Prensa e Inseguridad. Javier Augusto De

Luca1

La Plata, sábado 30/04/11

JORNDADAS SOBRE "PODER JUDICIAL, PRENSA E INSEGURIDAD"Organizadas por “La Red de Jueces Penales” de la provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.).Fecha: viernes 29 y sábado 30 de abril 2011. BLOQUE 3: "Poder judicial e Inseguridad"

1. Introducción, aclaraciones e interrogantes. Las relaciones entre los medios de comunicación, el

sistema judicial y la seguridad pública, pueden ser abordadas desde diversos ángulos. El tema de estas jornadas está signado por la sensación de que los niveles de seguridad o inseguridad públicas, están influenciados por el funcionamiento del sistema judicial y por el modo y

1 Doctor en Derecho; Titular Asociado de Derecho Penal y Procesal Penal, Facultad de Derecho, U.B.A.; Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Nacionales y Federales.

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calidad de la información que se transmite por los medios de comunicación.

En el poco tiempo del que disponemos, intentaré desbrozar algunos de los problemas que lo componen.

1) Entre los actos de gobierno que deben ser publicitados están los actos judiciales, pero ¿cómo hacerlo?

Desde las instituciones judiciales se informa poco o se lo hace de manera pasiva (cuando los periodistas se acercan a pedir información). La consecuencia es la generación de otros canales no oficiales por los que circula la información.

2) ¿Qué información judicial es la que circula?: la que resulta más jugosa para los periodistas o dueños de los medios, no para los actores del sistema judicial ni para los docentes de derecho penal, ni para estudiosos académicos del tema de la seguridad.

Deberíamos preguntarnos por qué se eligen los casos resonantes desde el punto de vista mediático ¿Resonantes para quién y/o para qué fin?

3) ¿Cómo se informa? Debe recordarse que ya hoy en día no se discute más y está claro que los mensajes siempre son subjetivos, aunque relaten hechos.

4) Entonces ¿Es preferible que los magistrados guarden silencio o que salgan al ágora a discutir y a informar?

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No debemos ser ingenuos. El asunto no es sólo jurídico procesal o de la responsabilidad jurídica de los medios de prensa, y la llamada sensación de inseguridad es una construcción que obedece a problemas muy profundos.

A través de la trascendencia pública de las causas, magistrados y funcionarios del ministerio público "juegan otros juegos" y dirimen internas, fijan posiciones de poder, etc. Sólo cuando les interesa a ellos, llevan esos casos a los medios.

Algo similar ocurre con los abogados particulares y los representantes de grupos de interés, como pueden ser los fabricantes de alarmas, de rejas, de blindex, los propietarios de empresas de seguridad, los que instalan cámaras, los que son proveedores del sistema punitivo y penitenciario.

Esto genera un doble juego de relaciones de influencias recíprocas entre medios y los actores judiciales y políticos.

A través de los medios, el público comienza a hablar de los hechos criminales, de los actores y de los procesos judiciales como si fueran personajes de ficción. Se trata de una forma de construcción de la realidad de los medios en conjunto. Aparecen los “opinólogos”, los "voceros de hecho", “los justicieros”, los abogados “de guardia”, apóstoles de la sospecha temeraria y militantes de la presunción de culpabilidad.

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Es lo que se llaman procesos paralelos: los del proceso judicial destinado a investigar, dilucidar y juzgar los hechos, y los del proceso informativo.

Se construyen estereotipos como el de héroe y villano y la sociedad se convierte en espectadora y “opinadora” de un espectáculo que la Justicia formal nunca previó. Toda la comunidad termina hablando en el café o trabajo, donde está prendida la televisión en el canal de noticias 24 hs, de si está bien o mal que a Fulano lo hayan liberado o condenado a 20 años de prisión, sin tener toda la información que se incorporó al proceso de manera legítima y, muchas veces, tomando como válida alguna prueba adquirida en violación a elementales garantías constitucionales.

