privatisation des télécommunications et relations de travail en amérique latine

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Privatización de las telecomunicaciones y relaciones laborales en América Latina 1 Jorge Walter El artículo examina la transformación de las relaciones laborales vis-à-vis de la privatización de las telecomunicaciones en Argentina, Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En el marco de una generalizada tendencia a la reducción del poder de los sindicatos, en los países menor tamaño relativo se constata la influencia que han tenido los sindicatos de las ex empresas estatales sobre el grado de avance de las privatizaciones. Dos de los países mayores de la región, Argentina y México, ilustran modelos opuestos de relaciones laborales fundados respectivamente en la desnacionalización del management y la pérdida de la garantía del empleo; en el mantenimiento del control de la telefonía en manos nacionales y la preservación de la garantía del empleo. La privatización tardía brasilera abre por su parte el interrogante sobre las consecuencias de las privatizaciones sobre la acción colectiva en la era de las telecomunicaciones liberalizadas. Introducción A comienzos de los años noventa la privatización adquiere el carácter de una tendencia generalizada en América Latina. En su origen estuvieron las reformas neoliberales “recomendadas” por un foro de entidades crediticias internacionales conocido como Consenso de Washington 2 . En este artículo examinaremos la transformación de las relaciones laborales vis-à-vis de la privatización de las empresas telefónicas estatales en los tres mayores 1 Este texto es una versión actualizada de Walter, 1998. 2 Durante los años ochenta explota la deuda externa en América Latina. Su no pago dejaría a los países de la región fuera de la economía internacional. Para resolverlo, las agencias internacionales de financiamiento forman una coalición liderada por el FMI, conocida como Consenso de Washington. A cambio de un “full commitment” con las reformas neoliberales sugeridas, el Secretario del Tesoro de EEUU negoció luego el llamado “Plan Brady”, que concedió una remisión parcial de deudas y créditos adicionales. Las reformas sugeridas se resumen en el siguiente listado: disciplina fiscal y reducción del déficit fiscal, disminución del gasto público, privatizaciones, estímulo al la inversión extranjera directa, desregulación de los mercados (de productos, financiero y de trabajo), liberalización de las importaciones, reforma impositiva, tasas de interés determinadas por el mercado, tasa de cambio competitiva, establecimiento y respeto de los derechos de propiedad. (Williamson, J., 1990)

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Privatización de las telecomunicaciones y relaciones

laborales en América Latina1

Jorge Walter

El artículo examina la transformación de las relaciones laborales

vis-à-vis de la privatización de las telecomunicaciones en Argentina,

Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En el

marco de una generalizada tendencia a la reducción del poder de

los sindicatos, en los países menor tamaño relativo se constata la

influencia que han tenido los sindicatos de las ex empresas estatales

sobre el grado de avance de las privatizaciones. Dos de los países

mayores de la región, Argentina y México, ilustran modelos

opuestos de relaciones laborales fundados respectivamente en la

desnacionalización del management y la pérdida de la garantía del

empleo; en el mantenimiento del control de la telefonía en manos

nacionales y la preservación de la garantía del empleo. La

privatización tardía brasilera abre por su parte el interrogante

sobre las consecuencias de las privatizaciones sobre la acción

colectiva en la era de las telecomunicaciones liberalizadas.

Introducción

A comienzos de los años noventa la privatización adquiere el carácter de

una tendencia generalizada en América Latina. En su origen estuvieron las

reformas neoliberales “recomendadas” por un foro de entidades crediticias

internacionales conocido como Consenso de Washington2. En este artículo

examinaremos la transformación de las relaciones laborales vis-à-vis de la

privatización de las empresas telefónicas estatales en los tres mayores

1 Este texto es una versión actualizada de Walter, 1998. 2 Durante los años ochenta explota la deuda externa en América Latina. Su no pago

dejaría a los países de la región fuera de la economía internacional. Para resolverlo, las

agencias internacionales de financiamiento forman una coalición liderada por el FMI,

conocida como Consenso de Washington. A cambio de un “full commitment” con las

reformas neoliberales sugeridas, el Secretario del Tesoro de EEUU negoció luego el

llamado “Plan Brady”, que concedió una remisión parcial de deudas y créditos

adicionales. Las reformas sugeridas se resumen en el siguiente listado: disciplina fiscal y

reducción del déficit fiscal, disminución del gasto público, privatizaciones, estímulo al

la inversión extranjera directa, desregulación de los mercados (de productos, financiero

y de trabajo), liberalización de las importaciones, reforma impositiva, tasas de interés

determinadas por el mercado, tasa de cambio competitiva, establecimiento y respeto de

los derechos de propiedad. (Williamson, J., 1990)

2

2

países de América Latina (Argentina, Brasil y México) así como en

Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay.3

Los resultados a los que hemos llegado son el producto de una

comparación "amplia" de casos nacionales -el análisis de los mismos no se

efectuó a partir de una problemática común- gracias a la cual identificamos

una serie de rasgos específicos y de temas y problemas recurrentes.

Ordenamos estos últimos en relación a tres momentos: el período previo a

las privatizaciones, cuando se diseñaron los marcos regulatorios cuyo

impacto sobre el modo de modernización de la telefonía es posible

examinar retrospectivamente; la privatización propiamente dicha, cuyos

alcances y temporalidad no pueden disociarse de la influencia del

sindicato actuante en la empresa telefónica estatal de cada país; el período

post privatización, durante el cual las concesionarias privadas

implementaron sus políticas y tomó forma una nueva relación con los

trabajadores y sus representantes sindicales.

En cuanto a las limitaciones del análisis, ellas residen en primer lugar en su

carácter insuficientemente sistemático (el estudio de los casos, realizado

según el punto de vista de cada autor, no siempre nos ha permitido

responder a las preguntas que emergían de la comparación) y, en segundo

lugar, en la índole del material utilizado –las empresas privatizadas son la

unidad de análisis considerada por la mayoría de los estudios de caso- que

si bien revela la influencia determinante de los sindicatos de empresa sobre

los procesos privatizadores, no nos permite realmente evaluar el vínculo

entre dicha influencia y la fuerza de los regímenes nacional-populares en

cada país, ni las consecuencias que la privatización puede haber tenido

sobre ellos4. Estimamos, sin embargo, que el material reunido es lo

suficientemente rico como para permitirnos caracterizar suficientemente

cada uno de los tres momentos evocados en el párrafo precedente.

3 Los estudios de caso nacionales provienen de una serie de ponencias presentadas en el

Grupo de Trabajo sobre "Privatizaciones y Reestructuración Productiva en América

Latina" que coordinamos en el Segundo Congreso Latinoamericano de Sociología del

Trabajo (Aguas de Lindoia, Brasil, diciembre de 1996) a las cuales sumamos luego otro

conjunto de artículos que dieron origen a un libro (Walter et S. González, 1999) y, a

posteriori, una serie de textos recientes en los cuales se evalúa la privatización brasilera,

que tuvo lugar en 1998. En el resto de los países la privatización tuvo lugar durante la

primera mitad de la década pasada, salvo Chile, donde se realizó tempranamente, en

1987. 4 "Los regímenes nacional-populares constituyen un obstáculo -señala Alain Touraine-

para la formación de actores y de conflictos sociales independientes y, más

ampliamente, para la separación de la sociedad civil y del Estado. Pero es la confusión

de estos dos órdenes lo que constituye el aspecto más específico del modo de desarrollo

latinoamericano en el curso del último medio siglo". Touraine, 1988: 207.

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3

La influencia de los marcos regulatorios: subsistencia de los

monopolios y digitalización de la telefonía fija

En los países de la región los servicios telefónicos privatizados se

encontraban generalmente a cargo de empresas estatales monopólicas. Tras

la privatización, en ciertos casos dichas empresas fueron subdivididas en

relación a las distancias (servicio urbano, interurbano e internacional) y/o a

las áreas geográficas cubiertas por la red, pero sin que ello significase

necesariamente la supresión de la exclusividad.

