informe de derechos humanos-arauca-2010

Fundacin de Derechos Humanos Joel Sierra Instrumento del pueblo centro-oriental Para la dignificacin de la Vida, La defensa de los DD.HH. Y La permanencia en el Territorio

ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Informe de la situacin de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario

ARAUCA, INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H. Ao 2010 Autor: Fundacin de Derechos Humanos Joel Sierra [email protected] Saravena Arauca Diseo e impresin: LATINO IMPRESORES Tel.: 334 74 18 Esta publicacin es posible gracias al apoyo financiero de: Federacin Luterana Mundial Asociacin para la Promocin Social Alternativa MINGA Los contenidos del presente informe son responsabilidad de la Fundacin de Derechos Humanos Joel Sierra Colombia, mayo de 2011


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CONTENIDOPgina Presentacin Ubicacin geogrfica. 4 5

Nuestra Historia Contexto. Los Derechos Humanos, una necesidad en el camino de la justicia La justicia y el sistema penitenciario carcelario Las potencialidades ambientales del territorio y nuestra soberana La salud integral como elemento en la produccin de la vida y reproduccin de la comunidad La privatizacin de la salud, (Ley 100/93) Componentes de la salud preventiva integral Muertes violentas

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PRESENTACINMantener la Memoria Histrica, no dejar que el olvido alimente la impunidad, contribuir a la verdad, a las reflexiones sociales, exaltar la dignidad y el trabajo de las y los dirigentes y de las organizaciones sociales, son algunas de las pretensiones del presente informe, que recoge la labor de sta fundacin a lo largo del ao 2010. La Crisis social y humanitaria en este lapso se mantuvo y en algunos casos se incrementaron los hechos, como sucedi con el secuestro y la vulneracin de los derechos fundamentales de las nias, nios y adolescentes. Por eso hacemos un aparte especial para cada uno de estos temas. Las organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia, desarrollaron el Segundo Foro Social Humanitario, como un anlisis de la poltica, econmica, cultural y ambiental, en un evento que adems plante la necesidad de recrear los planes, programas y proyectos del Plan Alternativo de Equilibrio Regional. Condensamos las principales discusiones y propuestas arrojadas. Expresamos nuestro reconocimiento y admiracin al pueblo, sus organizaciones y dirigentes del Centro Oriente colombiano, por la capacidad de lucha y movilizacin, en la resistencia y construccin social. Para las vctimas del conflicto social y armado, nuestra gratitud perenne por su ejemplo y decisin de aportarle al proceso de mejoramiento contino de las condiciones de vida, con la superacin de la impunidad. Finalmente publicamos una relacin de las muertes violentas, basados en las denuncias, acciones urgentes y SOS, publicadas, y en la informacin suministrada por las instituciones del Estado.


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UBICACIN GEOGRFICA


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FUNDACIN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRAEn nuestra lnea poltica y filosfica, en la cual concebimos los Derechos Humanos como la lucha constante por alcanzar el equilibrio armnico entre el ser humano y la naturaleza, en el respeto por la vida y la construccin de una nueva sociedad, hemos sufrido en carne propia la estrategia de agresin del Estado desatada en contra del pueblo colombiano y que en la regin centro oriental se aplica con nfasis, como la principal barrera en el logro de dicho objetivo, pues va encaminada a la proteccin de intereses econmicos trasnacionales y a asegurar el saqueo y la expoliacin de nuestros recursos, arrasando el ambiente y la vida misma.

Nuestra Historia Por qu? Desde la colonizacin del departamento, las comunidades organizadas venan desarrollando acciones de hecho para lograr mejores condiciones de vida, es as como se llevaron a cabo: el paro cvico del 1972, segundo paro cvico en 1982, tercer paro cvico de 1986, las jornadas de recuperacin de tierras conocidas como las jornadas de mayo del Nororiente. A partir de boom petrolero a mediados de los aos 80s, se comienza a aplicar una estrategia de guerra sucia del Estado, con el nimo de desarticular el tejido social y acallar el pueblo, que rechazaba la explotacin indiscriminada de los recursos naturales, la destruccin del ambiente y los atropellos contra la poblacin.Accin de hecho para exigir condiciones de vida digna.

Hechos como los asesinatos, desapariciones y masacres de Cao Jess (Arauca Capital), masacre de Mata Oscura (Arauquita), masacre de Puerto Lleras, masacre en San Jos Obrero; los asesinatos selectivos y las violaciones sexuales, a nombre de La Mano Negra en los municipios de Saravena y Fortul; las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos roperos en Cao Flores - Fortul, la ejecucin de los hermanos Ayala Contreras en Saravena, hicieron que fuera menester crear un instrumento que desde las entraas del pueblo asumiera la lucha por los derechos humanos. Para qu? A pesar que cada organizacin social cuenta con un eje de Derechos Humanos, se haca necesario consolidar un solo organismo que se encargara de:ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Denunciar los hechos de represin. Asesorar y Representar las vctimas y organizaciones. Capacitar a las comunidades. Visibilizar la problemtica. Interlocutar con las instituciones del gobierno. Brindar apoyo psicosocial a las vctimas Llevar la batuta en LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, en la Regin.

Quines? La Fundacin de Derechos Humanos naci de la representacin de los cinco sectores de las Organizaciones Sociales de Arauca.

Joel Sierra Gonzlez, fue un dirigente campesino del municipio de Fortul. Presidente de la Asociacin Inspectorial de Usuarios Campesinos AIUC, desde donde desarrollaba su trabajo en defensa de los derechos humanos, en esa jurisdiccin. Habitaba en la Vereda San Jos Obrero. El 16 de agosto de 1989, fue retenido ilegal y arbitrariamente, por el ejrcito colombiano, quienes lo torturaron hasta asesinarlo, luego enterrado en una fosa comn junto con otras cuatro personas, en el municipio de Fortul-AraucaColombia.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Por qu JOEL SIERRA?

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Este hecho se encuentra en la ms completa impunidad y en honor a su memoria y a fin de dignificar su vida, ejemplo y labor, se decidi adoptar su nombre para esta fundacin. NUESTRO CAMINO RECORRIDO Durante los 14 aos de historia hemos ganado reconocimiento y credibilidad a nivel regional, nacional e internacional. Casos Emblemticos: Denuncia contra la Cooperativa El Corral. Asesora a las vctimas y acompaamiento durante todo el proceso por la masacre de la Cabuya. Denuncia, asesora, representacin y acompaamiento a las vctimas de la masacre de Santo domingo. Desarrollo del Tribunal Internacional de Opinin en Chicago. Denuncia contra la OXY. Denuncia, asesora, representacin y acompaamiento en el proceso por la Masacre Flor Amarillo, Pialito y Cravo Charo. Denuncia, asesora, representacin y acompaamiento en el proceso por la Masacre en Cao Seco, 5 agosto de 2004. Denuncia, asesora, representacin y acompaamiento en procesos por ms 50 ejecuciones extrajudiciales. Defensa y representacin legal en los casos de detenciones masivas y selectivas. Denuncia y seguimiento a los Crmenes cometidos por Julio Enrique Acosta Bernal. Victimizacin: Entre los reiterados intentos del Estado por acallar nuestra voz y detener nuestra labor social, encontramos los siguientes: Asesinato del compaero JOS RUSBELL LARA, coordinador de nuestra seccional en el municipio de Tame y miembro del sector comunal, el 9 de noviembre de 2002, a manos de presuntos paramilitares. Judicializacin del compaero JOS VICENTE MURILLO TOBO, presidente para la poca de sta fundacin y miembro del sector Juvenil Estudiantil, el 23 de agosto de 2003. Judicializacin del compaero ISMAEL PABON MORA, Tesorero de la Junta Directiva y miembro del sector campesino, el 23 de agosto del 2003. Judicializacin y posterior asesinato del compaero EDUAR ALEXANDER VARGAS, coordinador de nuestra seccional en elARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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municipio de Arauca y miembro de la Asociacin Juvenil Estudiantil Regional ASOJER, el 11 de marzo de 2004. Sealamientos del Ejrcito Nacional desde el programa La Verdad del Engao emitido por la Emisora Colombia Ma, durante finales del 2003 y medio ao del 2004. Judicializacin de la compaera MARTHA OSORIO, miembro de nuestra seccional en el municipio de Arauca y dirigente del sector comunal, el 21 de octubre de 2003. El asesinato de Rito Hernndez Porras, miembro de nuestra seccional en Saravena y del sector comunal, el 25 de septiembre de 2004. Las reiteradas retenciones ilegales y arbitrarias de los compaeros YILSON JAVIER TORRES, EMANUEL RIVERO TORRES, JORGE TORRES y EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES, por pertenecer a la junta Directiva de esta fundacin y a las organizaciones sociales de Arauca. CONTEXTO

Luego de varios meses de preparacin, a travs de discusiones en los barrios, veredas y distritos de la geografa que constituye el centro oriente de Colombia, se desarroll el Segundo Foro Social Humanitario, con la asistencia de ms de 2000 personas campesinos, 1er Da de sesin el II Foro Social Humanitario, con presencia estudiantes, obreros, mujeres, de rganos de justicia y control, y comunidad internacional . jvenes e indgenas, analiz en cinco ejes la realidad de la regin y realizaron propuestas que recrean el Plan de Vida y se convierten en la hoja de ruta para el que hacer en los tiempos venideros.

LOS DERECHOS HUMANOS, UNA NECESIDAD EN EL CAMINO DE LA JUSTICIA Por qu hablar de la evolucin o gnesis de los Derechos Humanos? Hoy da los conocemos como el patrimonio construido por la humanidad, a travs de procesos sencillos o complejos que se plasman en la Carta Internacional de los Derechos Humanos; la necesidad e importancia de hablar y conocer su evolucin histrica, nos posibilita las maneras de defender las reivindicaciones y garantas logradas. Es necesario partir de los aportes tanto de los pueblos europeos con sus revoluciones, gestas y luchas, as como de los aportes de nuestros ancestros, quienes con sus prcticas, rituales, mitos y cosmovisin,ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Plasmamos parte de esas deliberaciones y conclusiones a manera de contexto.

