doctrina general del estado
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8/16/2019 Doctrina General Del Estado
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Doctrina generaldel Estado
Elementos de filosofía política
UNIVERSIDAD N ACIONAL A UTÓNOMA DE MÉXICO
Traducción
JEAN D ABIN
HÉCTOR GONZÁLEZURIBE
JESÚS T ORALMORENO
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DOCTRINA GENERAL DEL ESTADO
ELEMENTOS DE FILOSOFÍA POLÍTICA
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASSerie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 123
Coordinador editorial: Raúl Márquez RomeroCuidado de la edición: Wendy Vanesa Rocha Cacho
Formación en computadora y elaboración de PDF: D. Javier Mendoza Villegas
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JEAN DABIN
DOCTRINA GENERAL
DEL ESTADO
ELEMENTOS DE FILOSOFÍA
POLÍTICA
Traducción
HÉCTOR GONZÁLEZ URIBE
JESÚS TORAL MORENO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO, 2003
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Tí tulo de la primera edición francesa, de 1939:
Doctrine gé né rale de L’É tat. Elé ments de philosophie politique
Primera edición: 2003
DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en HumanidadesCiudad Universitaria, 04510 México, D. F.
Impreso y hecho en México
ISBN 970-32-0235-7
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CONTENIDO
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXVII
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. El Estado aquí considerado es el Estado moderno . . . . . . 3
2. Diversidad de puntos de vista en que podríamos situarnos:no hay sino uno fundamental, a saber: el punto de vista polí-tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Necesidad de la filosofía en el estudio de la política . . . . . 6
PARTE GENERALCAPÍTULO ÚNICO
VISIÓN SINTÉTICA DEL ESTADO
4. Definición vulgar del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Acerca de la palabra “Estado” . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. Una acepción inadmisible: el Estado en el sentido de gobierno 10Sección I. Los elementos anteriores al Estado . . . . . . . . . . . 11
7. Cierto número de hombres, un territorio limitado . . . . . . 11
1. EL ELEMENTO HUMANO
I8. El hombre, ser racional y persona . . . . . . . . . . . . . . 11
9. Acerca del número de hombres que se requieren para formarun Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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10. Las unidades componentes del Estado no son los grupos y
familias, sino los individuos . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II
11. Los diversos principios de repartición de las poblaciones en-tre los Estados: Estado nacional y Estado de clase . . . . . . 15
12. a) Variadas concepciones (unas, más carnales; más espiri-tuales, las otras) de la idea de nacionalidad . . . . . . . . . 16
13. La nación, como tal, no es una institución-persona . . . . . 17
14. La coincidencia entre el Estado y la nación, que de hecho nosiempre existe, no se impone necesariamente en derecho . . 19
15. Problemas que plantea el dualismo de nación y Estado . . . 21
16. La tesis de la “desnacionalización” del Estado . . . . . . . 22
17. b) La concepción marxista del Estado internacional de clase 22
2. EL ELEMENTO TERRITORIAL
18. Determinado territorio, elemento indispensable para el Estado 24
19. Las dos funciones del territorio: a) negativa, como lí mite decompetencia respecto de los otros Estados. b) Función posi-tiva, como sede del poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
20. Naturaleza del derecho del Estado sobre su territorio: un
“derecho real institucional” . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
21. El territorio, simple instrumento material, no es más que unmedio al servicio del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sección II. Los elementos constitutivos del Estado . . . . . . . . . 33
22. En relación con la sociedad subyacente, el Estado representaun nuevo principio: el principio polí tico . . . . . . . . . . . 33
23. El Estado queda incluido en la categorí a de las sociedades,no de las fundaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
24. Rasgos especí ficos de la sociedad estatal: el bien públicotemporal y la autoridad pública . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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1. EL FIN DEL ESTADO: EL BIEN PÚBLICO TEMPORAL
25. Institución humana, el Estado no podrí a carecer de fin . . . 35
I
26. Distinción entre “ bien común” , fin de toda sociedad, y“bien público” , fin de la sociedad estatal . . . . . . . . . . 36
27. a) El “público” , sujeto-beneficiario del bien que persigue elEstado, es la masa total de los individuos y grupos integra-
dos en el Estado. Bien público y bien particular; bien nacio-nal y bien internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
28. b) Los elementos formales del bien público: el orden y lapaz por la justicia, la coordinación de las actividades particu-lares, la ayuda y suplencia a la iniciativa privada . . . . . . 40
29. Carácter a la vez impersonal e intermediario de los elemen-
tos del bien público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
II
30. La materia del bien público: todas las necesidades humanasdel orden temporal, especí ficamente polí ticas, económicas,intelectuales, morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31. a) En qué sentido conviene entender el principio de la “ se-paración entre la economí a y la polí tica” . . . . . . . . . . 46
32. b) De qué manera debe el Estado interesarse en los valoresde orden intelectual y moral . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
33. Lugar de los valores nacionales (en el sentido étnico) entrelas preocupaciones del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . 50
34. c) La distinción de lo espiritual y lo temporal, y las relacio-nes entre la Iglesia y el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . 51
35. Bien público temporal y filosof í a general . . . . . . . . . . 54
36. Carácter relativo de las aplicaciones de la idea de bien público 56
CONTENIDO IX
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2. LA AUTORIDAD O PODER PÚBLICO
I
37. Más que cualquiera otra sociedad, el Estado exige una insti-tución gobernante: la ilusión de la cooperación libre . . . . 56
38. Las dos tareas de la autoridad pública: la gobernación de loshombres y la administración de los servicios públicos . . . 59
II
39. Gobierno entraña esencialmente dirección por ví a de mandoy, en consecuencia, poder de emitir el derecho general o par-
ticular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
40. Ese poder no compete a los súbditos como tales, sino a losque detentan la autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
41. Pero el derecho no es creado en todas sus partes por el Esta-
do. Los datos previos y la actualización, polí tica y técnica . 63
42. La fuerza material no constituye ni la realidad ni la esencia
del poder, pero es su auxiliar indispensable . . . . . . . . . 64
43. La coacción no reemplaza, sin embargo, a la libre adhesión 66
44. Subordinación del poder militar al poder civil . . . . . . . . 67
III
45. Noción general de la administración, y en qué se distinguedel gobierno aun la alta administración . . . . . . . . . . . 68
46. Clasificación de los servicios que atañen a la administración:
a) Servicios de gobierno propiamente dicho . . . . . . . . . 70
47. b) Servicios de ayuda y de suplencia a las actividades pri-
vadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
48. c) Servicios de personal y de material . . . . . . . . . . . . 72
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ción polí tica, lógica y moralmente sólo puede provenir de unlibre acuerdo entre los hombres . . . . . . . . . . . . . . . 88
58. Mas la libertad no es el estado natural del hombre y, por otra
parte, Rousseau reconoce implí citamente que el pacto socialera exigido por una necesidad de naturaleza . . . . . . . . . 89
II
59. Parte del elemento voluntario en la formación del Estado: lavoluntad actualiza la tendencia natural y funda históricamen-
te al Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9160. Libertad de todo individuo particular para cambiar de nacio-
nalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
III
61. Tesis de Hauriou sobre el “consentimiento consuetudinario”como fundamento jurí dico del Estado . . . . . . . . . . . . 95
Crí tica de esta tesis, que no afronta la dificultad profunda . 97
Sección III. Los caracteres del Estado . . . . . . . . . . . . . . . 99
62. Los tres rasgos que derivan de la definición de Estado: per-sonalidad moral, soberaní a y sumisión al derecho . . . . . . 99
1. EL ESTADO, PERSONA MORAL
63. Opiniones propuestas e interés práctico del problema . . . . 100
I
64. La tesis de la personalidad como ficción útil: sólo el individuohumano es persona, pero la “personificación” de los cuerpostiene una virtud simplificadora en cuanto permite referir al
Estado actos efectuados a nombre y en vista del fin del Esta-
do, y también explicar la unidad y perpetuidad de éste . . . 101
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65. De la autoridad competente para crear la ficción, cuando setrata del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
66. Tesis de Duguit sobre la inutilidad y peligro de la ficción, en
cuanto es apoyo de un derecho subjetivo de soberaní a . . . 104
II
67. Crí tica de las teorí as negadoras de la personalidad moralcomo realidad: a) el Estado no es sólo la suma de los indivi-duos que lo componen; es un ser realmente distinto. b) este
ser distinto que es el Estado tiene todos los tí tulos para quese le reconozca como persona, pero la personalidad no es
más que moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
68. Los grados de la personalidad moral . . . . . . . . . . . . . 109
III
69. Además, el Estado es naturalmente persona jur í dica (en elplano del derecho positivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
70. La persona del Estado es única, no obstante una dualidad deactividades y regí menes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
71. La “personificación” de los diversos servicios, simple pro-cedimiento técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2. LA SOBERANÍA DEL ESTADO
72. Transición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
I
73. El Estado es soberano en el sentido de que su sistema y su
ordenamiento son supremos frente a la voluntad de los indi-
viduos y grupos que de él forman parte . . . . . . . . . . . 115
