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INSTRUCCIÓN 1/2016 DICTADA POR EL ILMO. SR. SECRETARIO DE GOBIERNO D.
TOMAS SANZ HOYOS, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN EN EL TRIBUNAL SUPREMO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE TELECOMUNICACIONES LEXNET TRAS LA
PROMULGACIÓN DEL RD 1065/2015, DE 27 DE NOVIEMBRE, Y RESOLUCIONES
DICTADAS EN DESARROLLO DEL MISMO.
I- INTRODUCCIÓN
La implantación del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet se enmarca
dentro del proceso general de modernización de la estructura y medios que la Administración de
Justicia requiere para alcanzar una realidad judicial informatizada mediante la incentivación del
uso de nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal, de tal forma que las formas de
trabajo que vienen desempeñándose en las oficinas judiciales evolucionen y se adapten a la
sociedad de la información, requisito imprescindible para hacer posible y efectivo ese servicio
público próximo y de calidad en la atención a los ciudadanos.
El Ministerio de Justicia ha impulsado el desarrollo de las comunicaciones telemáticas a
través del sistema Lexnet, dictando para ello el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre la
implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones
Lexnet, para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de
actos de comunicación procesal por medios telemáticos, así como posteriormente la Instrucción
2/2014, de 19 de marzo, relativa a la puesta en marcha de la nueva funcionalidad de presentación
de escritos y documentos .
Referido RD 84/2007 ha sido expresamente derogado por el RD 1065/2015, de 27 de
noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET, RD que constituye
el texto normativo básico en los sistemas de comunicación telemáticos, y que ha sido objeto de
desarrollo por la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto
en referido RD.
A su vez, es necesario destacar la importancia que en la materia que nos ocupa han
tenido las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de
octubre, principalmente en lo que se refiere a la forma de presentación de escritos por vía
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telemática, tanto iniciadores como de trámite, así como en los requisitos que deben cumplirse por
el colectivo de Procuradores para el traslado previo de copias entre los mismos por vía
telemática, el cual ha sido ampliado a los órdenes jurisdiccionales penal, contencioso-
administrativo y social.
No menos importantes han sido las distintas previsiones que las disposiciones
transitorias de referida Ley 42/2015 han establecido para imponer la obligatoriedad de la
utilización de medios telemáticos para todos los colectivos que intervienen en la Administración
de Justicia, y no solo para aquellos que forman parte de la misma, sino también para todas
aquellas personas que deban relacionarse con la Administración de Justicia, con independencia
de su relación jurídico-procesal, si bien dichas disposiciones transitorias establecen distintos
plazos de adaptación a la obligatoriedad de utilización de medios telemáticos en función de la
relación más o menos directa y de la necesidad de otorgar un prudencial plazo de adaptación a
las nuevas formas de comunicación procesal, y en los plazos aplicables a determinados colectivos
tras la notificación telemática de una determinada resolución.
Estas reformas introducidas por la Ley 42/2015 ya fueron objeto de oportuna
consideración y adecuado cumplimiento en la Instrucción 2/2015, dictada por este Secretario de
Gobierno para la implantación específica y progresiva de la presentación de escritos de trámite
por vía telemática ante las distintas Salas que componen el Tribunal Supremo, así como muy
especialmente en la Instrucción 3/2015, sobre implantación del sistema LEXNET en el Tribunal
Supremo, que venía a sustituir a la Instrucción 1/2015 para su necesaria adaptación a las
disposiciones contenidas en la Ley 42/2015.
A su vez, el Anexo IV a la Instrucción 3/2015 ha venido a dar cumplimiento a las
previsiones establecidas en las disposiciones adicionales de la Ley 42/2015, terminando de
implantar para los Procuradores la obligatoriedad de la presentación de escritos de trámite ante
las jurisdicciones contencioso-administrativo y militar, estableciendo igual obligatoriedad de
presentación de escritos de trámite por vía telemática ante el TS para los Servicios Jurídicos del
Estado, Letrados de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, y regulando, por último,
la necesidad de que todos aquellos procedimientos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016
sean presentados ante el Tribunal Supremo por medios telemáticos por todos los operadores
jurídicos señalados, conforme a la obligación general de utilización de medios telemáticos para
intervenir ante la Administración de Justicia impuesta por la Ley 42/2015.
El objetivo principal del sistema telemático Lexnet radica en ofrecer la posibilidad de
presentar escritos, tanto de trámite como iniciadores de procedimiento, documentación, trasladar
copias telemáticamente a las partes personadas, y la práctica de actos de comunicación procesal
por vía telemática.
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En el ámbito de la Administración de Justicia los diferentes remitentes y destinatarios de
dichas comunicaciones telemáticas son todas aquellas personas que intervienen en los distintos
procesos judiciales. De una parte, se encuentran los Letrados de la Administración de Justicia y
los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Admón. de Justicia, cuyas funciones son
desempeñadas en la Oficina Judicial, y de otra parte, todos los ciudadanos que demandan la
tutela judicial, quienes lo hacen a través de los distintos profesionales que les asisten y
representan ante los Juzgados y Tribunales, así como otros operadores jurídicos que también
intervienen en la administración de justicia.
En la actualidad, la realización de actos de comunicación procesal por vía telemática a
través de LEXNET se encuentra totalmente operativa en las cinco Salas que componen el
Tribunal Supremo, si bien, y en cuanto al cómputo de plazos procesales para los distintos
operadores jurídicos, se viene distinguiendo conforme a las normas procesales vigentes según se
realice la notificación al colectivo de Procuradores o al resto de operadores jurídicos. A su vez,
dentro de este último grupo deberán observarse respecto a los actos de comunicación procesal
practicados al Ministerio Fiscal las previsiones contenidas en el punto 1 de la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 42/2015.