De hecho, la mayoría de los marcos regulatorios de las privatizaciones fue

concebido partiendo del supuesto que la telefonía es un monopolio natural.

Esta suposición, que ciertamente era válida cuando a fines de los años

ochenta se concibieron los marcos regulatorios, dejó de serlo a fines de la

década siguiente gracias al desarrollo de redes alternativas como la celular

y paralelas como la red de fibra óptica de la televisión por cable (CATV).

Lo firmemente arraigado del supuesto -y la contribución a su

supervivencia por parte de los marcos regulatorios- se percibe incluso en

las informaciones estadísticas presentadas en la mayoría de los estudios de

caso que inspiran el presente texto, que en 1997 continuaban computando

aún a la telefonía móvil a lo sumo como un complemento de la telefonía

fija, sin siquiera considerar su impacto sobre la densidad telefónica.

La digitalización de las redes telefónicas5, que en los países considerados

en este texto había alcanzado el 91% en promedio en 1999, esta

positivamente asociada con lo anterior. Uno de los argumentos principales

esgrimidos para justificar la privatización fue la carencia por parte de los

estados latinoamericanos de las divisas necesarias para hacer frente a las

enormes inversiones requeridas para substituir la tecnología

electromecánica -considerada irremediablemente obsoleta ya desde

comienzos de los años ochenta- por tecnología digital. Simétricamente, el

monto de las inversiones necesarias también era considerado por los

especialistas un motor de la globalización6, encontrándose de ese modo en

5 Mediante la substitución de las centrales de conmutación existentes por centrales de

tecnología digital. 6 En el marco de un constante incremento de los costos y de fuerte reducción de la

expectativa de vida de los productos, “Philips calcula que un gasto de 1000 millones de

dólares para desarrollar sistemas digitales requiere una participación aproximada al 8%

del mercado mundial para sólo recuperar costos. El mercado más grande en Europa,

alemania, no alcanza para dar esa participación". Cf. Warren, 1990 (cit. par Yip, George

S., 1993).

4

4

el origen de los procesos de transnacionalización de las empresas estatales

europeas de telecomunicaciones7.

El caso uruguayo –digitalización del 100% en 1997, pero sin privatización-

constituye entonces una interesante alternativa a dicho modo de

razonamiento que no invalida, no obstante, nuestra afirmación inicial: la

digitalización está positivamente relacionada con la subsistencia de los

monopolios gracias a la regulación.

Alcances y temporalidad de las privatizaciones

La influencia sindical sobre la temporalidad y los alcances que la

privatización telefónica ha tenido en cada país es otro de los rasgos

recurrentes observados. Veamos antetodo lo que entendemos por alcances

y por temporalidad de la privatización.

En cuanto a sus alcances, las privatizaciones adoptaron en América Latina

modalidades muy diferentes que van desde la venta de las empresas, hasta

la tercerización (que puede adoptar la forma de una “privatización

periférica”8) de ciertas actividades, pasando por la concesión de licencias

de explotación por tiempo determinado (a empresas nacionales, a empresas

extranjeras o a consorcios mixtos de diversa composición accionaria)9. Si

adoptamos una definición amplia del término privatización, podría

incluirse también a Uruguay, cuyos ciudadanos se pronunciaron

explícitamente en 1992, plebiscito mediante, en contra del paso de la

empresa pública a manos privadas.

7 Maria Conceição da Costa examina la política de expansión de Telefónica de España

en América Latina, donde ha adquirido fuerte participación en el control de las

telecomunicaciones de Chile, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Perú y más

recientemente Brasil, gracias a "su habilidad para ejercer monopolio sobre los activos

que posee" y a la "fuerte y antigua relación cultural" de España con sus ex colonias de la

región (da Costa, 1999: 306). 8 Término acuñado por una comisión interministerial creada por el gobierno militar

argentino en 1978. Consiste en “la transferencia de obras y servicios públicos a

empresas privadas a través de diversas formas contractuales. Bajo esta modalidad, el

Estado delegó en el sector privado actividades ligadas al petróleo, gas natural y licuado,

el transporte marítimo y fluvial, los ferrocarriles, autopistas, obras de conservación vial,

puertos e instalaciones para el almacenamiento y embarque de granos, etc.”. Duarte,

1999: 3. (subrayado nuestro) 9 El modelo institucional adoptado en cada país para la regulación sectorial de las

telecomunicaciones -concluye Da Costa- ha dependido de "las formas de estructuración

y articulación de intereses sociales (y de) las condiciones de construcción de los

compromisos sociales características de cada sistema político".

5

5

En cuanto a su temporalidad, la privatización se ha llevado a cabo en

momentos diferentes en cada país, pues en algunos de ellos ha tenido

lugar más tempranamente (como en Chile, donde se realizó a mediados de

los ochenta) y en otros en forma más tardía (como en Brasil o Puerto Rico,

donde tuvo lugar en 1998). Es posible entonces ordenar los países según

los alcances que ha tenido en ellos la privatización y el momento en que la

han implementado10.

La influencia sindical sobre los alcances y la temporalidad de la

privatización se refleja, como veremos a continuación, en el menor y más

limitado avance de la misma en aquellos casos en los que la resistencia de

los sindicatos telefónicos logró concitar el apoyo de la ciudadanía11.

La influencia sindical en los procesos privatizadores: los casos

uruguayo, puertorriqueño, colombiano y venezolano

El Sindicato Unico de Telecomunicaciones (SUTel) llevó a cabo en ANTel

de Uruguay una exitosa oposición al proceso privatizador (De Wolf, 1999).

Dicha oposición se transformó finalmente en un rechazo a la política

privatizadora gubernamental en su conjunto -considerada sinónimo de

desnacionalización12- que logró movilizar a la central sindical uruguaya, a

algunos partidos políticos de oposición, y a la mayoría de los ciudadanos

(que se pronunció en contra de la privatización en un plebiscito realizado

en diciembre de 1992). El caso uruguayo muestra también, sin embargo,

que la privatización puede avanzar por vías indirectas, como la

tercerización de las obras de plantel externo (aunque probablemente ello

sucedió en este país en forma más moderada que en aquellos que

privatizaron). Sobre la falta de capitales públicos que se ha utilizado como

argumento para justificar la privatización (más de la mitad de las

10 También es posible ordenarlos en función del momento en que liberalizan el mercado

de las telecomunicaciones. Chile constituye un caso extremo, pues privatiza y liberaliza

simultánea y muy tempranamente. La mayoría de los países de la región privatiza a

comienzos de la década pasada y liberaliza hacia fines de la misma (pero, por ejemplo,

en la Argentina el “período de exclusividad” durante el cual se mantiene el monopolio

es más largo que en México). 11 La dimensión del mercado nacional parece incidir sobre todo en la relación

privatización - desnacionalización, que nos remite al polo empresarial de las relaciones

laborales. En un extremo se ubica la transferencia del control de la telefonía a manos de

empresas extranjeras y en el otro su asignación a empresas nacionales, con una gama de

situaciones intermedias (consorcios de capital mixto con mayoría accionaria local o

extranjera). En materia de desnacionalización no parece tan determinante la influencia

de los sindicatos como, en efecto, la influencia de los empresarios del país en cuestión

(y su capacidad -técnica y económica- para hacerse cargo del servicio). 12 La empresa dependía del Ministerio de Defensa.

6

6

ganancias de ANTel, que fueron por ejemplo de cien millones de dólares

en 1995, se transfieren habitualmente a rentas generales del Estado), el

problema fue solucionado mediante recursos tales como el leasing. Así de

Wolf, que califica a este caso como un éxito estatal (las encuestas señalan

que esta opinión es compartida por la población, cuya satisfacción con la

calidad del servicio telefónico pasó del 20% en 1988 al 80% en 1994),

señala que Uruguay es el país latinoamericano con mayor densidad

telefónica (23,5 teléfonos cada 100 habitantes en 1997, sin contabilizar la

telefonía celular) y con mayor difusión de internet; que ANTEL completó

la digitalización de la red en 1997 y que los índices de calidad de servicio

han evolucionado satisfactoriamente tras el plebiscito (la tardanza en

instalar nuevos teléfonos, que antes se medía en años, es ahora, por

ejemplo, menor a un mes)13. Estar en contra de la desnacionalización -en

un país pequeño cuyo empresariado nacional es manifiestamente incapaz

de participar en la privatización- probablemente sea inseparable de la

oposición a la privatización14.

