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337Procuración de Justicia

Actualmente nos damos cuenta de que cada vez se incrementan más los niveles de delin-cuencia e inseguridad dentro del país como resultado de diversos factores que varían de lugar y tiempo; dichos factores crean un cli-ma de inseguridad en toda la ciudadanía.

Afortunadamente en el estado de San Luis Potosí no se dan muestras de arraigo de los ilícitos comprendidos en la delincuencia or-ganizada; no obstante, es necesario prevenir que dichos actos se presenten en la entidad, por lo que se están tomando las medidas necesarias a través de la labor conjunta de los tres niveles de gobierno.

Se requiere avanzar en la construcción de instituciones modernas y sólidas que garan-ticen el Estado de Derecho y el respeto a las garantías individuales, así como un marco le-gal que dé respuesta a las expectativas de los potosinos en materia de procuración de justicia. Así mismo, se requiere contar con un sistema de justicia eficaz y eficiente, para lo cual es necesario, entre otros aspectos, la profesionalización de las instituciones y las personas responsables de procurar justicia y de investigar los delitos.

A fin de poder contar con un clima que apo-ye sólidamente la generación de mejores condiciones para vivir, trabajar y producir; la Procuraduría General de Justicia del Estado se ha propuesto lograr los siguientes retos dentro de esta administración:

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

n Contribuir a la consolidación de nuestro es-tado como uno de los más seguros del país.

n Recobrar la confianza de la ciudadanía me-diante una actuación eficaz, legal y honesta.

n Fomentar en los ciudadanos la cultura de la denuncia.

n Elevar la calidad y mejorar los tiempos de investigación de los delitos.

n Capacitar integralmente al personal para cambiar su concepto de servidor público así como la responsabilidad que tiene con la sociedad.

La administración actual, durante este pe-riodo de informe ha trabajado intensamente para hacer prevalecer el Estado de Derecho y garantizar a todos los potosinos su patri-monio y seguridad personal, orientando sus esfuerzos hacia la autonomía, independen-cia de criterio y capacidad de actuación de las instituciones encargadas de la procura-ción de justicia penal y de seguridad pública. Para ello se ha aplicado una inversión total de 369.7 mdp, de la cual 311 mdp fueron destinados para sueldos del personal y 13.8 mdp de dotaciones complementarias que serán pagados en su totalidad al mes de di-ciembre del presente, con el fin de dignifi-car el estatus de los elementos del personal sustantivo de procuración de justicia como son: Policías Ministeriales, Agentes del Mi-nisterio Público y Peritos.

segundo informe de gobiernoMARCELO DE LOS SANTOS FRAGA338

1. Procuración de Justicia

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2003–2009 y en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia, se lle-varon a cabo las siguientes acciones:

1.1 Servicios

n Se concluyó la construcción del edificio de la Subprocuraduría de la Región Media en Rioverde y se encuentra en proceso de licitación el equipamiento, en el cual se in-vertirán 1.2 mdp en mobiliario de oficina, 3 mdp en equipo de laboratorio de criminalísti-ca y servicios periciales y 2.6 mdp en equipo médico forense. Estas nuevas instalaciones permitirán ampliar la cobertura de servicios en estas regiones. El monto global ejercido en esta obra entre 2004 y 2005, es de 21.8 mdp.

n Para dar un servicio de más calidad a la ciudadanía, con una inversión de 22.2 mdp, se iniciaron los trabajos de remodelación de los edificios de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública en la capital del estado, incluyendo las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado. A su vez, se concluyó la construcción de la Subprocura-duría de Etnias en el municipio de Tancan-huitz, iniciada en 2004 y con una inversión de 2 mdp.

n Dentro del programa de ampliación de cobertura de servicios, con una inversión de 5.3 mdp se inició la construcción de la Subprocuraduría de la Región Huasteca Nor-te, en el municipio de Cd. Valles. Dicha in-versión incluye también el proyecto para el inicio de la obra.

