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Informe de seguimiento

y análisis de la conflictividad

en Bolivia

Marzo de 2012

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos

Abril de 2012

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Índice

Presentación p. 3

1. Los conflictos del mes p. 4 2. Los conflictos más destacados p. 6

3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 8

4. Ubicación geográfica de los conflictos p. 9

5. Radicalidad y violencia de los conflictos p. 9

Anexo estadístico p. 10 Conceptos fundamentales p. 17

Informe mensual de Conflictividad en Bolivia

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Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de marzo de 2012. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de más de tres mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de doce periódicos de alcance nacional (La Razón, Página Siete, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni, La Patria y El País) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre la cantidad de conflictos del mes, identifica a los sectores y actores demandantes y demandados, la ubicación geográfica de los conflictos, radicalidad y violencia.

Esperamos que el trabajo realizado brinde elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia su transformación constructiva para el desarrollo de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

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Marzo 2012

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Correspondiente a marzo de 2012

1. LOS CONFLICTOS DEL MES Un total de 123 conflictos sociales(1) se registró durante el mes de marzo de 2012. Esta cifra se aleja de la media del último semestre (octubre de 2011 a febrero de 2012) y se equipara a las etapas más turbulentas del anterior año: febrero-mayo, con un promedio de 133 conflictos, y julio-octubre, con 124. GRÁFICO Nº 1 CANTIDAD DE CONFLICTOS: OCTUBRE DE 2011 - MARZO DE 2012

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (marzo 2012)

——————————————- (1) De acuerdo con la metodología de la Fundación UNIR Bolivia, cabe distinguir conflicto de

episodio conflictivo. El conflicto es entendido a partir de la existencia de una demanda, en

función de cuyo cumplimiento se plantea una o más medidas de presión. Dentro de un conflicto pueden existir diferentes episodios, ligados con medidas de presión, procesos de negociación y diálogo, entre otros.

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En una retrospectiva histórica desde 2006 (gráfico Nº 2), la situación de marzo permite ver cómo los niveles de conflictividad, en lo que respecta a su cantidad, no necesariamente a su radicalidad, se han ido incrementando. Así, en ese lapso se registra un aumento de al menos 430%. GRAFICO N° 2 CANTIDAD DE CONFLICTOS: MARZO 2006 - 2012

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (marzo 2012)

Un balance de otras dimensiones de la conflictividad, además de la cantidad de conflictos señalada, muestra la realización en marzo de al menos 226 episodios de conflicto, es decir un promedio de siete por día; una acentuación de los niveles de violencia en general; y una interpelación significativa hacia el Estado, aunque sin comprometer la gobernabilidad del país.

Cabe considerar también la acentuación de pugnas interregionales, como la que desde hace ya más de dos años tiene lugar entre los departamentos de Oruro y Potosí, y la más reciente entre Chuquisaca y Tarija en torno a sus límites y al control de recursos naturales, especialmente mineros e hidrocarburíferos.

En cuanto a la distribución de los conflictos en campos de agrupación de

demandas, los que se encuentran dentro del ámbito de la reproducción social(2). ——————————————- (2) La reproducción social incluye la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, salud,

educación, empleo) y de otras necesidades que permitan mejorar la calidad de vida; los conflictos de este campo se producen cuando la población percibe que no puede mantener (o acceder a) niveles de vida mínimamente aceptables y sostenibles. En el campo institucional se encuentran los conflictos por problemas de gestión administrativa, en

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fueron los más numerosos (54% de los casos), superando en 8 puntos el porcentaje del mes de febrero, seguidos por los conflictos de índole institucional (37%) y por los político culturales (9%).

La concentración en el campo de reproducción social significa un predominio de temas de afectación social más directa, como la preocupación por los precios de algunos productos y la pugna en torno a las tarifas de transporte, las demandas de incremento salarial y de prediarios en las cárceles.

Dentro del campo institucional, la temática legislativa/judicial fue la que más resaltó debido a varios conflictos por la legalización de la pena de muerte en el país.

Los derechos humanos y la pugna local de índole política fueron los principales

temas dentro del campo político cultural.

2. LOS CONFLICTOS MÁS DESTACADOS

A continuación se describen los conflictos centrales del mes de marzo:

Coroma (Potosí) vs. Quillacas (Oruro) por límites: en rechazo a nuevos

avasallamientos, en el marco del ya prolongado conflicto por la

delimitación geográfica de esas comunidades altiplánicas, orureños y

potosinos volvieron a enfrentarse, dejando un saldo de 39 heridos y 4

rehenes. Ante esta escalada de violencia se enviaron nuevos contingentes

policiales a la zona y las gobernaciones de ambos departamentos se

ofrecieron como mediadoras para la liberación de los rehenes.

