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DEBATES ALBERTOS

Centro de Formación y Pensamiento Génera

Buenos Aires, 2020

ISBN: 978-987-86-4137-9

Coordinadores: Nahuel Sosa y Federico Putaro

Edición: María Emilia Reiszer

Diseño y diagramación: Federico Godoy

Debates Albertos : debates abiertos por el Presidente Alberto Fernández en su discurso inaugural de las Sesiones Ordinarias del Congreso para el período 2020 / Federico Gaston Putaro ; Nahuel Sosa ; contribuciones de Magdalena Rua ; Anabella Lucardi ; Mauro Benente. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Federico Gaston Putaro, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-86-4137-9

1. Ciencia Política. 2. Política Argentina. 3. Políticas Públicas. I. Sosa, Nahuel. II. Rua, Magdalena, colab. III. Lucardi, Anabella, colab. IV. Benente, Mauro, colab. V. Título.

CDD 320.82

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1. El futuro en nuestras manosNahuel Sosa......................................................................................................... 5

2. Una épica universitaria para la Argentina de FFAnabella Lucardi.................................................................................................. 8

3. Democratizar, esta vez sí, al Poder JudicialMauro Benente................................................................................................... 13

4. El ciclo del endeudamiento externo y fuga de capitalesMagdalena Rua.................................................................................................. 18

5. El estado del EstadoFederico Putaro.................................................................................................. 23

6. La sinfonía de AlbertoEmilia Castro Rey............................................................................................... 26

7. Fortalecer al Estado, potenciado a sus trabajadores y trabajadorasMaximiliano Andreadis....................................................................................... 29

8. Argentina: el desafío de un país sostenibleAgostina Mancini................................................................................................ 32

9. Infancias al cuboEzequiel Pérez................................................................................................... 36

Índice

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10. Lineamientos para una política exterior soberanaPilar UnsainMauro Martinez.................................................................................................. 40

11. La integración regional y sus desafíos

Ignacio Peña...................................................................................................... 45

12. Legalización del Aborto: un horizonte de encuentroManuela MendezGabriela Maiarú Victoria Albornoz Saroff ...................................................................................... 48

13. ¿Llegó la ola legalizadora?Alan Gauna........................................................................................................ 53

Índice

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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo Galeano, 2014)

Por Nahuel Sosa1

El mundo ya es otro. O mejor dicho está siendo otro. El gerundio nos abre las puertas para pensar hasta dónde está en nuestras manos lo que viene. Y el futuro no es lo inesper-ado, tampoco es la apología de la incertidumbre, el futuro es el producto de un quehacer colectivo que aun en la contingencia nos permite proyectar los mejores escenarios posibles. Tenemos derecho al futuro, incluso a desearlo, pero sin justicia social no hay estabilidad posible, no se puede proyectar nada real sin un piso mínimo de garantías.

Si algo nos enseña la historia de las catástrofes es que muchas veces han sido parte esencial de procesos de reconfi guración de la vida social. Las grandes crisis que sacuden a las sociedades nos colocan ante una pregunta fundamental: cómo (sobre)vivir juntos. Qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa, cuáles son nuestros objetivos e intereses co-munes. El coronavirus visibiliza lo mejor y lo peor de nuestra condición humana, evidencia los valores que están en disputa y visibiliza los límites del funcionamiento mundial.

Nos desenmascara la faceta depredadora de las elites que pretenden hacer un ne-gocio de las tragedias del mismo modo que nos muestra expresiones novedosas de soli-daridad en cada aplauso a quienes con su trabajo se exponen y se esfuerzan cada día por mitigar los efectos de la pandemia.

Sin dudas, nuestra sociedad no volverá a ser la misma. Son pocas las veces en que la humanidad se encuentra ejerciendo una acción colectiva de forma global y simultánea, son pocas las veces también en que tenemos la oportunidad de transformarlo todo, de cambiar radicalmente nuestras subjetividades, valores, deseos y las formas en que imaginamos un mundo en el que quepan otros mundos.

1 Licenciado y profesor de Sociología (UBA). Es asesor experto en Análisis Social de Jefatura de Gabinete de la Nación, Programa Argentina Futura y docente en UBA y UNPAZ. Es integrante de Agenda Argentina, coordinador de Génera, miembro del Observatorio de Seguridad del IIGG y del equipo de inves-tigación Gobernabilidad, Constitucionalismo y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Se desempeña también como analista político en medios de comunicación.

El futuro ennuestras manos

#Editorial

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El siglo XXI aceleró los tiempos de nuestra vida social. Es posible hablar de hipermodernidad en vez de modernidad: una aceleración de los tiempos con individuos que se apilan en centros urbanos, que están cada vez más cerca físicamente, pero, paradójicamente, cada vez más lejos socialmente. Cuanto más valor le pone la sociedad a la noción de individualismo, más frágil se vuelve el individuo.

A su vez nuestras sociedades tienen una tendencia narcisista y hedonista creciente. Como señala el fi lósofo Byung–Chul Han, vivimos en sociedades del cansancio y la ansie-dad, cada vez más hiperfragmentadas. En este escenario se desenvuelve el hiperindivid-ualismo, donde la razón deja de ser lo importante y es negada y sustituida por la emoción y el deseo, por la satisfacción inmediata de los impulsos sin tener en cuenta sus conse-cuencias, solo se mira al aquí y ahora. Solo hay inmediatez, presente e incertidumbre. El hiperindividualismo es, nada más ni nada menos, que el efecto actual que nos impuso du-rante demasiado tiempo el neoliberalismo, proyecto económico pero, fundamentalmente, cultural.

La nueva crisis pandémica expone a todo el planeta a nuevos dilemas cuyas respues-tas tuvieron que apresurarse en un marco que nos pone a todos y a todas en riesgo. El neoliberalismo cool y su cultura hiperindividualista son puestos en cuestión. En apenas segundos se viriliza el hashtag #TeCuidaElEstadoNoElMercado y no es casualidad porque, justamente, lo que está en debate son las características básicas que sostienen a nuestra sociedad. Se han puesto al desnudo muchas contradicciones en el campo de la economía, la salud y la política. Los hombres y las mujeres estamos de nuevo frente a un espejo roto, que refl eja los límites de un capitalismo fi nanciero y voraz, pero también refl eja el desafío de animarnos a pensar en sociedades alternativas, donde prevalezca la cooperación y la solidaridad social activa.

Por eso es importante volver a observar la sociedad desde el conjunto. Recuperar la idea de solidaridad social e integralidad. La salida es con más democracia e igualdad. Las acciones colectivas son las claves para superar el hiperindiviudalismo, porque dan sentido al encuentro, construyen un nuevo nosotras y nosotros, politizan el espacio público e insti-tuyen un nuevo tipo de ciudadanía.

Aplausos, pañuelazos, festivales virtuales, compras comunitarias, ollas populares, son parte de estas acciones. “En las grandes adversidades, sale a la luz la virtud” nos

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decía Aristóteles. Y la virtud no está concebida como un eufemismo, sino que es en tanto práctica moral, ética y política. Para gran parte de la fi losofía griega el hombre se realiza en comunidad, cuando discute y defi ne los asuntos de la polis entre pares. El destierro podía ser peor que la muerte, porque signifi caba negar la condición humana: el ser ciudadano. Somos ciudadanas y ciudadanos en tanto nos apropiamos del quehacer público, en la me-dida que somos protagonistas de la historia.

El siguiente dossier se inscribe en una situación inédita que nos coloca el COVID-19. Sin embargo, creemos que desde el pensamiento crítico tenemos el desafío de aportar con ideas, producciones y acciones para la construcción de una solidaridad social activa, de hacer del conocimiento una herramienta de transformación para superar esta crisis. Debe-mos apostar al debate de ideas, a la interacción entre pares, porque el aislamiento es físico, pero no social. Y frente a esta coyuntura de excepcionalidad debemos, en cada una de nuestras casas, cuidarnos entre todos, pero activos.

En ese sentido , la publicación es un aporte para, desde distintas miradas y discipli-nas, pensar a Alberto, no como persona física sino como parte de una nuevo paradigma cultural. El 10 de diciembre no solo hubo un cambio de Gobierno sino que se abrió un nue-vo proceso político que en el marco de una situación emergencia y excepcionalidad pone sus valores en acciones concretas. Acuerdo social, empezar por los últimos para llegar a todos, tener un Estado presente, fortalecer nuestra soberanía, democratizar la economía, eliminar los privilegios, son parte de este nuevo proceso.

A modo de ejemplo, el acuerdo social no es solo una puja distributiva de precios y sal-arios, es la posibilidad real de construir consensos a partir de las diferencias y disidencias. Hoy el Gobierno y la oposición, al igual que la sociedad civil, construyen nuevos consensos sobre la necesidad de cumplir con las medidas de aislamiento y de proteger a los sectores más vulnerables. Iglesia, movimientos sociales, universidades, escuelas,Fuerzas de Se-guridad son algunos de los actores centrales que le dan sentido en la práctica a un nuevo modo de relacionarnos.

La salida es colectiva, con más derechos y justicia social. Debemos incomodarnos para salir mejores, para fortalecer un Estado sensible y una sociedad que está dispuesta a dar vuelta la página de la historia.

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Por Anabella Lucardi1

La educación, la ciencia, la tecnología y la pandemia

Este dossier presenta un conjunto de debates y puntos de vista sobre algunos de los temas abordados por Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso al inaugurar el período de sesiones ordinarias de 2020. En ese contexto, nuestro artículo se propone re-fl exionar sobre la cuestión universitaria, aludida por el presidente en su mensaje.

La cuestión universitaria, es en efecto una cuestión en la medida que plantea un prob-lema, principalmente al Estado, y a la política, y que genera interrogantes, relacionados con el contenido que posee y alcance que adopta en un momento determinado. La cuestión universitaria, claro, no es siempre la misma. Ésta, por caso, estuvo ausente o se encontró más bien reducida a la no cuestión durante el gobierno que experimentó con la Argenti-na durante los últimos cuatro años. En la presidencia de Mauricio Macri el presupuesto universitario cayó más del 40 por ciento y su incremento real no logró siquiera equiparar los niveles de infl ación. Por su parte, la participación del gasto en educación superior en el Producto Interno Bruto, un PIB que, por lo demás, también sufrió una fuerte retracción, se redujo al 0,7%. Asimismo, fue alarmante la sub ejecución de las partidas destinadas al sistema universitario que administra la Secretaría de Políticas Universitarias y no se actu-alizaron los montos de las becas PROGRESAR entre 2018 y 2019.

En contraste, Alberto Fernández venía planteando, desde la campaña electoral, el lugar de privilegio que ocuparían las universidades y el sistema científi co tecnológico, en el, ahora sí, nuevo gobierno. La recuperación de la “épica educativa” a la que aludió en el discurso del 1˚ de marzo, se inserta en un escenario de reconstrucción de los ámbitos liga-dos a la producción de conocimiento que pretende impulsar durante su presidencia y que ya cuenta con algunos mojones. Entre ellos, la jerarquización de la ciencia y la tecnología, devolviéndole el rango de ministerio a la antigua secretaría, y el impulso a la investigación con la duplicación de los ingresos al CONICET, el incremento del monto de las becas y el aumento de los subsidios a proyectos de investigación científi ca y tecnológica.

1 Magíster en Administración y Políticas Públicas (UdeSA) y abogada (UBA), especialista en Derecho Público. Docente universitaria e investigadora especializada en políticas públicas para la educación universi-taria y planifi cación de la educación superior. Actualmente Directora de la Carrera de Abogacía de la UNDAV.

Una épica universitariapara la Argentina de FF

#Universidad | #LeydeEducaciónSuperior | #CyT

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Volviendo más concretamente a la cuestión universitaria, en su discurso frente al Congreso, Fernández hizo dos importantes anuncios. Por un lado, propuso iniciar el debate sobre una nueva Ley de Educación Superior que permita fortalecer el sistema universitario, con la gratuidad y el acceso irrestricto como puntos de partida. Por el otro, valoró necesario fortalecer el vínculo entre la universidad, la comunidad y el sector productivo, para garantizar el desarrollo territorial. Como preámbulo de ambos, señaló que “nuestras universidades son una instancia central de la democratización del acceso al conocimiento”. Citamos textualmente las palabras del presidente, en primer lugar porque consideramos que expresan la direccionalidad de las futuras políticas públicas para la educación superior que planifi ca el gobierno, y, en segundo lugar, porque condensan una idea muy desarrollada en la investigación sobre educación superior. Nos referimos al concepto de democratización, que se encuentra presente en este y en otro párrafo del dis-curso presidencial, que señala, en relación con la educación en general, que el objetivo es democratizar el acceso al conocimiento y “romper las desigualdades de cuna” con las que ingresan a la escuela las niñas y los niños.

En las próximas páginas, trataremos de refl exionar sobre estas palabras y redimen-sionarlas en el contexto actual: el de un planeta convulsionado por el avance de una enfer-medad pandémica, y una Argentina que necesita, casualmente, del trabajo de los profesio-nales que forma la universidad, de los recursos que provee la educación superior, y de las respuestas que ensayan la ciencia y la tecnología.

Democratizar, democratizar y democratizar para que haya futuro

¿Qué contornos adopta la cuestión universitaria para el gobierno de Alberto Fernán-dez? ¿Qué nos dice acerca de las políticas en torno a la Universidad, y a las universidades, su discurso del primero de marzo? ¿Qué acciones podemos esperar, los sujetos de la Uni-versidad, por parte de este Gobierno? ¿Cuáles son las responsabilidades que les caben a las universidades en este contexto?

Creemos que la cuestión universitaria en esta época, gira en torno al problema de la democratización de la universidad y del acceso al conocimiento. A su vez, el debate sobre la democratización trae implícito el problema sobre los derechos, concretamente el dere-cho a la educación superior, y las desigualdades en su ejercicio.

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En relación con ello, queremos repasar el contenido de reforma parcial de la Ley de Educación Superior (LES) que tuvo lugar en los últimos días del ciclo de gobiernos kirch-neristas. Esta reforma reconoció que la educación y el cono-cimiento son un derecho humano personal y social, consagró la gratuidad, el ingreso irrestricto, y atribuyó al Estado la re-sponsabilidad sobre la educación superior. Desde luego, la antigua LES sancionada en 1995 refl eja el clima de la época, caracterizado por los compromisos con los organismos multi-laterales de crédito y la mercantilización de la educación. Sin embargo, esta reforma parcial introdujo valiosas modifi ca-ciones que contribuyen a pensar a la universidad como dere-cho, lo que resulta inherente a la idea de democratización. Dicho de otro modo, un concepto es presupuesto del otro. La democratización universitaria supone, en efecto, la existen-cia de un derecho a la educación superior.

