informe defensorial 154 (resumen ejecutivo

8/3/2019 Informe Defensorial 154 (Resumen Ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO

Informe Defensorial N 154El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad

ciudadana y la Poltica Criminal. Problemas, retos y perspectivas"

Lima - 2011


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N D I C E

PRESENTACIN 3

ANTECEDENTES 5

Competencia de la Defensora del Pueblo en el Sistema Penitenciario 5

Contenido del Informe Defensorial 5

El Sistema Penitenciario en cifras 5

Las condiciones del Sistema Penitenciario en el Per 6

Las condiciones laborales del sistema penitenciario 7

Infraestructura, seguridad y salud 7

Trabajo y educacin 8

Mujer, jvenes y otros grupos vulnerables 9

Las claves de una reforma penitenciaria 11

RECOMENDACIONES 11

Al seor Ministro de Justicia 11

Al seor Presidente del Consejo Nacional Penitenciario 12

Al seor Presidente del Consejo de Ministros 14

Al seor Presidente de la Comisin de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de laRepblica 15

Al seor Presidente del Poder Judicial 15

Al seor Fiscal de la Nacin 15

Al seor Ministro de Economa y Finanzas 15

Al seor Ministro del Interior 15

A la seora Ministra de Educacin 15

Al seor Ministro de Trabajo y Promocin del Empleo 16

Al seor Ministro de Salud 16

Al seor Ministro de Relaciones Exteriores 16

Al seor Director de la Polica Nacional 16

A la seora Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima 16

A los Directores Regionales del INPE y Directores de los Establecimientos Penitenciariosdel pas 15

Anexos 17


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PRESENTACIN

En los ltimos aos, la situacin penitenciaria ha estado marcada por sobrepoblacin yhacinamiento, as como la carencia de recursos en la administracin penitenciaria, queno le han permitido atender de manera adecuada los programas de tratamiento de laspersonas privadas de libertad ni garantizar sus derechos elementales, como la salud.As lo hemos sealado en diversos informes defensoriales, como el N 113,Supervisin del Sistema Penitenciario. 2006, publicado en el 2007.

Por ello, cinco aos despus, realizamos una nueva evaluacin que busca determinaren qu medida las autoridades estatales han llevado adelante acciones destinadas asuperar la situacin existente desde hace mucho tiempo.

El Informe Defensorial N 154 El Sistema Penitenciario: Componente clave de laseguridad y la Poltica Criminal. Problemas, retos y perspectivas, muestra losresultados de dicha evaluacin, incidiendo en los aspectos que, a nuestro entender,constituyen los ms preocupantes del sistema penitenciario, como son lainfraestructura, la seguridad y el tratamiento penitenciarios.

En el ao 1997, en nuestro pas existan 24,297 privados de libertad y, al trmino de julio del 2011, existen 48,858. Ello muestra que en los ltimos aos el nmero depresos se ha incrementado en un 100%, as como los problemas que aquejan alsistema: enfermos que no reciben adecuada atencin, programas y serviciospenitenciarios excedidos en su capacidad de atencin y resquebrajamiento de la

seguridad penitenciaria.

Esta realidad no tiene como causas solo la conocida falta de recursos y de personal dela administracin penitenciaria, sino que es efecto de la aplicacin de una polticacriminal, determinada por la dacin de leyes penales que, histricamente, han optadopor suponer que la criminalidad bsicamente puede ser frenada mediante la dacin denormas cada vez ms duras, sin una debida evaluacin de su impacto.

En dicho contexto, es evidente que la situacin penitenciaria no muestra mejoras en elperodo 2006 julio 2011, y por ello, en el Informe nos preocupa analizar, adems delo sealado anteriormente, algunas situaciones que entendemos relevantes: elfenmeno de la corrupcin, el control judicial que debe existir sobre la actividad de laadministracin penitenciaria, la situacin del personal penitenciario, los grupos enespecial vulnerabilidad, entre otros.

A partir de la supervisin realizada, se han emitido un conjunto de recomendaciones,pero en dicho contexto entendemos que medidas aisladas como las que hasta ahorase han adoptado, no lograron superar la crisis estructural que afecta al sistemapenitenciario. Por ello, planteamos como una necesidad inmediata el inicio de unareforma penitenciaria integral y profunda, basada en un Plan de Reforma Penitenciariaque al menos abarque los aos 2012 al 2021 que, al mismo tiempo, contengaobjetivos y metas claras, as como indicadores que se puedan cuantificar.

Este Resumen Ejecutivo presenta las principales conclusiones y recomendaciones quecontiene el Informe Defensorial N 154.


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Para la Defensora del Pueblo es necesario garantizar que, dentro de poco, se pueda

abandonar la realidad de un sistema penitenciario marcado por ser espacio de merareclusin, donde las carencias dan paso a un desgobierno y a la afectacin dederechos. Es preciso dar paso a una crcel que sancione al culpable, que establezcael principio de autoridad de manera clara, que respete derechos y que contribuya a laresocializacin de las personas privadas de libertad, como seala el mandatoconstitucional, convirtindose as en un elemento vital en una poltica de seguridadciudadana y en la lucha contra la criminalidad.

