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Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África

XIII Congreso Internacional de ALADAA

Seguridad en África, Asia y

América Latina

Fronteras en medio de conflictos prolongados: Análisis a partir de los

casos de Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo Irene Cabrera Nossa

Sobre el autor

Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales e

investigadora de la línea en Negociación y Manejo de Conflictos de la Universidad

Externado de Colombia. Este trabajo es producto del proyecto de investigación

“Conflictos armados en zonas de frontera” del Centro de investigaciones y Proyectos

Especiales – CIPE- y se presentó como ponencia para el XXIII Congreso

Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África

realizado en Bogotá los días 23, 24 y 25 de marzo de 2011.




América Latina

Fronteras en medio de conflictos prolongados: Análisis a partir de los

casos de Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo Irene Cabrera Nossa

En Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo, los grupos insurgentes se

han servido de las fronteras como zonas de retaguardia estratégica para prolongar el

conflicto armado y garantizar su supervivencia. En medio de las dinámicas de guerra que se

presentan en estos tres estados, el control de los espacios limítrofes se ha convertido en un

desafío ineludible para sus políticas militares. Además de lo anterior, el uso de las fronteras

en medio de la confrontación ha generado serias perturbaciones en las relaciones

diplomáticas con los vecinos, por cuenta del traspaso de fuerzas regulares (ejércitos

estatales) e irregulares (organizaciones al margen de la ley), más allá de los límites

internacionales.

Si bien, los gobiernos de Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo han

establecido medidas de seguridad en sus zonas de frontera, no son pocas las dificultades

que persisten en torno a la recuperación del control territorial y a la superación de sus

conflictos internos. De hecho, varios episodios de violación de soberanía y múltiples

acusaciones sobre supuestas colaboraciones de los gobiernos vecinos con los grupos

irregulares, se han convertido en un obstáculo para lograr una cooperación regional sobre

los territorios fronterizos.

En este contexto, el presente estudio tiene dos objetivos centrales: primero, analizar el

uso funcional de estas fronteras en medio de la confrontación; y segundo, explorar qué tipo

de dificultades y retos rodean el establecimiento de políticas conjuntas de seguridad

encaminadas a la desarticulación de estos grupos transfronterizos.

1. Razones estratégicas para el uso de las fronteras en medio de la guerra

En la mayoría de los conflictos internos, las fronteras constituyen espacios de refugio,

repliegue y abastecimiento (Saleyhan, 2009). Desde esta lógica, el uso de las zonas




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limítrofes ha sido una tendencia presente en el 71% de los conflictos armados que han

tenido lugar en el mundo desde 1950 (Buhaug y Gates, 2002). La localización de los grupos

ilegales en estos territorios, lejos de indicar su arrinconamiento, en numerosos casos

posibilita su supervivencia e incluso genera ganancias políticas. Este último punto se

explica porque su presencia transnacional puede desestabilizar o perturbar las relaciones

diplomáticas de la subregión y deteriorar una atención suficiente de los gobiernos sobre las

franjas limítrofes.

El uso de las fronteras lejos de constituir una táctica en momentos de debilitamiento, por

lo general es una estrategia permanente debido a las numerosas ventajas militares y

económicas que facilita esta posición. Si se consideran las dinámicas de la confrontación en

Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo (RDC), lo cierto es que los

espacios fronterizos siempre han sido funcionales para el desarrollo del conflicto. Sin

embargo, la mayor presión militar de los tres gobiernos en mención, ha transformado el

valor de las fronteras en medio de la guerra.

Como se analizará a continuación, en la evolución reciente del conflicto de estos tres

casos de estudio, el control de las zonas limítrofes por parte de grupos rebeldes es un

elemento transversal que ha posibilitado una continuación de la confrontación. En

particular se analizará en qué medida los grupos ilegales encuentran ventajas militares y

políticas a partir de un uso estratégico de las fronteras.

1.1 El repliegue armado hacia las fronteras

Los antecedentes de la guerra en Afganistán, Colombia y RDC merecen un estudio

detallado que está por fuera del alcance de la presente investigación. Sin embargo, al

considerar las estrategias militares y de seguridad que se han implementado en estos tres

países, entre el 2001 y 2003, se evidencia un mayor esfuerzo de estos gobiernos por

recuperar los centros políticos más importantes del país, en detrimento de zonas de la




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periferia. Con todo, una breve revisión histórica de estos tres casos de estudio revela un

proceso común y es el repliegue de los grupos irregulares hacia las fronteras.

En el caso de la República Democrática del Congo, cabe recordar que después del

genocidio ocurrido en Ruanda en 1994 en contra de los tutsis, 40.000 milicias hutu y

aproximadamente 25000 soldados de las fuerzas armadas ruandesas, se refugiaron en RDC

(Kisangani, 2000, 165). Debido a la complicidad de la administración presidencial de RDC,

el gobierno ruandés prestó apoyo incondicional a las fuerzas rebeldes congoleñas

encabezadas por Laurent Desiré Kabila e incluso se presentaron varias incursiones por parte

de los ejércitos de Uganda y Ruanda, con el fin de perseguir a los hutu.

Cuatro años más tarde (1997) Kabila logró tomarse el poder a través de la Alianza de

Fuerzas Democráticas para la liberación del Congo (AFDLC) y la colaboración militar de

Ruanda, Uganda, Angola y Zimbabwe (Ramírez, 2010,35). Poco después, Kabila

extralimitó sus funciones al declarar ilegal cualquier partido diferente al suyo y rompió los

lazos de cooperación con los estados vecinos y otras fuerzas rebeldes que lo habían

apoyado para constituir su gobierno. Esta situación llevó al inicio de una segunda guerra de

los grupos rebeldes de RDC1, apoyados por Ruanda y Uganda, en contra de Kabila (Ibíd:

37).

Desde ese entonces, el 40% de RDC quedó bajo el control territorial de los grupos

rebeldes, quienes incluso se disputaban el dominio de la capital (Ibíd: 37). En medio de las

hostilidades, el gobierno de Kabila buscó un acuerdo con los distintos grupos irregulares en

2003 y como resultado, buena parte de los actores armados iniciaron diálogos de paz. En

esta negociación se acordó la creación de un gobierno unificado, la suspensión de las

actividades armadas, la integración de las distintas milicias en el ejército nacional, el retiro

de las tropas extranjeras y el desarrollo de elecciones democráticas para dar cabida a

nuevos partidos (Kisangani, 2000).

1 Entre estos grupos rebeldes se encuentran facciones que desertaron del ejército congolés, el grupo rebelde

Coalición Congolesa por la Democracia (RCD-goma), los mai mai que son grupos locales de RDC de

autodefensa pero que no tienen un mando unificado.




