privatisation des télécommunications et relations de travail en amérique latine
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Privatización de las telecomunicaciones y relaciones
laborales en América Latina1
Jorge Walter
El artículo examina la transformación de las relaciones laborales
vis-à-vis de la privatización de las telecomunicaciones en Argentina,
Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En el
marco de una generalizada tendencia a la reducción del poder de
los sindicatos, en los países menor tamaño relativo se constata la
influencia que han tenido los sindicatos de las ex empresas estatales
sobre el grado de avance de las privatizaciones. Dos de los países
mayores de la región, Argentina y México, ilustran modelos
opuestos de relaciones laborales fundados respectivamente en la
desnacionalización del management y la pérdida de la garantía del
empleo; en el mantenimiento del control de la telefonía en manos
nacionales y la preservación de la garantía del empleo. La
privatización tardía brasilera abre por su parte el interrogante
sobre las consecuencias de las privatizaciones sobre la acción
colectiva en la era de las telecomunicaciones liberalizadas.
Introducción
A comienzos de los años noventa la privatización adquiere el carácter de
una tendencia generalizada en América Latina. En su origen estuvieron las
reformas neoliberales “recomendadas” por un foro de entidades crediticias
internacionales conocido como Consenso de Washington2. En este artículo
examinaremos la transformación de las relaciones laborales vis-à-vis de la
privatización de las empresas telefónicas estatales en los tres mayores
1 Este texto es una versión actualizada de Walter, 1998. 2 Durante los años ochenta explota la deuda externa en América Latina. Su no pago
dejaría a los países de la región fuera de la economía internacional. Para resolverlo, las
agencias internacionales de financiamiento forman una coalición liderada por el FMI,
conocida como Consenso de Washington. A cambio de un “full commitment” con las
reformas neoliberales sugeridas, el Secretario del Tesoro de EEUU negoció luego el
llamado “Plan Brady”, que concedió una remisión parcial de deudas y créditos
adicionales. Las reformas sugeridas se resumen en el siguiente listado: disciplina fiscal y
reducción del déficit fiscal, disminución del gasto público, privatizaciones, estímulo al
la inversión extranjera directa, desregulación de los mercados (de productos, financiero
y de trabajo), liberalización de las importaciones, reforma impositiva, tasas de interés
determinadas por el mercado, tasa de cambio competitiva, establecimiento y respeto de
los derechos de propiedad. (Williamson, J., 1990)
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países de América Latina (Argentina, Brasil y México) así como en
Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay.3
Los resultados a los que hemos llegado son el producto de una
comparación "amplia" de casos nacionales -el análisis de los mismos no se
efectuó a partir de una problemática común- gracias a la cual identificamos
una serie de rasgos específicos y de temas y problemas recurrentes.
Ordenamos estos últimos en relación a tres momentos: el período previo a
las privatizaciones, cuando se diseñaron los marcos regulatorios cuyo
impacto sobre el modo de modernización de la telefonía es posible
examinar retrospectivamente; la privatización propiamente dicha, cuyos
alcances y temporalidad no pueden disociarse de la influencia del
sindicato actuante en la empresa telefónica estatal de cada país; el período
post privatización, durante el cual las concesionarias privadas
implementaron sus políticas y tomó forma una nueva relación con los
trabajadores y sus representantes sindicales.
En cuanto a las limitaciones del análisis, ellas residen en primer lugar en su
carácter insuficientemente sistemático (el estudio de los casos, realizado
según el punto de vista de cada autor, no siempre nos ha permitido
responder a las preguntas que emergían de la comparación) y, en segundo
lugar, en la índole del material utilizado –las empresas privatizadas son la
unidad de análisis considerada por la mayoría de los estudios de caso- que
si bien revela la influencia determinante de los sindicatos de empresa sobre
los procesos privatizadores, no nos permite realmente evaluar el vínculo
entre dicha influencia y la fuerza de los regímenes nacional-populares en
cada país, ni las consecuencias que la privatización puede haber tenido
sobre ellos4. Estimamos, sin embargo, que el material reunido es lo
suficientemente rico como para permitirnos caracterizar suficientemente
cada uno de los tres momentos evocados en el párrafo precedente.
3 Los estudios de caso nacionales provienen de una serie de ponencias presentadas en el
Grupo de Trabajo sobre "Privatizaciones y Reestructuración Productiva en América
Latina" que coordinamos en el Segundo Congreso Latinoamericano de Sociología del
Trabajo (Aguas de Lindoia, Brasil, diciembre de 1996) a las cuales sumamos luego otro
conjunto de artículos que dieron origen a un libro (Walter et S. González, 1999) y, a
posteriori, una serie de textos recientes en los cuales se evalúa la privatización brasilera,
que tuvo lugar en 1998. En el resto de los países la privatización tuvo lugar durante la
primera mitad de la década pasada, salvo Chile, donde se realizó tempranamente, en
1987. 4 "Los regímenes nacional-populares constituyen un obstáculo -señala Alain Touraine-
para la formación de actores y de conflictos sociales independientes y, más
ampliamente, para la separación de la sociedad civil y del Estado. Pero es la confusión
de estos dos órdenes lo que constituye el aspecto más específico del modo de desarrollo
latinoamericano en el curso del último medio siglo". Touraine, 1988: 207.
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La influencia de los marcos regulatorios: subsistencia de los
monopolios y digitalización de la telefonía fija
En los países de la región los servicios telefónicos privatizados se
encontraban generalmente a cargo de empresas estatales monopólicas. Tras
la privatización, en ciertos casos dichas empresas fueron subdivididas en
relación a las distancias (servicio urbano, interurbano e internacional) y/o a
las áreas geográficas cubiertas por la red, pero sin que ello significase
necesariamente la supresión de la exclusividad.
De hecho, la mayoría de los marcos regulatorios de las privatizaciones fue
concebido partiendo del supuesto que la telefonía es un monopolio natural.
Esta suposición, que ciertamente era válida cuando a fines de los años
ochenta se concibieron los marcos regulatorios, dejó de serlo a fines de la
década siguiente gracias al desarrollo de redes alternativas como la celular
y paralelas como la red de fibra óptica de la televisión por cable (CATV).
Lo firmemente arraigado del supuesto -y la contribución a su
supervivencia por parte de los marcos regulatorios- se percibe incluso en
las informaciones estadísticas presentadas en la mayoría de los estudios de
caso que inspiran el presente texto, que en 1997 continuaban computando
aún a la telefonía móvil a lo sumo como un complemento de la telefonía
fija, sin siquiera considerar su impacto sobre la densidad telefónica.
La digitalización de las redes telefónicas5, que en los países considerados
en este texto había alcanzado el 91% en promedio en 1999, esta
positivamente asociada con lo anterior. Uno de los argumentos principales
esgrimidos para justificar la privatización fue la carencia por parte de los
estados latinoamericanos de las divisas necesarias para hacer frente a las
enormes inversiones requeridas para substituir la tecnología
electromecánica -considerada irremediablemente obsoleta ya desde
comienzos de los años ochenta- por tecnología digital. Simétricamente, el
monto de las inversiones necesarias también era considerado por los
especialistas un motor de la globalización6, encontrándose de ese modo en
5 Mediante la substitución de las centrales de conmutación existentes por centrales de
tecnología digital. 6 En el marco de un constante incremento de los costos y de fuerte reducción de la
expectativa de vida de los productos, “Philips calcula que un gasto de 1000 millones de
dólares para desarrollar sistemas digitales requiere una participación aproximada al 8%
del mercado mundial para sólo recuperar costos. El mercado más grande en Europa,
alemania, no alcanza para dar esa participación". Cf. Warren, 1990 (cit. par Yip, George
S., 1993).
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el origen de los procesos de transnacionalización de las empresas estatales
europeas de telecomunicaciones7.
El caso uruguayo –digitalización del 100% en 1997, pero sin privatización-
constituye entonces una interesante alternativa a dicho modo de
razonamiento que no invalida, no obstante, nuestra afirmación inicial: la
digitalización está positivamente relacionada con la subsistencia de los
monopolios gracias a la regulación.
Alcances y temporalidad de las privatizaciones
La influencia sindical sobre la temporalidad y los alcances que la
privatización telefónica ha tenido en cada país es otro de los rasgos
recurrentes observados. Veamos antetodo lo que entendemos por alcances
y por temporalidad de la privatización.
En cuanto a sus alcances, las privatizaciones adoptaron en América Latina
modalidades muy diferentes que van desde la venta de las empresas, hasta
la tercerización (que puede adoptar la forma de una “privatización
periférica”8) de ciertas actividades, pasando por la concesión de licencias
de explotación por tiempo determinado (a empresas nacionales, a empresas
extranjeras o a consorcios mixtos de diversa composición accionaria)9. Si
adoptamos una definición amplia del término privatización, podría
incluirse también a Uruguay, cuyos ciudadanos se pronunciaron
explícitamente en 1992, plebiscito mediante, en contra del paso de la
empresa pública a manos privadas.
