la participación política de las mujeres en el Ámbito...
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
DP2/IF14/2008
Este material es propiedad de la H. Cámara de Diputados y los derechos de autor corresponden a la investigadora o investigador que elaboró el presente documento
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Pág.
Resumen 3
1. La política y las mujeres 3
2. La presencia de las mujeres en el ámbito municipal 6
3. La participación política de las mujeres en el ámbito municipal en la
ley electoral federal
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4. Las políticas públicas para promover la participación política de las
mujeres en el ámbito municipal
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5. Consideraciones finales 18
Referencias 20
2
La participación política de las mujeres en el ámbito municipal
En el presente texto se exponen aspectos relevantes acerca de la participación
política de las mujeres mexicanas en el ámbito municipal, destacándose su baja
presencia en cargos de liderazgo y toma de decisiones, como una expresión de
las brechas de desigualdad de género y como un problema grave de la
democracia.
También se presentan algunas de las acciones de política pública y medidas
legislativas vigentes impulsadas desde el ámbito federal, a través de las cuales
se busca promover la participación y representación política de las mujeres en el
ámbito del municipio.
I. La política y las mujeres
El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en
la actualidad como un derecho humano fundamental1, como un requisito básico
para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el
fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, todavía se mantienen vigentes las
inequidades de género en la participación política, ello a pesar de la igualdad
formal de las personas ante la ley, que garantiza igual goce de derechos a
mujeres y hombres.
Los dispositivos y estructuras de las instituciones políticas mantienen vigentes una
serie de dinámicas, rutinas y prácticas que en conjunto restringen el derecho de
las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los
espacios políticos de liderazgo, toma de decisiones y en general en todos aquéllos
ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la 1 Los derechos humanos se definen como el conjunto de derechos básicos y libertades fundamentales inherentes a todas las personas para garantizar la dignidad humana (ONU, 1948).
3
sociedad. Esta situación expresa una contradicción y un desafío central de la
democracia moderna.
La limitada participación de las mujeres en espacios de poder y representación
política da cuenta, entre otros, de los siguientes problemas:
a) La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina.
b) La falta de democratización al interior de las instituciones del Estado.
c) La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y
obstáculos que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones
respecto a los hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como
sujetas políticas.
d) La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y
autoridad, lo que les impide traspasar de las necesidades prácticas a los
intereses estratégicos de género2, a fin de transformar la cultura política
(Domínguez, 2004: 16).
De tal forma que, aun aquéllas mujeres que logran llegar a ocupar ciertos espacios
de poder suelen sufrir aislamiento y ser excluidas de la toma de decisiones
fundamentales, si no cuentan o no logran obtener el apoyo mayoritario de los
hombres.
2 Las necesidades prácticas de las mujeres se encuentran vinculadas a su condición social, la cual hace referencia a las características socio-económicas que configuran sus niveles materiales de vida, a las circunstancias en que viven y se desarrollan. Entre los indicadores se encuentra el acceso a la educación, a la salud, al agua potable, la vivienda, la higiene, al trabajo remunerado, entre otros que permiten ubicar su calidad material y ambiental de vida. Mientras que las necesidades estratégicas de las mujeres están vinculadas a su posición social, la cual hace referencia a la ubicación de la población femenina en la estructura de poder que prevalece en una sociedad. Se mide en términos de las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al poder político, la educación, los recursos productivos, el ingreso, las oportunidades de empleo, la participación en los cuerpos legislativos, la vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, etc. Su análisis comprende el reconocimiento social, el estatus, la disposición de las fuentes de poder que incluye el control de los activos productivos, la información, el liderazgo, la participación en la toma de decisiones, entre otras dimensiones (PNUD, 2006; Inmujeres, 2007).
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Generalmente las mujeres son tratadas como minoría, ignoradas, intimidadas,
predominando un ambiente masculino en el que la competencia y la agresividad
son elementos básicos (Heller, 1999; Ramos 2005), características que deben ser
desarrolladas por quienes aspiren a formar parte de la clase política con poder
para definir y tomar las decisiones centrales de la agenda pública.