n Se destinaron recursos para la adquisi-ción de 361 equipos de cómputo para con-formar la Red Informática de Procuración de Justicia, que cubrirá todo el estado, y que a la fecha tiene un avance del 40%.

n Se incrementó con 40 nuevos policías in-vestigadores la plantilla de la Dirección Ge-

neral de la Policía Ministerial, lo que hará más eficiente el funcionamiento de esta área de la Procuraduría.

n La Dirección General de Servicios Peri-ciales fue dotada de cuatro vehículos y seis ambulancias, estas últimas, están adapta-das para el traslado de cadáveres en las ma-yores condiciones de higiene. Además, un laboratorio móvil que permitirá a los peritos acudir al lugar exacto en que se cometa un delito para practicar los exámenes corres-pondientes; dicho laboratorio móvil cuenta con equipo e instrumentos especializados.

n Se destinaron recursos por un monto de 2.9 mdp, lo que permitió culminar a cabo la cuarta etapa de la Ciudad Judicial en la ca-pital del estado, apoyando así el fortaleci-miento de la Administración de Justicia. Las obras consistieron en pavimentación y acon-dicionamiento en 4 niveles y planta baja. Desde el inicio de la Administración hasta la fecha esta obra ha requerido de una inver-sión global de 34.8 mdp.

1.2 Fortalecimiento institucional y modernización del marco jurídico

Con la finalidad de avanzar en la moderniza-ción del marco jurídico y en el fortalecimien-to de las instituciones del sector, durante el periodo de este informe se realizaron las si-guientes acciones:

n Se emitió el Acuerdo del C. Procurador que regula el uso de los Libros de Gobierno, con lo que todas y cada una de las acciones dentro de los procesos legales quedan debi-damente registradas; también se publicó el Acuerdo que regula el proceso de la Integra-ción de Averiguaciones Previas.

n Con la participación de la ciudadanía y grupos interesados en la procuración de jus-ticia se inició la elaboración de la propuesta de reformas a los Códigos Penal y de Pro-cedimientos Penales del Estado; con tal ac-tualización del marco jurídico se pretende re-forzar la certeza jurídica y el control de las áreas correspondientes. A la fecha se tiene un avance del 55%.

339Procuración de Justicia

n Este año tocó implementar las Jornadas Regionales de Procuración de Justicia en los municipios de Tancanhuitz, Rioverde, Tama-zunchale y Matehuala, contando con la par-ticipación de 760 personas destacadas y re-presentativas de dichos municipios.

n A través de la Subprocuraduría Especia-lizada para la Atención de las Etnias, se dis-tribuyeron ejemplares del Código Penal del Estado traducido al náhuatl y téenek, a 543 jueces auxiliares y delegados de las diver-sas comunidades de los municipios de Cox-catlán, San Antonio, Aquismón, Huehuetlán, Tampamolón y Tancanhuitz. Estas traduc-ciones tienen el objetivo de que las perso-nas que hablan téenek y náhuatl conozcan y comprendan los delitos de mayor inciden-cia en sus localidades y con ello, romper la berrera del idioma que impide una correcta procuración de justicia.

n Se efectuó la Primera Semana de Procu-ración de Justicia, en donde se efectuaron conferencias magistrales y paneles de dis-cusión sobre importantes temas, como de-rechos humanos, cultura de la denuncia, vio-lencia intrafamiliar y prevención del delito, entre otros; participaron más de 1 mil 900 personas; dentro de este evento se presen-tó también la Expo Procuración de Justicia, en donde se brindó asesoría e información a la ciudadanía y se contó con la asistencia de 5 mil 350 personas. Para este evento se erogó un monto de 311 mil pesos.

n Se integró la Unidad de Derechos Huma-nos a la estructura de la Procuraduría; ésta es el enlace directo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección Gene-ral de la Policía Ministerial. Es importante se-ñalar que se disminuyeron en un 41.7% las quejas presentadas ante la Comisión Esta-tal de Derechos Humanos en contra de ele-mentos de la Policía Ministerial, resaltando que para este periodo de las quejas presen-tadas no se tuvo ninguna recomendación.