7 Maria Conceição da Costa examina la política de expansión de Telefónica de España
en América Latina, donde ha adquirido fuerte participación en el control de las
telecomunicaciones de Chile, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Perú y más
recientemente Brasil, gracias a "su habilidad para ejercer monopolio sobre los activos
que posee" y a la "fuerte y antigua relación cultural" de España con sus ex colonias de la
región (da Costa, 1999: 306). 8 Término acuñado por una comisión interministerial creada por el gobierno militar
argentino en 1978. Consiste en “la transferencia de obras y servicios públicos a
empresas privadas a través de diversas formas contractuales. Bajo esta modalidad, el
Estado delegó en el sector privado actividades ligadas al petróleo, gas natural y licuado,
el transporte marítimo y fluvial, los ferrocarriles, autopistas, obras de conservación vial,
puertos e instalaciones para el almacenamiento y embarque de granos, etc.”. Duarte,
1999: 3. (subrayado nuestro) 9 El modelo institucional adoptado en cada país para la regulación sectorial de las
telecomunicaciones -concluye Da Costa- ha dependido de "las formas de estructuración
y articulación de intereses sociales (y de) las condiciones de construcción de los
compromisos sociales características de cada sistema político".
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En cuanto a su temporalidad, la privatización se ha llevado a cabo en
momentos diferentes en cada país, pues en algunos de ellos ha tenido
lugar más tempranamente (como en Chile, donde se realizó a mediados de
los ochenta) y en otros en forma más tardía (como en Brasil o Puerto Rico,
donde tuvo lugar en 1998). Es posible entonces ordenar los países según
los alcances que ha tenido en ellos la privatización y el momento en que la
han implementado10.
La influencia sindical sobre los alcances y la temporalidad de la
privatización se refleja, como veremos a continuación, en el menor y más
limitado avance de la misma en aquellos casos en los que la resistencia de
los sindicatos telefónicos logró concitar el apoyo de la ciudadanía11.
La influencia sindical en los procesos privatizadores: los casos
uruguayo, puertorriqueño, colombiano y venezolano
El Sindicato Unico de Telecomunicaciones (SUTel) llevó a cabo en ANTel
de Uruguay una exitosa oposición al proceso privatizador (De Wolf, 1999).
Dicha oposición se transformó finalmente en un rechazo a la política
privatizadora gubernamental en su conjunto -considerada sinónimo de
desnacionalización12- que logró movilizar a la central sindical uruguaya, a
algunos partidos políticos de oposición, y a la mayoría de los ciudadanos
(que se pronunció en contra de la privatización en un plebiscito realizado
en diciembre de 1992). El caso uruguayo muestra también, sin embargo,
que la privatización puede avanzar por vías indirectas, como la
tercerización de las obras de plantel externo (aunque probablemente ello
sucedió en este país en forma más moderada que en aquellos que
privatizaron). Sobre la falta de capitales públicos que se ha utilizado como
argumento para justificar la privatización (más de la mitad de las
10 También es posible ordenarlos en función del momento en que liberalizan el mercado
de las telecomunicaciones. Chile constituye un caso extremo, pues privatiza y liberaliza
simultánea y muy tempranamente. La mayoría de los países de la región privatiza a
comienzos de la década pasada y liberaliza hacia fines de la misma (pero, por ejemplo,
en la Argentina el “período de exclusividad” durante el cual se mantiene el monopolio
es más largo que en México). 11 La dimensión del mercado nacional parece incidir sobre todo en la relación
privatización - desnacionalización, que nos remite al polo empresarial de las relaciones
laborales. En un extremo se ubica la transferencia del control de la telefonía a manos de
empresas extranjeras y en el otro su asignación a empresas nacionales, con una gama de
situaciones intermedias (consorcios de capital mixto con mayoría accionaria local o
extranjera). En materia de desnacionalización no parece tan determinante la influencia
de los sindicatos como, en efecto, la influencia de los empresarios del país en cuestión
(y su capacidad -técnica y económica- para hacerse cargo del servicio). 12 La empresa dependía del Ministerio de Defensa.
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ganancias de ANTel, que fueron por ejemplo de cien millones de dólares
en 1995, se transfieren habitualmente a rentas generales del Estado), el
problema fue solucionado mediante recursos tales como el leasing. Así de
Wolf, que califica a este caso como un éxito estatal (las encuestas señalan
que esta opinión es compartida por la población, cuya satisfacción con la
calidad del servicio telefónico pasó del 20% en 1988 al 80% en 1994),
señala que Uruguay es el país latinoamericano con mayor densidad
telefónica (23,5 teléfonos cada 100 habitantes en 1997, sin contabilizar la
telefonía celular) y con mayor difusión de internet; que ANTEL completó
la digitalización de la red en 1997 y que los índices de calidad de servicio
han evolucionado satisfactoriamente tras el plebiscito (la tardanza en
instalar nuevos teléfonos, que antes se medía en años, es ahora, por
ejemplo, menor a un mes)13. Estar en contra de la desnacionalización -en
un país pequeño cuyo empresariado nacional es manifiestamente incapaz
de participar en la privatización- probablemente sea inseparable de la
oposición a la privatización14.
Por su parte, en la telefonía de Puerto Rico15 se verifica una curiosa
paradoja. La empresa telefónica boricua es estatizada en 1974 por causa de
mala gestión privada (ITT), y se vuelve a privatizar en 1990
argumentándose a favor de ello la buena gestión pública y la necesidad de
constituir mediante la venta de tan valioso activo dos fondos públicos
billonarios: uno para promover la educación y el otro para promover el
desarrollo de obras de infraestructura. Al igual que en Uruguay la
resistencia sindical asocia en Puerto Rico la privatización y la
desnacionalización, teniendo también éxito al impulsar un paro nacional de
24 horas sobre la base de consignas nacionalistas. Sin embargo, el nuevo
gobierno electo en 1992 llega con una política privatizadora aún más
decidida que el anterior, prosiguiendo y profundizando el proceso ya
iniciado a través de diversas modalidades de privatización periférica16. En
13 El punto débil de las telecomunicaciones Uruguayas es sin duda la productividad. En
este aspecto Uruguay marcha a la zaga del resto de los países durante los años noventa.
(Walter, 2000) 14 En el extremo opuesto, el mismo argumento de la seguridad nacional es esgrimido en
los EEUU, cuyo órgano regulador, la Federal Communication Commission (FCC) limita
la participación del capital extranjero en cualquier operadora local de telefonía al 25%
con el siguiente argumento reportado por Antonio Moreira de Carvalho Neto (1999:
105): “no es posible entregar a una empresa extranjera el control de un patrimonio
nacional con implicancias para la seguridad del país". 15 Lo que diremos a continuación se inspira en Ala Santiago et Mathews, 1999: 221-242. 16 Este proceso ha sido reforzado, informan Alá Santiago y Mathews, por la
promulgación por el Congreso de EEUU de una nueva Ley de Telecomunicaciones en
febrero de 1996 que "acabó con la protección que le ofrecía la política pública a los
monopolios de las compañías de teléfonos a nivel federal y estatal", asi como con "las
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cuanto a la influencia sindical en el proceso privatizador, la desunión de
los dos sindicatos rivales presentes en el sector debilitó su capacidad
negociadora. El retiro voluntario se implementó por Ley y en 1994 dichos
sindicatos firmaron un nuevo Convenio Colectivo que "garantiza a la
empresa la prerrogativa de introducir nuevas tecnologías" a cambio de
cláusulas protectoras (derecho a reempleo, prioridad en las vacantes,
derecho a adiestramientos especiales) que hasta el momento de la
redacción del artículo habían "logrado la reubicación de todos los
empleados desplazados por la implantación de nuevos equipos y
procedimientos". Puerto Rico debe ser considerado, sin embargo, como un
caso peculiar, pues a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado se
convirtió en un Estado Libre Asociado a los EE.UU. de Norteamérica. Su
particularidad se verifica por ejemplo en la densidad telefónica, que si bien
es menor a la mitad de la norteamericana, prácticamente triplica el
promedio latinoamericano todo a lo largo de los años noventa, separándose
netamente del conjunto de los países de la región17.
