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Referencia bibliográfica:

Gentile, M. F. (2010), La interacción entre niños y jóvenes de sectores populares y los programas

de inclusión social: aportes de una perspectiva relacional, en Actas de las Jornadas “Estado,

familia e infancia en Argentina y Latinoamérica: problemas y perspectivas de análisis (fines del

siglo XIX-principios del siglo XXI)”, Museo Roca, agosto.

La interacción entre niños y jóvenes de sectores populares y los programas de inclusión

social: aportes de una perspectiva relacional

María Florencia Gentile1

Resumen

Este artículo presenta resultados parciales de una investigación doctoral que analiza la relación

entre niños y jóvenes de sectores populares y las instituciones de inclusión social, desde una

perspectiva relacional e interaccionista. A través de un análisis microsociológico, se analiza la

articulación entre los principios organizadores de la experiencia en los universos significativos de

estas instituciones y en el mundo social de “la calle”, espacio de socialización de niños y jóvenes de

sectores populares que fue cobrando importancia en Argentina. Ello permite dar cuenta de los

efectos concretos de las intervenciones institucionales, más allá de los objetivos formales de los

programas. Para ello se realizó un estudio comparativo entre dos instituciones pioneras del trabajo

desde una perspectiva de Derechos (CIDN) del Área Metropolitana de Buenos Aires: una estatal

(basado en la retórica de la “ciudadanía”) y otra no gubernamental (centrado en la “transformación

política”).

I. Introducción: el estudio de las políticas públicas para la infancia en clave de

interacción

1 Licenciada en Sociología (UBA), Master en Sociología (EHESS-Paris) y Doctoranda de la Facultad de Ciencias

Sociales (UBA). Actualmente es Investigadora - Docente del Área de Sociología del Instituto de Ciencias (UNGS), y

becaria del CONICET. También integra el Grupo de Niñez, Juventud y Políticas Sociales (CEDEHU, UNSAM). Su

proyecto de tesis, “Los chicos de la calle y su interacción con las instituciones de inclusión social”, es dirigido desde

2007 por Denis Merklen y Gabriel Kessler. Mails: fgentile@ungs.edu.ar / mflorgentile@yahoo.com.

2

La pregunta por la relación entre los niños de sectores populares y las instituciones (en

particular, las políticas sociales dirigidas a esa población) fue abordada por las ciencias sociales

latinoamericanas generalmente a través de las intervenciones institucionales sobre la población de

los considerados “niños en riesgo” (o “menores”, según su denominación institucional

prevaleciente durante el siglo XX). Tanto desde los análisis de los procesos identificados como de

“judicialización” y “tutela”, como desde los trabajos que se preguntan por la aplicación

institucional de la perspectiva “de derechos”, las miradas en lo que respecta a la relación entre las

instituciones y estos sujetos infantiles suelen estar puestas en el nivel de las intervenciones

institucionales2.

Uno de los efectos de este recorte más institucional dentro de las propias ciencias sociales, es

el hecho mismo de la separación y autonomización entre el campo de los estudios sobre la

juventud, y el campo de debates sobre la infancia (aunque es claro que esta distinción reconoce a

su vez otras causas). Ya que si bien los dispositivos institucionales suelen estar dirigidos a una u

otra población, tal distinción se desnaturaliza y complejiza desde los análisis que priorizan las

experiencias y trayectorias biográficas de estos actores en su mundo cotidiano, y las inscripciones

a uno u otro campo de debates se tornan difíciles de realizar de manera excluyente.

Cuando se trata de “niños/as”, entonces, son pocos los trabajos que abordan las experiencias y

los usos que los propios niños o jóvenes de los sectores populares realizan de esas instituciones.

Menos aún, aquellos que se sitúen en el espacio de las interacciones, negociaciones y disputas

cotidianas entre los sentidos que otorgan las instituciones a su intervención, y los sentidos

atribuidos por los “niños” que se acercan a ellas.

Es justamente en este espacio de intersección que nos interesa ubicar nuestro trabajo. Nuestra

propuesta no se interroga exclusivamente sobre las intervenciones institucionales; tampoco nos

preguntamos de manera única por las prácticas de sociabilidad de los niños y jóvenes de sectores

populares. El interés que guía nuestro trabajo se cuestiona acerca de las maneras en que estos

mundos se imbrincan, entrecruzan, se articulan, interactúan y entran en tensión y conflicto. Es así

como nuestra investigación doctoral se interroga por las modalidades que adquiere la articulación

2 Más adelante desarrollaremos los supuestos de este particular recorte de los estudios sobre infancia.

3

entre las propuestas institucionales de inclusión social3, la relación de éstos con “la calle” y las

lógicas de apropiación por parte de quienes participan en ellas; así como sus efectos.

Esta pregunta por la articulación surge como producto de un particular recorrido de

investigación. En él nuestros interrogantes se fueron modificando, desde un primer momento en

que nos interesamos por las características sociodemográficas y socioculturales de la población

asistente a un centro de día gubernamental para “niños, niñas y adolescentes en situación de

calle” (Pojomovsky, Cillis, Gentile, 2008a y 2008b), hacia el análisis de los sentidos y los usos

que los niños y jóvenes asistentes a tal institución le otorgaban, como parte de su propia

experiencia4 de vida en las calles (Gentile, 2006, 2007, 2009).

Fue así como llegamos a la construcción de una perspectiva de análisis desde la cual

realizamos nuestros interrogantes actuales. Estos dieron lugar a la realización de un estudio

comparativo, aún en curso, entre distintas instituciones y/o programas que se proponen la

atención e inserción social de “niños y adolescentes en riesgo”, en algunos programas

especialmente definida como “en situación de calle”5. Partiendo de una perspectiva

microsociológica, entonces, este estudio se propuso identificar los criterios valorativos propios de

cada institución implican maneras particulares de concebir (y por lo tanto, actuar frente a) la

dinámica inclusión / exclusión social en esta población, más allá de lo explícitamente formulado

en los objetivos de tales programas. A su vez, nos hemos interesado por reconstruir las maneras

en que los propios niños y jóvenes que participan en ellas conciben, utilizan, interactúan y

negocian con estos espacios, poniendo al descubierto algunos de los efectos que estas

interacciones generan en sus experiencias de vida, muchas veces distintos de aquellos propósitos

explícitamente buscados por las instituciones.

3 Parte de estos interrogantes a su vez dialogan con las discusiones colectivas entabladas en el marco del proyecto

PIP/CONICET La participación de las y los adolescentes en los programas de inclusión social: los procesos de

ampliación de ciudadanía y las identidades de género - (UNSAM). 4 Para ello trabajamos con la noción de “experiencia biográfica” en el sentido desarrollado en los trabajos de Michéle

Leclerc-Olive (1998) y M. Leclerc-Olive, M. Engrand y M. Sall (1998). 5 En la investigación en curso para la realización de la Tesis doctoral, desarrollamos un estudio comparativo entre

dos programas del Área Metropolitana de Buenos Aires: un programa estatal (con una retórica de la inclusión basada

en la “ciudadanía”) y otro no gubernamental (centrado en la “transformación política”). Se trata de dos instituciones

pioneras dentro del llamado “Paradigma de la Protección Integral”, que a partir de 2005 fue adoptado oficialmente

para el tratamiento a niños y adolescentes bajo los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del

Niño (ONU, 1989). Ambas instituciones se presentaron desde sus inicios como alternativa superadoras y opuestas al

tratamiento “judicializador” y de encierro en “institutos” que a lo largo del siglo XX se ejerció sobre los considerados

“menores”.

