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Caso Doe Run PeruTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
DOE RUN PERÚ
Conflictos sociales
Grupo 5
MARROQUIN ROSAS, JIMMY CHRISTOPHEROZEJO CHUNGA, JOEL DAVIDPAULINO BASILIO, JEFERSON YAIRPOMA AIRA, CHRISTIAN KENNEDYPUREWAL MARTINES, BALVIR VICTOR
Tabla de contenido
Doe Run: La contaminación invisible...............................................................................2
Conclusión: responsabilidades de los actores implicados............................................7
Los conflictos de Doe Run Perú......................................................................................12
Bibliografía........................................................................................................................15
Doe Run: La contaminación invisiblePor: Alonso Burgos, Colaborador de Revista Idele
El caso de Doe Run, en La Oroya, es mundialmente conocido. Es la quinta más contaminada del
mundo, según el Ministerio de Salud, el 99,1% de los niños oroínos tienen promedios altos de
plomo en sangre, 33,6 ug/dl (microgramos por decilitro), lo que sobrepasa los límites máximos
permisibles de la Organización Mundial de la Salud: 10 ug/dl.
Entonces, ¿cómo es posible que se afirme que existe una contaminación invisible, cuando esto
está probado con evidencia científica. Pareciera ser algo ilógico, pero explorando el trasfondo nos
daremos cuenta de que no es así.
La acción de Doe Run en La Oroya
La primera impresión que se tiene al llegar a la ciudad de La Oroya es que se trata de un pueblo
fantasma. Uno no puede dejar de observar que la fundición está ahora inactiva y que la ciudad
parece extinguirse lentamente. Y es que hace ya dos años que se inició el conflicto entre la
empresa Doe Run y el gobierno del presidente Alan García.
La empresa pedía al gobierno una nueva ampliación del plazo del Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) y un salvataje económico de más de 150 millones de dólares para
continuar con sus operaciones; de lo contrario cesaría sus actividades y dejaría sin trabajo a 3.500
obreros de su planilla y a otros 6.000 cuyo trabajo dependía indirectamente del complejo
metalúrgico.
El gobierno de García decidió no renovarle la licencia y someter el complejo metalúrgico a un
proceso concursal ante INDECOPI. La interesada en adquirir la fundición fue la empresa Cormin,
parte de la corporación Trafigura, que mantiene hasta hoy una disputa legal con Doe Run.
Todo esto trajo consigo una serie de medidas de fuerza —movilizaciones, bloqueos de pistas,
marchas de sacrifico, paros regionales— realizadas por los trabajadores de la empresa y las
organizaciones sociales locales para exigirle al gobierno pronta solución al problema. El pico más
alto de estas acciones fue el 2009.
Los antecedentes del conflicto se remontan al año 1997, cuando el gobierno de Alberto Fujimori
privatizó el complejo metalúrgico, antes propiedad de la empresa nacional CentrominPerú. El
multimillonario estadounidense Ira Rennert, dueño del grupo transnacional Renco, adquirió el
complejo y estableció la empresa Doe Run Perú, que opera en Cobriza y La Oroya.
Desde que se instaló en La Oroya, Doe Run ha tratado de evadir, mediante postergación, sus
compromisos ambientales: ha solicitado varias veces la extensión del plazo del cumplimiento del
PAMA. Su única oposición ha sido un grupo de ONG agrupadas en el Consorcio Unión para el
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Yauli, La Oroya (UNES), que fundaría el Movimiento por
la Salud de La Oroya (MOSAO) con algunos pobladores.
Los gobiernos que sucedieron al de Fujimori le permitieron a Doe Run seguir funcionando a pesar
de que la contaminación que producía sobrepasaba los límites máximos permisibles (LMP). Pese a
la oposición de las ONG y el MOSAO, en el 2006 la empresa logró que el gobierno de Alejandro
Toledo le concediera la ampliación del PAMA hasta el 2009. Este último año, el gobierno de García
cuestionó la renovación de la licencia a Doe Run. Pero todo indica que no fue precisamente por su
gran vocación ambientalista —recordemos las tesis del “perro del hortelano” —, sino porque habría
de por medio el interés de favorecer a la empresa Cormin, si nos atenemos a las versiones de los
voceros de Doe Run, los trabajadores y representantes de la sociedad civil de La Oroya.
