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XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA AGRARIA
TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: “TIERRA Y SANGRE. LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN
LA SEGUNDA REPÚBLICA EN UNA COMARCA LATIFUNDISTA ANDALUZA, Y SU
REPERCUSIÓN EN LA GUERRA CIVIL: EL CASO DE ANTEQUERA”
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL MELERO VARGAS (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)
SESIÓN: PLENARIA III. INSTITUCIONES, DESARROLLO, COOPERACIÓN Y CONFLICTO
AGRARIO
RESUMEN: La conflictividad laboral y social desarrollada en el campo andaluz durante la II
República, y fundamentalmente desde la proclamación del Frente Popular en febrero de 1936,
tendría un peso específico propio en los posteriores sucesos desarrollados tras el inicio de la
guerra civil, tanto en la violencia suscitada en la retaguardia republicana, como en el posterior
proceso de represión franquista. En esta línea gira el presente trabajo, encontrando ya iniciada
la guerra, a una buena parte de los mismos actores que meses o años antes habían
protagonizado el fenómeno de este enfrentamiento entre patronos y obreros agrícolas, así
como el papel de mediadoras de las instituciones republicanas y sus representantes; y todo en
una comarca netamente latifundista, como la antequerana.
2
ABSTRACT: The labor unrest and social developed in the Andalucian countryside during the
Second Republic, and mainly from the proclamation of the Popular Front in February 1936,
would have a specific weight own in later events developed after the onset of the civil war, both
in the violence aroused in the rearguard republican, and in the subsequent process of Francoist
repression.
In this line turns the present work, finding had begun the war, a good part of the same actors
that months or years before had starred the phenomenon of this confrontation between patrons
and agricultural workers, as well as the role of mediators of republican institutions and their
representatives; and all in a county landowner distinctly, as Antequera.
3
Tierra y sangre. La conflictividad laboral en la Segunda República en una comarca
latifundista andaluza, y su repercusión en la guerra civil: el caso de Antequera
El estudio de la violencia y represión franquistas ha propiciado la aparición de estudios,
algunos de ellos muy recientes1, que denuncian lo que consideran como una visión incompleta
y errónea de muchos trabajos sobre los antecedentes que las desencadenaron o pudieron
influir en su desarrollo, por presentarlas en muchos casos como mera respuesta a la violencia
desarrollada en la retaguardia republicana tras la sublevación de julio de 1936, pero sin ir más
allá, esto es, sin recurrir a una mirada de retrospección más amplia, y donde podrían obtenerse
respuestas en dos coyunturas como abril de 1931, con la proclamación de la Segunda
República, o febrero de 1936, tras la celebración de los comicios que darían la victoria al
conformado como Frente Popular de izquierdas2.
En base a esto compartimos la idea de que los orígenes del conflicto que desencadenó la
violencia política, sobrepasan los límites de la conspiración militar, como de la sublevación y la
propia guerra civil, como lo demuestra el hecho concreto de que, a pesar de que existan
lugares donde no se registre oposición a la sublevación, la represión y la violencia existen, y en
muy alto grado además.
Esta correlación entre la represión sublevada y franquista, y otros factores como la vinculación
política, sindical, asociativa y social, o la conflictividad laboral y social y sus múltiples
manifestaciones, fundamentalmente en el campo3, todos ellos anteriores a la guerra, ha sido
analizada de forma detallada para el caso de la comarca andaluza de Antequera4.
1 Mir Curcó, C. (1999): “Violencia política, coacción legal y oposición interior”, Ayer. 33, p. 119., así como Cobo
Romero, F. (Coord.) (2012): La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico, perspectivas teóricas y
análisis de resultados, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.
2 Una denuncia de carencias que también se refleja en Arco Blanco, M. A.: “La represión franquista en Andalucía: un
balance historiográfico”, en Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): op. cit. p. 73. Centro de Estudios Andaluces. De la
misma forma la profesora Mir Curcó establece paralelismos entre el caso español y los desarrollados en otros países
tras la I Guerra Mundial, como Alemania, Italia y Francia. Mir Curcó, C. (1999): “Op. cit.”, Ayer, 33, pp.115-145.
3 Así lo refleja también el historiador y profesor José Carlos Martínez Gálvez para el caso de Aznalcóllar, en el partido
judicial de Sanlúcar la Mayor, donde la represión franquista será directamente proporcional a la oposición previamente
mostrada a la sublevación, y sobre la que también podemos encontrar muchos paralelismos para el caso del municipio
del término antequerano de Mollina. Martínez Gálvez, J.C.: “Algunas precisiones en torno a la violencia franquista”, en
4
En ella ha podido corroborarse como la represión franquista se presenta como resultado del
deseo de erradicación eficaz de todo el movimiento surgido en torno a la defensa de los
intereses de las clases populares.
Por ello, la represión franquista no es un hecho aislado, ni su violencia es simplemente una
respuesta a la violencia desarrollada en la retaguardia republicana, sino una respuesta de clara
vocación exterminadora contra el éxito político y sindical de la izquierda entre el pobre
campesinado andaluz, a la sindicación masiva de éste, y a sus enfrentamientos huelguísticos
contra los patronos, adalides de la prolongación que sobre la región andaluza desarrolle el
sistema capitalista, y defensores en la región de un tradicionalismo católico y conservadurismo
españolista y centralista que entendían en jaque por parte de la República y las libertades
otorgadas por ésta a sus agentes sociales.
Es entonces cuando la represión franquista se convierte en Andalucía en el instrumento de
violencia y control, de exterminio y erradicación, al servicio de una clase terrateniente y
caciquil, temerosa de la influencia política y sindical de la izquierda sobre una masa jornalera
cada vez más combativa en aras de la consecución de derechos e igualdades, y por tanto para
la destrucción del orden agrario hasta ese momento imperante.
Aquí radica la clave de por qué es precisamente esta masa jornalera la principal destinataria
del proceso represivo franquista y su aniquilamiento genocida, en base a una sencilla ecuación
por la que el grado de represión será directamente proporcional a la amenaza sentida con
anterioridad, aumentando su intensidad en aquellos núcleos geográficos donde la fuerza
política y sindical de la izquierda fue mayor, incentivando una mayor presencia e implicación
Aróstegui, J., Marco, J. y Gómez Bravo, G. (Coord.) (2012): De genocidios, holocaustos, exterminios… Sobre los
procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la Dictadura, Hispania Nova, 10. De la misma forma, los
magníficos y diversos estudios sobre la represión ejercida sobre el colectivo jornalero, y su vinculación con los
fenómenos de conflictividad laboral y social en la Segunda República, han sido compilados y analizados muy
recientemente en Martínez López, F., Álvarez Rey, L. y García García, C. (2012): “La represión franquista en
Andalucía. Un avance de investigaciones en curso”, Ayer, 85, pp. 97-127., así como en Cobo Romero, F. (Coord.)
(2012): Op. cit. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.
4 Melero Vargas, M.A.: (2013): De la Esperanza al Sometimiento. II República, Guerra Civil y Primer Franquismo en una
comarca andaluza. El caso de Antequera, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.
5
campesina, y que se manifestará sobre todo a través de la proliferación de fenómenos
huelguísticos, como parte de un proceso de intensificación de la conflictividad laboral y social5.
Resulta obvio señalar por tanto que se trata también de una represión que va a cebarse con los
que menos tienen, con aquellos con los que, debido a su situación de precariedad laboral y
social, mostraron su oposición a un orden agrario que, desde siglos, beneficiaba decididamente
a un colectivo propietario, terrateniente, que intensificó este enfrentamiento en la etapa
republicana y que, ya en la guerra, mantuvo una lucha activa contra éste, como uno de los
principales valedores de la sublevación en el Sur español.
Ello explicará que, después, casi dos terceras partes de las víctimas de la represión franquista
en Antequera -un 62,71%- pertenezcan a una estructura profesional vinculada al sector
primario, y muy especialmente a una masa jornalera; una cifra que además, y a buen seguro,
podría ser ampliamente aumentada por ser muchos los casos en que no ha podido
establecerse la adscripción socio-profesional de las víctimas de la represión en la comarca
antequerana.
5 La correlación entre la movilización y actividad campesina y la represión franquista en Andalucía, ha sido
ampliamente abordada, fundamentalmente por el profesor Cobo Romero, habiendo dedicado además a este aspecto
buena parte de sus obras. Así, véase Cobo Romero, F. (1991): La conflictividad campesina en la provincia de Jaén
durante el periodo 1931- 1939. Universidad de Granada, _______ (1992): Labradores, campesinos y jornaleros.
Protesta social y diferenciación interna del campesina jienense en los orígenes de la Guerra Civil (1931-1936) Córdoba,
________ (1994): La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950) Jaén, _________ (1997):
“Conflicto rural y violencia política: luchas electorales y reagrupamientos de clase en el campo giennense (1931-
1936)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (1931- 1936), p. 166, Jaén, _________: “Conflictividad campesina,
violencia patronal y comportamiento político: Luchas electorales y reagrupamientos de clase en el campo jienense
(1931- 1936)”, en Aguilar Villagrán, M. (Coord.) (1998): Panfletos y materiales: homenaje a Antonio Cabral Chamorro,
historiador (1953- 1997) Sevilla, ________ (2004): Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía:
conflictividad social, violencia política y represión franquista en el medio rural andaluz, 1931- 1950. Universidad de
Granada, Cobo Romero, F. y Ortega López, T. (2005): Franquismo y posguerra en Andalucía Oriental. Represión,
castigo a los vencidos y apoyos sociales al régimen franquista, 1936-1950. Universidad de Granada, Cobo Romero, F.,
Arco Blanco, M.A., Fuentes Navarro, C. y Ortega López, T.M. (2012): “La construcción del franquismo en Andalucía.
Perspectivas teóricas y metodológicas”, Ayer, 85, pp., o Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): Op. cit. Sevilla, Centro de
Estudios Andaluces.