Concretamente, la Ley 27.204 de implementación efec-tiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior, sustituyó enteramente algunos artículos de la anti-gua LES e incorporó otros. En primer lugar, reconoce que la educación y el conocimiento son “un bien público y un dere-cho humano personal y social”. En segundo lugar, practica una enumeración exhaustiva del contenido de la respons-abilidad principal e indelegable del Estado nacional, las pro-vincias y la CABA sobre la educación superior. Entre ellas, garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso; ordena proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas perso-nas que sufran carencias económicas verifi cables y asimis-mo, dispone promover políticas de inclusión educativa. En tercer lugar, como ya se señaló, consagra la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones educativas universitar-ias de gestión estatal y, en la misma línea de lo establecido por la Ley de Educación Nacional, prohíbe a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuer-dos o convenios con otros Estados, instituciones u organis-mos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización. Por último, reconoce el ingreso irrestricto a las carreras de grado, complementario

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con los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional no excluyentes que cada institución disponga. Como se observa, la reforma de la LES asigna al Estado la posición principal como planifi cador de las políticas educativas, desde una perspectiva que considera la educación un bien público y un derecho personal y social, posicionamiento que Fernández recupera cuando en su mensaje muestra preocupación por garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes programáticas vigentes, en referencia a la Ley de Fi-nanciamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnico Profesional.

Nos interesa, en este punto, reconstruir los antecedentes del enunciado legal del derecho a la educación superior en nuestro país, que emerge de la reforma parcial de la LES en 2015 pero en cuya prehistoria se reconocen una serie de acontecimientos. Tres de ellos ocurrieron a lo largo de la historia argentina, y el cuarto tiene alcance regional y forma parte de un clima de época en cuyo contexto se comprueba una ampliación de derechos en toda América Latina.

En primer lugar los sucesos vinculados con la Reforma Universitaria de 1918 y sus ecos posteriores en Latinoamérica. En segundo lugar, la masifi cación del acceso a la uni-versidad a partir de la eliminación de los aranceles en 1949 y la instauración de la gratuidad universitaria durante el gobierno peronista. En tercer lugar, los tres procesos de expansión institucional del sistema universitario que tuvieron lugar, primero, en el marco del Plan Taquini, luego, durante los años noventa y fi nalmente, entre 2003 y 2015. En cuarto lugar, en el plano regional, la consagración de la educación superior como un derecho humano y universal, un bien público social y un deber del Estado en la Declaración Final de la Confer-encia Regional de la Educación Superior de 2008 celebrada en Cartagena.

Finalmente, recogiendo los antecedentes locales y regionales señalados, particular-mente los más recientes, se produjo la reforma parcial en 2015 de la LES que, como ya mencionamos, atribuye al Estado la responsabilidad principal e indelegable en el nivel de educación superior en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un dere-cho humano personal y social.

El derecho a la educación superior en el centro de la escena

En este contexto, el desafío para el gobierno de Fernández pareciera ser el de re-doblar la apuesta y proponer instrumentos legislativos que cristalicen políticas públicas que tiendan a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior. De modo de lograr que todas y todos tengan derecho a la universidad en condiciones de igual-dad, rompiendo, como señaló en su mensaje “las desigualdades de cuna”.

Una revisión de las investigaciones acerca del acceso a la educación superior y del ejercicio del derecho a la universidad en la Argentina, muestra que el mismo se encuentra

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fuertemente condicionado por el nivel de ingreso. En este sentido, las personas provenien-tes de los quintiles de menores ingresos participan en menor medida en la educación supe-rior universitaria, en comparación con las personas pertenecientes a los quintiles de may-ores ingresos. No obstante, hay quienes afi rmamos que la formulación e implementación de políticas públicas que tiendan a favorecer la ampliación del acceso al nivel universitario permitirá gradualmente una mayor representación de los sectores tradicionalmente exclu-idos del acceso a la educación universitaria, ampliando el ejercicio del derecho a la edu-cación superior a un conjunto mayor de personas. De otro modo, la ausencia de políticas públicas que tiendan a favorecer la democratización universitaria, y, por ende, no posibi-liten el ejercicio del derecho a la universidad por parte de los sectores más postergados, impactará negativamente en el efectivo ejercicio de ese derecho y evidenciará una menor representación de las personas cuyas familias poseen menores ingresos en la educación superior universitaria.

Desde luego, existen posturas que relativizan el impacto de las políticas públicas ori-entadas a favorecer la democratización en el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior. Estas posturas describen la circunstancia, profundamente explorada por las cien-cias sociales, de que los estudiantes provenientes de hogares pobres no acceden a la universidad, o acceden en menor medida que quienes pertenecen a hogares de medios o elevados ingresos. Coincidimos con dicha comprobación sociológica pero sostenemos que la implementación de políticas públicas que tiendan a garantizar el ejercicio del derecho a la universidad resulta un factor determinante para disminuir la brecha de participación en la educación superior entre los sectores más y menos favorecidos económicamente.

El debate sobre una nueva Ley de Educación Superior, deberá considerar especial-mente esta circunstancia. La preocupación por la democratización de la universidad y del acceso al conocimiento, traduce una preocupación por la desigualdad. En contraste, el derecho a la universidad opera sobre el presupuesto de la igualdad. Ahora bien, en la me-dida en que la igualdad, en su plano real, no se concreta autónomamente, el rol del Estado y de las políticas públicas resulta esencial para tornar posibles los escenarios de igualdad que exige la sociedad. Tenemos hoy la oportunidad de sentar bases legislativas fuertes que contribuyan a garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior por parte de todos y todas quienes deseen acceder, permanecer y graduarse en la universidad.

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Por Mauro Benente1

Si en los discursos de Mauricio Macri rara vez se mencionaban los derechos hu-manos, y cualquier referencia a ellos era asociada a un cuento de hadas del que habría que descreerse (Rinesi, 2018), en su discurso de asunción como presidente, Alberto Fernán-dez reiteró en varias oportunidades el compromiso de la Argentina con la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, remarcó que su vigencia no es automática ni mágica, sino que dependía de una ingeniería institucional apropiada. Así planteaba que: “mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica, también, superar esta pobre calidad institucional en la que vivimos” (Fernández, 2019).

En aquel discurso, el Presidente apeló a un Nunca más a un Poder Judicial contami-nado por los servicios de inteligencia, Nunca más a los operadores judiciales, y Nunca más a la persecución penal de adversarios políticos. En términos más generales planteó que “sin una Justicia independiente del poder político, no hay República ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten” (Fernández, 2019). En este esquema, cerró: “Nunca más es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada signifi ca una democracia acosada y denegada” (Fernández, 2019).

Tres meses más tarde, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, anunció los contornos de algunas medidas puntuales para ciertos fueros, y para instituciones claves como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. En una dimensión más amplia prometió “ponerle fi n a la des-ignación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables” (Fernández, 2020).

De estos fragmentos quisiera quedarme con una serie de ideas fuerza que confi gu-ran un diagnóstico sobre el Poder Judicial: la vigencia de los derechos humanos no se logra por sí misma, sino que necesita de un rediseño institucional; los défi cits insti-tucionales del Poder Judicial acosan la democracia y, simultáneamente y de modo circular, sueldan una vinculación entre el Poder Judicial (y el Ministerio Público) y ciertos poderes inconfesables.

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz y coordinador del grupo de trabajo “Pensamiento jurídico crítico” del Consejo Latinoamericano de CIencias Sociales (CLACSO).

Democratizar, esta vez sí,al Poder Judicial

#Derechos Humanos | #PoderJudicial | #Democratización

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Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y de Mauricio Macri, también se ensayaron diagnósticos críticos sobre el Poder Judicial. El gobierno de Cambiemos no ha desarrollado, ni ha intentado desarrollar, ninguna transformación estructural del Poder Judicial, y los análisis se han reunido bajo los programas Justicia 2020 y Justicia 2030. Adjetivar a la Justicia con un simple número, es la muestra de un programa con muy es-casa politización, muy enfocada en un discurso efi cientista. Es importante no regalar a las derechas las matrices de efi ciencias, pero también es cardinal evitar que la efi ciencia se transforme en un valor en sí mismo, y hay que orientarlo hacia la conformación de una comunidad más igualitaria y democrática. En este sentido, si se leen los diagnósticos de Justicia 2020 y 2030, prácticamente no se menciona cómo los défi cits institucionales del Poder Judicial acosan a la democracia, o impiden la vigencia de los derechos humanos. De hecho, en contraste con el diagnóstico de una democracia acosada y denegada que marcó Alberto Fernández, en la presentación del programa Justicia 2020 la palabra democracia ni siquiera es mencionada (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016).

A diferencia de la gestión Cambiemos, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirch-ner sí se desarrollaron transformaciones estructurales en el Poder Judicial: mecanismos de transparencia para nombrar jueces y jueces de la Corte Suprema, publicidad de declara-ciones juradas e ingreso democrático al Poder Judicial, nuevo Código Civil y Comercial, nueva ley orgánica del Ministerio Público, y nuevo código procesal penal de la nación. Pero además se enunció una premisa que es menester recuperar: la democratización del Poder Judicial. Durante el gobierno de Cristina Fernández se levantó esta potente bandera, pero con la excepción de las modifi caciones al ingreso –todavía no aplicadas por responsabili-dad y proceder ilegal de la Corte Suprema-, la batería de medidas resultaba muy insufi ci-ente para llenar de contenido la misión de democratización. Sin embargo, la apuesta no es resucitar esas medidas, sino revitalizar esa premisa. Democratizar, esta vez sí, al Poder Judicial.

En sus discursos, Alberto centró su mirada en el modo en que un Poder Judicial vincu-lado a poderes inconfesables atenta contra la vigencia de los derechos humanos y acosa la democracia. Frente a este diagnóstico, la cura no puede ser otra que su democratización. Democratizar representa una acción que se aplica sobre ciertas prácticas instituciona-les, para volverlas más democráticas. Que ciertas prácticas se tornen más democráticas supone que existan más personas que puedan participar, en pie de igualdad, de esas prác-ticas. Dicho de otra manera, en línea con los planteos de Rancière (1995), democratizar implica igualar, hacer parte a los que no tenían parte, sumar las voces de quienes otrora se consideraba que no eran capaces de discurso, que emitían ruido.

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En general, cualquier intento de democratizar al Poder Judicial y al Ministerio Pú-blico es catalogado de inconstitucional. A menudo esto es así porque la posibilidad de catalogar no se encuentra democráticamente distribuida, sino que son las privilegiadas y privilegiados que integran el sistema judicial quienes pretenden monopolizar el discurso legal y constitucional. En este sentido, una primera democratización del Poder Judicial y el Ministerio Público radica en dinamitar todas las prácticas culturales, rituales y formales que crean distancias allí donde tendrían que existir cercanías. Estas prácticas refi eren a la extraña vestimenta que lucen abogadas y abogados, magistradas y magistrados, a esa absurda práctica de hablar con lenguajes opacos y emplear el latín sin conocer las declin-aciones, y a trabajar en palacios que solamente se encuentran abiertos en horarios matu-tinos. Además, estas prácticas se vinculan con los lugares de enunciación: así como en la religión católica las sagradas escrituras tienen sus intérpretes institucionales, existen prác-ticas que dejan en manos de magistradas y magistrados, abogadas y abogados –que en muchos casos tienen compromisos ideológicos y/o materiales con aquellos y aquellas- la verdad sagrada sobre las normas. Desde esos lugares de enunciación es inesperable que se realicen interpretaciones democratizadoras de los textos constitucionales. Sin embargo, legos de esos lugares de enunciación podemos afi rmar que las únicas vallas –aunque bien altas de saltar- para democratizar al Poder Judicial se vinculan con el modo de selección de magistradas y magistrados, y con su carácter cuasi vitalicio. Sin embargo, existe un enorme catálogo de medidas para democratizar al Ministerio Público y al Poder Judicial.

A la democratización de las prácticas culturales, rituales y formales, hay que sumar un elenco de medidas para tornar menos discrecionales las prácticas de in-greso, ascenso, y rendición de cuentas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Respecto del ingreso, magistradas y magistrados carecen de legitimidad democrática, pero al menos atraviesan un muy endeble mecanismo de selección en el Consejo de la Magis-tratura (Benente, 2019), y deben obtener un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado. Sin embargo, los mecanismos de ingresos y ascensos de empleadas y empleados, funcio-narias y funcionarios –fundamentalmente en el Poder Judicial porque en el Ministerio Pú-blico existen mínimas evaluaciones- se encuentran teñidos de discrecionalidad y opacidad. Esto no resulta anecdótico, puesto que funcionarias y funcionarios llevan adelante los pro-cesos judiciales, proyectan las sentencias; y quienes se desempeñan en las Cámaras de Apelaciones o en la Corte Suprema, cobran salarios iguales o más altos que magistradas y magistrados de instancias inferiores, que al menos pasaron por el mencionado proceso en el Consejo de la Magistratura.

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Respecto de la rendición de cuentas, magistrados y magistradas del Poder Judicial se encuentran bajo a un muy insufi ciente mecanismo de control instrumentado en el Con-sejo de la Magistratura (Benente, 2019). Por su parte, fi s-cales y defensores tienen raquíticos mecanismos de control interno, lo que se hizo patente con la prolongada situación de rebeldía en la que estuvo el Stornelli en el año 2019. Asimis-mo, este caso puso de manifi esto la inexistencia de mecanis-mos ciudadanos para instar a su presentación ante el juez que llevaba adelante la instrucción penal, y para suspend-er su labor como fi scal mientras estuviese violando la ley. Finalmente, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público carecen de todo tipo de mecanismo de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

El défi cit democrático de las prácticas culturales, rit-uales y formales que se despliegan en el Poder Judicial y el Ministerio Público; las insufi ciencias democráticas en la selección de magistradas y magistrados combinadas con los muy escasos mecanismos de rendición de cuentas; la discre-cionalidad en los nombramientos y ascensos de funcionarias y funcionarios que no están sujetas ni sujetos a rendiciones de cuentas frente a la ciudadanía; debe leerse junto con la privilegiada situación material.

