LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN COLOMBIA Y SURAMERICA Alejo Vargas Velásquez Profesor Titular Universidad Nacional Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa A título introductorio La llamada lucha contra el terrorismo en Colombia se articula y se superpone a la histórica lucha contra insurgente que ha venido librando el Estado colombiano desde hace varios decenios contra organizaciones guerrilleras, especialmente las FARC y el ELN, y los grupos de paramilitares y adquiere su mayor relevancia luego de los atentados del 11/9 de 2001 en Estados Unidos y la formulación de la ‘guerra contra el terrorismo global’ del gobierno de George W. Bush. En Colombia va a ser el Presidente Álvaro Uribe quien busca situar el conflicto armado colombiano en la guerra contra el terrorismo global. Una situación similar se va a dar en el caso peruano dentro de la guerra del Estado peruano –especialmente durante los mandatos de Alberto Fujimori- contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRT, aunque en este caso la ofensiva del Estado peruano y la derrota estratégica de las guerrillas es previa a la ‘guerra contra el terrorismo global’ del gobierno norteamericano. En el resto de Suramérica la lucha contra el terrorismo pareciera más una réplica de la influencia norteamericana, con poca influencia real en las políticas de seguridad y defensa, que una respuesta a amenazas reales. Este documento cuenta con seis partes, en la primera mostramos las dificultades para lograr una definición de consenso acerca de qué entender por terrorismo, en la segunda mostramos lo relevante de la lucha contra el terrorismo en la región suramericana, en la tercera, la influencia que tuvieron las políticas del gobierno de George W. Bush, en la cuarta, la evolución de la política de seguridad y defensa –y contrainsurgente- en el caso colombiano, posteriormente los pronunciamientos de las Naciones Unidas y especialmente la Estrategia Global contra el terrorismo y concluimos con algunas recomendaciones globales pensando en las reuniones que se harán para introducir cambios en Naciones Unidas a sus directrices.

1. La dificultad para definir el terrorismo Con los hechos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, se hace realidad una de las amenazas más claras de la posguerra fría, el terrorismo con alcance global, pero además evidencia que la seguridad total no existe en ninguna sociedad. Es conocido por todos que la expresión terrorismo tiene grandes dificultades para su definición y mucho más para una tipificación jurídica; por ello en la realidad ha terminado por ser usado más con una connotación política poco precisa, ya sea para tratar de deslegitimar a cualquier grupo que use la violencia contra una democracia –sin importar de qué tipo de democracia se esté hablando- o incluso buscando una deslegitimación de los adversarios de un gobierno determinado. El Código Penal Colombiano, a vía de ejemplo, define el terrorismo de la siguiente manera: ARTÍCULO 343 - Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de

comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, vídeo, cassette o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta definición, deliberadamente vaga e imprecisa, ha permitido que este tipo penal sea utilizado para distintos enjuiciamientos y en el pasado el mismo fue utilizado incluso contra organizaciones sindicales cuando éstas adelantan sus luchas sindicales –en Colombia fue muy conocido como a comienzos de los 90s se utilizó contra la Junta Directiva del Sindicato de la extinta Telecom, como respuesta a una huelga de esta organización sindical que en ese momento paralizó en buena medida las comunicaciones nacionales-. El Grupo de personalidades creado por el Secretario General de Naciones Unidas para proponer reformas al organismo,

 

al respecto propuso una definición de 1

terrorismo que “debería incluir los elementos siguientes: a) El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza contra civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un crimen de guerra o de lesa humanidad; b) La reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios y convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos de terrorismo y una declaración de que constituyen un delito con arreglo al derecho internacional y la reiteración de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el terrorismo en tiempo de conflicto armado; c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad;

d) La siguiente descripción del terrorismo: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

 

2 Académicos como Peter Waldman

 

proponen la siguiente aproximación 3

conceptual: “por terrorismo se entienden atentados violentos

! NACIONES UNIDAS, “Un mundo más seguro. La responsabilidad que compartimos”, New York, 1

2004

! NACIONES UNIDAS, “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, Informe del 2

Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio

! WALDMAN, Peter, Guerra civil, terrorismo y anomia social”, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2007.3

escandalosos contra un orden político, preparados y organizados desde la clandestinidad. Su finalidad es difundir en primer lugar inseguridad y miedo, pero también simpatía y predisposición al apoyo.” Y añade más adelante en su texto: “El terrorismo es sobre todo un determinado proceder violento contra un orden político. Es importante la dimensión política del fenómeno, que también se expresa en las intenciones y finalidades políticas de los terroristas.” Para Luis de la Corte Ibañez, en lo que él denomina una definición científica de terrorismo, anota “una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político.”

 

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Raymond Aron plantea que el terrorismo es útil “para designar aquella clase de agresiones del iberadas que lograran generar unas consecuencias psicológicas desproporcionadas respecto a sus daños materiales y humanos.”

 

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Al respecto es importante destacar, en aras de evidenciar la complejidad conceptual de este debate, adicionar, porque lo consideramos de utilidad como conciben los Estados Unidos al terrorismo: “…la definición estatutaria que el gobierno de Estados Unidos utiliza para llevar una estadística sobre el terrorismo internacional es tan buena como cualquier otra: para dicho propósito terrorismo significa ‘violencia premeditada, que responde a motivaciones políticas y perpetrada contra blancos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de ejercer influencia sobre una audiencia’. Esta definición posee cuatro elementos principales. El primero, premeditación, significa que deben una intención y decisión previas para cometer un acto que calificaría como terrorismo según los criterios restantes… El segundo elemento, motivación política, excluye a la violencia criminal motivada por ganancia monetaria o venganza personal… El tercer elemento, que los blancos son no combatientes, significa que los terroristas atacan a personas que no pueden defenderse a través de la devolución de violencia… El cuarto elemento, que los perpetradores son grupos subnacionales o agentes clandestinos, constituye otra diferencia entre terrorismo y operaciones militares normales.”