6
Fuente: Elaboración propia
Una violencia desmesurada, todavía cuando los datos arrojan desde luego que la gran mayoría
de este colectivo jornalero no tuvo más actuación destacada que la del padecimiento por unas
condiciones laborales pésimas, como el seguimiento contundente de la esperanza que sobre é
arrojaba la etapa republicana, y que ciertamente en ocasiones se manifestó en
comportamientos más radicales y generadores de conflictividad laboral y social.
En todo caso, la certeza sublevada, como posteriormente entre los gestores del proceso de
construcción e instauración del Franquismo, de su imposibilidad de controlar un colectivo de la
envergadura y potencia social del jornalero, les lleva a poner en marcha una alternativa de
exterminio, de corte desde la raíz de un problema laboral, y con un marcado trasfondo
económico y social.
La República, de la voz del primer bienio al silencio del segundo
El caso es que, en el germen de la voracidad franquista sobre el obrero del campo
antequerano, se encuentra todo un proceso de señalada conflictividad social y laboral entre
Estructura profesional de las víctimas de la represión franquista en Antequera
Sector primario (62,71%)
Sector secundario (14,17%)
Sector terciario (20,82%)
Sus labores (2,3%)
7
patronos y jornaleros6, intensificado tras la proclamación de la Segunda República, e
intensamente recrudecido tras la victoria del Frente Popular, y a lo largo de los pocos meses en
que este se desarrolle en Antequera.
Una conflictividad que es deudora de procesos con origen en la segunda mitad del siglo XVIII,
como un régimen y tenencia de la tierra marcado por el cada vez mayor grado de
concentración de la propiedad de ésta, así como por el constante crecimiento poblacional, y
que contribuyeron a aumentar vertiginosamente una masa de jornaleros sin tierra, sumida en
una situación de miseria y precariedad, con condiciones laborales paupérrimas, y castigada
además por un tasa de paro acuciante -“La crisis de trabajo y el paro en toda la provincia es
grandísima”, señalaba el diputado socialista por Málaga en 1931, y a la postre Alcalde de
Antequera en el Frente Popular, Antonio García Prieto7, en su intervención en las Cortes
Constituyentes8- sobre todo el estacional, con largos periodos entre recolecciones en los que
los jornaleros quedaban sin trabajo, así como por una tendencia al monocultivo que motivaba
una descompensada y desigual distribución del trabajo agrícola.
6 El estudio de la conflictividad en el campo antequerano en la etapa republicana, ha sido analizado de forma pionera
en Velasco Gómez, J. (1982): “La conflictividad campesina en Antequera durante el bienio social- azañista. 1931-1933”,
Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 5. Universidad de Málaga, así como _________ (2008): La Segunda
República en Málaga 1931- 1936. Junta de Andalucía; de una forma embrionaria y escueta en Parejo Barranco, A.
(1987): Historia de Antequera, Antequera, Caja de Ahorros de Antequera o Mata Olmo, R. (1979): La gran propiedad en
Los Llanos de Antequera. Madrid. Instituto Juan Sebastián Elcano. CSIC; y ya de una manera profusa en Melero
Vargas, M.A. (2004): “La propiedad de la tierra en Antequera durante la II República”, Revista de Estudios
Antequeranos, 14, pp. 241-282. Antequera. Fundación Unicaja, __________ (2007): Antequera, la ciudad republicana.
Propiedad y poder en Antequera, 1931-1936. Antequera. Fundación Municipal de Cultura, _________: “Antes de la
memoria histórica. La tierra y la conflictividad social y laboral en Antequera durante en el Frente Popular (febrero-julio
de 1936)”, en Escalante Jiménez, J. (Coord.) (2008): La memoria dormida. pp. 63-103. Antequera. Ayuntamiento de
Antequera, y ___________ (2009): “La propiedad de la tierra en Antequera durante la II República”, en Actas del
Congreso 1931-1936: De la República Democrática a la Sublevación Militar, pp. 473-492. Córdoba. Diputación
Provincial de Córdoba, Universidad de Córdoba y Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
7 La trayectoria vital y política de García Prieto, desde su participación en la fundación de la Agrupación Socialista de
Antequera, su trayectoria como concejal y diputado, su etapa de Alcalde, y su actuación, ya a partir de la sublevación
de julio de 1936 y hasta su fusilamiento en 1940, en Melero Vargas, M.A.: (2013): De la Esperanza al Sometimiento. II
República, Guerra Civil y Primer Franquismo en una comarca andaluza. El caso de Antequera, Tesis Doctoral,
Universidad de Málaga.
8 Recogida en El Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la II República, pp. 44- 150.
México.
8
Después, la proclamación de la República, y las primeras medidas de Francisco Largo
Caballero como Ministro de Trabajo, fundamentalmente las leyes de Términos Municipales o la
de Jurados Mixtos, así como otras centradas en el reparto de obreros, afectaban seriamente la
línea de flotación de un orden rural intocable hasta el momento, a la vez que iban a mejorar la
situación del colectivo social más afligido por la pobreza y la precariedad, y que por primera vez
en la historia de España, comenzaba a sentirse protegido y arropado por el Gobierno.
Un hecho que por otro lado acarreaba una lógica e incómoda contraprestación, como la de la
reacción de una clase propietaria, terrateniente, heredera de un orden agrario que la
privilegiaba desde el Antiguo Régimen, y que ahora veía cómo se tambaleaba ante las medidas
del Gobierno, a las que de manera sistemática se opondrá desde un principio, como por el
empuje y el aumento de la fuerza de una inexperta pero ahora militante clase jornalera.
Así, cuando esta burguesía agraria local antequerana, transforme la amenaza en reticencia y
oposición, y cuando además ésta se vea acompañada por la no tan señalada efectividad que
se deseaba para las medidas mencionadas, el jornalero, angustiado y sumido en la miseria,
burlado por esta burguesía agraria y contrariado por la escasa correlación entre las medidas
adoptadas y su éxito en la ejecución, opta, parafraseando al profesor Cobo Romero, “por la
senda de la radicalización”9, es decir, por comportamientos y medidas de mayor contundencia,
aparejadas en parte con procesos de violencia, y que terminarán convirtiendo la etapa
republicana en una periodo de señalada conflictividad en el campo antequerano.
Así lo señala el profesor Parejo Barranco, cuando afirma que “asistimos a un altísimo índice de
conflictividad laboral, detectado sobre todo en la primera etapa de la República, periodo en el
que se produjeron más huelgas que durante toda la Restauración”.10
Efectivamente, es sobre todo desde la proclamación de la II República en abril de 1931 cuando
la conflictividad agrícola alcanza sus cotas más altas, fundamentalmente a través de la
proliferación del que es sin duda mejor indicador del grado de conflictividad laboral y social, la
huelga.
9 Cobo Romero, F.: “Por la senda de la radicalización. Tensiones sociales y agudización de la conflictividad campesina
en Andalucía durante la Segunda República (1931-1936)”, en Morales Muñoz, M. (ed.) (2004): La Segunda República.
Historia y memoria de una experiencia democrática. Málaga.
10 Parejo Barranco, A.: (1987) op. cit., pp. 393, Antequera, Caja de Ahorros de Antequera.
9
Fenómenos huelguísticos en su gran mayoría de carácter agrario y que van a girar en torno al
paro estacional, el reparto de obreros, el aumento salarial, la discusión de nuevas bases de
trabajo o los problemas surgidos en torno a una Ley de Términos Municipales, que por un lado
provocará una fuerte resistencia por parte de unos patronos que ven coartada su libertad para
la contratación, pero que igualmente va a despertar la actitud contraria, por considerarla
perjudicial, entre aquellos jornaleros pertenecientes a pequeños núcleos de la comarca de
Antequera, y situados en el cinturón de esta gran villa agrícola, afectando a trabajadores de los
términos de Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra, Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos,
entre otros11
, lo que de paso generaría desde una parte de la óptica socialista, la consideración
de que esta ley largocaballerista era “inadmisible”12
.
El caso es que, desde mayo de 1931, en una fase aún muy embrionaria de la etapa
republicana, y hasta enero de 1932, se sucederían hasta nueve huelgas de carácter agrícola –
la ya mencionada de mayo, dos en junio, una en septiembre, dos en octubre, la desarrollada
entre octubre y noviembre de 1931 y que sería secundada por veinte localidades de la
comarca, una entre noviembre y diciembre y la también señalada de enero de 1932- la gran
mayoría de ellas con aspectos relacionados con las bases de trabajo o con la protesta por el
incumplimiento de las mismas, como eje, y que se resolverán en gran parte de los casos con el
éxito de las reivindicaciones jornaleras, y la consiguiente claudicación patronal.
Apariencia quimérica, ya que la práctica vendría acompañada del incumplimiento sistemático
de los acuerdos por parte de la Patronal, provocando el desconcierto y contrariedad obreras, y
contribuyendo a alimentar un clima de creciente crispación laboral y social que alcanzaría su
cénit en marzo de 1932, cuando tuviera lugar la que a la postre se convertiría en la más
importante de las huelgas de la Antequera de la etapa republicana, tanto por participación de
manifestantes como por la gravedad de los disturbios y sus consecuencias.
La desatención a las reivindicaciones obreras de aplicación inmediata del laboreo forzoso, de
eliminación de la Policía Rural o de inversión de fondos en obreros parados, generaría un
movimiento huelguístico de inusitada violencia, y que arrojaría en los tres días en que se
desarrolló un saldo de un obrero muerto, cinco heridos –con independencia del propio Alcalde,
11
Malefakis, E. (1976): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, pp. 203, Barcelona.
12 Biglino Campos, P. (1986): El socialismo español y la cuestión agraria. 1890-1936, pp. 329-331, Madrid.
10
el radical Camilo Chousa, que sería agredido- y veintisiete detenidos, al margen de la clausura
de los centros obreros, el desmantelamiento de varios centros comunistas clandestinos
descubiertos, o el incendio de la fachada del convento de La Trinidad13
.
Señala el profesor Mata Olmo que estos sucesos de marzo de 1932 en Antequera, marcan “el
punto álgido de las reivindicaciones proletarias en la comarca”14
.
