PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD

DOCUMENTO REIVINDICATIVO

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONMICAS EXTREMADURA 2015

CAMPAMENTOS DIGNIDAD DE EXTREMADURA

DOCUMENTO REIVINDICATIVO ELECCIONES AUTONMICAS EXTREMADURA 2015

0. El sentido del documento

Los Campamentos Dignidad de Extremadura nacimos el 20 de febrero de 2013 ante las oficinas de empleo del SEXPE al calor de tres demandas: la renta bsica, un plan de 25.000 empleos y la exigencia del fin de todos los desahucios. Inicialmente los campamentos alzaron sus tiendas de lucha en Mrida, Plasencia, Almendralejo y Badajoz, pero al da de hoy se ha extendido a otras muchas poblaciones de Extremadura, constituyendo uno de los movimientos sociales ms activos en la regin. Al tiempo, han contribuido a poner en pie otras plataformas de movilizacin a nivel estatal tales como la ILP por la Renta Bsica o las Marchas de la Dignidad. Y, de ese modo, las reivindicaciones iniciales han ido adquiriendo ms matices, ms precisin y tambin ms complejidad.Somos un movimiento de empoderamiento popular que han puesto en pie personas y colectivos silenciados, a los que se les niega habitualmente el pan y la palabra, la satisfaccin de las necesidades materiales y la participacin real. Personas paradas o pobres, gentes de los barrios ms machacados, jvenes sin futuro, familias desahuciadas de sus viviendas, hombres y mujeres de la clase obrera, del precariado, del pueblo trabajador constituyen el punto de partida de este movimiento social. Aspiramos a unir a la mayora de nuestro pueblo en torno a demandas sencillas y claras: trabajo digno, renta bsica, vivienda, educacin, sanidad y servicios pblicos para todas las personas, fin a la corrupcin y a la represin, no al pago de la deuda ilegtima y odiosa.Somos un movimiento independiente de partidos y sindicatos, plural, de orientacin fuertemente crtica con el sistema econmico y poltico, que aspira a integrar la mejor tradicin del movimiento obrero con las nuevas reivindicaciones y sensibilidades de los movimientos sociales. En nuestros escasos dos aos de existencia hemos sido capaces de federar demandas populares, articulando luchas diversas relacionadas con el paro, la precariedad o la exclusin social. Y son justamente esas propuestas por las que venimos luchando las que trasladamos a este documento, sin nimo de exhaustividad. Presentamos este Documento Reivindicativo esperando que los partidos que concurren a las elecciones hagan suyas las propuestas. Pero no lo hacemos como un acto de delegacin de voluntad. Para nosotros la democracia es participacin directa y cotidiana, no slo representacin. La democracia es mucho ms que depositar el voto en una urna cada cuatro aos. Los movimientos sociales son democracia viva y sin ella no podrn abrirse camino los cambios que la regin y el pas necesitan. Sin pueblo organizado, sin movilizacin social, sin la democracia plebeya, sin la democracia de las mareas, de las plataformas ciudadanas, de las corralas, de los campamentos, no habr cambio social y poltico. Y el cambio es urgente: una minora privilegiada se ha situado por encima de la ley y arrastra a la pobreza y a la miseria a una parte sustancial del pueblo.

Los gobiernos del PP en Extremadura y Espaa han constituido un desastre para los derechos sociales y polticos de la inmensa mayora de la sociedad. El gobierno de Rajoy, servil a las polticas de la Troika y a los intereses de una trama oligrquica, ha acometido un sistemtico desmantelamiento del modesto estado social acompaado de polticas crecientemente represivas. Casi 6 millones de parados, medio milln de desahucios, 400.000 jvenes espaoles que han emigrado al extranjero, un tercio del pas en riesgo de exclusin social, son algunos datos que nos hablan de esa revolucin pasiva, silenciosa pero tenaz, que ha cambiado la faz del pas, instituyendo un nuevo marco de incertidumbre permanente para los trabajadores y las clases populares. En Extremadura, el gobierno del PP ha actuado en coherencia con esa poltica. Las fabulaciones que presentaban a Monago como un verso suelto, un barn rojo dentro del PP no han sido ms que campaas de auto-propaganda, sin sostn alguno en la poltica real. Sin pretenderlo, los Campamentos Dignidad hemos constituido uno de los sensores de verificacin ms veraces respecto del sesgo anti-social de las polticas del gobierno regional. La renta bsica de insercin y los desahucios de vivienda social han representado, seguramente, las manifestaciones ms palmarias de esta poltica de autntica inquina contra los parados y la clase obrera de Extremadura. El gobierno regional ha estado regateando durante dos aos el cumplimiento de la Ley de Renta Bsica de Insercin, aprobada el 9 de mayo de 2013. Basta con recordar que, pese a la propaganda machacona, a estas alturas, de las 35.000 personas solicitantes, poco ms de 4.000 personas han cobrado algn mes esa prestacin. Que a otros 4 o 5 mil van a pagarle en las mismsimas puertas de las elecciones. Y que, adems, esos dineros, presupuestados y no gastados desde el 2012, ha habido que arrancrselos literalmente a travs de constantes encierros, marchas y manifestaciones de todo tipo.El desahucio en estos cuatro aos de ms de 200 familias de viviendas socialessegn los datos de la propia Junta-, en su gran mayora con menores a cargo, desahucios de los que adems el Consejero de Vivienda, Vctor Gerardo Nez del Moral, ha presumido pblicamente, es otra demostracin de la brutalidad y de la orientacin anti-social de este gobierno. Para ms inri, estos desahucios se han producido contraviniendo lo acordado por el Parlamento de Extremadura, en tres ocasiones distintas, extremo que habla tambin del papel funesto y completamente vano jugado por la Asamblea de Extremadura, incapaz de controlar a un gobierno sin mayora absoluta.Y junto a estos dos sonados atropellos, otras muchas medidas han constatado la coherencia neoliberal del gobierno regional del PP. El cierre de 21 Puntos de Atencin Continuada, el recorte en ms de 700 trabajadores de la plantilla del Servicio Extremeo de Salud, el impago de la ley de dependencia, la supresin del transporte escolar a los alumnos de FP y bachillerato, la planificacin de la privatizacin de los nuevos hospitales de Don Benito y Cceres, el incremento de los conciertos con la educacin privada, son slo algunos botones de muestra. Y junto a los recortes sociales, la falta de austeridad de los polticos y la egolatra. Para las polticas sociales no haba dinero pero s para el Consejo Consultivo, para los Premios Ceres, para traer a Woody Allen o para hacerse la foto con Pablo Alborn u otros msicos.Por todo lo expuesto consideramos que urge un profundo CAMBIO SOCIAL Y POLTICO. En nuestra opinin, algunas de las propuestas ms urgentes son las siguientes:1. Propuestas-reivindicaciones de los Campamentos Dignidad de Extremadura de cara a las prximas elecciones autonmicas y municipales de 2015