En lo que respecta a la historia de la privatización telefónica en
Colombia18, proceso cuya violencia quizá no tenga parangón en
latinoamérica, se inició a comienzos de 1992 cuando el Gobierno del
Presidente Gaviria presentó ante el Congreso un proyecto de privatización
de Telecom en el cual se omitían todos y cada uno de los acuerdos a los
cuales se había llegado en conversaciones previas con el sindicato (que
consideraba que la innovación tecnológica y la autonomía en el manejo de
los fondos era la clave del éxito futuro de la empresa). El sindicato
promovió entonces, exitosamente como en Uruguay y en Puerto Rico, un
paro de una semana de duración que literalmente aisló al país del resto del
mundo. El Ministro responsable debió renunciar mientras el Gobierno
retiraba del Congreso el proyecto de privatización. Los sindicatos fueron
llamados una vez más a discutir un proyecto de Ley de gestión especial
para Telecom pero, "...esto fue sólo una pequeña victoria para la
organización de los trabajadores. De hecho, algunos líderes sindicales
pasarían varios meses en prisión acusados de haber convertido la huelga en
un ‘acto terrorista’, mientras que otros se verían obligados a pasar a la
clandestinidad y, aunque el gobiemo terminaría por abandonar la idea de
privatizar de manera inmediata las telecomunicaciones, los proyectos de
restricciones estatales a la competencia tanto en llamadas locales como de larga
distancia y producción de equipos", mientras el avance tecnológico "hace insostenible el
argumento del monopolio natural". Y concluyen: en este contexto, "el 'patrimonio
nacional' boricua se encuentra en ruta irreversible al control del sector privado". 17 Existe normalmente una correlación entre la densidad telefónica y el producto bruto
per capita del país. 18 Cárdenas, 1999: 159-193.
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reorganización de Telecom se tradujeron en leyes y decretos presidenciales
definidos unilateralmente menos de un año después".19 Al igual que en el
caso portorriqueño, en 1995 Telecom implementó un plan de retiro
voluntario con vistas a la mejora de la productividad, y simultáneamente
cuestionó la estabilidad laboral, el régimen de pensiones y las primas
extralegales, mientras redimensionaba su estructura organizativa mediante
downsizing, regionalización -convirtiendo a las gerencias regionales en
unidades de negocio independientes- y descentralización productiva y
administrativa. Paralelamente, entre 1993 y 1994 el sindicato telefónico se
había convertido en un sindicato de industria, y a partir de 1995 se
preparaba para negociar por primera vez una Convencion Colectiva de
Trabajo. Según Alá Santiago y Mathews, el principal cambio resultante de
esta historia consistió en "la pérdida de influencia sindical y su
substitución por un esquema unilateralmente determinado por la cúpula
directiva de la empresa y del Estado", lo cual está "relacionado con las
divisiones internas del movimiento sindical debido al desacuerdo sobre las
respuestas que debía dar frente a las nuevas políticas".
Al igual que en los casos uruguayo, puertorriqueño y colombiano, también
en Venezuela20 la mayor resistencia frente al proceso privatizador provino
de los sindicatos actuantes en las empresas estatales21. Pero a diferencia de
dichos países en este último se llevó a cabo una franca privatización (y
"desnacionalización"), sobre la base de un consenso22 plasmado en 1991 en
una Ley del Congreso Nacional. CANTV quedó así a cargo, licitación
mediante, de un consorcio mixto controlado por una operadora extranjera,
su accionista mayoritaria23. Cabe precisar que los convenios colectivos 19 A comienzos de 1995 existían más de 30 empresas privadas prestadoras de servicios
de valor agregado (creación autorizada por un decreto de julio de 1991). Mediante dos
decretos de diciembre de 1992 se modificó el status jurídico de Telecom -devino
empresa industrial y comercial de Estado- y se le quitó la exclusividad en la larga
distancia nacional e internacional (origen del 95% de sus ingresos); en 1993 se permitió
la inversión privada en telefonía celular y, a través de joint ventures, en la expansión de
la telefonía local; una Ley de 1994 autorizó a los gobiernos nacional, departamental y
municipal a vender las empresas del sector o convertirlas en sociedades por acciones. 20 Iranzo et Richter, 1999. 21 El sindicato de base de Caracas, el más grande y el más fuerte sindicato telefónico del
país, se opuso radicalmente a la privatización y a las formas en que ella se planteó.
Dicha postura fue decisiva para el mantenimiento de los derechos adquiridos en el
momento de la venta. 22 Entre los partidos políticos, organismos empresariales mayoritarios y la Central de
trabajadores (CTV), que manifestó su acuerdo con la privatización de CANTV. 23 Venworld Telecom, liderado por la General Telephone and Electronics (GTE) y
compuesto por la American Telephone and Telegraph (ATT), la Compañía Nacional
Telefónica Española, la Compañía Anónima la Electricidad de Caracas y el Consocio
Inversionista Mercantil (CIMA).
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habían sido revisados con anterioridad a la privatización24, sin que ello
provocara huelgas, pues "el mantenimiento de la paz laboral fue una de las
preocupaciones gubernamentales en ese proceso". Así, "el objetivo de
garantizar la paz laboral llevó a que las presiones de los sindicatos de base
(...) tuvieran éxito en el momento de la privatización en el mantenimiento
de las principales conquistas previas, (si bien) el alto nivel de
conflictividad y el irrespeto a los acuerdos establecidos una vez la empresa
privatizada muestra la fragilidad de tales acuerdos así como de las
instancias políticas encargadas de canalizarlos". Al igual que en los países
mencionados más arriba, con posterioridad a la privatización se produjo
también en Venezuela una fuerte pérdida de "prerrogativas sindicales en
materia de contratación, ascensos, adiestramiento y reclasificaciones,
propias por lo general de las empresas estatales", asi como de ventajas
adquiridas (se desmantelaron unidades de atención médica y psicosocial,
se ceerraron guarderías, se intentó evitar el pago de horas-extra trabajadas,
etc.) e, incluso, del régimen de jubilaciones, sistemáticamente resistido por
la empresa.25 En el marco de una política claramente antisindical, una de
las vías para lograr el debilitamiento del poder de los agremiados -en la
actualidad el sindicato telefónico esta prácticamente derrotado- consistió
en la tercerización de una serie de actividades (particularmente las
relacionadas con obras de plantel externo) anteriormente internalizadas por
la empresa estatal, a lo cual Iranzo y Richter le atribuyen una parte
importante de las mejoras en la productividad del personal. El texto de
estas autoras evalúa a continuación las mejoras realizadas tras la
privatización (el índice de digitalización de la red pasó del 20 al 65 por
ciento en 1998 y la calidad del servicio mejoró sensiblemente), señalando
que, mientras se mantenga el monopolio -es decir, hasta octubre del año
2000- no es posible evaluar si tales mejoras justifican los actuales elevados
niveles tarifarios. A modo de síntesis final, señalan que en este proceso los
sindicatos privilegiaron "el respeto a los derechos adquiridos, la
participación accionaria o la estabilidad laboral frente a otros asuntos que
posteriormente se mostraron más importantes y que terminarían
afectándolos considerablemente; es decir, asuntos como la capacidad de
incidencia sobre el manejo del personal y las relaciones laborales en
general, el cambio tecnológico, los sistemas de remuneración o la
flexibilización interna y externa".
24 En la mayoría de las empresas estatales de Venezuela, a diferencia por ejemplo de
Colombia, las relaciones de trabajo estaban reguladas por el régimen general de derecho
aplicado al sector privado (la Ley Orgánica del Trabajo). 25 Permite acceder a una jubilación de por vida con sólo 14 años de servicio. La empresa
ofrece a cambio prestaciones sociales triples.
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México y la Argentina: dos modelos opuestos de relaciones laborales
La comparación entre México y la Argentina (en ambos países, a
diferencia de Brasil, la privatización avanzó tempranamente, llevándose a
cabo a comienzos de la década) nos permite reflexionar sobre el período
posterior a la privatización, poniendo en evidencia la institución de dos
modelos opuestos de relaciones laborales: a) el mexicano, consistente en
una privatización sin desnacionalización y en una modernización
tecnológica negociada, con garantía de empleo y reconversión de la fuerza
de trabajo; b) el argentino, consistente en una privatización con
transferencia del control de la telefonía a operadores extranjeros y en una
modernización tecnológica y organizativa decidida e implementada
unilateralmente por dichos operadores, sin garantía de empleo ni de
reconversión (pues se eliminó y substituyó personal del mismo modo que
se eliminó y substituyó la vieja tecnología por otra nueva). El sindicato
procura en este caso preservar el empleo por vías indirectas (la
reprofesionalización del personal vía capacitación en centros de formación
sindicales) y no siempre aceptadas por las empresas.
