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ImpactosBoletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

No. 6

Contenido

MOTT FOUNDATIONChArles sTewArT

Factores generadores de conflictos socio-ambientales y afectación a las comunidades de la BioRegión del Pacífico Colombiano 20

El alcance limitado de la restitución en el proyecto de ley de tierras del gobierno 36

BNDES. La financiación pública para el desarrollo: los enclaves económicos 12

Brasil,Brasil: más que samba y carnaval, un país en plena expansión regional 2

Boletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

Bogotá, Julio de 2010 Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSACalle 38 No. 16-45, Bogotá 2455955, 2884772

Auspicia Charles Stewart Mott Foundation

Este boletín hace parte del proyecto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional y las inversiones en infraestructura en Colombia.

Responsables

Jairo EstradaMargarita Flórez Sergio Moreno

Contacto: ([email protected])Imp

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Brasil

Un país en plena expansión

regional

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Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos2

Introducción

En contravía con la idea de Brasil como un país aisla-

do por el idioma en medio de la América hispanopar-

lante y sin ninguna relación con sus vecinos, lo que

se puede apreciar es una situación completamente

distinta, sobretodo en la última década. Brasil ha de-

mostrado un conjunto de estrategias y de intereses

propios que lo han posicionado en el escenario inter-

nacional, con especial presencia en América Latina. El

grado de inserción y de control de diversas activida-

des económicas en países como Argentina, Uruguay,

Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, así per-

miten demostrarlo.

La expansión de las transnacionales brasileñas ha

sido potenciada, en buena medida, por las finan-

ciaciones del Banco Nacional de Desarrollo Eco-

nómico y Social (BNDES)1 con orientaciones muy

específicas: la búsqueda de nuevas oportunidades

de acumulación derivadas de la explotación de re-

cursos naturales y fuentes de energía. El banco ha

incentivado notablemente la internacionalización

de empresas como Petrobras, Oderbrecht, Gerdau,

Marfrig, entre otras, mediante la transferencia de

recursos públicos2.

Las directrices del gobierno de Lula han sido enfáti-

cas en la necesidad de proyectar a Brasil como país

competitivo a escala mundial pero sin poner en dis-

cusión los espacios de dominación estadouniden-

ses. Algunos intelectuales han descrito el rol y las

proyecciones de Brasil, desde la década de 1960,

Brasil ha demostrado un conjunto de estrategias y de intereses propios que lo han posicionado en el escenario internacional, con especial presencia en América Latina. El grado de inserción y de control de diversas actividades económicas en varios países, así permiten demostrarlo.

Brasil, Brasil: más que samba y carnaval, un país en plena expansión regional

1 Muchos han sido los mecanismos que el banco ha implementado para alcanzar ese objetivo. El más reciente fue la creación del Área Internacional (AINT) en 2008. La financiación del proceso de inserción internacional de las empresas brasileñas, particularmente respecto a las financiaciones a la exportación, superó -en 2008- los U$S 5 mil millones. Además de financiar el comercio exterior, el BNDES apoya, desde el 2003, la inversión directa de empresas brasileñas en el extranjero, por medio de financiación o de participación accionaria. Cfr. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Informe anual. 2008, BNDES, Río de Janeiro, 2009, p. 66.

2 Los créditos otorgados por el BNDES tienen la siguiente procedencia: “el Fondo de Amparo al Trabajador [FAT], formado por las contribuciones del Programa de Integración Social - Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Públicos [PIS – PASEP]. La Constitución Federal define que el 40% de estas contribuciones se debe prestar a BNDES y remunerar por la Tasa de Intereses de Largo Plazo [TJLP]. BNDES complementa sus fuentes de recursos con captaciones ante organismos multilaterales y el mercado de capitales, y por medio del retorno que obtiene en sus operaciones financieras. La aplicación de los recursos de BNDES se hace por financiación directa a empresas o por medio de la financiación vía instituciones financieras que transfieren los préstamos al sector productivo”, Cfr. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Boletín de la inversión productiva, No. 2, Río de Janeiro, Noviembre de 2005, p. 4.

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como sub-imperialistas3. Estos análisis han contribuido a superar los límites de las teorías que privilegiaban la lógica centro-periferia, en especial porque la acción emergente del país no obedece a una delegación, a una concesión de poder del centro sino a un proceso de autonomización relativa-de las clases dominantes locales. Se trató de una trasforma-ción histórica de las burguesías nacionales -por lo general asociadas a la promoción del mercado interno a través de mecanismos diversos como barreras arancelarias- en burguesías locales, promotoras de procesos de trans-nacionalización de la economía. Más allá de reflexiones puntuales sobre este aspecto, el presente documento tie-ne como propósito describir las principales tendencias del proceso de expansión del capital brasileño haciendo espe-cial énfasis en la consideración de sus inversiones en Colombia. De tal suerte, busca aportar insumos para el análisis del posiciona-miento de Brasil como potencia regional suramericana.

Algunos rasgos de la expansión Brasil constituye un caso-tipo del proceso de internacionalización de capitales locales. Las transnacionales brasileñas están conso-lidando su presencia en América Latina mediante operaciones de fusión y adquisición aprovechando los escenarios de desna-cionalización que han caracterizado las economías latinoameri-canas en la fase neoliberal de acumulación capitalista. De manera progresiva, han ido conquistando diversas actividades económi-cas en el subcontinente.

Durante la presente década, el gobierno brasileño se ha empeña-

do en estimular el crecimiento económico a través del Programa de Aceleración

del Crecimiento (PAC) que busca atraer inversiones apelando a sistemas de crédi-

to, exenciones tributarias, entre otras medidas. En 2008, el BNDES consolidó una

cartera potencial para el PAC por valor de R$ 93,7 mil millones, que representa un

apalancamiento en la inversión en R$ 181 mil millones. “Las acciones relacionadas

al PAC, instrumentadas, en su gran mayoría, por las Áreas de Infraestructura y de

Inclusión Social, son consideradas prioritarias por el

Banco. Los 287 proyectos existentes se encuentran

subdivididos de la siguiente manera: 113 pertene-

cientes al eje Infraestructura Energética; 104 para In-

fraestructura Logística; 55 para Infraestructura Social

y Urbana; y 15 para Administración Pública”4.

3 En ese sentido, los trabajos de Ruy Mauro Marini resultan vigentes. Véase, por ejemplo, Ruy Mauro Marini, La acumulación capitalista mundial y el sub-imperialismo, CELA, México, 1977; Ruy Mauro Marini, “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil” en Cuadernos americanos, No. 3, México, mayo/junio de 1966, pp. 133-155.

4 Véase Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Op. Cit. 2009, p. 60.

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De acuerdo con el gobierno brasileño, el Plan de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social dentro del PAC, debe llegar a un nivel de inversión US$ 311.050 millones, lo cual cubre los sectores de transporte, ener-gía, saneamiento, vivienda y recursos hídricos5. La inversión en infraestructura se considera base del aumento de la productividad e incluye construcción, am-pliación de carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos y hidrovías; en el cam-po de energía, la generación y transmisión de energía eléctrica, producción,

explotación y transporte de petróleo, gas natural y combustibles renovables. En total, se aspira que en estos sectores las inversiones alcancen los 35.000 millones de dólares.

Transnacionales brasileñas como Vale, Petrobras, Gerdau, Oderbrecht, Friboi y Marfrig, interesadas en la extracción de materias primas y la dominación de fuentes de energía, han respaldado la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América (IIRSA). En dicho escenario, el BNDES ha proyectado el apalancamiento del crédito y de las operaciones de empresas brasileñas en la región. Se espera que el banco financie cerca de 18 billones de dólares para obras en los diferentes países. A través de es-tas operaciones se allegarán fondos destinados a la promoción de las exportaciones brasileñas. Se des-taca la construcción de gasoductos en Argentina, de hidroeléctricas en Venezuela y Ecuador, y de vías en Paraguay6.

La participación de las empresas constructoras brasi-leñas se percibe como una oportunidad para aumentar su capacidad tecnológi-ca, económica y financiera. Las transnacionales brasileñas conjugan intereses en sectores como la petroquímica, la siderúrgica, el cemento y la construcción. El go-bierno brasileño ha destacado el papel que puede jugar Brasil en la construcción de obras, así como las oportunidades que se generan al invertir en proyectos rela-cionados con dichos sectores. El sector del transporte resulta entonces estratégico para proteger los capitales brasileños, por eso es que Vale ha demandado medios de transporte “más adecuados” para la comercialización de hierro con China.

De igual forma, Brasil negocia la disponibilidad y su-ministro de energía con sus vecinos mediante la sus-cripción de acuerdos como el firmado este año con el Perú7. Ahora es Bolivia quien se apresta a convertirse en proveedora de energía eléctrica y de gas para su

Transnacionales brasileñas como Vale, Petrobras, Gerdau, Oderbrecht, Friboi y Marfrig, interesadas en la extracción de materias primas y la dominación de fuentes de energía, han respaldado la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América (IIRSA). En dicho escenario, el BNDES ha proyectado el apalancamiento del crédito y de las operaciones de empresas brasileñas en la región.

5 Para mayor información consúltese el artículo de Hedelberto López Blanch, “Brasil no cree en crisis”, en Rebelión¸ 15 de marzo de 2010.

6 Antônio José Cerqueira Antunes, Infraestrutura na América do Sul: situação atual, necessidades e complementaridades possíveis com o Brasil”, PNUD/CEPAL/NAE, Río de Janeiro, 2007, pp. 23-27.

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vecino, así como para Chile y Perú7. Se proyectan 6 hidroeléctricas, entre ellas la de Cachuela La Esperanza, y el Bala, con el objeto de triplicar su capacidad instalada con una inversión de 5.7 billones de dólares8.

A escala global, Brasil se constituye en polo de atracción para inversionistas, de hecho, ya ha centralizado el 50% de la inversión de China en América Latina. En efecto, China multiplicó sus inversiones en América Latina en los rubros de mi-nería e hidrocarburos, infraestructuras ferroviarias y siderurgia. En Venezuela en-tregó la primera parte de un crédito por 20 millones de dólares para financiar 19 proyectos de desarrollo y además invierte en empresas brasileñas productoras de acero.

Luego de esbozar brevemente la tendencia incre-mental de la presencia brasilera en la región, nos in-teresa profundizar en su desenvolvimiento respecto de Colombia.

Colombia y Brasil, ¿un destino común?9

No resultó sorpresivo que la primera visita presiden-cial del nuevo gobernante colombiano fuera a Brasil y que en el marco de ésta, se firmaran y ratificaran varios acuerdos sobre agro-combustibles, desarro-llo fronterizo, salud, medio ambiente, educación profesional, agricultura, energía, turismo, propiedad intelectual y desarrollo urbano10. Desde la década de 1970, ambos países hacen parte del Acuerdo de Cooperación Amazónica (TCA) y, recientemente, de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR).

Con anterioridad a su segura elección, funcionarios brasileños expresaron su confianza en que habría cambios favorables y un mayor acercamiento con el nuevo gobierno. Colombia ha intensificado sus rela-ciones comerciales con el Brasil hasta el punto que sólo en el primer semestre del 2010 el comercio al-canzó los 1.700 millones de dólares, cifra que se es-tima en un 32,7% más alta que en todo el 2009, pero sigue siendo deficitaria para Colombia.

La mayor proyección de Brasil se expresa en el au-mento sensible de la IED en la región. De 1995 a 2006, se produjo un aumento espectacular de la IED de Bra-

7 Para mayor información sobre este aspecto, véase Margarita Flórez, “¡Nos ahogamos! explosión de represas e hidroeléctricas” en Impactos, No. 5, Bogotá, Julio de 2010, pp. 2-5.

8 Para un examen detallado de los intereses de las transnacionales brasileñas, incluyendo las del sector energético, véase Luce Mathias, “La expansión del sub-imperialismo brasileño” en Patria grande, No. 9, diciembre de 2008.