Si democratizar es igualar, es menester equiparar las condiciones laborales y materiales que gozan quienes se desempeñan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. A nivel nacional, encontramos características extraordinaria-mente particulares: salarios altísimos en comparación con los restantes poderes del Estado, y con las y los profesio-nales de la salud–para poner solo un ejemplo-; auto-exen-ción del tributo a las ganancias de casi todos esos salarios; vacaciones de cuarenta y cinco días; jornada laboral de seis horas –que en algunas ocasiones se extiende, y en otras tan-tas se acota-. Cuando se ponen en discusión estos asuntos, se plantea que el salario no es ganancia, y que la disputa debería ser que todas las trabajadoras y trabajadores ten-gan salarios altísimos, una jornada laboral de seis horas, y cuarenta y cinco días de vacaciones. En términos generales, el planteo es no nivelar hacia abajo. Sin embargo, no se trata de nivelar hacia abajo, sino de igualar. Se trata de nivelar ha-cia el medio, porque como cualquier mecanismo de redistri-bución de riqueza, para que las trabajadoras y trabajadores

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que están en la base de la escala salarial puedan incrementar sus ingresos, es menester limitar los salarios y las riquezas de quienes están en la cúspide, y dentro del Estado esa cúspide está ocupada por magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios. Del mis-mo modo, seguramente sea posible universalizar la jornada laboral en seis horas, y el goce de cuarenta y cinco días de vacaciones, pero el interrogante es si con ese esquema, en un país periférico como Argentina, y frente a una inevitable reducción de la recaudación im-positiva, es posible sostener los altísimos salarios que cobran magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios.

En numerosas oportunidades, Alberto Fernández planteó la necesidad de poner a la Argentina de pie. En el caso particular del Poder Judicial y del Ministerio Público, el recorri-do a transitar debe ser el contrario. En su dimensión material, el Poder Judicial y el Ministe-rio Público están tan de pie, en su plano cultural y ritual se sienten tan de pie, y al no rendir cuentas se encuentran tan erguidos y erguidas, que ni se preocupan por quienes todavía no han podido ni siquiera arrodillarse. No se preocupan porque muchas veces no las y los ven. Y otras tantas, como no las y los ven, las y los terminan pisoteando.

Referencias

- Benente, M. (2019). Selección y disciplina de jueces y juezas. Notas críticas sobre el Con-sejo de la Magistratura. En M. Benente, Las deudas y promesas incumplidas de la reforma constitucional de 1994. A 25 años. José C. Paz: Edunpaz.

- Fernández, A. (2019). Palabras del presidente Alberto Fernández en su acto de asunción ante la Asamblea Legislativa. Recuperado de: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46596-palabras-del-presidente-alberto-fernandez-en-su-acto-de-asuncion-an-te-la-asamblea-legislativa

(- 2020). Discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Recuperado de: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46746-discurso-del-presidente-alberto-fer-nandez-al-encabezar-la-apertura-del-periodo-138-de-sesiones-ordinarias-del-congre-so-de-la-nacion

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Política de Estado: Justicia 2020. Recuperado de: http://www.jus.gob.ar/media/3139950/JUSTICIA%20VEINTEVEINTE.pdf

- Rancière, J. (1995). La Mésentente. Politique et philosophie. París: Galilée.

- Rinersi, E. (2018). Este es un gobierno profundamente autoritario. Entrevista con Martín Piqué. Recuperado de: https://www.primereando.com.ar/entrevistas/eduardo-rinesi---es-te-es-un-gobierno-profundamente-autoritario-_a5b413b38eef6d707bbaf1f89

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Una relación simbiótica que caracteriza a los regímenes de acumulación basados en la valorización fi nanciera.

Por Magdalena Rua1

El último ciclo de endeudamiento llevado a cabo por la gestión de Cambiemos tuvo características específi cas que conformaron el actual escenario de insostenibilidad de la deuda pública. Entre ellas, el cuantioso volumen de la deuda pública contraída en un breve lapso de tiempo, denominada en moneda extranjera y los enormes vencimientos que de-ben afrontarse en el corto plazo. A este excesivo endeudamiento y a sus costos extremada-mente elevados, se debe adicionar el destino completamente improductivo de los fondos. Estos fueron dirigidos fundamentalmente a sostener la fuga de capitales y no a ampliar la infraestructura o a promover el desarrollo productivo.

Alberto Fernández, en su discurso del 1 de marzo de 2020, destacaba: “Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber fi nanciado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema fi nanciero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda.”

La deuda externa y la fuga de capitales en Argentina presentan un vínculo simbiótico histórico en el marco de regímenes de acumulación basados en la valorización fi nanciera. No ocurre lo mismo cuando el proceso económico pivotea en torno a la economía real, es decir con el trabajo y la producción como ejes ordenadores.

En el marco de la valorización fi nanciera (sea del período 1976-2001 o del gobierno de Cambiemos) se ha recurrido sucesivamente a instrumentos de deuda y a préstamos del exterior para fi nanciar la salida de divisas. En este sentido, se advierte una fuerte conexión y retroalimentación entre ambas variables. La fuga de capitales impulsa al endeudamiento, puesto que se precisa de los recursos que la fi nancien, a la vez que el acceso al endeudamiento externo es posible en el marco de una política de desregulación fi nanciera y cambiaria que, al mismo tiempo, facilita la posterior fuga de los recursos al exterior.

1 Contadora Pública (UBA), Magíster en Economía Política (FLACSO), Doctoranda en Desarrollo Económico (UNQUI), Docente en FCE-UBA.

El ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales

#FugaDeCapitales | #FormaciónDeActivosExternos | #DeudaExterna

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A continuación, se presenta el Gráfi co que muestra la evolución de este vínculo en las distintas etapas históricas de la Argentina, sobre la base de estimaciones propias, que fueron elaboradas con el método residual de la balanza de pagos, considerando las esti-maciones de Basualdo y Kulfas (2002)2 desde 1970 hasta 1980. Allí se puede apreciar el estrecho vínculo que tuvo la dinámica de la fuga de capitales con el endeudamiento ex-terno hasta el año 2002. Al mismo tiempo, permite ver la interrupción de dicha relación a partir de ese año y a lo largo del período 2002-2015, cuando se llevó a cabo un importante proceso de desendeudamiento y la salida de divisas se nutrió esencialmente de los saldos positivos de la balanza comercial y de las reservas internacionales acumuladas en los años de superávit.3 Asimismo, durante esa etapa, frente a una fuerte demanda de divisas para atesoramiento en el año 2011 (21.500 millones de dólares), se implementaron una serie de restricciones cambiarias que morigeraron la fuga de capitales, en un contexto de acer-camiento al estrangulamiento externo de la economía y bajo un clima político álgido por las elecciones presidenciales de octubre de ese año, que habrían exacerbado el fenómeno.

Gráfi co. Stock de deuda externa y fuga de capitales acumulados desde 1980 a 2018 (consid-erando fl ujos 1970-1980 de Basualdo y Kulfas, 2002). En millones de dólares corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Basualdo y Kulfas (2002), FMI y OCDE.

2 Basualdo, E., M. y Kulfas, M. (2002) La fuga de capitales en la Argentina; en La Globalización Eco-nómico Financiera. Su impacto en América Latina. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial, Buenos Aires.3 Ver Rua, M. (2019) La fuga de capitales en América Latina (2002-2017). Tesis de Magister de Eco-nomía Política con Mención en economía argentina, FLACSO. Director Jorge Gaggero, Co-Director Pablo Manzanelli.

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A partir de la asunción de la Alianza de gobierno Cam-biemos, en diciembre de 2015, el eje productivo sostenido en la economía real fue reemplazado por uno basado en la especulación fi nanciera y las actividades primarias (central-mente agropecuaria, minería y energía). Se retomó así el modelo de valorización fi nanciera que había sido interrum-pido durante el ciclo Kirchnerista. El gobierno de Mauricio Macri instauró una política de liberalización del mercado cambiario y desregulación del sistema fi nanciero, con la con-secuente eliminación de las medidas de control de cambios y las restricciones a la entrada y salida de capitales especula-tivos. Entre ellas, se destacaron la eliminación de los límites cuantitativos para la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, la supresión de los encajes y plazos mínimos de permanencia para evitar las salidas bruscas de capitales especulativos, y la eliminación de la obligatoriedad de liqui-dar divisas por parte de los exportadores.

Esa política de apertura cambiaria fue combinada con altas tasas de interés con respecto a la variación del tipo de cambio, lo que permitió la entrada de capitales especulativos que se valorizaron internamente y luego se fugaron al exteri-or (el denominado “carrytrade”), obteniendo una rentabilidad en dólares elevada. En una primera etapa, ello proporcionó importantes fl ujos de moneda extranjera que ingresaron fa-cilitando los recursos para fi nanciar la compra de moneda extranjera de residentes. Luego, ante cambios en el contexto internacional y señales de agotamiento del modelo económi-co de Cambiemos, los fl ujos especulativos se retiraron, sumi-endo a la economía argentina en un clima de incertidumbre y volatilidad, que desató una crisis cambiaria, corridas bancar-ias y la consecuente pérdida de reservas internacionales. A partir de ello, el Gobierno optó por recurrir al prestamista de última instancia, realizando un acuerdo stand-by con el FMI, cuyos desembolsos fueron de 44.500 millones de dólares, en un contexto que ya se había tornado crítico y en el cual era previsible que los fondos fueran utilizados para fi nanciar la salida de divisas de residentes y el desarme de carteras de extranjeros.

A contramano de los postulados de la ortodoxia, que sostenía que la fuga de argentinos se debía a la falta de integración de la Argentina a los mercados interna-cionales y que con la apertura se recibiría una lluvia de

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inversiones, la liberalización cambiaria y fi nanciera trajo aparejado menores niveles de inversión productiva y una aceleración de los niveles de fuga de capitales de residentes, que en los últimos meses de la gestión de Cambiemos alcanzaron su máximo histórico.

Si se analiza la composición de los segmentos de compra de moneda extranjera por parte de residentes, se observa que, desde diciembre de 2015, la participación de los grandes actores (aquellos que adquirieron montos mensuales superiores a los 2 millones de dólares) se volvió más relevante y, durante los años 2018 y 2019, tuvo aún mayor impac-to. Los principales benefi ciarios de este esquema de desregulación cambiaria y fi nanciera fueron los grandes actores económicos y el sector fi nanciero. Entre enero y agosto de 2019 -previo a la imposición de restricciones cambiarias por parte dell gobierno de Cambiemos-, las transferencias de divisas de residentes al exterior (que se componen de clientes que operan montos generalmente superiores a 2 millones mensuales) representaron el 47% sobre el total de la formación neta de activos externos. En septiembre se estableció un límite de 10 mil dólares mensuales para las compras de moneda extranjera -que a fi nes de octubre se recrudeció a 200 dólares mensuales- y se observó que, en los meses de septiembre y octubre, alrededor del 48% de lo adquirido fueron clientes con compras men-suales superiores a 5 mil dólares en billetes y un 10% en promedio fueron transferencias de divisas al exterior.

Durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, el fenomenal endeudamiento del sector público en moneda extranjera se destinó a proveer las divisas necesarias para fi nanciar mayores niveles de fuga de capitales de residentes, intereses de la deuda y re-misión de utilidades y dividendos al exterior. Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, el défi cit por la formación de activos externos de residentes fue de 88.223 millones de dólares, mientras que la fuga de capitales, es decir, estrictamente las salidas del sistema fi nanciero formal fueron de 79.480 millones de dólares. Los pagos de intereses de deuda, de 40.711 millones de dólares, y la remisión de utilidades y dividendos, de 7.415 millones de dólares, según los datos del Balance Cambiario del Banco Central de la República Ar-gentina (BCRA).

En este contexto, la deuda pública en moneda extranjera creció exponencialmente. Según los datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda de la Administración Central pasó de representar el 52,6% del PIB en 2015 al 88,68% del PIB en 2019, lo que indica un cre-cimiento del 69%; y la deuda pública en moneda extranjera pasó de representar el 35,2% del PIB en 2015 al 69% del PIB en 2019, lo que equivale a un crecimiento del 96%. Los vencimientos de deuda hasta fi n del año 2020 alcanzan los 34.408 millones de dólares,

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excluyendo a la deuda intra sector público, de los cuales 51% son en moneda extranjera, según datos de la Ofi cina de Presupuesto del Congreso.

Así, el endeudamiento externo fue una de las variables centrales del modelo de val-orización fi nanciera puesto en marcha desde diciembre de 2015. Cumplió dos claros obje-tivos en favor del proyecto político de las autoridades de gobierno de Cambiemos y de los intereses del capital fi nanciero internacional. Por un lado, disponer de la moneda extranjera necesaria para sostener la indiscriminada fuga de capitales que hacía posible el circuito de acumulación fi nanciera de corto plazo, la llamada “bicicleta fi nanciera”, facilitada por las altas tasas de interés y el libre cambio. Por otro, asfi xiar al Estado argentino para condicio-nar el margen de maniobra del futuro gobierno y restringir la capacidad de desplegar una política económica que se diferencie de las recomendaciones del centro.

En este sentido, es esencial retomar el debate acerca de normativas nacionales que establezcan límites al nivel de endeudamiento externo y en la creación de un marco regu-latorio internacional que apoye una gestión sostenible de la deuda de los países dependi-entes y esquemas de reestructuración como herramientas de prevención y solución de las crisis, así como políticas de largo plazo de administración estratégica de la moneda extran-jera, por cuanto constituye un bien escaso para estos países que ven en las exportaciones la única fuente genuina de divisas.

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Alberto Fernández busca “transformar al Estado” mediante reformas en la Administración Pública

Por Federico Gastón Putaro1

Tengo la sensación que nunca nadie gobernó este país contento con el Estado que se encontró. Los liberales, desde Alzogaray en adelante, siempre apuntaron sus cañones hacia “el Estado Populista”, el cual, producto del sostenimiento de ciertas instituciones del Estado de Bienestar, habría hecho imposible el funcionamiento de una economía de libre mercado, a la que conciben como efi ciente, armónica, y autosustentable. Los peronistas, por nuestra parte, solemos encontrar en el Estado, y fundamentalmente en las normas que regulan sus atribuciones a la hora de intervenir en la economía, obstáculos importantes para desplegar un proyecto de desarrollo productivo e inclusión social. Sea visto como un estorbo que interfi ere en el mercado, o como un límite a la voluntad de transformación, el Estado siempre es señalado o bien por lo que le sobra, o bien por lo que le falta.