1.3 Profesionalización y capacitación

n Este año se realizaron las Segundas Jor-nadas de Trabajo para Agentes del Ministerio Público, con 6 mesas temáticas y con la par-ticipación de 131 representantes sociales.

n Con la finalidad de que la ciudadanía haga uso de sus derechos a la denuncia sin el te-mor a que sus derechos humanos puedan ser violados, la Fundación Konrad Adenauer impartió el curso de actualización Derechos Fundamentales y Garantías Individuales en el Proceso Penal a 200 agentes del Minis-terio Público, habiéndose ejercido recursos por 210 mil pesos.

n Durante el presente año, se integró la Unidad de Derechos Humanos contemplada dentro del Reglamento Interior de la Direc-ción General de la Policía Ministerial. Esta Unidad quien es el enlace directo con la Co-misión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección General de la Policía Ministerial.

n Recibieron cursos de actualización 120 servidores públicos del sector, de los cuales 57 son agentes del Misterio Público, 10 peri-tos y 53 policías ministeriales.

n Por su parte, uno de los compromisos de la Dirección General de la Policía Ministe-rial del Estado, es la profesionalización de los elementos que integran esta corpora-ción, por lo que a la fecha se han impartido diez cursos de especialización en materias como: operaciones especiales, técnicas de entrevista e interrogatorio, fotografía poli-cial, para la investigación de homicidio y vio-lación, localización, recuperación e identifi-cación de vehículos robados y derechos hu-manos a 247 elementos, mismos que fue-ron impartidos con apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría General de la Republica, Instituto de Forma-ción Profesional de la Procuraduría Gene-ral de Justicia del Distrito Federal, Agencia Federal de Investigación, Centro de Inves-tigación y de Seguridad Nacional y el Con-sejo Estatal de Seguridad Pública. Asimis-mo para mejorar el nivel académico de los elementos en activo, se ha implementado a partir del mes de Diciembre de 2004, cur-sos permanentes en acondicionamiento fí-sico y control de salud, computación e ins-trucción de tiro, teniendo hasta el momento a 585 elementos capacitados.

n Dentro del Programa de Capacitación Es-pecializada, con la finalidad de otorgar mejo-res herramientas al personal sustantivo, se

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impartieron cursos de especialización a 331 agentes del Ministerio Público y 15 peritos; de los cursos de especialización cabe des-tacar el impartido por la Facultad de Dere-cho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a 140 agentes del Ministerio Público. Además, se envió a un elemento al Curso de Escala Ejecutiva en Ávila, España a favor del personal de la Procuraduría General de Jus-ticia. Con estas acciones se pretende elevar el nivel de algunos elementos que a su vez permitirá que transmitan el conocimiento adquirido a sus demás compañeros y gru-pos de trabajo.

n Con el objeto de elevar la calidad y efi-ciencia de los elementos que integran la po-licía ministerial del Estado, actualmente 45 elementos reciben asesoría para acreditar el nivel medio superior mediante evaluación del Ceneval, y 49 más lo acreditan mediante un sistema semiescolarizado.

n Con el apoyo del Gobierno Federal en Agosto de 2005 se aplicaron nuevamen-te exámenes de confianza y polígrafo a 12 mandos medios y superiores de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado.

1.4 Combate frontal a la delincuencia

n La Dirección General de la Policía Minis-terial del Estado ha participado en 11 reunio-nes nacionales de directores de policía ju-dicial y ministerial; en ellas se han logrado acuerdos para el intercambio de información de robo de vehículos, defraudadores, homi-cidas y asaltantes en el país. Asimismo, se ha acordado implementar diversos operati-vos interestados para el combate al delito.