Ojos que no ven
Lo más sorprendente en este caso no es precisamente el aspecto objetivo, determinado por la
existencia de una contaminación que supera los LMP y que está envenenando a la población, sino
la dimensión simbólica, constituida por las representaciones de los pobladores afectados por la
contaminación sobre la empresa y el conflicto. (Se usan nombres ficticios para proteger su
integridad.)
Cuando se pregunta a los pobladores acerca del problema ambiental que los aqueja, suelen
responder que la contaminación en la ciudad es mínima y que, por el contario, la empresa ha
ayudado a reducirla, en relación con los niveles anteriormente existentes: “Aquí nadie se ha muerto
o se ha vuelto mongolito o ha tenido cáncer. La empresa Doe Run se ha portado bien. Ha limpiado
la ciudad”, sostiene Otilia, una comerciante de abarrotes de la ciudad.
Juana, una vendedora ambulante, afirma que “la contaminación es puro cuento. Yo he nacido y
crecido en La Oroya y no me ha pasado nada ni a mí ni a mi familia. Centromín contaminaba más,
el gas de las chimeneas llegaba a todo el pueblo. Doe Run nos ayudaba con la limpieza del
pueblo”.
A su vez, los dirigentes de los sindicatos de la empresa manejan un discurso similar al de los
pobladores: “La contaminación no mata. Tantos años que vivo en La Oroya y no pasa nada. Que
me traigan un niño o un anciano que tenga plomo (en la sangre)”, dice Mauro, un dirigente del
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos. Pedro, otro dirigente, asegura que “Doe Run está
haciendo obras. Ha limpiado el río Mantaro”.
Es claro que, a pesar de los exámenes clínicos que prueban la existencia de plomo en la sangre de
las personas, para los pobladores y trabajad ores de La Oroya que fueron entrevistados la
contaminación no es un problema visible que deba ser tratado con inmediatez.
Lo sustancial para ellos es mantener la fuente de trabajo y el flujo comercial. Para Rebeca, una de
las dirigentes del Comité Provincial de Lucha, la empresa “está dando muestras de que sí quiere
continuar operando con toda su planilla de trabajadores para bien de La Oroya”. Juana, la
vendedora ambulante antes consultada, está preocupada porque siente que la situación la
perjudica: “Las familias de los trabajadores se van a Lima o a otras partes porque no ven solución.
Solo los trabajadores se quedan para marcar tarjeta. Eso nos perjudica a nosotros. ¡Ya no
vendemos como antes! La empresa tiene que abrir de nuevo”.
Para decirlo de otra forma: un grueso sector de los trabajadores y pobladores de La Oroya ha
“naturalizado” la contaminación, la ven como algo “normal” e incluso inexistente. En todo caso,
sería el precio que hay que pagar para contar con un trabajo y un ingreso y mantener activa la
ciudad. La percepción de sus derechos es fragmentada. Su derecho al trabajo y a contar con
ingresos dignos no es visto en conexión con otros derechos, como el de la salud, del que incluso
parecen dispuestos a prescindir.
“Las ONG y los curas antimineros contra La Oroya”
“¡Fuera las ONG anti-mineras de La Oroya!”, es una de las pintas que se encuentra en una de las
fachadas de la empresa en la entrada de La Oroya antigua. Y es también la opinión de los
dirigentes de las organizaciones sociales y trabajadores entrevistados, quienes culpan a las ONG
de haber magnificado el tema de la contaminación ambiental: “Las ONG antimineras mienten.
Vienen a confundir, a decir que somos la ciudad más contaminada del mundo, pero no es así”,
asevera Mauro, dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos.
Pero no solo las ONG son percibidas como enemigas de La Oroya, sino también cierto sector de la
Iglesia católica que por largo tiempo venía exigiendo a Doe Run que cumpla con sus compromisos
ambientales. Un comunicado del Comité de Lucha publicado el 2009 llama a “cerrar filas ante los
enemigos de la clase trabajadora […] supuestos defensores de la salud […] como el Arzobispo,
Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J. […] Que se atengan a las consecuencias porque
todo tiene su límite”.