Uno de los ejes abordados por el presidente Alberto Fernández durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del período 2020, remitió al relanzamiento del Cuerpo de Administradores del Estado, y la puesta en marcha de una convocatoria a jóvenes pro-fesionales a través del Programa de Innovadores de Gobierno, con el objetivo de promover “cambios signifi cativos en el Estado Nacional”.

Lo cierto es que el Estado, como forma de organización política de la sociedad, ado-lece de los mismos vaivenes por los que oscilan las preferencias políticas de lxs argentinxs. No hablo de la elección de tal o cual partido para gobernar, sino de los profundos volan-tazos y cambios en los modos de acumulación y en la proyección estratégica del país. En los últimos 25 años alternamos modelos centrados en la especulación fi nanciera, con otros que hacen eje en la industrialización y el consumo interno como el que se plantea el actual presidente. Con respecto al campo exportador, durante la historia argentina reciente, co-bramos retenciones fi jas, móviles, las sacamos, las pusimos, los obligamos a liquidar las di-visas provenientes del comercio exterior en 15 días, 30, 180, y hasta durante un período, el ex presidente Macri quitó directamente cualquier tipo de plazo, de modo tal de no interferir

1 Abogado (UBA). Maestrando en Economía Política (FLACSO). Docente de “Estado y Derecho” (UBA), y de “Administración y Políticas Públicas” (UNDAV). Miembro del Centro de Estudios “Génera”.

El estadodel Estado

#AdministraciónPública | #Estado | #Burocracia

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en la acumulación de activos en el exterior por parte del sector agropecuario. El Estado, al servicio de la fuga de capitales.

La morfología de la Administración Pública, y por ende, el consecuente repar-to de competencias y atribuciones entre sus diferentes agencias y organismos, así como también su estructura burocrática y la normativa que regula su actuación, tiende a ser mucho más el resultado del proceso histórico, que producto de la plani-fi cación y la voluntad de quienes gobiernan. Pasan los años, pasan los jugadores, siem-pre quedan las instituciones y la burocracia, en el mejor y más analítico sentido del término.

Oscar Oszlak (2006)2 defi ne a la burocracia como la arena en la que se dirimen las cuestiones socialmente relevantes, y sostiene, que no se trata de un tipo ideal de organi-zación, sino el producto de lo que hace. Vista así, “su formación generalmente describe un patrón sinuoso, errático y contradictorio en el que pueden observarse rezagos de varias estrategias y programas de acción política”.

Digámoslo de una vez y sencillamente: cada gobierno promueve la creación de las áreas que considera relevantes, incorpora un determinado perfi l de agente público, y, por lo menos, plantea una determinada forma de interacción entre las diferentes áreas de go-bierno, y de la administración para con la comunidad. Pero también, la propia burocracia en cada proceso político va asumiendo nuevas tareas, dejando de realizar otras, va absor-biendo o se ve absorbida por otras áreas, establece vínculos con sectores de la sociedad civil, se capacita en un determinado sentido, etc. La necesidad de poner eso en crisis, bara-jar, y dar de nuevo, resulta especialmente relevante cuando lo que cambian no son sólo los gobiernos, sino fundamentalmente los modos de acumulación, es decir, la forma en la que los actores sociales y políticos que detentan la hegemonía política pretenden darle al funcionamiento del país en su conjunto.

Un querido profesor mío, abogado y economista, ex director del Banco Nación, me contaba lo difícil que resultaba poder evaluar proyectos de desarrollo presentados ante el banco para obtener fi nanciamiento, producto de la falta de economistas especializados en los diferentes sectores de la economía (una especie en extinción llamada “sectorialistas”). Un Estado que no pretende desempeñar ningún papel en la economía, no necesita profe-sionales especializados en por ejemplo, el sector hidrocarburífero, pesquero, del turismo, etc. Un Estado que sí pretende hacerlo, se encuentra generalmente con la limitante de no poseer esas capacidades, y, generalmente, estar en malas condiciones para disputarlas con el sector privado.

2 Oszlak, O. (2006), “Burocracia estatal: política y políticas públicas”, en POSTData Revista de Re-fl exión y Análisis Político. Vol. XI, 2006, Abr: Buenos Aires, Argentina.

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¿Qué hacemos entonces? Salimos del paso. Charles Lindblom (1959)3, profesor emérito de la Universidad de Yale, describió -mirando no nuestro Estado sino el norteam-ericano-, al proceso de creación de políticas públicas como “la ciencia de salir del paso”, sosteniendo que la forma de abordar los distintos puntos de la agenda institucional de un país, no responde tanto a una investigación y planeamiento exhaustivo por parte de las agencias públicas, sino más bien a sucesivas modifi caciones respecto de lo que ya se viene haciendo. La capacidad de respuesta de un Estado, estaría más bien enfocada sobre la base de la prueba y el error, producto, fundamentalmente, de la imposibilidad de detener el tiempo, las demandas de los actores sociales, la presión mediática, la presión de las propias agencias públicas, como para analizar y estudiar los temas encerrados en la cápsula del tiempo de Goku. Ni hablemos del costo económico de realizar encuestas, investigaciones, mediciones estadísticas, informes, y lo alejado de las posibilidades que eso supone para países en crisis como el nuestro.

Pensar al Estado desde esta perspectiva, es decir, no sólo tomando en cuenta sus ob-jetivos declarados, y los lineamientos políticos, ideológicos, y valorativos de la fuerza políti-ca en el gobierno, sino fundamentalmente sus capacidades para implementar programas de gobierno, nos permite hablar del “buen gobierno”. Una idea con la que quienes venimos de las escuelas críticas de las ciencias sociales nos cuesta empatizar. Sin embargo, resulta evidente que además de tener en claro a qué jugamos, tenemos que poder ordenar de otra forma al equipo en la cancha, si pretendemos un resultado distinto.

Las iniciativas anunciadas por el presidente van en esta dirección. La creación de un cuerpo especializado, multidisciplinario, asumiendo tareas de conducción, planifi cación, asesoramiento y coordinación sobre el conjunto de la administración pública, apunta a in-tentar mitigar los efectos negativos de la fragmentación histórica hacia dentro de la propia Administración Pública, e intentar dotar a las estructuras estatales de mayor cohesión, co-herencia, y efectividad a la hora de implementar políticas públicas.

Del mismo modo, la incorporación de jóvenes profesionales mediante el concurso como proceso de selección, permitirá abordar transversalmente el ciclo de las políticas públicas con una perspectiva o cosmovisión joven, acercando la brecha generacional en-tre los decisores de la política pública y sus destinatarios, estimulando la innovación, y la incorporación de la mirada de los nuevos emergentes sociales como el feminismo y el am-bientalismo en la defi nición de los asuntos de la agenda institucional de gobierno.

Alberto Fernández está buscando caminos nuevos. Poner científi cos donde an-tes había gerentes, mujeres donde sólo había hombres, y jóvenes con nuevas mira-das, parece ser un buen puntapié para rearmar las capacidades del Estado.

3 Lindblom, C. (1959), “The Science of Muddling Through”, Blackwell Publishing on behalf of the Ame-rican Society for Public Administration.

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Claves para interpretar la narrativa de un presidente de todxs

Por Emilia Castro Rey1

Según la Real Academia Española, la sinfonía es “un conjunto de voces, de instru-mentos, o de ambas cosas, que suenan acordes a la vez”2. En su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2020, Alberto Fernández se propuso describir la realidad del país que gobierna desde el 10 de diciembre de 2019. La pregunta central para poder continuar con el argumento de su planteo es ¿existe tal cosa como LA realidad? ¿Es una sola? ¿Se presenta dada de una vez y para siempre? ¿No es, en verdad, una construcción social, un consenso, una versión más o menos hegemónica de las cosas?

Podríamos decir que Alberto fue construyendo una idea de realidad ligada a la inter-pretación y a la construcción colectiva de una verdad acorde. Para lograrlo necesita de la cuota de verdad relativa de cada uno de los actores políticos, sociales y económicos que constituyen su base de sustentación de poder, y a la vez ir ampliándola a través de la políti-ca. Con ese norte, durante su discurso buscó comprometer a los distintos sectores repre-sentativos de la sociedad, instándolos a asumir la cuota de responsabilidad que a cada cual le toca para superar las fracturas sociales heredadas. Para ello y retomando al sociólogo alemán Max Weber, subrayó la importancia de construir una “ética de la responsabilidad”3 que permita el reconocimiento de una verdad compuesta por voces, intereses y miradas diversas. Una verdad sinfónica.

A partir de ahí fue delineando y jerarquizando prioridades y emergencias en el plano de lo material, como la “lucha contra el hambre”, el “despilfarro de los recursos naturales” o el “destierro de los sótanos de la democracia”, mientras que en el plano simbólico, reforzó valores relativos a la humildad en la escucha, al respeto a los disensos y a la sobriedad en la palabra. Desempolvó un estilo narrativo que había estado en desuso de Néstor Kirchner a esta parte.

1 Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Comunicación Política (Universidad Austral y FLACSO). Se desempeña actualmente como Subsecretaria de Comunicación Institucional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Docente UBA. Organizadora de Mujeres en Campaña.2 Real Academia Española (2020). Diccionario de la lengua española. Madrid, España. 3 Weber, M. (1982). La política como vocación. En M. Weber, Escritos Políticos II (pp. 308-364). F. Rubio Llorente (Trad.). México: Folios Ediciones. (Original alemán (1919). Politik als beruf).

La sinfoníade Alberto

#ComunicaciónPolítica | #Discurso | #Narrativas

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Con su tono mesurado y su reivindicación a la verdad como construcción relativa, Al-berto no busca negar los confl ictos ni la puja de intereses propia de cualquier orden social capitalista. Su matriz y formación peronista lo llevan a interpretar la complejidad del entramado social con un lente especial, el de los equilibrios. Sabe que la única forma de atravesar los altos “muros del rencor y del odio que desunen” a lxs argentinxs es con de-streza de equilibrista, y para eso necesita de otrxs que lo sostengan en caso de trastabillar.

Alberto habló de fracturas y muros, no de grieta. Hizo principal hincapié una y otra vez, casi con vocación docente, en la necesidad de convivir en la diferencia, de lograr sor-tear la uniformidad y las zonas del pensamiento confortable, de huir de la cámara de eco y de esquivar el sesgo confi rmatorio permanente, malos consejeros de quienes conciben a la política como forma de persuadir a otrxs diferentes para sumarlos a su empresa. No son las ideas diferentes, dijo, las que nos desunen, sino la falta de un consenso en torno a qué es lo urgente y prioritario para “salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social”.

Para generar esos consensos, es central recuperar el valor de la palabra, con actos y cumpliendo con los compromisos asumidos. La credibilidad de un gobernante, en especial luego de 4 años de una experiencia cuasi mitómana, es condición sine qua non si se busca transmitir certezas y capacidad de gestión. Macri en campaña dio su palabra respecto al mantenimiento de algunos aciertos del gobierno kirchnerista, generando expectativas que después no pudo cumplir por la propia naturaleza de su gestión de gobierno. La teoría del consultor Jaime Durán Barba sobre el carácter “efímero y transitorio”4 de lo que se dice y de lo que se hace en política en el siglo XXI, sin un sustento teórico (político y sociológico) detrás posibilita malas interpretaciones y toma de decisiones poco éticas. En ese sentido Alberto en su discurso hizo un tiro por elevación a esa concepción más ligada al market-ing que al arte de la política: “En democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir.”

V En ese intersticio, ubica el especialista en Comunicación Política, Mario Riorda, la posibilidad de nacimiento del mito de gobierno: “El Gobierno tiene un norte: la “solidaridad”, (...) quién más tiene más aporta. (...) habrá que ver cómo cada política permite darle vida a ese concepto. Si se logra, sin dudas tendremos allí el inicio de un mito de gobierno.”5

4 Durán Barba, J. y Nieto, S. (2011). El arte de ganar. Buenos Aires, Argentina: Editorial Debate.5 Riorda, M. (2020). “A todos los gobiernos les cuesta entender las redes sociales como medios para la gestión”: RedAcción.

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Por último, el carácter sinfónico no solo del mensaje sino principalmente de la gestión de gobierno albertista es piedra fi losofal y talón de Aquiles al mismo tiempo. Piedra fi loso-fal porque su estilo moderado logró rearticular actores políti-cos que presentaban objeciones con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, lo que permitió ganarle a Macri en 2015; y talón de Aquiles porque esa pluralidad/diversidad necesaria para el triunfo electoral, se puede convertir en debilidad a la hora de gobernar si termina predominando la lógica de un Estado loteado/parcelizado, en vez de un Estado estratégico y planifi cado.

Uno de los tantos desafíos de Alberto es superar ese límite y construir un gobierno con un Estado efi ciente. Un Es-tado con capacidad de diseñar la agenda de futuro que no sólo atienda las urgencias sino que además esté a la altura de los nuevos emergentes y demandas sociales. En su dis-curso dijo “no hay Estado sabio con marañas burocráticas”, tampoco lo hay con áreas de gobierno autonomizadas y sin voz de mando clara. La distancia entre lo que se narra y lo que se hace tiene que ser prudente.

Las expectativas sociales que a tres meses de su inicio tiene el Gobierno son elevadas, las certezas y el horizonte de futuro generados durante la campaña son el crédito que la sociedad invirtió en el presidente de todxs. Es por eso que se vuelve condición necesaria, en el marco de una Argentina con una situación macroeconómica precaria y un concierto regional desarticulado, la necesidad de construir consensos internos posibilitadores de políticas y respuestas concretas.

La verdad será sinfónica o no será nada.

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Por Maximiliano Andreadis1

El Nuevo Contrato de Ciudadanía Social planteado por el presidente necesita de un Estado distinto al propuesto por Mauricio Macri. Es necesaria su reconstrucción, y para esa difícil tarea, el aporte de los trabajadores y trabajadoras del Estado es de suma impor-tancia.

