estrategias del capital forestal y relaciones de desposesión territorial en el centro sur chileno....

Revista Laboral, Nº 17 – AÑO 7, 2015. Pp 51- 74 | ISSN: 0719-1715

Estrategias del capital forestal y relaciones de desposesión territorial en el centro sur chileno. A 40 años del DL 701.

Leonardo Soto Toloza, antropólogo,

Área de Investigaciones Laborales y Formación Sindical.

Resumen

En el siguiente artículo revisaremos los efectos que la política del DL Nº 701, articulada en

dictadura, tuvo sobre gran parte del territorio rural del centro sur de Chile como

transformador de las relaciones existentes entre capital y naturaleza. Se repasan las estrategias

del capital forestal sobre gran parte del territorio y las comunidades locales, los efectos sobre

el paisaje y la disminución de provisión de agua. Finalmente se propone el fin de políticas de

incentivos para empresas consolidadas y una nueva política de protección ambiental, centrada

en el cuidado y acceso comunitario para prácticas de riego y consumo local, conservación del

bosque nativo, la coexistencia de población étnicamente diferenciada y el cuidado del

ecosistema forestal, como forma de combatir el cambio climático.

Palabras clave: Estado, Mercado, Sustentabilidad, Estrategia Forestal

Abstract

In the following article, we will review the effects that the policy of DL Nº 701, formulated

during the dictatorship government, had over most central southern Chilean rural areas as a

transformational agent on the existing relationships between capital and nature. The forestry

capital strategies over most of the territory and local communities, the effects on the landscape

and decrease of water resources are enounced. Finally, an end to a bonus reward policy for

consolidated companies and a new environment protection policy is proposed, centered in the

protection and community access to irrigation practices, local consumption, preservation of

native forest, coexistence of ethnically different population, protection of the forest ecosystem as

a way to protect the climate change.

Key words: State, market, sustainability, forestry strategies


“Cuando una coalición de actores ganaba ascendencia en un momento histórico

particular, institucionalizaba su significado de los términos clave como ley”.

Susan Wright, 2006, p. 152.

Introducción

El golpe cívico-militar producido de manera simultánea por una extensa red de actores

políticos, sociales y militares; propició la emergencia de nuevos actores políticos,

formados principalmente en economía, los cuales erradicaron y rediseñaron un amplio

conjunto de políticas, introduciendo nuevas nociones y significados sobre el rol del

Estado, como gran ente subsidiario y promotor de un modelo de desarrollo, centrado en

las prestaciones del mercado.

Este enfoque preeminentemente liberal, basado en la profundización de las condiciones

de intervención del capital, redefinió el rol del Estado incidiendo en su estructura de

funciones. En ese contexto nace el Decreto Ley Nº 701. El cual es, tal cual nos

menciona Susan Wright (1998), para el caso de la aparición de una nueva cultura

política, la institución de un significado en términos de ley, que vuelve operativa ciertas

concepciones del rol del Estado y el mercado, enmarcado en una visión de desarrollo

reduccionista, que solo impone objetivos económicos como parámetros de evaluación

del funcionamiento de un cuerpo legal a lo largo de su historia.

Estas dos grandes líneas de acción y medición contenidas en el DL 701, se pueden

sintetizar en las siguientes nociones:

a) Rol subsidiario del Estado para la actividad y capitalización de la Industria Privada.

b) Visión, medición y evaluación de los beneficios netos de una ley en términos

únicamente economicistas.

Estos principios, construidos en dictadura y consolidados en postdictadura han

permitido que la Industria Forestal se convierta en la segunda actividad económica del

país (después de la minería), cuyo proceso productivo ha desatado distorsiones sociales,

territoriales, ecológicas y económicas a gran parte de los habitantes de las regiones del

Biobío a Los Ríos; actores que no pudiendo plasmar sus perspectivas en un espacio


dictatorial vieron subordinadas sus posiciones en un escenario caracterizado por las

relaciones desiguales de poder y un restringido acceso a la toma de decisiones.

La institución del decreto hizo cuerpo con nuevas disposiciones legales en variados

ámbitos de la institucionalidad del Estado, un profundo proceso de privatización de

empresas públicas y la consolidación de una estructura legal (Constitución Política) que

sellaba una alianza de la teoría política conservadora y la teoría económica liberal de los

diferentes grupos de la elite social chilena.

Las ideas políticas enmarcadas en esta modernización neoliberal de las relaciones

sociales, construyeron una articulación legal que permitió la emergencia, para los

mismos roles, de nuevos personajes, actores y funciones sobre un remozado escenario

de poder (Quijano, 1998, p. 31), el cual clausuró la aparición de modelos alternativos.

Si bien estas definiciones fueron impuestas en un contexto de dictadura extenso, existió

un segundo momento donde estas disposiciones legales se institucionalizaron y

legitimaron en los primeros años de postdictadura. Lo cual se vio reflejado de manera

particular en la prórroga del Decreto 701, correspondiente al año 1995 que estableció su

continuidad y legitimidad en un contexto postdictatorial.