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nos han enseado un profundo respeto por nuestros semejantes y entorno ambiental. Desde este punto de vista se fundamenta nuestra concepcin y practica sobre lo que son y deben ser los Derechos Humanos. La humanidad en sus diversas etapas histricas, ha propendido por los derechos del hombre1 - y de la mujer -. Los desarrollos de los pueblos han puesto la vida y su proteccin como principal objetivo. As a travs de acuerdos y tratados internacionales han forjado el concepto Vida como un Derecho fundamental e irrenunciable. Solo a partir de garantizar la vida y el desarrollo pleno del ser humano se podr propender por un modelo social digno, armnico y esperanzador para la humanidad. Son estos tratados y acuerdos, que pases poderosos como los Estados Unidos no firman ni se comprometen a cumplir, por el contrario obligan a los pases dominados a firmar inmunidad a favor de sus ejrcitos invasores y se atribuyen el papel de jueces y policas del mundo, para certificar o no, a determinados pases por supuestas violaciones a los derechos humanos, en una actitud de doble moral, pues son ellos los principales violadores de derechos humanos en el mundo, crean guerras para invadir pases, como Afganistn e Irak o hacen acuerdos de ocupacin militar con gobiernos aliados como en Colombia con la instalacin de las siete bases areas nortemaericanas, con las que completan 872 en el mundo sin contar, 106 en Irak; desde las cuales han ejecutado 100 invasiones y ataques a otros pases con el falso argumento de defender la democracia y la libertad, con costos por ms de 250 mil millones de dlares por ao. En el continente Americano la violacin de los Derechos Humanos comenz con la invasin de los europeos a nuestros territorios aborgenes, ellos a nombre de la civilizacin y el progreso, cometen el ms grande genocidio y etnocidio de la historia de la humanidad. Nuestros pueblos ancestrales nos aportan las luchas de resistencia por la defensa del territorio y la permanencia de su cultura, fundamentado en la integralidad y concepcin de equilibrio armnico. Igualmente el legado poltico-histrico-social de las luchas de independencia y por la libertad en el continente americano; en nuestro territorio colombiano con las luchas insurreccionales comuneras con su lder Jos Antonio Galn, se levantaron en contra de la tirana impuesta por la corona espaola. En este sentido, el Plan Alternativo de Equilibrio Regional, conceptualiza, determina y define nuestra ruta de trabajo con las actividades del qu hacer diario. Por ello asumimos su ejecucin en forma integral, plantendonos como1

Revolucin francesa. ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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objetivo principal, el diseo e implementacin de ambientes de aprendizaje promotores del equilibrio entre los diferentes procesos que hacen posible el afecto, el trabajo, la convivencia y la permanencia, en la singularidad biofsica de nuestro territorio. No busca el desarrollo integral, ni sostenible, ni sustentable; no busca el desarrollo... busca el equilibrio.2 Por lo cual concebimos los Derechos Humanos como la lucha constante por alcanzar ese equilibrio armnico e integral, en el respeto por la vida y la construccin de una nueva sociedad. Se hizo la denuncia y el diagnstico de lo sucedido en cada uno de los ejes de la estrategia de agresin durante los ltimos tiempos, y lo que la Judicializacin, las muertes violencia, la para-poltica, la militarizacin de la vida cotidiana, el desplazamiento, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupcin polticoadministrativa, ha significado para el pueblo el tejido social y la labor de ejecucin del Plan. Durante el debate se concluyeron las propuestas y exigencias que a continuacin ilustramos: Frente a este cuadro de agresin de los imperios y la oligarqua colombiana, las organizaciones sociales del centro oriente colombiano, han tomado la decisin de persistir en el plan integral de defensa, promocin y proteccin de los Derechos Humanos, en cumplimiento del objetivo del Plan, del cual se levantan entre otros los siguientes programas y proyectos: El retorno con dignidad y seguridad: Como salida a la problemtica social afrentada por la comunidad en condicin de desplazamiento forzado, el cual debe ser coordinado y acompaado por las organizaciones sociales, comunidad nacional e internacional, teniendo en cuenta los siguientes elementos mnimos para ello:

El conflicto de Colombia es social y armado, por lo cual es urgente y necesario trasegar caminos de solucin poltica con la superacin de las causas estructurales del mismo. Como condicin necesariaPlan de Equilibrio Regional.Participacin del Movimiento Regional de Vctimas I. ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D.de H Crmenes de Estado, en actos contra la impunidad.

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Se debe garantizar a las comunidades retornadas, la seguridad alimentaria, en un trmino mnimo de 1 a 4 aos, para lo cual se requieren tierras, crditos sin intereses, asistencia tcnica y cientfica, e inversin social que garantice salud, educacin, vivienda, vas y servicios pblicos.

para el respeto de los derechos y la seguridad de las personas. Contra la Impunidad: La impunidad, herramienta de continuidad del modelo, es una poltica sistemtica de Estado utilizada para avasallar personas, comunidades, pueblos y organizaciones sociales, dispone de una serie de mecanismos dirigidos a la falta de justicia y castigo frente a los responsables, verdad y reparacin integral para las vctimas de los crmenes de Estado, crmenes ecolgicos, crmenes tnicos y la corrupcin generalizada. Cuyo propsito es la aplicacin de la estrategia de agresin del Estado y los imperios, para la consolidacin del modelo econmico y la explotacin y saqueo de los recursos, asegurando as la perpetuacin en el poder de la clase dominante. Por lo cual la campaa mundial contra las transnacionales es la parte medular del trabajo de las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, lderes y lideresas, y que cuenta entre sus tareas principales con las siguientes: Abrir espacios de investigacin en torno a los impactos de las transnacionales, para fundamentar la denuncia y la demanda nacional e internacional en todos los aspectos de la vida de las regiones: Social, econmico, cultural, ambiental, humanitario y poltico. Fundamentar los planes de vida sectorial y regional, como componentes propositivos, de gestin, construccin y permanencia de las comunidades. Posibilitar los escenarios para la continuidad de discusin y debate (foros, audiencias, cabildos) sobre temas de trascendencia estratgica nacional como seguridad alimentaria energtica, ambiental, social, entre otros. Articular la lucha sectorial, para aunar y racionalizar esfuerzos en la dinmica y movilizacin del pueblo. Apropiarnos del conocimiento cientfico, tcnico y tecnolgico, que nos posibilite mayor capacidad para comprender los fenmenos que nos amenazan y formular propuestas para resolver los problemas. Promocin y educacin en DD.HH. y D.I.H.: desarrollar este objetivo en los centros educativos, ncleos organizativos, con los distintos medios, programas radiales, televisivos, informes peridicos, pginas web, videos institucionales, en forma permanente y en todos los espacios de la vida, con el nimo de sensibilizar a la poblacin y a las autoridades sobre el respeto y la proteccin de los derechos humanos.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Programas de Prevencin: La denuncia permanente, herramienta fundamental para lograr justicia, verdad y reparacin integral, frente a los crmenes cometidos, procurando la no repeticin de los mismos. Asesora, acompaamiento y representacin legal de las vctimas: En los estrados judiciales nacionales e internacionales, romper con la impunidad lograr castigo a los responsables y reparacin integral para las vctimas; fortalecer los procesos organizativos, movilizndonos hacia la exigencia de garantas de vida digna y permanencia en nuestro territorio. Recuperacin de la Memoria histrica: Resaltar como deber tico, la actividad y labor social de las vctimas y Organizaciones Sociales, no dejar en la indiferencia la historia de represin vivida, buscar el esclarecimiento de causas, autores y beneficiarios. Dignificar la vida. EXIGENCIAS 1. Se reabran las investigaciones a los autores intelectuales de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados que no han sido juzgados y castigados. Ejm. Bombardeo Santo Domingo, masacre de Cao Seco y masacres cometidas a nombre de paramilitares en otros pueblos de la regin. 2. Desmonte de las estructuras de apoyo de la Fiscala. 3. Se destaque una comisin nacional especial de investigacin por los hechos de corrupcin administrativa y robo de las regalas. 4. Exigir plenas garantas para quienes ejercen y defienden los derechos humanos, jueces y fiscales investigadores de crimenes de Estado. 5. Demandar la derogacin del acuerdo militar con Estados Unidos, impuesto por el gobierno de Alvaro Uribe Velez que viola flagrantemente la soberana nacional con la ocupacin militar de siete bases areas.. LA JUSTICIA Y EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO. 1.- Enfoque Universal de la Justicia. En todas las sociedades las leyes permiten regular las relaciones entre los seres humanos. Ello implica que en cada etapa de desarrollo de la sociedad existan normas, que se ajustan a la clase de gobierno o a las formas de Estado del momento histrico en que se establecen o que se imponen. El Derecho siempre ha sido un mecanismo de control social, por eso, en todas las clases de estado existen normas y de manera permanente se cambian para ajustarlas a losARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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intereses de la clase dominante. Ese control social es individual, colectivo o social. Entre las ramas del derecho, la penal es la que ms ejerce esta funcin, porque no solo intimida al ser humano sino que pretende su reinsercin al grupo social al que perteneca, en procura de seguir manteniendo la situacin social, tal como lo han regulado quienes detentan el poder y hacen las normas, para garantizar que no se afecten ni su propiedad privada ni su control. Frente al derecho como instrumento de control social, se plantea que las normas son necesarias en toda sociedad, pero stas deben estar encaminadas a la convivencia y el equilibrio armnico, no para perpetrar un modelo econmico excluyente. 2.- Justicia Colombiana y Sistema Acusatorio. Hablar de poltica criminal en nuestro pas, es hablar del Plan Colombia, Seguridad Democrtica y Plan Patriota, que han sido pensados y desarrollados desde el Gobierno de los Estados Unidos, como una poltica de guerra, que busca pacificar un pas convulsionado y generar la estabilidad necesaria para la inversin de capital transnacional. Adems de las consecuencias que generan las desigualdades sociales y las relaciones injustas del modo de produccin que obligan a una parte de la poblacin a delinquir para resolver sus necesidades. Como resultado de esa dinmica, se establece una reforma integral al sistema penal colombiano, que no deja de ser inquisitivo, y se orienta por la necesidad de imponer un sistema penal de enemigo, que exige adoptar un nuevo modelo penitenciario y carcelario, que transgrede de manera criminal los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La poltica criminal del Estado Colombiano se caracteriza por establecer de manera frecuente un aumento de penas para los delitos que socialmente califican como graves, as recordemos, como se ha llegado en determinados momentos a sancionar de manera ms drstica un raponazo que el desfalco a las grandes empresas del Estado. Los delitos como el terrorismo, econmicos, corrupcin trasnacional, manipulacin gentica, impactos ambientales y criminalidad organizada, entre otros, han sido centro de atencin de los legisladores para su penalizacin; pero no han logrado demostrar que con esa poltica criminal y con el derecho penal antidemocrtico, se est cumpliendo el supuesto propsito que se trazaron cuando elaboraron y aprobaron las nuevas leyes y cambiaron las formas de juzgar y sancionar; sin embargo, s han logrado la intencin poltica de asegurar y expandir los intereses de la burguesa nacional y transnacional.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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La poltica criminal debe estar dirigida a superar las causas y las condiciones que llevan a las personas a delinquir, en la medida en que las personas tengan necesidades en salud, educacin, vivienda, etc., sern proclives a realizar acciones para su subsistencia que contraran las leyes. Se persigue y criminaliza, es la expresin, la oposicin y la exigencia de derechos, los que no son arrodillados al gobierno o critican sus actuaciones son enemigos. Los lderes sociales y en general los presos polticos son tratados y presentados como los peores criminales. El menor en el derecho penal debe ser tratado como vctima y no como delincuente. El Delito Poltico y la Criminalizacin de la Oposicin y Labor Social: El delito poltico en nuestro pas est absolutamente desnaturalizado. En los ltimos tiempos slo se juzga por rebelin, cuando se tiene la suerte de no ser acusados de terrorismo y otros delitos graves a los dirigentes sociales y al movimiento cvico popular y sindical, criminalizando su legtimo derecho a la protesta, a disentir o pensar de manera diferente. En la prctica, las nicas personas a las que se le reconocer como rebeldes son aquellas que, sin haberse levantado en armas, desde su condicin de dirigentes sindicales, sociales o defensores de derechos humanos y/o militantes polticos de izquierda que actan en la legalidad, protestan y defienden la causa de la paz con justicia social o el poco patrimonio nacional an no entregado a las empresas transnacionales. Por ello, los lderes de las Organizaciones Sociales del Centro Oriente del pas y en general las comunidades, han sido judicializados llevados a la crcel y estigmatizados. A los alzados en armas contra el sistema se les juzga por terrorismo, homicidio, secuestro y delitos conexos, adems, se les juzga como narco-terroristas, quitndoles toda connotacin poltica. Levantados en armas para derrocar al gobierno, en adelante son vistos y tratados como terroristas, cuando no, como delincuentes comunes, pues profesar y practicar la insurgencia y los actos conexos con la misma, significa que el servicio judicial investigue y juzgue las conductas de quien o quienes en ella incurran en forma autnoma. Cuando segn la misma Declaracin Universal de los Derechos Humanos la rebelin no es un delito sino un supremo recurso contra los regmenes tiranos y totalitarios, as se desprende de su prembulo Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un rgimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelin contra la tirana y la opresin. Concluimos, que la rebelin es un derecho y un deber social de hombres y mujeres, no un delito.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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El uso de la extradicin como arma de guerra: La extradicin es una figura jurdico-poltica con fuerte impacto en la historia reciente de nuestro pas, especialmente porque su aprobacin y ejecucin ha significado la polarizacin de nuestra sociedad. Como resultado de las presiones de los Estados Unidos para imponer su Poltica Anti-drogas, utilizada para negociar con los capos del narcotrfico y sus lugartenientes, para rescatar los recursos econmicos que el trfico de drogas le ha entregado a las grandes mafias. Esta es una prctica ajena a nuestra tradicin legislativa y jurdica. En los pases de derecho continental, la no extradicin de nacionales era considerada como un principio clsico que pretenda la proteccin de la soberana nacional y la de sus ciudadanos, por considerar que les asistan mayores garantas procesales cuando eran juzgados ante los tribunales de su propio pas, con sus propias leyes y en su mismo idioma, lo que fue trasmitida a travs de las legislaciones que iluminaron nuestras normas y costumbres judiciales. Por el contrario, los pases anglosajones, contemplan la figura de la extradicin en su normatividad interna, sin mayores limitaciones. Llevados por esta visin continental, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 prohibi la extradicin de nacionales a travs del artculo 35 de la nueva Constitucin. Sin embargo, posteriormente mediante el Acto Legislativo No. 001, contenido en el Decreto 1765 de 1997, dio va libre a la misma por delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero. La extradicin, se ha convertido en la amenaza directa del Gobierno Nacional a las organizaciones insurgente, usada como mecanismo de presin y retaliacin, cerrando cada vez ms los espacios para el dilogo y la bsqueda de la solucin poltica al conflicto social-poltico-armado, que mantiene a Colombia en una espiral de violencia y miseria. Se asume la extradicin como una forma de desaparicin forzada de las personas ya que no estn seguros de poder volver a verse. La lucha es por la soberana, en ese sentido lo que planteamos es que no haya extradicin para ningn colombiano. El Sistema Penal Acusatorio: En el ao 2005 entr parcialmente en vigencia, orientado desde los Estados Unidos y contenido dentro del catlogo de tareas derivadas del Plan Colombia, en el marco del fortalecimiento institucional y la lucha contra la impunidad, lo que evidencia no slo la injerencia norteamericana en la reforma al sistema procesal penal colombiano, sino las grandes sumas de dinero invertidas en fortalecer el Estado y prepararlo para su entrada en vigencia.


