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José Manuel Álamo González Jefe del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos Atendiendo a su solicitud de nueva calificación a cada uno de los opositores participantes en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 13 plazas de Oficial de la Policía Local, con arreglo a criterios claros y debidamente justificados, le informo del contenido del acuerdo adoptado por el Tribunal calificador en sesión celebrada el día 5 de diciembre del presente año: En ejecución de la sentencia nº 304/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento abreviado nº 472/2018, en la que se establece en su fallo que por parte del tribunal calificador deberá adoptar las calificaciones del ejercicio de la prueba tipo test desarrollado el día 12 de abril de 2018, con arreglo a criterios claros y debidamente justificados, por parte de este tribunal se acuerda lo siguiente: Primero.- Respecto a las preguntas recurridas por los opositores, proceder a motivar la actuación del tribunal. Las preguntas impugnadas fueron las siguientes: Pregunta 5.- Antes de impugnar en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las Administraciones Públicas deberán: a. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho. b. Declarar lesivos para el interés público los actos desfavorables para los interesados que sean nulos o anulables. c. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables. Código Seguro De Verificación 2NAQIyn4Fhqm7VP87c2hvg== Estado Fecha y hora Firmado Por Jesus Maria Gonzalez Garcia - Jefe/a Servicio de Seguridad Ciudadana Vial y Movilidad Firmado 27/12/2019 12:03:44 Lucia Dorta Alom Firmado 27/12/2019 08:48:54 Observaciones Página 1/12 Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/2NAQIyn4Fhqm7VP87c2hvg==

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Page 1: José Manuel Álamo González Jefe del Servicio de ... · 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán

José Manuel Álamo González Jefe del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

Atendiendo a su solicitud de nueva calificación a cada uno de los opositores

participantes en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de

concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 13 plazas de Oficial de la

Policía Local, con arreglo a criterios claros y debidamente justificados, le informo

del contenido del acuerdo adoptado por el Tribunal calificador en sesión

celebrada el día 5 de diciembre del presente año:

En ejecución de la sentencia nº 304/2019 del Juzgado de lo Contencioso

Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento abreviado nº

472/2018, en la que se establece en su fallo que por parte del tribunal calificador

deberá adoptar las calificaciones del ejercicio de la prueba tipo test desarrollado

el día 12 de abril de 2018, con arreglo a criterios claros y debidamente

justificados, por parte de este tribunal se acuerda lo siguiente:

Primero.- Respecto a las preguntas recurridas por los opositores, proceder a

motivar la actuación del tribunal.

Las preguntas impugnadas fueron las siguientes:

Pregunta 5.-

Antes de impugnar en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las

Administraciones Públicas deberán:

a. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los

interesados que sean nulos de pleno derecho.

b. Declarar lesivos para el interés público los actos desfavorables para los

interesados que sean nulos o anulables.

c. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los

interesados que sean anulables.

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El art. 107 de la Ley 39/2015 establece: “Declaración de lesividad de actos

anulables.

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional

contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean

anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de

lesividad para el interés público.”

Por tanto, de forma evidente, la única respuesta correcta es la letra c). Esta

materia está incluida en los temas 9 y 10 de las bases de la convocatoria, que

incluyen el siguiente contenido:

Tema 9. La jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y

especiales. El proceso contencioso-administrativo. Las partes, actos

impugnables. La ejecución de la sentencia.

Tema 10. El acto administrativo. Validez, nulidad y anulabilidad del acto

administrativo. Notificación de los actos administrativos y cómputo de los plazos.

El procedimiento administrativo y los recursos administrativos.

Como consecuencia, la única respuesta correcta es la c

Pregunta 11.-

En los municipios, la Junta de Gobierno Local, está compuesta por:

a. Por un número de miembros que no podrá exceder del tercio del número

de miembros del Pleno.

b. Por un número de miembros que no podrá exceder del tercio del número

de miembros del Pleno, además del Alcalde.

c. Las anteriores respuestas son incorrectas.

Los artículos que establecen el número de miembros de la Junta de Gobierno

Local en la Ley de Bases del Régimen Local son los siguientes:

Para los municipios que no son de gran población:

“Artículo 23.

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de

Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y

separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.”

Para los municipios de gran población:

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“Artículo 126.

2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la

Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del

número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.”

Por tanto, la Junta de Gobierno Local está siempre compuesta por el mismo

número de miembros, es decir, un tercio del número legal de miembros del

Pleno, además del Alcalde, sin diferenciar si los municipios son de régimen

común o no.

La única respuesta correcta es la b)

Pregunta 18.-

Las Ordenanzas municipales, para entrar en vigor, tienen que:

a. Ser publicadas en el BOE.

b. Aprobadas inicialmente por el Alcalde.

c. Se someterán a información pública por el plazo mínimo de 30 días.

El procedimiento de aprobación de una Ordenanza está compuesto por una serie

de fases que culminan con su entrada en vigor. El tema 15 incluye el epígrafe

titulado “Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos.Procedimiento de

elaboración y aprobación”. El procedimiento viene establecido en la Ley de

Bases del Régimen Local en los artículos 49 y 70 que establecen:

“Artículo 49.