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A pesar de lo anterior, lo cierto es que estos esfuerzos de resolución del conflicto en

RDC se dieron desde un nivel central, mientras que se subestimaron las dinámicas locales y

en particular los intereses encontrados en zonas de frontera (Autesserre, 2007:424). Aunque

el gobierno retomó el control sobre las provincias centrales del país, en los escenarios

colindantes con Uganda y Ruanda no se respetó el contenido de los acuerdos y al contrario,

se presentó una relocalización de las fuerzas irregulares hacia estos espacios. Desde ese

entonces, lo grupos irregulares de RDC mantienen un control importante sobre la frontera

oriental del país, mientras que los esfuerzos militares del gobierno siguen concentrados en

mantener la seguridad en la capital.

En el caso de Afganistán se debe tener en cuenta que después de la terminación del

régimen comunista en 1992, continuaron los ataques y hostilidades de los grupos rebeldes

talibanes. Su avance territorial desde la periferia se tradujo en 1996 en el dominio y control

de Kabul, la capital. Sin embargo, con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,

Estados Unidos invadió Afganistán en octubre del mismo año, lo cual conllevó a la

disolución del gobierno talibán y al inicio de una persecución sostenida en el tiempo en

contra de estas facciones armadas y los integrantes del Al-Qaeda (Goswami, 2009: 465).

Debido a la mayor presión militar, los grupos irregulares talibanes se replegaron

rápidamente hacia el sur del país. De acuerdo con las investigaciones del gobierno de

Estados Unidos, la mayoría de las fuerzas armadas talibanes se relocalizaron en varias

zonas fronterizas del territorio pakistaní. En esta zona, existen más de 340 pasos ilegales

entre Pakistán y Afganistán que han sido aprovechados para el repliegue de estos grupos

irregulares. De hecho, lo anterior ha sido posible debido al énfasis del gobierno provisional

de Afganistán y Estados Unidos en el control de las zonas aledañas a Kabul, en detrimento

de una atención y control permanente a lo largo de la frontera sur (Ibíd: 468).

Por último, en el caso de Colombia es necesario señalar que antes de 1998, la iniciativa

armada del Estado se encontraba desbordada por la capacidad militar de las guerrillas y los

paramilitares (Echandía, 2006). Sin embargo, en el gobierno de Pastrana (1998-2002) se

inició una transformación de las fuerzas militares a nivel de doctrina, profesionalización y




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tecnología, para dar marcha atrás a las tendencias negativas y restablecer la autoridad en las

áreas disputadas por otros actores no estatales (Rabasa y Chalk, 2001,170).

Desde este periodo la correlación de fuerzas comenzó a ser favorable para el Estado y la

nueva administración presidencial de Álvaro Uribe (2002-2006) se encargaría de darle

continuidad a esta tendencia. Bajo su mandato, los recursos derivados del Plan Colombia

para la lucha antinarcóticos y contrainsurgente, así como la modernización de la fuerza

pública, le permitieron iniciar una campaña de recuperación del control del territorio

nacional. Su estrategia consistió en combatir a las guerrillas con un mayor esfuerzo militar

sobre las estructuras armadas, y en paralelo, establecer condiciones para negociar y sacar de

la escena de confrontación a otro actor armado: los paramilitares.

Con todo, a pesar de los retrocesos territoriales de las guerrillas y la desmovilización de

varios integrantes de los paramilitares con la ley de justicia y paz2

, estos grupos

reacomodaron su dispositivo armado en el territorio nacional. Teniendo en cuenta que las

operaciones militares del Estado tuvieron un mayor énfasis en los departamentos del

interior del país, las guerrillas se replegaron hacia territorios estratégicos para su

supervivencia entre los cuales se destacan las fronteras (Echandía, Bechara y Cabrera,

2010).

1.2 Ventajas militares de la presencia irregular en zonas limítrofes

El acceso de los grupos rebeldes a territorios fronterizos es bastante útil en términos

militares, debido a dos razones centrales: primero, porque que desde estos escenarios

pueden desplegar con facilidad operaciones armadas en contra de su Estado objetivo y

segundo, por la posibilidad de mejorar su economía de guerra3. La primera explicación está

2 Como se evidenciará más adelante, el registro de acciones armadas y homicidios por parte de grupos

paramilitares después del 2004, hace discutible la efectividad del proceso de desmovilización. 3 Por economía de guerra se entienden las actividades de financiación de los grupos armados que pueden ser

de carácter cerrado (debido a que los recursos se obtienen al interior del país mediante secuestros, extorsiones,

impuestos revolucionarios) o de carácter abierto (cuando los recursos provienen del exterior mediante

remesas, pago internacional por narcotráfico etc.)(Jean y Rufin, 1996)




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relacionada con la creación de bases extraterritoriales que facilitan la movilidad de los

ejércitos irregulares desde la periferia hacia el centro del país, así como la posibilidad de

resguardarse o esconderse en caso de una retaliación por parte de las fuerzas armadas

oficiales.

En este contexto, la creación de bases extraterritoriales es una táctica importante, en la

medida en que su Estado objetivo no puede operar por fuera de su jurisdicción. Es más, si

un Estado tuviera el permiso para hacerlo, por lo general este tipo de operaciones serían

altamente costosas. De un lado, no se tendría la misma precisión y capacidad armada para

operar en un territorio poco conocido, y por otro, no habría suficiente conocimiento de la

población que la habita para establecer la existencia o no de redes de apoyo (Saleyhan,

2007).

En los tres casos de estudio, la creación de bases extraterritoriales se ha convertido en un

recurso común que ha permitido evadir la confrontación directa con los ejércitos oficiales.

En Afganistán y más específicamente en su frontera con Pakistán existen Áreas Federales

administradas por grupos tribales que han servido como escenarios de escondite para las

fuerzas talibanes4. A pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno de Afganistán y de las

fuerzas de colación de Estados Unidos y la OTAN, numerosas operaciones de

contrainsurgencia han sido frustradas por la habilidad que tienen los talibanes para acceder

a diferentes santuarios en las zonas tribales donde los gobiernos centrales tienen mínimo

control (Saleyhan, 2009:9).

En RDC, las zonas fronterizas con Ruanda y Uganda han servido para establecer bases

extraterritoriales de grupos rebeldes en contra del gobierno de RDC. Incluso se ha

detectado la presencia de resguardos militares al interior de los campos de refugiados

localizados en espacios limítrofes, donde por ejemplo no se restringe el acceso de armas5.

Lo anterior revela lo que menciona Saleyhan sobre el uso de los campos de refugiados

4 Estos territorios tribales existen desde el acuerdo de 1947 con el fin de reconocer la autoridad de las tribus

pashtun sobre estos espacios que han sido de su dominio histórico (Qassem, 2007: 77). 5 De hecho se calcula que después de 1994, en los campos de refugiados entre Ruanda y RDC 65mil soldados

hutu han sido entrenados al interior de estas zonas humanitarias (Kisangani, 2000: 186).