Efectivamente, esta huelga de cuño comunista, de ámbito comarcal y carácter y solidaridad
“pluri-gremial”, lejos de apagar la llama reivindicativa campesina en Antequera, no va hacer
sino aumentar el ímpetu de un colectivo jornalero cada vez más militante y activo.
De hecho, tres huelgas más se sucederían en los dos meses siguientes, afectando a la propia
Antequera, como a los municipios y anejos de Bobadilla, Fuente de Piedra, Mollina y Valle de
Abdalajís, y con especial atención a la convocada en junio por la Federación Comarcal Agrícola
de Antequera, con una capacidad de convocatoria que alcanzaría a catorce mil obreros,
generando importantes enfrentamientos en los cortijos entre huelguistas y esquiroles, y
culminando con la detención del por ese entonces Presidente de la Sociedad de Obreros
Agricultores de Antequera, ante sus constantes quejas de lo que consideraba un trato sectario
y de favor de la República para con los intereses patronales.
Sería éste, y a la postre, el último fenómeno huelguístico de 1932, como prácticamente de los
que se desarrollen durante el bienio social-azañista en la comarca antequerana, y todo ello a
pesar de que nada había cambiado en el mapa rural antequerano.
De hecho, la masa jornalera sigue asistiendo, impotente, al reiterado incumplimiento de los
acuerdos previamente aprobados por parte de una Patronal con la que además se abría un
nuevo frente, el derivado de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y la expropiación de
13
Melero Vargas, M.A.: (2013): op. cit., Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.
14 Mata Olmo, R.: (1979) op. cit., 66, Madrid, Instituto Juan Sebastián Elcano, CSIC.
11
tierras que en teoría ésta contemplaba, vislumbrando ahora la disputa entre campesinos y
patronos, esto es, entre posibles beneficiarios y perjudicados.15
Y junto a ello, la desesperación, la contrariedad, la decepción y el desasosiego ante una
República que no terminaba de poner en marcha unas repetidamente anunciadas reformas, y
que tanto ansiaba el campesinado.
La mencionada Ley de Reforma Agraria es un claro ejemplo de ello.
No es mucha, ciertamente, la información de que disponemos sobre la situación del campesino
sin tierras durante la etapa que nos ocupa. Únicamente en 1932, se elabora un censo sobre mil
obreros agrícolas, pero que ofrece conclusiones esclarecedoras: solo dos de ellos poseían
tierras propias, mientras que doce producían en régimen de arrendamiento. Los novecientos
ochenta y seis campesinos restantes, un 98,6%, carecían de tierra.
Un panorama desolador, y que terminaría por confirmar que los efectos de la Ley de Reforma
Agraria en la comarca antequerana, serían prácticamente nulos.
A pesar de ello, y como decíamos, solo dos huelgas más se sucederán a lo largo de 1933, ya
con una repercusión mucho más tenue, pero que en nada va a desviarnos de una conclusión
obvia, la de una etapa de inusitada conflictividad, en la que en solo dos años y medio de bienio
social-azañista, van a sucederse hasta diecinueve huelgas de carácter agrícola en Antequera;
un panorama absolutamente desolador, no ya tanto por la proliferación de conflictos, sino -y a
pesar de la gravedad de las reivindicaciones- por no haber conseguido variar en nada la
angustiosa situación del pequeño campesinado.
Después, el triunfo de la coalición radical- cedista en las elecciones de noviembre de 1933.,
traería consigo la desaparición de reivindicaciones en forma de huelga en la zona antequerana
ni de carácter agrícola ni de cualquier otro gremio, debido a los procedimientos represivos de
evitación de fenómenos huelguísticos16
, hasta que en marzo de 1936, solo un mes después de
repuestos los gobiernos locales elegidos en abril de 1931, como resultado de la victoria del
15
Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo Municipal. Secretaría. Legajos 3201-3203 (Censo de obreros
agrícolas de 1932)
16 Morales Muñoz, M. (2004): Ugetismo y Socialismo en la España rural: Teba, un siglo de historia, UGT- Andalucía, así
como Valero Herrera, R. (2003): La revolución de octubre de 1934 en Teba, Málaga.
12
Frente Popular, la conflictividad laboral y social, a través del formato de la huelga, volviera a
sucederse con magnitud y celeridad inusitadas.
El Frente Popular
Como señala Francisco Cobo, “tras la victoria del Frente Popular, surgió un destacado número
de conflictos huelguísticos… para contrarrestar el rechazo patronal ejercido durante el bienio
negro” 17
, lo que vendría a enlazar a la perfección con otra reflexión del mismo autor, y por la
que la guerra civil en Andalucía sería concebida como el periodo en que se iban a resolver de
forma violenta las agudas tensiones provocadas por una intensa fractura social en el ámbito
agrario18
.
Efectivamente, la victoria de las izquierdas en febrero de 1936 iba a traer aparejado un
aumento considerable de unas reivindicaciones obreras que habían sido acalladas en el bienio
negro, tanto por el remozado poder e influencia patronal, como por la sofocación violenta de los
movimientos huelguísticos y otros fenómenos de protesta.
Ya en el caso de Antequera, la reposición de las corporaciones elegidas en abril de 1931, como
de manera especial por la vuelta a los ayuntamientos de las minorías socialistas expulsadas de
los mismos como consecuencia a los sucesos de octubre de 1934, lleva a ésta a sumarse a la
dinámica puesta en marcha por los alcaldes socialistas de apostar y llevar a la práctica, a
través de sus gobiernos locales, medidas que contribuyeran de alguna forma, a paliar las
desigualdades de índole económica y social, sobre todo aquellas que, en el caso de Antequera,
se derivaban del fenómeno latifundista, y que desde luego no habían sido atajadas de forma
contundente ni efectiva en el primer bienio, entre otras cosas por la tibieza de un Gobierno local
17
Cobo Romero, F.: “art. cit.”, en Morales Muñoz, M. (ed.) (2004): op. cit., pp. 119, Málaga.
18 Cobo Romero, F. y Ortega López, T. (2005): “No solo Franco. La heterogeneidad de los apoyos sociales al régimen
franquista y la composición de los poderes locales. Andalucía, 1936-1948”, Historia Social, 51, Fundación Instituto de
Historia Social.
13
radical, y que llegaría a ser acusado de obviar el problema agrario, de ser excesivamente
permisivo, e incluso favorecer a la clase patronal.
En este sentido, el nuevo gobierno del Frente Popular intentará desencallar definitivamente un
problema agrario que permanecía enquistado desde los primeros intentos de reformas agrarias
de la II República. Y lo hará a través del relanzamiento de la Ley de Reforma Agraria
promulgada el 9 de noviembre de 193519
con la finalidad de solventar dos problemas, hasta
ese momento inabarcables, como el paro agrícola y la desigualdad en la distribución de la
tierra, a los que se unían agravantes como la gran concentración de la propiedad, el elevado
censo campesino en comparación con lo reducido de los términos municipales y el predominio
del cultivo extensivo. Así, sobre las fincas en que incurrieran estos factores, se iniciarían los
expedientes de expropiación, estableciéndose mientras estos se culminaban, las ocupaciones
temporales. Los alcaldes, como delegados locales del Instituto de Reforma Agraria,
dispondrían de la potestad para el inicio de los procesos20
a pesar de que la cercanía de la
guerra hará, como en otros muchos casos, que la ejecución práctica de la ley quede en una
fase muy embrionaria.21
Pero efectivamente, en el éxito o fracaso de las medidas aplicadas por el Gobierno para el
problema agrario, van a resultar decisivos la determinación y compromiso de las autoridades
locales, de los alcaldes, como será el caso del socialista Antonio García Prieto para
Antequera22
, y que centrará sus esfuerzos en establecer fórmulas encaminadas a combatir y
19
Gaceta de Madrid. Nº 323. 19 de noviembre de 1935. Págs. 1379- 1387.
20 Gaceta de Madrid. Nº 88. 28 de marzo de 1936. Pág. 2470.
21 Sin embargo, en intervenciones e incautaciones de fincas llevadas a cabo con posterioridad, ya comenzada la
guerra, el poder de intervención de los alcaldes de la zona republicana, como último eslabón del IRA, se mantendrá
inalterable. En este sentido señala la profesora Aurora Bosch que “los alcaldes de los ayuntamientos leales a la
República, como delegados del Instituto de Reforma Agraria, tenían la potestad y el deber de intervenir temporalmente
las tierras abandonadas por sus propietarios, que entregarían para su disfrute a las organizaciones obreras legalmente
constituidas con fecha anterior a 18 de julio de 1936…”. –Bosch Sánchez, Aurora (1983): Ugetistas y libertarios: guerra
civil y revolución en el País Valenciano, 1936- 1939, pp. 39, Valencia. Sin embargo no en todos los pueblos, después
del 18 de julio, el Alcalde fue el agente principal de la intervención de la tierra, sino que fueron generalizadamente los
comités, presididos o no por los alcaldes, los que se atribuyeron esta función. De la misma forma, ya en plena guerra,
las actuaciones referentes a la intervención de fincas, serían legisladas, a partir de septiembre de 1936, por el ministro
comunista Vicente Uribe, aunque ya no tendrían vigor para una Antequera ocupada desde mediados de agosto.
22 Otro ejemplo de capacidad y potestad de un alcalde para su intervencionismo en medidas encaminadas a paliar el
problema agrario, como el reparto de obreros o la intervención de fincas, lo encontramos en Manuel Cortés, el último
alcalde republicano de Mijas, famoso por pasar escondido en su propia casa treinta años. Fraser, R. A. (1986):
Escondido. El calvario de Manuel Cortés, pp. 128- 138, Valencia. Las nuevas autoridades surgidas a partir de la
14
acabar con el paro obrero, especialmente el agrícola, así como erradicar los graves conflictos
laborales y sociales de él derivados.