74. La soberaní a es esencialmente interna . . . . . . . . . . . . 116
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II
75. Examen de las objeciones de Duguit contra la noción de sobe-raní a: a) el pretendido problema insoluble del origen del de-recho de soberaní a, que en realidad proviene de la naturaleza . 117
76. b) El pretendido problema insoluble del sujeto del derecho
de soberaní a, que no es ni el Herrscher , ni el pueblo o lanación, ni aun el Estado, pues la soberaní a no tiene sujeto: esintrí nseca al Estado que obra por sus gobernantes . . . . . . 119
77. c) Las objeciones sacadas de la descentralización regional y
del Estado federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12278. d ) La pretendida dificultad de conciliar soberaní a y sumisión
al derecho. Remisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
79. Crí tica de la construcción de Duguit, que reemplaza la ideade soberaní a con la de “ función” de los gobernantes ligadospor la “solidaridad social” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
III
80. El Estado es necesariamente soberano, y su soberaní a es unae indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
81. Pero su soberaní a es esencialmente relativa, limitada al bienpúblico temporal. La cuestión de los conflictos de competencia 127
IV
82. Crí tica de la teorí a de Hauriou sobre las “ tres formas de so-beraní a” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3. LA SUMISIÓN DEL ESTADO AL DERECHO
I
83. La pretendida contradicción entre la idea de soberaní a y lade sumisión al derecho: la soberaní a no significa voluntaris-mo puro y arbitrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
XIV CONTENIDO
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84. La explicación de la sumisión del Estado al derecho por laidea de autolimitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
II
85. En realidad, hay lí mites racionales, objetivos, a la soberaní adel Estado; forman el derecho propio, sui generis, del Estado
y de la polí tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
86. Lí mite negativo de competencia: el Estado no puede traspa-sar los linderos de lo temporal, por una parte; de lo público,por otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
87. Norma positiva: La realización del bien público, lo cual entra-ña para el Estado, ora obligaciones de abstención más o menoscompleta, ora obligaciones de hacer , especialmente la de orga-
nizarse a sí mismo del modo más adecuado para el buen cum-plimiento de su tarea y la observancia de sus lí mites . . . . . 136
88. Los principios generales de la moral ligan al Estado y a los
gobernantes como a los particulares . . . . . . . . . . . . . 138
III
89. El problema de la determinación efectiva de los deberes delEstado soberano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
90. a) No suprimen la dificultad ni la eliminación del conceptode soberaní a, reemplazado por una “ regla de derecho” inde-terminada, ni la idea de una multiplicidad de órdenes equi-valentes que se hacen contrapeso . . . . . . . . . . . . . . . 141
91. b) Examen de las soluciones posibles: las soluciones inter o
supranacionales, su carácter “ inactual” y sus inconvenien-tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
92. c) Las soluciones internas; unas, de naturaleza polí tica: res-
ponsabilidad de los gobernantes ante el pueblo . . . . . . . 144
93. d ) ...Repartición entre varias instituciones, órganos o perso-nas, de las funciones del poder . . . . . . . . . . . . . . . . 145
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94. e) Otras, de í ndole jurisdiccional: los defectos del método judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
IV
95 Ineluctable imperfección de todas las soluciones técnicas . . 148
96. En qué medida entrañan autolimitación . . . . . . . . . . . 149
97. En qué sentido debe hablarse de la sumisión del Estado alderecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
98. La solución última: el derecho de resistencia . . . . . . . . 152
PARTE ESPECIAL
CUESTIÓN PRELIMINAR: EL PROBLEMADE LAS CONSTITUCIONES RÍGIDAS
99. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
I
100. En el sentido material, y hasta jurí dico y formal, todo Estadotiene una Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
101. En el sentido propiamente t é cnico, el régimen constitucionalse caracteriza por la existencia de un sistema de reglas deno-minadas constitucionales, elaboradas por un poder especial,
llamado poder constituyente, conforme a un procedimiento
especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
II
102. La rigidez constitucional, que tiende a asegurar la estabili-
dad de las bases de la vida polí tica, se justifica o no segúnlas contingencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
103. Observancia de precauciones en el empleo del procedimiento . 162
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104. El “ falseamiento” de las Constituciones . . . . . . . . . . . 164
105. La sanción del procedimiento. Remisión . . . . . . . . . . . 164
CAPÍTULO PRIMERO
LA ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL ESTADO
106. Necesidad de un poder estatal, que queda por organizar . . . 167
107. Problemas que examinar y plan del capí tulo . . . . . . . . . 168
Sección I. Los titulares del poder o el problema del “ régimen po-
lí tico” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
108. Distinción entre el problema de la autoridad y el de sus titu-lares, o sea del régimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
109. Aquí se trata de los gobernantes, y no de los simples agentes 170
1. DE LA DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE GOBIERNO
I
110. Las soluciones de derecho divino: el derecho divino sobre-
natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
El derecho divino providencial . . . . . . . . . . . . . . . . 171
La monarquí a de derecho divino . . . . . . . . . . . . . . . 172
II
111. La selección de los titulares de la autoridad pertenece a lamultitud, es decir, al pueblo congregado en el Estado . . . . 173
112. Discusión de la teorí a de la ocupación . . . . . . . . . . . . 174
113. El buen ejercicio del poder de hecho ¿constituye tí tulo sufi-ciente de legitimidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
114. ¿Qué debe entenderse por pueblo? . . . . . . . . . . . . . . 176
Formas variadas del consentimiento popular . . . . . . . . 177
CONTENIDO XVII
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115. La teorí a del “pacto de sujeción” . . . . . . . . . . . . . . 178
III
116. El pueblo, que tiene derecho a designar al soberano, por de-
recho no es é l mismo el soberano . . . . . . . . . . . . . . . 179
117. Crí tica de la tesis de la soberaní a popular alienable, ya a tí -tulo facultativo, ya a tí tulo de necesidad . . . . . . . . . . . 181
118. Crí tica de la tesis de la soberaní a popular inalienable: los
argumentos deducidos a) de la libertad e igualdad naturales 183b) Del derecho común de las asociaciones . . . . . . . . . . 185
119. La tesis que niega la soberaní a popular de derecho ¿no estáen contradicción con la que reconoce al pueblo el derecho deescoger el régimen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2. LAS FORMAS DE GOBIERNO
I
120. Los dos principios determinantes de una clasificación: pri-meramente, el número de los gobernantes . . . . . . . . . . 188
121. ...Después, el carácter directo del gobierno . . . . . . . . . 191
II
122. a) El gobierno de uno solo o monarquí a (en el sentido eti-
mológico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
La alteración del principio en los regí menes de monarquí amoderada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
123. b) El gobierno de un pequeño número o aristocracia . . . . 194
124. c) La democracia (en el sentido polí tico y en cuanto a la for-ma del poder): crí tica de las tesis de la “ soberaní a nacional”
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y de la “soberaní a popular” ; la soberaní a detentada por losindividuos titulares como una función . . . . . . . . . . . . 195
III
125. a) Democracia directa y democracia semidirecta (refer é n-
dum, etcétera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
126. b) Democracia indirecta, representativa, electiva . . . . . . 199
127. Las dos concepciones de la representación: ¿delegación orepresentación libre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
128. La democracia representativa moderna no es la democracia,
hablando con propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
129. Dominio limitado de la elección, que no se extiende a todoslos titulares del poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
130. La participación, aun relativa y restringida, del pueblo en elgobierno, basta para especificar al régimen democrático . . 205
IV
131. Legitimidad del régimen democrático y defensa del princi- pio: a) desde el punto de vista de la competencia . . . . . . 207
132. b) Desde el punto de vista del equilibrio y de una evoluciónpací fica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
c) Desde el punto de vista del ideal humano . . . . . . . . . 212
133. La f órmula del prí ncipe en sus consejos y el pueblo en susEstados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
V
134. En cuanto a las modalidades del régimen: crí tica de la formadirecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
135. Apreciación del procedimiento electivo, en sí y relativamente . 215
136. Crí tica del sistema de la delegación . . . . . . . . . . . . . 215
CONTENIDO XIX
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VI
137. Las derogaciones al principio electivo: la monarquí a heredi-
taria y sus ventajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218138. Consideración a las preferencias sentimentales de la opinión,
así como al régimen establecido . . . . . . . . . . . . . . . 221
3. EL SUFRAGIO POPULAR EN EL RÉGIMEN
DEMOCRÁTICO
139. Precisión de la hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
I
140. Relaciones entre el cuerpo electoral y la nación: crí tica de laidea de representación de ésta por los electores . . . . . . . 223
II
141. a) Quien tiene calidad para votar es el ciudadano miembro
del Estado, haciendo abstracción de cualquiera otra determi-nación extrapolí tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Una concepción inexacta de la representación de la nación,en que lo polí tico está absorbido en lo social . . . . . . . . 227