Lima, octubre del 2011

Eduardo Vega LunaDefensor del Pueblo (e)


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ANTECEDENTES

Desde 1996, la Defensora del Pueblo viene supervisando y monitoreando la situacindel Sistema Penitenciario peruano como componente esencial de la seguridadciudadana, habiendo emitido diversos informes con los resultados de susinvestigaciones. Estos documentos sealan los principales problemas del SistemaPenitenciario, que estaban referidos al nivel de hacinamiento, la precariainfraestructura penitenciaria, la insuficiente capacidad de los servicios penitenciarios ylos programas de tratamiento penitenciario. Con posterioridad a dichos informesdefensoriales se ha observado que la situacin de las crceles se ha ido deteriorandopaulatinamente.

Competencia de la Defensora del Pueblo en el Sistema Penitenciario

De acuerdo con lo establecido por el artculo 162 de la Constitucin Poltica del Pery el artculo 1 de la Ley N 26520, Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo,corresponde a esta institucin la defensa de los derechos fundamentales de lapersona y la comunidad, as como la supervisin del cumplimiento de los deberes dela administracin estatal y la adecuada prestacin de los servicios pblicos. En el casode las personas privadas de libertad la labor se realiza siguiendo las Reglas Mnimasde las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delincuente y Prevencin del Delito -ONU y los Principios y Buenas Prcticas sobre la Proteccin de las PersonasPrivadas de Libertad en las Amricas OEA.

Contenido del Informe Defensorial

El presente Informe contiene los resultados de la supervisin defensorial realizada alos 66 establecimientos penitenciarios del pas, en base a la informacin estadsticaproporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la visita directa en 35crceles (entre los meses de enero y julio del presente ao), as como el monitoreopermanente realizado por la Defensora del Pueblo, mediante sus oficinasdefensoriales a nivel nacional.

La supervisin muestra las caractersticas de la poblacin penal, el hacinamiento, lasituacin de la infraestructura penitenciaria, los problemas de seguridad al interior delos penales, las condiciones laborales del personal penitenciario, el problema de lacorrupcin, las muertes de las personas privadas de libertad, la situacin de lasmujeres, los jvenes, las personas con trastornos mentales y los extranjeros, as comolas condiciones en que se encuentran los servicios de salud, educacin y trabajo quese brindan a los privados de libertad. Asimismo, el Informe aborda la necesidad deintroducir el control judicial sobre las condenas y medidas de seguridad.

El Sistema Penitenciario en cifras

La poblacin penitenciaria a julio del 2011, alcanza a 48,858 personas privadas delibertad. El 94% son varones y 6% mujeres.Se observa una clara disminucin de la

poblacin joven (18 a 24 aos), que pasa de un 25% en el 2006 a un 17% en el 2011;se observa una disminucin del porcentaje de procesados, pasando de un 67% a un


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60%; los delitos contra el patrimonio son el primer motivo de privacin de la libertad(36%), seguido por los delitos de trfico ilcito de drogas con un 28%; delitos contra la

libertad (principalmente violacin sexual) con un 23%, delitos contra el cuerpo, la viday la salud con el 9% y otros delitos con el 5%. El 53 % de la poblacin sentenciadatiene una pena mayor a los 10 aos.

La poblacin penitenciaria se encuentra distribuida en ocho Direcciones Regionalesdel Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE): la mayora se encuentran enlos penales que corresponden a la Direccin Regional Lima (52.37%); seguida por laDireccin Regional - Norte (Chiclayo) con un 13.64%; la Direccin Regional - Centro(Huancayo) tiene el 9.01% de la poblacin mostrando un incremento muy significativodurante el periodo; la Regin Oriente (Pucallpa) tiene 6.88%; la Regin Nor Oriente(San Martn) 6.52%; la Direccin Regional - Sur Oriente (Cusco) 5.01%; la DireccinRegional - Sur (Arequipa) con un 4.08%; y la Direccin Regional del Altiplano un

2.49%.

Las condiciones del Sistema Penitenciario en el Per

En julio del 2011 existan 48,858 personas privadas de libertad en 66 establecimientospenales, que tienen capacidad para 28,689. Es decir, existe una sobrepoblacin del70% sobre su capacidad real de albergue. El evidente deterioro de las condiciones,servicios, tratamiento y seguridad en los penales, no depende solamente de laadministracin penitenciaria, sino ms bien responde a la falta de prioridad de estatemtica en las polticas pblicas de seguridad ciudadana del Estado.

En el perodo 2006 julio 2011, la poblacin penitenciaria ha mostrado un aumento de12,391 internos (33.98%), situacin que incide en la crisis de la capacidad de atenciny reclusin que tiene el sistema penitenciario. El nfasis de la respuesta del Estadofrente al delito y a la delincuencia se ha centrado en el castigo ms que en losprogramas de prevencin del delito y de reinsercin social.

La orientacin de la poltica criminal del Estadoen el periodo que abarca el presenteinforme ha estado marcada por la dacin de un significativo nmero de normas conrango de ley que han modificado la legislacin penal sustantiva (29 dispositivos quehan reformado 125 artculos del Cdigo Penal); en materia procesal (13 dispositivos) yde ejecucin penal (4 dispositivos). Estos cambios han incidido en el incremento depenas, la creacin de nuevas figuras o de agravantes y la limitacin de los beneficiospenitenciarios. Actualmente, 17 delitos tienen prohibidos beneficios penitenciarios parareducir sus penas. Las normas emitidas no han tenido mayor impacto en ladisminucin de los delitos (de acuerdo con los datos estadsticos recopilados). Msan, la sensacin de inseguridad ciudadana se ha incrementado en el pas.

