EL BANCO DE LA REVOLUCIÓN

Emilio ZEBADÚA El Colegio de México

E n lo po l í t i co , el gobierno e s t a b l e c í a la identidad de la n a c i ó n ; en lo eco­n ó m i c o , tal tarea c o r r e s p o n d í a al Banco Central .

Karl Polanyi, L a gran transformación

LA CONSTITUCIÓN DEL BANCO UNICO DE EMISIÓN EN MÉXICO (1925)

EN UN ARREBATO QUE PROBABLEMENTE lamentaría más tarde, Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda del gobierno mexicano, se apresuró a informarle desde Nueva York al presidente de la República, Alvaro Obregón, que sus ges­tiones realizadas durante el verano de 1922 con J. P. Morgan & Co. y la Banque de Paris et des Pays Bas y el Banco Nacional de México procedían favorablemente y que, con toda seguridad, concluirían con éxito con la obtención de un crédito por 25 000 000 de dólares (equi­valente a 50 000 000 de pesos). Era una suma que el go­bierno pensaba utilizar para la apertura de un Banco Único de Emisión; institución que debía contribuir —co­mo parte de los planes de reconstrucción política de los sonorenses— a la consolidación de la autoridad del régi­men revolucionario al dotar al Estado de un mayor grado de autonomía financiera.

HMex, XLV : i , 1995 67

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S i c o n r e s p e c t o al " B a n c o U n i c o " h e r e c i b i d o p r o m e s a s q u e e l a c u e r d o f o r m a l h a s ido l l e v a d o a c a b o c o n e l B a n c o d e P a r í s , y é s t e n o es e l ú n i c o p l a n q u e h e c o n f i r m a d o , le r u e g o q u e n o t e e s p e c i a l m e n t e q u e h e u t i l i zado l a p a l a b r a ASEGURA­DO. C o m o m e es i m p o s i b l e e n t r a r e n m a y o r detal le p o r cab le c o n r e s p e c t o a este a s u n t o , ¿ n o t i ene u s t e d su f i c i ente c o n ­f i a n z a e n m í p a r a sent i r se s e g u r o q u e esta c u e s t i ó n h a s ido re sue l t a def ini t ivamente?^

La apremiante necesidad que sentían los sonorenses de recibir un préstamo del extranjero motivó que, al poco tiempo de haber asumido el poder, los encargados sucesi­vos del despacho de Hacienda —De la Huerta entre ellos— condujeran la diplomacia financiera del gobierno de manera un tanto desordenada y descuidada. Al ente­rarse de que en París había interés en colaborar en la reorganización del sistema financiero mexicano, Adolfo de la Huerta integró inmediatamente una comisión con varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda y ban­queros privados con instrucciones de viajar a Europa y reunirse con los directivos de la Banque de París et des Pays Bas. Su misión consistía en negociar los términos de un préstamo, así como la posible participación de capita­listas franceses en el proyecto del Banco Central, para el cual el gobierno mexicano utilizaría parte de los fondos que esperaba obtener en Francia. De la Huerta tenía pues­tas sus esperanzas políticas en el proyecto del Banco Único de Emisión y en México existía gran expectación sobre la perspectiva de un crédito internacional.

Rumbo a la reunión, sin embargo, mientras la delega­ción mexicana se encontraba en la ciudad de Nueva York, se recibieron noticias de que los banqueros franceses habían decidido "aplazar el asunto del Banco Único de Emisión", por lo que la continuación del viaje quedó sin

1 Fragmento de informe es tenográ f i co del interrogatorio a De la Huer­ta en ses ión extraordinaria del Senado mexicano, celebrada el 19 de no­viembre de 1923; m e m o r á n d u m redactado por a.t.b. 10/4/29, en T W L , 195-17. V é a s e t a m b i é n S M I T H , 1972, p. 210 y H A L L [en prensa], p. 186.

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sentido.2 En realidad, las posibilidades reales de obtener un crédito en el extranjero (en concreto en Europa) y de poder utilizar dichos fondos para abrir un banco de emi­sión bajo el control del gobierno eran bastante escasas en ese momento. Pero para Adolfo de la Huerta, en su cali­dad de secretario de Hacienda y miembro del pequeño círculo en el poder, era indispensable que la reconstruc­ción del Estado siguiera adelante, o al menos, que existie­ra esa percepción dentro del país.

Por ello, al ser notificado del cambio de humor de los franceses, De la Huerta insistió en dar la apariencia de que las negociaciones seguían adelante y, con ello, mante­ner vivas las esperanzas de que el gobierno recibiría próxi­mamente un importante crédito externo. En consecuencia, el secretario instó al director del Banco Nacional, Agustín Legorreta, que también se encontraba en camino a París para participar en las pláticas con los banqueros, a que no interrumpiera su viaje a pesar de que las negociaciones habían sido canceladas, sino que aparentara que conti­nuaban.3 En lo personal, aun la perspectiva (fundada o no) de que la tesorería del gobierno recibiría un présta­mo externo de cuantía suficiente para fundar el Banco Central, volvía a Adolfo de la Huerta un miembro muy valioso del gabinete del presidente Obregón, especialmen­te en un momento en que la reconstrucción del Estado se encontraba apenas en una etapa incipiente e incierta.

Un crédito internacional podría resultar determinante en la suerte que corriera el régimen. Las experiencias de Francisco I . Madero y de Venustiano Carranza así lo ha­bían mostrado. Ambos habían fracasado en sus repetidos intentos por financiar sus respectivos gobiernos, y éstos habían acabado por caer ante levantamientos armados de un tipo u otro. La legitimidad de un régimen está íntima­mente ligada a su capacidad para recaudar ingresos sufi-

2 V é a s e oficio n ú m e r o 007268 del 5 de diciembre de 1922 del oficial mayor, en Correspondencia con la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o (SHCP) , vol. 9, A B N M .

3 Nota del 1Q de marzo de 1923, en Records of the Department of State, Record Group 59 (DS) , 812.51/946.

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cientes, por lo que la reconstrucción del Estado mexicano —destruido en el verano de 1914— adquirió durante los siguientes años un carácter financiero, además del propia­mente político y militar. Los alcances de este proceso se fueron concretando en decisiones de política presupues-tal, en la reglamentación de la actividad productiva, en acuerdos internacionales y, en el mejor de los casos, en ins­tituciones destinadas al control de los fondos públicos.

El proyecto para la creación del Banco Unico de Emi­sión formaba parte de esta lógica; de hecho, produjo el esfuerzo sostenido y consciente más importante de la reconstrucción financiera realizado por los revoluciona­rios (con la asesoría técnica y legal de banqueros, aboga­dos y contadores). Los sonorenses, en un sentido, sólo siguieron adelante con los planes ideados por Carranza, uno de cuyos lugartenientes en el ámbito financiero, Rafael Nieto, subsecretario de Hacienda en el gobierno constitucionalista, contribuyó activamente en su calidad de diputado constituyente a plasmar en la nueva Constitu­ción del 5 de febrero de 1917 el deseo de los revoluciona­rios de establecer un Banco Único de Emisión bajo el control del Estado mexicano. En su artículo 28 la Cons­titución le otorgó formalmente el monopolio en la emi­sión de dinero al gobierno que, sin embargo, al no contar con los recursos suficientes (en oro o moneda extranjera) para respaldar a la autoridad emisora, tuvo que posponer dicho proyecto durante muchos años.

