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Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

MC

SERIE: ANÁLISIS DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Mayo 2018

CUADERNO 7

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA PÚBLICA 2016

Comisión de Vigilancia

de la Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

3

Conclusiones y Recomendaciones Análisis de la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría y del Informe General

Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Presentación ........................................................................................................................................................... 5

1. Infografía ................................................................................................................................................... 7

2. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis al Informe General 2016 ............................................. 16

2.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico .............................................................................................. 16

2.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior ...................................................................................... 17

2.3. Sobre el Informe General 2016 y su consistencia con el PAAF 2016 ...................................................... 24

2.4. Sobre las áreas clave de riesgo determinadas por la ASF ...................................................................... 27

2.5. Sobre el enfoque de fiscalización seguido por la ASF por grupo funcional ........................................... 38

3. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno a la fiscalización superior de la Cuenta Pública

2016 ........................................................................................................................................................ 118

3.1. Sobre la tercera entrega de informes individuales de auditoría ......................................................... 118

3.1.1. Propuestas de modificación y reformas legislativas por parte de la ASF ............................................ 118

3.1.2. Opinión de otras Comisiones Ordinarias .............................................................................................. 124

3.1.3. Planteamientos de los Diputados miembros de la CVASF a la ASF...................................................... 152

3.2. Sobre la segunda entrega de informes individuales de auditoría ....................................................... 178

3.2.1. Respuestas de la ASF a los planteamientos de la CVASF, correspondientes a la segunda entrega de

Informes Individuales de Auditoría de la CP 2016. ............................................................................... 178

3.2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones correspondientes a la segunda

entrega de Informes Individuales de Auditoría de la CP 2016. ............................................................ 215

4. Recomendaciones de la CVASF a la ASF y propuestas para el PAAF ................................................... 227

4.1. Recomendaciones para la mejora del trabajo de fiscalización de la ASF ............................................ 227

4.2. Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones de políticas públicas ............................................ 236

4.2.1. Propuestas de Auditorías ...................................................................................................................... 236

4.2.2. Propuestas de Estudios .......................................................................................................................... 240

4.2.3. Propuestas de Evaluaciones de Políticas Públicas ................................................................................ 242

4.3. Áreas de oportunidad y propuesta adicionales para la ASF ................................................................ 244

4

Análisis de la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría y del Informe General

Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 Conclusiones y Recomendaciones

5



Presentación En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 81 fracción III, VII y XVII, 82, y 104 fracción X y XVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y del Acuerdo No. CVASF/LXIII/002/2017 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se preparó el presente documento que integra las Conclusiones y Recomendaciones que se derivan del análisis del Informe General Ejecutivo y de las tres entregas de informes individuales de auditoría, entregados por la ASF el 30 de junio y 31 de octubre de 2017, y el 20 de febrero de 2018, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. En la formulación e integración del presente documento se consideraron como insumos los

siguientes materiales documentales:

— Tres reportes ejecutivos que dan cuenta de los Datos Básicos de la primera, segunda y tercera entregas de Informes Individuales de Auditoría, así como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. — Catorce cuadernos de Análisis Sectorial de la primera (cinco cuadernos), segunda (cuatro cuadernos) y tercera entrega (cinco cuadernos) de Informes Individuales de Auditorías y del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gasto Federalizado). — Dos documentos de Conclusiones y Recomendaciones derivados de la primera y segunda entregas de informes individuales. — Dos documentos de Conclusiones para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública derivados de la primera y segunda entregas de informes individuales. — Las opiniones remitidas por escrito de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, respecto de la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, en relación a las áreas de su competencia e interés. — Los planteamientos remitidos por escrito de los Diputados miembros de la CVASF, sobre temas de su interés respecto de la fiscalización a la Cuenta Pública 2016. El presente documento está organizado en cuatro secciones generales. En la primera sección se presenta una breve visión gráfica de los resultados cuantitativos más significativos de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. En la segunda sección se presentan las conclusiones más relevantes en torno al cumplimiento de los ordenamientos legales y normativos del Informe, los aspectos fundamentales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 (auditorías realizadas, cobertura de la fiscalización, observaciones-acciones emitidas, y recuperaciones determinadas), la consistencia del Informe con el Programa de Auditorías correspondiente, el enfoque de fiscalización, y las áreas clave de riesgo determinadas por la ASF.

6



En la tercera sección se incluyen las propuestas de modificación y reformas legislativas por parte de la ASF, una síntesis de la opinión de otras Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados respecto de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en los ámbitos de su competencia y/o interés, así como los planteamientos de los Diputados miembros de la CVASF a la entidad fiscalizadora (todas en torno a la tercera entrega de informes individuales de auditoría). Asimismo, se incluyen respuestas por parte de la ASF respecto a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones, y a los planteamientos de los Diputados miembros de la CVASF, derivados de la segunda entrega de informes individuales de auditoría. En la cuarta sección, se presentan 10 recomendaciones formuladas por la CVASF a la entidad de fiscalización superior para mejorar su labor fiscalizadora, así como 44 propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones para que la ASF dentro del marco de su autonomía técnica y de gestión valore su incorporación al programa de auditorías (ambas derivadas del análisis de la tercera entrega de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2016). Asimismo, se plantean 13 áreas de oportunidad y propuestas adicionales que se consideran importantes de atender para la mejora del trabajo de fiscalización de la ASF.

7



1. Infografía

Proceso del trabajo de análisis de la UEC.

Documentos realizados por la UEC respecto al análisis de la fiscalización superior de la Cuenta

Pública 2016.

8



En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 1 mil 865 auditorías presentadas

en tres fases: junio de 2017, octubre de 2017 y febrero de 2018.

El 72.0% de las auditorías se practicó a Gasto Federalizado y 42.8% del total fue de tipo

financiera y de cumplimiento.

35

5

33

6

33

8 42

4

62

7 75

4

96

2

98

7

94

5 1,0

31

1,1

11

1,1

73 1

,41

3 1,6

59

1,6

43

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

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10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

AUDITORÍAS PRACTICADAS, 2001-2016

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

502 informes presentados al 30 de junio de 2017 (26.9% del total)

699 informes presentados al 20 de febrero de 2018 (37.5% del total)

664 informes presentados al 31 de octubre de 2017 (35.6% del total)

1,865 auditorías practicadas en la revisiónde la Cuenta Pública 2016

9



Se determinaron 8 mil 069 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones.

10



Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones

operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018.

11



La ASF ha operado con corte al mes de mayo del 2018 el 7.6% de las recuperaciones

determinadas.

El mayor número de irregularidades se concentró en Gasto Federalizado. Destacan, por el

número de observaciones, Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur.

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,390 5,271 1,760 0 151 0 1,688 2,119 0 5,718

GASTO FEDERALIZADO 1,343 4,852 1,341 0 149 0 1,630 2,097 0 5,217

Aguascalientes 36 99 34 22 49 105

Baja California 32 180 54 10 70 79 213

Baja California Sur 30 219 26 10 95 99 230

Campeche 37 119 47 6 26 51 130

Chiapas 38 135 24 10 15 103 152

Chihuahua 48 158 35 5 50 78 168

Ciudad de México 43 93 36 33 31 100

Coahuila 43 160 57 7 37 70 171

Colima 40 72 11 18 43 72

Durango 38 197 33 3 99 65 200

Guanajuato 39 81 15 37 32 84

Guerrero 39 117 41 7 1 74 123

Hidalgo 40 116 14 5 6 101 126

Jalisco 44 158 86 53 51 190

México 45 215 52 6 112 49 219

Michoacán 41 233 50 7 73 129 259

Morelos 41 125 46 2 33 45 126

Nayarit 39 259 55 6 126 89 276

Nuevo León 43 188 64 73 56 193

Oaxaca 40 141 20 10 43 81 154

Puebla 40 84 24 1 43 16 84

Querétaro 41 53 29 1 28 58

Quintana Roo 39 124 44 4 56 48 152

San Luis Potosí 39 168 34 5 84 59 182

Sinaloa 40 167 68 1 40 62 171

Sonora 43 175 34 11 55 86 186

Tabasco 40 93 30 3 26 36 95

Tamaulipas 35 120 53 5 7 63 128

Tlaxcala 39 63 21 1 1 41 64

Veracruz 44 176 43 11 33 113 200

Yucatán 41 141 58 2 45 37 142

Zacatecas 37 155 19 89 47 155

Secretarías y Entidades Federales 37 102 65 68 133

Instituciones Estatales de Educación Superior 32 166 19 10 61 86 176

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 47 419 419 2 58 22 501


OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

ENTIDAD REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES

12



Principales irregularidades derivadas de la fiscalización, por grupo funcional.

Grupo Funcional Gobierno

13



Grupo Funcional Desarrollo Económico

Grupo Funcional Desarrollo Social

14



Grupo Funcional Gasto Federalizado

15



Generadas

Atendidas por la

ASF y solventadas

por la CVASF

Pendientes de

atención al corte

del mes de mayo

de 2018

Propuestas para su

solventación1

Pendientes

derivadas de las

propuestas de

solventación

2002-2012 233 233 0 - -

2013 12 10 2 0 2

2014 13 7 6 5 1

2015 15 0 15 13 2

2016 22 0 22 8 14

1a. Entrega de IIA (Jun 2017) 7 0 7 6 1

2a. Entrega de IIA (Oct 2017) 5 0 5 2 3

3a. Entrega de IIA (Feb 2018) 10 0 10 0 10

Total Acumulado 295 250 45 26 191/ Las propuestas de solventación resultan del análisis de procedencia realizado por la UEC al mes de mayo de 2018.

Fuente: Elaborado por la UEC .

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CVASF A LA ASF CP 2002-2016

CUENTA PÚBLICA

RECOMENDACIONES

16



2. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis al Informe General 2016 2.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico

Una vez concluido el proceso de análisis técnico y normativo a los 1 mil 865 informes individuales de auditoría (IIA), así como al Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 (IGECP 2016), es factible señalar que en términos generales los informes correspondientes a las auditorías practicadas por la ASF a las entidades vinculadas a los grupos funcionales de Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, atendieron las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo aplicable.

Se considera que los 1 mil 865 IIA, así como el IGECP 2016 atienden las disposiciones legales que regulan la formulación, presentación y contenido de conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 89 fracción XVI y XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF).

Asimismo, los informes de auditoría emitidos permiten observar de forma clara el análisis al presupuesto asignado, sus criterios de selección, el objetivo y tipo de auditoría, el alcance de cada una de ellas, el universo seleccionado y la muestra auditada.

Respecto de la inclusión de los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría (artículo 36, fracción II de la LFRCF), de la muestra revisada por esta Unidad, solo se encontraron los nombres de los Directores Generales y Directores de Área, pero no de los auditores que realizaron la auditoría, por lo que se considera que no se está dando cumplimiento puntual a lo establecido en el artículo antes referido.

La ASF dio cuenta a la Cámara de las observaciones y acciones promovidas (preventivas y correctivas); así como de la imposición de las multas y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015; de igual forma, incluyó en los informes el dictamen de auditoría correspondiente y las justificaciones y determinaciones para los casos en los que no se emitió opinión, aunque no se emitió en todos los casos la naturaleza o sentido del dictamen.

No se reportaron denuncias de hechos (DH) correspondientes a la Cuenta Pública 2016, de conformidad con el artículo 36, fracción V, de la LFRCF.

17



2.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior

Auditorías practicadas

Derivado del reporte de la tercera entrega de informes individuales de auditorías correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, entregado por la ASF a la Comisión el pasado 20 de febrero, se constató la práctica de 699 auditorías, que, sumadas a las 502 y las 664 auditorías reportadas con anterioridad en junio y octubre, respectivamente, hacen un total de 1 mil 865 auditorías practicadas por el órgano auditor, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, lo que significó un incremento de 13.5% respecto del número de auditorías practicadas para la revisión de la Cuenta Pública 2015 (1 mil 643 auditorías practicadas).

Con relación a la tercera entrega de auditorías, que suman 699, la ASF reporta que 655 auditorías fueron de tipo cumplimiento financiero (vs. 430 y 624 en la primera y segunda entrega, respectivamente), 38 de desempeño (vs 72 y 38) y las seis evaluaciones de políticas públicas programadas para la revisión global de la Cuenta Pública 2016. Cabe señalar que los dos estudios programados para la revisión de la Cuenta Pública 2016, fueron presentados en la segunda entrega el pasado mes de octubre.

1era entrega

502 informes de auditoría

30 junio 2017

2da entrega


31 octubre 2017

3ra entrega


20 febrero 201826.9%

35.6%

37.5%

Total

1 mil 865

auditorías

18



Considerando las 1 mil 865 auditorías de la Cuenta Pública 2016, se contabilizan 1 mil 709 auditorías de cumplimiento financiero y 148 auditorías de desempeño, dos estudios y seis evaluaciones de políticas públicas. En el Informe General 2016 también se reportaron revisiones realizadas a otras cuentas públicas: ocho que corresponden a la Cuenta Pública 2015 que fueron realizadas por mandato judicial y seis que corresponden a las cuentas públicas 2014 y 2015 que fueron realizadas al amparo del título cuarto (“De la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores”) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (véase pág. 205 del documento “Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2016”).

Cobertura de la fiscalización

La cobertura de entes públicos fiscalizados de los tres poderes de la nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 137 entes públicos (mismo número que en la revisión de la CP 2015), a los cuales se les practicaron 504 auditorías, e incluyen dos entidades auditadas del Poder Legislativo (con tres auditorías practicadas); dos del Poder Judicial (10 auditorías practicadas); 124 entidades del Poder Ejecutivo 468 auditorías practicadas); y nueve órganos autónomos que fueron objeto de 23 auditorías. Considerando adicionalmente a las 31 entidades federativas y la Ciudad de México (con 632 auditorías practicadas), los 343 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (687 auditorías practicadas), así como 41 instituciones públicas de educación superior revisadas (objeto de 42 auditorías), la cobertura de fiscalización total fue de 553 entes fiscalizados, a quienes se les practicaron un total de 1 mil 865 auditorías.

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 1,865 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 148 7.9

Auditorías de Regularidad 1/ 1,497 90.2 1,471 89.5 1,709 91.6

Evaluación de Políticas Públicas 8 0.5 8 0.5 6 0.3

Estudios 5 0.3 15 0.9 2 0.1

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016


Grupo/TipoAuditorías 2014 Auditorías 2015

1/. Incluye auditorías de cumplimiento financiero, financieras con enfoque de desempeño, de inversiones físicas, forenses, de tecnologías de la

información y comunicaciones, control interno y de situación excepcional.

Auditorías 2016

19



Por grupo funcional, se tiene que funciones de Gobierno fue objeto de 131 auditorías a 40 entidades en la revisión de la Cuenta Pública 2016 (41 auditorías practicadas en la tercera entrega) de 10 sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 68 auditorías a 14 entidades. Las 131 auditorías representaron el 7.0% de las 1 mil 865 auditorías. Por su parte, funciones de Desarrollo Económico fue objeto de 223 revisiones (84 auditorías practicadas en la tercera entrega) en la fiscalización superior de la cuenta Pública 2016 practicadas a 50 entidades agrupadas en 11 sectores. Las 223 revisiones representaron el 12.0% del total de auditorías. Funciones de Desarrollo Social fue objeto de 121 auditorías (44 auditorías practicadas en la tercera entrega) que fueron practicadas a 56 entidades de cinco sectores y entidades no coordinadas. Las 121 auditorías representan el 6.5% del total de auditorías. Gasto Federalizado, por su parte, fue objeto de 1 mil 390 revisiones (530 auditorías en la tercera entrega) en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, lo que equivale a 74.5% del total de auditorías. El total de auditorías a Gasto Federalizado incluye 1 mil 369 auditorías que corresponden a la revisión del Gasto Federalizado (Gasto Programable y Participaciones Federales), cuatro auditorías que corresponden a las tecnologías de la información, 2 auditorías forenses de Convenios de Coordinación y Colaboración, ocho auditorías a financiamiento público y siete de temáticas diversas.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 553 1,865 16.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 632 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 343 687 13.9

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 41 42 8.3

Subtotal 322 137 504 42.5

Poder Legislativo 2 2 3 100.0

Poder Judicial 3 2 10 66.7

Poder Ejecutivo: 305 124 468 40.7

Dependencias 21 20 189 95.2

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 72 164 38.3

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 5 25 50.0

Órganos Desconcentrados 86 27 90 31.4

Órganos Autónomos 12 9 23 75.0

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016


20



Las entidades más fiscalizadas por grupo funcional fueron:

Desarrollo Social 121 (equivalente a 6.5% del

total de audiotrías)

Gobierno 131

(equivalente a 7.0% del total de auditorías)

Desarrollo Económico 223


Gasto Federalizado 1,390


Gobierno

- SHCP, 30 auditorías practicadas

- SAT, 12 auditorías practicadas

- Consejo de la Judicatura Federal, 9 auditorías practicadas

- SEGOB, 8 auditorías practicadas

Desarrollo Económico

- SCT, 35 auditorías practicadas

- CONAGUA, 29 auditorías practicadas

- SAGARPA, 18 auditorías practicadas

- Grupo Aeroportuario de la CDMX, S.A. de C.V., 15 auditorías practicadas

- Pemex, 13 auditorías practicadas

Desarrollo Social

- SEP, 23 auditorías practicadas

- IMSS, 12 auditorías practicadas

- SEDESOL, 10 auditorías practicadas

- SS, 7 auditorías practicadas

- ISSSTE, 7 auditorías practicadas

Gasto Federalizado

-Chihuahua, 48 auditorías practicadas

-México, 45 auditorías practicadas

-Jalisco, 44 auditorías practicadas

- Veracruz, 44 auditorías practicadas

CDMX, 43 auditorías practicadas

- Coahuila, 43 auditorías practicadas

-Nuevo León, 43 auditorías practicadas

-Sonora, 43 auditorías practicadas

21



Observaciones-Acciones

Derivado de las auditorías practicadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016 y con base en la información de la Matriz de Datos Básicos del Informe correspondiente, la ASF determinó un total de 8 mil 069 observaciones (vs. 6 mil 491 observaciones derivadas la revisión de la Cuenta Pública 2015), que dieron cauce a la promoción de 10 mil 346 acciones (vs 9 mil 472 acciones en la revisión de la Cuenta Pública 2015), de las que se cuentan 4 mil 439 acciones preventivas (42.9%) y 5 mil 907 correctivas (57.1%).

Por el lado de las acciones preventivas, con motivo de la fiscalización superior de la CP 2016 se emitieron 3 mil 264 recomendaciones (vs 2 mil 735 recomendaciones en la revisión de la CP 2015) y 1 mil 175 recomendación al desempeño (vs 1 mil 207 recomendaciones al desempeño en la revisión de la CP 2015).1 Por su parte, de las acciones correctivas, se contabilizaron 2 mil 504 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (vs 2 mil 400 PRAS en la revisión de la CP 2015); 2 mil 557 pliegos de observaciones (vs 2 mil 662 PO en la CP 2015); 643 solicitudes de aclaración (vs 377 SA en la CP 2015); 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (vs. 73 PEFCF en la CP 2015); y 19 Multas (vs 18 M en la CP 2015). Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron:

1 La normativa aplicable para la fiscalización superior de la CP 2016 ya no considera a las recomendaciones al desempeño, no obstante, la ASF hace la distinción para fines comparativos.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,659 1,643 1,865

Observaciones 6,346 6,491 8,069

Acciones Promovidas 8,245 100.0 9,472 100.0 10,346 100.0

Preventivas 3,365 40.8 3,942 41.6 4,439 42.9

R 2,233 27.1 2,735 28.9 3,264 31.5

RD 1,132 13.7 1,207 12.7 1,175 11.4

Correctivas 4,880 59.2 5,530 58.4 5,907 57.1

SA 1,207 14.6 377 4.0 643 6.2

PEFCF 75 0.9 73 0.8 184 1.8

PRAS 1,871 22.7 2,400 25.3 2,504 24.2

PO 1,639 19.9 2,662 28.1 2,557 24.7

M 88 1.1 18 0.2 19 0.2

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.


OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Concepto2014 2015 2016

22



Gobierno


Desarrollo Social

SHCP 184 acciones emitidas

SRE 74 acciones emitidas

SAEB 56 acciones emitidas

SEGOB 54 acciones emitidas

SAT 54 acciones emitidas

INE 43 acciones emitidas

CJF 42 acciones emitidas

SCT 404 acciones emitidas

SAGARPA 242 acciones emitidas

CONAGUA 213 acciones emitidas

Pemex 170 acciones emitidas

Pemex EyP 157 acciones emitidas

SEDATU 116 acciones emitidas

Pemex TI 108 acciones emitidas

SEP 276 acciones emitidas

SEDESOL 215 acciones emitidas

IMSS 156 acciones emitidas

ISSSTE 68 acciones emitidas

IMJUVE 50 acciones emitidas

UA Chapingo 46 acciones emitidas

INBAL 42 acciones emitidas

CNDPI 42 acciones emitidas

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Gasto Federalizado

Con base en los datos reportados de las auditorías practicadas, la cobertura de fiscalización y las observaciones-acciones emitidas, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.3 observaciones por auditoría (vs. 3.95 observaciones por auditoría en la revisión pasada) y promovió 5.5 acciones por revisión (vs. 5.8 acciones en la revisión anterior). Asimismo, la ASF determinó en promedio, 14.6 observaciones y 18.7 acciones por entidad fiscalizada. Y en promedio cada entidad fiscalizada fue sujeta de 3.4 revisiones.

Recuperaciones determinadas

Respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, al mes de mayo de 2018 se reportan recuperaciones operadas por 8 mil 906.7 millones de pesos, suma que podría incrementarse por la existencia de PO pendientes de solventar. Considerando las recuperaciones operadas desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2000 hasta la de 2016, se reporta un monto total de 128 mil 384.7 millones de pesos, cifra a incrementarse por las recuperaciones que se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración.

Nayarit 276 acciones emitidas

Michoacán 259 acciones emitidas

Baja California Sur 230 acciones emitidas

México 219 acciones emitidas

Baja California 213 acciones emitidas

Durango 200 acciones emitidas

Veracruz 200 acciones emitidas

Cuenta Pública Determinadas Operadas AclaradasPor recuperar o

aclarar

2016 116,977.0 8,906.7 4,693.0 103,377.3

2015 67,676.2 3,601.2 13,888.3 50,186.7

2014 60,136.7 6,415.6 16,207.7 37,513.4

2013 80,426.0 9,021.9 38,381.9 33,022.1

2012 59,524.3 17,877.6 22,289.6 19,357.0

2011 54,247.0 14,466.9 31,145.4 8,634.7

2010 56,026.5 11,504.0 38,878.0 5,644.5

2009 59,731.0 12,333.5 44,761.1 2,633.4

2008 50,668.3 8,879.9 38,863.8 2,924.7

2007 56,274.3 5,464.7 48,496.1 2,313.5

2006 32,331.0 2,914.2 28,423.7 993.1

2005 22,064.1 1,916.2 17,099.6 3,048.4

2004 29,203.8 7,087.1 21,036.0 1,080.7

2003 7,112.5 2,768.1 4,284.3 60.2

2002 73,861.4 964.5 72,848.1 48.9

2001 19,792.7 11,097.1 8,693.4 2.3

2000 5,253.4 3,165.5 2,087.9 0.0

TOTAL 851,306.2 128,384.7 452,077.9 270,840.9

Estatus de las recuperaciones 2000-2016(Millones de pesos)

Fuent e: Elabo rado por la U EC co n d at os del Sist ema Púb lico de C o nsult a de

A ud it o rí as

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Los mayores montos de recuperaciones operadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, derivan de las siguientes entidades:

Solo estas siete entidades fiscalizadas concentran el 66.3% del total de las recuperaciones que han sido operadas al mes de mayo de 2018 con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 2.3. Sobre el Informe General 2016 y su consistencia con el PAAF 2016

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016) se programaron un total general de 1 mil 865 revisiones: 1 mil 857 auditorías, 2 estudios y 6 evaluaciones, distribuidas entre Gasto Federalizado (1 mil 319), Desarrollo Económico (221), Desarrollo Social (180), y Gobierno (145).

Las tres entregas de los informes individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 sumaron un total de 1 mil 865 informes individuales, tal como se determinó en el PAAF 2016; sin embargo, por grupo funcional, se presentaron variaciones.

La variación que presenta el grupo funcional de Gobierno se debe a que en el PAAF 2016 se consideraron 145 auditorías, sin embargo, en la presentación del IGE 2016, solo se presentaron 131 auditorías, debido a que las restantes 14 auditorías se vincularon a otros grupos funcionales: 4 a Desarrollo Económico, y 10 a Gasto Federalizado. Es

SAGARPA 84.3 millones de pesos

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 52. 1 millones de pesos

Pemex Exploración y Producción 4,113.2 millones de pesos

Estado de México 1,294.3 millones de pesos

Chiapas 134.8 millones de pesos

Coahuila 116.0 millones de pesos

Morelos 106.4 millones de pesos

PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación

Desempeño 46 45 -1 51 51 0 51 52 1 0 0 0 148 148 0

Financiera y de

Cumplimiento*80 67 -13 112 53 -59 90 91 1 1,276 1,347 71 1,558 1,558

0

Inversiones Fisicas 13 13 0 8 8 0 74 74 0 41 41 0 136 136 0

Forenses 1 1 0 7 7 0 5 5 0 2 2 0 15 15 0

Estudios y

Evaluaciones5 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 8 8

0

Total 145 131 -14 180 121 -59 221 223 2 1,319 1,390 71 1,865 1,865 0

Gasto

FederalizadoTotal

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y del Sistema Público de Consulta de Auditorías

*Incluye las auditorías financieras con enfoque de desempeño.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

PROGRAMADAS (PAAF 2016) VS PRACTICADAS (IGE 2016)

Gobierno Desarrollo SocialDesarrollo

Eoconómico

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importante señalar que son las mismas auditorías, solo cambia el grupo funcional al que fueron asignadas.

La diferencia de 59 auditorías que se observa en el grupo funcional de Desarrollo Social se debe a que en la presentación del IGE 2016 se concentraron en Gasto Federalizado.

Por su parte la variación positiva de 2 auditorías en el grupo funcional de Desarrollo Económico se debe a dos movimientos. El primero es la disminución de 2 auditorías que en el PAAF 2016 se vincularon a Desarrollo Económico y en el IGE 2016 se vincularon a Gasto Federalizado, y la segunda es porque 4 auditorías que en el PAAF 2016 se vincularon a Gobierno, en el IGE 2016 se vincularon a Desarrollo Económico.

Consecuentemente la variación de 71 auditorías en Gasto Federalizado se explica a razón de que en la entrega del IGE 2016 se presentaron 10 auditorías que en el PAAF se vinculaban a Gobierno; 59 que se encontraban en Desarrollo Social; y 2 que se encontraban en Desarrollo Económico.

Por otro lado, destaca el hecho de que el Sistema Público de Consulta de Auditorías no diferencía entre auditorías Financieras y de Cumplimiento y las auditorías Financieras con Enfoque de Desempeño. Lo mismo sucede en el caso de los Estudios y las Evaluaciones de Políticas Públicas. En la búsqueda de las revisiones realizadas con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el sistema arroja un total

PAAF 2016 IGE 2016 (a) Variación (b) Explicación de la variación Total (a+b)

4 Desarrollo Económico

10 Gasto Federalizado145

Gobierno

145

Gobierno

131

Gobierno-14

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y del IGE 2016

PAAF 2016 IGE 2016 (a) Variación (b) Explicación de la variación Total (a+b)

Desarrollo Social

180180 121 -59


59 Gasto Federalizado

PAAF 2016

Desarrollo

Eocnómico

IGE 2016

Gasto Federalizado

PAAF 2016

Gobierno

IGE 2016

Desarrollo

Económico

Variación

positiva

221 2 219 4 223 2



- = + =

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global de 1 mil 865 revisiones realizadas: 148 auditorías de Desempeño; 8 Estudios; 1 mil 558 Financieras y de Cumplimiento; 15 forenses y 36 de Inversiones Físicas. Sin especificar cuántas son Financieras con Enfoque de Desempeño y cuántas Evaluaciones de Política Pública.

Es relevante señalar que el PAAF 2016 presentó en el curso del año 2017 y hasta el 2018 7 modificaciones desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de enero de 2017, situación que no se había presentado en años anteriores. Así, las fechas de modificaciones del PAAF 2016 publicadas en el DOF fueron:

Número de modificación

Fecha de publicación en el DOF

1 era 04 mayo 2017

2da 01 Junio 2017

3ra 13 julio 2017

4ta 17 agosto 2017

5ta 08 Septiembre 2017

6ta 07 Noviembre 2017

7ma 21 de Diciembre 2017

Entre las principales modificaciones que sufrió el PAAF 2016 destacan las seis auditorías forenses que fueron adicionadas:

1793-DS para la revisión de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (primera modificación 04/05/17).

1792-DE para revisar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (primera modificación 04/05/17).

1791-DD-GB para revisar el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (primera modificación 04/05/17).

1794-DS-GF para revisar la Televisora de Hermosillo S. A. de C.V. (primera modificación 04/05/17).

1872-DE para revisar la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (tercera modificación 13/07/17)

1875-GB para revisar Prevención y Readaptación Social (cuarta modificación 17/08/17)

Los resultados de estas auditorías fueron reportados el 20 de febrero de 2018 (tercera etapa).

Se concluye que, en términos numéricos generales, no se observó variación alguna entre las auditorías programadas y las practicadas (IGE 2016). Sin embargo, como se señaló

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anteriormente, se presentan variaciones en el total de auditorías por grupo funcional, debido a que algunas de las auditorías que en el PAAF 2016 se encontraban vinculadas a Gobierno (14), Desarrollo Económico (2) y Desarrollo Social (59), en la presentación del IGE 2016, se agruparon en otros grupos funcionales, empero, son las mismas.

2.4. Sobre las áreas clave de riesgo determinadas por la ASF

Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público

La ASF considera cinco áreas que estima relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano y que, desde la perspectiva institucional, constituyen temas que presentan factores, de distinta índole, que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen un impacto económico y social considerable. A continuación, se mencionan:

I. Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas suponen condiciones favorables para el Estado al no tener como objetivo la generación de utilidades ni la ganancia económica. De hecho, bajo esta lógica, el artículo 1° referido contempla una excepción para la asignación directa de este tipo de contratos. Las contrataciones que se pretendan realizar al amparo de dicho artículo están obligadas a cumplir con el artículo 134 constitucional, de manera que los recursos erogados se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, desde la Cuenta Pública 2012, la ASF ha señalado a estas contrataciones como un factor que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Con base en la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2016, la ASF sigue considerando a las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de la LAASSP, como un área que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. Este tipo de prácticas afectan la imagen de la gestión gubernamental cuando no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos y también tiene un efecto social negativo, especialmente en el caso de los recursos que fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman parte de programas vinculados con el desarrollo social. Un ejemplo de lo anterior, identificado por la fiscalización, se refiere a algunas de las adquisiciones —realizadas al amparo del artículo 1° de la LAASSP— correspondientes al lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH). Independientemente de que se realice una adjudicación directa con alguna entidad pública, la LAASSP señala que el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente, por lo menos, el 51 por ciento del monto total del contrato. Es decir, este ente debe contar con los recursos materiales, humanos y técnicos antes de

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suscribir el contrato, con el objeto de que las subcontrataciones, en caso de existir, no sean mayores al 49 por ciento. En diversas auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, la ASF identificó que esta disposición legal no es observada. En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante. Destacan los casos de la revisión a la gestión financiera del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) (auditoría 303-DE), donde se determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la CONAPESCA y SAGARPA. Como consecuencia INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (estas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su vez, a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos a INCA Rural. Al respecto, la ASF recomienda que se revisen los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no cumple con los propósitos para los que fue establecido dicho Instituto. Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (auditoría 171-DS), en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados. En el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones antes referidas, derivadas de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo (auditoría 290-DE); entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (auditoría 408-DE); entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (auditoría 259-DS); entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (auditoría 195-DS); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU (auditoría 193-DS); entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA (auditoría 197- DS); entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (auditoría 199-DS); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU (auditoría 1791-DS-GF); entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU (auditoría 1793-DS), y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU (auditoría 1794-DS-GF).