El gobierno de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos en sus cuatro años de gestión, no sólo despidió trabajadores y trabajadoras estatales, subejecutó el presupuesto, desarticuló programas y áreas que garantizaban el cumplimiento de derechos a millones de personas, sino que intentó construir un nuevo modelo de gestión pública, basado en el desembarco de cientos de CEOs de empresas nacionales y multinacionales en toda la Ad-ministración Pública Nacional. Experiencia inédita en nuestro país y a nivel regional.

Atento a esta situación, Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, donde trazó los lineamientos generales de su plan de gobi-erno, volvió a poner en el centro de la escena el rol del Estado, como el único instrumento capaz de proteger y garantizar los derechos de las mayorías. Generando esperanzas en quienes pretendemos que el Estado recobre la centralidad y sea protagonista de las políti-cas públicas que intenten reconstruir el país. El Estado que necesitamos debe ser capaz de direccionar el proceso económico, confi gurando el modelo productivo, incidien-do en la inversión, en la distribución y en la rentabilidad.

“Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instru-mentos de regulación. Ha habido problemas recurrentes con el mantenimiento de la infraestructura y el patrimonio del Estado” denunció Alberto Fernández ante la Asam-blea Legislativa el 1° de marzo, evidenciando la reducción del aparato estatal implemen-tada por el gobierno de Cambiemos , con el objetivo de disminuir la injerencia social del Estado en la economía y en la vida de la sociedad civil. Los primeros meses de gestión de Fernández demostraron que no sólo se busca lograr la centralidad estatal desde lo discur-sivo (sin restar importancia a esta faceta que es muy valiosa), sino que ante la demanda un Estado presente en la vida de cada argentino y argentina, la respuesta del Gobierno

1 Trabajador del Estado y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Coordinador del Área de Juventud de ATE Capital y miembro de la Fundación Germán Abdala.

Fortalecer el Estado, potenciandoa sus trabajadores y trabajadoras

#EstadoPresente | #TrabajadoresDelEstado | #FortalecerElEstado

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fue inmediata. Desde el primer día de gestión la prioridad estuvo puesta en los sectores más postergados por las políticas económicas y sociales de Mauricio Macri, que dejaron una pobreza del 40%. Con urgencia se formularon y desarrollaron políticas públicas que garanticen un plato de comida en la mesa de cada familia argentina (Plan Argentina contra el Hambre), dejando en claro que durante su gestión comer no va a ser un privilegio.

La emergencia sanitaria que atravesamos actualmente trae al Estado en su versión más intervencionista al centro del debate público. En términos económicos se interviene sobre toda la línea desde la producción a la venta, pasando por el transporte y el agregado de valor. Es más, la propuesta del presidente es valorar la salud por sobre la economía proponiendo “ganar menos” a quienes viven del rédito generado por sus negocios, según repite Alberto Fernández en cada entrevista televisiva. Claramente, siguiendo la línea de “empezar por los que menos tienen para llegar a todos”, habla específi camente a las cade-nas de producción y comercialización que absorben la gran tajada del reparto de la riqueza.

En este escenario, el Estado cuenta con dos grandes herramientas: la fuerza de seguridad para garantizar el cumplimiento de la restricción al tránsito y el orden público, y el recurso humano en salud. Este último grupo cuenta con los y las científi cas que analizan di-ariamente los test realizados en el Instituto Malbrán, con el personal profesional encargado de la atención y la organización de las tareas en los efectores públicos de salud nacionales, con administrativos/as en todo el país que garantizan el ordenamiento de la información disponible y el contacto con la población, etc.

La defi nición es clara, tal cual decía el presidente el 1° de marzo: “Somos un gobierno de científi cos, no de CEOs. Un gobierno con la convicción de que el con-ocimiento es clave para las políticas públicas y el desarrollo”, privilegiar la salud por sobre la economía, poner a los y las trabajadoras estatales como protagonistas y movilizar todos los recursos que sean necesarios para atravesar esta crisis priorizando a quienes menos tienen para llegar a todos.

En este sentido, la relación entre Alberto Fernández y los y las trabajadoras es-tatales se ve modifi cada sustancialmente. “Se lastimó la relación con los trabajadores del Estado, postergados por la llegada de supuestos gerentes de alta calidad que fueron rec-ompensados con sueldos que el resto de los empleados no recibieron”, sintetizó el presi-dente al referirse a la situación vivida en los últimos cuatro años en toda la Administración Pública Nacional, sus organismos descentralizados y las empresas estatales, a tal punto que el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, tildó a los y las estatales de “grasa mili-tante”. Fernández deberá ser capaz de motivar y movilizar a los y las trabajadoras del

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Estado para optimizar su compromiso con la defensa y gestión de lo público. Potenciando sus capacidades in-dividuales y colectivas.

Finalmente, desde ATE Capital y la Fundación Ger-mán Abdala venimos elaborando una serie de propuestas, surgidas de la experiencia de los y las trabajadoras, y marca-das por la identidad colectiva de nuestro sindicato. Y tienen como objetivo principal empoderar a los y las trabajadoras, en pos de fortalecer el Estado. Estas propuestas se resu-men en los siguientes cuatro puntos:

Regularizar la situación laboral de los y las trabajadoras estatales en el marco del empleo público. Entendiendo que es necesario superar la falta de estabilidad consagrada en la Constitución a partir de medidas excepcionales.

Reconstruir un sistema de capacitación. Consideran-do que es central para reafi rmar el proyecto del Estado que queremos, y potenciar las capacidades del mismo.

Avanzar en temas vinculados a regímenes de licencia, condiciones y medio ambiente de trabajo e inclusión laboral. Entendiendo que el marco normativo debe dar cuenta de nuevos procesos sociales y demandas.

Desarrollar un régimen democrático para la Alta Direc-ción Pública. Estableciendo mecanismos por los cuales la conducción del Estado sea un facilitador de las nuevas tar-eas y políticas y no un obstáculo.

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La importancia de apostar al desarrollo sustentable,aun en tiempos de crisis económica.

Por Agostina Mancini1

En 2017, el huracán Irma azotó varias islas del Caribe llegando hasta Florida. Impactó la zona sureste de Estados Unidos con una intensidad de 4 puntos, provocando pérdidas por 250 millones de dólares (entre preparativos y recuperación), innumerables destrozos de infraestructura y la evidencia de que el cambio climático aceleraría la expulsión de los pobres de ese Estado para convertirlo en un paraíso para ricos. Graves consecuencias, claro que sí. Sin embargo, 24 hs antes, el mismo huracán había azotado otra isla paradisía-ca, la isla Barbuda, haciéndola prácticamente desaparecer a su paso: 90% de destrucción de las estructuras, 1600 refugiados climáticos y personas que nunca más recuperaron lo que perdieron. Mismo huracán, impacto diferenciado. La vulnerabilidad de Barbuda no sólo está dada por su ubicación geográfi ca sino, por un lado, por su disponibilidad de recursos para prepararse para afrontar eventos climáticos de esta índole y por otro lado, por su capacidad de recuperación luego de los mismos. Claramente sus herramientas tanto para preparativos como para recuperación son escasas. Florida, en cambio, preparó una de las mayores evacuaciones de la historia de Estados Unidos, dispuso refugios públicos, lanzó planes de comunicación y alarma, incentivó a la población para que acopiara alimentos y protegiera sus casas. Tratando de no caer en simplismos pero sabiendo que no viene al caso realizar ahora una comparación detallada entre ambos Estados, diremos solamente que mientras Barbuda (Antigua y Barbuda) tiene un PIB anual de 1.450 millones de dólares, el de Florida ronda los 880 mil millones.

Argentina no es Isla Barbuda, además, por sus condiciones topográfi cas y geológicas está casi exenta de huracanes y terremotos, pero eso no la exime de otros fenómenos climáticos, cada vez más intensos, asociados al calentamiento global como por ejemplo inundaciones. Argentina no es Barbuda pero tampoco es Estados Unidos, e intentar iden-tifi car los factores que más contribuyen a su vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos es una buena estrategia para diseñar herramientas a fi n de disminuirla.

1 Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Cursando la Especialización en Ges-tión Ambiental del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Escribe sobre Desigualdad Ambiental en https://manciniagostina.wixsite.com/desigualdadambiental

Argentina: El desafíode un país sostenible

#CambioClimático | #DesarrolloSostenible | #JusticiaAmbiental

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Los desastres naturales puede que sean el mejor ejemplo para entender el impacto diferenciado de los fenómenos asociados al cambio climático. Han demostrado tener la capacidad de hundir en la pobreza a los países económicamente más inestables profundi-zando así la brecha entre éstos y las potencias, aumentando además la dependencia de los primeros hacia los segundos al momento de conseguir fi nanciamiento para encarar su recuperación. Pero, en términos más generales, la gran mayoría de las cuestiones ambi-entales son un espejo de las desigualdades sociales tanto entre países (ricos vs po-bres) como así también entre diferentes grupos dentro del mismo país. Me atrevería a decir que en todas las áreas que componen el gran universo de los estudios medioambien-tales podemos detectar estas desigualdades, a saber, acceso al agua potable, exposición a contaminación atmosférica, (mala) gestión de residuos, acceso a la energía, entre otras. Los grupos más afectados son siempre los grupos vulnerados (pobres, mujeres, migrantes, grupos racializados) ya que disponen de menos herramientas para afrontar los problemas que se desprenden de la sobreexposición a escenarios de contaminación. No sólo suelen estar más expuestos a estas condiciones de contaminación sino que luego encuentran mayores difi cultades para resolver los problemas generados por esta sobreexposición. Es decir, aquí no se trata de una discusión fi losófi ca sobre “cómo queremos vivir en consonancia con la naturaleza”, sino que se trata de justicia social.

En su discurso de apertura de sesiones, Alberto Fernández enumeró los principales lineamientos de su política ambiental para 2020: dejar de recibir residuos de otros países, proteger nuestros bosques, plantear acciones de mitigación ante el cambio climático, erradicar los basurales a cielo abierto, planifi car una ciudad sostenible. Todas estas medidas tienen algo en común: expresan soberanía. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano y es por esto que es el Estado el responsable de garantizarlo. Los Gobiernos de América Latina y el Caribe, como así también los de África, Asia e India tienen la responsabilidad de planifi car las características de sus propias transi-ciones ecológicas, velando por que éstas sean efi cientes pero también justas. Para lograr esto deben fi jar sus propias agendas y prioridades, sobre todo prioridades, ante el avance del cambio climático. Agendas y planes de acción que deben tener la mirada puesta en la región y no en los lineamientos internacionales fi jados por Europa, pensados para Europa. Toda ciudad dispuesta a embarcarse en una transición ecológica debería estar convencida de poder garantizar que dicha transición, como mínimo, disminuya las desigualdades que desde siempre golpean a los mismos sectores sociales.

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Cambio Climático y Desarrollo

El cambio climático tiene que ver con un fenómeno am-biental específi co pero transversal: el calentamiento global. Este calentamiento empeora con la presencia en la atmós-fera de ciertos gases generados por actividades humanas. Si bien el fenómeno es necesario (si no existiera, la Tierra ten-dría una T de -18°C ), el problema es que se encuentra muy exacerbado. La presencia de estos gases de efecto inverna-dero (GEI) impide que parte de la radiación solar que entra a la atmósfera sea liberada nuevamente al espacio y de ahí el “efecto invernadero”. Los principales GEI y sus actividades asociadas son: CO2 quema de combustibles fósiles- CH4 -fertilizantes , rellenos sanitarios- N2O -vehículos- CFC- PFC industrias-.

No es difícil entender por qué las cuestiones ligadas al cambio climático van tan de la mano con las cuestiones asociadas al desarrollo de un país: transporte, energía, ag-ricultura. Tampoco es difícil entender que quienes más con-tribuyen a la emisión de estos gases, por ende al avance del calentamiento global, son los países ricos debido a sus enormes niveles de producción y consumo pero, como ya dijimos, quienes padecen sus consecuencias son los países pobres.

Ahora, si nos ponemos a pensar quiénes defi nen la agenda climática mundial, notamos rápidamente que los mismos países que contaminan el planeta son los que es-tablecen cómo hay que decontaminarlo. Y ahí es donde comienzan a surgir las contradicciones. Muchos estarán de acuerdo en que la estrategia para poder cumplir con una ob-ligación de disminución de emisiones de metano y dióxido de carbono no va a ser la misma en París que en Buenos Aires, en Río de Janeiro, o en Londres. Es por esto que me parece fundamental que antes de apresurarnos a asum-ir los mismos compromisos en cuanto a emisiones que Berlín, tenemos que empezar por detectar nuestras pro-pias necesidades y prioridades ambientales para poder fi jar nuestros propios planes ambientales. Los nuestros. Los de nuestra región, los de países no ricos.

Existe un mito que ha sido muy efectivo para las grandes

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potencias que consiste en hacer creer que lo países pobres no se ocupan de la cuestión ambiental, y que son los menos “sostenibles”. Nada más alejado de la realidad. Muchos países en contexto de crisis económica posiblemente estén más preocupados que el resto por las cuestiones climáticas, por un lado, porque poco contribuyeron a un fenómeno del cual van a tener que soportar las crudas consecuencias y por otro lado, porque saben que llevan las de perder en muchos aspectos. ¿Puede un país endeudado planifi car el pago de su deuda y diseñar un plan ambiental efectivo al mismo tiempo? Claro que si. Ocuparse de las cuestiones ambientales no implica descuidar otras áreas sociales primordiales. La lu-cha contra el cambio climático consiste en establecer formas más efi cientes de producción. Invita a animarse a encarar el desafío de pensar un desarrollo sostenible, como su nombre lo indica, un desarrollo que se sostenga en el tiempo.

Pensar las cuestiones ambientales desde una perspectiva social y política, darle prioridad en la agenda, aun así (y hasta diría sobre todo) en países endeudados es una inversión a futuro, es proteger a quienes más lo necesitan, es luchar contra las desigual-dades.

Escuchar al presidente de Argentina en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso, en una de las crisis más terribles que está viviendo el país en los últimos años, invitando a pensar en “un país medioambientalmente sustentable” es esperanzador e indi-ca su capacidad de discernir las cuestiones que se han vuelto impostergables.

No tengo dudas de que existen muchos profesionales en Argentina y en la región a la altura de las circunstancias para encarar este desafío, sólo es cuestión de estar dispuestos a construir a largo plazo. Creo que por ahí vamos.