Por su parte, en la telefonía de Puerto Rico15 se verifica una curiosa

paradoja. La empresa telefónica boricua es estatizada en 1974 por causa de

mala gestión privada (ITT), y se vuelve a privatizar en 1990

argumentándose a favor de ello la buena gestión pública y la necesidad de

constituir mediante la venta de tan valioso activo dos fondos públicos

billonarios: uno para promover la educación y el otro para promover el

desarrollo de obras de infraestructura. Al igual que en Uruguay la

resistencia sindical asocia en Puerto Rico la privatización y la

desnacionalización, teniendo también éxito al impulsar un paro nacional de

24 horas sobre la base de consignas nacionalistas. Sin embargo, el nuevo

gobierno electo en 1992 llega con una política privatizadora aún más

decidida que el anterior, prosiguiendo y profundizando el proceso ya

iniciado a través de diversas modalidades de privatización periférica16. En

13 El punto débil de las telecomunicaciones Uruguayas es sin duda la productividad. En

este aspecto Uruguay marcha a la zaga del resto de los países durante los años noventa.

(Walter, 2000) 14 En el extremo opuesto, el mismo argumento de la seguridad nacional es esgrimido en

los EEUU, cuyo órgano regulador, la Federal Communication Commission (FCC) limita

la participación del capital extranjero en cualquier operadora local de telefonía al 25%

con el siguiente argumento reportado por Antonio Moreira de Carvalho Neto (1999:

105): “no es posible entregar a una empresa extranjera el control de un patrimonio

nacional con implicancias para la seguridad del país". 15 Lo que diremos a continuación se inspira en Ala Santiago et Mathews, 1999: 221-242. 16 Este proceso ha sido reforzado, informan Alá Santiago y Mathews, por la

promulgación por el Congreso de EEUU de una nueva Ley de Telecomunicaciones en

febrero de 1996 que "acabó con la protección que le ofrecía la política pública a los

monopolios de las compañías de teléfonos a nivel federal y estatal", asi como con "las

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7

cuanto a la influencia sindical en el proceso privatizador, la desunión de

los dos sindicatos rivales presentes en el sector debilitó su capacidad

negociadora. El retiro voluntario se implementó por Ley y en 1994 dichos

sindicatos firmaron un nuevo Convenio Colectivo que "garantiza a la

empresa la prerrogativa de introducir nuevas tecnologías" a cambio de

cláusulas protectoras (derecho a reempleo, prioridad en las vacantes,

derecho a adiestramientos especiales) que hasta el momento de la

redacción del artículo habían "logrado la reubicación de todos los

empleados desplazados por la implantación de nuevos equipos y

procedimientos". Puerto Rico debe ser considerado, sin embargo, como un

caso peculiar, pues a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado se

convirtió en un Estado Libre Asociado a los EE.UU. de Norteamérica. Su

particularidad se verifica por ejemplo en la densidad telefónica, que si bien

es menor a la mitad de la norteamericana, prácticamente triplica el

promedio latinoamericano todo a lo largo de los años noventa, separándose

netamente del conjunto de los países de la región17.

En lo que respecta a la historia de la privatización telefónica en

Colombia18, proceso cuya violencia quizá no tenga parangón en

latinoamérica, se inició a comienzos de 1992 cuando el Gobierno del

Presidente Gaviria presentó ante el Congreso un proyecto de privatización

de Telecom en el cual se omitían todos y cada uno de los acuerdos a los

cuales se había llegado en conversaciones previas con el sindicato (que

consideraba que la innovación tecnológica y la autonomía en el manejo de

los fondos era la clave del éxito futuro de la empresa). El sindicato

promovió entonces, exitosamente como en Uruguay y en Puerto Rico, un

paro de una semana de duración que literalmente aisló al país del resto del

mundo. El Ministro responsable debió renunciar mientras el Gobierno

retiraba del Congreso el proyecto de privatización. Los sindicatos fueron

llamados una vez más a discutir un proyecto de Ley de gestión especial

para Telecom pero, "...esto fue sólo una pequeña victoria para la

organización de los trabajadores. De hecho, algunos líderes sindicales

pasarían varios meses en prisión acusados de haber convertido la huelga en

un ‘acto terrorista’, mientras que otros se verían obligados a pasar a la

clandestinidad y, aunque el gobiemo terminaría por abandonar la idea de

privatizar de manera inmediata las telecomunicaciones, los proyectos de

restricciones estatales a la competencia tanto en llamadas locales como de larga

distancia y producción de equipos", mientras el avance tecnológico "hace insostenible el

argumento del monopolio natural". Y concluyen: en este contexto, "el 'patrimonio

nacional' boricua se encuentra en ruta irreversible al control del sector privado". 17 Existe normalmente una correlación entre la densidad telefónica y el producto bruto

per capita del país. 18 Cárdenas, 1999: 159-193.

8

8

reorganización de Telecom se tradujeron en leyes y decretos presidenciales

definidos unilateralmente menos de un año después".19 Al igual que en el

caso portorriqueño, en 1995 Telecom implementó un plan de retiro

voluntario con vistas a la mejora de la productividad, y simultáneamente

cuestionó la estabilidad laboral, el régimen de pensiones y las primas

extralegales, mientras redimensionaba su estructura organizativa mediante

downsizing, regionalización -convirtiendo a las gerencias regionales en

unidades de negocio independientes- y descentralización productiva y

administrativa. Paralelamente, entre 1993 y 1994 el sindicato telefónico se

había convertido en un sindicato de industria, y a partir de 1995 se

preparaba para negociar por primera vez una Convencion Colectiva de

Trabajo. Según Alá Santiago y Mathews, el principal cambio resultante de

esta historia consistió en "la pérdida de influencia sindical y su

substitución por un esquema unilateralmente determinado por la cúpula

directiva de la empresa y del Estado", lo cual está "relacionado con las

divisiones internas del movimiento sindical debido al desacuerdo sobre las

respuestas que debía dar frente a las nuevas políticas".

Al igual que en los casos uruguayo, puertorriqueño y colombiano, también

en Venezuela20 la mayor resistencia frente al proceso privatizador provino

de los sindicatos actuantes en las empresas estatales21. Pero a diferencia de

dichos países en este último se llevó a cabo una franca privatización (y

"desnacionalización"), sobre la base de un consenso22 plasmado en 1991 en

una Ley del Congreso Nacional. CANTV quedó así a cargo, licitación

mediante, de un consorcio mixto controlado por una operadora extranjera,

su accionista mayoritaria23. Cabe precisar que los convenios colectivos 19 A comienzos de 1995 existían más de 30 empresas privadas prestadoras de servicios

de valor agregado (creación autorizada por un decreto de julio de 1991). Mediante dos

decretos de diciembre de 1992 se modificó el status jurídico de Telecom -devino

empresa industrial y comercial de Estado- y se le quitó la exclusividad en la larga

distancia nacional e internacional (origen del 95% de sus ingresos); en 1993 se permitió

la inversión privada en telefonía celular y, a través de joint ventures, en la expansión de

la telefonía local; una Ley de 1994 autorizó a los gobiernos nacional, departamental y

municipal a vender las empresas del sector o convertirlas en sociedades por acciones. 20 Iranzo et Richter, 1999. 21 El sindicato de base de Caracas, el más grande y el más fuerte sindicato telefónico del

país, se opuso radicalmente a la privatización y a las formas en que ella se planteó.

