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I – INTRODUCCION

La escasa generación de empleo por parte de la economía nacional, aun con tasas de crecimiento anuales superiores al 7 % del PBI en un contexto de índices de desocupación superiores al 15 %, resulta el principal obstáculo socioeconómico que enfrenta el actual modelo económico.

Tras la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares, de octubre de 1997, los analistas oficiales justificaron su optimismo en la evolución del mercado laboral, tras observar que en el período 1996-1997 se habían generado alrededor de un millón de puestos de trabajo, con lo cual se logró una reducción en la tasa de desempleo del 20,8 %, pasando la misma del 17,3 % al 13,7 % de la PEA.

Sin embargo, una mirada más próxima a la modalidad específica que asume la generación de empleo en la economía argentina de fin de siglo, permite obtener mayores precisiones para analizar la consistencia real del mercado de trabajo y ponderar expectativas.

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II - EL MERCADO DE TRABAJO ARGENTINO DE FIN DE SIGLO SITUACION GENERAL

El Cuadro Nº 1 muestra el fuertísimo nivel de intervención estatal sobre el mercado de

trabajo, mediante el desa-rrollo de planes de empleo y programas de capacitación laboral durante el año 1997.

El Cuadro Nº 2 desagrega la totalidad de puestos de trabajo generados en el año, según su

origen en planes estatales, contratos promovidos o empleo genuino. Como se observa, mientras el 41.5 % del total de empleo generado corresponde a planes precarios desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Trabajar I y II, fundamentalmente) y el 30 % son puestos desarrollados por modalidades contractuales promovidas, sólo el 28,5 % del total de puestos de trabajo del último año corresponde a generación genuina por parte del sistema productivo, sin intervención estatal.

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Si se considera la generación de empleo desagregada por origen respecto de la evolución de

la PEA anual, la situación del mercado de trabajo asume mayores niveles de criticidad. El Cuadro Nº 3 muestra la evolución y crecimiento de la PEA urbana durante el lapso

octubre de 1996-1997, el empleo genuino generado sin intervención del Estado y el déficit correspondiente respecto de la sola evolución de la PEA en los doce meses analizados.

Como se observa, el déficit de empleo genuino en el último año fue de 43.000 puestos de

trabajo, motivo por el cual es pertinente afirmar que, prescindiendo de la inédita intervención estatal sobre el mercado de trabajo, la economía argentina de fin de siglo no lograría generar puestos de trabajo genuino ni siquiera para satisfacer el crecimiento de su Población Económicamente Activa.

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III - EMPLEO PRECARIO OFICIAL: PLAN TRABAJAR I Y TRABAJAR II De la totalidad de puestos de empleo generados por la intervención del Estado sobre el

mercado de trabajo en 1997, una mayoría del 41,7 % corresponde a los planes de empleo oficiales y de ellos, el 78,5 % corresponde al Plan Trabajar en sus versiones I y II. Así las cosas, esta sección del estudio analiza el desarrollo nacional del Plan Trabajar II durante 1997. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL PLAN TRABAJAR II

El programa Trabajar II fue creado por resolución Nº 240/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y reglamentado por resolución SE y CL Nº 202/97. El objetivo del plan, según los fundamentos de ese ministerio, es “brindar ocupación transitoria a trabajadores en condiciones de pobreza o situación de vulnerabilidad social; reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de los hogares por la pérdida de empleo y mejorar la empleabilidad de dichos trabajadores”1. La financiación del plan se realiza mediante créditos otorgados por el BID.

El período de ejecución de los proyectos, en el marco del programa Trabajar II, no será inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses; durante ese lapso el beneficiario percibirá una ayuda económica no remunerativa individual y mensual de hasta $ 200. El programa prevé tan sólo la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de siniestros acaecidos a los beneficiarios durante la ejecución de los proyectos; en tanto, la cobertura de salud de los beneficiarios será exclusiva responsabilidad de los gobiernos provinciales.

Finalmente, las características de los proyectos suponen transformar al programa Trabajar II en un “instrumento de financiamiento de mano de obra para la realización de proyectos comunitarios que desarrollen obras de infraestructura social y económica orientadas a satisfacer necesidades socialmente relevantes de la población con menores recursos”2.

A los fundamentos del Plan Trabajar II deben situárselos en la modalidad que asume el

despliegue nacional del plan de asistencia y así observar si efectivamente se cumple con las metas previstas. En informes anteriores de este Instituto3, se demostró la utilización fuertemente clientelar del Plan Trabajar I, donde era frecuente observar importantes desajustes entre el número de beneficiarios por distrito y los desocupados residentes; ejemplo paradigmático de mala utilización de los planes de empleo fueron, durante 1996, los patrones de distribución de las provincias de La Rioja y su polo opuesto, Capital Federal. En efecto, para atender las demandas de 9.000 desocupados residentes, el Plan Trabajar I distribuyó en la provincia de La Rioja 5.100 planes de empleo precario; contrario sensu, para enfrentar las demandas de 170.000 residentes desocupados del distrito porteño, el mismo plan durante 1996 distribuyó apenas 303 contratos.

