivel mundial la amplia mayoría de los victimarios
tanto como de las víctimas son varones. Casi la mitad de todas las víctimas tienen entre 15
y 29 años, y más de una tercera parte del total de homicidios dolosos ocurrieron en el
continente americano. Una de cada siete víctimas es un joven de este continente Si bien
aumentaron los homicidios dolosos en la misma región, las tasas de condena son bajas.
Existiría un “déficit de las capacidades” de justicia de los Estados y una “desconfianza de la
ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía”.
Las víctimas de la violencia homicida en América Latina son fundamentalmente varones
jóvenes y pobres; y el homicidio se constituye en la primera causa de muerte en jóvenes en
America Latina- llegando la proporción en Argentina a una de cada cinco muertes (Briceño
León, 2008).
Un estudio reciente sobre los homicidios dolosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012) en base a
expedientes judiciales correspondientes a 184 causas y 190 víctimas, destaca que se
produce una concentración de los homicidios en las principales villas de emergencia (villa
21-24 y Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta, villa 1-11-14, villa 15 y villa 31-31 Bis).
El 27% de las víctimas en toda la CABA tienen entre 18 y 25 años; y el 36% de ellas
corresponde a las villas de emergencia. Se destacan allí las situaciones de violencia
interpersonal entre grupos de jóvenes, en su mayoría en la “calle”, y con armas de fuego y
blancas. Los principales motivos de las muertes en toda la CABA son agrupadas en una sola
categoría que agrupa a: “Riña”, “Ajuste de cuentas” y “Venganza”, la que representa un 39%.
Sólo el 15% corresponde exclusivamente a robos. Cuando dicho estudio realiza un análisis
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georeferenciado, encuentra que el 73% de las muertes corresponden a la zona sur de la
CABA (Comunas 1, 4, 7, 8 y 9). En cuanto a los motivos de muerte homicida en las villas de
emergencia de dicha ciudad, se destacan los vinculados a “Riña”, “Ajustes de cuentas” y
“Venganzas”, con un 59%; en contraste con el 39% del mismo motivo para el total de la
CABA.1
Este trabajo forma parte de un estudio más amplio2. Teniendo en cuenta estos
antecedentes, nos proponemos aquí profundizar en el conocimiento sobre las perspectivas
y experiencias de intervención de diferentes actores institucionales en torno de violencia
interpersonal y muertes entre jóvenes varones, entre 15 y 25 años; los que intervienen en
las poblaciones de las villas de emergencia de la zona sur de la CABA.
Las condiciones de la socialización, el ejercicio de la violencia en los
jóvenes y las intervenciones institucionales
Se han destacado en la literatura de latinoamericana, y en particular de la Argentina, los
cambios estructurales y locales que se produjeron en los barrios urbanos marginalizados.
La pérdida de la importancia de la familia, el trabajo y la educación como principales
organizadores de la socialización, como consecuencia de la implementación de las políticas
económicas neoliberales en la región, contribuyó fuertemente a una socialización en
espacios homogéneos y segregados, que restringirían la circulación de los jóvenes. Ello
conformaría un proceso de exclusión (socio-territorial), una fragmentación social y una
vulnerabilidad social (Villa, 2015).
Recientemente realizamos una crítica de dos enfoques hegemónicos para explicar este
proceso de exclusión social territorial y su relación con la violencia (Villa, 2015). En primer
lugar, se trata de un “enfoque estructural” basado en la condición de clase social de los
jóvenes. Allí la violencia se concibe en tanto reproducción de la marginación y segregación
1 Es importante destacar que, incluso los homicidios en porcentaje está sobrepresentados en las villas de emergencia, ya que éstas tienen aproximadamente el 10% de población de la CABA y el 59% de los homicidios.
2 “Violencia interpersonal y muertes violentas de jóvenes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires: las perspectivas y las intervenciones de los actores institucionales y los servicios en el nivel local”, desarrollado
desde el Consejo de Investigación en Salud/Ministerio de Salud/GCABA, entre los años 2014 y 2015.
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urbanas, entendido como un proceso homogéneo y estructural. En segundo lugar,
discutimos un “enfoque cultural”, basado en la adecuación de los jóvenes a valores y
modelos presupuestos. Se utiliza allí la noción de “códigos culturales” que guiarían la
acción; ya sea para normatizar exteriormente los valores que poseen los jóvenes, o porque
se considera que los jóvenes poseen “códigos culturales homogéneos” de una subcultura
juvenil.
Para enfrentar los problemas que comportan estos enfoques proponemos un tercer
enfoque que parte del análisis de la acción del joven en tanto actor social y su interacción
con los actores institucionales.
El ejercicio de la violencia entre jóvenes en los barrios urbanos marginalizados puede
explicarse por una lucha por el reconocimiento identitario desigual- que reclama “respeto”,
pero que se basa en la imposición de “antirespeto” (Zubillaga, 2007). Los actores
institucionales estatales, los vecinos de barrios y los medios de comunicación pueden
confirmar y legitimar una “identidad estigmatizada” de los jóvenes, mediante la “asignación
de etiquetas” que unifican el sentido sobre las identidades; y ello obstruye las posibilidades
de construir otras “señales” de identidad (Cozzi, 2014).
Se ha estudiado la construcción del joven proveniente de barrios populares como
delincuente y el establecimiento de una “cadena punitiva” en diferentes niveles de
“sujeción”; que incluye el análisis de las trayectorias sociales de los jóvenes en relación a la
intervención de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones de custodia
(Daroqui y López, 2012). Las trayectorias de consumos de drogas ilegalizadas en contextos
de poblaciones urbanas marginalizadas se constituyen en elementos que podrían reforzar
la violencia institucional y los procesos de vulnerabilidad punitiva de los jóvenes (González
y Trillo, 2015; Kessler y Di Marco, 2013). También se ha puesto de relieve la relación de las
trayectorias de consumos drogas con las condiciones de exclusión social en los barrios
marginalizados resultado de las políticas económicas neoliberales, y un proceso de
“normalización de la muerte joven” en dichos barrios (Epele, 2010).
