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Cada vez está más claro porque cada vez hay más pruebas. La dictadura militar genoci-

da que azotó al país entre 1976 y 1983 no hubiera sido posible sin la colaboración de los grupos ci-viles. Además del acuerdo eco-nómico y político con los diarios Clarín y La Nación, la jerarquía eclesiástica y grupos empresa-rios, hubo otro sector cómplice sobre el que aún hace falta echar luz: las corporaciones de aboga-dos que se negaron a denunciar las desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban “que un esta-do de subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se defienden con los hombres del derecho y con el aval de las Fuer-zas Armadas”. Ante este “ataque”, decidieron dar sustento ideoló-gico y jurídico a los genocidas de

turno. Así lo demuestran los libros de actas de las asambleas de la Fe-deración Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones de todo el país, a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva. Son 600 folios que incluyen las deliberaciones y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus respec-tivos colegios profesionales, hicie-ron entre 1976 y 1979, el período más sangriento de la última gran tragedia nacional.

La preocupación de los co-legiados no eran los secuestros, desapariciones y asesinatos de sus colegas, sino quedar bien paradoS ante la cúpula militar. Por ejemplo, el doctor Manuel

V. Ordoñez, representante de la Ciudad de Buenos Aires, señaló en la foja 81: “Agradecemos a este gobierno haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda haber incurrido en excesos”.

En la misma línea se encuen-tra la postura del representante de San Francisco, Córdoba, el doctor José María Piscitello, quien en la foja 215 afirma: “Es evidente que

en la presión de orga-nismos internacionales contra nuestro país está la acción sola-pada de elementos vinculados a la guerrilla”.

Estas declaraciones se daban

en el marco de las reuniones periódicas que los miembros de FACA tenían a lo largo del país. El doctor Alejandro Lastra, de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo

que “es necesario pro-nunciarse en forma

mesurada, sin exce-sos y con un pro-fundo equilibrio. La palabra de la federación pue-de ser utilizada por grupos que

conspiran contra la nación, las difi-

cultades que sufre el país ya las conocemos

pero tenemos que cuidar no llevar argumentos a la sub-

versión. El país está en guerra, en medio de grandes sacrif icios y penurias y es necesario ayudar a superar.”

En la misma línea argumental se ubicaba la posición del repre-sentante de Rosario, el doctor Al-berto B. Vázquez: “La defensa del orden jurídico está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana del país contra la subversión asesina, que feliz-mente el país se encamina hacia una auténtica democracia que asegurará el debido proceso”, re-lata en la página 76.

Algunos representantes del interior eran además funciona-rios del gobierno de facto, como Alberto Domingo Tettamanti, in-tendente de La Plata, y Luis Martí-nez Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba.

Las voces que disentían de ese coro monolítico eran

mínimas. Una de ellas fue la del representante

de Trenque Lauquen, el doctor Hugo Fernández

Quintana, quiEn le contó a este diario que “era un

loco suelto al que querían callar porque todas las re-

uniones iba y pedía la pa-labra para que nos pronun-

ciáramos en contra de lo que estaba sucediendo”(ver

recuadro).En contrapartida, el espí-

ritu mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba “cuidar el prestigio de la federación

frente a los organismos inter-nacionales, y hacer la declaración preferiblemente en forma privada como lo hicieron recientemente los obispos argentinos”, según se

Fernando Pittarofpittaro@tiempoargentino.com.ar

La complicidad de la corporación nacional de abogados con el genocidioSilenciaron la desaparición de sus colegas. Se reunieron con Videla y Harguindeguy. Sostenían que “las Fuerzas Armadas creen en los abogados y, sobre todo, en el país”, pero para el diario La Nación eran demócratas.

Así lo prueban los documentos exclusivos a los que accedió Tiempo Argentino

Investigación En las actas dice: “La FACA aplaude la acción de las fuerzas armadas para asegurar el uso del brazo armado de la constitución.”

APLAUSOS AL PROCESOSobre la desaparición de abogados, aseguró a la FACA que “se agotaron las averiguaciones destinadas a establecer el paradero”.

ALBANO HARGUINDEGUY

Para comunicarse con esta sección:investigacion@tiempoargentino.com.ar

La clave

Era el pacto que la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a 80 instituciones de todo el país, había hecho con los represores para no denunciar los secuestros, desapariciones y asesinatos de sus propios colegas.

SILENCIO

Pruebas - Videla y los documentos que demuestran el apoyo de FACA.

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lee en la foja 214 del año 1977.La declaración en cuestión se

refiere a la que elaboró la federa-ción en la ciudad de Paraná el 15 de abril de 1978, en la que se pedía al gobierno nacional por “el respe-to al debido proceso y la actuación de jueces naturales”. Finalmente se votó y primó la “prudencia y la serenidad” y la carta se envió en forma privada a las autoridades nacionales.

