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Fuerza de Ley/violencia de mercado. O de la democracia argentina como coartada

Ponencia preparado para ser distribuida en el Congreso de la Asociación de Estudios

Latinoamericanos LASA 2003, Dallas 27 al 29 de marzo del 2003

Mirta Alejandra Antonelli Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de Córdoba. Argentina mantonel@ffyh.unc.edu.ar ________________________________________________________________________

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¿De qué es digno hablar, qué tiene aún cierto margen de dignidad, ante la violencia militarista de la que hablara Benjamin? Tal vez sólo la convicción de que, para los Derechos Humanos, toda muerte es tan singular como lo es cada vida me autorice a estas páginas. En ellas hablo, más bien me interrogo, acerca del proceso de vaciamiento de la democracia y de la regresividad de derechos en un país, en buena medida ignoto para estas fuerzas bélicas, sin relevancia económica, aunque quizás estratégica en el oscuro, espúreo mapa geopolítico de las cartografías por trazar. Hablo de/desde una Argentina para la cual la democracia tuvo pleno sentido despúes del militarismo de la dictadura del ’76, y en la que el movimiento de Derechos Humanos posibilitó, y aún lo hace, construir la justicia de la memoria y la memoria de la justicia sobre los cimientos del crimen de Estado, erigido sobre el hueco incolmable para siempre de miles de desaparecidos, aquellos que no tuvieron derecho a la muerte. Hablo, más bien me interrogo y busco las fisuras por donde ese sentido se ha vaciado convirtiendo a la democracia en una coartada, de genocidios metáfóricos y literales, de millones de vidas que están atravesadas por sus violencias instituyentes. La década regresiva. El escenario Desde la perspectiva de los derechos sociales, económicos y culturales, la Argentina actual se caracteriza por una situación de regresividad (CELS, IIDH), es decir, una situación en la que la fuerza instituyente de la ley (o performatividad del derecho) y su aplicación, la justicia, se retrotraen a umbrales cuando no a estadios anteriores al derecho adquirido y a las condiciones de su tramitación y defensa (exigibilidad). Este era ya el sombrío panorama con el que se cerraban los 90, fin de década, siglo y milenio, que coincidía con el término de las dos presidencias menemistas (1989-1994; 1995-1999). Desde ese diagnóstico regresivo, para la presidencia del nuevo gobierno electo (De La Rúa, 10 de diciembre 1999), el proyecto democrático a iniciar debía enfrentar con urgencia ineludible el cometido de superar la aberración que suponía este retroceso para las dinámicas societales y la cultura político-jurídica. Esta deontología planteaba además como contenido programático, la exigibilidad de derechos y la conceptualización inclusiva de los derechos sociales, económicos y culturales en una reconfiguración de los derechos civiles y políticos. Como se sabe, estos últimos ocuparon la centralidad de las acciones de la sociedad civil en el movimiento de Derechos Humanos como siniestra herencia del legado del terrorismo de estado de la última dictadura militar (1976-1983). El diagnóstico era preciso tanto como sus condiciones de posibilidad. En efecto, desde este mismo enfoque, la regresividad de derechos ha sido la resultante de la llamada transformación del Estado de los 90, según particulares prácticas legislativas y judiciales

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que caractarizarían el ejercicio político durante las dos presidencias menemistas, cuyos disfuncionamientos no cesan de operar desde entonces en Argentina. Desde mediados de los ‘90, tal vez más específicamente a partir de 1997, este particular dispositivo que se abrió con un diagnóstico de crisis de juricidad (Zaffaroni, 1990) viene sobreimprimiendo al mapa del territorio nacional innumerables cartografías en negro. Filigranas del empobrecimiento, el saqueo y la entrega, en ellas se lee el modo en que desde los ´90 se ha configurado la perversa relación entre lo público y lo privado; la violencia institucional de la clase política para redefinir las relaciones entre legalidad y legitimidad. También para trastocar las relaciones entre derecho, ley y justicia. En síntesis, son las cartografías emergentes de la redefinición de la matriz política del Estado argentino con la mutación cultural en curso cuya tendencia parece haberse reducido al umbral mínimo del derecho, el de la subsistencia, umbral en el que el asistencialismo domina la política social visible y rige, en buena medida, el clientelismo político. En dicha redefinición, la primera presidencia de Menem (1989-95) inauguró la más brutal figura del Estado minimalista con la mayor fuerza de ley y poder para instituir, coronando el arco abierto por la última dictadura militar en la implementación del modelo neoliberal para la región. Durante los 90, la “reforma” del estado y las privatizaciones de las empresas públicas se dieron en el marco de un poder ejecutivo desproporcionado y un poder judicial dependiente. Por ello, la posibilidad de revertir esa situación era vista, en el 2000, como una de las condiciones para el logro de cualquier proyecto democrático a largo plazo. Otro objetivo a lograr en el inicio de esta década era la re-inclusión de los amplísimos sectores de la sociedad que quedaron al margen de cualquier forma de institucionalización, luego de las privatizaciones espúreas, la corrupción e impunidad para agentes locales y globales que vaciaron a la Argentina. En términos generales, se registraba una dramática expulsión de millones de familias que no ocupaban ningún lugar en la economía y carecían de todo tipo de protección estatal. Lejos de revertirse esa exclusión ha seguido incrementándose y no sólo por el desempleo: “Para los excluidos, la democracia se ha transformado en una forma de gobierno que regla una República ajena: sin seguro social ni acceso a la justicia, sin derechos a tener derechos, sin salud ni educación” (CELS: 2000, 15). El desafío de fines de los 90 también consistía en desmantelar las estructuras oficiales que posibilitaban más o menos directamente las violaciones a los derechos humanos: las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Si éstas eran dos de las cuestiones claves de la defensa de los derechos humanos ante la nueva gestión presidencial (Fernando de la Rua, diciembre 1999-diciembre 2001), los procesos en curso indican que la Argentina aún debe enfrentar una dura lucha. En efecto, entre las fuerzas de seguridad siguen revistando agentes de la represión del terrorismo estatal vinculados a la última dictadura militar, no sólo en los cuerpos del estado sino también en las agencias privadas de seguridad, por decreto presidencial firmado por Menem días antes de concluir su mandato. Por otra parte, se está instalando cada vez con mayor aceptabilidad una próxima política de seguridad basada en la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales.