 

6

A partir de lo mencionado, en principio, considero que usar la expresión terrorismo para hacer referencia al uso indiscriminado y desproporcionado de la violencia contra la población civil con el objetivo de causar pánico y atemorización, con algún tipo de intencionalidad política, daría una aproximación al término; pero esto no significa que el debate conceptual quede agotado, como hemos visto. En relación con el entendimiento del terrorismo, considero que la distinción hecha por Michel Wieviorka

 

es de gran utilidad: una cosa es el método terrorista y otra la lógica de 7

! DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis, “La lógica del terrorismo”, Alianza Editorial, 2006.4

! Citado en: DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis, “La lógica del terrorismo”, Alianza Editorial, 2006.5

! HOWARD, Russell D. y SAWYER, Reid L., “TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO. 6

Comprendiendo el Nuevo contexto de la seguridad”, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 2006.

! WIEVIORKA, Michel, "Societés et Terrorisme", Librairie Artheme Fayard, Paris, 1988.7

acción terrorista. Distintos tipos de grupos u organizaciones –aún Estados- pueden utilizar métodos terroristas, pero sólo aquellas organizaciones o grupos desligados de todo tipo de relación con sectores sociales terminan en una lógica de acción terrorista.

2. La lucha contra el terrorismo en la región El tema de la guerra irregular y específicamente la guerra de guerrillas ha estado presente en el quehacer de las Fuerzas Militares y Policiales de la mayoría de los países. Evidentemente ha existido a lo largo del tiempo una búsqueda de adaptación del posible rol de las Fuerzas Militares y Policiales en relación con este tipo de guerra y después del 11 de Septiembre de 2009 con la lucha contra el terrorismo. Como lo señaló el hoy General Miguel Ángel Ballesteros,

 

“Durante la Guerra Fría la mayor parte de las fuerzas 8

armadas occidentales se defendían adoptando una estrategia de “disuasión por represalia” frente a un adversario, que debía abstenerse de atacar, convencido de que la represalia en la respuesta produciría un balance muy negativo para sus intereses. En las últimas décadas han desarrollado “estrategias de seguridad” con operaciones de paz, de estabilización, de interposición, etc., para actuar donde surgen focos de inestabilidad que podrían propagarse… Esto ha requerido un gran esfuerzo de adaptación en los procedimientos y en las capacidades militares. “Ante la constatación de la existencia de una amenaza, como es el terrorismo internacional, de nuevo había que establecer una estrategia de defensa. Pero la estrategia tradicional de la disuasión por la represalia no parece la más útil… “La estrategia de la disuasión por represalia ha sido útil para evitar que abiertamente haya gobiernos que den cobertura o protección a grupos terroristas, como fue el caso del gobierno talibán. El mensaje que la comunidad internacional envió al mundo atacando Afganistán –utilizando la Resolución 1368 en la que se reafirma el derecho de los países a la legítima defensa individual y colectiva– hace difícilmente imaginable que otro gobierno pueda dar cobertura explicita a un grupo terrorista como al-Qaeda. Las fuerzas armadas son las responsables de llevar a cabo esta estrategia de disuasión por represalia hacia cualquier Estado que colabore con los terroristas… “Pero frente al terrorismo hay otra estrategia de defensa: la “disuasión por negación”, que consiste en impedir que el terrorista pueda llevar a cabo sus acciones pero, sobre todo, trata de llevar a la organización terrorista y a sus grupos de apoyo al convencimiento de que con el terrorismo nunca alcanzarán sus objetivos estratégicos. Los ejércitos con sus medios humanos y materiales pueden contribuir en gran medida a desarrollar esta estrategia.” Ahora bien, la contrainsurgencia, lo dicen todos los especialistas, es la combinación de respuestas militares, políticas, sociales, económicas, de propaganda y de desarrollo –especialmente local-. Pero, igualmente coinciden los expertos, lo más importante no es el aspecto militar, que no debe pesar más de un veinte por ciento dentro del total de la contrainsurgencia. Sin embargo, es pertinente anotar que la doctrina de contrainsurgencia no ha cambiado mucho en sus objetivos a lo largo del tiempo –estudios norteamericanos muestran grandes similitudes en la contrainsurgencia en los 60s en el

! BALLESTEROS MARTIN, Miguel Ángel, “El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el 8

terrorismo internacional”, Instituto Real Elcano, ARI No 91/2006, Madrid.

sudeste asiático y la utilizada en Irak y Afganistán-; se modifica un poco en sus aspectos tácticos y en la denominación de los mismos. No hay duda que Colombia y Perú y su respectiva Fuerza Pública tienen una gran experiencia en contrainsurgencia –en el caso colombiano cuentan con un adversario de gran capacidad y conocimiento de las tácticas de guerra irregular- y en buena medida se ha orientado durante su último medio siglo hacia este tipo de guerra. Al respecto es importante destacar cómo en el caso peruano el peso fuerte de la lucha contra Sendero Luminoso, especialmente hasta la captura de Abimael Guzmán y la mayoría de la cúpula de esta organización, corrió a cargo de la Policía peruana y de la DICONTE (Dirección de Inteligencia contra el Terrorismo); el papel de las Fuerzas Militares fue de complemento. Posteriormente cuando la lucha contra los grupos remanentes de Sendero Luminoso se ha situado especialmente en el Valle del VRAE, el papel de los militares ha sido más protagónico. Eneas Biglione analiza así la estrategia desarrollada por el gobierno de Alberto Fujimori: “Fujimori anunció una estrategia político-militar comprehensiva apuntada a barrer con los problemas de seguridad que el país enfrentaba. La referida estrategia contemplaba: - Un cambio de actitud hacia los campesinos dedicados al cultivo de coca. Estos, a partir de la aplicación de la “doctrina Fujimori”, dejarían oficialmente de ser parte de la cadena del narcotráfico. - La creación de organismos de inteligencia. - El otorgamiento de status legal a las rondas de campesinos antisenderistas… rebautizándolas “Comités de autodefensa” (CAD). El aprovisionamiento de las mismas con escopetas calibre 12, entrenamiento militar y apoyo profesional del ejército peruano. Esta estrategia de incorporación de los ronderos a la maquinaria gubernamental de lucha contra el terrorismo, buscó conquistar el apoyo de la población rural y aprovechar la información que cada uno de éstos tenían sobre el accionar insurgente a nivel local.”