Dicha postura fue decisiva para el mantenimiento de los derechos adquiridos en el

momento de la venta. 22 Entre los partidos políticos, organismos empresariales mayoritarios y la Central de

trabajadores (CTV), que manifestó su acuerdo con la privatización de CANTV. 23 Venworld Telecom, liderado por la General Telephone and Electronics (GTE) y

compuesto por la American Telephone and Telegraph (ATT), la Compañía Nacional

Telefónica Española, la Compañía Anónima la Electricidad de Caracas y el Consocio

Inversionista Mercantil (CIMA).

9

9

habían sido revisados con anterioridad a la privatización24, sin que ello

provocara huelgas, pues "el mantenimiento de la paz laboral fue una de las

preocupaciones gubernamentales en ese proceso". Así, "el objetivo de

garantizar la paz laboral llevó a que las presiones de los sindicatos de base

(...) tuvieran éxito en el momento de la privatización en el mantenimiento

de las principales conquistas previas, (si bien) el alto nivel de

conflictividad y el irrespeto a los acuerdos establecidos una vez la empresa

privatizada muestra la fragilidad de tales acuerdos así como de las

instancias políticas encargadas de canalizarlos". Al igual que en los países

mencionados más arriba, con posterioridad a la privatización se produjo

también en Venezuela una fuerte pérdida de "prerrogativas sindicales en

materia de contratación, ascensos, adiestramiento y reclasificaciones,

propias por lo general de las empresas estatales", asi como de ventajas

adquiridas (se desmantelaron unidades de atención médica y psicosocial,

se ceerraron guarderías, se intentó evitar el pago de horas-extra trabajadas,

etc.) e, incluso, del régimen de jubilaciones, sistemáticamente resistido por

la empresa.25 En el marco de una política claramente antisindical, una de

las vías para lograr el debilitamiento del poder de los agremiados -en la

actualidad el sindicato telefónico esta prácticamente derrotado- consistió

en la tercerización de una serie de actividades (particularmente las

relacionadas con obras de plantel externo) anteriormente internalizadas por

la empresa estatal, a lo cual Iranzo y Richter le atribuyen una parte

importante de las mejoras en la productividad del personal. El texto de

estas autoras evalúa a continuación las mejoras realizadas tras la

privatización (el índice de digitalización de la red pasó del 20 al 65 por

ciento en 1998 y la calidad del servicio mejoró sensiblemente), señalando

que, mientras se mantenga el monopolio -es decir, hasta octubre del año

2000- no es posible evaluar si tales mejoras justifican los actuales elevados

niveles tarifarios. A modo de síntesis final, señalan que en este proceso los

sindicatos privilegiaron "el respeto a los derechos adquiridos, la

participación accionaria o la estabilidad laboral frente a otros asuntos que

posteriormente se mostraron más importantes y que terminarían

afectándolos considerablemente; es decir, asuntos como la capacidad de

incidencia sobre el manejo del personal y las relaciones laborales en

general, el cambio tecnológico, los sistemas de remuneración o la

flexibilización interna y externa".

24 En la mayoría de las empresas estatales de Venezuela, a diferencia por ejemplo de

Colombia, las relaciones de trabajo estaban reguladas por el régimen general de derecho

aplicado al sector privado (la Ley Orgánica del Trabajo). 25 Permite acceder a una jubilación de por vida con sólo 14 años de servicio. La empresa

ofrece a cambio prestaciones sociales triples.

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10

México y la Argentina: dos modelos opuestos de relaciones laborales

La comparación entre México y la Argentina (en ambos países, a

diferencia de Brasil, la privatización avanzó tempranamente, llevándose a

cabo a comienzos de la década) nos permite reflexionar sobre el período

posterior a la privatización, poniendo en evidencia la institución de dos

modelos opuestos de relaciones laborales: a) el mexicano, consistente en

una privatización sin desnacionalización y en una modernización

tecnológica negociada, con garantía de empleo y reconversión de la fuerza

de trabajo; b) el argentino, consistente en una privatización con

transferencia del control de la telefonía a operadores extranjeros y en una

modernización tecnológica y organizativa decidida e implementada

unilateralmente por dichos operadores, sin garantía de empleo ni de

reconversión (pues se eliminó y substituyó personal del mismo modo que

se eliminó y substituyó la vieja tecnología por otra nueva). El sindicato

procura en este caso preservar el empleo por vías indirectas (la

reprofesionalización del personal vía capacitación en centros de formación

sindicales) y no siempre aceptadas por las empresas.

La de México26 es probablemente la transición más acabada entre las

examinadas en este artículo, pues en Telmex tiene lugar una progresiva

institucionalización de las negociaciones hasta llegar al puesto mismo de

trabajo. El modelo subyacente para dicho proceso es, claramente, el

modelo japonés de los años ochenta, que el mantenimiento de ciertos

beneficios característicos de la empresa pública de teléfonos tradicional

(como la garantía del empleo, o "empleo de por vida") hace posible y

conveniente implementar. Dicha garantía se sustenta en la transferencia del

control de la empresa a empresarios nacionales, un fuerte incremento

tarifario previo a la privatización, la instauración del servicio medido y el

mantenimiento del monopolio en las llamadas de larga distancia -las más

rentables- por seis años, hasta 1996. Así, la gravísima crisis que atravesó

México durante 1995 y 1996 sólo repercutió en Telmex en una caída de las

utilidades netas sobre ventas netas que pasaron del 38,5% en 1992 al

29,4% en 1996 (mientras la proporción de pasivo total a activo total pasaba

del 28,9% a 19,8% entre ambos extremos del mismo período!). En cuanto a

los logros productivos posteriores a la privatización, el trabajo que estamos

reseñando menciona para el período 1990-1996 un incremento del número

de líneas del 70% (dado que el empleo se mantuvo estable, ese mismo fue,

aproximadamente, el porcentaje de incremento de la productividad por

trabajador), de las llamadas interurbanas del 110% y de las llamadas

internacionales del 230%. La digitalización de la red, que ya era muy

26 De la Garza et Melgoza Valdivia, 1999.

11

11

avanzada en el momento de la privatización, alcanzó el 90% en 1996 (y era

del 100% en las tres mayores ciudades del país)27.

En cuanto a la institucionalización de nuevas "reglas de procedimiento"28,

ella siguió en Telmex un sendero de implementación de formas

institucionales de alcance progresivamente más local y específico, con

periodicidad de funcionamiento progresivamente decreciente. Al igual que

en otros países de la región, el trayecto comenzó con una revisión del

Convenio Colectivo de Trabajo (1989) previa a la privatización, seguida de

revisiones anuales de cláusulas contractuales específicas del Convenio por

las cuales se creó en 1990 una Comisión Mixta de Calidad y

Productividad. En noviembre de 1991, esta Comisión firmó –a partir de un

trabajo de diseño conjunto de políticas para la mejora de la calidad y la

productividad del servicio- un Convenio sobre Calidad, Productividad y

Capacitación para la modernización integral de Telmex y, en noviembre

de 1992, un Programa General Permanente de Incentivos a la

Productividad. A estas iniciativas se agregó, por último, la creación de

numerosos Grupos de Análisis que se desempeñarían cotidianamente al

nivel de los puestos de trabajo29.