Lo paradójico de todo esto es que quienes defienden el medio ambiente y la salud son percibidos
como los enemigos de La Oroya, mientras la empresa, que contamina y es la responsable de los
altos niveles de plomo en la sangre de los pobladores, es vista como la defensora de los intereses
de la ciudad.
La Oroya es Doe Run
Para entender por qué los pobladores de La Oroya cierran los ojos ante un problema objetivo como
la contaminación, resulta pertinente citar el testimonio del periodista Mario Huarcaya, publicado el 3
de junio de este año en Correo Huancayo: “De niño escuchaba decir a mi abuelo: ‘El día que deje
de salir humo de las chimeneas de la fundición, la ciudad desaparecerá’”.
Para el abuelo de Huarcaya la fundición era la ciudad. Es decir, el complejo metalúrgico es lo que
le da sentido e identidad a La Oroya. Ésta es exactamente la misma percepción que tienen los
pobladores entrevistados. Para ellos, La Oroya es tal porque existe el complejo metalúrgico. Sin
éste, la ciudad simplemente desaparecería. Y si bien esto tiene una explicación material —el
complejo metalúrgico ha sido y es hoy la fuente de subsistencia de los trabajadores y comerciantes
que habitan en La Oroya—, también estructura la identidad de los oroínos. Así, el complejo es
mencionado siempre por los programas de las radios locales como el “orgullo de La Oroya y de la
región Junín”.
El complejo metalúrgico, desde que se fundó en 1922 con la empresa Cerro de Pasco, hasta que
se nacionalizó con CentrominPerú en los 70 y se volvió a privatizar con Doe Run en los 90, ha
contaminado permanentemente el medio ambiente. La única diferencia es que antes de los 90 no
existía una normatividad ambiental. Es decir, durante casi 70 años el complejo y las empresas a su
cargo han contaminado La Oroya sin que nadie les diga nada.
La contaminación es así, para los oroínos, invisible. Porque es normal. El humo de las chimeneas
siempre ha estado ahí como parte de la vida de los pobladores. Lo raro, lo anormal, es que no
haya humo.
La necesidad económica de los pobladores y este elemento identitario han sido muy bien
aprovechados por Doe Run, que ha ofrecido mantener el puesto de trabajo de todos los
trabajadores de su planilla y garantizar la estabilidad económica de la ciudad, con lo que ha aislado
a las ONG y la Iglesia y su discurso ambientalista.
De hecho, la incidencia sobre el tema ambiental realizada por las ONG y cierto sector de la Iglesia
católica no articuló el plano laboral y económico. En cambio, Doe Run lo hizo en todo momento,
apareciendo como la representante no solo de sus intereses como empresa, sino también de los
intereses de toda La Oroya, al ser la que tiene en su poder el complejo metalúrgico, fuente de
trabajo y a la vez elemento constitutivo de la identidad oroína.
Doe Run consolida su poder teniendo como principales aliados a los dirigentes de los sindicatos,
organizaciones sociales y un sector de la población, que, como se ha visto, reproducen su
discurso, ya que para ellos La Oroya es el complejo metalúrgico y el complejo metalúrgico es Doe
Run.
Un conflicto no resuelto
Hasta el momento el conflicto sigue activo, ya que la situación de Doe Run es aún incierta. La
empresa ha presentado una propuesta de reestructuración que incluye a todos sus trabajadores en
planilla. Por su parte, según las declaraciones del presidente Ollanta Humala, el Gobierno
pareciera querer darle una solución al conflicto. Sin embargo, la propuesta de solución aún no está
clara, ya que más allá de decir que “deben seguir laborando los trabajadores” y que “tiene que
resolverse el problema medioambiental”, no dice cómo lo va a hacer.
Sin duda, la solución al conflicto debe ser integral y articular la demanda del respeto al trabajo y la
vigencia de La Oroya con el respeto a la vida, la salud y el medio ambiente. Doe Run debe cumplir
con sus compromisos ambientales. A su vez, el Gobierno está en la obligación de hacer valer la
legislación ambiental vigente.
Generar nuevos sentidos comunes que valoren y defiendan la vida, la salud, el medio ambiente y el
trabajo digno para las personas, que se materialicen en políticas concretas de desarrollo para La
Oroya, es la ardua tarea que tiene el nuevo Gobierno de la mano con las organizaciones de la
sociedad civil. El reto está planteado.