Esta larga institución (1974) e institucionalización (1990 en adelante) del decreto fue

acompañado de indicadores de crecimiento de la industria forestal que moldearon

distintas percepciones, valores y comportamientos de los diversos agentes involucrados,

a niveles tales que la volvieron incuestionable para el desarrollo del país.

Teniendo lo anterior en perspectiva, cabe preguntarse: ¿quiénes se vieron beneficiados y

perjudicados con la institución del DL Nº 701? ¿Qué dimensiones incorporó el diseño

de una Ley que sólo sufrió modificaciones de relevancia 25 años después? ¿Qué otras

maneras de pensar la interconexión de territorio y gente han sido desplazadas? Y, quizá

lo más importante ¿qué nuevas maneras de concebir integralmente el centro sur chileno

pueden tener cabida ahora, 40 años después de la aparición del decreto, en una sociedad

que demanda ser escuchada y donde otras lógicas como lo ambiental, lo pluricultural y

lo social se han visto robustecidas por la actividad política reciente?


Contexto de aparición del DL 701 y volumen de producción actual

El Decreto Ley Nº 701 fue dictado el 28 de octubre del año 1974 el cual venía a

superponerse a la Ley de Bosques Nº 4.363 del año 1931. Ésta última tenía entre sus

objetivos otorgar franquicias tributarias y subsidios directos que fueron

complementados por los créditos especiales para la forestación y manejo de 1965 de

CORFO, la Reforma Agraria de 1967 y la COREF de 1970.

El ideólogo del DL Nº 701 fue el Ingeniero Civil y ex Ministro de Economía de la

dictadura Fernando Léniz, el cual también era presidente de la Corporación Chilena de

la Madera (CORMA), la cual fue articulada por el abogado Rolando Garrido (Cabaña,

2011). En el decreto se dispusieron el rol subsidiario del Estado, mediante la entrega de

bonificaciones a terrenos calificados por personal de CONAF como de Aptitud

Preferentemente Forestal (APF) por un lapso inicial de 10 años, los cuales cubrían un

75% del gasto de plantación y manejo. Siendo ratificado y extendido en 1975 por diez

años más, cuando el director ejecutivo de CONAF era Julio Ponce Lerou, yerno de

Augusto Pinochet. Ampliando así su operación hasta 1995.

Entre los objetivos planteados por el decreto existen dos que fueron la piedra angular de

dicha política de bonificación a la forestación:

1. Incrementar la superficie de plantaciones forestales, que permita la utilización

económica de zonas ‘improductivas’.

2. Conservar los recursos naturales renovables y protección de área degradadas.

Esta columna vertebral, sin embargo, deja de lado totalmente aspectos sustanciales del

territorio, como la convivencia con comunidades mapuche, la relación entre los factores

bióticos y abióticos susceptibles de verse impactados por la plantación extensiva e

intensiva de monocultivos, un incentivo débil a la forestación de cultivos autóctonos y

la inexistencia de un plan de manejo sobre el cuidado del recurso agua, como un factor

estratégico para la macro zona del centro sur chileno.

Lo anterior se explica por la lógica de dicho decreto, en el cual las dimensiones sociales,

laborales, ambientales y ecosistémicas fueron desplazadas y subordinadas al

funcionamiento y lógica de las empresas forestales, en donde el predominio de la visión

económica se superpone a cualquier otro aspecto de la realidad. La preferencia de las


especies de Pino y Eucaliptus, se explican por la rápida retribución económica debido a

su acelerado crecimiento, cercano a los 20 y 12 años promedio respectivamente.

Al año 2013 existe una plantación forestal que abarca en superficie unas 2.447.591 ha,

las cuales se encuentran pobladas en una amplia mayoría por tres especies: Pinus radiata

con un 60,9%, Eucalyptus globulus con un 23% y Eucalyptus nitens1 cercano al 10,1%.

Éstos se distribuyen principalmente entre las regiones del BioBío (37,7%), Araucanía

(20,2%) y Maule (18,8), las cuales concentran en conjunto el 76,7% del total de

superficie plantada en el país (Infor, 2015).

Estos datos, dan cuenta de la reproducción de una política centrada en el beneficio de un

grupo reducido de agentes y actores empresariales, que ya en 1995 había sido detectado

como una deficiencia a corregir en la promulgación de una nueva ley que ampliara y

modificara los objetivos del decreto; en voz del ex Presidente Frei: “este desarrollo

forestal no ha estado exento de algunas distorsiones. La marginación de los pequeños

propietarios de sus beneficios y la concentración de la actividad forestal en un reducido

número de agentes, son ejemplos de los problemas que se han encontrado en la

aplicación de este cuerpo legal. En efecto, la utilización del sistema de bonificaciones

del DL Nº 701 ha beneficiado mayoritariamente a los predios de grandes superficies"

(Mensaje Presidencial N°642-330 de 1995)2.