142. La objeción del “ciudadano abstracto” . . . . . . . . . . . 227
143. b) Crí tica de las diversas f órmulas de representación de losintereses (Estado corporativo, Parlamento corporativo). Sin
contradecir necesariamente a la democracia, la representa-
ción de los intereses contradice la idea de lo polí tico . . . . 228
144. c) Crí tica del principio del sufragio familiar consideradocomo sufragio de cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
145. Sólo el individuo, en cuanto hombre, es capaz de elevarsehasta el nivel de lo polí tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
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146. d ) Repartición de los electores, sobre la base de la habita-ción, en secciones territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . 235
III
147. Los titulares del derecho de sufragio polí tico: las teorí as clá-sicas del derecho y de la función . . . . . . . . . . . . . . . 237
148. La concepción de Hauriou sobre el sufragio-asentimiento . 238
149. El sufragio que es elección tiene el carácter de una función pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
IV
150. La justificación del principio del sufragio universal o dere-cho a la función electoral sin acepción de categorí as . . . . 242
151. El problema del sufragio plural y del voto suplementario del
padre de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Sección II. Las funciones del poder y el problema llamado de la
“ separación de poderes” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
152. Evocación de la distinción entre el gobierno de los hombresy la administración de los servicios . . . . . . . . . . . . . 247
153. El problema de las funciones del poder es el de los diver-
sos modos de actividad del poder y de las relaciones entre
estos modos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
1. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL PODER
154. Precisiones terminológicas: funciones del poder y funcionesdel Estado; funciones, poderes, órganos . . . . . . . . . . . 249
I
155. Las tres funciones tradicionales: a) la función gubernativa,singular por los actos, universal por la competencia y la pre-
sencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
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156. b) La función legislativa (sensu lato), que procede por ví a dereglas preestablecidas; justificación del procedimiento . . . 252
157. c) La función jurisdiccional, en las relaciones entre particu-
lares y en las relaciones en que está mezclado el Estado . . 254158. Controversias suscitadas por la función jurisdiccional: ¿ha-
brá dejado de ser función polí tica? . . . . . . . . . . . . . . 257
¿no constituirá una función distinta? . . . . . . . . . . . . . 258
¿será sólo una de las ramas de la ejecutiva? . . . . . . . . . 259
II
159. La cuestión de la jerarquí a de las funciones: por qué moti-vos no puede ser la primera la legislativa... ni la función ju-risdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
El primado corresponde a la función gubernativa . . . . . . 264
160. En qué sentido la Revolución francesa y la ideologí a proce-dente de ella postulan la primací a de lo legislativo . . . . . 265
III
161. La teorí a de los poderes en el sentido de operaciones de vo-luntad de la potestad pública, según Hauriou . . . . . . . . 267
162. Crí tica de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
2. EL PROBLEMA LLAMADO
DE LA “SEPARACIÓN DE PODERES”
I
163. Posición del problema: suponiendo la multiplicidad de los ti-tulares del poder, las diversas funciones ¿serán ejercidas portodos conjuntamente, salvo delegación, o repartidas entreinstituciones y órganos distintos? . . . . . . . . . . . . . . 272
XXII CONTENIDO
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164. Situación aparte, generalmente reconocida, de la función ju-risdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
165. El régimen “convencionista” , tipo de la confusión de los po-
deres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
II
166. Las aparentes ventajas del sistema de concentración de lospoderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
167. En realidad, el sistema es inconveniente para el propio po-
der , porque no permite la especialización de las funciones . 276
168. ...y peligroso para los derechos y libertades legí timas de los
ciudadanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
III
169. Demostración de la tesis referente a la acumulación objetiva:a) La absorción de lo gubernamental por lo legislativo . . . 280
b) ...de lo jurisdiccional por lo gubernativo . . . . . . . . . 282
170. c) La absorción de lo legislativo por lo gubernativo . . . . . 283
d ) ...de lo jurisdiccional por lo gubernativo . . . . . . . . . 285
171. Toda f órmula de “delegación de poder” es contraria al prin-
cipio de la separación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286172. Hipótesis del cúmulo subjetivo, que entraña dependencia ab-
soluta del personal de una de las funciones respecto de los
titulares de otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
IV
173. Las subseparaciones en el seno de cada función, particular-mente dentro del legislativo (ley constitucional, ley ordina-
ria, reglamentos); las “ leyes-marcos” . . . . . . . . . . . . 290
174. Las segmentaciones de órganos . . . . . . . . . . . . . . . 293
CONTENIDO XXIII
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V
175. Como el principio de la separación sólo tiene valor de me-
dio, es susceptible de excepción, en los tiempos normales . 293176. ...En las circunstancias anormales . . . . . . . . . . . . . . 295
177. Que se trata en verdad de excepciones, contra lo que sostie-
ne Hauriou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
VI
178. Pero la separación en modo alguno impide las relaciones en-tre órganos y poderes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
a) La dependencia inevitable de los órganos frente a aquel
de entre ellos de quien obtienen la existencia (normalmente,
el legislativo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
La designación (normalmente por el gubernativo) de las per-sonas llamadas a integrar los órganos de las diferentes fun-ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
179. El principio de la separación no está contrariado por la parti-cipación de ambos órganos, administrativo y legislativo, en
los actos de la misma función, sea legislativa, sea guberna-mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
180. La concepción “separatista” de la separación de poderes, talcomo se encuentra en América . . . . . . . . . . . . . . . . 302
181. El sistema del gobierno de gabinete, tipo de gobierno a base
de separación de funciones y de colaboración de órganos . . 304
182. ¿Es el gobierno parlamentario negación de la separación depoderes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
VII
183. Conclusión sobre la teorí a de los poderes y de sus recí procasrelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
XXIV CONTENIDO
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Sección III. La descentralización (sensu lato) . . . . . . . . . . . 313
184. Definición del problema y división . . . . . . . . . . . . . 313
1. EL PRINCIPIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y SUS APLICACIONES
CON BASE TERRITORIAL
I
185. Rasgos caracterí sticos de la descentralización . . . . . . . . 314
186. Evitar confusiones entre: a) descentralización polí tica y des-centralización administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
b) Descentralización y desconcentración . . . . . . . . . . . 315
c) Descentralización y democracia . . . . . . . . . . . . . . 316
187. La idea de descentralización y la idea de Estado . . . . . . . 318
188. Motivos justificantes de la descentralización: aplicación delprincipio de la división del trabajo; escuela de educación po-
lí tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
II
189. El tipo de descentralización con base territorial: nueva si-tuación de las colectividades locales después del adveni-miento del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
190. Armoní as y contradicciones entre el bien público general yel bien público local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
191. Algunos inconvenientes de la descentralización local . . . . 325
192. Los derechos de potestad pública de las colectividades locales 326
193. Diferencias entre las colectividades locales y el Estado . . . 327
III
194. El Estado federal, hipótesis de descentralización con baseterritorial: la forma federal afecta al gobierno más bien queal Estado mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
CONTENIDO XXV
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195. Carácter complejo del sistema federal y comparación entrelos Estados-miembros y las colectividades descentralizadas 329
196. Ventajas e inconvenientes del federalismo . . . . . . . . . . 332
2. LOS OTROS TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN: NACIONALITARIA
(DE BASE NACIONAL) Y BASADA EN LOS INTERESES
I
197. La descentralizacióncon base nacional
: definición de la hi-pótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
198. Imprecisión del criterio de la nacionalidad . . . . . . . . . . 334
199. De por sí , la nacionalidad no engendra un agrupamiento ca-paz de tornarse sujeto de un derecho de participación en lapotestad pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
200. Pero el Estado puede, fuera de la propia solución de descon-
centración, organizar la descentralización sobre la base de lanacionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
201. Determinación de las respectivas competencias de los gru-pos nacionales descentralizados y del poder central . . . . . 338
202. La protección del Estado a favor de los derechos del hom-bre, por una parte, y de los derechos de la comunidad polí ti-ca superior, por otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
II
203. La descentralización a base de intereses (sensu lato): defini-ción de la hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
204. Justificación del derecho de los intereses a gobernarse por sí mismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
205. Necesidad de una previa organización de los intereses . . . 342
206. Deficiencias relativas de esta organización en la realidad delos hechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
XXVI CONTENIDO
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207. Deber que se impone al Estado de tomar en cuenta esas defi-