Fernández Quintana ilustra aquella votación: “Al final, la de-claración de Paraná se hace pú-blica por presión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, un año después de haberse apro-bado. Lo inusitado, lo increíble es que a pesar de haberla aprobado se haya mantenido en secreto. Era un absurdo total.”

Más allá del silencio cómplice, la cifra de abogados desapareci-dos aumentaba día tras día con la llegada de comunicados des-de los colegios profesionales de distintas ciudades del interior. La Federación manejaba listas con-fidenciales que elaboraban con el aporte de familiares y casi nula colaboración del Ministerio del Interior. En la reunión de Paraná se informó que “hay un total de 82 abogados afectados, de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido

recientemente puestos en liber-tad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del Ministerio del Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno optó por salir del país y de ocho se carece de información actualizada”. La frialdad de los números contras-taba con la realidad acuciante de las víctimas y sus familiares, que no encontraban dónde canalizar sus denuncias. Incluso, en la Fe-deración desconfiaban de ellos. El doctor Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, al borde del cinismo, llegó a decir que “los informes

que suministran familiares de un detenido pueden no ser im-parciales”.

Los abogados que se animaban a presentar habeas corpus esca-seaban, y los detenidos eran lleva-dos a prisión sin proceso judicial ni derecho a defensa. Una porción importante de ellos corrieron esa suerte por ejercer su profesión defendiendo a integrantes de al-guna organización guerrillera. A otros, simplemente los detenían porque tenían barba o pelo largo. Eran sospechosos.

Según varias organizaciones

gremiales que prestaron decla-ración en la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), desde 1975 fueron asesinados al menos 23 abogados por motivos polít icos y fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de 109. Lo más grave es que el 90% de es-tas “desapariciones” se dieron en apenas nueve meses: entre mar-zo y diciembre de 1976. Precisa-mente en ese período, y a pesar de que llovían denuncias por la desaparición de colegas en va-rios puntos del país, la respuesta

de la FACA fue siempre la misma: catarsis hacia adentro y silencio hacia afuera. A tal punto que la Federación recién se entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema el 13 de abril de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres de Plaza de Mayo se dieran a conocer al mundo en-tero reclamando por la aparición con vida de sus hijos. La marcha de los pañuelos blancos alrede-dor de la Pirámide de Mayo fue en vano: Videla no las recibió; la Federación de abogados, en cam-bio, corrió mejor suerte. La entre-

vista con el dictador en la Casa Rosada, que estaba prevista para las 10:30, se prolongó desde las 11 hasta las 11:55. El encuentro con el “Excelentísimo señor presidente de la nación se desarrolló en for-ma franca y amplia y él se mostró amable y sincero”, según se lee en las actas a las que accedió este diario.

En representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Na-no (ver recuadro), Raúl F. Fosero, Oscar Eduardo Romero Giacca-glia, Ricardo D´Amico y Luis Co-liqueo. Según el material inédito consultado “el presidente habló con total sinceridad, al punto que alguno de sus comentarios actúan en lo estrictamente confidencial”. Cuando los cinco representantes de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados detenidos, Videla les respondió con calma y deslizó que “sus pre-ocupaciones son las propias del gobierno”. Habló varias veces de “guerra” y de “la disputa de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza y el poder”, y calificó de “errores” algunas situaciones.

Los abogados repetían una y otra vez que para Videla, el te-

ma de los desaparecidos “daba la impresión que era lo que más lo angustiaba, por lo cual volvió desde distintos enfoques a tratar la cuestión. Insistió en la etapa del emprolijamiento para que no ocurrieran errores. Admitió que en la primera época del proce-so se habían cometido errores e injusticias. En la etapa del des-orden inicial hubo en algunos casos que detener y después ver. Se refirió a su discurso del ani-versario, al aludir a la convergen-cia cívico-militar para planear el país que queremos en libertad,

Hugo Fernández Quintana tiene 80 años y es uno de los pocos aboga-dos sobrevivientes que enfrentó a la dictadura. Desde su lugar de re-presentante del colegio de aboga-dos de Trenque Lauquen se levantó contra la corporación de abogados que silenciaba la desaparición de sus colegas.