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Dichas fuerzas han sido absueltas e indultadas mediante sucesivas leyes desde 1987. En los dos últimos años, militares exonerados por esas leyes vienen siendo funcionarios y candidatos a diferentes cargos en el campo político democrático. En los actuales procesos de criminalización de la pobreza y de la dominante configuración de la inseguridad ciudadana en torno al delito común, son los portavoces del discurso represor, de “mano dura”1. En el colmo de esta tendencia a la cultura del autoritarismo, no ha faltado un funcionario del nivel nacional que denunciara el Pacto de San José de Costa Rica, por resultar un “freno” para la lucha contra el delito. En lo que al poder judicial se refiere, la corrupción e impunidad, la politización de la justicia y la judicialización de la política, permiten afirmar que los tribunales están participando de violaciones a los derechos humanos tanto en lo que respecta a la exigibilidad como a su regresividad o expropiación. Análisis específicos acerca de, por un lado, la actuación del Estado argentino frente a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y, por otro, las políticas internas en materia de diversas legislaciones que abarcan desde las leyes laborales hasta las tendencias penales más represivas, muestran un preocupante escenario que no se ha modificado por el fin de la década pasada ni por la sucesión de gobiernos electos (CELS: 2001. 2002)2. Durante la definitiva implantación del modelo neoliberal de los 90, con las violencias de exclusión esbozadas, se inscribiría otro mapa: el de la remilitarización de la región, primero en nombre del narcotráfico (1991) durante la gestión Clinton y desde el 911, en nombre del terrorismo internacional, simulacros para las actuaciones del poder imperial que requiere de la ocupación territorial, estrategia que hasta la última década sólo podía pensarse como anacrónica en la genealogía del imperialismo del siglo XIX. A manera de un palimpsesto, bajo el aún fresco trazo de este nuevo mapa, se conservan, cruentos, los trazos del Plan Cóndor que EEUU diseñó como mapa de las dictaduras del Cono Sur. Y se insinúa la puja, desigual, por el retrazado de los mapas del mercado (Mercosur y ALCA). Como pronóstico para la década que se abría, esos procesos en curso nos llevaban a imaginar el Plan Colombia como metáfora para cartografiar la región. Mirada la década en reversa, y leída la experiencia democrática argentina en el marco de procesos regionales, otra inteligibilidad adquirían los decretos sobre agencias de seguridad, la experiencia inédita del terrorismo internacional en causas aún irresueltas por la Justicia argentina (atentados a la Embajada de Israel en 1992, y a la AMIA en 1994) y

1 .- En este linaje que va del represor golpista indultado al candidato electoral del campo democrático, la política represora se escribe en clave de seguridad del vecino/ciudadano ante el delito común, particularmente en torno a célebres personajes como Aldo Rico y El Comisario Patti. Vinculados a la represión, en especial, de la provincia de Buenos Aires como custodios de los que “habitan los countries” (Bayer, 2003), su credibilidad de política de mano dura es interpelada por discursos de Derechos Humanos y partidos minoritarios en claro y preocupante contraste con, por ejemplo, las avanzadas oficiales como las del actual canciller Ruckauf, otrora gobernador, quien llegó a proponerlo como ministro de seguridad. 2 .- Entre estas tendencias se destaca la agenda social y mediática que construye la minoridad desde la criminalidad, propiciando el dispositivo narrativo y argumentativo para instalar la aceptabilidad de reducir la edad del niño delincuente.

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la “colombianización del sistema” que, como umbral, hacían visible un rearticulado dispositivo de vigilancia (Antonelli: 2002a). No pocos intelectuales y miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas, movimientos sociales, entre otros actores, leían ya indicadores de una re-militarización de América Latina. Nos interrogábamos entonces acerca de los impactos -criminalización, control- que promovería en los distintos movimientos sociales de reivindicación de la región. ¿Cómo releer, en clave de procesos, las culturas políticas del "perdón" que se instituyeron en los 90, entre cuyos ejemplos sin dudas hay que consignar los indultos (Argentina), y otros modos de "renunciar a la pretensión punitiva del Estado (Uruguay), o aceptar la "verdad" y no el juzgamiento (Chile), en el proceso actual de rehabilitación de las fuerzas armadas? ¿Qué tensiones y con qué configuraciones impactarían en el discurso de Derechos Humanos y sus organismos?. Si en los 90 se advierte un insistente trabajo hegemónico que viene configurando "las ciudadanias del miedo” -imaginarios desarticuladores ligados al terrorismo, mafia, corrupción e impunidad y vaciamiento político de los estados y las democracias, ¿a qué campo de efectos abrían las retóricas del "estado de amenaza", "inseguridad", "vulnerabilidad", etc.? ¿Qué dispositivos, relatos y construcciones sociales del miedo promoverían? ¿Cuáles serían los impactos socio-culturales del neoliberalismo puesto en "clave bélica", para los endeudados países de la región, en la actual "post-política"?. Sin duda esta cartografía metafórica y sus interrogantes hoy se han reinscripto en un mapa mundi que ha comenzado a develarse, desde otras coordenadas. Habrá que ver si la Triple Frontera, los atentados aún irresueltos, la colombianización del sistema y el paroxismo legisferante de los decretos presidenciales del menemismo no reconfiguran a la Argentina de los 90 en el mapa que hoy ha comenzado en Irak. La democracia como coartada. Escenas y actores. Desde una perspectiva sociosemiótica (Verón,1987) las representaciones sociales de violencia y justicia que atraviesan el discurso, las prácticas e instituciones de la cultura política, permiten puntuar, en actos y escenas, los umbrales y cortes en los que una arqueología discursiva cancela enunciados, captura argumentos, anula significados, vuelve inaceptables consignas y programáticas para gestionar lo político y lo público en la mutación del imaginario y la cultura política de una democracia post-dictadura. Si la condición misma de posibilidad de un pensamiento no fundamentalista de la democracia es el derecho a tener derechos, entre los igualmente sombríos diagnósticos y pronósticos que exceden la última década en los informes sobre Derechos Humanos en Argentina, lo que parece leerse en reversa es la historia social y simbólica por la que la democracia argentina como sistema político ha devenido una coartada. Trazo hilos de su lectura tomando nota de los tópicos de los comienzos con que se fundan los mitos del origen y las crisis en las ficciones del Estado y la politica (Kermode: 1983).