1.1 Renta bsica ya: Tenemos derecho a vivir dignamenteLos Campamentos Dignidad hemos contribuido a popularizar y poner en el orden del da la urgencia y posibilidad de la renta bsica no slo en Extremadura, sino tambin en Espaa. Consideramos que la renta bsica es una medida indispensable para garantizar una vida digna a todas las personas, para liberar de la coaccin de la miseria a millones de personas y para abrir la puerta a un modelo de sociedad solidario, austero, ecolgico y feminista.

La renta bsica es algo muy distinto a las rentas mnimas de insercin, convertidas en instrumento de control y clientelismo de pobres. La renta bsica se define por tres caractersticas: universal, individual e incondicional. La Plataforma Extremea por la Renta Bsica y los Campamentos Dignidad presentamos 48.000 firmas a favor de esa propuesta, que sigue siendo uno de nuestros objetivos estratgicos fundamentales. No basta con adecentar la renta bsica de insercin existente ni con que sta se abone a la gran mayora de los solicitantes, hace falta introducir la lgica del derecho de ciudadana frente a la lgica del subsidio de pobreza. Proponemos por tanto dos fases en nuestra reivindicacin de renta bsica:

1.1. 1 Renta bsica de insercin: exigimos que antes de terminar septiembre de 2015 se haya abonado la renta bsica de insercin a, al menos, 25.000 personas, o lo que es lo mismo, al 70% de los solicitantes. Hay que poner fin al manoseo de pobres, a la burla burocrtica. No se puede consentir que, en la prctica, se imponga la lgica de que un pobre es culpable o sospechoso de fraude mientras se demuestre lo contrario.

1.1.2 En este sentido y de modo inmediato, se deben adoptar las siguientes medidas: - Convocatoria permanente hasta tanto se deroga el sistema de convocatorias y se establece como derecho ciudadano.

- La tramitacin de la renta bsica de insercin depender del SEXPE, eximiendo a los servicios sociales de base de esta carga adicional de trabajo.- Eliminar la gestin privada de la Renta Bsica. La gestin ser ntegramente pblica.

- Se fijar una fecha lmite de cobro, hacindola coincidir con el cobro de los subsidios de desempleo (da 10 del mes). En la resolucin se fijar la fecha de cobro de la primera percepcin.

- Se impedir la paralizacin de las percepciones y, caso de no hacerlo, la Administracin asumir la correspondiente responsabilidad patrimonial.- Se suprimirn los descuentos del 10% en la segunda renovacin y siguientes de Renta Bsica de Insercin de la Ley de 20013 y la retencin que pudiera tener en IRPF. - Se suprimir la exigencia de Informe Social y Proyecto Individualizado de Insercin.

- Creacin de la Comisin de Seguimiento de la Renta Bsica. En la misma se garantizar la participacin del movimiento social por la renta bsica. Poner fin a la exclusin del Campamento Dignidad. Adems se adoptarn medidas adicionales que refuercen la gestin transparente de la renta bsica tales como la publicacin de los datos a travs de la web de transparencia: nmero de solicitantes acumulados y por fechas, resoluciones favorables, importes, motivo de las resoluciones desestimatorias, recursos presentados, resultados de los mismos, plazos, etc.

- No se podr incompatibilizar la renta bsica de insercin con salarios inferiores a la misma. No puede ser que un trabajo de 6 horas a la semana durante 4 meses sea incompatible con la Renta Bsica de Insercin.

- Extender la renta bsica a los trabajadores agrarios por cuenta ajena (PER), suprimiendo el requisito de las peonadas. Ampliar tambin a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas entre los posibles solicitantes de Renta Bsica de Insercin.1.1.3 Nueva Ley de Renta Bsica. Antes del primer trimestre de 2016 se proceder a la implantacin de una autntica renta bsica. En esa nueva regulacin, se cubrir al menos la 1 fase de la ILP extremea por la Renta Bsica que acoge a todas las personas en paro sin cobertura o personas sin ingresos.