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como espacios de resguardo, reclutamiento y obtención de recursos tanto militares como de

primera necesidad (Saleyhan, 2007, 224). Cabe agregar que la ayuda específica de los

oficiales de Ruanda a los grupos irregulares de RDC en los últimos años incluyó el acceso a

una base provisional en territorio ruandés para cuando fuera necesario reagruparse y

refugiarse (UN Security Council, 2004).

De manera similar en el caso de Colombia, grupos como las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC), han establecido santuarios extraterritoriales que han

servido como refugio ante el aumento de las operaciones militares del ejército colombiano

en su contra. Buena parte de estos campamentos se han detectado en territorio panameño,

brasilero, venezolano y ecuatoriano. Inclusive, en este último país se destruyeron en el año

2008 156 bases de las FARC en el marco de varias operaciones del ejército y la policía

ecuatoriana (Foro Militar General, 2009).

Además de evitar contactos militares, estas posiciones limítrofes les permiten acceder

con mayor facilidad a los mercados internacionales de armas, a explosivos y a bienes de

primera necesidad que son indispensables para abastecer y mantener a la tropa, entre los

que se destacan uniformes, alimentos y medicinas.

Ahora bien, la segunda ventaja militar asociada a la posibilidad de mejorar la economía

de guerra de los grupos irregulares, se debe a que las fronteras facilitan actividades de

financiación que dependen de redes internacionales como el tráfico de piedras preciosas, el

contrabando de bienes y personas o la exportación de cultivos ilícitos. Aunque desde los

años 80 y 90, los grupos irregulares de Afganistán, Colombia y RDC pasaron de una

financiación interna y aislada6, a una economía de guerra externa que depende de las

transacciones internacionales. En este sentido, la localización de los rebeldes en las

fronteras ha mejorado su acceso a tales líneas de financiación.

6 Por ejemplo en RDC, Colombia y Afganistán los grupos irregulares establecían impuestos revolucionarios a

la población como fuente primaria de financiación. En particular, los impuestos al islam en Afganistán

reflejaban la filiación de la población a un partido y su respectivo brazo armado (Dorronsoro, 1996). Además

de estos impuestos en los casos específicos de RDC y Colombia el secuestro y la extorsión también se

convirtieron en medios privilegiados para la obtención de recursos.




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En el caso de los irregulares de la RDC, su despliegue territorial se concentró

principalmente en zonas de frontera con grandes riquezas de recursos naturales como los

diamantes, el petróleo, el cobalto y el coltán. Todos los actores del conflicto se han visto

involucrados en actividades de minería ilegal y han aprovechado las fronteras para la

comercialización de minerales. Estos grupos no sólo participan de manera directa en la

explotación de los recursos en mención, sino que además han creado redes de cobro a la

movilidad peatonal y vehicular en espacios fronterizos y han creado impuestos al comercio

y tránsito de coltán y de piedras preciosas (Reyntjens, 2005:597). Es más, aunque los

soldados del ejército congolés reciben un pago por sus servicios, los oficiales superiores

suelen malversar estos recursos y como consecuencia, los soldados tienen incentivos para

vincularse en actividades mineras que les otorguen mejores rentas (Autesserre, 2007:429).

Por otra parte, en esta región de los Grandes Lagos los grupos que operan en RDC

cuentan con un importante apoyo militar y financiero por parte de los países vecinos, los

cuales a su vez, vieron provechoso mantener un control sobre las zonas ocupadas

ilegalmente en el oriente del país. Un ejemplo claro es que Ruanda y Uganda se han

encargado de proveer armamento pesado, municiones, uniformes y dinero en efectivo a los

rebeldes de RDC, actividad que se facilita por su posición en las fronteras (Ibíd: 427).

En las zonas limítrofes de Afganistán, la economía de guerra de los talibanes también se

ha fortalecido debido a la mayor facilidad para desarrollar actividades de contrabando y de

narcotráfico. Aunque los grupos talibanes buscaron independencia de los recursos que

provenían de afuera, la dificultad logística y administrativa para recolectar los impuestos

locales los obligó a concentrarse en la financiación proveniente del exterior. (Dorronsoro,

1996:161) En este contexto, la posibilidad de relocalizar los cultivos de amapola y

marihuana desde el centro hacia la periferia del país, les brindó una ventaja importante para

garantizar su acceso a los recursos provenientes del narcotráfico.

En las investigaciones de Karimi, se ha identificado un traslado de los cultivos del norte

del país hacia zonas del sur, donde se presenta menos control de las autoridades de

Afganistán (Karimi, 2010:1). De hecho, cinco provincias colindantes con Pakistán




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concentraron el 82% del opio cultivado en suelo afgano para el 2010. Además, en el 2009,

se detectaron cultivos de marihuana en 17 provincias del sur que colindan con Pakistán y

que además, se caracterizan por su alta inseguridad7. Habría que recordar que en el año

2010, Afganistán ocupó el primer puesto como principal productor de hashis a nivel

mundial (UNODOC, 2010: 60). Adicionalmente, desde esta localización los rebeldes tienen

mejor acceso a los puntos de comercio y las rutas de tráfico hacia otras regiones del mundo.

En el caso de Colombia, los grupos irregulares continúan adelantando actividades de

extorsión, boleteo y secuestro con fines de financiación, específicamente desde varios

departamentos de frontera donde las autoridades locales no cuentan con suficiente control

(Observatorio de Derechos Humanos, 2010). Sin embargo, el narcotráfico se ha convertido

en la principal economía de guerra desde los 80. Al respecto, vale la pena mencionar que

pese a los esfuerzos de erradicación de los últimos gobiernos presidenciales, desde el 2004

se presenta una compensación de las zonas erradicadas en departamentos del interior con

nuevos cultivos en escenarios de frontera. En este contexto, zonas limítrofes del Pacífico y

del nororiente colindantes con Venezuela, así como los parques naturales en espacios

fronterizos, se han convertido en zonas privilegiadas para la relocalización de cultivos de

coca (UNODOC y SIMCI, 2009). Respecto a este país cabe agregar que el fallido proceso

de desmovilización generó una proliferación de bandas relacionadas con el narcotráfico.

Estas últimas hoy compiten por el control del negocio a nivel de la producción y la

exportación en los escenarios de frontera.

Los grupos ilegales afganos y colombianos a partir de su repliegue a las fronteras han

logrado una ventaja importante para sus actividades de narcotráfico. No sólo se han

reducido los costos del transporte desde zonas del interior del país hacia los puntos de

exportación, sino que además han logrado integrar la producción y la comercialización con

mayor facilidad sobre las franjas fronterizas. De igual manera, la producción de cultivos

7 Entre estas se encuentran Logar, Paktia, Nangarhar, Badakhshan, Takhar, Balkh, Baghlan, Faryab, Jowzjan,

Helmand, Kandahar, Uruzgan, Zabul, Badghis, Farah, Heart y Nimruz. Cabe decir que entre las provincias del

oeste, Farah y Nimruz que se encuentran en la frontera con Irán, constituyen los mayores centros de tráfico en

la actualidad (Karimi, 2010).