La de México26 es probablemente la transición más acabada entre las
examinadas en este artículo, pues en Telmex tiene lugar una progresiva
institucionalización de las negociaciones hasta llegar al puesto mismo de
trabajo. El modelo subyacente para dicho proceso es, claramente, el
modelo japonés de los años ochenta, que el mantenimiento de ciertos
beneficios característicos de la empresa pública de teléfonos tradicional
(como la garantía del empleo, o "empleo de por vida") hace posible y
conveniente implementar. Dicha garantía se sustenta en la transferencia del
control de la empresa a empresarios nacionales, un fuerte incremento
tarifario previo a la privatización, la instauración del servicio medido y el
mantenimiento del monopolio en las llamadas de larga distancia -las más
rentables- por seis años, hasta 1996. Así, la gravísima crisis que atravesó
México durante 1995 y 1996 sólo repercutió en Telmex en una caída de las
utilidades netas sobre ventas netas que pasaron del 38,5% en 1992 al
29,4% en 1996 (mientras la proporción de pasivo total a activo total pasaba
del 28,9% a 19,8% entre ambos extremos del mismo período!). En cuanto a
los logros productivos posteriores a la privatización, el trabajo que estamos
reseñando menciona para el período 1990-1996 un incremento del número
de líneas del 70% (dado que el empleo se mantuvo estable, ese mismo fue,
aproximadamente, el porcentaje de incremento de la productividad por
trabajador), de las llamadas interurbanas del 110% y de las llamadas
internacionales del 230%. La digitalización de la red, que ya era muy
26 De la Garza et Melgoza Valdivia, 1999.
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avanzada en el momento de la privatización, alcanzó el 90% en 1996 (y era
del 100% en las tres mayores ciudades del país)27.
En cuanto a la institucionalización de nuevas "reglas de procedimiento"28,
ella siguió en Telmex un sendero de implementación de formas
institucionales de alcance progresivamente más local y específico, con
periodicidad de funcionamiento progresivamente decreciente. Al igual que
en otros países de la región, el trayecto comenzó con una revisión del
Convenio Colectivo de Trabajo (1989) previa a la privatización, seguida de
revisiones anuales de cláusulas contractuales específicas del Convenio por
las cuales se creó en 1990 una Comisión Mixta de Calidad y
Productividad. En noviembre de 1991, esta Comisión firmó –a partir de un
trabajo de diseño conjunto de políticas para la mejora de la calidad y la
productividad del servicio- un Convenio sobre Calidad, Productividad y
Capacitación para la modernización integral de Telmex y, en noviembre
de 1992, un Programa General Permanente de Incentivos a la
Productividad. A estas iniciativas se agregó, por último, la creación de
numerosos Grupos de Análisis que se desempeñarían cotidianamente al
nivel de los puestos de trabajo29.
Los autores del artículo califican el caso como una "situación extrema
mexicana de negociación entre un sindicato y una empresa", señalando que
tal situación ha sido posible por la presencia de una representación sindical
con gran legitimidad ante sus bases -"y una capa de técnicos que
impregnaron de sentido tecnológico a la estrategia sindical"- apoyada por
un gobierno federal que en 1992 "diseñó a la vieja usanza una estrategia de
reforma del antiguo corporativismo sindical" mediante la promoción de un
"nuevo sindicalismo, ejemplo del cual sería el telefonista". No obstante,
27 En el artículo no se aportan datos en cuanto a la mejora en los indicadores de calidad
de servicio pero se menciona la implementación, acordada en abril de 1995 (en el marco
de la tercera fase del Programa General de Incentivos a la Calidad y la Productividad),
de un mecanismo de captación de la percepción de los clientes, de la cual dependería el
otorgamiento de un plus salarial del 5%. 28 Por "reglas de procedimiento" -formales o informales- entendemos el marco
institucional de la negociación, por oposición a "reglas de contenido", que se refieren a
la materia negociada (salarios, categorías, condiciones de trabajo, etc.). Tomamos estos
términos de Reynaud, 1993. 29 En 1996 funcionaban alrededor de 200 grupos, integrados sobre todo por trabajadores
de planta externa (un sector que en las telefónicas de la mayoría de los países de la
región ha sido tercerizado). "Los conforman trabajadores, jefes y supervisores, con
presencia formal del sindicato y su tarea es proponer mejoras en la productividad,
calidad, ausentismo, rotación, higiene y seguridad. Fueron creados en torno a los
convenios de productividad, que establecieron bonos por incremento en la
productividad, pero también en tareas de definición de indicadores para medirla, hacer
las medidiones mismas y la evaluación del sistema".
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concluye el artículo, con la apertura de la larga distancia a la competencia
"...las nuevas compañías se han alejado de la experiencia de Telmex en
concertación con sus sindicatos y han firmado contratos con
organizaciones obreras de membrete que les permiten peores salarios,
condiciones de trabajo y, sobre todo, unilateralidad. Esta nueva situación,
que impactará el mercado de servicios de telecomunicaciones en contra de
Telmex, puede presionar a la empresa a revisar el marco actual de
relaciones laborales".
Al margen de las posibles consecuencias que pudiese tener para Telmex la
apertura a la competencia de los servicios locales de comunicaciones a
partir de 1997, es previsible un comportamiento divergente de México y
Argentina en materia de productividad30.
En el extremo opuesto al bilateralismo sindical-patronal mexicano se sitúa,
en efecto, el unilateralismo patronal que caracteriza el período posterior a
la privatización en la Argentina31, país donde, por otra parte, privatización
ha significado desnacionalización32 (la mitad norte de la red nacional pasó
bajo control de un Consorcio mixto controlado por Telecom de Francia y
Stet de Italia; la mitad sur bajo control de un consorcio mixto controlado
por Telefónica de España). Al igual que el caso mexicano, sin embargo, en
la Argentina también se elevaron fuertemente las tarifas en el momento de
la privatización garantizándose a las licenciatarias del servicio el control
monopólico de las comunicaciones realizadas mediante la red fija33 hasta
1997, con posibilidad -de cumplirse con ciertas metas de densificación y
30 Según estadísticas recientes de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones las
curvas de productividad de ambos países se cruzan (en torno a 180 líneas por empleado)
en 1995. A partir de entonces en la Argentina la productividad aumenta rápidamente
mientras en México comienza a caer. En 1999 la diferencia entre ambos países es
notoria: 372,5 líneas por empleado en el primer país contra 130,2 líneas por empleado
en el segundo. Al igual que en Uruguay, la productividad es, en efecto, el talón de
aquiles del modelo mexicano. 31 Walter et Senén González, 1999, "Empresas y sindicatos en la telefonía argentina
privatizada", in Walter et Senén González, 1999. 32 Es importante recordar que la oleada de privatizaciones que se produjo en la
Argentina a partir de 1990 tuvo lugar inmediatamente después de la catástrofe
hiperinflacionaria de los años 1989 y 1990, tras la cual el rol del Estado en la
producción de bienes y en la prestación de servicios públicos quedó severamente
restringido. 33 Las comunicaciones internacionales son controladas por una empresa cuyo control es
compartido por ambas licenciatarias. La telefonía celular, en cambio, es abierta a la
competencia (pero las licenciatarias poseen sus propias empresas de telefonía celular).
El único ámbito que se desenvuelve desde la privatización en "régimen de competencia"
es el de los servicios de valor agregado tales como la transmisión de datos, internet,
0600, etc.
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13
de mejora en la calidad del servicio- de acceder a una prórroga hasta el año
2000.
A diferencia del caso mexicano, la privatización trajo aparejada una
fortísima reducción de personal (entre noviembre de 1990 y setiembre de
1997 el personal ocupado en las dos licenciatarias se redujo exactamente a
la mitad34) y a una verdadera substitución de la parte restante, similar en su
lógica al reemplazo de tecnología que se realizaba paralelamente. El
cambio de tecnología se tradujo concretamente en el paso de un índice de
digitalización de menos del 15% en 1990 a la completa digitalización de la
red nacional en 1998 (y a la conexión de las nuevas centrales mediante
anillos de fibra óptica). Por su parte, la reducción-substitución masivas de
personal se vió claramente reflejada en los promedios de edad, antigüedad
y profesionalidad del personal (esto último sobre todo a nivel de mandos
medios) y, por supuesto, en la productividad (que tras la privatización dio
un impresionante salto de más del 650%). En materia de relaciones
laborales, en lugar de una progresiva institucionalización de la negociación
como en el caso mexicano, tras la privatización se produjo en la Argentina
una total exclusión de los sindicatos35, que debieron limitarse a prácticas
defensivas y ex post y al intento de garantizar la estabilidad del empleo por
vía indirecta, a través de una oferta de capacitación propia e independiente,
con certificaciones no siempre reconocidas por las licenciatarias36.