La debilidad inicial de los sonorenses —que apenas habían logrado alcanzar el poder en mayo de 1920 y que, hasta 1923, no gozaron del reconocimiento diplomático de Estados Unidos— volvía imperativa la tarea de allegar­se recursos económicos. Sin la capacidad de financia-miento autónomo, el riesgo de una nueva revolución o la sublevación de alguno de los generales más ambicioso no desaparecía. Un banco propiedad del Estado tenía un atractivo especial: dotar a los sonorenses, en el poder, de una fuente de crédito propia, independiente de los ban­cos privados y de las compañías petroleras. Los banqueros habían estado demasiado ligados al antiguo régimen de

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Porfirio Díaz y a la dictadura de Victoriano Huerta, a quien le habían prestado dinero —voluntaria e involunta­riamente— para combatir a los ejércitos constitucionalis-tas. Los ejecutivos de las compañías petroleras, por su parte, condicionaban su contribución económica al go­bierno a la renuncia explícita por parte de éste a hacer valer sus derechos constitucionales (artículo 2/) sobre los recursos naturales del subsuelo.

Un banco propio les parecía a los revolucionarios el ins­trumento más eficaz para lograr la reconstrucción finan­ciera del Estado y, de manera paralela, establecer un ámbito definido de soberanía frente a las compañías petroleras y a los bancos extranjeros. Al hallarse despro­vistos de una base interna de financiamiento exenta del chantaje político de grupos empresariales o fuerzas arma­das, todos los regímenes anteriores, desde el del presiden­te Madero, habían tenido que buscar (sin éxito) créditos en Europa o Nueva York para intentar mantenerse en el poder. Tanto Victoriano Huerta como Venustiano Ca­rranza se vieron en la necesidad de establecer controles cada vez más estrictos sobre los bancos locales —hasta el grado de llegar a confiscarlos. Pero ni las medidas drásti­cas ejecutadas en México ni las solicitudes presentadas en el extranjero tuvieron éxito y ninguno de los gobiernos posteriores a Díaz consiguió alcanzar una posición libre de las complicaciones financieras que impuso la Revolución.

Por eso, en junio de 1922, el propio secretario de Ha­cienda, Adolfo de la Huerta, viajó a la ciudad de Nueva York para reunirse personalmente con los miembros del Comité Internacional de Banqueros con el fin de realizar un acuerdo sobre la deuda externa de México que, des­pués de más de media década de hallarse en suspenso, sumaba alrededor de 1 000 000 000 de pesos. Para los sonorenses las negociaciones con los banqueros, encabe­zados por Thomas W. Lamont, socio de J. P. Morgan y

4 Sobre las posiciones a n t a g ó n i c a s de la industria y del Estado v é a s e MEYER, 1 9 8 1 , entre varios trabajos sobre esta materia, t o d a v í a el m á s

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presidente del comité, eran primordialmente un medio por el cual esperaban obtener un préstamo externo. Esto fue lo que los motivó a acercarse al Comité Internacional y a mostrarse tan dispuestos a colaborar con los banqueros.

En el primer encuentro de los sonorenses con el comité en agosto de 1920, Salvador Alvarado, en ese entonces se­cretario de Hacienda en el gobierno provisional que pre­sidía De la Huerta, cuantificó las necesidades financieras del nuevo régimen en 75 000 000 de dólares.5 En el Club de Banqueros de la Ciudad de Nueva York, Alvarado confir­mó públicamente lo mismo que había solicitado en privado al comité, exponiendo que el país "necesitaba mucha ayu­da después de una década de revolución y disturbios".6

Pero incluso antes, Rafael Nieto, enviado por el presi­dente Carranza a Nueva York para reunirse con el Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México, cuando éste acababa de constituirse en marzo de 1919,7

había mostrado la disposición del gobierno revoluciona­rio para colaborar con sus acreedores en espera de recibir un préstamo con el cual fundar el Banco del Estado y rea­lizar los demás gastos necesarios para fortalecer al nuevo régimen.8 Así, a partir del fin de la Revolución el proceso de reconstrucción del Estado mexicano giró en torno a los esfuerzos repetidos del régimen (de Carranza primero y, después, de los sonorenses) por constituir un fondo de reserva por un monto que oscilaba —de acuerdo con dis­tintos proyectos y propuestas— entre 50 y 150 000 000 de pesos.

5 V é a s e m e m o r á n d u m (redactado probablemente por el propio Alvarado en respuesta a la solicitud hecha por T h o m a s Cochran, miem­bro de la firma de J. P. Morgan & Co . , en T W L , 195-5.

6 Bankers'Magazine, 101, 4, septiembre de 1920, p. 451. 7 Sobre la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é de Banqueros v é a n s e el memo­

r á n d u m del 19 de noviembre de 1929 de L a m o n t a V e r n o n Munroe, en T W L , 192-17; el m e m o r á n d u m del 30 de agosto de 1929 de G r a h a m Ashmead a Arthur M. Anderson, en T W L , 195-17, y The New York Times (24 feb. 1919). T a m b i é n véa se S M I T H , 1963.

8 D e c l a r a c i ó n l e í d a por Nieto en la r e u n i ó n del 18 de marzo de 1919 del C o m i t é Internacional de Banqueros, en T W L , 204-11 y m e m o r á n ­d u m del 15 de marzo de 1919 de Martin Egan a Lamont, en T W L , 192-2.

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El propósito explícito de dichos recursos fue, desde un principio, el establecimiento de un Banco Unico de Emi­sión, cuya creación implicaba, sin embargo, dotar de un mayor grado de autonomía financiera al gobierno, así como ampliar el ámbito de soberanía del Estado. Sin embargo, para lograr este objetivo era necesario, para­dójicamente, que mediara antes algún tipo de entendi­miento entre el gobierno mexicano y los banqueros extranjeros, por lo que se puede decir en un sentido que la búsqueda de la autonomía estaba por encima del forta­lecimiento de la soberanía.

Las disposiciones de los gobiernos revolucionarios en materia fiscal y financiera se explican por su deseo de preservar el poder a corto plazo, para lo cual les era im­prescindible contar con un Estado unido y poderoso —condiciones que en ningún caso estuvieron garantiza­das durante la década de 1920. Al contrario, en esos años se produjo una intensa movilización social y políti­ca en las ciudades y, principalmente, en el campo, como consecuencia de una mayor militancia obrera y de la organización armada de campesinos y agraristas. Además, las amenazas a la estabilidad del régimen pro­venían tanto de las divisiones entre los mismos genera­les revolucionarios como de las presiones externas (principalmente de parte del gobierno de Estados Unidos), que presentaban constantes desafíos al orden y al progreso constitucional.

La reconstrucción se volvió así sinónimo del proceso de concentración del poder en manos del Estado; un proce­so, sin embargo, que no fue privativo de las clases medias y de la pequeña burguesía que asumió el poder en México al término de la Revolución. En realidad, este fenómeno fue común a varios países de América Latina, en los que la antigua oligarquía fue remplazada en el poder por grupos ajenos al control y a la propiedad de los bienes de produc­ción; grupos que, al asumir el poder tuvieron que manejar —o incluso crear— instrumentos financieros y moneta­rios. Esta es una de las razones políticas por la que en las décadas de 1920 y 1930 se establecieron bancos centrales

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en Argentina, Colombia, Perú, Chile y otros países latino­americanos.^

La creación del Banco de México en 1925 tuvo sus orí­genes también en el esfuerzo de la nueva clase dirigente (los sonorenses) por hacerse de una fuente propia de cré­dito y dinero que dotara al Estado moderno de una base de poder autónomo frente a las diversas fuerzas sociales que actuaban sobre él. Más que una institución con fines estrictamente financieros y monetarios, el Banco Central que los sonorenses lograrían constituir finalmente tuvo razones políticas y prácticas. El oro en sus bóvedas y los poderes de emisión monopólica de papel moneda que le fueron conferidos al Banco de México por el artículo 28 de la Constitución, proporcionaron a los gobiernos de la Revolución un respaldo material muy importante. La cantidad de recursos financieros —y, por ende, presu­puestarios— a disposición del régimen revolucionario aumentaba casi "proporcionalmente" su capacidad de acción política, por lo que no es una casualidad que la fundación del Banco de México coincidiera con el perio­do "radical" del gobierno de Plutarco Elias Calles.