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La ASF señala que en las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012-2016, se han observado montos con posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos (mdp). Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del Gobierno Federal (INCA Rural). Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos. Al respecto, la ASF recomienda:

Reglamentar el artículo 1º de la LAASSP para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.

Que los titulares de las dependencias contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo.

Que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de transparencia y rendición de cuentas, dada la relevancia que ha adquirido este tema en distintos ámbitos.

II. Obra Pública

La ASF refiere que en México se destina alrededor del 15% del PEF para el desarrollo de proyectos de inversión física. Su importancia radica en su contribución para generar condiciones adecuadas que propicien la actividad económica, así como para proporcionar servicios básicos relacionados con salud, educación, agua potable y saneamiento, principalmente. Cuando las obras públicas no se concluyen en los plazos convenidos y acorde con los montos originalmente contratados, se generan situaciones que impactan negativamente en el mejoramiento social y económico de la población. La ASF subraya la relevancia de que las dependencias y entidades de la APF, la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales y las demás instituciones que participan en la promoción y

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construcción de la infraestructura nacional, homologuen sus criterios de actuación, a fin de contar con proyectos ejecutivos oportunos y completos. La institución considera que los proyectos ejecutivos deficientes son la causa principal de las modificaciones efectuadas a los montos y plazos originales de los contratos revisados. Resulta conveniente enfatizar la existencia de un cambio en el modelo de ejecución de obra pública en México, debido a la incorporación de las Asociaciones Público-Privadas (APP); situación que implica retos adicionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. En particular, la fiscalización enfrenta limitaciones respecto a la revisión integral de las etapas de los proyectos que se llevan a cabo bajo dicho esquema de financiamiento. Con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre la Cuenta Pública 2016, y en línea con los hallazgos de revisiones previas, la ASF ha categorizado como causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura, las siguientes: problemáticas en la planeación y programación de los trabajos; debilidades de carácter técnico; insuficiencias económicas, y fallas de ejecución. En lo que respecta a la figura de APP y con base en los resultados de la fiscalización superior efectuada a diversas Cuentas Públicas, la ASF ha identificado una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta para asegurar la correcta operación de los proyectos gestionados bajo este mecanismo: Justificación suficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en comparación con otras formas de financiamiento; Mecanismos de transparencia respecto a la determinación de precios ofertados por maquinaria, mano de obra, equipo y financiamiento, con el fin de asegurar que son consistentes con los valores de mercado; Claridad en la desagregación de los elementos que integran el costo total del proyecto; Cumplimiento de la disposición legal en torno al equilibrio necesario en materia de distribución de riesgos técnicos, financieros, de ejecución de obra o eventualidades para ambas partes, y Certezas sobre los parámetros de evaluación de los proyectos, así como sobre las tareas de control y supervisión. Sobre esta área clave con riesgo la ASF recomienda:

Es recomendable que el Poder Legislativo analice la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier obra de infraestructura sin dar lugar a excepciones.

Adicionalmente, se sugiere contemplar modificaciones pertinentes a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada.

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III. Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado Con la promulgación de las leyes secundarias relacionadas con la Reforma Energética, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la CFE se transformaron, de organismos públicos descentralizados, a empresas productivas del Estado. Este cambio de naturaleza jurídica tuvo como objetivo dotar a ambas instancias de una estructura con características eminentemente empresariales. Cabe aclarar que, en ambos casos, la meta principal es generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. En este contexto, el marco legal que regula dichas empresas prevé el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo, en el caso de PEMEX, y la instalación de un modelo operativo para la CFE. En particular, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que la organización y estructura de dicha empresa debe atender la optimización de recursos humanos, financieros y materiales; la simplificación de procesos; la eficiencia y transparencia, así como la adopción de mejores prácticas corporativas y empresariales, a nivel nacional e internacional. No obstante, lo anterior, los resultados de la fiscalización de la ASF a la Cuenta Pública 2016, muestran importantes desafíos respecto a la gobernanza en la toma de decisiones de ambas empresas. Algunas de las revisiones practicadas por la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a PEMEX y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano. Los resultados de las revisiones de la ASF constatan que las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica, la ASF identificó que, en cuanto a la adquisición del Grupo Fertinal, por parte de PEMEX, se registró una pérdida integral neta de más de 565 mdp (auditoría 468-DE). Destaca también el caso de la reactivación de la cadena productiva del Acrilonitrilo (auditoría 470-DE) en donde el potencial del negocio está limitado, toda vez que PEMEX-Etileno no ha definido un plan de acción renovado en cuanto a la utilización de los activos y el personal del Complejo Petroquímico Morelos Unigel. En cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI (auditoría 1800-DE), la ASF identificó que PEMEX Transformación Industrial (PTI) incurrió en pérdidas por más de 1 mil 900 mdp, debido a que el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos. De la misma forma, el Consejo de Dirección de PEMEX aprobó la adjudicación directa para la contratación del servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula (auditoría 479-DE), la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada, por un monto de más de 1 mil 178 mdp. En esta revisión han quedado de manifiesto

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los riesgos que enfrenta la empresa, toda vez que la normativa que rige a PEMEX es más laxa que la federal. Se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya contribuido, en la práctica, al fortalecimiento de la posición estratégica de PEMEX, como en la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz (auditoría 438-DE). En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017. En lo que se refiere a la comercialización de coque (auditoría 474-DE), PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo. La fiscalización practicada muestra que, en el 2016, dado que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700 por ciento, el no haber estipulado dicho valor de referencia mundial en el contrato implicó efectos de 839 mdp que se relacionan con los ingresos que PTI que dejó de percibir por haber contemplado un precio fijo desligado de las condiciones del mercado internacional. En lo que corresponde a la CFE, en la adquisición de energía eléctrica a productores externos (auditoría 486-DE), la ASF determinó que, de 2014 a 2016, dicho ente registró pérdidas por más de 2,646 mdp. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos. En lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE respecto a los servicios de transporte de gas natural (auditoría 492-DE), la ASF identificó que el 51.2% de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la Comisión. La ASF concluye que la autonomía que requieren las empresas productivas del Estado para operar en un entorno de competencia que, tal como está planteado en la reforma estructural en materia energética, debe ser un elemento que dé certeza de que las decisiones de negocios están orientadas a reportar beneficios a la Nación. Las determinaciones de PEMEX y la CFE, que se han presentado en este Informe General Ejecutivo, ilustran desafíos respecto a la carencia de toma de decisiones estructurales que muestren la evaluación certera de riesgos y la ponderación de la mejor información disponible. La ley correspondiente que norma a estas empresas, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados financieros positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro de dicho objetivo, ya que, en un conjunto de operaciones

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trascendentes para las empresas, se ha constatado que hubo, desafortunadamente, resultados negativos. La ASF considera que el conjunto de las decisiones de las empresas productivas del Estado ha sido ratificado en niveles de órganos de gobierno, por lo que sugiere revisar a fondo el esquema de gobernanza de ese tipo de empresas.

IV. Finanzas Estatales

La ASF ha venido señalando a la gestión del Gasto Federalizado como un ámbito que enfrenta un entorno con riesgos de distinta índole. De manera recurrente, se han identificado condiciones que propician el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, a cargo de los gobiernos estatales y municipales. La ASF ha determinado que las condiciones de la hacienda pública local repercuten, de manera estructural, en la recurrencia de observaciones determinadas con motivo de la fiscalización superior. Baste mencionar que, para la Cuenta Pública 2016, la ASF constató que un elevado número de entidades federativas enfrentan desequilibrios en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa. Entre los factores explicativos destaca el crecimiento en las prestaciones que desde 1993 se otorgaron, con la instauración del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), en un contexto de presión de las organizaciones sindicales. Dichas prestaciones no eran reconocidas por la Federación, por lo que su financiamiento era cubierto principalmente con las economías de dicho Fondo y, en menor medida, con recursos locales. A pesar de que el FAEB fue remplazado por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se ha mantenido la carga financiera adquirida por los estados, desde entonces, para cubrir la nómina local. Esta circunstancia representó un alza en el gasto corriente cuya reducción no es directa e inmediata por la naturaleza de los conceptos que lo integran. Asimismo, existe una proporción importante de servidores públicos incorporados a organizaciones sindicales y en los últimos quince años, se ha registrado un crecimiento en la deuda pública de las entidades federativas y municipios. Es por ello que actualmente el financiamiento del pago del servicio de los pasivos adquiridos, es un componente importante dentro del presupuesto de egresos de dichos gobiernos. En el agregado, el endeudamiento pasó de 100 mil 700 mdp en 2001 a 568 mil 600 mdp en 2016; representaba en el primer año el 50.9 por ciento de las Participaciones Federales y en 2016 el 82 por ciento lo que se explica por: (1) la inexistencia de un marco regulatorio adecuado que permitiera conformar un ambiente de control apropiado bajo principios de racionalidad, eficiencia y transparencia; (2) la ascendencia de los ejecutivos estatales sobre los congresos locales, y (3) la amplia oferta de crédito por parte de las instituciones financieras privadas. En este contexto fue que se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; publicada en el DOF el 27 de abril de 2016. Al margen de los

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efectos positivos de dicha ley, se genera, de la misma forma, una reducción adicional en el margen de maniobra financiera de los estados. De acuerdo con la ASF, otros aspectos que inciden en las condiciones desfavorables de las finanzas de las entidades federativas son: (1) la utilización de fondos federales como garantía en esquemas de financiamiento diseñados por el Gobierno Federal; (2) los pari passus requeridos en los convenios suscritos con la federación; (3) la basificación de un número importante de personal que era financiado con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; (4) la creciente demanda de apoyos por parte de las universidades públicas estatales, y (5) la solicitud recurrente a los gobiernos estatales de préstamos por parte de los municipios, a cuenta de sus participaciones. La ASF señala que es importante considerar esta situación en el tenor de la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción que forman parte del SNA. Es necesario que las medidas que se adopten se centren en el fortalecimiento de las soberanías estatales, en el marco de la política nacional anticorrupción y en un entorno de rendición de cuentas y transparencia.

V. Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios De acuerdo con la ASF, los padrones gubernamentales son el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales. Se considera necesario establecer sistemas de padrones de beneficiarios que permitan generar información estratégica y contribuyan a los procesos de planeación, coordinación, control y evaluación de los programas gubernamentales. En materia de Planeación, se requiere contar con una plataforma informática vinculada con diversas bases de datos, a fin de disponer de información estratégica que facilite la identificación de la población objetivo y el monitoreo sobre la consecución de las metas planteadas. En materia de Coordinación, se hace necesario integrar un sistema común que facilite la simplificación y consolidación de los procesos de intercambio de información entre los entes gubernamentales, así como entre los estados y municipios que operan los programas sociales. En materia de Control, se debe supervisar el ejercicio de los recursos otorgados; evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios; prevenir la discrecionalidad en la distribución de los recursos, y transparentar la operación de los programas gubernamentales. En lo que toca a la Evaluación, es menester proporcionar elementos a los tomadores de decisiones para coadyuvar a que la distribución de los recursos públicos se realice de manera eficiente, con equidad y sin discriminación. Algunos de los resultados a destacar con la fiscalización superior a esta temática, son los siguientes: Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural. En 2016, en el sector desarrollo rural, se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65,157.4 mdp,

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equivalente al 52.4% de los 124 mil 218.1 mdp ejercidos en los programas para el desarrollo económico, sin que la SAGARPA determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo. Ese mismo año, la dependencia inició el diseño de los manuales y lineamientos con base en los cuales se conformaría el PUOSBSR; sin embargo, las unidades responsables de los padrones individuales de los programas presupuestarios no finalizaron el proceso. La ASF puede señalar que la SAGARPA aún no ha concluido el diseño de los manuales y lineamientos del PUOSBSR, y tampoco se han constituido los padrones específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios. Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social. Hasta 2016, la SEDESOL no había identificado el universo de programas de desarrollo social de la APF, ni de los gobiernos estatales y municipales que deberían estar incluidos en el PUB. Por ello, no había certeza sobre el número de beneficiarios que atienden los programas. La Secretaría se auxilió de los 152 programas de desarrollo social determinados por el CONEVAL. Con la fiscalización se ha observado que los operadores del PUB no disponen de atribuciones para consolidar la información en un sistema único, que permita analizar y evaluar los recursos otorgados a los beneficiarios. A 12 años de que la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento ordenaran la integración del PUB, la SEDESOL registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación de 28 de los 152 programas de desarrollo social señalados por el CONEVAL. El PUB no se ha convertido en una herramienta que proporcione una certeza razonable sobre la equidad y la eficacia de los programas de desarrollo social. Dicha situación incrementa el riesgo de que persista la falta de focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado y propicia condición de ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales. Padrones individuales de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. A partir de 2011, en el PEF se señala que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios deberán generar un listado o padrón, para conocer cómo, cuándo, dónde y a quién se le proporcionan recursos públicos, y con ello, garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas. Sin embargo, hasta 2016, aún no estaban precisadas las disposiciones específicas para homologar los procesos de recopilación de dicha información. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. Tiene como finalidad integrar de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente, respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF y, en su caso, la de los estados y municipios, a fin de facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país. En 2015, la información incorporada en el Sistema mostró que se incluyeron 196 programas presupuestarios de la APF y ninguno de estados y municipios. Desde la óptica de la ASF, la plataforma informática del Sistema no cuenta con los requerimientos necesarios para emitir los datos que posibiliten la evaluación de los resultados de las políticas y programas de subsidios, y se carece de mecanismos que aseguren la correcta focalización de los recursos y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad

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establecidos en la normativa de cada uno de los programas. A 11 años de haberse mandatado la constitución del Sistema, aún no se dispone de un sistema informático que integre, de forma estructurada y sistematizada, información confiable de los padrones de los programas de subsidios. La ASF concluye que después de 16 años de que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la APF conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema público relativo a la falta de estructuración e integración de los mismos. Se ha observado una dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos. Asimismo, los diagnósticos son insuficientes para evaluar la eficacia de los programas y políticas de otorgamiento de subsidios, ya que éstos no se focalizan adecuadamente a las poblaciones objetivo por lo que persisten inequidades entre los beneficiarios.

Áreas clave con riesgo en el Desarrollo Nacional

Desarrollo Social

a) Educación A cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo; mientras que en media superior fueron el 49.3% en el área de matemáticas y el 45% en lenguaje y comunicación. Lo anterior se explica, en términos generales, porque los nuevos planes y programas de estudio en el nivel básico iniciaron su implementación en el ciclo escolar 2017-2018, y en el nivel medio superior se encuentran en proceso de rediseño; la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; no se ha consolidado un sistema de profesionalización docente que responda a las necesidades de formación y propicie la idoneidad del personal del sector educativo, y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) continuó en fase de implementación, lo que significa que los resultados de las evaluaciones aún no son utilizados para la toma decisiones de las autoridades educativas.

b) Salud En lo concerniente al acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016, se observó un avance de 18.3 por ciento en la conformación del Sistema Universal de Salud, al adherirse el IMSS, el ISSSTE y tres entidades federativas al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con 6,738 establecimientos médicos, de los 36,892 registrados ante la Secretaría de Salud.

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En cuanto a la infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos, de 2004 a 2016, aumentó en 37.9% la cantidad de unidades médicas de consulta externa y de hospitalización, y en 59.8% la de médicos y enfermeras, enfocados a atender a los derechohabientes de las instituciones de seguridad social y a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Sin embargo, su crecimiento no fue proporcional al incremento de 97.8% de la población con acceso a servicios sanitarios en el sector público. La ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Lo anterior, deberá tomar en cuenta las necesidades médicas asociadas a las condiciones demográfica y epidemiológica del país.

c) Alimentación de Grupos vulnerables En 2016, se incrementó en 67.8% el número de beneficiarios del Programa de Comedores Comunitarios, no obstante, no hay certeza de que quienes acceden a los comedores se encuentren en pobreza, ni que la alimentación que recibieron fuera la adecuada, en términos nutrimentales. En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición.

Sostenibilidad Hídrica El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 señala que el agua es un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política del país. En dos tercios del territorio se presenta una demanda creciente de este recurso natural, debido al desarrollo económico y a la concentración demográfica. En opinión de la ASF, la gestión gubernamental en la administración del agua no ha logrado revertir la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos, su deficiente aprovechamiento y el deterioro de su calidad por el incremento de la contaminación, debido a la escasez de recursos humanos y financieros de la CONAGUA. Esta situación ha propiciado fallas en el control de los títulos de concesión, rezagos en la actualización del REPDA, insuficiente inspección para verificar el volumen de agua que es extraído por los concesionarios, la ausencia de estudios para evaluar la calidad y la sobreexplotación de los cuerpos hídricos, lo

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cual dificulta operar las estrategias “Que el agua pague el agua” y “El que contamine pague”. De mantenerse los factores descritos, aumentará el riesgo de que en los próximos años continúe la disminución de agua por habitante.

Sostenibilidad Forestal De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de 2005 a 2010, la superficie forestal en México registró una reducción estimada de 155 mil hectáreas (ha) anuales, siendo el único país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con un problema de deforestación. En 2016, la superficie forestal del país fue de 137,388,751.3 ha, lo que representó el 26.8 por ciento del territorio nacional. En ese mismo año, de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas en México, 152 contaron con superficie forestal equivalente a 14,821,464.5 ha. Desde la perspectiva de la ASF, la pérdida de superficie forestal es consecuencia de: la contribución marginal de las acciones en materia de regulación y fomento; la débil coordinación de las instancias reguladoras y operadoras; así como de la inspección y vigilancia en términos no significativos, ni orientada a las zonas identificadas como críticas. Prevalece, además, la falta de un diagnóstico sobre las regiones con mayores problemas de deforestación.

2.5. Sobre el enfoque de fiscalización seguido por la ASF por grupo funcional En la fiscalización superior practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2016, destaca el incremento en su cobertura respecto a la que se registró en la revisión de 2015. Aumentó el número de auditorías practicadas, al pasar de 1 mil 643 en la revisión 2015 a 1 mil 865 en la fiscalización 2016, equivalente a un aumento de 222 auditorías en términos absolutos y de 13.5% en términos relativos. Del total de auditorías practicadas en 2016, 1 mil 709 fueron de regularidad; 148 de desempeño; 6 evaluaciones de políticas públicas, y 2 estudios. De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 91.6% de las revisiones en 2016 (1 mil 709 de 1 mil 865 auditorías practicadas); es decir, 9 de cada 10 auditorías fueron de regularidad, de las cuales 759 fueron financieras con enfoque de desempeño, 799 financieras y de cumplimiento, 136 de inversiones físicas y 15 forenses. En la revisión pasada las auditorías de regularidad significaron el 89.5% de las revisiones totales a la Cuenta Pública 2015. Cabe destacar que el Gasto Federalizado concentró el 78.6% del total de auditorías de regularidad; es decir, a dicho gasto se le practicaron 1 mil 343 revisiones (de un total de 1 mil 709), de las cuales 757 fueron financieras con enfoque de desempeño y 586 financieras y de cumplimiento. También es importante señalar que a este gasto se le practicaron casi todas las

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auditorías financieras con enfoque de desempeño (757 de un total de 759 revisiones) y el 73.3% de las auditorías financieras y de cumplimiento (586 de un total de 799 revisiones). Por su parte, sólo el 7.9% de las revisiones practicadas en 2016 fueron de desempeño (148 de 1 mil 865 auditorías), porcentaje inferior si se compara con el 9.1% que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (149 de 1 mil 643 auditorías practicadas). El grupo funcional Desarrollo Económico concentró el 35.1% de las auditorías de desempeño (52 revisiones); Desarrollo Social el 34.5% (51) y Gobierno el 30.4% restante (45). De las 6 Evaluaciones de Políticas Públicas (0.3%), 3 correspondieron a funciones de Gobierno (SHCP, SEGOB e IFETEL), 1 a funciones de Desarrollo Económico (SAGARPA), y 2 a Desarrollo Social (INIFED y Secretaría de Salud). En relación a los 2 Estudios (0.1%), todas fueron practicados al grupo funcional Gobierno (2 a SHCP).

Grupo Funcional de Gobierno La actividad correspondiente al sector hacendario pertenece a la Meta Nacional número cuatro: lograr un México Próspero, el PND menciona que el gobierno se enfocará a promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determinó una meta nacional crear un México Próspero y sobre esta base señaló dos objetivos para conseguir esa meta nacional: Objetivo estratégico I: Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica y Objetivo II: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo

(Política hacendaria para financiar el crecimiento).

I. Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica Las estrategias para conseguir este objetivo, así como los ejes temáticos que se definieron en el PND se presentan a continuación:

EJE U OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PND 2013-2018

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO DE META NACIONAL Y EJES TEMÁTICOS 2

Estrategia: Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico: a) Riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario b) Política macroeconómica de ingresos

2 La taxonomía de esta columna fue elaborada por la UEC para facilitar el análisis de las auditorías de este eje objetivo estratégico para conseguir el propósito de la meta nacional.

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Objetivo estratégico I. Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica

c) Gasto público federal y vinculación con el federalismo d) Deuda pública Estrategia: Fortalecer los ingresos del sector público e) Administración tributaria Estrategia: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades f) Revelación financiera y eficiencia institucional

La fiscalización practicada por la ASF en este paquete de IIA relativa a la Cuenta Pública 2016 consideró la revisión de programas orientados a cumplir con el objetivo estratégico de impulsar la “Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica”. Para fines analíticos hemos dividido este primer objetivo estratégico en seis ejes temáticos, en el que cuatro corresponden a la estrategia de Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico: Riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario, Política macroeconómica de ingresos, Gasto público federal y vinculación con el federalismo, y Deuda pública. Asimismo, un eje temático corresponde a la Estrategia: Fortalecer los ingresos del sector público con el eje temático: Administración tributaria; y, finalmente otro eje temático corresponde a la Estrategia: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades con el eje temático: Revelación financiera y eficiencia institucional.

Enfoque de fiscalización en relación a la Estrategia “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”.

En el ámbito del eje temático riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario, la ASF realizó fiscalización a diversos programas. El tema del riesgo macroeconómico, fue abordado por la ASF en algunas revisiones, específicamente en la auditoría “Base de los Ingresos Recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED)”. Esta revisión analizó el desempeño del FMPED el nuevo instrumentó operativo y financiero del gobierno a través del cual se integrará los ingresos del gobierno provenientes del petróleo, que determinan la renta petrolera. Como se sabe en los últimos años la volatilidad del precio del petróleo, y la caída de la plataforma de producción constituyen un riesgo macroeconómico por su incidencia en las finanzas públicas. Para enfrentar este riesgo macroeconómico, el gobierno realizó coberturas petroleras para proteger los ingresos ante movimientos adversos en los precios de la mezcla mexicana de petróleo, y para mejorar la renta petrolera decidió efectuar dos reformas estructurales, una reforma fiscal y una reforma energética que permita la participación en la administración de la riqueza petrolera del sector privado. Los resultados son desalentadores. Las proyecciones de flujos de ingresos indican que hasta el 2021, los recursos generados a través

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del FMPED estarán por debajo del 4.7% del PIB que Pemex generó en promedio anual durante el boom de precios. Hay que recordar que se generaría ahorro de largo plazo si los ingresos excedentes del gobierno en el FMPED excedieran el 4.7% del PIB. Las proyecciones efectuadas por la SHCP en el cuadro de las perspectivas de finanzas públicas 2018-2022 de los CGPE de 2017, previeron un nivel de transferencias del FMPED al Gobierno Federal, para el periodo 2016 hasta el 2022, en un rango de 1.6% a 2.0% del PIB, por lo que no se cumplirá con el umbral establecido en la Reforma Energética de 4.7%, hasta el 2022 no se prevé que el aumento de la plataforma de producción petrolera generará ingresos con la participación del sector privado superiores a ese umbral antes de 2022. La ASF analizó otra vertiente del riesgo macroeconómico en la revisión “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas”. Esta vertiente de riesgo proviene de una inestabilidad de las finanzas públicas estatales. La revisión practicada fue una Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. Aunque no se identificó riesgo sistémico, determinó que en 8 entidades federativas se registran balances financieros deficitarios, 10 entidades presentan balance deficitario considerando recursos disponibles y 15 entidades están en riesgo de no cumplir en el mediano plazo con el principio de sostenibilidad del déficit. Un riesgo macroeconómico de mediano y largo plazo, proviene de la opción de financiamiento mediante la modalidad de contratos de asociación público-privado, tema tratado en la auditoría “Opciones de Financiamiento de la Inversión Pública” en la que la ASF detectó “Limitada viabilidad económica o financiera de proyectos APP que comprometen negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”. Está presente en esta temática el caso del esquema financiero PIDIREGAS. En este tenor destaca una revisión de la Posición financiera de Pemex, que forma parte del grupo funcional desarrollo económico, pero cuya finalidad es evaluar los riesgos para las finanzas públicas de la estructura financiera de PEMEX, en la que se subraya aportaciones del gobierno al saneamiento financiero de PEMEX, que resultan en incrementos de deuda pública. En el tema del gasto público la ASF enfatizó el ejercicio discrecional del Presupuesto de Egresos de la Federación que practica el gobierno al margen del poder legislativo, a través de las adecuaciones presupuestarias que autoriza a los entes fiscalizados. En este ámbito, destaca la revisión “Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración de Recursos del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas” en el contexto en que se amplió el PEF en el 2016 en 567 mil 394.9 millones de pesos, 15.5% más que el aprobado. La ASF ha señalado que, si bien en casos de desastres naturales se requieren transferencias presupuestarias para enfrentar contingencias, las transferencias y adecuaciones presupuestarias frecuentemente encubren subejercicios presupuestarios y reasignaciones de gasto no fundamentadas por las entidades ejecutoras de gasto. Respecto a los fondos aplicados a desastres naturales no faltaron las revisiones de la ASF en donde persistieron irregularidades en la ejecución de los programas, aunque estás fueron de menor impacto que en revisiones anteriores.

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Para examinar de manera integral la política pública en materia de ingresos, la ASF en el Informe Individual de Auditorias del paquete anterior efectuó el estudio de la Política Pública de Ingresos Tributarios del gobierno mexicano desde una amplia perspectiva histórica, hasta evaluar los resultados de la reforma fiscal reciente, que han incrementado la recaudación fiscal, aunque a un ritmo insuficiente. En esa revisión, resaltó la disminución de los gastos fiscales, pero observó la concentración de dichos gastos fiscales en reducidos beneficiarios en algunos de los rubros que más pesan en los gastos fiscales. En este tercer paquete la fiscalización al SAT no se enfocó a los ingresos sino a evaluar en el contexto de una auditoria horizontal las TICs. Auditando la plataforma “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), programa multianual que está demandando cuantiosos recursos y cuyo avance es del 30% a terminar en el 2020. Se detectaron irregularidades con la identificación de 17 riesgos materializados (7 de alto riesgo) que pueden impactar en el funcionamiento del sistema. En el tema “Gasto público federal y vinculación con el federalismo”, la ASF practicó una revisión a la Gestión Financiera del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, recursos provenientes de la recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Señaló que los recursos federales transferidos a las entidades federativas revelaron que Las entidades estatales no entregaron información de la comprobación de las transferencias realizadas de recursos a sus municipios de la región terrestre y en la región marítima. Además, en las Reglas de Operación del Fondo no se establece la vigilancia por parte de la SHCP de la comprobación de los recursos por las entidades federativas. El tema de la deuda pública fue una preocupación central de la ASF en la fiscalización, practicada en los Informes Individuales de Auditoría de los dos paquetes anteriores, particularmente del segundo paquete que contemplo auditorías a la Deuda del Sector Público Federal, a la Deuda Pública del Gobierno Federal, siendo también objeto de fiscalización de la deuda en las revisiones sobre los riesgos de las finanzas públicas aludidas anteriormente. En los informes individuales de este tercer paquete se registró sólo la fiscalización a la deuda de las entidades federativas ya referida anteriormente. En el ámbito de la deuda contingente, resalta la auditoría sobre las opciones de financiamiento concentrado en analizar los riesgos de materialización de deuda contingente en los proyectos de infraestructura de Asociación Público y Privada. Esta revisión es complementaria a la que practicó sobre el mismo tema en el paquete anterior, en la que se señaló que la escasez de financiamiento es motivo del crecimiento de esta clase de proyectos que pueden entrañar riesgos para las finanzas públicas. La ASF abordó en aquella ocasión este tema bajo un enfoque histórico, relatando las Experiencias negativas en esquemas de Asociación Público-Privadas que deben ser consideradas como lecciones importantes para evaluar la conveniencia de proyectos de APP. En lo particular, la ASF identificó las siguientes experiencias económicamente muy adversas para México:

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1. Resultados negativos del Programa extenso de concesiones (una modalidad de sociedad público privada) aplicado por el gobierno mexicano en la década de los noventa (siglo XX).

2. Resultados negativos en el caso de PEMEX de los “Proyectos de Inversión en

Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público” (PIDIREGAS), para desarrollar infraestructura energética en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso de PEMEX los PIDIREGAS presentaron un aumento significativo de esos pasivos, que no se reflejaban en el déficit gubernamental por 767 mil 941.0 millones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB de 2009.

3. Rescate financiero del programa de concesiones carreteras (esquema de Asociación

Público-Privado). La ASF estimó un monto total de los pasivos que el gobierno asumió por 58 mil 295.0 millones de pesos a precios de agosto de 1997. (Esta cantidad a precios de 2016 asciende a 186 mil 487.9 millones de pesos a precios de 2016).

En esta ocasión como se mencionó anteriormente la fiscalización incorporó un enfoque preventivo mirando las tendencias a futuro y los riesgos de esta opción de financiamiento.

