PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL
PARTICIPATIVO PARA LA CAÑADA REAL
Informe de propuestas participadas
ASOCIACIÓN ALDEA SOCIAL. MAGÍSTER INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL. UCM
2 DE JULIO DE 2012
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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Índice
Introducción ........................................................................................................................ 2
1. Contextualización ......................................................................................................... 5
1.1 La situación económica global, la ciudad y los asentamientos ........................................... 5
1.2 La desigualdad social como punto de partida de los problemas de pobreza y exclusión
en La Cañada ....................................................................................................................... 6
1.3 Contexto actual de La Cañada. ........................................................................................... 7
2. Diagnóstico Integral de la Cañada Real ........................................................................ 10
2.1 Contexto Urbanístico ........................................................................................................ 10
2.2 Contexto jurídico ............................................................................................................... 11
2.3 Contexto medioambiental ................................................................................................ 16
2.4 Contexto socio-económico ............................................................................................... 16
3. Por qué un Plan Integral Participativo ......................................................................... 21
4. Descripción del proceso realizado ............................................................................... 25
5. Propuestas Integrales Participativas para la Cañada Real ............................................. 29
5. 1 Propuestas Urbanísticas .................................................................................................... 29
5. 2 Propuestas Jurídicas .......................................................................................................... 34
5.3 Propuestas Medioambientales ........................................................................................... 37
5.4 Propuestas socio-económicas ............................................................................................ 38
5.5 Dignificación de las condiciones de vida en la Cañada Real entre escenarios temporales 41
6. Recomendaciones para el PIP ......................................................................................... 42
7. Documentación utilizada/Bibliografía ......................................................................... 49
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Sobre los colectivos que redactan este documento:
Asociación Aldea Social. Colectivo multidisciplinar especializado en metodologías
participativas de intervención comunitaria. Desde hace 4 años desarrolla un proceso
participativo en la Cañada Real, dentro del cual se enmarca el proyecto de investigación
participativa que da lugar al presente documento.
El trabajo de campo desarrollado en junio y julio de 2012 cuenta con el apoyo económico de
la D.G. Educación y Cultura de la Unión Europea al haber sido incluido como iniciativa juvenil
en el Programa "Juventud en Acción".
Magíster Investigación Participativa para el Desarrollo Local. Facultad de Sociología UCM.
Este título presenta una trayectoria de más de 15 años tanto en formación en metodologías
participativas, como en investigación participativa en numerosos municipios. Cuenta con
diversos profesores y colaboradores con prestigio internacional en metodologías y
herramientas para la participación.
En los últimos dos cursos académicos viene desarrollando una investigación participativa en
la Cañada Real, movilizando para ello a más de una decena de profesionales de distintas
áreas como la Sociología, Antropología, Psicología, Arquitectura, etc.
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Investigación Participativa para el Desarrollo Local se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
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INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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Introducción
El presente documento recoge las propuestas trabajadas con vecinos, asociados y no
asociados, de sectores 3, 4 y 6 de la Cañada Real de Madrid.
Durante los últimos 6 meses se ha venido trabajando puerta a puerta, en talleres,
grupos de trabajo, reuniones y asambleas abiertas en diversas zonas de Cañada Real, y en
reuniones con expertos temáticos externos. Todo este trabajo ha concluido con la
presentación de una serie de alternativas y propuestas de solución y futuro para la Cañada
Real, construidas en base a las peticiones expresadas por los/as vecinos/as y a la experiencia
de años de trabajo e investigación en la Cañada, y corregidas, ampliadas y terminadas de
construir junto con vecinos/as y los equipos técnicos que redactan y se adhieren al presente
documento.
En los últimos meses, según se han ido cumpliendo etapas hacia la definición de la
solución para la Cañada hemos presenciado los movimientos de un escenario incierto,
dinámico y cambiante. En un momento en que es prioritario dar una solución a la actual
situación de la Cañada que satisfaga a todas las partes se han ido elaborando planes y
propuestas para dar solución a los problemas que se plantean.
En este contexto, creemos importante resaltar que diversas asociaciones vecinales de
distintos sectores han elaborado sus propuestas de planes sociales. Este trabajo parte del
reconocimiento de dichas propuestas, y se ha hecho con el fin de llegar a algunas zonas y/o
colectivos y personas que no se encontraban representadas en las mismas. Por tanto, el
objetivo es complementar estos planes ya trabajados y reforzar la participación vecinal,
contribuyendo a los esfuerzos que se vienen realizando con la intención de que éstos puedan
converger en un plan de actuación conjunto en la Cañada Real.
Durante este trabajo, vecinos/as y técnicos/as pudimos entender y construir
colectivamente la idea de que la solución debe responder a las necesidades específicas de
cada realidad de la Cañada. Para que se tome en cuenta de forma real a los vecinos/as,
defendemos la apertura de un proceso participativo, con implicación y corresponsabilidad
vecinal, política y de los profesionales que trabajan en Cañada, con transparencia, y que
pretenda abordar todas las facetas que necesita un barrio.
En la primera parte de este documento se recogen en los apartados de contexto y
diagnóstico algunas de las principales preocupaciones y problemas que se han detectado con
vecinos y extraído de otras fuentes secundarias como son diversas investigaciones que
colectivos y entidades han realizado sobre La Cañada Real. Además en esta primera parte
exponemos los motivos de por qué se hace necesaria y pertinente la realización de un plan
integral participativo como mejor manera de crear un programa de intervención preventivo
en el que se atajen las problemáticas existentes generando soluciones conjuntas y se trabaje
sobre los aspectos potenciales de La Cañada Real.
Estos primeros apartados fundamentan los siguientes en los que se recogen las
propuestas, peticiones, reclamaciones y necesidades de algunos vecinos de los sectores 3, 4 y
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6, trabajadas participadamente durante los últimos meses, que convergen en un apartado de
propuesta integradora, que intenta responder diversos aspectos de la compleja realidad de la
Cañada (urbanístico, legal, social, económico y medioambiental). Dichas propuestas han ido
siendo validadas y ampliadas con vecinos y vecinas de distintas zonas de la Cañada, en un
proceso que es continuo y que no pretende ser una propuesta cerrada de Plan Social.
Por otro lado, este documento termina con un punto y seguido. En el último apartado
se lanza una propuesta técnica y abierta al debate para un proceso participativo general. Una
propuesta fundamentada en la apuesta por la integralidad en los contenidos, procesos y
procedimientos de las actuaciones que puedan hacer suya tanto las Administraciones, las
entidades que trabajan en Cañada Real así como los propios vecinos y vecinas. Una vía para
hacer posible una solución participada y beneficiosa para todos los actores.
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1. Contextualización
1.1 La situación económica global, la ciudad y los asentamientos
Durante los últimos años, investigadores sociales han venido estudiando la
proliferación de asentamientos informales en las grandes ciudades del mundo, en el que
algunos autores estiman que existen más de 250.000 áreas urbanas degradadas,
configurándolo como “planeta de chabolas” (Davis, 2007). La ONU estima que más de un
billón de personas vive en asentamientos o viviendas informales (UN-Habitat, 2003), lo que
representa un sexto de la población mundial, uno de cada tres habitantes urbanos. De hecho,
a pesar de que las tasas de crecimiento de la población en las áreas metropolitanas más
grandes están disminuyendo, los asentamientos informales siguen creciendo (UN-Hábitat,
2006), previéndose que para 2020 la pobreza urbana del mundo alcance entre el 45 y el 50%
del total de la población residente en las ciudades (Observatorio Urbano de las Naciones
Unidas).
La proliferación de asentamientos informales se ha multiplicado especialmente
durante las tres últimas décadas. Según diversas investigaciones, la principal causa de este
fenómeno es la implantación de las políticas neoliberales de los Planes de Ajuste Estructural
impuestos por el FMI en numerosos estados de América Latina, África y Asia, que han
supuesto la reestructuración de sus economías, supeditadas al pago de la deuda externa,
provocando el retraimiento del Estado (UN-Habitat, 2003) a través de la disminución de su
capacidad de gasto en medidas sociales, deterioro y privatización de servicios públicos,
migraciones forzadas del campo a la ciudad como consecuencia de las políticas favorables a
las multinacionales de la agroindustria, supresión de derechos laborales, etc. Como
consecuencia de estas políticas crece incesantemente el número de personas en situación de
exclusión con respecto a los servicios básicos, el mercado laboral y la vivienda. En el Estado
español la implantación de este tipo de políticas se está acelerando en los últimos años,
especialmente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, si bien se vienen
aplicando desde décadas anteriores.
En las ciudades existe un grave problema de acceso a la vivienda con porcentajes muy
elevados de personas en situación de exclusión residencial debido a su elevado coste,
mientras que paradójicamente un gran número de viviendas se encuentran desocupadas.
Entre 2007 y 2011, según el CGPJ, la cifra de ejecuciones hipotecarias en España supera las
300.000, mientras que se calcula que entre 5 y 6 millones de viviendas podrían encontrarse
desocupadas, el 20% del total de viviendas existentes. En este contexto es inevitable que
surjan asentamientos informales y núcleos chabolistas, consecuencia directa de la
incapacidad o falta de voluntad de los organismos públicos de hacer frente a las reglas
coercitivas de un mercado inmobiliario bajo el paradigma neoliberal, controlar la
especulación y violencia inmobiliaria, y garantizar las necesidades básicas de la población.
Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada (Derechos a
la intemperie, Amninistía Internacional, 2011) entre las causas de la exclusión residencial se
encuentra los elevados precios de la vivienda en España, la insuficiente oferta de vivienda
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pública y en alquiler, la desprotección legal de los inquilinos, la prioridad del modelo de
propiedad inmobiliaria mediante distintos instrumentos legislativos, fiscales, etc., o el
elevado número de viviendas desocupadas, denunciando que a “pesar de que en las
disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la
práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este
contexto, debe recuperarse la función social de la vivienda y aplicarse plenamente el artículo
47 de la Constitución”. La lex mercatoria se impone a los derechos humanos; la propiedad
privada y el beneficio aplastan todas las demás nociones de derechos (Harvey, 2008).
Según el Relator especial de la ONU, el censo de 2001 indicaba que para entonces en
España había 112.824 personas que no tenían agua corriente en su vivienda, 13.002 personas
que vivían en edificios en estado de ruina, 13.660 en condiciones deficientes y 25.839 en
malas condiciones. Prevenía asimismo de la insostenible situación provocada por el elevado
endeudamiento hipotecario existente ya en 2006 y denunciaba la elitización de determinadas
zonas anteriormente degradadas dentro de las ciudades, con la segregación resultante, los
desalojos y lo que se ha dado en llamar el “acoso inmobiliario”.
1.2 La desigualdad social como punto de partida de los problemas de pobreza y
exclusión en La Cañada
Desde las teorías de la estratificación social y la desigualdad social, entendida ésta
como el acceso desigual a los recursos y bienes (principalmente de carácter económico), la
pobreza aparece como resultado de la estructuración de la desigualdad social y del reparto
no equitativo de la riqueza. Entendiendo la pobreza como un concepto multidimensional,
ésta presenta una complejidad derivada de la combinación y acumulación de distintas
variables de desfavorecimiento que se refuerzan entre sí. Así nos encontramos en la Cañada
con una situación de imposibilidad o de falta de acceso a recursos necesarios para poder
realizar unas actividades mínimas relacionadas con derechos básicos como la supervivencia,
la salud, las relaciones sociales, el acceso al conocimiento y la participación social.
A la carencia de recursos suelen acompañar otros procesos interrelacionados que
hacen de la pobreza un hecho social complejo: la lucha por sobrevivir, frecuentemente de
forma marginal (la vida en el margen), revela los desajustes en las formas de vida, trabajo y
relación, según las normas sociales. Aparecen así formas de supervivencia al margen del
estilo de vida normalizado de la mayoría del conjunto social (predominan actividades
pertenecientes a la economía sumergida, al igual que los empleos poco estables y de carácter
temporal).
De acuerdo con el sociólogo Víctor Renés, la pobreza, como síntoma, pone al
descubierto dos elementos centrales para la comprensión de un contexto de crisis social más
profunda: por una parte la incidencia del factor trabajo en el proceso de integración y
legitimación social (el desempleo es el eje de la transformación y configuración actual del
fenómeno de la pobreza y la exclusión), y por otra parte la crisis del Estado del Bienestar, no
como una realidad instituida en nuestro país de una forma plena, sino como expresión de la
insolidaridad estructural de nuestro modelo socioeconómico.
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Estar situados/as al margen económicamente de esta mayoría social normalizada
implica un enorme nivel de incomunicación hacia dentro (competencia por los recursos) y
aislamiento, que se traduce en un sentimiento de abandono que agudiza la debilidad de los
grupos para hacer frente a la exclusión a la que están sometidos.
Otra de las dimensiones del fenómeno de la pobreza es el factor territorial. Hoy parece
ampliamente aceptado que los problemas sociales (el paro, la droga, la exclusión social, la
crisis de sentido, las carencias personales y colectivas) se encuentren interrelacionadas en la
misma persona, en los mismos grupos humanos (colectivos en situación de exclusión).
Además, estos problemas tienen una configuración territorial, una incidencia mayor en
determinadas zonas y barrios que son como bolsas que “esconden” lo más escandaloso de la
pobreza urbana y pasan a ser caldo de cultivo de la contracultura “marginal”: una forma de
vida dura y agresiva que surge como reacción ante una situación vital difícil, y que se
interioriza en sectores específicos de población que se concentran geográficamente en
determinados espacios (centros de las ciudades, barrios periféricos de viviendas protegidas,
asentamientos chabolistas...). En definitiva, la vida de las personas en situación de pobreza
aparece íntimamente ligada a las características que conforman su hábitat, en un proceso de
adaptación al medio.
En síntesis, la pobreza es la interrelación de factores económicos (carencia de
recursos), sociales (segregación de la sociedad), culturales (desarraigo) y políticos (sujetos-
objeto, dependientes y sin voz ni voto), que tiene una dimensión o expresión territorial y, lo
que es más preocupante, un efecto reproductor perverso: vivir la pobreza en determinadas
situaciones residenciales (infravivienda) y del contexto territorial (degradación física y
medioambiental) incide de nuevo en ellos, perpetuando la espiral de la marginación y la
exclusión social.
1.3 Contexto actual de La Cañada.
Dentro del contexto mundial debe interpretarse la situación de la Cañada Real, uno de
los cientos de miles de asentamientos informales surgidos y mantenidos en el tiempo como
consecuencia de las dinámicas propias del modelo económico vigente, en el que si bien se
dan responsabilidades compartidas (la administraciones por su permisividad y habitantes por
la ocupación de los terrenos) en el anquilosamiento de la situación, son las Administraciones
quienes tienen la obligación y los medios para buscar una solución.
La situación actual de Cañada deriva de un contexto social de vulnerabilidad de los
derechos básicos y sociales, así como una escasez de oportunidades en el panorama global.