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ilícitos sirve como moneda de cambio para la obtención de diferentes elementos militares

mencionados con anterioridad.

1.3 Ventajas políticas de la presencia irregular en zonas limítrofes

Desde una dimensión política cabe ahora analizar que las fronteras, por ser zonas

históricas de subestimación nacional, constituyen áreas óptimas para mantener un control

estratégico. Debido a que el énfasis de los gobiernos de los tres casos de estudio ha sido la

recuperación del control de los centros políticos y administrativos más importantes, los

irregulares han redirigido su atención hacia el control de zonas de menor atención pero que

son claves para su supervivencia. Desde esta lógica, los grupos rebeldes afganos,

congoleños y colombianos han buscado mantener su poder político y dominio mediante

actividades armadas y violencia en zonas de frontera.

Como evidencia clara de lo anterior, se puede mencionar que la persistencia de la

violencia en la zona oriental de RDC no sólo ocurre por la pretensión de estos grupos

irregulares de mantener un control sobre las zonas de recursos naturales. Al mismo tiempo,

la violencia homicida tiene como propósito intimidar y garantizar su poder sobre espacios

de la frontera que son claves para garantizar su supervivencia en medio de la mayor

iniciativa armada del estado congolés. Dentro de esta dinámica, el esfuerzo militar de los

rebeldes tiene como propósito la imposición de autoridades independientes sobre partes del

territorio.

El poder de estas autoridades se traduce por lo general en imposición de reglas,

impuestos, obtención de respeto y estatus local. Esto último es bastante importante debido a

que históricamente se ha rechazado o aceptado determinada autoridad de acuerdo con la

etnia de su ascendencia y su presencia histórica en la zona. Como resultado no son pocos

los enfrentamientos que se producen entre grupos étnicos y milicias que reclaman su

derecho de control y administración de varios territorios (Autesserre, 2007). Entre las

provincias con mayores índices de violencia se encuentran Kivu Norte y Kivu Sur




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limítrofes con Ruanda y Uganda, debido a que históricamente han sido zonas de disputa

étnica y política.

En Afganistán, la localización de los grupos talibanes en la frontera ha sido funcional

para sus propósitos políticos. Al respecto se debe recordar que la definición de la frontera

entre este país y Pakistán no fue plenamente reconocida por el gobierno de Afganistán y en

este sentido, el dominio sobre varios territorios de la frontera siempre ha sido un asunto

pendiente para los talibanes. Sobre esta base, el repliegue de los talibanes sobre las áreas

tribales que quedaron escindidas del territorio afgano, les ha otorgado un escenario propicio

para ganar mayor influencia militar y política en la zona (Saikal, 2006:132).

En Colombia se presenta un contexto diferente. Las ganancias políticas de los grupos

irregulares en las fronteras tienen que ver con la posibilidad de perturbar el orden municipal

y las relaciones diplomáticas entre vecinos por cuenta diferentes actividades armadas y de

violencia. En este sentido, grupos como las guerrillas buscan posicionarse como actores

políticos frente al Estado colombiano en la medida en que pueden afectar e intimidar a la

administración y población local de las zonas más periféricas, y al tiempo, generar

tensiones entre países vecinos por la incapacidad de estos últimos para evitar eventos

armados en ciertos territorios.

En Colombia, los grupos irregulares han ejercido una presión creciente sobre la

población en zonas limítrofes mediante desplazamientos forzados y masacres. Por ejemplo,

en el informe de 2009 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

refugiados (Acnur), se destacó un incremento en el desplazamiento forzado en Putumayo y

Nariño entre 2007 y 2009, así como la comisión de masacres por parte de las FARC en

contra de la comunidad indígena a’wá en 2010 (Echandía, Bechara y Cabrera, 2010. 165).

Como resultado, la presencia de los rebeldes en las fronteras no sólo les permite evadir

los ataques esporádicos del gobierno en su contra, también es una posición clave para

acceder a diferentes líneas de abastecimiento militar y económico que son fundamentales

para su continuidad en el conflicto. Es indiscutible que ha existido un uso histórico de estos

territorios y que aún mantienen una presencia activa en departamentos o provincias que no




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se encuentran en la frontera. Sin embargo, el mayor registro de actividades militares,

financieras y de la violencia homicida en zonas limítrofes, indica que allí se mantiene una

iniciativa militar que deja en entre dicho la capacidad de los estados de Afganistán, RDC y

Colombia para controlar los territorios en mención.

2. Prolongación del conflicto y externalidades: retos en torno a las políticas

conjuntas de seguridad fronteriza.

Los conflictos internos no son sólo eventos domésticos si se tiene en cuenta que otros

Estados pueden intervenir debido a crisis humanitarias; porque reciben las externalidades

negativas de tal conflicto; o también porque tienen determinadas preferencias sobre el

rumbo y el resultado de la confrontación.

Bajo este panorama, la academia internacional se ha interesado por el estudio de las

dimensiones internacionales de los conflictos internos y las implicaciones de este fenómeno

en la continuidad de la guerra. En particular se considera que las intervenciones externas, el

desbordamiento de las manifestaciones de la confrontación y el traspaso de los irregulares

más allá de las fronteras, pueden facilitar la prolongación del conflicto y generar un

ambiente de inseguridad internacional.

En este contexto, la segunda sección de este estudio presenta en primer lugar las

deficiencias militares de estos tres gobiernos; en segundo lugar, las externalidades

negativas que se han extendido hacia las respectivas regiones; y en tercer lugar la respuesta

de los gobiernos vecinos ante la evolución reciente de estos conflictos en las zonas de

frontera.

2.1 Deficiencias en los esquemas de seguridad unilateral

Debido a la relocalización de los grupos irregulares sobre las fronteras, los gobiernos de

Afganistán, RDC y Colombia poco a poco empezaron a tomar medidas específicas para




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contrarrestar la influencia irregular sobre los escenarios limítrofes. Sin embargo, al revisar

las medidas político-militares más recientes lo que se evidencia es una militarización de las

fuerzas armadas que no ha logrado traducirse en el sometimiento de los grupos irregulares.

Ello ha incidido en una prolongación de la confrontación y además la aparición de

externalidades negativas para los países colindantes.

En Afganistán, la contrainteligencia y las operaciones aéreas no han sido suficientes para

desmantelar el Al-Qaeda. De hecho, aunque la administración de Afganistán decidió

asignar de manera permanente 7000 guardias de frontera, estas zonas continúan bajo una

influencia significativa de las fuerzas talibanes (Saikal, 2006: 139). A lo anterior hay que

agregar la decisión de Obama en el año 2009, de enviar 17.000 hombres adicionales para

reforzar las labores de 36.000 efectivos que ya estaban presentes en Afganistán(Goswami,

2009). No obstante aunque las tropas afganas y de Estados Unidos identificaron como

principal prioridad concentrar sus operaciones militares en los territorios porosos entre

Afganistán y Pakistán8, las tareas de inteligencia transfronteriza encuentran como principal

obstáculo la complicidad entre las tribus pashtunes y los talibanes que están localizados en

las zonas de frontera.