Desde el campo de la salud pública, la Organización Panamericana de la Salud (2002) ha
destacado los problemas que comportan la definición, la medición y la intervención en lo
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atinente a la violencia interpersonal en la población juvenil. Se reconoce que dicha
definición está determinada por “pautas culturales” y las “cambiantes normas sociales”.
Pero, al mismo tiempo se clasifica a la violencia según una fragmentación en áreas
especializadas (violencia familiar, de género, sexual, entre otras). Asimismo, dicho
organismo mantiene la perspectiva del “enfoque de riesgo”, en el que se procura aislar
“factores” del proceso de socialización. Estos últimos determinarían el “riesgo” o la
protección de las personas en relación a los comportamientos violentos. En la Argentina, la
mayoría de la literatura sobre homicidios en la adolescencia se centran en esta perspectiva
de análisis (Pantelides et al, 2014). La búsqueda de la “reducción del comportamiento
violento” desde los programas de salud, a través de la “reducción de factores de riesgo
reconocidos”, no ha logrado una reducción significativa en la población juvenil, porque se
centran en las personas y no en las determinaciones sociales de las prácticas juveniles
(Maddaleno, Morello e Infante 2003).
Nuestra perspectiva de estudio de los actores institucionales, en torno a la violencia
interpersonal y muerte entre jóvenes, incorpora tres dimensiones interrelacionadas del
“problema de los vínculos entre violencia y juventudes” (Di Leo, 2013, Duarte Quapper,
2005):
Violencia estructural: Nos interesa indagar cómo los actores institucionales conciben y
diseñan sus acciones en función de las condiciones estructurales de desigualdad
social, violencia y vulnerabilidades, en las que se socializan los jóvenes de las
poblaciones urbanas marginalizadas.
Institucional: Se trata de analizar la posible materialización de la violencia estructural
en las acciones que ejecutan las instituciones, cuáles son las acciones y la omisión de
las mismas, de los actores institucionales, dirigidas a dicha población juvenil y, cómo
caracterizan a las mismas.
Situacional: Cuáles son las interacciones específicas que establecen los actores
institucionales con dicha población juvenil, cuáles son las situaciones específicas en las
que se materializan las violencias estructurales e institucionales.
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Abordaje metodológico y análisis de datos
Realizamos un estudio cualitativo, de casos estudiados en profundidad, de tipo exploratorio
y descriptivo, de carácter inductivo; utilizando técnicas de construcción y análisis
cualitativo de datos (Sautú, 2003). Las mismas nos permiten una “comprensión” del
sentido de la acción social, en el contexto de la experiencia personal y desde la perspectiva
de los sujetos (Vasilachis de Gialdino, 2007)
Seleccionamos tres tipos de actores institucionales: servicios de salud, fuerzas de seguridad
y organizaciones no gubernamentales (ONGs). Se decidió esta elección de actores porque
nuestra experiencia de intervención en el territorio con jóvenes desde los servicios de
salud nos indicaba que son los que intervienen directamente en las situaciones de violencia
y muerte entre jóvenes.
Asimismo, de acuerdo a los datos secundarios disponibles, ya expuestos, la mayor
concentración de situaciones de violencia y muerte de jóvenes de la CABA, ocurren en las
principales poblaciones urbanas marginalizadas de las Comunas 4, Villa 21-24 y NHT
Zavaleta; 7,Villa 1-1-14; y 8, Villa 15. Por ello se decidió trabajar con los tres hospitales
generales de agudos de esas tres comunas, seleccionando personal de guardias
hospitalarias, internación traumatológica, y Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSACs) del primer nivel de atención, dependientes de cada establecimiento.
Para la selección de las fuerzas de seguridad, se invitó a participar del estudio a las tres
fuerzas que integran el Operativo del Cordón Sur de la CABA: Policía Federal, Prefectura
Naval Argentina y Gendarmería Nacional; solicitando el contacto con personal que
interviene en las tres principales poblaciones marginalizadas. Respondió afirmativamente
a la solicitud del estudio Gendarmería Nacional. No obtuvimos respuesta oficial de las otras
dos fuerzas.
Finalmente, se realizó un relevamiento de las principales ONGs que actúan con jóvenes en
las tres poblaciones mencionadas (Parroquias católicas, Fundaciones y asociaciones civiles
sin fines de lucro).
Se utilizó la técnica de “entrevista en profundidad, semiestructurada” (Russel-Bernard,
1994), así como observaciones y notas de campo del contexto de realización de las
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entrevistas. Se diseñó un entrevista que contemplaba tres dimensiones, con un conjunto de
subdimensiones para cada una de ellas: 1- La caracterización de las situaciones de violencia
interpersonal y muertes entre jóvenes (tipos de situaciones de violencia interpersonal,
heridas y formas de muerte, demanda de los allegados al joven, lugar de los hechos, tipos
de reclamo de justicia, búsqueda de ayuda a las instituciones, entre otras); 2- Concepciones
de los actores institucionales sobre violencia interpersonal y muerte entre jóvenes
(motivos y causas que generan la violencia, conocimiento sobre el proceso de socialización
de los jóvenes en sus barrios, entre otras); 3- Formas de intervención de los actores
(existencia de protocolos y normativas, circuitos de intervención, servicios y recursos
disponibles, evaluación de las intervenciones realizadas).
El grupo de estudio estuvo constituido por una muestra intencional, que incluyó la toma de
treinta entrevistas, diez a cada actor institucional.3
El proceso de análisis de los datos contempló: la desgrabación de las entrevistas; la
construcción de un sistema de codificación cualitativa según las dimensiones y
subdimensiones del instrumento; el ingreso de las mismas en el sofware Atlas Ti; el análisis
comparativo de códigos y categorías emergentes, al interior de cada actor institucional y
entre cada uno de ellos.
La presentación de los resultados contempla las dimensiones de las perspectivas de los
actores:
1. Caracterización de las situaciones de violencia interpersonal y muertes entre
jóvenes.
2. Concepciones de la relación entre violencia y socialización de los jóvenes.
3. Formas de intervención de los actores institucionales.
3 Dada la falta de respuesta mencionada de dos de las fuerzas de seguridad, se decidió ampliar el número de
entrevistas a profesionales de salud en los tres hospitales seleccionados. Para el acceso a los casos, previa autorización de las distintas autoridades institucionales correspondientes, se contó con el apoyo adicional de las delegaciones gremiales de profesionales y los Comités de Ética y de Docencia e Investigación, de los tres hospitales generales involucrados. Las entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento informado de los participantes.