De acuerdo con la informacin estadstica disponible los plazos de duracin de losprocesos penales han disminuido en los lugares donde se viene aplicando el NuevoCdigo Procesal Penal. En ese sentido, la aplicacin de esta norma habra contribuidoa una aplicacin ms racional y ponderada de los criterios de la prisin preventiva yuna reduccin del porcentaje de personas privadas de libertad en condicin deprocesadas, en esos lugares.


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Las condiciones laborales del personal penitenciario, tanto de seguridad como detratamiento, presentan claras y evidentes deficiencias que afectan seriamente su

capacidad para desarrollar sus delicadas y complejas funciones. A ello se agrega unconjunto de dificultades relacionadas con el proceso de seleccin, capacitacin (se hareducido el tiempo a 3 meses) y la remuneracin del personal. La dacin de la Ley dela Carrera Especial Pblica Penitenciaria constituye un importante avance, perorequiere su inmediata reglamentacin.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, hubo un importante incremento de lacapacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios realizado por la gestindel gobierno anterior de alrededor de 10,000 nuevas plazas de reclusin. No obstanteello, no se ha podido evitar la crtica situacin que afecta tanto a la poblacin penalcomo al personal penitenciario. De los 66 establecimientos penitenciarios, 25 seencuentran en mal estado, 29 en situacin regular y 12 en buen estado de uso. Ello

debido al constante incremento de dicha poblacin como efecto de una polticacriminal que incide constantemente en el mayor uso de la crcel, la mayor incidenciadelictual y la falta de un mantenimiento adecuado de la infraestructura penitenciaria.En los ltimos 14 aos (desde 1997), la poblacin penitenciaria se ha vistoincrementada en un 100% (de 24,297 a 48,858). En los ltimos aos, el incrementoanual promedio es de 2,800 privados de libertad, realidad que demanda unplaneamiento penitenciario que contemple necesariamente la construccin de dosestablecimientos penitenciarios por ao para atender este crecimiento inevitable de lapoblacin penitenciaria.

La seguridad penitenciaria en la actualidad se encuentra seriamente comprometidaen tanto que el personal penitenciario es insuficiente para ejercer el control, seguridad

y custodia en los establecimientos penitenciarios del pas. El promedio por cada turno,aproximadamente, es de 1,050 agentes penitenciarios que deben atender el resguardode 48,858 internos. Si bien a ello se adiciona la responsabilidad de la Polica Nacionalque tiene a cargo 10 establecimientos penitenciarios, es claro que el nmero resultaan insuficiente para atender los requerimientos y exigencias del componente deseguridad. Ello se plasma en el hecho que en los penales supervisados el personalapenas puede cubrir poco ms de la mitad de los torreones de control existentes. Aesta situacin, se suma la carencia de materiales de seguridad para el resguardo(paletas de control, arcos de seguridad, tecnologa para la revisin de paquetes, entreotros). Lo mismo sucede con el personal policial encargado del traslado de personasprivadas de libertad a diligencias judiciales y hospitalarias.

La carencia de material logstico adecuado para realizar de forma eficiente el controlde las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios como visitantesfavorece el ingreso de objetos prohibidos (drogas, armas y celulares). Slo una de las66 crceles existentes cuenta con un sistema informtico de control de huellasdactilares para los visitantes (Miguel Castro Castro) y slo 2 cuentan con rayos xoperativos para revisin corporal (Miguel Castro Castro y Piedras Gordas I).

En cuanto al derecho a la salud, la deficiencia de los servicios origina que a la fechade supervisin no se garantice el derecho a la salud de las personas privadas delibertad. Desde el ao 2006, el sistema penitenciario slo cuenta con 63 mdicos,nmero que no ha variado, a pesar del incremento de la poblacin recluida hasta en

un 33.98%. Se ha verificado que 28 establecimientos penitenciarios no cuentan con


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personal mdico y gran parte del nmero de penales que tienen ambientes para laatencin mdica requieren un mantenimiento integral y reequipamiento.

Una muestra de esta crtica situacin es el hecho que a julio del 2011 se registran msde 1,200 casos de TBC, de los cuales 50 son multidrogo - resistente. En el caso delVIH/SIDA, existen 540 personas con VIH. Estos datos resultan preocupantes, al ser laprevalencia de TBC aproximadamente entre 20 veces superior en las prisiones quefuera de ellas; y, en el caso de VIH/SIDA la prevalencia en los penales es tres vecesmayor que en la comunidad libre.

Esta situacin constituye un grave problema de salud pblica, en tanto puede afectaral personal penitenciario y policial, a las visitas que acuden a los penales y a todapersona que tenga contacto con ellas, por lo que se requiere una atencin adecuada yefectiva por parte del Estado.

El INPE carece de una estructura orgnica que sea responsable de la direccinintegral del sistema de salud penitenciaria, lo que impide formular polticas nacionalesde atencin a los privados de libertad y realizar un adecuado manejo de sus escasosrecursos humanos y materiales. El Ministerio de Salud no reconoce a los serviciosmdicos del INPE como parte ejecutora de las polticas nacionales en salud, por lo queno existe una adecuada interrelacin entre ambas instituciones.