 

9 Pero, lo más exitoso en los últimos tiempos, en el caso colombiano, ha sido el avance en el control del territorio y de las vías de comunicación, los golpes ‘quirúrgicos’ con una combinación de inteligencia técnica y humana con acciones de la aviación y lograr que una gran mayoría de la sociedad colombiana rechace a la insurgencia e igualmente que ese aislamiento se evidencie en la comunidad internacional. Sin embargo, uno de los ejes de esa lucha contra la guerrilla, la llamada ‘guerra contra la droga’ ha tenido resultados mucho menos exitosos en cortar esa fuente de recursos de financiación a la insurgencia. A partir del caso colombiano se podría destacar, que una experiencia importante en el combate contra la guerrilla ha sido fortalecer el control del territorio y al mismo tiempo contar con un amplio apoyo de la sociedad.

3. La influencia del 11/9 y la nueva política norteamericana Indudablemente hay que considerar la nueva guerra originada después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en los que no sólo se hizo realidad una de las amenazas más claras de la posguerra fría, el terrorismo con alcance global, sino que se evidenció que la seguridad total no existe en ninguna sociedad. Como

! BIGLIONE, Eneas, Ob. Cit. 9

respuesta se planteó un tipo de confrontación en la cual el “enemigo” es más difuso: se trata de redes de grupos fundamentalistas y terroristas, no de Estados. Por tanto, se actúa en dimensiones colaterales (disuasión al entorno, guerra psicológica, acciones de control-prevención), sin que haya un enfrentamiento con un ejército contrario identificado. El entonces secretario de Estado de EE. UU., Colin L. Powell, afirmó que la lucha contra el terrorismo sería de largo plazo, que la coalición en su contra podría convertirse en punto de partida para un replanteamiento de las relaciones internacionales y que había comenzado un nuevo periodo: “Esta será una campaña larga y dura, que se medirá en términos de años y se librará en muchos frentes. Para emprender un esfuerzo semejante, nuestra coalición debe tener flexibilidad para evolucionar. Y el proceso mismo de participar en esta gran campaña mundial contra el terrorismo puede muy bien abrirnos las puertas para fortalecer y dar nueva forma a las relaciones internacionales y expandir o establecer áreas de cooperación. En realidad, luego del 11 de septiembre, se ha vuelto más evidente que no sólo la Guerra Fría ha quedado atrás, sino que también ha quedado atrás el periodo posterior a la Guerra Fría”.

 

10 La Estrategia de Seguridad Nacional de G. W. Bush y la pretensión de un nuevo orden El documento parte de la caracterización de los nuevos riesgos y amenazas, que ya no son los Estados sino las redes de terroristas: “En el pasado, nuestros enemigos necesitaban tener grandes ejércitos y grandes capacidades industriales para poner en peligro a Norteamérica. Ahora, redes oscuras de individuos pueden traer gran caos y sufrimiento a nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque. Los terroristas están organizados para penetrar las sociedades abiertas y tornar contra nosotros el poder de la tecnología moderna”. Al mismo tiempo, considera que los Estados débiles o fracasados son la principal amenaza a la seguridad del país, y que la pobreza puede ser caldo de cultivo para nuevas amenazas: “Estados débiles, como Afganistán, pueden representar un peligro tan grande para nuestros intereses nacionales como los Estados poderosos. La pobreza no hace que los pobres se conviertan en terroristas y asesinos. Pero la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer que los Estados débiles sean vulnerables a las redes de terroristas y a los carteles narcotraficantes dentro de sus fronteras”. Acerca de la pobreza como una amenaza, cabe recordar que desde los tiempos de la Alianza para el Progreso —ese gran programa estratégico de respuesta a la Revolución Cubana y su expansión en el continente— Estados Unidos había planteado que la miseria es un factor generador de inestabilidad y de riesgo; por eso dicho programa contemplaba la combinación entre seguridad y desarrollo. La nueva Estrategia diferencia los Estados “canallas” (rogue states) de los Estados “débiles”. Los primeros son aquellos que “a) oprimen a su propio pueblo y explotan los recursos nacionales para beneficio de unas élites; b) no respetan la legalidad internacional, violan los tratados y amenazan a sus vecinos; c) procuran adquirir armas de destrucción masiva y otras tecnologías militares; d) patrocinan el terrorismo en todo el mundo; y e) rechazan los valores humanos básicos y odian a Estados Unidos porque los

! Powell, Colin L. “Aprovechando el momento”, en Embajada de Estados Unidos de América, op. 10

cit., diciembre 2001.

sostiene”. Los segundos son aquellos “Estados en construcción (tal vez deconstrucción) con problemas graves de pobreza e institucionalidad pública en los que la corrupción y la falta de una administración moderna cierran un círculo vicioso de subdesarrollo. Este tipo de Estados se corresponde, en líneas gruesas, con lo que en la academia se viene denominando Estados ‘fallidos’ ( failed states)”.

 

11 De acuerdo con la Estrategia, Estados Unidos “se erigirá en paladín de los anhelos de dignidad humana; fortalecerá las alianzas para derrotar el terrorismo mundial y actuará para prevenir los ataques contra nosotros y nuestros amigos; colaborará con otros para resolver conflictos regionales; impedirá que nuestros enemigos nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados y a nuestros amigos con armas de destrucción en masa; suscitará una nueva era de crecimiento económico mundial por medio de los mercados libres y el libre comercio; expandirá el círculo del desarrollo al abrir las sociedades y crear la infraestructura de la democracia; desarrollará programas para una acción cooperativa con otros centros principales de poder mundial; y transformará las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo xxi”. Uno de los aspectos más polémicos es, sin duda, el concepto de acción militar preventiva frente a eventuales amenazas: “Durante siglos el derecho internacional ha reconocido que no es necesario que los países sufran un ataque antes de que puedan tomar legalmente medidas para defenderse de las fuerzas que presentan peligro inminente de ataque. Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente a las capacidades y objetivos de los adversarios de hoy. Los Estados al margen de la ley y los terroristas no buscan atacarnos usando medios convencionales, dependen de actividades terroristas y, potencialmente, del uso de armas de destrucción en masa, armas que pueden ocultarse fácilmente, transportarse en secreto y utilizarse sin previo aviso. Para impedir o evitar tales actos hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará preventivamente, si es necesario”. La tendencia predominante parece ser la acción unilateral, combinada con la formación de coaliciones transitorias para emprender determinadas acciones. En relación con la región andina, la Estrategia plantea: “Algunas partes de América Latina se enfrentan al conflicto regional, en particular el derivado de la violencia de los carteles de drogas y sus cómplices. Este conflicto y el tráfico de narcóticos sin restricciones pueden poner en peligro la salud y la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, hemos formulado una estrategia activa para ayudar a los países andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organizaciones terroristas y cortar el suministro de drogas, mientras tratamos de llevar a cabo la tarea, igualmente importante, de reducir la demanda de drogas en nuestro propio país”. Y con respecto a Colombia: “Reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas, que desafían la seguridad del Estado, y el tráfico de drogas, que ayuda a financiar las operaciones de tales grupos. Actualmente estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y la provisión de seguridad básica al pueblo de Colombia”. ! Giraldo Ramírez, Jorge. “¿Walker el subversivo o Wilson el visionario? Una exposición de la 11