Y es obviamente en la aplicación de estas medidas donde se encuentra también el origen del
recrudecimiento del conflicto ya secular entre patronos y obreros, que de una manera tan
directa va a influir en la interpretación de los fenómenos de violencia y represión
desencadenados tras el estallido de la sublevación y la guerra, pero al que vienen a sumarse
nuevos actores en litigio, y que ofrecen nuevos escenarios en el desarrollo de esta
conflictividad.
Por un lado el Ayuntamiento, el Poder Local, socialista, con su apoyo incondicional a los
intereses obreros; y por otro la mediación del Gobierno Civil y sus delegados en las ciudades,
generando no pocas situaciones de tensión y enfrentamiento entre la máxima autoridad
provincial y los alcaldes, sobre todo cuando el comportamiento de éstos últimos rebase
peligrosamente su línea de competencias, tanto en materia estrictamente laboral, como en lo
relacionado con el Orden Público.
El eje de las reivindicaciones obreras en estos meses, como de las medidas ejecutadas desde
la Alcaldía, será fundamentalmente el de combatir un dramático paro obrero, lo que
inevitablemente supone volver de nuevo los ojos hacia una clase patronal sobre la que
comienzan a investigarse de forma férrea, aspectos como el estado de sus cultivos, las labores
pendientes por realizar o el número de jornaleros ocupados.
proclamación de la Segunda República, contarán con amplias facultades que le confería la legislación surgida de los
decretos implantados por Largo Caballero, Ministro de Trabajo, como por ejemplo en el terreno laboral, y muy
especialmente en el de las relaciones de conflictividad en el medio rural. Así, asuntos relacionados con el cumplimiento
de las Bases de Trabajo, su ascendencia sobre las resoluciones dictadas por los Jurados Mixtos, o su posición ante
decretos como el de Términos Municipales o el de Laboreo Forzoso, serán de su competencia e intervención, desde
abril de 1931; una situación muy similar a la que se viva en la Antequera del Frente Popular, como lo demuestra el
comportamiento desarrollado por Antonio García Prieto, situado al frente de las reivindicaciones campesinas (Pág. 251
y 253) Unas medidas que irritarán a una clase patronal, al coartar en mucho su libertad de acción sobre sus fincas, y
que intentará por todos los medios oponerse a unas directrices que perjudicaban sus intereses económicos, a pesar de
poder beneficiar a una importante masa de población. Caro Cancela, D. (2013): Cien años de socialismo en Andalucía
(1885-1985), pp. 251, 253, 292 y 293, Cádiz, Quorum Editores.
15
Son los pasos previos a la que a la postre se convertirá en la principal medida desarrollada
para aliviar la situación de acuciante paro en estos meses, la de la distribución y reparto de
obreros, y que va a motivar también la entrada en escena de un actor fundamental, la Patronal,
y con una actuación esperada, la de la estrategia de oposición y reticencia a unas medidas que
vuelven a hacer tambalear peligrosamente un orden agrario en el que desde luego ocupaban
una posición privilegiada.
Una situación calcada a la vivida casi cinco años antes, pero de la que ahora subyace además
el objetivo de la Patronal de rentabilizar su actitud reaccionaria, intentado debilitar las
principales bases de la reivindicación obrera, como su remozado, creciente y fortalecido
asociacionismo sindical, a través del especial boicot sobre sus jornaleros adscritos, y el apoyo
político de las nuevas autoridades locales, desarrollando estrategias de exclusión sobre un
colectivo que había apoyado en masa, y a través de las urnas, el programa político, económico
y social del Frente Popular.
Una actitud sobre la que conviene resaltar que no habría podido llevarse a cabo sin el
fortalecimiento de la principal herramienta asociativa del patrono antequerano en la etapa
republicana, la Asociación Patronal Agrícola, que funcionaba de manera efectiva desde finales
de 1932, con el objetivo, según sus propios estatutos fundacionales, de “establecer
organización de los patronos agrícolas en una asociación que permita el mejor desarrollo de
sus actividades”23
; una manifestación de defensa de intereses comunes, pero que constituía
también una manera suavizada de reconocer su reacción a la propia República, sobre la que
consideraban que implicaba en sí misma un ataque a su colectivo, disminuyendo la iniciativa, la
autoridad y la libertad patronal, reduciendo el valor de venta de la propiedad rústica, y
fomentando la indisciplina obrera y la lucha de clases.
El caso es que asistimos por tanto al recrudecimiento de unos conflictos, fruto de un
antagonismo social y político entre patronos y obreros agrícolas, ambos como decimos,
reforzados en su organización y encuadramiento, entre una derecha propietaria y un
campesinado de izquierdas; y todo ello con las ya mencionadas fricciones resultantes del
23
Archivo Histórico Provincial de Málaga. Legajos 903, 904,905 y 906. Asociaciones (Antequera)
16
“arbitraje” que Ayuntamiento y Gobierno Civil desarrollen en este lucha decisiva que, en pocos
meses, y con más propiedad que nunca, se convertiría en un verdadero combate a muerte.
No obstante la Autoridad local comienza golpeando primero, o al menos es lo que se deduce
cuando dos informes de principios de marzo de 1936, pongan de manifiesto que más de mil
novecientos obreros trabajaban las tierras de ochenta y un obreros; una cifra importante, que
suponía prácticamente alcanzar la tercera parte del último censo de obreros agrícolas conocido
–casi seis mil doscientos en 1933- demostrando que, al menos en lo que se refiere al reparto
de obreros, las medidas parecían ir por buen camino.
Sin embargo, apenas si lograrían dejar satisfecha a ninguna parte; a los patronos por su
convicción de que un empleo que consideraban excesivo y por tanto innecesario de tantos
jornaleros, traería consecuencias económicas nefastas al campo antequerano, y a los
jornaleros porque seguían considerando como insuficientes estas medidas, a la espera de que
fueran retomados los proyectos prometidos desde la propia proclamación de la República.
Una doble insatisfacción que inevitablemente se traduciría en un repunte significativo de la
tensión laboral y social.
Se entraba así en una etapa que iba a girar en torno a dos ejes: el de las presiones ejercidas
desde el Ayuntamiento a la Patronal, y la oposición sistemática de ésta a las directrices
impuestas.
No era de extrañar por tanto que el Pacto patronal-obrero de 16 de marzo, a pesar de la
mediación de la Delegación de Trabajo, como de la presencia de representantes, tanto de la
Asociación Patronal Agrícola como de la Sociedad de Obreros Agricultores, fuera poco menos
que una pantomima, una representación sin fondo ni efecto, por el mantenimiento de los
primeros de acoger los aproximadamente doce jornaleros por hectárea que contemplaba el
Pacto; un incumplimiento que por otra parte va a marcar indudablemente un punto de inflexión
en las relaciones entre patronos y obreros, en cuanto al recrudecimiento de una conflictividad
alentada desde el propio Ayuntamiento, que ante la poca renta ofrecida, de forma estratificada,
por los repartos, las asignaciones forzosas o el cobro de jornales no devengados, inicia como
17
medida drástica, la detención y encarcelamiento de patronos que persistían en su actitud de
oposición -meses después, la trágica coincidencia hará que algunos de éstos propietarios se
encuentre en la cárcel cuando estalle la sublevación de julio, formando parte de las víctimas de
la única “saca” de prisioneros que se produzca en la ciudad, el 30 de este mes-.
Y tan drástica, hasta el punto de que a finales de junio, veinticuatro labradores de Antequera se
encontraban en la cárcel, como resultado del impago de jornales no devengados a los obreros
que habían invadido sus fincas y realizado trabajos al tope.
Una, en definitiva, vuela de tuerca más a una situación enquistada, con la resistencia patronal,
el fracaso continuado de los acuerdos, o la escasa efectividad, tanto en la labor de los Jurados
Mixtos, como la mediación procedente de la Autoridad Provincial, y solo subsanada en parte
por la Comisión Técnica Central del Laboreo Forzoso, al intervenir en aspectos como la
superficie de tierra por trabajar, el tiempo estimado de trabajo o el número necesario de
obreros para llevarlo a cabo.
No era de extrañar que se desembocara con extraordinaria facilidad en un oficio de huelga,
como en movilizaciones llevadas a cabo por jornaleros dentro de las propias fincas, con un
recrudecimiento en el enfrentamiento entre huelguistas y esquiroles, aunque con un
componente extraordinario de violencia, y que implicaría una mayor presencia y protagonismo
de uno de los actores fundamentales como la Autoridad local, socialista, que apoyaría
decididamente los intereses obreros, como la aparición de otro inédito hasta ahora, el Gobierno
Civil, la Autoridad provincial, cuyo titular, Enrique Balmaseda y Vélez, de Izquierda
Republicana, va a mantener un criterio de actuación que, a pesar de pretender mostrarse
coherente y con la búsqueda del interés común como objetivo, va a exasperar a la masa
jornalera, como a la propia Alcaldía, que intentará mantener en la medida de lo posible una
actitud independiente y ajena al Gobierno Civil, y que granjearía no pocos enfrentamientos
entre ambos, más cuando el Alcalde socialista García Prieto, endurezca notablemente su
discurso, hasta convertirlo en una amenaza directa a la Patronal, al anunciar que sería estímulo
para los obreros en el sentido de la comisión de las represalias que fueran necesarias:
18
“Esta Alcaldía no puede consentir que Antequera, con el amplísimo término de que dispone,
tenga obreros en paro y convenceré de esto a los patronos cueste lo que cueste”24
En la sesión plenaria las palabras del Alcalde adquieren un tono más duro:
“Si el lunes quedan obreros en paro forzoso, declino toda responsabilidad por si acaso la
desesperación les lleva a tomar represalias” “…aún así, espero de los patronos que actúen con
cordura, para evitar cualquier acto que denigre a Antequera… Para evitar esto Alcaldía actuará
aún saliéndose de la vía legal si fuera necesario, para garantizar el cumplimiento del pacto…
Así y si los patronos persisten en eludir el compromiso, será hora de que los obreros tomen
una determinación y que los patronos que incumplan sean denunciados y lleven su merecido”25
Por último, en el mensaje radiado de aquella noche de mediados de abril, la Patronal denuncia
ante el Gobernador Civil que García Prieto había extremado la nota de violencia y amenaza, al
afirmar:
“Si los patronos no sacan a trabajar a todos los obreros, las campanas de los templos tocarán
a rebato y yo, en lugar de ser freno, seré estímulo para que por las masas se tomen las
merecidas represalias”26
Unas manifestaciones que llevarían a ser retiradas a García Prieto sus competencias en
materia de Orden Publico, siendo sustituido por los delegados gubernativos establecidos por
Balmaseda; competencias que recuperaría, aunque por muy poco tiempo, para volver a serle
retiradas posteriormente y de forma definitiva.