Los autores del artículo califican el caso como una "situación extrema

mexicana de negociación entre un sindicato y una empresa", señalando que

tal situación ha sido posible por la presencia de una representación sindical

con gran legitimidad ante sus bases -"y una capa de técnicos que

impregnaron de sentido tecnológico a la estrategia sindical"- apoyada por

un gobierno federal que en 1992 "diseñó a la vieja usanza una estrategia de

reforma del antiguo corporativismo sindical" mediante la promoción de un

"nuevo sindicalismo, ejemplo del cual sería el telefonista". No obstante,

27 En el artículo no se aportan datos en cuanto a la mejora en los indicadores de calidad

de servicio pero se menciona la implementación, acordada en abril de 1995 (en el marco

de la tercera fase del Programa General de Incentivos a la Calidad y la Productividad),

de un mecanismo de captación de la percepción de los clientes, de la cual dependería el

otorgamiento de un plus salarial del 5%. 28 Por "reglas de procedimiento" -formales o informales- entendemos el marco

institucional de la negociación, por oposición a "reglas de contenido", que se refieren a

la materia negociada (salarios, categorías, condiciones de trabajo, etc.). Tomamos estos

términos de Reynaud, 1993. 29 En 1996 funcionaban alrededor de 200 grupos, integrados sobre todo por trabajadores

de planta externa (un sector que en las telefónicas de la mayoría de los países de la

región ha sido tercerizado). "Los conforman trabajadores, jefes y supervisores, con

presencia formal del sindicato y su tarea es proponer mejoras en la productividad,

calidad, ausentismo, rotación, higiene y seguridad. Fueron creados en torno a los

convenios de productividad, que establecieron bonos por incremento en la

productividad, pero también en tareas de definición de indicadores para medirla, hacer

las medidiones mismas y la evaluación del sistema".

12

12

concluye el artículo, con la apertura de la larga distancia a la competencia

"...las nuevas compañías se han alejado de la experiencia de Telmex en

concertación con sus sindicatos y han firmado contratos con

organizaciones obreras de membrete que les permiten peores salarios,

condiciones de trabajo y, sobre todo, unilateralidad. Esta nueva situación,

que impactará el mercado de servicios de telecomunicaciones en contra de

Telmex, puede presionar a la empresa a revisar el marco actual de

relaciones laborales".

Al margen de las posibles consecuencias que pudiese tener para Telmex la

apertura a la competencia de los servicios locales de comunicaciones a

partir de 1997, es previsible un comportamiento divergente de México y

Argentina en materia de productividad30.

En el extremo opuesto al bilateralismo sindical-patronal mexicano se sitúa,

en efecto, el unilateralismo patronal que caracteriza el período posterior a

la privatización en la Argentina31, país donde, por otra parte, privatización

ha significado desnacionalización32 (la mitad norte de la red nacional pasó

bajo control de un Consorcio mixto controlado por Telecom de Francia y

Stet de Italia; la mitad sur bajo control de un consorcio mixto controlado

por Telefónica de España). Al igual que el caso mexicano, sin embargo, en

la Argentina también se elevaron fuertemente las tarifas en el momento de

la privatización garantizándose a las licenciatarias del servicio el control

monopólico de las comunicaciones realizadas mediante la red fija33 hasta

1997, con posibilidad -de cumplirse con ciertas metas de densificación y

30 Según estadísticas recientes de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones las

curvas de productividad de ambos países se cruzan (en torno a 180 líneas por empleado)

en 1995. A partir de entonces en la Argentina la productividad aumenta rápidamente

mientras en México comienza a caer. En 1999 la diferencia entre ambos países es

notoria: 372,5 líneas por empleado en el primer país contra 130,2 líneas por empleado

en el segundo. Al igual que en Uruguay, la productividad es, en efecto, el talón de

aquiles del modelo mexicano. 31 Walter et Senén González, 1999, "Empresas y sindicatos en la telefonía argentina

privatizada", in Walter et Senén González, 1999. 32 Es importante recordar que la oleada de privatizaciones que se produjo en la

Argentina a partir de 1990 tuvo lugar inmediatamente después de la catástrofe

hiperinflacionaria de los años 1989 y 1990, tras la cual el rol del Estado en la

producción de bienes y en la prestación de servicios públicos quedó severamente

restringido. 33 Las comunicaciones internacionales son controladas por una empresa cuyo control es

compartido por ambas licenciatarias. La telefonía celular, en cambio, es abierta a la

competencia (pero las licenciatarias poseen sus propias empresas de telefonía celular).

El único ámbito que se desenvuelve desde la privatización en "régimen de competencia"

es el de los servicios de valor agregado tales como la transmisión de datos, internet,

0600, etc.

13

13

de mejora en la calidad del servicio- de acceder a una prórroga hasta el año

2000.

A diferencia del caso mexicano, la privatización trajo aparejada una

fortísima reducción de personal (entre noviembre de 1990 y setiembre de

1997 el personal ocupado en las dos licenciatarias se redujo exactamente a

la mitad34) y a una verdadera substitución de la parte restante, similar en su

lógica al reemplazo de tecnología que se realizaba paralelamente. El

cambio de tecnología se tradujo concretamente en el paso de un índice de

digitalización de menos del 15% en 1990 a la completa digitalización de la

red nacional en 1998 (y a la conexión de las nuevas centrales mediante

anillos de fibra óptica). Por su parte, la reducción-substitución masivas de

personal se vió claramente reflejada en los promedios de edad, antigüedad

y profesionalidad del personal (esto último sobre todo a nivel de mandos

medios) y, por supuesto, en la productividad (que tras la privatización dio

un impresionante salto de más del 650%). En materia de relaciones

laborales, en lugar de una progresiva institucionalización de la negociación

como en el caso mexicano, tras la privatización se produjo en la Argentina

una total exclusión de los sindicatos35, que debieron limitarse a prácticas

defensivas y ex post y al intento de garantizar la estabilidad del empleo por

vía indirecta, a través de una oferta de capacitación propia e independiente,

con certificaciones no siempre reconocidas por las licenciatarias36.

El cambio que el artículo sobre la Argentina pone más claramente en

evidencia se sitúa, sin embargo, a nivel de la telefonía en su conjunto,

donde ha tenido lugar una multiplicación de los actores, tanto

empresariales37 como sindicales. El sindicato de los obreros y empleados

34 Pasó de 40.800 personas a 21.000. 35 Cuyas consecuencias en términos de flexibilización laboral se examinan en Montes

Cató (2000) mediante una comparación de los convenios colectivos de trabajo previos y

posteriores a la privatización. 36 Secundariamente, es interesante remarcar que, sin embargo, a diferencia de lo

sucedido en la empresa venezolana de teléfonos, donde la desnacionalización del

management trajo aparejada una serie de persistentes dificultades de comunicación

intercultural (en ciertos casos de franco etnocentrismo), en el caso argentino se produjo -

graves conflictos mediante, que en el caso de una de las licenciatarias llegaron incluso a

tener estado público, dando dando lugar al reemplazo del presidente extranjero de la

compañía por otro local- una re-nacionalización. 37 Donde más claramente se observa este fenómeno es en Chile (que privatizó y

liberalizó tempranamente, en 1987): a comienzos de 2000 actuaban en la telefonía

básica de este país 12 empresas (no obstante lo cual, el 85 % de las líneas fijas eran

controladas por sólo una de ellas: Telefónica CTC Chile); las comunicaciones de larga

distancia nacional e internacional se encontraban en manos de 12 empresas fuertemente

competitivas entre si y la telefonía celular, un mercado en acelerada expansión, se

hallaba bajo el control de tres empresas principales: Entel PCS, Telefónica Móvil y

14

14

telefónicos otrora dominante en la empresa estatal -donde firmaba un

convenio único para todas las categorías de trabajadores, incluídas las

gerenciales- compite ahora con dos gremios poderosos: el sindicato de los

obreros de la construcción, que se ha instalado firmemente en el sector con

motivo de la incursión en él de numerosas empresas subcontratistas de las

gigantescas obras de modernización de la red, y el sindicato de empleados

de comercio, que se ha abierto camino en la parte de la telefonía más

ligada a su desarrollo futuro: las nuevas empresas prestatarias de servicios

de valor agregado (único dominio abierto a la competencia desde la

privatización)38.