9 Una versión ampliada del siguiente segmento se encuentra en Margarita Flórez / Jairo Estrada, “Tendencias recientes de la inversión de capital brasilero en Colombia”, Revista Espacio Critico, Nº10, Bogotá, 2009, pp. 56-73.

10 http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100831_colombia_brasil_santos_lula_az.shtml

11 http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1351564, agosto

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sil en América del Sur al pasar de 1.384 millones a 28.202 millones de dólares. Del total de las inversiones realizadas por los capitales suramericanos en el mismo período (107.683 millones), Brasil aportó el 46.1% (49.651 millones de dólares). Por otra parte, la participación de Brasil dentro del total de las inversiones recibidas por los demás países de Latinoamérica ascendió de 0.48% a 4.03% en 200612.

Se mantiene la tendencia observada entre 2003 y 2007, período en el cual los ín-dices de Inversión Extranjera Directa (IED) de Brasil en Colombia se incrementaron de 9.15 millones a 529 millones de dólares, alcanzando un 11% del total de la IED

en Colombia y ahora se sitúa en cerca de 18%. El inte-rés manifiesto por parte de Colombia es acercarse aún más a los planes económicos de la octava economía del mundo, cuyo PIB se espera esté cercano al 7% en el 2010, y la cual, de acuerdo con revistas especializadas, ahora es el granero mundial con menores subsidios es-tatales (5,6% del ingreso), a los que otorgan los gobier-nos de Estados Unidos (26%) y la Unión Europea (29%) a sus productores13.

Dentro de las cinco mayores empresas intrarregionales, se encuentran tres brasileñas: en primer lugar, Petro-bras (ventas en 2009 equivalentes a 101.948 millones de dólares), luego Itaú-Unibanco y, finalmente, la mine-ra Vale14. Colombia ocupa el sexto lugar como destino de la inversión brasileña en América Latina y el décimo a nivel mundial. En 2009, la inversión de Brasil en Co-lombia ascendió a 47 millones de dólares y en lo que va del 2010, la cifra alcanza a 21 millones de dólares15.

La inversión brasilera en Colombia

En esta década, como se anotó anteriormente, la inversión en la región y en Co-lombia ha crecido sustantivamente. El PAC del gobierno Lula tiene como propósi-to, justamente, incentivar la entrada del gran capital brasilero, a través de diversas

medidas y mecanismos, y de proyectar su influencia en otros países de América Latina, más allá del ámbi-to de Mercosur. Como parte de esas proyecciones, se encuentran las pretensiones de buscar varias salidas al Pacífico y de acortar las salidas al Atlántico de al-gunas actividades productivas brasileras. Por ello no es casual la vinculación de Brasil con grandes mega-proyectos de inversión, particularmente dentro de la IIRSA. En desarrollo de esos propósitos, ha primado

A escala global, Brasil se constituye en polo de atracción para inversionistas, de hecho ya ha centralizado el 50% de la inversión de China en América Latina. En efecto, China multiplicó sus inversiones en América Latina en los rubros de minería e hidrocarburos, infraestructuras ferroviarias y siderurgia.

12 http://www.semana.com/noticias-nacion/santos-augura-lazos-estrechos-brasil-termino-su-visita/143944.aspx

13 http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-08-31/crecimiento-de-brasil-en-2010-seria-de-7_109259.php Publicado el 31.08.2010

14 Daniela Estrada, “Inversión extranjera se recupera en América Latina”, en IPS Noticias, 5 mayo de 2010.

15 http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE6800TU20100901

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un concepto de política exterior con cierto pragmatismo que coloca los intereses económicos y de geopolítica brasilera por encima de otras consideraciones de ca-rácter político. En ese contexto es que a nuestro juicio debe evaluarse la cercanía del gobierno de Lula con gobiernos como el colombiano.

Los sectores económicos atractivos a la inversión brasileña son, principalmente, pe-tróleo, distribución de combustibles, siderurgia, minería, energía, comercio espe-cializado de productos ópticos e informáticos. Dentro de las empresas de reciente entrada al país se encuentran DataSul (software), Tigre (tubos de PVC), Chilli Beans (gafas y relojes), y Senior Sistemas, grupo Ruette, que actúa en agroindustria y producción de alcohol Carbu-rante y el Grupo Maggi (agroindustria y concentrados). Camargo Correa invertirá 120 millones de dólares en las obras hidroeléctricas como Porce III. Por su lado, el Gru-po Gerdau adelanta inversiones al 2009 del orden de 500 millones de dólares para siderúrgicas.

A continuación pasaremos revista por las principales áreas de interés para los capitales brasileños:

Etanol

La más grande inversión en la producción de etanol que se tiene prevista corresponde al grupo israelita Merhav Agrifuels de Colombia, quienes adelantan ac-tividades en Pivijay (Magdalena) con préstamos del Banco do Brasil (223 Millones dólares) y de la banca de desarrollo. Su producción de etanol se basará en la caña de azúcar. Tiene estimado comenzar a operar en 2013 vendiendo etanol y energía generada a partir del bagazo de la caña. Para complementar el negocio, espera recibir dinero a tra-vés de ingresos por certificados de reducción de emisiones (CER).

Industria petrolera

En el caso de la industria petrolera, las inversiones de Petrobras abarcan diversas eta-pas del negocio energético. Su presencia se inicia en el segundo semestre de 2004, con la adjudicación del contrato de exploración de la zona de Villanueva del Depar-tamento del Meta, que adelanta conjuntamente con la multinacional Occidental en una inversión de 5 millones de dólares. Ya en 2006, la empresa anunciaría su inten-ción de aumentar sensiblemente sus operaciones en Colombia (la inversión de ese año superó los 80 millones de dólares), de incursionar en la exploración del bloque Tayrona (con una participación del 20%), y más recientemente, en mayo de 2007, se informó que se reforzarían las inversiones en exploración a través de Metapetroleum.

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Este interés por el negocio petrolero coincide con el alto nivel de incentivos seña-lados como los mayores de América Latina, que Colombia ha establecido en favor de las trasnacionales del petróleo. La incursión de Petrobras en el negocio energé-tico se ha acompañado de otras inversiones de esta empresa tendientes a partici-par en el mercado de la distribución de gasolina. Hacia finales de 2005, Petrobras adquirió la red (nacional) de estaciones de servicio de la multinacional Shell con

lo cual, además, participa en el negocio de los aceites y lubricantes. Según la empresa, esta operación “hace parte del plan estratégico de la compañía, orientado a consolidarla como una empresa integrada de ener-gía, con fuerte presencia internacional y liderazgo en América Latina”.

Energía

La presencia de capital brasilero en Colombia, se ini-cia incursionó a través de las empresas Vale y Camar-go Correa en dos proyectos para la generación de energía: las hidroeléctricas de Pescadero Ituango y del proyecto Porce III, ambas en el departamento de Antioquia.

Se espera que la hidroeléctrica entre en operación en 2018. Según Vale, el proyecto se inscribe dentro de su estrategia de expansión y le permite acceder a la generación de energía para hacer más competitiva su propia producción industrial la de aluminio. Vale tiene el proyecto de construcción de una planta de

aluminio en el Urabá antioqueño. Se instaló en el parque industrial de Lebbos, en Cota (municipio cercano a Bogotá), y abrió una filial con la idea de tener una planta productiva. Esta compañía comercializa desde hace tiempo sus productos en Colombia.

El proyecto de Porce III tiene un valor estimado de 911 millones de dólares. Ca-margo Correa posee una participación del 50% y comparte el proyecto con un consorcio colombiano. La obra implica la construcción de una central subterránea, de la presa y de otras obras asociadas a Porce III y se estima que la capacidad de la hidroeléctrica será de 700 megavatios.

Dentro de las actividades de ingeniería y construcción desarrolladas por em-presas brasileras en Colombia, además de las registradas en la construcción de hidroeléctricas, se encuentran los proyectos de Andrade Gutiérrez de construc-ción de la ferrovía Ferrovía Grecia-San Rafael de Lebrija y del viaducto Pereira-Dosquebradas.

Este interés por el negocio petrolero coincide con el alto nivel de incentivos señalados como los mayores de América Latina, que Colombia ha establecido en favor de las trasnacionales del petróleo. La incursión de Petrobras en el negocio energético se ha acompañado de otras inversiones de esta empresa tendientes a participar en el mercado de la distribución de gasolina.

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Transporte aéreo

El grupo brasilero Sinergy, de propiedad del empresario Efraín Efromovich, adqui-rió la compañía de transporte aéreo Avianca en 2005 mediante una operación que le permitió asumir el control de la empresa en menos de un año. Dicha empresa se encontraba en ese momento en una difícil situación financiera, lo cual facilitó en cierta forma la transacción, y el monto del negocio se estimó en 23 millones dólares. La adquisición de la empresa hacía parte de la estrategia del grupo Sinergy de ampliar sus opera-ciones internacionales y lograr un mayor posiciona-miento en el mercado brasilero.

La inversión en Avianca se constituiría en una plata-forma para entrar en el negocio del transporte aéreo, del almacenamiento, el correo y las comunicaciones, dado que esta empresa prestaba también servicios de carga y contaba con una red de correo y comu-nicaciones: Deprisa. Desde Avianca, el grupo Sinergy inició una serie de nuevas inversiones con las que se buscaba modernizar la flotilla de aeronaves. En 2007 mayo de se anunciaría la adquisiciones de aviones (Airbus) por la suma de 2.900 millones de dólares. Ahora anunció su incursión en el negocio hotelero.

Industria siderometalúrgica y carbón

En la industria siderometalúrgica se han registrado operaciones importantes de empresas brasileras, es-pecialmente del grupo Gerdau y de Votorantim y exis-te una estrategia para tomar el control de la producción siderometalúrgica del país, básicamente por dos razones: i) las siderúrgica colombianas sólo atendían menos del 50% de la demanda interna; y ii) porque Colombia tiene la fama de respetar los contratos de inversión gracias a una legislación que los convierte en invulnerables por períodos de 30 y 50 años. Y como la compra y recompra no se detienen, Votoramtim tiene intenciones de comprar la parte de Gerdau y entrar al negocio de explotaciones mineras.

La historia reciente señala que primero se habría producido la toma de control sobre las empresas colombianas Diaco y Sidelpa, en 2004, la cual se constituyó en la plataforma para posteriores proyecciones. En 2007, a través de Diaco, Ger-dau accedió a Aceros Boyacá, a la compañía siderúrgica de la sabana, Comsisa y a Laminados andinos (nacionales). El grupo Gerdau adquirió recientemente, por 59 millones de dólares, el 50.9% del Cleary Holdings Corp., una empresa productora de coque metalúrgico, con acceso a reservas de 20 millones de toneladas de car-

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bón coquizable en Colombia. Y Votorantim, mediante subasta pública, adquirió el 52% de la empresa siderúrgica colombiana Acerías Paz del Río en marzo de 2008, hecho que le otorgó el control sobre la empresa.

Y el grupo empresarial Eike Batista se perfila como el mayor inversor brasileño con US$ 1,9 billones en un período de 10 años, a través de MPX, brazo del gru-

po EBX, que se encarga del sector energético. La in-versión se apalancaría con dineros del banco estatal colombiano Bancoldex y bancos privados. La opera-ción se estima comenzaría en 2012 con tres minas a cielo abierto en la Guajira, norte de Colombia, cuya reserva potencial sería de 1,7 billones de toneladas de carbón. Y este carbón alimentará las térmicas que el mismo grupo construye en Brasil (Pecem 1, 2 e Itaqui) y una en Chile. Y otra vez existen razones de peso: i) Colombia tiene los costos operacionales más bajos del mundo; ii) el carbón colombiano tiene un alto po-der calórico; y iii) existe toda una infraestructura para sacar el carbón.

Minería del oro

El millonario brasileño Eike Batista (Forbes sostiene que es hombre más rico del Brasil), creó un compañía AUX, (US$2.000 y US$3.000 millones) y adquirió dos minas de oro en el país16.

Algunos datos clave de la octava economía del mundo

Brasil es el mayor exportador de azúcar del mundo. Exportó 21,21 millones de toneladas en el período 2009 a 2010.