Esta constatación, lejos de significar un replanteamiento total del decreto buscó

incorporar de manera débil otras dimensiones con el objetivo de prolongar su

aplicación.

Gráfico Nº 1. Evolución de la ley en sus propósitos-fines.

1 Estas tres especies concentran el 94% de la superficie plantada actual (Infor, 2015).2 Citado en el Informe Final de Evaluación de Impacto Programa de bonificación forestal DL 701, p. 31.

Ley19.561

Ley19.356

Prórroga

DL 701Ley

20.488

Objetivos estratégicos de la Ley centrados en el fortalecimiento de la forestación para actividades

productivas.

Se incluyen otras dimensiones entre los objetivos de la ley: como lo ambiental y lo social, sin mayor

incidencia en su aplicación real.

Tiempo de aplicación inicial: 20 años


Fuente: Elaboración propia.

La contrarreforma como acumulación por desposesión

Las políticas de transformación socioeconómicas impulsadas en dictadura, sumado a la

rescisión de un número importante de políticas de redistribución de tierras, tendientes a

democratizar la alta concentración de la propiedad en amplias zonas del centro sur

chileno, dieron como resultado un despojo territorial para innumerables familias

(pequeños agricultores y comunidades mapuche) de escasos recursos.

Esta política de reconcentración territorial, enlazada a la venta irregular de una serie de

empresas del Estado a precios por debajo del mercado, favorecieron la alta

concentración de tierras en muy pocos actores, lo cual hasta el día de hoy tiene directa

incidencia en un mercado dominado por el duopolio Arauco-CMPC.

Empresas como INFORSA que dominaban el 50% de la venta de papel de diario en el

país, con un patrimonio forestal estimado en alrededor de 75.000 ha forestadas y cerca

de 9.200 ha por plantar, fueron expropiadas a favor del Grupo Vial y posteriormente al

Grupo Matte.

Existe un sinnúmero de antecedentes ligado a la venta de fundos y propiedades fiscales

que fueron vendidas a precios bajo avalúo, en directo beneficio de grupos empresariales

dedicados al rubro de la forestación, sobre el cual no ha habido voluntad política para

profundizar en su investigación. Al menos se dejó patente en la Comisión Investigadora

de la Cámara de Diputados sobre Irregularidades en la Privatización de Empresas del

Estado de 2004, que fue de carácter “impropio y por cierto irrepetible en un ambiente de

democracia y transparencia”3 (García-Huidobro, 2015).

3 Colusión papelera, desfalco forestal y despojo territorial. Luis García-Huidobro, El Mostrador, 12 de noviembre 2015.

1974 1995 1998 2010


Estos datos, muy poco investigados y menos difundidos, fueron acompañados de una

serie de operaciones dictatoriales que Jacques Chonchol (2006) sintetiza de la siguiente

manera:

- Suspensión del funcionamiento de todas las organizaciones campesinas.

- Supresión de la Ley de Reforma Agraria y Sindicalización Campesina.

- En 1979 se decreta la disolución de las Comunidades Mapuche.

- Revocación de expropiaciones por un número de más de 2.500.000 ha.

Todo lo anterior tendiente a reforzar la estrategia de acumulación forestal que entre

otras cosas permitió la a) privatización de la tierra en pocos grupos económicos, b)

expulsión y hacinamiento de poblaciones indígenas y campesinas en territorios

reducidos y fragmentados, c) liquidación del patrimonio estatal-forestal a precios

ínfimos, d) transformación de distintas formas de propiedad colectiva en propiedad

privada con resguardo de instituciones del Estado (Ley 2.568) y e) creación de las

condiciones para incorporar de manera progresiva extensas zonas del territorio a la

plantación de monocultivos, acompañados por subsidios estatales, reduciendo cualquier

tipo de otra consideración; ya sea ecológica, étnica o social a discursos extemporáneos

para una visión de desarrollo país.

Revisemos algunos de las características centrales de la industria forestal, sus

principales actores, distribución en superficie e impactos sobre gran parte del territorio

del centro sur chileno.

El DL Nº 7014 y su impacto en el centro sur chileno

Corría tan sólo un año caído el gobierno del socialista Salvador Allende cuando la

dictadura militar, en línea con lo que sería una política de estado de transformaciones

institucionales a gran escala de la economía y la sociedad, conocido posteriormente

como el proceso de instauración del neoliberalismo5 (Mondaca, 2013), implementaba en

4 El cuerpo de leyes, decretos y normas que regula la industria forestal y la protección de bosques es vasto, sumando más 11, el DL Nº 701 es el decreto ley que inaugura la última etapa de acumulación por desposesión sobre el territorio del centro sur chileno, centrada en el extractivismo forestal.5 Ciertamente dicho proceso de imposición que a grandes rasgos se puede caracterizar como un repliegue del Estado sobre la esfera económica y que en Chile no tiene como sustento legítimo la institucionalización pactada vía voto, sino una imposición por la fuerza, que algunos autores caracterizan como neoliberalismo armado (Mondaca, 2013, p. 24).