El fenómeno se vuelve en contra porque surgen presiones externas sobre los responsables de la resolución de casos judiciales y de problemas reales de seguridad pública. Y la presión va en el sentido de la ficción que construyeron los medios en lugar de la verdad jurídica o forense o de la estadística criminal.

Generalmente, los argumentos en los medios confluyen a predicar supuestos fundamentos y bondades del poder punitivo, al enunciarse su funcionalidad mediante la emisión de mensajes preventivos o integradores.

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El nuevo credo criminológico de la prensa tiene su núcleo irradiador en la propia idea de la pena, en la cual creen como rito sagrado de solución de los conflictos2. Esto genera incomodidad por los procedimientos legales, y se provocan tensiones graves entre la relación delito-noticia, que reclama imperativamente la pena-noticia, y el debido proceso legal y las garantías que son presentadas como un estorbo3.

El poder punitivo se vende como una mercancía. En la medida en que se verifica que la promoción emocional de impulsos vindicativos tiene éxito comercial, se la perfecciona4.

Las expresiones de magistrados y funcionarios ante los medios producen impacto en los imputados, víctimas y testigos, y terminan conformando un refuerzo del estereotipo del criminalizado o victimizado.

En efecto, muchos miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial se ven enaltecidos en forma directamente proporcional con el desprecio que manifiestan por la privacidad y otros derechos de los acusados.

2 Batista, Nilo. Medios de Comunicación y Sistema Penal en el Capitalismo Tardío. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Criminología Nº 2, Edit.Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 67 y ss.3 Batista, ob. cit. p. 72. 4 Zaffaroni, Buscando al enemigo... ya citado.

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A la inversa, los magistrados que asumen seriamente la tarea de velar por las garantías constitucionales y de contener el poder punitivo ilegal o irracional son vistos como débiles.

2. La prensa como institución e inevitable. Ahora bien, todo lo dicho ha pasado siempre y seguirá

pasando, con las tecnologías de que se disponía hace dos siglos y con la que se dispondrá en el futuro. Nuestra época no es la peor. En 1810, en 1816 y en 1853, era igual que ahora, cada actor jugaba su juego y, sin embargo, nuestros constituyentes fueron sabios y decidieron pagar el costo para conseguir un fin superior. Lo ratificaron en 1994.

Y esto es así porque ya en aquel entonces estaba probado que la forma de control social basada en la información, la opinión, la discusión, es decir, en la búsqueda del consenso y del consentimiento por la razón, es poderosa porque produce comportamiento. Ella aparece con el surgimiento de la democracia.

En “Whitney v. California”5 el juez Brandeis de la Suprema Corte de los EE.UU. dijo:

“Quienes lograron nuestra independencia… creían en el hecho de que la libertad de pensar como uno quiera y de hablar según lo que uno piensa eran medios indispensables

5 274 U.S. 357 (1927)6

para el descubrimiento y la difusión de la política; en que sin la libertad de expresión y de reunión, el debate sería fútil; en que con estas libertades, el debate ofrece por lo común una protección adecuada contra la diseminación de doctrinas nocivas; en que la mayor amenaza a la libertad es un pueblo inerte; en que el debate público es un deber político; y en que éste debiera ser uno de los principios fundamentales del gobierno norteamericano. Se daban cuenta de los riesgos a los que están sometidas todas las instituciones humanas. Pero sabían que el orden no se puede lograr a través del castigo por haberlo infringido; que resulta peligroso desalentar el pensamiento, la esperanza y la imaginación; que el miedo engendra la represión; que la represión engendra odio; que el odio amenaza la estabilidad del gobierno; que la senda segura está en la oportunidad de debatir libremente los supuestos agravios y los remedios que se proponen; y que el remedio apropiado ante los malos consejos son los buenos consejos. Puesto que creían en el poder de la razón cuando ésta se aplica a través del debate público, evitaban el silencio coaccionado por la ley –que es la argumentación de la fuerza en su peor forma–. Como se daban cuenta de que ocasionalmente surgían tiranías entre las mayorías gobernantes, enmendaron la Constitución a manera de que

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quedara garantizada la libertad de expresión y de reunión”6.