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La aplicacin del derecho penal de enemigo en contrava al derecho garantista, obedece a una concepcin doctrinaria vigente en pases como Colombia, desarrollado explcitamente en los manuales de lucha contraguerrillera elaborados por el Ejercito de los Estados Unidos; es as como la poltica de seguridad democrtica de Uribe Vlez, no es ms que un simple eufemismo de la doctrina de seguridad nacional del imperio. Con la implementacin del mal llamado SISTEMA PENAL ACUSATORIO en materia penal, lo que se busca es demostrar que los conflictos son entre dos agentes, el delincuente y la Fiscala. En este esquema se pretende equiparar el poder del Estado para enrostrar la responsabilidad y la situacin del procesado para demostrar su inocencia. A un lado y casi siempre del lado de la Fiscala, se ubican las vctimas de la infraccin penal, por eso con una supuesta igualdad de condiciones los procesados deben asumir su defensa o acogerse a la justicia premial, con acuerdos o rebajas, que el Estado les ofrece a cambio de terminar de una manera rpida el proceso y as economizar en medios probatorios y en el desgaste de la administracin de justicia. Entre las medidas ms drsticas introducidas en esta reforma a la justicia, encontramos las siguientes: Eliminacin del Principio de Gratuidad de la Actuacin Penal. Aumento peligroso de amplias facultades de la Fiscala en detrimento de la anunciada igualdad de armas de los intervinientes procesales. Retoma de las investigaciones a espaldas de los indiciados. Poltica criminal de Tratamiento Desigual con: a. Indulto Masivo a Paramilitares y Ley de Justicia y Paz. b. Poltica Criminal que Favorece la Impunidad. c. Persecucin judicial a los opositores. Poltica criminal carcelera con: a. Aumento de las penas. b. Regreso al peligrosismo. c. Restriccin de beneficios para delitos que se consideran de mayor gravedad o de reincidentes. d. Creacin de nuevos tipos penales. Y Poltica Criminal que Discrimina e Invisibiliza a los Pobres y Prolonga la Privacin de su Libertad. 3.- Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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La Nueva Cultura Carcelaria, genera un crculo vicioso que de seguir as, agrava el hacinamiento en las crceles y crea un mundo penitenciario sobredimensionado. A pesar de las pretensiones del gobierno, la construccin ininterrumpida de nuevos centros de reclusin no representa ninguna medida efectiva para acabar con la crisis carcelaria en Colombia. El Estado Social de Derecho enunciado en nuestra Constitucin Poltica, se contrapone al modelo econmico imperante, y por el contrario la realidad social del pas muestra una marcada criminalizacin de la pobreza y una prctica sistemtica de irrespeto a los derechos, reflejada en el ejercicio de la violencia en todas sus manifestaciones por parte de agentes del Estado. Estas prcticas van desde la detencin ilegal, la tortura, tratos inhumanos y degradantes, hasta las ejecuciones extrajudiciales, la realidad es ms crtica al interior de los lugares de detencin, como consecuencia del aislamiento y estigmatizacin a que est sometida la poblacin reclusa. A partir del ao 1998, la Corte Constitucional mediante inspecciones de verificacin pudo constatar que las personas privadas de la libertad, se encuentran en condiciones que atentan gravemente contra su dignidad humana, constantemente se ponen en peligro sus derechos fundamentales a la vida y la integridad personal, la familia, la salud, el debido proceso y hasta la libertad misma. La funcin supuestamente resocializadora, encomendada a los establecimientos penitenciarios y carcelarios est lejos de ser cumplida, por falta de acciones concretas dirigidas a permitir de manera eficaz, que penados y penadas se incorporen nuevamente a la vida en sociedad. En virtud de lo anterior se profiri la Sentencia T-153 de 1998, donde seal que en el sistema penitenciario colombiano exista un notorio estado de cosas inconstitucional, que converta en letra muerta el rgimen penal, la Constitucin Poltica, los tratados y acuerdos internacionales y la jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos humanos de las reclusas y reclusos. De igual forma, en respuesta a la crisis humanitaria que se vive al interior de las prisiones colombianas la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia, durante los ltimos diez (10) aos ha emitido siete (7) recomendaciones relacionadas con el tema del tratamiento de las personas privadas de la libertad, dirigidas a que el Estado Colombiano adecu su sistema penitenciario y carcelario a las reglas mnimas, principios bsicos y buenas costumbres, adoptadas, tanto por las Naciones Unidas, como por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, como organismo regional, y que se d cumplimiento a la sentencia T-153 de 1998.