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A continuación, realizamos una discusión de nuestros resultados. Finalmente exponemos
las principales conclusiones de nuestro estudio.
Caracterización de situaciones de violencia interpersonal y muerte entre
jóvenes
Todos los actores institucionales estudiados reconocen que las situaciones de violencia
interpersonal entre jóvenes se les presentan en sus propias prácticas. No obstante ello, se
observan dos grandes dificultades generales para recortar y enfocar la problemática de
estudio, vinculadas entre sí y a las características específicas de la institución del actor y el
tipo de acceso a la población juvenil que tiene cada uno. La primera dificultad la constituye
la visibilización institucional de los jóvenes víctimas de violencia como sujetos de sus
intervenciones en relación a otros sujetos más visibilizados y legitimados social e
institucionalmente, como las mujeres y los niños. La segunda, está vinculada a la
posibilidad de distinguir y diferenciar la problemática de la violencia interpersonal entre
jóvenes, de otras situaciones de violencia que se les presentan en su trabajo cotidiano.
Aún así, los actores distinguen diferentes tipos de violencia interpersonal. Todos destacan,
en primer lugar, los enfrentamientos entre jóvenes varones de diferentes bandas de
diferentes sectores, de un mismo barrio o entre diferentes barrios, en la vía pública. Los
motivos son vinculados a “riñas”, “ajuste de cuentas” y peleas por el respeto y poder de los
grupos juveniles en torno a la defensa de un territorio. Estas situaciones pueden estar
relacionadas a la comercialización de drogas o al robo entre los mismos jóvenes. Las
heridas son producto, en su mayoría, del uso de armas de fuego, blancas o golpes de puño4.
Estas caracterizaciones de las situaciones específicas de violencia interpersonal entre
jóvenes, son presentadas junto a otro tipo de situaciones de violencia que abordan los
actores institucionales: violencia familiar y violencia en la pareja; violencia entre jóvenes y
personal de fuerzas de seguridad en ocasión de un posible delito; accidentes de tránsito de
jóvenes; muertes de jóvenes por problemas de salud vinculados al consumo de pasta base.
4 Esta caracterización de las situaciones coinciden con estudios en los que reconstruimos biografías de
jóvenes muertos, con familiares, y biografías de jóvenes amigos de los mismos; así como con datos secundarios disponibles. Ver Villa, 2015 y 2016.
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Muchos reportes consideran el consumo juvenil de diferentes drogas y alcohol, así como la
disponibilidad de armas de fuego en el medio social como variables intervinientes que
facilitarían la profundización de las situaciones de violencia y los daños físicos en la
población juvenil. Pero también, en algunas declaraciones, dichos consumos pueden ser
presentados como las causas de la violencia. En lo que respecta al personal de salud, el
personal médico y de trabajo social de guardia hospitalaria, destacan la descripción de los
diferentes tipos de lesiones y la gravedad de las mismas, así como la necesidad de
internación prolongada en algunos de estos casos. Durante esta internación, los
profesionales visualizan como un problema la ocurrencia de conflictos e insultos entre
agresor y agredido, cuando ambos comparten un mismo espacio físico de internación.
En el primer nivel de atención de la salud, los CeSACs que actúan en los barrios, la
caracterización que realizan los profesionales es más general, sin mayores especificaciones.
Ello se debería a que los casos de violencia interpersonal sólo ocasionalmente acceden a
estos establecimientos.
El personal de las fuerzas de seguridad destaca que se le presentan situaciones de “ajuste
de cuentas”, entre “bandas” provenientes de diferentes sectores barriales. Este “ajuste”
puede estar vinculado a problemas de pago de un joven al narcotraficante para quien
trabaja, o a grupos de jóvenes que roban a los que vienen a comprar droga al barrio.
También se destacan “venganzas” por peleas entre bandas de jóvenes; tanto por robo de
objetos materiales, como por mujeres jóvenes. Allí se disputaría el control del territorio, en
término de prestigio social de los jóvenes: quién “se cree más canchero en el barrio”.
De acuerdo con lo reportado por todos los actores institucionales, los familiares y otros
allegados a los jóvenes víctimas de violencia interpersonal pueden tener diferentes
reacciones y demandas, frente a estas instituciones.
En primer lugar se destacan dolor, angustia, impotencia y reacciones violentas de parte de
los allegados en la guardia hospitalaria y en el contexto barrial que ocurrió el hecho y debe
intervenir la fuerza de seguridad. Los familiares necesitarían “negar” la participación del
joven en la situación de violencia y construir una reputación del joven como “bueno”. Según
lo reportado por los profesionales de salud, existirían allí expectativas y demandas de
dichos familiares, para que “no dejen morir” al joven que presenta heridas graves.
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En segundo lugar, son recurrentes las menciones de expresiones de dolor y verbalizaciones
de amenazas de los allegados frente a los agresores, para realizar justicia por “mano
propia”. Ello es reportado por la mayoría del personal de los tres actores institucionales
estudiados. Son pocas las referencias a una demanda de justicia dirigida al Estado.
En tercer lugar, si bien escasa, se reporta una demanda y búsqueda de ayuda a las
instituciones a nivel barrial frente a las secuelas en los jóvenes y sus familias, de los daños
ocasionados por la violencia. Pero también, se observa que las parroquias católicas de los
barrios, y a veces otras ONGs, intervienen para el acompañamiento de los jóvenes heridos a
los hospitales y los trámites de entierro; gestionar asistencia social y, en algunos casos,
psicológica, para los allegados al muerto.
Finalmente, existe una referencia de todos los actores institucionales, a que los propios
familiares, particularmente las madres, demandan ayuda explícitamente a las instituciones.
No podrían poner límites a los jóvenes, ante el consumo de drogas, el involucramiento en
acciones violentas y delictivas. Por ello, solicitan internaciones o tratamientos para
aquéllos. Estas demandas, según las declaraciones del personal de salud y de las ONGs, se
producen en un tono de impotencia. Cuando este personal establece una relación de
confianza con los familiares, estos explicitan una larga trayectoria previa de búsqueda de
ayuda en diferentes instituciones, las que no dieron respuestas a las problemáticas de los
jóvenes.