II. Política hacendaria para financiar el crecimiento (Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo)

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determinó que el otro objetivo para conseguir la meta nacional de crear un México Próspero es el de “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo (Política hacendaria para financiar el crecimiento)”. El objetivo estratégico II, las estrategias para alcanzar la meta nacional y los ejes temáticos se presentan a continuación:

EJE ESTRATÉGICO DEL PND 2013-2018 EJES TEMÁTICOS 3

Estrategia: Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores con dos ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de Desarrollo Estrategia: Ampliar la cobertura del sistema financiero hacía un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos con dos ejes temáticos a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de Desarrollo Estrategia: Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero,

3 Taxonomía de esta columna elaborada por la UEC para facilitar el análisis de las auditorías de este eje estratégico.

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II. Política hacendaria para financiar el crecimiento

incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro con un eje temático: a) Incentivos económicos de regulación financiera Estrategia: Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo, con tres ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de desarrollo c) Eficiencia Institucional Financiera Estrategia: promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía con dos ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de desarrollo

Eje temático: Banca de Desarrollo En la gestión de la eficiencia institucional, destaca la fiscalización al desempeño de la banca de desarrollo. En la reforma financiera el gobierno sostuvo que el apoyo eficiente a la intermediación crediticia por parte de la banca de desarrollo podría contribuir al crecimiento estructural del PIB en más de un punto porcentual. Las instituciones de banca de desarrollo del gobierno tienen que ver con las cinco estrategias relacionadas con el objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Con la aprobación de la reforma financiera, se generó una reestructuración del sistema de banca de desarrollo, y se generaron los siguientes compromisos: (1) Impulsar el crecimiento de la oferta de crédito, (2) Impulsar la inclusión financiera, (3) Impulsar a la pequeña y mediana empresa, (4) Impulsar la ampliación de infraestructura con la participación de gobiernos estatales y municipales e (5) Impulsar el crecimiento de la oferta de crédito.

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La fiscalización practicada por la ASF a la banca de desarrollo, abordó esta temática como lo ejemplifica la revisión a: Evaluación de la Política Pública de la Banca de Desarrollo “Financiamiento al Sector Comercio Exterior” (Bancomext) “Financiamiento para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero” (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero) “Financiamiento para el Sector Empresarial” (Nafin). Los hallazgos principales de la ASF sobre la Política Pública de Banca de desarrollo para el periodo 2007-2016 fueron:

Se redefinió el mandato de la banca de desarrollo para ampliar el acceso al financiamiento de los sectores estratégicos, y reglas para mantener su estabilidad y sano desarrollo.

Se preservó la fortaleza financiera de la banca pública

Aunque se atendió a la falta de promoción de financiamiento y la insuficiencia de productos y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada sector estratégico; sin embargo, la ASF identificó que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND carecieron de indicadores para evaluar la promoción del financiamiento; BANSEFI no dispuso de mecanismos para medir el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, y ninguna institución evaluó los efectos de la promoción en el otorgamiento de crédito.

En lo general la banca de desarrollo cumplió con su objetivo de ampliar el crédito a los sectores estratégicos.

Fortaleza financiera de la banca pública en el 2016: índice de recuperación de la cartera de crédito de total de 90.6%; aumento de 73.0% en el capital.

Otorgamiento de crédito: la banca de desarrollo incrementó la oferta de créditos a una tasa media anual de 8.8% en términos reales en los últimos 10 años.

Objetivos pendientes de la Banca de Desarrollo:

Índices de atención a la población objetivo, en 2016, de acuerdo con un referente establecido por la ASF, NAFIN registró una cobertura de 12.7% respecto de su población potencial; BANOBRAS del 51.9%; BANSEFI tendió al 97.3%; BANJERCITO logró una cobertura de 80.3%, SHF del 34.3%. No fue posible evaluar la cobertura de BANCOMEXT respecto de la población potencial y objetivo.

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En relación con la inclusión financiera, al cierre de 2016, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND no integraron dentro de sus objetivos y estrategias institucionales, programas presupuestarios e indicadores de desempeño para el fomento de la inclusión financiera para los sectores específicos que atiende cada una de ellas y se identificó que estas instituciones no definieron la manera en que coadyuvarían al logro de los ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

En lo particular las revisiones a Bancomext, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y Nafinsa, corroboraron los hallazgos de la ASF sobre el desempeño de la política pública del gobierno sobre la banca de desarrollo. En el ámbito de la eficiencia institucional llama la atención la fiscalización a los entes siguientes: Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. La fiscalización a la gestión del SAE continuó revelando los claroscuros de la institución destacando lo siguiente:

Costo relevante para el Estado de la expropiación de los ingenios por los largos procesos de liquidación y resolución de los mismos con baja rendición de cuentas a pesar de ciertos beneficios sociales.

En la fiscalización al proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, sigue pendiente de 969 extrabajadores y la ASF emitió una Abstención de Opinión sobre la revisión.

En la fiscalización al proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México se constató que se trata de un proceso largo y costoso.

Otros Sectores de Gobierno Se realizaron 63 revisiones practicadas a 26 entes distribuidos en 10 sectores fiscalizados: Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Presidencia de la República, Procuraduría General de la República, Función Pública y Órganos Autónomos.4 En funciones de Gobierno, el presupuesto ejercido en estas funciones de Gobierno se distribuyó como sigue: en Gobernación fue el más representativo, al significar el 22.0% del gasto, Defensa Nacional 19.7%; Poder Judicial representó 15.3%; Hacienda y Crédito Público 12.8%; Marina 8.5%; Órganos Autónomos 8.3%; Procuraduría General de la República 4.4%; Poder Legislativo 3.8%; Relaciones Exteriores 3.6%; Presidencia de la República 0.9%; Función Pública 0.6% y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con un monto marginal de 0.04%.

4 En órganos Autónomos, se excluye Banco de México, ya que se encuentra en la Sección de Hacienda, por la importancia de este y la naturaleza de sus funciones financieras.

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Poder Legislativo.

Se practicaron tres auditorías financieras y de cumplimiento al poder legislativo, dos a la Cámara de Diputados y una a la Cámara de Senadores. En ambos casos la ASF encontró incumplimientos de disposiciones legales y normativas, así como opacidad en el uso de recursos.

En la Cámara de Diputados la ASF destaca la reincidencia en el otorgamiento de subvenciones especiales al amparo de Acuerdos emitidos en ejercicios anteriores, no obstante que éstas sólo deben ser autorizadas en situaciones excepcionales y con el carácter de únicas para atender asuntos específicos.

En la Cámara de Senadores prácticamente una tercera parte del presupuesto (22.7%) no se ve respaldada con información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.

Lo anterior da lugar a un total de 7 observaciones y 9 acciones promovidas en el Poder Legislativo. Cabe destacar, que la mayoría de las observaciones presentadas son de carácter reincidente tanto en la Cámara de Diputados como en la Senadores.

Por otra parte, queda como tarea pendiente la evaluación del desempeño de los impactos de las reformas estructurales en los ámbitos social, económico (en particular en lo referido a producción, empleo, equidad y bienestar social) y otros relevantes en cada caso. Tal evaluación se haría desde lo referido en los respectivos objetivos declarados de cada una de las reformas estructurales.

Poder Judicial. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera de gran importancia el logro de la Primera Meta Nacional, México en Paz; para alcanzar dicha meta se plantea el objetivo de Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y para lograrlo se planea consolidar la transición hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio. Lo anterior implica una transformación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, logre una procuración de justicia efectiva y combata la corrupción. En este contexto la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, abordó varias de las estrategias y líneas de acción para el cumplimiento de objetivos, entre las que destaca Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema; por ello la fiscalización superior contempló entre sus revisiones la auditoría de “Otras Actividades: Capacitación”. Asimismo, en aras de cumplir con la Meta Nacional destacó entre sus revisiones de auditoría:

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Gestión Financiera.

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora.

Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo.

Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, Chiapas.

Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California.

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco.

Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango.

Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en el Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes.

Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México.

Con base a lo anterior se realizaron 10 auditorías al Poder Judicial; de las cuales, una de Inversiones Físicas, fue realizada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 al Consejo de la Judicatura Federal de las cuales 7 fueron de Inversiones Físicas, 1 Financiera y de Cumplimiento y 1 de Desempeño. La distribución de la fiscalización se encamino a constatar que las obras públicas realizadas para o por las entidades fiscalizadas fueron presupuestalmente aprobadas y los recursos correctamente utilizados; se contó con los estudios y proyectos respectivos; la contratación se sujetó a las disposiciones jurídicas y técnicas aplicables; los costos se correspondieron con los bienes o servicios adquiridos, y los de la obra ejecutada con los tiempos, precios, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales; y que la entrega de las obras, bienes y servicios se ajustó a lo previsto en las leyes y contratos respectivos.

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Las auditorías realizadas al Consejo de la Judicatura Federal, arrojaron 38 observaciones (88.4% de las observaciones del sector) que dieron lugar a 42 acciones (89.4% de las acciones del sector), de las cuales 16 fueron preventivas y 26 correctivas entre las que destaca 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (94.7% de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 36.2 millones de pesos (75.2% de las recuperaciones totales determinadas del sector), de las cuales solo se han operado 4.9 millones de pesos (13.6%) y probables a recuperar 31.2 millones de pesos. La auditoría de Inversiones Físicas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrojó 5 observaciones (11.6% de las observaciones del sector) que dieron lugar a 5 acciones (10.6% de las acciones del sector), de las cuales 1 fue preventiva y 4 correctivas entre las que destacan 3 Solicitudes de Aclaración (37.5% de las Solicitudes de Aclaración del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 12 millones de pesos (24.8% de las recuperaciones totales determinadas del sector), de las cuales no se ha operado. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Irregularidades normativas.

Se avalaron y autorizaron para pago estimaciones sin contar con todos sus soportes correspondientes.

No se aplicaron a la contratista las penas convencionales.

No hay congruencia en el pago de mano obra.

No se vigiló adecuadamente el control del programa de obra para su terminación y no se realizó adecuadamente el cierre administrativo del contrato.

En la solicitud de cotización a las contratistas se les indicó el importe del presupuesto base.

Deficiencias en la planeación de la obra al omitir restricciones de altura normadas

Falta de transparencia en la formulación de actas de fallo

Deficiencias en los procesos de licitación

Adjudicación de contratos que incumplen las bases de la licitación

Irregularidades en manejo de materiales e insumos.

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Gobernación.

Este sector fue el más fiscalizado en el grupo funcional; se le practicaron 18 auditorías de las cuales 8 fueron a la Secretaría de Gobernación y las restantes 10 a los otros cinco entes que conforman el sector. Las auditorías efectuadas a este sector se distribuyeron en 2 de desempeño, 4 financieras y de cumplimiento, 1 de inversiones físicas y 1 evaluación de políticas públicas. Las otras 10 auditorías fueron 5 de desempeño, 3 financieras y cumplimiento, 1 de inversiones físicas y 1 forense.

En conjunto se manifiesta una distribución encaminada a la revisión del desempeño por un lado y por otro a lo financiero y de cumplimiento de los entes que componen este sector. En total dieron lugar a 58 observaciones y 106 acciones, de las que 61 fueron preventivas y 45 correctivas. Las recuperaciones determinadas fueron de 215.0 millones de pesos, de las cuales 317.3 mil pesos han sido operadas y 214.7 millones de pesos son probables.

Los temas revisados en términos generales a las áreas sustantivas se centraron en la evaluación del gobierno interior del país, fueron las siguientes: derechos humanos, discriminación, seguridad pública, servicios migratorios, archivos, así como la prevención y readaptación social.

Las auditorías de desempeño realizadas a la SEGOB, coinciden en señalar que las medidas instrumentadas por los entes de este sector no fueron suficientes para abatir la problemática específica de los programas que se estaban auditando.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó un importante esfuerzo para evaluar la política de prevención del delito y migración, fiscalizando a la SEGOB (Auditorías 1787, 16 y 18, evaluación de políticas públicas y financiera y de cumplimiento), al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Auditoría 29, de desempeño), a la Policía Federal (Auditoría 21, de desempeño) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (Auditoría 23, de desempeño).

En cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria, se determinó que, en el periodo 2007-2011, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, al pasar de 12 a 13 derechos vulnerados. En contraste, durante el periodo 2012-2016, posterior a la entrada en vigor de la Ley de Migración, el número de derechos vulnerados fue de 61. De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la mayor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se identificó la participación de 8 autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, lo que denota la necesidad de prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de derechos. En el periodo 2007-2011 el porcentaje de dependencias involucradas en violaciones a migrantes disminuyó 8.5%, al pasar de 94 a 86, en el periodo 2012-2016 decreció en 38.5%, al pasar de 109 a 67 dependencias.

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El FONDEN es un instrumento interinstitucional que permite apoyar a las entidades federativas cuando un fenómeno natural amenaza la vida y la salud de la población y supera su capacidad financiera y operativa de respuesta. Emplearlo requiere una declaratoria de emergencia. Al respecto resaltan las siguientes irregularidades:

En el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

(Cenaprece), de la Secretaría de Salud, se autorizaron 52,940 y 20,043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes de 2015 y 2016, sin el cálculo que los avale.

Se entregaron 348,135 insumos a los municipios afectados de Chihuahua después del

término de las declaratorias.

Por su parte, los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, y Tamaulipas remitieron al Cenaprece los formatos de utilización de medicamentos con retardo entre 14 y 454 días después del aviso de término de la emergencia.

Relaciones Exteriores. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera de gran importancia el logro y cumplimiento de la Quinta Meta Nacional, México con Responsabilidad Global; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, sobre la estrategia de ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran. Asimismo, el logro de la Meta Nacional se encuentra alineada al objetivo de “Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país” del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018.

Con base a lo anterior la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en materia de desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas como educación, salud, cultura y negocios destacó los siguientes programas:

Erogaciones para la Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral: Programa Equidad de Género.

Meta Nacional

(PND)

Objetivo de la Meta

Nacional (PND)Estrategia(s) del Objetivo de la Meta Nacional (PND) Línea de Acción (PND)

Objetivos del Programa

Sectorial

5. México con

Responsabilidad

Global

5.4 Velar por los

intereses de los

mexicanos en el

extranjero y proteger

los derechos de los

extranjeros en el

territorio nacional.

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos

aquellos mexicanos que lo requieran.

Desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas

como educación, salud, cultura y negocios

5 Proteger los intereses y

derechos de las personas

mexicanas en el

extranjero, fomentando

así la inclusión en el país.

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A LAS METAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

Fuente: Elaborado por la UEC, con información del Programa Sectoria l de Relaciones Exteriores 2013-2018.

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Con base a lo anterior se realizaron 2 auditorías una Financiera y de Cumplimiento y una de Desempeño a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para el análisis de este documento se consideró las “Erogaciones para la Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares”, por lo que la distribución de la fiscalización se enfocó a fiscalizar la gestión financiera del Programa E002 "Atención, protección, servicios y asistencia consulares" para verificar que el presupuesto asignado a las erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Las auditorías aplicadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores la arrojaron 29 observaciones que dieron lugar a 74 acciones, de las cuales 53 fueron preventivas y 21 correctivas, entre las que destacan 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 70.0 millones de pesos, de las cuales se operaron 1.6 millones de pesos, y probables de recuperar 68.3 millones de pesos. La aplicación de la auditoría revisada por la UEC, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Sin actualización del marco normativo el Servicio Profesional de Carrera de la SER, como son: los Manuales de Organización Específicos y Generales sin actualización.

Sin reglas claras de cómo se realizará el control de la asignación, erogación y comprobación de los recursos para los Procedimientos de “Radicaciones a las Representaciones de México en el Exterior”.

Sin actualización las normas presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior (RME).

Sin información comprobatoria de las erogaciones de las RME en USA.

Deficiencias en el programa de trabajo.

Incremento significativo en el presupuesto ejercido en el programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

Sin justificación de la No radicación de recursos al programa relativo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de Becas.

Sin mecanismo de control y seguimiento de los recursos asignados a sus distintos programas, para que se ejerzan de acuerdo a su fin establecido.

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Deficiencia en los mecanismos de control para determinar si la totalidad de recursos recibidos corresponden con los egresos registrados y aplicados, restando transparencia a la rendición de cuentas de los recursos del IME.

Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento en el rubro de gastos.

Deficiencias en las normas internas sin que se exista un fundamento en la mayoría de los gastos de operación y sin aplicación eficiente en las Adefas.

Deficiencia en las disposiciones normativas para fortalecer los mecanismos de control, seguimiento, unificación y homologación de los Memorándums de Entendimiento (MOU), que tienen como consecuencia la falta de transparencia de los recursos.

Carencia de mecanismos para la comprobación y aplicación de gastos con las organizaciones de la sociedad que reciban recursos de apoyo de los programas de la SER.

Sin coordinación eficiente y eficaz entre el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las Representaciones de México en el Exterior y las organizaciones participantes.

Falta de lineamientos para un mejor control de los recursos en el Programa “Actividades Comunitarias”.

Sin lineamientos o criterios que describan los procedimientos para la asignación, operación, control, comprobación y seguimiento del denominado "Programa IME Becas".

Deficiencias en la aplicación de los recursos del programa IME-Becas

Sin evidencia documental de publicaciones efectuadas

Sin verificación del cumplimiento de las reglas de operación

Probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 946.4 millones de pesos.

Irregularidades en los procesos de control del servicio profesional de carrera

Falta de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones

Falta de transparencia en el control, seguimiento y aplicación de recursos asignados.

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Defensa Nacional.

Por lo que hace al Sector Defensa Nacional, la Auditoria Superior de la Federación realizó 1 auditoría financiera y de cumplimiento la SEDENA de auditorías Financiera y de Cumplimiento, así como una de Inversiones Físicas al Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Lo anterior dio lugar a un total de 9 observaciones con 10 acciones promovidas en el Sector Defensa Nacional. En lo que respecta al ISSFAM presenta recuperaciones probables por un monto de 4.2 millones de pesos.

Cabe mencionar, que en la auditoría 103 realizada al ISSFAM se observa una falta de control y supervisión del correcto requisitado de los oficios de instrucción de transferencia de recursos, emitiéndose un recibo por 120.3 millones de pesos; sin embargo, las transferencias recibidas de SEDENA fueron por 116.2 millones, lo que hace una diferencia de 4.1 millones pendiente de depositar.

Por otro lado, se observa que existe una falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3.5 millones de pesos.

Marina.

En este sector, la auditoría Superior de la Federación practicó al ente auditado dos revisiones, la primera fue Financiera y de Cumplimiento y la otra de Inversiones Físicas, en la primera de ellas se tuvo una observación con una acción promovida, sin que diera lugar a recuperaciones o sin que se generaran recuperaciones determinadas. En la segunda no se presentaron observaciones.

En la auditoría 1814 “Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México” se realizaron 3 proyectos importantes: Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México y Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México.

El proyecto de ampliación y equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el estado de Baja California Sur, tuvo como objetivo proveer de infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales pilotos aviadores, así como brindar instalaciones adecuadas y suficientes para tener capacidad de alojamiento, entrenamiento a los cadetes de la escuela de aviación, mantenimiento y resguardo a las aeronaves, a fin de garantizar en tiempos oportunos la seguridad aérea. Este proyecto tuvo un monto de 116.4 millones de pesos y un plazo de 230 días naturales. Se realizó una verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y se encontraba en operación.

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Se observó que en la bitácora de obra no se asentaron la descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso; asimismo, no se asentaron los asuntos transcendentes derivados de la ejecución de los trabajos en cuestión, ni se registró el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas de ejecución convenidos.

Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. C05/2016, se constató que la SEMAR en los términos de referencia no incluyó la información técnica y recursos, las especificaciones generales y particulares del proyecto, el producto o los documentos esperados y su forma de presentación, así como la metodología a emplear en la prestación del servicio.

Presidencia de la República. La Auditoría Superior de la Federación se enfocó en revisar el cumplimiento normativo y operativo relacionado con la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso que su manejo y registro financiero haya sido correcto; por lo que realizó una auditoría a Presidencia de la República con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera y verificar el presupuesto ejercido. La aplicación de la auditoría por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Importante sobreejercicio en los capítulos 1000 al 5000.

Falta de Análisis y Previsión que impidieron cumplir los lineamientos del procedimiento de licitación.

Deficiencias en sus mecanismos de control, sin verificar la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios, presentando graves inconsistencias en los mismos.

Deficiencias en los mecanismos de control y programación para cubrir las necesidades operativas, administrativas y de protocolo de último momento.

Carencia en la verificación de la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios.

Deficiencia en los procesos de control para sus registros comprobatorios.

Deficiencias en los controles de pago del programa.

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La auditoría aplicada a Presidencia de la República arrojó 1 observación que dio lugar a 1 acción, la cual fue una Recomendación preventiva. Asimismo, cabe destacar que en la auditoría no se determinaron recuperaciones a pesar de las múltiples irregularidades recurrentes.

Procuraduría General de la República. Para 2016, la Auditoría Superior de la Federación realizó 5 auditorías a este ente auditado de las cuales 3 fueron de Desempeño y una Financiera y de Cumplimiento fueron a la Procuraduría General de la República; una de desempeño al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y una de Desempeño al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por lo que se percibe un enfoque basado principalmente en evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como determinar su impacto -social y económico- y los beneficios para la ciudadanía. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Estancamiento en la procuración de justicia en materia de recursos de procedencia ilícita.

Alto índice de averiguaciones devueltas.

Significativa reducción de la productividad en la atención de las averiguaciones previas.

Insuficiente evidencia de información de inteligencia y/o estratégica.

Fuerte impacto del lavado del dinero.

Limitada información en materia de delitos financieros. Las auditorías aplicadas a la Procuraduría General de la República arrojaron 17 observaciones (89.5% respecto al total del sector) que dieron lugar a 35 acciones (94.6% respecto al total del sector), de las cuales 22 fueron preventivas (91.7% respecto al total del sector) y 13 correctivas (100% del total del sector), entre las que destacan 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 128.8 miles de pesos, las cuales no han sido operadas. La auditoría aplicada al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, arrojó 2 observaciones (10.5% del total) que dieron lugar a 2 acciones (5.4% del total), de las cuales 2 fueron preventivas (8.3% del total) entre las que destacan 2 Recomendaciones al Desempeño. Es importante destacar que no se determinaron recuperaciones.

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Cabe mencionar que, con excepción de la auditoría 109 GB Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales, relacionada a la investigación y difusión de conocimientos en ciencias penales, para contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, el resto tuvieron un dictamen de No cumplió o Cumplió, excepto por; siendo la auditoría 105 GB Erogaciones para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio con más irregularidades detectadas.

Impacto limitado de las observaciones y denuncias que realiza la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR.

Existe la percepción de que la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de su profesionalismo y eficiencia, ha tenido un impacto limitado desde la perspectiva de un cambio extendido, profundo y permanente hacia una cultura de rechazo a la corrupción dentro del sector público. Lo anterior se refiere a dos aspectos: Uno es que las observaciones y denuncias sobre casos puntuales no tienen un impacto ejemplarizante extendido y suficiente para modificar las conductas de quienes incurren en corrupción en los programas, entidades e instituciones. Lo segundo es que las conductas irregulares observadas en situaciones y periodos específicos no dan pie a modificaciones institucionales de fondo y permanentes que eviten la repetición de acciones similares en años subsecuentes. El impacto limitado fuera de lo directamente fiscalizado se relaciona con la frecuente ineficacia de los señalamientos puntuales sobre estrategias de defraudación e incluso con la de denuncias penales concretas. Como un ejemplo reciente y relevante, la ASF en varios de sus informes de auditoría recientes se refiere a desvíos ocurridos a lo largo de cinco años, que ascienden a más de 6 mil 880 millones de pesos, que fueron “propiciados por irregularidades que han sido observadas reiteradamente”. Este esquema de operación fraudulento, prosigue la ASF, se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que se perciban avances. La Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, que presidió en 2017 el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se refirió a la mayor relevancia pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para añadir a continuación:

“El gran problema es que parece que la relevancia pública alcanzada por la ASF está en razón directa de la soledad de su trabajo, ya que, por ejemplo, de las 848 denuncias penales que ha presentado, desde 2010 a la fecha, ante la PGR por posibles actos de

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corrupción, apenas 7 se han desahogado. Se siguen acumulando denuncias y la impunidad se mantiene incólume.” 5

Desde el mencionado Comité de Participación Ciudadana, Peschard propone que lo que hace la ASF tenga continuidad con lo que hará la Fiscalía Especial Anticorrupción. Por su parte Juan Manuel Pérez, también integrante del Comité, señaló que la ASF año con año determina irregularidades en el uso de recursos federalizados por parte de los estados. Sin embargo de las denuncias presentadas a la PGR muy pocas han prosperado.6 De acuerdo a algunos analistas las denuncias formales que ha hecho la ASF ante la PGR presentan un grado de impunidad del 100 por ciento. De 872 denuncias penales realizadas desde su creación, “la Procuraduría solo ha logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. Los detenidos por esos casos se encuentran libres bajo fianza”.7 De lo anterior se desprende que en la perspectiva de la propia ASF, del Comité de Participación Ciudadana y del segmento de la percepción pública que sigue con interés este tema, existe un importante problema de ineficacia, que no de ineficiencia, en cuanto al impacto de la fiscalización en el combate a la corrupción dentro del sector público. Es en esta perspectiva que debe considerarse el siguiente llamado de la ASF, integrado en varias auditorías correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016:

“La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores prácticas de buen gobierno.”

La UEC propone a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que se elabore un programa especial de trabajo por parte de esta instancia enfocado a emitir un diagnóstico profundo y puntual de las razones del estancamiento de las denuncias presentadas por la ASF a la PGR, emitiendo propuestas de solución puntuales en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Función Pública.

En la fiscalización practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2016 al sector Función Pública, se realizó solamente una auditoría de Desempeño. Cabe destacar que el sector Función Pública no presentó ninguna observación.

5 “La soledad de la ASF: Clave de la impunidad”. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/la-soledad-de-la-asf-clave-de-la-impunidad. 6 http://www.nacion321.com/gobierno/el-sistema-nacional-anticorrupcion-una-lucha-que-inicio-sin-brazos. 7 https://www.animalpolitico.com/2017/11/denuncias-auditoria-desvios-recursos/

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Sin embargo, es de llamar la atención que de acuerdo con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, persiste la falta de servidores públicos profesionales, lo que limita la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios oportunos y de calidad. Las causas de este fenómeno se deben a deficiencias normativas, insuficiente coordinación de los actores que instrumentan el Servicio Profesional de Carrera, limitada capacitación y se observa un incumplimiento de objetivos y metas.

Órganos Autónomos. La Auditoría Superior de la Federación ejecutó un total de 19 auditorías a 7 Órganos Autónomos: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Deficiente planeación del ejercicio de su presupuestario de parte del INEGI derivando en incumplimiento de funciones básicas relevantes.

Carente procedimiento en el Análisis Costo-Beneficio que permita corroborar el dictamen técnico de las contrataciones. (INEGI).

Deficiencias en el Gobierno y Administración de las TIC. (INEGI)

Normativa inconclusa. (IFT)

Falta de manuales de organización. (INAI)

Riesgos por la carencia y operación de controles de seguridad de la información. (INEGI).

No armonizaron su marco normativo con la legislación general en 11 estados de la República Mexicana, limitando la coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia (INAI).

No se cumplieron las metas de registro de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) (INAI).

No se tienen actualizados los Reglamentos Interiores de las dependencias de la Administración Pública Federal (INAI).

Limitaciones en la implementación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) (INAI).

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Deficiencias en la programación y administración de los recursos presupuestarios, con lo cual se generó un déficit presupuestario. (TFJA)

Incumplimiento de las condiciones establecidas en las pólizas. (TFJA)

Contrato sin suficiencia presupuestal para su adjudicación. (INAI)

Sistemas de información con fallas en su funcionalidad. (INAI)

Es necesario fortalecer el Sistema Integral de Fiscalización para mejorar la rendición de cuentas. (INE)

Vicios en el proceso de licitación en los servicios relacionados con obra pública. (INE) Las auditorías aplicadas a los Órganos Autónomos arrojaron 71 observaciones que dieron lugar a 123 acciones, de las cuales 89 fueron preventivas y 34 correctivas, entre las que destacan 3 solicitudes de aclaración; 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 21.5 millones de pesos, de las cuales se operaron 163.6 miles de pesos, por lo que existen probables de recuperar 21.3 millones de pesos. Finalmente se presenta un resumen de las irregularidades detectadas en Otras Funciones de Gobierno en el año 2016, las cuales alcanzaron la cifra global de 351.9 millones de pesos. El sector con mayor porcentaje de recuperaciones probables fue el Sector Gobernación (61.0% respecto al total de recuperaciones probables).

Grupo Funcional Sector Irregularidad Millones de pesos

TOTAL 445.9

No se aplicaron a la contratista las penas convencionales y

sanciones a la que se hizo acreedora por los atrasos

registrados.

Pagos anticipados por obra y servicios no ejecutados.

Deficiencias en la calidad de los materiales y conceptos

utilizados.

Diferencias entre los volúmenes de obra estimados, pagados,

y ejecutados.

No hay congruencia en el pago de mano obra.

Pagos en exceso de servicios no aprovechados.

Irregularidades en el proceso de contratación.

Recursos federales ejecutados sin eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez.

Deficiencias en la contratación de prestadores de servicios.

Continúa…

RECUPERACIONES PROPABLES EN OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 2016

PODER JUDICIAL 43.2

214.7SECTOR GOBERNACIÓN

GOBIERNO

61



Grupo Funcional de Desarrollo Económico En la fiscalización superior al grupo funcional de Desarrollo Económico, destaca el incremento en su cobertura respecto a la que se registró en la revisión de 2015. El pequeño aumento en el número de auditorías practicadas al grupo (pasaron de 217 en la revisión 2015 a 223 en la fiscalización 2016), derivó en la pérdida de importancia en el total de auditorías practicadas, pasando de representar 13.2% en la revisión 2015 a 12.0% en la revisión 2016. Por el contrario, el número de entidades auditadas en el grupo funcional descendió ligeramente al pasar de 52 en la fiscalización de 2015 a 50 en la revisión de 2016. Resalta también el mayor número de revisiones de regularidad (pasó de 153 en la revisión 2015 a 169 en la revisión 2016), dando como resultado un aumento en su importancia respecto a los tipos de auditoría practicados (pasó de significar 70.5% en la revisión 2015 a 75.8% en la revisión 2016)8. Por el contrario, la importancia de las auditorías de desempeño disminuyó al pasar de 27.2% en la revisión 2015 a 23.8% en la revisión de 2016. Al igual que en la revisión pasada, y considerando el mayor número de auditorías de regularidad, el enfoque de la fiscalización superior en el grupo funcional de Desarrollo Económico está orientado en más del 75.0% a este tipo de revisiones.

8 Se consideran como auditorías de regularidad, las financieras y de cumplimiento, inversiones físicas, forenses y financieras con enfoque de desempeño.

Grupo Funcional Sector Irregularidad Millones de pesos

TOTAL 94.0

SECTOR DEFENSA NACIONAL

Deficiencias de registro de transacciones en el Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

(ISSFAM).

4.2

Sin reglas claras de cómo se realizara el control de la

asignación, erogación y comprobación de los recursos.

Sin información comprobatoria de las erogaciones.

Normas presupuestarias desactualizadas.

SECTOR PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

Falta de información comprobatoria de los servicios

contratados0.1

Sistemas de información con fallas en su funcionalidad.