1974 el Decreto Ley Nº 701 de fomento forestal. Este se materializó ocupando extensas

zonas de territorio sometido a Reforma Agraria, principalmente con especies de origen

exógeno.

Gráfico Nº 2.

En lo que originalmente fue el territorio ancestral mapuche (VIII a X regiones) se

concentran una gran cantidad de las plantaciones de los dos grupos económicos -

Angelini y Matte- que son a su vez, dos de las familias de mayor influencia y poder del

país. Llegando a 1.559.185 ha plantadas desde la VIII a la X regiones, concentrando en

las regiones VIII y IX, 878.970 y 434.185 ha, respectivamente (Alwyn, Yáñez y

Sánchez, 2013, p. 7). Estamos hablando de una industria que representa el 3,1% del PIB

nacional (Núñez y Frêne, 2010).

La extensión de las plantaciones en el territorio, como la intensificación de la política en

ese mismo sentido durante la postdictadura, agudizó los conflictos6, de manera tal que

podemos orientarnos a través de los siguientes datos para llegar a comprender la

magnitud del problema.

Gráfico Nº 3

6 Es precisamente a inicios de los 90´s que se cosechan más de 430.000 ha, éstas se plantaron durante el período de 1965 a 1973, siendo el pino el árbol de preferencia.


Arica y

Parinaco

ta

Tarap

acá

Atacam

a

Coquimbo

Valpara

íso

O'Higgins

Maule

BioBío

Araucan

ía

Los Ríos

Los Lag

osAysé

n

Magalla

nes

Metropolita

na

14 10 137 877 21187928

25201

63450 58575

167918741

2107 5 430

Nº total de bonificaciones entregadas por Región (1976 a 2012)

Fuente: Informe Final de Evaluación del DL 701, Dipres. Arriagada y Anríquez, 2013.

Los dos grupos principales pasaron de dominar el 60% del mercado el 2004 (Fazio,

2005) a concentrar cerca del 75% del mismo (Mondaca, 2013, p. 28) el año 2011. El

Grupo Angelini a través de la Forestal Arauco y la Celulosa Arauco y el Grupo Matte

dueño de la Forestal Mininco y Celulosa CMPC7, concentran su inversión nacional

principalmente a lo largo de las regiones VIII, IX, XIV y X, con lo cual la base de sus

recursos se sostiene sobre extensas zonas habitadas por comunidades Mapuche. Todo lo

cual, descansa e una imagen renovable de monocultivos, donde el recurso agua se

vuelve una fuente de disputa creciente (Núñez y Frêne, 2010).

Gráfico Nº 4

7 Ambos receptores directos de la política neoliberal que abogaba por la desvinculación del Estado de sus empresas, para dar paso a privados bajo un conjunto de supuestos propios del proceso de neoliberalización, que hasta la actualidad está bajo un oscuro manto, tanto por el pequeño monto que recibió las arcas fiscales por la venta de dichas empresas, como por los mecanismos arbitrarios que definieron a los destinatarios.


Coquimbo

Valpara

íso

Metropolita

na

O'Higgins

Maule

BioBío

Araucan

ía

Los Ríos

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

Gastos en millones de pesos para la entrega y movili-zación de agua en camiones aljibes

Fuente: Informe a la Nación, la megasequía 2010-2015: una lección para el futuro, 2015.

Los impactos en la biodiversidad que ocasiona el despliegue de la plantación de pinos y

eucaliptus, generan una erosión del suelo (Montalba y Carrasco, 2005), afectado

fundamentalmente por los efectos que provoca el tratamiento de control de plagas a

gran escala (agroquímicos) y la degradación del suelo en el proceso de extracción de la

madera, junto a ello la reducción de aguas subterráneas y su consecuencia sobre cuerpos

de agua superficiales, provoca desecamiento y contaminación de fuentes, debido al uso

de pesticidas en el proceso de tratamiento de la madera. A lo anterior, se suma la

acelerada transformación en ecosistemas aledaños a plantas de celulosa8, afectando la

biodiversidad en la flora y fauna de los entornos naturales. Por último la disminución

abundante de árboles autóctonos tanto en su diversidad, como en su amplitud territorial,

vuelven cada vez más homogéneo el paisaje para quienes habitan esos lugares.

Este conjunto de datos estadísticos sobre los actores, porcentajes de terreno cultivado y

la movilización extractiva de la naturaleza a través de la cadena de producción forestal,

es la fuente de profundas tensiones en una zona como la Región de la Araucanía donde

la mayoría de la población indígena se encuentra bajo la línea de pobreza, y donde una

gran cantidad de población rural se abastece de agua a través de camiones aljibes

dispuestos por los municipios locales y, en algunos casos, las propias forestales.