Concepciones de la relación entre violencia y socialización de los jóvenes
Del análisis de lo reportado por los actores institucionales se destacan dos tipos de
explicaciones. Una primera explicación alude que la violencia entre jóvenes es el resultado
de la no transmisión de la familia de origen de los valores del trabajo y la educación; así
como la “pérdida del respeto a la autoridad” en el proceso de socialización de los jóvenes.
Este argumento es vinculado a tres elementos. En primer lugar, se culpabiliza a la familia,
en tanto agente que tendría que garantizar la socialización de los jóvenes y su
incorporación a las instituciones. También, las prácticas juveniles tendrían que regirse por
una “voluntad individual de las personas”, la que debería gestionar su propia vida y
ajustarse a patrones de “normalidad”. De allí que se pueda clasificar y oponer los jóvenes,
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entre los “normales” y los “anormales”. Finalmente, se piensa que las políticas del Estado
favorecen el mantenimiento de la pobreza y la “vida fácil”, sin voluntad de progreso
individual. La “vida fácil” es caracterizada por “personas que viven de otros”, ya sea del
Estado o de acciones delictivas (robo y tráfico de drogas). Este tipo de explicación se
destaca en los miembros de la fuerza de seguridad y en muchos profesionales de salud. En
general, estos actores no conocen los aspectos de la socialización barriales de los jóvenes,
así como las instituciones comunitarias de las que ellos participan.
Una segunda explicación, pone énfasis en que los jóvenes se involucran en las situaciones
de violencia como resultado de la violencia general en la sociedad, y también como
resultado de las condiciones de exclusión social y no reconocimiento de derechos básicos
que vive la población juvenil en las poblaciones marginalizadas. Los que participan de esta
explicación, son algunos profesionales de salud y la mayoría de los miembros de las ONGs.
A partir de este análisis, se destacan las dificultades del papel de la familia en la
socialización y subjetivación de los jóvenes. Las familias pueden transmitir el valor del
trabajo, la educación y la ética del esfuerzo. Ello se encuentra en tensión con la ética del
consumo cultural y material que demandarían los jóvenes, la cual cuestiona la autoridad de
los padres. Los argumentos de este tipo de explicación pueden incluir menciones de
diferentes problemáticas: el papel de la violencia familiar del hogar en la socialización de
los jóvenes; dificultades de comunicación para dirimir los conflictos interpersonales;
características de personalidad violentas de los jóvenes; la falta de acompañamiento de
adultos significativos del crecimiento de los jóvenes y una toma de decisiones de los
jóvenes en soledad; crisis existenciales de las concepciones de la sociedad en general que
hacen que la vida propia y del otro no tengas ningún valor. También se argumenta que las
condiciones de exclusión social de la población, ponen en discusión las políticas del Estado
dirigidas a los jóvenes. Si bien algunos destacan una progresiva inclusión de los jóvenes en
las políticas de inclusión social del Estado nacional y sus instituciones, son particularmente
las ONGs las que mencionan la necesidad de intervenir sobre el mercado de consumo que
se oferta a dicha población. Allí se destaca, específicamente, el tráfico de drogas y la
disponibilidad de armas que ocurren en los barrios.
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Formas de intervención de los actores institucionales
Todos los actores institucionales tienen criterios institucionales generales, e incluso
algunos poseen protocolos para actuar en situaciones de violencia que comprometen la
integridad de las personas frente a una acción violenta. No obstante ello no se observa una
normativa específica para las situaciones de violencia interpersonal que involucra a la
población juvenil masculina. Una excepción la constituye la intervención de los organismos
de protección de derechos, de la CABA y de nivel nacional, en los casos de menores. El foco
de las prácticas en este último caso en general está centrado en la población adolescente
femenina, y vinculado a situaciones de violencia familiar, sexual, y de género en la pareja.
Las problemáticas de violencia de género entre varones jóvenes estarían ausentes en la
visibilidad y los criterios institucionales de intervención.
El sector salud
En los profesionales de salud está protocolizada la intervención médica del servicio de
emergencias con una ambulancia que concurre hasta el lugar del hecho violento ante un
pedido de auxilio (SAME) en conjunto con las fuerzas de seguridad y la simultánea
intervención judicial. Luego se inicia en la guardia hospitalaria la intervención médica. Allí,
el médico podría dar intervención y realizar articulación con otras profesiones, psiquiatra,
psicólogo/a o trabajador/a social5. Pero, sólo ocasionalmente los médicos darían
intervención a estas disciplinas luego de “compensarlos” físicamente.
Una de las principales situaciones por la cual los jóvenes involucrados en situaciones de
violencia podrían adquirir mayor visibilidad en dicha guardia la constituye el consumo o
adicción a sustancias y alcohol. Allí puede tratarse, en general, de intoxicaciones u
abstinencias de drogas. Ello puede generar conflictos y situaciones de violencia con el
personal médico, cuando los jóvenes no aceptan las prácticas médicas que deben
realizarles. En este contexto, el médico podría dar intervención a las disciplinas de salud
mental.
Las criterios del personal de trabajo social de guardia entrevistado se caracteriza por la
posibilidad de realizar una evaluación social de la situación del joven y sus allegados para
5 Es importante destacar que la mayoría de las guardias hospitalarias estudiadas disponen de un equipo de
salud mental, constituido por las disciplinas de psiquiatría, psicología y trabajo social.
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gestionar una internación vinculada a la adicción a drogas, así como para tramitar prótesis
u otros elementos, en el caso de que los jóvenes queden internados. Durante esta
internación, el servicio social considera posible establecer un vínculo con el joven y sus
familiares, con la posibilidad de derivaciones a otros servicios (CeSACs u otras instituciones
territoriales). La intervención de psicología en la guardia en estos casos estaría mucho
menos definida que las otras profesiones, y más libre al criterio del profesional y lo que le
pueden demandar los médicos y los trabajadores sociales: podría “contener” y hablar con
los familiares o el joven herido, o directamente no intervenir.
En los CeSACs, el personal afirma que en general los jóvenes involucrados en estas
situaciones de violencia no acceden a estos establecimientos. Excepcionalmente, las
familias pueden demandar tratamientos psicológicos.