Por ello es preciso subrayar que las restricciones en la participación política que
padecen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales
(aptitudes, personalidad y habilidades personales), sino que son expresión de una
cultura política androcéntrica que realza los valores masculinos y establece
oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la
tendencia general de que la participación política de las mujeres se concentre en
las posiciones de base, mientras que las de liderazgo, aquéllas de mayor estatus y
altamente valoradas, sean ocupadas mayoritariamente por hombres.
La reducida participación de las mujeres en los espacios de poder político implica
que exista un déficit del modelo de liderazgo femenino en la política, por ello los
organismos internacionales de desarrollo han enfatizado la necesidad de
garantizar una “masa crítica” de mujeres que ocupen puestos de responsabilidad
política que sirvan de modelo para otras mujeres así como para transformar las
actitudes, creencias y dinámica política (ONU, 1995, CEPAL, 2007).
En este sentido se ha reconocido la necesidad de desarrollar proyectos integrales
de política pública que fortalezcan la presencia efectiva de las mujeres en los
distintos ámbitos y órganos de gobierno, incluyendo el espacio del municipio.
5
II. La presencia de las mujeres en el ámbito municipal
El municipio es la institución política-administrativa que se encuentra más próxima
y visible a la ciudadanía. Como parte de sus atribuciones le corresponde atender
directamente los diversos asuntos públicos de la vida cotidiana de la población, de
las localidades y ciudades. En nuestro país el municipio sirve de base a la división
territorial del Estado mexicano y actualmente (2008) existen en México 2, 455
municipios.
En lo que concierne a la participación política de las mujeres en el ámbito del
municipio es importante recordar que fue en 1947 cuando se reconoció su derecho
a votar y ser electas en los procesos electorales locales, mediante una reforma al
artículo 115 constitucional, la cual expresaba:
“En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que
los varones, con el derecho de votar y ser votadas” (DOF 12 de febrero de 1947).
A la fecha, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres para participar en los
espacios políticos municipales no se ha logrado traducir en una presencia
equilibrada que exprese la igualdad de condiciones consagrada por la Carta
Magna de nuestro país; por el contrario, el ámbito del municipio ilustra una
situación realmente grave en lo que concierne a la igualdad de género debido a
que la participación política de las mujeres en los órganos del gobierno municipal
ha quedado sumamente rezagada.
Históricamente del total de municipios en el país, las mujeres nunca han logrado
superar siquiera el 5% en el cargo de Presidentas Municipales; actualmente
(2008) la situación es la siguiente: De los 2,455 municipios, 2,343, lo que equivale
al 95.4%, están presididos por hombres, mientras que sólo 112, esto es 4.6%, son
gobernados por mujeres (INAFED, citado por CEAMEG, 2008b).
Más aun, habría que considerar que ha sido apenas en el presente año cuando se
ha logrado traspasar a nivel nacional el 4% de mujeres presidentas municipales.
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Cifras menores a este porcentaje se habían mantenido hasta 2007; en ese año se
tenía un registro de 3.8% municipios gobernados por mujeres; si comparamos este
dato con el del presente año (4.6%) observamos que en un año se logró un
aumento menor a un punto porcentual en la presencia de las mujeres en el cargo
de presidenta municipal. De mantenerse esta tendencia se requerirían casi 50
años para lograr la paridad en la participación política de mujeres y hombres en el
cargo de presidenta/e municipal.
El déficit de la participación de las mujeres en los órganos municipales se extiende
a los puestos de mayor rango en los ayuntamientos. Actualmente sólo se reportan
366 mujeres en el cargo de síndicas, lo cual representa el 16%, en comparación
con 1,943 hombres (84%) que se desempeñan en el mismo cargo. Con respecto a
las regidurías, actualmente se reportan 4, 709 mujeres (29.5%) como regidoras,
en comparación con 11, 211 hombres, esto es el 70.4%, en el mismo cargo
(INAFED, citado por CEAMEG, 2008b).