El cambio que el artículo sobre la Argentina pone más claramente en
evidencia se sitúa, sin embargo, a nivel de la telefonía en su conjunto,
donde ha tenido lugar una multiplicación de los actores, tanto
empresariales37 como sindicales. El sindicato de los obreros y empleados
34 Pasó de 40.800 personas a 21.000. 35 Cuyas consecuencias en términos de flexibilización laboral se examinan en Montes
Cató (2000) mediante una comparación de los convenios colectivos de trabajo previos y
posteriores a la privatización. 36 Secundariamente, es interesante remarcar que, sin embargo, a diferencia de lo
sucedido en la empresa venezolana de teléfonos, donde la desnacionalización del
management trajo aparejada una serie de persistentes dificultades de comunicación
intercultural (en ciertos casos de franco etnocentrismo), en el caso argentino se produjo -
graves conflictos mediante, que en el caso de una de las licenciatarias llegaron incluso a
tener estado público, dando dando lugar al reemplazo del presidente extranjero de la
compañía por otro local- una re-nacionalización. 37 Donde más claramente se observa este fenómeno es en Chile (que privatizó y
liberalizó tempranamente, en 1987): a comienzos de 2000 actuaban en la telefonía
básica de este país 12 empresas (no obstante lo cual, el 85 % de las líneas fijas eran
controladas por sólo una de ellas: Telefónica CTC Chile); las comunicaciones de larga
distancia nacional e internacional se encontraban en manos de 12 empresas fuertemente
competitivas entre si y la telefonía celular, un mercado en acelerada expansión, se
hallaba bajo el control de tres empresas principales: Entel PCS, Telefónica Móvil y
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telefónicos otrora dominante en la empresa estatal -donde firmaba un
convenio único para todas las categorías de trabajadores, incluídas las
gerenciales- compite ahora con dos gremios poderosos: el sindicato de los
obreros de la construcción, que se ha instalado firmemente en el sector con
motivo de la incursión en él de numerosas empresas subcontratistas de las
gigantescas obras de modernización de la red, y el sindicato de empleados
de comercio, que se ha abierto camino en la parte de la telefonía más
ligada a su desarrollo futuro: las nuevas empresas prestatarias de servicios
de valor agregado (único dominio abierto a la competencia desde la
privatización)38.
Brasil: abusos de la tercerización y nuevas formas de acción sindical
Brasil privatizó tardíamente, pero lo hizo procurando “no reiterar los
errores de otras privatizaciones latinoamericanas” (Santos, Melo y
Albuquerque, 2002: 41). Así por ejemplo, la Agencia Nacional de
Telecomunicaciones (ANATEL) fue creada con anterioridad a la
privatización39 para que tuviese un rol determinante en el diseño del marco
regulatorio cuya implementación debería llevar luego a cabo. Por
oposición a México, y a diferencia también de la Argentina (donde los
consorcios debían obligatoriamente dar participación minoritaria a
empresas locales), en este país no se fijaron condiciones en cuanto al
origen o composición del capital de las empresas concesionarias. El
sistema Telebrás40 fue dividido en 12 compañías: tres holdings
concesionarios de empresas regionales de telefonía fija -Brasil Telecom,
Telemar y Companhia Rio Grandense de Telecomunicaçoes-, un holding
responsable de la telefonía de larga distancia en todo el país -Embratel- y
Bellsouth, todas ellas con concesiones a escala nacional. Además de las mencionadas se
desenvuelven en el sector 32 empresas proveedoras de internet (de las cuales sólo un
37% son filiales de grandes empresas de telecomunicaciones nacionales o extranjeras).
(Gemines, 2003). 38 Por razones de espacio no presentaremos en este artículo los resultados de
investigaciones sobre las condiciones y el medio ambiente de trabajo en los call-centers
(Korinfeld, 2000). Dada la presencia dominante de la empresa en la región, es también
de gran interés la tesis de doctorado de Andrea del Bono sobre el proceso de trabajo de
las operadoras telefónicas en los servicios comerciales de Telefónica de España, en
España (del Bono, 2000a, b). 39 En la Argentina la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue creada un año
después de la privatización, comenzó a funcionar dos años después y recién realizó los
primeros controles consistentes en el transcurso del tercer año. 40 Antes de la privatización las telecomunicaciones brasileras eran controladas por 31
organizaciones estaduales (llamadas TELEs) y por EMBRATEL (Empresa Brasilera de
Telecomunicaciones, operadora interestadual e internacional), subordinadas, todas ellas,
al holding TELEBRAS (Telecomunicaciones Brasileras).
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ocho holdings a cargo de la telefonía móvil de banda A. En cada región se
autorizó la creación de “empresas espejo” que podrían actuar en las
mismas zonas geográficas que las concesionarias. En caso de cumplir con
las metas de universalización y expansión establecidas por ANATEL, a
partir de diciembre de 2001 las concesionarias regionales podrían competir
libremente entre si ingresando en sus respectivos mercados41.
Como señalamos en otro texto elaborado a partir de material estadístico
(Walter y S. González, 2000), cuando se compara el comportamiento de
Brasil durante los años noventa vis-à-vis de la Argentina, Chile, México y
Uruguay, se observa que en el período previo a la privatización Brasil tuvo
un comportamiento “promedio” en materia de mejoras de la productividad
pero tendió a retrasarse tanto en materia de digitalización como de
densificación. De hecho, sólo supera en densidad telefónica a países donde
la telefonía fija ha sido históricamente muy deficiente, como Paraguay y
Bolivia, que por otra parte son aquellos en los que más rápidamente se
difunde en la actualidad la telefonía celular (Uría, 2000). En cuanto a
difusión de la telefonía celular Brasil marcha justamente detrás de estos
últimos, pero adelante de los países mencionados en primer término,
previéndose que el número de teléfonos celulares dará alcance muy pronto
al de los teléfonos fijos instalados en el país42.
Según un informe reciente43, en el período post privatización “el
comportamiento de las tarifas refleja en Brasil el grado de competencia en
los diferentes servicios de telecomunicaciones”: los precios en la telefonía
de larga distancia cayeron (“la llamada a EEUU bajó un 51%”) y en la
telefonía celular las tarifas tuvieron un incremento del 38%, pero en la
telefonía fija, “donde casi no hay competencia”44, el costo de las llamadas
41 Para una presentación detallada de la política gubernamental de privatización de las
telecomunicaciones, ver Tavares de Almeida, 1998 42 Según datos consignados por Teixeira (2002), en 1998, año de la privatización,
existían en Brasil 7 millones de teléfonos portátiles y 21 millones de teléfonos fijos. En
2001 había ya 29 millones de teléfonos celulares y 39 millones de teléfonos fijos. Según
una investigación realizada en San Pablo, sólo la mitad de los propietarios de teléfonos
inalámbricos de ese estado poseía, además, un teléfono fijo. Estos datos dan cuenta
entonces de una más que duplicación del número total de teléfonos en Brasil en apenas
tres años posteriores a la privatización, de un ritmo de difusión muy superior de la
telefonía celular respecto a la fija y de una tendencia a la substitución del teléfono fijo
por el teléfono portátil. 43 Publicado el 28/03/2003 en www.comparatel.com.br, página especializada en la
comparación tarifaria. 44 “Na telefonia residencial, porém, as três operadoras que compraram as concessões
para a telefonia fixa local -- Telemar, Brasil Telecom e Telefónica -- detêm um
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16
se incrementó en un 90%, pues “la competencia se vuelve difícil ante la
imposibilidad –se trata de una alusión a la creación de “empresas espejo”-
de duplicar la infraestructura de las empresas dominantes”45. No debe
extrañar entonces que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones ”haya
festejado el gran éxito que fue la venta de nuevas licencias de telefonía
celular durante 2002 (recaudó 920 millones de reales), dado su “desafio de
promover la competencia en la telefonía local, un problema que aflige a los
reguladores de todo o mundo (y puesto que) las redes celulares tienen un
papel central en esa estrategia.” (Teixeira, 2002)
En cuanto a las relaciones laborales, cinco años después de la privatización
disponemos de suficientes elementos de juicio como para esbozar una
primera evaluación de lo sucedido en este ámbito46. Como veremos, el caso
brasilero ofrece evidencia sobre la influencia de los sindicatos en las
privatizaciones pero, sobre todo, permite reflexionar sobre la influencia de
la privatización y la liberalización de las telecomunicaciones sobre la
acción colectiva en el sector.