Brasil: abusos de la tercerización y nuevas formas de acción sindical

Brasil privatizó tardíamente, pero lo hizo procurando “no reiterar los

errores de otras privatizaciones latinoamericanas” (Santos, Melo y

Albuquerque, 2002: 41). Así por ejemplo, la Agencia Nacional de

Telecomunicaciones (ANATEL) fue creada con anterioridad a la

privatización39 para que tuviese un rol determinante en el diseño del marco

regulatorio cuya implementación debería llevar luego a cabo. Por

oposición a México, y a diferencia también de la Argentina (donde los

consorcios debían obligatoriamente dar participación minoritaria a

empresas locales), en este país no se fijaron condiciones en cuanto al

origen o composición del capital de las empresas concesionarias. El

sistema Telebrás40 fue dividido en 12 compañías: tres holdings

concesionarios de empresas regionales de telefonía fija -Brasil Telecom,

Telemar y Companhia Rio Grandense de Telecomunicaçoes-, un holding

responsable de la telefonía de larga distancia en todo el país -Embratel- y

Bellsouth, todas ellas con concesiones a escala nacional. Además de las mencionadas se

desenvuelven en el sector 32 empresas proveedoras de internet (de las cuales sólo un

37% son filiales de grandes empresas de telecomunicaciones nacionales o extranjeras).

(Gemines, 2003). 38 Por razones de espacio no presentaremos en este artículo los resultados de

investigaciones sobre las condiciones y el medio ambiente de trabajo en los call-centers

(Korinfeld, 2000). Dada la presencia dominante de la empresa en la región, es también

de gran interés la tesis de doctorado de Andrea del Bono sobre el proceso de trabajo de

las operadoras telefónicas en los servicios comerciales de Telefónica de España, en

España (del Bono, 2000a, b). 39 En la Argentina la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue creada un año

después de la privatización, comenzó a funcionar dos años después y recién realizó los

primeros controles consistentes en el transcurso del tercer año. 40 Antes de la privatización las telecomunicaciones brasileras eran controladas por 31

organizaciones estaduales (llamadas TELEs) y por EMBRATEL (Empresa Brasilera de

Telecomunicaciones, operadora interestadual e internacional), subordinadas, todas ellas,

al holding TELEBRAS (Telecomunicaciones Brasileras).

15

15

ocho holdings a cargo de la telefonía móvil de banda A. En cada región se

autorizó la creación de “empresas espejo” que podrían actuar en las

mismas zonas geográficas que las concesionarias. En caso de cumplir con

las metas de universalización y expansión establecidas por ANATEL, a

partir de diciembre de 2001 las concesionarias regionales podrían competir

libremente entre si ingresando en sus respectivos mercados41.

Como señalamos en otro texto elaborado a partir de material estadístico

(Walter y S. González, 2000), cuando se compara el comportamiento de

Brasil durante los años noventa vis-à-vis de la Argentina, Chile, México y

Uruguay, se observa que en el período previo a la privatización Brasil tuvo

un comportamiento “promedio” en materia de mejoras de la productividad

pero tendió a retrasarse tanto en materia de digitalización como de

densificación. De hecho, sólo supera en densidad telefónica a países donde

la telefonía fija ha sido históricamente muy deficiente, como Paraguay y

Bolivia, que por otra parte son aquellos en los que más rápidamente se

difunde en la actualidad la telefonía celular (Uría, 2000). En cuanto a

difusión de la telefonía celular Brasil marcha justamente detrás de estos

últimos, pero adelante de los países mencionados en primer término,

previéndose que el número de teléfonos celulares dará alcance muy pronto

al de los teléfonos fijos instalados en el país42.

Según un informe reciente43, en el período post privatización “el

comportamiento de las tarifas refleja en Brasil el grado de competencia en

los diferentes servicios de telecomunicaciones”: los precios en la telefonía

de larga distancia cayeron (“la llamada a EEUU bajó un 51%”) y en la

telefonía celular las tarifas tuvieron un incremento del 38%, pero en la

telefonía fija, “donde casi no hay competencia”44, el costo de las llamadas

41 Para una presentación detallada de la política gubernamental de privatización de las

telecomunicaciones, ver Tavares de Almeida, 1998 42 Según datos consignados por Teixeira (2002), en 1998, año de la privatización,

existían en Brasil 7 millones de teléfonos portátiles y 21 millones de teléfonos fijos. En

2001 había ya 29 millones de teléfonos celulares y 39 millones de teléfonos fijos. Según

una investigación realizada en San Pablo, sólo la mitad de los propietarios de teléfonos

inalámbricos de ese estado poseía, además, un teléfono fijo. Estos datos dan cuenta

entonces de una más que duplicación del número total de teléfonos en Brasil en apenas

tres años posteriores a la privatización, de un ritmo de difusión muy superior de la

telefonía celular respecto a la fija y de una tendencia a la substitución del teléfono fijo

por el teléfono portátil. 43 Publicado el 28/03/2003 en www.comparatel.com.br, página especializada en la

comparación tarifaria. 44 “Na telefonia residencial, porém, as três operadoras que compraram as concessões

para a telefonia fixa local -- Telemar, Brasil Telecom e Telefónica -- detêm um

16

16

se incrementó en un 90%, pues “la competencia se vuelve difícil ante la

imposibilidad –se trata de una alusión a la creación de “empresas espejo”-

de duplicar la infraestructura de las empresas dominantes”45. No debe

extrañar entonces que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones ”haya

festejado el gran éxito que fue la venta de nuevas licencias de telefonía

celular durante 2002 (recaudó 920 millones de reales), dado su “desafio de

promover la competencia en la telefonía local, un problema que aflige a los

reguladores de todo o mundo (y puesto que) las redes celulares tienen un

papel central en esa estrategia.” (Teixeira, 2002)

En cuanto a las relaciones laborales, cinco años después de la privatización

disponemos de suficientes elementos de juicio como para esbozar una

primera evaluación de lo sucedido en este ámbito46. Como veremos, el caso

brasilero ofrece evidencia sobre la influencia de los sindicatos en las

privatizaciones pero, sobre todo, permite reflexionar sobre la influencia de

la privatización y la liberalización de las telecomunicaciones sobre la

acción colectiva en el sector.

La oposición a la privatización por parte del sindicalismo telefónico

brasilero fue muy fuerte durante los años noventa. La Federación

Interestatal de Trabajadores de Telecomunicaciones (FITTEL) llevó

adelante una importante campaña para lograr apoyo político a favor de un

proyecto de mantenimiento de la telefonía en manos del estado, conocido

como Brasil Telecom (de unificación del sistema Telebrás en una sola

empresa). Araújo et al. (2000: 16), muestran el arraigo de esta estrategia

ilustrándolo con el caso del Sindicato de los Trabajadores de Empresas de

Telecomunicaciones del Estado de Paraná (SINTTEL), cuyos afiliados

contribuyeron financieramente con el 1% del salario para la confección de

afiches, carpetas y diarios. No es de extrañar, entonces, que aunque la

privatización haya sido intentada por sucesivos gobiernos (principalmente

Fernando Collor de Melo y, tras su demisión, Itamar Franco), sólo la

monopólio de fato em seus respectivos mercados, com participação superior a 95%”

(Teixeira, 2003). 45 “A Vésper, espelho da Telemar e da Telefônica, se dedica ao mercado corporativo. A

GVT, espelho da Brasil Telecom, ataca apenas os consumidores mais rentáveis, das

classes A e B” (Teixeira, 2003). 46 Lo que diremos a continuación se basa en un varios capítulos de nuestro libro de 1998

y en un conjunto de textos posteriores de investigadores de la Universidad Federal de

Paraná (sobre TELEPAR, filial Paraná de Brasil-Telecom), de la Universidad Federal de

Sergipe (sobre la filial Sergipe de TELEMAR) y de la Universidad Federal de Río

Grande do Sul (un artículo sobre la Companhía Rio Grandense de Telecomunicaçoes y

otro sobre su red de subcontratistas).

17

17

administración del presidente Fernando Enrique Cardoso tuviese

legitimidad suficiente para concretar el objetivo47.