ciencias en la coordinación de los poderes representativos delos intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
208. El problema de la conciliación del bien de los intereses conel bien público general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
209. El freno de las solidaridades ineluctables . . . . . . . . . . 348
CAPÍTULO SEGUNDO
EN EL INTERIOR: EL ESTADO, EL INDIVIDUO Y LOS GRUPOS
210. El problema del estatuto del individuo y de los grupos den-
tro del Estado es diverso al del régimen polí tico . . . . . . . 351
211. División de la materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Sección I. El derecho individual y el Estado . . . . . . . . . . . . 353
1. VALOR DEL INDIVIDUO Y DERECHO INDIVIDUAL
I
212. Posición fundamental del individuo humano frente al Estadoy, de una manera general, la colectividad (sociedad, pueblo,
nación, humanidad): crí tica de las tesis “ totalitarias” . . . . 353
213. Las dos partes en el individuo humano: una pública, ordena-
da a la comunidad polí tica, sobre la que tiene derechos elEstado; la otra, privada, cuyo señorí o y libre disposiciónconserva el individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
214. Delimitación del campo reservado: los derechos de la perso-nalidad , que no sólo se refieren a los valores de plano eter-no, sino también, en cierta medida, a los valores del ordentemporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
215. La objeción de la “contribución de sangre” . . . . . . . . . 360
216. La alienación, en provecho de la comunidad, de los derechosde la persona, en el sistema del “contrato social” de Rous-seau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
CONTENIDO XXVII
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II
217. Las aplicaciones del principio del derecho individual: a) la
vida, las diferentes libertades . . . . . . . . . . . . . . . . . 363218. b) ...la propiedad privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
219. La Revolución francesa tuvo razón para proclamar los “de-rechos del hombre” , pero erró al concebirlos de modo indi-vidualista y voluntarista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
III
220. Los rasgos generales caracter í sticos de los derechos indivi-
duales: a) derivan de la naturaleza, independientemente de
toda concesión del Estado o de la colectividad . . . . . . . 369
221. b) En qué sentido son universales . . . . . . . . . . . . . . 370
222. c) Derechos innatos y derechos adquiridos . . . . . . . . . 372
2. MISIÓN DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO INDIVIDUAL
223. Al Estado incumbe definir y garantizar el derecho indivi-
dual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
I
224. Definición del derecho individual en las relaciones de losindividuos entre sí : respectivos papeles de la ley de los
acuerdos privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
225. Definición del derecho individual frente a las exigencias delbien público: necesidad de una conciliación o adaptación,que no podrá llegar, empero, hasta la supresión del derecho 374
226. El apoderamiento del Estado sobre el derecho individual so
pretexto de colaboración positiva al bien público . . . . . . 377
XXVIII CONTENIDO
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II
227. La garant í a del derecho individual: contra los ataques de
terceros; contra las usurpaciones del Estado y de sus órganos 378228. Diversos sistemas de garantí a: a) las “declaraciones de dere-
chos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
229. b) Las garantí as generales, derivadas del régimen democrá-tico... de las separaciones de poderes . . . . . . . . . . . . . 380
230. ...del principio de legalidad... de ciertas libertades preservati-
vas y protectoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
231. c) Las garantí as especiales: el derecho de seguridad indivi-dual... los medios de defensa y recursos contra los actos ad-
ministrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
232. Los remedios propuestos en lo que atañe a los ataques queemanan del poder legislativo, especialmente el control de la
constitucionalidad de las leyes . . . . . . . . . . . . . . . . 385
233. Con todo, la tarea del Estado no se reduce a la protección delos derechos, sino, dentro del marco del bien público, a lapromoción de los intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Sección II. El Estado y los grupos privados . . . . . . . . . . . . 389
234. ¿Qué se entiende aquí por grupos privados? . . . . . . . . . 389
Planteamiento del problema y distinción entre la familia ylas asociaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
1. EL ESTADO Y LA FAMILIA
I
235. Se trata aquí de la familia propiamente dicha, es decir, de laagrupación que tiende a la perpetuación de la especie huma-na y se compone esencialmente del hombre y la mujer, uni-
dos por el matrimonio, y de los hijos nacidos de esa unión . 390
236.
CONTENIDO XXIX
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Análisis de la institución familiar y de las dos series de rela-ciones que la constituyen: entre marido y mujer; entre padre
e hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
II
237. Las leyes naturales del matrimonio, normas de la legislacióndel Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
238. La libertad de no casarse y la plenitud del consentimiento en
el matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
239. La libertad de casarse y el régimen de los impedimentos dematrimonio, en especial por causa eugenésica . . . . . . . . 397
240. El problema de la secularización del matrimonio a los ojosde la conciencia católica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
III
241. La educación de los hijos compete a los padres . . . . . . . 400
242. Papel del Estado en materia de educación . . . . . . . . . . 401
243. Consagración de la autoridad del padre de familia, sin per- juicio de reprimir los abusos de poder . . . . . . . . . . . . 402
244. La polí tica de ayuda a la familia, especialmente a la familianumerosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
245. La familia, que no es persona moral, no exige la “personifi-cación jurí dica” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
2. EL ESTADO Y LAS ASOCIACIONES
246. La asociación con la mira de realizar ciertos fines comunesresponde a una exigencia de la naturaleza del hombre y de la
naturaleza de las cosas, y esto señala su deber al Estado . . 404
XXX CONTENIDO
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I
247. Desde luego, el Estado está obligado a reconocer a los indi-viduos el derecho de asociarse . . . . . . . . . . . . . . . . 405
248. Poco importa el objeto de la asociación, aunque esté en es-trecha relación con el bien público . . . . . . . . . . . . . . 407
...y sea cual fuere la fuerza de la asociación . . . . . . . . . 408
249. No cabe exceptuar ni a los grupos con fines de defensa de
intereses particulares (sindicatos) . . . . . . . . . . . . . . 409
250. ...ni a las asociaciones y partidos polí ticos . . . . . . . . . . 411
251. Pero el Estado no sólo conserva el derecho de prohibir lasasociaciones cuyos medios o fines sean contrarios al bien
público, sino el de reglamentar la libertad de asociación parael efecto de proteger el orden público o los legí timos intere-ses de los terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
La garant í a del derecho de asociación contra las empresasilegí timas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
II
252. Además, el Estado debe respetar la autonomí a de las asocia-ciones: crí tica del “corporativismo de Estado” . . . . . . . 415
253. La sumisión de las corporaciones al Estado en todo lo queatañe al bien público: crí tica de la tesis del pluralismo radi-cal y de la igualdad del Estado y las asociaciones . . . . . . 418
III
254. Finalmente, el Estado debe consagrar los derechos de la aso-
ciación como cuerpo: en el interior, respecto de sus miem-bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
255. ...en el exterior, para la defensa de sus derechos morales y
pecuniarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
256. La concesión de la personalidad jurí dica no es el único me-dio de procurar este resultado . . . . . . . . . . . . . . . . 424
CONTENIDO XXXI
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Sección III. El estatuto de miembro del Estado (estatuto cí vico) . . 427
257. Noción de estatuto cí vico: el estatuto del individuo en cuantomiembro de la sociedad polí tica . . . . . . . . . . . . . . . 427
1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS PARA CON EL ESTADO
I
258. La categorí a de los deberes del ciudadano, materia de la jus-ticia llamada legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
259. a) El concurso al Estado mismo como institución: prestacio-nes personales, especialmente el servicio militar . . . . . . 429
260. El impuesto y el principio de que “el impuesto debe ser con-sentido” La justicia del impuesto. La iniciativa gubernamen-tal en materia de egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
261. b) La sumisión a las órdenes de la autoridad, bajo reserva de
la justicia de éstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
II
262. La categorí a de los deberes del Estado hacia sus miembros:la distribución equitativa de los beneficios sociales, así comode las ventajas y cargas inherentes a la vida social (justicia
distributiva o igualdad civil) . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
263. Existencia de un derecho subjetivo a la justicia distributiva o
igualdad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
2. DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA JUSTICIA
DISTRIBUTIVA O IGUALDAD CIVIL
264. Siendo los ciudadanos a la vez iguales por naturaleza y di-
versos por desigualdades accidentales, ¿serán sometidos aun tratamiento de igualdad matemática o de igualdad pro-
porcional? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
XXXII CONTENIDO
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I
265. Repulsa de toda discriminación odiosa, sobre todo cuando
intervienen los derechos de la persona . . . . . . . . . . . . 438266. Desigualdades derivadas del estado y capacidad de las per-
sonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
267. Las otras desigualdades, particularmente de orden económi-co y social: concepción liberal del derecho común y concep-ción pluralista de los estatutos especiales . . . . . . . . . . 440
268. Las objeciones contra el pluralismo: el bien común, el carác-ter general de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