Sobre este último asunto es necesario señalar que los integrantes de varias tribus han

sido víctimas de operaciones armadas por parte de las fuerzas de la coalición y de Pakistán.

Ello ha generado indignación entre los civiles de esta comunidad y un contexto propicio

para el apoyo a las fuerzas talibanes en contra de los responsables de estos ataques (Aslam,

2008: 672).

En RDC, las fuerzas oficiales del Estado no han logrado significativos avances militares.

Debido a ello, la mayoría de las fronteras se caracterizan por su porosidad; no hay

instituciones representativas del gobierno central en los territorios más alejados; se presenta

escasa comunicación entre el centro y la periferia del país; y el desarrollo de numerosas

8 Las provincias del sur Kandahar, Helmand, Uruzgan y Zabul concentran las mayores operaciones de

contrainsurgencia en la medida en son los escenarios más porosos por donde se escabullen de Afganistán

hacia Pakistán (Karimi, 2010).




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zonas está atado a economías informales como medio de subsistencia (Reyntjens,

2005:595). Además de la poca presencia estatal, al interior de las fuerzas militares no existe

cohesión ni mando unificado. A pesar del esfuerzo por agrupar a todas las milicias en el

ejército oficial congolés, lo cierto es que se mantienen facciones en tensión al interior de las

fuerzas armadas. Estas últimas intentan mantener un control independiente sobre aquéllas

zonas que estaban bajo su influencia antes del acuerdo de paz de 2003. Esta falta de

integración no sólo ha generado un ambiente de desconfianza hacia las fuerzas regulares,

sino que además se han presentado enfrentamientos al interior del ejército oficial

(Autesserre, 2007:428).

En este contexto se presenta una proliferación de actores ilegales (grupos irregulares,

criminales, empresas privadas de seguridad, milicias, etc.) que han sacado provecho del

poco poder militar del gobierno central. Esto indica que en el caso específico de RDC no se

ha avanzado en una política de seguridad y defensa que dé prioridad a los ámbitos

fronterizos y que procure mejorar las habilidades militares y de inteligencia para hacer

frente a los grupos ilegales presentes en el país.

En el caso colombiano, la situación militar ha tendido a favorecer al Estado. La mayor

capacidad ofensiva en contra de los grupos guerrilleros y de autodefensa ha permitido

numerosos golpes a los irregulares incluso en escenarios de frontera. De hecho en las

políticas más recientes de seguridad9, se ha reconocido la importancia de las fronteras por

ser zonas estratégicas para el resguardo de los irregulares y en este sentido se han

incrementado las labores militares sobre estas zonas en particular. Sin embargo, la actividad

de las FARC, el ELN y los paramilitares en territorios fronterizos sigue desbordando la

capacidad del Estado. En particular, el uso de minas antipersonales se ha convertido en un

obstáculo para el avance por tierra del ejército colombiano en la persecución de estos

grupos. De hecho, en años recientes el ejército colombiano tiene más bajas por cuenta de

9 Entre estas políticas se destacan los lineamientos del Conpes 3460 de 2007 y más recientemente el Plan

Fronteras para la Prosperidad de la actual administración presidencial de Juan Manuel Santos debido a que

ambas estrategias reconocen como prioridad la acción del Estado sobre los escenarios fronterizos.




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los campos minados que por los enfrentamientos directos con los irregulares (Echandía,

Bechara y Cabrera, 2010).

De igual manera, cabe señalar que las operaciones de las fuerzas armadas aún no logran

limitar la habilidad de los grupos irregulares para cruzar la frontera. En particular, la

incipiente inteligencia satelital y la imposibilidad de desarrollar operaciones

extraterritoriales dificultan la captura efectiva de los insurgentes cuando se encuentran

sobre los bordes fronterizos. Si bien, se han empezado a adelantar operaciones conjuntas

con los vecinos10

, aún persisten múltiples deficiencias de cooperación a la hora de evitar los

movimientos transnacionales de los grupos ilegales (Cabrera, 2009)

Al revisar estos tres casos se evidencia que el mayor poder militar de un Estado no

necesariamente se traduce en un efectivo monopolio de la fuerza y en la obtención de una

territorialidad plena (Salehyan, 2005, 5-6). Precisamente en estudios como los de Studdard,

se estima que los estados no sólo deben contar con una fuerza militar suficiente, sino que

además, deben formular políticas acordes a la ubicación del conflicto y que procuren una

comprensión cabal de las redes transfronterizas que soportan la lucha armada (Studdard,

2004, 4).

En esta misma línea, las investigaciones de Holsti señalan que el problema de la

debilidad de los Estados no reside en su pobre capacidad militar, sino en su ineficacia para

proveer seguridad y orden (Holsti, 1999, 15-18). Tal ineficacia, estaría relacionada con una

concentración de esfuerzos en territorios poco significativos para la fuerza armada contraria

o la ausencia de un conocimiento real sobre los espacios claves donde es necesario actuar.

En síntesis, aunque una mayor disponibilidad de recursos militares, en principio le

otorgaría a los Estados una capacidad superior para hacer frente a insurrecciones o

amenazas internas, en realidad la efectiva contención de los grupos irregulares implica de

manera adicional, una visión estratégica sobre la localización de su presencia armada y de

10

Este punto será retomado más adelante cuando se discuta la importancia de las labores militares conjuntas.




América Latina

los medios de financiación que lo soportan, lo que implica mirar si es necesaria una

cooperación con agentes más allá de las fronteras nacionales.

2.1Externalidades para el vecindario

Luego de revisar las distintas estrategias y respuestas de los gobiernos de Afganistán,

Colombia y RDC, es preciso analizar el tipo de consecuencias internacionales que acarrea

la presencia y actividad de los grupos armados sobre las zonas de frontera. En este contexto,

un primer tipo de externalidades negativas es la expulsión de la población hacia los Estados

vecinos por cuenta de la violencia y la percepción de amenaza (Gleditsch, 2003).

En el caso de RDC esto se evidencia con la aparición de campos de refugiados inclusive

desde el año 1996. Es más, en los últimos años la mayor actividad de los grupos irregulares

sobre la frontera del este ha incrementado la población en condición de refugio y

obstaculizado las labores de retorno de los refugiados congoleses que se encuentran en

territorios de Uganda, Ruanda11

y Burundi (Autesserre, 2007). En la frontera entre

Afganistán y Pakistán se encuentra la mayoría de los refugiados afganos. Para 1996 se

calculaban 3 millones de refugiados en suelo pakistaní. (Dorronsoro, 1996:161). Sin

embargo, luego del colapso del régimen talibán, se tuvo concomimiento de una nueva ola

de migrantes hacia los campos de este país que aún no han sido calculados a cabalidad

(Autesserre, 2007). En esta misma línea, el conflicto armado en Colombia ha generado una

expulsión continua de la población hacia los países vecinos en búsqueda de refugio. Como

ejemplo de lo anterior la Acnur estableció que para el año 2010, 53.000 refugiados de

Colombia fueron reconocidos por el Ecuador (Página oficial de la Acnur, 2011).