1.2 Trabajo digno

Qu empleo tenemos? Qu ms queda por perder? Cul ser el trabajo de nuestras hijas e hijos? Cuando todo nos lo estn quitando, cuando poco ya nos queda, poco o casi nada tenemos que perder. Asumir el miedo es comenzar un proceso psicolgico y social para transformarlo en rabia, unirse y luchar sin miedo (Joan Benach)

Desde su nacimiento, los Campamentos Dignidad ligaron la exigencia de la renta bsica a la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Empleo Pblico. Ni una medida ni la otra juntas y mucho menos por separado dan solucin global y definitivo a los problemas del conjunto de la poblacin en un sistema econmico que convierte el trabajo en mercanca, en capital variable.Las soluciones al paro forzoso masivo y a la precariedad laboral generalizada no son tcnicas o de mera gestin, sino polticas. Y asumir esto, significa entender que no nos regalarn tener un empleo justo o un trabajo digno, habr que luchar por ello. Apuntamos algunas propuestas que pueden ser tiles en la generacin de esa nueva situacin, siendo conscientes de que estas medidas han de articularse con otras de ms calado en el mbito estatal. Sin ir ms lejos, la ms urgente de las propuestas nos parece hoy la derogacin de la reforma laboral de 2012 que ha supuesto un autntico golpe de estado contra las clases trabajadoras en Espaa. Esta normativa no slo ha supuesto un asalto a los salarios, o ms facilidades y abaratamiento del despido; sobre todo, est permitiendo a los empresarios desguazar todo el tejido de convenios colectivos, o lo que es lo mismo, un reforzamiento tremendo del poder patronal en la relacin laboral.A. Plan de empleo pblico: garanta de, al menos, 25.000 contratos anuales a travs de los ayuntamientos extremeos, cofinanciados por la Junta de Extremadura

Afirmbamos cuando hicimos por primera vez la propuesta (septiembre de 2013): El gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una serie de planes dirigidos fundamentalmente al estmulo del empleo en las empresas privadas a travs del denominado autoempleo, las ayudas a la contratacin o la privatizacin de ciertos sectores pblicos. Pero estas medidas, repetidas bajo diferentes formas y nombres en los ltimos cuatro aos, lejos de conseguir el objetivo de la creacin de empleo, han resultado un rotundo fracaso una y otra vez teniendo como consecuencia justo el efecto contrario: el aumento del nmero de desempleados. El pequeo empresario o el parado con la idea de poner un pequeo negocio no se atreven a poner en marcha esos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo ya que saben que su xito depende de la capacidad de consumo de una poblacin exhausta econmicamente hablando y eso conlleva una gran probabilidad de fracasar.

Queremos reivindicar una nueva propuesta, que aunque para muchos es una vieja conocida, sin embargo todava no se ha puesto en prctica durante este periodo de crisis que estamos viviendo. Se trata de la creacin y puesta en marcha de un Plan de Empleo pblico que abarque al menos la creacin de 25.000 puestos de trabajo. Esto permitira, adems del alivio para esa miles de familias que lo estn pasando mal en Extremadura, la creacin de un clima de optimismo que reactivara el consumo en el pequeo negocio que representa la aplastante mayora de la actividad econmica en nuestra comunidad- y por tanto la creacin de empleo tambin por parte de las empresas.Los 25.000 contratos anuales se distribuiran entre los ayuntamientos atendiendo a su poblacin y porcentajes de paro. Para determinar los sectores productivos o el tipo de empleos que se crearan y los criterios de seleccin se constituiran:B. Comisiones de empleo en todas las localidades. Participar en la elaboracin de planes de empleo locales y establecer los criterios de contratacin. Hay que combatir el enchufismo y el clientelismo.

C. Planes de empleo pblico o social a nivel regional. Adems de la iniciativa local, se promovern planes a nivel regional en sectores estratgicos susceptibles de generar un nivel alto de empleo tales como planes de reforestacin, aplicacin de la ley de dependencia o la extensin de la red de guarderas.D. Cambio del modelo productivo. Nueva orientacin de la agricultura, basada en el apoyo a jornaleros, pequeos agricultores y cooperativas. Potenciar la industria de transformacin agraria. Potenciar la produccin agraria local, por ejemplo primando las compras y suministros por parte de las administraciones.E. Restitucin inmediata de las plantillas recortadas de educacin, sanidad y servicios sociales. F. Medidas de reparto del empleo. Prohibicin de horas extraordinarias en la administracin, en las empresas pblicas y en los pliegos de condiciones de adjudicacin de obras y servicios pblicos.

Reduccin de la jornada laboral y traduccin en creacin de puestos de trabajo.G. Polticas contra la precarizacin del trabajo: Abogar por la derogacin de la Reforma Laboral, supresin ETTs. Establecer clusulas sociales en las adjudicaciones o concursos con empresas. Garanta de derechos sociales para sectores precarizados como los becarios de investigacin.

Controlar y reducir al mnimo las cadenas de subcontratacin.

Acabar con el encadenamiento fraudulento de contratos.

Reforzar la inspeccin de trabajo para eliminar los abusos patronales.

Penalizar el despido improcedente con costes disuasorios y reconocer al trabajador el derecho a la readmisin.

Reforzamiento y democratizacin de la negociacin colectiva.

H. Eliminar los salarios de pobreza. Si la dotacin presupuestaria es para 1 trabajador a jornada completa durante 1 ao, impedir que se conviertan de modo sistemtico en 4 puestos de trabajo a media jornada durante 6 meses en la administracin. Con el sistema actual de subsidios por contratos a tiempo parcial se produce un perjuicio enorme a los trabajadores.