En consecuencia, está claro que, al contrario, las formas de control basadas en la censura y la coacción son débiles porque no son más que formas de censura y no poseen ningún carácter productivo.

Por eso, para nuestra CN la prensa no es un servicio público. Consagra a la prensa como una institución, la reconoce como una realidad precedente y necesaria que no está al mismo nivel que cualquier otra libertad. Desde los tribunales deberíamos entender que no es un acto de gracia el dar un reportaje sobre un asunto funcional y de interés público.

No es como las demás actividades que se pueden ejercer lícitamente de acuerdo con el art. 14 CN , ya que sobre ella no pueden establecerse censura previa ni restricciones legales (art. 32 CN) y sin ella no pueden ponerse en marcha específicos mecanismos constitucionales. El art. 83 (texto según Reforma de 1994, se corresponde con el 72 anterior) referente al veto del Poder Ejecutivo en su calidad de partícipe en la formación y sanción de las leyes, señala que “...Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales por sí o por

6 Puede leerse otra traducción de este párrafo en la sentencia de la Corte Suprema argentina en el caso “Abad” de 1992 , Fallos: 315:633, disidencia de los jueces Cavagna Martínez, Barra y Fayt, consid. 6° (ps. 653 y 654).

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no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa...”. El art. 85 anterior a la Reforma de 1994 señalaba que “La elección de presidente y vicepresidente de la Nación debe quedar concluida en una sola sesión del Congreso, publicándose en seguida el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa”. El art. 38 nuevo asegura a los partidos políticos el acceso a la información pública y la difusión de las ideas y estipula que deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonios. El art. 43 nuevo, al describir la acción de hábeas data expresamente señala que “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. El art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, es amplísimo y también tiene jerarquía constitucional.

La prensa es un medio para el acceso público a los actos de gobierno, pero siempre se supo que sólo constituye un control mediato de ellos. La difusión por la prensa es sólo un sucedáneo de la publicidad directa.

Y por ello es que debe preferirse la difusión de los procesos judiciales para que el pueblo participe, aunque con ello deba pagarse el costo de la deformación del mensaje oficial judicial.

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3. El costo a pagarVeamos cuál es ese costo a pagar para la democracia

y la república. La prensa está pensada como un medio de control

político y con un rol eminentemente subversivo del orden impuesto, para permitir el cambio social pacíficamente.

Pero también está estudiado que ese rol también fue trocado por la dinámica impuesta por los propios medios masivos, sus dueños o quienes se valen de ellos.

De la visión de lucha contra las manifestaciones del poder y autoritarismo, hemos pasado a medios que son estructurados de manera tal que sus mensajes no contradigan radicalmente la ideología hegemónica de la sociedad. Terminan siendo instrumentos de mantenimiento y opresión simbólica.

No se trata de una conspiración, simplemente es así. Los media no tienen moral, sólo tienen un objetivo: que se hable de ellos, que se venda su “mercancía”, que aumente su tasa de audiencia a como dé lugar. El público de los medios masivos recibe un mensaje uniforme, centralizado y estandarizado.

Marcan la agenda, aquello de lo que se debe hablar. El acceso mismo a los medios, especialmente televisión implica una formidable censura, una pérdida de autonomía: el tema, el tiempo y las condiciones de la comunicación son impuestas. Se ocultan mecanismos

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anónimos, invisibles, a través de los cuales se ejercen manejos de todo orden. La autoflagelación es también autopublicidad mediática7.

4. Estadísticas. Seguridad. Según las estadísticas oficiales en el año 2001, el de

la crisis económica y social, el país llegó a los más altos indicadores de criminalidad de su historia8. A partir de entonces, las cifras fueron descendiendo progresivamente hasta 2005/2006, y se llegó a un amesetamiento en 2008. Se sabe que queda fuera la cifra negra.

La tasa de homicidios dolosos en Argentina en 2009 fue de 5,9 c/100 mil habitantes, fluctuando en los últimos 7 años entre el 5 y el 6, sólo comparables a la mitad de la década del 809.