La oposición a la privatización por parte del sindicalismo telefónico
brasilero fue muy fuerte durante los años noventa. La Federación
Interestatal de Trabajadores de Telecomunicaciones (FITTEL) llevó
adelante una importante campaña para lograr apoyo político a favor de un
proyecto de mantenimiento de la telefonía en manos del estado, conocido
como Brasil Telecom (de unificación del sistema Telebrás en una sola
empresa). Araújo et al. (2000: 16), muestran el arraigo de esta estrategia
ilustrándolo con el caso del Sindicato de los Trabajadores de Empresas de
Telecomunicaciones del Estado de Paraná (SINTTEL), cuyos afiliados
contribuyeron financieramente con el 1% del salario para la confección de
afiches, carpetas y diarios. No es de extrañar, entonces, que aunque la
privatización haya sido intentada por sucesivos gobiernos (principalmente
Fernando Collor de Melo y, tras su demisión, Itamar Franco), sólo la
monopólio de fato em seus respectivos mercados, com participação superior a 95%”
(Teixeira, 2003). 45 “A Vésper, espelho da Telemar e da Telefônica, se dedica ao mercado corporativo. A
GVT, espelho da Brasil Telecom, ataca apenas os consumidores mais rentáveis, das
classes A e B” (Teixeira, 2003). 46 Lo que diremos a continuación se basa en un varios capítulos de nuestro libro de 1998
y en un conjunto de textos posteriores de investigadores de la Universidad Federal de
Paraná (sobre TELEPAR, filial Paraná de Brasil-Telecom), de la Universidad Federal de
Sergipe (sobre la filial Sergipe de TELEMAR) y de la Universidad Federal de Río
Grande do Sul (un artículo sobre la Companhía Rio Grandense de Telecomunicaçoes y
otro sobre su red de subcontratistas).
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17
administración del presidente Fernando Enrique Cardoso tuviese
legitimidad suficiente para concretar el objetivo47.
En cuanto a las consecuencias de la privatización para el trabajo y los
trabajadores así como para el movimiento sindical en la telefonía brasilera,
según entrevistas realizadas por Aragäo Santos et al. (2002: 45) a
trabajadores y sindicalistas de la vieja Telebrás apenas dos años después de
la privatización, la percepción de estos era que “la privatización no ha
traído consigo tantas innovaciones tecnológicas e inversiones como
despidos masivos48 que han provocado una caída en la calidad de los
servicios”, produciéndose abusos denunciados ante la justicia en cuanto a
la utilización de pasantes49 (stagiarios), así como en el recurso a empresas
tercerizadas. Según el Presidente de SINTTEL del estado de Sergipe, la
empresa local concesionaria de la telefonía fija recurre habitualmente a
estas prácticas porque es un monopolio, debido a que su empresa espejo
“tiene una escala productiva muy inferior y no puede competir con ella”.
Las empresas de telefonía celular se desenvuelven en un mercado
competitivo y, por lo tanto, “cuando introducen tecnología no despiden
porque están preocupadas por la calidad del servicio” (Ibidem, p. 47).
Sin embargo, los abusos de la tercerización ya se registraban en forma
generalizada en la telefonía brasilera antes de la privatización: el término
“cuarterización” (subcontratación de la subcontratación) es utilizado en
1998 por Carvalho Neto para referirse a prácticas de dilusión de
responsabilidades que eran comunes en el período previo a la privatización
(Carvalho Neto, 1998: 118). En el período posterior dichas prácticas han
adquirido ribetes extremos, que según Ruduit García (2000: 14), llegan en
ciertos casos hasta la “sexterización”, fenómeno que “es posible por la
escasa exigencia y fiscalización sobre la documentación y sobre las
47 Los avatares de este proyecto entre sucesivos gobiernos son descritos por Aragäo
Santos et al. (2002: 37 et ss). Para una discusión más general sobre los avatares de la
política de privatizaciones en general, ver Almeida (1998ª) 48 Sonia Larangeira aporta al respecto los siguientes datos: “El Sistema TELEBRAS
contaba en julio de 1998 con 87.532 trabajadores, que en diciembre de 1999 se habían
reducido a 65.579 en razón, sobre todo, de demisiones incentivadas a través del
Programa Incentivado de Rescición Contractual. El programa alcanzó sobre todo a la
franja etaria 40-50 años”. (Larangeira, 2001: 124) 49 Según la denuncia del presidente de SINTTEL Minas Geraes, la filial local de
TELEMAR incrementó de 5% a 30% el número de trabajadores empleados como
pasantes después de la privatización.
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condiciones de trabajo. La informalidad de las relaciones y la burla de la
legislación es una práctica recurrente en estos casos”50.
La conclusión de Ruduit García es que “...el trabajo precario en las
empresas tercerizadas está en consonancia con la forma que históricamente
han tenido las relaciones capital/trabajo en Brasil, de gran segmentación,
exclusión e informalidad. Por lo tanto, este estudio muestra la necesidad de
ampliar la unidad de análisis (...) y adoptar como unidad de análisis la red
de empresas (...), incorporando la diversidad de las situaciones de trabajo
sin restringir el análisis a la “empresa de punta”, que implica dejar de lado
gran parte de las situaciones de precariedad del trabajo” (R.García, 2000:
24).
La externalización (en las subcontratistas actúa un sindicato específico
llamado SINDITEL, Sindicato de los Trabajadores de las Industrias de
Instalaciones Telefónicas), sumada a la fragmentación del Sistema
Telebrás y a la pujanza de la telefonía celular, ha dado lugar a un
fenómeno que nuestros colegas brasileros califican como “pulverización de
la acción colectiva” (Aragäo Santos et al., 2002: 50; Araújo, 2002). A
partir del testimonio de un trabajador telefónico, Araújo caracteriza el
fenómeno del modo siguiente: “Al negociar por empresa procurando
extender su espacio de actuación, los sindicatos aceptan transformaciones
en la categoría y en el modo de actuar institucional”. Concretamente, “las
acciones del sindicato comienzan a ir más allá de la categoría
sindicalizada, ya sea dilatando sus espacios tradicionales y formales, o bien
mediante la búsqueda de soluciones alternativas en el mercado de trabajo
para los despedidos o en vias de serlo. Entre esas acciones, el sindicato
apoya iniciativas grupales de reinserción laboral y de formación de
cooperativas de trabajadores en telefonía”, extendiendo así “un brazo hacia
la economía solidaria” procediendo, en síntesis, “a dilatar su
representación y a adosar a su acción una agenda social alternativa”
(Araújo, 2002: 13, 15, 17).
El análisis del caso SINTTEL/Paraná, al cual se refiere la cita precedente,
pone también en evidencia un cambio fundamental en las estrategias y
50 El texto del cual proviene esta cita examina las prácticas de tercerización de la
Compañía Riograndense de Telecomunicaciones, situándolas en el marco más general
de un debate sobre las formas de “governance” subyacentes. A partir de Martin (1997),
Ruduit García argumenta que el carácter negociado o no del proceso es clave en tanto
determinante de los efectos que tendrá la flexibilización sobre los regímenes de trabajo,
siendo la investigación de Abreu et al. (1998: 121) sobre el caso Riotel un buen ejemplo
de la forma negociada.
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estructuras sindicales, así como en los procedimientos de negociación y las
materias negociadas. En efecto, tras la privatización, la dirección del
sindicato abandona la postura confrontacionista que la caracterizó a partir
de 1987. En forma concomitante decide reducir las cotizaciones de sus
afiliados en TELEPAR y en TIM Celular, que pasan de 2 a 1,7% del
salario, y construir una colonia de vacaciones en el litoral. Asimismo,
reduce el personal permanente del sindicato que pasa de 24 a 15 personas.
Frente a nuevas problemáticas, tales como la arbitrariedad de los despidos,
tanto en las concesionarias como en las subcontratistas, o la supresión de
beneficios (como la ayuda educativa, la licencia paga, los aguinaldos, la
ayuda preescolar, etc.), el sindicato amplía y promueve una
reestructuración de su departamento jurídico para permitirle realizar
acciones a favor de la reintegración de los trabajadores, dotando a cada
subsede sindical de un escritorio jurídico en apoyo de los trabajadores del
área y creando una asesoría jurídica en la capital estadual con el objeto de
negociar los Acuerdos Colectivos y desplegar Comisiones de Conciliación
Previa (ibid: 13-14). En cuanto a la materia negociada, el sindicato deja de
centrarse exclusivamente en la reivindicación salarial y reclama
participación en cuestiones concernientes a los cambios en la tecnología y
en la organización, así como en el planeamiento de los puestos de trabajo y
funciones, la selección y el entrenamiento de los trabajadores, la calidad de
las condiciones de trabajo” (ibid: 17).
Según Ruduit García, esta serie de cambios es condición necesaria para
que los sindicatos puedan enfrentar exitosamente la erosión de la
homogeneidad51 de la clase trabajadora. El nuevo desafío consiste,
justamente, en recuperar la solidaridad más allá de las diferencias entre los
trabajadores (Ruduit García, 2000: 9).