En su mayoría, los habitantes de la Cañada Real no ocuparon por el placer de ocupar un
espacio, asumiendo la incertidumbre sobre la pérdida posible de los gastos de compra de
suelo y construcción, en muchos casos mediando ocultación de información sobre su
situación legal (aunque también por elección y no por necesidad en el caso de personas que
fueron ubicando su residencia o doble residencia en la Cañada Real), sino por una cuestión
de supervivencia pues vivir legalmente como indica Hernando de Soto (alquilar o comprar
una vivienda, mantener las cuotas de luz, agua… en una situación de precariedad laboral, etc.)
es demasiado caro e incluso inasequible.
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Es en el momento en que Cañada Real toma interés por parte de los medios de
comunicación de masas cuando este asentamiento se observa como un problema de orden
público (hechos como los accidentes a la población infantil provocados por el paso de los
camiones de basura a la Incineradora y el tráfico de droga en Valdemingómez), diseñándose
una estrategia de estigmatización mediática de la población de Cañada previa a violentos
desalojos forzosos y derribos de viviendas vulneradores de los derechos humanos (Informe
Amnistía Internacional, 2010) que provocaron la reacción de los habitantes de Cañada junto
a organizaciones que trabajan en el territorio, produciéndose distintas movilizaciones
colectivas y acciones de denuncia frente a estas situaciones. Estos hechos junto con que el
crecimiento de la ciudad comienza a limitarse con la Cañada Real, las autoridades públicas
expresan la necesidad de dar respuesta a esta situación tras algunos años de tolerancia,
invisibilización y permisividad, dando los primeros pasos hacia otras vías de solución. Así, en
marzo de 2011 la Comunidad de Madrid aprueba una Ley que abre la puerta a otro tipo de
solución para el asentamiento.
A pesar del nuevo marco de negociación y solución para Cañada, el Ayuntamiento de
Madrid continúa ejecutando derribos de viviendas aunque también se producen resoluciones
judiciales contrarias a los mismos. Al mismo tiempo prosigue la gestión y ejecución de los
planes urbanísticos que afectan a zonas limítrofes a Cañada (Valdecarros, Ahijones, Cañaveral
y Los Cerros), a pesar de que muchos de estos planes fueron anulados en el año 2003 por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia 216/2003), sentencia ratificada por el
Tribunal Supremo en 2007 (sentencia de 3 de julio de 2007), por haber sido ilegalmente
recalificados como terrenos urbanizables suelos protegidos en el anterior Plan General de
1985. Por tanto, estos terrenos se encuentran en una situación urbanística similar a la de
Cañada Real, evidenciando que la ocupación de terrenos públicos y protegidos es vista de
una u otra manera dependiendo de los actores que ejecutan los actos, formando parte los
derribos en Cañada de procesos de especulación inmobiliaria que se imponen sobre el
derecho a una vivienda digna. De hecho, ocupaciones en otros tramos de Cañada Real que no
ocasionan conflictos a las dinámicas especulativas, sino al contrario, han sido permitidos,
pasando desapercibidas y siendo incluso legalizadas, como señala el Plan Cañada de Todo por
la Praxis. Concretamente la Cañada ha sido absorbida por los núcleos urbanos de Coslada,
San Fernando de Henares o Ribatejada, o interrumpida por varias urbanizaciones (Jardín de
los Serracines en Fresno del Torote), polígonos industriales (Los Frailes en Daganzo de Arriba
o Las Arenas en Pinto), o la Base Aérea de Torrejón.
Otros intereses urbanísticos chocan con el asentamiento de Cañada, como el proyecto
olímpico de Madrid que pretende ubicar diversas instalaciones y la propia villa olímpica en
zonas próximas a Cañada Real, o más recientemente EuroVegas, cuya ubicación definitiva
aún no se ha revelado públicamente aunque las Administraciones y la empresa promotora
contemplan la posibilidad de construir este proyecto en terrenos próximos a Cañada. Los
derribos de viviendas como consecuencia de intereses económicos se reproducen en todo el
planeta variando las motivaciones según los contextos. En el Estado Español existen ejemplos
de derribos de barrios enteros en situación legal, consumados o en proyecto, como el barrio
marinero de finales de s. XIX del Cabanyal en Valencia o Poble Nou en Barcelona, ambos
objeto de operaciones urbanísticas especulativas, el primero con el pretexto de la ampliación
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de una avenida, y el segundo en el marco del Forum 2004. La ilegalidad urbanística de los
barrios no es el motivo de su derribo en muchos casos, sino los enormes beneficios que
proporcionan unas futuras operaciones urbanísticas en esos terrenos a las municipalidades y
grandes corporaciones privadas. “Los poderes públicos, respaldados por el Estado, presionan
para que se produzca un desalojo por la fuerza, con la intención de apropiarse violentamente
de terrenos en algunos casos ocupados durante una generación” (Harvey, 2008).
El derecho al suelo y la propiedad privada generan conflictos tanto para los que la
tienen como para los que no, dependiendo de un coste económico inaccesible en el primer
caso y asumiendo un coste social en el segundo, como el estigma o la imposibilidad de
acceder a la regularización de servicios urbanos básicos. Tal y como proponen Pisarello y
Asens (2011), cuando las vías institucionales para el cumplimiento de derechos humanos se
encuentran fuertemente restringidas, deben reconocerse los mecanismos empleados por la
población para su realización como una garantía social de los derechos humanos y una
cuestión de supervivencia, y entre estas garantías sociales sostenemos que debe incluirse la
autoconstrucción de vivienda en casos como el de la Cañada Real, aún al margen de la
planificación oficial, ya que el cumplimiento de los derechos humanos es un fin superior a las
regulaciones urbanísticas.
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2. Diagnóstico Integral de la Cañada Real
2.1 Contexto Urbanístico
Actualmente, el tramo de la Cañada Real desafectado por la Ley 2/2011, presenta una
configuración lineal, conformando un continuo de edificaciones a ambos lados de la vía
central que recorre todo el trazado. La linealidad de este asentamiento, que se prolonga
durante más de 14 km, provoca una cierta situación de separación de otros núcleos urbanos
y el consiguiente alejamiento a servicios básicos como los centros sanitarios o educativos,
comercios, etc.
Sin embargo hay que tener en cuenta que el tramo de Cañada Real que transcurre en el
término municipal de Coslada se encuentra totalmente integrado en el núcleo urbano, y
parte del sector 5 bordea la urbanización de Covibar en Rivas Vaciamadrid, siendo posible su
total integración mediante una actuación de remodelación urbana en la zona. A lo anterior
debe sumarse que los planes urbanísticos en ejecución o programados en los municipios de
Madrid (Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros) o Rivas (La Fortuna y El Cristo
de Rivas), absorben casi en su totalidad los sectores 1, 2, 3 y 4, resultando que únicamente el
tramo del sector 4 comprendido entre la línea del AVE Madrid-Barcelona y M-50
mantendrían la configuración lineal. El escenario futuro hace perfectamente viable la
integración de gran parte de Cañada en la trama urbana de barrios ya existentes o en
planificación, dando a la vuelta a la perspectiva del asentamiento como una dificultad
consecuencia de un crecimiento no planificado, a una oportunidad de remodelación e
integración urbana, debiendo los planes urbanísticos futuros adaptarse a la realidad
existente en Cañada, y no al revés.
Otro factor que a considerar en la determinación del espacio físico en Cañada Real es la
fragmentación del territorio y su continuo urbano como consecuencia de las numerosas
infraestructuras de transporte que la atraviesan (A-3, M-50, M-45, R-3, línea del AVE Madrid-
Barcelona), si bien esta misma situación afecta de forma similar a todos los nuevos barrios
planificados en el municipio de Madrid, fruto de una concepción desarrollista de la ciudad,
todos ellos separados del resto de la ciudad por infraestructuras de gran capacidad e impacto
ambiental que determinan generalmente su delimitación espacial. Por citar un ejemplo los
ámbitos urbanísticos de Los Berrocales y Los Ahijones limitan con las autovías M-45, M-50, A-
3 y R-3, y se encuentran separados por la línea 9 de metro.
Pero no sólo la realidad física ha generado esta situación, sino también en buena medida ha
sido provocada por las políticas urbanas tanto del Ayuntamiento de Madrid como de Rivas-
Vaciamadrid, que han planificado al margen de Cañada, sin contemplar sus posibilidades de
integración en el entramado urbano y la dotación de las necesarias infraestructuras viarias,
equipamiento urbano regular (red de alumbrado y saneamiento, asfaltado, red telefónica,
etc.) o servicios públicos necesarios (trasporte público, comercios, plazas y espacios públicos,
escuelas, centros sociales y de salud, etc.).
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A la vista de esta realidad, el aislamiento de Cañada resulta reversible mediante una correcta
planificación urbana y social, integrando su viario con el de los barrios próximos, y dotándola
de los equipamientos necesarios de los que hasta ahora se ha visto privada.
En los márgenes de Cañada Real existen terrenos no urbanizados que podrían incorporarse al
proceso de remodelación para la obtención de los suelos necesarios para la ubicación de las
redes viarias, zonas verdes o equipamientos exigidos por la legislación del suelo, así como
para la posible reubicación en la zona de viviendas asentadas en terrenos que deban ser
destinados a la creación de nuevos viales, zonas verdes o equipamientos, o realojadas si se
considerase un cambio de la morfología del actual asentamiento lineal para dotarle de una
mayor integración urbana.
Desde el punto de vista del estado constructivo de las edificaciones, la mayor parte
destinadas a vivienda y en menor medida a pequeñas actividades económicas, si bien nos
encontramos con diferencias en la tipología de las viviendas en función de la calidad de los
materiales empleados en la construcción, la propia cultura de las personas que las habitan,
las dotaciones con las que cuentan las mismas y la superficie de las parcelas en que se
asienten las viviendas, consecuencias de las diferencias socioeconómicas, culturales y
antigüedad en la llegada al asentamiento, la mayor parte de las viviendas cumplen en la
actualidad con los estándares de habitabilidad mínimos reglamentados, siendo muy poco
representativo el porcentaje de viviendas que carece de instalaciones básicas, o bien podrían
alcanzarlos con actuaciones no muy costosas.
2.2 Contexto jurídico
Situación legal de Cañada Real tras la aprobación de la Ley 2/2011
La Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana no es el punto de partida ideal para la resolución de
la situación de Cañada, que requiere de un enfoque integral del que carece la Ley, la cual se
limita básicamente a la aprobación de la desafectación de suelos y la apertura de un proceso
para la consecución de un Acuerdo Marco para la resolución del destino del suelo
desafectado entre Administraciones. La Ley debería haber sido el instrumento que elevase a
rango legal los acuerdos alcanzados durante todo el proceso, en todos los ámbitos
(urbanístico, legal, social, económico y ambiental), no el principio.
Desde un punto de vista jurídico la Ley 2/2011 no es el instrumento adecuado para la
desafectación de suelos, ya que no sigue el procedimiento previsto a tal fin en la Ley 8/1998,
de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que exige con carácter previo a
la desafectación la consulta a Ayuntamientos, organizaciones agrarias, de defensa del medio
ambiente y el sometimiento a un periodo de información pública de un mes. Además obvia
importantes determinaciones exigidas por la legislación sectorial de vías pecuarias para la
desafectación, como la creación de un trazado alternativo o el destino a un fin social del
suelo desafectado, que entendemos deben ser tenidas en cuenta en el acuerdo que se
alcance finalmente.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
En cualquier caso la Ley 2/2011 cambia completamente la situación legal de Cañada Real y
tiene importantes consecuencias que debe atender cualquier intento de regularización de la
Cañada Real.
Desafectación del suelo
La Ley 2/2011, de 15 de marzo de la Cañada Real Galiana desafecta íntegramente el tramo de
aproximadamente 14,2 kilómetros que discurre por los términos municipales de Coslada,
Rivas-Vaciamadrid y Madrid, en sus Distritos de Vicálvaro y Vallecas, de la Cañada Real por no
ser adecuado al tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios
que la vía pecuaria permite.
Tal transformación no es un hecho reciente, aunque se haya intensificado en los últimos
tiempos, sino que data de los años 50 y 60 e incluso antes. Las ocupaciones que se iniciaron
en esa época y el entonces ya escaso tránsito ganadero justificaron la declaración de
innecesaridad de una parte significativa de la Cañada Real Galiana en ese tramo,
reduciéndose la anchura del dominio público de los 75,22 metros entonces propios de una
Cañada Real, a una anchura variable entre 14 y 37,61 metros, según los tramos. En la
actualidad, el tránsito ganadero en el tramo que discurre por los tres mencionados
municipios es nulo, encontrándose la vía pecuaria ocupada en buena parte por edificaciones
de todo tipo y por un vial por el que circulan vehículos a motor. Son estas circunstancias que,
según la Ley 2/2011, justifican la desafectación como vía pecuaria.
Recalificación del suelo
Como consecuencia de la desafectación, los terrenos del tramo de la Cañada Real Galiana
pierden su condición de bienes de dominio público convirtiéndose en bienes patrimoniales
propiedad de la Comunidad de Madrid, lo que permite, por un lado, el cambio de
clasificación urbanística del suelo que hasta la entrada en vigor de la Ley debían tener la
condición de suelo no urbanizable de protección por estar sometido a un régimen de
protección incompatible con usos urbanos (art. 16 de la Ley 9/2001 de de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid), lo que abre la puerta a la regularización de las viviendas
cumpliendo con la legislación urbanística ya que hace posible la recalificación del suelo, bien
como suelo urbano no consolidado, bien como suelo urbanizable sectorizado.
Actualmente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado en 1997, se
encuentra en fase de revisión, siendo posible integrar en el Plan General resultante una
operación sobre el suelo ocupado de Cañada en dicho término municipal, así como la
incorporación de terrenos colindantes, tanto urbanizables como no urbanizables, ampliando
las posibilidades de actuación de cara a un proceso de remodelación urbanística.
Cambio de la naturaleza jurídica del suelo
Otra consecuencia importante del cambio de naturaleza jurídica de los terrenos de Cañada
Real, de bienes demaniales en bienes patrimoniales, es la pérdida de tres características que
definen a los primeros, inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, lo que
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permite a la Comunidad de Madrid disponer de ellos, enajenarlos, cederlos, permutarlos o
cualquier otro negocio jurídico, a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se
encuentran o a terceros.
Es importante tener en cuenta que la enajenación puede hacerse mediante adjudicación
directa a los habitantes o mediante subasta o concurso (art. 49.2 de la Ley 3/2001, de 21 de
junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid), lo que implica que el proceso de venta
debe ser abierto pudiendo participar los vecinos junto con otros agentes, colocando a la
mayor parte de la población de Cañada, con una situación económica inestable y precaria, en
posición de desigualdad económica frente a otras personas o sociedades con mucho mayor
capacidad económica, provocando su exclusión del proceso de regularización de sus actuales
viviendas. La venta de los terrenos podría abrir un proceso especulativo en Cañada contrario
a los intereses de sus ocupantes.