Consecuentemente, y con el máximo respeto a la independencia judicial proclamada en
el art. 117.3º de la Constitución Española y al principio de legalidad procesal, los distintos
operadores jurídicos se comprometen a observar las reglas de actuación que vienen a establecerse
en la presente Instrucción.
II- NORMATIVA APLICABLE
A efectos de aplicación de la presente Instrucción deberá observarse lo dispuesto en la
Ley Orgánica de 1 de julio del Poder Judicial; Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (en particular,
los artículos 135, 151, 154.2, 162, 267, 268, 273, 274, 276, 278 y 318, todos ellos conforme a las
reformas operadas por la Ley 42/2015); Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal; Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, y por el que se
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regula el sistema LexNET, así como la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría
General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario
normalizado previsto en el RD 1065/2015.
Reglamento del CGPJ 1/2005, de 15 de septiembre, sobre aspectos accesorios de las
actuaciones judiciales; Reglamento 1/2000, de 26 de junio, de los Órganos de Gobierno de los
Tribunales; Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal;
Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por la que
se aprueba el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio
de la Administración de Justicia.
Así mismo, deberá observarse lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora
del uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, en especial lo dispuesto en su art.
6.3, según el cual “los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el
deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las
Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos
previstos en el procedimiento que se trate”; y conforme a lo dispuesto en el art. 8 de referida Ley
18/2011, “los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso
obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de
todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que se dicten, en el
ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de
Gobierno”.
En esta línea de obligatoria utilización de los sistemas informáticos, el art. 11 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (ROCSJ), aprobado por RD 1608/2005,
de 30 de diciembre, establece que “los Secretarios Judiciales promoverán el empleo de los medios
técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuenta la unidad donde prestan sus
servicios”; e igualmente el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, del CGPJ, de los aspectos
accesorios de las actuaciones judiciales, determina en su art. 102.2 que los programas y
aplicaciones informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, una vez que hayan
obtenido la aprobación del CGPJ en los términos del art. 230.5 de la LOPJ, serán de uso
obligatorio en el desarrollo de la actividad de la Oficina Judicial conforme a los criterios e
instrucciones de uso que se dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del
Poder Judicial y las Administraciones competentes en materia de medios.
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Por otra parte, la presente Instrucción se enmarca dentro de las reglas y criterios básicos
establecidos en la Instrucción 2/2014, de la Secretaría General de la Administración de Justicia,
relativa a la puesta en marcha de la funcionalidad de presentación de escritos y documentos y
traslado de copias a través del sistema Lexnet, dictada con fecha 19 de marzo de 2014.
Igualmente, y de manera primordial, han sido recogidas en la presente Instrucción las
reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, cuya
entrada en vigor se produjo el 7 de octubre de 2015.
III- COMPETENCIA
La presente norma se dicta en virtud de la competencia que atribuyen los arts. 465 y 466
de la LOPJ, relativos a las competencias de los Secretarios de Gobierno y Secretarios
Coordinadores Provinciales, así como las funciones atribuidas a los mismos por el ROCSJ (RD
1608/2015) en los artículos 8 y 16.
En cuanto a la elección del presente instrumento normativo, viene basada en el RD
1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, cuyo art. 8 establece que “será competencia de los Secretarios Judiciales la
organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales”, remarcando la
letra b) de referido artículo que “el Secretario Judicial deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y
funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos”. A su vez, la
letra h) del art. 16 del ROCSJ señala como competencias de los Secretarios de Gobierno las de
“cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales…” En el supuesto que nos
ocupa, la competencia para la redacción de la presente Instrucción corresponde, por
consiguiente, a este Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
Además, la presente Instrucción deberá aplicar los criterios generales aprobados por el
CGPJ para homogeneización de las actuaciones procesales, debiendo incluir las normas de
actuación necesarias para la estandarización de las tareas procesales respecto a un mismo trámite
y tipo de procedimiento, y, en base a su carácter dinámico, deberá modificarse cuando proceda
para adaptarlo a las vicisitudes que surjan en la presentación de escritos, tanto iniciadores como
de trámite, ante cualquiera de las Salas de este Tribunal Supremo, o cuando resulte necesario por
la experiencia que su realización práctica durante un determinado período de tiempo aconseje
para la mejora del servicio.
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IV- ÁMBITO OBJETIVO
La presente Instrucción tiene por objeto el desarrollo del Sistema LEXNET, referido a la
presentación de escritos, tanto iniciadores como de trámite, el traslado de copias entre
Procuradores y la realización de actos de comunicación procesal por vía telemática en las
distintas Salas que integran el Tribunal Supremo, así como establecer criterios de actuación
homogéneos que proporcionen seguridad jurídica a todos los usuarios del Sistema, con pleno
respeto a la LOPJ, a las Leyes Procesales y al Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre.
V- ÁMBITO SUBJETIVO
La presente Instrucción se dirige como primer destinatario a todos los Letrados de la
Administración de Justicia destinados en el Tribunal Supremo.
Por lo que respecta a los sujetos a quienes afectarán todas las comunicaciones telemáticas
realizadas a través del sistema LEXNET, encontramos por un lado a los Letrados de la
Administración de Justicia destinados en el Tribunal Supremo y a los funcionarios de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, cuyos funciones se desempeñan en las
distintas Salas y Secciones, así como en el Registro General del Tribunal Supremo, y de otra
parte, a los usuarios recogidos en el Anexo II del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre,
sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
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VI- RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA LEXNET.