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Hilos que se enhebran, se tensan y desgajan en el abanico abierto por la transición democrática y el juicio a las juntas militares, los indultos y la mutación cultural política de la doble presidencia menemista, hasta el naufragio como metáfora de la catátrofe argentina, tras la renuncia de De la Rúa. Entre la corrupción e impunidad y la llegada de la inmunidad financiera y bancaria se dibujan bordes o líneas de fuga para una política de los cuerpos/cuerpos políticos que formarán parte de un archivo de la democracia como infamia. En un escenario que la excedía y que amenazaba a otras democracias de la región, el de la Argentina desde los 90 se viene dando con especificidades locales irreductibles en el contexto geopolítico de los países del Cono Sur cuya historia reciente está signada por la experiencia traumática de regímenes dictatoriales. Historia de un trastocamiento de las representaciones de violencia y justicia con modalidades de dis-funcionamientos tales que ha posibilitado sostener la democracia como puro dispositivo de fuerza instituyente depredatoria, a través del campo político, sus actores e instituciones, en un proceso no lineal de máxima pérdida de legitimidad. “Que se vayan todos”. En la condena social del juicio callejero de diciembre del 2001, se cristalizaría el retiro de la delegación de representación que supone todo acto mandante democrático. El trastocamiento de la ley, el derecho y la justicia, la inestable y siempre revocable divisoria entre lo legal/ilegal, lo legítimo/ilegítimo posibilitada por la clase política de la última década hasta ahora, encontraría en ese juicio el remate de la violencia del capital y del mercado anudada a la violencia del Estado. La justicia en falta/la falta de justicia de una impunidad extendida ante el delito de autoridad y la autoridad del delito se materializaban en “el escrache” a la Suprema Corte de Justicia conformada a pedido y medida del gobierno que abarcara la doble presidencia que “encarnó” la postransición. Si la transición democrática se iniciaba con la inédita figura del delito del estado terrorista ante la justicia del Estado democrático, y se continuaba con la primera delegación de gobierno del 89 inaugurada con el indulto, la postransición interrupta se cerraba con la Justicia acorralada por el tribunal callejero de una sociedad punitiva que condenaba, a la vez, en inédito e inapelable fallo, a la justicia corrupta y a la política impune, cuyas relaciones aún hoy pueden leerse desde el código mafioso de “las cuentas pendientes y el ajuste de cuentas”3.

3 .-Este código es el que se actualiza, reiteradamente, al interior del campo político, de manera emblemática entre Menem y Duhalde, tal como la misma prensa lo construye (“nuevo round”, “otro capítulo”, etc.) de un enfrentamiento en el cual se hacen explícitas o se aluden como “cartas a jugar” la reposición pública, más o menos intermitente y oportuna, de las múltiples zonas oscuras de la década: el asesinato de Cabezas, el contrabando de armas, los escándalos irresueltos, etc. También las causas diferidas, trastocadas, re-escritas, como los atentados a la Embajada y a la AMIA, entre las más ejemplares de una casuística que parece haber desplazado el suspenso del juicio - expectabilidad de un cierre-, al juicio suspendido, - ausentamiento de justicia - , que hace de esta década actual un estrado revisitado por los fantasmas de los delitos de autoridades impunes de la década pasada. Es éste un escenario judicial de “lo pendiente”.

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Como hipótesis central de esta doble violencia para el caso argentino, el acto inaugural de la década depredatoria se enmarcará en el acto performativo más disolvente de comunidad política en la Argentina de la post-dictadura: los indultos 4. Como hemos referido en otro lugar (Antonelli:2000), el período de la inmediata post-dictadura (1983-1985) ha quedado marcado por la emergencia de dos acontecimientos inéditos en la historia nacional: la investigación llevada a cabo por la CONADEP y el Juicio a los comandantes en jefe de la dictadura que en tanto “actos de verdad y justicia, aparecieron como barreras contra la impunidad y el olvido y como “acontecimientos fundadores de comunidad política”(Gomez,J.M, 1989,31). El Juicio a las Juntas “afectó los cimientos de nuestra identidad colectiva al recuperar un hecho hasta entonces “olvidado” para convertirlo en materia de nuestra memoria”. Sin embargo, este proceso de verdad, institucionalmente asumido e interpelando a la sociedad en su conjunto se inicia y concluye en el arco de esos dos años: “ Los Juicios fueron paradójicamente apertura y a la vez clausura. Ese acto fundacional y revulsivo de “descubrir” el pasado para la memoria pareció cerrarse con las condenas. Si las leyes de Obediencia Debida y Punto Final interrumpieron la prosecución de ese proceso iniciado en 1983, el indulto de 1989 canceló sus efectos jurídicos perfilándose como “la tentativa más seria de vaciamiento de una herencia” (Gómez: 1989,32-34). El indulto habría asumido el estatuto de un corte histórico que subvierte en el plano simbólico toda el campo de representaciones que articulan legalidad, legitimidad y Justicia. Juan Carlos Marín (1993,148) señala que el indulto en tanto “quebrantamiento del esquema crimen y castigo” habría operado- en el orden de las creencias colectivas - como un factor de igualación, de equiparación de los delitos generando su vaciamiento semántico y axiológico. Marín detecta en este proceso un cambio cualitativo fundamental “del carácter normativo del orden social” que continúo legitimándose a escala mundial. En la actualidad “lo dominante justamente es el delito de la autoridad y en consecuencia la autoridad del delito (...) lo dominante como modo de normalización es el delito; y la excepcionalidad - que se ha constituido en una anormalidad casi inimaginable, que casi llega al campo (...) de la ilusión es el “no delito” (ibid). Es ese cambio cualitativo del carácter normativo del orden social el que se puede percibir en el conjunto de transformaciones que afectaran las representaciones de Justicia ya diagnosticado como crisis de juridicidad (Zaffaroni, 1990), abarcando con ella la problematización de las categorías de legalidad/legitimidad, así como las relaciones entre Ley/Derecho/Justicia.5 Este trastocamiento - que incide en la configuración de lo que designamos imaginario colectivo del desamparo- ha constituido una de las dimensiones fundamentales en que se ha manifestado el impacto dislocatorio producido sobre prácticas e identidades sociales por la instauración en Argentina del modelo de ajuste estructural, denominado “neo-

4.-Cf. Decretos 1002, 1003, 1004 y 1005, de fecha 7 de octubre de 1989. y Decretos 2741, 2742 y 2743, del 30 de diciembre de 1990. 5 Para las diferencias conceptuales entre legalidad y legitimidad nos remitimos a Zaffaroni(1990). Por lo que concierne a las distinciones entre Ley,Derecho y Justicia, nos remitimos a Derrida (1995,1997).

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liberal”, con una especificidad tal que ha devenido “caso-testigo” de las modalidades exclusorias para la región6. De las escenas y sus retornos. En la disputa por la representación electoral del 99, punto de inflexión de la transición a la llamada post-transición democrática, el reordenamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se cristalizaba en los discursos políticos y de opinión como un componente dentológico de estatuto épico: “la restitución de la institucionalidad (casi perdida) de la república”. La década que concluía era evaluada, tanto en las instancias preelectorales como en las postelectorales7, como un trastocamiento de las instituciones y un disfuncionamiento de la democracia como sistema. Si el saldo en negativo de la década de los 90 planteaba un desafío para el gobierno electo de De La Rúa, la apertura del 2000 lejos estuvo de concretar la “cruzada moralizadora” que sintetizó su triunfo electoral. Y si la post-transición se discursivizó en tiempos de campaña como una programática centrada en la conducta y la transparencia de la cosa pública, su acto/acta fundacional se inauguró con un fenomenal escándalo que involucró al Senado8, y cuyo efecto político más traumático fue la renuncia de su vice-presidente (Carlos Chacho Alvarez, octubre del 2000). La infamación extendida de la corrupción política, la ausencia de ética pública y la impunidad garantizada por una justicia adepta/adicta del menemismo enfermaba ahora al gobierno que había sido electo para detener la peste corrosiva de las instituciones. Se desdibujaba así “la ética pública” como tópica divisoria en el campo de la polémica política post-transición y su régimen de legitimación. Acaso sea ésta la escena desde la cual se puede hablar de post-menemismo como condición de la post-política argentina. En ese tiempo breve de los balances a corto plazo que fijan los calendarios y alimentan la agenda de los medios, a un año de asumir, el gobierno de la Alianza fue llamado “el desencanto de la política”9. “Del desencanto al desafuero de la política”, así podría designarse el primer semestre de 2001 en el que todo fetichismo de la representación política democrática (Bourdieu: 1988) se desmontaba al votarse la omnímoda figura del Super Ministro, en el nombre/cuerpo de

