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Estrategias Nacionales de Involucramiento
ENI Plataforma por la Gobernanza Responsable de la Tierra
PERÚ
Secretaría de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en el FIDA
Via Paolo di Dono 44, 00142 - Roma, Italia tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445
[email protected] | www.landcoalition.org
Nuestra misión
La ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que
trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control
sobre ella, de mujeres y hombres pobres mediante la promoción, el diálogo, el intercambio
de conocimientos, la creación de capacidad.
Nuestra visión
El acceso seguro y equitativo a la tierra y su control reducen la pobreza, promueven el desarrollo
sostenible y contribuyen a la identidad, la dignidad y la integración.
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) www.cepes.org.pe
Pedro Castillo, [email protected]
Confederación Campesina del Perú (CCP)confederacioncampesinadelperu.blogspot.com.es
Jorge Prado, [email protected]
Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)www.conveagro.org.pe
Lucila Quintana, [email protected]
Instituto del Bien Común (IBC)www.ibcperu.org
Richard Smith, [email protected]
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)www.ser.org.pe
Rosa Montalvo, [email protected]
El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, traducido y distribuido a
condición de que la atribución se dé a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra,
y a los autores del artículo y la organización. A menos que se indique lo contrario, esta obra
no puede utilizarse para fi nes comerciales. Para obtener más información, por favor escriba a
[email protected] o vaya al sitio http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0Impreso en papel reciclado/FSC. Diseño gráfi co de Federico Pinci.
Las opiniones aquí expresadas son de los autores y de las personas entrevistadas para este
informe. No representan posiciones ofi ciales de la ILC, sus miembros o donantes.
ISBN: 978-92-95105-14-0
La ILC desea agradecer a los siguientes donantes por sus contribuciones:
Estrategias Nacionales de Involucramiento
El concepto: ¿qué es una eni?En los últimos años, el acceso equitativo a la tierra, particularmente en las áreas rurales, ha
ocupado un lugar predominante en la agenda de la política internacional y es reconocido
como un elemento crucial que contribuye al desarrollo sostenible y a la reducción de la
pobreza. Políticas y leyes sobre la tenencia de la tierra innovadoras y progresistas, que sean
aplicables en el ámbito nacional, son clave para determinar el acceso equitativo a la tierra y
a otros recursos naturales, al igual que su uso y control.
La Estrategia Nacional de Involucramiento (ENI) es el primer paso de un enfoque que está
siendo promovido por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra a nivel de país,
a fin de crear las condiciones para un cambio en la política relacionada con la cuestión de la tierra inclusivo y centrado en las personas. Formulada de manera conjunta y con
una apropiación compartida por miembros de la ILC y otros actores pertinentes del ámbito
nacional, la ENI es un marco para identificar áreas prioritarias en las cuales los actores ven
oportunidades para catalizar el cambio, tanto en la formulación de políticas como en la
implementación de políticas progresivas existentes. El proceso ENI también involucra el
establecimiento de una plataforma de múltiples partes interesadas que acompaña su
implementación y establece los ajustes necesarios sobre la base de las lecciones aprendidas.
Por lo tanto, un proceso ENI está dirigido a facilitar la acción colaborativa y coordinada
entre las distintas partes involucradas para promover la gobernanza de la tierra centrada
en las personas. A través de estos procesos, aumentan cada vez más las oportunidades
disponibles para que los actores de la sociedad civil nacional colaboren entre ellos mismos
y con actores internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y se
involucren con los gobiernos locales y nacionales.
¿Por qué una eni?La voluntad política es un requisito previo fundamental para ocuparse de las desigualdades
en el acceso a la tierra y para luchar contra la pobreza. Sin embargo, la formulación y la
aplicación efectivas de políticas, leyes y marcos institucionales requieren la inclusión de una
amplia gama de actores que trabajen juntos y compartan distintas perspectivas y experiencia.
Una ENI surge al reconocer esta realidad: la disminución de la desigualdad en el acceso a la
tierra se logra de manera más efectiva a través de los esfuerzos colaborativos y coordinados
de varios actores, en lugar de adoptar enfoques que se traslapen o, incluso, confronten.
La experiencia ha demostrado que los procesos ENI han fortalecido a las asociaciones y
al reconocimiento mutuo de diversos actores, lo que impulsa la mejora de los derechos
a la tierra. Al promover un cambio fundamental en la calidad de la interacción entre las
organizaciones de la sociedad civil y los Gobiernos, los procesos ENI han ayudado a aumentar
el peso político de la sociedad y de los grupos vulnerables, y han cambiado las perspectivas
de los Gobiernos para considerarlos como fuentes de conocimiento y expertos creíbles en
temas relacionados con la tierra. La aplicación de instrumentos internacionales, como las
Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca
y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, y los Marcos y Directrices
de Política de Tierras (F&G por sus siglas en inglés), también ha promovido mejoras en la
colaboración e, igualmente, ha generado un foco más fuerte en los derechos de las mujeres
a la tierra y la justicia de género.
¿Cómo?Una ENI se desarrolla en dos fases: la primera es la formulación; la segunda, la implementación
en sí. La primera fase de la ENI se realiza a través de consultas y talleres de partes interesadas
regionales y nacionales, en los que los participantes–identificados entre los actores
nacionales clave–señalan prioridades, sinergias potenciales y acuerdan acciones conjuntas
a emprenderse que resultan en un plan de acción que guiará la fase de implementación
durante los siguientes años.
¿Quién?Si bien los miembros de la sociedad civil nacional pertenecientes a la ILC representan el
punto inicial y son los principales promotores de la ENI durante sus primeras etapas, las
ENI han de considerarse procesos abiertos y vivos para la producción e intercambio de
conocimiento, el diálogo de política y la acción coordinada. Por lo tanto, están disponibles
para todo actor interesado en el tema de la tierra, ya sea que pertenezca a la sociedad
civil, al ámbito público o privado, y dispuesto a participar y contribuir en el trabajo hacia
un objetivo unificado: la realización de la gobernanza de la tierra centrada en las personas.
Índice
Resumen ejecutivo 7
Antecedentes y contexto 8Información general 8
Contexto 8
Actores Involucrados 12
El Estado peruano 12
Organizaciones internacionales 12
Organizaciones No Gubernamentales internacionales 13
Organizaciones de la sociedad civil 13
Organizaciones campesinas e indígenas 14
Actores privados 14
Miembros de la ILC 14
Principales desafíos identificados 16Seguridad jurídica en predios rurales 16
Seguridad alimentaria 16
Institucionalidad 16
Mujeres 17
Estrategia Nacional de Involucramiento de la ILC en Perú (ENI-ILC) 18Objetivos de la ENI y resultados esperados 18
Objetivo general 19
Objetivos específicos 19
Seguridad Jurídica de predios rurales 19
Seguridad alimentaria 21
Soberanía alimentaria 22
Mujeres 23
Mecanismo de coordinación 25
Comunicación y estrategia de levantamiento de fondos 26Comunicación 26
Levantamiento de fondos 27
ANEXO: MARCO LÓGICO 28
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ERÚ Lista de abreviaturas
AGAP Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú
ADEX Asociación de Exportadores del Perú
AFM Articulación Feminista Marcosur
ANA Autoridad Nacional del Agua
ANPE Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú
ARARIWA Asociación ARARIWA-Una Apuesta por la Vida
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
CBC-Cusco Centro Bartolomé de las Casas
CC Comunidades Campesinas
CCL Cámara de Comercio de Lima
CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIPCA-Piura Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CN Comunidades Nativas
COFOPRI Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal
CONFIEP Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano
CooperAcción CooperAcción de Acción Solidaria para el Desarrollo.
CNDDHH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-Perú
CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
ECMIA Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FEDEPAZ Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz
FEMUCARINAP Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú
GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo
IBC Instituto del Bien Común
IGN Instituto Geográfico Nacional
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
IIDS Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
ILC International Land Coalition
ILD Instituto Libertad y Democracia
IMARPE Instituto del Mar del Perú
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú
MIMDES Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINAG Ministerio de Agricultura
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCU Ministerio de Cultura
MINEDU Ministerio de Educación
MINEM Ministerio de Energía y Minas
MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINTRA Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo
OIT Organización Internacional del Trabajo
PCM Presidencia del Consejo de Ministros.
REMURPE Red de municipalidades rurales del Perú
RREE Ministerio de Relaciones Exteriores
SBN Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SER Asociación Servicios Educativos Rurales
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIN Sociedad Nacional de Industrias
SNMPE Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía
SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
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Resumen ejecutivo
El Perú es un país multicultural, en el que los diferentes sistemas de tenencia de la tierra se
encuentran en un conjunto de políticas y de leyes escritas, así como en la cultura: costumbres,
valores e instituciones nacionales, que dan lugar a una diversidad de formas y relaciones
sobre la tierra que deben ser protegidas y difundidas por igual. Por ello, la propuesta para la
implementación de la Estrategia Nacional de Involucramiento de la Coalición Internacional
para el Acceso a la tierra (ENI-ILC) en el Perú implica aplicar la gobernanza responsable de
la tierra, lo que dependerá sobre todo de cómo los países definan y regulen la manera en
que todos los actores sociales interactúan con este recurso y con aquellos otros recursos
vinculados, como el agua, los bosques y los minerales.
El objetivo de la ENI-PERÚ es producto de un consenso que tiene como finalidad lograr una
Plataforma nacional alrededor del recurso tierra, que sea articulada por los diferentes actores
que tienen que ver con la problemática de la tierra. Por ello, la formulación de la ENI debe
influir en la formulación o implementación de políticas nacionales, y leyes favorables a la
pequeña agricultura y a las poblaciones indígenas; al mismo tiempo, debe respetar sus diversas
manifestaciones. Debe promover el acceso seguro y equitativo a la tierra, así como su control
para las mujeres y hombres que se encuentran en estado de pobreza a través de la incidencia,
el diálogo, el intercambio de conocimientos y la formación de capacidades, lo que se logrará
a través del involucramiento coordinado entre diversos actores nacionales con objetivos y
resultados claramente definidos con el propósito de lograr una gestión inclusiva de la tierra.