Conclusión: responsabilidades de los actores implicadosPor:Federación Internacional de Derechos Humanos (Enero del 2013, N° 602a)
El derecho a la salud de la población de La Oroya y, especialmente, de los niños, que son
particularmente vulnerables a la contaminación por plomo y otros metales pesados, ha sido
claramente violado durante muchos años. No solo el aire ha sido contaminado durante años, como
demuestran varios estudios, sino que la calidad del suelo y del agua en la zona pone en peligro los
alimentos que consumen las personas, comprometiendo su derecho a alimentarse y a disponer de
agua limpia. El impacto ambiental del complejo metalúrgico de La Oroya ha sido documentado
ampliamente. Así pues, a la larga, lo que está en juego es el derecho a la vida de los habitantes de
La Oroya.
Es gracias a la lucha de personas valientes de la empobrecida comunidad de La Oroya, que cabe
la posibilidad de poner fin a la escandalosa contaminación causada por el complejo metalúrgico,
que la planta reanude sus actividades en condiciones conformes a las normas nacionales e
internacionales en materia de salud y medio ambiente, y que los responsables rindan por fin
cuentas.
El derecho a la salud y un entorno sano
A nivel internacional, el derecho a la salud está garantizado por el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Perú, que reconoce el
derecho de todos a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. El derecho a la
salud “abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones
merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y se extiende a los factores
determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas
y un medio ambiente sano”. El derecho a la salud incluye la obligación, por parte del Estado, de
prevenir “la exposición de la población a sustancias nocivas, tales como radiaciones y sustancias
químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a
la salud de los seres humanos.”
El derecho a la salud está asimismo garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño. A
nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma que “Toda
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a
la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. El derecho a la salud está protegido
explícitamente por el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el "Protocolo de
San Salvador", que también garantiza en su artículo 11 el derecho a la salud, señalando que toda
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos
y que “los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejora del medio ambiente”.
Incumplimiento reiterado del Estado de su obligación de proteger los derechos humanos
El Estado peruano ha incumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger a
la población de la exposición a sustancias nocivas. Asimismo, ha negado el derecho de la
población a estar informada sobre la contaminación y sus consecuencias, así como sobre las
medidas paliativas para proteger la salud. El derecho a la información está contemplado en el
artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. El acceso a la información sobre las cuestiones
sanitarias está reconocido como elemento esencial del derecho a la salud por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el relator especial de la ONU sobre el derecho a
la salud.
A pesar de los alarmantes niveles de contaminación de La Oroya, no se ha realizado ningún
estudio epidemiológico extenso sobre las consecuencias de décadas de exposición a sustancias
nocivas. Más aún, la población de La Oroya no ha tenido acceso a atención médica especializada,
pese a los numerosos estudios que subrayan el peligro que corre la población, incluso los
realizados por entes públicos, como DIGESA. A día de hoy solamente están abiertos dos centros
médicos en La Oroya, estando uno de ellos reservado para los trabajadores (centro médico
Essalud). Ninguno de los dos está equipado para tratar específicamente la exposición a sustancias
nocivas, como el plomo.
El Estado de Perú tampoco ha cumplido las obligaciones dimanantes del PAMA, que incluyen la
rehabilitación de los suelos tras décadas de contaminación, antes de la instalación de Doe Run
Perú en 1997, por Centromin y sus predecesores.
Incluso cuando la más alta instancia judicial de Perú, en mayo de 2006, y después la Comisión
Interamericana, en agosto de 2007, exigieron que tomase medidas urgentes en favor de La Oroya,
el Estado ha incumplido su obligación de proteger a la comunidad de las actividades de una actor
privado, concediéndole incluso prórrogas al PAMA en 2006 y 2009. Ciertamente, el Estado de Perú
adoptó medidas diversas para mitigar los impactos negativos para la población de La Oroya,
incluyendo la mejora de los servicios médicos para los afectados con la asistencia del ministerio de
Salud, el monitoreo de la calidad del aire y el agua, etc.. No obstante, mientras el complejo seguía
plenamente operativo, estas medidas resultaron ser parciales e insuficientes para proteger el
derecho a la salud de la población de La Oroya, debido a la emisión de sustancias nocivas.