6 La figura del desamparo condensa simbólicamente la articulación de lo jurídico (los motivos distópicos de “impunidad”,”corrupción”,”inseguridad”) con lo político y socio-económico (marginación/exclusión/desocupación). 7 .- Esta cruzada moralizadora puede seguirse en los discursos políticos y de opinión a lo largo del 99, año electoral. En ellos, el énfasis está puesto en la construcción de una programática que concluya con el “menemato”. De La Rúa gana con el 51,8 % de los votos. Duhalde, candidato del PJ, obtiene el 38. Cavallo, el 10, 2. 8 .- El escándalo del Senado se abre con la denuncia por “coimas” que se habrían pagado para aprobar en el Congreso de la Nación la regresiva ley de flexibilidad laboral. El mayor sospechado de haber sido su operador es nombrado secretario del presidente, mientras el vice había asumido públicamente la misión de “limpiar la corrupción política”. 9.- Ver prensa nacional en torno al “aniversario”, y la iconografía de la “desilusión”; en varios medios.

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Domingo Cavallo, conector del neoliberalismo que atraviesa la historia de la doble violencia del mercado y del Estado en Argentina desde la dictadura militar10. En esta “delegación”, el mayoritario campo político argentino puso en escenas públicas11 su claudicación y su propio desafuero institucional (provisorio y ad hoc, pero cuyos efectos para la economía dependiente de Argentina son definitivos). La figura aprobada por votación del Super Ministro puede considerarse un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre instituciones, clase política y fuerzas del mercado/capital. Y una estocada terminal al juego de la representación presidencial. Con los acontecimientos de diciembre del 2001 (Nora:1974), las metáforas de la Argentina empezaron a migrar hacia la zozobra del naufragio. En una radicalización del desamparo, el imaginario territorial ("país en crisis", "país en ruinas", etc) cedía a la metáfora del “naufragio”, en tanto máxima distopía imaginaria del drama social, en clave institucional y económica. En un rastreo de la dominante del discurso económico sobre el jurídico-institucional, la genealogía de esta radicalización se podría seguir en clave de “riesgo-país”/”pais en riesgo/riesgo-turista”, hasta la catástrofe del naufragio, por definición sin coordenadas, ni rumbo ni puerto. Como sus ecos, inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana son los enunciados que “dicen” de la imposibilidad de pensar la sociedad como un todo12. Mazzota (2002), siguiendo a Blumberg, aborda la metáfora argentina: “(...) La metáfora del naufragio nacional encuentra su lugar y su motivo en fase de crisis. Describe su estado de transitoriedad con fin incierto entre la muerte y la sobrevivencia. También encuentra sus límites en el tiempo acotado de la crisis. Si ésta se prolonga indefinidamente la metáfora entra en contradicción consigo misma pues no es posible naufragar permanentemente. Aunque este pareciera ser el caso de la Argentina”. Con las imágenes de los saqueos de ese diciembre del 2001 retornaba, como los espectros, el “discurso de la urgencia económica” que dominara el inicio de la década de los ´90 . En la apertura de la primera presidencia de Menem, la de máximo decisionismo decretista para las privatizaciones13, el discurso de la urgencia económica legitimó entonces el tiempo de “refundación” del Estado anunciado como mesiánica transformación (Nun,1994). En 1989, el electo presidente Menem inscribía el ritual14 y la liturgia institucional más prospectivos del poder político, el acto de apertura de las sesiones anuales del Congreso de

10.- Sobre su estirpe neoliberal y su carácter de conector entre dictadura/democracia, ver la prensa gráfica nacional que precedió y siguió a su nombramiento, tras la salida de escena de López Murphy, ministro por horas, hoy actual candidato a presidente, y la construcción de su trayectoria, a medio camino entre la dictadura y la fiesta menemista. 11 .- Un archivo de la memoria de la infamia presente sin dudas incluirá las escenas del congreso nacional, el escenario y los actores políticos mayoritarios, votando esta delegación y luego la votación de la llamada “Ley del deficit cero”, que instituiría la regresividad en los derechos constitucionales a la intangibilidad del salario y las jubilaciones nacionales. 12 .- Para un análisis del modo de funcionamiento de estos enunciados, ver Antonelli, 2002a. 13 .- Según José Nun, en los 136 años transcurridos entre 1853 y 1989, sólo se habían dictado en el país 23 decretos de “necesidad y urgencia”. 250 son los decretos que abren los primeros cuatro años del gobierno de Menem a la máquina performativa decisionista y violatoria de la constitución que posibilitaría la “transformación” del Estado. CF. José Nun, “Populismo, representaciones y menemisno”, 88.