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del

plazo y aprobación definitiva por el Pleno.”

“Artículo 70.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican

en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las

normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a

éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se

publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta

que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo

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previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que

se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones

públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los

ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su

ámbito territorial”

Por tanto, el procedimiento de aprobación y elaboración de las Ordenanzas, que

conduce a su entrada en vigor, requiere cumplimentar una serie de trámites. De

estos trámites, el único de los que la Ley contempla es el enumerado en la letra

c), siendo los demás incorrectos porque la publicación debe hacerse en el BOP

y la aprobación inicial la hace el Pleno.

Pregunta 19.-

Señale la respuesta correcta:

a. Los tenientes de alcalde existen en todos los municipios.

b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.

c. La comisión especial de sugerencias y reclamaciones existe en todos los

municipios.

La respuesta correcta es la a) ya que es la única posible, conforme al art. 20.1.a)

LBRL al ser órganos necesarios en todos los municipios. La Junta de Gobierno

y la comisión especial, requieren acuerdo previo para su existencia.

“Artículo 20.

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los

ayuntamientos.

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su

reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c) (…)

d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los

municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo

acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus

miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.”

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Pregunta 26

¿Cuál de estas afirmaciones es la verdadera?

a. La persona detenida por un particular debe ser entregada a un funcionario

policial o Juez en el plazo de 24 horas.

b. La persona detenida por un particular debe ser entregada en el juzgado

en un plazo de 36 horas.

c. La persona detenida por un particular debe ser presentada

inmediatamente en las dependencias policiales.

Tal como establece el art. 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “El particular,

Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de

lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla

al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las

veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.”

Por tanto, ninguna de las respuestas es correcta del todo. Así, la opción a) es

incorrecta al señalar que dispone un particular un plazo de 24 horas para

entregarla a un funcionario policial, opción inexistente en la Ley. La letra b)

también es incorrecta al otorgarse un plazo de 36 horas no contemplado en la

Ley. Por último, la opción c) tampoco es correcta al prever la obligación de

presentarlo en dependencias policiales, cuando la previsión legal es presentarlo

ante el juez.

Debido a lo anterior, se declaró nula por el Tribunal la pregunta 26 al no haber

ninguna correcta.

Pregunta 27

En relación al Deber de colaboración, ¿quién tiene el especial deber de

colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de la Ley

Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana?

a. Personal de seguridad, despachos detectives privados y empresas de

seguridad privada.

b. El personal que realice funciones de policía administrativa.

c. Las respuestas a) y b) son correctas.

El art. 7 de la LO 4/2015 señala:

“Deber de colaboración.

1. Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas

competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con

las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que

sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el

artículo 3. Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que

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perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda

inferirse que pueden producir una perturbación grave, estarán obligados a

ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente.

2. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y

colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos

en esta Ley, especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe

extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos.

Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de

acuerdo con las leyes.

3. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y

el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la

colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos

en la normativa de seguridad privada.

4. El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial

deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de

esta Ley.”

La única respuesta posible por tanto es la b) al establecerlo expresamente el

mencionado artículo, ya que la referencia que se hace en el número 3 de dicho

artículo al deber de colaboración de las empresas de seguridad privada se centra

en el deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y condicionado a

lo que se establezca en la normativa de seguridad privada.

Pregunta 32

En cuanto a los tiempos de conducción y descanso se considerará que

afecta a la seguridad vial:

a. El exceso en más del 60 por ciento en los tiempos de conducción.

b. La minoración de más del 50 por ciento en los tiempos de descanso.

c. a y b son correctas.

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial, prevé en su art. 77 (apartado i) que es una infracción muy grave:

“Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más

del 50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre

transporte terrestre”

Como consecuencia, dado que no se ha solicitado que se reproduzca

textualmente el artículo, tanto las respuestas a como b son correctas, al encajar

ambas en el tipo señalado en la Ley.

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Por tanto, la respuesta correcta es la c), ya que las opciones a y b son ciertas.

Se produce un cambio en la respuesta inicialmente dada como correcta por el

Tribunal (que era la b), pasando a darse como respuesta correcta la c).

Pregunta 40

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 4/2015, 30 de marzo, de

Protección de la Seguridad Ciudadana, que hace referencia a la cooperación

administrativa entre la Administración General del Estado y las demás

administraciones públicas con competencia en materia de seguridad, se

regirán en sus relaciones por los siguientes principios:

a. Transparencia y lealtad institucional.

b. Cooperación y eficacia.

c. Cooperación y Lealtad institucional.

La redacción literal del artículo 6 de la Ley Orgánica 4/2015, es la siguiente:

Artículo 6. Cooperación interadministrativa.

La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con

competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones,

por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la

información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica

necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese

preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de

esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de

marzo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No cabe por tanto otras alternativas, siendo la única respuesta correcta la c.