La persistencia de múltiples expresiones de discriminación y violencia contra las
mujeres que deciden incursionar en el ámbito de la política, dificultan su acceso al
cargo de presidenta municipal, así como a los distintos puestos de liderazgo en el
ayuntamiento, lo cual ha convertido al municipio en el espacio más difícil y
resistente para el avance de la participación de las mujeres en la toma de
decisiones y en los espacios de poder y representa además un gran reto para la
incorporación y la continuidad de políticas públicas tendientes a avanzar hacia la
igualdad de género (Barrera, en Barrera, Massolo y Aguirre, 2004:5).
A pesar de las enormes brechas de desigualdad de género expresadas en estos
datos, el problema que representa la baja participación de las mujeres en los
órganos de decisión en el ámbito municipal no había sido considerado como tema
de estudio, hasta fechas recientes.
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El “desinterés” por la situación en el ámbito de lo local-municipal, según Dalia
Barrera y Alejandra Massolo (2004) se debió en gran medida a que las demandas
de los movimientos feministas, las investigaciones y análisis de los estudios de
género, así como la generación de las estadísticas y la implementación de las
acciones afirmativas de cuotas se han concentrado hasta ahora, privilegiadamente
en los ámbitos macro políticos de las representaciones parlamentarias y de la
administración pública nacional.
En este sentido las reformas legislativas, particularmente la realizada en 1999 al
artículo 115 constitucional3 representó un salto cualitativo en la definición del
carácter del gobierno municipal, contribuyó al fortalecimiento de sus atribuciones,
así como a la revalorización y revitalización de las instituciones del gobierno local
y la redefinición de su papel estratégico en el afianzamiento y desarrollo de la
democracia (Massolo, 2004: 9-12).
Con ello se ha impulsado una nueva corriente de análisis centrada en el tema de
la participación política de las mujeres y la igualdad de oportunidades dentro del 3 En el citado artículo se establece entre otras cosas, que “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes (…) II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal (…)IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor (…)V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia”(…).
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ámbito local, al reconocer que el municipio es fundamental en la definición de la
dinámica y sentido de la vida de las personas. Así, han ido cobrando fuerza ideas
como "pensar globalmente y actuar localmente", en alusión a la importancia del
municipio como el ámbito donde se aterrizan las medidas de política pública, los
programas y acciones gubernamentales, las medidas legislativas y en general
cualquier intervención de las instituciones que conforman al Estado mexicano, las
cuales tienen un impacto en la vida cotidiana de las mujeres y de los hombres.
En este contexto la categoría de género4 como elemento presente en la
participación política diferenciada de mujeres y hombres ha adquirido relevancia
en el discurso político; aun cuando el uso y apropiación de dicha categoría por
parte de los actores políticos y en particular por los gobiernos locales, no deja de
estar exenta de inconsistencias, ambigüedades y limitantes.
Tradicionalmente en el ámbito municipal se tienen costumbres arraigadas de
concebir y relacionarse con las mujeres a partir de sus roles como madres,
esposas, amas de casa, beneficiarias pasivas, grupos vulnerables y clientelas
electorales (Massolo, en Barrera, Massolo y Aguirre, 2004: 11-12). Desde esta
mirada se restringe su derecho a participar de manera efectiva en los espacios de
poder político y toma de decisiones, afianzándose múltiples resistencias para
reconocerlas como sujetas políticas.
Esta situación demanda la necesidad de llevar a cabo medidas concretas de
política pública y reformas legislativas tendientes a modificar los factores socio-
4 Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Formas que varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. A partir del desarrollo de la teoría de género, se ha empezado a comprender que la valoración de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento social, de las representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas (Inmujeres, 2007: 73).
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culturales que limitan la participación y representación de las mujeres en la política
local e invisibilizan sus aportes como ciudadanas de este país.
III. La participación política de las mujeres en el ámbito municipal en la ley electoral federal
Respecto a los avances logrados en materia legislativa para promover la
participación política de las mujeres en los distintos ámbitos y órganos del Estado;
incluyendo el municipio, es importante señalar la reciente reforma al Código
Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe), publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 20085, en la cual se hicieron
algunas modificaciones importantes respecto a las cuotas de género y algunas
acciones afirmativas en la búsqueda por acelerar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Como parte de esta reforma se contemplan medidas que pueden promover la
participación política de las mujeres en el ámbito municipal, éstas se exponen en
distintos apartados del Cofipe, tal como se expone a continuación: Titulo segundo. De la constitución, registro, derechos y obligaciones. Capítulo primero.