4

Con el correr del campo, entonces, fuimos consolidando una perspectiva relacional, que se

pregunta por las respuestas sociales (formales-institucionales e informales) en tanto parte de los

mecanismos de construcción social para definir aquellas poblaciones que en cada momento

histórico se considera deben ser asistidas socialmente, más que las características particulares de

esas poblaciones. Esta perspectiva es triburatia de la perspectiva relacional desarrollada en los

estudios sobre la condición de pobreza, que al tratar de diferenciarse de las definiciones

sustancialistas, permitieron abrir preguntas sobre la manera en que ciertas categorías sociales son,

al mismo tiempo, objeto y producto de las respuestas sociales que suscitan (entre éstas, las

respuestas institucionales). Es Georg Simmel, en su obra Los pobres, quien sienta las bases de

esta perspectiva: “La pobreza no puede ser definida como un estado cuantitativo en sí mismo,

sino que sólo puede ser definida en relación a la reacción social que aparece como respuesta a

una situación específica […] »6 (Simmel, 2005 : 97). Los trabajos realizados en esta línea se han

dedicado a desnaturalizar estas categorías sociales (“los pobres”, “madres solteras”, “adultos sin

techo”, “jóvenes con problemas de drogas”, etc.) como identidades previas sobre las cuales las

instituciones intervendrían a posteriori, para mostrar la manera en que éstas mismas delimitan y

construyen la categoría de población sobre la que se proponen actuar. Pero aún más:

consideramos que esta construcción no es unidireccional, sino que estas categorías sociales se van

definiendo en el curso mismo de las interacciones cotidianas, en un proceso en el que participan

activamente tanto quienes trabajan en una institución, como los propios usuarios y/o destinatarios

de esos dispositivos (Pichon, 2005), aunque esta participación no sea simétrica e implique

distintas posiciones de poder.

En diálogo, pues, con estas premisas, hemos visto cómo la categoría “chicos de la calle” no

define a priori una situación sobre la que las instituciones actuarían, sino que es el resultado del

proceso de negociación entre los niños y jóvenes que acuden a las instituciones y los criterios

puestos en práctica por éstas en el momento de prestarles asistencia. Identidad y asistencia se van

definiendo mutuamente en el mismo proceso de interacción.

Las interacciones cotidianas locales entre participantes y trabajadores de estas instituciones /

programas se convierten, desde esta perspectiva, en el recorte de observación privilegiado. Ellas

operan a la vez como escenario y como puesta en práctica de luchas simbólicas donde se

enfrentan representaciones construidas en diferentes campos del espacio social, que conllevan

6 La cursiva es nuestra.

5

diferentes esquemas de percepción y criterios normativos que organizan las acciones, múltiples

imputaciones de sentido, diversas estrategias, y que se encuentran en la base de las tensiones y

conflictos cotidianos en cada espacio institucional.

Una aclaración más sobre la perspectiva de análisis propuesta. La adopción de tal enfoque

teórico-metodológico para el análisis de los niños y/o jóvenes de sectores populares y su relación

con las políticas sociales, presenta la ventaja de permitir alejarse de un tono normativo muy

difundido en los trabajos sobre el tema. Muchas veces esos análisis se remiten a señalar las

contradicciones y las distancias entre lo estipulado por la letra de los programas (inspirados

actualmente en la Convención Internacional de los Derecho del Niño y las leyes locales de

“Protección Integral”) y las prácticas cotidianas en los programas. En efecto, estos estudios suelen

constatar que en la instancia de la aplicación, las intenciones de las letras de los programas no son

llevadas a cabo. Esta mirada resulta políticamente muy importante, pero sociológicamente poco

fértil, en el sentido de caracterizar las acciones institucionales por su carácter negativo, es decir,

por lo que no son, sin lograr dar cuenta de las lógicas efectivamente puestas en juego y de los

efectos productivos de tales prácticas.

En este sentido, consideramos que el enfoque que prioriza el nivel de las interacciones

cotidianas resulta fundamental para el estudio de las políticas públicas destinadas a niños y

jóvenes de sectores populares. Y esto porque, retomando lo señalado por Gerard Mauger al

analizar el caso francés, “es a este nivel que es posible tener medida de los ‘efectos’ de tales

dispositivos estatales, que con frecuencia difieren de aquellos que son explícitamente propuestos

y esperados” (Mauger, 2001: 4).

II. Algunas discusiones teóricas y metodológicas sobre los niños como actores sociales

plenos

Tal como hemos señalado, no abundan los trabajos que adoptan una perspectiva relacional e

interaccionista para analizar la relación entre instituciones y alguna categoría social que incluya a

niños y niñas, como ocurre con los “chicos de la calle”. Es que poner el foco en la interacción

supone un punto de partida teórico y metodológico particular: el reconocer a los niños y

adolescentes como actores sociales plenos, con competencias para la acción y la producción

social.

6

Podríamos identificar esquemáticamente tres cuestiones, a su vez relacionadas entre sí, que

históricamente dificultan este reconocimiento de los niños y adolescentes como actores sociales

plenos. Por un lado, si la “situación de calle” ha sido objeto de discusiones y problematizaciones

en los estudios sociales, el concepto de infancia aparece aún fuertemente naturalizado, lo que

oculta los procesos sociales de su producción y definición como categoría social. Por otro lado, se

reconoce la falta de atención que históricamente la antropología y la sociología han prestado a los

fenómenos relacionados con la niñez. Finalmente, la propia noción de niño supuesta en las

concepciones teóricas vigentes de la sociedad y la cultura actúan dificultando este

reconocimiento.

Esto requiere detenernos brevemente en las propias concepciones acerca de la infancia que

tradicionalmente sostuvieron las ciencias sociales. La antropóloga brasilera Clarice Cohn, en sus

trabajos sobre la antropología de la niñez7, enuncia las concepciones subyacentes a estas

dificultades en las ciencias sociales, que explican en parte esta carencia:

1) Por un lado, la idea de que el niño es un ser social y cultural incompleto, y que el ser

social ideal, miembro completo de su cultura y/o sociedad, es el adulto. Al no problematizar esta

categoría, las ciencias sociales reproducen una concepción del niño como algo transitorio, en

formación, que debe dejar de ser lo que es para transformarse en miembro pleno de la sociedad y

la cultura. Tanto desde la sociología, a través de la tradicional preocupación por el proceso de

socialización inaugurada por Durkheim, como desde la antropología, a través de la idea de

aprender a vivir en la cultura (presente en los trabajos pioneros de Mead), el lugar del niño no se

concibe como un lugar pleno y legítimo, sino como un lugar de transición.