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Construccin de nuevos establecimientos con el modelo estadounidense: En los aos 2000 y 2001, Colombia y Estados Unidos firmaron en dos etapas un acuerdo denominado Programa de Mejoramiento del Sistema Carcelario Colombiano. Con este se buscaba ampliar el Plan Colombia al sector de las prisiones del pas, as como consolidar estrategias tendientes a controlar las acciones ilcitas cometidas desde el interior de los penales por las personas que pertenecen a grupos al margen de la ley relacionados con el narcotrfico y con crmenes de lesa humanidad. Este acuerdo inaugur lo que llaman la Nueva Cultura Carcelaria que se presenta bajo la forma de una americanizacin del sector carcelario y penitenciario colombiano, tanto a nivel reglamentario como arquitectnico. Los Establecimientos Penitenciarios de Alta y Mediana Seguridad (EPAMS): La penitenciara de Valledupar, construida en el 2001, fue el primer establecimiento diseado bajo la asesora del Bureau Federal de Prisiones de los Estados-Unidos, como modelo para todas las nuevas crceles que se construiran a futuro en el pas. La Unidad de Tratamiento Especial (UTE) de cada establecimiento, es el culmen del endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento. En dicho lugar se llega a la dominacin total del individuo y a su minimizacin como ser humano, tanto a nivel psicolgico como fsico. Los Establecimientos de Reclusin del Orden Nacional (ERON): La colaboracin con los Estados Unidos entr en una segunda fase en 2004, cuando el gobierno colombiano elabor la Estrategia para la expansin de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios. Esta comprende la construccin de once nuevos Establecimientos de Reclusin del Orden Nacional (ERON), que generarn 22.000 nuevos cupos carcelarios y penitenciarios. El comit de seguimiento de los ERON -conformado por FONADE, el INPEC y la Direccin de la Infraestructura del Ministerio del Interior y Justicia- tambin estuvo asesorado por el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Las Unidades de Tratamiento Especial (UTE) y Unidades de Medidas Especiales (UME), son sitios hermticos de aislamiento y/o de castigo que equivalen en los ERON a cifras que varan entre el 5% y el 7% de la capacidad de cada establecimiento, lo que demuestra una tendencia a convertir las celdas de castigo en lugares permanentes de reclusin. Como los otros centros de reclusin de construccin reciente, con reas comunes de espacio extremadamente reducido a semejanza de los campos de concentracin nazis. Militarizacin del Sistema Penitenciario y Carcelario: Las Organizaciones De Derechos Humanos, la poblacin reclusa y del sindicato de la guardia del INPEC SIGINPEC, han hecho denuncias en reiteradas ocasiones sobre el enfoque militarista en los centros penitenciarios, iniciado con la formacin en la EscuelaARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Penitenciaria Nacional, a quienes van a prestar sus servicios en los centros de reclusin. El entrenamiento militar que recibe el personal penitenciario y carcelario coloca al recluso en el papel del enemigo a quien hay que combatir. El Comando Operativo de Remisiones Espaciales de alta Seguridad (CORES) y el Grupo de Reaccin Inmediata (GRI), son cuerpos de elite fuertemente armados del INPEC creados para realizar operaciones especiales. Se impuso adems, en la direccin de los establecimientos a militares retirados, quienes han dedicado su vida en servicio a combatir a las organizaciones subversivas. Poltica de Desconocimiento de los Derechos Humanos por parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias: Son innumerables las denuncias sobre Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, utilizacin indebida de la fuerza, uso indiscriminado de esposas y grilletes durante los traslados, deficiente atencin mdica y fallas en el suministro de medicamentos, inoperancia en las oficinas jurdicas, trato descorts y degradante de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, hacia los reclusos y reclusas, sus familiares y abogados, entre otros, que demuestran una verdadera poltica de desprecio y desconocimiento de los derechos humanos por parte de los funcionarios adscritos al INPEC. Las crceles y la forma como se trata en sta a los reclusos y reclusas no lleva a que la persona se forme rehabilite, al contrario al tenerlas en hacinamiento y que no se le permita un contacto con el exterior lo que genera es resentimiento y rencor que lo pueden llevar a cometer delitos o a sentirse doblemente excluido. Mientras existan crceles y la nica respuesta al delito sea la detencin de las personas, hay que exigir que stas tengan unas condiciones mnimas para que se pueda desarrollar la vida, lo cual no implica que se acepte la crcel como mecanismo para combatir esas conductas. Hay que exigir igualdad en el trato para la poblacin reclusa, pues hay discriminacin si los detenidos son de cuello blanco o articulados a una estrategia estatal de agresin o corrupcin. Sin que signifique una discriminacin negativa, se hace necesario que los sindicados y condenados no estn en el mismo sitio. El hecho de recluir a los detenidos en crceles distantes del sitio de donde residen constituyen un verdadero desplazamiento no solo de este sino de su familia que tiene que trasladarse para poderlo visitar. 4.- Hacia una justicia alternativa.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Consideramos que el pas debe avanzar hacia un nuevo modelo de justicia que sea garante de los derechos fundamentales y que no se dirija a eliminar al contradictor u opositor poltico ni acallar la protesta social. As mismo, la formulacin de una poltica criminal acorde a la dignidad humana, que recoja las orientaciones internacionales sobre necesidad de la pena, excepcionalidad de las medidas de aseguramiento, mximo de pena que no se convierta en una cadena perpetua. Promover la creacin de mecanismos alternativos para el tratamiento del delito poltico y social. 5.- Propuesta para el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario Liderar campaas por el mejoramiento de las condiciones de reclusin de los presos y presas en Colombia, esto implica exigir condiciones mnimas de salubridad, aseo, aireacin y servicios bsicos. Realizar y propiciar acciones de exigibilidad de derechos que sean necesarias para lograr la efectividad de garantas constitucionales y legales. Acercamiento familiar: Es esencial para que internos e internas sean protegidos moralmente en su dignidad como persona. Visitas: Solicitar cumplimiento del artculo 26 del acuerdo 011 de 1995, para que la visita sea generalmente cada ocho (8) das INCLUYENDO LA INTIMA. Lo anterior en todos los pabellones y establecimientos carcelarios y penitenciarios del pas, el nmero de visitantes por interno e interna debe ser ilimitado. La visita debe ser todo el da y no de dos horas como actualmente se aplica en algunos centros de reclusin. Trabajo y redencin de pena: Conceder este derecho a presos y presas con altas condenas, sin exigir trmites o dineros que fomentan la corrupcin y garantizar condiciones dignas. Proponemos redencin de un da de descuento por un da de trabajo o de estudio. Educacin y trabajo: El estudio, el trabajo, la cultura y la recreacin deben ser exigidos de manera permanente en el sistema penitenciario. No hay educacin porque no existen programas serios, ni espacios adecuados para tal fin; la bsica primaria y la secundaria, son modelos improvisados y sin legitimidad pedaggica.


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Proponemos: La Creacin de programas adecuados de educacin bsica primaria, secundaria, tecnolgicos, estudios superiores, doctorados, entre otros. Lo anterior ofrecido por instituciones oficiales como: Colegios, Sena, Universidades, Corporaciones, etc. La promocin y estimulacin del arte, la cultura y el deporte. Crear y estrechar lazos de solidaridad entre la poblacin carcelaria y acompaamiento con y entre sus familias. Realizar actividades de oposicin a la construccin de nuevos centros de reclusin. Exigir respeto y reconocimiento de las formas organizativas y de derechos humanos propias de la poblacin carcelaria. Participar activamente en las campaas de solidaridad con las detenidas y detenidos. Contribuir en la denuncia y difusin de las violaciones de derechos humanos de la poblacin reclusa a nivel nacional e internacional. Es imprescindible que avancemos hacia una justicia alternativa, popular y soberana que evite que las personas deban someterse a un rgimen inhumano y degradante. Adems puedan retribuir a la sociedad con otro tipo de actividades el dao causado, y que lo lleven a un cuestionamiento personal sobre su actuacin. Es importante fortalecer la justicia propia de las comunidades indgenas, stas deben ejercer su autonoma y en ningn caso se debe aceptar la imposicin de la justicia ordinaria. Mientras se construye esa alternativa, se debe exigir el cumplimiento de los mnimos establecidos en la legislacin interna e internacional en todos los procesos que actualmente se llevan. Debemos insistir en la abolicin de la justicia penal militar, para ello podemos realizar una campaa que promueva, por ejemplo un referndum.


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Frente a la construccin de nuevas crceles, debe alzarse la propuesta que esos recursos se inviertan en el mejoramiento de las condiciones de los seres humanos y el apoyo del sector productivo. En el foro que se propone contra la extradicin debe impulsarse la propuesta de un referndum para que el constituyente primario sea el que defina sobre la extradicin o no de nacionales. Insistimos en la necesidad de fortalecer la formacin y comprensin de los DD.HH y las causas generadoras de la desigualdad social, desde un punto de vista dialctico. La estrategia de agresin ejecutada por el gobierno con todos sus ejes, no slo se aplica a una regin sino que incluye todo el territorio nacional, entonces, de igual forma el que hacer del movimiento social debe articularse en una respuesta coordinada desde las diferentes regiones confluyendo en escenarios nacionales de organizacin y movilizacin. Se reitera como aspecto fundamental del movimiento social, la hermandad, la solidaridad y la fraternidad de los movimientos sociales nacionales e internacionales.

Propuestas Se propone que este foro haga un llamado a las organizaciones rebeldes FARC-EP y ELN, para que adopten una forma distinta de solucionar el conflicto que mantienen desde el ao 2005, que est en consonancia con los postulados que le han planteado a Colombia y al mundo. Exigir al gobierno que los recursos naturales entregados a perpetuidad a las transnacionales sean revertidos al pueblo colombiano y que la decisin sobre ellos la haga ste de manera soberana. Los pueblos hermanos no tienen fronteras en el territorio, por lo tanto la ruptura de relaciones diplomticas entre los gobiernos, solo afecta a los pobladores de las regiones fronterizas, lo cual hace necesario que ste tema se trabaje en la semana por la paz de forma prioritaria. Adems deben unirse los lasos entre las organizaciones sociales de ambos pases. Se pide que en el documento que contenga las conclusiones de este evento en el eje de derechos humanos quede consignado que los derechos humanos no son solamente el derecho a la vida, la libertad, sino que existen otros como la salud, la educacin, la vivienda, derechos culturales, ambientales, etc.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Frente a la campaa de formacin debe incluirse el tema mineroenergtico y el agua como un derecho fundamental. Buscar la forma de superar la dispersin y el sectarismo de las organizaciones de izquierda, populares y democrticas. Desarrollar campaas permanentes contra las detenciones masivas, con visibilizacin a nivel nacional e internacional, adems de exigir la reparacin tica, moral y social de las vctimas. Dinamizar desde el movimiento regional de vctimas de centro oriente, las acciones tendientes a la derogatoria de la ley 975 de 2005 Ley de justicia y paz. Fortalecer el equipo de prensa y comunicacin de las organizaciones sociales de centro oriente de Colombia, para que permita la visibilizacin de la situacin la regin. Hacer un pronunciamiento desde este foro sobre el rechazo del pueblo colombiano a la presencia de bases militares norteamericanas en cualquier parte del territorio nacional, con la exigencia de su salida inmediata. Reivindicar la declaracin de Argel o de Los Derechos de los Pueblos, como parte del legado histrico de las luchas de la humanidad en la consecucin del nuevo paradigma. Se incluy una mencin al territorio como pieza cardinal de todos los derechos, la cual se remite a la comisin de ambiente y territorio.