En la etapa inicial de la reconstrucción del Estado mexicano, ninguna otra fuente de ingresos del erario público ofrecía garantías absolutas de libre acceso a los revolucionarios. Los ingresos del comercio exterior esta­ban expuestos constantemente al posible bloqueo de Veracruz o Tampico por parte de una potencia extranje­ra (Estados Unidos, especialmente). También existía el peligro de que las aduanas de los puertos fueran a caer en manos de algún general rebelde (como, de hecho, sucedió durante las revoluciones delahuertista y escoba-rista). Y los impuestos a la producción petrolera, por su parte, estuvieron atados todo este tiempo a las disputas políticas entre las compañías petroleras y el gobierno federal.

9 DRAKE , 1989, hace u n excelente esfuerzo por relacionar la c r e a c i ó n de instituciones de banca central en S u d a m é r i c a con procesos e c o n ó ­micos y p o l í t i c o s globales.

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Así, la ambición de contar con un banco con la facultad exclusiva de emitir billetes y la capacidad de extender cré­ditos con qué financiar a la Tesorería del gobierno, animó a todos y cada uno de los regímenes revolucionarios. Por ello, en las sucesivas etapas del Estado moderno se encuentra presente un proyecto de banco central. Las características particulares y la viabilidad (política y eco­nómica) de cada uno de los planes individuales contribu­yen a ilustrar el proceso de consolidación del Estado, así como los límites y alcances de la soberanía en México.

EL VALOR DEL DINERO

El constante deterioro de la estabilidad monetaria y de las relaciones entre los ejércitos combatientes y las institucio­nes bancarias (dentro y fuera del país) colocó al proyecto del Banco Unico de Emisión en el centro de las preocupa­ciones políticas de los revolucionarios. En septiembre de 1913 —aun antes de representar una amenaza seria al régimen de Huerta— Venustiano Carranza, en su calidad de Primer Jefe de la Revolución, propuso, en Hermosillo, Sonora, la creación de un Banco Central que debía servir en el futuro como proveedor de crédito para un gobierno constitucionalista.

La emisión de billetes debe ser privilegio exclusivo de la Nación. Al triunfo de la Revolución, ésta establecerá el Banco Unico de Emisión, el Banco del Estado, propugnán­dose de ser preciso por la desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el Gobierno.1^

Los revolucionarios norteños se toparon desde un prin­cipio (en Coahuila, Chihuahua y Sonora) con la oposi­ción de los bancos privados, por lo que carecieron de una fuente valiosa de financiamiento para la guerra. Los ban­queros se apresuraron a cerrar las sucursales en las zonas

1 0 Citado en M A Ñ E R O , 1 9 5 8 , p. 6 7 .

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de conflicto11 y a negarse a colaborar con el Ejército Cons-titucionalista. Éste, por su parte, tomó por la fuerza los establecimientos bancarios en los poblados bajo su poder, obligando a los gerentes a entregar todo el oro y los bille­tes que se hallaban en sus cajas.

Victoriano Huerta, mientras tanto, gozó del apoyo (si bien, en ocasiones, no del todo voluntario) de los prin­cipales bancos del país y conservó los contactos con los banqueros de Nueva York y París, con quienes habían rea­lizado tratos los "científicos" durante los regímenes de Díaz y Madero. De hecho, las inversiones y los negocios de los banqueros pasaron a depender en distinto grado de la suerte que corriera el gobierno federal. Y si bien las relaciones entre ellos se volvieron cada vez más tensas a medida que la autoridad de Huerta fue decayendo (y de manera paralela, las presiones de su gobierno sobre los bancos fueron en aumento), ante los ojos de los constitu-cionalistas los banqueros nunca dejaron de aparecer co­mo aliados de Huerta, unidos en defensa de la dictadura y los privilegios del antiguo régimen. Además, los recursos que el gobierno federal obtuvo en el extranjero en 1913 también fueron facilitados por los banqueros de la ciudad de México: el Banco Nacional presidió el sindicato que proporcionó a Huerta un crédito inicial por 6 000 000 de libras (cerca de 58 500 000 pesos).12

Hasta el último día del gobierno de Huerta, en el vera­no de 1914, la Secretaría de Hacienda no cesó de presio­nar a los directivos del Banco Nacional de México, el Banco de Londres y México y los demás bancos para que extendieran créditos adicionales a la Tesorería de la Nación. Y en un momento en que los banqueros externa­ron con vigor su reticencia a colaborar en condiciones cada vez más desfavorables para ellos, Victoriano Huerta los amenazó con establecer'"un banco del Estado"; una

1 1 V é a s e s e s i ó n del 20 de mayo de 1913, en Actas del Consejo, vol. 7, y el informe del director del Banco Nacional, J o s é S i m ó n , en la s e s i ó n del 9 de diciembre de 1914, en Actas del Consejo, vol. 8, A B N M .

1 2 V é a s e TURLINGTON , 1930, pp. 248-251.

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institución que significaría la pérdida de muchos de los privilegios que las instituciones privadas —en especial el Banco Nacional— habían gozado en su calidad de presta­mistas y agentes financieros del gobierno.

La situación de los bancos se deterioró drásticamente durante el curso de la guerra civil entre federales y consti-tucionalistas (y zapatistas); los banqueros se convirtieron, en la práctica, en rehenes de las necesidades de financia-miento de Huerta y de su ejército. En un sentido, los ban­queros no parecían tener opción, pues el cobro de los créditos que le fueron extendiendo al gobierno de­pendían de que éste saliera victorioso del conflicto ar­mado, del mismo modo que el valor de los billetes en circulación dependía del restablecimiento de la estabili­dad monetaria en la totalidad del territorio nacional.13

Aunado a sus intereses más amplios de clase —que los revolucionarios parecían amenazar—, lo anterior hizo de los banqueros aliados, más o menos dispuestos, de la dicta­dura huertista.

Enfurecido por la estrecha colaboración que existía entre Huerta y los banqueros, Venustiano Carranza anun­ció en su discurso en Hermosillo: "cambiaremos todo el actual sistema bancario evitando el monopolio de las empresas particulares, que han absorbido por largos años la riqueza de México". Al triunfo de la revolución consti-tucionalista, el Primer Jefe amenazó: "aboliremos el dere­cho de emisión de billetes o papel moneda, por bancos particulares'' . 1 4

Las diferencias entre los banqueros y Carranza se fueron profundizando. El acceso al crédito privado que disfrutaba el gobierno de Huerta y que necesitaban los re­volucionarios volvió a éstos enemigos de clase de los ban­queros o, al menos, de algunos de los privilegios de que gozaban; en particular, de su derecho a emitir dinero. Por

1 3 V é a s e el m e m o r á n d u m de la c o n v e r s a c i ó n entre Willard Straight v L o n g de la Divis ión de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, 2 7 de marzo de 1 9 1 4 , en DS , 8 1 2 . 5 1 / 5 1 / 1 3 5 .

1 4 MAÑERO, 1 9 5 8 , p. 6 7 .

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su parte, las diversas emisiones de papel moneda que imprimió el Cuartel General del Ejército Constitucionalis-ta sumaban, en el verano de 1914, unos 32 millones de pe­sos,15 y competían con los billetes de los bancos por la aceptación del público, además de que habían contribui­do a devaluar todo el dinero fiduciario.16

A medida que el Primer Jefe fue extendiendo su autori­dad territorial, las medidas para reglamentar la emisión y circulación del dinero intensificaron el recelo que le te­nían los banqueros. El 22 de octubre de 1915 Carranza dispuso la creación de una Comisión Reguladora e Ins­pectora de Instituciones de Crédito, con el fin de ejercer un mayor control sobre los bancos. La comisión debía unificar las distintas emisiones de billetes de banco y así reducir la especulación a la que estaba siendo sujeta el dinero constitucionalista. Se trataba de una tarea previa que debía realizarse si el proyecto del Banco Unico de Emisión en manos del Estado iba a prosperar en el futuro.