2) Por otro lado, el correlato de esta concepción es que no se reconoce en los niños su

agencia, su capacidad para actuar e interpretar el mundo al igual que los adultos. Estos últimos

serían los únicos actores competentes en los procesos de producción de sus propias sociedades, y

por lo tanto, los únicos a los que vale la pena estudiar.

Ambos postulados pueden ser rastreados, como lo hace C. Cohn (Cohn, 2005), en los estudios

pioneros en temas de infancia en la antropología, que sintetiza en dos corrientes: los realizados en

las décadas del ’20-’30 ligados a la Escuela de Cultura y Personalidad (especialmente las

investigaciones de Margaret Mead), y los trabajos de los antropólogos británicos influenciados

por la escuela estructural-funcionalista (asociada a Radcliffe-Brown). Los primeros se ocuparon

7 Tomaremos en este caso, algunos de los contenidos desarrollados en (Cohn, 2005).

7

de los niños al recrear las maneras en que en cada sociedad, la cultura y ciertas competencias de

la personalidad son trasmitidas a y adquiridas progresivamente por los niños de esa sociedad

particular. Los segundos, estudiaron el lugar de los niños al interesarse por los procesos de

socialización de los individuos, cuando se produce la incorporación de los papeles y relaciones

sociales que de adultos deberán desempeñar. En ambas concepciones, los niños aparecen como

objetos pasivos de su propia constitución como seres sociales, meros receptores vacíos de

“patrones culturales” o de “papeles sociales”. Según la autora, esta concepción comienza a

cambiar recién a partir de los años ’60, con la revisión que los cientistas sociales en general y los

antropólogos en particular, encaran de los conceptos básicos de cultura y de sociedad, que dejan

entonces de ser pensados como “totalidades que deben ser reproducidas” para ser resignificados

como “conjuntos estructurados en constante producción de relaciones e interacciones” (Cohn,

2005 : 20). Es posteriormente a esta revisión que algunos trabajos comienzan a reconocer en los

niños a actores sociales con capacidad de agencia, de crear y recrear los sentidos y significados, y

por lo tanto, como actores sociales plenos con un papel activo en la producción de su cultura y su

sociedad, y dentro de éstas, de la definición de su propia condición de niños.

III. Los criterios que organizan los universos significativos de los programas para la

“inclusión social” de “chicos de la calle”.

Retomando nuestra propuesta de análisis, a continuación nos proponemos presentar

brevemente algunos de los elementos que organizan los universos significativos (Parizot, 2003)

de las instituciones de “inclusión social” de niños y adolescentes “en situación de calle” que nos

dedicamos a estudiar. Para ello, es necesario hacer referencia al contexto institucional en el que se

desarrolló nuestro trabajo de campo. Luego de la vigencia, durante todo el siglo XX, de las

intervenciones basadas en la Ley Nº 10.903 conocida como Ley Agote o Ley del Patronato8, a

finales del siglo XX se incorporó a la Constitución Nacional la Convención Internacional sobre

8 Esta Ley, vigente entre 1919 y 2005, establecía el tratamiento de los niños y jóvenes “abandonados o en situación

de riesgo material o moral” a través de su consideración bajo el estatus legal de “menores” sobre los que el Estado

ejercía una tutela. La noción de “menor” implicaba concebir a las personas así designadas, como sin poseer las

capacidades suficientes para ejercer por sí mismas los derechos y las obligaciones de una persona “mayor”, y que por

lo tanto debían estar siempre bajo la tutela de un “adulto responsable”. Si este no existía (por las “situaciones

irregulares” derivadas de la ausencia de familia o incluso de una situación familiar de pobreza) en el caso de las

personas menores de 18 años se proponía el encierro en “institutos de menores” que garantira tal “tutela”.

8

los Derechos del Niño y sus nociones sobre los niños “como sujeto de derechos”9. En ella se

denuncia el tratamiento institucional “tutelar” y se promueve el desarrollo de políticas basadas en

dispositivos de “protección de derechos”10

. Pero la Ley Agote seguirá vigente hasta el 2005, con

lo cual se abre entonces un período en el que conviven (no sin conflicto) en un mismo territorio,

leyes e instituciones gubernamentales (es decir, políticas públicas) con concepciones discímiles

sobre el tratamiento de los problemas de las personas menores de 18 años. En el año 2005 se

deroga finalmente la Ley Agote y se aprueba una nueva Ley (26.061) para “niños y

adolescentes”, que instituye oficialmente el “Paradigma de la Protección Integral”, promovido por

la CIDN como base para el desarrollo de políticas públicas. A pesar de que esta posición se

convierte desde entonces en la perspectiva oficial, el debate sobre el tratamiento social de la niñez

y juventud “en riesgo”, lejos de estar saldado, renueva permanentemente su actualidad (como

muestran los debates sobre la baja de edad de imputabilidad).

Esta perspectiva de derechos que se impone progresivamente a nivel mundial, presenta en la

Argentina la particularidad de su incorporación durante la década del ’90, en un contexto de

hegemonía de la concepción neoliberal de implementación de políticas públicas (Cardarelli y

Rosenfeld, 2000 : 23-67). Esta confluencia llevó a que la propuesta de “protección integral” de

los nuevos enfoques sea buscada a través de la implementación de múltiples “programas sociales”

o dispositivos focalizados sobre aquellas poblaciones infantiles y juveniles consideradas con un

mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo social (Costa y Gagliano, 2000 : 69-119). La de los

denominados “niños y adolescentes en situación de calle” se manifestó entonces como una de

esas poblaciones11

.

9 Al ser considerados “sujetos de derechos”, se supone que las personas menores de 18 años cuentan con la misma

capacidad que los adultos como para ejercerlos por sí mismos. Desde esta perspectiva, poner al niño en una relación

de tutelaje implica someterlo a una relación de poder que le niega la posibilidad del ejercicio de tales derechos

(Beloff, 1994) (García Mendez, 1991). 10 La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), tal como lo explica V. Llobet, es un marco legal y

filosófico para las políticas públicas de la infancia que “promueve la ampliación de ciudadanía sobre la base de dos

grandes estrategias: por un lado, la separación de las problemáticas de índole penal de las de origen social; por otro,

el cuestionamiento a las instituciones totales, los Institutos de Menores, y el consecuente desarrollo de estrategias

alternativas de tratamiento, basadas en la pedagogía social y en la desmanicomialización y la antipsiquiatría” (Llobet, 2009a : 12-13). 11 Fue a partir de 1980 que comienzan a aparecer algunos trabajos sobre los llamados “chicos de la calle”, de la mano

de su identificación como nueva problemática social. Esta novedad no residía exclusivamente en el crecimiento de la

población de niños de familias pobres que transitaba y permanecía en las calles de la ciudad, sino en la

reconceptualización de ciertas problemáticas históricas en relación con la infancia pobre, que anteriormente habían

sido caracterizadas como “menores carenciados”, “menores abandonados”, “niños trabajadores”, “menores

delincuentes”, etc. (Gomez da Costa, 1998). A partir de la década de los ’90, con el crecimiento abrupto de la

pobreza y la desigualdad en la Argentina, el tema cobra mayor actualidad, y la figura del “chico de la calle” se