Contratos sin suficiencia presupuestal para su adjudicación.

Vicios en el proceso de licitación en los servicios relacionados

con obra pública.

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe General Ejecutivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

SECTOR RELACIONES

EXTERIORES68.3

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21.3

GOBIERNO

RECUPERACIONES PROPABLES EN OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 2016

62



Es necesario destacar que en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el sector Energía se desagregó en tres grupos: 1) Sector Energía, integrada por la Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control del Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, e Instituto Mexicano del Petróleo. 2) Empresas Productivas del Estado9, conformada por la Comisión Federal de Electricidad; Petróleos Mexicanos; Pemex-Exploración y Producción; Pemex Fertilizantes; Pemex Logística; Pemex Perforación y Servicios; Pemex Transformación Industrial, y P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V. 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, integrada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía. Cabe señalar que en la primera entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se reportaron 46 revisiones al grupo funcional de Desarrollo Económico; en la segunda 93, y en la tercera 84; lo que arroja un total de 223 revisiones practicadas a la Cuenta Pública de 2016. De este total, se llevó a cabo el análisis de 205 revisiones relevantes practicadas al grupo funcional, equivalente a una muestra representativa del 91.9% (205 de 223 auditorías practicadas): Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: se analizaron y

resumieron 23 de 26 auditorías (88.5%). Sector Comunicaciones y Transportes: 57 de 66 auditorías (86.4%). Sector Economía: 10 de 10 auditorías (100.0%). Trabajo y Previsión Social: 3 de 3 auditorías (100.0%). Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales: 35 de 35 auditorías (100.0%). Sector Energía-Empresas Productivas del Estado-Órganos Reguladores Coordinados en

Materia Energética: 61 de 67 auditorías (91.0%). Sector Turismo: 3 de 3 auditorías (100.0%). Sector Ciencia y Tecnología: 2 de 2 auditorías (100.0%) y Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 11 de 11 auditorías (100.0%).

9 Es una empresa cuyo dueño es el estado y participa en el mercado como el resto de las empresas privadas. Tiene como objetivo generar valor económico. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al estado mexicano y sirven para reinvertir en la propia empresa.

63



En lo que sigue, se exponen algunos comentarios sobre el enfoque de fiscalización superior observado a nivel sectorial en el grupo funcional de Desarrollo Económico.

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector agroalimentario es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, sobre la base de estrategias como impulsar la productividad, incorporar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado, incorporar mecanismos de administración de riesgos, así como aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. También el sector agroalimentario contribuye al logro de la Segunda Meta Nacional del PND (México Incluyente), mediante la estrategia de asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Se quiere lograr un México sin hambre. La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito agroalimentario, abordó varias de las estrategias antes mencionadas. En materia de impulso a la productividad mediante la inversión en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, destacó la fiscalización superior de varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo. Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Componente Fondo para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios; Componente Incentivos Productivos; Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, y Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café.

Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Agroproducción; Componente

PROAGRO Productivo; Componente Modernización de Maquinaria y Equipo; Componente Tecnificación del Riego, y Componente Innovación Agroalimentaria.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Componente Acceso al

Financiamiento en Apoyo a la Agricultura; Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario; Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste, y Componente Productividad Agroalimentaria.

64



Programa de Productividad Rural. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores; Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras (Instituto Nacional de Pesca y

Acuacultura). En relación a incorporar mecanismos de administración de riesgos para promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria, se fiscalizó la Administración de Riesgos de Precios (ASERCA); Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Sanidad Federalizado (SENASICA), y la Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas (SENASICA). En el sector Agropecuario se practicaron 26 auditorías, de las cuales 4 fueron de desempeño, 21 de regularidad y 1 Evaluación de Política Pública (PROAGRO Productivo). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 80.8% de las revisiones al sector agropecuario (21 de 26 auditorías practicadas), de las cuales 16 fueron financieras y de cumplimiento, 1 de inversión física y 4 forenses. En la revisión pasada las auditorías de regularidad significaron el 75.0% de las revisiones totales a este sector. Es de destacar que sólo el 15.4% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (4 de 26 auditorías), porcentaje inferior si se compara con el 20.8% que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (5 de 24 auditorías practicadas al sector). La SAGARPA concentró el 75.0% de las auditorías de desempeño (3 revisiones de 4). Las auditorías financieras y de cumplimento se orientaron a revisar que los recursos asignados a los programas que apoyan el desarrollo agrícola, de concurrencia con las entidades federativas, de productividad rural, de la productividad y la competitividad agroalimentaria, la administración de riesgos de precios, la gestión financiera, y la prevención de riesgos sanitarios, se aplicaron en operaciones efectivamente realizadas y se utilizaron para el cumplimiento de sus objetivos. Cabe señalar, que 11 auditorías de las 16 financieras y de cumplimiento, fueron aplicadas a la SAGARPA: 3 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo,

Modernización de Maquinaria y Equipo, y Tecnificación del Riego).

Recursos ejercidos en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

65



1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora).

3 componentes del Programa de Productividad Rural (Atención a Siniestros Agropecuarios

para Atender a Pequeños Productores, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar).

3 componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Acceso

al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario y Desarrollo Productivo Sur Sureste).

Las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a la SAGARPA, arrojaron 76 observaciones (35.7% de las observaciones del sector, 213) que dieron lugar a 131 acciones (33.5% de las acciones del sector, 391), de las cuales 27 fueron preventivas y 104 correctivas, entre las que destaca 68 pliegos de observaciones (56.7% de los pliegos de observaciones del sector agropecuario, 120). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 732.1 millones de pesos (32.1% de las recuperaciones totales determinadas del sector agropecuario, 2 mil 281.1 millones de pesos), de las cuales sólo se han operado 15.8 millones de pesos (2.2%) y se estiman como probables de recuperar 716.3 millones de pesos. La ASF también aplicó a la SAGARPA 3 auditorías forenses (que busca evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes), en relación a: 1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente PROCAFÉ e

Impulso Productivo al Café) 1 componente del Programa de Fomento a la Agricultura (Innovación Agroalimentaria), y 1 componente del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

(Productividad Agroalimentaria).

66



Como resultado de estas auditorías, se emitieron 35 observaciones que dieron lugar a 57 acciones: 6 preventivas y 51 correctivas, entre las que destaca 36 pliegos de observaciones (30.0% de los pliegos de observaciones del sector, 120). Se determinaron recuperaciones por 1 mil 278.0 millones de pesos (59.5% de las recuperaciones probables del sector), en su totalidad estimadas como probables de recuperar. También la ASF aplicó un enfoque de contraste, al realizar 6 auditorías al Programa de Fomento a la Agricultura; 4 al Programa de Apoyo a Pequeños Productores; 3 al Programa de Productividad Rural, y 4 al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Las 17 auditorías fueron aplicadas a la SAGARPA (que en total le practicaron 18 revisiones).

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,146.3 100.0%

1,278.0 59.5%

•Falta de documentación comprobatoria ante las instancias ejecutoras de los recursos

otorgados

• Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado

• Reintegros a la TESOFE pendientes de real izar

• Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recusos

• Falta de suscripción de las actas cierre-finiquito

• No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación

• Realización de pagos a proyectos inconclusos

• Beneficiarios no forman parte de la población objetivo

• Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados

• Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados

• Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados

• Comprobación de la aplicación de los recursos con documentación alterada

• Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados

Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

SECTOR: AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Irregularidades

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

283 Forense

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores: Componente PROCAFÉ

e Impulso Productivo al Café

445.4 20.8%

296

Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria:

Componente Productividad

Agroalimentaria

Forense286

Programa de Fomento a la

Agricultura: Componente

Innovación Agroalimentaria

529.9 24.7%

302.7 14.1%Forense

67



La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento y forenses por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector agropecuario, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Modificaciones al presupuesto del programa sin autorización de la SHCP.

Pagos improcedentes.

Duplicidad en el otorgamiento de apoyos.

Falta de documentación comprobatoria y justificativa ante las instancias ejecutoras de la aplicación de los recursos.

Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados.

Comprobación de la aplicación de los recursos con comprobantes fiscales cancelados y/o alterados.

Celebración de convenios de colaboración con universidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana.

Celebración de convenios de colaboración no justificados.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Nombre de la Auditoría

1785 Evaluación de Políticas Públicas PROAGRO Productivo

285 Desempeño Componente Agroproducción

288 Financiera y de Cumplimiento Componente PROAGRO Productivo

287 Financiera y de Cumplimiento Componente Modernización de Maquinaria y Equipo

289 Financiera y de Cumplimiento Componente Tecnificación del Riego

331 Forense Componente Innovación Agroalimentaria

281 Desempeño Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

282 Desempeño Componente Incentivos Productivos

280 Financiera y de Cumplimiento Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

283 Forense Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café

290 Financiera y de CumplimientoComponente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños

Productores

292 Financiera y de Cumplimiento Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

291 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

293 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura

294 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario

295 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste

296 Forense Componente Productividad Agroalimentaria


Programa de Apoyo a Pequeños Productores

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Programa de Fomento a la Agricultura

AUDITORÍAS DE CONTRASTE: SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Programa de Productividad Rural

68



Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado.

Reintegros a la TESOFE pendientes de realizar.

Falta de suscripción de las actas de cierre-finiquito.

No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación.

Realización de pagos a proyectos inconclusos.

Beneficiarios no forman parte de la población objetivo.

Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados.

Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados.

Otorgamiento de recursos sin comprobar la ejecución de los servicios contratados.

Proceso de adjudicación de los servicios fuera de la normatividad.

Carencia de capacidad operativa para prestar los servicios requeridos.

Otorgamiento de recursos en un porcentaje menor a lo establecido en la normatividad.

Falta de rendición de cuentas de los beneficios obtenidos.

Pagos realizados en exceso.

Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas, y a servidores públicos.

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditan la vinculación con el programa.

Otorgamiento de apoyos a proyectos no concluidos.

No se localizan los bienes adquiridos con los apoyos otorgados.

Ubicación del domicilio del proyecto diferente al consignado en la solicitud de apoyo.

Falta de documentación comprobatoria del reintegro de los recursos a la TESOFE.

Proveedores vinculados con ex servidores públicos.

Simulación de actividades con los recursos otorgados.

Proveedores seleccionados no cumplen los requisitos del catálogo de proveeduría.

No se entregaron los bienes e insumos a beneficiarios de proyectos productivos.

No se cuenta con las actas cierre-finiquito de los apoyos otorgados.

Simulación en la comprobación de los apoyos otorgados.

Reintegro inoportuno a la TESOFE.

No se enteraron a la TESOFE las recuperaciones obtenidas.

Deficiencias en la autorización y administración de los recursos del programa.

Deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los recursos.

69



Las irregularidades en que incurrieron los entes del sector agropecuario en la operación de los programas, se tradujeron en 208 acciones correctivas, entre las que destacan 120 pliegos de observaciones, que presumen un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, en cantidad líquida. Estos pliegos de observaciones representan el 51.5% del total de pliegos del grupo funcional de Desarrollo Económico (233 pliegos de observaciones). La SAGARPA registró 104 pliegos de observaciones, que significó el 86.7% del total de los pliegos del sector agropecuario. Por su parte, las revisiones de desempeño se enfocaron en revisar los programas relacionados con el apoyo a pequeños productores (apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios y a incentivos productivos); con el fomento a la agricultura (agroproducción), y a la tecnificación e innovación de las actividades pesqueras. De las 4 auditorías de desempeño practicadas al sector agropecuario, destacan 3 a la SAGARPA: 2 al Programa de Apoyos a Pequeños Productores y 1 al Programa de Fomento a la Agricultura. Su fiscalización arrojó un total de 28 observaciones que dieron lugar a 54 recomendaciones al desempeño (66.7% de las recomendaciones totales del sector agropecuario, 81), lo que evidencia la problemática que presentan estos programas en su desempeño. La restante revisión de desempeño fue aplicada al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras). La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector agropecuario, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Se desconoce la contribución del programa al aumento de la productividad de los

beneficiarios.

Reglas de operación no se ajustan a la normatividad en materia de subsidios.

Incumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad de los solicitantes de los apoyos.

Deficiencias en el sistema de captura de proyectos productivos.

No se identifica ni cuantifica la población objetivo y el padrón de beneficiarios.

Carencia de información impide medir la contribución del componente al logro del objetivo del programa y al incremento de la productividad.

Se desconoce el número de la población beneficiada con los apoyos otorgados.

Deficiencias en las reglas de operación del programa.

Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación.

No se acredita que los beneficiarios de los recursos públicos lo aplicaron en los conceptos y montos autorizados.

No se cuenta con un padrón de beneficiarios ni se identifica ni cuantifica la población potencial y objetivo.

70



Diferencias de los recursos ejercidos entre lo reportado en los registros de la dependencia y la cuenta pública.

No se identifica ni cuantifica la población objetivo que presentó baja productividad.

Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para el otorgamiento de recursos.

No se cuantifica la cobertura del programa por la carencia de un padrón de beneficiarios y falta de identificación precisa de la población objetivo.

Se desconoce si los proyectos se orientaron a soluciones e innovaciones.

No se acreditó el impacto para la administración sustentable de los recursos.

Se desconoce la calificación de las asesorías otorgadas.

Manuales de organización y procedimientos desactualizados.

No se dispone del perfil de puestos.

Inadecuada programación de metas. Resulta importante destacar los principales resultados de la Evaluación de PROAGRO Productivo: Deficiencias en el diseño de la política pública:

Inadecuada definición de la población objetivo.

No se señala la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados.

No se da seguimiento, ni se evaluaron los efectos de los subsidios en la productividad y en el ingreso de los productores beneficiados.

No se establecieron estrategias específicas para atender los estratos señalados en las reglas de operación.

El programa ha operado sin considerar las sugerencias de la ASF.

No existe una metodología para medir el incremento de la productividad del sector agrícola.

Deficiencias en la metodología para medir el nivel de productividad del sector agrícola.

Se desconoce el impacto del programa en el incremento del valor de la producción y de la productividad.

Incremento de los ingresos económicos no fue resultado de la operación del programa.

Se desconoce la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial.

Sector Comunicaciones y Transportes

71



En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector de Comunicaciones y Transportes es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantean dos objetivos: 1. Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre la base de estrategias como

impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones y de líneas de acción como las siguientes: Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión

privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor agregado de las actividades productivas.

Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así

como la estrategia para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así lo requieran, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

Crear un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición

a la Televisión Digital Terrestre. Aumentar el uso del Internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que

permitan extender la cobertura a lo largo del territorio nacional. Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para

fomentar su eficiencia y sinergias con otras dependencias.

2. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, a través de la estrategia que busca modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte (carretero, ferroviario, urbano masivo, marítimo-portuario y aeroportuario) así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia y de líneas de acción como las siguientes:

Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística

y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.

Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito de comunicaciones y transportes, consideró varias de las estrategias antes mencionadas.

72



En materia de impulso al desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones, destacó la fiscalización a varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Sistema Satelital Mexicano.

Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones.

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones. En lo correspondiente a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte y su conectividad estratégica y de eficiencia, la ASF evaluó las siguientes actividades:

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km 15+000 al Km 28+000, en el Estado de Querétaro.

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche.

Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca.

Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km 6+800 al Km 15+000, en el Estado de Veracruz.

Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz.

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México.

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz.

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte.

Seguridad en la Operación de los Aeropuertos.

Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores.

Controles Establecidos en la Elaboración y Operación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.

73



Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo.

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz.

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, en el Estado de Guanajuato.

Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el Estado de Chiapas.

Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora.

Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos.

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México.

Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos.

“Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Guaymas.

Ingresos.

Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California.

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000 Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz.

Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Definición y Conducción de la Política de Transportes.

Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal.

74



Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales.

Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero.

Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora.

Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas

Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas.

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz.

Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota.

Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco.

Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán.

Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla.

Administración de Recursos para los Gastos de Operación.

Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el sector Comunicaciones y Transportes se practicaron 66 revisiones, de las cuales 7 fueron de desempeño, 59 de regularidad. De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 89.3% de las revisiones al sector comunicaciones y

75



transportes (59 de 66 auditorías practicadas), de las cuales 46 fueron de inversiones físicas y 13 financieras y de cumplimiento. En la revisión de 2015, las auditorías de regularidad representaron el 88.70% del total de las auditorías practicadas en este sector. Cabe señalar la importancia de las auditorías de inversiones físicas en el total de auditorías del sector, ya que representaron el 70.0%, porcentaje ligeramente menor al registrado en la revisión 2015 (71%); esto es consistente con el alto número de proyectos y obras que se realizan en los entes vinculados al sector comunicaciones y transportes. Asimismo, sólo el 10.6% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (7 de 66 auditorías), porcentaje menor si se compara con el 9.7% que representó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (6 de 62 auditorías). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concentró el 71.4% de las auditorías de desempeño (5 revisiones); las otras 2 auditorías fueron aplicadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (1) y al Instituto Mexicano del Transporte (1). La ASF verificó que las entidades auditadas se apegaran a la normativa; los recursos asignados a los proyectos fueran utilizados; que existieran los estudios y proyectos respectivos y que éstos fueron autorizados; que la contratación se sujetó a la normatividad técnica y jurídica; que los costos correspondieron con los bienes, servicios o volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de los materiales utilizados; y que la ejecución y entrega de las obras se ajustaron a las leyes y contratos respectivos. Cabe señalar que de las auditorías de inversiones físicas practicadas a este sector destacan las siguientes: Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México; Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto; Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos; Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México; Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las auditorías aplicadas a la Sector Comunicaciones y Transportes arrojaron 484 observaciones (31.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 621 acciones (26.7% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 265 fueron preventivas (212 recomendaciones y 53 recomendaciones al desempeño) y 356 correctivas (2 PEFCF; 234 SA; 86 PRAS y 34 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 1 mil 549.5 millones de pesos (10.6% de las recuperaciones totales

76



determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 39.3 millones de pesos (2.5%) y se estiman como probables de recuperar 1 mil 510.2 millones de pesos (97.5%).

La fiscalización a los diversos programas del sector comunicaciones y transportes, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes:

0 0 0 0 0 0

No. AuditoríaTipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector0 0 0 0 0 0

Total del Sector 1,510.2 100.0

Total Subsectores (1+2+3) 1,163.2 77.0

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1) 659.8 43.7

• Falta de documentación comprobatoria del destino final de los bienes

• Inoportunidad en la reclamación de bienes siniestrados

• Bienes faltantes por entregar a beneficiarios

• Trámites sin realizar para indemnización por bienes dañados

• Pago de almacenaje de bienes que no se recibieron

•Servicios contratados no incluidos en el programa anual de adquisiciones

• Incumplimiento en el programa de trabajo

• Se realizaron compras de bienes en exceso

• Incumplimiento de metas físicas, objetivo social del proyecto

• Anticipo no amortizado sin recuperar en contrato de obra

• Pagos injustificados por diferencias de volúmenes de obra

• Pagos improcedentes por desatención de la supervisión externa

• Bienes adquiridos no instalados en la obra

• Pagos indebidos por omisiones del licitante

• Mala calidad de suministros para la obra

• Pago de servicios no ejecutados

• Errores en la integración de precios unitarios causan pagos indebidos

• Inconsistencias en volúmenes de obra pagada vs. ejecutada

• Inobservancia a especificaciones establecidas en catálogo

• Pago de servicios de obra no ejecutados

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada

• Recursos ministrados no devengados

• Pago de gastos no comprobados ni registrados.

• Pago de conceptos de obra fuera de catálogo

• Duplicidad de pagos en el control del proyecto.

• Pagos injustificados a empresas de supervisión externa

• Pagos de conceptos duplicados fuera de catá

• Pagos improcedentes a empresa proyectista

• Errores de cálculo en el costo financiero del proyecto

• Inexperiencia en materia de obra pública

• Desconocimiento de la ley de obra pública

• Pagos improcedentes

Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (2) 99.8 6.6

• Inobservancia a lo señalado en el artículo 134 constitucional.

• Inobservancia a la ley de obras públicas

• Faltas del agente financiero y mandatario en el proyecto.

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagados vs.

ejecutados

• Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra

• Pagos por conceptos no devengados

• Pagos en exceso por falta de control en catálogo

• Inexacta integración de precios unitarios

• Inobservancia en los términos de referencia

• Sobreestimaciones de precios unitarios

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V. (3) 403.6 26.7

• Falta de documentación soporte que compruebe la prestación de servicios.

• Omisiones en la entrega-recepción de bienes y servicios

• Falta de documentación soporte de los procesos de adjudicación

• Falta de garantías en la celebración de contratos

• Falta de transparencia en la documentación de contratistas

• Duplicidad en la determinación de costos indirectos de la obra

•Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público y su reglamento

• Pagos en exceso por inexactitud del cálculo de ajuste de costos.

•Pagos realizados sin comprobar la contraprestación de servicios

contratados.

• Omisiones en la administración de la obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

Nota: Los montos se refieren a recuperaciones probables.

358

363

Financiera y de

Cumplimiento

Erogaciones para el desarrollo del

Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México

Inversiones

Físicas

Realización de Proyectos, Gerencia,

Estudios, Asesorias y Consultas para la

Construcción de Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México

335Inversiones

Físicas

Tren Interurbano México-Toluca en el

estado de México y la Ciudad de México

318Inversiones

Físicas

Estación Don Nogales, en el Estado de

Sonora

338Inversiones

Físicas

Autopista Tijuana-Ensenada y la

Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja

California

Mantenimiento Mayor de la Autopista

México-Puebla343

Inversiones

Físicas

319Inversiones

Físicas

Libramiento Ferroviario de Celaya de

45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía

Rápida Bicentenario Benito Juárez, En el

Estado de Guanajuato

326Inversiones

Físicas

Paso Express de Cuernavaca, en el

estado de Morelos

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

46.6 3.1321Financiera y de

Cumplimiento

Liquidación del Programa para la

Transición a la Televisión Digital

terrestre

43.0 2.8

108.7 7.2

125.0 8.3

270.0 17.9

133.6 8.8

336.5 22.3

42.3 2.8

57.5 3.8

77



Debilidades en la planeación derivan en obstáculos para la conducción de la política pública

de transportes.

Subejercicio de los recursos autorizados al programa presupuestal respectivo.

Deficiencias en la formulación de la matriz de indicadores de resultados (MIR).

No se constató la evidencia de haber dado seguimiento y evaluación a la política pública de transporte.

Falta de cultura vial compromete la seguridad de los usuarios de las carreteras federales.

Riesgo latente ante la disminución de inspecciones y aumento de permisionarios del autotransporte federal.

Reducción en la cobertura de las revisiones de peso y dimensiones del autotransporte federal.

Carencia de un sistema de información dificulta consolidación de controles de las condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal.

Dificultad para determinar como la regulación y la supervisión han incidido en la atención del problema público.

Deficiencias en el establecimiento de metas derivan en su incumplimiento.

Sin estrategia de cobertura el 7.8% de la población objetivo.

Omisiones en el proceso de licitación no afectan validez y solvencia de propuestas.

Incumplimientos de la entidad encargada de la supervisión del proyecto.

Trato fiscal desigual para concursantes nacionales y extranjeros.

Sin conexión a red pública compartida aparatos móviles que no sean de gama alta.

Economía En el sector Economía, la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) se alcanzará a través de dos objetivos:

1) Garantizar reglas claras para incentivar el desarrollo de un mercado interno competitivo,

sobre la base de apuntalar la competencia; implementar una mejora regulatoria integral; fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas; promover mayores niveles de inversión (a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente), y proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras).

2) Desarrollar los sectores estratégicos del país, sustentado en implementar una política de fomento económico incrementando la productividad de los sectores dinámicos y

78



tradicionales, de manera regional y sectorialmente equilibrada; promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero; orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno; impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentar la economía social.

Otra meta nacional del PND 2013-2018 relacionada con el sector Economía, se refiere a alcanzar un México con Responsabilidad Global, reafirmando el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, sobre la base de impulsar y profundizar la apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global, y de fomentar la integración regional del país, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya existentes. En lo correspondiente a implementar una política de fomento económico, la fiscalización se centró en el tema de apoyar la innovación y desarrollo tecnológico, para lo cual evaluó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación, y la producción, transportación y comercialización de sal. En lo relativo a promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero, se evaluó la gestión financiera del Fideicomiso de Fomento Minero. En relación a impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, se fiscalizó el Fondo Nacional Emprendedor. Respecto al impulso y profundización de la política de apertura comercial, la ASF evaluó las negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor, y la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa y estratégica (ProMéxico). En lo que corresponde a la protección de los derechos del consumidor, se fiscalizó a la Procuraduría Federal del Consumidor en relación a la promoción de la cultura del consumidor y los derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor. En el sector Economía se practicaron 10 auditorías, de las cuales 6 fueron de desempeño y 4 de regularidad (3 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física). Por lo anterior, se deriva que el enfoque de la auditoría se orienta hacia el desempeño: de cada 10 auditorías practicadas a este sector, 6 fueron de este tipo, mientras que 4 fueron de regularidad. Cabe destacar que en la revisión 2015, el enfoque de fiscalización también estuvo orientado hacia las auditorías de desempeño (de cada 10 auditorías practicadas en el sector, 5.7 fueron de desempeño y 3.6 de regularidad). Las auditorías de desempeño practicadas al sector Economía se orientaron al análisis de la: Negociaciones para integración y competitividad de México a las cadenas globales de valor.

79



Producción, transportación y comercialización de la de Sal.

Promoción de la cultura del consumidor.

Derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor.

Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa.

Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica. Cabe destacar, que 4 auditorías de las 6 de desempeño fueron aplicadas 2 a la Procuraduría Federal del Consumidor y 2 a ProMéxico. La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector economía, arrojó las siguientes irregularidades: No existe una metodología para definir la población beneficiaria.

Carencia de indicadores y de información sobre los derechos y hábitos del consumidor.

Inexistencia de metas e información del número de usuarios atendidos.

Diseño del programa incongruente con el diagnóstico de necesidades.

No existe un proceso de planeación.

Descoordinación entre el sector privado y las entidades de la APF.

No existen mecanismos de seguimiento y de evaluación del programa.

Deficiente Sistema de Evaluación de Desempeño.

No se cuenta con una metodología ni con información para cuantificar la población potencial y objetivo.

No existe evidencia documental de los servicios que otorga la PROFECO.

No se acredita la instalación de módulos de información.

No existe información que soporte el número de quejas y su resolución.

No se acredita si se impusieron todas las sanciones y si el monto de infracciones se ajustó a la LFPC.

No existe evidencia documental de las visitas de verificación realizadas.

Retrasos en la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

Diferencias en el marco normativo que reguló la operación del programa.

No contribuyó a la atención del problema público.

Sin registro una alta proporción de empresas identificadas como oportunidades de negocio.

No todos los proyectos cumplieron con la totalidad de la documentación requerida.

Dudas sobre si el objetivo de ESSA es prioritario o no.

80



Objetivos desvinculados del programa sectorial.

Metas por debajo de lo programado.

Baja participación en el mercado interno de la sal.

Disminución de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias.

Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales.

No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros. Las auditorías financieras y de cumplimiento se refirieron al programa para el desarrollo de la industria del software y la innovación; al reforzamiento de torre ejecutiva y adecuaciones a torre reforma, en la Ciudad de México; a la gestión financiera de del Fideicomiso de Fomento Minero, y al fondo nacional emprendedor, del Instituto Nacional Emprendedor. La aplicación de 3 auditorías financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física, arrojaron 39 observaciones (53.4% de las observaciones del sector, 73) que dieron lugar a 73 acciones (62.9% de las acciones del sector, 116), de las cuales 34 fueron preventivas y 39 correctivas, entre las que destacan 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (100.0% de las promociones del sector) y 14 pliegos de observaciones (100.0% de los pliegos de observaciones del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 237.7 millones de pesos, que representó el 100.0% del total de recuperaciones determinadas, que casi en su totalidad se estiman probables de recuperar. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector economía, permitió detectar las siguientes irregularidades: Notificación extemporánea a los beneficiarios de la aprobación de los recursos.

Uso de los recursos otorgados a otros fines no autorizados.

Inoportunidad en el entero de los rendimientos financieros generados y en el registro del informe final en el Sistema Emprendedor.

No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados.

Falta de comprobación del reintegro de recursos.

Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos otorgados.

Otorgamiento de recursos a proyectos inconclusos.

Prorroga de ejecución de los proyectos sin tener facultades, y de manera extemporánea.

Deficiencias en la operación, supervisión y seguimiento de los recursos ejercidos en el programa.

Recursos no reintegrados a la TESOFE.

No existe evidencia de los entregables de un proyecto.

81



Retrasos en la transferencia de los recursos.

Deficiencias en el seguimiento de la información registrada en el sistema informático del programa.

Cartera vencida por debajo de las sanas prácticas financieras.

Falta de seguimiento para la recuperación de los adeudos.

Desfase en el registro de los intereses moratorios.

No existe una normativa para cancelar cuentas por cobrar de exempleados. Finalmente, es de resaltar la fiscalización a la que fue sometida la Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico, a las cuales se le practicó 2 auditorías a cada entidad respectivamente. Las cuatro auditorias fueron de desempeño.

Trabajo y Previsión Social

En el sector Trabajo y Previsión Social el objetivo de la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) consiste en promover el empleo de calidad, sobre la base de procurar el equilibrio entre los factores de producción (paz social), promover el trabajo digno o decente, promover el incremento de la productividad y fortalecer los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador. En el sector Trabajo y Previsión Social se practicaron 3 auditorías, de las cuales 2 fueron de desempeño y 1 financiera y de cumplimiento, por lo que se deriva que el enfoque de la auditoría se orientó hacia auditorías de desempeño (66.7%). Las auditorías de desempeño practicadas al sector Trabajo y Previsión Social se orientaron al análisis de la inspección laboral y al crédito a trabajadores otorgados por el INFONACOT. La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector trabajo y previsión social, arrojó las siguientes irregularidades: Difusión limitada de los productos y servicios del INFONACOT.

Falta de criterios para programar sus metas.

Deficiencias en la promoción del ahorro.

Deficiencias para definir las metas relativas a la población atendida.

No existe fecha límite para que los patrones se afilien al INFONACOT.

Baja cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo.

Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.

Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo.

Se desconoce si los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral.

82



Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de las visitas.

Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos. La única auditoría financiera y de cumplimiento se refiriere a la administración de la cartera crediticia bursatilizada del INFONACOT. La aplicación de la auditoría financiera y de cumplimiento por parte de la ASF, permitió detectar la siguiente irregularidad: Compromisos de pago no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la cuenta pública.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que este sector contribuye al logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Este objetivo se logrará mediante las siguientes estrategias:

Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Proteger el patrimonio natural. En materia de medio ambiente y recursos naturales, la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, mediante la revisión a diversos temar relevantes, abordó varias de las estrategias antes mencionadas. Por lo que se refiere a la implementación de una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, la ASF evaluó el programa de Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua a cargo de la CONAGUA. En lo correspondiente a implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, se revisaron los siguientes programas, igualmente a cargo de la CONAGUA: Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura Hidroagrícola

Protección de las Aguas Subterráneas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

Atención de Emergencias y Desastres Naturales

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

83



Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado

Conducción de las Políticas Hídricas

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua

Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México

Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos

Contratación con Terceros

Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y de las Plantas de Bombeo para Reúso de Agua Residual Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México

Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el Estado de México

Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el Estado de Baja California Sur

Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato

Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de la interconexión de los Ríos Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco, en el Estado de México

Primera Etapa de Construcción de Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto de Emisor Poniente, en el Estado de México

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México

Construcción del Túnel Canal General, en el Estado de México

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el Estado de México

Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México

84



Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa. Con relación a la estrategia para fortalecer la política nacional de cambio y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, se fiscalizaron los siguientes programas: Regulación Forestal

Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas

Inspección y Vigilancia Forestal. Respecto a proteger el patrimonio natural, se evaluaron los siguientes programas: Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas.

Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales.

Auditoría de TIC. En el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se practicaron 35 auditorías, de las cuáles 15 fueron de desempeño y 20 de regularidad. De lo anterior se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad (5 financieras y de cumplimiento y 15 de inversiones físicas). Con respecto a la revisión de 2015, el total de auditorías al sector aumentó 52.2% (35 vs 23); las auditorías de desempeño aumentaron 66.7% (15 vs 9); las de regularidad aumentaron 42.9% (20 vs 14). Las auditorías de desempeño se orientaron básicamente a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos en los programas que particularmente tiene que ver con infraestructura hidroagrícola, aguas subterráneas, unidades de riego, políticas hídricas, administración del agua, calidad del agua y cantidad del agua; y si estos fueron operados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto, social y económico y beneficios para la población.

Es importante destacar que 11 de las 15 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la práctica de estas auditorías por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector medio ambiente y recursos naturales, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Carencia de instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión

hídrica.

Deficiente conducción de la Política Hídrica Nacional.

Riesgo de seguridad nacional para 119.5 millones de mexicanos.

Aguas Nacionales no están administradas de manera adecuada.

85



Rezago en solicitudes de inscripción de movimientos en el Registro Público de Derechos del Agua.

Incumplimiento en la realización de 120,000 verificaciones programadas en campo.

Incumplimiento en la publicación de 29 instrumentos normativos para el mejoramiento de la administración del recurso hídrico.

Imposibilidad para verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua.

En riesgo el acceso de 119.5 millones de mexicanos al vital líquido.

Sin mecanismos para verificar el efecto de 1 mil 840.2 millones de pesos.

Desconocimiento de los efectos de los programas públicos.

Incremento en producción agrícola en distritos de riego no se relaciona con obras de la CONAGUA.

Pérdidas en la conducción del agua.

Se dejó de beneficiar a Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Debilidades en mecanismos de control no permiten que infraestructura se utilice para fines autorizados.

CONAGUA no rindió cuentas sobre 1 mil 165 subsidios.

Inexistencia de criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad para uso de recursos públicos.

Imposible regular la contaminación en acuíferos.

Inexistencia de indicadores para evaluar integración y difusión de la información.

Incumplimiento en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de agua

Diferencias entre el diseño e implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica.

Información técnica incompleta, no se usa para la toma de decisiones.

Índice Global de Sustentabilidad Hídrica no es confiable.

Déficit en la disponibilidad de cuencas y acuíferos.

Desconocimiento del avance del problema público relativo a la situación en cuencas y acuíferos.

No se cuenta con información actualizada para realizar estudios en aguas subterráneas.

Insuficientes instrumentos para regular uso, aprovechamiento y explotación de agua.

En riesgo la disponibilidad del agua por no contar con datos válidos.

México ya es un país de baja disponibilidad del vital líquido.

86



Las auditorías financieras y de cumplimiento se centraron en la evaluación de la administración y ejercicio de los recursos aplicados a programas orientados a los Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas; Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México; Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos; Contratación de Terceros y TIC. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento, y de inversiones físicas por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento en la documentación para el Otorgamiento de Títulos de Concesión y

Permisos.

Monto por pago de derechos por servicios resultó inconsistente.

Información incorrecta en materia de recaudación.

Sin información para determinar el monto por Derechos por uso, goce o aprovechamiento del recurso hídrico.

SEMARNAT carece de facultades para verificar que concesionarios cumplan con pagos.

Únicamente 10 de 17 entidades obligadas a reportar ingresos cumplieron con esa obligación.

Deficiencia en la vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Incumplimiento en la normatividad aplicable.

Realización de pagos por duplicado.

Pagos por trabajos fuera del alcance de lo contratado.

Pagos indebidos por trabajos inconclusos.

Inconsistencia en monto de los pagos.

Realización de obras públicas inconclusas.

Incumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria para licitación.

Uso de bitácoras convencionales sin autorización de la Secretaría de la Función Pública.

Realización de convenio modificatorio de manera irregular.

Cambios al plazo de ejecución sin celebración de convenio modificatorio.

Pagos indebidos por un monto de 377.6 millones de pesos.

Pagos indebidos y por fuera del alcance del contrato por un monto de 14.5 millones de pesos.

Inconsistencias en el cumplimiento de contratos que ascienden a 8.5 millones de pesos.

87



Por su parte, las auditorías de inversiones físicas se orientaron a la fiscalización y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados a a la construcción de infraestructura hídrica en diferentes zonas del país, si se cumplió con los estándares de calidad previstos; la razonabilidad de los montos invertidos; si se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y si las obras fueron entregadas en tiempo y forma. Las auditorías aplicadas a la Medio Ambiente y Recursos Naturales, arrojaron 192 observaciones (12.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 282 acciones (12.1% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 177 fueron preventivas (42 recomendaciones y 135 recomendaciones al desempeño) y 105 correctivas (1 PEFCF; 55 SA; 35 PRAS y 14 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 442.0 millones de pesos (3.0% de las recuperaciones totales determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 1.0 millones de pesos (0.2%) y se estiman como probables de recuperar 441.0 millones de pesos (99.8%).

Sector Energía En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, reconoce que el sector energía es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, sobre la base de dos estrategias: 1. Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el

país, a través de las siguientes líneas de acción:

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutita.

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos.

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos.

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural.

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional.

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente.

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2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, mediante las siguientes líneas de acción:

Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas.

Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país.

Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos.

Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad.

Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.

Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear.

En materia de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, se realizaron 49 auditorías, distribuidas de la siguiente manera:

2 a la Secretaría de Energía, referida al Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación

y Determinación de las Compensaciones de Pemex por Inversiones Afectadas.

2 al Centro Nacional de Control del Gas Natural, referidas a la Auditoría de TIC y a la Gestión Financiera.

13 auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a Petróleos Mexicanos.

1 a Pemex Etileno, referida a los Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos Unigel).

12 a Pemex Exploración y Producción, entre las que destacan Insumos para la Producción de gasolina, Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida y Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach).

2 a Pemex Fertilizantes, en relación a la Gestión Financiera y Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz.

1 a Pemex Logística, referida a Ingresos por Servicio.

1 a Pemex Perforación y Servicios, en la que incluye la auditoria de Arrendamiento Financiero de Plataformas Autoelevables.

13 a Pemex Transformación Industrial, entre las que destacan Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán y Tren Energético y

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Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula.

1 a P.M.I. Comercio Internacional, referida a Rehabilitación de Plantas UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz.

1 a Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas.

En relación de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, se realizaron 18 auditorías: 2 a la Secretaría de Energía: Conducción de la Política Energética y Operación del Mercado

Eléctrico Mayorista.

1 a los Ingresos y Egresos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico del Centro Nacional de Control de Energía.

2 a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, referidas a la Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el Estado de Veracruz.

10 a la Comisión Federal de Electricidad, entre las que destaca 1 de desempeño relativo al Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.

3 a la Comisión Reguladora de Energía, entre las que destaca 1 financiera y de cumplimiento relativo a la Evolución del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación.

Este sector se divide en tres ámbitos: 1) Energía (Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control de Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y el Instituto Mexicano del Petróleo), 2) Empresas Productivas del Estado y 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En materia de energía se practicaron 9 auditorías a 5 entes públicos (SENER, CENACE, CENAGAS, CONUEE e IMP), de las cuales 4 fueron de desempeño y 5 de regularidad (4 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física); esto refleja que la ASF aplicó un enfoque equilibrado, inclinándose ligeramente hacia las auditorías de regularidad, que representaron 55.6% de las revisiones al sector. El restante 44.4% de las revisiones practicadas a este sector fue de desempeño (4 de 9 auditorías), siendo la Secretaría de Energía la entidad que concentró el mayor porcentaje de este tipo de auditorías (75.0%).

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Los principales temas revisados en las auditorías de desempeño fueron los siguientes: el abasto de gasolina y permisos para su importación, así como la conducción de la política energética; operación del mercado eléctrico mayorista, y la promoción de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Las auditorías de desempeño al sector arrojaron 17 observaciones (53.1% de las 32 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 24 acciones (51.1% de las 47 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron preventivas (recomendaciones al desempeño). En las auditorías de desempeño, en materia de energía, se detectaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios.

Ausencia de estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de suministro y almacenamiento mínimo de petrolíferos.

Deficiencias en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Incremento del consumo de energía en relación con la producción nacional.

Incremento del consumo de electricidad per cápita.

Ineficiente desempeño del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) limitando la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Desfavorable desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Participación limitada de los privados en la generación de electricidad.

Deficiencias en la programación de indicadores.

Avances marginales respecto del total de la población en donde podría aplicarse la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

Por su parte, las auditorías financieras y de cumplimiento se orientaron a revisar, principalmente, los siguientes temas: en la SENER se evaluaron las compensaciones a Pemex por inversiones afectadas; se revisaron también ingresos y egresos relacionados con la operación del mercado eléctrico al CENACE, y se evaluaron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el uso de los recursos asignados al CENAGAS. Por el número de irregularidades detectadas, destaca la auditoría financiera y de cumplimiento practicada al CENAGAS dirigida a la evaluación de las TIC, en la cual se promovieron 5 observaciones que dieron lugar a 12 acciones (10 recomendaciones, 1 PRAS y 1 PO), así como recuperaciones determinadas por un monto de 329.348 millones de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

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Incumplimiento por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el desahogo de los

requerimientos de información solicitada por la SENER.

Inversiones efectuadas a pozos inactivos.

Carencia de manuales de organización, procedimiento y operación.

Inexistencia de documentación comprobatoria de reclutamiento, selección y capacitación.


Resultado desfavorable en el ejercicio de CENEGAS derivado del pago por aprovechamiento.

Incertidumbre en los volúmenes de gas facturados derivada de la inactividad de gasoductos en el Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica).

La única auditoría de inversión física aplicada en el sector energético se practicó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el objeto de comprobar que los recursos federales en inversiones físicas canalizados al proyecto del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. De dicha revisión derivó una acción correctiva (solicitud de aclaración), así como recuperaciones determinadas por un monto de 1.916 millones de pesos. Resulta importante destacar que en la revisión de inversiones físicas efectuada al IMP se determinó la falta de documentación justificativa del pago de costos elevados, de tal manera que no pudieron garantizar las mejores condiciones económicas, dando lugar a la emisión de una solicitud de aclaración (SA).

Empresas Productivas del Estado En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 54 auditorías, de las cuales 10 (18.5%) corresponden al sector Eléctrico (Comisión Federal de Electricidad) y 44 (74.1% al sector Petróleo (13 a Petróleos Mexicanos, 1 Pemex Etileno, 12 a Pemex-Exploración y Producción, 2 a Pemex Fertilizantes, 1 a Pemex Logística, 1 a Pemex Perforación y Servicios, 13 a Pemex Transformación Industrial, y 1 a P.M.I. Comercio Internacional).

Sector Eléctrico En el sector eléctrico las auditorías de regularidad predominaron en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De las 10 revisiones practicadas por la ASF a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 9 corresponden a revisiones financieras y de cumplimiento (90.0% del total), en tanto que la proporción restante (10.0% del total) corresponde a 1 auditoría de desempeño. Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: la gestión financiera de las TIC, así como la gestión financiera de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte de Gas Natural; la adquisición de energía eléctrica

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a los productores externos; el suministro e instalación de medidores; y la posición financiera de la CFE. Las auditorías financieras y de cumplimiento al sector eléctrico arrojaron 35 observaciones (10.0% de las 351 observaciones determinadas a las empresas productivas del Estado) que dieron lugar a 61 acciones (10.9% de las 562 acciones promovidas a las empresas productivas del Estado), de las cuales 80.3% fueron preventivas (recomendaciones) y el restante 19.7% correctivas (10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 1 pliego de observaciones y 1 multa). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la revisión de la gestión financiera de las TIC, de la cual derivaron 5 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 14 acciones (10 recomendaciones, 2 PRAS, 1 PO y 1 M), así como recuperaciones determinadas por un monto de 260.3 miles de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Ausencia de información financiera relevante en los informes semestrales.

Carencia del resultado real de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista en los estados consolidados condensados de resultados.

Pagos sin justificar por concepto de cuotas sin acreditar.

Acciones pendientes para acreditar remanentes.

Diferencia en las cifras de la Cuenta Pública 2016 con las reportadas por la Subdirección de Contabilidad.

Penalizaciones no aplicadas.

Inobservancia a las políticas, bases y lineamientos en Materia de adquisición.

Incumplimiento de las pruebas y calibración de las estaciones de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica.

Inconsistencias en el registro contable y presupuestal derivadas de la ausencia de políticas y procedimientos que lo regulen.

Adquisición de energía eólica a precios superiores al costo que representa la generación de ese tipo de energía en las centrales de la CFE.

Improcedencia de pagos derivada de la omisión de información por parte de servidores públicos.

Erogaciones improductivas por servicio de transporte de gas natural.

Disminución en los niveles de rentabilidad derivada de la subutilización de la capacidad de transporte de gas.

Incumplimiento de las condiciones contractuales en la validación de programas de entrega de Gas Natural Licuado (GNL).

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Determinación de penalizaciones a proveedores por déficit de energía.

Ausencia de normativa que fundamente las reclasificaciones de las operaciones efectuadas por CFE con productores externos de energía.

Falta de actualización de la normatividad de la CFE en congruencia con los cambios en su estructura.

Carencia de eficientes políticas y mecanismos que reduzcan y mitiguen los riesgos sobre los ingresos de la CFE.

Alto costo del pasivo laboral vulnerando la competitividad de la CFE en su participación en mercados abiertos.

Riesgo de incrementos de la deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones cambiarias.

Aumento del saldo de la deuda pública de la CFE.

Producción más barata de energía eléctrica por los Productores Independientes de Energía (PIE).

Deficiente participación de la CFE en el mercado eléctrico abierto derivada de su baja productividad.

Carencia de sustento normativo que dé certeza jurídica a la ejecución del proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía.

Falta de documentación en los expedientes que soporte los procedimientos de adjudicación.

Inversiones improductivas por sobre-existencias derivadas del insuficiente control sobre las existencias de medidores en almacenes.

Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a la CFE se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la evaluación de proyectos y tecnologías, así como la capacitación y asesorías. De dicha revisión derivaron 7 observaciones, que dieron lugar a 9 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Las principales irregularidades derivadas de la auditoría de desempeño del sector eléctrico, fueron las siguientes: Carencia de un diseño normativo de planeación y legal en materia de ahorro y uso de

energía eléctrica.

Insuficiencia presupuestal imposibilitando el ahorro de energía eléctrica.

Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios.

Indicadores inadecuados para evaluar el desempeño.

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Inadecuada integración de expedientes de capacitación y en materia de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.

Sector Petróleo En el sector petróleo se practicaron 44 auditorías, de las cuales 41 fueron de regularidad y 3 de desempeño aplicadas a Pemex Transformación Industrial (dos auditorías) y Pemex Exploración y Producción (una auditoría). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 93.2% de las revisiones al sector petróleo (41 de 44 auditorías practicadas), de las cuales 32 fueron financieras y de cumplimiento y 9 de inversión física. Las auditorias de regularidad a los diferentes entes del Petróleos Mexicanos, se distribuyeron de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos: 13 financieras y de cumplimiento.

Pemex Etileno: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Exploración y Producción: 7 financieras y de cumplimiento y 4 de Inversiones Físicas.

Pemex Fertilizantes: 1 financiera y de cumplimiento y 1 de inversiones físicas.

Pemex Logística: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Perforación y Servicios: 1 financiera y de cumplimiento.

Pemex Transformación Industrial: 8 financieras y de cumplimiento y 3 de inversiones físicas.

P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V: 1 de inversiones físicas. Las auditorias financieras y de cumplimiento e inversiones físicas aplicadas al sector petróleo, arrojaron 309 observaciones (88.0% de las observaciones del total de empresas productivas del estado) que dieron lugar a 492 acciones (87.5% de las acciones del total de empresas productivas del estado), de las cuales 307 fueron preventivas y 185 correctivas, entre las que destacan 119 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 35 Solicitudes de Aclaración (SA) y 30 Pliegos de Observación (PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 6 mil 969.8 millones de pesos (99.9% de las recuperaciones totales determinadas para las empresas productivas del estado), de la cuales se han operado 4 mil 119.7 millones de pesos (59.1%) y se estiman como probables de recuperar 2 mil 850.1 millones de pesos (40.9%). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento, así como de inversiones físicas por parte de la ASF a las diversas actividades del petróleo, permitió detectar las siguientes irregularidades: Falta de evidencia documental y justificativa de la adquisición de medicamentos.

Pagos injustificados de pasivos.

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Ineficaz seguimiento de la indemnización de siniestros de equipo automotor.

Falta de evidencia documental de la indemnización y gastos por siniestros.

Incumplimiento en el plazo máximo de trasferencia de personal.

Diferencia en los datos de nómina de funcionarios y personal activo.

No existe evidencia del reacomodo de trabajadores operativos.

Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo.

Plataforma sin uso por saqueo y desmantelamiento.

Pago de trabajos por cancelación no justificada.

Irregularidades de servidores públicos por orden de cambio.

Gastos no recuperables y falta de una metodología para la determinación de su costo y tiempo.


Pagos indebidos por diferencias de volúmenes pagados.

Pagos injustificados y sin documentación comprobatoria.

Pagos injustificados para excavaciones con maquinaria distinta.

Pagos en exceso para la formación de terraplenes.

No se realizó el mercadeo de los insumos utilizados para las fases del contrato.

Falta de análisis de propuestas de los contratistas.

Falta de documentación comprobatoria para los estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas.

Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en subcontrataciones.

Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en el desarrollo de estudios, proyectos y programas para licitantes.

Pagos indebidos por falta de soporte documental.

No se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex.

Incumplimiento del suministro acordado con Pemex.

Perdidas por venta de etano.

Déficit en la producción promedio de etano.

Falta de medición de los volúmenes de gas seco entregados.

Probable daño o perjuicio a PTRI.

Falta de actualización en manuales de procedimientos y guías de desarrollo.

Obsolescencia en los complejos procesadores de gas.

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Penalizaciones no aplicadas por la importación de gas.

Perdidas por el retraso en el inicio de operaciones.

Compra de planta de fertilizantes inservible, falta de capacidad técnica, material y humana y sobrecostos no justificados.

Pagos en exceso para proyectos de rehabilitación.

Pagos injustificados en la fase I por horas hombre por administración.

Pagos injustificados por la construcción de suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación.

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética En la fiscalización a los Órganos Reguladores Coordinados, las auditorías de regularidad predominaron en la revisión de la Cuenta Pública 2016. De las 4 revisiones practicadas, 3 corresponden a evaluaciones de cumplimiento financiero (75.0% del total), en tanto que la revisión restante fue de desempeño (25.0% del total). Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: el proceso licitatorio de la Ronda 1 para contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas; la gestión financiera de la Comisión Reguladora de Energía, y la evaluación del control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. Las auditorías financieras y de cumplimiento practicadas a los órganos reguladores arrojaron 25 observaciones (83.3% de las 30 observaciones emitidas) que dieron lugar a 53 acciones (86.9% de las 61 acciones promovidas), de las cuales 60.4% fueron preventivas (32 recomendaciones) y el restante 39.6% correctivas (21 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la evaluación a los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación, en la que se promovieron 14 observaciones que dieron lugar a 39 acciones (22 recomendaciones y 17 PRAS). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Riesgo de pérdida de Renta Petrolera por la asociación entre grandes jugadores que podría

implicar elevados riesgos de coordinación anticompetitiva y de colusión, que podría afectar los ingresos del Estado.

Cambio en la modalidad de licitación de Producción Compartida a Concesión.

Antecedente negativo en los pagos de las licitaciones.

Carencia de manuales de organización y de procedimientos.

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Incremento sustancial en el presupuesto ejercido de la CRE.

Diferencias en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Deficiencias en las convocatorias de los procedimientos licitatorios.

Deficiencias en los montos de contratos abiertos sin justificación modificatoria.

Deficiencia operativa del servicio de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en la modalidad de fábrica de software.

Subutilización de mobiliario de oficina arrendado.

Pagos en exceso por servicios generales.

Inexistencia de los informes mensuales de casos de excepción al OIC.

Carencia de normativa integral para el cálculo de tarifas en la industria del gas natural, ni para establecer los criterios y lineamientos contables actualizados y homogéneos para su determinación.

Deficiencias en su calendario de trabajo indicativo.

Deficiencias en el sistema integral para generar modelos tarifarios para los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, considerando tanto las inversiones, como los costos de operación, mantenimiento y administración.

Tarifas de distribución sin verificación y retrasos.

Retrasos en las revisiones tarifarias.

Carencia de gobernanza e incumplimiento de funciones institucionales.

Incumplimiento de la normatividad en las contrataciones tercerizadas (outsourcing).

Delegación a empresas extranjeras de la determinación de la tarifa de transmisión.

Incompetencia del personal de la CRE en el ejercicio de sus funciones.

Incapacidad institucional para supervisar el desempeño regulatorio. Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional, mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y la regulación de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. De dicha revisión derivaron 5 observaciones, que dieron lugar a 8 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Entre las irregularidades derivadas de la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores, destacan las siguientes: Cumplimiento parcial del Programa Regulatorio de Electricidad.

Ineficiente planeación de proyectos de energías limpias.

Deficiente regulación en el mercado eléctrico mayorista.

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Deficiente planeación del suministro y comercialización de la energía.

Emisión incompleta de instrumentos regulatorios.

Ausencia de los estudios correspondientes en la entrega de permisos de generación de electricidad.

Deficiencias en los reportes sobre temas de regulación y permisos de electricidad emitidos. Concentración de las recuperaciones probables Finalmente, cabe destacar que en 7 auditorías se concentran el 85.5% de las recuperaciones probables determinadas en las Empresas Productivas del Estado.

Como resultado de estas auditorías, se emitieron 80 observaciones que dieron lugar a 123 acciones: 49 preventivas y 74 correctivas, entre las que destacan 35 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 21 Pliegos de Observación (PO) y 17 Solicitudes de Aclaración (SA). Se determinaron recuperaciones por 2 mil 720.6 millones de

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

3,180.6 100.0%

2,720.6 85.5%

416.8 13.1%

452Financiera y de

Cumplimiento

Programa de Responsabilidades y

Desarrollo Social de Petróleos

Mexicanos

• Falta de seguimiento al destino de las donaciones. 258.0 8.1%

• Falta de transparencia en procesos de adjudicación de servicios médicos subrogados.

• Incumplimiento del contrato para el Sistema Eléctrico de Gestión Clínica y Financiera.

• Pagos injustificados.

• Procedimientos de contratación fuera de norma.

• Diferencias contables en pagos realizados.

• Incumplimiento y manipulación en los compromisos pactados en el contrato.

459.1 14.4%

• Elevados montos de contratos no ejercidos.

• Pagos en exceso en el contrato número 420904803.

• Irregularidades detectadas en el contrato número 421004880.

• Contratación de bienes y servicios mediante asignaciones directas no justificadas.

• Elevados montos de recuperaciones probables de la revisión global practicada por la ASF.

114.5 3.6%

• Importante pérdida para PLOG.

• Fuerte incremento en el concepto de “Ductos”.

• Como parte de operaciones discontinuas, se presenta una pérdida de PLOG.

•Sin actualizar los servicios de operación, mantenimiento y conservación de un sistema de

transporte de gas natural a clientes particulares.

• PLOG dejó de cobrar un monto importante por concepto de intereses moratorios.

1,730.2 54.4%

• Inexistencia de análisis, evaluación y cálculos de la razonabilidad de los precios.

• Falta de documentación comprobatoria de la supervisión y control.

• Incumplimiento en los alcances convenidos.

• Falta de documentación comprobatoria del precio unitario por hora-hombre.

• Ineficiente manejo de los recursos públicos.

• Sobrecostos por incremento de horas-hombre.

• Trabajos suspendidos sin justificación.

• Evaluación deficiente de las propuestas económicas durante las contrataciones.

• Posibles pagos injustificados.

• Diversos pagos improcedentes.

• Pagos en exceso.

14.4%

378.9 11.9%

Petróleos Mexicanos

Pemex Exploración y Producción

Pemex LogÍstica

Pemex Transformación Industrial

Inversiones

Físicas478

Mantenimiento de la Capacidad de

Producción en las Refinerías de

Salinas Cruz y Minatitlán y Tren

Energético

472

459.1

Inversiones

Físicas


Producción, Tren Energético,

Optimización de la

Reconfiguración y Contratos

ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-

GPARR-L-117-13 en las Refinerías

de Cadereyta y Madero

100.7 3.2%

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

158.8 5.0%

Irregularidades

Total Sector Energía

Empresas Productivas del Estado (Sector petróleo)

Financiera y de

Cumplimiento454

Servicio de Administración y

Otorgamiento de Atención Médica

a Nivel Nacional Mediante una Red

Médica de Prestadores de

Servicios, para Trabajadores,

Jubilados y Derechohabientes de

Pemex.

458Inversiones

Físicas

Desarrollo de Estudios de

Ingeniería de Proyectos para

Instalaciones de Proceso,

Infraestructura y Ductos; Contratos

de Mantenimiento a Instalaciones

Marinas y Contrato núm.

421004880 (IPC Infraestructura

Submarina Campo Lakach)


Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

1,250.6 39.3%479Inversiones

Físicas


Producción y Conversión de

Residuales en las Refinerías

Salamanca y Tula

Financiera y de

CumplimientoIngresos por Servicios 114.5 3.6%

480

99



pesos (85.5% de las recuperaciones probables de la actividad energética), en su totalidad estimadas como probables de recuperar.

Sector Turismo En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, una de las metas nacionales es la de lograr un México Próspero, para lo cual, la presente Administración busca elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para lograr lo anterior, se diseñó una estrategia de diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. En ese sentido, el sector turismo se plantea el objetivo de aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país sobre la base de un conjunto de estrategias, entre las cuales destacan: impulsar el ordenamiento y la transformación del sector; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social. En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 3 revisiones a dos entes del sector turismo (2 a la Secretaría de Turismo y 1 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo), de las cuales 2 fueron auditorías de desempeño (66.7% del total), en tanto que la otra auditoría fue financiera y de cumplimento. Las 2 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Secretaría de Turismo, de las cuales, una estuvo vinculada con la estrategia definida en el PND, impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social, al concentrarse en evaluar el desarrollo sustentable de los destinos y regiones turísticas; y la otra se relaciona con la estrategia impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector, al revisar el desempeño de la SECTUR en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo. Derivado de las auditorías de desempeño a este sector, la ASF promovió 14 observaciones (60.7% de las 23 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 30 acciones (65.2% de las 46 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron recomendaciones al desempeño. Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la auditoría efectuada al fortalecimiento de la competitividad del sector turismo, de la cual derivaron 8 observaciones y 19 acciones promovidas.

100



En las auditorías de desempeño realizadas al sector turismo se detectaron diversas irregularidades recurrentes, entre las cuales sobresalen las siguientes: Otorgamiento de apoyos sin respetar los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de

Operación.

Deficiencias en la definición de recursos asignados a programas.

Ausencia del universo de prestadores de servicios en operación.

Dudosa calidad de las certificaciones a Prestadores de Servicios Turísticos (PST).

Falta de actualización en estándares de calidad para la certificación de servicios turísticos.

Escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios.

Riesgo de pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM).

Por su parte, la única auditoría financiera y de cumplimento aplicada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, está vinculada con la estrategia del PND, fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos, orientada a fiscalizar los recursos financieros de las cuentas por cobrar del rubro “Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes”, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro provenientes de operaciones propias de la entidad; que se contó con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente; que en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la entidad; y que el registro contable se efectuó conforme a la normativa. De dicha revisión derivaron 9 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 16 acciones promovidas (9 recomendaciones y 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria), así como recuperaciones operadas por un monto de 681.1 miles de pesos. Entre las principales irregularidades detectadas en la auditoría financiera y de cumplimento, se enumeran las siguientes: Deficiencias en los procesos legales para la recuperación de créditos refaccionarios.

Deficiencias en las acciones de cobranza por adeudos de empresas filiales.

Ausencia de mecanismos para la recuperación de recursos por venta de bienes.

Sector Ciencia y Tecnología En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel fundamental de la Ciencia, Tecnología e Innovación para acceder al logro de la Tercera Meta Nacional, México con Educación de Calidad; para lo cual se estableció que el objetivo a cumplir es “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable”, sobre la base de las siguientes estrategias:

101



Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcance un nivel de 1% del PIB.

Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.

Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.

Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el campo de la ciencia y tecnología consideró dos temas que abonan al cumplimiento de la meta nacional a través de las estrategias antes mencionadas. Particularmente, en lo que se refiere a “Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente” la fiscalización se ocupó del programa relativo al Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica. Mientras que en materia de “Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país”, la ASF revisó el programa Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Las dos auditorías fueron practicadas a los programas responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ambas revisiones fueron de desempeño, por lo que se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de desempeño, al representar 100.0 % de las revisiones practicadas al sector ciencia y tecnología. Esto significa que las auditorías se orientaron a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto, social y económico, y los correspondientes beneficios para la ciudadanía. Las auditorías practicadas, dieron origen a 14 observaciones que a su vez representaron el 100.0% de total del sector, las cuales dieron lugar a 22 acciones, todas de tipo preventivo (22 RD). Cabe mencionar que por ser auditorías de desempeño no aplican las recuperaciones. La aplicación de las dos auditorías de desempeño por parte de la ASF permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Subejercicio de recursos otorgados.

102



No se dispone de un diagnóstico actual sobre el rezago de la infraestructura científica y tecnológica.

Apoyos a una población objetivo diferente a la definida en las reglas de operación.

Omisión de criterios para priorizar el financiamiento de las propuestas apoyadas.

Reducida cobertura de apoyos otorgados.

No se realizaron auditorías ni visitas de supervisión.

Deficiencias en la formulación de las reglas de operación.

No se acreditan resultados de la operación del programa.

Menor número de fondos apoyados por reasignaciones presupuestales.

Baja en las aportaciones de recursos del CONACYT y estados, reducen el número de fondos apoyados.

Duplicidades en los registros de proyectos concluidos.

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel central del sector desarrollo agrario, territorial y urbano para el logro de Segunda Meta Nacional, México Incluyente; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, sobre la base de estrategias como: Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda

digna para los mexicanos.

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 consideró diversos programas que tratan aspectos relevantes e inherentes con cada una de estas estrategias. Respecto a “Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos” la fiscalización superior abordó los temas siguientes: Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.