El régimen de utilización del Sistema LEXNET se ajustará a la normativa aplicable que ha
sido recogida en el apartado II de la presente Instrucción, con especial observancia a las reformas
introducidas en la LEC por la Ley 42/2015.
De conformidad con lo establecido en el art. 3.2 del RD 1065/2015, “Los sistemas
electrónicos de información y comunicación deberán dejar constancia de la transmisión y
recepción de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones, de la fecha y
hora en que se produzca su salida y de las de la puesta a disposición del interesado, de
su contenido íntegro y del acceso al mismo, así como de la identificación del remitente y
del destinatario de las mismas. Los sistemas de identificación y autentificación se
ajustarán a lo previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, en el Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y en el presente real decreto”.
En base a referida normativa, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios o reglas:
1.- UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 42/2015, “A partir
del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y
fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes
en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de
actos de comunicación procesal, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta
fecha”. “Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con competencia
en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con anterioridad a dicha fecha, a las
oficinas judiciales y fiscales con funciones de registro, de los medios electrónicos adecuados en
los términos establecidos en el art. 30 de la Ley 18/2011”.
En el marco de esta genérica obligación se pronuncia el art. 6,3 de la Ley 18/2011, de 5 de
julio, al establecer que “Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente
Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas
establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo
caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate”.
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Igualmente destaca el punto 3 de referida Disposición Adicional Primera que “Los
Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios y colaborarán con la Administración
de Justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos de las notificaciones y demás
actos de comunicación y el traslado de copias de escritos y documentos por todos sus
profesionales en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de
Procuradores de adscripción al que pertenezcan”.
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 42/2015 señala que “La
obligación de realizar el traslado de copias de escritos y documentos cuando intervengan
Procuradores será igualmente exigible, en los términos previstos en los artículos 276 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los órdenes jurisdiccionales penal, contencioso-
administrativo y laboral”.
De manera más específica, y referida a la forma de presentación de los escritos y
documentos, el actual art. 273.1 de la LEC establece que “Todos los profesionales de la justicia
están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la
Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás
documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede
constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se
hicieren”.
En consonancia con dicha previsión, el art. 5 del RD 1065/2015 establece que “Todos los
Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales, de
las Asambleas Legislativas y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás
Administraciones Públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios
de Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas electrónicos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la
recepción de actos de comunicación.
Asímismo, los sistemas electrónicos de información y comunicación, al igual que el resto de
sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, deben ser usados
obligatoriamente para el desempeño de su actividad por todos los integrantes de los órganos y oficinas
judiciales y fiscales”.
Además, y según dispone el actual art. 273.3 de la LEC, “En todo caso, estarán obligados a
intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los
siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
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c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de
Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
d) Los notarios y registradores.
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración de Justicia.
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen por razón de su cargo.
Igual previsión se contiene en el art. 4 del RD 1065/2015.
2.- La utilización y el funcionamiento del sistema telemático de comunicaciones LEXNET
comprende la presentación de escritos, tanto iniciadores como de trámite, el traslado de copias
entre Procuradores mediante la aplicación que se encuentre prevista en el sistema Lexnet o la
aplicación telemática del Consejo General de Procuradores y la realización de actos de
comunicación procesal por medios telemáticos en todos los órganos jurisdiccionales y Salas del
Tribunal Supremo.
3.- Comunicaciones y notificaciones por canales electrónicos.
De conformidad con lo establecido en el art. 11.1 del RD 1065/2015, “Los órganos y oficinas
judiciales y fiscales realizarán los actos de comunicación con las partes procesales y, en su caso, con los
terceros intervinientes, mediante los siguientes canales electrónicos:
a) El sistema LexNET, si se trata, en su caso, de otros órganos y oficinas judiciales y fiscales,
cuando las partes intervinientes en el proceso estén representadas por profesionales de la justicia
y así lo permitan las normas procesales y cuando los destinatarios de los actos de comunicación
sean las Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) La sede judicial electrónica.
c) El Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana
provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que los medios
tecnológicos lo permitan.
d) Otros sistemas electrónicos de información y comunicación que puedan establecerse”.
No obstante lo dicho, la utilización de esta vía procesal telemática por todos los operarios
jurídicos comprendidos en el ámbito de esta Instrucción no podrá generar en modo alguno,
directa o indirectamente y desde un punto de vista procesal, consecuencias discriminatorias,
positivas o negativas, con respecto a otras partes procesales.
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4.- Según establece el art. 12.2 del RD 1065/2015, cuando la presentación de escritos y
documentos dentro de plazo por los medios electrónicos no sea posible por interrupción no
planificada del servicio de comunicaciones electrónicas, siempre que sea factible se dispondrán
las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos
de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente
vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en el órgano u oficina
judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada por la ineludible realización de trabajos de
mantenimiento u otras razones técnicas lo requieran, podrán planificarse paradas de los sistemas
informáticos que afecten o imposibiliten de forma temporal el servicio de comunicaciones
electrónicas.
Por su parte, el art. 16.1 del RD 1065/2015, relativo a la “disponibilidad del sistema
LexNET”, determina que “Cuando por cualquier causa, el sistema LexNET o las plataformas del Consejo
General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de España aprobadas técnicamente
por el Ministerio de Justicia y conectadas a LexNET no pudieran prestar el servicio en las condiciones
establecidas, se informará a los usuarios a los efectos de la eventual presentación de escritos y documentos y
traslado de copias, así como de la realización de los actos de comunicación en forma no electrónica y se
expedirá, previa solicitud, justificante de la interrupción del servicio o certificado del Consejo General
Profesional correspondiente expresivo de la imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas.