n En cuanto a acciones relevantes se refie-re, se logró la desarticulación de diez ban-das o grupos delictivos que en el pasado reciente afectaron a la sociedad potosina a través de ilícitos como el robo de auto-móviles, robo a cuenta habientes, robo con violencia a comercio y otros delitos graves; dando un total de 23 individuos que se en-cuentran internos en los distintos Centros de Prevención y Readaptación Social en el Estado sujetos a proceso penal y 15 más sobre los cuales ya existe orden de apre-

hensión y están siendo localizados en dis-tintos Estados de la República Mexicana. Cabe señalar que el 90 por ciento de esos grupos criminales estaban conformados por personas originarias del Estado de México y Distrito Federal, por lo que en coordina-ción con las autoridades de esas entidades se mantiene estrecha colaboración para su próxima captura.

n Dentro del Programa de Depuración y Actualización de Archivos y Abatimiento de Rezagos, durante este periodo se resolvie-ron en forma definitiva 31 mil averiguacio-nes previas.

n La labor de las Mesas de Conciliación ha resultado exitosa ya que durante este año se atendió a un total de 1 mil 302 personas, 6% más que las atendidas en el periodo pasa-do, de las cuales 686 se sujetaron al proce-dimiento; cabe hacer mención que del total de personas atendidas solo 40 presentaron denuncia, lo que representa el haber evitado el inicio de 1 mil 273 denuncias.

n Apoyado en reingeniería de procesos se logró que la Policía Ministerial cumplimen-tara los mandamientos ministeriales en un 81.2 por ciento de los ordenamientos recibi-dos, representando un 12.4 por ciento más en comparación al año anterior. Respecto a mandamientos judiciales se cumplimentó el 31.8 por ciento más del total recibido lo que equivale a un incremento del 56.5 por ciento en relación al año anterior; de esta manera, se abatió parte del rezago histórico.

n Como parte de las acciones realizadas en el combate al delito de abigeato, la Policía Ministerial del Estado en coordinación de las Direcciones General de Averiguaciones Previas y Criminalistica, Servicios Periciales y Medicina Forense, dieron capacitación so-bre el tema en los rubros correspondientes a Marco Jurídico, Servicios Periciales, His-toria de la Ganadería, Modus Operandi, en-tre otros, a un total de 650 elementos de las Policías preventivas Estatal y Municipa-les de diversos Ayuntamientos que acusa-ban mayor incidencia en la comisión de este tipo de ilícito.

341Procuración de Justicia

n La Policía Ministerial promovió la insta-lación del Comité Interinstitucional para el combate al Delito de Abigeato, en el cual se involucraran Autoridades de los tres niveles de Gobierno, la sociedad y las diversas Aso-ciaciones Ganaderas, propuesta que a prin-cipios del mes de mayo se cristalizó, con la firma del convenio que le da la personalidad para sesionar y acordar al Comité en cita.

n En el combate a dos de los antijurídicos de mayor importancia en la actualidad: abi-geato y robo de vehículo, esta corporación, dentro de las funciones inherentes a su car-go, ha encontrado como probables respon-sables de la comisión del delito de abigeato a 16 personas, por lo que hace al combate al robo de vehículos, un total de 23 presuntos fueron puestos a disposición del represen-tante social. Seis de estos individuos perte-necen a dos diferentes bandas dedicadas al robo y comercialización de automotores.

n Por parte de la Contraloría Interna se re-solvieron 114 expedientes, así como la apli-cación de 3 auditorías a diversas áreas y como resultado se sancionaron a 32 servi-dores públicos por diversas faltas.

n Continuando con las acciones para evitar actos de corrupción, la Visitaduría efectuó 139 visitas, lo que representa 11.2% más vi-sitas que el periodo anterior.

n Con la finalidad de prevenir las adicciones entre los niños, se continuó con el Programa Permanente de Combate a las Adicciones en escuelas, donde se impartieron pláticas sobre el tema a 22 escuelas preparatorias con 4 mil 500 alumnos, y en secundarias a 2 mil 509 alumnos.

n En la huasteca se implementó el pro-grama preventivo contra el delito y la violen-cia intrafamiliar, visitando centros educativos e impartiendo pláticas a la ciudadanía, be-neficiando a 975 personas entre alumnos y ciudadanos.