Estrategia de Seguridad Nacional de Bush ii”, en Revista Estudios Políticos, Nº 21. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre 2002.

En 2006 se conoció la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que se observa una línea de continuidad con la Estrategia de septiembre de 2002: Estados Unidos es un país en guerra contra el terror —guerra esta de larga duración—; las principales amenazas que enfrenta son las redes terroristas y los Estados colapsados o despóticos; la respuesta fundamental a ellas es la “guerra preventiva”. Sin embargo, también se perciben algunos matices de cambio: se incluye como una amenaza para la seguridad —o por lo menos como un riesgo— el populismo anti mercado; se reconoce la necesidad de perfeccionar los mecanismos de inteligencia para tomar decisiones mejor fundamentadas —esto responde, sin duda, a las críticas por el caso de las armas de destrucción masiva en Irak, y busca conciliar posiciones con la Unión Europea—. La nueva Estrategia afirma preferir la diplomacia a la guerra ante la amenaza de armas de destrucción masiva; “no obstante, si es necesario, bajo los principios de autodefensa, no excluimos el uso de la fuerza antes de que ocurra un ataque, aun si permanece la incertidumbre en torno a los tiempos y lugar de un ataque del enemigo. Cuando las consecuencias de un ataque con armas de destrucción masiva son potencialmente tan devastadoras, no podemos permanecer quietos mientras se materializan peligros graves”. Como otras del pasado, la Estrategia de 2006 combina las perspectivas idealista —en cuanto a los objetivos— y realista —en cuanto los medios—: zanahoria y garrote. Propone estimular el crecimiento económico a través de mercados libres y libre comercio, a fin de que los países tomen decisiones sabias con relación a sus proyectos económicos; y ofrece promover “la inversión extranjera directa en, y asistencia exterior a, países donde hay un compromiso con el imperio de ley”, así como “concluir acuerdos de libre comercio que instan a países a mejorar su imperio de ley, su lucha contra la corrupción” y su transparencia democrática. En cuanto a las amenazas, la mira está en Asia Central, específicamente en Irán. También menciona a algunos países con regímenes “despóticos”: Cuba, Siria, Bielorrusia, Myanmar, Zimbabwe y Corea del Norte.

4. La política de los últimos gobierno colombianos En la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) se va dar una clara decisión política de iniciar un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, tomando el riesgo político de establecer una zona de distensión para este propósito, pero simultáneamente un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas cuyos ejes planteó el Presidente Pastrana de la siguiente forma: “...hay que considerar dos ideas fundamentales que definen los objetivos estratégicos del Estado colombiano en materia de seguridad: En primer lugar, que el papel primordial de las Fuerzas Militares en una democracia es disuasivo, más que represivo; su función es precaver las amenazas externas e internas contra la tranquilidad de los colombianos y repelerlas y controlarlas cuando se conviertan en agresiones. Por ello, sólo unas Fuerzas Militares organizadas, fuertes, modernas, bien dotadas y con respaldo de la ciudadanía y del gobierno pueden garantizar un entorno de seguridad... La segunda idea que quiero resaltar se deriva de la anterior y es que el mantenimiento de la paz no se contrapone en absoluto con la acción de los organismos de seguridad del Estado. También la paz, y sobre todo la paz, necesita

de unas Fuerzas Militares actuantes, respetuosas de los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, respetadas, constructoras y garantes de un nuevo país”.

 

12 Se trató de una reforma ubicada en dos direcciones, aparentemente contrapuestas: fortalecer la capacidad disuasiva del Estado para un eficaz proceso de negociación y al mismo tiempo estar preparadas para enfrentar un escalamiento posible de la confrontación militar con la insurgencia. Las cuatro líneas de acción de la reestructuración de la Fuerza Pública, las planteó el Presidente Pastrana de la siguiente manera: “En primer lugar, se ha buscado incrementar al máximo posible la movilidad y la flexibilidad de las formaciones militares, así como su habilidad para reaccionar con rapidez frente a las acciones de los atacantes y su destreza para combatir en medio de la noche. En segundo término, hemos adelantado una intensa labor para profesionalizar el ejército mediante la significativa incorporación de los soldados profesionales. Otra línea fundamental ha sido la promoción de la cultura de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el seno de la Fuerza Pública, y, finalmente, estamos creando los marcos legales indispensables para la marcha previsible, regular y eficiente de las Fuerzas y de la Policía Nacional”.

 

13 Es importante que destaquemos aquí los aspectos y resultados fundamentales de la misma, que sin duda van a ser la base sobre la cual el gobierno Uribe estructura la Política de Seguridad Democrática.

 

14 En lo referente a las Fuerzas Armadas en el gobierno de Andrés Pastrana, el Plan Colombia se convirtió en la principal estrategia para lograr el objetivo “de reestructurar y modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

 

El Plan tenía principalmente tres componentes: 1- 15

la erradicación forzosa vía fumigación; 2- la reingeniería de las fuerzas armadas particularmente de los sectores que se involucran en la lucha contra el narcotráfico; y 3- la política social, es decir, una política de desarrollo institucional local.