Los problemas que enfrenta el Perú actualmente, sobre todo a nivel rural, son los mismos que
nos afectan hace décadas: altos niveles de pobreza; inseguridad jurídica; problemas con la
cantidad, calidad, disponibilidad y el uso del recurso tierra; baja producción y productividad; y
escasa rentabilidad y posibilidad de servir como garantía para créditos. Sin embargo, el principal
problema se centra en la indefinición e incompleto marco jurídico relativo a los sistemas de
tenencia del recurso tierra existentes, que genera la vulneración de los diferentes derechos
que poseen los campesinos, pobladores rurales, indígenas y comunidades sobre la tierra. Estos
problemas se ven agravados por la presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas
sobre las tierras, especialmente las que pertenecen a comunidades campesinas y nativas.
Así, la gobernanza de la tierra, entendida como “las reglas, procesos y organizaciones mediante
los cuales se toman las decisiones –entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado– respecto
al acceso y uso de ella, la manera en la cual las decisiones son puestas en práctica y la forma en
que son manejados los distintos intereses en competencia por este recurso”, se presenta como
un sistema necesario cuyo objetivo principal es lograr un acceso equitativo y seguro a la tierra.
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Antecedentes y contexto
Información generalLa coyuntura actual empieza a definirse a fines de la década de 1960. En 1969, se produce
la reforma agraria, uno de los momentos de mayor dinamismo respecto al derecho de
propiedad, que transformó sustantivamente su contenido referido a la propiedad de las
tierras o propiedad rural. A partir del momento de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria,
la tierra le pertenecía a quien la trabajara directamente. La reforma agraria fue concebida
como un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del
país, destinado a sustituir el régimen del latifundio por otro que distribuyera la tierra de
manera más justa. Para ello, se modificaron las reglas sobre tenencia y propiedad existentes
y se introdujo conceptos como la conducción directa de la tierra.
Concluido el proceso de reforma agraria iniciado en 1969, el mundo rural peruano
experimentó una serie de cambios en el plano político y normativo, que terminó de definir
lo que algunos llaman una contrarreforma agraria. Así, desde inicios de la década de 1990,
el marco normativo e institucional quedó definido por la eliminación de las barreras al
mercado de tierras, con lo que se estableció el libre acceso a estas; se liberalizó el comercio; y
se eliminó la banca de fomento agrario, lo que trajo como consecuencia la individualización
de las tierras de comunidades campesinas y nativas. Todo ello se realizó bajo la perspectiva
de brindar mayores facilidades para la instalación de empresas orientadas a la exportación.
En consecuencia, estos cambios crearon las condiciones para la aparición de un
neolatifundismo, asentado sobre todo en las tierras de la costa, debido a proyectos de
irrigación financiados con fondos públicos y a la existencia de un régimen de promoción
bastante atractivo. Esas empresas dedicadas a la producción para la exportación sustentan
en gran medida el crecimiento de la agricultura peruana.
ContextoAunque en líneas generales, el régimen democrático parece estar afianzándose en el Perú,
luego de casi quince años de recuperada la institucionalidad democrática, en el escenario
nacional, se mantienen problemas vinculados a la desigualdad y a la debilidad institucional
que complican la agenda política y, en determinadas coyunturas, llegan a cuestionar los
logros que ha alcanzado el país en materia macroeconómica.
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ERÚEn el plano económico nacional, el gobierno actual dio un giro. A los pocos meses de
instaurado, los planteamientos iniciales del partido de gobierno, orientados a cambios en el
modelo económico, empezaron a ser dejados de lado para mantener en lo central la política
económica seguida por los últimos tres gobiernos, con un claro sesgo hacia las actividades
extractivas. Cifras estimadas indican que, de las 128 millones de hectáreas del país, un 31%
de hectáreas es objeto de un contrato de hidrocarburos, un 15% está sujeto a una concesión
minera y casi un 6% forma parte de una concesión forestal. A esas actividades tradicionales
se han sumado las concesiones de conservación y ecoturismo que alcanzarían las 900 mil
ha y la producción de agrocombustibles que tendrían un potencial de hasta un millón 405
mil ha. Más allá de cuestionamientos ambientales, el principal problema que presentan
muchas de estas actividades económicas es la superposición de derechos con campesinos
y comunidades. Además, la crisis económica internacional que afecta a Europa, la lenta
recuperación de la economía norteamericana y la desaceleración de la economía de China
fueron factores que llevaron a que los responsables de nuestra economía privilegien una
política que brinda mayor seguridad a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
El panorama político nacional, por una parte, se muestra también complicado. A la marcada
división de las fuerzas políticas en el Congreso se suma la falta de unidad y de coherencia
interna de las distintas bancadas parlamentarias. No se ha logrado la aprobación de leyes
importantes y las pocas leyes valiosas han sido enervadas por su reglamentación o no son
reglamentadas, como son los casos de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, y
de la Ley de Alimentación Segura para Niños y Adolescentes, respectivamente. La debilidad
y la falta de organicidad del Congreso, además de la influencia del Poder Ejecutivo en sus
decisiones, hacen muy difícil una labor de incidencia política en esta instancia del Estado.
Por otra parte, en el plano social, se observa un movimiento social débil y disperso, con
muy poca articulación nacional, a excepción del llamado Pacto de Unidad, que reunió a seis
organizaciones indígenas, fruto en parte de un proceso de descentralización no terminada
y de falta de liderazgos claros.
En ese enrevesado contexto nacional, a fines de 2014, se desarrollaron las elecciones para
renovar autoridades de los Gobiernos Regionales y Municipales, panorama complicado,
sobre todo en aquellos ámbitos en los que las autoridades buscaban su reelección.
Asimismo, aunque las elecciones generales se realizarán en marzo de 2016, se puede
adelantar que 2015 será un año preelectoral. En este último caso, el panorama se muestra
complejo por la falta de opciones políticas y por la crisis de los partidos políticos, fenómeno
internacional pero con fuertes características en el Perú desde la década del 1990.
En lo que respecta al sector público agrario, más allá de numerosas declaraciones, expresiones
de intención a favor de la agricultura familiar, y de algunas normas y programas específicos,
se mantiene en general la política a favor de la gran empresa agraria y la exportación. La
poca importancia del sector agrario se expresa en los continuos cambios de ministros: se
ha tenido cuatro ministros en menos de tres años de gobierno. La presencia del primer
Viceministro de Agricultura, quien fuera Director Ejecutivo del Centro de Estudios Sociales
(CEPES), fue una buena ocasión para influir en dichas políticas, pero la preponderancia de
los planteamientos económicos del Ministerio de Economía es muy tangible.
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ERÚ Sin embargo, ha habido algunos intentos oficiales por alentar la agricultura familiar, pero
que han quedado limitados: los programas MiRiego, AgroRural y AgroIdeas, así como la
aprobación de la Ley 29972 para fomentar la inclusión de los pequeños agricultores en
cooperativas agrarias. El programa de desayunos escolares Qali Warma del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) generó también expectativas entre los pequeños
productores agrarios, pero pronto quedó demostrado que por sus exigencias las
posibilidades de ser aprovechado por los agricultores eran mínimas.
Los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro), realizado a fines de
2012, confirmaron las tendencias que se venían observando sobre la agricultura familiar
y sobre el incremento del número de unidades agropecuarias (UA). El IV Cenagro mostró
un incremento de cerca de medio millón de nuevas UA (448 840) y un predominio de
la agricultura familiar, pues el 90,6% de estas tiene 10 o menos hectáreas (95,1% si se
considera las unidades de hasta 20 ha). No obstante, hay un dato preocupante: desde
1994 prácticamente se ha duplicado (96,6% de incremento) el número de agricultores que
conduce unidades de menores a 1 ha, entre las que figura un grupo importante de mujeres
jefas de familia (25%-30% del total, variable según región).
El IV Cenagro mostró también que, en el período intercensal 1994-2012, el 38% de los
productores de UA menores de 1 ha solo manejan el 0,8% de la superficie agropecuaria,
mientras que el 0,1% de los productores de UA mayores a 3 000 ha concentran más del
55%. Esta es una realidad que las autoridades del sector intentan minimizar: el proceso
de concentración de tierras agrícolas se viene produciendo de manera silenciosa pero
con eficacia, sobre todo en la costa y en la selva. El principal problema se presenta en la
indefinición e incompleto marco jurídico relativo a los sistemas de tenencia existentes del
recurso tierra, que produce la vulneración de los diferentes derechos sobre la tierra que
poseen los campesinos, pobladores rurales, indígenas y comunidades. A esto se agrega
la concentración del agua, fundamental para el desarrollo de los proyectos de irrigación
cuyas tierras se destinarán ante todo a la producción de cultivos de exportación con el
aliento del gobierno. Esas desigualdades afectan de manera diferenciada a los productores
y actores sociales del sector rural. Por ejemplo, las mujeres son quienes más desventajas
experimentan, ya que sus niveles de educación y calificación, así como niveles de posesión
y control de recursos productivos fundamentales (tierras y agua), suelen ser inferiores a los
de los varones. Es decir, cuentan con menos recursos y capacidades para hacer valer sus
derechos o para capitalizarse y acumular.