Otros impactos destacados sobre el paisaje producto de los monocultivos son el mayor

volumen y número de incendios forestales, los cuales se ven acrecentados por la

8 Es ya de conocimiento público los efectos que Celulosa Arauco generó a los cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica de río Valdivia, afectando tanto a la fauna característica de la zona, como a la biodiversidad de humedales, generando una polémica sobre los débiles estándares de regulación que establece la norma ambiental en Chile.


inflamabilidad de las plantaciones y su continuidad territorial. Un caso ejemplar es lo

que ocurre en la Región del BioBío, la cual concentra la mayor cantidad de

monocultivos del país, ahí la ocurrencia de incendios forestales de los últimos 15 años

ha superado las 20.000 ha de superficie quemada, lo cual representa un 40% del

promedio anual que se quema en el país (Conaf, 2014). Junto a ello la principal red de

camiones aljibes a nivel nacional se concentran precisamente en esa región (ver gráfico

Nº 2).

Diferentes investigaciones demuestran que la provisión de agua sufre un impacto

directo producto de la plantación de monocultivos forestales. En ese sentido las

investigaciones (Lara et al. 2009, citado en Uach, 2015, p.3) muestran que por cada

10% de aumento en la cobertura de plantaciones forestales, hay una disminución de los

caudales en época estival cercano a un 20%. Lo cual se explica por el mayor consumo

de agua, provocadas por las plantaciones forestales.

Otro factor de impacto es la propagación de cultivos como el pino o eucaliptus, éstos

son altamente propensos a reproducirse a través de dispersión, expansión e invasión de

áreas aledañas, al tiempo que presentan rápidas tasas de crecimiento, como ya lo hemos

mencionado.

Un último factor a tomar en cuenta en estas externalidades negativas de la producción

forestal, son el establecimiento de mega bosques industriales que interrumpen la

continuidad del paisaje, estableciendo comunicaciones discontinuas entre diferentes

comunidades y generando una ruptura en la interfase urbano-rural; además de ello se

producen perturbaciones del ecosistema entre sus diferentes componentes naturales, lo

cual afecta tanto la biodiversidad, a través de rápidas disrupciones en las relaciones de

interdependencia que el sistema no logra procesar.

Tabla Nº 1

Conflictos Socioambientales, ligados al sector Forestal desde la Región del Maule a

Los Lagos.


Nombre del

Proyecto

Planta de Celulosa

Licancel

Planta de

Celulosa Nueva

Aldea (exItata)

Planta Celulosa

Valdivia

Ducto Celco-

Mehuín

Localización

Licantén, Región

del Maule

Ránquil, Región

del BioBío

Mariquina, Región

de Los Ríos

Mariquina, Región

de Los Ríos

Estado del

Conflicto

Latente

Activo

Activo

Activo

Año de inicio

1999

1999

1994

1995

Sector Productivo

Asociado

Forestal

Forestal

Forestal

Forestal

Fuente: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, 2012 – Instituto Nacional de Derechos Humanos

INDH.

Estrategias del Capital Forestal

Las condiciones simbólicas que se dan en el intrincado maridaje de las esferas pública y

privada operan sobre una sedimentada red de discursos y prácticas socioeconómicas que

sitúan, en palabras de Jacques Rancière (1996), al consenso postdemocrático como el

escenario de interacciones ideal en el cual se dan los entendimientos y acuerdos de alta

jerarquía, en oposición e imposición a las objeciones que activistas, académicos,

localidades y actores externos al establishment, que pugnan por hacer visibles otras

realidades.

Esta postdemocracia consensual se activa como paradigma en el cual “la

descalificación de la política justifica la ampliación del ámbito de lo no político”

(Acselrad, 2006, p. 237). Operando la prerrogativa de consenso, que define la existencia

de conflictos como problemas a ser eliminados, a través de acuerdos donde figuras


opuestas en cuanto a cuotas de poder y responsabilidad como los empresarios y

trabajadores, contaminador y contaminado, se ven envueltos en la figura simétrica del

socio, categoría que opera como falsa disolución de las jerarquías y base articuladora de

consenso.

Lo anterior se desenvuelve desde el poder del capital inversor, el cual selecciona

territorios y localidades que le sean propicias para su funcionamiento, en donde los

gobiernos locales ofertan las mejores condiciones y beneficios para la instalación del

capital, lo cual se ve socialmente legitimado en una potente imagen que involucra

puestos de trabajo y niveles de producción industrial. Este poder de instalación y

desinstalación del capital, extractivo en este caso, permite “de un solo golpe, desmontar

el aparato regulador social, urbano y ambiental, y debilitar las resistencias de los

movimientos sociales” (Acselrad, 2006, pp. 239-240).

La acción que el capital forestal ha generado como estrategia de sus privilegiadas

condiciones, primero de capitalización (1974-1995) y luego de acumulación y

consolidación (1995 en adelante), han estado acompañadas de dos líneas de acción

enfocadas a posicionar al capital en relación a los nuevos discursos de sustentabilidad y

responsabilidad social empresarial, que constituyen su actual política corporativa frente

a controversias de orden social, étnico y territorial.