Vale es la mayor productora y exportadora mundial de mineral de hierro y la se-gunda en producción de níquel.

Brasil es el segundo mayor exportador de soja y maíz.

Brasil es el mayor exportador de café.

Brasil es el segundo productor de etanol, después de Estados Unidos, y primer exportador mundial de carbón

Este interés por el negocio petrolero coincide con el alto nivel de incentivos señalados como los mayores de América Latina, que Colombia ha establecido en favor de las trasnacionales del petróleo. La incursión de Petrobras en el negocio energético se ha acompañado de otras inversiones de esta empresa tendientes a participar en el mercado de la distribución de gasolina.

16 http://www.cambio.com.co/economiacambio/852/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6465069.html

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Acerías Paz del Río.

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En la trayectoria histórica del Banco Nacional de De-sarrollo Económico e Social (BNDES), que apareció en 1952 como Banco Nacional de Desarrollo Económi-co (BNDE), están las claves para dilucidar las formas en que ha afectado el proceso de construcción y la deconstrucción nacional. En sí, la re-construcción ins-titucional del BNDES siempre fue lugar privilegiado para de allí partir a nuevos procesos, abrir los caminos de la historia, ya sea de manera progresiva o regresi-va. Fue el BNDS que delineó los pasos del mercado interno, en los años del desarrollo nacional triple: ca-pital privado nacional, estatal y capital multinacional. El modelo de sustitución de importaciones fue con-solidado por el BNDES, en nombre de una burguesía que se pretendía asociada con algunos derechos de primacía regional.

En una dictadura fue el soporte para el control del dominio imperialista, en po-sición de seguridad protegida, ciclo que duró hasta comienzos de la década de 1990. Con los gobiernos neoliberales el BNDES pasa a financiar y planear el retro-ceso de ese proceso, fragmentado y suspendido del cuerpo que antes nutría.

EL BNDES siempre cumplió activamente el papel que se requería. Durante el ciclo de sustitución de importaciones se consideró indispensable la constitución de la contraparte nacional de una descentralización (desde el punto de vista internacio-nal), lo cual era la preferencia del capital extranjero en el Brasil. Si bien con los nú-cleos dinámicos de la economía nacional bajo el control de capital extranjero y las fronteras (autopiezas, metalurgia) y al mismo tiempo en la base económica (acero

e infraestructura), había un pulso constante que per-mitía imaginar el futuro una nación.

En términos de discurso, cualquier proyecto de nación, en un país con dos tercios de la población oprimida por siglos, requeriría un horizonte de inte-gración social y hacer uso de un “pueblo brasileño”

BNDESLa financiación pública para el desarrollo: los enclaves económicos1

En términos de discurso, cualquier proyecto de nación, en un país con dos tercios de la población oprimida por siglos, requeriría un horizonte de integración social y hacer uso de un “pueblo brasileño” con un mínimo grado de homogeneidad.

1 Fragmento tomado de Luis Fernando Novoa Garzón, “Financiamento público ao desenvolvimento: enclave político e enclaves econômicos”, en VVAA, Capitalismo globalizado e recursos territoriais: fronteiras da acumulação no Brasil contemporâneo, Lamparina, Rio de Janeiro, 2010, 352 p.

* Profesor de la Universidad Federal de Rondonia. Miembro de la Red Brasil sobre las IMF y la Plataforma BNDES

Por: Luis Fernando Novoa Garzón*

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con un mínimo grado de homogeneidad. El desarrollo nacional tuvo, a veces,

que recurrir al populismo, al patriotismo disciplinado, (como fue durante la dic-

tadura en 1982), que ganó su BNDE S, “social” para evitar cualquier duda en

cuanto al carácter nominal del pretendido desarrollo económico. Incluso du-

rante el Tribunal de izquierda marxista, con su proyecto nacional-popular que,

por defecto, disputa el concepto de nación, buscando la práctica en las ”tareas

nacionales” y democráticas, completamente ajeno a nuestra burguesía.

Sin embargo, los fundamentos frágiles de “nación en

construcción” comenzaron a ser corroídos con el em-

peoramiento de la crisis de la deuda en la mitad de la

década de 1980. El modelo de “integración competi-

tiva”, que más tarde se establecería como alternativa

hegemónica fue iniciado y sacado por los técnicos

del BNDES a partir de su puesto de observación en el

agotamiento de la financiación pública en los secto-

res de infraestructura.

Según Faircloug, el discurso no es sólo una lucha por

el poder local, sino también un hito en la lucha por

el poder delimitador: “La práctica se basa en las con-

venciones discursivas que naturalizan las relaciones

de poder y las ideologías, los individuos, y los propios

acuerdos y las formas en que articulados son un foco

de lucha “2.

En un seminario diseñado por Julio Mourao, director del Departamento de Pla-

neación del Banco, y que fue desarrollado por un equipo técnico coordinado por

Luiz Vellozo Lucas, en mayo de 1984, se anunció el fin del ciclo de sustitución de

importaciones y la necesidad de la construcción de un nuevo paradigma de la

política industrial.

El BNDES ha comenzado, dentro de su ámbito de operación, la revisión del papel

del Estado. En un proceso absolutamente inédito en el país, catorce empresas fue-

ron privatizadas en dos años y medio, de manera transparente y eficaz a través de

subastas públicas. Otra consecuencia es que el Banco fue objeto de una amplia

reorganización interna con el fin de modernizar sus prácticas operativas y adap-

tarse a las nuevas condiciones

En 1990 el trabajo de escenarios fue descontinuado, pero ganó fuerza propia el con-

cepto de integración competitiva. No sólo la cultura del BNDES cambiaría, diversos

segmentos de sociedad habían absorbido la propues-

ta y la nueva bandera ganó el mundo político, viniendo

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2 Fairclough, N. Discurso de mudança social. Brasília: Ed. UnB, 2001, p. 94

Representante del BNDES firmando un contrato con el BID.

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a representar en los años 1990 la opción nacional para la participación de Brasil en el proceso de globalización”3.

Bajo la justificación de la innovación y la carrera tecnológica se trató de trasmitir el pleno manejo de la economía nacional hacia el sector privado y trasnacional.4 Aún bajo el gobierno de Sarney, el BNDES presentó su nuevo Plan Estratégico (1990- 1997) que incorporaba los escenarios posibles de la “integración competitiva”. A los cien primeros días del mandato de Fernando Collor de Melo, el 26 de junio

de 1990, fue lanzado el Programa Directrices Gene-rales de la Política Económica y de Comercio Exterior que enumera la desregulación, la liberalización del comercio y la privatización, como herramientas bási-cas para la llamada reestructuración competitiva de la economía brasileña.

El BNDES continuó siendo indispensable, ahora como banco, para identificar y facilitar las “pri-vativas”, que constituyó la forma original de las privatizaciones en esa década, retornando a la des-nacionalización y reconfiguración patrimonial de nuestras estructuras productivas , con un interme-dio de subvaluaciones, valiéndose del uso de “mo-neda podrida” y de indiscriminado financiamiento público. Fue el BNDES el que implementó el Progra-ma Nacional de Desestatización (ley 8.031/1990), localizando empresas más atractivas, desarmando obstáculos, administrativos-jurídicos, definiendo

precios mínimos, articulando potenciales inversionistas y, después, financian-do la trasferencia patrimonial5.

En la era Fernando Henrique Cardozo, la restructuración

de la economía brasilera, bajo el automatismo de mer-

cado, procuró excluir la posibilidad de cualquier trazo

de autonomía en las políticas industrial y de comercio

exterior. Los cortes de gastos y las privatizaciones no

fueron lineales, ni tuvieron una naturaleza geométri-

ca. Surgieron nuevos intereses y reglas que impusieran

como principio supremo la conectividad del territorio y

de todos los factores económicos allí asentados.

Es en ese cuadro que, a partir de 2003, se recicla y se

renombra el modelo de inserción competitiva. En la

búsqueda de un reposicionamiento relativamente

Bajo la justificación de la innovación y la carrera tecnológica se trató de trasmitir el pleno comando de economía nacional para el sector privado y trasnacional. 2 Aún bajo el gobierno de Sarney, el BNDES, presento su nuevo Plan Estratégico (1997- 1990) que incorporaba los escenarios posibles de la “integración competitiva”.

3 Mourão, J. O. F. Entrevistas e depoimentos. In: ribeiro, A. D. (ed.) BNDES, 50 anos de desenvolvimento. São Paulo: DBA/BNDES, 2002. Disponível em: www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro50anos/Entrevistas.PDF

4 “Las empresas tuvieron que ser alentadas a explorar las nuevas tecnologías en el mundo, expuestas a la competencia del exterior, y los sectores más dinámicos sobresalieron por su cuenta. Terminó la historia para elegir a un sector preferido y llenarlo de protección. Las instituciones públicas que compiten por el papel de coordinar las mejores empresas para integrar este nuevo escenario”. Nassif, 2007, p. 140.

5 Pinheiro, A. C.; Giambiagi, F. Os antecedentes macroeconômicos e a estrutura institucional da privatização no Brasil. In: Castelar, A. (org.) A privatização no Brasil. Rio de Janeiro: BNDES/OCDE, 2000, p. 21.

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ventajoso del país en la división internacional del trabajo, el BNDES mantendrá su posición nuclear en la concepción y operacionalización de ese desajuste.

“Las empresas tuvieron que ser alentadas a explorar las nuevas tecnologías en el mundo, expuestas a la competencia del exterior, y los sectores más dinámicos so-bresalieron por su cuenta. Terminó la historia de elegir a un sector preferido y llenar-lo de protección. Las instituciones públicas compiten por el papel de coordinar las mejores empresas para integrar este nuevo escenario (Nassif, 2007, p. 140)

Desde entonces el banco viene protagonizando di-námicas de concentración y descentralización de los capitales invertidos en el Brasil, concebido más como nación, y como una preciosa colección de habilida-des, especializaciones y fronteras de mercado. Un es-pacio asumido, dedicado a valorizar el capital.

La búsqueda de la unidad en la diversidad del desmonte neoliberalLa creatividad del capitalismo nunca dependió tanto de la desfiguración de su poder. Y los llamados países emergentes como Brasil, después de décadas de inter-nacionalización pasiva y autodestructiva, de rigurosos ejercicios flexibles, presentan las condiciones ideales para el ejercicio de desfiguramiento expuesto en la neutralización de mecanismos de decisión nacional, de la supresión de cadenas in-dustriales enteras y la descomposición de redes comerciales independientes entre sí.

La desarticulación de la corriente de liberación económica, hace la representa-ción difusa de intereses y pérdida del soporte posible, o sea la inefectividad de cualquier tipo de intereses agregados interclasistas. Por eso ninguna gobernabili-dad seria obtendría sin la reconstrucción de esferas públicas y de tales instancias nacionales reconocidas. Es en ese contexto de agotamiento/reciclaje del modelo neoliberal en el Brasil, que partidos y lideres de centro izquierda se alistaron para recomponer los precarios arreglos de poder entre patrocinadores y beneficiarios de desmonte neoliberal.

La interlocución política, bajo el amparo del gobierno de Lula se hizo con media-ciones menos reducidas. Los intereses y focos fueron más amplios, fueron coteja-dos, tomados con pinzas, y después cosidos y descartados. La composición de la diversidad producida por el desmonte neoliberal, en una nueva unidad, diferen-ciado en el mercado global y con una base regional ampliada. Esa es la misión

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Luciano Coutinho, presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).

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específica del BNDES, el banco nuclea la construcción activa de esa internaciona-lización que se da con la optimización de las especializaciones económicas regre-sivas iniciadas en los años del desmonte.