Impulsar y convocar un foro nacional e internacional contra la Extradicin de colombianos. Exigir respeto por la soberana y por la aplicacin de las leyes nacionales e internacionales en materia penal. Impulsar foro nacional e internacional sobre el tema de presos, poltica criminal, delito poltico, rgimen y situacin carcelaria. Generar debate en contra de la poltica criminal, el derecho penal y la administracin de justicia en general, en los diferentes espacios de discusin.


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6.- Propuestas acerca de Poltica Criminal y Extradicin

Exigimos al Estado Colombiano el cumplimiento de los compromisos internacionales para la promocin y proteccin de los derechos de las personas privadas de libertad, y de manera particular exigir la firma del protocolo facultativo de la Convencin contra la Tortura. LAS POTENCIALIDADES AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y NUESTRA SOBERANA La madre tierra es nuestro espacio ecolgico, aqu la humanidad desarrolla sus actividades y construye su cultura, donde la interrelacin de los distintos elementos y componentes fsicos, biticos y geolgicos hacen posible la vida. Hasta ahora es nuestro hogar en el infinito complejo del universo. Espacio natural modificado por fronteras polticas que obedecen a intereses geopolticos y econmicos impuestos por la misma humanidad La permanencia de la vida y la humanidad como especie est determinada por las relaciones armnicas y de equilibrio dinmico con la naturaleza. Hoy amenazada por la imposicin de un modelo de produccin que ha generado relaciones sociales de individualismo, desigualdad y acciones agresivas contra la naturaleza y el medio ambiente. El Plan de Vida busca la implementacin de acciones que conlleven al equilibrio entre los diferentes procesos que hacen posible la pervivencia, la permanencia en el territorio y el desarrollo visto desde una perspectiva diferente a la acumulacin de capital o crecimiento econmico. Para ello establece la regin ecolgica como la nueva clula de las relaciones econmicas mundiales y es precisamente en esa regin, donde los procesos deben encontrar nuestro entorno social y ecolgico, para la regin centro oriente esta clula es la Macro Cuenca del Orinoco, por tanto, es urgente e inmediato el ordenamiento de las actividades humanas que olviden las barreras nacionales y se propongan el manejo integral de la macro cuenca como una exigencia tica de nuestro tiempo. Un ejemplo, es la lucha por el agua y por los alimentos que se ha convertido en la batalla del momento, concentrando el combate en el control artificial del micro clima, en la construccin artificial del suelo y en la tecnologa gentica. Si observamos que el problema alimentario debe necesariamente enfrentarse en el contexto mundial, entendemos que son nuestros pueblos, los de la zona ecuatorial, los que tienen las mayores ventajas comparativas.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Es imperante que hoy, los pueblos de la tierra y los pobres de la humanidad, necesitamos dialogar en procura de resolver los problemas comunes, mientras los colosos colocan sus intereses ms all de las fronteras terrestres, ignorando la catstrofe ambiental manifiesta en el cambio climtico, la contaminacin y la pobreza en el mundo. CONTEXTO AMBIENTAL INTERNACIONAL Es evidente la crisis ambiental planetaria, producto del salvaje modelo capitalista con el uso irracional de los recursos naturales, la concentracin de riquezas, el despilfarro energtico, la industrializacin y su contaminacin desmedida, en pocas palabras la ruptura del equilibrio dinmico de la naturaleza. De los 6.499697.060 habitantes del planeta aproximadamente, 3.800 millones se encuentran en condiciones de extrema pobreza, producto de las desigualdades sociales y econmicas. Fenmeno con tendencias al crecimiento debido a la reduccin de los alimentos, agotamiento de los recursos naturales, desertificacin del suelo productivo y agotamiento del agua potable, convertida en mercanca por las trasnacionales del capital extranjero. El recalentamiento global, fruto de la contaminacin generada por los pases industrializados, como los Estados Unidos que concentran solo el 5% de la poblacin mundial, genera ms del 22% de las emisiones de anhdrido carbnico y ms del 19% de todos los gases que producen el efecto invernadero, gases que provocan la lluvia cida y el calentamiento de la atmsfera, negndose a firmar los tratados internacionales que regulan la contaminacin como Kioto, Estocolmo y otros, en su orden de contaminantes del planeta le siguen china, Francia, Alemania y Japn. Resaltamos las luchas de los pueblos en defensa del medio ambiente y el agua, como la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climtico y los derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba Bolivia el 22 de abril de 2010, adems las luchas de resistencia indgena por la defensa de su cultura y territorio. El cambio climtico, generado por el excesivo proceso de contaminacin y degradacin de la biodiversidad, no solo causa las catstrofes ambientales (terremotos, sunamis, huracanes), sino que desestabiliza la productividad de los suelos, afectando gravemente la produccin de alimento para la especie humana animal y vegetal. Es evidente que asistimos a la desaparicin lenta de los glaciales como en el caso de la Patagonia chilena y argentina, las inundaciones de regiones enteras, crecimiento acelerado de los desiertos, cambios bruscos de temperatura y la desaparicin de especies animales y vegetales.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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La reduccin de la biodiversidad se debe a la extraccin indiscriminada de los recursos forestales, faunsticos, mineros y destruccin del hbitat por parte de las trasnacionales. La selva en el mundo se reduce a 33.000 Hectreas diarias aproximadamente; la actividad petrolera se ha convertido en uno de los mayores agresores de la biodiversidad, lo demuestra la reciente contaminacin del golfo de Mxico por parte de BP catalogado como un crimen ecolgico planetario, poniendo en peligro a miles de especies de la vida marina, cuya recuperacin tardara ms de un siglo. El agua como elemento vital, tambin es sometida al proceso de degradacin, hasta convertirla en no apta para el consumo humano ni para las actividades agrcolas y pecuarias, reduciendo en un 30% su cantidad y calidad. En el mundo ms de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, causante principal es la barbarie mercantilista de las trasnacionales mediante la privatizacin, industrializacin y distribucin del preciado lquido, igualmente la apropiacin de los lechos y zonas productoras de agua como los pramos. La Orinoqua y la Amazona en nuestro continente poseen la mayor reserva de agua dulce en el mundo, codiciada por las multinacionales, y privatizadas en algunos pases como Per, Paraguay, Uruguay y las perversas intenciones en nuestro territorio colombiano. La produccin mundial de desechos slidos est calculada en miles de toneladas diarias que las industrias arrojan al medio ambiente, contribuyendo a la acelerada degradacin del suelo, alteracin del agua y afectacin en la salud humana y dems especies. Lo que indica que en poco tiempo nuestro nico hogar ser convertido en un basurero. El problema se grava, cuando los pases industrializados no asumen compromisos para reducir la contaminacin y buscar nuevos modelos productivos y energticos que respeten los derechos de la madre tierra, acordes con el equilibrio dinmico de la naturaleza y la humanidad. Por el contrario se engaa a la poblacin perjudicada por los proyectos de explotacin de recursos naturales, con la supuesta entrega de los llamados Bonos de compensacin del Carbono como mecanismo de descontaminacin ambiental, propuesto en el Protocolo de Kyoto, para la reduccin de emisiones causantes del calentamiento global y efecto invernadero, se argumenta que la implementacin de stos, no tendr el efecto esperado de disminuir la concentracin de Gas Carbnico (CO2 ) en la atmsfera, como tampoco retardar, disminuir o superar la subida de la temperatura en el planeta. CONTEXTO NACIONAL AMBIENTAL Colombia, por su ubicacin geogrfica es un gran territorio de diversidad ambiental y ecolgica, representada en los diferentes ecosistemas como: sabana,ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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selva tropical, selva andina, selva hmeda tropical, desiertos, pramos, montaas, lechos marinos y acuticos, todos con grandes potencialidades de recursos, hdricos, mineros, faunstico y florsticos. Riquezas ecolgicas y ambientales codiciadas por los grandes conglomerados econmicos nacionales y extranjeros. No solo con la complicidad de las lites colombianas para explotar y saquear estos recursos indiscriminadamente, tambin con la picarda de los gobiernos al adecuar la normatividad para que los crmenes ambientales queden en la impunidad. A pesar de ser un pas rico en recursos naturales, la mayora del pueblo est en condiciones de pobreza y miseria, y sufre el impacto ambiental ocasionado a los ecosistemas, como la explotacin minera y petrolera en el pas, en regiones como Santander, Crdoba, Guajira, Cerro Matoso, Boyac, Arauca, Casanare, Norte de Santander, Choco, Sur de Bolvar, Putumayo, Meta y la explotacin de especies faunsticas, florsticas nativas y endmicas en la selva amaznica. A esto se suma el desarraigo y despojo de los territorios de campesinos, afro descendientes y pueblos indgenas en todo el territorio nacional, engrosando los cordones de pobreza y miseria en las ciudades. Entre las trasnacionales comprometidas con estos crmenes ecolgicos mencionamos la OXY, BP, REPSOL, DRUMON, MONSANTO, CHIQUITA BRANS y otras. La puesta en marcha de los monocultivos como respuesta a las exigencias de la economa capitalista mundial, trae consigo la desertificacin de los suelos, contaminacin ambiental, reduccin de la biodiversidad, reduccin del agua para el consumo humano y agrcola y la modificacin del paisaje. Mientras las empresas reciben grandes beneficios, nos dejan a cambio la perdida de la soberana alimentaria y procesos productivos tradicionales. Conlleva la privatizacin de las fuentes hdricas, tanto de los acueductos para el consumo humano como para el consumo agrcola e industrial, podemos decir que el futuro ecolgico y ambiental del pas es incierto, debido a que no hay polticas para la preservacin y restauracin de nuestros ecosistemas estratgicos, a merced de la ambicin de las trasnacionales en alianza con la oligarqua colombiana. CONTEXTO AMBIENTAL REGIONAL Nuestro espacio ecolgico y ambiental est determinado por el territorio que abarca la macro cuenca del Orinoco, en interaccin con la macro cuenca del Amazonas. La gran cuenca del Orinoco est localizada en una faja latitudinal que va desde 0 40 norte, en la sierra Tapirapeco (al sur del Estado Amazonas, Venezuela), hasta los 10 17 norte en el alto ro Pao (en el Estado de Carabobo, del mismo pas), yARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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cuenta con un rea aproximada de 991.587 km2, distribuida entre Colombia y Venezuela en porcentajes del 35% y el 65% respectivamente -cerca de 347.165 km2 y 644.423 km2-, que corresponden a su vez al 30,4% y al 70,6 % de cada uno de los territorios nacionales de dichos pases (Domnguez 1998b e I.A.v.H. Unidad SIG 2003). La cuenca comprende desde las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes y su prolongacin en Venezuela, hasta la planicie de los Llanos y el Escudo Guyans, compuesto por un conjunto de mesetas, enclaves edficos y los ros tributarios del gran Orinoco. La parte colombiana, va de norte a sur, desde el ro Arauca hasta la divisoria de aguas del ro Inrida, y de occidente a oriente, desde la divisoria de aguas de la vertiente oriental de la cordillera Oriental hasta el ro Orinoco; y comprende las subcuencas de los ros Ajota, Arauca, Casanare, Atabapo, Bita, Dagua-Mesetas, Guaviare, Inrida, Matavn, Meta, Tomo, Tuparro, Vichada y Zama (I.A.v.H., en Rudas 2003).3 El 35% de la cuenca del ro Orinoco4, se encuentra en territorio de Colombia y abarca el 19.3% de todo el territorio nacional5. Incluye todo el departamento del Vichada6, el 62% del departamento del Meta7, el 97% del departamento del Casanare8 y el 91% del departamento de Arauca9. Adicionalmente incluye tres municipios de Boyac, tres de Cundinamarca y uno de Norte de Santander. La gran cuenca del ro Orinoco presenta un clima tropical caracterizado por la uniformidad de la temperatura media anual. La distribucin de lluvias es estacional con un perodo seco de entre dos y cinco meses10. Cuando la Orinoquia Colombiana se asimila a los llanos orientales, evoca un espacio plano, uniforme, inmenso y vaco. Esta abstraccin simplificada no reconoce la Orinoquia como un territorio de gran diversidad biolgica, ecolgica y cultural. Tampoco reconoce la heterogeneidad de un territorio que incluye sabanas tropicales, humedales, selvas hmedas y ecosistemas de montaa; diversidad que en el contexto nacional no ha sido del todo comprendida11. La Orinoquia corresponde al bioma de sabana, y a los sistemas ecolgicos de las montaas tropicales hmedas. El conjunto alberga un mosaico con 156 tipos de