Programa de Prevención de Riesgos

103



Atención de Conflictos Agrarios. En materia de “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva” la ASF revisó los programas siguientes: Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda

Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria.

Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat.

Construcción de Vivienda en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de Chiapas.

Ampliación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda.

Gestión Financiera y Operativa del Gasto. Mientras que para “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda” las auditorias se enfocaron a evaluar los programas siguientes: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.

Convenio de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos, Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

Al sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le fueron practicadas 11 auditorías, de las cuales 5 fueron de desempeño (45.5%) y 6 de regularidad (54.5%), financiera y de cumplimiento (4), inversiones físicas (1) y forense (1), por lo que el enfoque de la fiscalización estuvo orientado ligeramente hacia las revisiones de regularidad, es decir, a revisar que la recaudación, captación, administración ejercicio y aplicación de los recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto. Respecto a las 5 auditorías de desempeño, éstas fueron practicadas a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su fiscalización arrojó un total de 45 observaciones que dieron lugar a 52 acciones (52 RD) lo que pone de manifiesto la problemática que presentan estos programas en su operación. Las auditorías de desempeño a los programas a cargo de la SEDATU arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

104



Gasto ejercido superior al presupuesto autorizado y falta de documentación comprobatoria del destino de los recursos.

No se impulsó la constitución de una instancia sectorial de planeación.

Falta de documentación comprobatoria de la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración.

Carencia de elementos para evaluar los avances de la política pública.

Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación.

Se desconoce el monto de los recursos destinados a la ampliación y mejora de la vivienda.

Deficiencias en las actividades de seguimiento de la ejecución de proyectos de obras.

No se cuantifica la población potencial, objetivo y atendida.

Irregularidades en la aprobación de los proyectos.

Deficiencias en el seguimiento de proyectos y obras.

No se aplicaron los recursos en los tipos y conceptos definidos en la normativa.

Falta de comprobación documental de la asesoría en la elaboración y ejecución de los planes y programas.

Falta de integración y registro del padrón de beneficiarios.

Entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación.

Incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras. Las auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2); Comisión Nacional de la Vivienda (1); y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (1). Estas auditorías arrojaron un total de 38 observaciones que dieron lugar a un total de 67 acciones, de las cuales 41 fueron preventivas (41 R) y 26 correctivas (20 PRAS; 6 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 2 mil 521.0 millones de pesos, de los cuales se han operado sólo 2.0 millones de pesos, por lo que la diferencia (2 mil 519.0 millones de pesos) representan recuperaciones probables. La fiscalización a las auditorías financieras y de cumplimiento arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento del calendario de sesiones del Comité.

Asuntos pendientes de resolver debido a que el Comité no sesiona.

Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación.

Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios.

Falta de mecanismos para la identificación de riesgos.

Desigual distribución de los subsidios.

105



Debilidades en la gobernanza de la institución.

Incumplimiento de los objetivos del programa.

Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme.

Deficiencias en la ejecución de viviendas, pese a aumento en los plazos de construcción.

Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados y falta de documentación comprobatoria de los recursos ejercidos.

Incumplimientos al programa de obra. Las auditorías de inversiones físicas y las auditorías forenses fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estas auditorías arrojaron un total de 27 observaciones que dieron lugar a un total de 35 acciones, de las cuales 4 fueron preventivas (4 R) y 31 correctivas (1 PEFCF; 4 SA; 12 PRAS; 13 PO y 1 M). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 280.0 millones de pesos, de los cuales la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables. La fiscalización a las auditorías de inversiones físicas y forenses arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble.

Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras.

Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados.

Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas.

Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas.

Simulación en la prestación de servicios otorgados.

Pagos por servicios con sobrecosto y que incumplen los objetivos planeados.

No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados.

No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos.

Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares.

Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados.

Pagos improcedentes por servicios duplicados.

106



La ASF practicó una auditoría forense de carácter especial al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, correspondiente a la Cuentas Pública 2015, denominada “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2015”. Esta auditoría arrojó 2 observaciones que dieron lugar a un total de 4 acciones (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 356.5 millones de pesos, de los cuales se han operado 0.0 pesos, por lo que la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables. La fiscalización a esta auditoría de carácter especial arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Incapacidad del SQCS para realizar los trabajos convenidos y subcontratación de

proveedores sin cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Proveedores no localizados y sin capacidad para generar los entregables.

Reconcentración de los recursos.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,800.7 100.0

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,006.1 35.92

• Deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de la normativa

• Incumplimiento del calendario de sesiones del comité

• Asuntos pendientes de resolver debido a que el comité no sesiona

• Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación

• Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios

• Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble

• Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras

• Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados

• Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas

•Uso de los recursos a fines distintos a los autorizados y falta de documentación

comprobatoria de los recursos ejercidos

• Incumplimiento al programa de obra

• Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas

• Simulación en la prestación de servicios otorgados

• Pagos por servicios con sobrecostos y que incumplen los objetivos planeados

•No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados

• No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos

• Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares

• Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la

ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

• Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados

Pagos improcedentes por servicios duplicados

1,794.6 64.08

Incumplimiento de los objetivos del programa

Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme

• Deficiencias en la ejecución de vviendas pese a aumentos de plazos de obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

1,794.6

9.83

64.08

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Forense1792

391Financiera y de

Cumplimiento

Aplicación de Subsidios al Programa

de Apoyo a la Vicienda.

275.3

724.7 25.88

382Financiera y de

CumplimientoAtención a Conflictos Agrarios

Inversiones

Físicas383

Construcción de Viviendas en la

Pesquería La Gloria, Municipio de

Arriaga, en el Estado de Chiapas.

Financiera y de

Cumplimiento1835

Gestión Financiera y Operativa del

Gasto.

Convenios de Coordinación, Colaboración y

Acuerdos específicos Suscritos con

Universidades Públicasy Entes Públicos

Estatales para el Desarrollo de Diversos

Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

SECTOR: DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

1.4 0.05

4.7 0.17

Nombre de la Auditoría

107



Grupo Funcional de Desarrollo Social El enfoque de la fiscalización del grupo Funcional Desarrollo Social estuvo orientado a evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas gubernamentales (47.7%), pero también para verificar su manejo y registro financiero (56.3%). Este mismo enfoque se presentó por sectores. Al respecto la ASF revisó al sector Educación en lo relacionado con la expansión de la educación en el nivel medio superior, el fortalecimiento de la calidad educativa, políticas de igualdad de género en el sector, y el diseño de la política educativa, asimismo los recursos ejercidos a través de diversos programas como el Programa Nacional de Inglés, PROSPERA, y Becas en Educación Superior. Destaca el hecho de que este sector concentró gran proporción de las auditorías forenses que la ASF programó realizar para la CP 2016 (46.6% del total). Revisiones consideradas de gran relevancia por ser análisis pormenorizados para la detección o investigación de presuntos ilícitos, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes. Se realizaron 7 auditorías forenses para revisar convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos entre diversas Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con la Administración Pública Federal (APF) para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Al respecto, la ASF ha sido puntual y ha señalado a lo largo de cinco años, que las reiteradas irregularidades que ha detectado en las adjudicaciones directas con Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) o con entes estatales, para prestación de diversos servicios al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, han propiciado el desvío de recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública 2012 a 2015 y 2 mil 130.9 millones de pesos de la CP 2016. A través de la fiscalización superior, la ASF ha documentado que los contratos asignados bajo este esquema han otorgado remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y halla prevalecido la simulación de operaciones que evidencian el desvío. Por derivación, la ASF ha emitido diversas acciones, sin embargo, no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. Las auditorías forenses muestran el modo de operación para desviar los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, y como se han ido acrecentándose y evolucionando. Al respecto, se presentan algunos hallazgos de mayor relevancia10:

La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

10 Instituciones Públicas de Educación Superior. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría con enfoque horizontal. Siete auditorías Forenses, No. 193, 195, 196, 197, 199, 1793, y 198.

108



y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, por los cuales percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido. Incurriendo en falsedad de declaración, dado que manifestó tenerla ante las dependencias contratantes. La universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) y la SEDATU suscribieron un convenio cuyo objeto fue establecer la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, al respecto el encargado de Rectoría de la UPFIM refirió que el contacto con la SEDATU se realizó vía telefónica, y que posteriormente remitieron el convenio para que lo firmara, dejando claro que no tuvo contacto personal con los servidores públicos de ésta. No obstante, bajo un procedimiento de contratación inusual, el Encargado de Rectoría de la UPFIM suscribió el convenio.

La Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) firmó un convenio con la SEDATU al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, presumiblemente utilizado como vía para la obtención irregular de recursos públicos por la UPQROO, ya que manifestó contar con la capacidad para entregar el bien y/o servicio solicitado, aunque en realidad no la tenía, por lo que no llevó a cabo actividad alguna y subcontrató a 8 proveedores. No obstante, durante el año 2016, la SEDATU le pagó el importe de 97.1 millones de pesos.

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), recibió recursos por 154.8 millones de pesos como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un total de 154.8 millones de pesos. La UPSZ no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154.8 millones de pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la Universidad. Se identificó un sobrecosto de 37.4 millones de pesos. Esta cantidad se determinó entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios y otros gastos incurridos para cumplir con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA.

109



La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) suscribió un total de 9 convenios y/o contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal para la prestación de diversos servicios, por los cuales recibió un monto total de 639.7 millones de pesos. La ASF comprobó que la UTS para hacer frente a sus obligaciones, contrató a 17 prestadores de servicios, 7 empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46.7 millones de pesos, esto representó el 78.5% del monto total que recibió de 7 de los 9 contratos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal.

Estas contrataciones han sido consideradas por la ASF como generadoras de ambientes discrecionales que a su vez propician situaciones de fraude y corrupción. Asimismo, la ASF incluyó dos revisiones especiales derivadas de denuncias fundadas documentalmente, conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Titulo Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso y de Ejercicios Anteriores”, para fiscalizar los recursos públicos que recibió Radio y Televisión Hidalgo en 2014 y 2015 mediante contratos que firmó con entidades y dependencias de la APF. Revisiones que muestran la misma clase de irregularidades antes señaladas. Del sector Salud revisó lo relacionado con la calidad y el fortalecimiento de la atención médica, la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en salud, así como lo recursos ejercidos para la adquisición de medicamentos, equipamientos de hospitales, y gastos para la prestación de servicios de salud, entre otros. Algunos de los hallazgos de mayor relevancia observados por la ASF en el sector salud fueron:

Secretaría de Salud (SS). “Calidad en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño, No. 201. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que la Secretaría de Salud no dispuso de la totalidad de los resultados de las encuestas de trato adecuado y digno de los establecimientos médicos que recibieron subsidios del programa Calidad en la Atención Médica en 2016 lo cual no permitió evaluar la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de disponer de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios médicos para la adecuada toma de decisiones.

Secretaría de Salud. “Regulación y Vigilancia en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño No.210, cuyo objetivo fue fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF comprobó que existen deficiencias respecto al diseño normativo del programa. Identificó inconsistencias en los “Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, 2016”, destacando la falta de establecimiento de la cobertura que tendrían los subsidios

110



otorgados, en términos del número de establecimientos de salud que se beneficiarían con los recursos federales transferidos.

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 225. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. Al respecto, el INCAN no acreditó, que se incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, en 2016, debido a que, aun cuando contó con 56 investigaciones, no justificó la disminución del 26.3% respecto de las 76 realizadas en 2015, además de no contar con un indicador y meta para programar su realización.

Instituto Nacional de Geriatría (INGER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 228. Su objetivo fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población adulta mayor. La ASF determinó que para 2016, el INGER, inició 11 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de los adultos mayores y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Por ello, desconoció si los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector.

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 211. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Al respecto, la ASF determinó diversas irregularidades: el CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 5,354.6 miles de pesos; 2 SAIH del estado no demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes por 416.6 miles de pesos; los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos.

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Respecto a Desarrollo Social revisó el desempeño de diversos programas entre los que destacan Seguro de Vida para Jefas de Familia, Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), y Comedores Comunitarios, así como la gestión financiera de Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal, Programa de Fomento a la Economía Social, Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales, y Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, entre otros. En este sector destacan los siguientes hallazgos en las auditorías practicadas:

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 261. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, la ASF constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; es importante señalar que esta irregularidad ya había sido detectada y promovida por la ASF en la auditoría 229 de la Cuenta Pública 2014, en la cual promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

SEDESOL. Seguro de Vida para Jefas de Familia. Auditoría de Desempeño No. 266. El objetivo fue fiscalizar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que los mecanismos de control interno de la SEDESOL fueron insuficientes para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso; acreditar la verificación del bienestar de los hijos beneficiarios menores de seis años; disponer de indicadores para evaluar su eficiencia en el pre registro de las jefas de familia, el registro de los hijos beneficiarios y la entrega de los apoyos, así como para medir la contribución del programa en la permanencia escolar de los beneficiarios, por lo que la ASF concluyó que SEDESOL no contó con un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Servicios a Grupos con Necesidades Especiales. Auditoría de Desempeño No. 274. Su objetivo fue fiscalizar las acciones del Instituto para que las personas adultas mayores se beneficien de políticas y acciones

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que fomentan su desarrollo humano integral. La ASF observó que el instituto mediante la prestación de 9 servicios, atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. En cuanto a la meta de incorporar a los adultos mayores a la vida laboral, el instituto vinculó a 11 mil 165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Sin embargo, el instituto no cuantificó la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de la población potencial y objetivo del programa en las entidades federativas, situación que limitó el análisis y evaluación de las políticas de asistencia social y de vinculación productiva dirigidas a las personas adultas mayores en los estados. Además, la ASF especificó que el instituto carece de un sistema de información institucional para disponer de información confiable sobre el total de tarjetas de afiliación entregadas; además, careció de la cobertura de la población adulta mayor potencial y objetivo por afiliar.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)”. Auditoría de Desempeño, No. 258. Su objetivo fue fiscalizar la CNcH para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende atender, sin embargo, no existe una legislación reglamentaria del artículo 4° de la CPEUM, en materia de derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Auditoría de Desempeño, No. 273. Su objetivo fue fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el programa presentó deficiencias toda vez que otorgó subsidios y premios, situación que no es consistente con la modalidad “E”. Ésta modalidad implica la oferta de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad y no así para otorgar apoyos. Además, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende atender.

La ASF determinó que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 muestran avances en el grupo; sin embargo, es necesario fortalecer: (1) las tareas de diagnóstico para definir y dimensionar con precisión los problemas públicos; (2) la planeación, programación y presupuestación, con el fin de lograr una asignación de recursos adecuada y focalizada; (3) coordinación interinstitucional e intergubernamental, con el propósito de establecer sinergias

113



entre los programas sociales, y (4) supervisión y evaluación, con el objeto de generar certeza respecto a la eficacia y eficiencia con la que se implementan los programas. De manera específica en educación concluye que, a cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura; mientras que en media superior el 49.3% en el área de matemáticas y el 45.0% en lenguaje y comunicación, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo. Respecto a Salud, la ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Finalmente, con relación a la pobreza extrema alimentaria, la ASF considera que, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en esa condición. Entre las principales irregularidades del grupo, que implican recuperaciones determinadas, destacan:

PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2016

Irregularidad Recuperaciones determinadas

(millones de pesos)

3,874.4

En el Programa Nacional de Ingles se determinó falta de comprobación de ejercicio del gasto. 605.5

La SEP realizó aportaciones al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa sin sustento legal.

96.9

No se acreditó el ejercicio de recursos por parte de la SEP en el programa de Inclusión y Equidad Educativa.

166.4

No se acreditaron recursos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior para la formación y desarrollo profesional del personal docente.

586.7

El CONAFE no presentó documentación comprobatoria de entrega de bienes a beneficiarios. 280.6

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no entregó documentación comprobatoria de trabajos realizados y entregados.

782.5

En su programa de construcciones en las unidades de Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma, la UAM no acreditó ejercicio de recursos.

186.8

Contrataciones al amparo del artículo 1º de la LAASSP, entre entidades públicas, generaron subcontrataciones que dieron lugar a desvíos de recursos.

903.9

Salidas de materiales de almacenes de medicamentos, combustibles y ropería, sin la documentación soporte en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

142.1

Irregularidades en la entrega de apoyos del Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL. 123.0 Fuente: Elaborado por la UEC con datos del IGE 2016

114



Gasto Federalizado La ASF considera prioritaria la fiscalización del Gasto Federalizado, dada su relevancia financiera y estratégica; en ese sentido sus auditorías representan una proporción destacada del total de revisiones de la Entidad de Fiscalización Superior; en 2016, significaron el 73.4% del programa de auditorías. La importancia del Gasto Federalizado en la integración del gasto público Federal no es menor, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; en 2016 su importe ascendió a 1.8 billones de pesos, que significaron el 33.1% del gasto neto total, en 2015 esta proporción fue del 34.9%. Su transferencia se realiza mediante dos grandes componentes: el Gasto Federalizado programable o transferencias condicionadas, los cuales deben ser aplicados en los fines establecidos en la normativa correspondiente, y las participaciones federales, cuyo uso no está condicionado y son de libre administración hacendaria, conforme a lo que establezcan los presupuestos de egresos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. En 2016, el monto de cada componente fue: para el Gasto Federalizado programable 1.1 billones de pesos, que representaron el 61.1% del total; con respecto a 2015, registró una disminución, a precios constantes de 2015, del 4.2% y en el mismo año, 2015, representó el 63.3% del Gasto Federalizado de ese ejercicio. Por su parte, el Gasto Federalizado no programable o participaciones federales ascendieron en 2016 a 693 mil millones de pesos, valor que constituyó el 38.9% del Gasto Federalizado total de ese año, a precios constantes de 2016, las participaciones federales tuvieron un incremento del 5.4%, en relación con 2015 y en este año significaron el 36.7% del Gasto Federalizado. La estrategia de fiscalización del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016 consideró la revisión de fondos, programas y materias siguientes:

En 18 programas del Gasto Federalizado programable, la ASF fiscalizó todos los tramos de gestión de los fondos y programas, incluido el ejercicio de los recursos; se revisaron en todas las entidades federativas los fondos del Ramo General 33 de manejo estatal; el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; el Seguro Popular y los Proyectos de Desarrollo Regional. Asimismo, a nivel municipal se verificaron el FISM-DF y el FORTAMUN-DF, así como el FORTASEG (antes SUBSEMUN), y el FORTALECE. Por otro lado, también se revisaron: El Fondo de Capitalidad y, los Apoyos a Centros de Educación y los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades).

Se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores para 42 programas del Gasto Federalizado.

115



En relación a la fiscalización de las Participaciones Federales, se revisó la distribución realizada por las entidades federativas a sus municipios (en las 32 entidades federativas y en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México). Asimismo, se fiscalizó el ejercicio de los recursos de las participaciones federales en las 32 entidades federativas y 110 municipios.

o Para la fiscalización de las participaciones federales, la ASF contó con la

colaboración de las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) en la realización de las denominadas Auditorías Coordinadas, que fueron realizadas de manera conjunta, pero con base en el marco jurídico de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, el cual prevé que la gestión de los resultados y acciones promovidas sea responsabilidad de la ASF.

La ASF dio continuidad a la realización de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño, Participación Social y Contraloría Social, dada su importancia estratégica en la mejora de la gestión del Gasto Federalizado.

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 1 mil 369 auditorías al Gasto Federalizado, a saber, 1 mil 021 revisiones (74.6%), al Gasto Federalizado programable; 176 revisiones (12.9%), a las participaciones federales; y 172 revisiones (12.6%), a otros procesos vinculados con la gestión del Gasto Federalizado. Adicionalmente, se llevaron a cabo 8 auditorías del ejercicio 2015, que se derivaron de mandato judicial; sus resultados no se incorporan en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. Por entidad federativa, se realizó un promedio de 41 auditorías; las entidades con mayor número de revisiones fueron Chihuahua con 49; el Estado de México con 48; Veracruz con 46, Jalisco y Sonora con 45 en cada caso. Las entidades con menor número de auditorías fueron Baja California Sur con 31; Baja California con 33; Tamaulipas con 37, y Aguascalientes con 38. La estrategia de fiscalización del Gasto Federalizado Programable, en la Cuenta Pública 2016, consideró el siguiente alcance:

Se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores en una muestra de 1.3 billones de pesos, lo que significó el 76.4% del Gasto Federalizado y el 79.9% del monto asignado a los fondos y programas revisados, así como de las participaciones federales.

Se realizó la revisión integral de la gestión de los recursos (incluida la transferencia a los ejecutores y el ejercicio) en una muestra de 1.1 billones de pesos, lo que representó el 60.5% del Gasto Federalizado y el 75.2% del monto asignado a los fondos y programas revisados, así como de las participaciones federales.

116



El monto total observado en las auditorías del Gasto Federalizado ascendió a 98 mil 102.9 millones de pesos, del cual el 69.0% correspondió al Gasto Federalizado programable y el 31.0% a las participaciones federales, se integran de la siguiente manera: Se detectó subejercicio de recursos por 14 mil 997.6 millones de pesos; se tienen montos por aclarar por 4 mil 252.2 millones de pesos; y las observaciones con impacto económico suman 78 mil 853.1 millones de pesos. Las principales irregularidades determinadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, fueron las siguientes:

PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2016 Millones de pesos

Irregularidad Gasto Federalizado Programable

Participaciones Federales

Total %

67,675.4 30,427.5 98,102.9 100.0

Falta de documentación comprobatoria del gasto 12,653.7 14,323.7 26,977.3 27.5

Recursos no ejercidos 25,356.0 25,356.0 25.8

Falta de acreditación del pago a terceros en las Participaciones Federales

8,687.7 8,687.7 8.9

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 7,411.3 278.3 7,689.6 7.8

Retenciones no enteradas a terceros institucionales 4,986.8 617.3 5,604.2 5.7

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal

1,987.8 2,002.2 3,990.1 4.1

Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores

3,342.4 550.1 3,892.5 4.0

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada Fondo o Programa

3,637.5 22.2 3,659.6 3.7

Pagos improcedentes o en exceso 1,854.1 545.1 2,399.1 2.4

Otras irregularidades 6,445.8 3,400.8 9,846.7 10.0 FUENTE: Informe de auditoría de la Cuenta Pública 2016.

Como resultado de la fiscalización al Gasto Federalizado, se determinaron 9 mil 977 observaciones, de las que 4 mil 831 fueron solventadas durante el desarrollo de las auditorías y 5 mil 146 quedaron pendientes de solventar, las cuales a su vez generaron 5 mil 438 acciones; de éstas, 1 mil 348 son recomendaciones, 149 promociones de ejercicio de la facultad de la

universo

Seleccionado

(B)

Muestra Auditada

( C )(C/A) (C/B)

Universo

Seleccionado

(D)

Muestra Auditada

( E )(E/A) (E/D)

Gasto Federalizable 1,781,660.8 1,704,381.6 1,361,766.9 76.4% 79.9% 1,432,989.9 1,078,322.1 60.5% 75.2%

978,669.0 895,945.9 50.3% 91.5% 820,359.2 737,532.5 41.4% 89.9%

725,712.6 465,821.0 26.1% 64.2% 612,630.7 340,789.5 19.1% 55.6%

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

(Millones de Pesos)

Total del

Gasto

Federalizado

(A)

Fondo o Programa

Transferencia de los Recursos Ejercicio de los Recursos% %

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2016, ASF.

Gasto Programable

Participaciones Federales

117



comprobación fiscal, 232 solicitudes de aclaración, 1 mil 617 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 mil 092 son pliegos de observaciones. El enfoque de la fiscalización para la revisión del Gasto Federalizado en 2016, se centró en los elementos que apoyan su gestión, como son: la observancia irrestricta de las leyes y normas que regulan el dicho gasto; el arraigo de la integridad, como principio rector de la actuación de los servidores públicos que intervienen en su gestión; el abatimiento y prevención de las deficiencias recurrentes de los sistemas de control interno; el mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios; así como, identificar las insuficiencias que aún presenta el marco normativo y los elevados subejercicios. Asimismo, respecto de las participaciones federales, además de los anteriores elementos, el trabajo de la ASF se enfocó en transparentar y difundir los procesos de distribución de los recursos de las entidades federativas a los municipios, así como las deducciones efectuadas y pagadas a los terceros por cuenta de los municipios. Finalmente, se destaca el inicio de los trabajos para la revisión del endeudamiento público local.

118



3. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016

3.1. Sobre la tercera entrega de informes individuales de auditoría

3.1.1. Propuestas de modificación y reformas legislativas por parte de la ASF La ASF presentó 74 propuestas de reformas legislativas para consideración de la Cámara de Diputados que se derivan de las observaciones emitidas en los 1 mil 865 informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De acuerdo con la ASF, el objetivo principal de las modificaciones legales que se proponen es mejorar el ambiente de control, reducir la discrecionalidad y reforzar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Las 74 propuestas de modificaciones y reformas legislativas se enfocan a 30 ordenamientos legales, incluyendo el PEF. En específico, comprende 67 propuestas de modificación a 27 ordenamientos vigentes; 5 sugerencias para la integración del PEF, y la emisión de dos nuevas leyes11. Las sugerencias se refieren a las siguientes ocho temáticas.

i. Banca de desarrollo e instituciones de crédito

ii. Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas

iii. Política energética

iv. Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera

v. Gestión y protección de recursos naturales

vi. Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del

sector salud

vii. Contrataciones, adquisiciones y obra pública

viii. Presupuesto de Egresos de la Federación

Cabe señalar que la ASF manifiesta su voluntad para ampliar los alcances y objetivos de cada una de las sugerencias con los integrantes de la Cámara de Diputados, con el objeto de facilitar su inclusión en las iniciativas y agendas de trabajo de los integrantes del Congreso.

i. Banca de desarrollo e instituciones de crédito Son cinco las propuestas en materia de Banca de desarrollo e instituciones de crédito, cuyos objetivos son:

11 Se sugiere ver a detalle el documento Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, págs. 147-176.

119



Mejorar los controles respecto a la comprobación del ejercicio de los recursos en los proyectos de infraestructura que financia el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos;

Establecer una fecha límite respecto de la obligatoriedad que tienen los centros de trabajo de afiliarse al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como las infracciones y/o sanciones a las que se harán acreedores los patrones de los centros de trabajo que no cumplan con este requisito;

Incorporar la atribución al Comisionado General de la Policía Federal para que pueda acceder a información registrada por instituciones de crédito; y

Revisar el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el FOVISSSTE (dos propuestas).

ii. Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas

Son 30 propuestas de modificaciones en materia de Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas. En términos generales éstas buscan:

Mejorar el control y gestión del fondo, transparencia y rendición de cuentas del FASP, FAFEF, FAM y FONE (cinco propuestas);

Asegurar que la aplicación del FAFEF sirva para los objetivos que fue creado, sin dar lugar a ambigüedades, y Reducir la discrecionalidad en la priorización de proyectos según el impacto esperado y la trazabilidad de los recursos (siete propuestas);

Generar certidumbre en los municipios respecto al ejercicio de estos recursos, con lo que se evitará la existencia de cambios constantes respecto a los criterios de aplicación del FISM-DF;

Disponer de recursos del Programa para el Desarrollo Institucional Municipal para adquirir sistemas informáticos y equipamiento, a fin de que los municipios rurales de menos de 25 mil habitantes estén en posibilidades de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG);

Favorecer una mayor precisión en la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF;

Minimizar la discrecionalidad en el ejercicio del FISE;

Garantizar una mayor incidencia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) en la distribución de las Participaciones Federales que efectúan las entidades federativas a los municipios, misma que presenta espacios de discrecionalidad;

120



Fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas; así como, el uso eficiente de las participaciones;

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las participaciones transferidas a las entidades federativas, así como la estrategia de vigilancia y seguimiento (dos propuestas);

Disminuir el riesgo de incumplimiento de objetivos del programa Escuelas al 100 por falta de recursos y/o trámite deliberativo de alguna de las instancias involucradas;

Reconocer las obligaciones de pago de largo plazo, que, aunque no se catalogan como deuda pública, implican un compromiso financiero de las entidades federativas;

Evitar contraer mayores obligaciones que ingresos, derivadas de la sobreestimación de ingresos para cubrir las obligaciones de pago a corto plazo y con proveedores y contratistas;

Evitar en la ley un posible sesgo en la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales en el mediano y largo plazos, ya que considera el financiamiento neto e ingresos de carácter extraordinario, y dichos recursos representan un mayor margen de gasto público y endeudamiento;

Limitar la contabilización de los ingresos destinados para un uso específico como garantía de obligaciones a corto plazo;

Generar información confiable sobre la sostenibilidad financiera de las entidades federativas y los municipios;

Establecer con claridad las responsabilidades vinculadas con la coordinación de la implementación del SED en las entidades federativas;

Fortalecer la implementación de los SED de las entidades federativas;

Favorecer el cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas del Gasto Federalizado;

Mayor transparencia en el uso y destino de las participaciones federales;

Lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los órganos de participación ciudadana sobre la calidad de los servicios educativos.