Estas son: a) la incorporación de nociones de sustentabilidad y b) estrategia del buen

vecino.

La primera de ellas se caracteriza en darle un giro a los mecanismos de producción con

un sentido de cuidado hacia el medio ambiente. Para ello se han introducido reportes de

sustentabilidad anual en donde las dos principales empresas del sector (Arauco y

CMPC) dan cuenta de sus planes de producción, cuidado del medio ambiente,

disminución de partículas contaminantes mediante captura de CO2 y vinculación con el

medio.

Las nociones de sustentabilidad forestal aparecen como respuesta a un debate

internacional que sitúa el cuidado de la naturaleza y la producción baja en

contaminantes, como consecuencia de informes de monitoreo científico sobre la acción


transformadora de territorios y ecosistemas productos de la acción antrópica. La noción

hegemónica de sustentabilidad, descansa en un acuerdo entre crecimiento económico

exponencial y resguardo del medio, lo que para variados observadores representa una

definición cargada de contradicción.

Estos reportes asumen un concepto de sustentabilidad débil que dan cuenta de un

isomorfismo simple entre número de hectáreas cultivadas y consumo de CO2, obviando

indicadores de complejidad ecosistémica mayor, en particular dejan fuera de sus

reportes el conflicto por el agua, asumiendo a priori que su escasez se debe a “lo que la

comunidad científica denomina el fenómeno del calentamiento global” (Reporte de

desarrollo sostenible CMPC, 2011, p. 23), autoeximiéndose con ello, de cualquier tipo

de responsabilidad.

La política de buena vecindad se ha articulado en los últimos años como acción

corporativa que busca disminuir a un mínimo las redes de solidaridad y protesta que han

establecido un grupo de comunidades mapuche y pequeños propietarios. Esta cuenta

con un paquete de medidas que buscan consolidar un plan de ayuda a las comunidades

que colindan con los bosques forestales, las cuales incluyen desde becas de estudio,

mejoramiento de caminos, promoción del turismo indígena y contratación de mano de

obra.

Dicha política se encuentra sostenida por una visión de responsabilidad empresarial y

una estrategia corporativa, tendientes a neutralizar el crecimiento de grupos que se

oponen al establecimiento de campos de monocultivo forestal, la cual supone la

sustitución del rol del Estado como garante de derechos mínimos de la población. En

muchas ocasiones son las mismas forestales las que pagan el suministro de camiones

aljibes para comunidades cercanas y pequeños agricultores, que padecen los efectos de

las temporadas de sequía en época estival.

Junto a ello existe una promoción periódica tanto de los puestos de trabajo como del

porcentaje del PIB nacional que representa la industria forestal, la cual según CORMA

es de 4% y 2,7% respectivamente, al año 2014. Estamos hablando de una industria

altamente consolidada con alta concentración del mercado nacional y participación


internacional, en particular en países sudamericanos como Colombia, Perú, Argentina y

Brasil.

A ello se suma el factor humano, ya que existe una pérdida de diversidad cultural

debido a la escasez de tierra que sufren varias comunidades producto de la

contrarreforma impulsada por la dictadura, de la cual salieron beneficiadas las grandes

forestales del país; y a la pauperización acentuada de la población local la cual

concentra un 22,9% y 21,5% de pobreza en la Araucanía y BioBío respectivamente,

siendo las dos más altas del país (CASEN, 2011). Estos índices, sumados al

empobrecimiento de la población indígena que alcanza un 19, 2% de promedio, muy

por sobre el 14% del promedio nacional (ibíd., 2011), nos muestra que no ha habido un

traspaso ni del crecimiento, ni de los beneficios de este sector económico tanto para las

regiones en las cuales se encuentran posicionadas, ni para las poblaciones locales con

las cuales han tenido que convivir las últimas décadas.

Algunos cálculos comparados dan cuenta de la insuficiencia de trabajo dado por el

trabajo forestal en relación al radio de superficie por hectárea plantada:

Tabla Nº 2, Empleo Sector Forestal9.

EUS Total empleos

(directos +

externos)

Total empleos

directos (cía)

Total empleos

directos silvícolas

Chile 4.96 por 100 ha 1.72 por 100 ha

Arauco 3.37 por 100 ha 1.13 por 100 ha 0.46 por 100 ha**

CMPC 2.46 por 100 ha 0.38 por 100 ha

MONDI* 2.7 por 100 ha 1 por 100 ha

Aracruz* 1.1 por 100 ha

Cálculos realizados en base a: memoria anual 2013 de Arauco, CMPC y 2014 Infor.

*(Cossalter & Pye-smith, 2003), **(estimación en base a participación nacional del

sector silvícola en el empleo forestal).

9 Agradezco a la economista Gabriela Toledo, quien es la autora del cuadro, por facilitarlo para ésta publicación.


Los bajos índices de empleabilidad por hectárea plantada, dan cuenta de una industria

que está lejos de generar un volumen de puestos de trabajo relevante, además de ello,

cuando es comparado con otros sectores ligados al agro, éste da cuenta de la

insuficiencia en relación al número ingresos que registra la industria forestal.