Un segundo tipo de externalidades tiene que ver con el estímulo de actividades ilícitas y

grupos ilegales en la región (Gleditsch, 2003). En efecto, la situación en RDC ha facilitado

una articulación entre grupos criminales de los países vecinos y los grupos insurgentes de

RDC alrededor de tráfico de armas y de recursos naturales (Auteserrem 2007:428). A lo

11

En Ruanda, para el año 2000 se calculaban alrededor de 2 millones de refugiados




América Latina

largo de la frontera de Afganistán se han multiplicado los contrabandistas y redes

narcotraficantes que en últimas han incentivado el tráfico de armas ligeras, armamento

pesado y drogas en la región (Saikal, 2006:138). Y como consecuencia y catalizador del

conflicto colombiano, numerosas redes internacionales relacionadas con el tráfico de armas

pequeñas y ligeras provenientes de Centroamérica, Norteamérica y Asia han estimulado la

creación de grupos locales de tráfico en los países aledaños a Colombia, para facilitar el

acceso de los grupos insurgentes a diferentes elementos militares (Amado, 2009). En el

caso de Colombia habría que añadir el estímulo a redes locales de distribución de

psicotrópicos en los estados vecinos y el incremento de las transacciones de droga entre los

grupos irregulares colombianos y los narcotraficantes de otros países como Brasil y México.

Una tercera externalidad tiene que ver con la extensión de las manifestaciones del

conflicto más allá de las fronteras (por ejemplo homicidios, sabotajes o secuestros en

territorios vecinos). Según estimaciones de Cunningham, Gleditsch y Saleyhan, por lo

menos el 55% de los grupos rebeldes que han estado activos desde 1945 han realizado

operaciones extraterritoriales es decir que han adelantado acciones armadas por fuera su

Estado objetivo o del cual son opositores (Saleyhan, 2008, 54).

El punto central frente a estas acciones es que por lo general se presenta una

militarización de los estados vecinos para contrarrestar tales actividades (Studdard, 2004).

Este tipo de consecuencias se hacen evidentes al examinar el caso de Ruanda. En particular,

este país experimentó un incremento considerable de su gasto militar respecto al producto

interno bruto, que pasó de 1,6 en 1989 como porcentaje del PIB a 8,4 en 1994, con el fin de

reforzar su capacidad militar e incursionar en RDC. A lo anterior habría que sumar, una

mayor adquisición de armas, el incremento de su tropa y la creación de estructuras

paramilitares coordinadas por el ejército ruandés (Kisangani, 2000, 165).

En Pakistán numerosas poblaciones y el ejército han sido objeto de operaciones militares

por parte de los talibanes así como de eventos suicidas o de kamikazes (Khan, 2010). Como

respuesta Pakistán desplegó entre el 2004 y el 2006 una tropa de 80.000 hombres en la

frontera con Afganistán y creó los “cuerpos de frontera” como unidades especiales




América Latina

encargadas de prevenir los traspasos ilegales y desmantelar los escondites de los talibanes

(Aslam, 2008: 666-668). Sin embargo, los resultados no han sido del todo favorables si se

considera que en el año 2010 se calcularon alrededor de 1900 muertos y 5000 heridos

pertenecientes a las tropas de Pakistán (Khan, 2010: 180).

Por su parte, los vecinos de Colombia han generado respuestas diversas ante las

amenazas y la violencia de los grupos irregulares colombianos en sus respectivos territorios.

Por ejemplo, el gobierno brasilero anunció en el año 2000, el traslado de 6000 combatientes

a la zona trifronteriza, donde se encuentran Colombia, Perú y Brasil para contener el

traspaso de grupos ilegales (Rabasa y Chalk, 2001). Igualmente se pueden destacar las

respuestas más recientes de Venezuela, pues este país desplegó 15.000 efectivos en 2010

para controlar incursiones ilegales a territorio venezolano, al tiempo que incrementó los

operativos de erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de pistas clandestinas para el

narcotráfico12

.

Por último, una externalidad que se relaciona con el traspaso de rebeldes al otro lado de

la frontera, es la violación de la soberanía de los países vecinos, por cuenta de operaciones

contrainsurgentes que pueden transgredir los límites fronterizos (Saleyhan, 2007). En este

sentido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha expedido varias resoluciones

condenando las violaciones de la frontera por parte de Ruanda y Uganda en la persecución

de grupos irregulares en territorio congolés.

De igual manera, varios ataques liderados por Estados Unidos en territorios de Pakistán,

han constituido una violación a la soberanía de este último, debido a que tales incursiones

se han realizado sin la debida autorización (Saikal, 2006, 136). Por último, uno de los casos

de violación de soberanía con mayor eco dentro del continente americano fue el bombardeo

al campamento de alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC en territorio

ecuatoriano. En este hecho, las fuerzas armadas colombianas ingresaron sin permiso al

12

Aquí se destaca la Operación Sierra 21que se realiza con periodicidad constante “para detectar y destruir

posibles cultivos de coca y amapola en la Sierra de Perijá, en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia”. El

Espectador “Con 15.000 militares, Venezuela vigila frontera con Colombia y Brasil”, 5 de noviembre de

2009. Consultar online en: http://www.elespectador.com/node/170558

http://www.elespectador.com/node/170558




América Latina

espacio aéreo ecuatoriano, lo que llevó a una demanda de este último país contra Colombia

en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 (Cabrera, 2009).

2.3 El papel de los estados vecinos en la continuación de la confrontación

A partir de la revisión de los tres casos de estudio se ha podido observar cómo conflictos

internos tienen importantes repercusiones internacionales. De hecho, parte de la literatura

especializada en estos temas, indica que los estados vecinos de un país en conflicto, tienen

un rol decisivo en la superación de tal confrontación armada y a su vez, en la exacerbación

y prolongación del conflicto. En palabras de Saleyhan, cuando existen grupos armados de

carácter transnacional, los estados vecinos se convierten en actores claves para lograr una

derrota o una solución negociada. Por ejemplo con el fin de desarrollar operaciones

militares o desmovilizar las milicias internacionales, es preciso contar con información y

apoyo logístico por parte del país donde también están presentes los rebeldes (Saleyhan,

2007, 218)

El punto anterior se puede entender mediante dos situaciones específicas. Un primer

caso, es cuando los estados vecinos actúan de manera cooperativa para derrotar a los grupos

irregulares o facilitar espacios de negociación y diálogo. En este contexto, es mucho más

fácil adelantar operaciones conjuntas que lleven a la desarticulación de los grupos alzados

en armas. Por el contrario, el caso opuesto es cuando los estados vecinos mantienen cierta

posición pasiva o de complicidad con los grupos irregulares. En efecto, pueden aparecer

acusaciones mutuas por supuestas incapacidades al momento de contener la actividad

irregular e inclusive la ruptura de las relaciones diplomáticas entre países vecinos (Saleyhan,

2007, 225). Bajo esta última situación, existe una alta probabilidad de que los conflictos se

prolonguen, debido a que una perturbación en las relaciones interestatales dificulta una

atención conjunta y coordinada sobre las zonas de frontera.