Deben estudiarse soluciones que no obliguen a los actuales ocupantes de Cañada al pago por
los terrenos, ya que esto supondría en muchos casos la imposibilidad de hacer frente al coste
económico para buena parte de la población y la exclusión de la regularización de sus
viviendas, o bien la necesidad de acudir a financiación, opción que en el actual contexto de
precariedad, inestabilidad laboral y escasez o supresión de mecanismos de protección social
y prestaciones económicas, podría suponer un grave riesgo de imposibilidad de hacer frente
al pago de la deuda contraída en el futuro y derivar en desalojos de viviendas.
Acuerdo marco de contenido social
La Ley concede a las Administraciones un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo marco
para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los
terrenos de la Cañada Real Galiana, así como la adaptación de la clasificación del suelo por
los Ayuntamientos en el ejercicio de en sus competencias urbanísticas, plazo que vence el día
15 de marzo de 2013, tras el cual la Comunidad de Madrid podrá realizar los negocios
jurídicos antes citados. Las Administraciones con competencia en la materia deben acordar
los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para
llevar a cabo el acuerdo con la participación en todo el proceso de los afectados
debidamente representados por asociaciones acreditadas.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley para la consecución de un acuerdo marco el 9
de abril de 2012 se firmó un protocolo de intenciones entre la Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Coslada,
Madrid y Rivas Vaciamadrid. El citado protocolo tiene como finalidad alcanzar un acuerdo
marco de contenido social para Cañada Real Galiana que tenga por objeto resolver todas las
cuestiones derivadas de la desafectación y destino de los terrenos, estableciendo un plan de
trabajo hasta el día 31 de julio de 2012 a través de reuniones semanales entre las
Administraciones firmantes del protocolo y los afectados representados por asociaciones
debidamente acreditadas.
Derecho de participación
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Como hemos señalado la Ley limita el derecho a la participación a las asociaciones
debidamente acreditadas, requisito de por sí confuso, ambiguo e indeterminado y contrario
al principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), excluyendo indebidamente del
proceso para la elaboración del acuerdo marco que se está desarrollando a todos aquellos
vecinos de la Cañada Real que ejerciendo su derecho constitucional a la libre asociación, no
desean formar parte de una asociación debidamente acreditada, o formando parte de ella
desean participar de manera directa. El derecho fundamental a la libre asociación reconocido
en el artículo 22 de la Constitución Española, comprende tanto la libertad positiva de
asociación como la negativa de no asociarse que protege al sujeto contra la asociación
obligatoria, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 5/1981, entre
otras, en la que añade que “el derecho de participación reconocido por la Constitución en el
art. 27.7 está formulado sin restricciones ni condicionamientos y que la remisión a la Ley que
haya de desarrollarlo no puede en modo alguno entenderse como una autorización para que
ésta pueda restringirlo o limitarlo innecesariamente, y como esto es lo que indebidamente
hace (…). al exigir el cauce asociativo, hay que declarar que tal precepto es inconstitucional.”
Además el artículo 9 del texto constitucional obliga a los poderes públicos a facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Más
concretamente, tanto la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001 (art. 3), como
la Ley del Suelo estatal, aprobada por RD-Legislativo 2/2008, así como la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, reconocen los derechos de
acceso a la información y participación de las personas afectadas por planes, proyectos o
programas de contenido urbanístico y/o ambiental.
En definitiva, los/as habitantes de Cañada Real tienen derecho a participar en el plan de
trabajo que está teniendo lugar, así como cualquier otro proceso tendente a determinar el
destino del terreno que habitan, así como a ser informados de todo el proceso y consultar
todo tipo de informes, diagnósticos, estudios, etc., relativos al mismo.
Censo de fincas y ocupantes
La Ley ordena a los Ayuntamientos la realización, en el plazo de seis meses desde su entrada
en vigor, la realización de un censo de fincas y ocupantes. Tanto el censo de ocupantes y
fincas del tramo de Cañada Real Galiana perteneciente a Madrid, realizado por la Empresa
Municipal de Vivienda, y como a Rivas-Vaciamadrid, realizado por la asociación TRAMA, han
sido elaborados hace meses aunque aún no han sido publicados sus resultados. De esta
manera y de acuerdo a la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de
Madrid, se incumplen los principios de transparencia, homogeneidad, proporcionalidad,
difusión y publicidad de resultados, la obligatoriedad del suministro de la información así
como el rigor y corrección técnica, además de vulnerarse el derecho de los interesados al
acceso a los datos personales que figuren en directorios estadísticos y obtener la rectificación
de los errores que contengan, reconocido por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública estatal, que a su vez dispone que los resultados deberán hacerse públicos
y ser ampliamente difundidos.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
15
Los habitantes de Cañada Real no han podido tener acceso a los datos, que respecto a ellos y
las parcelas que ocupan, que figuren sobre ellos para su validación o rectificación, situación
que puede ocasionar graves perjuicios en caso de que en virtud del censo se adoptasen
acuerdos o resoluciones que no contemplasen sus condiciones reales como ocupantes de la
Cañada Real Galiana.
Requisitos de la legislación sectorial de las vías pecuarias: interés social o público y trazado
alternativo.
Como hemos dicho anteriormente la Ley 2/2011 obvia varios requisitos establecidos en la
Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid a los que debe darse cumplimiento,
por lo que el acuerdo que se adopte finalmente para Cañada debe tenerlos en consideración.
Una de estas exigencias que no han sido tenidas en cuenta en la Ley de la Cañada Real
Galiana viene establecida en el art. 19.2 de la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad
de Madrid que establece que “cuando no fuese posible la recuperación de los tramos
ocupados en los que se hubiera consolidado una afectación secundaria de dominio público,
diferente al uso pecuario definido en la presente Ley, el restablecimiento de la vía pecuaria
ocupada podrá hacerse preferentemente mediante un trazado alternativo que deberá en
todo caso garantizar el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito
ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios con
aquél.”
La creación de un trazado alternativo debería haber sido aprobado a la par que la
desafectación, lo cual no implica que su aprobación en virtud de la Ley 2/2011, exima del
cumplimiento de este presupuesto legal.
Por otro lado el art. 21.2 de la Ley de Vías Pecuarias, obliga a que los terrenos desafectados
sea exclusivamente destinados a actividades de interés social o público, considerando de
interés social o público actividades que redunden en beneficio del medio rural, conservación
de la naturaleza o educación medioambiental.
Derribo de viviendas
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid en su página web, desde el
año 2007 se ha ejecutado el derribo de más de 250 edificaciones, muchas de ellas destinadas
a vivienda, mediante procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística. El
Ayuntamiento de Rivas ha tramitado igualmente numerosos expedientes destinados al
derribo de viviendas, si bien no ha llegado a ejecutar ninguno de ellos. A pesar de que la Ley
2/2011 cambia completamente la calificación urbanística y naturaleza jurídica de los suelos
ocupados en Cañada Real como hemos visto, el Ayuntamiento de Madrid ha continuado
ejecutando derribos, actuación que choca con el requerimiento contenido en dicha Ley para
la obtención de un Acuerdo Marco entre Administraciones y vecinos, excluyendo además del
mismo a las personas afectadas por la demolición de viviendas que son discriminadas con
respecto al resto, vulnerándose el derecho de igualdad reconocido en el art. 14 de la
Constitución Española.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
2.3 Contexto medioambiental
Los pobladores de la Cañada Real Galiana, enfrentan una variedad de problemas
socioeconómicos que centran la preocupación principal de la mayoría de los vecinos, debido
a las diferentes razones que se han venido exponiendo, además de estos, y no con menos
nivel de importancia y/o magnitud de afectación se encuentran los problemas de carácter
ambiental a los cuales están expuestos los vecinos. Entre los principales se puede exponer:
En el territorio es usual en algunas zonas la presencia de residuos, basuras y escombros.
Algunos de estos son pertenecientes a las casas derribadas, los cuales no se recogen con el
fin de evitar que se pueda reconstruir en la misma parcela. Por otra parte la escasez de
contenedores y del servicio de recogida de las mismas, convierten a cada área derruida en un
foco de contaminación y una amenaza para la salud de todas las personas que se encuentran
allí asentadas.
Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de La Cañada no está asfaltada, esto
hace que cuando llueve, la vía pecuaria sin asfaltar se convierte en un barrizal y las pocas
zonas asfaltadas, por su pésimo estado, se llenan de charcos profundos que tardan días en
drenarse. Esta situación dificulta la movilidad peatonal y el transito vehicular,
constituyéndose en un foco de suciedad e infecciones, contribuyendo en algunas zonas al
impacto visual degradado de la zona
En las cercanías del sector 6, se encuentra situado el Parque Tecnológico de Valdemingómez
(donde acaban la mayor parte de las basuras y desechos del municipio de Madrid) Recuerdan
sus habitantes, su instalación fue posterior al asentamiento poblacional. A pesar de ser uno
de los centros más sofisticados de la Unión Europea, por su sistema avanzado de
recuperación y reutilización de los desechos, se han producido diversas denuncias y
manifestaciones por parte de las/os vecinas/os por la contaminación del aire y
funcionamiento de las plantas. Al momento no se han realizados estudios sociosanitarios del
impacto de la planta de tratamiento de residuos en la población.
Es importante señalar que el Parlamento Europeo, mediante la Propuesta de Resolución
sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos, aprobada recientemente, pide la
implantación gradual de una prohibición general de los vertederos de residuos a escala
europea y la eliminación progresiva hasta finales de esta década, de la incineración de
residuos reciclables y compostables.
2.4 Contexto socio-económico
Población con acceso limitado a los servicios básicos
El acceso a los servicios básicos a lo largo de La Cañada Real Galiana, es limitado y en algunos
casos ausente.
En cuanto al abastecimiento de agua potable y electricidad para las viviendas, no es realizado
por la administración sino que los propios vecinos han sido capaces de superar la
problemática organizándose para proveer de estos servicios a las viviendas de la zona.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
17
En cuanto al transporte público, a lo largo de los 14 km lineales que conforman la Cañada no
hay presencia de ningún tipo de transporte público, la movilización interna la resuelve cada
vecino según sus condiciones (coche, bicicleta, motocicleta, caminando). El uso del
transporte público depende de la proximidad del sector a otros núcleos urbanos y a líneas de
autobuses interubanos, siendo en el caso del camino sin asfaltar del Sector 6 bastante
complicado.
En cuanto a la recolección de desechos y el alcantarillado, no hay suministro de ninguno de
estos servicios, con excepción de la recolección de desechos de una parte de la zona norte de
la Cañada, el resto de la población ha generado actividades propias de la autoconstrucción y
gestión para solventar las demandas de estas necesidades, recurriendo en algunos casos al
apoyo mediante vecinos; sin embargo, en otros casos los desechos son depositados en sitios
baldíos o en los alrededores de las propiedades, convirtiendo en escombreras expuestas,
cercanos a las viviendas y generando problemas ligados a la basura, de manera inmediata a
los vecinos.
Con respecto al alumbrado público, a lo largo de los 14 km de la Cañada Real, hay tendido
eléctrico, sin embargo es en algunos sectores en donde hay alumbrado, los sectores que
tienen más facilidad de este servicio son el 1 y el 2, los sectores 3, 4, 5 cuentan con algunas
farolas, sin embargo no es en todo el trayecto, lo que deja sectores a oscuras. El Sector 6
cuenta con farolas, que funcionan con precariedad, por tanto en la actualidad no hay
alumbrado público en este sector.
En cuanto al asfaltado y mantenimiento de los caminos, no hay participación de ninguna
administración competente en pro de tratar estos problemas en la zona. A lo largo de los 14
km el estado de la calle varía mucho según el sector y hay tramos más deteriorados que otros,
sin embargo, conforme se va acercando hacia el sur de la vía pecuaria, el camino está más
deteriorado.
Tráfico de drogas y delincuencia
A la luz de la opinión pública este se presenta como el principal problema presente en La
Cañada Real Galiana, pero es necesario acotar que es un problema presente en el Sector 6, a
lo largo de aproximadamente 1km. En los demás sectores de la Cañada Real Galiana (del 1 al
5), difiere significativamente a la situación que enfrentan los vecinos del Sector 6. Los vecinos
de este sector, se ven expuestos a las consecuencias que engloba esta actividad delictiva en
una zona muy puntual. En su diagnóstico, ACCEM y Secretariado Gitano (2010) exponen que
“el deterioro del espacio público […], la sensación de malestar, inseguridad y riesgo, la
percepción de vivir en un medio hostil y agresivo, son evidentes en este tramo de la Cañada.
Todo ello contribuye de manera clara al aislamiento y segregación social y territorial de la
misma”.
En la Comunidad de Madrid históricamente han existido núcleos de venta de droga que han
ido desplazándose territorialmente y que explican su llegada a Valdemingómez en el año
2005. Entendemos la cuestión de la droga como un problema general de la comunidad
autónoma al margen del territorio donde se ubique espacialmente el punto de su venta, pues
no es sólo la acción de venta el problema sino el consumo por parte de la población
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
madrileña con sus repercusiones a la salud. Así pues, observando la movilidad de los puntos
de venta de droga a lo largo de los años de zonas como Villaverde (La Celsa), la Rosilla,
Barranquillas y ahora tras el paulatino desmantelamiento de estos, su ubicación en
Valdemingómez, observamos que las que esto provoca (tránsito continuo de vehículos que
acceden al lugar desde otros puntos de la región, la ubicación de los servicios de "Metabus" e
"Isidrobus" para la atención a las personas con problemas de drogodependencia en
Valdemingómez, inseguridad e insalubridad, conflictos personales derivados del síndrome de
abstinencia, restricción del uso del espacio público por parte de los habitantes y en especial
la población infantil, etc.) afectan sobre todo a los habitantes anteriores del asentamiento, y
se hace relevante en estos tiempos atender este problema social para determinar
actuaciones eficaces que atiendan el problema y no simplemente lo trasladen a otras zonas
como previamente ha sucedido.
Uso de las fuerzas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
Es a partir del año 2005 que dan inicio los procesos judiciales para derribos de casa,
realizándose el primero en el año 2007 correspondiente a la vivienda de un ciudadano
magrebí de nombre Abdul. Acontecimiento que ha venido repitiéndose constantemente
hasta la fecha.
Estos actos de derribos, no sólo son una carga emocional y física de las familias que los
enfrentan, sino también de sus vecinos que acompañan al afectado ante la situación, además
de que se encuentran en espera de que les llegue el turno de derribo de su vivienda, puesto
que la mayoría de los vecinos de la Cañada posee carta de notificación, motivo que provoca
la incertidumbre, ansiedad y malestar psicológico en los afectados, transmitiéndose a todos
los miembros de la familia, inclusive a los más pequeños, quienes ven sus estudios afectados
como parte del estrés emocional que les implica la situación.