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la Nación, desde el lugar de enunciación de su poder pastoral, con el anuncio, en bíblica metáfora: “Argentina, levantate y anda”. Esta era, a la vez, el acta de defunción de un modelo de Estado y el acta inaugural de un estilo del poder: el menemato (Tabachnik: 2002). El anuncio, a diferencia de la promesa, tiene como performatividad el cumplimiento del mensaje, su propia programática, y no la instancia contractual de los programas disputados, negociados, mediados, en los que la legitimidad sería medida en función del contrato. Por definición, la transformación anunciada corta sus vínculos de deuda con el pasado. La visibilidad de los saqueos de 1989, sus escenas, trazaron las huellas de la memoria social en inédita configuración del imaginario del caos, ahora en clave del desorden democrático. Esas escenas no moralizables como violencia revolucionaria fraguaron la memoria disponible desde entonces, con la retirada adelantada de Alfonsín, en el marco de una hiperinflación que fue percibida y semantizada como “crisis inédita”. En tal sentido, el imaginario del caos hiperinflacionario y sus escenas han operado como acto de clausura de una modalidad de ejercicio de la democracia, signatura de la obsolencia simbólico-política de la transición post-dictadura: la democracia deliberativa como estilo y ejercicio tenía acta de defunción. Sólo quedaría su espectro. Retrospectivamente pueden verse los restos y las operaciones de esa cancelación: el estilo deliberativo en torno a lo público y a sus espacios de decisión; la expropiación de enunciados emblemáticos y la inhabilitación de la performatividad de las posiciones polémicas. Fue un formidable vaciamiento del imaginario utópico de la democracia ligada al Estado benefactor y una degradación máxima de la aceptabilidad del proyecto democrático moderno: “con la democracia se come, se cura, se educa”. Se constituía además el referente de la nueva memoria de la democracia. Un gobierno interrumpido por la violencia callejera del hambre decretaba a la vez el fracaso de su propuesta del 83: ese modelo no serviría ya ante la razón de la historia. Y las imágenes estarían allí como probatio. Se inauguraba un archivo entre la iconografía de los cuerpos de la exclusión y la semantización del espacio público como arena de la inestabilidad económica, del “caos”. Sobre sus ruinas, se erigiría el menemato. Salvaguardada la democracia como sistema, el fracaso era una cuestión de estilo de poder. En sus palabras inaugurales, el reciente electo presidente Menem anunciaba, en la figura del líder-pastor, (“Síganme que no los voy a defraudar”) el decisionismo de un presidencialismo corporativo que requería el borramiento de toda memoria identitaria precedente. La mutación de la Argentina estaba proclamada. También su “pacificación” como condición de posibilidad: el primer indulto abría la saga del perdón con la que el poder

14 .-Comprendo aquí ritual con el alcance que ha establecido Foucault: “El ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan (y que en el juego de un diálogo, de la interrogación, de la recitación, deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados); define los gestos, los comportamientos, las circunstancias y todo el conjunto de signos que deben acompañar el discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales se dirige, los límites de su valor coactivo. Los discursos religiosos, judiciales, terapéuticos, y en cierta parte también políticos, no son apenas disociables de estas puestas en escena que determinan a la vez para los sujetos que hablan, las propiedades singulares y los papeles convencionales” (1974:34)

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político reintegraba a los delincuentes del terrorismo de Estado al estatuto preclaro y absolutorio de “ciudadanos/hermanos”. El caos, desde entonces, ya no podría ser imaginado como violencia armada sino como “golpe hiperinflacionario” a la salud económica de la república, monitoreada y mensurada en términos de “la estabilidad”. Los fantasmas de la hiperinflación corroyeron desde entonces las explanadas de la Casa Rosada y las balaustradas del Ministerio de Economía y Finanzas, tan próximos uno de otro, tan mirados por la Plaza de Mayo. Tan vistos por tv. La mirada celosa y vigilante del FMI y del Banco Mundial instaurarían desde entonces el lugar del juicio veridictorio sobre el “verdadero” rumbo de la democracia a medida de la deuda a saldar. La escena del trauma del “nuevo orden” ya no sería el hueco, siempre rasgado, de los (cuerpos) desaparecidos, sino el espectáculo de los cuerpos del hambre en las calles de los saqueos de una ineficaz e inoperante democracia, ahora con adjetivación gentilicia: la democracia alfonsinista. La transición de una presidencia a otra representaba una sutura “institucional electoral” pero trazaba el corte o disrupción del acta inaugural del plan de ajuste estructural bajo la retórica de la transformación del Estado que abriría a la post- política15, cuyos datos “cuantitativos” formarían parte de las “cifras” con las cuales la evaluación de expertos y editoralistas juzgaría y condenaría, en clave económica, a la década menemista a lo largo del año electoral 99. En diciembre del 2001, bajo otro gobierno con presidente radical, las escenas del saqueo retornaron, como espectros familiares del “campo de experiencia”, de las ya vistas por tv., ya congeladas en las portadas de diarios y semanarios de actualidad más de diez años atrás. Pero, como siempre, los espectros vuelven a un escenario otro. Las imágenes de este saqueo –construidas como violencia social de la exclusión - se articulaban a las escenas de la Plaza de Mayo, donde las Madres eran reprimidas bajo la responsabilidad de un gobernante radical, en el primer acto de desobediencia civil de la experiencia democrática argentina y sus muertos. Se cancelaba así la divisoria más fuerte de la cultura política democrática respecto de la postdictadura, la disputa por la posición del peronismo y del radicalismo con relación a la dictadura del golpe del 76: la reapropiación y disputa de la memoria histórica que enfrentaba al Partido Justicialista como posibilitador responsable de la dictadura y un radicalismo absuelto ante ella16; como así también la divisoria político-jurídica entre el Juicio a las Juntas (inaugural de la democracia de Alfonsín) y los indultos, acto de apertura de la primera presidencia menemista.

15 .- Ver el estatuto instituyente de la semantización y narrativización de este tiempo inaugural y de anuncio en los discursos de Menem ante el parlamento, el ejército y los industriales en 1990. Las cifras de desempleo, sub-empleo, aumento de la deuda pública, cancelación de fondos por las privatizacones, etc., campean el discurso de la prensa de actualidad y de la política en el 99, como parte del balance en negativo de la segunda mitd de la década, segunda presidencia, luego de la fiesta menemista y la entrega de lo público. 16 .- Ver esta divisoria central en los discursos pre-electorales de Italo A. Luder y Raúl Alfonsín, en 1983. Se puede rastrear en distintos actores políticos de jurisdicciones diferentes y por varios años, como categorización y argumentación de los lugares de enunciación políticos.

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Si la democracia del 89 se paría con la impunidad de los delitos de Estado, la democracia delarruista se cerraba anticipada, sangrienta y estrepitosamente con la mancha de la sangre y los pañuelos de las Madres bajo los caballos represores en la misma plaza que les había dado identidad. Se confiscaba el último resto de capital simbólico en una iconografía que trazaría las huellas de la memoria del presente. Luego de la interrumpida gestión de la Alianza, tras los acontecimientos de diciembre del 2001, frágiles grumos utópicos sostienen los discursos de campaña en una elección cuyo calendario mismo es resultante de la crisis de institucionalidad versátil y precaria , y no de los tiempos de los mandatos previstos por la Constitución. Como se ha visto con crudeza desde entonces y hasta el actual escenario de crisis de juridicidad de la Suprema Corte de Justicia, la épica del refortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho ha devenido un verosímil impensable para la dimensión sociosimbólica que sostiene la cultura política. La democracia de la clase política ha devenido un sistema auto-referencial y recursivo. También antropofágico. Con erre de regresividad: Re-enunciación de la ley/Re-vocatoria de la justicia.

Paradójicamente, el momento considerado como cierre superador de la transición

democrática en Argentina, puntuado como hito en el acto institucional de la delegación del poder del menemismo a la Alianza, abría la post-transición con el legado de una cultura política que ha dislocado todo el campo de representaciones sociales respecto de la ley y la justicia de las instituciones democráticas, y ha vaciado la palabra política minando sus condiciones sociales de aceptabilidad y las condiciones institucionales de su ejercicio en una Argentina percibida como inédita.