Representantes de las comunidades enfrentadas firmaron un acta de

entendimiento que establece que la delimitación territorial será realizada a

través de un proceso de geo referenciación (localización de puntos

mediante coordenadas) a cargo del Instituto Geográfico Militar (IGM). Sin

embargo, pocos días después de la firma del acuerdo, el proceso fue

paralizado por el Ministerio de Autonomía debido a defectos técnicos en

los datos preliminares que facilitaron ambas partes. En las ciudades de

Oruro y Potosí los respectivos comités cívicos y movimientos ciudadanos

continuaron con las protestas demandando solución al conflicto que, con

manifestaciones intermitentes, lleva ya más de dos años.

——————————————-

cuestionamiento o en demanda de reconocimiento de autoridades y por cuestiones legales. En el campo político cultural se incluyen os conflictos ideológico políticos, de valores, creencias e identidad, de género y ambientales. La configuración de estos campos no es cerrada, las fronteras entre unos y otros son bastante flexibles de modo que se presentan distintas intersecciones.

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CIDOB vs. gobierno central por el TIPNIS: tras la aprobación en el Congreso de la Ley 222 para la realización de una consulta sobre la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) continuó con su campaña para la realización de la IX marcha indígena en defensa de la intangibilidad del TIPNIS, establecida legalmente tras la llegada a la sede de gobierno de la VIII marcha indígena, que exigía que la construcción del tramo II de dicha carretera no comprometiera físicamente al TIPNIS. Luego de tres días de reunión se confirmó la participación de 39 de las 64 comunidades del TIPNIS en la marcha, cuyo inicio estaba previsto para el 25 de abril. En días posteriores la COB, CONALJUVE, la COD de Santa Cruz y el FOBOMADE manifestaron su apoyo a dicha movilización. Por su parte, a finales de marzo el presidente Morales anunció que, en razón del incumplimiento de los plazos previstos en la construcción de los tramos I y III de la carretera (ninguno de éstos cuestionado por los indígenas) se anularía el contrato con la empresa brasileña OAS, adjudicataria de los trabajos de construcción de los tres tramos de la vía. En respuesta a tal anuncio, la CIDOB ratificó su intención de volver a marchar hacia la sede de gobierno y reiteró su demanda de derogación de la Ley N° 222. Los antecedentes de este conflicto se remontan a mayo de 2010, cuando los habitantes del TIPNIS anunciaron su intención de marchar hacia La Paz en rechazo a la construcción de la carretera.

Salubristas vs. gobierno por D.S.1126: los médicos y trabajadores en salud continuaron con sus medidas de presión en rechazo al Decreto Supremo N° 1126, que incrementa sus horas de trabajo y demandado su inclusión en la Ley del Trabajo. A raíz de ello, la atención médica en los distintos centros de salud del país fue irregular. Ante la situación de paro de actividades, marchas y bloqueos llevados a cabo por los galenos, estudiantes de medicina y miembros de la COB, el gobierno amenazó con acudir al Tribunal Constitucional para determinar la legalidad del resistido decreto. A fines de marzo, el gobierno instruyó el descuento a médicos y personal de salud que participaron en los paros; entretanto, las medidas de presión continúan en distintos puntos del país. Este conflicto se activó a finales de enero de este año, cuando el Colegio Médico de Bolivia se pronunció en contra de la medida y se declaró en estado de emergencia.

Representantes de Tarija vs. representantes de Chuquisaca y gobierno central por campo Margarita: como parte del conflicto por las regalías provenientes de la producción de gas del campo Margarita, la empresa Gaffney, Cline & Associates (contratada por YPFB para la realización de estudios de delimitación en la zona) presentó un informe sobre los campos Margarita y Huacaya en el que se establece que el primero está técnicamente compartido por los departamentos de Tarija y Chuquisaca. En respuesta a dicho documento, el 30 de marzo el Comité Cívico de Tarija expresó su desacuerdo con una eventual coparticipación por concepto de regalías y amenazó con iniciar medidas de presión. A diferencia de

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lo ocurrido en enero, cuando los representantes tarijeños protagonizaron una serie de medidas de presión, en marzo ninguna de las partes realizó movilizaciones. La disputa entre Tarija y Chuquisaca comenzó en octubre del año pasado.

En el mes de marzo se registró un conflicto vinculado con la problemática de género derivado del asesinato de la concejala del municipio de Ancoraimes (provincia Omasuyos, La Paz), Juana Quispe Apaza. Los familiares de la víctima, apoyados por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y la Asociación de Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ) reclamaron justicia y el pronto esclarecimiento del caso. A finales de marzo las investigaciones continuaban sin la identificación de los responsables de este crimen, atribuido por las autoridades a motivos políticos puesto que Quispe había iniciado procesos judiciales contra varias autoridades del mencionado municipio.