La situación en mayo es lamentable, con fincas abandonadas, ganado suelto, vigilancia
inexistente y denuncias por parte de una Patronal que alega coacción obrera y sectarismo de la
Autoridad local.
24
Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo Municipal. Secretaría.
25 El Sol de Antequera. Nº 648. 12 de abril de 1936. Págs. 5- 6.
26 El contenido de este mensaje radiado de García Prieto, aparece reflejado en El Sol de Antequera. Nº 648. 12 de abril
de 1936.
19
Por su parte, y en cuanto a los jornaleros, a los problemas ya existentes se unía el derivado de
la derogación de la Ley de Términos Municipales, provocando incluso el enfrentamiento interno
entre jornaleros de Antequera y del resto de los municipios de la comarca, coaccionados por
los primeros para no convertirse en una competencia laboral directa.
De forma paralela, son anunciados nuevos oficios de huelga, por la ya crónica actitud de la
Patronal, como por lo que consideran un comportamiento parcial del Gobierno Civil, a los que
se une ahora, de forma acrecentada, la actitud de una Guardia Civil, al servicio de los intereses
patronales, y que expulsa de sus tierras de forma violenta a los obreros.
Y ante esta situación va a reaccionar, junto a los oficios de huelga, con la invasión de fincas,
los trabajos al tope, e incluso en algunos casos, la paralización de los cultivos, el abandono del
ganado, y hasta la amenaza y la coacción; una situación que sirve a la Patronal para
responsabilizar del caos al Alcalde de Antequera, y que a su vez muestra la incapacidad
mediadora del Gobierno Civil cuya decisión, en apariencia salomónica, no es sino la de una
autoridad impotente ante una situación desbordada: desvincular definitivamente a García Prieto
de sus competencias en Orden Público, pero a la vez clausurar la sede de la Asociación
Patronal Agrícola.
Medidas baladíes que nada solucionan a una masa jornalera parada, desesperada y
hambrienta, rabiosa contra la Patronal, y decepcionada con una República que seguía sin
repartir, como panacea bíblica, la tierra prometida.
Ante esto, la fórmula de la invasión de fincas parece haberse convertido en salida y altavoz a
sus reivindicaciones, hasta el punto de que entre los meses de marzo y junio, cerca de
setecientos obreros penetrarán en más de cuarenta fincas, acompañándose, a medida que la
tensión alcance sus máximas cotas, por robos de fincas, incendios de cortijos, como por las
cada vez más frecuentes agresiones a patronos, y de las que no logrará escapar siquiera el
Delegado Gubernativo en Antequera y Jefe del Cuerpo de Investigación y Vigilancia en la
ciudad, Francisco Cano Moreno; un hecho que unido a la convocatoria por parte de Antonio
García Prieto de una reunión a finales de junio, de alcaldes de toda la provincia, provocaría la
20
ruptura definitiva del Gobierno Civil con la Alcaldía antequerana, cuya actitud es tachada como
de “grave insubordinación”27
.
La consideración de falta de apoyo por un lado, y la de extralimitación de funciones por otro,
terminaban por anular unas relaciones institucionales que en nada beneficiarían una posible
resolución exitosa de un fenómeno de grave fractura social, y en la que, junto a la creciente
crispación política, fundamentalmente por la presencia de un combativo y violento aparato
fascista local, se encontraría sumida la ciudad cuando la tarde del 17 de julio estalle en Melilla
el primer foco sublevado contra la República.
Hasta poco antes de ese momento, en junio, y desde mayo de 1931, se sucederían treinta y
cuatro fenómenos huelguísticos, de los que veintisiete-aproximadamente un 80%- tendrían
como protagonista al campo antequerano, y los conflictos de clase derivados de ése.
Unas cifras muy parecidas obtendríamos para la etapa del Frente Popular, donde de las nueve
huelgas desarrolladas entre marzo y junio de 1936, siete de ellas –un 78%- serían de carácter
agrícola, o generales pero iniciadas por solidaridad de otros gremios con sus compañeros del
campo, y que demuestran el grado de conflictividad laboral, de enfrentamiento ideológico, de
auténtica fractura social, en el campo antequerano.
27
Archivo Histórico Provincial de Málaga. Sucesos de carácter político-social. Antequera (1936)
CÓMPUTO DE HUELGAS EN ANTEQUERA (MAYO DE 1931- JUNIO DE 1936)
HUELGAS AGRÍCOLAS 27 (79,41%)
OTROS GREMIOS 7 (20,59%)
21
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
MAPA HUELGUÍSTICO DEL TÉRMINO DE ANTEQUERA (1931- 1936)
ANTEQUERA 21 (61,76%)
MOLLINA 5 (14,7%)
BOBADILLA 2 (5,88%)
CONJUNTAS 2 (5,88%)
FUENTE DE PIEDRA 1 (2,94%)
HUMILLADERO 1 (2,94%)
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 1 (2,94%)
22
Fuente: Elaboración propia
Huelgas, invasiones de fincas, repartos e imposiciones forzosas de obreros, burla reiterada de
las bases de trabajo, conflictos en torno a la Ley de Términos Municipales, coacciones y
amenazas –de obreros, patronos, autoridades y fuerzas del orden- detenciones, clausuras de
centros, incendios y robos en cortijos, jornales no devengados, acusaciones recíprocas, tierras
abandonadas, ganados moribundos… forman parte de la terminología, de la nomenclatura más
empleada en estos meses, para un campo sumido en la anarquía, fiel reflejo de un
antagonismo laboral, socioeconómico e ideológico; del enfrentamiento que desde abril de 1931
se había acentuado entre los campesinos que, esperanzados en la República, la defendían, y
GRADO DE CONCENTRACIÓN DE HUELGAS POR MESES (1931- 1936)
MAYO DE 1932 5 (14,71%)
MAYO DE 1936 5 (14,71%)
OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 1931 4 (11,76%)
JULIO- AGOSTO DE 1931 3 (8,82%)
JUNIO DE 1931 2 (5,88%)
ABRIL DE 1933 2 (5,88%)
JULIO- AGOSTO DE 1933 2 (5,88%)
JUNIO DE 1936 2 (5,88%)
MAYO DE 1931 1 (2,94%)
SEPTIEMBRE DE 1931 1 (2,94%)
ENERO DE 1932 1 (2,94%)
MARZO DE 1932 1 (2,94%)
JUNIO DE 1932 1 (2,94%)
JULIO DE 1932 1 (2,94%)
SEPTIEMBRE DE 1933 1 (2,94%)
MARZO DE 1936 1 (2,94%)
ABRIL DE 1936 1 (2,94%)
23
una clase terrateniente que veía en su programa reformista, una clara amenaza a sus
privilegios seculares.
Un enfrentamiento que va a alcanzar en la ciudad su cenit aciago con los sucesos
revolucionarios de julio y agosto de 1936; veintiséis días de retaguardia republicana, que
transcurren entre la sublevación y la ocupación de Antequera y su zona Norte, y en los que los
colectivos obrero y patronal seguirán desarrollando un protagonismo indiscutible, aunque ahora
en un contexto de connotaciones insuperablemente trágicas.
De los aperos a las armas
Cuestiones como si el elemento obrero ostentó responsabilidad en los días de retaguardia
republicana, o si la conflictividad de la que, sobre todo en el primer bienio como a partir del
Frente Popular, fue copartícipe, influyó en su comportamiento en estos días revolucionarios de
la Antequera de julio y agosto de 1936, son preguntas cuya respuesta viene dada de
antemano.
Efectivamente van a existir una responsabilidad, un protagonismo y un grado de implicación,
que llevarán a que el elemento obrero, eminentemente agrícola, desempeñe un papel decisivo
y que contribuya en buena parte al inicial fracaso de la sublevación en Antequera y su zona.
Pocos días antes de la sublevación iniciada en Melilla la tarde del 17 de julio, el clima de
especial convulsión es ya fácilmente palpable.
La puerta principal de la Iglesia de San Sebastián, la Mayor de Antequera, era cerrada ante el
numeroso grupo de obreros que esperaban la salida de los que habían acudido al funeral
celebrado en la ciudad tras la muerte del diputado monárquico Calvo Sotelo.
A los pocos días, la misma tarde del 17, el Alcalde Antonio García Prieto se encuentra en
Sevilla, formando parte de la comisión antequerana que se había desplazado a la capital
hispalense con motivo de la preparación de los festejos que iban a celebrarse en Antequera
con motivo de la inminente Feria de agosto.
24
Al llegar a Antequera recibe las primeras noticias de la sublevación, así como las
tranquilizadoras palabras del Gobernador Civil, que le informa de que no van a existir mayores
complicaciones.
Sin embargo un numeroso grupo de obreros como de directivos de sus correspondientes
sociedades, sobre todo la de agricultores, ocupan las principales calles de la ciudad,
informando del abandono de una buena parte de los cortijos, como de haber sido establecidas
guardias en los centros obreros.
En la primera reunión de urgencia que mantenga el Alcalde con el resto del equipo de
Gobierno, ya asisten representantes de las organizaciones obreras, las mismas que
compondrán el grueso de antequeranos que dos días más tarde, tomen parte en la
organización de un tren que acuda a Málaga a participar en la sofocación del movimiento
subversivo.