La obligación de los Estados de proteger los derechos humanos frente a las actividades de actores
no estatales, incluyendo las empresas multinacionales, es un principio ampliamente reconocido en
derecho internacional, tal y como recordaban recientemente los “Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos”, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en junio de 2011. Esta obligación supone que los Estados “deben adoptar las medidas apropiadas
para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades
de reglamentación y sometimiento a la justicia”.
El sistema interamericano ha dejado claro que, conforme a la obligación de proteger los derechos
individuales, los Estados miembros de la OEA deben asegurar que terceras partes, como las
empresas transnacionales, no violan esos derechos y, por consiguiente, deben rendir cuentas en
caso contrario. La Corte Interamericana identificó esta responsabilidad en el primer caso que le fue
presentado, al declarar que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente
no resulte imputable directamente a un Estado, por ser obra de un particular, puede acarrear la
responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.
Responsabilidad de Doe Run Perú
Actualmente se reconoce ampliamente que los actores privados, como las empresas
multinacionales, tienen responsabilidades respecto a los derechos humanos, como recordó la ONU
cuando el Consejo de Derechos Humanos aprobó los “Principios Rectores sobre las empresas y
los derechos humanos” en junio de 2011. Dichos principios dejan claro que “Las empresas deben
respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos
humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en
las que tengan alguna participación”.
Dicha responsabilidad “existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de
cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos”. El hecho de que el Estado de Perú no
haya cumplido su obligación bajo el PAMA de eliminar del suelo de La Oroya la contaminación
anterior a 1997, no exime a la empresa de su propia responsabilidad por incumplimiento de sus
obligaciones bajo el PAMA durante más de doce años.
Así como los Principios Rectores de la ONU dejan claro que las empresas “deben cumplir todas las
leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera
que operen” y “buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas”; Doe Run
Perú ha procurado, al contrario, eximirse del ordenamiento jurídico peruano en materia de medio
ambiente, al solicitar varias prórrogas al PAMA y rebajar los estándares.
Los Principios Rectores también dejan claro que “si las empresas determinan que han provocado o
contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir en su reparación por
medios legítimos.”. Doe Run, por el contrario, ha entablado activamente un proceso de arbitraje
internacional contra el Estado de Perú, a fin de evitar ser declarada responsable por un tribunal
estadounidense como consecuencia del impacto sobre los derechos humanos de sus propias
actividades, a pesar de que los pleitos están motivados por daños sufridos entre 1997 y 2000, y no
antes. El arbitraje internacional iniciado por el Grupo Renco aparece asimismo como una estrategia
de presión sobre el gobierno de Perú, con miras a obtener condiciones más favorables en el
proceso de liquidación de su filial en Perú.
Este caso ilustra el conflicto entre, por un lado, el derecho internacional privado, en particular el
marco legal de protección de las inversiones extranjeras, y, por otro, el respeto de los derechos
humanos. Aunque el TLC entre Perú y Estados Unidos prevé la protección del medio ambiente, de
los derechos laborales y de la salud, el mismo está siendo utilizado por una empresa privada para
demandar a un gobierno con el objeto de eludir su responsabilidad por la violación de derechos
humanos. Esto es contrario al espíritu del tratado, que estipula en su artículo 18.3 que “una Parte
no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, y sus leyes, reglamentos y otras
medidas para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos cubiertos, a través de una acción o
inacción sostenidas o recurrentes, de manera que afecte al comercio o la inversión entre las
Partes, tras la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”. (...) Asimismo, “las Partes reconocen
que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de
las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia,
una Parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación
de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que
afecte el comercio o la inversión entre las Partes”.