El justificante y los certificados que expidan los Consejos Generales Profesionales surtirán los efectos
previstos en el párrafo segundo del art. 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que el destinatario
de las comunicaciones pueda justificar la falta de acceso al sistema por causas técnicas durante ese
período”.
Para la adecuada y urgente tramitación de las referidas incidencias en el normal
funcionamiento del sistema se encuentra confeccionado por la Secretaría de Gobierno del
Tribunal Supremo un formulario de comunicación formal de incidencias, el cual estará
disponible para los operadores jurídicos afectados en la Sala y Sección con la que pretendieran
mantener comunicación procesal, así como en todas aquellas dependencias en que así se estime
oportuno por el Secretario de Gobierno para facilitar su operatividad, entre las que se encuentra
el Registro General del Tribunal Supremo.
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VII- OPERATIVA FUNCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y
DOCUMENTOS, TRASLADO DE COPIAS ENTRE PROCURADORES Y REALIZACIÓN DE
ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL POR MEDIOS TELEMÁTICOS.
El procedimiento para la realización de actos de comunicación procesal por vía
telemática se ajustará en todo caso a las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en
el Real Decreto 1065/2015, así como a las distintas disposiciones sobre la materia reseñadas en el
apartado de Normativa Aplicable.
Por lo que respecta al procedimiento para la presentación de escritos (tanto iniciadores
como de trámite) y documentos, así como para el traslado de copias entre Procuradores, se
ajustará igualmente a las disposiciones contenidas en el RD 1065/2015 y en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y más en concreto a las reformas operadas en la misma por la Ley 42/2015,
y a las normas establecidas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
En cuanto a la operativa práctica que se encontrarán los operadores jurídicos en el
manejo y utilización de los distintos sistema telemáticos con que cuentan, el art. 17.5 del RD
1065/2015 refleja de manera específica que “el sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje
por el destinatario. La falta de confirmación no implicará que no se haya producido la recepción. En
aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión electrónica o no haya sido posible completar
el envío, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes
de error, para que proceda a su subsanación o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios”.
“El mensaje de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido o archivado por el
usuario y, si el sistema lo permite, integrado en los sistemas de gestión procesal a efectos de acreditación del
intento fallido”.
En los casos en que se haya producido un error en la recepción e incorporación a los
sistemas de gestión procesal y se haya subsanado el mismo en tiempo y forma, el sistema
expedirá un resguardo acreditativo de la subsanación correspondiente, respetando la fecha y
hora del envío inicialmente realizado.
En concreto, deberán observarse los siguientes criterios o reglas básicas:
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A) PRÁCTICA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL POR VÍA TELEMÁTICA.
1.- A tenor de lo establecido en el actual art. 135.1 de la LEC, “Cuando las oficinas
judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas
telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al art. 273,
remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos
sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la
autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción
íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren”.
2.- En consonancia con los arts. 182 a 185 de la LOPJ, los actos de comunicación
telemáticos sólo se podrán remitir desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas de todos los días
hábiles procesales. Los actos de comunicación remitidos fuera de esta limitación horaria y dentro
de los días señalados se entenderán efectuados el día siguiente hábil procesal.
Conforme a lo establecido en el art. 151.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la
entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga
lugar en fecha posterior a la recepción por vía telemática del acto de comunicación, éste se tendrá
por realizado cuando conste efectuada al operador jurídico receptor la entrega del documento,
siempre y cuando los efectos derivados del acto de comunicación procesal estén vinculados al
documento.
No obstante, con el fin de facilitar la gestión del flujo de comunicaciones recibido por los
distintos profesionales y su labor diaria, se podrá establecer a través de la correspondiente
Instrucción del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, previo acuerdo al respecto con los
operadores jurídicos afectados, una franja horaria inferior para la remisión telemática de actos de
comunicación procesal en el ámbito territorial correspondiente al Tribunal Supremo, a fin de
conciliar los intereses de los distintos profesionales que intervienen en la Administración de
Justicia.
3.- Los actos de comunicación a los Procuradores de los Tribunales que se practiquen a
través de los servicios de notificaciones organizados por el respectivo Colegio de Procuradores,
organización que se entenderá cumplida por el hecho de que el Procurador se persone en las
actuaciones en representación de la parte procesal, con independencia de la provincia o parte de
ella en que se encuentre ubicado el Colegio al que pertenezca el Procurador, se tendrán por
realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en el resguardo acreditativo de
su recepción, cuando el acto de comunicación procesal se haya efectuado por los medios y con los
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requisitos establecidos en el sistema telemático Lexnet, conforme a lo prevenido en el art. 151.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cualquier caso, la recepción del acto de comunicación procesal en el buzón virtual del
Colegio de Procuradores producirá plenos efectos procesales con independencia de que el
Procurador acceda o no a su contenido y de cuándo lo haga, conforme a lo establecido en el art.
28.3 de la LEC.
4.- Respecto al resto de usuarios del sistema Lexnet distintos a los Procuradores,
contemplando el art. 151.2 de la LEC a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social, al Servicio Jurídico de las demás Administraciones
Públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, al Ministerio Fiscal (con las
especificaciones que se indicarán) y a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas
Legislativas, debiendo añadirse a estos efectos de cómputo de plazos procesales al resto de
operadores jurídicos contemplados en el Anexo II del RD 1065/2015 cuando los mismos se
encuentren operativos y dados de alta en el sistema, tales como Abogados, Graduados Sociales,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y administradores concursales, los actos de
comunicación procesal por vía telemática se tendrán por realizados, conforme a lo establecido en
el art. 151.2 de la LEC, el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o
en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado
por los medios y con los requisitos establecidos en el art. 162 de la LEC. Cuando el acto de
comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día
siguiente hábil.