269. El principio de la igualdad proporcional . . . . . . . . . . . 444
270. El sistema de la igualdad abstracta atemperada por el “ fa-vor” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
271. Los escollos del régimen pluralista: la “ legislación de cla-se” ... la confusión de los géneros... las dificultades de deter-
minación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446272. Aun así , la justicia distributiva queda dominada por las exi-
gencias del bien público, a menudo deplorables en sí . . . . 449
II
273. La polí tica del Estado ante las desigualdades sociales: acep-tación de las desigualdades ineluctables, a reserva de otorgarun tratamiento proporcional . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
274. Contra las desigualdades derivadas de la injusticia o de la
ausencia de organización social, lucha por todos los mediosadecuados y honestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
3. EL PROBLEMA DE LA ASISTENCIA PÚBLICA
275. Las tesis que se enfrentan: a) tesis liberal individualista,
hostil a la asistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
CONTENIDO XXXIII
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b) Tesis de Hauriou sobre el favor administrativo . . . . . . 455
c) Tesis solidarista o socialista . . . . . . . . . . . . . . . . 455
276. En realidad, el deber de asistencia deriva del sistema general
del Estado: no sólo peligra la paz pública, sino que el miem-bro del Estado tiene, estatutariamente, derecho al socorro de
la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
277. Con todo, la asistencia sólo incumbe al Estado subsidiaria-mente, en defecto de la familia y de la asistencia privada . . 458
278. La determinación y custodia, por el Estado, de las reglas dela justicia distributiva y de la asistencia pública . . . . . . . 459
CAPÍTULO TERCERO
EL ESTADO EN EL PLANO INTERNACIONAL
279. En sentido amplio, el plano externo no comprende única-mente las relaciones interestatales, sino las relaciones entre
Estados y grupos privados internacionales . . . . . . . . . . 463
280. Notas sobre la particular posición de las iglesias . . . . . . 464
281. Limitación del presente estudio a las relaciones estrictamen-te interestatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
1. EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ORDEN
INTERNACIONAL PÚBLICO
282. Cómo se define el problema internacional . . . . . . . . . . 466
I
283. Exposición de la tesis de la soberaní a absoluta de los Esta-dos, sólo restringida por la igual soberaní a de los otros Es-tados y por la regla Pacta sunt servanda . . . . . . . . . . . 468
284. Crí tica de la tesis: a) Por razón de las dos limitaciones que laacompañan, es ilógica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
XXXIV CONTENIDO
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Exclusión de estas limitaciones por algunos teóricos (Las-son, C. Schmitt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
285. b) La teorí a clásica está contrariada por la práctica interna-
cional, tal como se manifiesta en el sistema del derecho degentes positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
286. c) Es radicalmente falsa en su punto de partida individualista 474
II
287. Sobre todo en nuestros dí as, hay sitio para una sociedad na-tural de Estados, reclamada tanto por el interés de cada pue-blo como por el de los Estados mismos . . . . . . . . . . . 474
288. Análisis de la noción de “bien público internacional” , fin dela sociedad de Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
289. Sujetos de la sociedad internacional siguen siendo los Esta-
dos, no los individuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
290. Los elementos formales del bien público internacional . . . 480
III
291. La existencia de un bien público internacional postula unaorganización societaria, que falta constituir . . . . . . . . . 481
292. El régimen de gobierno de la sociedad de Estados pareceque debe ser la democracia directa, lo cual, por otra parte,
no exige un régimen de igualdad absoluta . . . . . . . . . . 482
293. Ojeada sobre la realización actual de la idea de sociedad de
los Estados: la Sociedad de las Naciones y las instituciones
que de ella dependen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
2. DERECHO SUBJETIVO DE LOS ESTADOSY SOCIEDAD DE ESTADOS
294. El problema de las respectivas competencias de la sociedad
y de los Estados miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
CONTENIDO XXXV
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Doctrina general del Estado. Elementos de
filosof í a polí tica, editado por el Instituto de In-
vestigaciones Jurí dicas de la UNAM, se ter-minó de imprimir el 3 de abril de 2003 en lostalleres de Ediciones del Lirio, S. A. de C. V.
En esta edición se empleó papel cultural 70 x 95
de 50 kg. para las páginas interiores y cartuli-na couché de 162 kg. para los forros; consta
de 1000 ejemplares.
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PREFACIO
Jean Dabin nace en Lieja el 9 de julio de 1889 y fallece en Lovaina en1971. En 1911 obtiene el doctorado en derecho por la Universidad deLieja y en 1920 el doctorado especial en derecho civil por la misma Uni-versidad. En 1922 es profesor de la Universidad de Lovaina; en 1947miembro de la Academia Real de Bélgica. Doctor honoris causa de lasuniversidades de París, Estrasburgo, Burdeos, Nancy, Mont Pellier, Di- jon y Lyon, Aix-Marseille, Leiden, Utrecht, Nimega y Friburgo (Suiza),entre otras. Miembro de la Unión Internacional de Estudios Sociales(Malinas), miembro honorario del Instituto Argentino de Filosofía delDerecho, miembro honorario de la Sociedad Italiana de Filosofía del De-recho, gran oficial de la Orden de Leopoldo, comendador de la Orden deSan Silvestre, caballero de la Legión de Honor.
Formado en la escuela de los grandes clásicos, Jean Dabin ama el
buen sentido de las ideas que se expresan claramente. En su fecunda vidase publicaron de él más de 100 artículos y libros, entre ellos se incluyentraducciones a varios idiomas, como la traducción japonesa de su Teoríageneral del derecho.
De su extensa bibliografía se pueden citar las siguientes relevantesobras, que tuvieron resonancia mundial: La teoría de la causa (1919); La
filosofía del orden jurídico positivo (1929); La técnica de la elaboracióndel derecho positivo (1935); Doctrina general del Estado (1939); Teoríageneral del derecho (1944); El derecho subjetivo (1952); El Estado y la
política (1957).En 1963, con motivo de su jubilación como profesor de la Universi-
dad de Lovaina, se publica en Francia una monumental obra en dos tomosen homenaje al jurista belga,1 fruto de la colaboración de cincuenta emi-nentes juristas de tres continentes, entre los que cabe destacar los nom-bres de Hans Kelsen, Georges Burdeau, Giorgio del Vecchio, Joseph L.
XXXVII
1 Mélanges en l’ honneur de Jean Dabin, Établissements Émile Bruylant, París-Bruselas, Édi-tions Sirey, 1963.
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Dabin es irrelevante que los grandes valores y principios sean nuevos o
viejos, lo importante es que sean verdaderos.
Más allá de la posible distinción o sinonimia entre doctrina y teorí adel Estado, ambas, como se pone de manifiesto en la obra de Dabin, tie-nen como objeto de su estudio el Estado propiamente dicho, o sea la enti-
dad que existe bajo ese nombre, independientemente de la ideologí a enque se inspire, y, como lo precisa Herman Heller, “ tal como se ha forma-do en el cí rculo cultural de Occidente a partir del Renacimiento” .4
Podrí amos añadir en este primer acercamiento a la Doctrina generaldel Estado de Jean Dabin, que es un verdadero tratado, amplio y profun-
do acerca del Estado, con un enfoque predominantemente filosófico y ju-rí dico, que se inscribe en la tradición histórica del jusnaturalismo, pero enel que se toman en cuenta también —con hábil criterio seleccionador—los datos históricos y sociológicos.
En su obra, Jean Dabin pone de manifiesto cómo la filosof í a neoesco-lástica constituye un sistema organizado y coherente de pensamiento,pero a la vez singularmente abierto al diálogo con otras filosof í as, y deese modo muy en la esfera de las preocupaciones contemporáneas.
De ahí que haya ejercido una gran influencia entre los cultivadoresmexicanos de la teorí a del Estado, en la misma lí nea del pensamientoneoescolástico, como Héctor González Uribe, Agustí n Basave Fernándezdel Valle, Francisco Porrúa Pérez, entre otros. El primero de ellos, el doc-tor Héctor González Uribe, con la colaboración del distinguido jurista Je-sús Toral Moreno, fue quien tradujo por primera vez al castellano la Doc-trina general del Estado de Jean Dabin, cuyas dos primeras y únicas
ediciones hasta ahora, en 1946 y 1955, respectivamente, fueron publica-das bajo el sello de la benemérita Editorial Jus.Y justo es recordar también que el propio González Uribe (1918-1988)
escribió un excelente libro sobre teorí a del Estado —al que denominó Teo-r í a polí tica—, que es editado por Porrúa desde 1972, y que —como señalael maestro Héctor Fix-Zamudio— es “ un libro pionero en el que exponesistemática y metódicamente la materia” .5 Texto que, en opinión de otrainsigne cultivadora de la materia, la doctora Aurora Arnaiz Amigo, “me-rece ser elevado a la consideración de un clásico a la altura de un Jellinek,
PREFACIO XXXIX
4 Heller, Herman, Teor í a del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 43.5 López Fernández, Ana Marí a E., H é ctor González Uribe. Vida y obra, México, Porrúa, 1992,
p. 174.
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de un Carré de Malberg, Maritain, Dabin, tanto por la hondura de su pen-samiento como por el rigor de su exposición cientí fica” .6
Al atisbar —no otra cosa intentaremos, sino atisbar— en el pensa-miento polí tico de Jean Dabin, se manifiesta inmediatamente que estácentrado en la persona humana. Para él, la concepción del Estado es inse-parable de la concepción del hombre. El conocimiento del Estado debeestar sustentado en el conocimiento del hombre, de otra manera no podrí aser un conocimiento verdadero.
Por ello, la primera afirmación con la que inicia su obra, que despuésrecibirá un desarrollo amplio y sistemático, es adelantar una definición
“de primera intención” del Estado, desde un punto de vista formal, comola “ agrupación polí tica por excelencia” , y a continuación añade otrodato: “suprema” . Es decir, la agrupación polí tica suprema. Pero, agrupa-ción ¿de qué? De hombres, o sea, de seres racionales y libres que poseenuna eminente dignidad.