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Plan de accin en biodiversidad de la cuenca del orinoco colombia 2005 2015. propuesta tcnica. corporinoquia/ Cormacarena/ I.A.v.H/ Unitrpico/ Fundacin Omacha / Fundacin Horizonte Verde / Universidad Javeriana / Unillanos/ WWF, Colombia / GTZ - Colombia 4 Con una superficie de 991.587 km2. 5 Con una superficie de 220.262 km2. 6 Con una superficie de 10 millones de has. 7 Con una superficie de 5.3 millones de has. 8 Con una superficie de 4.3 millones de has. 9 Con una superficie de 2.2 millones de has. 10 En la zona andina, el piedemonte y en las zonas de transicin a la selva las lluvias son menos estacionales; en la mayora de las sabanas son marcadamente estacionales. 11 Al inicio de los noventa gran parte de los colombianos identificaban ya la Amazonia y el Choc, como los principales territorios de la diversidad del pas. A fines del siglo la reflexin sobre la magnitud e importancia de la diversidad natural ya se haba extendido a los Andes colombianos. La Orinoquia ha permanecido injustificadamente al margen de estas visiones recientes sobre la naturaleza colombiana.


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ecosistemas (Romero y otros, 2004) de los cuales ecosistemas de tipo natural.

92 corresponden a

La diversidad cultural se sustenta en formas de vida relacionadas con sus ecosistemas. Los pueblos indgenas de nuestro territorio conforman una poblacin muy valiosa con relacin a la vida humana en la regin. Los elementos de la naturaleza estn presentes en las manifestaciones culturales de esos pueblos, y en la cultura llanera. Como todas las regiones del pas nuestro territorio y sus potencialidades ecolgicas estn amenazados por los procesos de extraccin y explotacin de los recursos naturales por parte del capitalismo nacional y trasnacional. La regin cuenta con una gran riqueza hdrica, la gran cuenca del rio Orinoco y sus afluentes tributarias, con incontables micro cuencas afluentes de estos ros, potencialidades hdricas que surten los acueductos locales y la produccin agropecuaria. En estos momentos existe la intencin de regionalizar los acueductos, Quebrada La Pava (Saravena-Arauca) luego privatizarlos, entregar en concesin los parques naturales para controlar las fuentes hdricas y convertirlas en mercancas. El Parque Nacional Natural El Cocuy, con 306.000 hectreas, creado mediante acuerdo 17 del 02 de mayo de 1977, constituye el corazn de un rea estratgica para Colombia en lo biofsico, ambiental y cultural; es uno de los centros de endemismo del pas, alberga un porcentaje importante de especies de fauna y flora en peligro de extincin, tiene la masa glaciar ms grande del pas y forma un complejo geomorfolgico de belleza sin igual; origina una estrella hidrogrfica de gran importancia, especialmente para la Orinoqua Colombiana y Venezolana; con la masa boscosa ms grande de la cordillera oriental, que an se conserva, presenta un potencial de intercambio de oxgeno de gran relevancia y permite una inmensa posibilidad ecosistmica, dada la escala latitudinal de ms de 4.500 metros de terrenos protegidos; en lo cultural representa el epicentro de la nica cultura chibcha que pervive, en donde actualmente se asientan al interior del rea y en sus inmediaciones, las diferentes comunidades indgenas Uwa, que representan uno de los mayores valores culturales del pas y del mundo. Debido a la deforestacin, explotacin petrolera y cambios de cursos de los ros, se presentan continuas inundaciones, avalanchas, erosiones y sedimentaciones de las riveras de los ros, afectando a la poblacin y la actividad agropecuaria.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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La explotacin petrolera se constituye en una actividad de gran impacto social, cultural, ambiental y poltico de la regin, destruyendo ecosistemas estratgicos como el santuario de flora y fauna laguna de lipa, los territorios indgenas Guahibos y Uwas, y el ecosistema del piedemonte llanero; actividad que agudiz el conflicto social y poltico generando los mayores desplazamientos de la poblacin, con aumento de los cordones de miseria en los poblados. Ante estas situaciones la regin ha desarrollado luchas en defensa de los recursos naturales y contra las agresiones que la explotacin de stos han ocasionado por las multinacionales; entre estas tenemos, campaa internacional contra las trasnacionales, audiencias pblicas y tribunal permanente de los pueblos, procesos de resistencia que se articulan a la campaa internacional contra el despojo. Tambin resaltamos el proceso de resistencia que han venido desarrollando los indgenas U`was y Sikuanis. Las aspersiones areas a los cultivos de uso ilcito, ocasionaron contaminacin del agua y los suelos, afectando la seguridad alimentaria; no existen planes ambientales que mitiguen los impactos y que generen polticas de preservacin y manejo integral de los ecosistemas estratgicos. Los nicos estudios ambientales son hechos con la finalidad de garantizar las licencias ambientales a las grandes compaas trasnacionales y proteger sus intereses. La legislacin existente en la prctica no se cumple, entre algunas normas estn: Ley 11 de 1874 que expresa: Artculo 10. El Poder Ejecutivo adoptar los medios necesarios para ponerse en comunicacin con las tribus indgenas no reducidas que habitan o frecuentan los territorios de que se ocupa esta Ley (en ese entonces Casanare y San Martn), a fin de averiguar el nmero de tribus independientes, su poblacin, estado social y residencia habitual, y de establecer con ellas relaciones regulares y pacficas que fomenten su civilizacin y aseguren la tranquilidad de las poblaciones civilizadas establecidas en los mismos territorios. Tambin estn: Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), adoptado y ratificado por Colombia en la Ley 21 del 4 de Marzo de 1991 y posteriormente dotado de carcter prevalente por el artculo 93 de la Constitucin de 1991. Jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Derechos mineros: El convenio 169 de la OIT regula el derecho de participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades mineras y a percibir indemnizacin equitativa por cualquier dao que puedan sufrir como resultado de esas actividades. (Art. 15 del Convenio 169 de la OIT y Ley 21 de 1991.).ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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El Cdigo Minero (Decreto 2655 de 1988) y su reglamento (Decreto 710 de 1990) establecen diferentes situaciones: reservas mineras indgenas, reas que slo pueden ser explotadas por los mismos indgenas o con su concurso (Decreto 2655, Art. 10; Decreto 710, Art. 1); zonas mineras indgenas, en las cuales el proceso minero deber ajustarse a disposiciones especiales (Decreto 2655, Arts. 123, 125, 126 y 128) y reas indgenas restringidas, lugares que no pueden ser objeto de explotacin minera (Decreto 2655, Art. 130). La Constitucin Nacional prohbe la explotacin de recursos naturales en territorios indgenas cuando con ello se ocasione desmedro a la integridad cultural, social y econmica de las respectivas comunidades (CPC, Art. 300).