Del procedimiento de registro legal [de los partidos políticos]
Artículo 25. “1.La declaración de principios [de los partidos políticos] invariablemente
contendrá, por lo menos: (…) e) La obligación de promover la participación política en
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres”.
Capítulo cuarto. De las obligaciones de los partidos políticos Artículo 38. “1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales (…)s) Garantizar
la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las
candidaturas a cargos de elección popular”.
Capítulo segundo. Del financiamiento de los partidos políticos Artículo 78. “1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código,
conforme a las disposiciones siguientes: (…) V. Para la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar
anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario”.
5 El COFIPE puede consultarse en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/COFIPE.doc
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Estas reformas constituyen apenas los primeros pasos hacia el fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los distintos órganos y
niveles de gobierno, incluyendo el municipio, a través de los cuales se busca
desde el ámbito federal avanzar hacia la igualdad de género en la participación y
representación política.
IV. Las políticas públicas para promover la participación política de las mujeres en el ámbito municipal
El impulso de la participación política de las mujeres como parte de la agenda
pública del país, constituye un tema emergente. Más aun lo es en el nivel
municipal
En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 contempla de
manera general este tema, como una estrategia que forma parte del objetivo 16
“Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad
de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”, el cual se encuentra inscrito en el eje
3 Igualdad de Oportunidades. Dicha estrategia se expone en los siguientes
términos:
Estrategia 16.9 Promover la participación política de la mujer.
Si bien las mujeres han elevado su participación política, sobre todo en la gestoría de
obras y servicios para sus localidades, muchos espacios de decisión siguen
acaparados por los hombres. Para la realización de esta estrategia se propondrán
mecanismos de operación en las instituciones públicas que permitan a las mujeres
participar en condiciones de igualdad con los hombres en la toma de decisiones
políticas y socioeconómicas (Presidencia de la República, 2007: 214)
Como puede observarse, se trata de una estrategia general que no expone con
claridad medidas concretas, tendientes a fortalecer la participación política de las
mujeres en los municipios.
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Por su parte el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad)
2008- 2012, reconoce como parte de su diagnóstico acerca de la situación de las
mujeres en México que:
De acuerdo con información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), el acceso de las mujeres a gubernaturas ha sido casi nulo: como
presidentas municipales, en los últimos 20 años su representación no ha pasado de
4%, las regidoras representan 27.6% y las síndicas 13.1% (Inmujeres, 2008:15).
El Proigualdad como programa rector en materia de igualdad entre los géneros no
contempla ningún indicador referido a la participación política de las mujeres en
los municipios; aunque en dos de sus siete objetivos estratégicos se incluye como
parte de sus indicadores, el impulso de la participación de las mujeres en espacios
de poder público y toma de decisiones, tal como se expone a continuación:
Proigualdad 2008-2012 Objetivo estratégico Indicador Unidad de
medida Línea base Meta
2012 fuente
1. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado.
Mujeres en mandos medios y superiores en la Administración Pública Federal
(Número de mujeres en mandos medios y superiores / Total de servidores públicos en mandos medios y superiores) * 100
27.4% El año base corresponde a 2006
35%
Información directa de las Secretarías de Estado
7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.
Índice de Potenciación de Género (IPG) Índice compuesto que mide la desigualdad de género en tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica y poder de decisión; participación política y poder de decisión; y control sobre los recursos
IPG10= (PEIDRP + PEIDPE + PEIDI ) / 3 PEID: Porcentaje Equivalente Igualmente Distribuido; RP: Representación Parlamentaria; PE: Participación Económica; I: Ingresos.
0.589 El año base corresponde a 2005
0.650
Indicadores de Desarrollo Humano (PNUD)
12
Objetivo estratégico Indicador Unidad de medida
Línea base Meta 2012
fuente
económicos.