Los números mencionados, sin embargo, no se corresponden con la situación de alarma que se plantea en los medios desde algunos sectores, y se observa una tendencia a desacreditar el dato sin presentar ningún argumento objetivo. La estadística de delitos es elaborada anualmente por la Dirección Nacional de Política Criminal, del MJyDH que no tiene relación con el tema del INDEC.

7 Lipovetsky, ob. cit. p. 239. 8 En este capítulo sigo las enseñanzas del Dr. Ignacio Lombardi, docente en Seguridad Ciudadana y funcionario del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 9 Ver: http://www.jus.gov.ar/areas-tematicas/estadisticas-en-materia-de-criminalidad.aspx

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Sencillamente, no existen otras estadísticas objetivas, serias, representativas y omnicompresivas de lo que ocurre en todo el país, con datos tomados objetivamente. No hay otro diagnóstico.

En cambio, aparecen encuestas que no son útiles para resolver problemas reales de seguridad. Por ejemplo, en La Nación del 1° de noviembre de 2010 se publica una nota basada en una encuesta de Gallup que afirma que “el 61% de la gente teme andar de noche”. Se pretende estandarizar la “percepción de miedo”. No se me ocurre cómo se pueden medir matemáticamente sensaciones y, menos, como pueden generalizarse, porque cada uno percibe el entorno de una manera distinta de acuerdo a su historia, educación, cultura, hábitos, inteligencia, afectividad, forma de su grupo familiar, sociedad en que vive, etcétera. Esto no sirve para saber si tenemos que poner más policía en tal o cual equina.

Para verificar la superficialidad de este tipo de noticias, basta con preguntarse de qué delitos están hablando y si computan la cantidad de habitantes y calidad de sus medios de vida, comparadas con diez, veinte, treinta o cuarenta años atrás. En las encuestas siempre entran sólo unos pocos delitos que generalmente son los cometidos en espacios públicos: homicidios y lesiones, robos con o sin armas, secuestros y extorsiones, algunos

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hurtos, abusos sexuales extrafamiliares, y tráfico de drogas con todo el folclore que lo rodea.

Por ejemplo, a los fines de la “sensación de seguridad” no se pregunta si uno teme ser apremiado ilegalmente en una comisaría; ni por estafas y defraudaciones, especialmente las de grandes empresas a los usuarios; ni por variados delitos de funcionarios públicos; ni por contaminaciones ambientales, ni por adulteración de medicamentos que consumimos todos los días, ni por falsificaciones de documentos, ni por rebeliones, sediciones, traiciones a la patria, etc. etc.

Esto no quiere que no haya delitos, ni inseguridad objetiva, la cual puede ser definida como la previsión de que en determinadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, es muy probable que se produzcan delitos. A este diagnóstico se llega por conocimiento directo, porque fuimos víctimas o conocemos a otras.

Las estadísticas señalan que la Argentina se encuentra lejos de una situación de emergencia. En todo caso, a lo que se llama emergencia es al desgobierno existente en materia de seguridad causado por años de reducción y retiro del Estado de áreas que anteriormente, con el “Estado de Bienestar”, cubría perfectamente. Al retirar la cobertura pública, los sectores privados lo han ido sustituyendo pero no en forma igualitaria, sino en la medida de las posibilidades económicas de cada uno. Ese

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retiro del Estado en materia de seguridad, ha debido ser contrarrestado individualmente y por parte de quienes pueden pagarlos, con los servicios de seguridad privada que terminan siendo interesados en la emergencia social de la inseguridad.

5. La realidad no se describe de igual manera. La verdad y la veracidad. Hechos vs. opiniones.

Por lo dicho, cuando hablamos de que los medios de comunicación transmiten verdades parciales o mentiras y así crean sensación de inseguridad, debemos ser prudentes.

Para empezar los adultos, seamos o no periodistas, solemos crear mundos imaginarios compuestos por percepciones que, en verdad, nunca se dieron en un mismo momento y lugar y con esas características. Son la sumatoria de experiencias que sintetizamos en nuestras mentes. Muchos aquí presentes vivimos añorando épocas en las que supuestamente la policía y la administración de justicia funcionaban mejor. Sin embargo, nada indica que las cosas no fueran bastante horribles también en aquellos años, sino, que lo que ocurría era que no teníamos el acceso a la información de lo que realmente pasaba entre bambalinas.