La política del buen vecino y sustentabilidad forestal operan como subpolítica10

corporativa de las empresas forestales, particularmente la CMPC y Arauco, en ambas la

finalidad es sumar a las comunidades aledañas a las grandes plantaciones de

monocultivo dentro de una política de compensaciones. Cuya meta es hacer los

negocios en torno a la industria forestal, cada vez menos riesgosos a la protesta pública

Mapuche, a la vez que detallan un cuidado y preocupación por el medio ambiente, cuyo

principio descansa en la “no existencia de contradicciones en la creación de valor social,

valor ambiental, junto al valor empresarial” (Reporte de sustentabilidad Arauco, 2011,

p. 16).

Las compensaciones que actúan como política de mitigación de conflictos, están

orientados a integrar la visión de la buena vecindad (Von Baer, 2003, pp. 18-19) frente

a las comunidades. Herramientas que se utilizan para la integración de las grandes

forestales en su entorno social, buscando disminuir los niveles de tensión y la

potencialidad de conflictos a gran escala que ya tienen algunas de estas con

comunidades; el objetivo final es la configuración de un escenario de convivencia plena

y legitimidad social del negocio.

Es en este sentido que vemos al desarrollo sostenible como una estrategia de poder del

orden económico, a través del cual “se modifica el discurso ambiental crítico, para

someterlo a la racionalidad económica imperante y reproductora de su propia lógica”

(Leff, 2013, pp. 3-4). Intentando equilibrar el crecimiento económico, con la

conservación de los recursos naturales, que operan como materia prima, sin el cual -

dicho crecimiento- se vuelve insostenible en el tiempo (Gudynas, 2011, pp. 29-30).

10 Ulrich Beck define el concepto de subpolítica como “un conjunto de oportunidades de acción y de poder suplementarias más allá del sistema político, éste se encuentra reservado para empresas que se mueven en el ámbito de la sociedad mundial” (2008, p. 20) i.e., hablamos de grupos multinacionales que son capaces de movilizar y ejecutar, debido a su magnitud en tamaño y recursos una política corporativa, paralela a la acción política del Estado y los movimientos sociales, influyendo directamente sobre un gran número de individuos.


¿Conflicto Mapuche o Conflicto Forestal?

Johan Galtung sostiene que “la raíz de un conflicto está siempre en una contradicción,

es decir, objetivos que son incompatibles” (2003, p. 4). En términos socioculturales

debemos orientar la mirada hacia aspectos históricos y estructurales con el objetivo de

comprender la dimensión del problema e identificar posibles soluciones.

En el plano de la producción forestal de monocultivos, las cuales se cuentan por miles

en el territorio más densamente poblado de comunidades indígenas (Mapuche), éstos

últimos son quienes hacen patente el problema de la forestación con subvención y

protección estatal. El cual no es sino la manifestación de usos, significados, prácticas y

vivencias diametralmente opuestas en relación a la naturaleza, el modelo de desarrollo y

la ocupación del territorio.

En la Propuesta al Gobierno Respecto de la Situación de la Región de La Araucanía

(2015), entregada por el Intendente Huenchumilla pocas horas antes de que se le

solicitara la renuncia, se expone con claridad un diagnóstico político del conflicto social

que afecta a la zona centro sur del país. En ella se analizan las condiciones históricas de

larga data que animan las actuales controversias entre distintos grupos sociales, étnicos

y económicos de la región.

El ya ex Intendente analiza el dominio de la tierra y las consecuencias históricas que

suceden al arribo de políticas como la Reforma Agraria en el gobierno del Presidente

Frei Montalva y la profundización posterior por parte del Presidente Allende, frente al

proceso de contrarreforma que instaura el régimen militar. Acompañada de una política

de fomento forestal y rescisión de títulos como el principal factor de incidencia negativa

en la profundización del conflicto (Ibíd, pp. 10-15).

El extractivismo forestal ha afectado la reproducción social de la identidad mapuche, la

vida comunitaria y la capacidad de autosatisfacción alimentaria de los pequeños

agricultores, que habitan de manera fragmentada el territorio. Esto se encuentra

encadenado a la producción de pobreza, la falta de conectividad, la escasez de servicios

sanitarios mínimos en la consolidación de una estructura altamente centralizada (Ibíd.,

pp. 16-23). Al decir de Malinowski “al remover a un ser humano de su ambiente social,


ipso facto, se le priva de todo su soporte moral, eficiencia económica e incluso interés

por la vida” (1966, p. 157, citado en Skewes y Guerra, 2010, p. 452).

La posición relevante de las comunidades mapuche en la situación de agobio y

desposesión territorial que las atraviesa, da cuenta de éste como el sujeto que hace

visible el conflicto y las estrategias de negociación y persuasión forestal sobre los

diferentes actores que pueblan el territorio rural, interrural y urbano; en especial de las

regiones del BioBío y Araucanía; las dos regiones que muestran los más altos índices de

población indígena, escasez de agua, alta concentración de la pobreza y plantación de

monocultivos forestales de manera simultánea.