Acompañado a esta carga psicológica, se suma el maltrato físico, que reciben las víctimas de
los derribos por parte de los agentes de seguridad del Estado que se encargan de realizar los
derribos. Se reportan casos de agresión y abuso del poder; tal como lo reseña Amnistía
Internacional en su portal 1 donde muestra diversas noticias informado acerca de los
procesos de derribo en la Cañada y el proceder de las autoridades al respecto.
Imagen estigmatizada de la población de la Cañada
Los medios de comunicación han dado a conocer la existencia de este asentamiento, sin
embargo fomentan en la sociedad una imagen negativa y generalizada para toda la Cañada,
indicando entre otras cosas, que corresponde al lugar principal de venta de droga de toda
Europa, situación que se aleja de la realidad y perjudica considerablemente a los pobladores
de la Cañada, ya que no sólo las personas externas al asentamiento se han creado un
concepto de peligrosidad y delincuencia de sus vecinos, sino que estos mismos han
interiorizado que esa imagen estigmatizada sobre ellos mismos, les limita para poder tener
acceso a derechos y condiciones básicas mínimas.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
19
La diversidad de la población de la Cañada Real
La población de la Cañada Real se caracteriza por una gran diversidad que debe ser tenida en
cuenta en la concreción de la solución a la problemática de la zona. Las principales variables
que caracterizan esta diversidad poblacional se recogen a continuación.
La variedad de grupos étnicos y culturales es característico de la zona ya que conviven
personas españolas, magrebíes, gitanas españolas, gitanas portuguesas, gitanas rumanas,
“mercheras”, rumanas, latinoamericanas y otros países de África y la antigua Yugoslavia. Esta
variedad es una oportunidad de intercambio que se manifiesta en la convivencia. Los
vínculos sociales que predominan son los familiares aunque también existen vínculos
culturales y religiosos. La interreligiosidad viene marcada por la presencia de dos Mezquitas
(en los sectores 5 y 6) y que además son Centros Culturales Islámicos, dos Cultos Evangélicos
(sectores 3 y 6) y la Iglesia de Santo Domingo de La Calzada (sector 6).
Los reasentamientos en la zona han sido determinados en ocasiones por la presencia de
parientes en el lugar de destino por lo que las parcelas son compartidas por varios núcleos
familiares con parentesco entre sí. La participación en las asociaciones vecinales ha
favorecido la superación de las problemáticas de la zona, sin embargo la mayor parte de la
población no está asociada.
La gran mayoría de las construcciones de la Cañada tienen un uso residencial. Encontramos
diferentes tipos de viviendas como son los conjuntos de casas distribuidas en torno a un
patio interior en una misma parcela, casas bajas con puerta a la vía, edificaciones de 2 y 3
pisos, chalets, casas de campo rodeadas de finca y una pequeña minoría de chabolas. Así
mismo, la mayoría de las viviendas disponen de los servicios básicos (agua, luz, saneamiento,
etc.) aunque otras no.
Respecto a las formas de tenencia de las parcelas, la mayoría de la población se considera
propietaria de la vivienda ya que muchos han pagado grandes cantidades por la parcela a su
anterior ocupante y construido su propia vivienda. También existen casos de alquiler de la
vivienda o de cesión. Hay personas que teniendo casa en la Cañada ahora residen en otros
barrios de Madrid y personas que tienen varias viviendas bien dentro de la Cañada o fuera.
La situación económica de las familias es diversa ya que en algunas trabaja un miembro de la
familia, en otras los dos progenitores y en otras ninguno. La gran mayoría de ellos está en
situación de desempleo, y la minoría restante sobrevive trabajando en empleos mal
remunerados o bajo situación de precariedad laboral. Muchas personas expresan no poder
pagar una vivienda en barrios de Madrid; otras proceden de desalojos o núcleos chabolistas
de Madrid (La Quinta, Pitis, Barranquillas, El Salobral, etc.). Esto hace que algunas personas
se sientan capaces de comprar su vivienda en Cañada y otras no.
Un alto porcentaje de familias que habitan la Cañada, principalmente de los sectores 3, 4, 5 y
6, reciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) u otras prestaciones sociales, siendo en
algunos casos la única fuente de ingreso familiar (ACCEM y FSG, 2010).
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Hay personas que trabajan en actividades vinculadas a la economía sumergida, como son la
venta ambulante, recolección y venta de chatarra, servicio doméstico, constructores y
albañiles, y el narcotráfico en el tramo de Valdemingómez.
Esta variedad de situaciones socioeconómicas se refleja también en el acceso a recursos
jurídicos, ya que hay familias que no pueden asumir los costes de los procesos jurídicos
abiertos para el derribo de las casas.
La experiencia laboral de muchas personas residentes en Cañada se vincula principalmente a
actividades como la construcción y el cuidado del hogar, aunque también a talleres
mecánicos, hostelería, pocería, peluquería,…Muchas personas proceden de entornos rurales
por lo que tienen amplios conocimientos en el ámbito de la agricultura y la ganadería que se
reflejan en la existencia de numerosos huertos y el cuidado de animales en la Cañada.
Con respecto a la educación formal nos encontramos con diversidad en cuanto al nivel
educativo alcanzado por las personas. Hay zonas en las que hay altos índices de
analfabetismo entre la población adulta, sin embargo hay muchas personas que han tenido
acceso a la educación obligatoria y algunas han estudiado bachillerato y carreras
universitarias. La población en edad escolar está en su mayoría escolarizada aunque hay
casos de absentismo escolar.
Estas variables van a determinar los intereses de la población con respecto a la Cañada, por
lo que deberían ser tenidas en cuenta a través de la participación de la población de la
Cañada en la elaboración del plan social que defina una solución integral a la problemática
de la Cañada Real.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
21
3. Por qué un Plan Integral Participativo
En este apartado explicaremos la relevancia que tiene el enfoque de las metodologías
participativas en los procesos de intervención social, y las razones por las cuales la
consideramos más adecuadas a un contexto complejo como el de La Cañada Real. Partimos
con un acercamiento al concepto de participación, luego reseñaremos las razones de por qué
es este tipo de intervención la que resulta más idónea para plantear las soluciones a las
distintas dificultades que se presentan en La Cañada Real, para finalmente señalar algunos de
los aspectos positivos, consecuencia de la aplicación de estas metodologías.
¿Qué es participación?
Sobre el concepto participación existen múltiples definiciones, sin embargo a continuación
señalaremos aquellas que para la propuesta presente nos parecen más pertinentes.
En términos generales se puede decir que participar es formar parte de algo y que
participación es el proceso mediante el cual la ciudadanía interviene, individual o
colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afectan
en lo político, social o económico (Cunill, 1997). Ernesto Ganuza (et al, 2010) define un
proceso participativo como la toma de decisiones por parte de los afectados por un
determinado problema en vistas a una acción colectiva para actuar sobre dicho problema
desde la racionalidad y la sencillez superando la mera negociación de intereses o la
propuesta.
Se consideran cuatro niveles sobre los que hay que trabajar y avanzar para conseguir un
proceso de desarrollo auténticamente participativo:
Información
Consulta
Decisión
Corresponsabilidad
Es relevante señalar que la participación está orientada a la transformación social. Son los
propios afectados por la problemáticas, los que mediante su acción producen cambios que
con llevan a un aumento de calidad de vida, al construir propuestas de solución para
satisfacer sus necesidades e influir en la respuesta de sus problemas.
¿Por qué intervenir desde el enfoque de las metodologías participativas en la problemática
existente en la Cañada Real Galiana?
En apartados anteriores se hace referencia a la multiplicidad de variables que inciden en la
complejidad de las problemáticas sociales de La Cañada Real. La tarea de solventar un tema
complejo como es el futuro de la Cañada es multidimensional ya que implica problemáticas y
soluciones a nivel urbanístico, legal, social, medioambiental, educativo, de desarrollo
económico, sanitario, comunitario, etc. Es por ello que es necesaria “una intervención de
carácter integral e integradora, donde cada problema no obtendrá resolución satisfactoria si
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
no se resuelven otros problemas de forma simultánea. La perspectiva holística y sistémica
incide en que los problemas que sufre una comunidad, como los recursos que
potencialmente posee para hacer frente a esos problemas, no puede ser considerados de
forma parcial o sectorializada, sino integral, transversal y estructurante". (Alguacil et. Al)
Se trata de, más que introducir exclusivamente elementos externos con el fin de modificar la
realidad del barrio, aprovechar las propias energías internas para crear sinergias con las
aportaciones externas, y originar procesos emergentes, nuevas formas y resultados en los
que el todo sea más que la suma de las partes. Desde esta forma de trabajar se propone un
encuentro entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento técnico, y el saber de la
comunidad. Es decir, que la construcción de las soluciones no viene determinada solo por
expertos o técnicos, sino también por los demás actores conocedores de la situación, desde
su cotidianidad.
El concepto de proceso, imprescindible en el paradigma de la participación y la complejidad,
aporta numerosas estrategias encaminadas a la construcción de redes de apoyo, conexiones
de compromiso y corresponsabilidad entre los distintos niveles de compromiso, orientación a
la praxis, y trabajar el sentimiento de pertenencia -"orgullo" de barrio-. Por lo tanto, los
procesos participativos arrancan de la red de actores implicados, ya sean miembros de la
comunidad sin organizar, asociaciones, entidades externas presentes en el territorio y
administraciones con competencias. Éstas deben coordinarse y colaborar en la intervención
para el cambio, desde la planificación, programación, ejecución y evaluación. Nos
planteamos, por tanto, un enfoque metodológico dirigido hacia la transformación y la
superación de problemas sociales locales que exige implicación y compromiso desde todo el
conjunto social. "Se trata de establecer procedimientos en los que el conjunto de los actores
cooperan en el aprendizaje para controlar y gobernar los procesos en los que se encuentran
sumergidos" (Algualcil et. Al)
La metodología participativa conduce a la comunidad con el fin de conocerse a analizarse y
reflexionar sobre sí misma. El proceso parte desde preocupaciones que dan cuenta de una
problemática que afecta, ocupa y preocupa a los diferentes agentes implicados a lo largo de
todo el proceso; se trata de inducir a una participación activa de todos aquellos actores
implicados.
Los procesos de este tipo son de reflexión sobre las causas de las problemáticas a través de la
implicación en situaciones en las que todos aprendan de todos para así plantear soluciones
coherentes. Es importante destacar el carácter dinámico de las problemáticas que se
presentan en la sociedad y, por tanto, la necesidad de redefinirlas de forma participada, en
cuanto a que de esta forma se trata de atender a la complejidad de intereses, actores y
relaciones. Lo anterior nos lleva a enfatizar la importancia de la continuidad del proceso
participativo. Para conseguirlo, un proceso participativo requiere de distintos momentos
claves, donde los miembros de la comunidad afectada deben tomar parte activa.
Esta metodología se ha mostrado muy efectiva para implicar a los ciudadanos en procesos
comunitarios, reduciendo la resistencia a los cambios, ya que genera un "gran sentimiento de
satisfacción en las intervenciones resultantes" (Alguacil et al.). Por ello, es importante tener
en cuenta la complejidad social de la Cañada, y la diversidad de colectivos y grupos. Una
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
23
correcta implicación de miembros activos de la comunidad en la toma de decisiones del
futuro del barrio es clave para la prevención de conflictos sociales, tanto dentro del barrio,
como en los posibles lugares que acojan a actuales habitantes de la Cañada. Y a su vez, esta
implicación puede constituir una buena política preventiva de dinámicas de exclusión y
empobrecimiento de los colectivos más vulnerables socialmente.
La lógica subyacente a todo proceso participativo indica que conseguir hacer partícipes a los
vecinos pronostica mayor implicación con el desarrollo y el mantenimiento del barrio.
Partiendo de la premisa de que los mayores conocedores de la realidad de un barrio son las
personas que lo viven y habitan, las soluciones que tengan en cuenta en todo momento sus
opiniones, puntos de vista y necesidades, conseguirán un mayor éxito. Y esto, sin duda, es un
sano ejercicio de la democracia y de las políticas públicas, en materia de intervención,
prevención e implementación de planes.
¿Qué beneficios se obtienen con la participación?
La aplicación de esta metodología vendría además justificada por los mejores resultados que
se observan en los criterios de evaluación de proyectos de desarrollo. Así, distintos autores
provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales, como el antropólogo Norman
Uphoff, el sociólogo Julio Arnanz defienden la aplicación de esta metodología por los
resultados que genera en base a los siguientes criterios: eficiencia, equidad, delegación del
poder, pertinencia, eficacia, impacto, viabilidad y sostenibilidad y coherencia.
La participación crea un mayor empoderamiento de la comunidad, multiplicando la
efectividad de los proyectos. Las personas deben estar implicadas en todo el proceso desde
su definición, planificación hasta su ejecución, basándose problemáticas locales. Esto
fomenta el sentido de pertenencia y apropiación haciéndose participes y corresponsales del
proceso. "Los objetos de investigación pasan a ser sujetos pensantes y negociadores de la
acción" (Alguacil et al.).
La participación disminuye los niveles de resistencia a la intervención, que al ser considerada
como propia, reduce las trabas para poder diseñar políticas eficaces y sostenibles en el
tiempo.
Por otra parte, la práctica continua de la participación da resultados positivos como la
elevación de la autoestima individual y colectiva, potencia a los grupos desfavorecidos, hace
crecer su confianza en sus propias capacidades, y contribuye a su articulación, facilitando el
surgimiento potencialidades de la comunidad, contribuyendo a superar niveles de exclusión
social en contextos de vulnerabilidad.
Las comunidades pueden no tener recursos económicos, pero tienen un capital social, esto
es: valores compartidos, cultura, tradiciones, sabiduría acumulada, redes de solidaridad y
expectativas de comportamiento. Cuando se logra poner en marcha este capital social los
resultados pueden ser productivos, y pueden suponer un importante ahorro de recursos a la
administración cuando se contemplan desde la perspectiva del desarrollo local.
En resumen, los principales beneficios que se obtendrían con una intervención social con
metodologías participativas serían las siguientes:
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Identificación más ajustada de los intereses, necesidades, preocupaciones de los/as
afectados/as por la problemática.
Movilización de los recursos propios de la comunidad (conocimientos, tiempo, capital
social, etc.) repartiéndose las responsabilidades entre los distintos agentes
implicados en la toma de soluciones.
Diseños más adaptados y sostenibles por la apropiación de los programas por parte
de los/as afectados/as como suyos.
Prevención de consecuencias desfavorables que aparecen posteriormente en las
fases de ejecución y mantenimiento de programas de intervención no participativos.
Además, esto supone una inversión mayor a largo plazo para paliar las problemáticas
surgidas por llevar a cabo una intervención sectorializada y no integral.