9

Así, en nuestro campo se fue haciendo evidente cómo tal descentralización estatal provocó,

como uno de sus efectos, la multiplicación de “efectores” de las políticas sociales (Cardarelli y

Rosenfeld, 2000). En los territorios estudiados convive un entramado de programas estatales

financiados y/o ejecutados por instituciones municipales, provinciales, nacionales, con

organizaciones no gubernamentales que son convocadas a su vez por la nueva Ley de Protección

Integral (2005) como una manera de comprometer a la sociedad civil en el cuidado y protección

de sus niños y jóvenes.

En relación con los intereses de este trabajo, interesa remarcar que esta multiplicación de

“efectores” de las políticas sociales destinadas a niños y adolescentes genera como contracara una

multiplicación de criterios y condiciones para el logro de la “inclusión social” que se proponen.

Por un lado, cada “programa” va a recortar de distinta manera lo que va a definir como población

“en riesgo”. Por otro lado, y en relación con ello, en cada institución se van a poner en práctica

los distintos sentidos que los agentes institucionales adjudican a su trabajo y a su “misión” (la

“inclusión” buscada), en relación con los criterios que estructuran el universo significativo de

cada institución. Tales criterios orientan al mismo tiempo tanto las prácticas de los agentes

institucionales, como el objetivo propuesto y la población a asistir. Al hacerlo, estos criterios

significativos van establecer a su vez formas de comportamiento esperadas como legítimas en los

niños y adolescentes que participan de cada programa.

Presentamos a continuación, de manera breve y resumida, aquellos principios que organizan el

universo significativo propio de cada una de las dos instituciones analizadas.

En primer lugar, realizamos un trabajo etnográfico en un centro de día dependiente del

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para “niños, niñas y adolescentes en situación de calle”12

.

Durante nuestra estadía llevamos adelante entrevistas con los trabajadores y directivos del

convierte en paradigmática de la polarización de las condiciones de vida de los niños y jóvenes del país (Carli, 2006).

Esta figura suele asociarse a una serie de estereotipos y prejuicios -abuso, explotación, abandono, delincuencia, drogas, como mostramos en (Pojomovsky, Gentile, 2008)- y condensa los miedos urbanos de la actualidad (Reguillo,

2006). De esta manera, los “chicos de la calle” se convierten en la actualidad en una figura ubicada en la intersección

misma entre la cuestión de los niños y jóvenes “en riesgo” y la peligrosidad, al relacionarla con el debate

social/mediático de la “inseguridad” (Kaminsky, Kosovsky, Kessler, 2007). 12 El objetivo del programa es la “atención, contención, diagnóstico, acompañamiento y derivación” de los niños,

niñas y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Abrió sus puertas a mediados de 1992

inspirado en las definiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y trabaja bajo la forma de

concurrencia directa y voluntaria de los niños al centro de día.

10

programa, la observación participante de las interacciones cotidianas, y la recolección de

documentos y material producido por la institución (proyectos institucionales, documentos de

trabajo, revistas, etc.)13

. Así pudimos reconstruir cómo el universo significativo propio de esta

institución estatal está organizado alrededor de la retórica de la “ciudadanía” 14

, que lleva a

comprender a los asistentes como “niños en tanto sujetos de derecho”; a definir la situación social

en la que se encuentran como una situación de “derechos vulnerados”, y por lo tanto, a entender

su misión como “restitución de derechos”.

Pero lo particular de este centro de día es la traducción práctica y operativa que toman estas

nociones en las interacciones cotidianas. Tal como hemos desarrollado con detalle en otros

trabajos (Gentile, 2008), la “restitución de derechos” toma forma práctica como “restitución de la

infancia”, considerada en sí misma como un “derecho vulnerado” por las situaciones vividas por

los participantes del programa. Por ende, las propuestas desarrolladas se dirigen a infantilizarlos,

en el sentido de otorgar un tratamiento social que los “iguale” al resto de los “niños”.

Ello conlleva la búsqueda por parte del programa de un cambio actitudinal y de conducta en

los participantes (que no se comportan como los niños y adolescentes de otros sectores sociales,

conformes a las nociones hegemónicas de tales categorías de edad) como forma de lograr la

inclusión social buscada. Sin embargo, la posibilidad de ejercer ese “rol de niño” (que supone

sostener las concepciones de ingenuidad, desinterés, respeto a los adultos, manifestación de

alegría y expresión por el juego) requiere hacer uso de determinados recursos y capacidades

materiales y simbólicas que no todos los participantes poseen en igual medida, y que el programa

presupone pero no garantiza. De esta manera, la categoría de “niño” pasa de constituir una simple

definición de la población destinataria del centro de día, a convertirse en una contrapartida moral

exigida para ser merecedor de la asistencia. Y de tal manera, puede llevar a una

responsabilización individual (comprendida en términos de “falta de voluntad” o aún de

13 El trabajo de campo para esta instancia, realizado entre el 2005 y el 2008, se suma al material recolectado en la

etapa de la tesis de Master (Gentile, 2006), en la que realicé observación participante en la institución, entrevistas en

profundidad con los asistentes al programa, sumado a la sistematización estadística de los legajos, lo que me permitió

una caracterización sociodemográfica de la población atendida. 14 Desde una definición clásica del concepto de ciudadanía (Marshall, Bottomore, 1998), que refiere a la posesión de

derechos formales habilitantes de un tratamiento igualitario de los ciudadanos en tanto miembros de una sociedad, al

mismo tiempo que ubica al Estado como garante de esos derechos. Para una interesante revisión de los autores que

trabajaron la idea de ciudadanía vinculada a la infancia, ver Litichever (2009) y Llobet (2009).

11

“imposibilidad”) de aquellos que no posean las habilidades necesarias para ejercer el rol

esperado, y el riesgo de quedar “fuera” del programa15

.