Fuente: Inmujeres, 2008:26-27,38-39)
Como puede observarse, los indicadores y metas referidas a la participación
política de las mujeres en el Proigualdad 2008-2012 se centran de manera
particular en el aumento de mujeres en mandos medios y superiores en la
Administración Pública Federal y en la representación parlamentaria.
En lo que respecta a la participación de las mujeres en espacios del ámbito
municipal, aunque no se considera algún indicador sobre el tema en el
Proigualdad, el Inmujeres como instancia nacional encargada de promover el
adelanto de las mujeres y responsable de dar cumplimiento a este instrumento de
política pública ha creado el Fondo para el Desarrollo de las Instancias
Municipales de las Mujeres (Fodeimm). En el segundo informe trimestral de 2008,
el Inmujeres expone que con la creación de dicho fondo se busca:
“impulsar y fortalecer a las instancias municipales de las mujeres, promover la
institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género, diseñar y aplicar
políticas públicas para la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del
desarrollo local, en el marco de la igualdad de género. El total asignado a este fondo en
2008 es de 56.4 millones de pesos (Inmujeres, 2008, segundo informe trimestral: 4).
En su tercer informe trimestral de 2008, el Inmujeres expone un ajuste al
presupuesto asignado al Fodeimm con respecto a lo reportado en su segundo
informe trimestral, al señalar que “el total asignado al Fondo en 2008 es de 50
millones de pesos” (Inmujeres, 2008, tercer informe trimestral: 27), lo que implica
una reducción de 6.4 millones de pesos, con respecto a lo reportado en el
segundo informe trimestral.
La importancia del Fodeimm, radica, entre otras cosas, en que a través de las
instancias municipales de las mujeres, se busca “aplicar políticas públicas para la
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plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo local”, y ello
debe incluir medidas tendientes a fortalecer el liderazgo de las mujeres y su
participación en los órganos políticos y espacios de decisión en el ámbito
municipal.
En este sentido es importante considerar que a la fecha, todavía hay municipios
que no cuentan con instancias para el adelanto de las mujeres, y no todas las
instancias municipales de las mujeres que existen, han recibido recursos del
Fodeimm. Según el Inmujeres “al finalizar el tercer trimestre (2008) se han
entregado 11.04 millones de pesos a 152 instancias municipales de la mujer”
(Inmujeres, 2008, tercer informe trimestral: 27). Ello implica que del total de
recursos asignados para este fondo (50 millones de pesos) en el presente año, al
cierre del tercer trimestre apenas se habría ejercido el 22. 08% del total anual
asignado.
Al respecto, el Inmujeres señala en su informe que “lo que corresponde a
cuestiones más administrativas de los Fondos [entre los que se encuentra el
Fodeimm] ha sido compleja, principalmente por la dificultad de ministrar en los
tiempos comprometidos o planeados en 2007” (Inmujeres, 2008, tercer informe
trimestral: 30). Expone que el mayor obstáculo de las dependencias para la
implementación de acciones y programas con recursos etiquetados para promover
la igualdad de género es la existencia de una serie de complicaciones al momento
de ejercer los recursos.
Esta situación muestra en parte la complejidad de “bajar” desde la federación a
los municipios recursos a través de los cuales se busca implementar políticas
públicas concretas tendientes a fortalecer la participación de las mujeres en los
espacios locales de toma de decisiones.
Por otro lado se encuentra el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (Inafed). Éste fue creado el 30 de julio de 2002 como un
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órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con el propósito de
consolidar el federalismo en México. Su antecedente fue el Centro Nacional de
Desarrollo Municipal (Cedemun) (Inafed, 2008).
El Inafed creó en 2004 un programa y una metodología conocida como “agenda
desde lo local”, a fin de propiciar el desarrollo integral de los municipios,
enfocando programas y acciones de los tres órdenes de gobierno, hacia áreas de
oportunidad identificadas en un autodiagnóstico, y priorizadas por los propios
municipios, acorde a los objetivos estratégicos de sus planes de gobierno.