Es el momento en que el elemento obrero da un paso más al frente, consciente de que no se
trata ya de la participación en una huelga, sino de hacer frente a un movimiento insurreccional
de consecuencias impredecibles.
Tras armarse, tanto con el armamento recogido en Málaga, como con el obtenido de las
requisas en casas y cortijos en el campo o, ya en la ciudad, tras el asalto a una armería local,
comienzan a organizarse milicias obreras, en base a los listados de miembros de las
sociedades, distribuyéndose por los principales puntos de la ciudad, y desarrollando labores de
control, investigación y vigilancia28
.
El elemento obrero se ha organizado por tanto, con rapidez y eficacia, consciente de su papel
dentro de la necesidad de una respuesta organizada en calles, fábricas y tierras, como de su
inclusión en los nuevos órganos de poder que se constituyeran para la organización política,
económica y militar en la ciudad; en definitiva una capacidad de decisión y movilización
inmediatas y que se entiende, junto a la actuación de las fuerzas de seguridad leales a la
28
Archivo General Militar de Ávila. Caja 1295. Carpeta 15. Documento 4/7.
25
República, en especial la decisiva de la Guardia Civil, como una de las claves del fracaso de la
sublevación en la ciudad29
.
No es de extrañar por ello su convocatoria a una reunión en la que, junto al resto de
representantes del Frente Popular, sería conformado el Comité Permanente de Enlace de
Antequera. Era el 3 de agosto de 1936, el mismo día en que en Málaga tenía lugar la creación
de la Organización del Frente Popular y Organizaciones Obreras, con la misión de controlar y
coordinar la situación en los municipios de una provincia malagueña, y asumiendo las
funciones de las instituciones legales, como el Ayuntamiento.
Un Comité de amplia representación obrera, fundamentalmente ugetista, con participación de
diversos gremios, pero donde como ya ha sido comentado, tendrá un importante peso
específico el elemento jornalero, a través de la Sociedad de Obreros Agricultores de
Antequera, y que va a ejercer un absoluto control sobre la propiedad y la producción agrícola y
ganadera del término.
Así, una de las primeras medidas girará en torno al proceso de incautación de fincas, con otras
medidas subsidiarias como la apropiación de ganado, cereales o aceite, para su posterior
redistribución y racionamiento a través del sistema de vales.
Por primera vez el elemento obrero tomaba a través de la incautación, las riendas de la
tenencia de la tierra y la producción generada por ésta.
Pero el papel de la Sociedad de Obreros Agricultores irá más allá del control de la propiedad y
la producción, sino que ejercerá también su criterio en aspectos como los mecanismos y
estructuras de organización del trabajo, para lo que se establecerán, como parte del Comité,
comisiones de de Trabajo, Estadística y Abastos, y en las que se establecerán directrices como
la potestad del Comité de Enlace para la incautación de fincas y cosechas propuestas por la
29
Para Espinosa Maestre fue la movilización obrera la única que posibilitó frenar la sublevación. Espinosa Maestre, F.
(2008): La primavera del Frente Popular: los campesinos de Badajoz y el origen de la Guerra Civil (marzo-julio de
1936), pp. 196, Barcelona, Contrastes. Una diferencia notable además con respecto a otros municipios cercanos, como
los cordobeses de Lucena, Montilla o Rute, donde desde el propio 18 de julio la Guardia Civil resultará fundamental en
el control y sometimiento del elemento obrero. Bédmar, A. (2010): República, guerra y represión. Lucena, 1931- 1939,
pp. 135. Lucena, ________ (2001): Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), 41, Lucena.
__________ (2007): Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), pp. 42-43, Lucena.
26
Sociedad -a través del levantamiento de Acta de incautación30
- así como la organización de las
mismas en manos de los propios obreros, a través de la creación de los llamados Comités de
Cortijo, y que desarrollarían una intensa labor, fundamentalmente en la zona Sur antequerana,
por ser territorio de ocupación más tardía, sobre todo en la organización y distribución del
trabajo.
Los aspectos contables, como los movimientos de salida y entrada de ganado y cereales, los
inventarios de herramientas y aperos de labranza, el requisado de la maquinaria agrícola, o las
fórmulas de desplazamiento y pernoctación de los jornaleros en las fincas, serán igualmente
aspectos de su competencia.
Sin embargo, y junto a estos intentos de organización, la práctica aparece mucho más cercana
a una realidad excepcional que hace que los jornaleros abandonen no pocas veces sus labores
de trabajo de la tierra y cuidado del ganado, para centrarse en otras actividades para las que
eran requeridos con urgencia, como las ya mencionadas de defensa, control e investigación,
las requisas de productos y alimentos, o incluso la participación en operaciones militares sobre
municipios vecinos, como lo señala la prensa local de la época:
“Una columna de milicias marxistas, compuesta en su mayoría de obreros agrícolas, con la
ayuda de varios efectivos de carabineros, marchó al cercano municipio sevillano de La Roda
de Andalucía, donde la lucha fue fuerte y las bajas, numerosas”31
.
La situación era pues de extrema gravedad, fundamentalmente por las dificultades de
abastecimiento con que contaba la ciudad, y que incluso van a provocar que desde el Comité,
cuyo Presidente será también García Prieto, se ordene la reintegración al trabajo de “los
obreros que no tengan señalada una misión concreta que cumplir”32
, en alusión a los que
30
El Acta de incautación irá acompañada de una relación de las existencias de ganado, cereales y aperos de labranza,
debiendo ser firmada por todos los trabajadores, y realizada por triplicado, enviando una copia a la Sociedad de
Obreros Agricultores, otra a la Comisión de Estadística y quedando la original en el Comité de Cortijo. Archivo Histórico
Municipal de Antequera. Fondo documental. Documentos varios. Reunión del Comité de Enlace de Antequera. 8 de
agosto de 1936.
31 El Sol de Antequera. Nº 663. 16 de agosto de 1936. Pág. 2.
32 Archivo Municipal de Málaga. El Popular. 27 de julio de 1936.
27
comenzaron desde el mismo17 de julio a realizar servicios control y vigilancia, degenerados
posteriormente en otros más cercanos al papel meramente represivo, como milicia obrera
radicalizada, y se reintegraran a labores urgentes de recolección y cuidado del ganado.
Por primera vez ha sido mencionado, aunque de una manera muy tenue, la posible
participación del obrero del campo en los procesos de violencia desencadenados en los días
de retaguardia republicana.
¿Cuál fue y a quién afectó fundamentalmente su hipotético papel en los sucesos represivos?
La violencia desarrollada en los días de la retaguardia republicana arrojarían un saldo de
noventa y dos víctimas, -ochenta y tres de ellas solo en Antequera- alcanzando su máximo
apogeo el 8 de agosto, con la muerte de diecinueve personas, de las que la mayor parte
corresponderá a labradores y grandes propietarios de tierras, como máxima expresión de la
animadversión a un colectivo que había sometido y dañado sistemáticamente al obrero y sus
intereses.
Curiosamente ese mismo día había sido celebrada la Mesa de Discusión del Comité
Permanente de Enlace de Antequera, en la que entre sus puntos principales habían sido
recordadas las continuas reticencias patronales a facilitar trabajo a los obreros agrícolas.
El caso es que el análisis socio-profesional de las víctimas de Antequera entre el 19 de julio y
el 8 de agosto de 1936, confirma la radicalización, en un estadio revolucionario, de la
conflictividad social, generada sobre todo en el medio rural, que durante toda la etapa
republicana, pero sobre todo desde la victoria del Frente Popular, venía dándose entre
propietarios- labradores y obreros agrícolas.
En este sentido, veinticinco de las ochenta y tres muertes ocurridas en Antequera –un 30,12%-
corresponderán a miembros de este colectivo.
28
Incluso podría hablarse de una violencia y represión “indirectas” sobre esta clase propietaria
rural, y que podrían ser entendidas como un “ajuste de cuentas” 33
sobre una parte del propio
elemento obrero, asesinado por mantener una postura de “lealtad” al patrón, sobre todo desde
los meses anteriores, con actuaciones como la protección de su propiedad, o la negativa a
secundar una huelga, entre otras. Diez serán las muertes por este motivo.
Pero, ¿cuál fue realmente el papel del obrero antequerano?
Las investigaciones realizadas, fundamentalmente desde la perspectiva de la Historia oral, de
los testimonios y relatos de vida recogidos de entre los protagonistas de un presente de hace
aproximadamente ochenta años, coinciden en inhibir en muchos casos al elemento obrero
como responsable en la comisión de violencia física:
“Aquí no se maltrató a nadie, al contrario, aquí el que tenía más peligro lo escondían los
propios obreros, así que aquí ni a curas, ni a señoritos, ni a nadie…”34
.
Así, de la misma forma que su participación sí es activa, sobre todo en los municipios más
pequeños de la comarca, en la violencia anticlerical, fundamentalmente en su vertiente
patrimonial y material, como parte de la mentalidad obrera de canalización de su liberación del
sometimiento laboral y el abuso social a través de la destrucción de la simbología que podía
contribuir a este sometimiento, o la propia secularización por ejemplo de los edificios religiosos
y su conversión en centros obreros, la violencia física, sobre todo la llevada al extremo del
asesinato, fue atribuida a una de las figuras más recurrentes a la hora de aproximarnos a la
investigación de esta etapa, como es la del denominado como “elemento extraño” o “venido de
fuera”; un recurso que surge no pocas veces como placebo localista, creado con la idea de
descargar de responsabilidad a los habitantes de un pueblo en los comportamientos de
violencia extrema, sobre todo aquella que implicaba que verdugos y víctimas fueran todos
vecinos de un mismo municipio, pero que en el caso de Antequera aparece corroborado por
numerosos testimonios que afirman, no solo la presencia de elementos foráneos como
33
Así lo define Antony Beevor, que señala como en la etapa republicana “el ajuste de cuentas con los esquiroles, fue
inevitable”. Beevor, A. (2005): La Guerra Civil Española, pp, 123, Barcelona.