121



iii. Política energética Son cuatro propuestas en materia de Política energética, con los siguientes objetivos:

Mejorar las condiciones de sostenibilidad de las finanzas de PEMEX;

Permitir a la CFE participar competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria;

Reducir la discrecionalidad de los procesos de adquisición que lleva a cabo PEMEX;

Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así como la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana.

iv. Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera

En materia de Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, la ASF hace 17 propuestas, cuyos objetivos son:

Mayor transparencia en la determinación de los gastos fiscales, así como Disposición de elementos suficientes para la toma de decisiones en materia de política fiscal y hacendaria, con base en estimaciones sobre la totalidad de las renuncias recaudatorias previstas;

Revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado, Certidumbre sobre a la operación financiera del gobierno (en el mediano y largo plazo) y Previsión de los riesgos y áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de los recursos;

Mejorar el control en la aplicación de cierto tipo de ingresos (ingresos excedentes) que percibe el Estado mexicano;

Transparentar y acotar la discrecionalidad del destino de los recursos derivados de disponibilidades presupuestarias e ingresos excedentes (dos propuestas);

Fortalecimiento del control de los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas y transparencia respecto a su trazabilidad;

Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así como a la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana;

122



Contar con información precisa y oportuna respecto a la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, y vincularla con la sostenibilidad de las finanzas públicas federales y Promoción de un entorno de control más efectivo para generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento;

Contar con información precisa y oportuna respecto a la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, y vincularla con la sostenibilidad de las finanzas públicas federales, así como Promoción de un entorno de control más efectivo para generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento;

Mejorar el control en el otorgamiento de subsidios que realiza el Estado;

Fortalecimiento de la estrategia de prevención ante delitos vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, Mayor eficacia y coordinación entre instancias de seguridad pública, procuración de justicia, así como con las autoridades reguladoras y supervisoras del Sistema Financiero Mexicano, así como Mayor disposición de información, incluyendo la recabada por instituciones de crédito;

Revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado, Certidumbre sobre a la operación financiera del gobierno (en el mediano y largo plazo), así como Previsión de los riesgos y áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de los recursos;

Establecer la obligación de una declaratoria en la que se manifieste su responsabilidad acerca de la veracidad e integridad de la información que se genera para preparar y emitir los estados financieros respectivos, así como de la que se entrega para conformar los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal que se incluyen en la Cuenta Pública;

Mejorar el control en la aplicación de cierto tipo de ingresos que percibe el Estado mexicano, Transparentar y acotar la discrecionalidad del destino de los recursos derivados de disponibilidades presupuestarias e ingresos excedentes y Fortalecimiento del control de los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas y transparencia respecto a su trazabilidad;

Fortalecer las facultades del SAT; y

Fortalecer tareas de vigilancia del Estado respecto al cumplimiento de los permisionarios y concesionarios que tienen inmuebles en las costas mexicanas.

v. Gestión y protección de recursos naturales

En materia de Gestión y protección de recursos naturales, la ASF realizó tres propuestas, buscando:

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Generar información relevante para la Cámara de Diputados y la sociedad en general, respecto al cumplimiento de las normas instituidas por el Estado mexicano, para efectos de conservación de los recursos naturales;

Disminución de la degradación y deforestación de la superficie forestal del país, a efecto de propiciar un desarrollo forestal sustentable;

Asegurar la homogeneidad de la información para su incorporación al Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, así como Facilitar la emisión de reportes, estadísticas, diagnósticos e informes necesarios para contribuir al adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los programas de subsidios.

vi. Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector

salud Por lo que respecta a Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud, la ASF hace tres propuestas, las cuales tienen por objeto:

Abatimiento de brechas en el proceso de certificación de proveedores de servicio de aviación civil, Condiciones homogéneas para todos los proveedores de servicio de aviación civil y Correcta gestión del tráfico aéreo;

Proteger los derechos humanos de los migrantes; y

Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, en beneficio de sus derechohabientes.

vii. Contrataciones, adquisiciones y obra pública

Las cinco propuestas de la ASF en materia de Contrataciones, adquisiciones y obra pública, tiene los siguientes objetivos:

Contribuir al establecimiento de un ambiente de control adecuado a efecto de que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y se responsabilice de la vigilancia de los mismos;

Determinar y fijar la contraprestación que la concesionaria debe cubrir al Gobierno Federal antes de iniciar operaciones;

Revelar y presentar información financiera confiable y así disminuir el riesgo de un registro contable indebido por los pagos al desarrollador y los gastos de administración a cargo del sector público;

124



Dar certeza a la determinación de la viabilidad de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) dictaminada por la dependencia o entidad responsable de los mismos y evitar errores en los cálculos y en las estimaciones realizadas por la dependencia o entidad responsable de los proyectos; y

Rendición de cuentas clara y oportuna sobre las operaciones y estrategias financieras de largo plazo, con el fin de transparentar sus implicaciones para el Estado.

viii. Presupuesto de Egresos de la Federación

En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación hay cinco propuestas, cuya finalidad es:

Garantizar la correcta instrumentación de las políticas que cuentan con padrones de beneficiarios;

Mejor control en la integración de los Padrones y Prevenir duplicidades en la entrega de bienes, servicios y apoyos a través de diversos programas;

Fomentar una gestión basada en riesgos, con enfoque en la prevención, detección y disuasión de actos irregulares, así como asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos;

Mejorar la gestión del gasto federalizado al limitar la discrecionalidad; y

Asegurar la oportunidad del ejercicio del gasto en FONMETRO, FONREGIÓN, FORTAFIN y FORTALECE.

3.1.2. Opinión de otras Comisiones Ordinarias

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESPECTO AL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

El Órgano Fiscalizador expone en su dictamen los siguientes resultados de los programas Auditados.

Primer programa denominado “ATENCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS;

DICTAMEN:

El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al

125



programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:

Deficiencias en el proceso de autorización y pago de los asuntos de conflictos agrarios y falta de documentación comprobatoria que ocasionaron, entre otros aspectos, los siguientes: el Comité del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) no sesionó para autorizar el pago con recursos del ejercicio 2016 de contraprestaciones de cuatro asuntos autorizados en las cuentas públicas 2012, 2014 y 2015 por 281.3, 40,000.0, 2,462.0 y 5,130.0 miles de pesos, respectivamente; en el caso de la CLC núm. 2155 por 8,000.0 miles de pesos, menos un reintegro enterado a la TESOFE por 132.9 miles de pesos correspondiente a la contraprestación del asunto Adolfo López Mateos, se identificó que el cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario en comento fue por 6,450.0 miles de pesos faltando documentación comprobatoria por 1,417.1 miles de pesos; se encontró el registro de un comprobante fiscal duplicado de un prestador de servicios profesionales por 19.1 miles de pesos; se aprobó la aplicación de los recursos del programa presupuestario E002 en tres asuntos aun cuando no se contó con los dictámenes jurídicos de procedencia, y en el caso del asunto “Casas Grandes”, no se garantizó la adecuada entrega de los recursos a los beneficiarios dentro del periodo no mayor a los seis meses.

Segundo programa denominado: Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de Chiapas;

DICTAMEN:

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto mediante el fideicomiso FONDEN, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

Se llevó a cabo la adquisición del inmueble para la construcción de las 38 viviendas sin contar con el avalúo oficial ni la escrituración del terreno por parte de la SEDATU.

No se acreditó la suspensión de los trabajos y servicios en el periodo del13 de mayo de 2014 al 27 de marzo de 2015 (317 días naturales después).

Incumplimiento y omisión en la aplicación de penas convencionales por los atrasos registrados en relación con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las contratistas.

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En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó la ejecución de trabajos de mala calidad, lo que confirma la falta de supervisión, vigilancia y control, no obstante que se pagó la totalidad del contrato adjudicado a una empresa de supervisión externa.

En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó que no cuentan con los servicios urbanos básicos.

No se han elaborado los finiquitos, las actas de entrega-recepción y de extinción de derechos y obligaciones, ni acreditó la acción de presentar las garantías para responder por los vicios ocultos, no se han registrado las viviendas en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Chiapas y los títulos de propiedad correspondientes para los beneficiarios.

Tercer Programa denominado: Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios;

DICTAMEN:

El presente dictamen se emite el 9 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos erogados derivado de contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

Contrató servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, (LAASSP) con dos Entes Públicos Estatales, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), y siete Universidades Públicas: Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) y Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), a las que les pagó en 2016 un total de 1,899,769.0 miles de pesos; de las cuales los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros los servicios pactados con la SEDATU, entre el 56.1% y 100.0% del total pagado en 2016, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la LAASSP. De ese monto, 1,517,713.7 miles de pesos, equivalentes al (79.9%), lo pagó con recursos del programa S273 “Programa de Infraestructura”, (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU).

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De los servicios convenidos con el SQCS y TELEMAX en el 2016, por 450,060.7 y 271,891.7 miles de pesos, la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, en las auditorías forenses 1791-DS-GF y 1794-DS-GF practicadas a estos entes públicos estatales, se comprobó que ni éstos, ni las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales, participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU, por lo que las irregularidades son por el total que se les pagó.

Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados en 2016 a la UPCH por 186,113.4 miles de pesos, los entregables por la presunta prestación de servicios para llevar a cabo cuatro diagnósticos, presentan inconsistencias y no cumplen con los objetivos; y en la auditoría forense 195-DS realizada a la UPCH, se constató que los servicios los subcontrató con una empresa por 81,642.8 miles de pesos, y ésta a su vez con cuatro empresas de las que no se acreditó los hayan realizado; además, transfirieron los recursos a otras 11 empresas y 9 personas físicas; y el sobrecosto pagado por la SEDATU por 104,470.6 miles de pesos, la universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor que no se localizó, ni a los otros dos que a su vez subcontrató, por lo cual la irregularidad es por el total de los cuatro convenios. De otro convenio pagó a la UPCH sobrecosto de 13,292.0 miles de pesos, por un sistema.

Del convenio con la UTCAM, del cual en 2016 se pagaron 182,816.0 miles de pesos, no se acreditaron los servicios ejecutados y en la auditoría forense 198-DS que se le practicó a la UTCAM, se constató que pagó al proveedor que subcontrató 92,801.1 miles de pesos, y se quedó un remanente por 90,014.9 miles de pesos de lo cual, de manera injustificada, realizó transferencias por 79,049.7 miles de pesos a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90,014.9 miles de pesos.

De los servicios que contrató y pagó con la UMB en el ejercicio 2016 por 178,060.0, no se acreditó que se haya cumplido con los objetivos y alcances por lo que no se justifica el pago realizado a la universidad y en la auditoría forense 193-DS practicada a la universidad, se constató que subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 82,542.6 miles de pesos, que no demostraron que desarrollaron los trabajos; y el remanente por 95,517.4 miles de pesos, la universidad indebidamente lo consideró como beneficio propio.

Respecto del Convenio Específico con la UPFIM por 185,839.5 miles de pesos, no se acreditó la existencia, ni operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios del referido Centro Ciudad de las Mujeres es coincidente en un 98.6% con el entregable presentado por el ITSC también contratado por la SEDATU en 2016, y respecto del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, es semejante al entregable de la UAIS, también contratada por la SEDATU en 2016. Asimismo, el servidor público de la SEDATU que suscribió el citado convenio manifestó no haberlo firmado, ni la demás documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, ni haber tenido relación alguna con la UPFIM; aunado a que en la auditoría forense 196-DS a la UPFIM, se constató que contrató con terceros el 98.0% de los servicios pactados con la SEDATU con dos empresas, y se concluyó que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables.

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En los dos convenios con la UPQROO, se determinó que en 2016 la SEDATU pagó 97,167.0 miles de pesos; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presumiblemente realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con lo pactado; lo anterior aunado a que en la auditoría forense 1793-DS practicada a la UPQROO, se contrató a ocho proveedores por el 100.0% que a su vez transfirieron los recursos que recibieron a diversas empresas y personas físicas, sin que existan contratos que justifiquen los pagos.

De los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el ITSC, por 168,388.4 miles de pesos, se detectó que el entregable del primer convenio suscrito en 2015 y pagado por la SEDATU en 2016 por 25,520.0, es coincidente en su totalidad, con el financiado por el BID al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259 y, se comprobó que el mismo fue pagado por la SEDATU en 2016 a la UAIM. Del segundo convenio de 2016, el entregable consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 41,942.7 miles de pesos, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del tercer convenio suscrito en 2016 por 100,925.7 miles de pesos, el entregable pactado con el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos en 2016, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los convenios y los entregables ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó convenio alguno con el ITSC.

Se comprobó del convenio específico por 106,838.9 miles de pesos suscrito con la UAIM, que la SEDATU recibió los servicios presuntamente ejecutados por la UAIS; sin embargo, se constató que los entregables fueron elaborados con anterioridad con recursos del BID al amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259, de donde la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU, participó por parte de la SEDESOL en 2014, además no contaba con atribuciones para contratar los servicios. Asimismo, se observó que los mismos entregables fueron pagados al ITSC y a la UPFIM, y derivado de la visita domiciliaria realizada a la UAIS, se constató que ni la UAIS ni las 5 empresas subcontratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios.

Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por 1,747,666.4 miles de pesos.

Cuarto Programa denominado: Gestión Financiera y Operativa del Gasto;

DICTAMEN:

El presente se emite el 8 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto de egresos para la ejecución de programas a cargo de la Secretaría y de sus organismos coordinados sectorialmente, para verificar que los procesos de solicitud, recepción, dispersión, adecuaciones, ejercicio, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se

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efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

De los 6, 231,605.4 miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, como ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la SEDATU ejerció 3, 855,835.3 miles de pesos, en conceptos de gastos distintos a los autorizados, los cuales corresponden al capítulo 3000 "Servicios Generales", sin contar con las adecuaciones presupuestales, ni con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos pagos se realizaron a: Universidades por 1,023,758.6 miles de pesos; a proveedores por 1,489,324.0 miles de pesos; Programa Hábitat "2015" por 148,499.5 miles de pesos; a los Programas de Vivienda Digna y Rural "2015" por 268,569.6 miles de pesos; y transferencias a cuentas bancarias por 689,220.9 miles de pesos, entre otros; cabe señalar que de los 689,220.9 miles de pesos, antes mencionados, no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias.

La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se tenían registrados 102,626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35.

Quinto Programa denominado: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio;

DICTAMEN:

El presente se emite el 6 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) condujo la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, de conformidad con las disposiciones legales aplicables para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se utilizaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

Los documentos de la planeación nacional 2013-2018 refieren que en las ciudades el crecimiento del territorio urbano no es proporcional a la tendencia del crecimiento poblacional, ya que mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. En los árboles del problema y del objetivo 2016 del Programa presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” (Pp P005), la SEDATU reconoció que persiste una inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, debido al diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política, la desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres órdenes de gobierno para la implementación de la política, el inadecuado seguimiento de la gestión y evaluación de los resultados de los programas del sector.

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Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron 897,924.8 miles de pesos al Pp P005, con el fin de que la SEDATU conduzca la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política.

Los resultados mostraron que, en 2016, la SEDATU ejerció 1,802,458.4 miles de pesos en el Pp P005, lo que significó 100.7% más que los 897,924.8 miles de pesos presupuestados debido a las ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no acreditó que se erogaran para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni contó con registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal.

En la planeación, en 2016, la SEDATU no impulsó la constitución de una instancia sectorial ni estableció cuál es su objetivo y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. Además, aun cuando la dependencia acreditó la dictaminación de siete manuales y dos lineamientos de operación, así como la actualización de siete reglas de operación y dos lineamientos, no dispuso del número total de instrumentos normativos susceptibles de dictaminar y actualizar.

En la coordinación, la dependencia no comprobó que en 2016 suscribió contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y con los municipios, para la atención y solución de problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

En el seguimiento, la SEDATU no evidenció la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano (TAMATU), ya que no sustentó los resultados y avances en su operación; y en la evaluación, no demostró contar con un programa de trabajo en 2016 para planear, establecer y coordinar el Sistema Evaluación Integral de la Gestión del Sector, ni programó la realización de estudios prospectivos, a fin de anticipar escenarios y necesidades de desarrollo en materia de ordenamiento territorial.

En 2016, la SEDATU careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que no integró, procesó, generó y analizó la información estratégica del territorio nacional que coadyuvará a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones, para asegurar la consecución de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

En opinión de la ASF, en 2016, persistió el problema de la inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que la SEDATU no estableció las bases para la conducción de la política, a fin de atender los problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano como se mandató en el PEF, ya que con el ejercicio presupuestal de los 1,802,458.4 miles de pesos no fue eficiente en la atención de las causas de la inadecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política, ya que no evidenció la constitución de una instancia sectorial de planeación; no dispuso del universo de documentos regulatorios para dictaminar y actualizar; no estableció la coordinación de los actores, ni comprobó la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de

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colaboración para la atención y solución de problemas en la materia; tampoco acreditó la evaluación y seguimiento, ya que no demostró la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano ni del Sistema de Evaluación Integral de la Gestión del Sector, por lo que no registró ni obtuvo información clara y confiable que permitiera la adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales.

Hechos posteriores: al vincular los resultados del Pp P005 en materia de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación detectados a 2016 con las atribuciones y facultades de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, se identificó que ésta retoma la necesidad de contar con figuras organizativas, instrumentos y mecanismos para la conducción de la política de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la participación de los tres órdenes de gobierno, pero es necesario que la SEDATU se asegure de establecer, en las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las obligaciones y procedimientos específicos que concreten lo mandatado. Al cierre de la auditoría, la secretaría no había implementado un programa para dar cumplimento a los artículos transitorios de la nueva ley.

Las recomendaciones emitidas por la ASF contribuirán a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano replantee los mecanismos de operación para que el presupuesto se ejerza en el cumplimiento de los objetivos y las metas del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de avanzar en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

Sexto programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda;

DICTAMEN:

El presente se emite el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para impulsar obras, acciones y servicios de viviendas que presentan carencias de calidad y espacio contribuyó en la mejora de la ampliación y mejoramiento de viviendas, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas y, con ello, un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.

Para atender esta problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron 9, 362,582.7

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miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), sin identificar cuánto le correspondió a la vertiente, para apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o mejoramiento de espacios en la vivienda.

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación presentaron deficiencias en el diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios ya que no se definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo.

En los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% (6, 509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9, 362,582.7) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda ni acreditara el gasto.

La SEDATU reportó en sus bases de datos, la construcción de 77,228 cuartos adicionales, 26.1% (20,132) se encontraban en ejecución y 73.9% (57,096) fueron concluidos, lo que representó un cumplimiento del 81.2% sobre la meta programada de 95,149, y el 1.8% (30,000 miles de pesos) de la dotación de 6,855 estufas ecológicas, sin que la dependencia acreditara esos resultados. La secretaría recibió 93,178 solicitudes para la construcción de un cuarto adicional, mismas que fueron autorizadas; sin embargo, el 5.6% (5,192) de ellas no acreditó contar con el CUIS, como requisito para su autorización.

En el seguimiento de ejecución de proyectos de obra, la dependencia no lo realizó, por lo que carece de comprobación del avance de las obras para asegurar que los recursos se aplicaron para lo que fueron destinados y en beneficio de la población objetivo de la vertiente.

En 2016, la SEDATU cuantificó a 21, 889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la atendida; sin embargo, no determinó al objetivo ni identificó si la atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social o en AGEB urbanas de alto, medio y bajo rezago social, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que provoca un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda, debido a que en la Cuenta Pública 2016 reportó una erogación de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, sin que identificara ni acreditara el gasto de la vertiente revisada; sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; en los Avances Físico-Financieros registró que realizó 77,228 cuartos adicionales y dotó 6,855 estufas ecológicas, sin acreditar esos resultados, y sus bases de datos indicaron que atendió a 69,681 hogares, sin identificar si pertenecían a las zonas de atención del programa.

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Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda”, a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos para la construcción de cuartos adicionales y la dotación de estufas ecológicas. Ello, para demostrar su contribución al mejoramiento y ampliación de las viviendas que presentan carencia de calidad y de espacio.

Séptimo Programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria;

DICTAMEN:

El presente se emite el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos y áreas comunes en desarrollos habitacionales en deterioro, abandono o inseguridad contribuyó a mejorar la imagen y el entorno, y a fortalecer la cohesión social, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas y, con ello, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.

Para atender esa problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron, 9,362,582.7 miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), de los cuales se le asignaron a la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 750,026.8 miles de pesos (8.0%), para la recuperación de espacios públicos y realizar trabajos de mejoramiento físico en unidades habitacionales.

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el ente presentó deficiencias en el diseño de las reglas de operación respecto de las disposiciones que norman el otorgamiento de subsidios, ya que no definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo.

En sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio de 6, 509,211.9 miles de pesos en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, y para la vertiente

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evaluada 569,823.8 miles de pesos, de los cuales acreditó 541,148.9 miles de pesos y faltó por comprobar 28,674.9 miles de pesos.

Para 2016, la dependencia apoyó a 389 espacios públicos, lo que significó el 97.3% de la meta de 400 espacios, sin acreditar los documentos jurídicos suscritos con los ejecutores para su instrumentación; así como 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales de los 10 programados, sin acreditar su aprobación.

En el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó los reportes trimestrales de los avances físico-financieros de 184 de los 389 proyectos de rescate de espacios público, ni de 8 obras de mejoramiento físico en desarrollo habitacionales ni dispuso de evidencia sobre la conformación de las contralorías sociales y los comités vecinales para la participación comunitaria y la cohesión social, tampoco acreditó el espacio público donde se realizaron 17 talleres ni los montos ejercidos en su aplicación.

En 2016, la SEDATU cuantificó como población potencial a 23,058,199 hogares ubicados en 624 municipios, como población objetivo a 12,839,192 hogares que se encontraban en 320 municipios y la atendida de 9,430,763 hogares ubicados en 184 municipios; sin embargo, 59 municipios donde se asentaban hogares que forman parte de la población objetivo no se encontraban dentro de la población potencial; tampoco fue posible verificar que los 9,430,763 hogares reportados como atendidos correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa ni en espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, tampoco en áreas y bienes de uso común deterioradas en desarrollos habitacionales, por lo que se desconoce la repercusión del Pp S273 “Programa de Infraestructura” para contribuir a mejorar la imagen y entorno de esos hogares.

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público relacionado con la poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, ya que sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no definir el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no comprobó 28,674.9 miles de pesos de los 569,823.8 miles de pesos aplicados en la vertiente; en el seguimiento de los proyectos y obras, no acreditó los reportes de avances trimestrales físico-financieros de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados ni de las 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales; respecto de los 9,430,763 hogares reportados como atendidos desconoció si correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en las Zonas de Actuación del programa, y careció de elementos para identificar los espacios públicos que contaron con contralorías sociales y comités vecinales, a fin de fomentar la participación comunitaria y la cohesión social.

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Espacios Públicos y

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Participación Comunitaria”, a fin de que rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios; fortalezca sus mecanismos de control para acreditar los recursos aplicados en la vertiente, así como de la aprobación de los proyectos y obras, y su seguimiento; y la conformación de contralorías sociales, comités vecinales para los espacios públicos. Lo anterior, a fin de demostrar su contribución en la mejora de la imagen y el entorno de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del programa.

Octavo Programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat;

DICTAMEN:

El presente se emitió el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.

Para atender esta problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron 9,362,582.7 miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), de los cuales se le asignaron a la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 8,449,351.2 miles de pesos (90.2%) para el mejoramiento del entorno (infraestructura básica, complementaria y equipamiento) para el desarrollo comunitario (cursos y talleres), así como la promoción del desarrollo urbano (planes y programas de desarrollo).

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación del programa presentaron deficiencias en su diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios, ya que no precisó de manera específica su población objetivo en dicha vertiente, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo.

En los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% (6, 509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” ni acreditara el gasto.

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De las 8,146 obras registradas, 3,209, no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites de aportación).

La SEDATU estableció una meta de atención con infraestructura básica de 38,880 hogares de un total de 510,875 que presentaron déficit de infraestructura básica, de los cuales se beneficiaron 37,581, lo que equivale a un avance del 7.4% respecto del total, en cuanto a la meta de atender 127,313 hogares con infraestructura complementaria, de un total estimado de 4, 014,289 hogares con déficit, se comprobó un avance del 2.8% al beneficiar a 105,779.

Además, se identificaron 25 adquisiciones de vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, incluidos en la modalidad de “mejoramiento del entorno”, clasificados como proyectos de “saneamiento del entorno”, los cuales no corresponden a los tipos de apoyo de dicha modalidad.

Respecto de los planes y programas, la SEDATU no acreditó los planes de manejo y de movilidad, los estudios hidrológicos y sobre cambio climático, ni los programas de desarrollo urbano de centros de población y parcial de centros históricos, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los gobiernos estatales y municipales en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación técnica de su personal.

En relación con el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó haberlo realizado durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos correspondientes a la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”.

En 2016, la SEDATU definió como población potencial 21,889,499 hogares en el ámbito nacional, de los cuales 19,635,065 hogares se encontraron ubicados en 1,783 localidades urbanas y 2,254,430 hogares, en 58,459 localidades rurales.

Asimismo, se verificó que la población objetivo se integró por 470,366 hogares, de los cuales se comprobó que 2,854 hogares no formaron parte de la población potencial; También se identificó que se atendieron 276,442 hogares en 342 localidades urbanas y 999 hogares en 7 localidades rurales; lo que equivale a un total de 277,441 hogares beneficiados en 349 localidades; sin embargo, al realizar la comparación de la base de datos de la población objetivo con la atendida se comprobó que la SEDATU benefició a 5,852 hogares ubicados en localidades que no formaron parte de la población objetivo.

En consecuencia, de lo anterior, también se desconoce en qué medida, con la operación del Pp S273, la dependencia contribuyó a mejorar la infraestructura básica, complementaria y de equipamiento de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa.

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, la cual deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus

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habitantes, debido a que en la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Infraestructura para el Hábitat revisada; sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no acreditó que realizó el seguimiento durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos, y sus bases de datos indicaron que atendieron a 276,442 hogares, sin acreditar que fueran parte de su población objetivo.

Asimismo, 3,209 proyectos no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites de aportación); también se identificó que los proyectos de la modalidad de “saneamiento del entorno” correspondieron a la adquisición de 25 vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, los cuales no pertenecen al tipo de proyectos que apoya dicha modalidad; demás de las deficiencias, omisiones e inconsistencias, de la información que sustente la economía de los recursos, la cobertura y el seguimiento de las obras ejecutadas.

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”, a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su contribución a la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento.

Noveno Programa denominado: Programa de Prevención de Riesgos;

DICTAMEN:

El presente se emite el 5 de septiembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las actividades de la SEDATU para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

De acuerdo con el diagnóstico del Pp S254 “Programa de Prevención de Riesgos”, el problema que dio origen al programa presupuestario se refiere a que existen riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio.

Para atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario S254 “Programa de Prevención de Riesgos”, a cargo de la Secretaría de

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Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con un presupuesto autorizado de 125,709.4 miles de pesos para entregar subsidios a los tres órdenes de gobierno, a fin de incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y, con ello, disminuir su vulnerabilidad.

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el diseño programático del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” mostró deficiencias en la definición de los objetivos y metas, ya que su MIR no permitió valorar el cumplimiento de los resultados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su contribución a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa. Asimismo, el diseño e integración de las Reglas de Operación del programa, no incluyó 2 (22.2%) de los 9 criterios para la entrega de los subsidios del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no definió los relativos a la temporalidad en la entrega de los subsidios y para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas.

La SEDATU mediante el programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” entregó subsidios para financiar 81 proyectos para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; sin embargo, no acreditó que los montos entregados por las autoridades locales correspondientes se ajustaron a los previstos en las reglas de operación, por lo que no fue posible verificar si las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales beneficiadas aportaron el monto complementario correspondiente para la ejecución del proyecto. Tampoco demostró que dichos proyectos se concluyeron en el plazo previsto, ni acreditó que hubiese integrado y registrado el padrón de beneficiarios del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), de la Secretaría de la Función Pública, en el plazo comprometido.

De los 81 proyectos, únicamente el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 87.0% (122,119.2 miles de pesos) del presupuesto ejercido.

De los 81 proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a municipios identificados con un índice global de alto y muy alto riesgo y el 49.4% (40) a municipios con un índice global medio y bajo riesgo, sin que se demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto y muy alto que, en su caso, solicitaron recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que residió en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales apoyadas por el programa, lo cual implicó que el desembolso de los recursos del programa presupuestario S254 se realizara de manera discrecional.

En 5 (6.2%) de los 81 proyectos, el Comité de Prevención de Riesgos en 2016 autorizó mayores recursos para la ejecución de esos proyectos; sin embargo, no se acreditó que las obras se

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concluyeron en el plazo establecido, aun cuando fueron definidas como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos.

La dependencia no documentó que dio seguimiento a los recursos ejercidos por el programa para asegurar la elaboración de programas de planeación, y la ejecución de proyectos de prevención y mitigación de riesgos, por lo que no se comprobó que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos.

La dependencia tampoco realizó el seguimiento de los proyectos apoyados por el Pp. S254, debido a que las instancias ejecutoras no le reportaron los avances y resultados físico-financieros de los proyectos, mismos que se debían generar mediante el “Sistema de Control en Línea”, por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos.

Tampoco evidenció de qué manera esos proyectos se orientaron a fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ni cuantificó a la población beneficiada.

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDATU financió 81 proyectos por un monto de 114,157.0 miles de pesos para obras relacionadas con la prevención de riesgos en los asentamientos humanos; sin embargo, el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 87.0% (122,119.2 miles de pesos) del presupuesto ejercido. De los proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a municipios identificados con un índice global de alto y muy alto riesgo; y el 49.4% (40) a municipios con un índice global medio y bajo riesgo, sin que se demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto y muy alto que, en su caso, solicitaron recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que residió en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales apoyadas por el programa. Tampoco integró y registró el padrón de beneficiarios del programa en el SIIPP-G, ni realizó el seguimiento de esos proyectos, por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos. El avance en la atención del problema para la cual fue autorizado el programa presupuestario S254, relativa a la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio fue limitada, ya que la dependencia careció de la información para acreditar que cumplió su mandato de contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, mediante el apoyo para la elaboración de programas de planeación, y la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos.

La fiscalización superior contribuirá a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano defina las estrategias necesarias para cumplir su mandato de incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a efecto de disminuir su vulnerabilidad, mediante la implementación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); la entrega de los recursos a la población objetivo del programa; cuantificar a la población

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beneficiada; asegurarse que las autoridades locales aporten la parte complementaria de los recursos monetarios previstos en las reglas de operación para financiar dichos proyectos; dar seguimiento de los recursos ejercidos para asegurar que los recursos entregados se destinaron a la ejecución de los proyectos autorizados, así como detectar y corregir deficiencias en la ejecución de esos proyectos para concluirse en los plazos previstos.

La Auditoría Superior de la Federación concluye que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá acatar las diversas recomendaciones, aclaraciones y que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades detectadas en la gestión en que hayan intervenido los servidores públicos de dicha Secretaría.

Al respecto, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, coincide con el dictamen emitido por la Auditoria Superior de la Federación en el sentido de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomé en cuenta las recomendaciones para el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión de la Secretaría, las recomendaciones de desempeño; y efectué las aclaraciones respectivas.

Por otra parte, esta Comisión, de igual forma, es coincidente en que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleve a cabo las investigaciones necesarias para determinar si hay o no elementos para iniciar algún procedimiento administrativo sancionatorio contra algún Servidor Público de la Auditada que, en su gestión, por actos u omisiones hayan incurrido en alguna responsabilidad.

Finalmente se anexa oficio 016/ALC/HCD/2018 de 12 de marzo del presente año, que se hizo llegar a ésta Comisión por la Diputada Federal Ana Leticia Carrera Hernández, mediante el cual remite sus consideraciones al Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y por otra parte se acompaña opinión del Diputado Federal Jonadab Martínez García a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, para los efectos conducentes.

Al efecto y en los términos establecidos en el artículo 39, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 157, numeral 1 fracción IV y 224 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remítase la presente opinión a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los fines legales consiguientes.

Así se acordó y votó en reunión plenaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 21 del mes de marzo de 2018.

Opinión de la Diputada Ana Leticia Carrera Hernández Sobre las consideraciones de Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se desprende una auditoria que se gestó desde años anteriores, la cual se convierte relevante y es la relacionada con la Auditoría Forense 1792 - DE, emitida por la Auditoria

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Superior de la Federación (ASF), misma que se encuentra relacionada con los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Llama la atención que se seleccionó uno universo de $ 2, 360,873.4 millones de pesos, de los cuales se audito $2, 060,702.3 millones de pesos, lo que representa 87.3% de ese universo. Lo que encontró la Auditoria Superior de la Federación es alarmante y revelador. En ella menciona que se han estado utilizando a Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para contratar diversos bienes y servicios, que en algunos casos no se realizó lo que se había contratado, y en otros se contrataba a un tercero para la realización de los mismos. Además, aclara la ASF que: "se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores - elegidos por los mismos servidores públicos involucrados con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT."