En el periodo 2006 - 2011, fallecieron 122 personas privadas de libertad por diversascausas (enfermedades, suicidios y violencia intracarcelaria). La administracinpenitenciaria debe estudiar y atender los factores que inciden en el deceso de laspersonas privadas de libertad para aplicar las correcciones o medidas que

correspondan a fin de prevenir estos hechos.

Respecto al trabajo penitenciario se mantienen las deficiencias en los penalesconstruidos desde la dcada de los noventa que no cuentan con reas laboralesadecuadas. No obstante se evidencia un cambio positivo en la infraestructura de losnuevos penales y la ampliacin de pabellones en otros, que han sido concebidos conamplios ambientes para el trabajo. En la actualidad la administracin penitenciaria slopuede brindar actividades laborales a 18,164 privados de libertad, que constituye el37.17% de la poblacin nacional.

Al no existir estudios respecto a la eficacia de las actividades laborales desarrolladasen los penales, como parte de un programa de tratamiento, se hace necesario que elINPE coordine con el Ministerio de Trabajo al respecto.

La educacin penitenciaria slo atiende a 10,557 privados de libertad (22% de lapoblacin nacional). La gran mayora desarrolla una rama tcnica (74%) frente a laeducacin bsica (26%). Sin embargo, la educacin no es accesible a todas laspersonas privadas de libertad ya que 16 penales no tienen programas educativos ycuenta con 445 docentes. Existe la necesidad de revisar la currcula educativa y losmodelos de enseanza en el contexto penitenciario.

La educacin en los sistemas penitenciarios es un tema importante no slo desde elpunto de vista de la cohesin social, del derecho a la educacin de toda persona sino

que tiene tambin implicancias en la justicia penal y en la seguridad ciudadana.


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La corrupcin constituye un factor que afecta no slo la institucionalidadpenitenciaria, sino tambin la seguridad ciudadana y el principio de autoridad. Este

grave y crnico problema es un hecho reconocido por las propias autoridades ymerece el ms enrgico rechazo de la sociedad. Se han identificado zonas de riesgodonde se desarrolla la corrupcin y que es necesario erradicar, principalmente: i) latramitacin administrativa de los beneficios penitenciarios, ii) la clasificacin yubicacin de los internos al interior del penal, iii) la visita a los privados de libertad y larevisin personal o de los paquetes que ingresan a los penales. A pesar de sus gravesconsecuencias, la institucin penitenciaria no ha podido lograr afrontar de maneraefectiva esta actividad delictiva. Esta preocupante realidad es inaceptable y debe sercorregida por la administracin penitenciaria, con el propsito de recobrar el principiode autoridad y someter las crceles al imperio de la Ley. Para ello se propone lanecesidad de tipificar la conducta que implique el favorecimiento de ingreso de objetosprohibidos y armas; mayor trabajo de inteligencia y la necesidad de que la Polica

Nacional contra la Corrupcin pueda llevar a cabo investigaciones para detectar yseparar a los malos funcionarios penitenciarios y policiales que defraudan la confianzadel Estado y la sociedad.

Las mujeres privadas de libertad constituyen un sector minoritario dentro de lapoblacin penitenciaria con 3,015 internas que representan el 6% de la poblacinnacional. En su mayora estn vinculadas a modalidades de micro comercio o microtransporte de drogas; tienen condiciones de detencin ms gravosas que los varones(especialmente en los penales mixtos), debido a un conjunto de carencias ynecesidades, que no son adecuadamente atendidas por la autoridad penitenciaria entanto regularmente son invisibilizadas frente a las demandas e intereses mayoritariosde la poblacin masculina. Con ellas conviven 165 nias y nias de 3 aos de edad.

Los jvenes privados de libertad constituyen un grupo vulnerable que merece unaespecial atencin. Los jvenes entre 18 y 19 aos de edad hacen un total de 1,083internos (2%), quienes, sino son debidamente separados del resto de la poblacin,pueden asumir patrones de conducta de la cultura criminal. El INPE, en los ltimoscinco aos, ha desarrollado programas pilotos dirigido a los jvenes, primarios y pordelitos no violentos para brindarles un tratamiento penitenciario especializado que seejecuta actualmente en cinco penales. Estos programas de insercin social positivadeben continuar porque existen evidencias suficientes que una intervencin adecuaday pronta del Estado en estos jvenes puede lograr su reinsercin social.

A partir de esta experiencia, la nueva gestin de la administracin penitenciaria debefortalecer estos programas y promover estrategias de dilogo con los gobiernosregionales y el sector empresarial para explorar la posibilidad de impulsar talleresproductivos en los establecimientos penitenciarios para que los jvenes puedanenfrentar el mercado competitivo. El rol del sector empresarial resulta clave. Laadministracin penitenciaria debera, en un plan de reforma penitenciaria, considerar laposibilidad de llevar a cabo una progresiva poltica de clasificacin de los jvenes entodos los penales y de construir un establecimiento penitenciario que los albergue.

Otros grupos vulnerables cuyas necesidades deben ser atendidas por laadministracin penitenciaria son las personas privadas de libertad con enfermedadesde salud mental (179) que no reciben tratamiento mdico adecuado. En estos casos

se evidencia una falta de coordinacin con las autoridades del sector salud para sudebida atencin.