 

16

! PASTRANA ARANGO, Andrés, “Fuerzas Militares y sociedad: del aislamiento al trabajo 12

conjunto”, en, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, “El Papel de las Fuerzas Militares en una Democracia en Desarrollo” Colombia. Memorias de la Conferencia Internacional, Bogotá, 2000.

! PASTRANA ARANGO, Andrés, “La Paz será el resultado del trabajo conjunto de la sociedad”, en 13

Revista Defensa Nacional, No 452, Ministerio de Defensa, Bogotá.

! Con base en: ESCOBAR, Andrea, PABON, Nathalie y MENDIVIL, Laura, “La actual reforma 14

militar en Colombia: la renovación de las Fuerzas Armadas”, en, Alejo Vargas Velásquez y Carlos Alberto Patiño Villa (Coordinadores), Reforma Militar en Colombia. Contexto internacional y resultados esperados, Colección Pensamiento Político Contemporáneo, Universidad Pontificia Bolivariana-Concejo de Medellín, Medellín, 2006.

! PLAN COLOMBIA. Documento presentado por el Gobierno Nacional, para el fortalecimiento 15

institucional y desarrollo social 2000 – 2002.

! Las cifras fueron discriminadas así: 391 millones para apoyo militar en el sur; 129 para 16

interdicción; 116 para la policía; 81 para programas de desarrollo alternativo; y 122 para derechos humanos y justicia. Casi el 80% fue entregado en especie. Carvajal y Pardo, p. 199.

Según el ex presidente Pastrana durante su gobierno (1998-2002) 

, en materia de 17

cooperación, los Estados Unidos entregaron 74 helicópteros; 4 buques patrulleros ‘PointClass’ para el cuerpo de Guardacostas y 2 aviones para apoyo logístico en las Fuerzas Navales del Sur y del Pacífico. Por otro lado, con su concurso se modernizó a las bases de Tolemaida y Larandia, se actualizó la aviación existente -incluyendo la entrega de 5 nuevas aeronaves Schweitzer-, y se capacitaron y entrenaron sus tripulaciones. Se dotó un avión de reconocimiento y se mejoraron los sistemas de aviónica de los helicópteros de la Armada. Además, con recursos nacionales se adquirieron 12 helicópteros Black Hawk artillados que se sumaron a los 4 existentes, así como otros 7 Black Hawk UH-60 y 6 helicópteros rusos MI-17. Para la FAC se consiguieron tres aviones fantasma y 4 aviones “Gavilán” de carga. Conjuntamente, se crearon cuatro nuevas brigadas móviles y la Brigada Antinarcóticos. También, se instaló el primer batallón de alta montaña en la región del Sumapaz, se financió el batallón de alta montaña para la zona de los Farallones en el Valle del Cauca y se planearon otros dos en la Sierra del Cocuy en Boyacá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se activó la Brigada Fluvial de Infantería de Marina para el control de más de 8 mil kilómetros del país, la cual fue dotada con cinco batallones que cuentan con 130 botes pirañas y 21 botes de comando y control, además, se construyeron tres nuevos puestos fluviales avanzados en los ríos Inírida, Putumayo y Meta. Para la Armada Nacional, se adquirieron 20 botes de comando y control y 9 embarcaciones blindadas para transporte de tropas en operaciones fluviales. Se reactivó la industria artillera y se recuperó la capacidad estratégica de diseñar, construir, reparar y mantener la flota de guerra, para lo cual se construyeron en el país cinco buques nodrizas de apoyo fluvial. Cabe resaltar la importancia de la activación de la fuerza de despliegue rápido, FUDRA, la cual fue concebida para hacer frente a asaltos en lugares apartados de los centros de mayor concentración de tropas y para reforzar operaciones de importancia. Igualmente se hizo una revisión y actualización del marco legal de la carrera de los oficiales y suboficiales y al estatuto del soldado profesional. Conjuntamente, se presentó una profesionalización de las tropas y un mejoramiento de los procesos de selección y reclutamiento, ejemplo de ello son el Plan 10.000 y el Plan Fortaleza, con los cuales se pasó de 82 mil soldados combatientes, entre regulares y profesionales, en agosto de 1998 a 132 mil en agosto del 2002, lo que implicó un incremento de más del 60% en el pie de fuerza, y se presentó un cambio en la composición de la tropa que pasó de 22 mil a 55 mil soldados profesionales y reduciendo el componente de los soldados bachilleres. Con la creación del Batallón Antinarcóticos, se consolidó el compromiso de los militares en la lucha contra el narcotráfico, cediendo a las presiones norteamericanas ejercidas a partir de gobiernos anteriores, lo cual también quedó reflejado en la filosofía del Plan Colombia. Ahora bien, “en cuanto a la actualización y desarrollo tecnológico, se destaca el énfasis puesto en dos aspectos: el mejoramiento de las capacidades para el combate

! Palabras del ex presidente Andrés Pastrana Arango, en la clausura del foro “Sostenibilidad de la 17

Política de Seguridad Democrática” Bogotá D.C., 23 de febrero de 2005.

nocturno y el aumento de la capacidad de trasporte helicoportado. El desarrollo de la optrónica es notable […] gracias a inversión propia y a ayuda externa”.

 