Con respecto a esto último, pero también relacionado con los puntos anteriores, una
intervención participativa conlleva una disminución de costos, principalmente de
recursos económicos y técnicos.
Por último, creemos importante señalar que los apartados que aparecen a continuación,
relacionados con las propuestas demuestran que sería la intervención con metodologías
participativas la más pertinente para el establecimiento de las soluciones para la Cañada
Real. Este informe resulta un ejemplo de que existen colectivos organizados (entidades
externas y asociaciones de vecinos/as) y colectivos no organizados que a través de distintas
iniciativas de planes sociales han estado implicándose en la construcción de las diversas
soluciones para la Cañada Real.
Organismos internacionales que validan la participación y otros procesos que han resultado
con éxito
En actualidad gran parte de los organismos internacionales incluyen la participación también
como elemento de desarrollo y en algunos casos ha sido institucionalizada como política
oficial. El departamento de políticas del Banco Mundial ha diseñado estrategias a largo plazo
en las que incluye a las comunidades afectadas por los planes de desarrollo aplicados,
alegando que deben ser incluidas en la toma de decisiones. Por otra parte la Organización de
Naciones Unidas fomenta la participación como eje fundamental para la cooperación técnica;
el PNUD destaca en el año 1993 que “la participación es un elemento esencial en el
desarrollo humano” y que la gente “desea avances permanentes hacia una participación
total”.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
25
4. Descripción del proceso realizado
La Aldea Social es una asociación que viene trabajando en la Cañada Real desde el año 2008
en intervención social y desarrollo local con un enfoque basado en metodologías
participativas y empoderamiento comunitario. Ha realizado diversas actividades:
diagnósticos comunitarios, capacitación en cuestión de derechos poblacional, gestión de
trámites, acompañamientos jurídicos y psicológicos de la población, como también difusión
en diversos espacios (Universidades, Centros Sociales, etc.) de la situación de la Cañada Real.
A raíz del nuevo escenario que se abre con la aprobación de la ley en Marzo de 2011 que
marca el establecimiento de un acuerdo marco entre los agentes implicados, y en base al
trabajo realizado por Aldea Social de escucha de las inquietudes, preocupaciones y deseos de
los/as vecinos/as de distintos sectores en estos últimos años, se decide junto al máster de
participación de la UCM abrir un proceso de trabajo conjunto orientado a dar inicio a un plan
integral participativo, con la finalidad de facilitar la implicación de la base poblacional en la
toma de decisiones en torno a la situación de la Cañada Real y su incorporación en la mesa
de negociaciones. De esta manera se abre un trabajo entre:
vecinos/as asociados y no asociados de los sectores 3, 4 y 6
entidades que trabajan en la Cañada
expertos/as en diversas áreas (urbanismo, medioambiente, economía, etc.)
El objetivo principal del inicio de este proceso era debatir y crear propuestas viables que den
solución a las diversas problemáticas, inquietudes e intereses que nos encontramos en estas
zonas.
El trabajo de campo realizado desde noviembre de 2011 en los sectores 4 y 6 ha consistido
en:
Reuniones informativas con vecinos/as sobre el proceso de ley y negociación en el
que se encontraba la Cañada.
Acompañamiento a vecinos/as a reuniones con administraciones,
Reuniones informativas y acompañamiento en el proceso de empadronamiento de la
población del sector 4.
Grupos de conversación informal acerca de las preocupaciones e intereses sobre el
futuro de La Cañada.
Reuniones de coordinación entre entidades
Entrevistas a expertos/as temáticos.
Sistematización de las reuniones tenidas con la administración, y
Sistematización de la información secundaria que se ha ido recopilando a través de
Informes-diagnósticos realizados.
Como continuación de este proceso se planteó la presentación de la información recopilada y
el esbozo de propuestas acerca de los temas relevantes para la solución integral de La
Cañada, (urbanísticos, económicos, legales, medioambientales y sociales).
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Ante la publicación del Protocolo de intenciones entre la Consejería de Asuntos Sociales, la
Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-
Vaciamadrid sobre el plan de trabajo para alcanzar un Acuerdo Marco de contenido social en
la Cañada Real Galiana que establece como fecha límite de negociación el 31 de Julio de 2012,
se remarcó la necesidad inmediata de empezar a crear espacios que pudieran propiciar la
construcción vecinal de propuestas que fueran consideradas por parte de las
administraciones en el proceso de negociación. Esto se concretó en dos líneas de acción:
Trabajo con técnicos de entidades externas que se inició con la presentación de esta
iniciativa realizada en la reunión de técnicos/as que tuvo lugar el mes de abril en la
Parroquia de Santo Domingo de la Calzada (Valdemingómez), estableciendo un plan
de trabajo entre las entidades para llevar a cabo los siguientes meses.
Trabajo con la población de la Cañada en los sectores IV y VI para lo que se optó por
realizar unas jornadas de devolución de la información clasificándola por áreas
temáticas.
A continuación se detalla el proceso seguido:
1. Jornadas informativas y de debate de las problemáticas y las propuestas presentadas:
Los días 9, 10, 14 y 18 de Junio se realizaron las presentaciones de los estudios recopilados y
de las distintas propuestas. En base a éstas se estableció un debate que concluyó con la
formación de grupos de trabajo de propuestas.
Ejemplo de diagnóstico tratado en los talleres
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
27
Ejemplo de propuestas presentadas
2. Grupos de trabajo de reflexión y de construcción de propuestas
- 12 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el S.IV.
- 13 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el S. IV.
- 14 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el s. IV.
- 14 de Junio: Grupos de trabajo sobre la remodelación y realojo in situ del camino asfaltado
del sector VI.
- 15 de Junio: Grupo de trabajo de remodelación en el S. IV.
- 18 de Junio: Grupo de realojo en el camino sin asfaltar del S. VI.
3. Jornadas de presentación y debate de las conclusiones preliminares
16 de junio: se realizaron las jornadas de presentación y debate de las conclusiones extraídas
de los grupos de trabajo de debate y construcción de propuestas, en los sectores IV y VI
(camino asfaltado).
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
Jornada de presentación en el camino sin asfaltar
4. Jornada de presentación en el Foro Social de Rivas
23 de junio: Se organizó una presentación pública de estas propuestas en un acto que tuvo
lugar en la Casa de Asociaciones de Rivas, inscrito en el marco del Foro Social de Rivas. Los
objetivos de esta convocatoria eran:
Presentar públicamente (a las Administraciones, a los vecinos y vecinas de los
municipios aledaños y a la propia comunidad vecinal de Cañada Real) las
conclusiones preliminares acerca de las jornadas realizadas en La Cañada
Propiciar espacios de debate comunitario.
A continuación, se establece una descripción acerca de las diferentes propuestas temáticas
que se trabajaron con la comunidad, que no pretenden ser definitivas, sino que como se
mencionó anteriormente son el inicio de un proceso que incluye diversas propuestas que
requieren de una continuidad en su elaboración, reflexión y priorización a través de la
constitución de estos grupos de trabajo, y la posterior puesta en común en asambleas
abiertas a todas las personas interesadas.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
29
5. Propuestas Integrales Participativas para la Cañada Real
5. 1 Propuestas Urbanísticas
Remodelación del asentamiento, construyendo un eco-barrio
Desde todos los enfoques analizados, la regularización de las viviendas existentes en Cañada,
al menos de su mayor parte, es la opción más viable, sostenible, satisfactoria y demandada
por la población de Cañada. A su vez debe atenderse las preferencias de otro número de
habitantes de Cañada que se manifiestan favorables a otras alternativas como el realojo,
demanda que hay que resolver, además de permitir la obtención de suelo para la opción de
remodelación, ya que quedarían vacantes esas parcelas para otros usos.
No obstante, entendemos la regularización dentro de un proceso de remodelación
urbanística que debe ser planificada, gestionada y ejecutada con participación de las
Administraciones implicadas y los habitantes de la Cañada. Esta propuesta goza de la
aceptación de habitantes, colectivos y entidades que actúan en Cañada, como refleja la
propuesta vecinal de rehabilitación urbana de los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 el Plan Cañada
elaborado por Todo por la Praxis, o el Plan Social Integral Participativo de la Asociación
vecinal Al Shorok-Amanecer diseñado urbanísticamente por Arquitectos Sin Fronteras.
El Plan Cañada (Todo por la Praxis, 2012) cifra en un coste muy inferior la remodelación
urbanística de la Cañada Real y rehabilitación de las viviendas, en relación con las inversiones
necesarias para el desmantelamiento del asentamiento que incluiría, el coste de derribo de
edificaciones, desescombro, recuperación del suelo y reforestación y realojo en nuevas
viviendas. El presupuesto estimativo calculado para 400 viviendas del coste de
desmantelamiento y realojo ascendería a más de 66 millones de euros, mientras que la
remodelación y recuperación urbana supondría 30 millones de euros.
Además, en el coste total de la operación deben considerarse las compensaciones o
indemnizaciones que corresponderían a los actuales ocupantes de Cañada en resarcimiento
de los derechos adquiridos sobre el territorio como consecuencia de la tolerancia y pasividad
de las Administraciones durante décadas, permitiendo la construcción de viviendas y los
gastos derivados de vivir en la Cañada Real, evidenciado en prácticas como el reconocimiento
de la condición de suelo urbano de Cañada en el Impuesto de Bienes Inmuebles y que se ha
venido recaudando a parte de los habitantes, o indemnizaciones que se han venido
concediendo a otros habitantes por la expropiación de terrenos para la construcción de
infraestructuras como la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona o la M-50. La inacción
pública abre la vía al ejercicio de acciones legales de reclamación de responsabilidad
patrimonial contra las Administraciones, que dentro de un acuerdo participado con los
habitantes de la Cañada Real podrían ser compensadas con la regularización o facilitación de
realojos en otras viviendas.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
La Rehabilitación
La opción de remodelación requiere de una fase previa de estudio detallado sobre el terreno
para cada vivienda y parcela, que diagnostique la viabilidad y coste de la remodelación de
cada unidad dentro de su contexto espacial y en función de diferentes criterios como el
grado de idoneidad constructiva actual o alcanzable mediante la rehabilitación de las
mismas, los niveles de cumplimiento con las condiciones de habitabilidad exigidas, o la
superficie actual de las viviendas y parcelas en que se asientan y su proyección futura en
función de los parámetros que se estipulen para el territorio.
Teniendo en cuenta estos factores, se propone la rehabilitación de las viviendas para dotarlas
de las condiciones exigidas por la normativa urbanística y de edificación, bajo criterios socio-
urbanos (distinción de tipologías y usos, especificación de parámetros de parcelas mínimas y
máximas, alturas máximas, etc.), de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.
Atendiendo al diagnóstico de partida, el asentamiento requiere a su vez la dotación de
equipamiento urbano (red de alumbrado y saneamiento, asfaltado de la vía y dotación de
redes públicas, red telefónica, etc.) y servicios públicos (trasporte público, comercios, plazas
y espacios públicos, escuelas, centros sociales y de salud, etc.) necesarios. El viario central
existente en la actualidad requiere a su vez una adaptación que permita la circulación de
vehículos y viandantes en condiciones óptimas (Todo por la Praxis, 2012).
Reordenación y remodelación del barrio
En función de las diferencias morfologías que presentan los distintos tramos de Cañada
descritos en el diagnóstico, se observan actuaciones de integración del territorio
perteneciente a la Cañada a través de la trama viaria (mediante accesos como calles,
rotondas, pasarelas u otras infraestructuras) de los núcleos colindantes ya consolidados o
futuros, como es el caso de El Cañaveral y Los Cerros en el término municipal de Madrid, o
Covibar, El Cristo de Rivas y La Fortuna en el municipio de Rivas.
La remodelación de los nuevos viales de conexión requiere un estudio previo que atienda en
la medida de lo posible el suelo desocupado o que resulte libre por los habitantes que deseen
acogerse a la opción de realojo. La creación de un vial lateral a la actual línea de
edificaciones, como el que se está construyendo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid
(barrio de la Fortuna) permitirá la conexión e integración con las tramas urbanas
consolidadas, además de facilitar la regulación de diferentes direcciones de circulación
atendiendo a la vía central de la Cañada Real.
Los espacios libres mencionados, a su vez, permitirán ubicar los equipamientos y dotaciones
públicos futuros así como las zonas verdes requeridas (Todo por la Praxis, 2012)
Los tramos de Cañada que quedan separados de áreas urbanas próximas (tramo del sector 4
entre la línea del AVE y M-50, tramo del sector 5 colindante con la A-3 y el sector 6), cuentan
con menos facilidades sobre el terreno para lograr el acceso a los servicios necesarios para
una vida plena ya establecidos en otros entornos, requiriendo de medidas encaminadas a la
dotación de equipamientos públicos en el terreno (centros de salud y educativos,
equipamientos culturales, de ocio y deportivos, bibliotecas, espacios sociales –ya sean en
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
31
edificación o al aire libre-, etc.), así como de espacios destinados al pequeño comercio de
proximidad (locales comerciales, mercados o mercadillos al aire libre).
Sin embargo estas zonas, al situarse en el margen de entornos no urbanizados, presentan dos
grandes oportunidades de actuación estratégica. Por un lado, la existencia de suelo no
urbanizado en sus márgenes permite la ampliación del ancho que ocupa la Cañada para un
reordenamiento no lineal del nuevo barrio, creando líneas de edificación paralelas que
posibilitarían reubicar las viviendas (realojo in situ) que se vean afectadas en el
reordenamiento (viviendas cuya demolición fuese aconsejable como consecuencia de su
reducido tamaño o por la construcción de viales u otras infraestructuras o servicios sobre su
suelo, etc.), así como equipamientos y servicios.
Por otro lado su baja densidad edificatoria e integración en entornos no urbanizados,
convierten a estos tramos en potenciales espacios de transición y conexión entre los núcleos
urbanos y el entorno rural, abriendo la posibilidad de intervenir en la recuperación de zonas
que se han visto dañadas durante décadas de agresiones ambientales.
Realojo voluntario participativo
El realojo es otra propuesta a tener contemplada para la toma de solución de la Cañada Real
por varios motivos, el primero de ellos es porque así lo solicitan algunos/as vecinos/as de los
distintos sectores de Cañada; el segundo porque para que la reordenación y remodelación
urbana de Cañada que se propone según zonas sea viable será necesario contar con espacios
en los que existen casas y por tanto, las personas afectadas tendrán que ser participes de la
solución que se dé a su reubicación o realojo; y tercero, a nivel estructural existen distintos
condicionantes físicos en el territorio que dificultan la habitabilidad en algunas zonas.