PROPUESTAS ALTERNATIVAS PROGRAMA DE CONSERVACIN AMBIENTAL. Contiene planes y proyectos de restauracin ecolgica, sostenibilidad y preservacin de ecosistemas y paisajes. Proyecto Manejo integral de las cuencas de los ros de la cordillera oriental. En Colombia: Cuenca del ro Arauca: nace en el pramo del almorzadero municipio de Chitag Norte de Santander, cerca del nevado del cocuy en Boyac, inicialmente se llama ro Chitag y se nutre de los ros Cbara, Ccota, Claga y Bochag, ah cambia su nombre por Margua y recibe los ros Negro, Colorado y San Lorenzo, ms abajo recibe el Cubojn y el Cobara que vienen de la serrana de Chita Boyac, para llamarse finalmente ro Arauca. Cuenca del ro Meta: lo forman ros como Humea, Gutiquia, Guayuriba, Manacacias. Este ro no pasa por el departamento de Boyac pero recibe los ros que nacen en lagunas y pramos de este departamento como, Tocara, Pauto, Pisba, Cravo Sur, Lengupa, Garagoa, Upa, Cusiana y Casanare, entre otros. Igualmente los ros que nacen en el pramo de Chingaza ubicado en la cordillera oriental de los Andes entre los departamentos de Cundinamarca y Meta. En el departamento del Vichada, el ro Vichada con sus afluentes los ros Planas, Tiyav y Muco. En el departamento del Guaviare: el ro Guaviare, con sus afluentes los ros, Guayabero, Ariari e Inirida. En Venezuela: Estados como Amazonas, Portuguesa, Gurico, Bolvar, Monagas, Delta del Amacuro, ros Apure, Portuguesa, Gurico, Guariquito, Caura, Caciquiari, Caron, ro Negro.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Estas cuencas han sufrido paulatinamente las intervenciones humanas que han generado sedimentacin por deforestacin de sus riveras, cambio de curso y contaminacin, ocasionando grandes inundaciones. Es necesario realizar dragados, obras de contencin, canalizaciones y proteccin de la ronda, adems es urgente recuperar su importancia en la integracin social, cultural y productiva como cuenca binacional. Proyecto de restauracin de las micro cuencas surtidoras de agua para los acueductos urbanos y rurales: Teniendo en cuenta que los acueductos son de carcter comunitario en el cual las comunidades indgenas juegan un papel esencial y muy importante, es necesario con el concurso de ellos restaurar y proteger las reas degradas de los ros surtidores de agua a los acueductos urbanos y rurales. Proyecto constitucin zonas de manejo especial: Los humedales han sido muy afectados por la industria petrolera y actividades agropecuarias ACTIVIDADES MINERAS. Es urgente declarar reas de manejo especial como zonas de preservacin y restauracin, a esteros, lagunas, morichales y humedales de la regin. Proyecto recuperacin de reas boscosas: La reduccin de la biodiversidad se debe a la deforestacin indiscriminada de la regin, es indispensable generar planes de reforestacin y corredores ecolgicos con especies nativas que constituyeron hbitat naturales para las especies faunsticas. Compromete a las comunidades campesinas, instituciones y la comunidad internacional. Proyecto zoo criaderos para consumo y repoblamiento: Son muchas las especies faunsticas en vas de extincin por perdida de su hbitat natural, el proyecto consiste en declarar zonas protegidas como zoo criaderos para la conservacin y repoblamiento de especies como el chigiro, la danta, el manat entre otros. PROGRAMA TERRITORIALIDAD Responde a la necesidad de ampliar los territorios de las comunidades indgenas y campesinas que sufren el acoso, desplazamiento y despojo por parte de los mega-proyectos y los conflictos polticos que ellos generan, reclamando as el derecho a permanecer en el territorio y a desarrollar la vida social y econmica en condiciones dignas.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Proyecto ampliacin y constitucin de resguardos indgenas: Los territorios ancestrales indgenas han sido reducidos considerablemente, por tanto las comunidades indgenas, mediante sus luchas han logrado legalizar una parte de los resguardos para su permanencia en su territorio. Teniendo en cuenta su crecimiento poblacional y el aporte de su cultura a la conservacin y preservacin del espacio natural, es de suma importancia contribuir en la ampliacin y constitucin de los resguardos en sus territorios. Proyecto establecimiento de zonas constituidas como territorios de comunidades campesinas: Se busca el reconocimiento de la condicin campesina como comunidad activa, autnoma y de realidad especial, que interacta en el desarrollo de la vida econmica, social, cultural y poltica del pas. No est reconocida legalmente como comunidad, aspecto que la convierte en objetivo de agresin de los distintos factores de violencia. Para esto se requiere de la unidad y decisin de un grupo poblacional en un territorio especifico que los determina como tal. PROGRAMA EN FORMACIN AMBIENTAL Los problemas ambientales del mundo y la regin, requieren del abordaje desde la perspectiva consciente y del conocimiento de las causas y consecuencias, que nos permitan construir sujetos activos en la defensa del derecho ambiental; de igual manera son necesarias las acciones de los actores directos en la conservacin, restauracin y preservacin, mediante los procesos de formacin y educacin ambiental. Proyecto campaas de educacin y sensibilizacin ambiental: Busca educar y sensibilizar especialmente a la niez y juventud en las normas ambientales, formas de vida y actitudes frente a la proteccin y defensa del espacio ecolgico y ambiental, establecer normas de convivencia ambiental, como manejos de residuos slidos, vedas, ruido, respeto al espacio pblico. Proyecto ctedra ambiental en las comunidades educativas: A pesar que la norma establece la ctedra ambiental no deja de ser una simple clase magistral, se hace necesario un proceso de sensibilizacin y prctica ambiental en las instituciones educativas. PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL Los problemas ambientales son una realidad en la regin: contaminacin por residuos slidos, contaminacin atmosfrica, hdrica, por ruido, delARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. HParque automotor y personal de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-ESP

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suelo e invasin del espacio pblico. La gestin nos debe generar movimiento de las comunidades hacia la solucin de estos problemas. Proyecto regional de residuos slidos: Desde una visin comunitaria unificar criterios de regionalizacin para el manejo de los rellenos sanitarios y el proceso de reciclaje, con el propsito de hacer de la basura un espacio de productividad y mejoramiento de las condiciones ambientales. Proyecto caracterizacin de las aguas y sus niveles de contaminacin: Se trata de medir los niveles de contaminacin por actividades industriales y agropecuarias, vertidas a lechos que surten los acueductos, abrevaderos de uso domstico y consumo animal, que contribuyen potencialmente a la morbilidad de la poblacin humana. Proyecto inventarios de flora y fauna: La degradacin de la biodiversidad amerita urgentemente hacer inventario de flora y fauna que nos permita identificar especies que se han extinguido, en vas de extincin y endmicas con el propsito de generar acciones pertinentes para su conservacin. Proyecto taxonoma de especies faunsticas y florsticas: La existencia de las variadas especies faunsticas y florsticas, son una importante oportunidad de generar productos promisorios, tiles en la medida en que las comunidades conozcan sus beneficios. Proyecto paisaje y urbanismo: El ser humano, para su desarrollo depende del espacio adecuado para su disfrute y comodidad, estas condiciones deben ir en armoniosa relacin con la naturaleza y la sociedad, este paisaje cultural no puede agredir al paisaje natural. EXIGENCIAS Pago de la deuda ambiental, social y econmica causada por las compaas transnacionales en su proceso de saqueo de los recursos naturales. Crear las zonas protegidas naturales en la franja del pie de monte de la cordillera oriental, como estrategia para conservar las cuencas hdricas. La puesta en marcha de modelos energticos alternativos sobre la base del agotamiento de la energa por hidrocarburos y sus altos niveles de contaminacin. Iniciar con urgencia, plan de manejo integral de las cuencas hdricas.


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LA SALUD INTEGRAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA PRODUCCIN DE LA VIDA Y REPRODUCCIN DE LA COMUNIDAD La salud asistencial, la seguridad social y los servicios de saneamiento bsico, responden al modelo mercantilista de los conglomerados transnacionales, polticas econmicas determinadas por el FMI y la Banca Mundial, reduciendo la salud como derecho fundamental para la vida al concepto de la salud como mercanca, en otras palabras se requiere una poblacin enferma para que haya mercado. El marco normativo vigente para el sector salud en Colombia o Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), responde evidentemente a un inters mercantilista que prioriza elementos tales como el aseguramiento y la sostenibilidad financiera, abriendo an ms la brecha de inequidades y fomentando la atencin en salud, bajo la perspectiva curativa sobre la preventiva. Uno de los problemas no resueltos por las polticas de salud del pas a partir de la formulacin de la Ley 100 de 1993 en materia de garanta del derecho a la salud, ha sido lograr el acceso universal y equitativo, individual, familiar y colectivo, para la atencin integral. Esto es mucho ms evidente en las regiones apartadas, como la Orinoqua, donde la posibilidad de acceder a estos servicios con criterio de oportunidad y calidad es solamente un sueo. El fracaso del sistema nacional de salud sustentado en la ley 100, crea la necesidad de implementar un modelo de atencin, que responda verdaderamente a las necesidades de nuestras comunidades y no a los intereses de los conglomerados financieros, quienes hacen su gran negocio a expensas del bienestar de los colombianos, igualmente los mandatarios de turno despilfarran los fondos destinados al desarrollo de acciones de salud pblica y saneamiento bsico. La salud integral como elemento fundamental en la produccin de la vida y reproduccin de la comunidad: El desarrollo de un modelo comunitario de atencin en salud, requiere la participacin de los gobiernos departamentales y municipales, las instituciones de salud y las comunidades, para generar acciones intersectoriales que influyan positivamente sobre los determinantes del ambiente fsico, socioeconmico y psicosocial de la poblacin y, de otra parte, se enfoque en el mejoramiento paulatino y progresivo del desempeo de los servicios locales de salud, particularmente los de carcter pblico, para garantizar acceso equitativo y de calidad a la atencin integral; agua potable y saneamiento bsico, sistema de seguridad alimentaria y mejoramiento del entorno y la recreacin.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Esto implica obligatoriamente derogar la ley 100 y crear una nueva estrategia que favorezca la salud pblica como derecho fundamental, porque queda demostrado que la crisis se profundiz con las reformas recientemente aprobadas. LA PRIVATIZACIN DE LA SALUD CON LA LEY 100 /93 La intencionalidad del Estado con esta reforma a la salud, era liberarse de la excesiva carga financiera que le implicaba este sector, para dejarlo a las fuerzas del mercado regulado. Adems, ofrece conformar un sistema integrado, el (SGSSS12), apto para que los grupos financieros interesados, obtuvieran beneficios econmicos, adems del manejo de los dineros provenientes del sistema general de participaciones (SGP) y de las cotizaciones obligatorias en pensiones y cesantas hechas por los empleadores y empleados. El pueblo de Centro Oriente no ha sido ajeno a los constantes raponazos de sus derechos fundamentales en el campo de la salud desde la aprobacin y puesta en marcha de dicha Ley, esto ha generado impactos nefastos, tales como el paseo de la muerte, la mala calidad de la atencin en salud al paciente, la no entrega de medicamentos, la negacin de exmenes diagnsticos y de atencin especializada, la carencia por negacin de tratamientos de alto costo para enfermedades terminales, el sistema de salud dual, la corrupcin administrativa, el empobrecimiento de la red pblica hospitalaria, el cierre de los hospitales ms importantes del pas (entre ellos el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en Bogot), la desaparicin de la investigacin cientfica mdica, la pauperizacin de los trabajadores del sector y la falta de una vigilancia real y honesta por parte del Estado. En sntesis, en los ltimos 17 aos se ha impuesto un modelo de salud basado en el lucro de intermediarios privados (EPS E IPS), convirtiendo el derecho fundamental, en mercanca a la que se accede segn la capacidad de pago. Integralidad, universalidad, calidad, solidaridad y equidad, como pilares en los que se quiso fundamentar la ley, pero el tiempo ha demostrado que stos no se aplicaron en bien comn y por el contrario quedaron en funcin de los interese particulares de los mercantilistas de la salud. La perspectiva muestra, que el balance es devastador, los objetivos no se han cumplido, tampoco son viables, porque las dificultades que enfrenta el Sistema estn ligadas fundamentalmente a la concepcin de poltica social y de transformacin del mercado laboral, inherentes al nuevo modelo de desarrollo basado en la salud como mercanca (enfermedad mercado cliente).