En una declaración reciente, John Ruggie, ex representante especial del Secretario General de la
ONU sobre las Empresas y Derechos Humanos, refiriéndose a los argumentos esgrimidos por
Shell ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Kiobel, puso en entredicho la
estrategia y la táctica jurídica de las empresas multinacionales, susceptibles de contradecir su
responsabilidad de respetar los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, la utilización del
arbitraje internacional contra Perú con el fin de no someterse a un tribunal estadounidense resulta
especialmente flagrante. De este modo, el Grupo Renco entorpece claramente el derecho de las
víctimas a una indemnización efectiva. El Grupo Renco no niega que las víctimas hayan padecido
la contaminación, y que no se haya respetado su derecho a la salud, sino que simplemente niega
su propia responsabilidad por estos abusos y, por consiguiente, restringe su acceso a un remedio
efectivo. Cabe señalar que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú reconoce
claramente este derecho en su artículo 18.4: “Cada Parte proporcionará a las personas con un
interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación sobre un determinado asunto, acceso
apropiado y efectivo a reparaciones frente a infracciones a la legislación ambiental de esa Parte o
infracciones a una obligación legal bajo las leyes de esa Parte relacionadas con el medio ambiente
o con condiciones ambientales que afecten la salud humana”.
La cláusula del Acuerdo de Transferencia de Acciones según la cual Centromin y el Estado de
Perú garantizaban indemnidad a la empresa contra reclamaciones de terceros durante el período
de aplicación del PAMA, podría incluso ser contradictoria en sí misma con las obligaciones de Perú
en materia de derechos humanos, con arreglo a las cuales el Estado está obligado a regular a los
actores privados y a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que éstos no
perjudiquen a los derechos humanos. La exención de responsabilidad de Doe Run, dimanante de
este acuerdo, podría haber alentado a la empresa a no respetar los derechos humanos.
Más aún, la responsabilidad penal individual de los ejecutivos de Doe Run podría asimismo
invocarse ante los tribunales peruanos conforme al derecho nacional, en particular el artículo 304
del Código Penal relativo al delito de “contaminación del medio ambiente”, que prevé penas de
cárcel de cuatro a seis años y multas.
Los conflictos de Doe Run PerúPor:Alejandro Arce Suárez (lunes, 22 de Junio del 2009)
"Por ahora no vamos a dar declaraciones y no tenemos definido cuándo lo haremos", fue la respuesta del gerente de Relaciones Institucionales de Doe Run Perú (DRP), Víctor Andrés Belaunde, cuando nos comunicamos telefónicamente con él el 14 de mayo. Una semana después renunció al cargo. El detonante de esta decisión fue el anuncio hecho por Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de que se evalúa la posibilidad de retirar a DRP del gremio empresarial. "Es una posibilidad que sea retirada; otra posibilidad es que la empresa pague sus deudas. También podrían ser suspendidos", dijo Flury el martes 19.
Ese mismo día, la SNMPE expresó públicamente su preocupación por la situación de Doe Run Perú y calificó como un comportamiento inaceptable que la empresa no esté demostrando voluntad de dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos para el rescate financiero del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la principal actividad productiva de la zona, poniendo en grave riesgo el empleo de sus trabajadores y el oportuno cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
"Lamentamos que todo el esfuerzo realizado y la buena disposición mostrada por el Estado y las empresas relacionadas a las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, se vea frustrado porque Doe Run Perú no muestra una firme vocación y decisión de solucionar un problema que afectará el desarrollo de dicha empresa, el bienestar de sus trabajadores y de la población aledaña a su operaciones", decía el comunicado del gremio minero.
Hans Flury precisó a AméricaEconomía que el proceso que puede conducir en la expulsión de Doe Run Perú de la SNMPE tomará el tiempo que sea necesario. "No podemos sancionar a nadie por algo que podría ocurrir. Ellos tienen un compromiso que cumplir todavía hasta octubre próximo y dicen tener toda la intención de actuar de acuerdo a ello. En consecuencia, hasta que no ocurra el hecho final de la violación del compromiso, nosotros seguiremos conversando con ellos insistiendo en que deben cumplir", dice Flury.
El viernes 22 de mayo, la SNMPE celebró con relativa austeridad su 113 aniversario. A la ceremonia acudió un nervioso José Mogrovejo, vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run Perú, y rompió el silencio de la compañía. "Hemos planteado a la SNMPE nuestra voluntad decidida de cumplir con su código de conducta y con los compromisos en general", dijo.
Mogrovejo dice que DRP no está siendo sometida a un procedimiento que podría llevar a su salida de la SNMPE. "No se nos ha dicho de esa manera. Es cierto que hemos recibido una comunicación y hemos respondido a ella".