La concentración de la tierra es sin duda un problema, al igual que la desigual provisión de
servicios estatales. Además, dichos servicios: salud, educación, vialidad, comunicaciones,
entre otros son de baja calidad y, en otros casos, no existen. Asimismo, falta titulación y
saneamiento legal de las tierras de los pequeños agricultores (solo el 32% tendría título
de propiedad inscrito en Registros Públicos y el 32% corresponde a mujeres). Según
Cofopri, la titulación es más complicada para los pueblos indígenas en el Perú, los cuales
están organizados en comunidades campesinas y nativas: en 2010, 4 099 comunidades
campesinas (64,2% de las legalmente reconocidas) y 1 384 comunidades nativas (94,2% de
las reconocidas) no tenían títulos con las formalidades que los demás propietarios.
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ERÚPor otra parte, la situación de los pequeños agricultores y comunidades se complica por los
efectos del cambio climático. Los informes de organismos internacionales colocan a nuestro
país entre aquellos que sufrirán en mayor grado las consecuencias de este fenómeno global.
Ello se viene traduciendo en una serie de hechos, como la mayor incidencia de sequías y la
concentración de las precipitaciones pluviales en períodos relativamente cortos, que genera
inundaciones y huaicos. Se ha empezado a notar también el aumento de las temperaturas,
lo que posibilita el aprovechamiento agrícola en tierras más altas que antes no era viable.
Sin embargo, también se presentan plagas y enfermedades. Esto constituye altos niveles
de riesgo e incertidumbre y puede provocar fuertes fluctuaciones en las cosechas, lo
que afecta los productos destinados al mercado y, por tanto, los niveles de ingreso de los
agricultores. La mayor preocupación, no obstante, es el acelerado retroceso de los glaciares,
que alimentan a los ríos en las épocas secas.
Finalmente, diversas estimaciones coinciden en destacar la gran importancia de la agricultura
familiar como proveedora de alimentos de origen agrario. Según el Marco Estratégico de
Cooperación de la FAO para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe (2012-2015),
“la Agricultura Familiar en la región provee, a nivel país, entre 27% y 67% del total de la
producción alimentaria, con lo que ocupa entre el 12% y el 67% de la superficie agropecuaria”
(aunque en el Perú algunos estiman que su aporte a la producción de alimentos puede
llegar al 70%). Pese a ello, paradójicamente, este es un segmento donde se registran los
más altos niveles de pobreza (49%), especialmente en la sierra, donde llega al 55% de las
UA familiares. Según la ENAHO 2009, el 55,6% de los hogares de agricultores familiares se
encuentra en una situación de pobreza, de los cuales el 23,8% son pobres extremos. Estas
cifras son coherentes con la medición de pobreza monetaria para el mismo año de referencia
(2011), que muestran niveles promedio de 27,8% para el país, 56,1% para el área rural y
62,3% para la sierra rural. Asimismo, se mantienen las limitaciones para estos productores en
cuanto al acceso a créditos, insumos, información respecto de mercados y precios, así como
a asistencia técnica. Si bien se ha avanzado bastante en estos años en mejorar la vialidad y las
comunicaciones, aún no alcanza a los pobladores de numerosas localidades, lo que incide
significativamente en los precios de sus productos. A ello debe sumarse los frutos de la
política de apertura de nuestros mercados, resultado de la suscripción de una gran cantidad
de acuerdos de libre comercio, y de la virtual eliminación de aranceles a la importación de
productos agrarios, con lo que las importaciones de alimentos siguen incrementándose y
ponen en riesgo no solo la balanza de pagos sino también la seguridad alimentaria nacional.
La situación se agrava si consideramos que alrededor de los dos tercios de la producción
de alimentos de origen agrícola está en manos de pequeños productores (campesinos
y comunidades) que son los que mayoritariamente se ven afectados por el desarrollo de
actividades extractivas y acaparamiento de tierras. De ellos depende, en buena medida, la
seguridad alimentaria del país, sin embargo, no existe en la actualidad una real política que
enfrente este problema.
Proyecciones al respecto señalan que en poco menos de 10 años, hacia el año 2021, la
población del Perú superará los 33 millones de habitantes. Para alimentarlos se necesitaría:
(a) incrementar los rendimientos físicos por hectárea, (b) ampliar la frontera agrícola, (c)
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ERÚ aumentar las importaciones, o (d) una combinación de las tres alternativas. Sin embargo,
cualquiera de las cuatro alternativas no ayudará mucho si se persiste con el modelo actual
de asignación de derechos sobre la tierra. Incluso, suponiendo que el Perú triplicase su
dependencia alimentaria con mayores importaciones, de todos modos harían falta 433 mil
nuevas ha, destinadas exclusivamente al consumo nacional en el año 2021.1 La necesidad de
generar un nuevo marco regulatorio de la tierra que considere la gobernanza responsable
de este recurso está más que justificada.
La disputa por el acceso y control de los recursos naturales, especialmente la tierra, se
ha tornado muy aguda en el Perú, especialmente desde la última década del siglo XX. La
política expresada en normas, pero también a nivel de discurso político2 es abiertamente
desfavorable a los derechos de pequeños agricultores, campesinos y comunidades. La
flexibilización del sistema jurídico en torno a la tierra, que ha permitido el desarrollo de
actividades extractivas y la reconcentración de la propiedad rural, genera en parte los
conflictos sociales del país. Por ello, el Estado ha perdido autoridad y credibilidad como
mediador o árbitro en estas disputas.
Actores Involucrados
El Estado peruanoDesde inicios de la década de 1980, la política de tierras está orientada a la promoción de
una élite empresarial,3 en tanto le brinda facilidades para su consolidación y la ampliación
de las tierras bajo su control.
De esta forma, el Perú lleva más de 30 años de aplicación de un modelo económico que
promueve la gran inversión privada en todos los sectores económicos del país, en desmedro
de pequeñas economías (agricultura familiar en el caso del campo). El apoyo y promoción de
las grandes inversiones marcaron también el derrotero de estos años a través de la ampliación
de las fronteras: agrícola (costa); mineras (sierra); hidrocarburíferas, forestales y petroleras (selva);
y de agrocombustibles (costa y selva), así como de las orientadas a las exportaciones agrarias.
En este país, son diversas instituciones públicas las que tienen una relación directa con el
recurso tierra en variados planos, fundamentalmente en el normativo y en el registral. Las
principales instituciones son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el
Ministerio del Ambiente, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Organismo
de Formalización de la Propiedad Agraria y el Congreso de la República.
Organizaciones internacionalesLos siguientes organismos y organizaciones internacionales desempeñan un papel
importante en temas relacionados con la tierra de manera directa o indirecta.
1 Perú en 2021: los escenarios de seguridad alimentaria en el año del bicentenario. En: La Revista Agraria N 134. Lima: CEPES, 2011.
2 Artículo del ex Presidente Alan García Pérez, “Sobre el síndrome del perro del hortelano”, publicado en el diario El Comercio,
Lima, 27 de octubre de 2007.
3 Eguren, Fernando, “Las políticas agrarias en la última década: Una evaluación”, Perú, el problema agrario en debate, SEPIA X,
Lima, Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), 2004, (pp. 20-78), p. 30.
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ERÚOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Esta institución conduce actividades encaminadas a alcanzar la seguridad alimentaria tanto
de países desarrollados como países en desarrollo. Tiene como misión mejorar la nutrición,
aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de la población rural y contribuir al
crecimiento de la economía mundial.
La FAO recientemente ha llevado a cabo estudios nacionales en diversos países de
América latina y el Caribe sobre las dinámicas de concentración de tierras. Se analiza la
dinámica de tierras como un fenómeno fundamental en los debates de políticas públicas
relacionados con la revisión de los patrones productivos, la reducción de la pobreza rural y
el mejoramiento de la seguridad alimentaria.
Adicionalmente, la FAO viene promoviendo desde hace años la incorporación de las
Directrices para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada (FAO,
2004) en las políticas públicas de los diferentes países de la región. Finalmente, en mayo
de 2012, la FAO aprobó “Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional”, con el propósito de proporcionar orientaciones para mejorar la gobernanza de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria
para todos y la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
Banco Mundial
Este organismo financiero internacional impulsó, durante el año 2009, un plan piloto cuya misión
es probar la aplicación de los instrumentos del Marco para la Evaluación de la Gobernabilidad
sobre la Tierra (Land Governance Assessment Framework-LGAF). El LGAF es una herramienta de
diagnóstico para evaluar el desempeño de las instituciones vinculadas a la administración de
tierras de los países. Busca proporcionar a los gobiernos una herramienta objetiva de evaluación
que les permita identificar áreas donde se requiera realizar mejoras. Se trata de un diagnóstico
extensivo que se realiza a través de 21 indicadores de gobernanza en materia territorial (Land
Governance Indicators LGI) que se agrupan en cinco grandes temas: (1) Marco Legal e Institucional;
(2) Planeamiento del Uso de Tierras, Gestión y Tributos; (3) Gestión de Tierras Públicas; (4) Provisión
al Público de Información de Tierras; y (5) Resolución de Disputas y Manejo de Conflictos.
Organizaciones No Gubernamentales internacionalesICCO, ILC, Oxfam, Heifer, entre otras organizaciones internacionales son las que apoyan a
diferentes organizaciones nacionales y gremios agrarios en la toma de conciencia sobre
las políticas de tierras y en el empoderamiento de las comunidades en la defensa de sus
derechos sobre la tierra.