I. Establecer mecanismos que faciliten que las personas desempleadas a las que les falte poco para poder percibir el subsidio de desempleo o la pensin puedan ser contratadas preferentemente.J. Eliminar las polticas de culpabilizacin de los parados por parte del SEXPE. No al maquillaje estadstico de los datos de paro: por ejemplo, en lo relativo a los participantes en los cursos de formacin. Cuando un parado est haciendo un curso de formacin, sigue estando parado y adems no debe perder ni antigedad ni prestaciones.K. Facilitar que los fondos destinados a los planes de empleo se puedan utilizar para crear empleo estable y aprovechar el suelo industrial que se ha ido creando a lo largo de los ltimos aos.

L. Dar valor al trabajo de cuidados de las personas, realizado fundamentalmente por las mujeres en las redes familiares, reconocindolo como imprescindible para la sociedad e interdependiente con el trabajo asalariado. Es necesario aumentar los servicios pblicos en este mbito y repartir equitativamente los trabajos entre hombres y mujeres.

M. Promover la economa social y dotarla de apoyo (legal, social y presupuestario) para convertirse en una alternativa al actual empleo precario.N. Mejorar el nivel educativo y de las calificaciones laborales.1.3 La vivienda es un derecho, ni un desahucio ms en Extremadura

Conseguir el derecho a la vivienda para toda la ciudadana, sin que se expulse a nadie y se eviten bolsas de marginacin, implica una profunda transformacin del marco jurdico y poltico. Estas son algunas de las propuestas que consideramos ms urgentes:

A. Viviendas Sociales: retirada inmediata de los ms de 1.300 expedientes de desahucio abiertos por la Junta de ExtremaduraB. Prohibicin de desahucios en la vivienda habitual, ya sean pblicos o privados. Regulacin del alquiler social, no pudiendo cobrarse a los inquilinos de estas viviendas ms de una tercera parte de sus ingresosEn cualquier caso, las Administraciones garantizarn que ninguna persona se queda en la calle, habilitando la alternativa habitacional.C. Creacin de un parque de vivienda pblico de alquiler social. Todo el parque de viviendas propiedad del SAREB ha de ponerse a disposicin del alquiler social. Reclamamos solucin para la Corrala Solidaridad de Almendralejo.D. La Junta de Extremadura arbitrar medidas para que los bloques o urbanizaciones abandonadas o inacabadas, como el de la Urbanizacin Los lamos en Mrida, pasen a manos de la administracin. Se contemplar la posibilidad de terminacin y rehabilitacin por parte de los adjudicatarios, descontndose los jornales de los alquileres o precio que se estipule.E. Viviendas vacas. Segn los datos oficiales del INE (2013) en Extremadura hay 118.197 viviendas secundarias (182% del total) y 105.173 viviendas vacas (el 162% del total). Badajoz es la provincia nmero 11 en el porcentaje de viviendas vacas. Es preciso adoptar medidas para incentivar que las viviendas vacas tengan un uso social o se pongan el alquiler. Para empezar, imponer una tasa a las viviendas desocupadas en manos de las entidades financieras.

F. La moratoria de alquileres sociales (o minoracin del 100%) debe prorrogarse. Debe evitarse los efectos negativos que estn teniendo sobre muchas familias al no poder hacer frente a los compromisos de pago de varias mensualidades atrasadas; de ese modo, la moratoria se convierte en una trampa y la familia termina ante el Organismo Autnomo de Recaudacin. Como criterio general se establecer el pago de una mensualidad atrasada por mes.G. Garantizar a las personas afectadas justicia gratuita desde la Junta de Extremadura. Garantizar el asesoramiento y la defensa jurdica tanto para la defensa de la propia vivienda como para hacer frente a su prdida y recuperacin, facilitando de forma real y efectiva servicios de mediacin ante la agresin hipotecaria y la emergencia habitacional.H. Mxima transparencia. La Consecucin urgente de datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios. Registro de demandas de viviendas; la revisin de los censos; Registro de viviendas regionales, municipales y su situacin; Registro de viviendas vacas en manos de la banca, inmobiliarias, fondos buitres, etc. I. Retirada de fondos y cancelacin de las cuentas en aquellas entidades financieras que practiquen desahucios.

J. Se constituir una Oficina de intermediacin por cada capital de provincia, en virtud de los principios de cooperacin y coordinacin, por convenio entre el Gobierno de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Cceres y de Badajoz, los Ayuntamientos de las ciudades de Cceres y de Badajoz y los Colegios de Abogados de Cceres y de Badajoz.

1.4 Otras medidas urgentes contra el paro, la pobreza y la exclusin social:A. No a la pobreza energtica: Ley de Mnimos Vitales de Agua, Luz y Gas

Resulta especialmente alarmante el crecimiento de la pobreza energtica entendida como la dificultad para hacer frente a las facturas de suministros bsicos de electricidad, gas y agua. Los precios de acceso a estos suministros se han vuelto inasequibles para la poblacin. Desde el 2008, la luz ha subido un 60% y el agua un 66%. El crecimiento de esta situacin de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y empresas de suministros: durante los tres primeros trimestres de 2013, el oligopolio elctrico que opera en el estado espaol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espaa y EDP) obtuvo 7.638 M de beneficio, el doble que las empresas europeas del mismo sector. Solamente Endesa, declaro 1.879 M de beneficio el ao 2013Se calcula que ms de 90.000 personas en Extremadura no tienen dinero para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. A la vez para otros 222.000 extremeos el gasto en energa es excesivo y les arrebata ms del 10% de sus ingresos mensuales. En total la pobreza energtica acosa a 331.000 extremeos, casi uno de cada tres. Por otra parte, se calcula que de las 7.200 muertes al ao en Espaa por pobreza energtica en invierno, 200 seran en Extremadura.