Actualmente la agenda desde lo local está integrada por cuatro dimensiones: 1.
Desarrollo institucional para un buen gobierno, 2. Desarrollo económico
sostenible, 3. Desarrollo social incluyente y 4. Desarrollo ambiental sustentable,
las cuales contemplan en total 39 indicadores o temas de política pública,
desagregadas en 270 parámetros de medición, los cuales fueron actualizados en
el 2007 (Inafed, 2008). Cabe señalar que la dimensión 3. Desarrollo social
incluyente, contempla como parte de sus 11 indicadores uno referido a la
promoción de la equidad de género:
Agenda desde lo local categoría rojo amarillo verde
4. municipio promotor de la equidad de género.
En el municipio existen condiciones de discriminación a las mujeres en actividades económicas, políticas y sociales. No existen programas destinados a promover la equidad de género.
Existen acciones aisladas destinadas a promover la equidad de género.
El municipio cuenta con programas con resultados significativos y documentados para promover la equidad de género y existe una instancia responsable de atender este tema.
Fuente: Inafed (2008). Agenda desde lo local, 4ta. Edición p. 23, consultada el 9 de diciembre de 2008 en: http://www.inafed.gob.mx/work/resources/LocalContent/8600/1/AGENDA%202008%20III.pdf Con base en este programa, en 2007 investigadores del Colegio de la Frontera
Norte (Colef) publicaron un documento de análisis acerca del Índice de Desarrollo
Municipal Básico 2005 (IDMb), el cual fue auspiciado por el Inafed. En su
construcción fueron retomadas las cuatro dimensiones antes expuestas, pero solo
se consideraron dos indicadores para su medición: ambiental/servicios (%
viviendas con drenaje, % viviendas con agua entubada), económica (valor
agregado censal bruto per cápita, nivel de empleo), social (mortalidad infantil, %
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población con primaria terminada) e institucional (esfuerzo tributario, participación
electoral) (Flamand, Martínez y Hernández, 2007:4-5).
En el citado estudio se reconoce que “las diferencias en los niveles de desarrollo
reflejan un acceso desigual a las oportunidades; es decir muestran en qué
medida las personas se encuentran limitadas en sus posibilidades de desarrollo
por su género” (Flamand, Martínez y Hernández, 2007:2), aunque no se reporta
información acerca de la participación política diferenciada entre mujeres y
hombres en relación al indicador acerca de la participación electoral en los
municipios.
En términos generales, las medidas legislativas y las acciones de política pública
que buscan promover la participación política de las mujeres en el ámbito
municipal son muy incipientes en el país.
Recientes son también los espacios de organización orientados a este tema. Fue
en junio de 2002 cuando se realizó en Cocoyoc, Morelos el Primer Encuentro
Nacional de Presidentas Municipales, en el cual se expusieron una serie de logros,
obstáculos y retos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su participación
política en los municipios. Se resaltó la falta de diagnósticos formales sobre la
situación de las mujeres en los municipios, así como la serie de carencias y
dificultades que enfrentan las presidentas municipales quienes, en su mayoría
gobiernan municipios con graves rezagos en distintos ámbitos y altos grados de
pobreza (Inmujeres, 2003).
Como parte de las propuestas surgidas en ese encuentro se planteó la
conformación de una red nacional de presidentas y expresidentas municipales
para contribuir al intercambio de experiencias y la retroalimentación permanente,
así nació la Red Nacional de Mujeres Munícipes.
16
De manera reciente, en junio de 2008 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados
el Encuentro de Mujeres Munícipes y Municipalistas. Entre las conclusiones
generales se expuso la necesidad de modificación de las normas (bandos y
reglamentos) municipales para promover la participación de las mujeres y mejorar
las prácticas del gobierno municipal; el fortalecimiento de capacidades y liderazgo
de las mujeres, así como el acompañamiento permanente a fin de avanzar en la
implementación de políticas públicas locales con perspectiva de género, además
de afianzar desde lo local las redes horizontales como mecanismo para brindar
asesoría, capacitación y promover el ejercicio de los derechos de las mujeres
(Comisión de Equidad y Género, 2008).