Organizaciones de la sociedad civilLas organizaciones de la sociedad desempeñan un papel destacado en la defensa de
los derechos sobre la tierra de las personas que viven en el campo, representándolas o
brindándoles apoyo, organizándolas y capacitándolas en sus derechos. En los últimos
años, los gremios rurales, asociaciones y ONG se han organizado en función de campañas
relacionadas con la temática de tierras: seguridad jurídica, concentración de la tierra,
seguridad alimentaria, derechos de los pueblos indígenas, documentación a favor de las
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ERÚ mujeres, entre otros. Actualmente, se busca trabajar estrechamente con los decisores
de políticas para un diálogo constructivo y participativo sobre la aplicación de políticas
públicas que incorporen una gobernanza responsable de la tierra.
Organizaciones campesinas e indígenasEl objetivo de estas organizaciones es hacer llegar a los poderes públicos propuestas que
recojan las preocupaciones y planteamientos de los pequeños agricultores, campesinos
y comunidades del país para introducir modificaciones en las políticas públicas y normas
legales vinculadas a la tierra. Las organizaciones más representativas son la Confederación
Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesinas del Perú (CCP) para la costa y sierra
del país, respectivamente; para la parte amazónica, están la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú (CONAP). Por el lado de las mujeres, están la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP); y la
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
Actores privadosLa promoción de la inversión privada es una tarea sostenida del Estado peruano desde hace
aproximadamente treinta años. La agricultura de exportación; las concesiones mineras,
forestales y petroleras; y la producción de agrocombustibles tienen una relación directa
con la tierra. Por ello, las políticas públicas relacionadas con las tierras es una de las áreas
de su interés. Su participación es bastante activa cuando sienten que las reglas de juego
alrededor del recurso tierra pueden modificarse. También, es evidente que tienen más voz
y capacidad de influir en el gobierno, ya que justamente es el propio Estado el que le ha
otorgado la calidad de socio para el desarrollo nacional.
Miembros de la ILCEn el país, existen seis organizaciones miembros de la ILC. Dada su experiencia, pueden
complementarse y trabajar conjuntamente para generar un efecto multiplicador. Su voz conjunta
y actividades pueden generar una corriente de opinión favorable para el desarrollo rural del país.
IBC
El Instituto del Bien Común es una agrupación que trabaja con comunidades rurales
para promover la gestión óptima de los bienes comunes: territorios comunales, cuerpos
de agua, bosques, pesquerías y áreas naturales protegidas. El IBC trabaja en la Amazonía
peruana donde desarrolla proyectos referentes al ordenamiento y planificación territorial, la
gobernanza para el cuidado de los bienes comunes, la conservación del medio ambiente,
el desarrollo sostenible, el respeto de los derechos y la cultura de las poblaciones indígenas
y no indígenas, y el conocimiento científico y local.
CONVEAGRO
La Convención Nacional del Agro Peruano es un foro de diálogo y análisis en el que gremios
agrarios, ONG, académicos e interesados en el tema agrario comparten expectativas y
metas comunes. Es el referente nacional de los productores agrarios y es, en el mundo, un
caso sui géneris de representatividad democrática del interés rural y agrario.
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ERÚCISEPA
El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la
Pontificia Universidad Católica del Perú tiene la finalidad de desarrollar la investigación
científica aplicada. Su trabajo está orientado a la construcción y desarrollo del conocimiento
así como a la investigación aplicada, orientada a la elaboración de estudios para el diseño
de políticas, diagnósticos y evaluaciones. Entre sus líneas de investigación, destacan el
género, desarrollo y políticas económicas, conflictos sociales y pobreza, entre otros.
CEPES
El Centro Peruano de Estudios Sociales es una institución especializada en el desarrollo
rural, interesada en mejorar las condiciones de vida de las personas del campo peruano y en
contribuir a forjar una sociedad democrática y justa. CEPES busca la inclusión de pequeños
agricultores y campesinos en los procesos de modernización y democratización, con un
compromiso amplio por un desarrollo democrático nacional, descentralizado y equitativo.
SER
La Asociación Servicios Educativos Rurales es una institución que realiza acciones y
propuestas dirigidas a promover el desarrollo y la ciudadanía. La Asociación SER trabaja
en alianza con ciudadanos y ciudadanas, municipalidades, organizaciones sociales, ONG, y
otras instituciones públicas y privadas del ámbito local, regional y/o nacional.
Grupo Allpa-Comunidades y Desarrollo
El Grupo ALLPA es una red de instituciones de la sociedad civil vinculada al trabajo con
comunidades campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural, con un enfoque
de equidad de género e interculturalidad. Esta red busca ser un espacio de intercambio
permanente de opiniones y experiencias, de reflexión y de formulación de propuestas
legales vinculadas al desarrollo de las comunidades campesinas, así como al acceso
equitativo de la propiedad de la tierra.
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ERÚ
Principales desafíos identificados
En esta segunda etapa de ejecución de la ENI, los principales desafíos identificados se
centran en las siguientes áreas:
Seguridad jurídica en predios ruralesAl igual que en la primera etapa de ejecución de la ENI, se debe seguir enfrentando el
tema relacionado con el saneamiento físico legal de las tierras de los territorios de los
pueblos indígenas. Como se sabe, las acciones durante el primer año estuvieron dirigidas
a que el Ministerio de Agricultura retome el proceso de saneamiento de la propiedad rural,
especialmente de las comunidades. En el primer semestre de 2013, el ahora Ministerio de
Agricultura y Riego se constituyó en el ente rector en materia de titulación rural, por lo que
la Plataforma buscó lograr que esta entidad definiera lineamientos de políticas en torno al
tema de la formalización de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
Asimismo, existe preocupación por la seguridad jurídica de predios de los pequeños
agricultores, por lo que se ha considerado la ampliación en relación con la formalización de
la propiedad de dichos agricultores.
Seguridad alimentariaEn el contexto actual, en el que la pequeña agricultura requiere ser reconocida y valorada
como actividad importante para la seguridad alimentaria, se debe fortalecer los procesos
de gobernanza responsable de la tierra. Del mismo modo, es necesario que se conozcan y
exijan normas relacionadas con la seguridad alimentaria.
Cabe resaltar que se logró sensibilizar a la opinión pública y promover el debate en el
Congreso de la República de un proyecto de Ley de seguridad y soberanía alimentaria, el
cual se aprobó en primera instancia a fines de 2013.
InstitucionalidadEn este ámbito, a partir de las lecciones aprendidas, es necesario enfrentar varios aspectos
para lograr una mejor gobernanza de la tierra en el Perú:
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ERÚ » Los roles y las responsabilidades del Grupo Impulsor deben ser definidos con mayor
claridad, de modo que permitan una participación activa e integrada de los miembros
para que cualquiera de ellos pueda asumir la conducción de la Plataforma.
» Las actividades conjuntas requieren un sistema de monitoreo que permita evidenciar
su progreso, impacto y contribución al objetivo de la Plataforma.
» La participación activa en redes de trabajo ya constituidas y que congregan a una
diversidad de actores, incluso otros que no pertenecen a la ILC, debe continuar para
lograr optimizar recursos y potenciar el impacto de las acciones.
» Se debe continuar con la búsqueda de información especializada en temas de tierras
y seguridad alimentaria que proviene de otras organizaciones, de los medios de
comunicación, así como la información de autoridades e instituciones públicas para
organizarla y conservarla adecuadamente, con la finalidad de que sirva como soporte
al análisis y diagnóstico sobre la problemática de tierras y seguridad alimentaria.
» La Plataforma debe buscar el apoyo de otras organizaciones de cooperación
internacional y formar parte de las redes que ellas promuevan para complementar
recursos (financieros y técnicos) y, con ello, garantizar más y mejores resultados en
legitimidad y en capacidad de movilización. Asimismo, es necesario coordinar con mayor
frecuencia con la sede central de la ILC para lograr la participación de organizaciones
intergubernamentales como el Banco Mundial y la FAO.
» Es necesaria la articulación con diferentes actores de la sociedad civil para forjar una
mayor capacidad de incidencia.
» Las capacidades relacionadas con la exigibilidad de derechos y la presentación de
propuestas de los gremios agrarios y de las organizaciones indígenas deben ser reforzadas.
» Finalmente, es importante revisar constantemente el contexto del país y tomar
en cuenta la fragilidad institucional para evaluar y adecuar las metas a los cambios
producidos en el país.
MujeresEn un contexto en el que persiste una brecha entre varones y mujeres en tanto las mujeres
cuentan con menos recursos y capacidades que les permitan exigir el cumplimiento de sus
derechos, así como poder contar con un capital y acumular un patrimonio, es imprescindible
trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para mejorar sus niveles de
participación en la construcción de una gobernanza responsable de la tierra.
En ese sentido, el reto es fortalecer la agencia entendida como el desarrollo interno (el yo) de los
ciudadanos, elevar su autoestima y reconocerse además como sujeto de derechos. Para esto, se
prevé facilitar el acceso a información de temas claves para su familia y organizaciones, reforzar
sus capacidades y desarrollar habilidad de comunicación para que tengan una participación
activa en las organizaciones de las que son parte. Además, consideramos importante desarrollar
también las otras dimensiones: la relacional (que incluye el reconocimiento y, por tanto, soporte
de su familia), y la estructural, marcada por un reconocimiento institucionalizado y formalizada
por sus organizaciones que promueven y facilitan su participación.
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Estrategia Nacional de Involucramiento de la ILC en Perú (ENI-ILC)4
Objetivos de la ENI y resultados esperadosEn base a la experiencia obtenida por CEPES en la conducción de la ENI I etapa, en esta
segunda etapa, se busca fomentar la participación activa de los miembros y que sean ellos
mismos los que lideren programáticamente esta nueva fase. La gestión no solo se logra con
un buen líder sino además con socios activos, y con procesos y herramientas claras que
contribuyan al funcionamiento de la Plataforma, tanto como una comunicación interna y
externa oportunas que permitan evidenciar el progreso que se va alcanzando, marco que
define la intervención en esta segunda etapa.