Pregunta 43

Conforme al artículo 3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio ¿cuál es el plazo

para resolver y notificar la solicitud de las licencias urbanísticas de

segregación, parcelación y división?

a. 3 meses.

b. 1 mes.

c. 15 días.

El artículo 343.1 de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales, señala el

siguiente plazo:

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“El plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres

meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los

registros municipales.

Se exceptúan las licencias de segregación, parcelación y división, cuyo plazo

de resolución y notificación será de un mes.”

Por tanto, aunque el plazo previsto en la norma para estas solicitudes es de un

mes, el mencionado plazo no aparece recogido en el art. 3, sino en el 343. Dado

el error cometido en la formulación de la pregunta, el Tribunal acuerda declarar

nula esta pregunta, ya en el artículo 3 no se establece el mencionado plazo.

Pregunta 48

¿Cuánto tiempo tendrá el Ministerio Fiscal para resolver lo que proceda

cuando un menor detenido ha sido puesto a su disposición?

a. 12 horas.

b. 24 horas.

c. 48 horas.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal

de los menores, en su art. 17 señala expresamente los siguientes plazos:

“4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más

tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones

tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo

máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad

o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el

artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia

para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.

5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá

de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre

la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo

siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición

del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas

cautelares, con arreglo a lo establecido en el artículo 28.”

Por tanto, la única respuesta correcta será la c, no cabiendo respuestas

alternativas, y siendo la pregunta clara en su planteamiento. En la pregunta se

plantea el plazo previsto, no a partir de cuándo se comienza a computar.

Tampoco se pregunta de cuánto tiempo dispone el Ministerio Fiscal para resolver

a partir del momento de haber sido puesto a su disposición, sino cuál es plazo

estipulado en la Ley.

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Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, la plantilla de corrección por la

que el Tribunal ha establecido las puntuaciones de los aspirantes es la siguiente:

Pregunta Solución

1 b

2 c

3 c

4 c

5 c

6 a

7 c

8 c

9 a

10 b

11 b

12 c

13 b

14 b

15 c

16 b

17 a

18 c

19 a

20 a

21 c

22 b

23 b

24 c

25 b

26 Nula

27 b

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28 b

29 b

30 c

31 c

32 c

33 b

34 a

35 c

36 a

37 a

38 b

39 c

40 c

41 c

42 b

43 Nula

44 c

45 c

46 b

47 c

48 c

49 c

50 a

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Tercero.- Las calificaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba celebrada

el día 12 de abril es la siguiente:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I Respuestas

correctas

Respuestas

incorrectas

Respuestas

en blanco

Calificación

PEREZ ZAMORA ANGEL FELIPE 78560530M 25 10 13 4,51

PINO FRANQUET IVÁN DEL 43811680S 28 15 5 4,79

SAAVEDRA

FERNANDEZ JOSE 43800363Z

32 7 9 6,18

SANCHEZ CHAVEZ MOISES SALVADOR 43795241K 28 16 4 4,72

TORRES GONZALEZ DAVID 43787199Y 36 5 7 7,15

VIERA PERDOMO JOSÉ JUAN 45455487N 23 8 17 4,24

ZAMORA LOPEZ JORGE RICARDO 43810765C 28 15 5 4,79

AFONSO

PERDOMO ALEJANDRO 78557063B

22 11 15 3,82

ALVAREZ ESTEVEZ JORGE ZEBENZUI 43823429B 33 12 3 6,04

CARBALLO DIAZ JUAN ANTONIO 78691155J 33 6 9 6,46

CASTRO BAUTE DANIEL 78677648F 35 5 8 6,94

CASTRO

RODRIGUEZ ABRAHAM JAVIER 43826475K

24 11 13 4,24

DIAZ DIAZ DAMIAN JESUS 78561544F 22 18 8 3,33

DOMINGUEZ

NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 43816061A

42 5 1 8,40

FARIÑA PEREZ DAVID 43824775T 31 14 3 5,49

FERNANDEZ

GONZALEZ EDUARDO JESUS 78698284N

22 13 13 3,68

FUENTE PEREZ FRANCISCO JOSE DE

LA 43371095H

30 8 10 5,69

GARCIA COLINA SERGIO 78695223X 34 9 5 6,46

GUTIERREZ

HERNANDEZ AARON CRISTOBAL 78565129G

28 11 9 5,07

MARTIN TIRADO JORDI 78698141F 32 8 8 6,11

MELIAN GONZALEZ GUILLERMO 54042347Y 35 8 5 6,74

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En S/C de Tenerife, a la fecha de la firma. Firmado electrónicamente por:

D. Jesús María González García, Presidente del Tribunal

Dª. Lucía Dorta Alom, Secretaria del Tribunal

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Firmado Por Jesus Maria Gonzalez Garcia - Jefe/a Servicio de Seguridad Ciudadana Vial yMovilidad

Firmado 27/12/2019 12:03:44

Lucia Dorta Alom Firmado 27/12/2019 08:48:54

Observaciones Página 12/12

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