En segundo lugar, desarrollé una indagación en otra organización (en este caso no

gubernamental) que también trabaja con niños y jóvenes “en riesgo” y “en situación de calle”,

pero desde un enfoque que se comprende “político”. Se trata de una Fundación situada en la zona

sur del conurbano bonaerense, que es a su vez fundadora e integrante de un Movimiento político

que nuclea organizaciones sociales que trabajan con niños y jóvenes de sectores populares, y que

integran también una central de trabajadores16

. El trabajo etnográfico realizado en esta

organización supuso la realización de entrevistas a dirigentes, educadores y niños y jóvenes que la

integran, observación participante de las interacciones cotidianas (tanto dentro de la institución

como en actividades específicas como manifestaciones y marchas), la recolección de documentos

y materiales institucionales17

. Así, pudimos reconstruir cómo el universo significativo de esta

organización se estructura alrededor de una retórica de la “transformación social y política

anticapitalista”: se entiende que las dificultades que atraviesan los niños y jóvenes que atiende la

organización son una consecuencia directa de las condiciones del funcionamiento económico y

político del sistema capitalista en la actualidad. “Detrás de cada chico en la calle, hay un padre

que se quedó sin trabajo”, es la manera en que sintetizan su comprensión de la exclusión de los

niños y jóvenes. Y por lo tanto, de lo que se trata es de transformar políticamente el sistema. Es

por ello que desde este universo significativo, los niños y jóvenes son comprendidos como “niños

en tanto sujetos políticos” o “sujetos de transformación”.

De allí la formación de un movimiento político, y la inscripción en una central de trabajadores.

A su vez, tanto las acciones cotidianas de los educadores como las de los niños y jóvenes son

interpretadas desde tales principios valorativos, lo que los lleva también a desarrollar prácticas

específicas (como asambleas semanales para la resolución de problemas y conflictos, la

participación de los chicos y chicas en manifestaciones, la realización de charlas y debates sobre

la historia de las resistencias populares, etc.).

15 Para un mayor desarrollo de las particularidades de este proceso, ver (Gentile, 2011). 16 Esta organización, nacida durante los años ’70, se fue constituyendo a fines de los ’80 y a lo largo de los ‘90 como

un referente en el tratamiento de la inclusión social de niños y jóvenes en situación de calle. Está conformada por un

conjunto de programas dirigidos a niños y jóvenes: un centro de día, dos hogares, emprendimientos productivos

(panadería, imprenta) y una escuela de formación para educadores. 17

El trabajo de campo se realizó entre el 2008 y el 2010.

12

Al mismo tiempo, estos criterios los llevan a adoptar posturas que se diferencian y hasta

enfrentan con otros espacios y concepciones de inclusión social de niños y adolescentes. Un

ejemplo de ello es el lugar que otorgan a la actividad laboral de los niños y jóvenes que integran

la organización: se fomenta su participación, según las edades, tanto en las distintas tareas de

reproducción de la institución (mantenimiento y limpieza), como (a partir de los 14) en

actividades productivas asalariadas (panadería, imprenta). La inclusión social que se busca, de

esta manera, se propone inculcar el “valor del trabajo”, un elemento simbólico que representa

para ellos la integración específica en una clase social (la clase trabajadora) y que interpretan

resquebrajado en función de los cambios sociales y económicos de las últimas décadas. De esta

manera específica se proponen la restitución de los valores tradicionales que estructuraron el

mundo obrero, y por ende, la inclusión a la “infancia popular”. Desde esta perspectiva, aquel niño

o adolescente que no se adapte a estas formas de participación propuestas dará origen a un

conflicto en la organización y será entendido como “descomprometido” e “individualista”, y en

algunas oportunidades, dará lugar a algún tipo de sanción decidida en una asamblea de niños y

adolescentes.

Así es como, en las distintas instituciones estudiadas, hemos visto la manera en que los

comportamientos esperados, producto de los criterios significativos que organizan el universo

simbólico de cada institución, se convierten en contrapartidas implícitamente exigidas para la

realización de la “inclusión social”. De esta manera, la realización de la “inclusión social”

buscada se intenta llevar a cabo muchas veces bajo la forma de una “transformación actitudinal” o

“moral”, un cambio de conductas y actitudes acordes a los criterios significativos que sostiene

cada institución18

.

Esta “transformación” o “conversión” presenta distintos grados de dificultad para los niños y

jóvenes que asisten a estos programas, ya que mayormente los criterios significativos por los que

se rigen esos comportamientos esperados, así como las propias concepciones de infancia e

inclusión social, son diferentes y hasta opuestos a los criterios significativos que organizan su

sociabilidad cotidiana (en sus barrios, en sus familias, en la calle, en la relación con otras

instituciones). Sin embargo, los agentes suelen naturalizar los supuestos de su propia

18 Esta idea presenta relación con la noción de “conversión moral”, señalada por I. Coutant como objetivo de las

instituciones que trabajan con jóvenes de sectores populares en los suburbios de París, Francia. Cf (Coutant, 2005).

13

intervención, es decir, sus propias categorías y criterios, y por lo tanto no percibir cómo estos

operan como condición (de límite y de posibilidad) en la relación con los niños y jóvenes que las

integran.

El correlato de esta operación de naturalización de los propios supuestos de la intervención, es

que aquellas conductas de los niños y jóvenes que no se adecuan a lo prescrito por cada programa

son percibidas por los agentes de la institución como una imposibilidad individual, un

incumplimiento personal con la contrapartida implícita exigida para recibir la asistencia. Y

entonces, aquellos que no logren adecuar sus conductas a lo esperado corren el riesgo de quedar

excluidos, aún estando en las mismas condiciones objetivas que otros y ser entonces destinatarios

potenciales de los programas.

IV. Elementos organizadores del espacio social de la calle que entran en tensión con los

programas de inclusión social.

Como hemos propuesto en la primer parte de este trabajo, para comprender los conflictos

cotidianos y los efectos de las intervenciones institucionales (en tanto consecuencias no esperadas

de su acción) (Giddens, 1995), nos hemos interesado por indagar la manera en que se articulan (y

contrastan) los principios que organizan el universo simbólico de cada institución con las

categorías de comprensión y acción de niños y jóvenes. En nuestro trabajo de campo hemos

identificado que, en el caso de los niños y jóvenes que participan de las instituciones estudiadas,

resulta especialmente relevante reconstruir las categorías propias del espacio social de “la calle”.

Estos criterios organizadores cobran una importancia estructurante de los sentidos y prácticas de

las experiencias de los niños y jóvenes respecto de las instituciones en las que participan. Los

impactos de las políticas públicas, pues, no pueden evaluarse sin tener en cuenta este ámbito de

socialización de niños y jóvenes en la actualidad.

Tal interés nos llevó, entonces, en primer lugar a realizar entrevistas y observación con niños

y jóvenes dentro de las instituciones (destinadas como dijimos a la población “en situación de

calle”). Allí tuvimos una primera aproximación a aquellos principios organizadores de la

experiencia que los niños y jóvenes identifican como válidos y legítimos en el mundo social de

“la calle”. Sin embargo, más adelante realizamos también trabajo de campo en ciertos barrios

14

pobres del conurbano bonaerense19

, y no sin sorpresa, encontramos que muchos de estos

principios significativos organizan a su vez la experiencia de muchos niños y jóvenes que habitan

en esos barrios. Lo cual nos permitió desnaturalizar aún más lo considerado como la problemática

específica de los “chicos de la calle”, e identificar a tales principios como parte del repertorio de

criterios significativos y prácticas de acción presentes en los sectores populares hoy, y que son

puestos en práctica por niños y jóvenes de estos sectores más allá del recorte y la construcción

que las políticas públicas realicen de una problemática como específica (“chicos de la calle”,

“jóvenes en conflicto con la ley”, “adolescentes con problemas de adicción”, etc.).