América Latina

A partir de este escenario es preciso revisar en qué medida los gobiernos vecinos de

Afganistán, Colombia y RDC estarían en una posición cooperativa, pasiva o competitiva

frente a la evolución reciente del conflicto en estos países.

En el caso específico de Pakistán cabe señalar la existencia de intereses encontrados en

torno a la resolución del conflicto presente en Afganistán. En su momento, Pakistán apoyó

al gobierno talibán de Afganistán con el propósito de ganar un aliado en medio de su

tensión con India. El propósito era evitar a toda costa que se construyera una alianza entre

el gobierno afgano e indio para que Pakistán cediera parte de su territorio a ambos países.

No obstante, luego del 11 de septiembre, Pakistán se enfrentó a la disyuntiva de continuar

apoyando al régimen talibán o unirse a la coalición internacional en contra del terrorismo.

Para este país la entrada de un nuevo gobierno afgano democrático y estable, implicaría una

revisión de los reclamos territoriales pendientes sobre las zonas de frontera (Khan, 2010:

174).

En efecto, Pakistán se encuentra en medio de un dilema: por un lado, no derrotar a los

talibanes y al Al-Qaeda en su territorio es un problema para su estabilidad interna debido a

las redes criminales y de violencia que se han tejido alrededor de sus operaciones. A esto

habría que sumar la presión internacional que proviene de Estados Unidos en términos de

cumplir su compromiso en la guerra contra el terror. Por otro lado, eliminar a los talibanes

del panorama generaría mayor estabilidad del gobierno afgano y con ello, la posibilidad de

que se reactive la disputa territorial por secciones de la frontera entre Afganistán y Pakistán.

En medio de estos intereses, Pakistán ha adelantado ciertas actividades cooperativas con

el gobierno de Afganistán y las fuerzas de la coalición. Sin embargo, múltiples sospechas

sobre el apoyo paquistaní a las fuerzas talibanes llevaron al gobierno actual de Afganistán a

presentar quejas oficiales por su poca operatividad para combatir al Al-Qaeda y los

talibanes en su territorio (Saleyhan, 2008, 55). Desde este contexto, se ha presentado una

tensión diplomática entre ambos países que se mantiene hasta la fecha.

En el otro extremo de las lógicas competitivas, es posible situar a Ruanda y Uganda.

Estos países cabrían, según los análisis de Saleyhan, en el tipo de actores internacionales




América Latina

que promueven una prolongación del conflicto debido a que fomentan la rebelión y la

inestabilidad del Estado vecino mediante un apoyo directo o indirecto a los grupos ilegales

(Saleyhan, 2007:225). Uganda y Ruanda han argumentado que su intervención en RDC

tiene como propósito evitar el traspaso de grupos irregulares que pueden generar violencia

en sus territorios. En particular, el gobierno ruandés asegura que su presencia en RDC es

imprescindible para salvaguardar sus intereses de seguridad nacional, debido a una posible

invasión hutu de las llamadas “fuerzas de liberación Ruanda” que están presentes en el

Congo y que en el pasado adelantaron acciones de genocidio (Reyntjens, 2005).

No obstante, la intervención de ambos países en el conflicto de RDC ha incentivado la

actividad de múltiples actores armados y les ha otorgado beneficios económicos

considerables. En este marco, es necesario recordar que Ruanda y Uganda promocionaron

la formación de otras fuerzas rebeldes en RDC entre los que se encuentran el Movimiento

para la liberación del Congo (MLC), la Reagrupación Congoleña para la Democracia (RDC)

y la RDC-Nacional que estaba apoyado por Uganda (Ramírez, 2010,37).

Ahora bien, en términos económicos se sospecha que parte de las ganancias de los

grupos irregulares de RDC, han tenido como destinatario los gobiernos de Uganda y

Ruanda. Por ejemplo, en una de las investigaciones del gobierno de Bélgica se determinó

que las ganancias recogidas por el Ejército Patriótico de Ruanda (Rwandan Patriotic Army)

en territorio congolés (entre 80 y 100 millones de dólares), por actividades relacionadas con

el coltán en el año 2000, fueron equivalententes al gasto en defensa por parte del gobierno

de Ruanda en ese mismo año (Reyntjens, 2005:599). A su turno, las exportaciones de oro

de Uganda, en el año 2000, registraron una ganancia neta de 90 millones de dólares lo cual

es paradójico si se tiene en cuenta que este país no es productor real de oro (Ibíd.:600)

Además de lo anterior, según los reportes de 2004 de Naciones Unidas, a pesar de las

negociaciones con los grupos irregulares, continuaron los incentivos militares y de

financiación desde el exterior para la continuidad de los grupos irregulares en RDC. En este

sentido, los gobiernos de Uganda y Ruanda han tenido un papel decisivo en la asistencia a

los grupos ilegales y por ende en la continuación del conflicto (Autesserre, 2007 423).




América Latina

Aunque es innegable la complejidad de resolver un conflicto interno en medio del apoyo

de gobiernos vecinos a las fuerzas rebeldes, también es bastante difícil superar una

confrontación armada que se ha extendido hacia las fronteras, si los estados colindantes no

tienen capacidad militar para defender sus territorios o si mantienen una posición de

aparente neutralidad. En este contexto, el poco control de un gobierno vecino sobre su

geografía, la ausencia de recursos militares o el desinterés por las dinámicas

transfronterizas del conflicto, en últimas pueden favorecer la supervivencia de los grupos

irregulares y la prolongación del conflicto.

Bajo este panorama, los gobiernos vecinos de Colombia se caracterizaron en un

momento por prestar poca atención a la evolución del conflicto en las fronteras13

. Ello se

convirtió en un catalizador de las actividades militares y criminales sobre los espacios

limítrofes sin que necesariamente existiera complicidad por parte de los gobiernos vecinos.

Sin embargo, luego del episodio del bombardeo en territorio ecuatoriano se produjo un

cambio significativo en las disposiciones de seguridad de algunos países de la subregión.

Países como Venezuela, Brasil y Ecuador desplegaron un arsenal militar y un número de

efectivos sin antecedentes sobre los límites con Colombia con el fin de evitar cualquier tipo

de traspaso no deseado. Incluso Ecuador y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas

luego de la violación a la integridad territorial del Estado ecuatoriano (Cabrera 2009).