En relación al primer motivo, son distintos los discursos escuchados a la gente con respecto a
la propuesta de realojo en los talleres realizados en el Sector 4, en el camino asfaltado del
Sector 6 y el camino sin asfaltar del Sector 6. Estos discursos además se hallan relacionados
con los condicionantes físicos de cada zona de Cañada. Así existe una relación directa entre
peores condiciones de habitabilidad de la zona y mayor porcentaje de población que solicita
un realojo fuera de Cañada. De esta manera nos encontramos que la proporción de personas
que solicitan el realojo en el sector 4 es menor que en el camino asfaltado del sector 6 y a su
vez en esta zona es menor que en el camino sin asfaltar del sector 6. En este sentido sólo nos
hemos encontrado con una tendencia mayoritaria a querer ser realojados en el camino sin
asfaltar debido a distintos factores, las condiciones de habitabilidad de las casas: “vivo en una
casa que no tiene tejado”; “mi casa es de chapa y madera y tengo muchas goteras”, “no
tengo ni luz, ni agua”; las condiciones físicas de la zona como el aislamiento: “estamos muy
lejos del metro”, “para poder ir al médico o a recoger el correo tengo que tener coche o
andar durante horas”; la planta de tratamiento de residuos: “algunas tardes es imposible
salir a la calle por el olor que se desprende”, y las condiciones urbanas “con el barrizal que se
forma en el camino a veces ni podemos caminar”, “el cableado de la luz va por el suelo y es
peligroso para los niños”. Con respecto a la zona asfaltada, los principales motivos que
manifiestan para querer marcharse son el trafico de drogas “la zona de la droga hace que no
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
puedas pasar por allí a determinadas horas”, “yo no quiero que mis hijos crezcan en este
entorno”. Aunque un porcentaje alto de personas que acudió a los talleres manifestó su
deseo de quedarse, remodelando la zona. Con respecto al sector 4, el porcentaje de personas
que manifestó su deseo de ser realojado era minoritario. Las razones que se dieron para
solicitar el realojo hacían referencia a las condiciones de poca habitabilidad de las viviendas
en las que residían.
Valoraciones a considerar en un proceso de realojo: ¿Por qué no es recomendable un
realojo sin la participación en el diseño de este de las personas implicadas en este proceso?
Con respecto a la propuesta de realojo que en este informe se realiza, es importante aclarar
que esta ha sido trabajada tanto con expertos/as en esta materia (entrevistas realizadas a ex
trabajadores del IRIS, trabajadores sociales de la C.A.M y entrevista y participación en los
talleres de un abogado especialista en materia de urbanismo), técnicos/as que trabajan en
Cañada y vecinos/as de las zona antes mencionadas.
En este sentido se han podido extraer algunas conclusiones preliminares a tener en cuenta
en el proceso de realojo que se ponga en marcha en la Cañada Real.
En primer lugar, los expertos/as consultadas en esta materia así como estudios revisados1,
señalan que algunos de los fracasos de los realojos de estas últimas décadas están ligados a
problemas no previstos dentro de la fase de planificación del realojo. Encontrándose
posteriormente con consecuencias negativas de diversa índole que hacen que el proceso de
realojo sea más costoso. Algunas de las consecuencias mencionadas son las siguientes:
Mal uso de espacios comunes
Falta de civismo
Denuncias y agresiones físicas y verbales.
Ruptura de redes familiares y de confianza
Imposibilidad de ejercer sus actividades económicas
Pérdida de libertad de movimiento
Problemas de distancia con la familia
Inserción laboral dificultada
Conflictos con el vecindario
Todo esto ha conllevado a largo plazo una inversión económica mayor por parte de las
administraciones para paliar las consecuencias negativas de los errores que no se han previsto
en la fase de planificación. Estos errores se deben en una parte importante a la no inserción y
participación durante esta fase de la población afectada por el realojo. En este sentido, la
involucración por parte de los vecinos/as en las condiciones del realojo es una cuestión
fundamental para un mayor éxito de éste, ya que así lo demuestran experiencias de realojo
como Palomeras (Vallecas) en los años 1980. Además, así se ha realizado en algunas
ocasiones en las que se han negociado los criterios de los “convenios-programa” de los
realojos con vecinos/as involucrados.
1Tesis Doctoral: Nogués Sáez, Luis (2010). “Exclusión residencial y políticas públicas: El caso de la
minoría gitana en Madrid 1986-2006”
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
33
En esta dirección se ha trabajado principalmente con vecinos/as las siguientes condiciones en
base a los criterios no negociables que se establecen para ser o no beneficiario de un realojo
(ej.: tener otra propiedad inmueble, haber sido adjudicatario de una vivienda de realojo en
los últimos años, etc.). En base a estos criterios se han trabajado las siguientes cuestiones a
tener en cuenta a la hora del realojo:
- Tipología de vivienda: Unifamiliar o piso.
- Lugar del realojo: Se han contemplado distintas opciones de realojo en zonas aledañas
que podrían ser viables, sobre todo en cuestiones de participación en el diseño y
planificación de las viviendas:
Los Cerros: al estar siendo revisado el plan parcial de este desarrollo urbanístico
puede ser una oportunidad para llevar a cabo un desarrollo y planificación
urbanísticas en el que sean partícipes todos los actores involucrados en el realojo
(Vecinos/as, Administraciones y técnicos/as)
Valdecarros: El desarrollo urbanístico al contemplar distintas tipologías de
vivienda (unifamiliar, pisos en altura) y su cercanía tanto a Cañada como a los
centros de salud y enseñanza de las unidades convivenciales supone otra zona a
valorar.
- Tipo de realojo: Disperso vs. En comunidad.
En este sentido, las investigaciones citadas previamente coinciden en afirmar que
tanto los realojos dispersos como en los que se ha realojado en comunidad han
traído consecuencias negativas. En el primero de ellos las consecuencias
negativas que se producen se han comentado al comienzo de este epígrafe y
principalmente están referidos a la ruptura de lazos de supervivencia y familiares
que conlleva otra serie de problemáticas asociadas. En el segundo de los casos se
ha observado la amenaza de la formación de guetos. Los discursos recogidos de
vecinos/as en los talleres señalarían que hay personas que prefieren un tipo de
realojo disperso y otras en familias extensas o comunidades pequeñas. Un
modelo mixto e integrado en el que se tengan en cuenta también junto a que
unidades convivenciales se querría ser realojado y por qué sería otro criterio a
tener en cuenta.
- Ubicación de los colegios de los/as hijos/as: Este es un criterio que han señalado los
vecinos/as a tener en cuenta a la hora de elegir la zona del realojo, ya que por algunas
familias se considera una prioridad el poder mantener a sus hijos/as en los colegios que
están matriculados
- Inserción laboral: En este sentido se ha señalado importante para la tipología de la
vivienda que se tenga en cuenta las profesiones que desarrollan las personas realojadas, así
por ejemplo, en el caso de chatarreros, que las viviendas donde sean realojados tengan
lugares donde puedan depositar ésta, para por tanto poder seguir desarrollando su
profesión. Además, se señala como importante crear un plan de inserción socio-laboral para
aquellas que se encuentren en paro.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
- Flexibilidad en los pagos: En este sentido se ha solicitado que se acoten los pagos a la
renta.
- Junta de compensación: Que consistiría en indemnizar económicamente a aquellas
personas que de una casa unifamiliar pasan a vivir en pisos, puesto que supone un agravio.
En último lugar, con respecto a esta propuesta es importante señalar que uno de los
problemas de la ausencia de acompañamiento posterior al realojo, son las limitaciones
económicas de las personas, y que al estar en condiciones de formalidad habitacional deben
de cubrir los gastos de su vivienda, y existen casos en los que no se cuentan con ingresos que
permita satisfacer esos gastos. Por tanto un programa de vivienda aislado de un plan de
acompañamiento social no es sostenible y puede llevar a la población a tener complicaciones
socioeconómicas en el proceso que puede desembocar en la pérdida de la vivienda por
incumplir con pagos establecidos.
5. 2 Propuestas Jurídicas
Modelo de cogestión público-vecinal
Titularidad mixta de los terrenos
Se propone la coexistencia de varios modelos de tenencia legal del suelo, pública, privada y/o
comunitaria, atendiendo a las diferencias socioeconómicas y de usos existentes en el
territorio, que garantice la accesibilidad e igualdad a la vivienda de los actuales habitantes.
Las amenazas y dificultades detectadas en el diagnóstico en relación a la venta de los
terrenos de Cañada Real a sus ocupantes son, que podría excluir a una buen número de
habitantes actuales de Cañada del proceso de regularización así como propiciar fenómenos
especulativos en beneficio de inversores ajenos a Cañada, por lo que nos obliga a buscar
fórmulas que eviten tanto la especulación como la exclusión de los propios habitantes de la
Cañada de la futura vivienda en la zona, especialmente aquellos que se encuentran una
situación económica más inestable o precaria.
La posibilidad de venta de terrenos a ocupantes se tiene en cuenta pues es una opción
demandada por un sector de la población de la Cañada que se ha manifestado a favor de la
misma, si bien no es la única opción que proponemos ni la que observamos como más
adecuada. En cualquier caso, esta opción no puede ser la única por los motivos ya expuestos
y, de producirse, los ingresos obtenidos por la venta de algunas parcelas o tramos deberían
revertir en la financiación de la operación de remodelación para generar equidad en el
proceso a favor del común de los habitantes.
Otra opción, que tanto el Plan Cañada (Todo por la Praxis, 2012) como el Plan Social Integral
Participativo (Al Shorok-Amanecer, 2012), por la que se posicionan en favor habitantes de la
Cañada en la regularización de la situación legal de las viviendas es mediante el derecho de
superficie, una modalidad de propiedad pública del suelo que coexiste con la propiedad
privada de la construcción por sus actuales ocupantes.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
35
El derecho de superficie tiene una duración limitada en la normativa autonómica de la
Comunidad de Madrid a un máximo de 75 años, momento en el que el derecho del
superficiario revierte de nuevo a favor de la Administración que recupera la propiedad plena
del suelo y la construcción, aunque puede ser sujeto de negociación en el paso del tiempo e
incluso ser sujeto de venta por los beneficiarios/as del mismo.
La adjudicación del derecho de superficie podría ser gratuita o bien mediante un precio
asequible, siendo posible la venta del derecho por parte del superficiario, lo que permitiría la
recuperación de la inversión destinada a la construcción de la vivienda o cesión en el
mercado informal que ha venido produciéndose en la Cañada Real.
El Plan Cañada (Todo por la Praxis, 2012) plantea a su vez para esta opción un modelo de
cogestión público-privado entre Ayuntamientos y vecinos/as, mediante la constitución de
comunidades de propietarios regidas por la Ley de Propiedad Horizontal o entidades
urbanísticas para la gestión comunitaria de los servicios e instalaciones de Cañada.
En el trabajo llevado a cabo con los habitantes de la Cañada Real se han detectado algunas
debilidades en este modelo de tenencia del suelo, principalmente su plazo limitado en el
tiempo, pero también la incertidumbre sobre el precio de la adjudicación del derecho de
superficie, las dificultades para su transmisión o la recuperación de la inversión.
Una tercera modalidad de tenencia o disfrute que se propone es la declaración de los suelos
desafectados como bienes comunales, figura de origen consuetudinario y vinculada al
entorno rural, pero de reconocimiento constitucional (art. 132 CE), cuyo escaso desarrollo
legal plantea dificultades de adaptación a entornos urbanos y aprovechamientos
habitacionales, pero que consideramos integra también numerosas oportunidades en su
implantación como mecanismo de satisfacción de los derechos humanos, como el derecho a
la igualdad de las personas, o el derecho a un medio ambiente adecuado (Procurador del
Común de Castilla León, 2011), y concretamente, en este caso, el derecho a una vivienda
digna reconocido en el art. 47 CE, mediante la implementación de modelos de gestión
comunitaria y disfrute igualitario en las ciudades.
Los bienes comunales poseen características que los asemejan a los de dominio público
(inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad) y que evidencia la importancia de su
protección y reconocimiento por la Constitución de 1978. Si bien, también se diferencia de
aquellos por las dos notas más características que los definen: titularidad compartida entre
vecinos/as y Ayuntamientos por un lado, y por otro que el aprovechamiento corresponde al
común de los vecinos (STS de 21 de febrero de 2007). Estas dos notas definitorias conforman
un verdadero modelo de propiedad compartida pública-colectiva y cogestión de los
aprovechamientos, así como el mantenimiento y conservación de los bienes comunales, en el
que la titularidad, facultades y obligaciones son compartidas entre Ayuntamientos y
vecinos/as, permitiendo un mayor control por parte de estos sobre la gestión y su plena e
igualitaria participación en la toma de decisiones a través de la Junta Vecinal, órgano
formado por la totalidad de los habitantes con derecho de aprovechamiento.
Los bienes comunales, al igual que los de dominio público, se encuentran fuera del comercio,
motivo por el cual una de las oportunidades que proporciona la afectación de los suelos de
Cañada Real a bien comunal, es la gratuidad del aprovechamiento del suelo o, en su caso,
mediante un canon de escasa cuantía. La normativa legal de los bienes comunales permite la
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
adjudicación del aprovechamiento por parcelas (lotes), cuando no resulte posible el
aprovechamiento colectivo, así como la adjudicación con carácter vitalicio. Al tratarse de
bienes inalienables no es posible su venta, lo que supone una garantía frente a posibles usos
especulativos a favor de un aprovechamiento de los recursos públicos y colectivos de forma
más igualitaria, preservando además de algún modo el carácter de origen de estos terrenos.
Nombramiento de un Comisionado Mixto
La complejidad de las acciones a desarrollar durante el tiempo que se tarde en ir realizando
las resoluciones globales a la situación de la Cañada, van a llevar parejas las intervenciones
de una gran cantidad de instituciones tanto de las distintas administraciones como de
entidades privadas. No sólo es que sean competencias distribuidas entres distintos órganos
de gobierno tales como Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno,
sino también entre distintas Concejalías de los diferentes Ayuntamientos, así como de
diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
Es por ello que vemos imprescindible la creación de una figura capaz de coordinar todas y
cada una de las actuaciones a fin de que esta acción permita una mayor eficacia y evite
solapamientos y acciones que desbaraten, por su naturaleza o por su tiempo de ejecución,
las acciones de otros actores en el escenario de la Cañada.
La figura del Comisionado para la Cañada Real no es algo nuevo en el ámbito de la
intervención social. Se ha llevado a cabo con éxito en otros lugares tales como el Polígono Sur
de Sevilla en las denominadas 3.000 viviendas. Siendo conscientes de que no todo son luces,
sino también sombras, entendemos, no obstante, que la función de una figura que coordine
todas las acciones es absolutamente imprescindible y necesaria, habiendo de estar dotada de
la autoridad suficiente como para poder realizar su tarea sin cortapisas por parte del resto de
las instituciones.
Así mismo, entendemos que esta figura debiera ser en lo posible no dependiente de ninguna
administración en concreto, de manera que no defienda unos intereses en relación con otros,
sino que posea la libertad suficiente como para poder velar, también, por las necesidades y
los derechos de todos los vecinos que residen en la Cañada, así como por su acción
participativa que avale la solidez del proceso que lleva a la inclusión de los vecinos, en su
totalidad, en el orden global del marco social en que el que la ley intenta se ubiquen.