n Para fomentar la cultura de la denuncia y proporcionar información acerca de las con-ductas delictivas de mayor incidencia en su medio, la Subprocuraduría de Etnias imple-mentó en los municipios de Coxcatlán, Tam-

pamolón Corona, Huehuetlán, Tanlajás, Tan-canhuitz y San Antonio, un programa de ca-pacitación a jueces auxiliares y sus suplen-tes, beneficiando a 597 personas con estos nombramientos.

n Se implementó en diciembre de 2004 el Programa de Prevención de Robos a Ban-cos, Cajas de Ahorro y Casas de Cambio, en donde se realizaron 64 visitas a estas institu-ciones dando pláticas y repartiendo volantes con medidas de seguridad

n Como parte de la coordinación interinsti-tucional con el gobierno federal y con la fina-lidad de abatir el narcomenudeo, para protec-ción de la juventud, se inició la construcción del edificio que albergará a la Unidad Mixta de Combate al Narcomenudeo (UMAN), con una inversión de 6 mdp.

2. Defensa social

Una de las grandes obligaciones que el es-tado tiene con la ciudadanía, especialmen-te a la que se encuentra en condiciones de desventaja, es la de garantizarle el acceso a una procuración y administración de jus-ticia pronta y expedita que les proporcione seguridad, además de una defensoría públi-ca efectiva y gratuita.

La actual administración se ha dado a la ta-rea de poner en marcha políticas que se en-cuentren permanentemente en actualiza-ción, además de la capacitación profesional para poder llevar a cabo un trabajo ordenado y honesto que brinde a la sociedad credibili-dad en el aparato judicial del estado.

2.1 Cobertura

n En este año se proporcionó atención di-recta y especializada en derecho civil, fa-miliar, mercantil, administrativo, penal y de amparo en los 58 municipios del estado, lo-grando beneficiar a 21 mil 964 habitantes de escasos recursos económicos, quienes ca-recen de los medios necesarios para contra-tar los servicios de un abogado particular.

segundo informe de gobiernoMARCELO DE LOS SANTOS FRAGA342

343Procuración de Justicia

n En materia procesal penal, se sigue cum-pliendo cabalmente con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcionando la defensa de oficio a toda persona que lo requiera.

2.2 Beneficiarios

n Durante este periodo se brindaron 10 mil 866 representaciones legales, 8 mil 208 asesorías jurídicas y 2 mil 890 gestiones ex-tra judiciales, significando 21 mil 964 usua-rios beneficiados con 41 mil 926 servicios en materia de defensa jurídica gratuita.

n Se benefició a 983 pobladores de las co-munidades Téenek y Náhuatl, a quienes se ofrecieron 912 representaciones legales, 51 asesorías jurídicas y 20 gestiones extrajudi-ciales en las materias del derecho privado y penal, además del juicio de amparo.

n Mediante convenio con el Poder Judicial del Estado, está vigente el Plan Ponciano Arriaga, por el cual el defensor de oficio pue-de acceder a favor de las personas de esca-sos recursos económicos al beneficio de la libertad bajo fianza.

n En el periodo que se informa, se puso es-pecial énfasis en las visitas carcelarias que por ley es obligado el defensor de oficio a realizar una vez al mes, logrando que la ma-yoría de los defensos internos en los diferen-tes centros de reclusión del estado, sean en-trevistados personalmente cada quince días y siempre que lo requieran por necesidades de su proceso.

3. Justicia laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de la misión y objetivos para los cuales fue creada, ha venido desarrollan-do diversas acciones en el ámbito de la pro-curación de justicia laboral, de la seguridad en el trabajo, a través de una puntual aplica-ción de las normas reglamentadas por la Ley Federal del Trabajo, promoviendo también el diálogo entre los sectores productivos.

Las estrategias aplicadas permitieron identi-ficar la problemática laboral en el estado, la que a través de la promoción del diálogo y el aumento de las actividades en los progra-mas en materia de revisión, fortalecieron la eficiencia y legalidad en la aplicación de las normas de trabajo e impartición de la justi-cia laboral.