En cuanto a las posibilidades de derivación y la articulación interhospitalaria con otros
servicios en la atención de los jóvenes en guardia o internados, se destacan las limitaciones.
Por un lado, se argumenta que la situación de guardia no permite un seguimiento de los
casos en el tiempo. Por otro lado, cuando los jóvenes permanecen internados, son
recurrentes las menciones del rechazo de muchos profesionales a intervenir con estos
jóvenes. Ello podría estar vinculado a la estigmatización y rechazo de los jóvenes, bajo el
supuesto de que son “violentos, drogadictos y ladrones”; como a la segmentación de
características que debe reunir un paciente para ser admitido y atendido en un servicio.
Esto obstaculizaría el abordaje de estos jóvenes.
En lo que respecta a la derivación y articulación intersectorial e interinstitucional desde la
guardia hospitalaria, se observan, en general, dos condicionantes. Por un lado, la limitación
de disponibilidad de tiempo para poder habilitar otros espacios de atención y seguimiento
psicosocial de los jóvenes y sus familias; debido fundamentalmente a la necesidad de
atender otros casos de urgencias. Pero, por otro lado, también se destaca desde la
intervención hospitalaria una falta de conocimiento y articulación con las instituciones a
nivel territorial de donde provienen los jóvenes. Aún así, identificamos que desde el
servicio social de guardia se intenta buscar derivaciones y articulaciones con otras
instituciones cuando haya sido posible establecer algún vínculo con los jóvenes y sus
familias; particularmente durante las internaciones.
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Las fuerzas de seguridad
Se destaca la existencia de un protocolo muy estandarizado sobre las intervenciones en
torno a la violencia. Realizan la recorrida permanente al interior de los barrios de la zona
sur de la CABA, recepcionan e intervienen ante denuncias a la línea telefónica 911.
Cuando se produce una situación de violencia interpersonal entre jóvenes y una muerte en
la vía pública, este personal se propone “proteger la zona” del incidente del resto de la
población circundante. Espera al SAME y ejecuta indicaciones judiciales.
Identificamos una situación que se torna problemática para la fuerza. Si bien la misma está
apostada en los mismos barrios, el personal accede al hecho de violencia en la vía pública
con posterioridad al mismo; pero previamente al personal médico del SAME. Por ello, se
ven involucrados en conflictos sociales y una demanda, en torno a una presión por el
traslado del joven herido al hospital. Allí cobra relevancia el tiempo de espera de la
ambulancia. Las declaraciones al respecto no son concluyentes. El tiempo de llegada del
traslado puede ser breve como muy prolongado.
Dicho personal refiere que excepcionalmente intervienen frente a un delito en acto, ya que
la población se percataría de la presencia de la fuerza de seguridad. Asimismo, este
personal fue entrenado para una propuesta de mediación social frente a conflictos.
Implementan este mecanismo frente a situaciones de violencia familiar por las que son
demandados en la población, como ante problemas de convivencia social entre vecinos.
Entre los problemas referidos en cuanto a sus intervenciones con jóvenes se destaca el
hecho de no sentirse legitimados en su autoridad para intervenir por el mismo Poder
Ejecutivo y la Justicia del Estado. En primer lugar, perciben un cuestionamiento a su
autoridad en las interacciones con los jóvenes y de parte de la población de los barrios que
apoyarían a estos últimos. Ante ello, buscarían restablecer el respeto mediante la
aplicación de una “mano dura”. Pero allí, se sienten interpelados por las organizaciones
sociales y políticas de los barrios; quienes defenderían los derechos de los jóvenes.
Asimismo, este cuestionamiento a su autoridad se reforzaría cuando detienen a los jóvenes
por situaciones de violencia vinculadas a delitos y luego son puestos en libertad en
tiempos muy breves. En tono de impotencia afirman: “se te ríen en la cara cuando los
detenés porque saben que van a salir en el mismo día. Vos los ves después en el barrio,
otra vez”.
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Las ONGs
El personal entrevistado desarrolla sus acciones en el territorio de los mismos barrios. Se
trata de parroquias católicas, de fundaciones y asociaciones civiles que realizan actividades
con jóvenes, si bien no están enfocadas directamente en la problemática de la violencia
interpersonal y muertes entre jóvenes. Destacamos cuatro tipos de intervenciones. Las
parroquias trabajan con un dispositivo de intervención para la rehabilitación de la adicción
a las drogas. Allí concurren algunos jóvenes involucrados en situaciones de violencia entre
pares.
También estas parroquias y otras ONGs, realizan acompañamiento individual de casos de
jóvenes en conflicto con la ley penal. Ya sea cuando están institucionalizados como cuando
están en libertad condicional y necesitan recibir atención en los servicios de salud y en
otras instituciones de desarrollo social. En los acompañamientos de los heridos a la
guardia hospitalaria, dicho personal refiere que en algunas ocasiones se encuentran con
obstáculos para la atención de los jóvenes
En tercer lugar, tanto las parroquias como las fundaciones realizan un trabajo de
promoción social con grupo de jóvenes mediante inclusión en diferentes actividades:
deportivas, recreoeducativas y socioculturales.
Finalmente, una de las parroquias posee un espacio de mediación frente a conflictos
violentos entre familias. El enfoque procura una reducción de la violencia como mecanismo
de resolución de conflictos sociales, buscando poner en práctica la palabra y el
establecimiento de acuerdos entre las partes.
Discusión
A partir de la exposición de los resultados, podemos argumentar que la dificultad de los
actores institucionales para visibilizar la especificidad de la población juvenil masculina en
situaciones de violencia interpersonal y muertes estaría vinculada a dos ejes de análisis.
En primer lugar, se trata de la falta de normativas, protocolos y circuitos de intervención
institucionales específicos con la población juvenil masculina, en las interacciones que
establecen los actores institucionales con los jóvenes y sus allegados.
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Los jóvenes varones en estas situaciones no son considerados específicamente como
población prioritaria de las acciones de los servicios de salud, las fuerzas de seguridad y las
ONGs. Cuando se aborda institucionalmente a los jóvenes en dichas situaciones de
violencia, ello está relacionado a otras situaciones que poseen mayor visibilización y
legitimidad institucional, especialmente la adicción a drogas, la violencia familiar y las
situaciones delictivas (robos y tráfico de drogas) protagonizadas por los jóvenes.