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De otro lado, la poblacin extranjera ha mostrado un crecimiento desde el 2006 (1%)

al 2011 (3%). Este grupo tiene dificultades durante su reclusin y el proceso deexpulsin del pas. Entre las ms importante destacan el problema de la barreraidiomtica, la lejana de sus familiares y el abuso del que son objeto, entre otras. ElEstado, a travs del Congreso de la Repblica, el Ministerio de Justicia y la DireccinGeneral de Migraciones deben promover mecanismos para que los extranjeros, atravs de procesos cuidadosos de seleccin, puedan retornar a sus pases de origen.

La concesin de establecimientos penitenciarios, ha constituido un planteamientoreiterado en los ltimos aos frente a la crisis penitenciaria. En esa medida, se otorgla buena pro para la construccin del primer penal bajo una modalidad de concesinplena (E.P. de Huaral II). Sin embargo, el proyecto del contrato presenta un conjuntode observaciones: i) no se ha modificado el marco normativo para introducir la

modalidad de concesin; ii) se habilita a particulares la potestad de iniciarprocedimientos disciplinarios - sancionadores; iii) se habilita a particulares la aplicacindel uso de la fuerza; iv) no reconoce las facultades de control y supervisin delMinisterio Pblico y del Poder Judicial. Desde el punto de vista de los derechosfundamentales, el modelo de concesin que otorga la totalidad de la administracin yoperacin del penal afecta la normatividad penitenciaria y las atribuciones estatalesque establece que el control de la ejecucin de la pena implica funciones de iusimperiumque no pueden ser trasladadas a particulares. La decisin poltica y tcnicade llevar a cabo un proceso de concesin, requiere un mayor debate a la luz de lasexperiencias comparadas.

Siendo el control judicial de la pena un principio rector y un mandato legal en

nuestro sistema jurdico, la ausencia de un Juez de Ejecucin de Penas y deVigilancia Penitenciaria, constituye un tema pendiente a fin de consolidar un sistemaintegral de proteccin de los derechos de las personas privadas de libertad. El controljudicial de la administracin penitenciaria, a travs deljuez de ejecucin de penas y devigilancia penitenciaria, es un elemento clave para la reforma penitenciaria y legitimarla ejecucin penal. Esta magistratura tendra la gran responsabilidad de vigilar eltratamiento penitenciario para garantizar los objetivos de la reinsercin social y, en elmarco de sus funciones, evaluar convenientemente la concesin de beneficiospenitenciarios.

Para contribuir a garantizar el orden interno y la seguridad en las crceles, en el marcodel respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, es importante ladesignacin del Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura, que constituyeun compromiso internacional pendiente por parte del Estado desde el ao 2007.

Descentralizacin y Sistema Penitenciario la descentralizacin constituye una delas ms importantes posibilidades de explorar una modernizacin del sistemapenitenciario y de afianzar la seguridad ciudadana, por ello es necesario explorar laposibilidad de instalar en la agenda poltica de los gobiernos regionales la situacin delos establecimientos penitenciarios, a fin de conseguir que stos cumplan su fin ysean un componente til y eficaz en una poltica regional de seguridad ciudadana.


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Las claves de una reforma penitenciaria

Uno de los retos que afronta nuestra sociedad democrtica y el Estado consiste encontar con una Institucionalidad Penitenciaria, es decir, una organizacin fuerte,estable, con valores claros, con una legislacin penitenciaria coherente, racional y conel desarrollo de polticas pblicas que conjuguen a un mismo tiempo seguridad,reeducacin y eficacia en la gestin.

Para la sostenibilidad de la reforma penitenciaria se requiere voluntad poltica desdedel ms alto nivel gubernamental y el apoyo decidido del Ministerio de Justiciaprincipalmente, y de los sectores del Interior, Salud, Educacin y Trabajo, entre otros.

Una verdadera reforma penitenciaria debe buscar el apoyo de las autoridades, de lasociedad civil y de los medios de comunicacin. Por ello, se debe identificar, informar y

poner a disposicin de todos, los planes, objetivos, argumentos, metas y avances de loque se viene implementando.

La reforma penitenciaria que se propone debe ser planificada, contener objetivos,metas claras en el corto, mediano y largo plazo, con indicadores que permitan medirsus avances. La opinin pblica debe entender que una verdadera reformapenitenciaria demandar aos. Segn algunas experiencias comparadas, una reformaseria y sostenible puede tener una duracin aproximada de 5 aos.

RECOMENDACIONES

AL SEOR MINISTRO DE JUSTICIA

Solicitar al Presidente del Consejo Nacional Penitenciario la elaboracin de unPlan de Reforma Penitenciaria 2012 2021, que contenga objetivos de corto,mediano y largo plazo; cronograma de metas, financiamiento progresivo,indicadores de evaluacin, medicin y mecanismos de rendicin de cuentas.

Solicitar con urgencia al Ministro de Economa y Finanzas, el incremento delpresupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario para mejorar lainfraestructura, seguridad y programas de tratamiento penitenciario,

construyendo 10 penales adicionales a los existentes en los prximos aos. Reimpulsar los mecanismos para el ejercicio de la gracia presidencial por

razones humanitarias (enfermos graves, adultos mayores), y a las personascondenadas a penas privativas de libertad no mayor de cuatro aos y en calidadde primarios.