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Por Ezequiel Pérez1

Primero lo primero

Se ha escrito mucho sobre la ética del mundo privado y la ética del mundo público como una contraposición de prioridades: las ganancias para el primero, las personas para el segundo. Sin embargo, hay bordes o límites que por obsecuencia o convicción unen estas dos esferas. El principal de ellos es el hambre. Nadie puede, o no se atreve, a no priorizar el hambre cuando se convierte en política de Estado.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Alberto Fernández enfatizó en la priorización del hambre como una política de su gobierno “porque comer no puede ser un privilegio”. El aumento del desempleo, los niveles de infl ación récord en un contexto de recesión profunda, la pérdida del poder adquisitivo del salario y desmantelamiento del teji-do industrial, entre otras causas, han socavado tan hondo que incluso el acceso al alimento es un problema sin solución para miles de familias en nuestro país. Uno de los grupos más lastimados de esta cadena, producto de su indefensión y su fragilidad ha sido la infancia. Según un informe de la Universidad Católica Argentina, el riesgo alimentario en la infancia se incrementó en el período interanual, 2017-2018, en un 35%. La proporción de niños/as en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos, se estima que en 2018 alcanzó al 29,3%, y de modo directo a través de la experiencia del hambre al 13%. Ambas cifras son las más elevadas de la década2.

1 Docente de Nivel Inicial (ISPEI Sara Eccleston). Estudiante de Derecho (UBA). Participa de grupos de investigación varios sobre niñez y adolescencia. 2 Tuñón, Ianina (2019): INFANCIA(S). Progresos y retrocesos en clave de desigualdad. Documento estadístico. Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie Agenda para la Equidad (2017-2025). Buenos Aires. Edición para Fundación Universidad Católica Argentina.

Infanciaal cubo

#InversiónInfancia | #MúltipleImpacto | #PresenteYFuturo

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Múltiple Impacto

¿Es posible que un niño o una niña muera por desnutrición o, como dice el informe, atraviese la experiencia del hambre en nuestro país? Aunque duela, sí.

El Estado destina recursos para niños y niñas no sólo mediante asignaciones es-pecífi cas. Existe un impacto sobre esta población, cada vez que el Estado invierte sobre grupos vulnerables. Del mismo modo, los recursos que el Estado destina a infancia tienen múltiple impacto, ya que actúan sobre los niños y niñas en particular, pero también sobre los adultos y las familias en general.

En este sentido, a la hora de estudiar la Inversión en Primera Infancia, se considera como “Gasto Ampliado (GA)” a aquella inversión pública dirigida a grupos poblacionales más amplios de los cuales las niños y niñas en primera infancia forman parte (por ejem-plo, programas de atención a grupos vulnerables, acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población –agua potable y alcantarillado, saneamiento, acceso a vivienda–, etc.). Esto representa el 50% de la Inversión Social en Primera Infancia (ISPI) lo cual genera impacto en el centro de vida de cada uno de los niños y niñas benefi ciarios de dicha inversión (Ministerio de Hacienda, 2017)3. Esto signifi ca que la franja etaria de la primera infancia recibe erogaciones estatales divididas por un lado en benefi cios que podríamos llamar directos a través del gasto estatal específi co (GE), indirecto (GI) y a gas-tos no específi cos de la primera infancia (destinados al grupo de cero a diecisiete años) que repercuten indirectamente en su derredor más estrecho y benefi cios indirectos, gasto ampliado (GA), pero absolutamente imprescindibles en tanto impactan sobre aquellos y aquellas que se encargan de su crianza y de sus necesidades esenciales.

Del mismo modo, la inversión en infancia genera un impacto para todo el grupo famil-iar. Pensemos en, por ejemplo, que una vacuna signifi ca una enfermedad que no circula por la casa.Una vacante en una escuela pública es la posibilidad de que aquellos que crían a esos infantes puedan ir a trabajar y no tengan que quedarse en casa con los niños y las niñas. Una adecuada nutrición y condiciones dignas de higiene serán las plataformas sólidas que les permitan a les niñes disfrutar de una infancia saludable poniendo todo su potencial en aprender y jugar con otros y otras.

Otro punto importante en este efecto multiplicador de la inversión en infancia está vinculado a la erradicación del trabajo infantil, una preocupación creciente para las distintas organizaciones que vienen investigando sobre infancia. En el año 2006, el Ministerio de Trabajo, junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizaron una encuesta en todo el territorio de nuestra na-ción arrojando información central sobre esta temática. Entre los datos más relevantes se

3 Ministerio de Hacienda (2017), “la inversión social dirigida a la primer infancia en Argentina”, dispo-nible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi les/inversion_social_dirigida_a_la_primera_infancia_en_argentina_2016-2017.pdf

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observó que uno de cada cinco niños que trabajan (más de cien mil niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 13 años) superan las 10 horas semanales de trabajo en distintos ámbitos. Erradicar el trabajo infantil es una tarea que se vienen dando los distintos Estados desde hace más de tres decenios. Sin embargo, y en línea con el múltiple impacto de la inversión en políticas públicas sobre la infancia, se desprende que entre los factores que expli-can el trabajo infantil en Argentina se encuentran la asistencia a la escuela como un factor fundamental, pero adquiere notoria rel-evancia las condiciones socioeconómicas y educativas del hogar del niño y la niña.

Infantilización de la pobreza

Así como el efecto de la inversión en infancia es multi-plicador en diversos aspectos, cuando la situación general del país se deteriora, los niveles de pobreza más elevados en la infancia que en la población en general. Según un informe realizado por CIP+PEC4, en los primeros tres meses del 2018, el 39,4% de los niños y adolescentes menores de 18 años en aglomerados urbanos vivían en situación de pobreza, siendo este porcentaje prácticamente el doble (20,5%) que lo referido a la po-blación de 18 años o más. En relación a la indigencia sucede algo similar: mientras que para la población mayor de 18 años el por-centaje es de 3,8%, para los menores de esa edad es de 8,1%.

Revertir este proceso requerirá de un cambio rotundo en cuanto a la importancia central de la inversión en la infancia en nuestras sociedades. Se trata de procesos multidimensionales que precisarán de estrategias a largo plazo para que la infancia se transforme en prioridad de Estado. El siguiente cuadro real-izado por Fernando Filgueira5 es una muestra gráfi ca del planteo con el que se comenzó este documento: la inversión en infancia genera múltiple impacto.

4 Díaz Langou, G., Florito, J. y Karczmarczyk, M. (octubre de 2018). Garanti-zar la inversión en infancia y adolescencia: una prioridad en tiempo de crisis. Documento de Políticas Públicas / Recomendación No209. Buenos Aires: CIP-PEC5 Gráfi co extraído del seminario virtual titulado ‘Estado de protección social de la infancia y la adolescencia en América Latina y el Caribe’, desarrollado el 5 de septiembre de 2019, organizado por la Ofi cina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (LACRO)

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Conclusiones

Para concluir con una visión optimista del tiempo que nos corre, la inversión en infan-cia en Argentina ha ido en aumento desde mediados de la década del noventa a esta parte. Sin embargo muchas veces ha sido la primera en sufrir recortes o ha sido una inversión parcial o desintegrada de las múltiples variables que se necesitan para que efectivamente mejore la vida de nuestres niñes y sus derechos sean respetados, y sobre todo ejercidos. El debate que quise confi gurar en este texto tiene que ver con la posibilidad de gen-erar políticas públicas que generen mejores condiciones de existencia en la infancia, siendo estas la punta de lanza para generar condiciones dignas en los centros de vida de cada uno de los niños y niñas de nuestro país.

La inversión en protección social y niñez tiene sentido tanto desde el punto de vista económico como del desarrollo humano. Los efectos demostrados de la protección social en el desarrollo de los niños y niñas duran mucho más allá de la infancia, aumentando la productividad del adulto, disminuyendo la carga de las pérdidas de desarrollo humano y contribuyendo a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.6

La inversión social en primera infancia es una necesidad, un desafío y una posib-ilidad estratégica para pensar qué país queremos para los próximos dos decenios.

6 Estado de situación de la niñez y la adolescencia en Argentina, UNICEF. Argentina, 2016

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Por Pilar Unsain y Mauro Martínez1

La exposición del presidente ubica a la política exterior como la contracara de un “proyecto nacional de desarrollo integral”.

En su primera apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández expuso los lineamientos estratégicos para las distintas áreas de gobierno durante su mandato, entre ellas la política exterior. Aun coyunturalmente orientada a la renegociación de la deuda, la exposición del presidente ubica a la política exterior como la contracara de un “proyecto na-cional de desarrollo integral” más amplio. Busca articular los recursos, capacidades y vol-untades a través de una lógica de cooperación y concertación, estableciendo prioridades estratégicas que permitan trascender la lógica pendular de los modelos de desarrollo en Argentina.

Modelo de desarrollo y economía internacional

Argentina posee numerosos y variados recursos naturales, un desarrollo industri-al intermedio y capacidades en distintos sectores de alta tecnología, aun cuando estén actualmente subutilizadas. El modelo de desarrollo propuesto por el presidente aspira a la agregación de valor sobre los recursos naturales para la exportación, principalmente petróleo, gas, minería metalífera y litio, a partir del fortalecimiento de la industria nacional de tipo PyME y el desarrollo de tecnología en conjunto con el sistema científi co nacional.

Esta política se inserta un contexto económico internacional desafi ante. Se considera inminente una recesión económica mundial, profundizada por la pandemia del COVID-19, la disputa por el precio del petróleo y la guerra comercial entre China y Estados Unidos

1 Este artículo fue redactado en base a las conclusiones colectivas obtenidas en la 1° Jornada de Capacita-ción y Debate de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior de la participan am-bos autores. Pilar Unsain es Licenciada en Ciencia Política (UNVM- Córdoba). Mauro Martínez es Licenciado en Ciencia Política (UBA).

Lineamientos para unapolítica exterior soberana

#PolíticaExteriorSoberana | #Autonomía | #MalvinasArgentinas

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(EE.UU). Esta última puede abrir oportunidades comerciales, pero a la vez acarrea un im-pacto negativo en la actividad económica global. Argentina no está ajena a desafíos que enfrentan todos los países, tales como la crisis ambiental y la necesidad de una transición ecológica, y las nuevas tecnologías que plantean interrogantes sobre el futuro del empleo y la producción. En lo fi nanciero, el desafío está dado por el mayor peso relativo de fon-dos de inversión privados y nuevas tecnologías aplicadas al movimiento internacional de capitales, como algoritmos de inversión y criptomonedas, que requieren de capacidades de las cuales los Estados no siempre disponen. A nivel regional, la relación con Brasil y el MERCOSUR plantea una incógnita sobre cómo se confi gurará el escenario regional, espe-cialmente con relación al acuerdo con la Unión Europea (UE), de cuyo destino condiciona la posibilidad de construir los cimientos de un modelo de desarrollo alternativo.

Sin duda, estos tiempos exigen instancias institucionales fuertes de articulación colec-tiva y un despliegue sin precedentes de capacidades estatales. En este sentido, la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino (CESDA) como instancia para planear políticas de Estado en materia de desarrollo y la creación del Programa de Innova-dores de Gobierno resultan destacablemente oportunas.

Malvinas, Atlántico Sur y Antártida: una cuestión de soberanía

Con respecto a la soberanía territorial, específi camente sobre el Atlántico Sur, el Go-bierno anunció la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes, un proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental y la modifi cación del Régimen Federal Pesquero, para endurecer las sanciones a la pesca ilegal.

El involucramiento de los actores interesados para desarrollar estrategias con alto nivel de aval político y social es una interesante forma de innovación política frente a la necesidad de trascender la lógica pendular aplicada a la cuestión Malvinas desde la guerra, en donde la alternancia de una política de paraguas de soberanía y otra de máxima presión ha llevado a un estancamiento de la situación en favor de los isleños.

Con respecto a la demarcación de la plataforma continental, el objetivo es el de in-crementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones de exploración y ex-

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plotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias, a su vez contribuyendo a consolidar los derechos de soberanía. Esta ley es consecuencia del trabajo realizado por más de dos décadas a través de la la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plata-forma Continental (COPLA), que derivó en el reconocimiento de los derechos argentinos por la ONU en 2016-17. Además el presidente anunció la modifi cación del régimen federal pesquero, para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente dentro y en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Con todo, los desafíos en el Atlántico Sur van más allá del reconocimiento de Estados y organismos internacionales, comprendiendo también la presencia y el control efectivos del territorio, y el aprovechamiento de sus recursos.

El destino de las políticas propuestas dependerá tanto del marco normativo, la ar-ticulación interinstitucional y las capacidades materiales disponibles para el control y la sanción, como también de una serie de condicionantes provenientes del sistema interna-cional. Entre ellos, el devenir de la disputa hegemónica entre EE.UU. y China, con momen-tos de tensión y distensión que afectan el margen de maniobra en términos económicos, de acceso a tecnologías y de apoyo político, el reposicionamiento internacional del Reino Unido a partir del Brexit, el declive del multilateralismo como instancia preferencial para la coordinación internacional e incluso el cambio climático.

Además, las políticas destinadas al Atlántico Sur necesitan un correlato con el con-tinente antártico. El cambio climático convierte a la Antártida en un espacio de suma im-portancia estratégica actual y futura. Si bien el confl icto se encuentra “congelado” por el Sistema del Tratado Antártico, la crisis del multilateralismo también acecha a este sistema de gobernanza. En este sentido, Argentina sólo puede defender sus intereses aumentando sus capacidades logísticas y de investigación científi ca, incluyendo a la Antártida dentro de una estrategia de desarrollo que sea coherente con la que se proponga para el Atlántico Sur.

Ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice

La frase citada por el presidente en su discurso de asunción resulta útil para ilustrar la relevancia de la política regional para la protección de los intereses y la realización de los objetivos nacionales de los países, ya que es allí donde los vínculos políticos, económicos y culturales tienen mayor densidad.