Según Mogrovejo, el PAMA consta de cuatro elementos: los manejos de residuos sólidos, residuos líquidos, polvos y metales al aire y de gases. "En los dos primeros se ha concluido al 100%; en el manejo de polvos en 98% y lo único que falta concluir es el manejo de gases, que va en 50%", dijo. "Así, el PAMA está avanzado entre 80% y 90%", dice.
¿Qué falta para concluir el PAMA?
Según Doe Run Perú, una inversión de US$ 150 millones que la compañía no está en condiciones de efectuar en el corto plazo, de manera que el plazo tope del 31 de octubre resulta muy corto. Se requiere terminar una planta de dióxido de azufre de la unidad de cobre de la empresa, la misma que hasta febrero sólo se había avanzado en un 20%. Y en octubre no habrá milagros: terminar la planta tomaría hasta bien entrado el próximo año.
DRP dejó de invertir en su PAMA en octubre de 2008. Cuatro meses después, un sindicato de bancos le levantó un crédito revolvente de US$ 75 millones, lo que hizo estallar la crisis de la empresa, que actualmente opera al 30% de su capacidad. Con menores ingresos operativos, no puede afrontar, además de la deuda con su matriz, los más de US$ 100 millones que le debe a las mineras que abastecen la fundición. Por ello le fue necesario llegar a un acuerdo con el Gobierno y los acreedores locales, entre las que se encuentran Sociedad Minera El Brocal, Compañía de Minas Buenaventura, Cormin, Glencore y Volcan. En virtud del convenio, la compañía logró el aval de un préstamo bancario de US$ 75 millones.
Estos créditos permitirían a DRP seguir operando, pero no son recursos para financiar el PAMA. Para esto último, la compañía requiere de préstamos bancarios que por ahora están cerrados, debido a que el plazo vence en octubre. "La percepción de algunas entidades financieras es que hay una rigidez que para ellos iba más allá de lo aceptable. Entonces, creo que si logramos vencer esa parte vamos a poder lograr una solución integral", dice Mogrovejo.
Para concretar el rescate financiero se establecieron dos condiciones: que Doe Run capitalice una deuda por US$ 156 millones con su matriz Doe Run Resources y que ponga el 100% de sus acciones a disposición del Estado como garantía de cumplimiento del PAMA. Pues bien, hasta el momento estas condiciones no son cumplidas.
Al respecto, el investigador y especialista minero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, opina que nadie da alegremente en prenda la totalidad de sus acciones, por muy mala que fuera la situación en que se encuentre.
Según Manco, la madre del cordero en toda esta situación se encuentra en el errado diseño de la privatización de Centromín Perú, empresa que a decir del analista fue canibalizada al fragmentar sus operaciones mineras separándolas de la fundición de La Oroya. "Si la empresa hubiera sido transferida al sector privado de manera integrada, no tendría los problemas financieros que hoy tiene", dice. "Con el boom minero de los años anteriores, las ganancias en las operaciones mineras hubieran servido ampliamente para terminar con el PAMA mucho antes que el tiempo propuesto".
En ese sentido, el investigador sostiene que el Estado debe asumir su responsabilidad y permitirle a Doe Run una ampliación del plazo para concretar su PAMA. "Un año sería el tiempo ideal", dice. Manco recordó además que cuando se realizó la privatización, el tema medioambiental fue subestimado al plantearse en ese entonces una inversión de US$ 196 millones, monto que ha sido largamente superado por los hasta ahora US$ 300 millones invertidos por DRP en este tema.En el otro extremo se encuentra el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Rolando Reátegui, quien sostiene que el Poder Ejecutivo debe quitarle la concesión a DRP y plantear una solución al problema. "ProInversión debería encargarse de encontrar la forma de convocar a una nueva licitación o los acreedores mineros locales podrían tomar el control de la compañía, pero algo se debe hacer", dice Reátegui.
Hans Flury, de la SNMPE, discrepa de la postura del parlamentario. "¿De dónde sacamos al inversionista que tenga la varita mágica y cumpla con este compromiso en un plazo acelerado en forma inmediata y en una forma que nos guste a todos? Aquí hay plazos que cumplir y estamos insistiendo que los cumplan", dice.