Evaluar una propuesta de modificacin penal para encuadrar la conducta lesivade personas naturales, servidores, funcionarios penitenciarios y miembros de laPolica Nacional que promuevan o faciliten el ingreso de armas y objetosprohibidos a los establecimientos penitenciarios del pas, como una modalidadde los delitos contra la seguridad pblica (artculo 281 del Cdigo Penal).


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Elaborar una propuesta legislativa, en razn del vencimiento del encargodispuesto por la Ley N 29385, para ampliar el mandato de control y

administracin de los establecimientos penitenciarios a cargo de la PolicaNacional del Per;

Elaborar un proyecto de Ley de Reinsercin Social que permita unificarcoherente y racionalmente, las normas que regulan los beneficios penitenciariosprevistos en el ordenamiento jurdico (semilibertad, liberacin condicional yredencin de penas).

Impulsar la implementacin del Mecanismo de Vigilancia Electrnica, en virtuda lo dispuesto en la Ley N 29499 y su Reglamento (Decreto Supremo N 013-2010-JUS), para que se aplique esta medida conforme a las exigencias previstasen el citado dispositivo.

Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designacin delMecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura, de conformidad con losartculos 3 y 17 del Protocolo Facultativo de la Convencin contra la tortura yotros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificado por el Estado.

Dictar un decreto supremo que modifique el Reglamento de Cdigo de EjecucinPenal, incorporando al mismo las disposiciones contenidas en el ReglamentoGeneral de Seguridad del INPE, en relacin a la sancin a imponerse a laspersonas naturales que ingresan a los penales vulnerando las normas deseguridad.

AL SEOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO

Elaborar un Plan de Reforma Penitenciaria 2012 2021, consensuado e integral, enun plazo razonable, con los sectores competentes, con objetivos de corto, mediano ylargo plazo e indicadores de medicin y cumplimiento, en base a la proyeccin delcrecimiento de la poblacin penitenciaria y de la realidad social. El Plan deberapriorizar los siguientes aspectos:

La aprobacin del Reglamento de la Ley de la Carrera Especial PblicaPenitenciaria, programas de capacitacin permanente y, de salud ocupacional

para el personal.

La elaboracin de los estudios de inversin para la construccin de 10 nuevosestablecimientos penitenciarios a fin de reordenar la poblacin penitenciaria yreducir los niveles de hacinamiento y sobrepoblacin, considerando en laconstruccin de nuevos penales: ambientes para personas privadas de libertaddonde se priorice la reinsercin social (rea de trabajo y educacin); la ubicacinde grupos de internos vulnerables; la contencin de privados de libertad de difcilreadaptacin y para jvenes primarios.

La aprobacin de una directiva, en virtud del principio XVII de los Principios yBuenas Prcticas sobre la Proteccin de las Personas Privadas de Libertad en

las Amricas (medidas contra el hacinamiento), dirigida a los directoresregionales a fin de que notifiquen, bimensualmente, a los seores Presidentes de


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las Cortes de los Distritos Judiciales de la Repblica y a los seores FiscalesDecanos, la cantidad de plazas disponibles, el nmero de procesados y

sentenciados de cada lugar de privacin de libertad. Asimismo, debe publicarseesta informacin en la web institucional.

La creacin de un Sistema Especial de Defensa Judicial para el personalpenitenciario cuando stos sean denunciados injustamente por actos cometidosen el ejercicio regular de sus funciones en su calidad de servidores yfuncionarios de la administracin penitenciaria.

La realizacin de auditoras de seguridad a nivel nacional, que contengan unreporte detallado de las deficiencias de seguridad interna y externa de lospenales. El mencionado instrumento deber sealar los recursos logsticos y elnmero de personal necesarios para garantizar el control y la seguridad.

La implementacin de un programa de lucha contra la corrupcin yfortalecimiento de la probidad tica penitenciaria, que considere, entre otraslneas, los siguientes aspectos:

a. La creacin de una Comisin anticorrupcin que dependa directamente dela Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario y est integrado porprofesionales independientes y de probada ejecutoria tica y moral, conamplias facultades de investigacin y propuesta de sancin;

b. Desarrollar estrategias de comunicacin de lucha contra la corrupcin,enfatizando sus consecuencias y responsabilidades administrativas penales dirigidas a las personas naturales (visitantes), servidores yfuncionarios penitenciarios y policiales;

c. Disear mecanismos eficaces y seguros de denuncia del incumplimiento dela ley y, en especial de actos de corrupcin y abuso de poder por parte delpersonal penitenciario y policial;

d. Promover una poltica de recursos humanos que capacite, promocione,estimule y resalte, pblicamente, la conducta tica y profesional de losservidores y funcionarios penitenciarios;

e. Aprobar el Cdigo de tica de la Funcin Penitenciaria;f. Aprobar planes nacionales de inteligencia penitenciaria a fin de detectar

actos de corrupcin y actos de abuso de poder;g. Elaborar un convenio de Cooperacin Intersectorial con la Direccin contra

la Corrupcin de la Polica Nacional (rgano especializado de la PolicaNacional) con la finalidad de solicitar apoyo tcnico cientfico de la Oficinade Inteligencia OFINTE y ZEUS a fin de planificar, dirigir y ejecutaracciones de inteligencia y contrainteligencia en los establecimientospenitenciarios considerado de alto riesgo en el pas.

h. Proponer planes de trabajo coordinado con el Ministerio Pblico y laContralora General de la Repblica.