Poco tiempo después, las autoridades constitucionalis-tas ordenaron a los bancos privados que en un plazo de 60 días aumentaran sus reservas metálicas hasta igualar el monto de sus billetes en circulación. Pero para dar cum­plimiento estricto a dichas disposiciones, las instituciones bancarias fueron puestas bajo la administración directa de un consejo de incautación.17 Las concesiones que habían permitido hasta entonces a los bancos emitir papel mone­da fueron derogadas.18 A ello siguió la clausura temporal de las oficinas de los bancos y la notificación a los directi­vos de dichas instituciones de que se procedería a levantar un arqueo, previo a la incautación de los fondos y valores en manos de las instituciones privadas.19 Desaparecie-

l D Las emisiones del Ejército Constitucionalista, en KEMMERER, 1940, p. 33. í 6 E l valor del peso, que a t íña le s del porfiriato equiva l í a a 0.4975 de

d ó l a r , h a b í a c a í d o a só lo 0.25 de d ó l a r en agosto de 1914. 1 7 M A Ñ E R O , 1958, pp. 88-89. 1 8 V é a s e s e s i ó n del 17 de septiembre de 1916, en Actas del Consejo,

vol. 8, AJBN1M. 1 9 V é a s e s e s i ó n extraordinaria del 22 de septiembre de 1916, en

Actas del Consejo, vol. 8, A B N M .

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ron en el acto las prerrogativas económicas que disfru­taban los bancos privados —entre ellas la exención de ciertos impuestos y los negocios con las instituciones gubernamentales. Y con ello pareció quedar abierto el camino para la constitución del Banco del Estado; incluso se contaba ya con un proyecto para su organización.20

La promulgación de la Constitución de 1917 materiali­zó, en su artículo 28, la ambición del gobierno carrancista de hacerse de una institución financiera propia. Para los banqueros privados representaba, evidentemente, una seria amenaza para los privilegios que gozaban desde hacía más de tres décadas, los cuales habían obtenido ini-cialmente durante el porfiriato, preservado durante los gobiernos de Madero y Huerta, y aun salvado formalmen­te durante la guerra civil entre los constitucionalistas y los federales primero y, después, entre los carrancistas y los convencionistas. En 1917 las prohibiciones a los ban­cos de emitir moneda fueron elevados a rango constitu­cional. A partir de entonces el monopolio en la emisión del dinero correspondería al Estado, a quien la Constitución facultaba también para establecer un Banco Central (artículos 28 y 73, fracción X).

El proyecto de reorganización partía, sin embargo, de la necesidad inicial de estabilizar el valor de la moneda y, a partir de ello, ejercer un control soberano sobre su emi­sión y circulación. Por ello, entre las primeras acciones que llevó a cabo Carranza, a su triunfo sobre el régimen de Victoriano Huerta, destacan las que tenían por objeto lograr la reorganización del sistema monetario a través de la unificación de las diversas emisiones de billetes que cir­culaban en el país, la creación legal de la deuda pública interna y el establecimiento de una autoridad monetaria central, entre las más importantes.21

La gran cantidad de papel moneda emitido por diver­sas autoridades contendientes (e incluso sobreimpuestas en ciertos casos) había terminado por debilitar el valor

2 0 V é a s e M A Ñ E R O , 1 9 5 8 , pp. 8 4 - 8 8 . 21 El Demócrata (22 sep. 1 9 1 4 ) .

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del peso. En consecuencia, para que tuvieran éxito los programas del gobierno carrancista, así como la propia reconstrucción financiera del Estado en su conjunto, era imprescindible que se restableciera la solidez de la mone­da sobre bases firmes. Por ello, Carranza invitó a Edwin W. Kemmerer, un especialista estadounidense en asuntos monetarios, para que visitara México y le hiciera reco­mendaciones al gobierno en relación con la reorganiza­ción del sistema financiero.

Incorporadas en un documento final presentado por la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera —creada con el mismo propósito, el de poner en orden las finanzas públicas del gobierno constitucional—, las propuestas de Kemmerer estaban encaminadas a fortale­cer el valor del peso. El asesor de Carranza sugirió que se mantuviera el patrón oro con base en 75 cg de oro puro como unidad de valor, que las monedas existentes de pla­ta fueran acuñadas nuevamente para ser emitidas con una cantidad menor de plata por cada peso, y que la disminu­ción en el contenido de plata de las nuevas monedas no sobrepasara lo estrictamente necesario, con el fin de que sus poseedores no pudieran hacerse de una ganancia al fundirlas o exportarlas.22

Kemmerer también recomendó que el gobierno creara una reserva de oro. En su opinión, el fondo contribuiría a ajustar de manera automática el valor de la moneda a los precios del mercado y a fortalecer la confianza en el dinero en circulación. Asimismo, el oro en reserva debería servir para estabilizar el tipo de cambio, a la vez que crearía una base para el crédito interno. La propuesta para establecer un fondo de reserva metálica podía interpretarse, desde la pers­pectiva política de los revolucionarios, como un plan para constituir el Banco Único de Emisión. Además de la facultad de extender créditos al gobierno (algo que en sí mismo vol­vía muy atractiva la idea del Banco Central), el Banco Único de Emisión contribuiría —según la justificación técnica que desarrolló Kemmerer— a la estabilidad del dinero.

í ¿ V é a s e KEMMERER, 1 9 1 7 , pp. 6 5 - 6 7 .

E L BANCO D E LA REVOLUCIÓN o 1

LOS PROYECTOS DEL BANCO U N I C O

La precariedad financiera de los regímenes revoluciona­rios determinó la forma en que el Banco Central fue cons­tituido finalmente. En el Congreso Constituyente, el encargado de promover dicho proyecto, Rafael Nieto, afirmó la flexibilidad del gobierno con respecto a la orga­nización del banco y a su propiedad. En los debates, Nieto aceptó que "la cuestión [de] si conviene a un país que se establezca un banco privado, un banco exclusivamente del Estado o un banco público controlado por el gobier­no, puede estar a discusión". Y aclaró que lo importante era que se estableciera "el principio de un banco único de emisión, y no precisamente un banco único de Estado".23

El artículo 28 constitucional confirió el monopolio de la emisión de papel moneda al Estado, pero no especificó el régimen de propiedad que debería tener la futura insti­tución emisora. Eso quedó por determinarse en una ley secundaria y, también, por medio del contexto político-económico en que el banco sería constituido finalmente. Los proyectos elaborados entre 1917 y 1925 (año en que fue fundado el Banco de México) incorporaron por ello distintas propuestas sobre el financiamiento, la propiedad y el control del Banco Unico de Emisión. El diseño formal de las estrucuturas jurídica y administrativa del Banco Central estuvo subordinado al proceso más complejo de relaciones y conflictos políticos que subsistieron entre los regímenes revolucionarios y los banqueros desde que las propiedades de éstos fueron incautadas a finales del vera­no de 1916 y aun antes, desde que el gobierno mexicano suspendió el servicio de la deuda en los primeros meses de 1914.

La inauguración del Banco de México el 1Q de septiem­bre de 1925 fue antecedida por negociaciones complejas y acuerdos previos entre el gobierno revolucionario, el Comité Internacional de Banqueros, en la ciudad de Nueva York y los directivos de los principales bancos en

Citado en U L L O A , 1983, p p . 194-195.