Para Dabin, el Estado es, ante todo, una agrupación de hombres, osea, de seres racionales y libres, dotados de un destino individual propio
que trasciende al de cualquier colectividad. O, como lo dirí a Maritain, elhombre vive en el Estado pero trasciende el Estado por el misterio invio-lable de su libertad y por su vocación de bienes absolutos. Esta afirma-ción, que parece tan sencilla y obvia, es de capital importancia para lateorí a polí tica, y se logró como un triunfo del Cristianismo sobre la con-cepción de la antigüedad pagana, que veí a en la comunidad polí tica un finsupremo.
Por ello, nuestro autor insiste en subrayar que toda doctrina negadora
de la personalidad humana tiene su repercusión necesaria en el campo delEstado, ya sea que se quiera poner la organización estatal al servicio de lamasa hipostasiada, llámesele humanidad, pueblo, nación, clase —como lofueron los Estados totalitarios fascista, nacionalsocialista y comunista del
siglo XX— o que el Estado mismo se erija en fin supremo de su propiaactividad y de la de sus miembros, que es la concepción de la antigüedadclásica, magistralmente estudiada por Fustel de Coulanges en La ciudad antigua.
Con el rigor metodológico que caracteriza toda su obra, el antiguoprofesor de la Universidad de Lovaina observa y analiza la vida intensa,
rica y compleja del Estado y va identificando los elementos que contribu-
XL PREFACIO
6 Idem.
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yen a formar su esencia —no todos en la misma forma y en la mismaproporción— y considera como elementos previos o anteriores al Estado,el elemento humano —la población— y el elemento territorial; y comoelementos constitutivos, el fin del Estado —el bien público temporal—, yla autoridad o poder público. De estos elementos obtiene una definicióndel Estado que le permite atribuir a éste tres caracteres fundamentales: lapersonalidad moral, la soberaní a y la sumisión al derecho.
Del estudio de los elementos del Estado —previos y constitutivos—se desprende que éste es, como lo precisa el tratadista belga, una socie-dad jerarquizada al servicio del bien público temporal. Y de esta defini-
ción se derivan también, de una manera inmediata y necesaria, como seha indicado en el párrafo precedente, los tres caracteres esenciales de unasociedad de tal naturaleza, que están estrechamente vinculados entre sí yque no pueden darse el uno sin el otro. El Estado, por su organizacióny fines, es —tiene que ser— una persona moral, sujeto de derechos yobligaciones. Por la superioridad de sus fines y medios frente a cualquier
otra entidad social, el Estado es soberano. Pero como agrupación que estáal servicio de un fin superior, en el orden valorativo, el Estado está some-tido al derecho. La norma racional y objetiva que limita su acción es elbien público temporal; pero esa norma debe ser traducida en disposicio-nes positivas —Constitución, leyes, reglamentos— para que su observan-cia sea efectiva.
Es de llamar la atención —siguiendo con el análisis de Dabin— quecuando éste se refiere al elemento o aspecto teleológico del Estado, o seael bien especí fico de la comunidad polí tica, que la tradición filosófico-po-
lí tica del pensamiento occidental ha llamado el bien común, Dabin lo lla-ma bien público temporal. “El bien común —escribe el jurista belga—será particular o público según que se relacione de manera inmediata conintereses particulares o con el interés público. He aquí por qué, tratándosedel Estado, la expresión bien público es preferible a la de bien común,porque indica con precisión que el bien común en juego es el bien común público” ;7 y añade en otra parte de su obra que “el bien público cubre launiversalidad de los bienes humanos... nada de lo que interese al hombre
le es extraño” .8Es indudable, por otro lado, que esta concepción del Estado como
agrupación humana orientada al bien común, o bien público temporal, tie-
PREFACIO XLI
7 Dabin, Jean, Doctrina general del Estado. Elementos de filosof í a polí tica, p. 37.8 Ibidem, p. 45.
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ne como trasfondo el imperecedero texto con el que Aristóteles principia La polí tica:
Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no seforma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualquiera queellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno.
Es claro, por lo tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta
especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto dela más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las de-más, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación polí tica.9
Para Dabin, el bien público implica la inadmisibilidad de la razón de Estado: “El bien público sanamente comprendido —anota el jurista bel-ga— debe necesariamente conciliarse con el bien de la naturaleza huma-na, lo que excluye todo argumento de ‘razón de Estado’ o de bien públicoopuesto a la ley humana por excelencia, que es la ley moral” .10
Por ello el bien público temporal es un lí mite objetivo de la soberaní adel Estado. No puede decirse, por tanto, que el Estado se autolimite,
como si esto proviniera de una decisión de su voluntad. Ya está intr í nse-camente limitado, por su propia esencia y por su finalidad.De aquí que no pueda desligarse nunca la soberaní a del fin del Esta-
do, porque devendrí a en un poder omní modo y arbitrario. Para una sanateorí a polí tica que busca los contenidos valorativos de justicia y bien, elbinomio soberaní a-fin es algo totalmente indisoluble. La una no se da sinel otro. Por tal razón, como lo anota muy bien Jean Dabin,11 hay lí mitesracionales y objetivos en la soberaní a que están contenidos en la regla delbien público temporal y forman el derecho al que el Estado está natural-mente sometido y fuera del cual deja de ser Estado para constituirse en un
fenómeno de fuerza incontrolada.Soberaní a no significa, pues, voluntarismo puro, sin acatamiento a
ninguna regla de fondo o de competencia; en una palabra, arbitrariedad. El
bien público temporal, que justifica la soberaní a del Estado, determina, porello mismo, su sentido y su lí mite. No se incurre, desde luego, en ninguna
contradicción lógica al plantear el principio de una soberaní a limitada a undeterminado orden de relaciones y condicionada por cierta finalidad.
XLII PREFACIO
9 Aristóteles, La polí tica, trad. de Patricio de Azcárate, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1941,colección Austral, p. 25.
10 Dabin, Jean, op. cit., p. 139.11 Ibidem, pp. 135 y ss.
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Queda, no obstante, viva la interrogación: ¿quién y cómo va a limitarla soberaní a del Estado? Las soluciones tendrán que venir, obviamente,de la organización jurí dica y social, tanto interna como internacionalmente.Así lo reconoce acertadamente el autor, y divide las posibles solucionesen dos grupos: de orden supranacional y de orden nacional o interno, que
desarrolla lúcidamente, y cuyo estudio —nos parece— serí a de una granutilidad en el planteamiento de las cuestiones de globalización, soberaní ay órganos supranacionales en la problemática del mundo de nuestros dí as.
Y ya referido a nuestro medio nacional, cabrí a llamar la atención sobreuna condición que parece esencial y que afecta al problema de la sobera-
ní a y del bien público temporal, y que tiene que ver con la responsabili-dad del Estado de derecho en el ejercicio de su autoridad legí tima, y queDabin expresa en los siguientes términos: “Si la fuerza no es la justifica-ción ni la realidad del poder, que es de esencia espiritual, es por lo menossu auxiliar indispensable” .
En consecuencia, el gobierno que por debilidad o por principio prac-
ticase la teorí a de no resistencia al mal, descuidando reaccionar contra lasfaltas a la disciplina, faltarí a a su deber, que es realizar en la práctica elordenamiento prescrito para el bien público. De esto se infiere que el go-bierno está obligado a armarse de tal suerte que, en el grupo, ningún indi-viduo, corporación o partido esté en actitud de contrarrestar su propio po-der. Por ello, como dice nuestro autor, “enérgicamente reprimidas desdeel principio, las faltas aisladas no corren el riesgo de extenderse por con-
tagio para determinar poco a poco un estado general de anarquí a al que lafuerza no podrí a ya poner remedio en lo sucesivo” .12 No hacer uso opor-
tuno y prudente del ejercicio de la fuerza, cuando lo exige el bien común,es abdicar de la autoridad legí tima.Y en otro lugar de la obra que comentamos añade lo siguiente: “Si se
permite a los súbditos comenzar por rehusar la obediencia a las medidasque no les placen, toda autoridad queda abolida, la arbitrariedad de los
gobernados se substituye a la de los gobernantes y se llega a la anar-
quí a” .13 Debe, pues, desecharse el equí voco de que hacer valer la autori-dad es sinónimo de reprimir. El mismo Kelsen ha puesto en evidenciacómo la antinomia entre el derecho y la fuerza sólo es aparente, como loexplica en el siguiente texto: “El derecho es, sin duda alguna, un ordenestablecido para promover la paz, ya que prohí be el uso de la fuerza en
PREFACIO XLIII
12 Ibidem, p. 6713 Ibidem, p. 153.
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las relaciones de los miembros de la comunidad. Empero, no excluye de
manera absoluta su empleo. El derecho y la fuerza no deben ser entendi-
dos como absolutamente incompatibles entre sí . Aquél es la organizaciónde ésta” .
Otros de los temas a los que conviene prestar especial atención y quepueden ayudar a iluminar nuestras nuevas e inéditas circunstancias polí ti-cas se refieren a los partidos polí ticos, al sufragio popular y a la condi-ción de los gobernantes.