El banco está gestionando ese modelo de dos formas: la primera, procurando in-fluenciar las filiales trasnacionales situadas en el país, al tiempo que añade estra-tegias geográficas especiales y sectoriales para ellas, para que extiendan allí sus planes operacionales. En consecuencia, estas filiales tienen un conjunto coordinado

de medidas de estímulo del gobierno que implican la liberalización del comercio y facilitan sus alianzas ju-rídicas entre empresas públicas y privadas orientadas a los requisitos que exigen los mercados adicionales promovidos por el Estado. La segunda, potencializar las empresas de capital brasilero, el capital nacional, definidas como aquellas constituidas bajo las leyes brasileras y con sede principal en el país. Gran parte de ellas son empresas menores, o creadas por el capital extranjero, o inversiones alrededor de este. Son ellos los grupos económicos que se benefician de las venta-jas que ofrece la estructura institucional del país para ampliar y monopolizar ciertos aspectos de las cadenas de producción trasnacionales.

Lo que aparece en el crepúsculo de ese otro Brasil posible, el crecimiento enfocado y concentrado, que asumió la diferencia de privilegios, dando lugar a un proceso de exclusión social consumado. La indiferen-cia no se excluye, sino por la costumbre y la precisión.

Es la ausencia de los derechos subjetivos provenientes de cualquier bandera iguali-taria. Pero las empresas transnacionales de Brasil, las altas finanzas y la agroindustria se siguen presentando como “el Brasil de todos.” Soberanía ex post, para servir en la asamblea de la dominación benevolente con las grandes empresas. Los derechos sociales vienen bajo la presentación de los bonos-domésticos. La participación es válida hasta la nueva movida, hasta donde la “gobernabilidad” alcanza. Quemados los buques y puentes de salida, los saboteadores preguntan qué alternativas que-dan. Designar y divulgar sus métodos podría ser un inicio.

El BNDES, por su poder desequilibrador de los pactos de mercados, ¿sería una de esas naves de salida? De hecho, las limitaciones impuestas por el sistema finan-ciero y transnacional, sólo tuvieron efectividad porque hubo voluntad deliberada del propio gobierno de dar su consentimiento para ello, ya que de forma preven-tiva, el sistema financiero necesitó enmarcar la política de financiación selectiva. En la nueva toma de decisiones se desempeñan a través de redes trasnacionales

El BNDES, por su poder desequilibrador de los pactos de mercados, ¿sería una de esas naves de salida? De hecho, las limitaciones impuestas por el sistema financiero y transnacional, solo tuvieron efectividad porque hubo voluntad deliberada del propio gobierno de dar su consentimiento para ello, ya que de forma preventiva, el sistema financiero necesitó enmarcar la política de financiación selectiva.

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descentralizadas, pero operativa y financieramente centralizadas, la realización de nuevas estrategias de negocios dependen de la configuración específica y del constante reordenamiento de las alianzas entre empresas de un país, o un grupo de países. Estas costuras y parches de las redes económicas requieren gran movili-dad de la inversión y la previsibilidad de rentabilidad absoluta.

Los factores económicos deben ser articulados a partir de la asociación lógica priva-da de los contratos de franquicias, por consiguiente la acción del Estado regulador, que no reproduce esa lógica, se percibe como un ruido, un cuerpo extraño el cual debe ser reabsorbido por un organismo circundante para que no exista desorden, que es lo que ellos llaman ,la pérdida de previsibilidad de altos rendimientos. Al comienzo del mandato de Lula se lanza el ultimátum: el BNDES debe ser liquida-do, o corporativizado.6 La corporatización (Sociedades anónimas o sociedades anónimas) es la antesala de la privatización, es decir, la conversión de una empresa pública a una empresa comercial, con respecto a su funcionamiento y su gestión para que se torne previa-mente rentable7.

En este caso el crédito público direccionado, es visto paradójicamente como un estímulo de particulariza-ción frente a la universalidad de la lógica del mercado. Sigue el paneo financiero para identificar potenciales y reales desviaciones en el régimen de libre aprecia-ción de capital ficticio, señalando las inconsistencias de las políticas restrictivas sobre la demanda agrega-da, las cuales secan la liquidez que les interesa.

La propuesta llamada “Arida”8 refleja el temor a la pérdida de la auto-dirección de los conglomerados financieros, que siempre se han referido a sí mismos, y remuneran el propio Arida. Se propuso la atrofia progresiva del BNDES, manteniendo después al Ban-co en el límite acumulativo. La tasa de interés a largo plazo (TJLP), la principal herramienta de direcciona-miento de crédito, sería el tránsito a una convergen-cia con la tasa Selic, en nombre de la coherencia con la política macroeconómica. Por fin el acceso al Fon-do de Amparo al trabajador (FAT) sería pluralizado, lo cual significa en la práctica, que sería privatizado. Arida trató de enviar la contraseña para cubrir el ries-

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6 Reproduzco sobre la cuestión de intervención oral hecha por mí en un seminario organizado por la Red Brasil sobre las IMF ante los miembros del Directorio del Banco, recogido después de su publicación en la expresión popular de la editorial: “El Banco está en una posición que sólo puede sobrevivir si se sigue a la carta determinaciones que otros bancos privados siguen, este parece ser el contexto en el que fue muy claro en este gobierno. Parece que este gobierno por lo menos trata de detener, detener el proceso de mercantilización del Banco, pero no puede avanzar. La forma y las razones por lo cual Carlos Lessa fue retirado mostró una reanudación de las sociedades anónimas”.

7 Nestor, S.; Mahboobi, L. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: Castelar, A. (org.) A privatização no Brasil. Rio de Janeiro: BNDES/OCDE, 2000, p. 119.

8 Arida, P. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de políticas econômicas. Texto de Discussão, Rio de Janeiro, Casa das Garças, n. 8, 2005. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de políticas econômicas. Texto de discussão n. 8. Rio de Janeiro, Casa das Garças, 2005.

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18 Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

go político de la financiación pública de largo plazo. En una entrevista, evaluaba que el sector privado ha obtenido plazos dilatados de financiamiento tanto en el mercado de capitales, como en el mercado finan-ciero. De tal forma que no habría ninguna justificación para la interferencia del Estado y del BNDES – con este tipo de financiación. El BNDES, en rigor un sucedáneo del capital financiero, se eliminará progresivamente en la opinión de Arida9.

La crítica a la obligatoriedad de los mecanismos de fi-nanciación de inversiones, específicamente del BNDES, es en verdad una exigencia de una obligación cifrada al revés: las inversiones privadas deben establecer la dirección de la financiación pública. La amenaza es en forma de rompecabezas: puesto los vetos, se les dio la bienvenida a concesiones en la dirección opuesta.

En favor de la hegemonía del capital financiero de-bemos advertir su capacidad de delinear las políticas

gubernamentales: el interés, el tipo de cambio, la restricción de presupuesto del gobierno y la escala que atraerá a los mercados. La consagración y constitucio-nalización de los regímenes de las metas de inflación, tipo de cambio flotante y superávit primario máximo a cambio de la promesa de una mayor flexibilidad para estimular el circuito de seguir siendo competitivos y productivos, factores que son considerados vitales para incrementar la productividad de las cadenas transnacio-nales de producción.

El Banco tolerará el límite positivo de precios sólo siguiendo el orden inverso de res-tricciones en los mercados. Hay selectividad para consolidar las posiciones hegemó-nicas, la prioridad para las grandes corporaciones con conjuntos de crédito, para una inversión condicionada, previamente definida, y no en términos de sofisticación de las cadenas de producción. Todas las fichas en la expansión de los enclaves existen-tes y futuros. El edificio institucional del BNDES, es un enclave político que va dando una lógica de proceder para adaptarse a la coalición hegemónica de los intereses del monopolio en la institución. Si las instituciones son capaces de estructurar las ven-tajas comparativas de la nación, la primera ventaja en la perspectiva del proyecto de desarrollo periférico / suplementario, sería ofrecer a los mercados el poder de definir

esa estructuración a partir del interior del Estado.

La economía de enclave de América Latina, en su con-cepción original10, se estableció a partir del siglo XIX con la exportación de los núcleos de control directo desde

La evidencia reciente y muchas experiencias históricas nos permiten afirmar que los países que se han especializado en la extracción y la exportación de recursos naturales normalmente no han logrado desarrollarse. Esto es así, sobre todo, para aquellos que disponen de una sustancial dotación de un único o unos pocos productos primarios

9 Citado en maia, B. A. A. O papel do BNDES: críticas ao crédito e ao FAT. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. Monografia. Disponível em: <www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/premio_dest/mencao_honrosa_bento_IV_premio.pdf>.

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el exterior. Las diferentes combinaciones son posibles a partir del perfil histórico de volumen, y la permeabi-lidad de estos núcleos. Teniendo en cuenta el nuevo papel del continente en la división internacional del trabajo, específicamente en Brasil, se observa apenas la multiplicación de los enclaves más la universalización de su lógica, propiciando convenientes internaciona-lizaciones, nacionales y subregionales, de esta misma. Por tanto, sería un enclave mediador de la política el BNDES y reproductor de enclaves económicos.

De las mil y una maneras de canibalizar los recursos públicos, esto sería la más perjudicial. Al hacer la elec-ción preferida para las empresas y las iniciativas a gran escala, el Banco despolitiza la economía a pequeña es-cala proporcionando lo tangible de cualquier futuro deseable. “¿Quién cree que es competitivo y eficiente? El mercado. Los resultados y los números de empresas es que muestran eso. Ese es el criterio objetivo”, dijo Lu-ciano Coutinho, presidente del BNDES, en una entre-vista a la Agencia Brasil el 29 de abril de 2008.

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6 Cardoso, F.; Falleto, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina: um ensaio de interpretação. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, pp. 64-9.

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En el contexto de la división mundial del trabajo, Colombia está pensada para convertirse en un país en el que su papel se enfoca en la producción de agrocombustibles y en un país para la minería. De hecho, buena parte del esfuerzo gubernamental se ha enfocado en generar las condiciones necesarias para llamar la atención del capital principalmente transnacional, que pueda invertir en proyectos macro en estos sectores.

A escala global se vienen implementando una serie

de “ajustes” estructurales encaminados a adecuar las

economías de los países periféricos a los requerimien-

tos de la globalización o mundialización de la econo-

mía capitalista, hegemónica en el sistema mundo. En

este marco se da una división mundial del trabajo, en

la que los planificadores de los centros de poder he-

gemónico definen el papel que cada economía local

debe jugar. Los gobiernos de los países se encargan

de ejecutar las acciones necesarias para la implemen-

tación de estos macrodiseños, que tratan de legitimar

al amparo del discurso de la imperativa necesidad de

inserción en la dinámica económica global.

En el contexto de la división mundial del trabajo, es

claro que Colombia está pensada para convertirse en

un país en el que su papel se enfoca en la producción

de agrocombustibles y en un país para la minería. De

hecho, buena parte del esfuerzo gubernamental se

ha enfocado en generar las condiciones necesarias para llamar la atención del ca-

pital principalmente transnacional, que pueda invertir en proyectos macro en es-

tos sectores. Los que han sido los pilares de la política de los gobiernos nacionales,

en por lo menos las tres

últimas décadas, han apuntado en este sentido, y en particular los ejes de seguri-

dad democrática y confianza inversionista del gobierno de Uribe Vélez hacen alu-

sión a este propósito.

El Pacífico colombiano no es ajeno a esta realidad. A lo largo y ancho de su territo-

rio se hace palpable esta dinámica. En la región del Pacífico se entrelazan diversos

intereses que generan una serie de conflictos, mar-

cados o caracterizados por el interés de lucro a toda

costa. Se actúa sobre la base del saqueo de recursos

naturales y el deterioro ambiental por la afectación

Factores generadores de conflictos socio-ambientales y afectación a las comunidades de la BioRegión del Pacífico Colombiano1

1 Fragmento tomado de Secretariado Nacional de Pastoral Social, Entre la diversidad y la desigualdad. Diagnóstico territorial del Pacífico colombiano, en perspectiva de Derechos Humanos, Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana, Bogotá, 2010, pp. 35-47

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de ecosistemas y recursos estratégicos como el agua, el suelo y los bosques. Lo

común es el terror y el despojo a las comunidades, el uso de la violencia y la ilega-lidad ejercida sobre comunidades pertenecientes a grupos étnicos que han habi-tado esta región durante cientos de años y que tienen una cosmovisión marcada por el arraigo a sus territorios, la contemplación y respeto por la naturaleza y el respeto en la interacción con otros grupos humanos.