Como producto de estas indagaciones, presentamos a continuación algunos de estos principios

y categorías estructurantes de los sentidos y las prácticas de niños y jóvenes. Nos interesa aquí

señalar, brevemente, aquellos que detectamos entran particularmente en tensión con los sentidos

institucionales analizados20

.

El carácter estratégico del acercamiento a las instituciones

En primer lugar, nos interesa resaltar el carácter estratégico (en un sentido amplio) del

acercamiento de esos niños y jóvenes a las instituciones que les están dirigidas (Gentile, 2006).

Muchas veces este carácter, reconocido para los actores sociales adultos del mundo popular, es

soslayado en la relación entre niños e instituciones. Esto se debe, como señalamos anteriormente,

a que por un lado, no son siempre comprendidos por las ciencias sociales como actores sociales

plenos, y por otro lado, tal carácter “estratégico” de la acción entra en contradicción con las

representaciones sociales acerca de una infancia “ingenua” y “despreocupada”.

Sin embargo, en nuestro campo hemos visto cómo la búsqueda activa y permanente de todo

tipo de recursos y acceso a servicios para la supervivencia (similar a la identificada en otras

investigaciones como “lógica del cazador” (Merklen, 2005) o inserción en “redes de resolución

de problemas” (Auyero, 2001) lleva a estos niños y jóvenes a articular y equiparar los distintos

tipos de fuentes de recursos (legales, ilegales, institucionales), tal como fue identificado por

(Kessler, 2004). Esta búsqueda se encuentra entonces en la base de la circulación por y la

participación en múltiples instituciones, cada una de las cuales realiza distintos recortes de la vida

19 Realicé trabajo etnográfico y entrevistas en el barrio Ejército de los Andes (conocido como “Fuerte Apache”),

partido de Tres de Febrero; y en Villa Palito, partido de La Matanza. 20

Algunos resultados preeliminares fueron publicados en (Gentile, 2009) (Gentile, 2007).

15

cotidiana de estos niños y jóvenes para incluirlos en su “población objetivo” (como atenderlos por

estar “en situación de calle”, o ser “madres solteras”, o estar “por fuera del sistema escolar”, o

tener “conflictos con la ley penal”, etc.).

A su vez, tal como señalamos anteriormente, cada institución va a presentar distintos criterios

(ciudadanos, religiosos, políticos, etc.) para la realización de los objetivos buscados. De esta

manera, los niños y jóvenes, al circular entre un programa y otro como una forma más de obtener

recursos y acceso a servicios, deben adecuar su conducta no sólo a las condiciones de una

institución, sino que deben adecuarse alternativamente a los distintos roles que las distintas

organizaciones establecen como condición para el acceso. Como hemos señalado anteriormente,

para permanecer en un programa o institución, los niños y jóvenes tienen que aprender a poner en

práctica los sentidos y los comportamientos que cada institución sostiene como legítimos. Se

suma a ello que los programas sociales suelen proponer intervenciones puntuales en la vida de

estos niños y jóvenes, con horarios y días limitados y parciales, fuera de los cuales los niños y

jóvenes deben continuar manejándose con los criterios y sentidos que organizan su sociabilidad

en el espacio social de la calle.

Pero cuando hablamos de adecuación de las conductas y del carácter estratégico del

acercamiento, no nos estamos refiriendo solamente a una modificación de los comportamientos

realizados con el único objetivo de acceder a los recursos y servicios que brindan las

instituciones. Para sostener una relación con una institución a lo largo del tiempo, se produce en

estos niños y jóvenes una suerte de socialización en los principios significativos que orientan las

prácticas dentro de cada institución. Por lo tanto, con el correr del tiempo van adquiriendo un

nuevo repertorio de principios significativos, prácticas legítimas, y hasta nuevas formas de

identidad social (Goffman, 1997) en lo que refiere a nuevos criterios para el reconocimiento

social y para una presentación valorizada de sí. El efecto entonces de la circulación entre distintos

espacios sociales, donde rigen distintos criterios significativos y universos de sentido, trae

consecuencias profundas en la subjetividad, ya que produce una suerte de fragmentación de la

experiencia de estos niños y jóvenes, en lo que a la relación con las distintas instituciones se

refiere.

La experiencia con la policía como trasfondo de relación con las instituciones

16

La relación con la policía va a aparecer, en muchos de los niños y jóvenes entrevistados,

como trasfondo de la relación con las distintas instituciones, aún las de asistencia o inclusión

social. No necesariamente porque se equipare esta institución con “las instituciones estatales”

(por el contrario, como demuestra Kessler (2004), no suele reconocerse a la policía como

representante de “la ley” ni de “las instituciones”). De lo que se trata, en cambio, es del temor de

que el acercamiento a cualquier institución derive en el contacto con la policía, y aún más, en el

encierro en institutos.

Como han señalado muchas investigaciones (Kessler, 2004) (Isla, 2002) (Miguez, 2002)

(Auyero, 1993), el rechazo y la oposición a la policía pasó a convertirse en un rasgo identitario

generacional entre los jóvenes de los sectores populares de la Argentina (Cf. Svampa, 2005:

p.178)21

. Encontramos este rasgo en los niños y jóvenes que entrevistamos, cuando relatan

experiencias propias o de pares víctimas de un trato policial estigmatizador, violento y arbitrario,

golpizas y encierros en comisarías, chantajes y reclutamientos para la realización de actividades

delictivas, y hasta situaciones de abuso sexual y la certeza de la probabilidad de la muerte en

manos de miembros de la institución. En aquellos niños y jóvenes que tienen conflictos con la ley

penal, al temor al trato policial se suele sumar “el temor al encierro” (Gentile, 2006 y 2007), en el

sentido en que ese contacto derive en la apertura de una causas judiciales que supongan el

contacto con jueces y el encierro en institutos de menores22

.

En lo que respecta a este trabajo, hemos identificado que esta experiencia genera como efecto

el desarrollo de prácticas como el alejamiento y desconfianza de todo tipo de instituciones y

organizaciones (también las de salud, educación e inclusión social). Muchas veces, esta situación

funciona como un espiral que los aleja cada vez más de todo tipo de instituciones (y por lo tanto,

muchas veces, del ejercicio de ciertos derechos) ya que cada contacto institucional desencadena el

21 En efecto, las prácticas violentas, represivas, de abuso de autoridad y de ‘gatillo fácil’ de esta institución,

constituyen una constante en el trato de esta institución con jóvenes y adolescentes de sectores populares, herencia de

prácticas autoritarias de las dictaduras, y objeto de múltiples denuncias (Cf. Colectivo de Derechos de Infancia y

Adolescencia, 2002). El trabajo de Maristella Svampa retoma el tema de la relación entre policía y jóvenes,

mencionando un informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) quien “lleva un registro de más de 2000 casos desde finales de la década del ’80 a la actualidad (…). Según el último informe

presentado (2004), el 65,4% de las víctimas de la violencia policial tenía entre 15 y 25 años” (Svampa, 2005 : pp.