En cuanto a las consecuencias de la privatización para el trabajo y los

trabajadores así como para el movimiento sindical en la telefonía brasilera,

según entrevistas realizadas por Aragäo Santos et al. (2002: 45) a

trabajadores y sindicalistas de la vieja Telebrás apenas dos años después de

la privatización, la percepción de estos era que “la privatización no ha

traído consigo tantas innovaciones tecnológicas e inversiones como

despidos masivos48 que han provocado una caída en la calidad de los

servicios”, produciéndose abusos denunciados ante la justicia en cuanto a

la utilización de pasantes49 (stagiarios), así como en el recurso a empresas

tercerizadas. Según el Presidente de SINTTEL del estado de Sergipe, la

empresa local concesionaria de la telefonía fija recurre habitualmente a

estas prácticas porque es un monopolio, debido a que su empresa espejo

“tiene una escala productiva muy inferior y no puede competir con ella”.

Las empresas de telefonía celular se desenvuelven en un mercado

competitivo y, por lo tanto, “cuando introducen tecnología no despiden

porque están preocupadas por la calidad del servicio” (Ibidem, p. 47).

Sin embargo, los abusos de la tercerización ya se registraban en forma

generalizada en la telefonía brasilera antes de la privatización: el término

“cuarterización” (subcontratación de la subcontratación) es utilizado en

1998 por Carvalho Neto para referirse a prácticas de dilusión de

responsabilidades que eran comunes en el período previo a la privatización

(Carvalho Neto, 1998: 118). En el período posterior dichas prácticas han

adquirido ribetes extremos, que según Ruduit García (2000: 14), llegan en

ciertos casos hasta la “sexterización”, fenómeno que “es posible por la

escasa exigencia y fiscalización sobre la documentación y sobre las

47 Los avatares de este proyecto entre sucesivos gobiernos son descritos por Aragäo

Santos et al. (2002: 37 et ss). Para una discusión más general sobre los avatares de la

política de privatizaciones en general, ver Almeida (1998ª) 48 Sonia Larangeira aporta al respecto los siguientes datos: “El Sistema TELEBRAS

contaba en julio de 1998 con 87.532 trabajadores, que en diciembre de 1999 se habían

reducido a 65.579 en razón, sobre todo, de demisiones incentivadas a través del

Programa Incentivado de Rescición Contractual. El programa alcanzó sobre todo a la

franja etaria 40-50 años”. (Larangeira, 2001: 124) 49 Según la denuncia del presidente de SINTTEL Minas Geraes, la filial local de

TELEMAR incrementó de 5% a 30% el número de trabajadores empleados como

pasantes después de la privatización.

18

18

condiciones de trabajo. La informalidad de las relaciones y la burla de la

legislación es una práctica recurrente en estos casos”50.

La conclusión de Ruduit García es que “...el trabajo precario en las

empresas tercerizadas está en consonancia con la forma que históricamente

han tenido las relaciones capital/trabajo en Brasil, de gran segmentación,

exclusión e informalidad. Por lo tanto, este estudio muestra la necesidad de

ampliar la unidad de análisis (...) y adoptar como unidad de análisis la red

de empresas (...), incorporando la diversidad de las situaciones de trabajo

sin restringir el análisis a la “empresa de punta”, que implica dejar de lado

gran parte de las situaciones de precariedad del trabajo” (R.García, 2000:

24).

La externalización (en las subcontratistas actúa un sindicato específico

llamado SINDITEL, Sindicato de los Trabajadores de las Industrias de

Instalaciones Telefónicas), sumada a la fragmentación del Sistema

Telebrás y a la pujanza de la telefonía celular, ha dado lugar a un

fenómeno que nuestros colegas brasileros califican como “pulverización de

la acción colectiva” (Aragäo Santos et al., 2002: 50; Araújo, 2002). A

partir del testimonio de un trabajador telefónico, Araújo caracteriza el

fenómeno del modo siguiente: “Al negociar por empresa procurando

extender su espacio de actuación, los sindicatos aceptan transformaciones

en la categoría y en el modo de actuar institucional”. Concretamente, “las

acciones del sindicato comienzan a ir más allá de la categoría

sindicalizada, ya sea dilatando sus espacios tradicionales y formales, o bien

mediante la búsqueda de soluciones alternativas en el mercado de trabajo

para los despedidos o en vias de serlo. Entre esas acciones, el sindicato

apoya iniciativas grupales de reinserción laboral y de formación de

cooperativas de trabajadores en telefonía”, extendiendo así “un brazo hacia

la economía solidaria” procediendo, en síntesis, “a dilatar su

representación y a adosar a su acción una agenda social alternativa”

(Araújo, 2002: 13, 15, 17).

El análisis del caso SINTTEL/Paraná, al cual se refiere la cita precedente,

pone también en evidencia un cambio fundamental en las estrategias y

50 El texto del cual proviene esta cita examina las prácticas de tercerización de la

Compañía Riograndense de Telecomunicaciones, situándolas en el marco más general

de un debate sobre las formas de “governance” subyacentes. A partir de Martin (1997),

Ruduit García argumenta que el carácter negociado o no del proceso es clave en tanto

determinante de los efectos que tendrá la flexibilización sobre los regímenes de trabajo,

siendo la investigación de Abreu et al. (1998: 121) sobre el caso Riotel un buen ejemplo

de la forma negociada.

19

19

estructuras sindicales, así como en los procedimientos de negociación y las

materias negociadas. En efecto, tras la privatización, la dirección del

sindicato abandona la postura confrontacionista que la caracterizó a partir

de 1987. En forma concomitante decide reducir las cotizaciones de sus

afiliados en TELEPAR y en TIM Celular, que pasan de 2 a 1,7% del

salario, y construir una colonia de vacaciones en el litoral. Asimismo,

reduce el personal permanente del sindicato que pasa de 24 a 15 personas.

Frente a nuevas problemáticas, tales como la arbitrariedad de los despidos,

tanto en las concesionarias como en las subcontratistas, o la supresión de

beneficios (como la ayuda educativa, la licencia paga, los aguinaldos, la

ayuda preescolar, etc.), el sindicato amplía y promueve una

reestructuración de su departamento jurídico para permitirle realizar

acciones a favor de la reintegración de los trabajadores, dotando a cada

subsede sindical de un escritorio jurídico en apoyo de los trabajadores del

área y creando una asesoría jurídica en la capital estadual con el objeto de

negociar los Acuerdos Colectivos y desplegar Comisiones de Conciliación

Previa (ibid: 13-14). En cuanto a la materia negociada, el sindicato deja de

centrarse exclusivamente en la reivindicación salarial y reclama

participación en cuestiones concernientes a los cambios en la tecnología y

en la organización, así como en el planeamiento de los puestos de trabajo y

funciones, la selección y el entrenamiento de los trabajadores, la calidad de

las condiciones de trabajo” (ibid: 17).

Según Ruduit García, esta serie de cambios es condición necesaria para

que los sindicatos puedan enfrentar exitosamente la erosión de la

homogeneidad51 de la clase trabajadora. El nuevo desafío consiste,

justamente, en recuperar la solidaridad más allá de las diferencias entre los

trabajadores (Ruduit García, 2000: 9).

Conclusión

La primera conclusión general que resulta de la comparación amplia entre

los casos se refiere a la influencia de los marcos regulatorios, diseñados

durante los años ochenta, cuando la telefonía fija aún constituía un

monopolio natural. Si bien el desarrollo de redes alternativas y paralelas ha

ido ido socavando la base técnica del monopolio natural, la decisión de la

mayoría de los países de privatizar incrementando fuertemente las tarifas y

manteniendo el monopolio en la telefonía fija por un período más o menos

prolongado (a cambio de metas de inversión exigentes, que fueron en

51 Pues, señala Ruduit García, la homogeneidad categorial está en la base de las formas

tradicionales de acción sindical, consistentes en “forjar la identidad colectiva por la

semejanza”.

20

20

general fácilmente superadas) contribuyó a preservarlo. La particularidad

del caso chileno, donde una sola empresa controlaba el 85% de la red de

teléfonos fijos una década después de la privatización, debe atribuirse a

que la liberalización de las telecomunicaciones ocurrió en dicho país en

fecha temprana, cuando las nuevas tecnologías aún no estaban disponibles.