Proyecto de Alcance Regional (supramunicipal)
Dada la complejidad física de la Cañada Real, que discurre por varios municipios y cuyas
competencias se reparten entre diferentes Administraciones, proponemos una figura de
planeamiento urbanístico de alcance supramunicipal unitaria para toda la operación, que
reduzca trámites, concentre y optimice esfuerzos, reduzca los plazos de ejecución, facilite la
coordinación entre los diferentes actores y permita una actuación coherente en todo el
territorio con independencia de los términos municipales afectados.
El Proyecto de Alcance Regional viene regulado en los artículos 33 y siguientes de la Ley
9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que lo define
como “actuaciones territoriales concretas que en desarrollo del Plan Regional de Estrategia
Territorial y demás instrumentos de Ordenación del Territorio aplicables o cuando razones de
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
37
urgencia y excepcional interés público así lo exijan, ordenan y diseñan, con carácter básico y
para su inmediata ejecución, obras e instalaciones de carácter regional”, pudiendo
comprender terrenos situados en uno o varios municipios, y desarrollarse en suelo no
urbanizable no programado y urbanizable sectorizado.
Permite además la participación de los particulares en la elaboración, promoción y ejecución
del Proyecto.
5.3 Propuestas Medioambientales
La Eco-Cañada
La remodelación propuesta sobre Cañada abre la posibilidad a una profunda
transformación del asentamiento y su entorno, convirtiéndolo en un eco-barrio. El Plan
Cañada (Todo por la Praxis, 2012) y el Plan Social Integral Participativo (Al Shorok-
Amanecer, 2012) recogen a su vez algunos de los criterios que aquí se proponen.
Tanto en la remodelación urbana como en la rehabilitación de las viviendas se propone la
aplicación de criterios de sostenibilidad mediante la implantación de sistemas de
generación de energías renovables de gestión comunitaria, sistemas de optimización del
consumo (energía, agua, etc.) y empleo de materiales reciclables, que reducirían los
impactos ambientales (emisiones contaminantes, consumo de recursos y generación de
residuos), así como los costes económicos de la generación energética.
Dentro de las medidas de recuperación del entorno rural, que se ha propuesto
anteriormente, se plantea la creación de un Parque Agroecológico para el aprovechamiento
y gestión vecinal que favorezcan las relaciones comunitarias, permitan el establecimiento
de proyectos de empleo local y autosuficiencia económica, además de contribuir a la
reducción de la grave situación de contaminación ambiental que sufre la región, creando
además un marco espacial de convivencia e interacción con el entorno natural que permita
elevar la calidad de vida.
La actuación sobre los entornos no urbanizados incluiría la reforestación de las zonas
degradadas mediante especies autóctonas que permitan su aprovechamiento productivo
dentro de los parques agroecológicos de gestión comunitaria, así como la recuperación de
los cauces y riberas de los diversos arroyos existentes en la zona.
Por otro lado, permitiría cumplir con la exigencia de creación de un trazado alternativo a la
vía pecuaria tras la desafectación, proponiéndose la modificación del trazado original de la
Cañada Real Galiana a su paso por el tramo de 14,2 km desafectado y que se integraría en
el Parque Agroecológico. Este nuevo trazado permitiría recuperar la conexión de trazado de
esta vía pecuaria de norte a sur de la región, interrumpido hace décadas como
consecuencia de la ocupación y desafectación de tramos de la Cañada Real en distintos
puntos de la Comunidad de Madrid a través de distintas operaciones urbanísticas como la
regularización de la Cañada en el municipio de Coslada.
El Parque Agroecológico estaría ubicado a lo largo de todo el tramo de Cañada afectado por
la Ley 2/2011, abarcando los terrenos situados al oeste desde Valdemingómez hasta el
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
cruce de Cañada con la M50, y los ubicados entre esta autovía y la línea del AVE. A partir de
la M50 el trazado se desviaría en dirección al Río Jarama a través del Cerro de la Herradura,
ubicado en ámbito urbanístico de Los Cerros, aprovechando y recuperando la superficie
destinada por el Plan General de Madrid a zona verde.
A su vez el nuevo trazado de la vía pecuaria se integraría a lo largo del Parque
Agroecológico, conformaría un corredor ecológico que conectaría los ríos Manzanares y
Jarama, posibilitando la continuidad de la Cañada Real Galiana en la Comunidad de Madrid,
albergando huertos de producción ecológica para el aprovechamiento y ocio de los
habitantes de Cañada y los barrios próximos, así como carriles bici que permitan el
trasporte y el disfrute del corredor.
Tanto la modificación del trazado de la Cañada Real Galiana a su paso por Madrid y Rivas,
como la creación de un Parque Agroecológico cumplen con el interés social o público
requerido por la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para la
desafectación.
Por último, retomando el diagnóstico del territorio, la existencia de instalaciones
contaminantes en el territorio (escombreras, Incineradora de Valdemingómez y otras
plantas de tratamiento de residuos, etc.) requiere una evaluación pormenorizada de su
situación actual, los daños a la salud de las personas y al medioambiente, dando paso a su
eliminación o reconversión en cada caso.
5.4 Propuestas socio-económicas
Las condiciones económicas son cuestiones prioritarias a tener en cuenta para la solución
de La Cañada. Muchos vecinos y vecinas contactados refieren que sus preferencias
dependen en gran medida de las condiciones económicas, -actualmente se desconocen los
posibles costes que supondrá cualquiera de las opciones que se pueden dar-, es decir, de
las posibilidades que pueden tener de sufragar los gastos desde su propia economía
familiar.
Entendemos que, con las decisiones aún por tomar sobre el futuro de la Cañada, se abre un
amplio terreno de juego en el que las decisiones tomadas en otras materias pueden
determinar los costes a asumir por cada uno de los actores implicados.
Cualquiera de las posibles medidas que se tome ha de tener en cuenta múltiples cuestiones
socio-económicas, como el nivel de estabilidad y la cuantía aproximada de los ingresos
familiares, para poder garantizar que el problema actual no se viera en el futuro
mantenido, reproducido, agravado o incluso trasladado a otras zonas.
Modelo de financiación mixta
Un elemento importante a considerar para encaminar la propuesta de remodelación de la
Cañada y que ésta se convierta en una propuesta concreta y viable, es la inversión que se
requiere. La financiación del proceso debe considerar aquellos costos que garanticen que
los vecinos de la Cañada no queden excluidos de los servicios y facilidades que deba tener
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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el nuevo barrio. Por ello, se plantea un modelo de financiación mixta y la participación de la
comunidad de vecinos en la remodelación a través de cooperativas de autoconstrucción.
Evocando el proceso de remodelación de barrio de los años 80 de Madrid, en el que se
remodelaron 19 barrios y el que se realojaron in situ a 35.000 vecinos y vecinas, en el que
en muchos casos se utilizó el modelo de cooperativas de vivienda como una manera de
disminuir los costos tanto para la administración como para los/as vecinos/as ya que hizo
más asequible la adquisición. Una de las fuentes de ingreso económico entre los habitantes
de la Cañada ha sido la construcción; esto se convierte en una posibilidad para disminuir los
niveles de paro y promover la creación de empleo desarrollando así la economía local.
Para ello, proponemos la implicación en cooperativas de construcción de las
administraciones, el sector privado y la comunidad de vecinos asumiendo las siguientes
funciones:
Suelo Construcción Gestión Financiación
Administración X X X
Sector privado
X
Comunidad vecinal X X X
Como refleja el esquema, el suelo es aportado por la Administración, la construcción por el
sector privado y por los vecinos participando en diseño y construcción, mientras que la
gestión corresponsabiliza a la administración y a los vecinos. La financiación debe ser
asumida por fuentes como entidades públicas, bancos, subvenciones, cuentas de ahorro y
otras formas de amortización. Las medidas deben fundamentarse en facilitar la financiación
a los habitantes de la Cañada para que puedan hacer frente a los costos establecidos y
garantizar así el acceso a una vivienda.
Así mismo, la incorporación de la propuesta de eco-barrio dentro de las políticas
internacionales de desarrollo integral y alternativo de comunidades permite solicitar
financiación a través proyectos y subvenciones que faciliten la remodelación del barrio en
el ámbito ecológico.
Promoción de la Economía Social
Atender a aspectos socio-económicos en el contexto de la Cañada requiere de medidas que
persigan el interés colectivo de los habitantes de la zona repercutiendo en el entorno social
en forma de generación de empleo. Por lo tanto, las actividades económicas y
empresariales propuestas a continuación se enmarcan en los principios de la Economía
Social recogidos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Proponemos la creación de empresas de la economía social como: cooperativas de trabajo
asociado, de vivienda, de explotación comunitaria de la tierra, transportistas, etc.;
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
sociedades laborales basadas en las iniciativas de emprendedoras de la población; y
empresas de inserción.
Es competencia de las administraciones la promoción y el fomento de la economía social a
través de programas de formación y readaptación profesional. Así mismo, proponemos
incluir aspectos de política social en los procesos de contratación pública y privada a través
de Cláusulas Sociales que promuevan la inserción laboral de la población de la Cañada.
Desarrollo socio-comunitario
Esta área está validada en la fase de diagnóstico, y si bien hemos recogido diferentes
opiniones respecto a propuestas de solución/abordaje, es imprescindible, especialmente en
el caso de las cuestiones sociales-comunitarias, la construcción dialógica con los distintos
actores implicados.
La solución integral de la problemática de la Cañada requiere de programas de intervención
social que promuevan modelos de ciudadanía activa. Las administraciones deben promover
el uso de los servicios públicos ya existentes y la adecuación de nuevos servicios en función
de las nuevas necesidades detectadas, facilitando los trámites y favoreciendo el acceso a la
información sobre estos servicios.
Se ha de promover una mayor integración de la población de la Cañada en los tejidos
sociales y los mecanismos de participación en la sociedad. El apoyo a las iniciativas
ciudadanas requiere de la apertura de vías de comunicación e información dirigidas
específicamente a la a población de la Cañada, que vayan abriendo vías a la integración y la
compartición de la vida comunitaria con los barrios cercanos y de referencia.
Se ha de tener en cuenta el actual estigma social de vivir en la Cañada, de modo que una
inclusión progresiva en los programas y dotaciones existentes, junto con medidas de
acercamiento y normalización de la imagen de Cañada pueden ayudar a mejorar esta
percepción social negativa hacia vecinos y vecinas de la Cañada.
A su vez, diversos vecinos de todos los sectores en los que se ha trabajado han referido y
refieren problemas para acceder a información y participación ciudadana. Esta faceta
presenta dificultades específicas propias de contextos de exclusión y especial
vulnerabilidad. La percepción de abandono institucional por parte de diversos vecinos nos
lleva a plantear la necesidad de cuidar especialmente esta cuestión en lo sucesivo -ya que
en ocasiones esta percepción de abandono puede haber contribuido a crear cierto rechazo
o desentendimiento- de cara a implementar medidas que fomenten la información sobre
derechos, deberes y obligaciones ciudadanos, así como difundir el conocimiento de las
formas generales y específicas de llevarlos a cabo.
La toma de medidas sobre un asentamiento tan heterogéneo como es la Cañada Real ha de
verse desde una coordinación entre los diversos actores implicados, y sería interesante
implementar vías para que dicha coordinación fuera lo más eficiente posible, desde los
niveles con más capacidad de decisión política y económica, hasta los más afectados en el
día a día por esta situación, especialmente en las zonas más vulnerables, que garanticen de
pleno el acceso a los derechos de la ciudadanía del territorio. Para el correcto seguimiento y
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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evolución de las medidas tomadas en esta materia, creemos que es importante
implementar medidas que permitan un seguimiento constante de los planes, medidas y
programas, así como vías de feedback continuo con la población afectada. En esta materia
muchas personas se encuentran especialmente aisladas y hay mucha variabilidad de tipos y
casos, y es muy posible que según sus situaciones vayan evolucionando, las necesidades
cambien rápidamente.
5.5 Dignificación de las condiciones de vida en la Cañada Real entre escenarios temporales
Algo que preocupa tanto a los vecinos de la Cañada como a las entidades que participan en la
cotidianeidad de su vida, son las condiciones tan precarias en las que vive la población.
Ciertamente no todas las situaciones en todos los tramos son exactamente iguales, pero si es
posible establecer algunos puntos comunes que hacen del todo una tarea importante para el
momento inmediato.
El escenario que se dibuje al final de todo el proceso esperamos todos que sea bien distinto
al momento inicial. Pero este proceso va a llevar su tiempo y eso significan años. Las
condiciones económicas en las que la Administración se encuentra en sus distintos niveles
(estatal, autonómico y municipal) sabemos que es precario y que no se puede esperar que
realicen milagros en el corto tiempo. Por eso nos parece fundamental poder adecuar las
condiciones de vida de la población a mínimos dignificadores de la cotidianeidad. Así
proponemos, cuando menos crear infraestructuras intermedias y temporales que faciliten:
El tránsito de vehículos y personas por la Cañada. Se trataría de realizar de hacer
algunas calles asfaltadas por las que no se desvencijen los vehículos. Y la
construcción de espacios peatonales que ayuden a evitar atropellos.
Acceso a suministros de luz, agua y alcantarillado. La falta de acceso a los
suministros básicos estigmatiza las condiciones de vida del conjunto de la población y
trae como consecuencia cuestiones de higiene, de posibilidad de hacer los deberes
escolares, etc.
Alumbrado vial. En la actualidad la mayor parte de la Cañada se encuentra sin
iluminación, lo que dificulta el tránsito normalizado por todo su trazado con el
consiguiente riesgo de atropellos y accidentes.
Acceso a transporte público. En la actualidad, el acceso al transporte público es muy
difícil. Sería conveniente recuperar las líneas de autobuses que circulaban por el
interior de la Cañada y que acercan así a los vecinos a los puntos de la vida de la
ciudad que son fundamentales para vivir de una manera integrada.
Erradicación del mercado de la droga y atención a las personas drogodependientes.
Si bien es necesario insistir en que la venta de drogas afecta sólo a un trozo pequeño
de todo el desarrollo de la Cañada, no es menos cierto que su presencia condiciona y
estigmatiza la vida de los pobladores del enclave. Ello tiene repercusión en servicios
como el correo o los transportes que en la actualidad no llega a algunas zonas de la
Cañada, lo que sería importante solventar.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
6. Recomendaciones para el PIP
Planteamientos metodológicos para el PSIP cañada
A continuación se describen las sugerencias que el Equipo Máster UCM realiza de cara al
desarrollo del proceso de negociaciones necesario para resolver la presente situación de
la Cañada Real. Lo que sigue es una revisión del apartado Metodología incluido en el Plan
Social Integral Participativo de la A.VV. Al Shorok.