18 El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) planteó, dentro del Documento del Plan de Desarrollo ‘Hacia un estado Comunitario’, su política de Seguridad Democrática basada en las siguientes estrategias: a) Control del territorio y defensa de la soberanía nacional; b) Combate al narcotráfico y al crimen organizado; c) Fortalecimiento del servicio de justicia; d) Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto; e) Protección y promoción de los derechos humanos; f) Fortalecimiento de convivencia y valores y g) Política de relaciones exteriores y cooperación internacional. En el documento de la Política de Seguridad Democrática se precisan los siguientes objetivos estratégicos: 1. Consolidación del control estatal del territorio; 2. Protección de la población; 3. Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia; 4. Mantenimiento de una capacidad disuasiva; 5. Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La política pública de Seguridad y Defensa en un Estado Democrático es estratégica, porque se ocupa de la seguridad de las instituciones estatales y la de sus ciudadanos, es decir, de la protección frente a amenazas y riesgos que pongan en peligro su vida o su desarrollo personal y social. Entonces, el que un gobierno formule una política de Seguridad Democrática no debe ser motivo de discusión, lo que sí es objeto de controversia en una democracia, es su contenido y los procedimientos. En una democracia el marco de la seguridad democrática no puede ser otro que la Constitución Nacional, la ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. El problema para esta política radicaba en las expectativas creadas alrededor de la misma desde la campaña presidencial y en la estrategia seguida. Se promovió la idea de que la guerrilla podría ser derrotada en un período de tiempo relativamente corto, que sólo faltaba voluntad para enfrentarla militarmente. Cualquiera que conozca el ABC de las guerras irregulares sabe que no es así, que éstas se caracterizan porque las fuerzas irregulares buscan el desgaste del adversario –físico, militar, político, psicológico- y golpean cuando las fuerzas regulares se descuidan, con la lógica de ‘muerde y huye’, es decir, el método de la guerra de guerrillas está siempre presente en el menú de las organizaciones guerrilleras y por ello resolver el problema sólo en el campo militar es muy difícil. La estrategia inicial de la seguridad democrática fue de contención-protección –dar seguridad al tránsito de vías principales con caravanas militares de escolta, protección de cabeceras municipales con mayor pie de fuerza y de infraestructura energética-, de tal manera que se produce un impacto importante en la opinión, pero no quiere decir que el problema se haya resuelto. En la segunda fase se planteó una estrategia más ofensiva y se destinó una fuerza operativa al sur del país para atacar a las FARC en sus retaguardias, a través de lo que se denominó el Plan Patriota. El gobierno de Álvaro Uribe trató de situar el conflicto interno armado colombiano dentro del discurso de la ‘guerra contra el terrorismo’ de los Estados Unidos y planteó una política internacional de alineamiento incondicional con USA, todo esto para tratar de

! BORRERO, Armando. “Las fuerzas militares en el año 2000”. En: Síntesis Colombia 2001. 18

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. Tercer Mundo Editores. 2001, p. 77

mantener la posición privilegiada para Colombia en cuanto a la ayuda militar norteamericana –hasta hace poco tercer receptor mundial de ayuda militar, después de Israel y Egipto. El gobierno Uribe consideraba que la prioridad era el debilitamiento militar de las guerrillas y la solución negociada la concibe dentro de la perspectiva de negociar una ‘agenda mínima’-sólo las condiciones para la desmovilización y reinserción de los grupos alzados en armas, por lo cual su viabilidad no es una realidad del momento. Dentro de esa lógica formuló un planteamiento controversial: negar la existencia de un conflicto interno armado y por el contrario señalar que se trata de una amenaza terrorista, “Caer en el juego de decir que existe en Colombia un “conflicto social y armado”, es nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque existen conflictos sociales, o que los conflictos sociales en Colombia no tienen cauces democráticos para dirimirse, por lo que sólo encuentran la vía de las armas para expresarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos sociales serios, pero estos conflictos pueden dirimirse a través de los mecanismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir estos conflictos, los polarizan y radicalizan para afianzar su estrategia de poder. Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror.”

 

19 Lo anterior generó grandes controversias y por supuesto no logró convencer con su tesis ni a los académicos, ni a los expresidentes, ni a las ONGs y tampoco a la Iglesia Católica El argumento planteado por sus asesores inmediatos,

 

era que se trataba de no 20

reconocerle a las fuerzas guerrilleras ninguna legitimidad, a pesar de que se estaba dispuesto a un proceso de negociación con ellas si aceptaban hacerlo en las condiciones planteadas por el gobierno, es decir, a partir de un cese de hostilidades inicial que sería seguido de un cese de operaciones por parte de la Fuerza Pública. Porque como lo reiteró el Comandante de las Fuerzas Militares, hablando del componente militar de la política de Seguridad democrática, el Plan Patriota, “tiene su centro de gravedad en el más alto de los niveles, es decir en la legitimidad que ha obtenido el gobierno. Nosotros pensamos que la legitimidad la ha adquirido a través de la movilización de la población civil, de la consolidación de la seguridad, por eso es el centro de gravedad en la doctrina militar.”

 

21 Pero esta tesis fue controvertida, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), hasta múltiples análisis académicos y de formadores de opinión que consideraban que es un hecho objetivo que se enmarca en las condiciones establecidas por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y que ello no implica ningún tipo de calificación adicional. Las guerrillas han tratado de acomodarse a la actual dinámica del conflicto con nuevas formas de operación militar –eludir el combate, actuar en pequeños grupos, acudir a los

! RESTREPO, LUIS CARLOS, “Hacia una Política Nacional de Seguridad y Paz”, Intervención 19

del Alto Comisionado para la Paz , Luis Carlos Restrepo en la Universidad Militar ‘Nueva Granada' con ocasión de la firma del convenio entre la Universidad Militar y la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, Abril 27 de 2005

! Ver en especial el libro: GAVIRIA VELEZ, José Obdulio, “Sofismas del Terrorismo en Colombia”, 20

Editorial Planeta, Bogotá, 2005.

! GENERAL CARLOS ALBERTO OSPINA, “ El Plan patriota como Estrategia Militar “, en , 21

Sostenibilidad de la Seguridad Democrática, Alfredo Rangel (Compilador), Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, Febrero, 2005.

francotiradores para producir bajas, igualmente al sabotaje y de manera creciente a los campos minados, lo cual igualmente plantea la necesidad de revisar los indicadores de la intensidad del conflicto-, pero que en todo caso lo único que garantizan es una estrategia de resistencia, pero ninguna posibilidad de triunfo militar, ni en el corto ni en el mediano plazo. Es claro que hoy día no es fácil para ellos hacer operaciones militares de gran envergadura, en la medida en que la nueva estrategia de las Fuerzas Armadas ha mostrado ser eficaz para responder a estos intentos. Esto no significa que las fuerzas guerrilleras estén cerca de su derrota estratégica, parecen mantener un cierto nivel de operatividad, acusando por supuesto, los golpes que ha venido dándole el Estado. Fallas graves en el campo de Derechos Humanos No hay duda que hubo fallas graves en el campo del respeto a los derechos humanos en la ejecución de la política de Seguridad Democrática, y sin duda los más relevantes – no son los únicos-, son el incremento del desplazamiento poblacional –para esta población que debió desplazarse no hubo condiciones de seguridad brindadas por el Estado- y los llamados ‘falsos positivos’ – eufemismo para encubrir asesinatos de civiles inocentes presentados como supuestos ‘miembros de grupos subversivos dados de baja en combate’-. Lo anterior le colocan grandes interrogantes a la política de seguridad de este gobierno y a la Fuerza Pública. Esto originó la salida de un importante grupo de miembros del Ejército y la posterior renuncia del Comandante de esta fuerza. ¿Por qué se suceden esta serie de hechos criminales en la institución militar?