–¿Por qué se decide a hablar ahora sobre la complicidad de los aboga-dos durante la dictadura?–En realidad siempre dije lo que pensaba, pero ahora, a los ochen-ta años, me parece que tengo que dar testimonio de mi lucha solita-ria para que los jóvenes sepan lo que pasó. Para que no se tuerza la historia y no la escriban los sá-trapas.–¿Cómo eran aquellas reuniones de la FACA?–Lo que se lee en las actas es in-creíble, pero doy fe de que es un reflejo cabal de lo que sucedía. El clima era muy hostil, no había que hablar en contra del Proceso por-que argumentaban que oponerse de cualquier forma al oficialismo era hacerle el caldo gordo a la sub-versión. Y con esa excusa se calla-ban la boca. –¿Sufrió amenazas por decir lo que pensaba?–Tuve suerte, no me pasó nada grave. En realidad, era un loco so-litario que luchaba con cada pró-cer bárbaro. Un loco suelto al que querían callar porque todas las reuniones iba y pedía la palabra para que nos pronunciáramos en

contra de lo que estaba sucedien-do. Y en una reunión que se hizo en San Juan, esperaron a que llegara para apretarme. Uno de ellos era Oscar Guillermo Nano (presidente de FACA), y me advirtieron que no insistiera más con mis planteos en las reuniones, que era mucho más eficiente hacer las gestiones ante las autoridades militares, que no estaba en juego el coraje y la valentía, que las declaraciones pú-blicas no tenían sentido.–¿A quiénes respondían la mayoría de los delegados de la FACA?–En realidad la gran mayoría eran colaboracionistas y voceros del Pro-ceso. Y casi todos, más que nada los representantes de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, eran altos dirigentes del frondizis-mo. Ellos nunca se opusieron a la dictadura políticamente e inclusive disputaron con Martínez de Hoz la conducción económica.

–¿Y cómo vivió las conferencias que la Federación daba en el exterior?–Tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico a una asamblea de la Federación Internacional de Abo-gados (FIA). Junto a nuestra delega-ción habían ido abogados militares de las tres fuerzas para controlar lo que decíamos. En aquel encuentro se habló sobre el tema de los ha-beas corpus y prosperó una moción de los abogados pinochetistas chi-lenos conforme a la cual se desna-turalizaba totalmente la cuestión de los desaparecidos. Se votó y se aprobó. Después, la Presidencia del cuerpo pide que se vote nuevamen-te pero de forma secreta, porque había delegaciones que estaban siendo presionadas y que no ha-bían podido expedirse libremente. Y efectivamente, votamos otra vez y cambió el resultado. Y eso provocó la exasperación de los abogados de las FF AA, estaban como locos.–¿Los abogados hicieron alguna autocrítica sobre su actuación du-rante la dictadura?–Jamás lo hicieron, como tampoco los contadores o los médicos. Pero nosotros teníamos profesionalmen-te la mayor responsabilidad por te-ner las herramientas jurídicas para hacer algo en relación a la situación que se vivía.–¿Cómo definiría el papel histórico que desempeñó la FACA?–La FACA nunca se jugó. Ni antes ni ahora. Hubo una complicidad total. Siempre tuvieron posiciones ad-ministrativistas para quedar bien parados.

“Eran colaboracionistas del Proceso”

Las víctimas y sus familiares no encontraban dónde canalizar las denuncias, en la Federación los acusaban de hacer informes “parciales”.

La frase

“La defensa del orden jurídico está asegurada por las Fuerzas Armadas, apoyadas por la ciudadanía sana.”Alberto Vázquez

Representante de Rosario.

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democracia y eficacia de las instituciones”.

Y al mismo tiempo, dio su particular visión del golpe de Estado que lo llevó al poder: “Eran las Fuerzas A rmadas o la subversión (…) la situación era de caos”, y “ahora entramos en una etapa de emprolijamiento, a fin de que quienes corresponda sean sometidos a proceso y que los restantes recuperen su liber-tad”. Ese momento jamás llegó.

Los abogados escucharon con atención las definiciones de Vi-dela. Según se lee en la foja 67 del Acta de Asambleas Nº 13 de la FA-CA, las desapariciones, para el ge-nocida, obedecían a tres razones: –Autosecuestro, para evitar las consecuencias de hechos de los que son responsables.–Desaparición, encubierta con el secuestro.–Secuestro por la propia organiza-ción subversiva, por defecciones o deslealtades.

Antes de estrecharles la mano y agradecerles la visita les dijo: “Les hablo con sinceridad porque sé que los que se acercan a mi des-pacho lo hacen con el espíritu de servicio al país.”

Además del encuent ro con Videla, se reunieron en varias oportunidades con funcionarios de primer y segundo rango del ejecutivo nacional: el general de Brigada Albano Harguindeguy, ministro del Interior; el brigadier Julio A. Gómez, asesor de asuntos institucionales del Ministerio de Justicia; y el comodoro Adolfo H. González Albarracín, subsecre-tario de asuntos institucionales del Ministerio del Interior. Pero ninguna audiencia sirvió para aliviar la situación de los deteni-

dos-desaparecidos.Toda la preocupación que los

abogados no tenían para con sus colegas argentinos, sí la tenían sin embargo puesta en el exterior. La imagen del país fronteras afue-ra era motivo de debate en cada asamblea.