A partir de documentos regionales latinoamericanos de salud y de la situación en los
servicios de salud en la CABA se ha discutido la poca atención que tienen las problemáticas
de género de los adolescentes y jóvenes varones como objetos de políticas públicas de
salud, proponiendo acciones desde los servicios (Organización Mundial de la Salud, 2000;
Villa, Giorgetti e Iribarne, 2006). Está ausente la problematización del ejercicio de la
violencia como parte de las sociabilidades de los jóvenes varones y pobres, en contextos de
marginación y segregación territorial, en tanto un problema que pueda constituirse en
objeto de las acciones de salud, de acción social y de seguridad. Esta no problematización
en las políticas institucionales contribuiría, por acción u omisión, a una “normalización de
la muerte joven en contextos de pobreza extrema”, como consecuencia de las condiciones
de exclusión social estructural. Esto configuraría una situación de “dejarlos que se mueran
y se maten”; en la cual, al no existir “mecanismos sociales e institucionales de reparación”
los jóvenes se convierten en la población más vulnerable a una muerte temprana (Epele,
2010, p.273).
Podríamos pensar que estas condiciones estructurales de exclusión social que se
naturalizan se materializan en una “violencia institucional” y “situacional” hacia los jóvenes
(Di Leo, 2013). Proponemos pensar en una discriminación social6 que operaría en la acción
de los actores, por la confluencia de dos dimensiones.
En una primera dimensión, podemos pensar en una biopolítica de los cuerpos jóvenes que
asocia la condición de pobreza y una disposición a la violencia (Reguillo Cruz, 2000, p.78 y
79). Asimismo, esta biopolítica cristaliza determinadas cualidades de género masculino en
6 Siguiendo a Belvedere, la discriminación social puede ser definida por “la exclusión social legitimada y/o
institucionalizada basada en un estereotipo que naturaliza una identidad social mediante la sutura en torno de rasgos particulares a los cuales se les adscriben dogmáticamente como indisociables características negativas que no le son necesarias” (2002, p.35). Es una relación social, no “una propiedad” del actor discriminado, sino que éste es excluido dogmáticamente de lo que podría obtener (2002, p.48)
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sus vínculos con la pobreza y la violencia. Las intervenciones de los actores consideran a
los jóvenes varones exclusivamente como victimarios, y no como víctimas de la violencia
entre pares7.
Se produciría una criminalización y naturalización de la violencia bajo la consolidación del
imaginario social del “joven varón, pobre, drogadicto o chorro”.
Cozzi (2014, p. 274) sostiene que los usos letales de la violencia juvenil están vinculados a
la identidad, el prestigio y la búsqueda de reconocimiento social de los jóvenes, así como a
una forma de afianzar una sociabilidad en un grupo. Pero, al mismo tiempo, la “mala fama”
de aquéllos se encuentra reforzada por una identidad estigmatizada, “construida desde
afuera” por los medios de comunicación, los vecinos y las organizaciones estatales.
Una segunda dimensión estaría constituida por una culpabilización y una
“responsabilización individual” del joven que es víctima de violencia y muerte. La figura
moral a la que se apela comprende “la voluntad individual” y las motivaciones de los
jóvenes que los habrían conducido a la situación de violencia8.
La violencia institucional que podrían accionar los profesionales de salud en el ámbito
hospitalario se centraría principalmente en el modo de considerar a los jóvenes en tanto
consumidores y adictos a las drogas o como “ladrones”. Es necesario profundizar en estas
argumentaciones en cuanto a si la sustancia droga es causa de la violencia o un elemento en
la sociabilidades juveniles y las trayectorias sociales de los jóvenes.9
La violencia situacional se materializaría en las interacciones entre los miembros de los de
los servicios de salud, los jóvenes y sus allegados. La posible estigmatización de esta
población podría estar vinculada a los conflictos en la atención de la guardia y otros
servicios de salud, en la interacción entre las diferentes disciplinas, así como a la dificultad
de establecer circuitos de intervención con otros servicios. La percepción de los familiares
7 Los varones en la CABA son los principales afectados como víctimas de homicidio (87% de los casos), pero además, son responsables de los mismos en un 80% de los casos (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012) 8 Retomamos estas consideraciones más adelante, al analizar la relación de la caracterización de las situaciones de violencia interpersonal con las concepciones de los actores. 9 En un estudio con la reconstrucción de biografías de jóvenes muertos y de jóvenes amigos de los mismos, describimos y analizamos que las situaciones de consumo y adicciones a drogas forman parte de las sociabilidades juveniles y de las trayectorias sociales en la cuales se inscriben las biografías individuales (Villa, 2015 y 2016).
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de que el médico podría “dejar morir al joven” podría poner en juego el supuesto
estigmatizante de que estos jóvenes podrían “merecer la muerte” y por ello sería necesario
construir una “reputación moral positiva” de la trayectoria social del mismo del mismo y su
familia (Bermudez, 2008). El personal médico de guardia disocia en su práctica sus
concepciones estigmatizantes, compensando físicamente, en la mayoría de los casos, a los
heridos, y acciona la expectativa que se produzca el egreso hospitalario del joven lo antes
posible. Con respecto a las muertes de los jóvenes, es escasa la referencia a la experiencia
institucional que ellas desencadenan. Sólo algunos profesionales pueden expresar la
angustia que esto provoca en la guardia hospitalaria.
De modo diferente, a la violencia institucional y situacional analizadas, es importante
destacar que algunos profesionales de salud, manifiestan que cuando es posible establecer
un vínculo de confianza con los jóvenes y sus allegados, éstos pueden demandar distintos
tipos de ayuda y respuestas institucionales frente a la situación de violencia, consumo de
drogas y delito; así como expresar importantes trayectorias previas en la relación con las
instituciones, en las que el Estado no pudo dar respuestas a dichas situaciones. De este
modo, dicho personal de salud puede reconocer la violencia institucional que comportan
dichas dificultades y la falta de respuestas.