Conclusión
La primera conclusión general que resulta de la comparación amplia entre
los casos se refiere a la influencia de los marcos regulatorios, diseñados
durante los años ochenta, cuando la telefonía fija aún constituía un
monopolio natural. Si bien el desarrollo de redes alternativas y paralelas ha
ido ido socavando la base técnica del monopolio natural, la decisión de la
mayoría de los países de privatizar incrementando fuertemente las tarifas y
manteniendo el monopolio en la telefonía fija por un período más o menos
prolongado (a cambio de metas de inversión exigentes, que fueron en
51 Pues, señala Ruduit García, la homogeneidad categorial está en la base de las formas
tradicionales de acción sindical, consistentes en “forjar la identidad colectiva por la
semejanza”.
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general fácilmente superadas) contribuyó a preservarlo. La particularidad
del caso chileno, donde una sola empresa controlaba el 85% de la red de
teléfonos fijos una década después de la privatización, debe atribuirse a
que la liberalización de las telecomunicaciones ocurrió en dicho país en
fecha temprana, cuando las nuevas tecnologías aún no estaban disponibles.
En contraste, una privatización tardía como la brasileña pudo aprovechar
de la experiencia regulatoria regional y del desarrollo y difusión de la
nueva tecnología.
Nuestra segunda conclusión general se refiere a la influencia sindical en
los procesos privatizadores: el grado de avance y los alcances de estos
procesos han variado en función de la aptitud de los sindicatos de las
empresas públicas para suscitar el apoyo de la ciudadanía en su oposición a
la privatización. Sin ser el único, el caso brasilero pone de manifiesto que
la posibilidad de privatizar también ha dependido de la legitimidad de los
sucesivos gobiernos que pretendieron impulsarla.
En tercer lugar, aunque es indudable la influencia que han tenido los
sindicatos en los procesos de privatización, también lo es que el retroceso
de dicha influencia se inició antes de la privatización. Pues inclusive en los
países donde no se privatizó (como en Uruguay) o en los que se retrasó la
privatización (como en Brasil o Puerto Rico), esta última avanzó de hecho,
por la vía indirecta de la tercerización (implementada por los militares
argentinos formalmente, desde los años setenta, bajo el mote de
"privatización periférica"). En mercados de trabajo donde la precariedad
del empleo no es una excepción, la tercerización adquirió a veces, como en
Brasil, ribetes extremos a través de procesos encadenados de
subcontratación de la subcontratación. Tras la privatización, la receta de la
tercerización continuó siendo utilizada por las concesionarias privadas del
servicio de telefonía fija con consecuencias agravadas en cuanto al
debilitamiento -por pérdida de adherentes- y la división -debida al ingreso
de nuevos sindicatos en el sector- de los otrora poderosos gremios estatales
telefónicos.
Nuestros colegas brasileros caracterizan las consecuencias de la
privatización y la liberalización mediante el término “pulverización de la
acción colectiva”, que involucra la siguiente paradoja: la reducción del
empleo formal incita a los sindicatos tradicionales del sector a negociar por
empresa para extender su espacio de actuación, pero al hacerlo aceptan, de
hecho, las transformaciones que están en el origen de esa reducción. Al
hacerse cargo de la informalidad del trabajo y de la precariedad de los
tercerizados, anexan a su tarea una “agenda social alternativa” (ilustrada
por el apoyo a la reinserción laboral o a la formación de cooperativas de
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trabajadores despedidos) extendiendo así “un brazo hacia la economía
solidaria”.
Dado el impacto que ha tenido la tercerización, un colega basilero sugiere
abandonar la unidad de análisis utilizada habitualmente en los estudios
sobre telecomunicaciones. Es necesario, afirma, pasar de la tradicional
“empresa de punta” de la era fordista-verticalizada a la red de empresas de
la era de la producción flexible. Según nuestro punto de vista, este cambio
efectivamente amplía nuestra capacidad de percibir lo que sucede en las
telecomunicaciones actuales, pero sigue condicionado por la imagen del
monopolio natural de servicios públicos con base en la telefonía fija (al
que se le adosa ahora una red de subcontratación “tortuosa”52).
Este modo de utilización del concepto no permite captar, por ejemplo, el
significativo desarrollo de las empresas de telefonía móvil (que “no
despiden porque están preocupadas por la calidad del servicio”), y sobre
todo su tendencia –cuando el marco regulatorio lo propicia y cuando el
ente regulador se encarga de que así sea- a sustituir la telefonía fija, todo lo
cual, por contraste entre la situación de las empresas actuantes en ambos
segmentos del mercado y habida cuenta del carácter históricamente
dominante de la telefonía fija, tiende a precipitar a esta última en una
relativa decadencia53.
Veamos por último las diferencias entre países. En primer lugar, Puerto
Rico es sin dudas un caso particular, como lo evidencia la densidad
telefónica del país (un valor correlacionado con el PBI per capita
nacional), siempre más cercana en valores relativos al promedio
norteamericano que al latinoamericano. Chile y Uruguay se ubican por su
parte en posiciones extremas. La privatización y liberalización tempranas
de Chile se reflejan en la también temprana digitalización completa de su
red de telefonía fija (1993), si bien este país no pudo basar la liberalización
en la ruptura del monopolio natural que la difusión de nuevas tecnologías
haría posible diez años más tarde. Uruguay, que decidió no privatizar,
contrasta con Chile –y con el resto de los países de la región, salvo
México- no tanto en materia de inversiones como en materia de
52 Es el término utilizado por Leda Gitahy (1994) para referirse a una forma de
subcontratación –que está en las antípodas del modelo de producción flexible-
caracterizada por el carácter conflictivo de las relaciones entre las partes –
subcontratante, subcontratistas, empleados y sindicatos- y por el énfasis en los costos
vía reducciones de personal, precarización del empleo, etc. 53 Ciertos sindicatos actuantes en el segmento no escapan a la situación y proceden,
como la filial Paraná del sindicato telefónico brasilero, a estrategias de reducción de las
cotizaciones para mantener adherentes, y por lo tanto, de reducción de costos para
aligerar las estructuras organizativas.
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productividad. Brasil se ubica por su parte en el polo opuesto de Chile por
lo tardío de su privatización, y llamativamente se asemeja en su
comportamiento a Bolivia y Paraguay, dos países seriamente retrasados en
materia de digitalización y densificación, pero líderes regionales y
mundiales en materia de difusión de la telefonía móvil. La comparación
entre México y la Argentina, que al igual que Venezuela y Colombia
privatizaron durante la primera mitad de la década pasada recurriendo a
modelos de transición (mantenimiento del monopolio en la telefonía fija
hasta fines de la década como contracara de la exigencia de fuertes
inversiones en materia de digitalización y densificación), nos ha permitido
caracterizar dos modelos opuestos de relaciones laborales resultantes del
modo de privatización: por un lado desnacionalización del management
conjugada con la pérdida de la garantía del empleo (con la consiguiente
reducción y substitución drásticas del personal) en el caso argentino; por
otro, en el caso mexicano, mantenimiento de la empresa bajo control de
empresarios nacionales conjugado con la preservación de la garantía del
empleo. El primer modelo se caracteriza por el unilateralismo empresarial
en la toma de decisiones, mientras que en el segundo las decisiones en
materia de incorporación de tecnología y gestión del personal se toman
bilateralmente, negociación mediante entre la empresa y el sindicato. No
debe extrañar, entonces, el neto contraste entre el comportamiento de las
telecomunicaciones de ambos países en materia de productividad.
A modo de cierre, nos gustaría simplemente listar algunos de los
fenómenos que se despliegan en filigrana detrás de los estudios de caso.
Nos referimos a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías de
telecomunicaciones, que han creado la oportunidad de acabar con el
monopolio natural; a su convergencia con la informática y los medios de
comunicación que expande día a día las fronteras del sector; a la
transnacionalización de las viejas empresas estatales europeas (para
continuar siendo viables sobre sus propios territorios), mientras se
privatizaban las viejas empresas estatales latinoamericanas como medio
para lograr la modernización y quedar del buen lado del digital divide; al
choque en territorio neutral, pero que cren propio, entre esas viejas
empresas europeas de telefonía fija (y en especial una de ellas, proveniente
de la “madre patria”) y nuevas empresas norteamericanas de telefonía
celular (y en particular una de ellas, asentada en el hispánico sur de los
EE.UU.); y a la crisis, por último, de los regímenes nacional-populares
latinoamericanos y del modelo de desarrollo fundado en la protección
ilimitada del mercado interno y la substitución de importaciones,
encarnado en la vieja alianza entre la empresa pública estatal de servicios
públicos y su red de subcontratistas nacionales y extranjeros productores
23
23
de insumos de de la era electromecánica54, que no en vano se conoció en la
Argentina como “patria contratista”.