Por todo ello consideramos imprescindible:

1. Una ley de Mnimos Vitales. Las administraciones pblicas debern garantizar el derecho al acceso a suministros bsicos de agua, luz y gas de las personas en situacin de vulnerabilidad mientras dure esta situacin y como mnimo durante 3 aos.2. La Junta de Extremadura establecer una partida econmica para garantizar los mnimos vitales de agua y luz a la ciudadana, a travs de los ayuntamientos.3. La regulacin en todos los municipios de una tarifa social de agua para las personas con ingresos inferiores al umbral de pobreza (645 euros).4. En el caso del agua, los ayuntamientos garantizarn el suministro de unas cantidades mnimas entre 60 y 100 litros de agua por persona y da.

5. En los fondos de la Comunidad Autnoma habr una dotacin presupuestaria con los que se garantizar que a ninguna familia se le corte la luz y se le permita unos consumos mnimos de luz, de aproximadamente unos 150 KWH mes por unidad de consumo, como el mnimo vital de energa.

6. Las administraciones pblicas garantizarn los mnimos vitales de agua y a las familias cuyos ingresos no superen el umbral de la pobreza.

B. Bancos de alimentos y fondos del FEGA. Mientras persiste la situacin de emergencia social es preciso que aumente ostensiblemente la cantidad y variedad de los alimentos que se proporcionan desde el Ministerio de Agricultura y Alimentacin. Se debe crear un mecanismo de coordinacin asociativo-institucional, en el que participen las organizaciones de distribucin, las entidades de reparto y las Administraciones. Frente al modelo caritativo abogamos por una gestin con criterios de solidaridad. Nos oponemos frontalmente a la criminalizacin y estigmatizacin de la pobreza: reclamamos la retirada del decreto del 6 de marzo de 2015 (el censo de pobres) que establece como preceptivo el informe de los servicios sociales para acceder al reparto de alimentos.

C. Comedores escolares: El nmero de alumnos con plaza de comedor escolar ronda los 10.000 alumnos y est descendiendo paulatinamente. Apenas el 10% de los alumnos de los niveles de Infantil y Primaria pueden acceder a una plaza de comedor escolar. Esos datos contrastan con la extensin que la red de comedores escolares tiene en otras comunidades autnomas (Canarias: 28% del alumnado; Andaluca: 40% del alumnado).

Por otra parte, los comedores escolares tambin estn perdiendo alumnos a consecuencia del paro. Muchas familias no pueden hacer frente al coste del comedor que ronda un gasto medio de 80 euros al mes y estn prescindiendo de este servicio.

Desde los Campamentos Dignidad planteamos la adopcin urgente de tres medidas:

1.Garantizar la apertura durante el verano de un nmero mnimo de colegios con servicio de comedor escolar por cada localidad, as como en los dems perodos vacacionales.

2.Para el curso 2015-2016: Garanta de tres comidas (almuerzo, desayuno y merienda). Reforzar la alimentacin infantil en los colegios pblicos de educacin infantil y primaria que dispongan de servicio de comedor escolar.

3.Objetivo para los tres prximos aos: incrementar el nmero de plazas en comedores escolares hasta llegar, al menos, al 25% de los alumnos de Infantil y Primaria. Eso supondra abarcar como mnimo a 25.000 nios y nias de Extremadura.

Para conseguir este objetivo hay que modificar los baremos de acceso a la gratuidad del servicio de comedor escolar. Por otro lado, en las actuales circunstancias sociales, hay que reducir drsticamente los precios pblicos a abonar por las familias.D. Garantizar la gratuidad de libros de texto y material escolarEn Extremadura, de los 147.816 alumnos y alumnas que componen la Educacin Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (es decir, sin contar los ms de 36.000 de Bachillerato y FP), slo estn becados 71.673. Y las becas de ayuda-medias por libros de texto son ya irrisorias: de los 119 euros de media por alumno/a en el 2009 se ha pasado a 36 euros en el ltimo curso. En aos anteriores esta evidente descompensacin entre el coste de los libros y la cuanta de las becas se solventaba en gran medida con los bancos de libros que han ido crendose en los centros escolares, medida imposible de adoptar en este curso por tratarse de libros nuevos. A este despropsito tan bien organizado hay que aadir el agravante de que las familias de los alumnos becados han de adelantar ese dinero que la Junta les devuelve en la primavera.Exigimos a la Junta de Extremadura el cumplimiento escrupuloso del mandato constitucional, garantizando la gratuidad de la enseanza bsica. Asimismo exigimos el fin de la poltica de despilfarro (621.000 euros destinados a los Premios Ceres, 1.200.000 euros al Consejo Consultivo, por poner dos ejemplos) y el destino de esas cantidades a atender las necesidades educativas y sociales.E. La Justicia gratuita es un derechoLa Justicia es cada vez ms injusta. Crecen las desigualdades y la Justicia Gratuita no tiene financiacin suficiente. La propia Defensora del Pueblo ha denunciado que existen retrasos en los pagos a los abogados de oficio y un deterioro evidente en el servicio pblico de Justicia Gratuita. Exigimos la mejora en la gestin y la financiacin, la Justicia gratuita es un servicio pblico que debe estar bien dotado y pagarse a tiempo.