34 Testimonio de José Pacheco Tejada. Humilladero. 13 de marzo de 2006.
29
instigadores y ejecutores de represión en su máxima potencia, como la reticencia y
animadversión, en la gran mayoría de los casos, de los propios Comités y sus miembros a
contemplar con buenos ojos, y mucho menos secundar, estos comportamientos.
Tal es el caso por ejemplo de la zona Sur antequerana, y en concreto del por aquel entonces
anejo de Villanueva de la Concepción, como los de La Joya, La Higuera o Pasteleros, y donde
la actuación desmesurada de elementos enclavados como miembros de la anarquista FAI,
generó un sentimiento a medio camino entre la repulsión y el miedo entre la población, como ni
pocos enfrentamientos con el propio Comité.
Mientras, en Antequera, la propia literatura apologética franquista, como llegaría a convertirse
el semanario local El Sol de Antequera, afirmaba que “no habían nacido en esta tierra hidalga,
que vinieron a envenenar con odiosas ideas gentes de fuera” 35
, lo que desde luego no exime
por otro lado, y no es intención de este trabajo establecer justificaciones ni descargos de
responsabilidad apasionados, que la violencia física existiera, que fuera ejecutada en parte por
propios antequeranos, y que en ella pudiera tener una importante presencia el elemento
obrero, por pura lógica al ser el colectivo que constituía el principal apoyo en la defensa de la
legalidad republicana en la ciudad.
Las mencionadas muertes del 8 de agosto son las últimas de una retaguardia republicana
antequerana que comenzaba a desmantelarse con el fin de los crímenes, la vuelta al trabajo de
los obreros, la marcha a Málaga de los refugiados llegados a la ciudad desde los municipios
vecinos, y en definitiva el repliegue ante la inminente llegada de unas tropas rebeldes,
provocando la huida masiva de autoridades y población civil en dirección a la capital
malagueña, y dejando atrás días de implacable violencia contra religiosos, labradores y
propietarios36
.
35
El Sol de Antequera. Nº 663. 16 de agosto de 1936. Pág. 2.
36 Sólo una excepción encontramos en el trato dado a los propietarios durante el dominio republicano, la del labrador
Carlos Blázquez Ruiz Tagle, posiblemente el más rico propietario antequerano, destacado por poseer el mayor número
de fincas, como por el trato cercano y cordial con sus trabajadores: Un hecho este que pudo valerle la salvación. “… a
30
Entre ellos marcha un importante grueso de elementos y directivos obreros –otros pagarían con
su vida permanecer en Antequera- que en su mayoría engrosan como voluntarios el batallón
que, bajo el nombre de “Batallón Nº 5 de Antequera” o “Batallón García Prieto”, fije una nueva
línea de contención al avance sublevado, en el anejo antequerano de Villanueva e Cauche,
permaneciendo en éste hasta que, como parte de las operaciones militares que culminen con
la ocupación de Málaga, en los primeros días de febrero de1937, sigan su camino hacia
Málaga, o integrados como parte de batallones que combatan, incluso fuera de Andalucía,
como integrantes del Ejército Popular de la República.
Entre ellos las Autoridades sublevadas encontrarán carnaza asequible para establecer a los
responsables de la violencia desarrollada en la retaguardia republicana, pero por encima de
todo por haber protagonizado una actitud contestataria ante la desigualdad y la injusticia laboral
y social; primero a los que permanezcan en la ciudad y, posteriormente y de manera
progresiva, a los que vayan regresando a ésta, a medida que el territorio leal a la República
vaya menguando hasta su total desaparición con el final de la guerra y la victoria sublevada.
El caso es que la conflictividad desarrollada, sobre todo a partir de la proclamación de la
Segunda República será utilizada de manera eficaz por los que pretendían ejercer la represión
sublevada y franquista…pero también, y de manera paradójica, por los que pretendieron
escapar de ella.
Así ocurrirá de manera destacada con Antonio García Prieto, Alcalde y Diputado socialista en
la República, y ya en la guerra progresivamente Presidente del Comité Permanente de Enlace
de Antequera, Comandante del Batallón de Antequera, Comandante de Batallón de Etapas,
hasta su responsabilidad como Gobernador Militar de Ciudad Real, donde le sorprende el final
de la guerra. Un político afamado desde su llegada a la ciudad, recién estrenada la década de
los años treinta del pasado siglo, por su radicalismo en la protesta frente al abuso terrateniente,
como por su ya demostrado papel decisivo en los procesos de conflictividad laboral y social,
desde el apoyo decidido a los intereses obreros, en la etapa republicana; una ascendencia
contrastada sobre el elemento obrero, y sobre la que el mandatario socialista intentará renegar
uno le pusieron una guardia de milicianos en la puerta, para que no lo tocaran…era de los más ricos, don Carlos
Blázquez…” Testimonio de José Acedo Reina. Antequera. 20 de abril de 2006.
31
como última oportunidad de supervivencia, cuando sea detenido en el mismo puerto de
Alicante, a punta de abandonar España, y un día antes de finalizar la contienda.
En este sentido, las declaraciones vertidas por García Prieto en el proceso militar que se le
incoe para esclarecer su participación y responsabilidad en los años republicanos como en la
guerra, resulta de inestimable valor para el tema que nos ocupa, por sus continuas referencias
al elemento jornalero antequerano, pero siempre desde una única perspectiva, la que buscaba
desvincularse de la posible extralimitación en los comportamientos desarrollados por éste.
Así por ejemplo señalará el ex Alcalde en una de sus declaraciones que, tras su llegada a
Antequera la tarde del 17 de julio de 1936, y al encontrar nutridos grupos de obreros en las
calles, les manifestó “que no pasaba nada, que no hacía falta ninguna guardia y que podía todo
el mundo volver al trabajo, que yo solo me bastaba para dominar cualquier eventualidad”37
.
De la misma forma, y en referencia al ya mencionado tren que, con obreros de Antequera,
parte hacia Málaga para ayudar a sofocar la sublevación, manifiesta García Prieto que
apoyaría esta decisión “con la única intención de descongestionar la ciudad de elementos
armados”38
, justificando también su actuación afirmando que tras organizarse el tren, las calles
principales de la ciudad se encuentran llenas de obreros que señalan al Alcalde que el tren ya
ha marchado a Málaga, dejándolos en Antequera, por lo que pretendían ir en camiones. Según
sus declaraciones, serán los menos los que marchen, permaneciendo el resto en la ciudad, “sin
más objetivo que campar a sus anchas y cometer abusos, por lo que les dije, recriminándoles, -
¡cobardes! No se ha marchado el tren. ¿No queríais ir a Málaga? ¡Pues Málaga todo el
mundo!” 39
.
Era según el antiguo Alcalde, y ahora encausado, la postura radicalizada por un contexto de
guerra, de un elemento obrero que “todo lo quería conseguir por la fuerza”40
, y sobre el que
manifestaba haber ido perdiendo progresivamente su poder de influencia, “un poder sobre la
masa obrera tan atractivo que solo veían lo que yo les predicaba”41
.
37
Archivo de Juzgado Togado Militar de Málaga. Causa 475/1939. 38
Ídem. 39
Ídem.
40 Ídem.
41 Idem.
32
Como puede observarse, reconoce García Prieto un fuerte ascendente moral e ideológico, y
que había llegado a derivar en un control real del elemento obrero y sus centros, algo que el
inculpado utilizaría para atribuirse el mérito de que en 1932, en la ya mencionada huelga de
marzo, y en plena vorágine iconoclasta, consiguiera que “el Alcalde se ausentara de su cargo y
yo, con el ascendiente que tenía sobre el elemento obrero, solucionara los conflictos, evitando
la quema de iglesias y conventos, y otros desmanes, para lo que me lancé a la calle durante
tres noches consecutivas, y en ocasiones pistola en mano, salvando a Antequera y
granjeándome la felicitación y amistad de personas de derechas”42
.
Sin embargo manifestaba haber perdido esta ascendencia sobre el elemento obrero cuando
regresa a Antequera en febrero de 1936, después de su estancia de tres años en Málaga y
Gibraltar, encontrando a una masa obrera que, según él, era muy distinta a la que deja al
marchar de Antequera en 1933, habiendo perdido su impregnación ugetista, y evolucionando
hacia otra de fuerte presencia anarcosindicalista y comunista, “el partido más fuerte, con una
incomprensión semisalvaje, y unos dirigentes salvajes del todo, lo que hacía imposible
contener el embate de estas masas desbordadas”43
, sobre todo en el caso de los obreros
agrícolas.
También achacará a la Sociedad de Obreros Agricultores, con una acusación directa a su
Presidente, sus presiones en la comisión de excesos de naturaleza anticlerical, por ejemplo
con las presiones para la expulsión de las monjas del Hospital Municipal, o la retirada de la
subvención que el Consistorio mantenía con el Capellán de este establecimiento hospitalario.
El caso es que, de la misma manera que García Prieto utiliza su otrora influencia en los obreros
para demostrar en conflictos pasados su responsabilidad directa en el mantenimiento del
Orden Público, igualmente se valdrá ahora de la pérdida de este poder de control para justificar
su inhabilitación para la acción, y por tanto su más absoluta inocencia en la comisión de
hechos punibles por su carácter violento, manifestando en última instancia que su única labor
en la retaguardia republicana antequerana fue la de intentar desmantelar a un elemento obrero
armado y descontrolado por calles y campos.
42
Ídem. 43
Ídem.
33
Así concluía el descargo de Antonio García Prieto, y con él, el señalamiento a la
responsabilidad obrera como copartícipe en los fenómenos de conflictividad y violencia, en la
República como en la guerra; un alegato que no evitaría que el político socialista fuera
ejecutado al alba del 7 de febrero de 1940.
La muerte del campo
No cabe duda de que declaraciones como las de García Prieto, poco ayudaron a un elemento
jornalero, por situarlo de alguna forma como uno de los principales responsables de los
fenómenos de violencia. Sin embargo, su ascendencia y bagaje en la lucha social hacía que
éste ya apareciera señalado de antemano, convirtiendo de nuevo al elemento obrero en
protagonista, ahora como uno de los principales destinatarios, si no el que más, de la voracidad
represora franquista, en sus vertientes física, económica y moral.