315-316). 22 Este temor continúa vigente en la actualidad, ya que más allá de los cambios respecto de la institucionalización

introducidos por la nueva Ley de Protección Integran (2005), los informes señalan que “se sigue utilizando la

institucionalización de los niños, niñas y adolescentes como medio de protección. En la actualidad un gran número de

niños, niñas y adolescentes están privados de su medio familiar por causas asistenciales” (CELS / Fundación Sur

Argentina, 2009).

17

temor de ser “denunciados” (por haberse ido de su hogar, por haberse fugado de un instituto, por

tener antecedentes en una comisaría), reavivando la amenaza del encierro.

Otro de los efectos es el desarrollo de múltiples prácticas y capacidades, como por ejemplo el

de generar “indicadores de confiabilidad” que les permitan anticipar el grado de riesgo implícito

en el contacto con una institución (Gentile, 2009).

Lo que importa entonces destacar aquí es que los niños y jóvenes de los sectores populares

deben entonces resolver la tensión que implica, por un lado, el hecho de verse impelidos al

acercamiento a las instituciones como parte de sus estrategias de supervivencia, y por otro lado, la

desconfianza inicial que supone ese acercamiento y que los lleva a evitar cualquier tipo de

contacto. Para lograr entonces el establecimiento de una relación sostenida en el tiempo con las

instituciones (necesaria para el cumplimiento de los objetivos buscados), será necesaria la

construcción progresiva de la confianza en el espacio institucional del que participen, en la que

cumple un rol fundamental el establecimiento de un vínculo más cercano con alguno de los

trabajadores (Gentile, 2009).

El uso de la fuerza física como modalidad legítima de relación

La socialización de estos niños y jóvenes en el uso de la fuerza física como modalidad

estructurante de la sociabilidad, aparece como uno de los elementos más problemáticos de la

interacción con las instituciones (Gentile, 2006 y 2007). El uso de la fuerza física como recurso

válido, criterio de clasificación y jerarquización, y como un elemento organizativo y regulador de

los vínculos sociales en el mundo popular (especialmente en el espacio social de la calle) supone

un desafío para las instituciones estudiadas, que interpretan estas prácticas como manifestación de

una “violencia fuera de lugar” (Dustchatzky y Corea, 2004), y por lo tanto, como atributos

individuales de los agentes que la ponen en práctica (“chicos problemáticos o violentos”).

Sin embargo, la importancia de este criterio de relación en este ámbito social se relaciona con

las transformaciones estructurales sufridas a partir de los años ‘80 y ‘90 en los sectores populares,

que generaron importantes transformaciones en los criterios por los que orientan su acción los

niños y jóvenes de estos sectores. A diferencia de la manera en que es representada la violencia

cotidiana entre los sectores medios, en donde ésta aparece como una ‘falla’ del lazo social, un

18

acto de irracionalidad e incivilización23

, un producto de la anomia o del desorden social, el uso de

la fuerza física aparece tradicionalmente en los sectores populares como una forma legítima de

sociabilidad, como un recurso valorado y como un criterio de organización que permite

identificar, clasificar y jerarquizar a las personas en el espacio social.

Como también lo han mostrado otras investigaciones (Garriga Zucal y Noel, 2009), (Garriga

Zucal, 2005a) y para el caso francés (Mauger, 2006) (Coutant, 2005), el uso de la fuerza física

supone poseer y aprender a manejar un capital específico, que permite ocupar una posición

valorizada en el mundo social y obtener así reconocimiento social y prestigio, especialmente en

aquellos sectores en que esto no se logra a través de la posesión de capitales económicos o

culturales. Históricamente, la valoración de la fuerza física como recurso estuvo asociada a su

inserción en los trabajos manuales (como fuerza de trabajo), y la idea del “aguante” (categoría

utilizada por los propios actores) estaba ligada a la “cultura del trabajo”. Sin embargo, con las

transformaciones en el mercado de trabajo en los ‘90 y la creciente dificultad para invertir este

capital a través de la práctica del trabajo manual, cada vez más el uso de la fuerza física y la

violencia sólo puede realizarse a través de su inversión como “fuerza de combate”24

. Así, tal

como muestran Garriga Zucal (2005) y también Moreira (2005) en el caso de las hinchadas de

fútbol, mostrarse apto en el uso de la violencia y la fuerza física (disposición para el combate o,

en palabras de los actores, “tener aguante”) otorga una posición social de prestigio, honor y

reputación, y por lo tanto, constituye una forma de afirmación identitaria.

Estos valores suelen aparecer de manera conflictiva en la relación con las instituciones, cuyos

agentes suelen rechazar este principio organizador como válido y legítimo, proponiendo otros

criterios como ordenadores de la sociabilidad, las jerarquías e identidades sociales. Desde los

universos significativos institucionales, entonces, el uso de este principio y la presentación de sí

23 François Dubet, en sus exposiciones sobre las violencias urbanas, retoma a Norbert Elías quien desarrolla en sus

trabajos sobre “el proceso de civilización” la tesis de que, con el transcurrir de la historia, cada vez más actos se describen

como violentos (especialmente los propios de los sectores populares), a la vez que disminuye el nivel de tolerancia sobre

lo considerado violento, que aparece como no civilizado. F. Dubet identifica que este proceso está en la base de la

concepción de la violencia actual como un “exceso”, sostenida especialmente desde los sectores medios (Dubet, 2008). 24 Como explica Gérard Mauger para el caso de los jóvenes de sectores populares en Francia, ante la falta de capitales de otro tipo (económicos o culturales) que les permitan ocupar una posición valorizada en el mundo social, los jóvenes

priorizan el criterio de jerarquización en el que pueden ocupar una posición menos subordinada: la valoración del capital

físico. En una época de expansión del trabajo industrial, esto caracterizará a los jóvenes obreros que utilizaron la “fuerza

física” como “fuerza de trabajo”, pero también a aquellos jóvenes con estilos de vida considerados desviados que

utilizaron la fuerza física como “fuerza de combate”. En un contexto como el actual de desestructuración del mundo

obrero industrial y sus valores, las prácticas relacionadas con este principio de jerarquización se expanden cada vez más

en términos de valorización del uso de la violencia física como manifestación del “capital guerrero” o “fuerza de

combate” (Mauger, 2006).

19

que realizan niños y jóvenes en relación al uso de la fuerza física aparece, como vimos, como un

atributo individual de aquellos que “no quieren”, o “no pueden” adaptarse a las alternativas

propuestas. Sin embargo, la existencia de estos principios organizadores del mundo social es

producto de transformaciones sociales y económicas profundas, y los niños y jóvenes de los

sectores populares han sido socializados en ellos. Desde su propia lógica, este criterio presenta

una racionalidad específica, y de hecho, constituye para ellos un problema no saber manejar

hábilmente este recurso. Lo que da origen a una multiplicidad de tensiones y conflictos cotidianos

en los que se evidencia el entrecruzamiento, choque, distanciamiento, de distintos criterios

válidos de organización del mundo social.