Para efectos de ubicar y caracterizar los principales factores generadores de con-flictos socio-ambientales y afectación a las comunidades que habitan el Pacífico colombiano se parte de una caracterización general de los procesos planificadores centrados en esta re-gión, luego se abordan los aspectos principales de los proyectos más relevantes a nivel nfraestructura, agroindustriales (extracción maderera, palma africa-na y cultivos de uso ilícito) y finalmente proyectos de extracción minera.

La planificación del desarrollo en el Pacífico colombianoDado el inmenso potencial de riqueza natural y ven-

tajas de geoposicionamiento, el Pacífico colombiano

ha sido objeto de múltiples procesos de planifica-

ción por parte de diversos actores que han visto en

el enorme potencial de esta bioregión, una fuente de

acumulación de capital y enriquecimiento acelerado.

Es así como desde el Estado central se han elaborado

y/o auspiciado diversos proyectos de infraestructura

vial, eléctrica, militar, agroindustrial y turística, y se ha dado vía libre a los planes

de particulares interesados en la explotación de los recursos y ventajas naturales

de esta ecorregión. Incluso, se han brindado grandes incentivos económicos para

su implantación, y en no pocas ocasiones han sido complacientes, cómplices e in-

cluso generadores de los atropellos y afectaciones generadas a las comunidades,

para abrirle paso al “desarrollo”.

En este sentido, se pueden señalar varias iniciativas planificadoras para la región de gran relevancia en los últimos 30 años, dentro de las que destacan las siguientes:

• Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica (PLADEICOP)

• Plan Regional Integral para el Pacifico, “PRI Pacifico”, “Proyecto Arquímedes”

• Planes Nacionales de Desarrollo

• Plan Colombia

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Costa pacífica colombiana.

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Continuar interviniendo el Pacífico colombiano con modelos foráneos es hacerlo cada vez más desconocido para sus propios pobladores y los demás colombianos y, por lo tanto, repetir los errores y las equivocaciones, como lo señala Arturo Escobar, en el énfasis que la intervención estatal ha estado dando a la organización y movilización de la inversión.

• Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010

• Agenda Pacífico XXI

• Plan Pacífico

• Plan Estratégico De Antioquia Región Urabá

• Documentos Conpes 3169, 3180, 3310 y 3342

• Plan estratégico del sector palmicultor

• Planes de Desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT)

Todos y cada uno de estos planes de una u otra mane-

ra pretenden dar vía libre al establecimiento de mo-

delos productivos extractivistas y a la infraestructura

necesaria para la articulación de éstos y en general de

la economía nacional y subcontinental a los circuitos

de flujos de mercancía y capitales a escala global.

La constante en todas estas iniciativas es que detrás

del discurso que se muestra altruista y propende por

favorecer a los grupos étnicos que habitan la región,

se oculta la predisposición a considerar a las comu-

nidades locales de la región del Pacífico, sus planes

de vida, cosmovisión y conocimientos, entre otros

aspectos, como atrasados, premodernos, ineficientes,

marginales y, sobretodo, como causas principales de

las carencias materiales de dichas comunidades y, por

lo tanto, del nivel de necesidades y carencias de las

mismas.

Sobre esta base se desconoce el acervo cultural de

las comunidades, su papel en la onservación de la

biodiversidad, y se asume la posición de superioridad del discurso del “desarro-

llo desde arriba”, que traerá bienestar a la población y sacará a las comunidades

de su atraso. Esta situación oculta lo insostenible de este modelo de desarrollo

y sus nefastos efectos socio-ambientales a escala global, además de reafirmar la

impronta del capitalismo neoliberal que “destruye culturas para construir eco-

nomías”.2

De igual forma, otra característica relevante de estos diseños es que prácticamen-

te la totalidad de todos los ejercicios de planificación se han efectuado desde el

centro del país, por parte de tecnócratas al servicio de las élites políticas y econó-

micas y en ausencia casi absoluta de participación por parte de las comunidades.

En las ocasiones en que esto se da, no pasa de ser un remedo de ejercicio partici-

pativo, como lo denuncian múltiples organizaciones 2 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana

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etnicoterritoriales, líderes y las ONG que trabajan en la región. Así desconocen su legítimo derecho al territorio y a la autodeterminación de sus planes de vida.

Al respecto, valga la siguiente cita: “Continuar interviniendo el Pacífico colombia-no con modelos foráneos es hacerlo cada vez más desconocido para sus propios pobladores y los demás colombianos y, por lo tanto, repetir los errores y las equi-vocaciones, como lo señala Arturo Escobar, en el énfasis que la intervención es-tatal ha estado dando a la organización y movilización de la inversión, el cual no ha contado con la participación de las comunidades, ni ha establecido bases de organización, capacitación y liderazgo. Este hecho ha sido el principal causante de que no se haya logrado el desarrollo del Pacífico, sino que se haya quedado en la construcción del Litoral Pacífico como entidad desarrollable”.3

Macro y megaproyectosInfraestructura

En cuanto a proyectos de ampliación de infraestruc-tura hay que destacar los siguientes:

1. Base militar de Bahía Málaga, departamento del Valle;

2. Carretera Panamericana, ramal Pereira-Nuquí - Ba-hía Solano y el tapón del Darién;

3. Conexión de la Panamericana con la línea férrea de los puertos de Bahía Cupica y Bahía - Candelaria y, con el oleoducto que termina en Coveñas;

4. Ciudadela Industrial de Bahía Málaga;

5. Proyecto Calima III y IV, hidroeléctricas y transvase del río Cauca;

6. Creación de Parques Naturales y áreas de reserva forestal en todo el litoral;

7. Construcción de Hidroeléctricas y de interconexión de Boroboro, Juradó y Mu-rrí, Pizarro, - Timbiquí, Guapí, Unguía y Bocas de Satinga;

8. Proyecto estatal del “Plan de Acción Forestal para Colombia y Explotación Indus-trial del Recurso Forestal, Minero, Pesquero y Palma Africana, por parte de Compa-ñías Nacionales y Extranjeras;

9. Creación de zonas de libre comercio;

10. Autopistas Urrao- Buchadó y Medellín – Quibdó;

11. El Plan Arquímedes para la integración fluvial (Pa-cífico Sur-Pacífico Norte);

3 El Pacífico Colombiano: problemática regional e intervención del Gobierno Nacional en los últimos veinte años.

Ceremonia en la Base de Bahia Malaga.

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12. Acuapista (Comunicación por Esteros) Región Sur del Pacifico;

13. Ampliación del puerto de Buenaventura;

14. Malecón perimetral de la zona insular de Buenaventura;

7 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana.

15. Puerto de agua dulce (Buenaventura);

16. Aeropuerto internacional de Buenaventura;

17. Puerto internacional de Turbo (Tarena- Bahía Ce-vera);

18. Canal seco interoceánico en el Putumayo y Tumaco;

19. Puertos de Málaga, Tribugá, Tumaco y Bahía Cu-pica;

20. Ferri Urabá-Panamá;

21. Sistemas Portuarios Urabá (Tarena-Atrato);

22. Poliducto, vía férrea y carretera Tarena-Tribugá o Cupica;

23. Puerto intermodal de Quibdó (en el marco del Proyecto Arquímedes);

24. Complejo turístico en Guapi;

25. Proyecto de desvío del río Ovejas al embalse de La Salvajina, en el norte del Departamento del Cauca.

El Plan estratégico se ha denominado Proyecto Ar-químedes, y consta de dos componentes: Norte, que

abarca el departamento del Chocó, y Sur, que cobija14 municipios del Pacífico Sur,

en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

El sector norte se enfoca en la articulación de los ejes fluviales río Atrato- río San

Juan, a través del eje terrestre Quibdó- Itsmina- Condoto- Chiquichoque, río San

Juan. Este sector, a su vez, tiene una primera etapa que comprende la articula-

ción del eje Gran Caribe - Golfo de Urabá - río Atrato, con el eje terrestre Quib-

dó- Ánimas - Pereira, centro del País4. Estos ejes viales así articulados, permiten

una opción de tránsito para la carga que hoy pasa por el Canal dePanamá hacia

Buenaventura5, desde el Océano Atlántico, para ingresar a Colombia.

Además se vislumbra la posibilidad de articular esta

ruta con el Proyecto de Ferri Urabá - Panamá (Ruta

del Darién), sistema que sería complementario a la

opción del puerto de aguas profundas en Tribugá

(Chocó).

4 Como una de las ventajas económicas de este proyecto se esboza la reducción de los costos de transporte de la mercancía que ingresa al país en un 25% aproximadamente.

5 En la actualidad el 95% de la carga que llega al puerto de Buenaventura ingresa al país.

Continuar interviniendo el Pacífico colombiano con modelos foráneos es hacerlo cada vez más desconocido para sus propios pobladores y los demás colombianos y, por lo tanto, repetir los errores y las equivocaciones, como lo señala Arturo Escobar, en el énfasis que la intervención estatal ha estado dando a la organización y movilización de la inversión.

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La segunda etapa del sector Norte se desarrolla a partir de la vía Condoto- Chiqui-choque, río San Juan, en donde deberá existir un muelle embarcadero o puerto intermodal, complementado con el dragado del tramo del río San Juan, Chiqui-choque - Boca de Tamaná, para permitir la continuación del tránsito hacia el Océa-no Pacifico, ya que el río San Juan presenta condiciones de navegabilidad natural a partir de esta zona. Para llegar al Puerto de Buenaventura por esta ruta, se han planteado dos rutas opcionales: la primera propone emplear una carretera que se encuentra 7 Km aguas abajo de la población de Pa-lestina, en el río San Juan, para salir a la carretera que comunica a la Base Naval de Málaga con la carretera Buenaventura-Cali. La segunda opción propone una comunicación a través de un canal que se construiría 11 km aguas abajo de Palestina, que desembocaría en la Bahía de Málaga, y desde la Bahía de Málaga se conectarían dos esteros con un canal de cuatro kiló-metros, que permitiría la comunicación directa de la Bahía de Buenaventura con la Bahía de Málaga.

El sector sur consiste en la conexión entre sí de los es-teros (canales) naturales existentes, lo que permitiría la comunicación interna entre la Bahía de Buenaven-tura y la Bahía de Tumaco, a partir de lo que se ha de-nominado La Acuapista, que abarca 14 municipios.6

De otro lado, se estipula la creación de la hidroeléc-trica de Guapi y una ampliación de la interconexión eléctrica en la región, con el fin de aumentar la co-bertura, debido a que en 20 de los 56 municipios la cobertura promedio entre cabeceras municipales y zonas rurales es inferior al 50%, y en municipios como el Charco (Nariño), Bojayá (Chocó), Murindó (Antioquia) y Alto Baudó (Chocó) el promedio de cobertura en cabecera y zona rural es inferior al 10% de las vivien-das.7 Otro grupo de proyectos hidroeléctricos están proyectados para la subre-gión del Atrato, enfocados al abastecimiento de la demanda de los proyectos.

Agroindustriales

En este aparte se agrupan diversos proyectos de tipo agropecuario, forestal, pesquero y agroindus-trial, tales como las actividades asociadas de siem-bra de palma africana, extracción de aceite crudo de palma y producción de biodiesel, la producción ganadera, la extracción maderera, la producción ca-maronera, los cultivos de uso ilícito, entre otros.

6 El cálculo oficial estima que este proyecto vial incidiría en más de novecientas mil personas e incorporaría más de 5´000.000 has a la producción y comercialización del país, aunque no es precisa en señalar los impactos socio ambientales de dicho proyecto los cuales serían de enormes proporciones, ya que se trata de zonas de gran diversidad biológica y que corresponden en gran medida a territorios de titulación colectiva.

7 El Pacífi co Colombiano: problemática regional e intervención del Gobierno Nacional en los últimos veinte años.

Río San Juan.