En contraste, una privatización tardía como la brasileña pudo aprovechar

de la experiencia regulatoria regional y del desarrollo y difusión de la

nueva tecnología.

Nuestra segunda conclusión general se refiere a la influencia sindical en

los procesos privatizadores: el grado de avance y los alcances de estos

procesos han variado en función de la aptitud de los sindicatos de las

empresas públicas para suscitar el apoyo de la ciudadanía en su oposición a

la privatización. Sin ser el único, el caso brasilero pone de manifiesto que

la posibilidad de privatizar también ha dependido de la legitimidad de los

sucesivos gobiernos que pretendieron impulsarla.

En tercer lugar, aunque es indudable la influencia que han tenido los

sindicatos en los procesos de privatización, también lo es que el retroceso

de dicha influencia se inició antes de la privatización. Pues inclusive en los

países donde no se privatizó (como en Uruguay) o en los que se retrasó la

privatización (como en Brasil o Puerto Rico), esta última avanzó de hecho,

por la vía indirecta de la tercerización (implementada por los militares

argentinos formalmente, desde los años setenta, bajo el mote de

"privatización periférica"). En mercados de trabajo donde la precariedad

del empleo no es una excepción, la tercerización adquirió a veces, como en

Brasil, ribetes extremos a través de procesos encadenados de

subcontratación de la subcontratación. Tras la privatización, la receta de la

tercerización continuó siendo utilizada por las concesionarias privadas del

servicio de telefonía fija con consecuencias agravadas en cuanto al

debilitamiento -por pérdida de adherentes- y la división -debida al ingreso

de nuevos sindicatos en el sector- de los otrora poderosos gremios estatales

telefónicos.

Nuestros colegas brasileros caracterizan las consecuencias de la

privatización y la liberalización mediante el término “pulverización de la

acción colectiva”, que involucra la siguiente paradoja: la reducción del

empleo formal incita a los sindicatos tradicionales del sector a negociar por

empresa para extender su espacio de actuación, pero al hacerlo aceptan, de

hecho, las transformaciones que están en el origen de esa reducción. Al

hacerse cargo de la informalidad del trabajo y de la precariedad de los

tercerizados, anexan a su tarea una “agenda social alternativa” (ilustrada

por el apoyo a la reinserción laboral o a la formación de cooperativas de

21

21

trabajadores despedidos) extendiendo así “un brazo hacia la economía

solidaria”.

Dado el impacto que ha tenido la tercerización, un colega basilero sugiere

abandonar la unidad de análisis utilizada habitualmente en los estudios

sobre telecomunicaciones. Es necesario, afirma, pasar de la tradicional

“empresa de punta” de la era fordista-verticalizada a la red de empresas de

la era de la producción flexible. Según nuestro punto de vista, este cambio

efectivamente amplía nuestra capacidad de percibir lo que sucede en las

telecomunicaciones actuales, pero sigue condicionado por la imagen del

monopolio natural de servicios públicos con base en la telefonía fija (al

que se le adosa ahora una red de subcontratación “tortuosa”52).

Este modo de utilización del concepto no permite captar, por ejemplo, el

significativo desarrollo de las empresas de telefonía móvil (que “no

despiden porque están preocupadas por la calidad del servicio”), y sobre

todo su tendencia –cuando el marco regulatorio lo propicia y cuando el

ente regulador se encarga de que así sea- a sustituir la telefonía fija, todo lo

cual, por contraste entre la situación de las empresas actuantes en ambos

segmentos del mercado y habida cuenta del carácter históricamente

dominante de la telefonía fija, tiende a precipitar a esta última en una

relativa decadencia53.

Veamos por último las diferencias entre países. En primer lugar, Puerto

Rico es sin dudas un caso particular, como lo evidencia la densidad

telefónica del país (un valor correlacionado con el PBI per capita

nacional), siempre más cercana en valores relativos al promedio

norteamericano que al latinoamericano. Chile y Uruguay se ubican por su

parte en posiciones extremas. La privatización y liberalización tempranas

de Chile se reflejan en la también temprana digitalización completa de su

red de telefonía fija (1993), si bien este país no pudo basar la liberalización

en la ruptura del monopolio natural que la difusión de nuevas tecnologías

haría posible diez años más tarde. Uruguay, que decidió no privatizar,

contrasta con Chile –y con el resto de los países de la región, salvo

México- no tanto en materia de inversiones como en materia de

52 Es el término utilizado por Leda Gitahy (1994) para referirse a una forma de

subcontratación –que está en las antípodas del modelo de producción flexible-

caracterizada por el carácter conflictivo de las relaciones entre las partes –

subcontratante, subcontratistas, empleados y sindicatos- y por el énfasis en los costos

vía reducciones de personal, precarización del empleo, etc. 53 Ciertos sindicatos actuantes en el segmento no escapan a la situación y proceden,

como la filial Paraná del sindicato telefónico brasilero, a estrategias de reducción de las

cotizaciones para mantener adherentes, y por lo tanto, de reducción de costos para

aligerar las estructuras organizativas.

22

22

productividad. Brasil se ubica por su parte en el polo opuesto de Chile por

lo tardío de su privatización, y llamativamente se asemeja en su

comportamiento a Bolivia y Paraguay, dos países seriamente retrasados en

materia de digitalización y densificación, pero líderes regionales y

mundiales en materia de difusión de la telefonía móvil. La comparación

entre México y la Argentina, que al igual que Venezuela y Colombia

privatizaron durante la primera mitad de la década pasada recurriendo a

modelos de transición (mantenimiento del monopolio en la telefonía fija

hasta fines de la década como contracara de la exigencia de fuertes

inversiones en materia de digitalización y densificación), nos ha permitido

caracterizar dos modelos opuestos de relaciones laborales resultantes del

modo de privatización: por un lado desnacionalización del management

conjugada con la pérdida de la garantía del empleo (con la consiguiente

reducción y substitución drásticas del personal) en el caso argentino; por

otro, en el caso mexicano, mantenimiento de la empresa bajo control de

empresarios nacionales conjugado con la preservación de la garantía del

empleo. El primer modelo se caracteriza por el unilateralismo empresarial

en la toma de decisiones, mientras que en el segundo las decisiones en

materia de incorporación de tecnología y gestión del personal se toman

bilateralmente, negociación mediante entre la empresa y el sindicato. No

debe extrañar, entonces, el neto contraste entre el comportamiento de las

telecomunicaciones de ambos países en materia de productividad.

A modo de cierre, nos gustaría simplemente listar algunos de los

fenómenos que se despliegan en filigrana detrás de los estudios de caso.

Nos referimos a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías de

telecomunicaciones, que han creado la oportunidad de acabar con el

monopolio natural; a su convergencia con la informática y los medios de

comunicación que expande día a día las fronteras del sector; a la

transnacionalización de las viejas empresas estatales europeas (para

continuar siendo viables sobre sus propios territorios), mientras se

privatizaban las viejas empresas estatales latinoamericanas como medio

para lograr la modernización y quedar del buen lado del digital divide; al

choque en territorio neutral, pero que cren propio, entre esas viejas

empresas europeas de telefonía fija (y en especial una de ellas, proveniente

de la “madre patria”) y nuevas empresas norteamericanas de telefonía

celular (y en particular una de ellas, asentada en el hispánico sur de los

EE.UU.); y a la crisis, por último, de los regímenes nacional-populares

latinoamericanos y del modelo de desarrollo fundado en la protección

ilimitada del mercado interno y la substitución de importaciones,

encarnado en la vieja alianza entre la empresa pública estatal de servicios

públicos y su red de subcontratistas nacionales y extranjeros productores

23

23

de insumos de de la era electromecánica54, que no en vano se conoció en la

Argentina como “patria contratista”.

Jorge Walter

Investigador del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas de la

Argentina, Profesor de la Universidad de

San Andrés y la Universidad de Buenos

Aires, Vicepresidente de la Asociación

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equilibrio en la balanza de pagos del sector a la maquila.

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