Y es que en él radica una de las claves del modus operandi del proceso represivo establecido
del incipiente Franquismo, el de la correlación por la que la violencia represora de éste será
directamente proporcional a la amenaza sentida por los antecedentes, haciéndose más voraz
en aquellos núcleos geográficos donde la fuerza política y sindical de la izquierda fue mayor,
incentivando una mayor presencia e implicación campesina, a través de una proliferación de
fenómenos huelguísticos, y con ello de una intensificación de la conflictividad laboral y social44
.
Precisamente este activismo social y obrero es el que puede explicar otro de los aspectos
señeros de esta primera etapa de represión en el término antequerano -esta es, la desarrollada
entre la ocupación de Antequera y su zona Norte, en agosto de 1936, y la de su zona Sur como
parte de las operaciones para la ocupación de Málaga, en febrero de 1937- la que muestra las
diferencias entre municipios en cuanto al número de ejecutados, a pesar de su proximidad
geográfica.
44
La correlación entre la movilización y actividad campesina y la represión franquista fue abordada por primera vez en
Cobo Romero, F.: (1991): op. cit, Jaén, volviendo a ser utilizada de nuevo en Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): op. cit,
Centro de Estudios Andaluces.
34
Así por ejemplo Mollina, que con dieciocho fusilamientos –un 8,96% de las doscientas una
muertes de esta etapa- donde se asienta un verdadero terror tras la ocupación del municipio, y
que lleva a poder afirmar que la destacada represión física en este municipio, unida a la de tipo
económico de la incautación de bienes y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, se
producen como trágica respuesta a dos motivos fundamentales y ya conocidos: la poderosa
estructura sindical y de asociacionismo obrero, y la resistencia militar mollinata a la ocupación
rebelde, el propio 11 y 12 de agosto de 1936; unos factores también atribuibles al pequeño
anejo de Cartaojal, con siete muertes para una escasa población de no más trescientas
personas.
Violencia desmesurada para un colectivo que en una gran parte no tuvo más actuación
destacada que la del padecimiento por unas condiciones laborales pésimas, y que ciertamente
en ocasiones se manifestó en comportamientos más radicales y generadores de conflictividad
laboral y social.
Sin embargo, la certeza del Franquismo de su imposibilidad de controlar un colectivo de la
envergadura y potencia social del jornalero, le lleva a poner en marcha una alternativa de
exterminio, de corte desde la raíz de un problema que no era estrictamente laboral, sino que
derivaba en otros de tipo religioso, político y social.
El caso es que un 16,25% de los ejecutados lo serán como responsables de pertenencia a
partidos políticos, como dirigentes de sociedades obreras y sindicales, o como miembros del
Comité que, tras la sublevación, gestione la vida cotidiana en la retaguardia antequerana, y por
supuesto, en la correlación y el vínculo existente entre todos ellos, es decir, la represión sobre
los ejecutados por su pertenencia y significación en sociedades obreras y gremiales, así como
la continuación que en algunos casos, e iniciada la guerra, tendrá esta militancia hacia otras
estructuras superiores como el Comité, en el que radicaba la vanguardia obrera, como en el
caso de los miembros de la directiva de la Sociedad de Obreros Agricultores de Cartaojal, o del
Presidente de la Sociedad de Obreros Agricultores de Bobadilla y Delegado para este anejo de
la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Comarca de Antequera.
35
La respuesta represiva sublevada y franquista al activismo sindical y asociativo en los
principales gremios de la Antequera de la Segunda República, se concretará con las muertes
de numerosos directivos de colectivos como el Sindicato Único General de Trabajadores de
Oficios Varios de Bobadilla, la Sociedad de Obreros Talabarteros, Albardoneros y Atarazaneros
“La Emancipación”, la Sociedad Obrera “La Defensa del Volante”, la Sociedad de Zurradores y
Curtidores “El bien del Obrero”, la Sociedad de Obreros Carreteros, Faeneros y Cargadores, e
incluso la Asociación de Inquilinos y Vecinos de Antequera.
Pero por encima del resto, la ya mencionada sobre los miembros del Comité de la pedanía
rural antequerana de Las Lagunillas, entre Antequera y Valle de Abdalajís, surgido como
Sociedad Rural de Las Lagunillas, adscrita a la UGT, tomando decisiones como la realización
de trabajos al tope o el cobro de jornales no devengados, e iniciando posteriormente, tras el
estallido de la sublevación y ya convertida en Comité, un proceso de incautaciones de cortijos,
requisas de comida, cultivos y ganado, a través de vales, así como de recogida de armas en
cortijos de la zona.
Una zona de influencia que se extenderá más allá de su zona originaria, manteniendo un
estrecho contacto con el Comité de la vecina Valle de Abdalajís, como colaborando en la propia
Antequera en las labores de guardia y vigilancia con armas, e incluso participando en las
operaciones de guerra que en estos días de producen sobre localidades como la sevillana de
La Roda de Andalucía o la granadina de Loja.
Incluso en el proceso militar incoado en 1937 contra los miembros de esta Sociedad y Comité,
se les atribuyen responsabilidades en la detención y asesinato de varios vecinos, hecho bajo
las órdenes de la FAI, de gran influencia en la zona Sur antequerana, como ya fue comentado
anteriormente.
El 13 de marzo de 1937 el Consejo de Guerra Permanente Nº 2 de Málaga45
dicta auto de
procesamiento contra los dieciocho miembros del Comité de Las Lagunillas, de los que quince
serán condenados a muerte dos días más tarde, y fusilados el 20 de marzo de 1937, dos a
Reclusión Perpetua, y uno a Veinte años y un día.
45
Archivo del Juzgado Togado Militar de Málaga. Causa 16/ 1937.
36
Ya al margen de la muerte, y en cómputos generales, casi una quinta parte de los casi dos mil
trescientos detenidos contabilizados en Antequera entre 1936 y a lo largo de toda la década de
los cuarenta del siglo pasado, lo serán por su responsabilidad pública desde lo institucional, por
su vinculación a partidos políticos de izquierdas en la II República, ya fuera desde la
responsabilidad orgánica como directivos, o afiliados e incluso simpatizantes, y dentro de estos
últimos a aquellos que, fundamentalmente en las elecciones de febrero de 1936, actuaron
como apoderados e interventores. También a los que desarrollaron una responsabilidad
sindical, o a los que formaron parte destacada de las sociedades obreras gremiales.
Y ya dentro de la retaguardia republicana, a los que formaron parte de esa autoridad
revolucionaria, alternativa y paralela como integrantes del Comité de Antequera, como de los
diferentes que en empresas de la ciudad o cortijos en todo el extenso ámbito rural del término
antequerano, proliferaron.
Sin embargo, la acusación de responsabilidad política, sindical, asociativa o en los comités de
la Antequera de retaguardia republicana, no era exclusiva y única en muchos casos, sino que a
ella iban a unirse otras acusaciones e imputación de delitos que situaban a los más destacados
en el ámbito político, revolucionario o de las sociedades obreras, también como los máximos
responsables de toda la violencia desarrollada en la Antequera de julio y agosto de 1936, con
acusaciones de participación directa en delaciones, detenciones, acusaciones y asesinatos,
participación en operaciones de guerra o incitación a la comisión de comportamientos de
violencia.
Desde luego el Franquismo, en su insaciable ansia represora, los situaba a la vez como cabeza
pensante y brazo ejecutor.
Un ansia represora que hizo que el castigo físico no fuera suficiente, y se establecieran
fórmulas de aniquilamiento económico y que van a tener de nuevo entre sus principales
perjudicados a los miembros de las sociedades obreras.
37
No es de extrañar por ello la labor de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de
Málaga, que inicia a partir de 1937 su tenaz e incansable tarea con la incautación de los bienes
de trescientas veintiuna sociedades obreras de toda la provincia de Málaga, de las que
veinticuatro corresponderán a Antequera, cuatro de ellas de carácter agrícola, pero en la que la
Sociedad de Obreros Agricultores de Antequera será la principal damnificada, constituyendo el
primero de los ciento treinta expedientes que, de esta naturaleza, sean incoados entre 1937 y
1945 en el término municipal.
Los estudios más recientes hablan, en relación a la incautación de bienes entre 1939 1942, y
para el caso de Andalucía de un montante recaudado cercano a los setenta millones de
pesetas de la época, compuestos en su mayoría por multas de relativa escasa cuantía, entre
las ciento cincuenta y las doscientas cincuenta pesetas46
, pero que producirían una merma
económica muy considerable, fundamentalmente entre una clase campesina y jornalera muy
humilde, a la que se aniquila física, económica y moralmente.
Hemos realizado un acercamiento a uno de los aspectos más señeros para comprender el
devenir de una zona como la antequerana, en el tránsito entre la esperanza y la convulsión de
un periodo que se desarrolla desde una marcada conflictividad laboral y social, hasta la
consumación trágica de los antagonismos de clase, primero en la etapa de retaguardia
republicana, como muy especialmente en un proceso que ataca de forma brutal y directa los
elementos más destacados dentro del proyecto político y social de la Segunda República: los
que a través de los partidos políticos de izquierda desarrollaron una labor destacada, tanto de
gobierno como de oposición, la militancia de base o como simpatizantes, interventores y
apoderados en elecciones, y por supuesto los que encuadrados en potentes y remozadas
sociedades obreras plantaron cara al sometimiento derivado de las diferencias sociales; y
todos juntos, los que tras el estallido de la guerra, coaligados en la lucha contra los sublevados,
unos a través de la gestión política y económica a través de los órganos revolucionarios, y
otros por medio de las armas, intentaron frenar el avance de ese Fiero Monstruo que devoraría
España durante las cuatro décadas siguientes.
46
Martínez López, F., Álvarez Rey, L. y García García, C. (2012): “art. cit.”, Ayer, 85, p. 106.