1. los rezagos de la doctrina de seguridad nacional, - guerra fría -, que consideraba que existía un enemigo de carácter global, el comunismo, y que al interior del país existían los ‘enemigos internos’ y que para luchar contra ese enemigo único, casi todo se valía; es probable que un gran rezago de esa tesis se mantenga hoy día, cambiando las denominaciones seguramente, ahora se trata del nuevo enemigo global con expresiones en lo interno, el terrorismo o el narcoterrorismo – rezago esto de la doctrina Bush-;

2. la presión sobre la Fuerza Pública por resultados en términos de bajas; 3. el que no haya un mensaje uniforme sobre el respeto de los derechos humanos y

el DIH, sino que al tiempo que se decía que se respetan, se estaba predicando, desde los más altos cargos del ejecutivo, que los defensores de los derechos humanos son agentes encubiertos o peor aún abiertos del enemigo terrorista; es muy probable que en la Fuerza Pública, especialmente a nivel de mandos medios y tropas, que es donde se concentra la presión por resultados, este mensaje lleve a que se asuma el tema como algo simplemente formal, pero que lo importante son los resultados y punto.

Con la elección de Juan Manuel Santos como Presidente de la República (2010-2014) hay ajustes y cambios en la estrategia, en relación con el gobierno Uribe. La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad del Gobierno de Juan Manuel Santos parte de unos logros evidentes en seguridad, como son la reducción del narcotráfico, de los Grupos Armados Ilegales y el crimen y un incremento del liderazgo en seguridad, el documento reconoce que “las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional”. Igualmente se acepta las dificultades existentes de seguridad al señalar “que aún existen zonas rojas donde las estrategias de control territorial y

desarticulación de grupos armados al margen de la ley, implementadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, son necesarias para acabar con la violencia. Asimismo, también se reconoce que en otras zonas (amarillas), o bien recuperadas de la violencia o bien carentes de adecuada presencia estatal, las estrategias deben converger en el propósito estatal de la consolidación de la seguridad, siendo el uso de fuerzas de control, la cooperación internacional y la acción integral del Estado los elementos fundamentales para lograr el éxito. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional empezará a sentar las bases de la seguridad para la prosperidad -fuerza policial, inteligencia y tecnología- en zonas consolidadas (verdes), caracterizadas por niveles adecuados de institucionalidad, inversión y gobernabilidad” y considera las siguientes amenazas principales: las FARC y ELN en lo relativo al conflicto interno armado, las BACRIM en lo relacionado con el narcotráfico, las Milicias y redes criminales en lo concerniente con la inseguridad pública y fronteriza, finalmente la delincuencia común y el crimen organizado en el ámbito de la inseguridad ciudadana. Como objetivos la política se propuso, a) llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos; b) desarticular los grupos armados ilegales y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación; c) crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana; d) avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable; e) contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes; f) fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional. No hay duda que como documento de política pública lo presentado por el Ministerio de Defensa reúne los requisitos necesarios para considerarla como una adecuada formulación. Primero un reconocimiento necesario: a diferencia de la política de seguridad del anterior gobierno considera en el mismo nivel de importancia tres escenarios de seguridad interna, el del conflicto interno armado, el específico de la lucha contra el narcotráfico y el de la seguridad ciudadana-la abandonada de la anterior política-. Algunas glosas necesarias apuntan a señalar el excesivo optimismo de algunos objetivos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, un campo ilegal que ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las estrategias para atacarlo y migrar de un sitio a otro, e igualmente en lo relacionado con la desarticulación de los grupos armados ilegales –ya en el pasado hemos escuchado a varios ministros de defensa prometer acabar con la guerrilla y el resultado ha estado lejos de cumplirse-. En este ámbito si bien es importante que el Estado fortalezca su capacidad de inteligencia, de interoperabilidad, fortalecer su capacidad de control y coordinación y aumentar el apoyo y legitimidad de la sociedad, pero el Estado no puede renunciar a la dimensión política de solucionar el conflicto, que como bien lo ha reiterado el Presidente Santos debe darse cuando haya certeza del éxito de la misma. Adicionalmente el gobierno de Juan Manuel Santos reconoce la existencia de un conflicto interno armado, más para darle un marco legal de acción a la Fuerza Pública, que porque hubiera la intención de reconocer a los grupos insurgentes como actores políticos. Adicionalmente va a insistir frente a sus vecinos suramericanos que el tema del conflicto armado es un tema interno colombiano y que por lo tanto les pide no interferir ni para su combate ni para iniciativas de paz Algunas conclusiones. De manera puntual destacaremos algunas breves conclusiones.