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Mapa 1. Proyecciones Plan Arquímedes13ctos portuarios, industriales y de las poblacionesTo

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fuente: Ministerio de Transporte. PRIPacífico/Proyecto Arquímedes.

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Estos proyectos no sólo demandan grandes extensiones de tierra para su im-plementación, por lo que han generado conflictos por el territorio entre las co-munidades y los “empresarios”, sino que de la mano se han producido grandes afectaciones a ecosistemas considerados estratégicos, producto de la destrucción de bosques naturales para el posterior establecimiento de plantaciones, potreros, haciendas ganaderas, etc. De esta manera se ha acelerado la tasa de deforestación en la región, con los consecuentes efectos sobre la biodiversidad y la sostenibili-dad de áreas en muchos casos de protección y reserva forestal, caracterizadas no sólo por su riqueza natural sino por su vulnerabilidad.

A continuación haremos una breve caracterización de algunos de los principales proyectos agroindus-triales cuya forma de implantación vienen generando graves conflictos socioambientales en la región del Pacífico colombiano.

Extracción maderera

Aunque la región del Pacífico tiene la menor exten-sión territorial de todas la regiones, es la segunda ma-yor reserva forestal del país, después de la Amazonía, con una cobertura en bosque correspondiente al 75% de su extensión.

Esta región presenta ecosistemas variados de alto gra-

do de diversidad biológica. De hecho, algunos de ellos

se encuentran bajo el estatus legal de Reservas Fores-

tales, y comprende los parques nacionales naturales de

los Katíos, Utría, Sanquianga y parte de los parques nacionales naturales Farallones

de Cali, Munchique, Tatamá y Paramillo; sin embargo, estos no han escapado a la

presión antrópica y vienen sufriendo una fuerte presión debido a la altísima tasa de

deforestación que se ejerce desde Tumaco hasta el Bajo Atrato, tanto para la extrac-

ción maderera, el establecimiento de plantaciones de palma y coca, así como para el

establecimiento de proyectos de explotación minera y de infraestructura.

“El Pacífico colombiano ha sido identificado como la región de más alta concen-

tración de biodiversidad por unidad de área reportada en el mundo. Se han en-

contrado hasta 400 especies de árboles y 800 vertebrados por hectáreas, cifra

récord, muy por encima de la Amazonia [...] Han sido descubiertas entre 7.000 y

9.000 especies de plantas de las 45.000 que hay en Colombia, y se cree que un

poco más de 2.000 especies de plantas y 100 especies de aves de la región no

se encuentran en otro lugar del mundo” (BioPacífico, 1993:5, citado por Cortés

y Restrepo, 2001).

Farallones de Cali.

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Sin embargo, esta enorme riqueza de biodiversidad se ve seriamente amenazada por la deforestación, que en la región se estima en más de cinco millones de hectáreas, teniendo en cuenta que la cobertura fo-restal estimada en 1959 era de 9’806.050 hectáreas, mientras que para mediados de los noventa sólo se mantenía el 43% (4’248.550 hectáreas), a una tasa de deforestación estimada en cerca de 154.000 hectá-reas de bosque al año.

Debido a la relativa facilidad del transporte de las tro-zas de madera a través de la imbricada red fluvial, el Pacífico se ha convertido en la región del país con la mayor tasa de aprovechamiento forestal, cuyos pro-ductos son utilizados en una amplia gama de proce-sos productivos, tales como la ebanistería, carpintería,

construcción y perfumería y producción de taninos, pulpa para papel, leña y car-bón. En buena parte de los casos se tala el bosque en búsqueda de nuevas tierras para la colonización.

Esta región provee la mayor parte de madera del país. El municipio de Guapi representa el 16% de la reserva forestal del Pacífico. De allí se extraen maderas de gran valor económico, que representan el 45% de la madera puesta en el mercado nacional. La extracción maderera se hace en este municipio a una tasa del orden de 30.000 árboles al mes8.

En el Bajo Atrato Chocoano y antioqueño la situación es muy preocupante. La explotación se hace en condiciones de ilegalidad y de precariedad por parte de los corteros, en un negocio controlado por paramilitares9 y empresarios so-

cios de estos. Como hecho reciente está el reporte de la pérdida de 800 salvoconductos para el trans-porte de madera, de las instalaciones de Codecho-có en Quibdó10, a lo que se agrega la corrupción de funcionarios del ente encargado de controlar esta situación, que constituye un fuerte agravante. Ma-deras del Atrato, Pizano S. A., Aserrío Covadonga, Tríplex Pizano, Maderas Riosucio y Maduraba son las grandes empresas madereras que han operado en el bajo Atrato. Dichas empresas pertenecen a dos grandes emporios económicos con capitales nacio-nales y extranjeros: el Grupo del Dago y Pizano S. A., que tiene sus plantas de producción de chapas y trí-plex en Barranquilla11.

8 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_el_corazon_del_pacifico_la_deforestacion_tiene_su_entrana_en_guapi/en_el_corazon_del_pacifico_la_deforestacion_tiene_su_entrana_en_guapi.asp

9 “El negocio de la madera era porque necesitábamos finanzas. Nosotros les entregábamos la motosierra, la comida y el combustible al precio que valía. Y como la tropa avanzaba combatiendo a la guerrilla, ellos trabajaban en zonas que estaban más controladas y nos vendían la madera a nosotros al precio que se vendía en Riosucio. Si nos vendían a 700 mil, nosotros se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que podían producir 100 millares de madera trimestral” Declarasiones de alias “El Alemán” a la revista semana. Disponible en www.semana.com.

10 Información brindada por un funcionario de la Corporación.

11 CORTÉS y RESTREPO, 2001

En el Bajo Atrato Chocoano y antioqueño la situación es muy preocupante. La explotación se hace en condiciones de ilegalidad y de precariedad por parte de los corteros, en un negocio controlado por paramilitares y empresarios socios de estos.

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Palma africana

Resaltamos a la vez los intereses económicos, represen-tados en las plantaciones de palma aceitera en Tumaco y en el Bajo y Medio Atrato. Colombia es el cuarto pro-ductor mundial de aceite de palma, después de Mala-sia, Indonesia y Nigeria, con una producción anual de 547.000 toneladas de aceite crudo al año. Para el año 2007, el área sembrada a nivel nacional ascendió a 316 mil hectáreas, de las cuales 34.610 corresponden a la región Pacífica. La proyección es llegar en el mediano plazo a un área sembrada de 743.000 ha.y cubrir bue-na parte de la demanda mundial de aceite y biodiesel, entre otros objetivos planteados en el plan estratégico del sector palmicultor12.

Los principales consorcios propietarios de plantacio-nes–plantas de extracción (siete en total), son: Palmas de Tumaco del Grupo Rafael Espinoza Hermanos Cía. S.C.A., Astorga del Grupo Varela Hermanos, Salamanca del Grupo Mayagüez y Palmeiras del Grupo Corredor Mejía y Cía13.

Para la producción de biodiesel se tiene proyectada la construcción de una planta para el procesamiento de 2000 litros diarios de aceite crudo, que estaría ubicada en la sede de Corpoica, en la subregión del río Mira, en el municipio de Tumaco. La ejecución de dicho proyecto se ha visto postergada por la epidemia de pudrición del cogollo que afectó a buena parte de los cultivos de palma de esta región.

La implantación del proyecto palmicultor y su agroindustria asociada, ha gene-rado una fuerte presión sobre las comunidades de los territorios colectivos de afrodescendientes y resguardos indígenas, principalmente en el departamento del Chocó. Allí el establecimiento de las plantaciones ha estado marcado por el desplazamiento de más de 6.000 pobladores del Bajo Atrato, la desaparición de 16 poblaciones y 110 asesinatos y desapariciones de miembros de dichas comu-nidades. Esto ha sucedió a pesar de que por medio de las resoluciones 02801 y 02809 del 22 de noviembre de 2000 se adjudicó la titulación colectiva de 54.973,8 ha.y 46.084,7 ha., respectivamente, a las comunida-des afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó.

En este proceso se evidencia de manera clara la correlación directa entre el accionar criminal de militares y paramilitares y el interés de grupos eco-nómicos cómo Urapalma, Palmas de Curvaradó, Pal-mura S.A. y la Promotora Comercial de Curvaradó (Palmadó), entre otras, impulsadas y apoyadas des-de el gobiernonacional.

12 Multiplicar en siete veces la producción, pasando de 500.000 toneladas en 1999 a cerca de 3,5 millones en el 2020. Incrementar la productividad por hectárea de 3,9 toneladas de aceite en 1999 a 5,5 toneladas en el 2020. Crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el 2020, con una tasa de crecimiento del 8 anual, teniendo en cuenta que en Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de la palma de aceite. Crecer en exportaciones de aceite de palma, pasando del 24 de la producción nacional en 2001 al 78 en el 2020.

13 EKAS Papers No. 2, Noviembre de 2008. Pág.13

Cultivo de palma de aceite.

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Estas empresas establecieron un total de 3.834 ha.de plantaciones de palma africana en los mu-nicipio de Carmen del Darién y Río Sucio, de las cuales, con base en las investigaciones efectuadas por funcionarios del Incoder, el 93% corresponde a tierras de titulación colectivas de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, que son inembarga-bles y de propiedad imprescriptible, de acuerdo a lo establecido por la Ley 70 de 1993, por lo que las empresas son tenedoras o poseedoras de mala fe de estas tierras.

Tabla 10. Área sembrada por empresas palmicultoras en los municipios de Carmen del Darién y Río Sucio en el departamento del Chocó

EMPRESA AREA SEMBRADA

Urapalma 2.723

Promotora Comercial de Curvaradó (Palmadó) 80

Palmas de Curvaradó 398

Palmura 633

Total 3.834

Fuente: Incoder

Esta situación, lejos de resolverse, se está agravando, dado que en el transcurso de

los últimos dos meses en que se realizó este diagnóstico han sido asesinados Ma-

nuel Moya Lara, Graciano Blandón y Argénito Díaz Tapias, líderes del Consejo Co-

munitario de Curvaradó,14 quienes venían liderando

las acciones legales a nivel nacional e internacional

para la restitución de las tierras usurpadas a sus co-

munidades. Ligado a lo anterior tenemos el hecho de

que la mayor parte de las plantaciones establecidas

se han hecho a partir de la tala de bosques primarios

y secundarios, lo que trae serias implicaciones am-

bientales. Aunque el discurso del gremio palmicultor

lo niegue, pese a que los cultivos de palma presentan

una biodiversidad asociada, ésta es ínfima en compa-

ración con la riqueza del bosque natural15.

Otro de los efectos sentidos a partir de la implanta-ción de estos proyectos consiste en que los mismos

La mayor parte de las plantaciones de palma africana se han hecho a partir de la tala de bosques primarios y secundarios, lo que trae serias implicaciones ambientales, y la biodiversidad asociada a ésta, es ínfima en comparación con la riqueza del bosque natural.

14 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinan_a_dos_lideres_de_curvarado/ asesinan_a_dos_lideres_de_curvarado.asp y http://www.eltiempo.com/colombiajusticia/asesinan-otro-lider-negro-en-curvarado-choco-es-el-tercero-en-los-ultimos-dos-meses_6953687-2, visitadas el 19 de diciembre y el 22 de enero de 2010 respectivamente.

15 Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemasuniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, aunque los cultivos de palma tienen una biodiversidad asociada, ésta es inferior a la presente en bosques primarios e intervenidos. Se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona”. 2 Boletín informativo no. 21. Instituto Humboldt. Agosto 2000 Biosíntesis.

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van en contravía de la vocación productiva de las co-

munidades, que se centran en la producción de arroz,

plátano, yuca y pan coger, sumada a la problemática

de tierras, la vulneración de la soberanía alimentaria y

la autonomía de las comunidades.