F. Freno a la privatizacin de los registros civiles. El gobierno pretende privatizar este servicio pblico esencial en favor de un colectivo privilegiado convirtindolo en un negocio.G. Respetar la institucin del rebusco jornalero y poner fin a la persecucin de la Junta de Extremadura1.5 La tierra de Extremadura al servicio del pueblo extremeo

En una situacin como la presente, urge volver a poner en el centro del debate social la cuestin de la tierra. El modelo agrario dominante en Europa es despilfarrador de energa, fuente de daos ambientales y facilita una mayor concentracin de la propiedad de la tierra, del agua y de las semillas en manos de terratenientes y multinacionales. Tal y como denuncian nuestros compaeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la entrada masiva de capital especulativo en el mundo de la Alimentacin ha provocado la conversin de una necesidad humana como es alimentarse, en un negocio con el que especular.

Es precisa otra orientacin radicalmente nueva que ponga la SOBERANA ALIMENTARIA en el eje. La soberana alimentaria supone que sean los campesinos y los pueblos quienes decidan y dirijan su propio modelo agrcola. Soberana alimentaria en Europa tiene que significar declararla libre de transgnicos. Soberana alimentaria debe significar tambin que tierra, agua y semillas han de ser bienes inespeculables y que se debe combatir el latifundio poniendo lmites a cualquier posesin o uso que no sea la que directamente se puede explotar desde la familia o la cooperativa, que pondrn los recursos naturales al servicio de la sociedad.Necesitamos empezar a abrir esa otra perspectiva, que se enfrente a la aberracin que supone alejar en lugar de acercar los alimentos entre la produccin y el consumo. O al sinsentido que representa desnaturalizar cada vez ms lo que consumimos. Algunas de las propuestas que realizamos para iniciar ese camino:A. Creacin de bancos de tierra y huertos sociales en todas las localidades vinculados a la creacin de economatos sociales y populares que garanticen la soberana y suficiencia alimentaria de la poblacin. En los bancos de tierra municipales se primar la produccin de cultivos sociales, generadores de mano de obra.

B. Fomentar y facilitar las empresas familiares y el cooperativismo social.C. Modulacin de las ayudas comunitarias y cambio del destino de las subvenciones a los grandes propietarios de la tierra en Extremadura. La cantidad anual que llega de la PAC para la agricultura extremea ha oscilado entre los aos 2011 a 2014 entre los 520 y los 540 millones de euros. Segn datos oficiales, alrededor del 90% de las ayudas de la PAC se reparten entre personas que no viven del campo y 37 beneficiarios cobran ms de 300.000 euros. El latifundismo no hace ms que crecer. Urge que estas cantidades millonarias se reparten de otro modo, por ejemplo, potenciando el cooperativismo de los pequeos campesinos y jornaleros.

D. Apuesta por la agricultura ecolgica. Prohibicin de los cultivos transgnicos

1.6 Ni exilio ni precariedad: futuro digno para la juventud de Extremadura

El paro juvenil en Extremadura ronda la escandalosa cifra del 60%. Ms de 10.000 jvenes extremeos se han ido de Extremadura desde que comenz la crisis. Los jvenes trabajadores de Extremadura reciben los sueldos ms bajos de Espaa y tan solo el 19 por ciento de los menores de 30 aos en Extremadura reside en una vivienda independiente al hogar de origen, un 4,93% menos que un ao atrs. Cualquiera de estos datos nos habla de la grave situacin que atraviesa la juventud extremea, atenazada por el paro y la precariedad.Hacen falta medidas alternativas. Pero estas no pueden ser los trabajos de 500 euros, o la guerra generacional. Acceso al trabajo digno, a la posibilidad de constituir cooperativas, a la renta bsica, a las bolsas de alquiler, a la vivienda, a la formacin y a la educacin superior. Harn falta medidas especficas, pero sobre todo conseguir que se hagan efectivas las conquistas sociales que a lo largo de estas pginas se han ido desgranando pues uno de los componentes sustanciales lo constituye la juventud precaria de Extremadura. 1.7 Defensa de la educacin pblica: ni recortes ni privatizacinA. La escuela pblica es el mximo garante del derecho a la educacin. Sin embargo, la poltica de los gobiernos estatal y autonmico ha buscado el deterioro progresivo de la educacin pblica. En solo 3 aos el sistema educativo extremeo tiene hasta 2.000 profesores. A ello hay que aadir la reduccin de becas (la asignacin ha menguado entre un 20 y 25 por ciento) o los destinados a libros de texto. Otro de los aspectos en los que se ha vivido un claro retroceso ha sido en el transporte escolar con 7.000 alumnos de Bachillerato y FP de zonas rurales costendose este servicio desde hace tres aos.B. No a la educacin clasista:- Retirada del 3+2 que, en Extremadura, puede encarecer el coste de los estudios universitarios hasta un 70%. Hay que revertir la poltica actual en cuanto a cuanta y requisitos en el acceso de becas as como las matrculas.- Es preciso revertir la tendencia al incremento de los conciertos educativos con la privada- Derogacin de la LOMCE .

C. Dignificacin de la formacin profesional y de la formacin ocupacional.D. La Universidad no es una extensin del Mercado. Necesitamos una universidad al servicio de la sociedad que sirva para construir ciencia, conocimiento, cultura, sabidura, espritu crtico, ciudadana.