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México. El presidente Alvaro Obregón tomó los primeros pasos para recomponer las deterioradas relaciones que el gobierno tenía con ambos grupos de banqueros. (Aunque ya antes, durante el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, se habían llevado a cabo reuniones privadas en la Secretaría de Hacienda con algunos grupos de banque­ros mexicanos.)24

En el presupuesto de 1921 fue asignada una cantidad de 10 000 000 de pesos al pago de la deuda que el gobier­no reconoció tener con los bancos privados como conse­cuencia de los daños causados por la Revolución.25 El 31 de enero de 1921 el presidente Obregón autorizó que se devolvieran los bancos confiscados a sus dueños. 2 6

También pospuso el proyecto para la creación del Banco Central, pues como explicó, las repercusiones de la Revolución, agravadas por la crisis financiera mundial, hacían imposible "el establecimiento del Banco Unico de Emisión con características de seriedad, estabilidad y riqueza que al decoro y necesidades de la República Mexicana corresponden". (Después, Obregón considera­ría un proyecto para crear una serie de bancos de emisión regionales y el proyecto de un Banco Central con una amplia participación de capitalistas privados, pero acaba­ría por desechar ambos.)27

Alvaro Obregón concluiría su periodo presidencial a fines de 1924 sin que se hubiese establecido aún el Banco Unico de Emisión que contemplaba la Constitución. Sin embargo, durante su gestión se exploraron diversos pro­yectos alternativos, cada uno de los cuales revela aspectos

2 4 V é a s e carta del 9 de ju l io de 1920 de G u i l l e r m o O b r e g ó n a Francisco L e ó n de la Barra y carta del 7 de ju l io de Thomas Macmanus a De la Barra, docs. 1296 y 1293, respectivamente, en F L B .

23 El Universal (22 nov. 1920). 2 6 V é a s e el decreto respectivo en T W L , 195-5; el telegrama del 4 de

febrero de 1921 al secretario de Estado de S u m m e r l i n , en DS , 812 .515/238 ; Bankers' Magazine, 102, 4, abri l 1921, pp. 611-612, y M A Ñ E R O , 1958, pp. 93-94.

2 7 V é a s e decreto ejecutivo del presidente O b r e g ó n , en DS, 516/242 y M A Ñ E R O , 1958, pp. 116-122.

EL BANCO DE LA REVOLUCIÓN 83

fundamentales sobre el grado de autonomía del gobierno, las limitaciones y los alcances de la soberanía financiera en el país, y la importancia que tuvieron los bancos priva­dos en la reconstrucción del Estado moderno en México.

En casi todos los proyectos que los revolucionarios y los banqueros consideraron para establecer el nuevo Banco Único de Emisión, el Banco Nacional de México tuvo un papel clave. Eso fue natural, ya que el Banco Nacional había sido la principal institución financiera en México durante el porfiriato y continuaba siéndolo al término de la Revolución.

Los directivos y accionistas del Banco Nacional no de­seaban perder su posición de preeminencia dentro del sis­tema financiero nacional, mientras que al gobierno mexicano le resultaba imposible actuar con total indepen­dencia de los bancos existentes. Es por eso que el Banco Nacional figura de manera estelar en la historia de la for­mación del Banco de México, desde que el propio Venus-tiano Carranza consideró la posibilidad de establecer un banco central en colaboración con el Banco Nacional, en un esquema en que participarían inversionistas privados en el financimiento inicial y en la posterior conducción del Banco Único de Emisión.28

De cualquier manera, no debemos olvidar que los es­fuerzos de los regímenes de la Revolución siempre estuvie­ron encaminados al establecimiento de una institución propia, lo menos vinculada posible con los banqueros mexicanos y extranjeros que controlaban las finanzas del país. Por eso, la posibilidad de quedar marginados del pro­yecto del Banco Central nunca desapareció de las mentes de los accionistas del Banco Nacional, que consideraban la creación del Banco Central sin su participación como una especie de "expropiación sin indemnización".29

2 8 V é a s e mensaje del 15 de j u n i o de 1917 de Cobb, del Departamen­to del Tesoro, al secretario de Estado, en DS, 812 .51/515/183 y tam­b i é n telegrama del 26 de j u n i o de 1917 de Legorreta a A. N . Negrete, en Correspondencia de la D i r e c c i ó n , vol. 22, folio 466, A B N M .

2 9 V é a s e m e m o r á n d u m de sir Wil l iam Wiseman sobre este particu­lar, en T W L , 194-21.

84 EMILIO ZEBADÚA

En esta perspectiva, los banqueros franceses idearon varios esquemas alternativos que, sin obstaculizar los pla­nes del gobierno, los incluyeran a ellos también. En parti­cular, plantearon la posibilidad de que las estructuras legal y administrativa del Banco Nacional fueran transfor­madas para constituirse en la base del Banco Único de Emisión. Esta nueva institución se regiría por las disposi­ciones constitucionales respecto al monopolio en la expe­dición del papel moneda. La concesión que poseía el Banco Nacional y que le daba existencia jurídica y lo facul­taba a realizar negocios financieros sería modificada, den­tro del esquema que planteaban los franceses, o bien, remplazada por una nueva que estableciera los términos en que compartieran la propiedad y el control, el gobier­no y los banqueros privados.

Los banqueros franceses, sin embargo, no contaban con suficiente capital disponible con qué financiar este proyecto, ni gozaban tampoco del peso político necesario en los mercados internacionales para tener éxito por sí solos en dicha empresa. Las nuevas relaciones de fuerza que al término de la gran guerra prevalecían en el hemis­ferio occidental —en particular, en la región del Caribe y Centroamérica— no permitían que se llevara a cabo un proyecto de tal envergadura, en que la estabilidad mone­taria y política de México estaban enjuego, sin la partici­pación de los banqueros estadounidenses y la aprobación del Departamento de Estado.

Además, ni los banqueros ni los diplomáticos en Estados Unidos permitirían que una insititución que tenía el potencial de poseer un papel estratégico en los nego­cios públicos de México, quedara bajo el control de un grupo de capitalistas europeos.30 Por eso, antes de ver su proyecto socavado por la influencia de los estadouniden­ses, los banqueros franceses propusieron "internacionali­zar" la propiedad y la administración del futuro banco,

3 0 V é a s e m e m o r á n d u m " c o n v e r s a c i ó n sobre el Banco Nacional de M é x i c o " , entre Lamont , Wiseman, Anderson y E . C . Grenfell, en T W L , 194-21.

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invitando a que participaran en su creación, inversionistas de Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y de Francia.

Así, si el Banco Nacional llegara a transformarse en el nuevo Banco Central del Estado mexicano con la partici­pación de capitalistas europeos y estadounidenses, el gobierno contaría con una fuente de crédito público bajo SU control (relativo), a la vez que los intereses políticos en Washington y los financieros de los banqueros franceses serían reconocidos y salvaguardados.31

Pero el proyecto no fructificó. En Wall Street los riesgos anticipados de una inversión en México, en una etapa en que la reconstrucción política era apenas tentativa e ini­cial, rebasaban los beneficios esperados. A diferencia de los accionistas europeos del Banco Nacional o del Banco de Londres y México, J. P. Morgan & Co. —que encabeza­ba el Comité Internacional de Banqueros y era la firma financiera más influyente de Estados Unidos— no tenía inversiones "fijas" en el sistema bancario mexicano, por lo que prefería destinar sus esfuerzos en México a resolver el problema de la deuda externa, cuyo servicio se mantuvo en suspenso entre 1914 y 1922.