Jorge Walter
Investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la
Argentina, Profesor de la Universidad de
San Andrés y la Universidad de Buenos
Aires, Vicepresidente de la Asociación
Latinoamericana de Sociología del Trabajo
BIBLIOGRAFIA
Ala Santiago, Carlos y Mathews, Dale, 1999, "Reestructuración y Privatización en la telefonía de Puerto Rico", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 221-242.
Almeida, María Hermínia Tavares de, 1998a, “Reform through negotiation: the privatisation of state owned firms in Brazil”. Acceso el 5 de abril de 2003. Página Web del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo: http://www.fflch.usp.br/dcp/docentes/almeida/a_p_refo.rtf
Almeida, María Hermínia Tavares de, 1998b, “La política de la privatización de las telecomunicaciones en Brasil”. Acceso el 5 de abril de 2003. Página Web del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo: http://www.fflch.usp.br/dcp/docentes/almeida/a_papers.htm
Aragão Santos, V.; Nilton de Melo, J. et Cavalcante de Albuquerque, L., 2002, “As mudanças institucionais e tecnológicas no setor de telecomunicações brasileiro e seus impactos no processo e nas relações de trabalho: o caso das telecomunicações em Sergipe”. EPTIC online, Revista Electrónica Internacional de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. IV Num. 2, pp.30-42, Mayo a Agosto de 2002. <http://www.eptic.com.br>
Araújo, S.M.P. de et al., 2000, “A racionalidade das mudanças no setor de serviços: privatizaçäo, relaçöes e mercado de trabalho no ramo das telecomunicaçöes no Brasil”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo.
Araújo, S.M.P. de, 2002, “A ação sindical no contexto político da privatização das telecomunicações no Brasil”. Scripta Nova. Revista Electrónica de
54 La digitalización de las telecomunicaciones ha sido realizada en toda América Latina
sin retomar las tradicionales políticas de substitución de importaciones, creándose así un
serio déficit de balanza de pagos. Sólo un país escapa a esta regla: México, que debe el
equilibrio en la balanza de pagos del sector a la maquila.
24
24
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (100), 2002. [ISSN: 1138-9788] <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119100.htm>
Cárdenas, Mauricio, 1999, "Impacto de las políticas de apertura económica y privatización sobre las relaciones laborales en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 159-193.
Da Costa, Maria Conceição, 1999, "Cambios institucionales y privatización en la década de los 90: una comparación entre Europa y América Latina en el sector de telecomunicaciones", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 287-310.
Davolos, Patricia, 2000, “La naturaleza de las nuevas relaciones contractuales y la estrategia de las empresas. El caso de las telecomunicaciones: modernización o regresión ?”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo de 2000.
Del Bono, Andrea, 2000a, “Telefónica de España S.A.: la cara oculta de un proceso de transformación productiva. Cambios en el trabajo en un nuevo entorno tecnológico”. Tesis de doctorado, Dir. J.J. Castillo Alonso. Departamento de Sociología III de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Enero.
Del Bono, Andrea, 2000b, “Organización del proceso de trabajo en un nuevo entorno tecnológico: Telefónica de España S.A.”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo de 2000.
De la Garza, Enrique y Melgoza Valdivia, Javier, 1999, "Reestructuración y cambio en las relaciones laborales en la telefonía mexicana", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 193-220.
De la Garza Toledo, Enrique, 2002, La democracia de los telefonistas. Plaza y Valdés, México, julio de 2002, 227 páginas [ISBN 970-72-022-8]
De Paiva Abreu, Alice; Sorj, R. Bila y Ramalho, José Ricardo, 1999, "Impactos sociales de la tercerización industrial en Río de Janeiro: un estudio de caso en el sector de telecomunicaciones brasileño", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 121-158.
De Wolf, Monique María, 1999, "La Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay. Fracaso de una privatización y éxito de una empresa estatal", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp.
Duarte, Marisa, 1999, "Reforma del Estado en la Argentina. El debate parlamentario de la Ley 23696/89". Revista Epoca www.epoca.step.net.ar, año 1, diciembre.
Eiglier, P. y Langeard, E., 1987, Servuction, le marketing des services. Mc Graw-Hill. Paris.
25
25
Gemines, 2003, “Telecomunicaciones en Chile: Desarrollo Histórico y Tenden-cias de la Industria”. Informe de consultoría (acceso el 28 de marzo de 2003) en <http://www.gemines.cl/Productos/telecomunicaciones.asp>
Gitahy, Leda, 1994, “Inovaçäo tecnológica, relaçöes interfirmas e mercado de trabalho”, in Leda Gitahy (ed.), Reestructuración productiva, trabajo y Educación en América Latina. Campinhas:IG/Unicamp.
Iranzo, Consuelo y Richter, Jacqueline, 1999, "Privatización y relaciones laborales en la telefonía venezolana", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 253-286.
Korinfeld, Silvia, 2000, “Organización y control del proceso de trabajo: la supervisión electrónica del rendimiento de operadores telefónicos”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo.
Moreira de Carvalho Neto, Antonio, 1999, "La desreglamentación de las telecomunicaciones en Brasil", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp.
Larangeira, Sönia M. Guimaräes, 2001, “Reestructuraçao em bancos e telecomunicaçöes no Brasil: excluídos e beneficiados”. In Aguirre, R.; Batthyány, K. (coord.) Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur. CINTERFOR, BIT, 2001, 387 p. ISBN 92-9088-121-6
Martin, Scott, 1997, “Redes sociais e flexibilidade do trabalho: uma análise comparativa”. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Número especial sobre Uma nova trama produtiva? Competitividade, novos atores e relaçöes interfirmas, ano 3, nº 6.
Montes Cató, Juan, 2000, “La Flexibilidad Laboral al interior de las empresas de telecomunicaciones: estudio comparativo”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo.
Ruduit García, Sandro, 2000, “Reestructuraçäo produtiva e terceirizaçäo de travalho no Brasil: Considerações sobre o estudo de uma rede de empresas em telecomunicações”. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, ALAST. Buenos Aires, 17 a 20 de mayo.
Reynaud, Jean-Daniel. 1993. Les règles du jeu. Paris, Armand Colin.
Rosenberg, Nathan, 1994, Exploring the Black Box. Technology, Economics, and History. Cambridge University Press
Ruffier, Jean, 1999, "El deslizamiento del orden de lo privado y lo público", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 327-339.
Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Anuario estadístico 2000. UIT, Febrero de 2001.
Tavares de Almeida, Maria Hermínia, 1998, “La política de privatización de las telecomunciacioens en Brasil”. Departamento de Ciência Política de la
26
26
Universidade de São Paulo. Bajado el 5 de abril de 2003 de: http://www.fflch.usp.br/dcp/docentes/almeida/a_papers.htm
Teixeira Jr., Sérgio, 2002, “É hora de briga na telefonía”. Exame <www.exame.com.br> Año 36, nº 25, Brasil, 11 dezembro. Pp. 94-98.
Touraine, Alain, 1988, La parole et le sang. Politique et société en Amérique Latine. Paris, Editions Odile Jacob.
Uría, Aitor, 2002, Condiciones para la sustitución de telefonía fija por móvil: Características y evolución internacional. Trabajo de Graduación del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés. Dirigido por J. Walter.
Walter, Jorge y Senén González, C., 2000, “La privatización de las telecomunicaciones en América Latina. Estudio comparativo”. Doc. de Trabajo nº 9 <http://www.udesa.edu.ar/deptodeadministracion/dadministracionppal.htm> Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés.
Walter Jorge y Senén González Cecilia; compiladores, 1999, La privatización de las telecomunicaciones en América Latina. Empresas y sindicatos ante los desafíos de la reestructuración. 350 páginas. ISBN: 950-23-0850-6. Colección Temas Economía. EUDEBA, Buenos Aires, enero.
Walter Jorge, 1999, "Introducción", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 17-37.
Walter Jorge and Senén González Cecilia, 1999, “Empresas y sindicatos en la telefonía argentina privatizada", in La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, J. Walter et C. Senén González (comp.), EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 37-74.
Walter Jorge, 1998, "Privatizaciones y relaciones laborales en la telefonía latinoamericana". Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 4, nº 8, ISSN 1 405-1311, décembre 1998.
Warren, Joseph M., 1990, "3M's European Management Action Teams: Managing Diversity in a Single European Market", Journal of European Business, Julio-agosto.
Williamson, J., 1990, Latin American Adjustment. Institute for international Economics, Whashington DC, US.
Yip, George S., 1993, Globalización. Ed. Norma. Bogotá, Colombia