En lo que respecta a la fuerzas de seguridad, si bien no existen normativas específicas para
la represión del delito en la población juvenil, la violencia institucional se apoyaría en la
demanda y el posible ejercicio de “mano dura” frente a los jóvenes que consumen drogas
y/o ejercen robos. El cuestionamiento que perciben las fuerzas de seguridad a su
autoridad frente a la violencia entre jóvenes y la comisión de delitos se encuentra en una
tensión entre dos paradigmas. Por un lado, los miembros de la fuerza estudiada ejercen en
algunas ocasiones “mano dura”, y pretenden generalizarlo mediante la argumentación del
paradigma punitivista (Gabaldón & Birkbeck, 2002; Garriga Zucal, 2013). Por otro lado,
reconocen el paradigma institucional y social de garantizar los derechos de los jóvenes y
someten sus prácticas punitivas a la mirada social e institucional que les señalan estos
derechos.
Pero también, estos dos paradigmas tendrían una correlación territorial en el consenso de
la población en cuanto a la legitimidad del uso de la fuerza: los que critican la represión de
las acciones violentas de los jóvenes y los delitos, porque formarían parte de las redes de la
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economía ilegal; y los que reclaman la intervención de estas fuerzas para poner límites a la
violencia, los robos y el tráfico de drogas en el mismo barrio. Son las familias consideradas
“trabajadoras”, que serían víctimas de las acciones delictivas de los jóvenes.
Zaluar (2011) llama la atención sobre la necesidad de diferenciar los significados y usos
que puede tener las acciones violentas y delictivas de los jóvenes, según se trate de la
misma población de los barrios, o de las organizaciones estatales. Las categorías morales
“trabajador” y “ladrón” están segmentadas para los actores estatales, pero pueden
matizarse en la población de los barrios, según las circunstancias y por relaciones
ambiguas entre representaciones y prácticas. Los vecinos aprenden a convivir con las
“formas despóticas” de los grupos juveniles que ejercen violencia en las cercanías de sus
casas. Para las fuerzas de seguridad, la dificultad de hacer obedecer a los jóvenes a una
autoridad puede transformarse en la construcción de un “falso consenso” basado en un
poder incontestable.
Las intervenciones en el recorrido del territorio barrial pueden dejar entrever un control
del mismo y la acción de sometimiento asimétrico de los jóvenes a la fuerza de seguridad
(Tiscornia, 2008). No obstante ello, llama la atención las pocas referencias de dicho
personal a intervenciones vinculadas específicamente a violencia interpersonal en la
población juvenil. Ello podría constituir una violencia institucional por omisión: “dejar que
se maten entre ellos”; aunque se exprese una sensación de impotencia por no poder
intervenir en estos casos con la acción punitiva en forma generalizada.
De modo diferente, a la posible violencia institucional discutida, los miembros de las ONGs,
procuran cuestionar dicha violencia y los procesos de discriminación de los jóvenes. Los
miembros de dicho actor institucional pueden problematizar e identificar dichas
situaciones de violencia como parte de las desigualdades sociales que protagonizan
cotidianamente los jóvenes en el barrio y en su relación con las instituciones de salud,
seguridad y justicia. El problema a considerar es que si bien estas organizaciones tienen
capacidad e intervienen con población juvenil en las situaciones estudiadas, la inserción
territorial barrial los sometería a múltiples demandas sociales que podrían quitar
especificidad a dicha población y a la institucionalización de circuitos de intervención, ya
que también intervienen con otro tipo de poblaciones.
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La falta de presencia de la justicia del Estado y las amenazas e insultos entre las familias
como expresión de “hacer justicia por mano propia”, reportado por todos los actores
institucionales estudiados, configuran una situación en la que las instituciones del Estado y
comunitarias se muestran impotentes y se erigen en espectadores de una justicia que se
efectivizaría, en la mayoría de los casos, entre las familias involucradas en el hecho de
violencia.
La falta de respuestas de las instituciones del Estado a las causas de la exclusión social y la
violencia que produce la vulnerabilidad de los jóvenes en sus sociabilidades barriales, junto
a la ausencia de mecanismos estatales para administrar seguridad y justicia en los barrios
marginalizados, resulta en aquello que Zaluar (2011), ha denominado la “convivencia de
dos sociabilidades”: una “sociabilidad violenta autónoma”, que convive con la “sociabilidad
convencional”, vinculada a la organización estatal.
Un segundo eje de análisis, vinculado a la visibilización de las situaciones de violencia
interpersonal y muertes entre jóvenes, está constituido por las concepciones sistemáticas
sobre jóvenes, violencia y socialización que los actores ponen en juego en las interacciones
e intervenciones.
Las explicaciones de la relación de la violencia con el proceso de socialización de los
jóvenes nos remiten a dos modelos de los que hacen uso los actores; pudiéndose encontrar
en el personal entrevistado una convivencia y combinación de elementos de cada uno de
ellos.
Un modelo está constituido por un conjunto de supuestos que moralizan las prácticas
juveniles. El involucramiento en el ejercicio de la violencia está vinculado a la “capacidad
moral” de las familias para transmitir los valores de la educación, el trabajo y la autoridad.
Pero también se apela al “individuo” como “potencial portador de riesgos para la sociedad”
(Merklen, 2013). A él se le atribuyen las responsabilidades por la acción violenta y el
involucramiento en el delito, y de vivir bajo las condiciones sociales barriales. Debe
obedecer a sí mismo y no a las expectativas sociales, es el “autor de su propia moral y de
sus conductas” (Dubet, 2007). Este individuo debe actuar, además, por oposición a dos
“otros”, que sostienen su vida. En primer lugar, en oposición a un Estado que le facilita
recursos. En segundo lugar, debe dejar de “vivir de otras personas” que lo sustentan
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materialmente o a los cuales les sustrae cosas mediante el robo. El problema es que en
estas concepciones es el individuo no retribuye, ni al Estado, ni a los diferentes otros, nada
de lo que recibe, y por ello, permanece en la “pasividad” y la “vagancia”.
Lo que destacan estas conceptualizaciones es que son las elecciones de los individuos y el
tipo de prácticas sociales de los actores las que engendran las desigualdades sociales
(Dubet, 2015). Aquí se hace abstracción de las relaciones sociales que constituyen a este
individuo. Se lo culpabiliza y moraliza por no “tener voluntad” de gestionar su propia vida
y constituirse en alguien libre de la sociedad y el Estado (Gago, 2014).