E. La educacin debe ser laica, fundada en valores democrticos, en la coeducacin y la igualdad de gnero. F. Transporte pblico gratuito para el alumnado de FP y Bachillerato

1.8 Por un Sanidad Pblica, Integral, Universal, Equitativa y SolidariaLa salud es un asunto social, econmico y poltico, y es sobre todo, un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la explotacin y la injusticia estn en la raz de la mala salud de los pobres y de los marginados. La salud para todos significa que deben desafiar los interese de los poderosos y hacer frente a la globalizacin Congreso Mundial de Salud 2000.

En la actual legislatura poltica Extremadura se ha puesto a la cabeza del Estado en recortes del presupuesto sanitario con un 22% en cuatro aos. Estos recortes se han producido en los tres niveles asistenciales: Personal, Material e Infraestructuras.Los datos son esclarecedores y demoledores: Desde el 2011 los gastos en personal sanitario del SES se han reducido un 14,3% lo que supone entre 700 y 1000 trabajadores menos contratados. Es el resultado de una poltica de crisis que castiga la sanidad pblica para intentar cumplir unos objetivos de dficit totalmente irreales e impuestos desde fuera, tanto desde Madrid como desde Bruselas.

Las cifras no mienten: el gasto sanitario presupuestado en Extremadura en el ao 2009 era de 1717 millones de euros. El del ao 2014 solo 1324, es decir casi 400 millones menos!!

En ese mismo ao 2014 el personal aprobado y presupuestado era de 15771 trabajadores y los sanitarios verdaderamente en activo son 15095, por lo que hay 600 menos de los que constan en el presupuesto producindose en consecuencia un fraude y una falta atencional que se refleja tanto en la Atencin Primaria como en la Hospitalaria.

Cmo se implementan estas polticas tan antisociales? Pues con una reduccin en la Oferta de Empleo Pblico sanitario draconiana y demencial y una tasa de reposicin del 10% que es absolutamente insuficiente para reponer bajas en la plantilla.

Cules son las consecuencias de dichas polticas llevadas a efecto por Monago y su consejero?

1)Listas de espera disparatadas que pueden llegar de media hasta los 300 das en algunas especialidades.

2)Colapso de las Urgencias. No es infrecuente leer en los peridicos el aadido de 30 camas en los pasillos del Hospital Regional Infanta Cristina por saturacin.

3)Cierre de las Urgencias de 21 puntos rurales, en una poblacin como la nuestra, la extremea muy envejecida y dependiente, lo que es un autntico crimen.

4)No deteccin desde el Primer Nivel de enfermedades infecto-contagiosas y otras con un diagnstico y tratamiento precoz podran resolverse fcilmente.

5)En resumen, un deterioro general de la cantidad y calidad asistencial por el abandono de polticas de Prevencin y Promocin de la Salud, excluyendo a una parte importante de la poblacin residente.

Y las cosas pueden empeorar. La Junta quiere aprobar cuanto antes su Plan de Reordenacin de los Recursos Humanos del SES a lo cual debemos oponernos con toda nuestra fuerza, todas las fuerzas polticas y sociales de Extremadura y que se parece mucho a lo estn intentando en Madrid. Nos centraremos en tres puntos:

1)Consolida el recorte en las condiciones laborales de los trabajadores del SES.

2)Abre la puerta a la privatizacin de algunos servicios.

3)Carece de un plan de igualdad, premiando la discriminacin.

Y no podamos dejar de referirnos a su gran proyecto de privatizacin de la gestin de los dos nuevos Hospitales Pblicos de futura construccin, el de Cceres y el de Don Benito-Villanueva, propsito al que nos enfrentaremos con todos nuestros medios.

Esta poltica del gobierno regional est en clara sintona con la orientacin del gobierno de Madrid. La exclusin sanitaria de una parte de la poblacin es el mejor exponente de esta estrategia desmanteladora y privatizadora. La reforma ha cambiado radicalmente la cobertura sanitaria de la poblacin, excluyendo de facto a ms de 800.000 personas en Espaa segn datos del propio gobierno, y modificando el acceso a los servicios sanitarios a parte de la sociedad (como las personas mayores de 26 aos que no hubiesen trabajado, o parados que hayan agotado las prestaciones y residan fuera del pas por ms de 90 das al ao o inmigrantes sin permiso de residencia). Urge acabar con esta agresin a los derechos humanos.Desde los Campamentos Dignidad consideramos que ha de hacerse una poltica que revierta este proceso de degradacin de la sanidad pblica. Adems de las propuestas mencionadas cabe aadir otras como: Eliminacin del copago sanitario y reversin de los procesos de privatizacin.

Derogacin del RD 16/2012 aprobado por el PP y que excluye de la atencin sanitaria integral a parte de la poblacin.

Defensa de una gestin pblica de la sanidad.

Establecer un sistema de incompatibilidades real, que impida que quien trabaje en la sanidad pblica tenga intereses econmicos profesionales en la privada. Cambio de modelo en gestin sanitaria de modo que se posibilite la participacin y la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.

Creacin de una industria farmacetica pblica y la prohibicin de la publicidad de medicamentos en los medios de comunicacin.

1.9 Cumplimiento de la Ley de DependenciaDesde el desmantelamiento del Plan Concilia patrocinado por la Junta de Extremadura en el ao 2011-12 que era gestionado por la Cruz Roja y que lleg a tener mas de 1000 cuidadores (auxiliares de ayuda a domicilio), que inclua familiares de los dependientes, la situacin de stos en la regin no ha hecho sino empeorar.