Al respecto, mi visión de la Justicia nacional o provincial actual es muy crítica, donde el gran porcentaje

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de los problemas no se relacionan con cuestiones ideológicas o políticas, sino que derivan de una total falta de gestión e ineptitud de los actores a cargo de los asuntos más sencillos. A ello se le suma la total falta de compromiso, una suerte de desidia generalizada, por parte de magistrados y funcionarios. Para poner un simple ejemplo de esto último, propongo que se realice una estadística de la cantidad de investigaciones penales iniciadas por fiscalías y juzgados, que no provienen de las policías. No hay investigaciones propias. Si se desea, mejor aún, entre todas las investigaciones, compruébese el porcentaje de hechos que no son de flagrancia. Es decir, la policía “le marca la agenda” al poder judicial y el ministerio público fiscal. Y la mayoría de los magistrados cree que está bien que eso sea así, sencillamente, porque no les enseñaron otra cosa. Están esperando que les llegue el trabajo.

De modo que cuando se habla de decir de la verdad sobre un asunto, esto no es tan sencillo10. Es el viejo problema de si la realidad existe en forma totalmente independiente a nuestra percepción, o si nosotros la conformamos con la observación. Algunos predican que no habría objeto sin observador.

10 Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía, Tomo II, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1965, según página: www.ferratermora.org

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Los mensajes no son iguales para todos. El significado puede ser distinto para emisores, receptores y terceros. La semiología o semiótica ha desarrollado conceptos como interpretante, significante o análogos11, que demuestran que no son sólo los términos, gestos o imágenes empleados los que cuentan, sino la situación en que se vertieron, las condiciones de producción del emisor y las de reconocimiento del receptor, así como las propias del observador (p.ej. el juez) de ese proceso de comunicación.

Y para complicar más la cosa, además de las meras opiniones o juicios de valor, existen frases que se refieren a hechos pero sobre las que tampoco es posible predicar la verdad o falsedad.

Por ejemplo, “El gobierno ‘manipula’ las estadísticas”. “El Presidente viola la independencia judicial o presiona a los jueces al criticar esa sentencia”. “La única verdadera es la fe católica”. “El fiscal incumplió su deber al no realizar todas las medidas para descubrir el hecho”. Es lo que ocurrió en el caso “Kimel”. La Corte nacional lo condenó por calumnias y la Corte Interamericana encuadró el caso en el derecho a crítica, es decir, a emitir opiniones. La frase enjuiciada consistía en sostener que un juez no había investigado correctamente. ¿Es eso una opinión o la

11 Zecchetto, Victorino (coordinador); Dallera, Osvaldo; Marro, Mabel; Braga, María Laura; Vicente, Karina, en Seis Semiólogos en busca del Lector, Edit. Ciccus-La Crujía, Buenos Aires, 2002. Los nombrados analizan las obras de Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Umberto Eco, y Eliseo Berón.

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denuncia de un hecho consistente en la violación de los deberes de funcionario público?

Sin embargo asignamos valor de la verdad, aunque se trate de una verdad consensuada o la verdad jurídico objetiva. Al igual que la psiquis una sociedad no se puede edificar sobre la mentira, la ignorancia, el olvido o el desconocimiento de todos los asuntos, especialmente los de interés público. El tema ha sido profusamente estudiado desde los grandes genocidios del siglo pasado. A la larga, el ser humano necesita saber. Aunque después, con ese conocimiento no tome medida alguna.

Por estas simples razones las cartas de derechos y las leyes toda la vida se han edificado sobre la posibilidad de predicar una verdad. Si la verdad no pudiera ser adquirida, no podría haber elecciones ni democracia. No se podría castigar a nadie porque no podríamos sostener que ha realizado aquello de lo que se lo acusa.