Sugerencias para la organización del proceso participativo
La Figura 1 sintetiza las sugerencias que desde el Equipo Máster UCM se hacen de cara al
devenir futuro del proceso. Uno de los retos más importantes de un proceso participativo
es su propia organización, las reglas del juego que permitirán articular el análisis y
diagnóstico, la toma de decisiones y el seguimiento de las actuaciones.
La Figura 1 describe un esquema organizativo con el que se cree se podría dar viabilidad a
un proceso de toma de decisiones “entre todos” tal como se describió en el Marco
Teórico. Siguiendo el modelo de Trinitat Nova en Barcelona, se propone la creación de
algún órgano que reúna a todos los entes administrativos (el Consorcio Cañada o el
Comisionado Cañada que reuniría a los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, a la
Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno). A través de un Convenio Cañada
se dotaría de financiación al proceso participativo (aparte de la financiación que
requirieran posteriormente las actuaciones acordadas) y se establecerían las “reglas de
juego”. El proceso participativo lo impulsarían entidades vecinales y los grupos ya
movilizados en el territorio a través de un Equipo Motor del Plan o de algún tipo de
Plataforma de Entidades Vecinales.
El convenio de barrio contemplaría una dotación humana específica, el Equipo Logístico,
para el seguimiento y dinamización del plan (entre sus tareas se encontraría la
recopilación de información, realización de actas, labores de secretariado, supervisión del
proceso, análisis e incorporación de agentes que pudieran estar quedando excluidos del
proceso, garantizar una estrategia de comunicación y flujo de información adecuada,
etc.).
La Mesa Coordinadora sería el foro deliberativo principal, en ella se darían lugar tanto
representantes de las administraciones públicas (Comisión Política) como los técnicos a su
servicio organizados en una Comisión Técnica (bien sean los técnicos de su propia plantilla
bien sean consultorías contratadas para el proceso tales como estudios de arquitectura,
analistas financieros, etc.).
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
43
Figura 1 Esquema organizativo del proceso en el Sector 5
Por otro lado en la mesa se sentarían tantos actores del territorio como fuera posible. Se
sugiere un foro que siguiera el modelo de los Consejos de Barrio franceses, donde se
dieran cita no sólo representantes de entidades asociativas, sino también vecinos
voluntarios que participarían a título individual, se podría incluso estudiar la posibilidad
de incorporar a vecinos llamados por sorteo a la mesa. El objetivo de esta composición es
garantizar la participación de vecinos que no estando asociados tienen interés en tomar
parte de las deliberaciones que tengan lugar en torno al tema de la Cañada Real,
incorporar a vecinos por sorteo podría garantizar que parte de la mesa se compondrá al
azar, superando las lógicas de confrontación entre agentes largamente arraigadas. El
papel exacto de los vecinos sorteados quedaría por decidir, ya que su “frescura” podría
verse contrarrestada con una falta de información, pero sería labor del Equipo Logístico
poner los medios para que pudieran incorporarse al proceso plenamente informados.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
También habría que decidir sobre la estabilidad en la mesa de los vecinos sorteados y
voluntarios, ya que su disponibilidad podría ser menor que la de aquéllos que forman
parte de asociaciones y que por tanto pueden trabajar en equipo y organizar su propia
rotación.
Tal como ocurre con las administraciones, los vecinos llevarían a la mesa a sus propios
técnicos (abogados, arquitectos, urbanistas, sociólogos, psicólogos...) que les asesorarían
a lo largo del proceso.
Las entidades que trabajan en la zona se agruparían en un Comité de Entidades donde
tendrían cabida desde servicios públicos como los colegios e institutos de educación
secundaria hasta los centros religiosos, las policías locales o los grupos animadores ya
significados sobre el territorio. Su papel consistiría por un lado en supervisar el proceso,
aportar información y sugerencias, pero por otro lado una función esencial consistiría en
detectar aquellos grupos de base social que están siendo excluidos del proceso
generando los mecanismos para que pudieran incorporarse al mismo. Las entidades no
formadas por vecinos carecerían de capacidad de decisión, de modo que pudiera
superarse la endémica desconfianza que en territorios estigmatizados como la Cañada
Real existe entre vecinos y técnicos de intervención. Los técnicos participan en cuanto
exista un vínculo profesional con los agentes implicados (las administraciones o algunos
vecinos).
Habría que hacer referencia a aquéllos actores técnicos que desean tomar parte del
proceso sin ser originalmente una parte implicada (tales como grupos animadores con
motivaciones políticas) y aquéllos que no mostrando interés en participar pudieran hacer
aportes relevantes al proceso en relación a su experiencia previa (por ejemplo grupos
ecologistas). Ambos tipos de técnicos podrían participar a través de un proceso general
abierto a todos aquéllos sectores que quieran aportar información al proceso. La
preparación de los órdenes del día de las reuniones podría estar obligado a incluir la
discusión de asuntos propuestos por agentes de este tipo.
Es importante explicar que en la mesa deberían sentarse también entidades afectadas y a
día de hoy no presentes en el territorio tales como aquellas entidades que dan voz a las
zonas aledañas a la Cañada Real y con las que la misma se integrará plenamente tras el
proceso (barrios colindantes de Rivas, Madrid y Coslada), por otro lado, sería importante
generar mecanismos para incorporar a los representantes de las actividades económicas
presentes (comercios, industrias, etc.).
Se considera necesario que una vez hechas públicas las reglas del proceso que tendrá
lugar se abra un periodo de Fomento del Asociacionismo durante el cual aquellos
ciudadanos que no se sientan representados por ninguna de las entidades existentes pero
que crean poder reunirse por afinidad de problemática, situaciones, lazos familiares, etc.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
45
tengan la oportunidad de concurrir organizados al proceso. Como se ha constatado al
analizar los Planes Comunitarios catalanes, éste es un pilar fundamental para el
desarrollo exitoso del proceso. El objetivo último de la mesa de negociaciones, como ya
se ha indicado es la resolución satisfactoria de tantos conflictos existentes en el territorio
como sea posible, de forma que éstos no queden soterrados o simplemente sean objeto
de traslado a otras ubicaciones físicas.
Si hemos identificado ya los elementos dinamizadores y deliberadores del proceso,
restaría identificar los elementos donde se realiza el trabajo de elaboración del plan
propiamente dicho. Siguiendo el modelo propuesto por la Red CIMAS e implementado en
lugares como Málaga o Sevilla (en los ejemplos descritos), este elemento lo constituirían
las Mesas Temáticas, tanto geográficas (por sectores, o en nuestra opinión por “unidades
territoriales coherentes”, véase como ejemplo el Distrito Oeste de Rivas Vaciamadrid
donde deberían integrarse el Sector 5 y Sector 4 de la Cañada Real Galiana) como
temáticas (los temas a tratar deberían de salir del propio proceso deliberativo, como
sugerencias se apuntan Mesa de Urbanismo y Medioambiente, Mesa de Asuntos Sociales,
Mesa de Legal). En las mesas temáticas trabajan mano a mano las administraciones, los
vecinos, las consultoras, los técnicos asesores voluntarios, los servicios públicos, las
entidades de intervención social y el resto de agentes del territorio organizados en grupos
de trabajo.
En el caso que nos ocupa y en las circunstancias que vivimos, sería imprescindible que
todas las mesas temáticas fueran atravesadas por un Eje Económico-Financiero de la
Operación, donde se analizara la viabilidad de las opciones discutidas (participación de los
vecinos en la urbanización, financiación de préstamos para legalización del terreno,
coordinación con el planeamiento municipal existente, gestión del suelo, etc.).
Fijándonos de nuevo en el modelo francés, sería importante que todo el proceso fuera
acompañado de un trabajo de presentaciones públicas, deliberaciones y asambleas de
decisión abiertas, información en medios de comunicación, foros técnicos, etc. (este
proceso recibía en Nantes el nombre de Carrusel Ciudadano). Un grupo de trabajo podría
encargarse específicamente de estas tareas como ocurría en Málaga.
Sería imprescindible que todo el proceso, tanto el deliberativo, como de toma de
decisiones y el de difusión pública se consignaran en un Libro de Actas de forma que
cualquier ciudadano, residente o no en la Cañada Real pudiera hacer un seguimiento de
las decisiones acordadas y sus motivaciones.
En resumen, el proceso de toma de decisiones seguiría el siguiente camino: las
propuestas elaboradas en las mesas temáticas necesariamente a través de mecanismos
que permitan el trabajo con la base social (asambleas, talleres, grupos de trabajo
vecinal…) serían puestas en común tanto en la mesa coordinadora como en espacios más
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
públicos (asambleas, presentaciones…) y deberían ser evaluadas por equipos técnicos
que estudiasen su viabilidad. Las propuestas, acompañadas de estudios críticos
independientes (tales como estudios de impacto ambiental) volverían a ser trabajadas,
tanto en la mesa coordinadora como en espacios vecinales abiertos.
Por último sería importante recordar que la resolución de la situación de alegalidad en
que se encuentra la Cañada Real Galiana debería repercutir de forma positiva en Madrid
como región metropolitana. Más que como una carga, se debería considerar la
intervención en este territorio como una oportunidad para generar un vector de
reactivación económica que repercutiera positivamente en la región, tanto en términos
de la creación directa de empleo que podría producir (tal como ocurrió en la Operación
de Barrios en Remodelación), como en cuanto a la generación de unos mecanismos de
intervención urbana que pudieran resultar modélicos y por tanto exportables. El uso de
modelos innovadores como los puestos en marcha en el caso de Coin Street en Londres
con herramientas de propiedad cooperativa del suelo o la autourbanización del eje,
dependerán de la voluntad que de ello muestren los vecinos, aunque hasta ahora se ha
escuchado alguna voz con sugerencias en esta línea.
Si el objetivo último de la intervención en Cañada es el de contribuir a un mejor modelo
de ciudad para sus habitantes, las dinámicas urbanas de la región madrileña deben
asimismo alimentar el proceso, es decir, los grandes desarrollos urbanísticos aledaños o
megaproyectos como el Madrid Olímpico 2020 o Madrid EuroVegas no pueden pasar de
lado o no pueden ser una excusa para realizar un proyecto deficiente en la zona sino más
bien al contrario tienen que ser una oportunidad de repartir de forma amplia el impacto
económico y social de dichos proyectos. En otras palabras, no sería aceptable que partes
de la Cañada Real se desmantelaran por su proximidad a instalaciones de tratamiento de
basuras y que unos meses después del desmantelamiento se anunciara el cierre de dichas
instalaciones para satisfacer los requisitos de un complejo turístico y de ocio como
EuroVegas. La Cañada forma parte del Madrid metropolitano y debe ser contemplada
como una pieza importante del mismo.
Sugerencias para la calendarización del proceso participativo
Finalmente hacemos unas sugerencias sobre lo que podría ser el desarrollo temporal del
proceso siguiendo el esquema de momentos de apertura y cierre descrito al inicio de este
capítulo. La Figura 2 ilustra el calendario propuesto.
El proceso que describimos se habría iniciado con el lanzamiento de un proceso de Plan
Social Integral y Participativo por parte de la A.VV. Al Shorok (para el Sector 5), con el plan
de intervención elaborado por Todo por la Praxis para las asociaciones históricas (para los
sectores del 1 al 5) y por el trabajo realizado por la Asociación Aldea Social en los sectores
4 y 6 que se presenta en este documento.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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Figura 2. Esquema organizativo del proceso.
Los pasos a tomar durante estos próximos meses incluirían la divulgación de las
propuestas y documentos existentes para su discusión con vecinas y la realización de
talleres y presentaciones donde poder modificarlos y contrastarlos.
Las partes tendrían en el futuro próximo que negociar el lanzamiento del proceso
participativo propiamente dicho así como coordinar la entrada de nuevos agentes
promotores que extendieran el proceso a otros sectores geográficos y de la población.
Otras actividades de este periodo podrían incluir un ciclo de conferencias sobre modelos
de remodelación urbana de los que pudieran extraerse conclusiones.
Esta etapa de trabajo se cerraría con el lanzamiento “a escala real” del proceso, ya con
apoyo y bajo la iniciativa de las administraciones públicas. Sería necesario consignar el
reglamento del proceso. A este lanzamiento seguiría una etapa de apertura, de búsqueda
de agentes aún no representados por un lado, de creación de nuevas asociaciones si
fueran necesarias y de presentaciones públicas y talleres de desarrollo de las mesas
temáticas. El objetivo global de esta fase consistiría en transformar los diversos censos
existentes en una propuesta de diagnósticos consistentes que podrían ser edificatorio y
urbanístico, social y legal (siguiendo los títulos propuestos para las mesas temáticas). Los
diagnósticos surgirían del contraste de todos los censos disponibles (de los
ayuntamientos, de la CAM, de las asociaciones históricas, de la ficha elaborada desde Al
Shorok y contando con la información de los técnicos que intervienen en el territorio) y
requerirían un periodo de impugnaciones formales.
A la emisión de los diagnósticos seguiría una etapa de trabajo con los vecinos para darles
cierre y contraste así como el inicio de una etapa de propuestas donde profundizar en la
visión de futuro para la Cañada Real Galiana y el cómo llevar a cabo la transformación de
la zona.
PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO
La última etapa incluiría el comienzo de las actuaciones acordadas, que habría que
planificar, también siguiendo el ejemplo de la Mina con fases que permitieran visualizar
resultados en plazos no demasiado dilatados.
Entendemos que el proceso de transformación de la Cañada Real será largo, por lo que
establecemos el objetivo de que la intervención alimente de forma positiva un modelo de
Madrid metropolitano para un horizonte de 20 años (Madrid Metrópoli 2032).
Es fundamental terminar este apartado recordando que para que este proceso pueda
darse debe haber un compromiso por parte de las administraciones de aplazar la
ejecución de sentencias legales hasta que haya una solución integral para todo el
territorio. Habría que incluir a aquellas familias cuya vivienda ya ha sido derribada y que
tienen el mismo derecho a participar de la solución que el resto de sus vecinos y agentes
implicados.
INFORME CAÑADA REAL GALIANA
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7. Documentación utilizada/Bibliografía
ACCEM y Fundación Secretariado Gitano (2010). Informe diagnóstico sobre la
Cañada Real Galiana.
Al-Shorok-Amanecer (2012). Plan social integral participativo.
Alguacil, J et. Al. Experiencia y metodología para un modelo de desarrollo
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Paris and Madrid”, International Conference of IPSA, Madrid July 8th 2012.
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Davies M. (2007). Planet of Slums, London, New York, Verso.
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Procurador del Común de Castilla León (2011). Los bienes y los aprovechamientos
comunales en Castilla León.
Todo por la Praxis (2011). Plan Cañada: Sector 4. Disponible en
http://www.todoporlapraxis.es/?p=342
Todo por la Praxis (2011). Plan Cañada: sectores 1, 2,3 y 5. Disponible en
http://www.todoporlapraxis.es/?p=342