En esta legislatura las inversiones en dependencia caen un 85% y las transferencias de la Administracin a Ayuntamientos para conciertos de plazas de auxiliares de ayuda a domicilio, caen tambin un 23%.

Por otra parte los dependientes extremeos son los que ms esperan, 300 dias en lista de espera, en la actualidad 3122. Y lo ms bochornoso, otros 2000 o quedan fuera del sistema o han fallecido. Las cotizaciones de 3800 cuidadores han desaparecido, muchos de ellos familiares de enfermos y en un 90% mujeres.

Con el cambio en la baremacin de dependientes el porcentaje de personas con derecho baj en 15 puntos en los tres ltimos aos y como consecuencia de ello ms de 14000 han sido excluidos de las prestaciones por dependencia.

Solo citaremos algunas de las barbaridades cometidas en esta legislatura por Rajoy y aqu Monago contra los dependientes segn datos de la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia (COES-LAPAD):1)Descenso de dependientes con derecho, legislatura actual: 170000. Grandes dependientes sin ayuda: 10000.

2)Dependientes con derecho reconocido que no han recibido nada: 147173

3)Ms de 100000 dependientes han fallecido en todo el Estado esperando a ser atendidos.

4)En la Legislatura Rajoy-Monago 51312 familias se les ha hurtado la prestacin.

5)Revisiones de oficio para rebajar el grado de dependencia y dejarlos sin prestacin: grandes dependientes, han descendido en 82146 y moderados menos, 25334. El resultado es que han aumentado los dependientes medios o los sin grado que no tiene derecho a ninguna prestacin.

Consecuencias directas de estas insolidarias polticas: En esta legislatura hay un 112% que han quedado fuera de cualquier derecho a prestacin o servicio, 831250 frente a 784048 que si lo perciben.

En Extremadura y en todo el Estado hay una imparable tendencia a la privatizacin de la Ayuda a Domicilio y de la Teleasistencia, fomentada desde arriba, poniendo en peligro de exclusin a la parte ms vulnerable de nuestra poblacin, los ancianos y los nios.Desde los Campamentos Dignidad pedimos un desarrollo completo y total de la Ley de Dependencia como objetivo primero e irrenunciable, aumentando las partidas presupuestarias, incluyendo prestaciones, auxiliares de ayuda a domicilio y cuidadores, dotando a los Ayuntamientos de la capacidad de gestionar dichas ayudas a la dependencia, sin excluir un plan regional urgente para las familias ms desfavorecidas y en riesgo de exclusin total o las ya excluidas que en Extremadura son por desgracia el 10% de la poblacin.

1.10 No a la corrupcin ni a la represin. Democracia y Dignidad

Estamos en un momento de emergencia social. Es urgente un cambio radical de rumbo. Para empezar, es necesario deshacerse del dogal de la Deuda Pblica. En Extremadura durante 2014 ya ascendi a 4.108 millones de euros, 462 millones ms que en 2013. Sin romper el yugo de la deuda, los pueblos del Sur de Europa, sencillamente no tienen salida. Como afirmaba recientemente la presidenta del Parlamento de Grecia, Zo Konstantopoulou, la deuda pblica es utilizada como un instrumento de chantaje y de dominacin, como medio de sumisin, bajo unas condiciones que no tienen nada que ver con uno de los objetivos de los estatutos europeos: el de garantizar la prosperidad de los pueblos y de las sociedades.Frente al austericidio habr que alzar la austeridad y la dignidad de los pueblos. Austeridad no tiene por qu ser sinnimo de recortes o de planificacin de la miseria. Austeridad puede ser auto-contencin, reduccin del gasto de superfluo, sobriedad frente al despilfarro y los abusos de los brcenas, urdangarines, ratos y compaa.En Extremadura hacen falta ms congresos y menos Palacios de Congresos. Ms teatro de base y menos Premios Ceres de relumbrn. Ms participacin ciudadana voluntaria y menos Consejo Consultivo-cementerio de elefantes de la poltica. Ms sensibilidad social y menos gobernantes abonados al auto-bombo, buscadores de fotos con Pablo Alborn o Woody Allen.

Y hace falta ms democracia de verdad. Acabar en Extremadura con la larga sombra del caciquismo y de su retoo, el clientelismo. Que el Consejero de Fomento de turno no pueda colocar a discrecin a los de su pueblo en la empresa pblica, que el Presidente de la Asamblea sienta vergenza si enchufa a su primo de conductor, que los altos funcionarios de la Junta no puedan saltarse las leyes de incompatibilidades con subterfugios que les habiliten para dar cursos en las empresas beneficiarias de un proceso de privatizacin guiado por ellos mismos. Que la democracia sea, de verdad, todos los das, la decisin y el poder del pueblo. Que no hagan falta cinco veces el nmero de firmas que en cualquier comunidad autnoma para avalar una Iniciativa Legislativa Popular, que los gobernantes no puedan inflar a multas administrativas a los movimientos sociales crticos, que acceder al uso de los locales pblicos no dependa del grado de sumisin al poder.Como hasta ahora, los hombres y mujeres de los Campamentos Dignidad de Extremadura seguirn aportando su esfuerzo desinteresado a ese afn de justicia y democracia. Pan, trabajo, techo y Dignidad!Mrida, 20 de abril de 2015

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