En la ENI II, se busca el fortalecimiento de capacidades de los miembros del Grupo
Impulsor, compuesto por miembros de la ILC con experiencia en la temática de tierras
que se complementan y que representan un elemento multiplicador –teniendo en
cuenta la incidencia pública y política–. Este seguirá contando con la participación de
la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), el Centro Peruano de Estudios Sociales
(CEPES) y el Instituto del Bien Común (IBC). Para su ejecución, la estrategia requiere de una
colaboración interinstitucional a través de un trabajo articulado con instituciones sociales,
públicas y privadas con interés en participar en una Alianza Nacional para la gobernanza
responsable de la tierra.
4 Ver Anexo
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Miembro Experiencia institucional
CEPES • Asesoría a través de profesionales con experiencia en el tema de tierras, comunidades campesinas,
aguas y seguridad alimentaria
• Desarrollo de investigaciones y elaboración de artículos y su difusión en medios
• Capacitación a organizaciones gremiales
IBC • Asesoría a través de profesionales con una amplia comprensión de la problemática amazónica y los
problemas en torno a los derechos de las comunidades ubicadas en la selva
• Publicaciones basadas en investigaciones previas, debates y diálogos organizados planificados en su
agenda institucional
• Desarrollo de cartografía en la región amazónica, empleando el sistema de información geográfica (SIG)
SER • Asesoría a través de profesionales con una amplia comprensión de la problemática andina y los
problemas en torno a la propiedad de la tierra de las comunidades campesinas
• Publicaciones basadas en investigaciones previas, debates y diálogos organizados planificados en su
agenda institucional
Para fortalecer la Plataforma Perú para la Gobernanza responsable de la Tierra y lograr los
objetivos propuestos, se fomentará la participación activa de nuevos actores.5 La interacción
y complementariedad de los actores son muy significativos para el éxito de la ENI. Por un
lado, es necesario incentivar la participación de los miembros restantes de la ILC en Perú,
como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas
de la Universidad Católica (CISEPA). Al mismo tiempo, se tratará de incorporar a otras
organizaciones sociales, que hacen parte de otros colectivos, en las actividades de la
Plataforma. Asimismo, aprovechando los contactos establecidos durante la primera fase de
la ENI, se espera involucrar a entidades intergubernamentales como el Banco Mundial y la
FAO en los esfuerzos para avanzar en la gobernanza responsable de la tierra en el Perú. Para
ello, será muy útil contar con el apoyo del Secretariado de la ILC en Roma.
Objetivo generalContribuir a la implementación de una gobernanza responsable de la tierra en el Perú a través
de la adopción de políticas a favor de la agricultura familiar, comunidades y mujeres rurales
Objetivos específicos
Seguridad Jurídica de predios ruralesEn el marco de una acción conjunta entre el Instituto del Bien Común (IBC), el Centro Peruano
de Estudios Sociales (CEPES), la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) y la
Confederación Campesina del Perú (CCP), se realizarán los esfuerzos para la consecución de
dicho objetivo.
5 Durante la primera etapa de la ENI, se logró la incorporación de la Confederación Campesina del Perú (CCP), organización
indígena campesina fundada en el año 1947 y de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO).
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Objetivo específico 1:
Facilitar el acceso a información actualizada a decisores políticos, actores de la sociedad
civil y a gremios campesinos para sensibilizados sobre la necesidad de actuar para mejorar
la formalización de la propiedad rural, y fomentar activamente la creación de un conjunto
de políticas públicas que permita a las comunidades rurales ejercer sus derechos
Realización de estudios para la acción: argumentos y evidencias
El objetivo es contar con estudios que aporten en la discusión y en el análisis sobre la
problemática de la formalización de las tierras de pequeños propietarios (varones y
mujeres), y de las comunidades del país y que al mismo tiempo constituyan un insumo
para la construcción de propuestas sobre titulación.
Estudio sobre la situación jurídica de las tierras de pequeños agricultores (incluye revisión
de la situación de las mujeres y su acceso a la tierra)
Investigación actualizada “Las comunidades que mueven al país. El estado de las
comunidades rurales del Perú, Informe 2012”
Acciones de coordinación y articulación de organizaciones nacionales, regionales o locales para
el respaldo de iniciativas para la titulación rural
La idea es que a través de las coordinaciones con un grupo de aliados de la sociedad
civil, que incluye a los gremios campesinos y organizaciones indígenas, se construya
una propuesta básica de elementos para la incidencia a favor de la seguridad jurídica de
pequeños agricultores (mujeres y varones) y de las comunidades.
» Reuniones de trabajo del Colectivo sobre comunidades con organizaciones indígenas
y de productores agrarios para la elaboración de propuestas de acción
» Talleres descentralizados sobre titulación rural
Elaboración de insumos para la incidencia sobre titulación rural
Para el trabajo de incidencia, es necesario contar con insumos especializados (documentos
impresos) que visibilizan los problemas y las propuestas alternativas dirigidos a los decisores
de políticas. Estos documentos deben tener como base los estudios realizados además de
contar con el respaldo de diversas organizaciones (sociedad civil, ONG, organizaciones
sociales, entre otros).
» Policy brief: titulación de predios y recomendaciones para la titulación rural
» Policy brief: titulación de tierras con equidad (situación de la mujer rural) y
recomendaciones para la titulación de predios conducidos por mujeres
» Policy brief: titulación de comunidades del país y recomendaciones para la titulación colectiva
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ERÚAcciones de incidencia para lograr la reactivación de la titulación rural
Se dan reuniones de trabajo e información entre decisores nacionales y el BID para la
presentación de principales evidencias críticas y propuestas alternativas ante el impacto de
una no titulación de predios rurales.
» Reuniones bilaterales con decisores de política y miembros de organización financiera
para compartir información
» Reunión con decisores de políticas y miembros de organizaciones financieras para
presentar resultados del trabajo
Seguridad alimentaria y Soberanía alimentariaEste componente de la estrategia será liderado por CEPES.
Objetivo específico 2:
Lograr que decisores políticos, actores de la sociedad civil y organizaciones gremiales
reconozcan y valoren la contribución de la pequeña agricultura en la seguridad alimentaria del
país e impulsen la creación e implementación de políticas públicas de seguridad y soberanía
alimentaria inclusivas que fortalezcan a los procesos de gobernanza responsable de la tierra
Seguridad alimentaria
Realización de estudios para la acción: argumentos y evidencias
La Plataforma producirá un estudio sobre el análisis de los marcos legales internacionales
que tienen una relación directa con el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria
con la intención de generar propuestas para mejorar su regulación e implementación en
el ámbito nacional.
» Estudio sobre instrumentos internacionales que dan fundamento a la seguridad alimentaria
Acciones de fortalecimiento de capacidades
En el ámbito nacional, se ha aprobado una serie de normas que tiene relación directa con la
seguridad alimentaria (Ley de alimentación adecuada, Estrategia Nacional sobre Seguridad
Alimentaria, y la Ley de seguridad alimentaria y nutricional). En ese sentido, es necesario
que las organizaciones sociales del país conozcan su contenido para exigir su cumplimento
y eventualmente propongan modificaciones.
» Talleres descentralizados sobre el marco normativo de seguridad alimentaria
Elaboración de insumos para la incidencia sobre seguridad alimentaria
Para el trabajo de incidencia, es necesario contar con insumos especializados (documentos
impresos) que visibilizan los problemas y las propuestas alternativas dirigidos a los decisores
de políticas. Este documento tendrá como base los estudios realizados durante la primera
etapa de la ENI, además de contar con el respaldo de diversas organizaciones (sociedad
civil, ONG, organizaciones sociales, entre otras) para su socialización.
» Policy brief: sobre seguridad alimentaria en el país y recomendaciones
para su implementación
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ERÚ Coordinaciones para la definición de estrategias de incidencia
para fomentar la seguridad alimentaria
Es necesario continuar con la participación activa en redes de trabajo ya constituidas y
que congregan a una diversidad de actores, con el objetivo de garantizar más y mejores
resultados. En ese sentido, hay que articularse con diferentes actores de la sociedad civil
para forjar una mayor capacidad de incidencia. Uno de eso actores identificados es la
Plataforma de Agricultura Familiar (PAF-Perú).
La PAF-Perú es un foro permanente de análisis, de debate, de reflexión, de investigación, de
propuesta y de acción para el fortalecimiento de la agricultura familiar, cuyo reconocimiento
por la sociedad y por el Estado, implica la aplicación de políticas coherentes, y la asignación
transparente y apropiada de recursos desde el presupuesto público para la agricultura familiar.
» Participación en reuniones de la PAF-Perú
Acciones de incidencia con decisores de políticas
Se dan reuniones de trabajo e información con decisores nacionales con el objetivo de
buscar aliados estratégicos que presenten las principales evidencias críticas y promuevan
propuestas alternativas ante el impacto de no contar con una política pública sobre
seguridad alimentaria.
» Reuniones bilaterales con aliados parlamentarios
» Desayuno de trabajo con parlamentarios
» Envío de información a parlamentarios
» Reuniones con representantes del Poder Ejecutivo
Soberanía alimentaria
Realización de estudios para la acción: argumentos y evidencias
Tomando en cuenta los estudios y aproximaciones elaboradas por organizaciones de
desarrollo en el país sobre el tema y haciendo un análisis comparativo con el marco de
promoción de la Soberanía Alimentaria en países de la región, se pretende desarrollar un
estudio sobre los desafíos para el desarrollo de la soberanía alimentaria en el Perú. Este
incluye una aproximación conceptual que considera el contexto del país y sus dimensiones,
pero, sobre todo, las condiciones necesarias para su implementación, en particular aquella
que hace referencia al marco legal.