El actual es un escenario político pre-electoral recorrido por viejos fantasmas que no

abandonan la escena, pugnando en re-escribir memorias de legitimidad y legitimación respecto a esa decada depredatoria en Argentina cuyos impactos han cobrado visibilidad y centralidad pública en el último bienio. Si a comienzos del proceso de la transición democrática, el discurso político configuraba la polémica entre “herederos” y testimoniantes de su accionar político respecto de la última etapa del peronismo en el gobierno y el golpe de estado del ’76, la actual es una batalla por la narrativa de la década del 90, mirada historizadora entre relato y moral, ya no del testigo sino del protagonista, disputas por los lugares de la veridicción “y el juicio” a la década. Redistribución de lugares, imputaciones cruzadas, resemantizaciones del hacer político propio y de otros en la polémica sobre las legitimidades por acción, omisión, negligencia, etc.

La primera presidencia inauguraría un tipo de comunicación política entre la retórica del escándalo y la del exceso; que ha sido analizada como actuaciones del poder –las escenas en las que el poder político se exhibiera-, y los actos del poder - el lugar opaco y secreto en el que el poder efectúa, sin mostrar- su performatividad, en un específico régimen mediático (Tabachnik, Arfuch, 2002). Ya tempranamente Sarlo y Landi (1992) advertían esta constitutiva capacidad y ductilidad mediática, aunque en lecturas antagónicas. Si para Landi, el presidente encarnaba –

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literalmente- un tipo de comunicación política regida por el cuerpo y sus contactos, versátil a la dinámica de los contratos fiduciarios intimistas y cuya eficacia era irreductible a la palabra argumentativa; para Sarlo, en cambio, el estilo signaba una política que ocurría en otro escenario; sin deliberación. El decisionismo –como operación interruptora de la deliberación política acerca de lo público, era ejercido en actos que tenían lugar en espacios de opacidad. Si en el tipo de comunicación política intimista se operaba “un desafuero de lo íntimo” (Tabachnik, 2002), en la opacidad de la política se operaba el desafuero de lo público. El cuerpo político de las actuaciones se enajenaba a la visibilidad en los actos del poder, espacio de enunciación de las Actas del poder, el poder instituyente de la palabra como acto político: decretos, leyes, contratos, etc. Si los primeros cuatro años fueron los de los decretos presidenciales que posibilitarían todas las transformaciones, y el 94 el año de la reforma de la Constitución, la segunda mitad de los 90 puede puntuarse por los golpes de ley que, teniendo como condición de producción al propio gobierno como matriz de fundación del nuevo Estado, organizaron la actualidad mediática y radicalizaron el imaginario del desamparo institucional. En particular el año electoral del 99 pondría en discurso esta máquina instituyente: “reformas”, “re-reformas”, “reimplantaciones”; “Recortes decretados y respaldos”, el re-ajuste permanente y la garantía del presidente”, etc. 17 Re-enunciación de la ley, ley revocada, re-dicha, contradicha. ¿Qué marcos de referencia quedarían activados, qué umbrales de fragilidad traspuestos? ¿Qué expectabilidad se iría cancelando?(Antonelli: 2002c). Si el decreto desplaza y re-emplaza el lugar de enuciación de la ley, del legislativo al ejecutivo, el 99 mostrará ya la fuerza hacia una instancia trastocada, hacia la égida del ministerio de economía. No sólo se producirían estas desestabilizaciones en prácticas que prosperarán quasi hasta “naturalizarse” sino que permitirían ir trazando el desplazamiento hacia los lugares de determinación: “es el mercado el que dice hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no”18. Las argumentaciones en juego pondrían a circular cada vez con mayor aceptabilidad la ventriloquia explicitada del Estado: es el mercado el que dice; el FMI es el que ordena. El “respaldo” como acto performativo de compromiso estará en boca de banqueros y empresarios, bajo el registro “informal” de lo que se dice en el llamado telefónico. El

17 En el 99, la re-reforma previsonal entraría en algunos medios con la conmoción del escándalo. Presentada como definitiva cinco años antes, se estaba ahora ante la “re” enunciación de la ley. “Recorte” y “reajuste” tuvieron centralidad a propósito de los anuncios de achicamiento del presupuesto para educación, ciencia y salud, provocando una fortísima reacción de diversos sectores sociales, entre ellos los universitarios, dando lugar a manifestaciones multitudinarias que llevarían a detener el recorte. Sólo dos observaciones: el recorte se firmaría por decreto en el espacio secreto del poder antes de abandonarlo y, hoy, tras recurrentes y reiterados recortes, se cerrarán las universidades como rechazo ante un nuevo capitulo depredatorio, pero ya no ingresa como conmoción y revulsión, sino con el apaciguado tono de la depredación “naturalizada” que ha hecho del discurso de la “actualidad” el familiar discurso de lo cotidiano. Peligroso y preocupante cambio de registro. 18 .-Con el lugar del segundo, en el marco del rechazo al recorte anunciado , el vice ministro de economía es el que está autorizado para referir cuál es el verdadero lugar de enunciación y la asimetría.