Actualmente, el escenario regional presenta desafíos en materia de estabilidad políti-ca, institucionalidad democrática y crecimiento económico. Entre los primeros, se destacan los casos de los estallidos sociales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Entre los segun-dos, especialmente Bolivia y Venezuela, a la inestabilidad política se suma la crisis de la institucionalidad democrática. Además, el Brasil de Bolsonaro muestra un cambio en sus prioridades estratégicas frente al sistema de seguridad y los mecanismos de integración

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regional. A la situación de cada país, que puede afectar las relaciones bilaterales, se suma la debilidad de las instancias de cooperación y resolución de confl ictos, principalmente en períodos de divergencia ideológica. Sin embargo, los desafíos que motivan la integración subsisten: preservar el continente como zona de paz, eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, subsanar los desequilibrios en el desarrollo territorial y la descon-exión, fortalecer las instituciones y la defender los inter-eses comunes frente al resto del mundo. En ese sentido, el discurso presidencial muestra una voluntad de reducir la incertidumbre en la región, como condición para un proyecto de desarrollo nacional y regional.

Para el MERCOSUR, el Gobierno plantea for-talecer una integración “en materia productiva, de ga-rantía de inversiones, de compras públicas, de mejora de trámites aduaneros, de armonización de estándares laborales, sanitarios, ambientales y sociales”, y la inte-gración social, productiva y democrática del bloque con otros países. A nivel latinoamericano, el presidente ex-presó un compromiso con la integración y el fortalec-imiento de la institucionalidad democrática. Asimismo, trazó un horizonte para la concertación y fortalecimiento de las posiciones regionales en el escenario internacio-nal. Esta postura va en línea con el reconocimiento de la necesidad de la integración regional como forma de inserción en el mundo, la cual, aun con importantes dif-erencias entre una experiencia y otra, ha estado muy presente en la política exterior argentina durante su his-toria reciente.

Tierra de amistad y relaciones maduras con todos los países

Por fuera de la región, el presidente habló de “avan-zar con una agenda sin exclusiones en la que avance-mos en esquemas de asociación con países desarrolla-dos, con países emergentes y con países en desarrollo” e hizo alusión directa a la relación con China y Rusia, aunque también mencionó a “potencias de América y

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Europa”. Hasta ahora, las acciones del Gobierno muestran apertura en el relacionamiento con terceros Estados, con visitas presidenciales u ofi ciales a Israel, España, Francia, Italia, Alemania, Brasil y México y diversos intercambios diplomáticos con Chile, Venezuela, Esta-dos Unidos, China y Rusia. Asimismo, se destacan las buenas relaciones con el Vaticano.

Si bien el contexto es oportuno para apostar a una reconfi guración estratégica propia, explotando las ventanas de oportunidad que se abren con el fi n de la unipolaridad, subsiste el riesgo de acabar insertos en dependencias múltiples, sobre todo en un momento de alta vulnerabilidad como la crisis de endeudamiento externo que atraviesa el país. Consciente de esto, el Gobierno se muestra razonable, buscando mantener relaciones equilibradas, protegiendo intereses vitales y evitando confrontaciones estériles, de tal manera que pueda atravesarse la coyuntura actual y aprovechar los movimientos en el sistema internacional para encauzar un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo.

Sumado a eso, hay fenómenos globales como el cambio climático, pandemias, cri-sis fi nancieras globales, terrorismo, crimen organizado transnacional y la proliferación de armas, que impactan negativamente en el desarrollo nacional y amenazan la seguridad in-ternacional. En este sentido, la diplomacia argentina tiene cierto espacio de maniobra para buscar consensos orientados al rediseño y reimpulso del multilateralismo, principalmente a partir de la articulación que puede lograr con países de la región, el Sur Global y países europeos con los que comparte vínculos políticos, económicos y culturales históricos.

A modo de conclusión

Sin duda, las posibilidades de avanzar hacia el modelo de desarrollo que se propone alcanzar el gobierno Fernández estarán condicionadas por relaciones de fuerza por fuera de las determinaciones que pueda tomar como presidente de la Argentina, crecientemente a medida que se va hacia una escala global. Sin embargo, si entendemos a la política como el arte de lo posible, comprenderemos también que el Gobierno tiene la histórica posibil-idad de convertirse en un artista que use sus herramientas con creatividad e inteligencia para aprovechar las oportunidades que el mundo presenta.

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Las particularidades de un contexto regional adverso fl anquean a la política regional y de integración del gobierno de Alberto Fernández, que busca consolidar la región como espacio de pertenencia frente a

los desplantes del gobierno de Bolsonaro y las políticas heredadas de la administración de Macri.

Juan Ignacio Peña1

Una integración regional inteligente y multifacética es condición sine qua non para profundizar los lazos que unen a los pueblos. Permite la complementariedad del intercambio de mercaderías de forma sensata y según las necesidades de los Estados, aumenta las posibilidades de cooperación, permite la difusión de cono-cimiento técnico, borra barreras culturales, cementa lazos y limita confl ictos. Una integración bien entendida permite a los Estados mitigar riesgos y aumentar réditos. Es una herramienta que se vuelve una necesidad para generar certezas en un mo-mento histórico donde prima la incertidumbre.

En su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández retomó el capítulo de la integración afi rmando que, desde su gobierno, “nuestra vocación es fortalecer una integración regional y global que a su vez sea una integración social, productiva y democrática de nuestros países”2. Una integración social, productiva y democrática es una integración tanto más fuerte como más presente. Abarca rever los preceptos aceptados sobre cómo llevar a cabo el proceso tanto como la actitud de sus miembros frente a este. Esta acepción de integración a la que remite el presidente cuando afi rma que “La integración bien entendida comienza por el hogar común” nos invita a pensar cómo funcionan los procesos actuales de integración en la región y cómo enten-demos nuestra relación, desde la Argentina, con la región en la que estamos.

1 Licenciado en Ciencia Política (UBA), Maestrando en Política y Economía Internacionales (UDESA), Secretario General y Coordinador de la comisión de Desarrollo económico, fi nanzas y comercio internacional de la Fundación Meridiano.2 Discurso de Apertura de Sesiones frente a la Asamblea Legislativa pronunciado por el Presidente de La Nación, Alberto Fernández.

La integración regionaly sus desafíos

#Integración #MERCOSUR #Desarrollo

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Sin perjuicio de lo afi rmado, el desafío de poder llevar a cabo esta tarea surge en un momento sensible, tanto económica como socialmente para nuestro país, por lo que los procesos ya instituidos son de vital importancia. En específi co, el proceso por el cual se lleva a cabo esta integración en nuestra región y al cual el presidente hizo referencia en su discurso es el MERCOSUR.

El MERCOSUR es, desde su incepción y por diseño, una unión aduanera para la for-mación de un mercado común. Busca profundizar los lazos comerciales entre sus Estados miembros, así como generar espacios de desarrollo en común. Por lo tanto, su objetivo principal es “propiciar un espacio común que generará oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al merca-do internacional”3 Funciona, como tal, en tanto agregación de capacidades y su formato reforzó los vínculos entre sus economías más importantes: Argentina y Brasil. Su carácter de unión aduanera implica un prisma de la integración desde la economía. Esto conlleva libre circulación de bienes y servicios entre los países, establecimiento de aranceles co-munes, políticas conjuntas con respecto a los capítulos comerciales con otros actores y coordinación de políticas económicas entre los Estados. El cumplimiento de estos objetivos secundarios, en especial el de la coordinación de la política económica, está sujeto a la voluntad de los líderes de Estado de utilizar la herramienta bien de forma de profundizar la integración e ir hacia un esquema más amplio, o bien de limitar su carácter.

Las complejidades de nuestra región, tanto en cuanto a sus vastas distancias como en el bajo grado de desarrollo económico, fi nanciero y tecnológico de los miembros del bloque, generan difi cultades para llevar a cabo políticas conjuntas. En este sentido, la con-strucción de consensos de largo plazo sobre políticas de integración es vital. Con respecto a esto, Alberto afi rmó que “Queremos también que el MERCOSUR mire hacia sus propios integrantes y sus propios pueblos. Y que profundice una integración dinámica de su estruc-tura en materia productiva, de garantía de inversiones, de compras públicas, de mejora de trámites aduaneros, de armonización de estándares laborales, sanitarios, ambientales y sociales”4.

3 Web Ofi cial del MERCOSUR “Quienes Somos” https://www.mercosur.int/4 Discurso de Apertura de Sesiones frente a la Asamblea Legislativa pronunciado por el Presidente de La Nación, Alberto Fernández.

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Las afi rmaciones del presidente sobre un MERCOSUR que haga un especial énfasis en la relación con sus miembros y pro-fundice su integración contrastan con la lógica que caracterizó a su predecesor, Mauricio Macri, así como también al presiden-te de Brasil, Jair Bolsonaro. Mientras que el gobierno de Macri priorizo el desarrollo de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea en detrimento de una profun-dización del mercado común en la región, el gobierno de Bolson-aro tiene una postura todavía más radical, con su propuesta de bajar el Arancel Externo Común (AEC) a la mitad. Esto implicaría un debilitamiento de las barreras arancelarias del mercado re-gional frente a productos externos, lo que sería perjudicial para la actividad comercial e industrial de nuestro país, en especial con respecto a sectores protegidos de la industria liviana e in-dustrias estratégicas.

Estos desarrollos: una visión más laxa del mercado común y un Brasil que mira hacia afuera, son dos grandes difi cultades estructurales para la profundización de la integración y para cual-quier proyecto de país que tenga sus raíces en la región. Por eso es de vital importancia fomentar espacios de entendimiento con Brasil, para poder buscar intereses comunes y generar políti-cas de integración que favorezcan el desarrollo de la región, así como intentar cementar los protocolos vigentes.

Los desafíos que se le presentan al gobierno del presiden-te Fernández en cuanto a integración requieren de un liderazgo fuerte y preciso, que busque consensos y profundice la inte-gración en pos de una región más fuerte y desarrollada.

Referencias bibliográfi cas:

- Página web ofi cial del MERCOSUR https://www.mercosur.int/

- Resumen informativo del acuerdo UE – MERCOSUR elabora-do por la cancillería argentina https://www.cancilleria.gob.ar/us-erfi les/prensa/resumen_acuerdo_mcs-ue_elaborado_por_gobi-erno_argentino.pdf

- Nota periodística “Brasil busca acelerar la apertura y propone bajar aranceles al MERCOSUR” https://www.clarin.com/econo-mia/economia/brasil-busca-acelerar-apertura-propone-ba-jar-aranceles-mercosur_0_IdU99khL.html |

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La Ley de aborto se plantea desde una perspectiva de género. Es con todes como categoría irreductible, susceptible de ese derecho. Asistimos como generación a un nuevo paradigma, en donde por primera vez el Estado

acompaña y escucha.

Por Manuela Mendez, Gabriela Maiarú y Victoria Albornoz Saroff 1

“En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la voluntad de sus miembros a dis-poner libremente de sus cuerpos.” Con esa frase, el 1ro de marzo en la apertura de ses-iones, el presidente Alberto Fernández aludía al tan ansiado compromiso de promover la legalización del aborto en todo el territorio nacional.

Si repasamos una cronología jurídica sobre este histórico debate, nos remontamos al año 1886 con la sanción del primer Código Penal, donde se establece la penalización del aborto en todos los casos y sin excepción, castigando a quien lo practique y a quien coopere, con la pena de prisión. Posteriormente, con la primera reforma del Código en 1903, se establece la primera salvedad en donde los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. Años después, en 1921, con la segunda reforma se instaura la no punibilidad en los siguientes casos: i) evitar un peligro para la vida o la salud de la mu-jer, ii) cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer “idiota o demente”.

Durante la dictadura militar de 1968 mediante el Decreto Ley Nº 17.567, la no penal-ización se instituye si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave o en cualquier caso de violación, siempre que éste estuviera judicializado, y con el consentimiento de un representante legal si la mujer fuera menor, idiota o demente. En 1973, con la recuperación de la democracia por parte del gobierno peronista de Héctor Cámpora, las modifi caciones de los Gobiernos de facto fueron dejadas sin efecto a través de la sanción de la Ley Nº 20.509.

1 Manuela Mendez es actriz, directora, docente e investigadora.Gabriela Maiarú es actriz, directora y poeta.Victoria Albornoz Saroff , es agente de prensa, gestora e investigadora cultural.

Legalización del aborto:un horizonte de encuentro

#Aborto | #DerechosHumanos | #EsConTodes

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Sin embargo, durante la dictadura cívico-militar-clerical de 1976, en la cual se instauró un régimen sistemático de violación de los Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas y la apropiación de niñes y bebés, el Gobierno de facto sanciona el Decreto Ley Nº 21.338. La medida hace dar marcha atrás la avanzada de derechos obtenidos en democracia y vuelve a incorporar las reformas del Decreto Ley Nº 17.567 sancionado en 1968.

Con la vuelta a la democracia, en 1984 se sanciona la Ley Nº 23.077, que resta-blece los casos de no punibilidad actuales. Luego, en el año 2012, la Corte Suprema, con el impulso de la jueza Carmen Argibay, enuncia el fallo “F.A.L” que da precisiones sobre el aborto no punible en casos de violación y resuelve que las mujeres que hayan sufrido tales ultrajes, independientemente de sus facultades mentales, pueden acceder al aborto con sólo realizar una declaración jurada del delito, y sin la necesidad de una autorización judicial. Este fallo, además, exime de penalidades a les profesionales que practiquen su intervención. Durante ese período, en septiembre de 2012, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó con 30 votos a favor y 29 en contra una Ley que reg-ulaba el acceso al aborto en la ciudad porteña, contemplando la objeción de conciencia individual para profesionales. Dicha normativa fue vetada por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Por su parte, en el plano nacional, durante el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró el protocolo para la atención integral a personas con derecho a la Interrup-ción Legal del Embarazo, ILE. Pese a esto, sólo 8 de las 24 provincias cuentan con este tipo de protocolos y no existen estrategias desde ninguno de los estamentos del Estado que realmente garanticen el acceso.

Cabe destacar que desde el año 2007 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene presentando proyectos de ley. Recién en 2018 el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados para ser tratado. Y en una vigilia histórica donde un millón y medio de personas esperábamos en las inmediaciones del Congreso, el 14 de junio de ese año obtuvo la media sanción con 129 votos a favor, 125 en contra y una ab-stención. Dicho proyecto contemplaba la objeción de conciencia individual y penalidades bajas, pero en ningún caso la objeción de conciencia institucional. Lo que implica que si une profesional objeta realizar la intervención, la institución debe brindar la opción de re-alizar la práctica con otre profesional. Posteriormente, el 8 de agosto cuando el tratamiento pasa a Cámara de Senadores, tras una maratónica sesión, el proyecto no fue aprobado. A principios de este año 2020 y con más de 14 años en acción, la Campaña presentó por 9° vez un nuevo proyecto.