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Sistema General de Seguridad Social en Salud. ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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La meta del Sistema era universalizar en un periodo de siete aos hacia 2001, un seguro de salud que garantizara un paquete igual de servicios, Plan obligatorio de salud (POS), para toda la poblacin. Para el efecto se crearon dos regmenes, el subsidiado para la poblacin ms pobre y sin capacidad de pago estimada en 30% para el ao 2000, financiado por el estado y por los trabajadores cotizantes de ms altos ingresos; y el contributivo, para la poblacin trabajadora con capacidad de pago y su ncleo familiar, 70% al ao 2000. A pesar de 15 aos de aplicacin de la ley se demuestra que sigue predominando la poblacin ms vulnerable, es decir el rgimen subsidiado y vinculado, siendo una gran minora aquellos que pueden acceder a un rgimen contributivo debido a las altas tasas de desempleo. Los resultados de la ley muestran que la utilizacin efectiva de servicios y acceso real no se ha modificado. Otras evidencias, entre ellas los testimonios de los usuarios sealan que las barreras econmicas siguen siendo el mayor obstculo para obtener servicios, y que han aparecido nuevas barreras generadas por aseguradores y prestadores. Por otra parte la descentralizacin y autonoma de las instituciones, gener empoderamiento de los gobiernos locales, un sofisma con el que se increment la corrupcin, el clientelismo y la politiquera con los recursos del pueblo. PROBLEMTICA DE LA SALUD EN LA REGIN. La situacin de la salud en la zona centro oriente de Colombia no es ajena a la crisis vivida en el territorio nacional, se agrava por la ubicacin geogrfica, orden pblico, y factor climtico que incide en la vulnerabilidad endmica, asociado a la poca accesibilidad a niveles de mayor complejidad de servicios y atencin. COMPOSICION, ESTADO Y DOTACION DE LA RED HOSPITALARIA Hasta el 2002 en cuanto a infraestructura se refiere se contaba con dos hospitales de segundo nivel - San Vicente y san Ricardo Pampuri- y cinco hospitales de primer nivel correspondientes a los dems municipios del departamento de Arauca y puestos de salud en zonas rurales lejanas con algunas dificultades, menos recursos pero con mejor oportunidad, calidad y accesibilidad. En los ltimos ocho aos, observamos que el presupuesto por concepto de regalas y otras asignaciones asciende a cantidades alarmantes de dinero, que administrado con responsabilidad y trasparencia se debera reflejar en la calidad de la prestacin de los servicios en todos sus niveles, sin embargo no contamos con la red hospitalaria y su dotacin optima, para prestar el primer, segundo y tercer nivel de atencin en salud.ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Solo se cuenta con elefantes blancos y hospitales en construccin como las estructuras en obra negra de los hospitales san Vicente de Arauca y el hospital del Sarare en el cual van invertidos 5 mil millones para crear una plataforma inconclusa. En cuanto a los hospitales de primer nivel en Arauquita, Fortul, Tame, Puerto Rondn y Cravo Norte estn abandonados y en condiciones deplorables. Con esto se puede deducir que la infraestructura hospitalaria de nuestro departamento se ha estancado, presenta insuficiencia en la capacidad de la prestacin de los servicios para la demanda de pacientes que acuden a ellas, porque la poblacin ha crecido en forma considerable. La corrupcin es tal que mientras esto sucede, el hospital San Ricardo Pampuri de la esmeralda, diseado como centro de investigacin de enfermedades tropicales, lleva ms de 10 aos convertido en un simple puesto de salud, desperdiciando la mejor infraestructura en cuanto a diseo y ubicacin, all fcilmente podra funcionar un segundo o tercer nivel, pero debido a la falta de voluntad e iniciativa de los polticos de turno est sentenciado a desaparecer en el tiempo si no se hace nada al respeto. Por otro lado la sobrefacturacin de suministros, la contratacin amaada para la dotacin de equipos, insumos y suministros, no solo desfinancia el presupuesto de la salud, sino que los hospitales no cuentan con los medios suficientes para prestar el servicio, en muchos casos el paciente debe asumir los costos. A pesar que los presupuestos asignados son significativos, por ejemplo en el ao 2009 el presupuesto ascendi a 93.915188.42313, cifra que no se ve reflejada ni en el mejoramiento de la prestacin del servicio ni en la infraestructura, o el pago de las obligaciones laborales y prestacionales, mucho menos en el bienestar de la comunidad. En la actualidad aproximadamente el 70% de los trabajadores son contratados por cooperativa, OPS o prestacin de servicios el 30% restante sigue siendo de nomina, lo que refleja que la gran mayora del personal, no tiene estabilidad econmica siendo explotados e intermediados laboralmente. Por ejemplo el caso de la ESE, MORENO Y CLAVIJO que maneja cinco hospitales de primer nivel, equivale aproximadamente a ms de 300 trabajadores algunos de los cuales se les adeuda hasta 12 meses de trabajo. En el caso de la ESE Hospital del Sarare con aproximadamente 200 trabajadores se les ha llegado a deber 5 meses, igual situacin vive la ESE san Vicente de Arauca.

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Tomado de la pgina de la Gobernacin. ARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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Actualmente la salud est intervenida por la Supersalud que monta una estructura administrativa, generando mayor burocracia y en la prctica no ha dado resultados porque ha cohonestado con la corrupcin existente. Otro problema es que grandes empresas privadas prestadoras de salud como CAPRECOM, COMPARTA, SALUD VIDA, SOLSALUD, DUSAKAWI, que manejan el rgimen subsidiado en el departamento, reciben por cada usuario afiliado 320 mil pesos anuales (UPC), para prestarle el plan obligatorio de salud, siendo en general un servicio de mala calidad o negando la gran mayora de servicios a los usuarios, asumiendo esta obligacin la red pblica o el paciente. El negocio consiste en gastar lo menos posible de esa cantidad, lo logran con subcontratacin de personal y alta carga laboral, dando al paciente medicamentos de dudosa calidad y bajo costo, manipulando al mdico y obligndolo a formular lo ms barato y autorizando muy pocos exmenes, en muchos casos el paciente acude a la tutela para que les cumplan sus derechos. COMPONENTES DE LA SALUD PREVENTIVA INTEGRAL. Agua potable y saneamiento bsico. Aspectos jurdicos que posibilitan la creacin de empresas comunitarias. Con la constitucin de 1991, se da paso a la descentralizacin administrativa y a la libre competencia, entonces aparece la ley 142 de 1994 abriendo las puertas a la privatizacin. No obstante reconoci y consagr las empresas comunitarias Art. 365, pero el gobierno ha sido muy mezquino en su desarrollo legal, solo se cuenta con el literal 4 del artculo 15 y el decreto 421 de 2000, los cuales limitan su ejercicio a municipios menores y areas rurales, sin embargo por la demanda y accin de stas, la Corte Constitucional en sentencia les ampla el radio de accin al territorio nacional. Con estas herramientas nos disponemos a la creacin de una gran Asociacin para el fortalecimiento de las empresas comunitarias sin nimo de lucro, las que constituyen una forma avanzada de administracin pblica, sustituyendo las entidades territoriales, las que han perdido su capacidad y reconocimiento por los tantos vicios que las carcomen, politiquera, corrupcin, clientelismo entre otros, abriendo paso en su defecto, al EMPODERAMIENTO popular de las actividades pblicas desde sus organizaciones sociales con equipos humanos altamente calificados. ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS BASICOS En el departamento de Arauca, la segunda causa de morbilidad est representada por la enfermedad diarreica aguda; entre las 10 primeras se encuentra la parasitosis, enfermedad de origen hdrico que nos permiteARAUCA INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y D. I. H

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cuestionar la calidad del agua de consumo humano, cabe gran responsabilidad a la parte administrativa dado el alto grado de corrupcin con los recursos de las regalas petrolferas, de forzoso destino e inversin en el sector Agua potable y saneamiento bsico. Situacin de Acueductos y alcantarillado en las siete cabeceras municipales Acueductos y alcantarillados pblicos administrados por los municipios, Arauca, Arauquita y Tame. En Cravo Norte y Puerto Rondn por empresas de economa mixta. Los acueductos de Saravena y Fortul por empresas comunitarias al igual que los Acueductos rurales; en Saravena COAGUASAR, COARCHIQ Y ACPSA, en Fortul el de PALMARITO Y CARANAL, en Tame La CRISTALINA, y en Arauquita el de la ESMERALDA. Del total de la poblacin urbana del departamento (244.507habitantes) el 95% tiene servicio de acueducto quedando un 5% de habitantes sin este servicio. El 95% de las viviendas de las cabeceras tienen red de los cuales el 85% estn conectadas al acueducto. El municipio con mayor cobertura de redes es Saravena (98%) y el de menor es puerto Rondn (70%). Calidad del Agua, existen plantas de tratamiento en los siete (7) municipios, con deficiencias, los reportes de laboratorio de anlisis fsico-qumico y microbiolgicos arrojan resultados de regular potabilizacin. La poblacin de mayor riesgo de contaminacin es aquella que se abastece del agua extrada de pozos o puntillos donde generalmente estn cercanos a pozos spticos y letrinas. El flujo aceptable de continuidad del agua es del 90 % cumplen con este requisito los municipios del piedemonte. El sistema de redes en la mayora de los municipios ya ha cumplido su vida til. (Ms de veinte aos), este deterioro est influyendo notoriamente en la calidad del servicio. Afortunadamente en el Departamento de Arauca, por presin de la comunidad especialmente del piedemonte, no se han firmado los planes Departamentales de Aguas propuestos por el Gobierno Nacional, dado que esa estrategia solo busca endeudar al Departamento y a los municipios con la Banca Internacional

informe de derechos humanos-arauca-2010

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