Desarrolle una estrategia comunicacional y de acercamiento institucional con lasautoridades regionales para exponer la situacin y los proyectos de inversin decada establecimiento penitenciario a fin de concertar una posibilidad deinvolucramiento de los Gobiernos Regionales en el mejoramiento de los

establecimientos penitenciarios.


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Evale la creacin dentro de su estructura orgnica, una Comisin OficialMultidisciplinaria de Decesos Penitenciarios, con la finalidad de estudiar las

causas de las muertes violentas de las personas privadas de libertad y adoptarlas polticas de prevencin respectivas.

Evale la creacin dentro de la estructura orgnica, una Direccin General deSalud Penitenciaria encargada de aplicar en el mbito penitenciario las polticaspblicas de salud a las personas privadas de libertad; mediante las accionesadministrativas, de planificacin y logsticas que sean necesarias.

Encargue a la Direccin Nacional de Tratamiento Penitenciario:

- Elaborar un Plan de Accin de Intervencin Social, en coordinacin conlos sectores correspondientes, para adecuar progresivamente sus

normas, prcticas y cultura, a fin de mejorar la situacin de las mujeresprivadas de libertad, en el marco de las Reglas de las Naciones Unidaspara el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de lalibertad (Reglas de Bangkok);

- Elaborar instrumentos informativos sobre los derechos, deberes yrgimen penitenciarios, en los idiomas necesarios, para garantizar losderechos de todos y todas, reducindose el impacto de la barreraidiomtica;

La aplicacin progresiva que priorice la clasificacin de jvenes, y se promuevanestrategias de dilogo con el sector empresarial para explorar la posibilidad deimpulsar talleres productivos.

La habilitacin de ambientes para la reclusin de los extranjeros y facilitar laasistencia y proteccin consular;

La implementacin de planes especficos para:

a) Promover la inversin privada en actividades laborales penitenciarias.b) Incentivar la creacin de micro y pequeas empresas al interior de los

establecimientos penitenciarios.c) Brindar capacitacin industrial a los privados de libertad suscribiendo

convenios con empresas privadas y entidades educativas especializadas.d) Disear un programa de educacin pblica de la crcel para difundir lasbuenas prcticas penitenciarias que se implementan en los establecimientospenitenciarios por la activa participacin de las personas privadas de libertad

AL SEOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Constituir en virtud del mandato de la Sentencia del Tribunal Constitucional defecha 26 de agosto del 2010 (Expediente N 03426-2008-PHC/TC), unaComisin Multisectorial para disear una poltica pblica dirigida a laintervencin y reinsercin social de las personas con trastornos mentales

declaradas inimputables, como una entidad que coordinar las estrategias deaccin en la materia.


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AL SEORPRESIDENTE DE LA COMISIN DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPBLICA Proponer al Pleno del Congreso de la Repblica retomar el Proyecto de Ley N

4561/2010-PE, que modifica la Ley de Extranjera a fin de facilitar el retorno delas personas extranjeras privadas de libertad a sus pases de origen.

AL SEORPRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL,

Restablecer la figura del Juez de Ejecucin Penal y Vigilancia Penitenciaria a finde introducir el control judicial en la ejecucin de la pena y medidas deseguridad.

AL SEOR FISCAL DE LA NACIN

Evaluar la posibilidad de elaborar una directiva que contemple la metodologa,planeamiento, competencias y atribuciones de los seores fiscales provincialesen lo penal, en el ejercicio de la funcin de intervencin, control y requisa en losoperativos de seguridad interna de los establecimientos penitenciarios.

AL SEORMINISTRO DE ECONOMA Y FINANZAS

Adopte las medidas necesarias que permitan gradualmente, el incremento delpresupuesto destinado a la administracin penitenciaria.

AL SEOR MINISTRO DEL INTERIOR

Transferir la partida de 32000,000 nuevos soles, anunciados, al pliego delInstituto Nacional Penitenciario, a fin de que se puedan atender losrequerimientos logsticos, de control, de seguridad y de recursos humanosrequeridos.

A LA SEORA MINISTRA DE EDUCACIN

Evaluar, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2021, los modelos deenseanza y los currculos que se emplean para la educacin de personasprivadas de libertad a fin de determinar si son adecuados, en virtud de lasrecomendaciones formuladas por el Relator de Naciones Unidas sobre Elderecho a la educacin de las personas privadas de libertad, aprobado por elConsejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


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AL SEOR MINISTRO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

Disponer la realizacin de un estudio socio-laboral sobre todos los programasde trabajo que se realizan en los Establecimientos Penitenciarios, encoordinacin con el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de involucrarlos en losProgramas Nacionales de formacin laboral y capacitacin para el trabajo quepromueve el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo

AL SEOR MINISTRO DE SALUD

Evaluar la necesidad de integrar dentro de las polticas de Salud Nacional elcomponente de salud penitenciaria en coordinacin con los respectivosgobiernos regionales, reconociendo de forma oficial las labores que desarrolla

el rea de salud del INPE. Asimismo, se reconozca al Instituto NacionalPenitenciariocomo unidad receptora del Servicio Rural y Urbano Marginal deSalud SERUMS.