» Estudio sobre los retos de la aplicación de la soberanía alimentaria en el Perú
Difusión de información e insumos sobre soberanía alimentaria
La intención es generar y difundir información concreta que refleje el interés y las
implicancias, para la implementación de la soberanía alimentaria en el país; así, el estudio
desarrollado –y presentado en el ítem anterior– será revisado y trabajado para lograr una
versión más amigable y comprensible por las organizaciones campesinas e indígenas,
gremios agrarios, ONG y decisores políticos.
El estudio logrado así como las coordinaciones en respuesta a la estrategia de difusión
sobre soberanía alimentaria establecerá un espacio de confluencia de diferentes actores de
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ERÚla sociedad civil y decisores políticos; de esta manera, se dará continuidad también a una
iniciativa comenzada en el 2013 cuando se planteó el tema de seguridad alimentaria. Además,
teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria presenta retos para su comprensión y su
inclusión en el marco legal, buscamos generar un espacio para esta socialización, discusión
y definición para su desarrollo en el país.
Parte de la estrategia de la ENI para este año es sumar esfuerzos y sostener procesos que
resultaron óptimos anteriormente.
» Documento breve sobre hallazgos de la soberanía alimentaria en el Perú
» Realización de un foro público sobre soberanía alimentaria
Acciones de coordinación y articulación para el consenso sobre lo que es soberanía alimentaria
Algunos miembros de la Plataforma, como CEPES y SER, son parte también de la PAF-Perú y
del Colectivo Perú Seguridad Alimentaria con Soberanía, por lo que consideramos relevante
la presencia en estos espacios para aportar en el tema de soberanía alimentaria, enriquecer
la discusión y dar propuestas en torno al desarrollo en el país.
» Reuniones de trabajo de miembros de la PAF-Perú y otros colectivos, como Grupo
Temático de Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar de la Coordinadora de Entidades
Extranjeras de Cooperación Internacional Perú (COEECI) y el Colectivo Perú Seguridad
Alimentaria con Soberanía, para la generación de consensos sobre soberanía alimentaria
MujeresEl empoderamiento es definido como el proceso de expansión de las habilidades personales
para tomar decisiones estratégicas en la vida, en un contexto donde esta habilidad fue
negada anteriormente (Kabeer, 2001). Cuando nos referimos al empoderamiento de la
mujer, hablamos de la habilidad para tomar decisiones y lograr resultados de importancia
para ellas y sus familias (Malhotra, Schuler, & Boender, 2002); en ese sentido, se establecen
las siguientes dimensiones para avanzar: agencia, relaciones y estructuras.
Este componente del proyecto será liderado por la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER).
Objetivo específico 3:
Mejorar los niveles de participación de las mujeres indígenas y campesinas
para la construcción de una gobernanza responsable de la tierra
Eventos de capacitación con lideresas y representantes de gremios
Se busca que las organizaciones campesinas e indígenas así como los gremios agrarios
faciliten la participación de mujeres líderes de su organización directiva y bases para la
elaboración colectiva a una propuesta de gobernanza de la tierra poniendo atención a las
necesidades e interés de las mujeres en el campo.
» Realización de taller para la elaboración de propuestas sobre gobernanza de la tierra
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ERÚ Incidencia para la incorporación de enfoque de género en las propuestas
La incidencia no solo se hará con propuestas de gobernanza de la tierra desde las
organizaciones campesinas e indígenas, sino buscamos también que los miembros de la
Plataforma y mediante estrategias de incidencia puedan socializar, lograr la comprensión de
la necesidad de incluir a las mujeres en toda propuesta de desarrollo y promuevan avances
en su incorporación. Un elemento central es partir no de la necesidad de las mujeres, sino
de su aporte en el desarrollo de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria del país.
» Reuniones con decisores de política (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo)
Reuniones con directivas nacionales de organizaciones campesinas e indígenas
Creemos necesario desarrollar reuniones con las dirigencias nacionales para sensibilizarlos y
lograr un mínimo de comprensión sobre los aportes y beneficios de una mayor participación
de las mujeres en sus propias organizaciones; de esta manera, creemos que es posible
avanzar hacia cambios en las organizaciones, a pesar de que tomará tiempo. Sin embargo,
consideramos que es posible empezar a ver medidas de reconocimiento pero sobre todo
de apoyo a la participación de la mujer.
» Reuniones con dirigencias nacionales
Apoyo a visitas de directivas nacionales a bases regionales
La Plataforma posibilitará recursos financieros para que las directivas nacionales de
organizaciones de mujeres indígenas y campesinas puedan generar sinergias con sus
bases. Esto sin duda contribuirá a legitimar a los cuadros directivos y a afianzarse en las
organizaciones de base, pero también busca fortalecer el sentido de pertenencia de los
miembros y, con ello, mantener la fuerza y la representatividad de las directivas. Dichas
visitas serán planificadas y se precisará los objetivos a lograr con ellas, previo acuerdo entre
la Plataforma y dichas organizaciones.
» Visitas de apoyo
Elaboración de plan de trabajo para el empoderamiento de las mujeres en sus organizaciones
El diagnóstico sobre la situación de las mujeres respecto a sus derechos sobre la tierra y
su gobernanza nos reporta, además de las necesidades de información, las capacidades
que deben ser desarrolladas para constituir mujeres empoderadas. Consideramos que
el plan abordará la dimensión personal, el liderazgo y la participación de la mujer en sus
organizaciones; esto, sin duda, debe ser revisado y validado en conjunto con los diferentes
miembros de la Plataforma.
» Reuniones para elaborar el plan de trabajo
Espacios de encuentro de mujeres para el fortalecimiento de sus capacidades
La intención al desarrollar este espacio de mujeres llega en una etapa próxima al cierre
de esta segunda fase. Se busca la congregación de lideresas de diferentes partes del país
y miembros de diferentes organizaciones para que compartan experiencias y apuestas
sobre sus derechos a la tierra, fortalezcan sus conocimientos y logren conformar una red de
trabajo (de mujeres) que pueda sostenerse una vez que la etapa II de la ENI haya finalizado.
» Realización de foro nacional sobre mujer, tierra, territorio y gobernanza
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ERÚConsolidación de la plataforma para una gobernanza responsable de la Tierra
(Grupo impulsor y miembros)
En la idea de articular los desafíos de trabajo, se ha propuesto consolidar la Plataforma para
complementar y reforzar las actividades previstas en cada área de trabajo específica para
esta segunda etapa de la ENI Perú.
Coordinación de los miembros de la Plataforma
Las reuniones serán desarrolladas cada dos meses y se iniciará con una reunión de
planificación, donde se establecerán las acciones y responsabilidades además del tiempo
en que cada una de ellas se implementará. Cada reunión servirá para revisar los avances, y
ajustar el plan y las estrategias.
Se espera contar con apoyo de profesionales con experiencia en los temas planteados en
esta segunda fase, de forma que actúen como asesores para los miembros de la plataforma.
Finalmente, si bien existe el interés por promover los enfoques de género e interculturalidad,
reconocemos que es necesario discutir ambos temas, lograr un entendimiento común
para efectos del trabajo colectivo y arribar a la definición de estrategias o puntos clave que
deben incorporarse al plan de trabajo de esta segunda etapa en estas materias.
» Reuniones del grupo impulsor de coordinación, planificación y construcción de
estrategia de involucramiento de aliados
» Reuniones para fortalecer la Plataforma
» Reunión para lograr un entendimiento común del enfoque de género e interculturalidad
Mecanismo de coordinaciónLa presente propuesta será administrada por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES),
asociación civil sin fines de lucro creada en 1976 como una institución especializada en
el desarrollo rural, interesada en brindar su aporte profesional a las tareas de mejorar las
condiciones de vida de los hombres y mujeres del campo del Perú, en la perspectiva de
contribuir a forjar una sociedad más democrática y justa.
CEPES mantiene como sus objetivos principales la promoción del desarrollo rural y
fortalecimiento de capacidades de gestión y negociación de las distintas organizaciones
agrarias y rurales, y la generación de mecanismos de comunicación que permitan la
inclusión ciudadana de los campesinos, pequeños productores agrarios y la población rural
en general y la realización de estudios e investigaciones que permitan generar, difundir y
sustentar propuestas sobre temas gravitantes del desarrollo agrario y rural del país.
El mecanismo de coordinación se basará en reuniones de trabajo que se realizarán entre
los distintos actores.
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Comunicación y estrategia de levantamiento de fondos
ComunicaciónEn el contexto descrito, se hace necesario lograr mayor difusión del contenido de los
distintos instrumentos que fueron creados para cada aspecto.
En relación con la seguridad jurídica de predios rurales, se proyecta la realización de una
campaña de difusión para la incidencia. La Plataforma llevará a cabo acciones de difusión
para sensibilizar a aliados estratégicos y a la opinión pública en general, para generar una
corriente a favor de la implementación de la titulación rural. Para ello, se ejecutarán diversas
actividades de difusión de información y propuestas generadas por la Plataforma.
» Artículos producidos y publicados en medios escritos de alcance nacional
» Entrevistas en radios nacionales y locales
» Desayunos de trabajo con periodistas (titulación rural y comunal)
» Foro sobre Seguridad Territorial de las comunidades del país
» Actualización del Observatorio de Tierra y Derechos
Respecto de la seguridad y soberanía alimentaria, se prevé la difusión de información
actualizada sobre seguridad alimentaria en diferentes medios de comunicación a nivel
nacional. Con el objetivo de difundir la discusión en torno al tema de seguridad alimentaria,
la Plataforma llevará a cabo acciones de difusión para sensibilizar a aliados estratégicos y
a la opinión pública en general. Para ello, se ejecutarán diversas actividades de difusión de
información y propuestas generadas por la Plataforma.