Como resultado, los vecinos de Colombia han pasado (en distintas velocidades) de una

postura reactiva e individual hacia una actitud cooperativa a través del intercambio de

información y la coordinación de acciones contra las guerrillas y el crimen organizado.

Pese a estos avances, en la definición de una estrategia común persisten al menos dos

problemas. En primer lugar, hay poca claridad sobre la amenaza que deben combatir, pues

aunque son inminentes las repercusiones negativas de los grupos irregulares y

narcotraficantes, existe un ambiente de tensión militar frente a la fuerza pública colombiana,

que también la convierte en factor de amenaza por la posible ejecución de traspasos no

13

De hecho cabe mencionar que el gobierno colombiano denunció cierta empatía y permisibilidad del

gobierno venezolano con los grupos guerrilleros en su territorio.




América Latina

deseados14

. Y en segundo lugar, no se ha definido cuál es la doctrina15

más óptima para

afrontar las amenazas limítrofes. Se cree que la sola presencia de efectivos disuade a los

irregulares de adelantar acciones ofensivas tal como ocurriría en una lógica de

enfrentamiento entre Estados (Cabrera, 2010).

Desde luego, a pesar de la disposición de los vecinos de Colombia y Afganistán, los

grupos irregulares siguen aprovechando la poca movilidad y las limitaciones en

inteligencia para seguir realizando acciones armadas en la frontera y garantizar su

supervivencia. En este contexto, es necesario poner en entredicho la eficacia de tener

efectivos de la policía y militares acantonados sobre batallones en ambas franjas de la línea

fronteriza y continuar operando bajo lógicas unilaterales sin un acuerdo mínimo sobre

cómo tratar este tipo de amenazas.

En este mismo sentido, resulta ilustrativo el reporte de dos senadores de Estados Unidos

quienes formulan una serie de consideraciones y lineamientos para el Gobierno de Obama16

respecto a su intervención en Afganistán. Primero, el documento en cuestión señala que el

mal manejo de las estrategias militares sobre Afganistán puede desestabilizar la democracia

y al Estado pakistaní. Segundo, se aconseja adelantar operaciones conjuntas entre las

fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Afganistán y Pakistán en contra de los grupos

terroristas a lo largo de la frontera. Tercero, se señala que las fuerzas armadas de Estados

Unidos deben entrenar al ejército de Pakistán para que éste pueda adelantar operaciones

sobre las áreas federales de administración tribal, la provincia fronteriza del noroeste y el

valle Swat. Y cuarto, se sugiere la creación de una estrategia regional para combatir el

terror en la frontera afgana-pakistaní y ampliar las fuerzas que componen la coalición con

el fin de fomentar una estabilización económica y política de la frontera en mención

(Goswami, 2009: 465). 14

Tal predisposición genera una pérdida de recursos militares y logística que debería estar concentrada en

contener las actividades armadas y redes de tráfico de los grupos armados al margen de la ley. 15

La fuerza pública de los países vecinos aún se forma pensando en los dispositivos de guerra entre Estados,

por lo que un reto latente es flexibilizar sus estrategias de guerra regular para hacer frente a una lógica de

guerra de guerrillas. 16

Atlantic Council of the United States, ‘Needed: A Comprehensive U.S. Policy Towards Pakistan’, February

2009, at http://www.acus.org/files/publication_pdfs/65/PakistanReport.pdf




América Latina

Sobre esta base, las conclusiones de este estudio apuntan a un análisis sobre la

importancia de un esfuerzo cooperativo multilateral para hacer frente al conflicto armado

de Afganistán, Colombia y República Democrática del Congo.

3. Conclusión: Los beneficios de una cooperación militar fronteriza.

La confrontación armada de los tres casos de estudio y las tensiones que existen entre

Afganistán, Colombia y RDC con sus respectivos países vecinos, difícilmente pueden

superarse de manera duradera sin la concreción de una política de cooperación en seguridad

fronteriza. Esto se debe a que una salida militar o negociada de los conflictos en mención,

requieren de la colaboración de los estados colindantes para adelantar operaciones armadas

más allá de las fronteras o verificar compromisos como el desmantelamiento de bases

extraterritoriales.

A la luz de las dinámicas más recientes, incluso un proceso de negociación en estos tres

escenarios implicaría la inclusión de los intereses y preferencias de los estados vecinos

(Cunningham, 2006). Esto tiene especial validez en contextos donde operan grupos

rebeldes de carácter transfronterizo, dado que sus actividades afectan a varios países y de la

suma de los esfuerzos de estos últimos puede ser o no posible el respeto de las condiciones

de un acuerdo tentativo (Ibid).

Asimismo, para dar reversa a los líos diplomáticos y de otros niveles que se derivan de

las incursiones de grupos irregulares e inclusive de las fuerzas oficiales, es fundamental

crear procedimientos conjuntos de control, inteligencia y operación, que eviten violaciones

a la integridad territorial de cualquier Estado. En este punto cabe recordar que aunque los

estados pueden contar con una ventaja importante en el uso interno de su capacidad armada,

este poder por lo general se encuentra confinado a su jurisdicción y hay poca capacidad de

extenderlo sobre territorios no conocidos (Saleyhan, 2007, 218).

De hecho, las operaciones de contrainsurgencia son más difíciles de ejecutar si no se

tiene conocimiento suficiente sobre las dinámicas y la población local (Saleyhan, 2007:




América Latina

223). Por lo anterior, resulta indispensable reconocer las dinámicas micro, pues inclusive en

contextos de diálogo, lo que ocurre a nivel subnacional es decisivo para que los acuerdos de

paz tengan una implementación exitosa. (Autesserre, 2007:424).

Ahora bien, parte de los retos más importantes para establecer una cooperación

fronteriza multilateral es definir cuáles son las amenazas y los fenómenos comunes que se

deben combatir. Cualquier medida bilateral o multilateral no puede ser ahistórica. Se deben

aclarar los intereses y las preocupaciones nacionales de los países, al tiempo que se deben

reconocer las fallas anteriores para establecer medidas que impidan una repetición de

comportamientos indeseados.

Al mismo tiempo, la degradación de estos tres conflictos hace cada vez más difícil

diferenciar qué grupos son eminentemente criminales y qué facciones pueden ser

catalogados como grupos armados con pretensiones políticas que sí podrían entrar en una

mesa de negociación. El punto aquí, es no descuidar las estrategias cambiantes de estos

grupos armados y responder de manera proactiva a los cambios que se suscitan en medio de

la confrontación.

Por último, todos los esfuerzos de cooperación deben estar diseñados y ser ejecutados en

un marco estricto de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En efecto, se debe evitar a toda costa la comisión de nuevos homicidios, masacres y

desplazamientos, así como la infiltración y los eventos violentos al interior de los campos

de refugiados. En este sentido, la unión de esfuerzos entre varios países debe tener como

objetivo principal el fortalecimiento del estado de derecho en estos tres escenarios y la

creación de una base legal y legítima que permita la construcción de paz.




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