Por último, vale la pena señalar que la utilización del uso de la fuerza física como elemento

organizador entra en tensión también con aquellas categorías sociales, sostenidas y reproducidas

por las instituciones, que se conciben como excluyentes de prácticas identificadas como de

violencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en las interacciones se ponen en juego distintas

formas de concebir las categorías de edad (por ej. lo considerado propio del “ser niño” desde las

instituciones y desde los participantes; sus atributos y sus ritos de pasaje). Y finalmente, la

construcción de las categorías de género se revela como otro de los elementos problemáticos de

esta interacción, ya que la posesión de la fuerza física como capital valorizado se suele manifestar

a través de prácticas y expresiones asociadas con lo culturalmente identificado como viril /

masculino (como muestra, por ej. Garriga Zucal, 2005b; y para el caso francés Coutant, 2005 y

Mauger, 2006), mientras que en las instituciones de asistencia se valorizan y proponen prácticas

asociadas con lo considerado “femenino”: la expresión a través del afecto, la palabra, y el cuidado

del otro (Bessin, 2005).

V. Palabras finales. Los efectos no buscados de los programas: circulación,

fragmentación de la experiencia y psicopatologización de la exclusión

A lo largo de este trabajo hemos intentado, en primer lugar, dar cuenta de las contribuciones

que una perspectiva relacional puede brindar al estudio de la relación entre niños y jóvenes de

sectores populares y las políticas públicas de inclusión social que les están destinadas. Y en

particular, compartir los aportes que puede realizar un análisis que se centre en el plano de las

20

interacciones cotidianas entre agentes institucionales y los niños y jóvenes que participan de ellas.

Consideramos su estudio fundamental para comprender los conflictos cotidianos y las

consecuencias no esperadas (Guiddens, 1995) de las intervenciones institucionales.

En un segundo momento, hemos presentado algunos resultados de nuestra investigación, cuyo

propósito es revelar la importancia de comprender las distintas maneras en que los principios

organizadores de la socialización en el “espacio social de la calle” y los principios significativos

de las distintas instituciones se complementan, oponen, superponen, entrecruzan, compiten,

distancian, atraen, repelen. De esta manera, se intenta complejizar los análisis centrados

exclusivamente en los niños y jóvenes de sectores populares, o en las instituciones que les están

dirigidas.

Al dar cuenta, por un lado, de la existencia de estos distintos criterios organizadores de los

mundos sociales que se ponen en juego en las interacciones cotidianas entre agentes

institucionales y niños y jóvenes de sectores populares; y por el otro, de la manera en que se

producen las articulaciones de estos criterios más allá de las “voluntades” de los actores sociales

implicados, nos proponemos presentar una serie de conclusiones provisorias y que constituyen

material para el debate y la discusión.

Por un lado, mostrar los efectos no buscados de las intervenciones institucionales sobre esta

población. La conjunción entre la práctica de circulación por distintas instituciones y la

multiplicación de los criterios que aplican las instituciones para la realización de la asistencia,

llevan a que esos niños y jóvenes deban adecuar su conducta no sólo a las condiciones de una

institución, sino que lo hagan alternativamente a los distintos roles que las distintas

organizaciones establecen como condición para el acceso. Ya que para permanecer en un

programa o institución, los niños y jóvenes tienen que aprender a poner en práctica los sentidos y

los comportamientos que cada institución sostiene como legítimos. Se suma a ello que los

programas sociales suelen proponer intervenciones puntuales en la vida de estos niños y jóvenes,

con horarios y días limitados y parciales, fuera de los cuales los niños y jóvenes deben continuar

manejándose con los criterios y sentidos que organizan su sociabilidad en el espacio social de la

calle. El resultado es una fragmentación de la experiencia en la que por ejemplo se ponen en

juego, a veces en un mismo día, distintas identidades sociales y diferentes y hasta opuestos

criterios válidos para relacionarse con los otros.

21

Respecto de los programas, nos interesa poner en evidencia la naturalización de los supuestos

de la propia intervención presente en las instituciones dirigidas a niños y jóvenes. Tal

naturalización opera en el sentido de no percibir cómo estos criterios y categorías funcionan como

condición (de límite y de posibilidad) en la relación con las poblaciones consideradas “objetivo”.

De esta manera, este trabajo nos permite mostrar cómo se produce de esta manera un

deslizamiento de lo social a lo individual, que puede llevar a considerar a las conductas que no se

adecuan a lo prescrito por cada programa como una imposibilidad individual (por ej., “chicos

violentos” o “descomprometidos”). Como señalamos, la “inclusión social” llega a plantearse así

en términos de “transformación actitudinal” o “conversión moral”, y aquellos que no logren

adecuar sus conductas a lo esperado corren el riesgo de quedar excluidos, aún estando en las

mismas condiciones objetivas que otros y ser entonces destinatarios potenciales de los programas.

La advertencia más general que se desprende de este trabajo es la pregunta por si al histórico

tratamiento de “judicialización” de estas problemáticas sociales, le sucede en la actualidad un

tratamiento que tienda a la “psicopatologización” de la pobreza, comprendiendo la exclusión (al

menos de las instituciones) como consecuencia de imposibilidades actitudinales individuales25

.

En tanto análisis sociológico, este trabajo también se propone, como parte del debate público

sobre políticas sociales para la infancia y la juventud, mostrar los riesgos y efectos de las

explicaciones individualistas (moralistas, psicopatologicistas o culturalistas) que subrayen los

comportamientos de los individuos como generadores / responsables de su propia condición y

destino social. Por el contrario, nos parece necesario poner en el centro del debate las profundas

transformaciones sociales operadas en las últimas décadas, entre cuyos efectos deben destacarse

la aparición de significaciones y principios de organización de las prácticas de una parte de los

sectores populares.

Son las nuevas generaciones las que aparecen públicamente como las portadoras de estas

nuevas significaciones, y es sobre ellas que se suelen proponer las intervenciones institucionales

como una forma de tratamiento social de estas experiencias sociales conflictivas. Sin embargo, al

tratarlo a través de cierta responsabilización individual, se invisibiliza que la adopción de los

criterios institucionales propuestos y el abandono de los criterios propios del mundo de la calle,

requieren de la existencia de soportes materiales estables en el tiempo, soportes institucionales,

25 Desde el ámbito de la psicología y el análisis institucional, los trabajos de Valeria Llobet, señalaron también una

tendencia de las políticas sociales para la infancia a lo que denomina “psicologización” de los problemas sociales. Cf.

Llobet (2009b).

22

económicos y relacionales, que permitan y garanticen un cambio material que haga posible un

nuevo proceso de socialización.

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