A pesar del desinterés relativo de Morgan por invertir en México, cuando el gobierno le solicitó un crédito para financiar el proyecto del Banco Central, se elaboraron inmediatamente planes en Nueva York para un "Banco México-Americano".32 Esta institución sería constituida con un fondo de 50 000 000 de dólares en oro y gozaría, según lo dispuesto por la Constitución mexicana, del monopolio de la emisión de papel moneda. De constituir­se, el Banco México-Americano fungiría, de acuerdo con el proyecto trazado, como el agente financiero del gobier-

3 1 Sobre la forma en que las acciones existentes del Banco Nacional s e r í a n intercambiadas por los nuevos t í tulos de la nueva ins t i tuc ión de tener é x i t o d icho proyecto, v é a s e el m e m o r á n d u m del 7 de marzo de 1921 de Anderson para Lamont, en T W L , 194-21.

3 2 V é a s e copia de archivo del m e m o r á n d u m a este respecto del 29 de noviembre de 1920 de Anderson para Lamont , en T W L , 195-28, y el m e m o r á n d u m del 29 de noviembre de 1920 de Egan para Patchin, en T W L , 194-21.

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no mexicano, y sus reservas quedarían depositadas en un banco de Estados Unidos. Un punto entendido era que en el banco participarían tanto banqueros como inversionis­tas extranjeros.

Los banqueros estadounidenses, sin embargo, no impulsaron dicho proyecto en forma muy decidida por­que hubiera requerido que J. P. Morgan suscribiera la mayor parte del préstamo de 50 000 000 de dólares que se necesitaban para abrir el nuevo banco. Speyer & Co., en cambio, estaba dispuesto a ser más arriesgado. Esta firma internacional —con socios en Nueva York y Alemania— había sufrido en los últimos años una doble pérdida de prestigio en México: al haberse excluido del poder políti­co a los "científicos" (con quienes mantenía estrechas re­laciones) y, de manera paralela e independiente, al haber emergido J. P. Morgan como la firma financiera con mayor influencia en la política exterior de Washington.

En un esfuerzo por recuperar el lugar que había ocupa­do en los negocios financieros de México durante el por-firiato (como el banco consentido de los "científicos" en Nueva York), Speyer asumió el control del Banco de Comercio e Industria, institución en la que ya poseía una participación accionaria inicial. El otro propietario princi­pal, el Deutsche Bank, estaba imposibilitado para ejercer el control directo de sus acciones como resultado de las prohibiciones legales impuestas por el gobierno de Esta­dos Unidos a las empresas de origen alemán durante la guerra mundial.33

El 26 de abril de 1922 los accionistas del Banco de Comercio e Industria eligieron en asamblea general a Eduardo Iturbide para que se hiciera cargo del puesto de gerente de la institución. Iturbide —que recibía honora­rios de parte de Speyer & Co.—, recibió instrucciones para que procediera a adquirir un mayor número de acciones y así consolidar el control que ejercía Speyer sobre el banco. Un control que pareció quedar garantiza-

3 3 V é a n s e las carpetas en T W L , 196-21 y 196-22 sobre las actividades de Speyer 8c Co . y el Banco de Comercio e Industria.

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do al integrarse el consejo de administración con una mayoría de empleados, representantes o socios de Speyer.

Uno de los objetivos de Speyer con su más reciente incursión en el mercado financiero mexicano, era lograr que el gobierno considerara al Banco de Comercio e In­dustria como la posible base del futuro Banco Unico de Emisión que los revolucionarios ambicionaban crear.34 El atractivo de la oferta de Speyer era que abría, al gobierno mexicano, una alternativa ante las pretensiones hegemóni-cas del Banco Nacional y de J. P. Morgan —instituciones que dominaban abrumadoramente sus respectivos campos. Sin embargo, el proyecto, como tantos otros, no tuvo éxito.

EL CONTROL DEL DINERO

Los diversos intentos por establecer un banco bajo el con­trol del Estado estuvieron obstaculizados desde un princi­pio por la escasez de recursos públicos y la inestabilidad política que caracterizó casi todo el periodo desde 1917 hasta 1925 e incluso años después. La falta de reconoci­miento diplomático por parte de Washington —situación que sólo fue remediada relativamente tarde para Carran­za (a principios de su presidencia constitucional), y que los sonorenses volvieron a sufrir hasta que finalmente la obtuvo Obregón en 1923— impidió que el gobierno mexicano obtuviera el préstamo de los banqueros interna­cionales que se requería para establecer el Banco Único de Emisión.

La apertura de dicho banco dependía de que el gobier­no contara antes con una base mínima (pero segura) de recaudación fiscal; algo que el conflicto con las compa­ñías petroleras puso en entredicho de manera permanen­te, aun después de firmados los Acuerdos de Bucareli. El Banco Central también requería que el gobierno hubiese

3 4 V é a s e la carta confidencial del 5 de mayo de 1922 de Summerl in a H a n n a , jefe de la Divis ión de Asuntos Mexicanos en el Departamento de Estado, DS , 812.51/747.

EMILIO ZEBADUA

acumulado antes un fondo de reserva de aproximada­mente 50 a 100 000 000 de pesos en oro, lo que resultó aún más difícil, debido no sólo a los problemas para recaudar impuestos en todo el territorio nacional, sino para distraer fondos del servicio de la deuda externa una vez que se llegó a un acuerdo con el Comité de Banqueros en junio de 1922.

A excepción de los bancos que, como el Banco Nacional y el Banco de Londres y México, gozaban de concesiones públicas para emitir dinero, la comunidad financiera nun­ca se opuso, en principio, a que el gobierno mexicano estableciera un Banco Unico de Emisión. De hecho, insti­tuciones de esta índole fueron creadas en varios países latinoamericanos durante este periodo: en casi todos los casos bajo los auspicios o, al menos, con el conocimiento de los círculos políticos y financieros de Estados Unidos.35

Ni el gobierno de Washington ni las compañías petroleras tenían tampoco ningún interés económico especial para oponerse al establecimiento de un banco público. Así que los obstáculos principales para el proyecto del Banco Unico de Emisión en México tuvieron que ver siempre con su financiamiento inicial.

Antes del acuerdo con el Comité Internacional de Banqueros, el gobierno mexicano no contaba con recur­sos disponibles y, después, éstos quedaron comprometi­dos al servicio de la deuda. La única forma en que el gobierno mexicano podría llegar a establecer un fondo de reserva, una vez que sus ingresos comenzaron a aumentar en relación con sus gastos (lo que sucedió a principios de la década de 1920, como resultado de la bonanza petrole­ra), era violando el acuerdo con el comité.

En parte, por eso el Comité de Banqueros terminó por erigirse como el principal —acaso el único— obstáculo político serio para la creación del Banco Central. No sólo exigió —hasta el último momento antes de que abriera sus puertas el Banco de México el l 2 de septiembre de 1925— que no se fuera a utilizar un solo peso asignado a

V é a s e DRAKE , 1989.

EL BANCO DE LA REVOLUCIÓN 89

la deuda externa a dicho proyecto, sino que siempre con­tendió con el gobierno mexicano sobre la cuestión funda­mental del control del banco.

Las principales críticas al proyecto del Banco de Méxi­co se centraron en torno a quién ejercería la dirección y la administración de dicha institución, en caso de que el gobierno mexicano pudiera llegar a reunir los fondos ne­cesarios. Parte de esta discusión tenía que ver, en efecto, con la competencia imperialista por nuevos mercados, en la que participaban distintos grupos bancarios presididos por la Banque de París et des Pays Bas, Speyer & Co. y J. P. Morgan & Co. Pero también existía una preocupación común entre los banqueros privados sobre la posibilidad de que el Banco Central fuera a convertirse en un instru­mento de la voluntad política del Estado mexicano y, en particular, de los sonorenses que estaban en el poder.