Cultivos de uso ilícito

En el periodo 2007-2008 se estima un área sem-

brada de plantaciones de coca a nivel nacional de

81.000 ha., con una reducción del 18% respecto del

año 2007 en el que el área sembrada era de 99.000

ha. En contraste, en la Región Pacífica se presentó

un aumento del 15%, pasando de 25.960 a 29.920

hectáreas en el mismo período. Dicha actividad ilí-

cita, según cifras del Observatorio de las Naciones

Unidas para las Drogas, ocupa a 110.116 personas y

constituye una importante fuente de ingresos para una cantidad significativa

de familias en la región. Ligada a lo anterior está el hecho de que en Nariño se

encuentra el 34% de todos los lotes menores de ¼ de hectárea del país en 2008,

con lo que se evidencia el carácter minifundista de la producción.

Departamento 2004 20005 2006 2007 2008 Variación2007-2008

Nariño 14.154 13.875 15.606 20.259 19.612 -3

Cauca 1.266 2.705 2.104 4.168 5.422 +30

Chocó 323 1.025 816 1.080 2.794 +159

Valle del Cauca 45 28 281 453 2.089 +361

Total 15.788 17.633 18.807 25.960 29.917 +15

Fuente: UNODC, 2009.

Nariño es el primer departamento en área sembrada con el 24% del total del país.

En este departamento los cultivos de coca cobraron importancia en 2002, cuando

disminuyeron en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá.22 La dis-

minución en esos departamentos es resultado de las actividades de erradicación,

que redujo en 40.000 ha.el área sembrada, mientras que los cultivos en Nariño

aumentaron en 7.600 ha., ubicadas principalmente en las zonas de los ríos Tapaje,

Patía y Mira.

Cultivo de hoja de Coca.

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La aspersión aérea en Nariño llegó a 54.000 ha.; adi-cionalmente, se reportaron 7.895 ha.de erradicación manual en 2008. La información satelital muestra un aumento de la cantidad y extensión del área sembra-da en las subregiones del Alto Mira, en el Bajo Baudó y Bajo y Medio San Juan.

El departamento del Chocó también presenta un aumento de 1.080 ha. en 2007 a 2.794 ha. en 2008. Sin embargo, debido a las condiciones de nubosidad casi permanente, el incremento no necesariamente corresponde a lotes nuevos sino a unos identificados por primera vez. Adicionalmente, este aumento pue-de deberse a que el departamento es una importante puerta de salida para exportación de cocaína y tam-

bién a las dificultades meteorológicas y topográficas para la aspersión aérea y la erradicación manual. Es así como no se realizó ninguna aspersión aérea, aunque se erradicaron manualmente 677 ha.en 2008.

Tabla 12. Los diez municipios con la mayor área cultivada con coca y de mayor producción de cocaína en Colombia, 2008

Municipio Departamento Área cultivada con coca (hectáreas)

Del área cultivada con coca en Colombia

Producción de cocaina pura (t.m)

Tumaco Nariño 5.865 7,2 16

Cumarimbo Vichada 3.128 3,9 48

Barbacoas Nariño 3.080 3,8 7

Puerto Asís Putumayo 2.627 3,2 18

El Retorno Guaviare 2.415 3,0 15

Roberto Payán Nariño 2.226 2,9 7

Maguí Nariño 2.240 2,8 7

El Charco Nariño 2.202 2,7 5

Mapiripán Meta 2.180 2,7 12

San José del Guaviare Guaviare 2.143 2,6 15

Total 28.216 34 150

Fuente UNOCD, 2009

Diagnóstico territorial del Pacífico colombiano en perspectiva de Derechos Hu-manos.

De los 10 principales municipios a nivel nacional con plantaciones de coca, cinco corresponden a las áreas de incidencia de las diócesis y vicariatos en la costa Pacífica, alcanzando un área de 15.723 hectáreas sembradas correspondientes al 19,4% del total nacional.

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De los 10 principales municipios a nivel nacional con plantaciones de coca, cinco corresponden a las áreas de incidencia de las diócesis y vicariatos en la costa Pacífica, alcanzando un área de 15.723 hectá-reas sembradas correspondientes al 19,4% del total nacional.

La política de fumigaciones en la región afectó en 2008 un área de aproximadamente 60.000 ha. La aspersión de cultivos se ha efectuado en áreas de ecosistemas frágiles, contaminando fuentes de agua y suelos, afectando la salud de los pobladores de la zona y programas de cultivos de pan coger y proyec-tos productivos establecidos por las comunidades, algunos de ellos con financiación de cooperación internacional. Estas afectaciones violan los acuerdos establecidos de erradicación manual y la certificación de la no presencia de culti-vos de uso ilícito en sus inmediaciones por parte de organismos como la ONU16.

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nariño 8.216 17.962 17.962 36.910 57.630 59.865 36.275 54.050

Cauca 741 - - 1.308 3.292 1.536 3.557 6.891

Chocó - - - - 425 - -

Valle - - - - 5 - -

Área cultivada 145.000 102.000 86.000 86.000 86.000 78.000 99.000 81.000

Fuente UNOCD, 2009

Además del creciente aumento del área sembrada de coca en la región, ésta co-rresponde a un territorio en disputa por parte de diversos actores (narcotrafi-cantes, paramilitares, guerrillas y FF.AA.), debido a las ventajas de la zona para la localización de laboratorios y el embarque de drogas hacia el extranjero. De he-cho, buena parte de las muertes violentas que se presentan en municipios cómo Tumaco, Buenaventura, Turbó, Apartadó e Istmina se relacionan con dicha disputa territorial y con el tráfico de drogas.

Minería

A partir de los objetivos y estrategias planteadas en el Plan de Nacional Desarrollo Minero, Visión 2019, se esboza el propósito de hacer de Colombia un país para la minería. En este sentido, se efectuó una reforma al código minero que se orien-tó al favorecimiento de los intereses de las grandes corporaciones mineras, especialmente las de capital foráneo. Además se afecta de manera ostensible a la

16 http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/Informe_Semanal_de_Situacion_Humanitaria_OCHA_19_20.pdf y http://notimundo2.blogspot.com/2009/05/comunidades-del-pacifi co-surclaman.

Cultivo de Coca en Tibú.

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pequeña minería y a la minería artesanal, que es una de las principales actividades económicas de subsistencia de las comunidades negras e indígenas en el depar-tamento del Chocó.

Como un indicador relevante de la tendencia al favorecimiento del capital trans-nacional, encontramos cómo el 52,6% de las 76 concesiones o títulos mineros en la zona del Pacífico otorgados entre el 4 de noviembre de 2008 y octubre de 2009, fueron entregados a empresas de capital extranjero, 32 de ellas a la mul-

tinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti (AGA)17.

Otro factor que problematiza el orden social y am-biental es la minería aluvial desarrollada en el de-partamento del Chocó que, de acuerdo a los censos mineros realizados por CODECHOCO, operó en 2007 en 9 municipios del departamento (105 entables mi-neros con 214 retroexcavadoras).

El efecto ambiental negativo de esta actividad es ge-nerado por:18

• Tala de bosques y destrucción de suelos a una tasa aproximada promedio de 4 hectáreas/año por enta-ble minero.

• Destrucción de fuentes hídricas y cambios en cauces de ríos y Quebradas por el aporte promedio de 3.100 toneladas/año de sedimen-tos por entable;

• Contaminación de fuentes hídricas y suelos con aproximadamente 339 galones/año de aceites usados por entable minero;

• Contaminación de fuentes hídricas, aire y suelo con aproximadamente 36 kilos/año de mercurio por entable minero;

• Apertura de pozos de agua que posibilitan el desa-rrollo de vectores causantes de enfermedades endé-micas;

• Migración y destrucción de especies de fauna íctica, avifauna y fauna terrestre;

• Pérdida de biodiversidad y erosión genética por in-tervención y destrucción de ecosistemas frágiles.

Otra arista del problema es la enorme dimensión del impacto de la minería ilegal en el departamento del

17 AGA es el segundo productor mundial de oro, tiene presencia en 21

departamentos y 326 municipios, siendo 1.216 solicitudes. Antioquia

(1.800.000 hectáreas), Sur de Bolívar (520.000 hectáreas), Chocó (652.495).

Kedahda S.A resulta beneficiándose de la represión, en los lugares donde

pretende desarrollar explotaciones: 70 municipios Crímenes de lesa

humanidad, 99 desplazamiento forzado y despojo de territorios y bienes. Entre

1988 y 2003 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad,

Un total de 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus

territorios por parte de paramilitares (Fuente: Federación Agrominera del Sur

de Bolívar –FEDEAGROMISBOL)

18 Contraloría General de la Nación. Situación de la minera aluvial de metales

preciosos (oro y platino) en el departamento del Chocó.

Otro factor que problematiza el orden social y ambiental es la minería aluvial desarrollada en el departamento del Chocó que, de acuerdo a los censos mineros realizados por CODECHOCO, operó en 2007 en 9 municipios del departamento.

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Chocó. Se calcula que la producción anual asciende a tres toneladas del mineral, mientras que el monto de las regalías recaudadas por éste correspondían a una tonelada del metal precioso19. En cifras del año 2005 –cuando el gramo de platino se cotizaba a US$27,9 y el de oro a US$13,6– se estimaba que el comercio clandes-tino de platino ascendía a la cifra de US$55,9 millones anuales y el del oro (que en el Chocó se encuentra asociado al platino en una proporción de dos a uno) a US$54,4 millones/año.

Otro elemento clave a analizar está relacionado con la violación de los derechos etnicoterritoriales de las comunidades, producto del ejercicio de la minería ilegal e incluso legal, como el caso de los territorios solicitados por COCOMOPOCA en el Alto Atrato. A partir del seguimiento que se le ha hecho a los municipios y los resultados de las visitas a las comunidades que se encuentran en el área de in-fluencia de la COCOMOPOCA, se encontró que en el Municipio de Bagadó hay 13 retroexcavadoras tra-bajando, en el Lloró hay 25 aproximadamente y en el Municipio del Atrato hay 5. Ninguno de estos en-tables mineros posee los titulo mineros, no tienen planes de manejos ambientales y no han realizado la consulta previa con las comunidades20.

Lo anterior evidencia la violación recurrente y de manera flagrante del derecho a la consulta previa a las comunidades para determinar la viabilidad de la im-plementación de cualquier proyecto de extracción de recursos mineros o de desarrollo de proyectos de infraestructura, entre otros21. La minería artesa-nal representa para buena parte de la población más vulnerable del departamento del Chocó la principal y, en muchas ocasiones, la única fuente de ingreso, por lo que el establecimiento de grandes proyectos de extracción minera no sólo representa una amenaza para los ecosistemas estratégicos de esta bioregión, sino para la subsistencia misma de las comunidades que dependen de esta actividad y de cuya fuente de ingresos se verían privados.

19 Codechocó, 2007.

20 Ficha de documentación de caso: El no reconocimiento de titulación colectiva a los territorios de Cocomopoca.

21 Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991. Artículo 15,1. Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Minería artesanal en el Chocó.

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El proyecto de ley tierras2 fue presentado por el actual gobierno, como parte de un conjunto de iniciativas que le permitirían cumplir con el propósito de “democrati-zar la propiedad rural”3, junto con la incorporación de un capítulo destinado a la restitución de tierras dentro del proyecto de ley de víctimas y de un proyecto de ley integral avocado al tema agrario, cuyo alcance sería más amplio que la aplicación de medidas de carácter restitutivo.

A través del proyecto de ley de tierras, se abordarían un conjunto de medidas orientadas a materializar el anuncio del gobierno Santos de restituir dos millones de hectáreas a los desplazados; mediante el proyecto de ley de víctimas –radicado por el gobierno durante la última semana del mes de septiembre- se ampliaría la posibilidad de acceso a la justicia de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras -de hechos que no hayan sido investigados ni confesados en aplicación de la ley 975 de 2005- y se concretaría la adopción de otras medidas de reparación diferentes a la devolución de tierras, entre ellas la indemnización

de carácter administrativo. El proyecto de ley integral daría cuenta de la propuesta de una política integral de tierras para Colombia4, centrada en la restitución de tierras - y por ende en la formalización de la propiedad rural- y en la modificación

del uso actual de la tierra con la finalidad de aumen-tar la productividad de la tierra, para avanzar hacia el desarrollo del país.