3.1 Procuraduría de la Defensa del Trabajo

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la función de proporcionar de manera gratuita servicios de asesoría, conciliación y representación jurídica, a través de un servi-cio profesional, honesto y eficiente encami-nado a la solución de los conflictos laborales por medio de la conciliación como forma de solución inmediata, y, en su caso, la repre-sentación de los trabajadores, beneficiarios y sindicatos, ante los Tribunales Laborales, los organismos jurisdiccionales competen-tes, administrativos e instituciones públicas y privadas, atendiendo las particularidades de cada caso.

n En mayo de este año se creó la Subpro-curaduría del la Defensa del Trabajo en la re-gión sur de la huasteca, con el fin de que los trabajadores de esa región cuenten con una asesoría y representación cercana, con personal bilingüe (en Náhuatl y Téenek), que comprende los municipios de Tamazuncha-le, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Tam-pacán, Xilitla, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobe-do, Huehuetlán y Tancanhuitz.

n Para el periodo que se informa, la Procu-raduría de la Defensa del Trabajo atendió 5 mil 099 asesorías a trabajadores que com-parecieron por violaciones a sus derechos laborales, lo que representa un incremento de 40% respecto al periodo anterior.

n Las acciones realizadas en la vía de la conciliación generaron la firma de 1 mil 961 convenios, mediante los cuales los trabaja-dores beneficiados recibieron la cantidad to-tal de 12.3 mdp.

n La representación jurídica también tuvo a su cargo el planteamiento y prosecución

segundo informe de gobiernoMARCELO DE LOS SANTOS FRAGA344

de 544 demandas de trabajadores ante di-versas autoridades, acciones que represen-tan el 21% más de las realizadas en el pe-riodo anterior.

n Los servicios de asesoría personalizada, representación y conciliación benefician a un total de 7 mil 604 personas atendidas en el periodo, lo que significa un incremento de 30% respecto de lo realizado en el pe-riodo anterior.

3.2 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje se encarga de la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se suscitan entre trabajadores y patrones, mediante la con-ciliación y el arbitraje de los conflictos indi-viduales y colectivos, así como los empla-zamientos a huelga y huelgas estalladas, y para recibir y registrar los convenios, regla-mentos interiores y contratos colectivos de trabajo del ámbito estatal.

n Con el propósito de acercar la justicia la-boral a todos los trabajadores potosinos y privilegiando el derecho que tienen para ac-ceder a una justicia pronta y expedita, y con-siderando que en el transcurso del tiempo se ha incrementado el número de trabajadores activos y de centros de trabajo, y por consi-guiente la cantidad de conflictos laborales, el Titular del Ejecutivo del Estado instaló en mayo del 2005 la Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tamazunchale, con com-petencia para conocer de los asuntos de los municipios de Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Tampacán, Xilitla, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Huehuetlán y Tancanhuitz, en la que se imparte justicia con honestidad, transparencia, imparcialidad y apego a ley mediante la conciliación y el ar-bitraje, teniendo como estrategia prioritaria el diálogo, garantizando así el equilibrio en las relaciones de trabajo.

n Asimismo, con la finalidad de fortalecer la impartición de la justicia laboral se han implementado esquemas de mejora conti-nua dirigidas a incrementar la productividad

y calidad en los procesos de resolución de los asuntos, teniendo como objetivo prepon-derante la emisión de laudos aceptados por las partes o confirmados por los órganos de control institucional, creando un conjunto de bases de datos que funcionan mediante un sistema de cómputo enlazado a la red local de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-cial, diseñada para el manejo de gestión de los documentos y procedimientos emplea-dos en la operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la que cuenta con el equipo necesario que permi-te la sistematización de todos los procesos operativos generando indicadores de des-empeño en cada proceso y cada trámite, la homologación de criterios en tiempos máxi-mos de gestión, uso de documentos actuali-zados y aprobados.