Los banqueros franceses, que siempre estuvieron entre quienes mostraron mayor interés por participar en el pro­yecto del Banco Único de Emisión, hicieron saber en varias ocasiones las diferencias que mantenían con respec­to a las intenciones de los sonorenses sobre la dirección del banco. Se oponían a que fuese a quedar en manos de un "político" y preferían que quien fuera a presidir el Banco de México procediera de los círculos bancarios pri­vados del país: alguien como José Simón, que había sido director general del Banco Nacional de México hasta antes del triunfo de la Revolución, o Elias S. A. de Lima o Eduardo Iturbide, porfiristas con experiencia bancaria y buenos contactos en el régimen revolucionario en el poder.36 Con alguno de ellos a cargo de la dirección, los banqueros franceses confiaban en preservar parte de la influencia que habían disfrutado durante el porfiriato.

En las negociaciones (infructuosas) que Adolfo de la Huerta, en su carácter de secretario de Hacienda del gobierno de Obregón, había sostenido con el Comité Internacional para explorar la posibilidad de establecer

3 6 V é a s e carta del 7 de abril de 1923 de Francisco L e ó n de la Barra a J o s é Diego F e r n á n d e z , en F L B , doc. 1596.

90 EMILIO ZEBADÚA

un Banco Único de Emisión con la participación de algu­nos bancos extranjeros, la cuestión del control del banco siempre terminó por dominar las discusiones. El secreta­rio de Hacienda llegó en una ocasión a aceptar incluir en los estatutos del banco una cláusula que los banqueros estadounidenses le habían propuesto, por medio de la cual se otorgaría a los propietarios 49% de las acciones del nuevo banco el poder para designar a varios de los directi­vos de la institución. Pero De la Huerta nunca renunció a ejercer el control último del banco, designando en su pro­yecto al secretario de Hacienda como presidente ex oficio del consejo de administración.37

Frente al Comité Internacional de Banqueros, la Secre­taría de Hacienda siempre defendió la posición nacio­nalista de conservar el control del banco en manos del gobierno. En una carta que le envió a Lamont, De la Huerta le hizo saber que esperaba recibir su comprensión y apoyo para que el presidente del consejo del futuro ban­co, fuera "designado por el gobierno". El presidente del consejo gozaría como única atribución especial, según De la Huerta, el derecho de veto "en aquellos asuntos estipu­lados en la legislación vigente". Pero, a cambio, el se­cretario de Hacienda mexicano dijo estar dispuesto a que tanto el vicepresidente como el director del banco, fueran nombrados por los accionistas privados.38 Además, De la Huerta prometió a los banqueros privados que la direc­ción del banco no se sujetaría a la "política" y seguiría, por lo tanto, criterios financieros estrictos.39

El control sobre la presidencia del consejo se convirtió, sin embargo, en un punto medular de disputa. Ni el eje­cutivo ni el Congreso mexicanos estaban dispuestos a renunciar al control del banco. Pero los banqueros priva­dos eran inflexibles también, pues consideran el asunto

3 7 Cop ia del telegrama del 25 de agosto de 1923 a F é l i x de De la Huerta , en T W L , 204-18.

3 8 Telegrama del 11 de septiembre de 1923 a Fé l ix de De la Huerta , en T W L , 204-19.

3 9 Carta del 6 de septiembre de 1923 de Legorreta (?) a Mortimer L . Schiff, en Correspondencia de la D i r e c c i ó n , vol. 23, folio 287, A B N M .

EL BANCO DE LA REVOLUCIÓN 91

de la presidencia como "fundamental para el éxito o el fracaso del banco".40 Los miembros del Comité Interna­cional exigieron que la dirección del banco quedara en manos privadas, pues cualquier otra alternativa que "diera incluso la apariencia de influencia o control político en la operación del banco" complicaría sus operaciones.41

Sin embargo, la lógica que había seguido el proyecto (o proyectos) del Banco Central impedía que los sonorenses aceptaran renunciar al control sobre él de manera volun­taria. El control sobre un banco propio era lo que había motivado desde un principio el interés por establecer una institución financiera de esas características. Que la direc­ción del banco llegara a quedar fuera de su control frus­traba toda su razón de ser. Por eso, en este caso, las ambiciones personales de los sonorenses coincidían con los intereses del Estado. Ni el presidente Obregón ni el resto de los revolucionarios en el poder estaban dispues­tos a entregar el control sobre los fondos de que dispon­dría el Banco Central a banqueros o funcionarios privados sobre los que no tendrían absoluta autoridad. Un Banco Único de Emisión bajo el control directo del gobierno for­maba parte del proyecto de reconstrucción del Estado mexicano.

EL BANCO DE MÉXICO

El éxito de la reconstrucción dependía, sin embargo, de la capacidad con que contaran los sonorenses para suminis­trar fondos de manera regular a la tesorería del Estado. Los esfuerzos encaminados a lograr este objetivo termina­ron por condicionar el trato especial que brindarían los regímenes de la Revolución a los banqueros en México, e influiría en las relaciones que se establecieron finalmen-

4 0 C o p i a de la carta del 13 de septiembre de 1923 a F é l i x de Wiseman (o Lamont ) , en T W L , 204-19.

4 1 Carta del 6 de septiembre de 1923 de Legorreta (?) a Schiff, en Correspondencia de la D i r e c c i ó n , vol. 23, folio 287, A B N M .

92 EMILIO ZEBADÚA

te con los banqueros extranjeros agrupados en el Comité Internacional de Negocios en México.

Habiendo ascendido recientemente al poder político, los líderes revolucionarios —procedentes en su mayoría del noroeste de la República, de un sector social ajeno a los grandes negocios del país— requerían aún más de un Estado poderoso de lo que lo había necesitado la clase dirigente en el porfiriato. El poder político de los sono¬renses derivaba de la fuerza del Estado y, en particular, de los recursos materiales y políticos con los que éste llegara a contar. El establecimiento de un Banco Único de Emi­sión les permitiría centralizar parte del poder financiero en manos del Estado y, con ello, contribuir al fortaleci­miento del dominio político que gozaban en el país.

La exclusión de los antiguos detentadores del poder (los "científicos") del ejercicio político directo —como resultado, primero, del colapso del Estado en 1914 y, pos­teriormente, del curso que siguió el proceso de recons­trucción desde entonces— minó irremediablemente los estrechos lazos que existían entre el Banco Nacional de México y el gobierno federal. Los obstáculos con los que se toparon por igual los carrancistas y los sonorenses para obtener un préstamo en Nueva York y París dejaron fuera al Estado mexicano de las fuentes internacionales de financiamiento tradicionales. Después de las medidas que tomó el presidente Obregón a principios de su go­bierno para reconciliar su régimen con los accionistas de los bancos privados, no volvería a haber nuevos enfrenta-mientos directos entre los revolucionarios y los banque­ros, pero tampoco se restablecería la cercanía que había caracterizado los tratos entre las autoridades políticas y las instituciones financieras antes de 1914. Y aunque los tér­minos de la nueva relación que se fue estableciendo durante el curso de la década de 1920 no estaban defini­dos de antemano y no presuponían el continuo funciona­miento del Banco Nacional como el agente financiero del gobierno, la realidad política del país aconsejó que los so­norenses dotaran al Estado de un banco propio que fuera lo más autónomo posible del sistema financiero existente.

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Durante los debates en el congreso constituyente de Querétaro el diputado Francisco Múgica había abogado a favor de que el Banco Unico de Emisión quedara en manos del Estado, pues conduciría a "la muerte de los demás bancos que son enemigos jurados del pueblo mexi­cano".42 Si pronto se había dejado a un lado esta retórica, la desconfianza mutua que existía entre los banqueros y los revolucionarios no desapareció tan fácilmente.

Los orígenes sociales de los sonorenses contribuían a alimentar estos sentimientos a la vez que fortalecían su deseo de contar con su propio banco. A pesar de haber alcanzado la cima política al término de la Revolución, lo cierto es que aún subsistía parte de la enorme distancia que los separaba de los propietarios de la riqueza material en el país; capitalistas entre los que los banqueros mexica­nos, estadounidenses y europeos ocupaban un lugar pro­minente. Un banco del Estado ayudaría a reducir esa distancia, otorgando acceso directo a los sonorenses al manejo de los créditos público y privado.