AL SEOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Crear una unidad de coordinacin con las representaciones diplomticasacreditadas en el Per y el INPE, para analizar y resolver la problemtica delas personas extranjeras privadas de libertad, a fin de facilitar el retorno a suspases de origen.

AL SEOR DIRECTOR DE LA POLICA NACIONAL

Designe un nmero razonable y proporcional de efectivos policiales a laDireccin de Seguridad de Penales - DIRSEPEN y a la Divisin de DiligenciasJudiciales a fin de poder cumplir con eficiencia y seguridad las diligencias detraslados.

A LA SEORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Evaluar la posibilidad de exonerar el cobro de peaje a las unidades mviles dela Polica Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario que realizan,diariamente, las diligencias de traslados de personas condenadas y sometidasa proceso penal.

A LOS DIRECTORES REGIONALESDEL INPE Y DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOS DEL PAS

Promover mecanismos de dilogo entre las autoridades penitenciarias,representantes de la sociedad civil y los representantes de la poblacinpenitenciaria para facilitar la convivencia pacfica y el respeto al principio de

autoridad


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A N E X O S

Anexo 1:Evolucin de la poblacin penitenciaria 18

Anexo 2:Nivel de hacinamiento 19

Anexo 3:Poblacin penal por edades 20

Anexo 4:

Poblacin penal por tipo de delito 21

Anexo 5:Poblacin penal por tiempo de sentencia 22


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Anex o N 1

30,000

34,000

38,000

42,000

46,000

50,000

Ago.2 006 A go.2 00 7 Dic .2 008 Dic.2009 Dic.2010 Jul.2011

36,467

39,918

43,46644,254

46,198

48,858

EvolucindelapoblacinpenitenciariaAgosto2006 julio2011

Fuente: Instituto Nacional PenitenciarioElaboracin: Defensora del Pueblo

El grfico muestra el constante aumento de la poblacin penitenciaria entreagosto del 2006 y julio del 2011. En la actualidad, las crceles de nuestro pastienen 48,858 personas privadas de libertad. El incremento de 12,391 internos(33.98%) es uno de los mayores en la historia penitenciaria.


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Ane xo N 2

Capacidad de albergue de los penalescon mayor nivel de hacinamiento

A julio de 2011

ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO CAPACIDADDEALBERGUE POBLACINPENAL

Lurigancho 3,204 6,669Caete 759 2,720Huaral 823 2,440Ica 1,474 2,351Callao 572 1,978Ayacucho 644 1,925Trujillo 1,134 1,865Piura 1,042 1,745Huacho 644 1,639CastroCastro 1,142 1,639Total 11,484 25,024


En el anexo 2 se muestran los penales que tienen en la actualidad la mayorsobrepoblacin y por ende son aquellos en los que las condiciones de

detencin son especialmente gravosas. Si bien regularmente se menciona alpenal de Lurigancho como el ms hacinado, lo cierto es que en la actualidadexisten otros que muestran un nivel ms crtico.


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20

Ane xo N 3

De18a24

8,092(16.91%)

De25a29

9,500(19.85%)

De30a39

15,673(32.75%)

De40

a49

8,775(18.34%)

msde50

5,818(12.16%)

Poblacin penal por edades

Jul io del 2011


La poblacin penitenciaria a julio del 2011, muestra una clara disminucin de lapoblacin joven (18 a 24 aos), que pasa de un 25% en el 2006 a un 17% en el2011. No existen estudios que permiten sealar los motivos de dicha variacin,pero se trata de una realidad que debe ser considerada por la administracinpenitenciaria.


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Anex o N 4

17,797(37%) 13,797

(29%)

11,102

(23%)4,098

(8%)

781

(2%)

688

(1%)

Poblacinportipodedelitoajuliode2011

Contraelpatrimonio Contralaseguridadpblica ContralalibertadContralavida,cuerpoysalud Contralatranquilidadpblic a Otr os*


En cuanto al tipo de delitos los que afectan el patrimonio conforman el principalmotivo de privacin de la libertad (37%), seguido por los delitos de trfico ilcitode drogas con un 29%; delitos contra la libertad (principalmente violacin

sexual) con un 23%, delitos contra el cuerpo, la vida y la salud con el 8%,contra la tranquilidad pblica 2% y otros delitos con el 1%.


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Anex o N 5

2,944

(15%)

6,147

(31%)

6,554

(34%)

3,629

(19%)

157

(1%)

Poblacinpenalportiempodesentenciaajuliode2011

0a5aos 5a10 aos 10a20aos 20a35aos CadenaPerpetua


Este grfico nos muestra que: De 2,944 personas sentenciadas, el 15% tienen una pena menor a 5

aos, lo que demuestra que existen penas efectivas incluso por debajo

de los 4 aos (los que pueden ser suspendidas por el Juez). El 53 % de la poblacin sentenciada tiene una pena mayor a los 10

aos, tiempo que podra ser considerado como una pena medianamentegrave.

Existen 157 personas que actualmente tienen cadena perpetua.

informe defensorial 154 (resumen ejecutivo

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