n En conjunción con diversas acciones, proyectos y programas llevados a cabo en la Junta Local conjuntamente con las juntas especiales ubicadas en los municipios de Cd. Valles, Tamazunchale, Matehuala y Rio-verde, en el periodo que se informa se han obtenido los siguientes resultados:

n Se recibieron 3 mil demandas por conflictos individuales, las cuales repre-sentan 8% más que el periodo anterior, y durante el proceso de substanciación respectivo se celebraron 7 mil 051 au-diencias, 40% más que en periodo an-terior, dando solución por medio de la emisión de 1 mil 167 laudos, 49% más que el periodo anterior, y a la vez se so-lucionaron 8 mil 634 conflictos laborales por medio de convenios, con cantida-des pagadas en beneficio de trabajado-res por 65.7 mdp, lo que representa un incremento de 57% en relación al año anterior, observándose un mayor efecto tanto en la prosecución como en la con-ciliación, aumentando así el número de asuntos resueltos a 9 mil 801 en este periodo que se informa.

n Es importante destacar la estabilidad laboral que por el diálogo y la concilia-ción se ha logrado en el estado y que los factores de la producción han contribui-do a conservar, ya que en el entorno de los conflictos colectivos fueron promo-

345Procuración de Justicia

vidos 128 emplazamientos a huelga, sin que existan estallamientos que alteren la paz laboral.

n En el rubro de depósitos de contratos colectivos y reglamentos interiores se recibieron 454 y 128 respectivamente.

n Ha sido compromiso de esta administra-ción fomentar e incrementar la capacidad y calidad de atención a las demandas, juicios y trámites de competencia local, promovien-do actividades de actualización y unificación de criterios del personal jurídico, procuran-do una mejora continua de la productividad para responder a las necesidades y expecta-tivas de justicia que la sociedad requiere.

3.3 Inspección de las condiciones de trabajo

n Con el propósito de vigilar y verificar el cumplimiento de las Condiciones Genera-les de Trabajo y de Seguridad e Higiene, así como del pago de utilidades a los trabaja-dores, durante el periodo que se informa se cumplió con un programa que realizó 2 mil 070 inspecciones, lo que significó un benefi-cio para 36 mil 176 trabajadores, habiéndose obtenido un 26% más de lo realizado en el año anterior.

n Las actas de inspección elaboradas fue-ron dictaminadas por el área Jurídica y de Dictámenes, detectándose 500 centros de trabajo con infracciones a las disposiciones legales de observancia obligatoria por dis-posición de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se generaron igual número de reque-rimientos, estableciendo contacto con los centros de trabajo a quienes se les orientó y asesoró sobre el cumplimiento de la norma-tividad, habiéndolos regularizado en su to-talidad, realizando las visitas de verificación correspondientes para comprobar el cumpli-miento de las medidas recomendadas, pro-porcionando a trabajadores y empleadores mayor certeza jurídica.

n Dentro del Programa de Inspección de Seguridad e Higiene se efectuaron 691 vi-sitas de inspección en las que se verificó el cumplimiento de la normatividad estableci-da por el Reglamento de Seguridad, Higiene

y Medio Ambiente del Trabajo, así como la creación y funcionamiento de las Comisio-nes Mixtas de Seguridad e Higiene, propor-cionado asesorías técnicas e informativas para lograr una mayor cantidad de acciones que ayuden a preservar la salud y seguridad de los trabajadores y los índices de riegos de trabajo.

n En el rubro de asesorías se atendieron a 1 mil 917 trabajadores que solicitaron la revi-sión de los contratos individuales que regu-lan su relación de trabajo, así como la orien-tación sobre el cumplimiento de los centros de trabajo de las prestaciones que conforme a la ley les corresponde recibir, detectándo-se 475 casos de incumplimiento, por lo que fueron citados los propietarios o responsa-bles de las fuentes de trabajo quienes por la vía de la conciliación se les invitó a regulari-zarlas, generando con ello la actualización y cumplimiento respectivo.