En el segundo tipo de explicación, la violencia se explica por las desigualdades y la
exclusión social de la que son objeto los jóvenes en las poblaciones urbanas marginalizadas.
Existiría una convivencia de dos lógicas, que se encuentran en tensión: la ética del trabajo y
la educación, vinculadas a la familia; y la del consumo y el delito para responder a éste,
vinculada a la pertenencia a un grupo de pares juvenil. Allí las dificultades de las familias en
la transmisión de los valores de la educación y el trabajo serían parte de una fractura y
tensiones generacionales. Ello se produce entre las familias que procuran transmitir esos
valores, y los jóvenes que son socializados bajo los valores del consumo que demanda el
mercado (Kessler, 2013). Se trataría de un consumo al que sólo accederían mediante el
ejercicio de la violencia entre jóvenes, en tanto disputa material y simbólica de los bienes
del otro, a través del robo y otros delitos.
En esta fractura y tensiones generacionales entre las lógicas de las familias y los jóvenes
también se reclaman políticas de Estado hacia los jóvenes; principalmente aquellas que
reduzcan la comercialización de drogas y la disponibilidad de armas, como condiciones de
este proceso de socialización juvenil.
Analizando los argumentos de este modelo es importante señalar que en condiciones
estructurales de pobreza de larga data es poco probable que los valores de los adultos
sobre el trabajo y la educación tengan una correlación real con un acceso efectivo a los
mismos. De modo diferente, la exaltación de dichos valores por parte de los adultos podría
interpretarse en términos micropolíticos de una “segmentación generacional”, en la cual las
prácticas de violencia van atrayendo a los jóvenes que es preciso socializar. Lo que estaría
en disputa es la autoridad y jerarquía generacional, cuestionada por el poder de los jóvenes
en los barrios y en sus propias familias, vinculado al uso de las armas (Zaluar, 2011).
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Conclusiones
En la introducción de nuestro trabajo hemos presentado datos secundarios que muestran
la relevancia del problema de las muertes entre jóvenes en las poblaciones marginalizadas
de la zona sur de la CABA. Luego expusimos un estado del arte sobre las condiciones de
socialización, el ejercicio de la violencia en los jóvenes y las intervenciones institucionales.
Propusimos allí una perspectiva de abordaje de la acción de los actores institucionales, que
considera tres dimensiones de análisis de la relación de la violencia que ejercen los jóvenes,
con la violencia que podrían ejercer dichos actores: estructural, que remite a la
consideración de las desigualdades sociales de la población; institucional y situacional, que
remiten a las posibles materializaciones de dichas causas estructurales, o a una
diferenciación y crítica institucional y social de las condiciones que generan desigualdad.
Al presentar nuestros resultados, expusimos tres dimensiones de las intervenciones de los
actores institucionales.
En primer lugar describimos, la caracterización que realizan dichos actores sobre las
situaciones de violencia interpersonal entre varones que se les presentan. Destacamos
aquí dos dificultades: la falta de visibilización institucional de la especificidad de los
jóvenes varones como destinatarios de las acciones y la falta de diferenciación de dicha
violencia interpersonal de otras situaciones de violencia que se les presentan. También
observamos que esta población es visibilizada fundamentalmente, vinculada al consumo de
drogas y la actividad delictiva. Pusimos de relieve los conflictos que esto desencadena,
particularmente en el sector salud y en las fuerzas de seguridad.
Luego describimos y analizamos dos tipos de explicaciones con las que los actores dan
cuenta de la relación entre violencia y socialización de los jóvenes. La primera hace recaer
la responsabilidad de los comportamientos violentos juveniles en la familia y la falta de
transmisión de ella de los valores del trabajo, la educación y la autoridad. Una segunda
concepción reconoce el ejercicio de la violencia como parte de las desigualdades sociales
que soporta esta población. Allí el problema estaría caracterizado por conflictos
generacionales entre jóvenes y adultos en torno a valores vinculados al trabajo, la
educación y el consumo.
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En tercer lugar, expusimos las formas de intervención de los actores institucionales.
Observamos que no existe una normativa y protocolo específico para intervenir con los
jóvenes en dichas situaciones. También describimos las complejas situaciones
institucionales que involucran la estigmatización de los jóvenes, en los servicios de salud y
las fuerzas de seguridad en sus interacciones con los jóvenes y sus allegados. De modo
diferente, pusimos de relieve que las ONGs y algunos profesionales de salud realizan una
crítica a dichas situaciones de estigmatización.
Finalmente, propusimos discutir que la falta de visibilización de la especificidad población
juvenil masculina en situaciones de violencia interpersonal, por parte de los actores
institucionales, está vinculada a dos ejes analíticos.
En primer lugar, se trata de la falta de normativas y protocolos en la interacción con la
población mencionada. Esto es correlativo con la inexistencia de políticas públicas
dirigidas en general a la población juvenil masculina, en particular en los servicios de salud.
Al mismo tiempo, esto configura de hecho una “normalización de la muerte joven”. En esta
dirección propusimos discutir, en el accionar de los actores institucionales, un mecanismo
de discriminación social que opera materializando institucionalmente y situacionalmente
la exclusión social estructural de los jóvenes. También discutimos cómo algunos miembros
de los actores institucionales podrían realizar una crítica de dicho mecanismo.
Finalmente, en un segundo eje analítico, vinculamos la mencionada falta de visibilización
de la población juvenil masculina con dos modelos explicativos de la relación de la
violencia con el proceso de socialización de los jóvenes. Un modelo, basado en la
moralización del individuo y sus comportamientos, según supuestos neoliberales, que lo
responsabiliza de la violencia y la producción de la desigualdad social. Otro modelo, que
reconoce las desigualdades sociales estructurales, institucionales y situacionales como
causantes de la producción del ejercicio de la violencia en los jóvenes. El mismo
problematiza una disputa generacional entre adultos y jóvenes en torno a la figura de la
autoridad, vinculada los consumos juveniles y al poder de los jóvenes basado en el uso de
armas.
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¿Cómo se cita este artículo?
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