El magnate. En lo que coinciden los analistas es que la solución no pasa porque Indecopi declare la quiebra de DRP, porque quien saldría beneficiada sería la propia matriz de Doe Run, que es su principal acreedora.
Quien dirige Doe Run Resources es el magnate estadounidense Ira Rennert, quien con una fortuna calculada en US$ 3.500 millones fue creciendo desde los años 60 en forma dudosa. Luego de graduarse en el Brooklyn College y de realizar un MBA en la Universidad de Nueva York en 1956, Rennert fundó una sociedad de valores en 1960. Pocos años después, en 1964, el National Association of Securities Dealers (NASD) le retiró la licencia cuando se descubrió que su firma de
corretaje operaba con fondos insuficientes por segunda vez. Por aquellos años se le acusó de haber emitido bonos dudosos sustentados en las compañías metalúrgicas que había adquirido, deteniendo los pagos de intereses a los tenedores de los bonos. Las empresas quebraron y después el ingenioso inversionista adquirió los activos por centavos de dólar. Pero más dividendos le rindieron la compra de AM General, el fabricante del transporte de tropas Humvee y Hummer, por US$ 133 millones. Posteriormente, Rennert vendió el 70% de esa compañía a US$ 930 millones. Negocio redondo.
Hace algunos años, el cineasta Michael Moore eligió en su programa La Dura Verdad a Ira Rennert como "El hombre del año", irónico reconocimiento por ser considerado el mayor contaminador del medio ambiente en Estados Unidos. En ese país, Rennert es cuestionado por las operaciones de Doe Run de San Louis, Missouri, también una fundición polimetálica como La Oroya, donde se procesan plomo, zinc, cobre, oro y plata.
En Herculaneum, Missouri, Doe Run fue obligada a comprar y demoler más de 100 casas que estaban contaminadas, en tanto aún existen decenas de demandas pendientes que terminarían en millonarias multas por daños y perjuicios.
Pero lo que pocos saben es que la fundición de La Oroya genera casi cuatro veces más ingresos que su matriz norteamericana y emite 31 veces más plomo al aire. El resultado: más de 99% de los 12.000 niños de la ciudad de La Oroya tienen la sangre envenenada con plomo. Chernobyl, en Ucrania; Dzerzhinsk, en Rusia; Haina, en República Dominicana; Kabwe, en Zambia, y La Oroya, en Perú. En ese orden, éstas son las cinco ciudades más contaminadas del mundo según un ranking del Instituto Blacksmith, un grupo ecologista con sede en Nueva York. Vaya lugar que le toca ocupar a La Oroya.
No obstante, quien visita el sitio web de DRP (www.doerun.com.pe) encuentra otra historia. "Descargas limpias, aire más limpio y emisiones reducidas. Los proyectos completados desde 1997 han permitido una mejora radical en las condiciones ambientales en La Oroya y más están en camino", dice la empresa."Rennert no quiere apostar por el Perú, sino que busca chantajear al Estado peruano. No tiene la menor voluntad de resolver el problema", dice el congresista Rolando Reátegui.
¿En qué terminará esta historia? La respuesta está en manos del Gobierno: si le concede a DRP una ampliación del plazo para terminar de ejecutar su PAMA, los bancos podrían estar menos renuentes a prestarle a la compañía. Cabe indicar que esta salida cuenta con voces favorables al interior del Ejecutivo, incluyendo el propio ministro de Energía y Minas, y de personajes influyentes como el congresista Jorge del Castillo. Por otro lado, queda la posibilidad de retirarle la concesión a Doe Run y convocar a un nuevo concurso público. En el interín la administración podría ser asumida por los acreedores locales y los trabajadores. No obstante, esta es la menos probable, aunque no descartada del todo. Mientras la incertidumbre campea en La Oroya, cuya población es dependiente económicamente de la empresa y a la vez es una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Bibliografía:
1. Doe Run: La contaminación invisible, Alonso Burgos-Revista Idele. (2012)2. Conclusión: responsabilidades de los actores implicados, Revista Federación
Internacional de Derechos Humanos N° 602a. (enero del 2013)3. Los conflictos de Doe Run Perú, Alejandro Arce Suárez (lunes, 22 de Junio del
2009)