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contrato fiduciario se ha desplazado: “queremos mantener la confianza de los mercados”. Los recortes presupuestarios se anuncian en clave de pasiones del poder, son “sacrificios” que duelen pero que el mercado necesita para no intranquilizarse, en la ansiada meta de la seguridad económica. En medio de un campo argumentativo que debate la recesión en torno al modelo de ajuste, con cifras de agravamiento sobre la caída del empleo según los desocupados conocidos (umbrales difusos para la medición, según el indicador que se adopte), ajuste del gasto público y aumento de los pagos de la deuda, el Presidente sufre como sufrimos todos pero de ninguna manera va a renunciar a la estabilidad económica. El fantasma de la hiperinflación asedia, como la sombra del Rey Lear. “Recesión” y “restos” hablan, en el 99, del final de la fiesta menemista. A propósito de las privatizaciones, ya hay una estabilizada matriz del “vaciamiento de una /toda herencia” de lo público, en los preliminares de la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales (YPF), uno de los “restos” que aún resta de la “resta” (sustracción y ahuecamiento ) del patrimonio nacional. En esta recursividad se materializa el estado de derecho que la década supo conseguir y el Estado des-aforado que produjera ese derecho. En el 2002, ese lugar de la ventriloquia tomaría cuerpo y ocuparia espacios: los bancos, los domicilios privados del escrache y el FMI desembarcando en tierras capitalinas. La re-enunciación de la ley es isomórfica a la reinterpretación de la justicia y sus campos de batalla: fallos y revocatorias, anulaciones y reaperturas; con ritmos intermitentes, marcan los retornos en el discurso público de un desfase entre la ley y su aplicación. Entre el rumor y la denuncia, el delito de autoridad de los funcionarios, incluido el Presidente, se emplaza en el arco que va de la inconstitucionalidad de los instrumentos legislativos, el desconocimiento del mandato de una decisión judicial o la amenaza de desconocerla. La revocatoria del contrato institucional: Corrupción, impunidad e inmunidad. Las representaciones sociales de violencia y justicia que visibilizaron los medios es un dominio privilegiado para abordar este proceso de depredación y regresividad en la particular experiencia democrática argentina que abarca la década de la post-transición, enmarcada entre los indultos y la delegación de poder, hasta este presente. El hiato entre campo político (o sociedad política) y campo social se condensó en el enunciado “que se vayan todos” y en la práctica estigmatizante e infamatoria de “el escrache”, que invierte exactamente el tribunal punitivo cuando se “escracha” a la Suprema Corte de Justicia (enero 20, 2002). “El escrache” designa una práctica punitiva de estigmatización con valor de condena social infringida inicialmente en y sobre los espacios -privados y/o públicos- relativos a actores, prácticas e instituciones ligadas a la última dictadura militar argentina. Esta práctica infamatoria, que emerge a mediados de los ´90, se ejerce espectacularmente por lo que concierne, de manera especial, a la visibilidad pública. Su emergencia está vinculada al organismo de Derechos Humanos H.I.J.O.S. (Hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio), integrado en sus comienzos por hijos de detenidos, desaparecidos, torturados y exiliados durante la dictadura militar de 1976-83). Desde 1999 esta práctica migra y se expande siendo

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apropiada por distintos actores sociales por un amplio espectro de reclamos sociales, económicos, políticos y culturales. En esta práctica de condena social se realiza el cierre de un particular recorrido veridictorio –el “juicio público”- y la correlativa “pena” o condena social –la infamación inhabilitante-, como cierre sucedáneo y exterior, o más precisamente tangencial, del que le concerniría a la institución justicia, trastocada por la impunidad (Antonelli: 2002d). En otras palabras, esta práctica actualiza la instancia de juicio-condena pública como “cierre” de relatos sin “final” en tanto descreencia en la justicia institucional corrupta y opera en un campo de sentidos sociales ligados a la ciudadanía de las pasiones, en distintas figuras (amenaza, temor, inseguridad, cólera, etc.) ante la impunidad. En tanto ritual instituyente, devela la condición infame en el imperativo “conviértete en el que eres” (Bourdieu:1991,78-95). La contaminación extendida de la impunidad que “el escrache” sindica, muestra el cierre de una post-transición democrática en la condición post-política, como un régimen imposibilitado de producción de verdad y sanción, por tanto, vaciado de toda moralidad imaginable. Es la inversión exacta del régimen de veridicción que inauguró el acto fundacional de los Juicios en la apertura de la transición a comienzos de los 80. “Que se vayan todos”. Se trata, como en una fotografía, de un fuera de marco, una dislocación entre los representados y los representantes, un quiebre que suspende la articulación de la palabra política, a la que algunos llaman el momento inocultable de la crisis de la hegemonía (Lozano: 2002a). Desde mediados de los ’90 nuevas argentinas se irían configurando, en los márgenes mismos de la depredación: mapas de la protesta social, los bolsones de pobreza e indigencia, el analfabetismo, la represión, la vulnerabilidad jurídica, etc (Antonelli: 2002b). Refrendadas con distintas técnicas de registro y validez, esas cartografías se referencian en estadísticas e indicadores de cuantificación. Las exclusiones y marginaciones se escriben en la aritmética del drama social. Y también en las curvas, proyecciones y cuadros que espacializan una Argentina percibida como inédita en la geometría de la precariedad: (CELS: 2000, 2001- 2002). El lenguaje de “los datos” y sus técnicas de registro ponen en lógica de cálculo la incalculable ausencia de justicia que se actúa en el drama de los espacios de visibilidad pública, escenarios donde los cuerpos son el argumento. Entre las cifras y las formas, estas cartografías permiten leer el imaginario del desamparo y el efecto-precariedad que Hopenhayn ya verificaba en toda la región a mediados de la década pasada (Hopenhyan: 1997)19. Puedo hipotetizar que entre 1997 y hasta 2001 (pre-ley deficit cero), los reclamos y la palabra política pueden pensarse todavía como articuladas a un imaginario contrato, aunque frágil y adelgazado, entre representantes-representados. Se está aún en el fetichismo político desde el cual los rituales y liturgias de las deudas y acreencias,

19 .- Sólo para referir al umbral mínimo del derecho en téminos de sobrevivencia, para Lozano, Argentina finalizará el año 2002 con 23 millones de argentinos bajo la línea de pobreza y casi 11 millones de personas en situación de indigencia. Claudio Lozano, “La institucionalización del autoritarismo”, p.3.

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promesas e incumplimientos, confianza otorgada/confianza defraudada son esquemas de inteligibilidad en el imaginario político. A partir de la delegación del mandato al Super Ministro, hay un quiebre; se disloca y desplaza la representatividad a cadenas de representacion cada vez mas diferidas; en el tenso umbral de máxima distancia entre legalidad y legitimidad. Ese es un umbral a partir del cual lo político se emplaza claramente en los espacios tangenciales al campo de la política, en procesos emergentes de construcción del poder horizontal (Rauber: 2002). Entre la renuncia de De La Rúa y la representación delegada en el vertiginoso y alternado cambio y vacancia de presidentes en pocos días, se emplaza el umbral de la revocatoria. Esta línea de diferimiento de la representación concluye con el Precario: el Senador Duhalde devenido Presidente. Astillas de la legitimidad democrática quedan esparcidas en este vértigo institucional, llamado “naufragio”. Desde el punto de vista del poder, el vacío de legitimidad se muestra como pura fuerza de un dispositivo aún vigente, el del campo politico, sus actores e instituciones, pero sin deudas de representación (éstas solo pueden pensarse hacia delante, como construcción para una nueva batalla por el poder electoral). La política que acorraló la economía del país, quedó acorralada en su propio campo, replegada de la arena politica, ocupada por el tribunal callejero de condena20. La comunicación política se volvió imposible. El proceso de trastocamiento había inhibido casi totalmente las posibilidades de lugares/actores que monitorearan y tramitaran la cosa pública: estaban todos los espacios “escrachados” . A las escenas de este inédito escenario del descrédito que ingresarían al archivo de la infamia, en medio del naufragio de un país a la deriva, le siguió la igualmente inédita escena para la histora política e institucional en la que los medios exhibieron el desembarco del personal delegado del FMI y sus oficinas a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Si hasta entonces, alguna estrategia simbólica sostenía el ya frágil imaginario de la Nación articulado a las ideas rectoras de la autodeterminación y soberanía, esos cuerpos politicos cancelarían desde entonces sus significados. Por primera vez, con su “ocupación territorial”, se corporeizarían los hasta entonces fantasmagóricos personajes de la economía transnacional. La ventriloquia del Estado a cuyo través “dictan” (dictum) los organismos internacionales ingresaría con cuerpos e identidades a la iconografía de la cultura política nacional, trazando un umbral para un nuevo verosímil político y sustrayendo los restos y hasta las ruinas del imaginario político argentino precedente. Si desde los 90, con la gestión Clinton, se había monitoreado y construido a la Argentina en clave de corrupción extendida y enquistada, por tanto, también de impunidad, desde el torrido verano del 2002 hasta este del 2003, los emisarios del FMI designarían la depredación fabulosa de las divisas por el sistema bancario y financiero con un nuevo