A principios del gobierno de Plutarco Elias Calles (1924-1928), un balance más positivo en las finanzas pú­blicas permitió considerar como viable el establecimiento del Banco Central. Las dificultades políticas y diplomáti­cas que enfrentaba el régimen en ese entonces volvían más riesgoso el proyecto, pero como finalmente ocurriría, también lo hicieron más atractivo y necesario.

Por instrucciones del presidente Calles, la Secretaría de Hacienda comenzó a distraer fondos públicos de manera regular hacia un fondo de reserva destinado al estableci­miento del Banco de México. El secretario, Alberto J. Pañi, constituyó, además, una comisión que incluía a Elias S. A. de Lima (un antiguo banquéro porfirista) y a Manuel Gómez Morín (uno de los pocos estudiosos de las fi­nanzas públicas asociado con los sonorenses) para ela­borar el proyecto de organización legal y administrativa del banco.43

Citado e n U L L O A , 1983, p. 196.

MAÑERO , 1992 ( P ed., F. Mayans, Nueva York, 1926), pp. 161-162.

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Para allanar el camino del Banco de México y conti­nuar ampliando el control del Estado sobre el sistema financiero del país, a principios de 1925 el gobierno emi­tió una nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Este ordenamiento obligó a todas las instituciones financieras del país, incluyendo las sucursales de los bancos extranjeros, a que en un plazo de tres meses (a partir del 31 de diciembre de 1924) tramita­ran ante la Secretaría de Hacienda nuevas autorizaciones para seguir operando.44

El gobierno también dispuso que los impuestos a la exportación del petróleo y a las rentas de los Ferrocarriles Nacionales fueran depositados, no en el Banco Nacional como se venía haciendo hasta entonces, sino en la Comisión Monetaria, que fue reorganizada con tal propó­sito. Y desde principios de 1925 la Comisión Monetaria empezó a fungir como depositaría de algunos de los fon­dos del erario público, antecediendo en dicha función al futuro Banco de México.

Con estas medidas, el Banco Nacional dejó de percibir los intereses que generaban el manejo de esos depósitos y el Comité Internacional de Banqueros perdió parte del poder de supervisión que ejercía sobre los fondos del go­bierno (asignados al servicio de la deuda externa, según lo estipulado por el Convenio Lamont-De la Huerta de junio de 1922).45

El uso que se estaba dando al dinero comprometido al pago de la deuda provocó protestas formales de parte del Comité Internacional de Banqueros, en su calidad de representante de los tenedores de bonos mexicanos.46 En

4 4 M A Ñ E R O , 1958, pp. 137-139 y v é a s e circular n ú m . 3 de la C o m i s i ó n N a c i o n a l Bancar ia , 13 de marzo de 1925, e n Corre spondenc ia con SHCP, vol. 11, A B N M .

4 o V é a s e carta del 15 de enero de 1925 del subsecretario de Hacien­da, en Correspondencia con la S e c r e t a r í a de Hac ienda y C r é d i t o Pú­blico, v o l . l l , A B N M , y s e s i ó n del 21 de enero de 1925, en Actas del Consejo, vol. 10, A B N M .

4 6 V é a s e copia del m e m o r á n d u m n ú m . 5 por E . R. Jones, 4 de jul io de 1925; la copia de la carta del 14 de ju l io de 1925 para Lamont de jo-

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la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México los planes para crear un banco central también causaron inquietud, pues los diplomáticos temían que "de fracasar el banco", sólo aumentaría "la actual confusión sobre la posición fiscal de México". 4 7

Para el presidente Calles, los problemas fiscales (y polí­ticos) que enfrentaba el régimen eran precisamente lo que lo alentaba a seguir audazmente con el proyecto del Banco Único de Emisión. Las presiones diplomáticas que sufría su gobierno no evitaron que se continuaran distra­yendo fondos para constituir el Banco de México y, feliz­mente para el gobierno, en esa coyuntura las relaciones con Gran Bretaña mejoraron y se normalizaron, práctica­mente, unos días antes de la inauguración del Banco de México.48

La lógica de la política mexicana sugirió en ese enton­ces que, ante una coyuntura particularmente difícil, se hiciera un esfuerzo extraordinario para fundar el banco y, entonces, confiar que con ello la posición (política y fi­nanciera) del Estado mejorara en relación con los diver­sos grupos de interés que actuaban sobre el gobierno.

Para finales de agosto de 1925 las ambiciones de los sonorenses se cumplieron. La Secretaría de Hacienda contaba con un balance de aproximadamente 40 000 000 de pesos en las cuentas asignadas al Banco de México; además de cerca de 8 000 000 de dólares en depósito en Nueva York.49 Era dinero suficiente para establecer el fon­do de reserva.

El I a de septiembre fue inaugurado el Banco de Méxi­co. Se trató de un acto soberano por el cual el Comité Internacional de Banqueros fue desafiado. La fundación del banco también definió la autonomía del Estado mexi-

nes, y el m e m o r á n d u m del 9 de jul io de 1925 de Patchin, en T W L , 203-26. 4 7 Carta confidencial del 28 de agosto de 1925 para el secretario y

subsecretario de Estado de Schoenfeld, en DS, 812.51/1201. 4 ^ MEYER , 1991, pp. 367-376. 4 9 Car ta del 26 de agosto de 1925 para Patchin de H i l a r i ó n N .

Branch , Pan A m e r i c a n Petroleum and Transport Company-Huasteca Petroleum Company, en T W L , 194-27.

96 EMILIO ZEBADÚA

cano frente a los bancos privados en el país. Y así, inme­diatamente después de la apertura del Banco de México, el gobierno ordenó al Banco Nacional que entregara al Banco Central los depósitos en bonos de la deuda pública que conservaba en garantía de los contratos del gobierno federal.50 Los bancos comerciales tuvieron, además, que acatar la disposición que los obligaba a aceptar los billetes que emitiría el Banco de México "considerándolos como oro nacional".51

El proceso de reconstrucción del Estado mexicano no concluyó con la creación del Banco de México en 1925. Este hecho, sin embargo, redefinió tanto la soberanía fi­nanciera del país como su propia autonomía, aunque den­tro de márgenes muy estrechos en cualquier caso. La pequeña base de reservas del Banco Central y las crecientes necesidades de financiamiento del gobierno no permitie­ron a los revolucionarios colocarse por encima de los prin­cipales grupos de capitalistas extranjeros que, desde el porfiriato, dominaban ciertos sectores estratégicos de la economía. El conflicto con la industria petrolera sobre el control efectivo de la riqueza natural del país continuó du­rante muchos años más, mientras la Secretaría de Hacienda tendría que volver a recurrir al Comité Internacional de Banqueros en busca de un nuevo arreglo financiero. Del mismo modo, persistiría la influencia que ejercían los prin­cipales bancos privados en el sistema financiero de México.

De cualquier manera, cuando el Banco de México abrió sus puertas el l 2 de septiembre de 1925, la reconstrucción del Estado mexicano dio un importante paso hacia ade­lante. A partir de la fundación del Banco de México, el gobierno se hizo de una fuente de financiamiento propia y de un poderoso instrumento de política económica con qué contribuir al desarrollo del país.

° ° V é a n s e copia del telegrama del l 9 de septiembre de 1925 para Lamont de Patchin, en T W L , 199-27 y la s e s i ó n del 17 de septiembre de 1925, en Actas del Consejo, vol. 10, A B N M .

D l S e s i ó n del 26 de agosto de 1925, en Actas del Consejo, vol. 10, A B N M .

EL BANCO DE LA REVOLUCIÓN 97

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