Fue el propio presidente de la FACA, el doctor Oscar Guillermo Nano, quien le aseguró a Videla que dejarían bien parado al país ante los foros internacionales los que les tocara ir en representa-ción de sus asociados. En aquel encuentro de abril de 1977, no ti-tubeó y afirmó: “En el exterior se puede decir que afuera de nues-tro país no hablamos de nuestros problemas, pero no dejamos de prever el ataque, en cuyo caso no podríamos como argentinos, de-jar de defender nuestro país.”

Una visita de la delegación de

“Un soldado del proceso”, un demócrata para La NaciónEl doctor Guillermo Oscar Nano presidió la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) entre 1974 y 1977. Y fue durante su mandato que se entrevistó con Jorge Rafael Videla el 13 de abril de 1977, al que le transmitió “la emo-ción que como argentino sentía al poder presidir las deliberaciones de un organismo de tanta jerarquía”.

Las actas de la entidad a las que tuvo acceso Tiempo Argentino comprueban la complicidad entre Nano y la dictadura para silenciar las desapariciones de cientos de abogados en el país. Para reforzar esta afirmación, Hugo Fernández Quintana, abogado que represen-tó al Colegio de Trenque Lauquen en la FACA, no duda en calificar a Nano de “colaboracionsita, vocero y soldado del Proceso”.

Pero La Nación opina lo contra-rio. Para el diario de la familia Mitre fue un demócrata. El viernes 25 de febrero de 2005, ante la muerte de Nano, el matutino dice “sentir un hondo dolor” ya que “su gestión se caracterizó por la defensa irres-tricta del Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones repu-blicanas”. Y agrega que “durante su presidencia, la federación fue

el primer organis-mo que denunció y condenó al terro-rismo de Estado.” Sin embargo, las actas donde cons-tan sus testimonios demuestran lo con-trario.

Fernández Quin-tana, indignado, dice que recuerda aquel elogio y le responde:

“Ese perfil que ha-ce La Nación sobre el doctor Nano es total-mente falso. En este país hay mucha hipo-cresía. Ahora se los pone como progresis-tas pero antes no eran tales. Él decía que ha-bía resuelto presentar los habeas corpus por los secuestrados y eso es totalmente mentira. Era un cuadro del fron-dizismo y un soldado del proceso que con la vuelta de la democra-cia celebraba el día de la constitución nacional desde la Federación.”

Amnistía Internacional a nuestro país el 11 de noviembre de 1976 encendió la alarma de la Mesa Direct iva. Aceptaron recibir-los pero pusieron condiciones: la conversación sería grabada y “dada la resonancia de la visita y de algunos incidentes motivados

por su labor, se informó a las au-toridades nacionales la realiza-ción de la entrevista”, y concluye diciendo que “se hace saber a los visitantes que ni la Federación ni los colegios afiliados han solicita-do la intervención de organismo internacional alguno”.

La idea era clara: la corpo-ración de letrados consideraba “inadmisible toda pretensión de organismos foráneos a inmis-cuirse en problemas meramente argentinos y que sólo pueden ser resueltos por argentinos”.

A pesar de ello, la realidad mos-

traba la peor cara. La lista de dete-nidos crecía como hongos después de la lluvia.

En Córdoba desaparecían a los doctores Luis A. Reimondi y Roberto Luis Jauzibenich; en Ca-tamarca a Ricardo Antonio Mo-reno; en Buenos Aires a Abraham Hochman, y en La Rioja a Ricardo Luna, “quien continúa detenido a pesar de que el fallo de la Cáma-ra Federal de Córdoba dispuso su sobreseimiento”, da cuenta la resolución de la Comisión de De-fensa del Abogado, reproducida en el acta de reuniones.

Y los asesinatos se multipli-caban. En Corrientes aparece el cadáver de un abogado de apelli-do Salvatore; en Mar del Plata el

del abogado laboralista Norberto Centeno, y en la Ciudad de Bue-nos Aires el del doctor Guiller-mo Raúl Díaz Lestrem, quien es hallado sin vida en la noche del 30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club de Gimnasia y Esgrima del barrio de Palermo.

El único gesto de solidaridad de la FACA fue cuando se pro-dujo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante Armando Lambruschini. Aquel 1 de agosto de 1978 no dudó en dar a conocer un comunicado “con-denando la violencia absurda y criminal”. <

La frase

“Agradecemos a este gobierno por liberarnos de la abyección en la que vivíamos antes del proceso.”Manuel OrdoñezRepresentante de Buenos Aires.

El único gesto de solidaridad de la FACA fue cuando se produjo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante Armando Lambruschini.

Todavía hoy - La Federación Argentina de Colegios de Abogados tiene su sede en Av. de Mayo 651, en pleno centro de la Ciudad.

hernÁn mombelli