Líneas de acción para una nueva ley de cuidado del bosque y los recursos hídricos

En vista a la larga historia de promoción de la actividad forestal, la total consolidación

de una industria que muestra la particularidad de ser administrada en su gran mayoría

por solo dos actores, formando un duopolio que ha internacionalizado su producción y

capital hacia varios países de Latinoamérica.

La nueva ley que sustituya la ya agotada ley de forestación, debe contener dimensiones

claras de cuidado y promoción de la actividad de forestación de cultivos autóctonos.

Protección de las cuencas de agua que alimentan toda la red de suministro rural-urbano

y la cadena de interrelaciones que dan vida a los ecosistemas cordilleranos, del valle y

costa en su conservación.

En un contexto mundial, regional y nacional de preocupación por las transformaciones

producidas por el Cambio Climático, deben primar lineamientos que resguarden los

compromisos asumidos por las partes (estados) en la Convención Marco de las

Naciones Unidas para el Cambio Climático. Además de ello, el Estado chileno forma

parte del grupo de países firmantes del Convenio 169 y la Declaración Sobre Los

Derechos de Los Pueblos Indígenas del 2007, donde, entre otros puntos, se promueve la

protección de los pueblos en particular la libre determinación y el respeto al modelo de

desarrollo propio. Todos elementos que entran en contradicción en extensas zonas del

centro sur chileno, bajo la actual hegemonía del modelo de desarrollo.


En este sentido, se debe subrayar que una política integral que piense el territorio, no

puede estar supeditada a la primacía de un solo elemento (el económico). En especial

cuando la inestabilidad de los ciclos climáticos, tienden a acentuar los períodos de

sequía, avance de las zonas de desertificación y erosión de suelos, deshielo de glaciares,

aumento de la temperatura promedio de la tierra, etc. Todos, elementos donde la

plantación de monocultivos masivos no demuestra índices de protección efectiva.

Una nueva ley de forestación debe incentivar la plantación autóctona y variada, la

garantía en el acceso al recurso hídrico como derecho para la población y el cuidado de

la biodiversidad, al interior de un plan de ordenamiento territorial que piense la zona y

sus interdependencias sin la preeminencia de un lógica economicista que asfixie y

subordine a los demás factores.

La principal tarea en fomentar la plantación de árboles autóctonos, tiene directa

incidencia en la restauración de servicios ecosistémicos que aseguran de mejor manera

la provisión de agua. Es en esa línea que se debe contar con la acción proactiva del

Estado, tanto en el financiamiento, seguimiento, evaluación y monitoreo de medidas que

apunten a una verdadera política integral de promoción y cuidado de los bosques.

Conclusión

Actualmente el DL Nº 701 se encuentra en discusión por la posibilidad de prorrogar en

tres años más su vigencia legal, avanzando en su tramitación legislativa. Por primera

vez desde que fuera instaurado en 1974, atraviesa un acentuado proceso político y social

de controversia sobre sus objetivos, alcances y fines. En especial cuando dichos

subsidios han contribuido en su gran mayoría a capitalizar de manera acentuada a la

gran industria forestal, ya consolidada, en la cual uno de sus dos grandes actores se ha

visto involucrado en un bullado caso de colusión este 2015, que fue mantenido

sistemáticamente por más de una década.

Al mismo tiempo el Consejo de Política Forestal y la Comisión de Descentralización

han manifestado que para sostener una política democrática inclusiva y un mejor

manejo de los bosques y democratización, deben coexistir nuevos objetivos centrados

en asegurar y promover tanto la diversificación de plantaciones, el cuidado del

equilibrio ecosistémico, como la instauración de un estatuto plurinacional para la


Región de Araucanía que ampare y ponga en funcionamiento diferentes aspectos

involucrados en los tratados internacionales arriba mencionados.

El DL Nº 701 fue una política pensada e implementada en dictadura que entregó una

enorme fuente de capitalización para una industria forestal que se encuentra actualmente

entre las más poderosas no tan sólo del país, sino de la región. Seguir implementándola,

aunque sea apuntado a los pequeños propietarios forestales, es seguir subvencionado

una actividad que se muestra incapaz de conciliar elementos bioculturales que deben ser

el centro de un ordenamiento territorial futuro.

Una manera adecuada de integrar un plan de ordenamiento complejo debe ir de la mano

de un diagnóstico certero (comisiones, consejos) enlazado a los acuerdos firmados por

el Estado (Convenio 169, Declaración Pueblos Indígenas ONU y Convención Marco

Para el Cambio Climático) y a los análisis científicos que apuntan a priorizar la acción y

recursos en aquellos aspectos que aminoren de mayor manera los impactos ecológicos

sobre la población, así como la espiral de conflicto político que subyace a la

acumulación territorial por parte de las forestales en todo el centro sur del país.


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