20 .- Ante una clase inhabilitada y expuesta a la marcación física casi en su totalidad, se recortan nítidos, los escasos habilitados con capital simbólico y crédito político que pudieron formar parte de la arena politica, como Luis Zamora.

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nombre para la seguridad jurídica argentina: “la inmunidad” fijada por la fuerza de la “ley” hecha a la fuerza/bajo la fuerza. ¿Un Jure de facto? ¿Cómo se miden esos umbrales de la violencia y del delito del capital? El FMI ha decidido medir sus umbrales de error en el “caso argentino”, pero sólo hasta el 2000. La inmunidad con la que eufemísticamente se designa la impunidad deberá esperar, ¿quizás otra década?21. Las escenas de este saqueo, sin rostros cubiertos, puede leerse retrospectivamente en los procesos de judicalización de la política y politización de la justicia así como del paroxismo legisferante que inscribió, hasta hoy sin retorno, el proceso de licuación y trastocamiento de la siempre inconclusa divisoria entre lo legal/ilegal; legítimo/ilegítimo que caracterizó y puntuó el tiempo político y el tiempo mediático de los 90 en Argentina. Proceso caracterizado por la re-enunciación sine diem (sin término, abierta ) de la ley y el desplazamiento de lo judiciable casi al ámbito de lo “opinable”: fallos controversiales, revocatorias, vetos, re-revocatorias, etc. Esta re-enunciación está posibilitada por el “fuera de marco”, entre el campo político y el campo social, en la aún vigente capacidad de acción de la clase política y sus instituciones. Si el menemato, como particular estilo de la gestión que abarcó la década de los 90, dejó un vacío de la palabra política y una vacancia de las escenas del poder (Tabachnik: 2002), en el cierre del 2001 la escena quedó vacía de actores, imposible mostración de los cuerpos de la política ante el asedio del tribunal callejero y su modelo punitivo. Si los actos de poder político están reservados al espacio opaco y secreto y las actuaciones de su exhibición son las escenas visibles ante la mirada pública de la comunicación política, en el tempus del naufragio y del tribunal callejero, del escrache como práctica de traducción de las pasiones ciudadanas, los cuerpos políticos mutaron a espectros. Sombras. Ni vivos ni muertos. Ocultos, asediados, acechados. Como su reverso, con una centralidad y visibilidad dominantes, la criminalización de la pobreza, la privatización de la exclusión (o responsabilización individual de los procesos de precarización/marginación/privación de bienes comunes: salud, trabajo, educación, etc),

21 .- La “carta” firmada recientemente con el FMI consagra la inmunidad. Según Lozano, esta carta

implica la presentación legislativa de una reforma tributaria integral y un nuevo régimen de coparticipación. Contratación de un asesor internacional (un banco extranjero) para determinar la situación del endeudamiento con los acreedores. Consultoría internacional para evaluar la banca pública, dilucidar su rol estratégico incluyendo decisiones de capitalización vía emisión pública de acciones (privatización). Y, para la inmunidad: “Gestión de la concentración del sistema financiero y limitaciones al Poder Judicial para que este no pueda anular las definiciones del Banco Central, así como tampoco juzgar a sus funcionarios. Asistencia del Banco Mundial y el FMI para desarrollar un nuevo marco regulatorio y facilitar (¿sera estatizar?) la reestructuración de las deudas de las empresas privadas que operan servicios públicos.Como si esto fuese poco, el memorandum establece restricciones a la operatoria de los bancos públicos, pauta con precisión el ajuste provincial y establece el incremento de deuda pública esperado en razón (dominantemente) de haberle cubierto las espaldas a los bancos en la crisis financiera”. Claudio Lozano, “¿Dónde quedó el progresismo de Lavagna?” documento Equipo de Prensa y Difusión FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza); Córdoba, 27 de febrero 2002.

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respecto de las cuales los medios estarían proveyendo matrices de aceptabilidad que retroalimentarían las agendas sociales y políticas, hacían de la Argentina un enorme escenario de cuerpos: cuerpos desocupados, criminalizados, segregados, enfermos, desnutridos, etc., en cartografías imaginarias de una Argentina percibida como “inédita” (mapas de la inseguridad ciudadana, de los reclamos sociales, de la desnutrición, del desempleo, etc.) y en escenologías donde los dramas remiten, por contigüidad, al poder político. En esta relación entre la política de los cuerpos y los cuerpos políticos se inscribe la regresividad y expropiación de derechos como dimensión sociodiscursiva del naufragio, metáfora de inteligibilidad que remite a la catástrofe. Esta última, como categoría de las ciencias sociales, nombra la devastación de los marcos de referencia de lo cotidiano institucional e individual. En tal sentido, la categoría regresa para conceptualizar y describir esta Argentina depredada (Lozano:2002b), como parte de un vocabulario insensato que sólo había dado cuenta antes de los impactos dictatoriales (Pugget-Kaës). Con una mirada retrospectiva, la consigna de estos días por la exigibilidad de derechos (el derecho a tener derechos, lo que supone su justiciabilidad o ratificación por parte de la justicia) muestra una irrevocable mutación. Aquella por la cual se ha desplazado casi al umbral de lo no enunciable la postulación (ir-renuncia-ble) sobre la emergencia de nuevos sujetos y contenidos de derechos como resultantes de la acción sociopolítica que desborda el derecho vigente. Si los derechos emergentes son parte de la dinámica de conflicto, debate y crítica del orden instituido (Lechner:1986 Gómez:1989) y si la actual situación de los derechos es la lucha urgente por su justiciabilidad y exigibilidad denegadas, entonces, entre la década de la transición y el de la post-transición todo un imaginario y una cultura política se han devastado. BIBLIOGRAFÍA CITADA ANTONELLI, M.(2002.a) “Dislocaciones temporales en las representaciones identitarias de `La sociedad argentina´ (un estudio de cultura mediática); Revista del Centro, Identidades, 2, CIFFyH, pp.63-92.

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