4. Justicia administrativa

n Los servicios que presta el Tribunal Esta-tal de Conciliación y Arbitraje, consisten en resolver los conflictos laborales que se sus-citen entre las instituciones públicas y orga-nismos descentralizados de los gobiernos estatales y municipales y sus trabajadores, siempre bajo el marco invariable de la impar-cialidad y el estricto apego a la ley.

n Los registros mensuales arrojan que se han atendido 550 asuntos, como son: de-mandas ordinarias, procedimientos espe-ciales, depósito de condiciones generales de trabajo, solicitudes de registro sindical, procedimientos paraprocesales, convenios y amparos, significando un incremento de 57% comparado con el mismo periodo del año anterior, correspondiendo el 80% a de-mandas laborales y el resto a procedimien-tos paraprocesales, convenios, amparos, de-pósito de condiciones generales de trabajo y solicitudes de registro sindical.

n Con la finalidad de agilizar al máximo la tramitación de los juicios, se incrementaron el número de audiencias de 4 diarias que se

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estaban llevando a 8 u 11, según los expe-dientes, con ello se aceleraron los procedi-mientos en las diferentes áreas concluyen-do de esta manera los juicios en la mitad del tiempo, reflejándose en los registros los tiempos ya que anteriormente un asunto aproximadamente se tardaba en concluir de 2 a 3 años o más y en la actualidad fluctúa en un lapso de un año o año y medio. El al-cance que se obtiene con el sistema imple-mentado es que los juicios se tramitan con mayor eficiencia, redituando en beneficio de las partes contendientes la obtención de certeza jurídica en el menor tiempo posible.

n La impartición de justicia laboral burocrá-tica que se otorga, refleja el equilibrio y res-peto de los derechos y obligaciones labora-les del estado y sus trabajadores, ello impli-ca un esfuerzo conjunto.

n Gracias a la creación del Archivo Gene-ral, en el que se han concentrado todos los expedientes, se ha logrado también un me-jor servicio para los litigantes que acuden a solicitar los mismos, ya que anteriormente estaban concentrados en diferentes áreas y resultaba complicado consultar los expe-dientes. Con esta acción se benefician to-dos aquellos que acuden a solicitar los ser-vicios, ya que se ha intensificado la imparti-ción de justicia pronta y expedita, aplicando en la medida de lo material y humanamente posible, el principio de sencillez y celeridad, lo que conlleva a que los juicios concluyan

en el menor tiempo posible, otorgando con ello una mayor certeza jurídica a las partes en las controversias que se suscitan.

5. Justicia agraria

El cumplimiento de las obligaciones de los servidores agrarios es de vital importancia ya que en la entidad el tema de la tenencia de la tierra en el medio rural cobra una gran importancia, es por eso que se le da un im-pulso al reordenamiento y regularización de la tierra mediante el cumplimiento de los ac-tos apegados al marco legal y al respeto de los derechos de los campesinos.

5.1 Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

n Con el objeto de disminuir la incertidum-bre y fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo potosino, se aten-dieron por parte de la Procuraduría Agraria un total de 4 mil 374 asuntos, a través de la Conciliación de Conflictos Agrarios, Ser-vicios Periciales, Representación Legal y Atención a Quejas y Denuncias, para benefi-ciar a 35 mil 649 campesinos potosinos.

n El 7 de mayo del 2004, el Gobierno del Estado suscribió con las Instituciones del Sector Agrario un Convenio de Coordinación para la Atención de la Problemática Agraria; como resultado de esas acciones se resolvie-ron 11 de los 25 asuntos objeto del convenio, culminando con la regularización de posesio-nes irregulares en terrenos de propiedad so-cial y privada, en una superficie de 7 mil 205 hectáreas, para beneficiar a 1 mil 237 cam-pesinos con una inversión de 27.9 mdp.

5.2 Gestión agraria

n La Procuraduría Agraria brindó aseso-ría jurídica a los campesinos del estado en asuntos relacionados con la tramitación de documentos agrario, así como para la obten-ción de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, beneficiando a través de la atención de 1 mil 886 asuntos a 14 mil 983 habitantes del medio rural en la entidad.

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