6. La incidencia de los medios. En síntesis, en lo que aquí interesa, debe tenerse en

cuenta que la transmisión de noticias no se piensa más como algo lineal, con un emisor que transmite el mensaje por un canal sin ruidos a un receptor pasivo que sólo recibe la información tal cual ha sido transmitida y con un único sentido, el del emisor. Hoy el receptor es visto como

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alguien que reconoce –y no simplemente que recibe– de manera activa los mensajes que le llegan.

Respecto de la incidencia de los mensajes desde los medios de comunicación, especialmente en relación con la violencia, se han estudiado diversos problemas que dan lugar a otros tantos enfoques. Así se puede considerar que: 1) actúan sobre la sociedad por acumulación de estímulos; o bien, 2) que cumplen un rol catártico12, un efecto liberador de las pasiones y tendencias violentas de los destinatarios; 3) otros entienden que cumplen un rol mimético al estimular comportamientos análogos a los percibidos. En este último caso, existen teorías que consideran 4) que los espectadores pueden desarrollar niveles más altos de violencia de la que eran portadores; en cambio, otros pensadores 5) afirman que los mensajes violentos producen insensibilización o, incluso, sublimación13. 6) También se observa que pueden producir un efecto cultivo, una acción perversamente socializante por la cual los espectadores tienden a creer que la sociedad en que viven es como la ven en televisión, la leen en los diarios o la oyen en la radio, lo cual fomenta comportamientos hiperdefensivos y la asunción de

12 Catarsis: Sentimiento de serenidad o liberación de las pasiones, de tensiones emocionales, conflictos, recuerdos negativos, etcétera.13 Sublimar: En la terminología psicoanalítica, transformar los impulsos reprimidos, especialmente los sexuales, en actos que se consideran superiores o más aceptables desde el punto de vista intelectual o moral.

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estereotipos asociados con las representaciones de víctimas y victimarios14.

Pero las teorías de la manipulación están desprestigiadas, porque piensan al hombre como un ser dominable y manejable. No es que hoy se piense ingenuamente que los medios no influyan o marquen líneas de conductas a seguir, sino que se ha comprobado que eso no es automático. El concepto tradicional, conductista, no interpretaba a ser humano como un ser libre y autónomo. La vieja mirada suponía que el hombre sólo podía tener autonomía cuando era emisor, pero no cuando era receptor, porque éste era manejable y determinable mentalmente. Lo inaceptable de esta teoría es que todos los hombres son emisores y receptores constantemente y no puede sostenerse seriamente que sean o no libres según el rol que ocupen en el proceso de comunicación.

Lo que está ocurriendo, como ya se dijo, es la uniformización de determinados discursos, de manera que

14 Fernández Pedemonte, Damián. La Violencia en el Relato. Discurso Periodístico y Casos Policiales. Edit. La Crujía, Buenos Aires, 2001, p. 25. El autor desarrolla las distintas teorías al respecto: La de los efectos generalizados del estímulo, de inspiración conductista, que se mueve bajo la teoría de la “aguja hipodérmica”, por la cual el mensaje de los medios tiene un efecto directo en las conductas del espectador o bien, matizada, en algunos sectores de la audiencia más frágiles y predispuestos. Otra teoría es la del aprendizaje por medio de la observación, que el sujeto tiende a repetir ante situaciones futuras similares. Otra es la de la exposición selectiva, por la cual lo espectadores seleccionan los mensajes según su nivel educativo y cultural. Otra es la de los efectos a largo plazo, que sugiere que los efectos se producen por acumulación, porque la influencia de los medios está dada por su capacidad de organizar los temas en que debe pensar la gente. Otra es la teoría del refuerzo, por la cual la televisión es un factor más de influencia; etcétera. Bourdieu señala que existen mecanismos que hacen que la televisión ejerza una forma particularmente perniciosa de violencia simbólica: “la violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no son conscientes de padecerla o de practicarla”: Bourdieu, Pierre. Sobre la Televisión. Edit. Anagrama, Barcelona, 1997, p. 22.

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los mensajes no contradigan radicalmente la ideología hegemónica de la sociedad15.