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“Nuestra causa ya no es sólo la búsqueda de nuestros famil-iares sino también la conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del cuerpo, a las minorías de opción sexual, religiosas y culturales” le dice Norita Cortiñas a Mabel Bellucci en el ensayo “El Movimiento de Madres de Plaza de Mayo”.

Sin dudas, que sea el presidente quien presenta el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, arma hacia adentro del movimiento de los feminismos celebración en muches de no-sotres y también algunas tensiones. Entendemos que las dispu-tas se dan sobre el campo simbólico más que sobre el aspecto técnico de la cuestión, porque todavía desconocemos el proyecto elaborado por el ofi cialismo.

En la memoria de las luchas por la conquista de derechos que porta nuestro país, el caso quizás más emblemático equi-parable ha sido la posición del gobierno de Néstor Kirchner en lo que respecta a lesa humanidad. La importancia en términos jurídicos de que las políticas de Estado se hayan alineado a los reclamos populares permitió una serie de avances contundentes en cuanto a acciones por la memoria, la verdad y la justicia.

Kirchner generó, a partir de su llegada al Gobierno, consen-so en sectores de la población que no necesariamente lo con-ocían o simpatizaban. Uno de esos consensos fue el de los Dere-chos Humanos e implicó la incorporación de un sector de Madres y Abuelas a la gestión de gobierno. Esto, ya sabemos, generó adhesiones y críticas que fueron produciendo paulatinamente, diferentes tomas de posiciones que se expresan de modo gráfi co en las ya instituidas dos marchas del 24 de marzo.

Podría establecerse así, un paralelismo entre la incorpo-ración de los ejes de Derechos Humanos al proceso político en el inicio del gobierno de Néstor, y lo que, en función de las medi-das de gobierno y el discurso de apertura de sesiones, podemos dilucidar del discurso de Alberto. Se trataría de la incorporación de políticas de género y el movimiento de mujeres y disidencias. El presidente retoma un diálogo con la sociedad que estaba au-sente.

Así como los reclamos por los crímenes de Estado de la últi-ma dictadura cívico-militar-clerical han transversalizado los mov-imientos y partidos, el debate por el derecho a decidir sobre los cuerpos propios de las mujeres y personas gestantes ha hecho lo

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propio, alcanzando incluso sectores inimaginables.

Las construcciones y acuerdos que han llevado a las mujeres y disidencias al centro de las demandas políticas en los últimos cinco años, han permitido la solidez y durabilidad del movimiento y se deben, en gran medida, a la posibilidad de encontrarse en las dif-erencias.

A su vez, entendemos que la posibilidad de que la ley se apruebe radica en las in-stancias de negociaciones entre el presidente con su bloque y con el resto de las fuerzas políticas, como una dimensión diferente de la esfera del movimiento feminista. Ahora bien, el aprendizaje que nos deja esta lucha es que, en el caso de que se apruebe esta ley, para que no sea letra muerta, sigue siendo imprescindible la participación activa y en la calle de todos los sectores.

Esas experiencias, construidas desde una multiplicidad de posturas, se afi rman en las lógicas de intersección que han sido claves para que el reclamo por la ley encuentre horizonte en las políticas públicas, sin por ello disolver la discusión. Se trata de procesos que enriquecen todos los ámbitos donde el feminismo se ha transversalizado. Plantamos un piso por la igualdad y a favor de la multiplicación de oportunidades, del que ya no po-demos volver atrás.

Hablar de aborto es hablar de recorrido transitado, de lucha conjunta, de lugar úni-co donde convergen todas las tendencias del feminismo (Bellucci, 2014). Es desde este marco (la marea verde) que miramos el camino transitado a través de los años hasta hoy. Entendiendo la lucha por la autonomía sobre el propio cuerpo y los propios deseos. Es esto verdaderamente lo que está en juego: el cuerpo y el deseo de todas las identidades que pueden atravesar la situación de abortar. Mujeres cis heterosexuales, lesbianas, varones trans, no binaries. Una lucha que traspasa fronteras identitarias. Confi nes que traspasaron los límites invisibles del Estado. Si antes éramos “mujeres, idiotas o dementes” sujetos de protección, hoy,

La posibilidad de conquistar este derecho nos incumbe a toda una sociedad atravesa-da por el capitalismo patriarcal, sin distinción y con todas las diversidades que queramos.

Asistimos como generación a un nuevo paradigma, en donde por primera vez el Esta-do acompaña y escucha. Entonces más que nunca sigamos empujando las calles, sabién-donos protagonistas de un momento histórico escrito con nuestras cuerpas.

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Referencias bibliográfi cas:

- Bellucci, Mabel. Historia de una desobediencia: aborto y feminismo. - 1a ed. - CABA: Cap-ital Intelectual, 2014.

- Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. (2020)

- Sección Quienes somos; Sección Proyecto de Ley. Consultado el 14/3/2020, recuperado en: http://www.abortolegal.com.ar/

- Código Penal Argentino. Consultado el 21/3/2020, recuperado en https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_de_la_Republica_Argentina.pdf

- Curua, D. (13/3/2020). El aborto legal es con todes. Página 12

- Diputados Nacionales del Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2020).

- Consultado el 21/3/2020, recuperado en https://www.diputados.gov.ar/prensa/noti-cias/2018/despenalizacion-aborto/noticias_0595.html

- InfoLeg - Informacion Legislativa. (2020). Consultado el 19/3/2020, recuperado en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=16546

- Protocolo ILE. (2020) Ministerio de Salud. Consultado el 21/3/2020, recuperado en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/grafi cos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf

- Redacción. (19/2/2020). El proyecto llegará al congreso este año por novena vez. Agencia Télam

- Redacción. (1/3/2020). Alberto Fernández enviará en los próximos 10 días un proyecto para legalizar el aborto. Portal Todo Noticias

- Redacción. (25/2/2018). La polémica en la historia: excepciones a la norma y un proyecto presentado siete veces. El Día

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El discurso del presidente se alineó con las recomendaciones de las principales instituciones internacionales abocadas al estudio del uso del

cannabis.

Por Alan Gauna1

A casi 60 años de la Convención Única sobre Estupefacientes, llegamos al 2020 con la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendando a la ONU que retire el cannabis del listado de sustancias prohibidas, a la Agencia Mundial Antidóping habilitando el uso de cannabidiol y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos sugiriendo la de-scriminalización del uso de cannabis. ¿La ola legalizadora llegó al mundo?

“La lucha contra el narcotráfi co y el crimen organizado y violento no es un show mediático, es un compromiso estructural, sustentable y permanente para mi gobierno, que apunta a las raíces profundas de la impunidad.”

De este modo abordaba la cuestión de la seguridad y el combate al narcotráfi co el presidente Alberto Fernández en la apertura del 138º periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

No es inocente el contrapunto elegido por el presidente, ya que la política de seguri-dad del gobierno anterior estuvo fuertemente marcada por el concepto importado de “guer-ra contra el narcotráfi co”, cuyos resultados resultaron ser verdaderamente alarmantes en términos de efectividad.

A principios de febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic, publicó un informe donde concluía que en el período 2016-2019 crecieron los procedimien-tos en busca de cannabis, cocaína y drogas sintéticas pero bajó la cantidad de sustancias secuestradas; que durante el 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gr.; y para los operativos contra vendedores barriales, lo que se conoce como “nar-comenudeo”, en promedio, se confi scaron 8gr. aproximadamente.

1 Abogado Penalista. Docente en la Facultad de Derecho (UBA). Maestrando en Derecho de Penal.

¿Llegó la olalegalizadora?

#OlaLegalizadora | #Cannabis | #DespenalizaciónDelConsumo

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De acuerdo a los datos elaborados por el Sistema Nacion-al de Información Criminal (SNIC), se desprende que la política de “lucha contra el narcotráfi co” fue y es un fracaso: el consumo está creciendo, los operativos aumentan pero las incautaciones bajan y las cárceles se atestan de pequeños consumidorxs y/o cultivadorxs.

En el 2018, el Comité de Expertos en Drogodependencia de la OMS le indicó a la ONU la reconsideración de la prohibición mundial del cannabis. A su vez, en el 2019 la Agencia Mundial Antidóping excluyó el cannabidiol, ya que considera que carece de los efectos del principal cannabinoide, el THC.

En abril del mismo año la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró; “La llamada guer-ra contra las drogas es impulsada por la idea de que las medidas de represión contra las personas que usan drogas, o que están involucradas en el comercio, harán que el uso de drogas desapa-rezca. Pero sabemos, por experiencia, que esto simplemente no es verdad (...) Después de décadas de este enfoque, los países que lo adoptaron no están más cerca de estar “libres de drogas”. Por el contrario, el rango y la cantidad de sustancias que se pro-ducen y consumen hoy es mayor que nunca”. Recomendaba de este modo la descriminalización de lo/as usuarios de drogas.

Ahora bien, detengámonos brevemente a decodifi car la pa-labra “droga”. Ella no puede defi nirse correctamente porque se utiliza de manera genérica para incluir toda una serie de sustan-cias muy distintas entre sí, incluso en su “capacidad de alterar las condiciones físicas y/o psíquicas”, que tienen en común - casi exclusivamente - el haber sido prohibidas.

Por otra parte, la confusión aumenta cuando se compara una serie de sustancias permitidas, con igual capacidad de alter-ar las condiciones psíquicas y/o físicas, pero que no se incluyen en la defi nición de “drogas” por razones ajenas a su capacidad de alterar esas condiciones, como por ejemplo ocurre con el alcohol. Reparemos en que, de acuerdo al informe 2017 de la SEDRO-NAR, se señaló que “el 89 % de los adolescentes inició su con-sumo de alcohol entre los 12 y los 15 años de edad. Y el 20,2 %, tuvo su primera experiencia de consumo a los 12 años.

Retomando, parece que lo que interesa no es tanto la defi -nición de “las drogas” y tampoco su capacidad de alterar o no las condiciones psíquicas y/o físicas, sino el discurso que se con-struye en torno a ella.

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Por ello es que vemos que tanto en los medios de comunicación, en los discursos médicos o de algunos dirigentes políticos (de diversas fi liaciones partidarias) hablar de “las drogas” en lugar de “LA droga”. Al agruparlas en un sola categoría se pueden confundir y separar en “prohibidas! o “permitidas” de acuerdo a lo que convenga en el momento.

De esta manera la construcción de un discurso permitirá orientar qué política de se-guridad aplicar. Por ello, y tomando como ejemplo la gestión de Bullrich, su discurso ante los medios de comunicación permitió la construcción/confi rmación de un “enemigo”, quien “arruina las bases de las sociedades, quienes corroen a la juventud y al que había que combatir hasta su exterminio”. Como ya hemos mencionado, el “actor enemigo” para la ex ministra fue el narcomenudeo, lxs autocultivadorxs y lxs consumidorxs, aunque de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte en el conocido Fallo Arriola, sea inconstitucional su perse-cución.

El objetivo de este discurso históricamente fue y es la afi rmación de un estereotipo y junto con ello la criminalización del usuario de -sobre todo- marihuana, ya sea que éste lo haga con fi nes lúdicos (bajo el amparo del Principio Constitucional de Reserva del Art. 19 de la Constitución Nacional) o medicinales.

La experiencia de estos 30 años de aplicación de la Ley 23.737, ha demostrado que los mayores riesgos y daños que presentan las personas que consumen no están vincula-dos directamente a las sustancias en sí mismas, sino a las condiciones de vulnerabilidad social en las que las personas se encuentran, por ello resulta imprescindible reconocer al usuario como un ciudadano en el ejercicio de sus derechos.

En este sentido, las políticas públicas (no sólo en materia de seguridad) deben estar encuadradas dentro del marco de la salud -evitando caer en el paradigma punitivista- y buscar consolidar estrategias centradas en ampliar las redes institucionales, comunitarias y afectivas de los sujetos, a fi n de generar mayores espacios de cuidado, escenarios que contemplen actividades de promoción y restitución de derechos, con especial énfasis en grupos sociales históricamente vulnerados, como los sectores populares, las mujeres, las infancias, las personas del colectivo LGTTBIQ+ entre otros. Desde esta perspectiva, las mujeres y disidencias usuarias de drogas padecen una doble estigmatización derivada de la confl uencia de género y consumidoras. La situación de las mujeres resulta aún más crítica si se contempla la falta de oferta de tratamientos que incluyan una perspectiva de género en esta problemática. Por ello, resulta necesario resaltar que el uso de drogas no necesariamente se constituye o deriva en un consumo problemático, abriendo paso en-tonces a la posibilidad del uso recreativo o lúdico del cannabis sorteando y superando los estereotipos.

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Uno de los desafíos de este gobierno será la elaboración de políticas que vayan hacia la deconstrucción del aún persistente y predominante imaginario social sobre los consumos problemáticos en general y de sustancias en particular, que entiende a los mismos desde el paradigma médico hegemónico y ético jurídico punitivista, con el fi n de superar el enfoque represivo y persecutorio con el que históricamente se abordó la temática a través de la ley penal Nº 23.737. En ese aspecto, la aprobación por unanimidad de la Ley 27.350 del 2017 denominada “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, es sin lugar a du-das un pequeño paso hacia aquel objetivo. Pero el macrismo en su reglamentación (Dto. 738/17) ha decidido incluir al Ministerio de Seguridad con un rol clave para trabar todo tipo de proyecto tendiente a la efectiva aplicación de la ley.

En ese sentido parecen oportunas las declaraciones públicas de los ministros de Se-guridad y Salud, Sabina Frederic y Ginés González García que expresaron estar trabajando en una nueva reglamentación de la ley que operativice el cultivo y la producción de aceite de cannabis que efectivice el cumplimiento de los deberes del Estado para garantizar el derecho a la salud.

“Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una democracia con cuentas pendientes y siento que expreso a una generación que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlas.” decía el presidente Alberto Fernández en su discurso del 10 de diciembre. Sin dudas ello nos invita a soñar en un nuevo escenario en torno a las políti-cas de seguridad, abandonando la espectacularización de ella y el respeto de los DD.HH., esencialmente en este caso el de la SALUD.

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