1. Las actividades de contrainsurgencia han sido históricamente un campo de preocupación de las Fuerzas Militares y Policiales, pero en la región adquieren relevancia en el contexto de la guerra fría. 2. Los actos terroristas del 11/9 de 2001 y su impacto inmediato, van a generar una tendencia a la reformulación de la contrainsurgencia –tanto en lo interno como en lo externo- y por consiguiente en el rol a cumplir por las Fuerzas Militares y Policiales. 3. En Suramérica, luego del período de las guerras de contrainsurgencia, en el marco de la guerra fría y orientada por la denominada ‘doctrina de seguridad nacional’, la lucha contrainsurgente se expresó solamente en los casos de Colombia y Perú. En el contexto post 11/9 cuando la denominada ‘guerra contra el terrorismo global’ del presidente Bush se vuelve el discurso dominante, realmente en la región sólo era aplicable para el caso colombiano –fue lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe, situarla en el escenario de la guerra global contra el terrorismo- y en el caso de Sendero Luminoso en el Perú. En los demás países, si bien la introdujeron dentro de las agendas de amenazas, era más para adecuarse al discurso global a que realmente fueran amenazas reales. 4. Para el caso colombiano y peruano, la lucha contra el terrorismo no implicó cambios sustanciales en cuanto a la táctica, que venían adelantando hasta ese momento y sus lógicos desarrollos; probablemente el cambio más sustantivo implicó lo relacionado con un mayor aislamiento de estos grupos de los sectores sociales –la propia expresión terrorismo es más descalificadora socialmente y genera mayor repudio-. 5.Todo indica que la llamada lucha contraterrorista se ha adelantado sin un riguroso control por el respeto de los Derechos Humanos y el DIH, sino más bien adelantando acciones que producen graves infracciones en estos campos. 6. La lucha contra el terrorismo requiere no desconocer el carácter político –también religioso o étnico- que normalmente tienen estas organizaciones; de otra manera se caería en la equivocación de creer que el tema se enfrenta sólo militarmente y se descuida las respuestas integrales que dicho fenómeno debe tener por parte de los Estados y las sociedades, incluidas algunas modalidades de salidas negociadas.

5. Los pronunciamientos de la ONU y especialmente la Estrategia Global contra el terrorismo

Naciones Unidas como sabemos ha expedido múltiples resoluciones y documentos en relación con la condena al terrorismo, pero especialmente la llamada Estrategia Mundial contra el Terrorismo –aprobada el 8 de Septiembre de 2006- que parte “rreiterando su enérgica condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales” y planteando “Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo; Medidas para prevenir y combatir el terrorismo; Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos.” Igualmente debemos destacar, como una contribución central de Naciones Unidas, la propuesta de Seguridad Humana hecha por la Comisión de Seguridad Humana creada por el PNUD y que la concibe como “…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La Seguridad Humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas

libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad” (CSH, 2003,4).

 

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A pesar de la importancia que tienen estos pronunciamientos de las Naciones Unidas, es necesario señalar, en aras del realismo, que su influencia en las políticas específicas de los gobiernos no es tan relevante –por ejemplo en el caso colombiano, en comparación con la influencia de las políticas del gobierno norteamericano-. Sin embargo, esto no puede llevar a minimizar el importante rol que pueden y deben jugar éstas políticas en las decisiones de los Estados nacionales, especialmente por la insistencia en “reafirmar que los Estados deben asegurar que todas las medidas que se adopten para combatir el terrorismo sean compatibles con las obligaciones dimanadas del derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho relativo a los refugiados y el derecho internacional humanitario.” Lo cual, sin duda, le plantea a los Estados unos límites, la necesidad de que sus políticas de lucha contra el terrorismo deben darse en el marco del respeto y protección de los derechos humanos y del DIH. Sin embargo, todo pareciera indicar que más allá de lo atinado de muchas de estas decisiones, el impacto de las mismas más allá de los ámbitos de Naciones Unidas no ha sido importante y que al parecer ha faltado una mayor difusión de las mismas, no sólo en los espacios estatales, sino en los de la sociedad civil y darle más ‘músculo’ a su ejecución.

6. Algunas recomendaciones No hay duda que las mejores respuestas para acotar y reducir hasta eliminar la amenaza del terrorismo, pasan por retomar algunas de las propias recomendaciones de la ONU frente a la lucha contra el terrorismo.

1. Insistir en que la lucha contra el terrorismo debe tener antes que nada un carácter preventivo: impedir que se creen nuevas condiciones en grupos poblacionales o en regiones que faciliten el desarrollo de actividades terroristas. Es muy importante enfatizar estas tareas preventivas con los grupos de población jóvenes.

2. Enfatizar en que la búsqueda de la solución política negociada de conflictos internos armados es una recomendación en la cual se debe insistir, para que la ONU la tenga como prioridad, en la medida en que es claro que esto incide sustancialmente en la disminución de posibilidades de actos terroristas. En ese sentido destacaría la importancia de lo planteado en la Estrategia Global contra el Terrorismo cuando señala: “Seguir fortaleciendo y aprovechando al máximo la capacidad de las Naciones Unidas en ámbitos como la prevención de conflictos, la negociación, la mediación, la conciliación, el arreglo judicial, el imperio de la ley y el mantenimiento y la consolidación de la paz, para contribuir a la prevención efectiva y la solución por medios pacíficos de conflictos prolongados sin resolver. Reconocemos que la solución pacífica de esos

! Citado en: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD HUMNANA DE MEDELLIN, “Control Territorial y 22

Resistencias. Una lectura desde la Seguridad Humana”, Personería de Medellín, IPC, Universidad de Antioquia, Medellín, 2012.

conflictos contribuiría a fortalecer la lucha global contra el terrorismo” (el subrayado es del autor).

3. Es importante contribuir a potenciar y fortalecer el rol de la sociedad civil en la condena del terrorismo, así como el jugar un papel activo en la búsqueda de soluciones o acompañamiento en las mismas, así como en el apoyo a víctimas. Al respecto yo destacaría de la Estrategia Global contra el Terrorismo lo siguiente: “También nos esforzaremos por promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas y fomentar la participación de la sociedad civil en una campaña mundial contra el terrorismo y para su condena. Esto podría incluir el examen por la Asamblea General de la posibilidad de elaborar mecanismos prácticos para prestar asistencia a las víctimas.” Añadiendo la importancia que tienen organizaciones de la sociedad civil en tareas de facilitación o mediación en conflictos armados como lo muestra la experiencia internacional y cómo lo podrían jugar en casos como el colombiano.

4. Es necesario adelantar discusiones que lleven a acciones de cambio en las políticas antidrogas –fue un avance el que en la Cumbre de Presidentes de Cartagena, el tema por lo menos se colocara en la agenda-, por todas las implicaciones que esta actividad y las políticas para enfrentarla traen en las poblaciones rurales involucradas y por el rol que las rentas del narcotráfico juegan en el financiamiento de las actividades de tipo insurreccional.