» Desayuno de trabajo con periodistas
» Realización de un Foro Público sobre agricultura familiar para la seguridad alimentaria (PAF)
» Actualización del Observatorio de Seguridad Alimentaria
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ERÚFinalmente, en relación con la participación de las mujeres indígenas y campesinas,
se producirán y difundirán materiales informativos en base a una sistematización de
información sobre la situación de las mujeres respecto de sus derechos sobre la tierra
–acceso a información, desarrollo de capacidades y cambios en la estructura de las
organizaciones de las que son parte–. De esta manera, se elaborará material para compartir
información, un documento ágil para la lectura y con información relevante que facilite el
ejercicio de sus derechos.
» Elaboración de cartilla sobre los derechos de la mujer en el marco de una gobernanza
de la tierra
Levantamiento de fondosDado que la ENI requiere del concurso de otras fuentes financieras, durante la presente
etapa, se postulará a diferentes concursos, previa coordinación con el Secretariado de la
ILC. Adicionalmente, la participación en otros colectivos puede permitir el acceso a otros
financiamientos, que incluye el aporte que cada institución miembro de la Plataforma y
otros colectivos puedan realizar para el desarrollo de las actividades comunes.
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ERÚ ANEXO
MARCO LÓGICOObjetivo de Impacto: Contribuir a la implementación de una gobernanza responsable de la tierra en el Perú a través de la adopción de políticas a favor de la agricultura familiar, comunidades y mujeres rurales
Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Decisores políticos, actores de la sociedad civil y gremios campesinos acceden a información actualizada, se encuentran sensibilizados sobre la
necesidad de actuar para mejorar la formalización de la propiedad rural y fomentan activamente la creación de un conjunto de políticas públicas
para permitir a las comunidades rurales ejercer sus derechos
Línea de Base: No se están implementando políticas que garanticen el derecho de propiedad individual y colectiva de agricultores y pueblos indígenas del país
Una tarea que el Estado
tiene pendiente es
la formalización de
la propiedad agraria,
incluida la de los
pueblos indígenas. Si
bien existen normas que
reconocen la importancia
del saneamiento de
la propiedad rural
(Constitución Política,
Convenio 169 de la
OIT, DS 001-2013-
AG, Ley 27867), estas
no se implementan.
Actualmente, el proceso
de titulación está
paralizado. El Objetivo 1
se orienta a incidir en la
implementación de las
leyes sobre titulación
Decisores políticos se
involucran en discusión
con las organizaciones
de la sociedad civil,
indígenas y gremios para
la implementación de la
titulación rural y comunal.
N° de organizaciones
y gremios indígenas –
campesinos que acceden
a información actualizada
sobre propiedad rural
Entrevistas en medios de
comunicación
Participación en eventos
(espacios comunes)
Reporte de los
observatorios sobre
actividades realizadas y
usuarios que acceden a
información de ellas
Existe voluntad política
para la construcción
colectiva de políticas
públicas referidas a la
titulación rural
Resultado Esperado 1.1 Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas vinculados a la temática sobre gobernanza de la tierra proponen
iniciativas para la titulación rural
N° de organizaciones
de la sociedad civil,
indígenas y campesinas
participan en los espacios
de diálogo y propuesta
sobre titulación rural
N° de organizaciones
de la sociedad civil,
indígenas y campesinas
participan activamente
en el Colectivo
sobre titulación de
comunidades
Nº propuestas normativas
sobre titulación
generadas en consenso
Lista de participantes
a eventos organizados
sobre Titulación Rural.
Relatoría de Reuniones
Lista de participantes a
eventos del Colectivo
Relatoría de Reuniones
Documento de
propuestas normativas
El proceso de titulación
iniciado promueve
la participación de
las organizaciones
vinculadas a la titulación
rural
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
Actividad 1.1.1
Estudio sobre la situación
jurídica de las tierras de
pequeños agricultores
(incluye revisión de la
situación de las mujeres y
su acceso a la tierra)
Realización de
estudios para la acción:
argumentos y evidencias
1 estudio realizado Documento de estudio
Actividad 1.1.2
Investigación actualizada
“Las comunidades
que mueven al país
– el estado de las
comunidades rurales del
Perú, Informe 2012”
1 investigación realizada Documento de
investigación
Actividad 1.1.3
Reuniones de trabajo
del Colectivo sobre
comunidades con
organizaciones indígenas
y de productores agrarios
para la elaboración de
propuestas de acción
Acciones de coordinación
y articulación de
organizaciones
nacionales, regionales o
locales para el respaldo
de iniciativas para la
titulación rural
3 reuniones Relatorías de reuniones
de trabajo
Lista de asistencia
Actividad 1.1.4
Talleres descentralizados
sobre titulación rural
2 talleres Relatoría de talleres y lista
de asistencia
Resultado Esperado 1.2 Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas inciden en decisores de política y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para la implementación sobre normas sobre titulación rural
N° de decisores de
políticas y miembros
de organización
financiera que acceden a
información actualizada
sobre titulación rural
N° de decisores y
miembros de entidad
financiera que participan
en espacios de diálogo
con miembros de la
Plataforma para la
adopción de propuestas
sobre titulación rural
Registro de recepción
de información
Lista de asistencia
Registro de participantes
El próximo proyecto
de titulación lanzado por
el Gobierno con el apoyo
del BID a través
de su enfoque
participativo exige que
los decisores políticos
estén mejor informados
y capacitados para llevar
adelante este proceso
Actividad 1.2.1
Policy brief: titulación
de predios –
recomendaciones para la
titulación rural
Elaboración de insumos
para la incidencia sobre
titulación rural
1 Policy brief sobre
titulación de predios
Documento “titulación
de predios rurales
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
Actividad 1.2.2
Policy brief: titulación
de tierras con equidad:
situación de la mujer
rural. Recomendaciones
para la titulación de
predios conducidos por
mujeres
1 Policy brief sobre
titulación con equidad
Documento “titulación de
tierras con equidad”
Actividad 1.2.3
Policy brief: titulación de
comunidades del país y
recomendaciones para la
titulación colectiva
1 Policy brief sobre
titulación comunal
Documento
“recomendaciones para la
titulación colectiva”
Actividad 1.2.4
Artículos producidos y
publicados en medios
escritos de alcance
nacional
Campaña de difusión
para la incidencia
3 artículos producidos Artículos publicados
Actividad 1.2.5
Entrevistas en radios
nacionales y locales
3 entrevistas Reporte de entrevistas
realizadas
Actividad 1.2.6
Desayunos de trabajo
con periodistas (titulación
rural y comunal)
2 desayunos Relatoría de desayuno
con periodistas
Actividad 1.2.7
Foro sobre Seguridad
Territorial de las
comunidades del país
1 Foro Relatoría del Foro
Actividad 1.2.8
Actualización del
Observatorio de Tierra y
Derechos
Actualización diaria Bases de datos, noticias y
boletines realizados
Actividad 1.2.9
Reuniones bilaterales
con decisores de
política y miembros
de organización
financiera para compartir
información
Acciones de incidencia
para lograr la reactivación
de la titulación rural
3 reuniones Ayudas memoria
Actividad 1.2.10
Reunión con decisores de
políticas y miembros de
organización financiera
para presentar resultados
del trabajo
2 reuniones Relatoría de las reuniones
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Decisores políticos, actores de la sociedad civil y organizaciones gremiales reconocen y valoran la contribución de la pequeña agricultura en la
seguridad alimentaria del país e impulsan la creación e implementación de políticas públicas de seguridad y soberanía alimentaria inclusivas que
fortalezcan a los procesos de gobernanza responsable de la tierra
Línea de Base: El Estado promueve la construcción de un marco normativo a favor de la seguridad alimentaria. No obstante, las organizaciones de
la sociedad civil y gremios agrarios cuestionan la forma no participativa de esta construcción. Al mismo tiempo demandan que el marco legal que se
propone responda a las diferentes dimensiones o elementos de la soberanía alimentaria
Luego de varios años
de olvido en el Perú, el
tema de la seguridad
alimentaria tuvo en 2013
una atención inusitada.
Por un lado, se aprobó
una nueva Estrategia
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(Ensan) 2013-2021 y
una Ley de Seguridad
alimentaria y Nutricional.
El objetivo 2 se orienta al
conocimiento de ambas
normas y la exigibilidad
en su cumplimiento y
al planteamiento de
posibles modificaciones
N° de acciones de
incidencia desarrolladas
por las organizaciones
para la implementación
de políticas sobre
seguridad alimentaria
Reporte de acciones. El contexto internacional
(año internacional de
la agricultura familiar)
genera interés y
compromiso en los
decisores políticos
para llevar adelante la
implementación de
políticas públicas referidas
a la pequeña agricultura
Resultado Esperado 2.1 Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas conocen el marco normativo sobre seguridad alimentaria
N° de organizaciones de
la sociedad y gremios
acceden a información
actualizada sobre
seguridad alimentaria
Registro de recepción
de información
Actividad 2.1.1
Estudio sobre
instrumentos
internacionales que
dan fundamento a la
seguridad alimentaria
Realización de
estudios para la acción:
argumentos y evidencias
1 estudio realizado Documento
de investigación
Actividad 2.1.2
Talleres descentralizados
sobre el marco normativo
de seguridad alimentaria
Acciones de
fortalecimiento de
capacidades
2 talleres realizados Lista de asistencia
Resultado Esperado 2.2 Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas se fortalecen y comparten conceptos en común sobre
soberanía alimentaria
N° de organizaciones
(sociedad civil, indígenas y
campesinas) participando
activamente en eventos
de discusión para lograr
un entendimiento común
de soberanía alimentaria
Lista de asistencia.