Los partidos, como observa Dabin, que agrupan a los ciudadanos
electores según las diversas maneras de concebir y de realizar el bien pú-
blico, olvidan con frecuencia que existen para la polí tica, en el sentidoelevado de la palabra, y no para el partido. El espí ritu de partido engendralos prejuicios tenaces, las rivalidades personales y las discusiones estéri-les, en detrimento del fin lógico de los partidos, que deberí a identificarsecon el fin del Estado mismo, o sea, el bien público. Y, citando a Hau-riou,14 señala que: “No se debe gobernar para el partido; se llega al podercon el partido, pero debe gobernarse para el bien público” .
En cuanto al voto, le asigna una triple dimensión: es una función, undeber y un derecho. Pero niega —a fuer de auténtico demócrata— que lasola ilustración superior —y de ello tenemos una buena prueba en Méxi-co— sea garantí a de aptitud electoral. “La instrucción superior, afirmaDabin, que no es patrimonio de todo el mundo, no corresponde a un gra-
do superior de aptitud electoral. Más valen el buen sentido, la prudencia yla virtud, que se encuentran en todas las clases de la población y que for-man el verdadero criterio, inaplicable por desgracia técnicamente, porque
es rebelde a la identificación en cada caso” .15
Podrí amos decir —sin hi-pérbole— que no ha sido infrecuente en nuestra vida pública el caso depersonas sencillas con una gran conciencia de sus responsabilidades ciu-
dadanas, y doctores en derecho o en otras disciplinas que son analfabetos
polí ticos.Y previene el jurista de Lieja contra la proclividad de los gobernantes
de hacerse pagar muy altos sus servicios a la comunidad. Desde luego,
considera que es legí timo que los detentadores del poder público cuentencon el salario merecido. Pero lo que no es legí timo es el abuso que segenera cuando la realización del servicio público está subordinado alpago de altas remuneraciones como compensación del servicio rendido.
XLIV PREFACIO
14 Dabin, Jean, op. cit., pp. 75 y 76.15 Ibidem, p. 244.
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“Los gobernantes —dice Dabin— hacen entonces negocio con su poder,exactamente como un particular que presta servicio y, en ese caso, muy
pronto se sentirán tentados de exagerar sus pretensiones y exigir a sussúbditos más de lo debido” .16 Podrí amos añadir que menos justificablesson, desde la perspectiva de la ética polí tica, los ingresos desmesuradosque se asignan los representantes populares y los altos funcionarios del
gobierno en paí ses con un gran í ndice de pobreza y de desempleo.Pero el autor aclara —contra la idea muy extendida de que la polí tica
por su naturaleza es corruptora— que “si, a veces, la polí tica se torna co-rruptora, esa no es culpa suya, pues, por su esencia misma, es amiga del
progreso y de la humanidad. Los responsables no pueden ser más que loshombres, que degradan la polí tica, la alteran y la prostituyen para finesextraños” .17 Parafraseando a Eduardo Couture podrí amos añadir que lapolí tica puede ser la más noble de todas las profesiones o el más vil detodos los oficios.
En suma, se puede afirmar que para Dabin, la razón profunda del Es-tado es, pues, en definitiva, el bien común o bien público temporal. ElEstado es necesario, en cuanto instrumento necesario de realización deese bien necesario que es el bien público. Y esta razón es la que explicaque después de tantos siglos, muchos Estados se han desplomado, y, sinembargo, el Estado nunca ha muerto, sino que se ha reconstruido siempre
bajo distintas formas. No podrí a zozobrar sino como un retorno de la hu-manidad a la barbarie.
El ilustre maestro de la Universidad de Lovaina elaboró su Doctrinageneral del Estado en forma sincrónica a “ la reforma del Estado” belga
de 1938, y en el mismo prólogo de su obra escribió estas palabras que—mutatis mutandi— pueden aplicarse a la tan ansiosamente anunciadacomo diferida “ reforma del Estado” mexicano:
La reforma del Estado es, seguramente, un problema de gran actualidad,
pero, si no nos equivocamos, es ante todo un problema moral, que implica
una reforma de las costumbres tanto de los gobernantes como de los gober-
nados, y sólo secundariamente polí tico, en el sentido de que la reforma
debe afectar no tanto las lí neas esenciales de la construcción cuanto los de-talles de la organización, cuya importancia práctica es a menudo más con-siderable que la de aquéllas.18
PREFACIO XLV
16 Ibidem, p. 75.17 Ibidem, pp. 97 y 98.18 Ibidem, p. 1.
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PRÓLOGO
No hay que buscar en esta obra lo que no hemos querido poner en ella.Nos referimos, desde luego, a consideraciones acerca de “la reforma
del Estado”, y especialmente del Estado belga de 1938. La reforma delEstado es, seguramente, un problema de gran actualidad, pero, si no nosequivocamos, es ante todo un problema moral, que implica una reformade las costumbres tanto de los gobernantes como de los gobernados, y
sólo secundariamente político, en el sentido de que la reforma debe afec-tar no tanto las líneas esenciales de la construcción cuanto los detalles dela organización, cuya importancia práctica es a menudo más considerableque la de aquéllas. Hay, por ejemplo, muchas maneras de practicar el ré-gimen parlamentario: unas son excelentes y eficaces, otras mediocres odetestables. El contraste se explica, en un setenta y cinco por ciento, poruna diferencia de espíritu, y en un veinticinco, por una diferencia de pura
reglamentación, que traduce en realidad la primera. Sea lo que fuere, setrata aquí de doctrina y, por consiguiente, de principios, y si los princi-pios, en materia política, deben forzosamente permanecer en contacto conla tierra, se remontan, al mismo tiempo, lo suficientemente alto para quepueda considerárseles en sí mismos, separados de ciertas modalidades deactualización.
Esto no quiere decir, empero, que esos principios fundamentales de lavida política no sean discutidos. Por el contrario, asistimos en nuestros
días a una revolución profunda en los conceptos que, desde hace muchossiglos, se encuentran en la base de la filosofía del Estado. ¿Acaso no espara prevenir el éxito de esta revolución por lo que tantas personas pru-dentes preconizan una “reforma del Estado”? Mas, puesto que hay discu-sión, se impone una revisión, o mejor, un reexamen de valores. Precisa-mente el resultado de ese trabajo de reflexión es lo que se encontraráconsignado en las páginas de esta obra, trabajo realizado con entera bue-
na fe, sin gran aparato de erudición y de acuerdo con un plan más bienpositivo que crítico.
1
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Si, en definitiva, los valores tradicionales salen del análisis confirma-dos, poco importará al autor no haber “aportado nada nuevo” . Los gran-des principios de la civilización humana y cristiana no son nuevos. Tam-poco son viejos. Se contentan con ser siempre verdaderos, a pesar de susenemigos decididos, que oponen doctrina a doctrina; y a pesar también delos relativistas de toda especie, que se figuran que la ciencia digna de ese
nombre excluye necesariamente la doctrina.
Lovaina, 1o. de agosto de 1938.
2 PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN
Conviene precisar, en primer lugar, el tema del presente trabajo y, des-pués, el punto de vista desde el cual se le va a estudiar.
1. Por Estado pueden entenderse, en el sentido más amplio, todas lasformas de agrupación política que revela la historia. Es la posición de losfilósofos y de muchos otros, sociólogos e incluso juristas, tales como Du-guit, quien escribe: “Aun precisando mucho, no se encontrará ninguna di-ferencia de naturaleza entre el poder de un jefe de horda y el de un go-
bierno moderno compuesto de un Jefe de Estado, de Ministerios, deCámaras... Hay una diferencia de grado, pero no de naturaleza”.1 Así, elclan y la tribu, la ciudad antigua y la baronía feudal —en la medida enque esas agrupaciones tienen un carácter político— constituirían Estadoscon el mismo título que el Estado de la época moderna o contemporánea.
Sin entrar en la discusión de esta tesis, no se considerará aquí más queel Estado propiamente dicho, o sea, la entidad que existe hoy bajo estenombre, independientemente de la ideología en que se inspire: sólo este Es-tado, con exclusión de las entidades políticas primitivas y de los grupospuramente locales, realiza de una manera suficientemente clara y comple-ta el concepto de lo político, por lo menos en el estado actual de la huma-nidad.2
No se hará, evidentemente, el estudio de Estados particulares o deformas particulares de Estado, más que a título de ilustración, o biencuando esas manifestaciones traduzcan una determinada filosofía del Es-
tado, pues se trata de desprender una doctrina, y esta doctrina, en relacióncon el tipo de agrupación escogida, sólo puede ser general, válida paratodos los Estados.3
3
1 Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3a. ed., t. I, pfo. 49, p. 537. Véase también pp. 538 y539, y pfo. 62, pp. 657-660.