Ahora bien, en el caso de operadores jurídicos distintos a los Procuradores, los efectos
procesales de la notificación por vía telemática no serán automáticos desde la fecha y hora que
conste en el resguardo acreditativo de la remisión del acto de comunicación procesal desde las
distintas oficinas judiciales, sino que, conforme a lo establecido en el actual art. 162.2 de la LEC,
“cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los
practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores,
transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha
sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos”.
A tenor de lo señalado en el párrafo segundo del art. 162.2 de la LEC, se exceptuarán
aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de
notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas
persistiesen en el momento de ponerse en conocimiento, el acto de comunicación se practicará
mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá
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válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No
obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la
comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha
que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
Igualmente, y como excepción, destaca el párrafo tercero de referido art. 162.2 que “no se
practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes
de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.
Por tanto, salvo que el usuario receptor justifique la falta de acceso al sistema, o que el
mismo abra su correo dentro de los tres días hábiles señalados (momento en el que se entenderá
efectuada la notificación en legal forma), el acto de comunicación procesal se entenderá realizado
al cuarto día hábil de su notificación telemática por las oficinas judiciales, comenzando a correr el
plazo procesal al día siguiente.
De igual manera, también podrá consensuarse entre el Secretario de Gobierno del
Tribunal Supremo y los operadores jurídicos que así lo estimen conveniente un plazo para la
apertura del correspondiente correo electrónico por el receptor del acto de comunicación procesal
antes del transcurso de los tres días hábiles señalados, a fin de agilizar la tramitación del
procedimiento y facilitar a las distintas oficinas judiciales el control de los plazos procesales.
5.- Los actos de comunicación procesal deberán observar la relación de campos a
cumplimentar obligatoriamente que aparecen relacionados en el Anexo III del RD 1065/2015, de
27 de noviembre.
Siempre que por cualquier circunstancia no se cumplan estos requisitos, omitiendo datos
necesarios o incluyendo otros erróneos, generándose con ello indefensión o provocando
confusión procesal, el usuario receptor estará en condiciones de rechazar el acto de comunicación
procesal siempre que se haga dentro del siguiente día hábil procesal a la recepción y lo
comunique por escrito a la Sala y Sección correspondiente.
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B) PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS Y TRASLADO DE COPIAS
ENTRE PROCURADORES POR MEDIOS TELEMÁTICOS.
El procedimiento para la presentación de escritos, tanto iniciadores de procedimiento
como de simple trámite, así como traslado de copias entre Procuradores, se llevará a cabo en la
forma recogida en la presente Instrucción, con respeto a las normas contenidas al efecto en la
LEC, RD 1065/2015, LOPJ y Ley 18/2011, así como resto de normativa aplicable, incluida la
reforma de la LEC establecida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, publicada en el B.O.E. de 6-10-
2015, y que entró en vigor el 7 de octubre de 2015.
En concreto, deberán aplicarse los siguientes criterios generales:
1.- Todos los escritos y documentos que se aporten por los usuarios para su entrada ante
cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo deberán presentarse ante el Registro General del
Tribunal Supremo, quien procederá a expedir copia de registro y entrada para su entrega a la
parte. Ante el mismo Registro General del Tribunal Supremo deberá presentarse igualmente por
los Procuradores el justificante emitido por el sistema Lexnet o la aplicación telemática de
traslado de copias y documentos del Consejo General de Procuradores de haber efectuado el
traslado previo de copias al resto de partes del procedimiento que se encuentren personadas
mediante Procurador. En el caso de que dicho justificante no sea aportado por el Procurador, el
Letrado de la Administración de Justicia de cada Sala y Sección que conozca del asunto resolverá
conforme a lo dispuesto en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediendo a su
inadmisión de no aportarse el oportuno justificante.
2.- Conforme a lo establecido en la Instrucción 2/2014, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, el Registro General del Tribunal Supremo realizará el registro de los
escritos iniciadores de procedimiento atendiendo al orden de entrada de los mismos.
A los solos efectos de reparto, los escritos iniciadores recibidos en el Buzón por el Sistema
Lexnet se computarán como presentados, por su orden, a las 9:00 horas del primer día hábil
siguiente a su remisión.
En cuanto a las normas concretas para registro y reparto de escritos, tanto iniciadores
como de trámite, por el Registro General del Tribunal Supremo, se estará a las normas específicas
establecidas para cada orden jurisdiccional contenidas en los Anexos que se establezcan y
aprueben por el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
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3.- Todos los escritos (iniciadores y de trámite) y documentos que los acompañen, a
efectos de que surtan los correspondientes efectos procesales en los procedimientos tramitados
ante las distintas Salas del Tribunal Supremo, deberán remitirse por los usuarios señalados en la
relación del Anexo II del RD 1065/2015 a través del sistema telemático Lexnet, sin que la
presentación por dicha vía telemática pueda alterar lo establecido en las leyes sobre el tiempo
hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo.
En este sentido, el párrafo segundo del actual art. 135.1 de la LEC señala que “se podrán
presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las
veinticuatro horas”, destacando el párrafo tercero de referido art. 135.1 que “presentados los
escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo
medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de la
presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la
presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se
entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente”.
4.- Conforme a lo establecido en el actual art. 135.2 de la LEC, cuando la presentación de
escritos perentorios dentro de plazo no resulte posible por medios telemáticos, bien por una
interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, bien
porque el excesivo número de dichos documentos, su complejidad u otra circunstancia
justificada hagan desaconsejable la utilización de la vía telemática para la presentación de dichos
documentos, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte
informado de las circunstancias concurrentes, así como de los efectos de la suspensión, con
indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El
remitente podrá proceder en este caso a su presentación ante el Registro General del Tribunal
Supremo hasta el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de dicha interrupción o
de la circunstancia excepcional que ha impedido la presentación en vía telemática.
Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la
presentación de los escritos o documentos, se deberán presentar en soporte electrónico (mediante
pen-drive o sistema similar) por el usuario remitente ante el Registro General del Tribunal
Supremo hasta el primer día hábil siguiente al de la fecha de remisión del escrito por Lexnet,
debiendo hacer referencia a los datos identificativos del envío telemático al que no pudieron ser
adjuntados.
Conforme a lo establecido en el actual art. 135.4 de la LEC, “los escritos y documentos se
presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios
telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de conversión en formato
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electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes”. En caso de presentación de escritos
y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampará en los escritos de
iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo
perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se
presenta (Sección y Sala del TS) y el día y hora de la presentación.
Una vez sean presentados ante el Registro General del Tribunal Supremo los documentos
que completan el escrito remitido por Lexnet, se acusará recibo por el Registro General quien
remitirá los mismos a la Sala y Sección del Tribunal Supremo competente a fin de que se adopte
por ésta la resolución procedente.
5.- De igual manera, cuando procesalmente sea necesario, las copias de los escritos y
documentos originales se presentarán también de manera física en formato digital (mediante
pen-drive o sistema similar) en el Registro General del Tribunal Supremo en el siguiente día hábil
a la remisión del escrito por vía telemática, acompañando así mismo el justificante telemático de
haberse remitido el escrito por Lexnet o la aplicación telemática de traslado de copias y
documentos del Consejo General de Procuradores.
A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del actual art. 273.4 de la LEC,
“únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den
lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá
aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras
partes.
Cuando la presentación se realice por un Procurador, se deberá acreditar por el mismo
haber realizado el traslado previo de copias al resto de partes que se encuentren personadas en el
procedimiento por medio de Procurador, mediante la aportación del correspondiente justificante
telemático emitido por el sistema Lexnet o la aplicación telemática de traslado de copias y
documentos del Consejo General de Procuradores. Según dispone el art. 276.2 de la LEC, “el
traslado de copias de los escritos y documentos presentados de forma telemática se hará por
medios telemáticos de forma simultánea a la presentación y se entenderá efectuado en la fecha y
hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que el traslado tenga
lugar en día y hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley se entenderá efectuado el
primer día y hora hábil siguiente.
El Registro General del Tribunal Supremo no sellará la entrada en formato papel de
ningún escrito que hubiera debido remitirse telemáticamente.
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6.- En el supuesto de que algún usuario no pudiera presentar telemáticamente algún
escrito por razones físicas o técnicas, podrá presentarlo ante el Registro General en forma
presencial, siempre que acompañe a la presentación material el justificante que genere el Sistema
de tal imposibilidad o acompañe certificación del respectivo Colegio Profesional o del
Director/Jefe del Servicio recogiendo tal imposibilidad, en cuyo caso sí se le podrá sellar por el
Registro General del Tribunal Supremo la presentación en forma ordinaria.
Si se trata de un Procurador, se deberá acreditar por el mismo el traslado previo a los
demás Procuradores personados en el procedimiento del escrito presentado si esta funcionalidad
del Sistema no presentara igualmente idéntica imposibilidad.
7.- Con carácter general, el procedimiento para la presentación de escritos y documentos
y el traslado de copias entre Procuradores se llevará a cabo conforme a lo señalado en las normas
anteriores, así como en el resto de disposiciones contenidas en el RD 1065/2015, así como en el
art. 276 de la LEC, reformado por la Ley 42/2015.
8.- Respecto a la forma en que deberán presentarse los escritos y documentos en forma
telemática, el art. 273.4 de la LEC señala que “los escritos y documentos presentados por vía
telemática o electrónica indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán
debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y
consulta”.
De manera más específica, el Anexo IV del RD 1065/2015 establece en sus puntos 5, 6 y 7
que el escrito o documento principal de envío deberá ser presentado en el formato PDF/A con la
característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir, deberá haber sido generado o
escaneado con software que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de
texto editable sobre cuyo contenido puedan realizarse búsquedas y deberá ir firmado
electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales actuantes.
Los documentos que se adjunten a los escritos procesales deberán ser presentados según
su contenido en alguno de los formatos que la Guía de interoperabilidad y Seguridad de
Catálogo de Estándares y la Guía de interoperabilidad y Seguridad del Documento Judicial
Electrónico establezcan para este cometido. Hasta entonces se recomiendan los siguientes: pdf,
rtf, jpeg, jpg, tiff, odt y zip.
Los documentos que sólo contengan texto deberán ser presentados, principalmente, con
las características descritas anteriormente. Los archivos comprimidos zip sólo podrán contener
documentos de los formatos pdf, rtf, jpeg, jpg, tiff y odt.
En ningún caso se podrán remitir a través de LexNET archivos de audio, video o zip
comprimido que contengan archivos en formatos distintos de los anteriormente citados.
Los documentos adjuntos deberán remitirse individualizados en tantos archivos digitales
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como documentos sean los que deben componer el envío. No es posible remitir un único pdf que
contenga todos los documentos.
En el momento de su generación en el proceso de escaneado, los documentos serán
nombrados de forma descriptiva. El nombre deberá ir precedido del número cardinal
correspondiente al lugar u orden que ocuparán al ser anexados o adjuntados en el envío a
realizar. Deberá incluirse su clase y breve descripción, sin que sirva únicamente una alusión
genérica o numeral.