Entrevista a informantes
claves
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
Actividad 2.2.1
Estudio sobre los retos
de la aplicación de la
soberanía alimentaria en
el Perú
Realización de
estudios para la acción:
argumentos y evidencias
1 estudio realizado Documento de estudio
Actividad 2.2.2
documento breve sobre
hallazgos de la soberanía
alimentaria en el Perú
Difusión de información e
insumos sobre soberanía
alimentaria
1 documento
breve realizado
Documento breve sobre
soberanía alimentaria
Actividad 2.2.3
Realización de un Foro
Público sobre soberanía
alimentaria
1 foro realizado Relatoría del foro
Actividad 2.2.4
Reuniones de trabajo
de miembros de
la Plataforma Perú
y otros colectivos
(Grupo Temático de
Soberanía Alimentaria
y Agricultura Familiar
de la Coordinadora de
Entidades Extranjeras
de Cooperación
Internacional Perú –
COEECI, Colectivo Perú
Seguridad Alimentaria
con Soberanía) para la
generación de consensos
sobre soberanía
alimentaria
Acciones de coordinación
y articulación para el
consenso sobre lo qué es
soberanía alimentaria
Participación
en 5 reuniones
Ayudas memoria
Resultado Esperado 2.3 Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas exigen la implementación de normas sobre seguridad
alimentaria a través de acciones de incidencia y difusión
N° de organizaciones
(sociedad civil, indígenas
y campesinas) que
participan activamente
en acciones de incidencia
Actividad 2.3.1
Policy brief: sobre
seguridad alimentaria en
el país. Recomendaciones
para su implementación
Elaboración de insumos
para la incidencia sobre
seguridad alimentaria
1 policy brief realizado Documento de estudio
Actividad 2.3.2
Participación en
reuniones de la
Plataforma de Agricultura
Familiar (PAF)
Coordinaciones para la
definición de estrategias
de incidencia para
fomentar la seguridad
alimentaria
Participación
en 5 reuniones
Relatoría de reuniones
de PAF
Lista de asistencia
Actividad 2.3.3
Desayuno de trabajo con
periodistas
Difusión de información
actualizada sobre
seguridad alimentaria
en diferentes medios de
comunicación a nivel
nacional
1 desayuno realizado Relatoría de desayuno
de trabajo
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
Actividad 2.3.4
Realización de un Foro
Público sobre agricultura
familiar para la seguridad
alimentaria (PAF)
1 Foro realizado Relatoría del Foro Pública
Actividad 2.3.5
Actualización del
Observatorio de
Seguridad Alimentaria
Bases de datos, noticias
y publicaciones
actualizados
Actividad 2.3.6
Reuniones bilaterales
con aliados
parlamentarios
Acciones de incidencia
con decisores de políticas
4 reuniones realizadas Memorias de las
reuniones
Actividad 2.3.7
Desayuno de trabajo con
parlamentarios
1 desayuno realizado Relatoría del evento
Actividad 2.3.8
Envío de información a
parlamentarios
Información enviada Registro de recepción
de información
Actividad 2.3.9
Reuniones con
representantes
del Poder Ejecutivo
2 reuniones realizadas Memoria de las reuniones
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Mujeres indígenas y campesinas mejoran sus niveles de participación para la construcción de una gobernanza responsable de la tierra
Línea de Base: No se toma en cuenta a la mujer al momento de implementarse políticas sobre derechos a la tierra
Los problemas con los
derechos de la mujer
no se presentan en las
normas legales. En el
plano de las leyes está
allanado el camino para
el reconocimiento de sus
derechos. Los problemas
se presentaban en la
práctica, pues por encima
de las normas se impone
la tradición, es decir el
enfoque tradicional que
considera a la mujer
como una ciudadana
de segunda categoría.
El objetivo específico 3
apunta a fortalecer las
capacidades de la mujer
para que en un futuro
pueda exigir sus derechos
N° de mujeres de
organizaciones
indígenas o campesinas
participando en los
procesos de construcción
de una gobernanza
responsable de la tierra
Documentos de entrevista
a informante claves
Reporte de sondeo rápido
Decisores políticos
comprenden y
promueven la
implementación del
marco normativo con
enfoque de equidad que
reconozca la necesidad
de involucrar a las
mujeres en la gobernanza
responsable de la tierra
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
Resultado Esperado 3.1 Mujeres campesinas e indígenas elaboran sus propuestas sobre gobernanza de la tierra
N° de mujeres
campesinas e indígenas
participando de la
construcción de
propuestas sobre
gobernanza de la tierra
Documento de
propuestas sobre
gobernanza de la tierra
Las familias, sobre todo
el marido, apoyan y
facilitan la participación
de mujeres en el proceso
de gobernanza
Actividades 3.1.1
Elaboración de cartilla
sobre los derechos de la
mujer en el marco de una
gobernanza de la tierra
Producción y difusión de
materiales informativos
1 cartilla Material producido
Actividades 3.1.2
Realización de taller
para la elaboración
de propuestas sobre
gobernanza de la tierra
Eventos de capacitación
con lideresas y
representantes de
gremios
1 taller realizado Relatoría del evento. Lista
de asistencia
Actividades 3.1.3
Reuniones con
decisores de política
(legislativo y Ejecutivo
Incidencia para la
incorporación de
enfoque de género
en las propuestas
5 reuniones realizadas Memorias de las
reuniones
Resultado Esperado 3.2 Organizaciones campesinas e indígenas nacionales impulsan la participación de las mujeres en la gobernanza de la tierra
N° de organizaciones
campesinas e indígenas
que promueven
la participación de
mujeres en la gobernanza
de la tierra
Plan operativo de
gremios: Estrategia
de empoderamiento
de la mujer para su
participación en la
gobernanza de la tierra
Dirigentes interesados
en promover el
empoderamiento
de la mujer
Actividades 3.2.1
Reuniones con
dirigencias nacionales
Reuniones con directivas
nacionales
10 reuniones Memorias de las
reuniones
Actividades 3.2.2
Visitas de apoyo
Apoyo a visitas de
directivas nacionales a
bases regionales
15 visitas Informes de las visitas
Actividades 3.2.3
Reuniones para elaborar
el plan de trabajo
Elaboración de plan
de trabajo para el
empoderamiento de
las mujeres en sus
organizaciones
4 reuniones Documento del Plan
Actividades 3.2.4
Realización de Foro
nacional sobre mujer,
tierra, territorio y
gobernanza
Espacios de encuentro
de mujeres para el
fortalecimiento de sus
capacidades
1 Foro nacional Relatoría del Foro
Lista de asistentes
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Resumen Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
EJE TRANSVERSAL 1
Consolidación Grupo Impulsor y Alianza Nacional
Línea de Base: La participación de los miembros del Grupo Impulsor ha sido regular en la I Fase
Estrategia de la ILC N° de organizaciones
participando activamente
en el funcionamiento del
Grupo Impulsor y Alianza
Nacional
Acta de reuniones
Lista de asistencia a
reuniones
Organizaciones miembros
comprometidos, con
tiempo y disponibilidad,
para participar
activamente
Resultado Esperado 4.1 Plataforma para una gobernanza responsable de la tierra fortalecida con el manejo de enfoques transversales y con la
inclusión de nuevos actores
N° de documentos
producidos por la
plataforma incorporan
el enfoque de género e
interculturalidad
N° de nuevas
organizaciones miembros
Documentos producidos
Solicitud de
incorporación a la
Plataforma, aprobada
Actividades 4.1.1
Reuniones del
Grupo Impulsor
de coordinación,
planificación y
construcción
de estrategia de
involucramiento de
aliados
Coordinación de
los miembros de la
Plataforma
3 reuniones Actas de las reuniones
con los acuerdos
Actividades 4.1.2
Reuniones para fortalecer
la plataforma
4 reuniones Relatoría de reuniones
Actividades 4.1.3
Reunión para lograr un
entendimiento común
del enfoque de género e
interculturalidad
1 reunión de trabajo Relatoría de la reunión de
trabajo
Notas
Notas
El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, traducido y distribuido a
condición de que la atribución se dé a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra,
y a los autores del artículo y la organización. A menos que se indique lo contrario, esta obra
no puede utilizarse para fi nes comerciales. Para obtener más información, por favor escriba a
[email protected] o vaya al sitio http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0Impreso en papel reciclado/FSC. Diseño gráfi co de Federico Pinci.
Las opiniones aquí expresadas son de los autores y de las personas entrevistadas para este
informe. No representan posiciones ofi ciales de la ILC, sus miembros o donantes.
ISBN: 978-92-95105-14-0
La ILC desea agradecer a los siguientes donantes por sus contribuciones:
Estrategias Nacionales de Involucramiento
ENI Plataforma por la Gobernanza Responsable de la Tierra
PERÚ
Secretaría de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en el FIDA
Via Paolo di Dono 44, 00142 - Roma, Italia tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445
[email protected] | www.landcoalition.org
Nuestra misión
La ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que
trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control
sobre ella, de mujeres y hombres pobres mediante la promoción, el diálogo, el intercambio
de conocimientos, la creación de capacidad.
Nuestra visión
El acceso seguro y equitativo a la tierra y su control reducen la pobreza, promueven el desarrollo
sostenible y contribuyen a la identidad, la dignidad y la integración.
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) www.cepes.org.pe
Pedro Castillo, [email protected]
Confederación Campesina del Perú (CCP)confederacioncampesinadelperu.blogspot.com.es
Jorge Prado, [email protected]
Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)www.conveagro.org.pe
Lucila Quintana, [email protected]
Instituto del Bien Común (IBC)www.ibcperu.org
Richard Smith, [email protected]
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)www.ser.org.pe
Rosa Montalvo, [email protected]