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS

Como en meses anteriores, el sector vecinal/comunal, integrado por pobladores urbanos y/o rurales, fue el más conflictivo (29%). Al igual que en febrero, este sector se movilizó principalmente por cuestiones relativas a la situación económica y a medidas económicas que afectan sus condiciones de vida. Si bien en menor grado, otros asuntos que también motivaron la protesta de este sector fueron la prestación de servicios públicos y el cuestionamiento/reconocimiento de autoridades.

El sector educativo se ubicó en segundo lugar con 15% de los casos. Sus demandas estuvieron vinculadas con la prestación de servicios públicos (especialmente en materia de infraestructura educativa), cuestionamiento de autoridades educativas, críticas a la gestión del sector y búsqueda de mejoras salariales. Además, se movilizaron otras organizaciones y grupos sociales que, como en el caso de los comités de vigilancia o las víctimas de las dictaduras, son actores infrecuentes de la conflictividad, y el sector agropecuario/campesino. En ambos casos, el motor de la protesta fue la situación económica.

Una vez más, en consonancia con la tendencia histórica, el sector más demandado fue el gobierno central: mientras que en febrero llegó a 37%, en marzo concentró 30% de las demandas sociales. Si a esta cifra se suman las interpelaciones dirigidas a los ejecutivos municipal (18,6%) y departamental

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(11,7%), se tiene que el Estado, en sus diferentes niveles, fue el blanco de más del 60% de los conflictos registrados.

A bastante distancia de los principales demandados se encuentran los sectores

educativo, por cuestionamientos intrasectoriales a la actividad pedagógica en

unidades educativas y universidades públicas (estudiantes vs. directores de

establecimientos, estudiantes vs. direcciones de carreras universitarias, docentes

vs. rector), y vecinal/comunal por pugnas limítrofes (Quillacas vs. Coroma,

Tiquipaya vs. Colcapirhua, Colquechaca vs. Ocurí, etcétera).

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS

La Paz volvió a ubicarse en el primer lugar, con 23% del total de los conflictos. A

continuación se encuentran Cochabamba y Santa Cruz con 17% cada uno,

seguidos por Tarija y Potosí, con 12% y 10%, respectivamente. Oruro, Beni y

Chuquisaca cierran los registros con porcentajes menores, y no se registró

ningún conflicto en Pando.

5. RADICALIDAD Y VIOLENCIA DE LOS CONFLICTOS La gran mayoría de los conflictos registrados en el mes de marzo no alcanzó niveles de radicalidad elevados (40% latencia, 36% manifiesto); las expresiones activas de los conflictos se mantuvieron en niveles de violencia moderada, con predominancia de medidas de presión no violentas en los tres campos de conflicto.

Sin embargo, en marzo se suscitaron seis episodios conflictivos que, por los

elevados niveles de violencia alcanzados, dejaron un saldo de 68 heridos, cifra

que duplica la registrada el mes anterior. Con este antecedente, si se comparan

las cifras registradas en febrero en cuanto a violencia generada, se puede

concluir que en marzo la cantidad de conflictos que alcanzaron un nivel de

confrontación creció en 35%, y el de aquéllos que llegaron a una situación de

enfrentamiento violento (si bien fueron pocos, 2%) se duplicó.

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ANEXO ESTADÍSTICO LOS CONFLICTOS DE MARZO DE 2012

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GRAFICO N°1 CAMPOS DE CONFLICTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012

GRAFICO N°2 CAMPOS DE CONFLICTO POR DEPARTAMENTO


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GRAFICO N°3 TIPOS DE CONFLICTO POR CAMPO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012 GRAFICO N°4 SECTORES DEMANDANTES*

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012. *Se tomaron en cuenta solamente aquellos actores que poseen más del 2% de los registros.


GRAFICO N° 5 SECTORES DEMANDADOS*

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012. *Se tomaron en cuenta solamente aquellos actores que aparecen en más del 1% de los registros. GRAFICO N°6 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012.

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MAPA N°1

CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO



GRAFICO N°7 PIRAMIDE DE RADICALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012 GRAFICO N°8 MEDIDAS DE PRESIÓN POR CAMPOS DE CONFLICTO (%)

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo 2012.

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CONCEPTOS FUNDAMENTALES Reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la con-flictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apun-tar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.

CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las me-tas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg).

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organiza-ción o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores deman-dantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros).

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organiza-ción o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende con-tra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de pre-sión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.

ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda.

SALIDA: Da cuenta del estado de los casos al finalizar el mes.

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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que tra-baja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de

conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitati-vo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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