1 Informe sobre programa Trabajar II. Seguimiento de proyectos, página 1, 1997. 2 Informe sobre programa Trabajar II. Seguimiento de proyectos, página 1, 1997. 3 López, Artemio: Gasto social ineficiente y clientelismo político. El caso del plan de empleos precarios Trabajar I (1996); ATE/IDEP, Informe de coyuntura.

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Estas desviaciones extremas parecen haber sido corregidas sólo en parte durante 1997. Como se observa en el Cuadro Nº 4, el Plan Trabajar II privilegia en su distribución a la provincia de Santiago del Estero, donde para atender las necesidades de 22.000 desocupados residentes se asignaron $ 17.286.170 correspondientes a 21.779 beneficiarios, con un coeficiente de cobertura de 1.01 desocupado por plan de empleo. Sin embargo, si observamos aún más detenidamente la modalidad de distribución de estos planes, la asignación mensual recibida por cada beneficiario en Santiago del Estero fue en promedio de apenas $ 132.32; lejos tanto del promedio nacional de $ 164.66 mensuales como del tope de $ 200 que los fundamentos del plan mostraban como límite superior de la mensualidad.

La provincia de La Rioja presenta un alto coeficiente de cobertura de 2.05, es decir, que

durante 1997 recibió un plan de empleo precario cada dos de los 9.200 desocupados residentes. Se invirtieron en el año en la provincia natal del presidente Menem $ 4.746.000, generándose 4.488 beneficiarios que recibieron en promedio $ 176.25 mensuales. Sin embargo, en la distribución de los planes de empleo Trabajar II siguen manifestándose desigualdades extremas y muy gravosas a la hora de evaluar la eficacia de una política social activa.

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Obsérvese que, tal como lo muestra el Cuadro Nº 4, las provincias de Catamarca, Córdoba y Capital Federal reciben tratamiento francamente discriminatorio en la asignación de estos planes. En el caso del distrito catamarqueño, para atender las necesidades de 14.700 desocupados se generaron 4.951 contratos de $ 167.41 mensuales, siendo su coeficiente de cobertura de un (1) plan de empleo precario por cada tres (3) desocupados residentes.

La situación es más crítica aún en la provincia de Córdoba donde para atender las necesidades de 201.000 desocupados se generaron tan sólo 19.208 beneficiarios de contratos, invirtiéndose $ 19.308.960 en el año, con un coeficiente de cobertura del Plan Trabajar II de un beneficiario cada 10.4 desocupados residentes. La remuneración mensual de los beneficiarios en dicho distrito es de $ 167.54 promedio.

La más grave situación de postergación en la distribución de planes de empleo la sufre la Capital Federal, que al igual que en 1996 resulta el peor distrito en la asignación de planes. Así las cosas, para atender las demandas de 165.000 desocupados residentes, el Cuadro Nº 4 muestra que el Gobierno invirtió $ 1.518.800 durante 1997, generando 1.799 beneficiarios con una ayuda económica mensual promedio de $ 140.71, la cuarta menor del país. En este sentido, el coeficiente de cobertura de la Capital Federal es de 91.72 desocupados por cada plan de empleo distribuido, el peor coeficiente de toda la geografía nacional.

En el mismo cuadro puede observarse también que la provincia de Buenos Aires figura en el ranking de asistencia, que ordena los distritos según la relación establecida entre los desocupados y los beneficiarios de planes de empleo del programa Trabajar II, en el puesto número 23, es decir el anteúltimo. Sin embargo, a diferencia del resto de los distritos, la provincia de Buenos Aires cuenta con planes de empleo propios, producto de las partidas que para tales fines destina el gobierno bonaerense, muchas de ellas provenientes del fondo de reparación histórica del Conurbano.

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I V - A MODO DE CONCLUSION

En un contexto de fuerte desocupación abierta, cuya persistencia en el tiempo es hoy una certeza para la mayoría de los especialistas, la asignación correcta de recursos institucionales escasos, como lo son los planes de empleo precario estatales, es un objetivo central de la política social.

La recurrencia a criterios discrecionales en la asignación de estos planes de empleo favorece las situaciones sociales graves; en tanto, el fuerte activismo estatal sobre el mercado de trabajo, que se expresa en cifras elocuentes, donde el 71 % de puestos de trabajo generados en el último año corresponden a la intervención del Estado, amerita un control estricto del patrón de distribución de este recurso de asistencia, aún inexistente. Por otra parte, el impactante activismo estatal sobre el mercado de trabajo pone en suspenso el desmesurado optimismo oficial con respecto al nivel de generación de empleo. Los contratos promovidos y planes de empleo estatales, si bien pueden inducir, y de hecho lo hacen, bajas apreciables en la tasa de desocupación abierta no pueden ni deben ser confundidos con empleo genuino a la hora de evaluar la consistencia del mercado de trabajo y ponderar expectativas.

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APENDICE ESTADISTICO Y DOCUMENTAL

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