El sistema permitirá acceder a los archivos de forma paralela e integrada, antes de
proceder al envío.
9.- FORMULARIO NORMALIZADO DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 2/2010 del Consejo General
del Poder Judicial, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los
servicios comunes procesales, publicado en el B.O.E. de 12 de marzo de 2010, y para que el
registro y reparto de asuntos y escritos para las distintas Salas que componen el Tribunal
Supremo pueda hacerse de forma ágil y homogénea, resulta preciso que al Registro General del
Tribunal Supremo sea facilitada por los distintos usuarios del Sistema Lexnet toda la información
que resulte necesaria, información que deberá ser transmitida de forma eficiente por los mismos,
prestando así una colaboración imprescindible para el buen funcionamiento del Sistema.
En este sentido, el apartado 3 del art. 9 del RD 1065/2015 establece que la presentación de
toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos deberá ir
acompañada de un formulario normalizado con el detalle o índice comprensivo del número,
orden y descripción somera del contenido de cada uno de los documentos, así como, en su caso,
del órgano u oficina judicial o fiscal al que se dirige y el tipo y número de expediente y año al que
se refiere el escrito.
Este formulario, que contendrá una serie de datos que variarán en función de las
distintas posibilidades y casuística, señalará una serie de datos obligatorios que todas las partes,
remitente y receptor del envío telemático, deberán cumplir para que el acto de comunicación
procesal realizado en forma telemática pueda adquirir la plenitud de efectos procesales.
La totalidad de estos datos vienen reflejados en la Resolución de 15 de diciembre de 2015,
de la Secretaría General de la Administración de Justicia, dictada en desarrollo del RD 1065/2015,
los cuales se dan aquí por reproducidos a efectos de economía procesal, y que, en síntesis, vienen
a distinguir los siguientes tipos de escritos que pueden ser recibidos o remitidos por vía
telemática:
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1.- Escritos de trámite. Entendiendo por tales aquellos que sean remitidos a un órgano
judicial en relación a un procedimiento judicial ya incoado.
2.- Escrito iniciador de asunto. Entendiendo por tal todo aquel escrito remitido a un
órgano judicial por el que se solicita la incoación de un nuevo procedimiento.
3.- Escrito iniciador de ejecución. Como tal deberá entenderse todo aquel escrito
remitido a un órgano judicial por el que se solicita el despacho de ejecución de resoluciones
procesales, arbitrales, de acuerdos de mediación o de títulos extrajudiciales que lleven aparejada
ejecución.
4.- Datos de identificación de Profesionales/Organismos.
5.- Identificación de procedimientos incoados.
6.- Identificación de intervinientes.
7.- Caracterización de los documentos. Capítulo en el que se reproducen las
especificaciones indicadas anteriormente.
A efectos de especificación de los datos concretos que deberá contener todo tipo de
documento, se efectúa una remisión general a la Resolución de la SGAJ de 15 de diciembre de
2015, así como de igual manera al índice de valores de catalogación de documentos que se
contiene en referida Resolución.
Aquellos escritos en los que no se identifique correctamente la Sala y Sección, en su caso,
al que van dirigidos y el procedimiento al que se refieren y no sean susceptibles de subsanación
por parte del personal destinado en la Oficina de Registro y Reparto serán remitidos al Letrado/a
de la Administración de Justicia de cada Sala del Tribunal Supremo que ejerza funciones de
Coordinador de Sala, a fin de que proceda a recabar los datos necesarios para su adecuado
registro y efectos procesales que deban otorgarse a los mismos.
10.- ÍNDICE DE DOCUMENTOS.
En todo caso en que con los escritos iniciadores o de trámite se adjunten documentos, se
deberá incluir como primer documento anexo el índice y relación de los documentos que se
adjuntan o anexionan.
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11.- Excepcionalidad de la impresión de documentación en papel.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 2/2014, de 19 de
marzo, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, como regla general se evitará la
impresión de los escritos presentados, que serán accesibles y podrán ser examinados junto a las
resoluciones procesales elaboradas, en su caso, en el sistema de gestión procesal y, por
consiguiente, los Letrados de la Administración de Justicia deberán velar por la mas completa
itineración y gestión electrónica de la documentación obrante en los distintos procedimientos
judiciales.
En casos excepcionales, que se valorarán en cada supuesto teniendo en cuenta el orden
jurisdiccional, clase y naturaleza del asunto, eventuales recursos o remisión a otros órganos, se
podrá determinar la necesidad de imprimir los escritos y documentos recibidos por vía
telemática.
VIII- RÉGIMEN ORGANIZATIVO DE CADA SALA Y SECCIÓN
DEL TRIBUNAL SUPREMO
Las posibles incidencias que la utilización física y aplicación práctica del sistema
telemático Lexnet pueda tener en la organización y gestión interna del personal de cada Sala y
Sección concreta (referida a los aspectos técnicos procesales) será objeto de especial valoración y
consideración, a los efectos oportunos, por los Ilmos/as. Letrados/as de la Administración de
Justicia respectivos y responsables de cada Sección y Sala del Tribunal Supremo, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 454, 456 y 457 de la LOPJ, así como en el ROCSJ. Dichos Letrados de
la Administración de Justicia deberán respetar y aplicar las reglas establecidas en la presente
Instrucción, así como las órdenes e instrucciones que, en su caso, puedan recibir en esta materia
de sus superiores jerárquicos, conforme a lo dispuesto en el art. 8 del RD 1608/2005, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
En ningún caso será obligatorio incorporar a los autos que puedan formarse los escritos
recibidos telemáticamente a través de la aplicación Lexnet.