Como puede observarse, el municipio constituye un ámbito de grandes desafíos y
retos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género. Problemas como la ausencia de mecanismos para el
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la falta de acciones afirmativas en
beneficio de las mujeres en el ámbito municipal, la carencia de redes de apoyo, la
persistencia de expresiones de discriminación y violencia hacia las mujeres que
deciden incursionar en la política local, la falta de voluntad de la clase política para
garantizar el principio de la paridad política, la resistencia en los municipios que se
rigen por usos y costumbres a la participación política de las mujeres, entre otros,
expresan la vigencia de un sistema social de género que impide el desarrollo de la
democracia.
Los grandes rezagos en la participación política de las mujeres en el ámbito
municipal muestran la necesidad de implementar y fortalecer medidas de política
pública encaminadas a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y en un
sentido amplio del espacio público en el que se atiendan de manera eficaz los
desafíos actuales en torno a la ciudadanía de las mujeres (CEPAL, 2007),
particularmente en temas como la representación, la gobernabilidad, la delegación
de poder y las formas de liderazgo.
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V. Consideraciones finales La importancia del municipio desde la perspectiva de género radica, entre otras
cosas, en que es el espacio donde se ejecutan las políticas públicas y se puede
mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, de las familias, de las
localidades, por tanto, el municipio como espacio local es fundamental para que
los aportes de las mujeres muestren cambios tangibles y sustantivos en las
relaciones sociales cotidianas entre mujeres y hombres.
La participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con los
hombres en el ámbito municipal es un requisito básico para la redefinición de la
agenda pública, la modificación de los roles tradiciones de género, la potenciación
del liderazgo de las mujeres y el impulso de la democracia paritaria.
En este sentido es importante considerar que la participación política de las
mujeres en el ámbito del municipio no se agota en el aumento de su presencia en
los órganos de decisión, sino que también implica el reconocimiento de que en el
ámbito local son las mujeres las principales gestoras de servicios básicos como
salud, educación, vivienda, agua potable, proyectos productivos etc. lo cual
expresa su carácter como agentes activas del desarrollo. Esta experiencia
integrada como parte de la gestión pública municipal en aspectos
gubernamentales y administrativos contribuye a mejorar la eficiencia en la
aplicación de recursos, traducidos en bienes y servicios públicos encaminados a la
resolución de problemas municipales y a mejorar la calidad de vida de las
personas.
Al mismo tiempo es fundamental la modificación sustantiva de la posición social de
las mujeres con relación a los hombres en la estructura de poder local en términos
de las diferencias de oportunidades en el acceso al poder político, la educación,
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los recursos productivos, el ingreso, las oportunidades de empleo, la
vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, etc.
De tal forma que la promoción y el fortalecimiento de las medidas, programas y
acciones de política pública tendientes a garantizar la participación política de las
mujeres en el ámbito municipal requieren tomar en cuenta, tanto sus necesidades
básicas como sus necesidades estratégicas a fin de avanzar hacia la construcción
de una democracia paritaria y con ello la plena incorporación en igualdad de
condiciones de las demandas e intereses de las mujeres y de los hombres en
todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica del ámbito
municipal.
En América Latina, los países de la región establecieron de manera reciente, en
el Consenso de Quito (2007) que “la paridad es uno de los propulsores
determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y
representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los
diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y
culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las
mujeres” (CEPAL, 2007:3).
La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no sólo
como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de
mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca
transformarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad,
con el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de
los derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público
como en el privado-doméstico.
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Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
CEAMEG H. Cámara de Diputados
LX Legislatura Diciembre de 2008
www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Presidenta: Dip. María Soledad Limas Frescas
Secretarias: Dip. Bertha Y. Rodríguez Ramírez Dip. Holly Matus Toledo
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Directora General: Mtra. María de los Ángeles Corte Ríos
Directora de Proyecto 2: Mtra. María de Lourdes García Acevedo Elaboró: Mtra. Adriana Medina Espino
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