7. Procesos judiciales y medios de comunicación. Derechos en juego.

La mirada jurídica de todo este proceso.Recordemos que se encuentran involucrados varios

intereses: a) los derechos del procesado, que se podrían agrupar

en: a.1) un derecho general a no sufrir más

intromisiones en su vida y derechos que los que el proceso penal en sí mismo importa.

a.2) el derecho a ser juzgado en un juicio público, no como exposición de su persona, sino como modo de control del poder ejercido por el Estado al someterlo compulsivamente a proceso, para que el juicio sea imparcial, justo.

b) Los derechos de todos los demás: b.1) a estar informados de asuntos de interés

público (como lo es el delito), b.2) al control de la actuación de sus magistrados

(principio republicano de gobierno);

15 Melossi, Darío. El estado de Control Social. Edit. Siglo Veintuno. México. 1992, pág. 240 y ss.20

b.3) de la víctima a saber qué respuesta estatal se dará al conflicto en el que intervino pero que le fue confiscado de antemano por la ley.

b.4) derecho a buscar, recibir y dar información por parte del medio de comunicación que desea hacerlo, el que, además, ¡tiene un derecho a no ser censurado! (art. 14 CN y art. 13 CADH).

De esto se deriva que los tribunales y los fiscales deben ocuparse de fundamentar jurídicamente sus decisiones y a darlas a conocer al público en general.

Nadie postula ingenuamente que las informaciones judiciales y en especial las televisaciones, serán neutrales, objetivas, completas. Simplemente se sostiene que no hacerlo es peor.

Para colmo, los magistrados y abogados no tomamos conciencia de los particulares y profundos asuntos que envuelven a la comunicación social donde impera una cultura de la imagen que nos es completamente inasible y, de ahí, del triste papel que desempeñamos ante ellos cuando damos información y opinión de casos concretos. No debemos olvidar que para los medios, lo más importante seguirán siendo ellos, no lo que nosotros tengamos para decir.

Pero no podemos soslayar el tema de la crítica de los actos de gobierno. Una cosa es acatar una sentencia y otra

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estar de acuerdo. Y el público -parte de él, por supuesto- pueden estar en total desacuerdo con la sentencia.

En relación al problema de la forma de presentación de los casos, los problemas no se evitan negando la publicidad mediática del proceso, pues igualmente los medios pueden informar cualquier cosa, tomando datos en los pasillos de los tribunales, copias de actas y sentencias, reportajes a los magistrados y abogados "estrellas", haciendo representaciones de lo actuado en el juicio con actores, inquiriendo a testigos en las escalinatas de los tribunales, etc. Y además, porque los receptores o destinatarios de los mensajes de los media, no somos estúpidos.

En consecuencia: El juicio es un espectáculo, pero no es igual al

espectáculo de su televisación o difusión por otros medios masivos, que tienen guión y escenografía libres. El argumento que focaliza la cuestión en que la forma en que se transmite un juicio y se recibe su significado es producto de la cultura y que, por ello, cada productor de un mensaje sobre un juicio y cada receptor (el público) es libre de interpretar lo que le plazca, se inscribe en el mundo del ser (es lo que realmente ocurre).

Pero eso no quiere decir que esté bien que sea así. Mundo del deber ser.

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La censura es el modo más torpe de tratar este asunto, porque da lugar a tergiversaciones peores: entrevistas en los pasillos, protagonismo de actores del proceso, aparición de entrometidos, intermediarios, ensalzamiento de los periodistas, etc.

Conclusión.En definitiva, las relaciones entre prensa, seguridad y

justicia son muy complejas y desde nuestra posición, totalmente ignorante de los procesos que gobiernan los medios de comunicación, debemos ser prudentes y diligentes para no contribuir a la alarma de inseguridad, cuando ésta no se corresponde con el diagnóstico realista, pero tampoco ser ingenuos y salir a dar batalla en el mundo del ser para intentar que nuestros mensajes lleguen a la mayor cantidad de gente posible con la mayor inmediación posible.

Javier Augusto De Luca

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