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En los supuestos en que la Sala y Sección del Tribunal Supremo receptora del expediente
deba remitir las actuaciones a un órgano judicial diferente por corresponder a éste la competencia
objetiva, territorial o funcional para su conocimiento, los Letrados de la Administración de
Justicia responsables de las Salas y Secciones deberán velar por que la remisión del expediente se
produzca en su integridad, incluyendo tanto los documentos recibidos por vía telemática como
los que se encuentren aportados físicamente a los autos. A su vez, y siempre que resulte posible,
deberán remitirse los documentos electrónicos en este mismo formato.
IX- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Conforme a lo dispuesto en el punto 1. de la Disposición Transitoria Cuarta
de la Ley 42/2015, transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de
comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el art. 151.2 (de la LEC) será de
diez días naturales.
SEGUNDA.- Por otra parte, hasta el 1 de enero de 2017, los interesados que no sean
profesionales de la justicia y no estén representados por procurador no podrán optar ni ser
obligados a la presentación o recepción de escritos y documentos o actos de comunicación por
medios telemáticos en los términos del art. 273 (de la LEC). Transitoriamente y hasta esa fecha se
seguirán haciendo dichos actos por los otros medios regulados en la ley.
X- DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con la entrada en vigor de la presente Instrucción quedará derogada expresamente la
Instrucción nº 3/2015 dictada por este Secretario de Gobierno, la cual fue objeto de
oportuna notificación a todos los interesados con fecha 27 de octubre de 2015.
XI- ENTRADA EN VIGOR
La presente Instrucción de Actuación entrará en vigor con fecha 4 de enero de 2016, si
bien deberán mantenerse los plazos de doble vía establecidos en el Anexo IV a la Instrucción nº
3/2015 para los escritos iniciadores y para los escritos de trámite en las jurisdicciones
Contencioso-Administrativa y Militar respecto a todos los operadores jurídicos señalados en
dicho Anexo IV.
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Madrid, a 4 de enero de 2016.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO
Fdo: Tomás Sanz Hoyos
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ANEXO I
TIPOLOGIA POR ORDEN JURISDICCIONAL EN EL TRIBUNAL SUPREMO
JURISDICCION CIVIL
009 – ESCRITOS
CAS – RECURSO DE CASACION
CIP – RECURSO DE CASACION E INFRACCION PROCESAL
RIP – RECURSO DE INFRACCION PROCESAL
COM – COMPETENCIAS
EJU – ERROR JUDICIAL
EXE – EXECUATUR
QUE – QUEJAS
RSC – RESCISION DE SENTENCIA
RES – RESPONSABILIDAD CIVIL
REV – REVISIONES
001 – PROCEDIMIENTO DE JUICIO VERBAL
002 – PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION
JURISDICCION PENAL
001 – RECURSO DE CASACION
002 – RECURSO DE CASACION (Preso)
003 – CAUSA ESPECIAL
004 – REVISION
005 – QUEJA
006 – CUESTION DE COMPETENCIA
007 – ERROR JUDICIAL
008 – RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA
009 – PERSONACION
010 – TURNILLOS
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION
Tribunal Supremo
Secretaría de Gobierno
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JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
000 – ASUNTO ANTIGUO
001 – RECURSO ORDINARIO CONTRA DISPOSICION
002 – RECURSO ORDINARIO CONTRA ACTO
003 – CUESTION DE ILEGALIDAD
004 – CUESTION DE COMPETENCIA
005 – RECURSO DE REVISION
006 – ERROR JUDICIAL
007 – RECURSO DE QUEJA
008 – RECURSO DE CASACION
009 – RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA
010 – RECURSO DE CASACION EN INTERES DE LA LEY
PMC – PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES
099 – ESCRITO DE PERSONACION
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION
JURISDICCION SOCIAL
000 – OTROS
001 – CASACION
002 – REVISION
003 – QUEJA
004 – CUESTION DE COMPETENCIA
005 – ERROR JUDICIAL
007 – AUDIENCIA EN REBELDIA
008 – UNIFICACION DE DOCTRINA
009 – ESCRITOS NO REFERENCIADOS
010 – IMPUGNACION ACTOS DE LA ADMINISTRACION
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION
Tribunal Supremo
Secretaría de Gobierno
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JURISDICCION MILITAR
101 – RECURSO CASACION PENAL
102 – RECURSO REVISION PENAL
103 – RECURSO QUEJA PENAL
104 – DILIGENCIAS PREVIAS PENAL
105 – CUESTIONES COMPETENCIA PENAL
106 – OTROS PENAL
201 – RECURSO CASACION CONTENCIOSO
202 – RECURSO REVISION CONTENCIOSO
203 – RECURSO QUEJA CONTENCIOSO
204 – RECURSO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO MILITAR ORDINARIO
205 – RECURSO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO MILITAR PREFENTE Y SUMARIO
206 – CUESTION DE COMPETENCIA CONTENCIOSO
207 – OTROS CONTENCIOSO
PMC – PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES
009 – PERSONACION
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION
SALAS ESPECIALES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION DEL ART. 38 LOPJ
A38 – CONFLICTO ART. 38 LOPJ
SALA DE CONFLICTOS DE JURISDICCION DEL ART. 39 LOPJ
A39 – CONFLICTO ART. 39 LOPJ
SALA DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA DEL ART. 42 LOPJ
A42 – CONFLICTO DEL ART. 42 LOPJ
SALA ESPECIAL ART. 61
A61 – ART. 61 LOPJ
E61 – PROCEDIMIENTO ELECTORAL
TPR – TRAMITES POSTERIORES A LA RESOLUCION