Las ventajas que preliminarmente pudieran advertir-se de la integralidad de la propuesta, parecen diluirse una vez abordado el análisis del proyecto de ley de tierras - manifestación inaugural de una propuesta de restitución- en el que no caben las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, y a través de la cual se evidencia que la restitución sería

El alcance limitado de la restitución en el proyecto de ley de tierras del gobierno

No se reconoce como destinatarios da las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, se habla en cambio de beneficiarios de la restitución, incluyendo dentro de este concepto a quienes han sido despojados de sus tierras o han sido obligadas a abandonarlas como consecuencia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz.

1 Abogada especializada en Derecho Penal, Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA .

2Proyecto de Ley “Por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”. Radicado el 7 de septiembre ante el Congreso por el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y por el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, en adelante citado como proyecto de Ley de tierras.

3 Restrepo Juan Camilo. Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. “Una política integral de tierras para Colombia”. ppt. Bogotá. Agosto de 2010.

4 Ibídem

Por: Carmen Andrea Becerra Becerra1

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un mecanismo dispuesto para agudizar la concentración de la tierra, para decretar y consolidar cambios en el uso del suelo en la línea del modelo agroexportador, y para continuar negando el derecho a la tierra y al territorio de las mujeres, los campesinos y los grupos étnicos.

Es difícil encontrar correspondencia entre el propósito de restitución de los dere-chos a la tierra y al territorio de las víctimas del desplazamiento forzado y del despo-jo de tierras y territorios, y lo dispuesto en el articulado del proyecto de ley de tierras, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

No se reconoce como destinatarios de esta ley a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, se habla en cambio de beneficia-rios de la restitución, incluyendo dentro de este con-cepto a quienes han sido despojados de sus tierras o han sido obligadas a abandonarlas como consecuen-cia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz. (Art 2), obstaculizando así el acceso a la justicia –vía ley de restitución de tierras- de un numeroso grupo de víctimas5 que eventual-mente podría solicitar la aplicación de las medidas de carácter restitutivo anunciadas, pero cuyo desplaza-miento, despojo y/o abandono forzado de tierras no figura dentro de los hechos confesados o investiga-dos en el marco de los procesos de justicia y paz.

Sobre el alcance limitado de la restitución de tierras en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005 es revelador el balance formulado por Gerardo Vega, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a cinco años de su entrada en vigencia: Aunque se tiene conocimiento que cerca de 5 millones de hectáreas fueron usurpadas por las autodefensas, sólo se ha devuelto 1500 hectáreas6 . Dentro de las dificultades que dan cuenta de esta precaria cifra, en el marco de la denominada ley de justicia y paz, pueden identificarse al menos dos que parecerían perpetuarse de ser aprobada el proyecto de ley de tierras del gobierno: la falta de voluntad - de los postulados a la ley de justicia y paz- para la entrega de bienes despojados. La no identificación de otros res-ponsables del despojo y/o abandono forzado de tierras que no aparecen como destinatarios de la ley de justi-cia y paz, tales como agentes del Estado, empresarios, políticos, así como las instituciones que contribuyeron y posibilitaron la legalización del despojo.

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5 En el VII informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF. 2008), se presentan los siguientes estimativos sobre hectáreas despojadas: Contraloría General de la República: 2.9 millones de hectáreas; INCORA – Hoy INCODER: 4.9 millones de hectáreas; Acción Social - Programa de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP): 6.8 millones de hectáreas; Catastro Alternativo del Despojo – MOVICE: 10. 0 millones de hectáreas; Ibáñez, Moya y Velázquez: 1.2 millones de hectáreas; Programa Mundial de Alimentos: 4.0 millones de hectáreas.

6 Ver ICTJ. “Justicia y paz, en deuda con las víctimas”. Julio 11 de 2010.actividades.

Campesinos desplazados de su tierra.

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En cuanto a la restitución del derecho a la tierra la ley no tiene en cuenta que esta medida sería inaplicable frente a la mayoría de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, a quienes les ha sido negado el acceso a la tierra, siendo la restitución un mecanismo inadecuado e insuficiente.

En cuanto a la restitución se menciona que de no ser posible ésta, se acudirá al me-canismo de la compensación económica (Art 1). Al respecto es pertinente destacar cómo el procedimiento previsto en la ley para la restitución de tierras, responde a la lógica de dirimir los conflictos generados a partir de derechos sobre un mismo predio, privilegiando el derecho de quien se encuentre registrado ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas–adscrita al Ministerio de Agricultura7, como propietario de éste, y facultando a esta Unidad para solicitar al Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Agraria8 la titulación y entrega del respectivo predio (Art 8 ). Es necesario anotar que tanto las medidas de restitución

previstas en este proyecto de ley están totalmente des-articuladas de la responsabilidad en el desplazamiento forzado y el despojo de tierras y territorios, dejando abierta la posibilidad de restituir tierras a los respon-sables y beneficiarios del despojo, consolidando así la denominada legalización del despojo.

En cuanto a la compensación, se afirma que el valor de esta puede ser decretada por el Tribunal frente terceros de buena fe que hayan presentado oposiciones en el proceso judicial (Art 19) y que éste valor será pagado por el fondo administrado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Esta Unidad tendrá además la competencia de determinar, recono-cer y pagar compensaciones en el evento en que resul-ten varios despojados de un mismo predio, o cuando el despojado manifieste su voluntad de no retornar al predio. A propósito del análisis de la consagración de

medidas de carácter compensatorio en el proyecto de ley mencionado, cabe anotar que no tienen en cuenta la identificación de los diferentes tipos de daños causados, y que podrían dar lugar al inaceptable supuesto de compensación a los despojadores.

Sobre la restitución de los grupos de especial protec-ción, reconocidos por la Corte Constitucional como víctimas del desplazamiento forzado en la sentencia T 025 - mujeres y grupos étnicos- , no se hace refe-rencia expresa, circunscribiendo las medidas de res-titución y compensación previstas en éste proyecto de ley a reclamaciones de tipo individual, por una lado, y anunciando, por otro lado, la creación de un registro de tierras despojadas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el cual estará a cargo del Gobierno Nacional, previo el cumplimiento de la obligación de consulta a estas comunidades (Art 5

7 “Se crea el “REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS”, como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de tierras despojadas se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras en las zonas amparadas con presunción de despojo. El registro se desarrollará en forma gradual y progresiva, en concordancia con las declaratorias de zonas afectadas a que se refiere esta ley. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas”. Art 5. Proyecto de Ley de Tierras.

8“Los tribunales superiores de distrito judicial - Salas Agrarias, o las que ejerzan sus funciones- serán competentes en única instancia para conocer y decidir judicialmente los procesos de restitución de tierras de despojados, en forma temporal y hasta tanto culmine el programa de restitución, conforme con el procedimiento establecido en la presente ley”. Art 7 Ley de Tierras.

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parágrafo). Sobre este último aspecto surgen varias preocupaciones, la primera de ellas se concreta en la alta probabilidad de instrumentalización de la consulta pre-via como una mera formalidad y como un requisito de trámite para la creación del registro de tierras anunciado desde ya en la norma, la segunda da cuenta del des-conocimiento de la consulta previa como un derecho fundamental de los grupos étnicos que se encuentra en estrecha relación –tal como lo ha destacado la Corte Constitucional9 en varias sentencias - con los derechos a la integridad cultural, a la autonomía, al territorio y a la participación.

No hay referencia alguna en el proyecto de ley a un enfoque diferencial basado en género, ni en la pertenencia a un grupo étnico. En cuanto a la restitución del de-recho a la tierra la ley no tiene en cuenta que esta medida sería inaplicable frente a la mayoría de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, a quienes les ha sido negado el acceso a la tierra, siendo la restitución un mecanismo inadecuado e insuficiente. Finalmente, es claro cómo continúa desco-nociendo a los campesinos como otro grupo de especial protección teniendo en cuenta su relación con la tierra y su aporte en la configuración del territorio a partir de actividades de tipo económico, político, organizativo, social y cultural.

En cuanto a los mecanismos destinados a la protección (Art 21), contempla el pro-yecto de ley el plazo de dos años (a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión de restitución, o de entrega, si ésta fuera posterior) para proteger las tierras res-tituidas, indicando que éste derecho no será transferible por acto entre vivos a ningún título, estableciendo a renglón seguido dos excepciones tan amplias que contrarían de por sí el sentido y la finalidad misma de las medidas de protección, la primera de ellas da cuenta de la posibilidad – respecto a quienes les haya sido restituido su derecho a la tierra - de realizar cualquier acto de disposición con el Estado, la segunda se concreta en la autorización expresa de la Unidad Administra-tiva Especial de Gestión de Tierras Despojadas para realizar cualquier negociación entre vivos de las tierras restituidas, antes de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión de restitución.

Los mecanismos anteriormente analizados, en el marco del proyecto de ley de tierras que se tramita actualmente ante el congreso, como la puerta de entrada de la propuesta de “democratización de la propiedad rural”, permiten afirmar que la restitución propuesta por el gobierno tiene un alcance limitado al no dar cuenta de todos los daños causados, ni de la magnitud de los derechos vulnerados, al no incorporar otras medidas reparación en perspectiva individual y colectiva, al evadir el tema de los responsables y beneficiarios del despojo, y al hacer ilusoria la protección de las tierras, consagrando –bajo una nueva versión legislativa- la concentración de la tierra y la legalización del despojo y perpetuando las condi-ciones estructurales de exclusión en que vivían de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios.

9 Corte Constitucional, Sentencias: T-342 de 1994, T-349 de 1996, T 880 de 2006, C 039 de 2008, C 175 DEL 2009, entre otras.

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El Consejo Mayor Comunitario del cañón del Rio Por-ce Por la Dignidad, organización que fue creada para garantizar la defensa de los derechos de las comuni-dades afectadas por la construcción del Proyecto Hi-droeléctrico Porce IV, en Asamblea General en la sede comunitaria “AZA” Vega de Naranjal-Amalfi-Antioquia el pasado 23 agosto en consenso se toma la decisión de hacer saber que las Empresas Publicas de Medellín empresa dueña del proyecto, por diferentes medios de comunicación y en diferentes oportunidades ha manifestado su descontento con el número de perso-nas que aparecen como afectadas por la construcción de Porce IV, generando en la opinión publica una cor-tina de humo, que no deja ver la verdadera dimensión del problema que allí se vive

Los humildes habitantes de la región que van a ser desplazados por la construcción del MEGAPROYEC-TO, su actividad económica va hacer eliminada, por-que esta depende fundamentalmente de la existencia del RIO PORCE y con él perderán toda posibilidad de supervivencia si no se le da un manejo adecuado al impacto causado.

Nuestra ALERTA TEMPRANA consiste en denunciar el hecho de que Empresas Públicas de Medellín, de manera inexplicable, ha venido dilatando el proceso de concertación pactado por medio de unas Mesas Temáticas acordadas en el marco de la Comisión In-termunicipal. Por esta razón descargamos responsa-bilidades a las EPM por cualquier cuello de de botella que se pueda presentar en esta negociación, tenien-

do en cuenta la buena voluntad y respeto por los acuerdos pactados por parte de la organización co-munitaria.

Manifestamos igualmente nuestra preocupación frente a las consecuencias y afectación por el llena-do de la represa del proyecto Hidroeléctrico Porce III, con el cual se incrementará el volumen del agua aumentara y se eliminará definitivamente la posibili-dad del ejercicio de la actividad minera en todas sus modalidades aguas abajo. Hasta el momento no se ha conocido por parte de la comunidad un plan de con-tingencia concreto.

Mayores informes en el teléfono 312 7751183

Consejo Mayor Comunitario Amalfi – Zaragoza - Anorí - Asa

Cañón del Porce por la dignidad

Agustín TobónPresidente

Las comunidades afectadas por el proyecto PORCE IV lanzan alerta temprana por

dilación de Empresas Públicas en la negociación y por el llenado de PORCE III

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