2 Comp., acerca de este punto de vista, Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2a. ed., 1929,p. 78; J. Barthélemy y P. Duez, Traité de droit constitutionnel, nueva edición, París, 1933, p. 284; G. delVecchio, Justice, droit, état , París, 1938, pp. 307-310; L. Febvre, De l’État historique à l’État vivant ,
Introducción general al tomo X de la Encyclopédie Francaise, consagrado al Estado, 10.08-1 y ss.3 En lo que respecta a la cuestión de saber si existe una ciencia general del Estado, véase M. de laBigne de Villeneuve, Traité général de l’État , prefacio de Louis Le Fur, París, 1929, t. I, pp. 176-181.
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2. Se discute igualmente la cuestión de saber el punto de vista en quees preciso situarse para considerar y definir al Estado. Se pretenden dis-
tinguir, y aun a veces separar y oponer, puntos de vista múltiples.4 Así ,según M. de la Bigne de Villeneuve, el Estado podrí a ser considerado:desde el punto de vista histórico, si se investiga la evolución del conceptode poder público entre los diversos pueblos; desde el punto de vista eco-nómico, si se quiere hacer del Estado el vigilante, el regulador y casi eldispensador de la riqueza social; desde el punto de vista más especí fica-mente polí tico, en el sentido estricto de la palabra, si el investigador seciñe a determinar las reglas teóricas y prácticas del mejor gobierno; desde
el punto de vista jurí dico, en suma, si lo que se quiere poner de relieveson las reglas de derecho a las que está sometida la actividad del Estado ylos medios de derecho que puede tener a su disposición para obtener porla fuerza la obediencia de los gobernados.5 Actualmente, observa el mis-
mo autor, el conflicto se plantea entre dos tendencias: en unas, las másnumerosas, las preocupaciones jurí dicas han sobrepasado decididamentea todas las demás hasta el punto de convertirse a veces en exclusivas,definiéndose al Estado como un organismo puramente jurí dico; por elcontrario, los anglosajones en general, y un pequeño número de escrito-res de nacionalidad diferente, casi no retienen más que el aspecto polí ti-co del Estado.6 Doble error, piensa M. de la Bigne de Villeneuve, para
quien el Estado es un organismo conjuntamente moral, histórico, polí ti-co, económico y jurí dico. Su acción debe inspirarse en las reglas de loútil, que corresponden a la noción de lo polí tico, y revisar en seguida lassoluciones adquiridas a la luz de las reglas de lo justo, es decir, del dere-
cho. Una teorí a general del Estado debe combinar todos estos elementos:el bien, el interés general y los intereses particulares legí timos. Se trata,pues, de una ciencia mixta, mezcla de polí tica y de derecho y de algunasotras ciencias accesorias (economí a, historia...). Esencialmente, la teorí adel Estado es materia de derecho polí tico.7
Muchas cosas merecen aprobarse en esta exposición, y especialmentela condenación de todo exclusivismo en el punto de vista. Pero quizá lospuntos de vista que se trata de reconciliar no estén tan distantes como pa-rece a primera vista.
4 INTRODUCCIÓN
4 Véase, por ejemplo, Duguit, t. I, pfo. 49, p. 538, que cita a Jellinek, Seidler y Kelsen.5 M. de la Bigne de Villeneuve, op. cit ., t. I, pp. 4 y 5.6 Ibidem, pp. 6 y 7.7 Ibidem, pp. 14 y ss.
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Hagamos por de pronto a un lado el punto de vista de la historia, que
es legí timo, evidentemente, y aun necesario, pero que se sitúa en un planodistinto. Por instructiva que sea la historia de las concepciones relativas al
Estado, sobre todo por el empleo del método comparativo, esta historiadeja intacto el problema de la concepción verdadera del propio Estado,que continúa planteándose a pesar de la variedad de opiniones. Pasa lomismo con otros puntos de vista, especialmente el económico. Hablandocon rigor, es imposible considerar al Estado desde el punto de vista eco-
nómico, porque no es una realidad o noción económica; el Estado tienetan sólo relaciones con la economí a. Considerar al Estado desde el punto
de vista económico no puede, pues, significar más que un estudio del pa-pel y de las funciones del Estado en materia económica. Ahora bien, esclaro que ese papel y esas funciones deberán ser determinadas sin dudade acuerdo con las exigencias de la materia económica, pero también, ysobre todo, conforme a las exigencias de la polí tica, que es el punto devista propio del Estado.
Más equí voca aún es la relación establecida entre el derecho y el Es-tado, o más exactamente entre lo jurí dico y lo polí tico. ¿Qué quiere decirestudiar al Estado desde el punto de vista jurí dico? Sin duda puede conce-birse, para un paí s determinado, una teorí a del Estado deducida exclusi-vamente de los datos del derecho positivo, entendiendo por tal los textos,
las jurisprudencias y las costumbres. Tal es, por ejemplo, la posición deCarré de Malberg, en su gran obra.8 Por el contrario, si por derecho seentiende no precisamente el derecho positivo, sino el derecho puro y sim-
ple, es decir, los grandes principios a que se apela para regir al Estado en
su ser y su actividad, entonces, una vez más, el derecho del Estado nopodrí a concebirse sino en función de su materia misma. Tal es, en efecto,el problema esencial, y por consiguiente, el único punto de vista: se pregun-ta qué es el Estado. Pues bien, al lado de ese problema, que es el proble-ma polí tico, no hay lugar para un problema distinto, que serí a el problema jurí dico del Estado. En una palabra, una doctrina general del Estado esnecesaria y exclusivamente una doctrina de la polí tica.
Es verdad que la palabra “polí tica” ha tomado, en el lenguaje comoen los hechos, un sentido a la vez práctico y utilitario que permite evocar,por antí tesis, una regla a la cual la polí tica así comprendida deberí a su-
INTRODUCCIÓN 5
8 R. Carré de Malberg, Contribution à la thé orie gé né rale de l’É tat, spé cialement d ’apr èsles donné es fournies par le droit constitutionnel français, 2 vols., Parí s, 1921, y la nota 1 de lap. 1 del t. I.
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bordinarse y que se llama derecho. Pero, por una parte, esta concepciónde la polí tica, reducida a una acción concreta y empí rica, es, por defini-ción, rebelde a toda sí ntesis doctrinal; y, por otra, la norma a que se hacealusión no será legí tima y válida sino en tanto que sea conforme a la no-ción ideal de lo polí tico. Teorí a de derecho polí tico, se dice. Más valehacer hincapié en el elemento polí tico: el derecho normativo de la polí ti-ca, lejos de ser exterior a ésta, está extraí do de la polí tica misma, pero dela polí tica sanamente concebida, de acuerdo con las leyes de su ser pro-pio. Inmutables en cuanto a los primeros principios, esas leyes son, por lo
demás, susceptibles de determinaciones y aplicaciones variadas, según las
contingencias de tiempos y lugares, de donde resulta la variedad de polí ti-cas practicadas y de los derechos positivos de la polí tica (derecho públi-co, administrativo, fiscal, etcétera). Pero manteniéndose en el terreno delos primeros principios, el punto de vista polí tico y el punto de vista jurí -dico se confunden: hay identidad entre el punto de vista de la filosof í apolí tica y el punto de vista del derecho natural polí tico.
3. Asimismo es necesario, si se quieire comprender al Estado, remon-
tarse hasta los primeros principios y no atenerse a los fenómenos. En elplano de los fenómenos, lo jurí dico y lo polí tico parecen, en efecto, dis-tintos: el fenómeno jurí dico se expresa en textos que se estiman comoexactos en la enseñanza de lo que es justo; el fenómeno polí tico se perfilaen determinadas realizaciones o actitudes que representan lo útil. Pero esimposible construir una teorí a, y a fortiori una doctrina del Estado, sobrela base de esas apariencias. Para que el jurista y el polí tico se pongan deacuerdo es menester que lo hagan —a menos de suponer una contradic-
ción entre la polí tica y el derecho—, están obligados, uno y otro, a pene-trar más hondamente en su tema, a meditar acerca del Estado, su naturale-za, su fin, su papel; en una palabra, a tratar de extraer una filosof í a delEstado. El estudio quizá no sea “cientí fico” , en el sentido de ciencia po-sitiva que se limita a constataciones de hecho; será cientí fico en el sentidocompleto de la palabra, si es verdad que la ciencia no se limita a constatar
hechos, sino a comprenderlos y, puesto que se trata de hechos humanos, a
comprenderlos desde el punto de vista de las necesidades o de las aspira-
ciones del hombre. ¿Por miedo a “ filosofar” , se dejará a las potenciasirracionales el empeño de resolver los problemas ineluctables que seplantean constantemente y que, de una manera o de otra, encuentran
siempre su solución afortunada o desafortunada?
6 INTRODUCCIÓN
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PARTE GENERALCAPÍTULO ÚNICO
VISIÓN SINTÉTICA DEL ESTADO 4. Definición vulgar del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Acerca de la palabra “Estado” . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. Una acepción inadmisible: el Estado en el sentido de gobierno 10
Sección I. Los elementos anteriores al Estado . . . . . . . . . . . 11
7. Cierto número de hombres, un territorio limitado . . . . . . 11
1. EL ELEMENTO HUMANO
I