DANIELA CORREA OLARTE

ENSAYO: Planes de emergencia

Hablar de gestión del riego implica realizar un análisis exhaustivo de los factores que ponen en situación de vulnerabilidad tanto a los individuos como a la infraestructura de una región o país, teniendo en cuenta variables que son propias de la zona o territorio que se desea evaluar y que son dinámicas a través del tiempo en cada sector de la población.

América latina enfrenta problemas que son similares entre un país y otro y que afectan potencialmente su nivel de desarrollo, específicamente en Colombia se deben analizar varias circunstancias que resultan significativas en la gestión del riesgo. Como lo son los fenómenos sociales por los que atraviesa: tasas elevadas de desplazamiento de la población desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, las problemáticas asociadas o derivadas de la degradación ambiental y el cambio acelerado en lo que se refiere a los usos potenciales del suelo; además, de que se trata de una región geológica que se ubica geográficamente en una zona del planeta que eleva la propensión a fenómenos naturales que pueden llegar a exacerbarse por las condiciones variantes del clima y por la acción de las actividades antrópicas y que se relacionan de forma directamente proporcional con la construcción o acumulación del riego en el territorio colombiano.

Lo anterior sumado a la situación de indiferencia al deterioro que es constante tanto en las entidades públicas y privadas como en la mayor parte de la población colombiana, y que históricamente se puede definir como una secuela del centralismo administrativo, ya que los niveles locales han ignorado por años su papel de gestores ambientales en la implementación de medidas de prevención del riesgo.

Debido a esto, la planificación de los procedimientos y actividades que se deben realizar ante una situación de emergencia derivada de una calamidad o desastre cobra cada vez una mayor importancia para las entidades públicas y privadas y surge la estrategia implementar una norma jurídica que las obliga a definir un plan de emergencia, contemplado en la Resolución 1016 de 1989 que es de obligatorio cumplimiento y que estipula que el encargado de implementar los planes de emergencia es el subprograma de higiene y seguridad industrial del programa de salud ocupacional.

Como contextualización, se debe tener en cuenta que el plan de emergencia tiene como finalidad reducir al mínimo las consecuencias que pueden derivarse de una situación de emergencia, empleando variables como como planificación y organización optima de los medios técnicos previstos. pero su eficiencia depende

en gran medida de que aún no se encuentra del todo claro hasta dónde va la responsabilidad pública y la privada en esta materia a pesar que la frecuencia con que el país enfrenta desastres por eventos físicos peligrosos es relativamente alta en comparación con otros países de latino américa.

Así que una forma posible de maximizar la eficacia de un plan de emergencia y mejorar la respuesta general de la comunidad ante una situación repentina y con potencialidad de generar perjuicios a la población y al medio ambiente es que la gestión del riesgo de desastres debe ser socialmente problematizada y políticamente visibilizada, de manera que sea posible anclarla en la agenda pública de los niveles territoriales y a través de los instrumentos de planificación capitalizando un aprendizaje recurriendo a la colaboración de las autoridades civiles, que resultan ser un elemento primordial para asegurar el bienestar de la población, ya que aunque no pertenecen a las fuerzas armadas, su función es la de mantener el orden público, así que se hace necesario la implementación y ejecución de un programa de capacitación y entrenamiento específico dirigido a todos los rangos y seccionales como una herramienta que garantice la idoneidad para poder actuar tanto en la aplicación de medidas preventivas como en la actuación ante un caso de emergencia.

De esta forma, sería posible integrar la participación de las autoridades civiles en todos los niveles de actuación que se incluyen en los diferentes grupos que constituyen un plan de emergencias, sin dejar de lado la responsabilidad de las entidades públicas y privadas. De forma que actúen como una organización con la capacidad de responder efectivamente en el proceso de toma de decisiones en emergencia, el manejo operativo de la emergencia, realizar programas de prevención y preparación, conformación de brigadas de emergencia, entre otros.

A manera de conclusión, se pueden resaltar varios aspectos: la prevención y minimización de los perjuicios derivados de una situación de calamidad o desastre es responsabilidad no solo de las entidades públicas y privadas, sino que es necesario generar un nivel de concientización en las personas que asegure que la gestión del riesgo trascienda de ser un documento escrito a ser parte de la cotidianidad de los individuos; Las autoridades civiles tienen como obligación propender por el bienestar de la comunidad en el territorio, así que es más que necesario realizar capacitaciones para que estén en la aptitud para dar una respuesta inmediata y acertada ante cualquier evento que comprometa la integridad de las personas y el medio ambiente; La preparación para casos de desastres es sólo un elemento más dentro del enfoque holístico de la reducción del riesgo asociado a los peligros naturales. No obstante, un nivel de preparación adecuado puede resultar esencial para salvar vidas y medios de vida ante los riesgos asociados a los peligros naturales; Aun cuando algunas empresas

atienden con solvencia internamente el cumplimiento de las normas de seguridad ocupacional, pocas son las que realizan trabajos de prevención en conjunto con las entidades públicas competentes. Esta falencia es uno de los aspectos que deben corregirse si se quiere que en el país exista una gestión integral del riesgo; Definir las responsabilidades tanto de las entidades públicas y privadas como de los individuos en materia de prevención y atención de desastres y calamidades constituye una necesidad primordial para poder integrar e implementar medidas de gestión del riesgo que no solamente aseguran el bienestar de la población y del medio ambiente, sino que además resulta ser un factor clave en el proceso de desarrollo socio-económico del país.

BIBLIOGRAFIA

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Conjunto de directrices e indicadores para la aplicación de la prioridad 5 del marco de acción de Hyogo PREPARACION ANTE LOS DESASTRES PARA UNA RESPUESTA EFICAZ, Marco de acción de Hyogo para el 2005-2015: aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Naciones unidas, Nueva York y Ginebra, 2008

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