De lo anterior se desprende que existe una evidente complicidad en estas actividades que se presumen son ilícitas, y que lamentablemente de acuerdo al mismo informe se infiere que la Titular de la Secretaria involucrada, no ha implementado mecanismos de control y supervisión, siendo omiso y permisiva en el actuar de sus subordinados, la funcionaria no puede evadir su responsabilidad en este caso. Es importante señalar que también se hace hincapié que esta fiscalización ha revelado que se acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se hizo del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de lo anterior se advierte que la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de las conductas delictivas cometidas en agravio del Patrimonio del Estado y que hasta el momento no se ha procedido de manera frontal y directa.

Nuestro país ha padecido la corrupción en gran parte de la estructura Administrativa, casos como este solo hace que siga incrementándose la desconfianza ciudadana, y la no acción por parte de las Instituciones encargadas de investigar, sancionar y aplicar la norma, permitiendo que la impunidad forme parte del actuar diario en la administración.

142



Por otro lado, en la sección Consideraciones previas, de la Auditoría se hace una aseveración que es de suma importancia resaltar, se señala que:" con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, las instalaciones de Reforma 99, pertenecientes a la SEDATU, donde estaba el espacio físico para desarrollar los trabajos de auditoría y la documentación que se había puesto a disposición, se vieron dañadas desde el 19 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2017, fecha en que se dio a conocer el cambio de domicilio y ubicación de oficialía de partes, la dependencia no recibió documentación alguna, por lo que los trabajos de la auditoría se vieron afectados. Aunado a ello y, conforme a lo señalado por el Enlace Institucional ante la ASF, mediante oficio, recibido el 11 de enero de 2018, continua sin haber acceso a las instalaciones, por lo que no se ha entregado la información y documentación solicitada, ni la disposición de los expedientes al grupo auditor Sin embargo, otras dependencias que sufrieron daños en sus instalaciones continuaron con su actividad gubernamental en oficinas alternas, lo cual no sucedió en SEDATU...."

Lo anterior, es preocupante ya que la ASF informo anteriormente de las irregularidades que venía encontrando, y que sin razón alguna la SEDATU, no ha permitido la labor de la auditoria, lo que nos hace pensar que es de manera alevosa y de mala fe, pareciendo que están ocultando información que permita saber el destino de los recursos públicos. Antes esto último es de vital importancia que la actual Titular de la Secretaria, la maestra Rosario Robles Berlanga sea separada del cargo para que la auditoria e investigaciones que se generen, no se vean entorpecidas por la omisión, acción por parte de los subordinados y de la titular. Así mismo será de suma importancia que se continúe investigando el ejercicio del Presupuesto, y que de lo ya auditado la Procuraduría General de la República comience las carpetas de investigación para consignar a los funcionarios que hayan cometido el ilícito en su actuar.

Por tal motivo como parte integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, creo pertinente que se intervenga de manera eficiente en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que se subsanen y se eviten caer en estas prácticas deleznables para toda institución, y aportar opiniones favorables en la implementación de reformas, en el ejercicio del Gasto Público, señaladas por la Auditoria Superior de la Federación.

Opinión del Diputado Federal Jonadab Martínez García

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat

Auditoria de Desempeño: 16-0-15100-07-0388 388-DE

Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno.

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La auditoría correspondió al componente "Infraestructura para el Hábitat", a cargo de la SEDATU, en cuanto a su diseño; el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento; la realización de cursos y talleres, de planes y programas para el desarrollo urbano y parcial del centro histórico, de planes de movilidad, así como de estudios hidrológicos y de cambio climático; el seguimiento de los proyectos; la contribución en ía mejora de la imagen y entorno; la economía de los recursos; el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas.

En el documento de mérito se menciona que "se han desatendido las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector con menor ingreso económico, por lo que la mayor parte de los usuarios del transporte público, bicicleta o que se desplazan a pie, carecen de opciones de calidad para accederá empleo, bienes y servicios".

"Se desconoce en qué medida el Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" contribuyó a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes".

En 2016, la SEDATU no acreditó los planes de movilidad, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los gobierno estatales y municipales en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación técnica de su personal, lo que mostró que la dependencia no se aseguró de contar con mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas de la modalidad de "Promoción del Desarrollo Urbano" de la vertiente "Infraestructura para el Hábitat".

Dictamen:

"La SEDATU debe replantear el diseño y operación del Programa de infraestructura, en la vertiente "Infraestructura para el Hábitat", a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los provectos de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su contribución a la falta de infraestructura básica, complementaria v de equipamiento".

Coincidimos con el Dictamen correspondiente, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que las recomendaciones emitidas sean atendidas a la brevedad posible por la dependencia auditada.

Solicitamos respetuosamente que la recomendación de la ASF a este caso en particular, sea incorporada en la opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en relación a la información correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

Sin más por el momento, reciba usted la más alta de mis deferencias.

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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE RESPECTO DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA PARA EL AÑO 2016, RELATIVO A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)

1.- La revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, resultó muy amplia ya que abarcó todos los capítulos de gasto y comprendió la actividad operativa y sustantiva de la CONADE en cuanto a las vertientes de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el programa S269 “Cultura Física y Deporte” con una muestra de 1´267.9 millones de pesos, que representan más del 45% de todos los recursos ejercidos en 2016; se destaca que del resultado de los trabajos de auditoría, ésta no dictaminó, ni cuantificó que existiera manejo indebido de recursos.

2.- Como resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, el 21 de febrero de 2018, se publicó el Informe respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, donde se emitieron 11 recomendaciones y 16 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, cabe señalar que conforme a la normatividad de la ASF, las recomendaciones se consideran sugerencias para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control con un carácter predominantemente preventivo y no económico; por otra parte los PRAS son de carácter correctivo, sin representar daño patrimonial.

3.- Las 11 recomendaciones presentadas, comprenden 8 tendientes a mejorar el proceso administrativo, y 3 a fortalecer el control interno.

4.- Por cuanto a los 16 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 corresponden exclusivamente a temas de mejora administrativa relacionados con servicios personales, mientras los 13 restantes son acciones relacionadas con beneficiarios del Programa S269 “Cultura Física y Deporte”, respecto a la mejora en los tiempos de comprobación, así como en la forma de aperturar sus cuentas bancarias.

5.- Es importante referir que ninguno de los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la exhaustiva revisión practicada a la CONADE, es de carácter económico, sino que son de índole administrativo y no implican daño, perjuicio o quebranto patrimonial.

6.- Respecto de los 13 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias determinados a los beneficiarios del Programa S269 “Cultura Física y Deporte”, 12 corresponden a entidades federativas (Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán) y 01 a Asociaciones Deportivas Nacionales; cabe hacer mención que con la finalidad de agilizar los mecanismos de recepción, monitoreo y seguimiento de las comprobaciones, la CONADE durante los últimos 2 años, ha implementado procedimientos y sistemas de fortalecimiento que coadyuvan con los beneficiarios, promoviendo la oportuna rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos.

145



7.- A partir de la fecha que se notifique oficialmente el informe por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la CONADE cuenta con 30 días hábiles para su atención, por lo que esta Entidad deberá dar seguimiento puntual para atender las acciones determinadas.

Al 31 de diciembre de 2016, se ejerció un presupuesto total de 2,811 millones de pesos, que representa un 99.9% respecto al presupuesto modificado.

Del presupuesto total de la CONADE, el mayor monto del orden del 75% es para el capítulo 4000 “transferencias”, esto es para actividades sustantivas, con lo cual se atendió al fomento al deporte y a las políticas públicas en materia de cultura física y deporte; así mismo, con la auditoría practicada por la ASF, se dio cumplimiento al pacto federal y se verificó que el destino de los recursos se hayan aplicado de manera racional, eficaz y eficiente a los programas deportivos, atletas, entrenadores, metodólogos y beneficiarios, federaciones deportivas e institutos y organismos del deporte, con los resultados de los cuales dio cuenta el Órgano de Fiscalización Superior.

Es importante señalar, que a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le aplicaron una reducción significativa en su presupuesto, acumulada de recursos del 73% respecto al 2013.

Servicios Personales

206.5 8%

Materiales y Suministros

31.4 1%

Servicios Generales

456.0 16%

Transferencias2,118.4

75%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016-millones de pesos-

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias

146



La tendencia decreciente acumulada, significan 3 mil 568 millones menos comparado con las cifras de 2013, por lo que la presente administración ha realizado un esfuerzo sin precedente de racionalidad del ejercicio de los recursos, “haciendo más con menos”.

OPINIÓN

PRIMERO. La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura, coincide con los resultados expuestos en el Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, expresa la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación continúe con los procedimientos a que haya lugar respecto al manejo de los recursos a que hace referencia.

732

1561 1548

2691

3957

5442 5372

6393

4225

32582,825

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESUPUESTO CONADE (Cifras en mdp)

PRESUPUESTO CONADE (Cifras en mdp)

-+

PRESUPUESTO CONADE

PORCENTAJE DE VARIACIÓN

(Cifras en mdp)

2006 732 8.5

2007 1561 113.3

2008 1548 -0.8

2009 2691 73.8

2010 3957 47

2011 5442 37.5

2012 5372 -1.3

2013 6393 19

2014 4225 -33.9

2015 3258 -22.9

2016 2,825 -13.3

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SEGUNDO. En términos generales, por el monto de los recursos revisados y el número de las operaciones auditadas, se evidencia que las recomendaciones emitidas no representan un daño al erario federal ya que no son resarcitorias o de desvío de recursos.

TERCERO. Se observa que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, generaron menos recomendaciones, únicamente 11 respecto a las emitidas en años anteriores, toda vez que para el 2014 la ASF determinó 53 y en 2015 fueron 20, por lo que se puede inferir que debido a que los controles han mejorado los resultados de la Entidad, en contraste con que las auditorías cada vez son más profundas en virtud de la nueva Ley de fiscalización.

CUARTO. No obstante, la Comisión de Deporte, hacemos un pronunciamiento a la Comisión de Cultura Física y Deporte, para que se dé cumplimiento a todas y cada una de las observaciones previstas y se continué por la vía de la profesionalización, transparencia y exigencia que demanda la comunidad para fortalecer la cultura física y el deporte en todo el país.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTO AL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, y de acuerdo al propio Informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) NO reporta Auditorías al Gasto Federalizado, por cuanto hace al Fondo Metropolitano, las cuales consisten en fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública.

A. Opinión de los integrantes de la Comisión

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.

Acerca de los capítulos 1, 2 y 3 del Informe, que contienen el resumen de las auditorías realizadas, las áreas clave con riesgo identificadas, y el resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, respectivamente, ningún comentario tengo por desahogar, toda vez que no se abordó en ellos de manera específica la transferencia, ejercicio, aplicación, vigilancia, u algún otro acto relacionado con los recursos del Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

En cuanto al capítulo 5 “Propuestas de modificaciones y reformas legislativas”, comparto, en lo general, la sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación de formular en sede legislativa normas dirigidas a fortalecer el control de los recursos del Fondo Metropolitano, y a garantizar que se ejerzan de manera eficiente en los plazos convenidos con las entidades federativas a las que se transfieran.

No obstante, difiero con lo propuesto en el Informe en que los Presupuestos de Egresos de la Federación sean los instrumentos adecuados para incorporar dichas normas. Si se pretende darles continuidad, y que rijan de manera permanente, es necesario incluirlas en una ley, la cual, por ser competencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión y no estar limitada su

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vigencia en el tiempo, ofrece estabilidad. De poco serviría que se regularan en un Presupuesto determinado, pues por su carácter anual es posible que en el siguiente ejercicio ya no sean consideradas.

Como es sabido, la existencia del Fondo Metropolitano ha dependido hasta ahora de los instrumentos presupuestarios federales. A diferencia de otros fondos, no está previsto en una legislación. Cualquier regla sobre el ejercicio de sus recursos que se quiera incluir en una ley, requiere entonces que antes el propio Fondo adquiera rango legal.

En tal sentido, propongo que en las observaciones que enviemos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, los diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano hagamos hincapié en la necesidad de elevar a ley el Fondo Metropolitano como paso indispensable para establecer medidas permanentes básicas de control y eficiencia de sus recursos, las cuales hasta ahora han sido objeto de los lineamientos y reglas de operación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambiantes por su conexión con los Presupuestos aplicables. Si no nos es posible a los comisionados actuales por la proximidad del término de la presente legislatura llevar a cabo esa encomienda, que sirva al menos como un llamado a quienes nos sucedan en el cargo.

Dip. Ma. Idalia del Socorro Espinoza Meraz.

Desde su creación, la Auditoria Superior de la Federación se le facultó para fiscalizar la Cuenta Pública, lo cual incluye los gastos ejercidos y los ingresos obtenidos por la Federación, en un año específico. Esto abarca a los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a particulares.

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dota a la Auditoria Superior de la Federación de distintas atribuciones que implican una ampliación considerable del universo fiscalizable, al incorporar los siguientes dos rubros:

Revisión de las participaciones, que abarca los conceptos de aplicación de fórmulas de distribución, oportunidad en la ministración de los recursos, ejercicio conforme a las disposiciones locales aplicables, deudas, financiamientos y otras obligaciones e instrumentos financieros de las entidades federativas garantizados con participaciones federales, así como el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos.

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Fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo la observancia de las reglas de disciplina en la materia, la contratación, inscripción y publicación de financiamientos y otras obligaciones de pago de los gobiernos locales.

De lo anterior se desprende que la Auditoria Superior de la Federación deberá actuar siempre bajo los principios de fiscalización de la Cuenta Pública establecidos en el artículo 3° de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dichos principios son:

Legalidad.

Definitividad.

Imparcialidad.

Sin embargo, es necesario aclarar que el principio de Discrecionalidad no puede ser invocado, ya que esto estaría violentando los principios anteriores, por lo que siempre se debe actuar bajo el concepto de Potestad Reglada.

Lo anterior forma parte de las observaciones que hago al Informe General del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, derivado de que se observa el que:

Debieron haberse auditado a todas las entidades federativas que fueron beneficiadas con recursos públicos a través del Fondo Metropolitano, FONMETRO.

Las Muestras Auditadas y la Representatividad porcentual de la Muestra, deben ser al cien por ciento, ya que se observa una discrecionalidad para auditar a ciertas entidades al cien por ciento y a otras en porcentajes de incluso menores al setenta por ciento, lo cual claramente no es representativo y menos definitivo.

Los Resultados por auditoria arrojaron en todos los casos observaciones y se desconoce si estas fueron atendidas, subsanadas o no atendidas, por lo que sería inexacto el hacer referencia a una auditoria que no tiene concluido su procedimiento,

El manejo de la información, más no su disposición, deben ser tratados con responsabilidad, sobre todo si aún no se ha concluido su procedimiento para ser definitiva, buscando siempre la certeza jurídica de lo que se informa.

Es necesario tener los resultados al cierre del año y por trimestre, con las auditorías al 100 por ciento, lo anterior ya que hay administraciones que inician el año y en el transcurso del año cambian y la persona que sigue es quien cierra el ejercicio, por lo que la precisión de temporalidad brindaría también para esta Cámara de Diputados datos que permitirían definir bajo qué administración fueron los hechos.

Dentro del apartado de Dictamen, se aprecia que se emiten también las conclusiones, de donde en lo general primero se audita solamente un porcentaje, no es ni todo el monto ni todos los conceptos de la matriz de resultados y de gasto.

Así mismo es de mencionar que en derecho procesal administrativo, se entiende por principio de Definitividad el que una resolución para ser impugnada debe haber causado estado, por lo

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que se debe definir por la Auditoria Superior de la Federación defina los tres principios de su actuación.

Con base a los estipulado en el artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se recomienda el que se presenten las conclusiones que a esta fecha se tiene de las auditorías que, sobre el Fondo Metropolitano, FONMETRO se realizaron, para así conocer la realidad sobre las referidas auditorías a las entidades federativas ejecutoras del gasto y el cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a las mismas.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención, le reitero la seguridad de mi amistad.

B. Opinión de la Comisión

ÚNICO.- Toda vez que el Fondo Metropolitano pertenece al Ramo 23 y la Secretaría de Hacienda ha incumplido de manera sistemática en su momento las Reglas de Operación, y ahora los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, toda vez que la distribución de los recursos se ha hecho a destiempo sino también, sin reglas claras para definir la autorización de los proyectos, es que esta Comisión, considera indispensable que en todas las Auditorías que practique la Auditoría Superior de la Federación (ASF)en cada Ejercicio Fiscal se contemple la fiscalización del 100 % del Ejercicio Presupuestal de este Fondo; también es importante que ASF consideré que para este Ejercicio Fiscal 2018, la distribución ha cambiado ya que a diferencia de los años anteriores, esta soberanía no distribuyó el presupuesto del citado fondo a las 47 Zonas Metropolitanas que tradicionalmente habían sido beneficiadas con este Fondo.

Como parte de las facultades de esta soberanía y con base en los Informes Trimestrales que como obligación tenían que reportar las Zonas Metropolitanas beneficiadas con la asignación de recursos con cargo al Fondo Metropolitano, a esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, es que los integrantes de esta Comisión informan a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que a su vez notifique a la ASF del cumplimiento de las Zonas Metropolitanas respecto a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2016, como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

Zona Metropolitana Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejecutado

Informes Trimestrales Reportados

1 ZM DEL VALLE DE MEXICO 4,052,282,679 2,862,545,757 4 de 4

2 ZM DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

1,052,624,815 707,337,204 4 de 4

3 ZM DE LA CIUDAD DE MONTERREY

906,486,719 905,580,232 0 de 4

4 ZM DE LA CIUDAD DE LEON 418,562,469 323,386,176 1 de 4

5 ZM DE PUEBLA (Puebla y Tlaxcala)

361,159,617 360,798,457 1 de 4

6 ZM DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

238,660,095 238,421,435 4 de 4

7 ZM DE LA LAGUNA (Coahuila y Durango)

623,205,592 622,582,386 2 de 4

8 ZM DE LA CIUDAD DE ACAPULCO 109,957,327 70,274,335 0 de 4

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9 ZM DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

138,098,395 95,454,623 0 de 4

10 ZM DE LA CIUDAD DE CANCUN 116,599,545 73,825,645 0 de 4

11 ZM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 88,376,474 88,288,098 4 de 4

12 ZM DE LA CIUDAD DE OAXACA 77,733,029 56,276,696 2 de 4

13 ZM DE LA CIUDAD DE TIJUANA 119,752,690 15,984,000 0 de 4

14 ZM DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ

89,871,342 89,781,471 2 de 4

15 ZM DE LA CIUDAD DE VERACRUZ 60,033,817 0 0 de 4

16 ZM DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA

119,330,047 119,210,717 3 de 4

17 ZM DE JUÁREZ 53,815,174 53,761,359 0 de 4

18 ZM DE SALTILLO 119,589,276 119,469,687 1 de 4

19 ZM DE COLIMA- VILLA ÁLVAREZ 47,835,710 47,787,874 0 de 4

20 ZM DE PACHUCA 119,330,047 253,141,032 0 de 4

21 ZM DE TULA 59,794,638 59,734,843 0 de 4

22 ZM DE PUERTO VALLARTA 49,390,370 49,340,980 4 de 4

23 ZM DE TEPIC 59,665,023 59,605,638 0 de 4

24 ZM DE SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE G.S.

95,606,614 45,561,007 2 de 4

25 ZM DE REYNOSA-RIO BRAVO 47,835,710 47,787,874 1 de 4

26 ZM DE TLAXCALA-APIZACO 41,856,247 41,814,931 0 de 4

27 ZM DE XALAPA 23,917,854 0 0 de 4

28 ZM DE TOLUCA 418,562,469 418,143,907 0 de 4

29 ZM DE CHIHUAHUA 47,835,710 47,787,874 0 de 4

30 ZM DE MEXICALI 38,796,767 8,796,767 0 de 4

31 ZM DE CUERNAVACA 53,815,174 53,761,359 2 de 4

32 ZM DE MORELIA 41,856,246 41,814,390 0 de 4

33 ZM DE MATAMOROS 41,856,247 41,814,391 0 de 4

34 ZM DE COATZACOALCOS 47,835,710 0 0 de 4

35 ZM DE MONCLOVA FRONTERA 59,794,638 59,734,843 0 de 4

36 ZM DE TEHUACÁN 27,864,300 27,836,436 4 de 4

37 ZM DE ZACATECAS GUADALUPE 59,665,023 40,356,519 1 de 4

38 ZM DE LA PIEDAD PÉNJAMO 19,134,284 19,115,150 0 de 4

39 ZM DE OCOTLÁN 34,680,891 23,425,807 4 de 4

40 ZM DE RIO VERDE CD. FERNÁNDEZ

28,701,425 28,672,724 0 de 4

41 ZM DE PIEDRAS NEGRAS 47,835,710 47,787,874 0 de 4

42 ZM DE TECOMÁN 28,701,426 4,916,505 0 de 4

43 ZM DE MOROLEON URIANGATO 28,701,426 28,672,725 0 de 4

44 ZM DE TULANCINGO 35,799,014 35,763,215 0 de 4

45 ZM DE LA LAJA-BAJÍO 10,763,034 10,752,271 0 de 4

46 ZM DE CUAUTLA 14,350,712 14,336,361 1 de 4

47 ZM DE ACAYUCAN 22,363,194 0 0 de 4

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3.1.3. Planteamientos de los Diputados miembros de la CVASF a la ASF

Grupo Parlamentario PRI

A. Gestión de los recursos del Gasto Federalizado Con la inminente aprobación de la reforma en materia de justicia laboral:

¿Cómo estima la ASF que debe reorientar las auditorías al FASP y FORTALECE (antes SUBSEMUN) para vigilar su debida implementación? Lo anterior con base en la complementariedad con otros programas que estos Fondos permiten articular y dotar presupuestalmente.

En materia de concreción y desarrollo de derechos humanos destaca que durante 2017 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el mayor número de quejas formales por violación a derechos humanos relacionados con salud se observaron en el IMSS e ISSSTE. En ese sentido:

¿Se han implementado estrategias en la fiscalización para detectar esas malas prácticas en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular y el FASSA?

En materia de concreción y desarrollo de derechos humanos destaca que durante 2017 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el mayor número de quejas formales por violación a derechos humanos relacionados con seguridad pública se observaron en la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. En ese sentido:

¿Se han implementado estrategias en la fiscalización para detectar esas malas prácticas en el ejercicio de los recursos del FASP?

B. Importancia de la evaluación de políticas públicas Estimado Auditor Superior David Colmenares Páramo

Entre las aportaciones más valiosas de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las evaluaciones de políticas públicas. Son estudios de visión amplia que por lo general cubren la interacción de diversas instituciones, dependencias y programas a lo largo de un periodo de tiempo de mediana amplitud.

Este año los mexicanos concurriremos a elegir a una nueva administración pública y estoy convencido de que algunas de estas evaluaciones ya realizadas constituyen insumos valiosos a las nuevas definiciones de política pública.

Por ejemplo, una evaluación de la política de desarrollo rural desde la perspectiva de los objetivos institucionales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa sexenal de desarrollo agropecuario sería particularmente útil. ¿En qué medida se avanzó en el objetivo de seguridad alimentaria? ¿Y en el de vida digna para la población rural? ¿Cómo se relaciona

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esta evolución con el cumplimiento del derecho humano a la alimentación consagrado en la Constitución?

Esta y otras evaluaciones de política pública serían en este 2018 particularmente oportunas y por ello muy relevantes pues estarían disponibles cuando la nueva administración entre en funciones.

Estimado Auditor Superior, ¿cómo ve la posibilidad de que en este año las evaluaciones de política pública reciban una particular atención y esfuerzo?

C. Deficiencias en el proceso de contratación y ejercicio del gasto En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó a Prevención y Readaptación Social la “Auditoría de TIC” número 19, de tipo financiera y de cumplimiento cuyo objetivo se enfocó a fiscalizar la gestión financiera de las TIC´s, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar diversas irregularidades como pagos en exceso por 122.6 millones de pesos por servicios no aprovechados, ya que a pesar de que se cuenta con servicios de los Sistemas Electrónicos de Seguridad, Sistemas de Telecomunicaciones e Informática y Sistemas Complementarios, éstos no se han utilizado ni aprovechado. Asimismo, destacó deficiencias en el proceso de contratación al no aplicar las evaluaciones técnicas, documentales y económicas correspondientes; y no se garantizó la continuidad de operaciones ante posibles contingencias.

A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor,

¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada, implemente estrategias y métodos de trabajo con sujeción a los lineamientos y normas establecidas para el gasto presupuestal asignado, a fin de administrar correctamente los recursos financieros, materiales e informáticos y evitar pagos excesivos por servicios que no se utilizan?

¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada, realice un adecuado seguimiento a los proceso de contratación, a fin de constatar la capacidad y competencia de los participantes y garantizar las mejores condiciones para el Estado?

¿Qué acciones le recomienda la ASF a la entidad fiscalizada, con el propósito de corregir las deficiencias observadas en la falta de continuidad de operaciones ante posibles contingencias?

D. Contradicciones al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación realizó al Consejo de la Judicatura la auditoría número 7 “Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco” de tipo Inversiones Físicas, en

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la cual se menciona en el Dictamen que el ente fiscalizado “cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”; sin embargo, se presenta una contradicción ya que en el Apéndice Disposiciones Jurídicas y Normativas se señala un incumplimiento de las mismas referentes a:

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafos primero y segundo; y 66, fracciones I y III.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 113, fracciones VI y IX; 115, fracciones V y X; 165; 168 y 170.

Derivado del análisis de Resultados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016, se observó que dichas disposiciones jurídicas y normativas no son aplicables al Consejo de la Judicatura Federal, ya que tanto el Poder Legislativo, Judicial y entes autónomos, podrán establecer por medio de sus respectivas unidades de administración las disposiciones generales correspondientes.

A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor,

¿Cuáles son las acciones que tomará la ASF para corregir la contradicción observada en el dictamen y el apéndice referente al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas?

¿Cuáles han sido los motivos por los que la Auditoría Superior de la Federación fundamentó el incumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas que no son aplicables al ente fiscalizado, en vez de fundamentarlo con las disposiciones generales correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal?

E. Normas y procedimientos en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) no contó con lineamientos que precisaran y regularan los procesos a seguir para el control de los recursos asignados a las Representaciones de México en el Exterior (RME), así como para ejecutar los programas, actividades o acciones con cargo en el presupuesto del instituto y para garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales se otorgaron dichos recursos.

Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones y las observaciones siguen siendo igual de recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación.

Le pregunto señor Auditor,

¿Consideraría que las acciones realizadas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), han sido insuficientes o nulas en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior? y ¿Cuál considera que sería el primer paso, porque hasta el momento no se ve que se haya hecho nada?, ¿Consideraría que la SRE esta excedida en sus funciones?

F. Condicionar el otorgamiento de recursos públicos Señor auditor, como resultado del trabajo de fiscalización que usted dirige, se han documentado un sinnúmero de debilidades en los programas y políticas de fomento

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agropecuario y un conjunto de irregularidades recurrentes, principalmente el ejercicio de los recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos de los programas y proyectos.

Por lo expuesto señor Auditor,

¿Qué opina usted de que ya es momento de exigir que en la asignación del presupuesto se justifique de manera detallada la totalidad de las peticiones presupuestarias, es decir, se sustente la necesidad de cada peso a gastar?

G. Deficiencias en la producción, transportación y comercialización de sal En la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, tercera entrega, en el sector Economía se aplicó una auditoría de desempeño a la entidad Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), en relación a la Producción, Transportación y Comercialización de Sal.

En dicha auditoría, la ASF fiscalizó el cumplimiento de los objetivos de producción, transportación y comercialización de sal marina para su aprovechamiento, y como empresa de participación estatal mayoritaria.

La aplicación de esta auditoría, arrojó las siguientes irregularidades:

Dudas sobre si el objetivo de la entidad paraestatal es prioritaria o no. Objetivos desvinculados del programa sectorial. Metas alcanzadas por debajo de lo programado. Baja participación en el mercado interno de la sal. Carencia de avalúo para definir el monto a cubrir por el uso de puertos e instalaciones

portuarias. Descenso de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias. Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales. No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros por parte de los

accionistas.

Señor Auditor,

¿Qué acciones propone la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, para evitar que las metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal por debajo de lo programado, la disminución de utilidad neta y la falta de claridad en la utilización de las referencias para la determinación de sus precios de venta, tengan efectos negativos en sus ingresos y se conviertan en un riesgo para garantizar la estabilidad financiera de la empresa, la aportación de dividendos para el Estado y la seguridad laboral de los 1,061 empleados de la salinera?

¿Qué impacto tendrán los resultados de esta importante auditoría de desempeño en la determinación del presupuesto del próximo año? ¿Jugará un papel activo en su calidad de órgano técnico de la Cámara de Diputados para elevar la calidad del proceso de asignación presupuestario?

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Grupo Parlamentario PVEM

Rubro: Datos Básicos

I. Dentro del apartado de Consideraciones para la labor legislativa, específicamente en el numeral 3.1.2 denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, se ubica al tema de las Contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como un área que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. Al respecto, ¿qué controles adicionales a los ya señalados normativamente propondría esa Auditoría para mejorar los procesos de licitaciones públicas?

II. Dentro de los propios apartados de Consideraciones para la labor legislativa, numeral 3.1.2 denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, al desarrollar el tema de los Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios, esa Auditoría concluye que luego del transcurso de 16 años en que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema relativo a la falta de estructuración e integración de los mismos, así como el de la dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos. En ese sentido, ¿qué mecanismos institucionales sería conveniente adoptar con el objeto de hacer frente a las problemáticas descritas?

III. En el aludido apartado de Consideraciones para la labor legislativa, numeral 3.1.2 denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, esa entidad destaca el cambio de modelo de ejecución de obra pública en México, debido a la incorporación de las Asociaciones Público Privadas (APP), lo cual conlleva desafíos adicionales en materia de transparencia y rendición de cuentas, advirtiendo que la fiscalización enfrenta limitaciones respecto a la revisión integral de las etapas de los proyectos que se llevan a cabo bajo este esquema de financiamiento y puntualizando que esa Auditoría ha identificado una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta para asegurar la correcta operación de este tipo de proyectos, como es la justificación suficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en relación con otras formas de financiamiento. En cuanto a la implementación de estas acciones fiscalizadoras, ¿qué obstáculos principales ha encontrado la Auditoría Superior para llegar a la formulación de las recomendaciones correspondientes?

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Rubro: Hacienda y Crédito Público

I. En cuanto hace a la fiscalización de las finanzas públicas estatales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que en 2016 el endeudamiento interno alcanzó los 586 mil 600 millones de pesos, equivalentes al 82 por ciento de las Participaciones Federales. Este fenómeno lo atribuyen también a la falta de un marco regulatorio que ejerza control sobre los niveles de deuda, el poder de decisión de los Gobernadores por encima de los congresos estatales y la amplia oferta de financiamiento a los gobiernos estatales por parte de instituciones financieras. Como todos sabemos, a partir de 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, en la que se solventan dichas deficiencias y otras más. A casi dos años de su entrada en vigor le pregunto: ¿Qué resultados estima la ASF ha encontrado o espera encontrar en materia de fiscalización de las finanzas públicas de las entidades federativas para la fiscalización de las cuentas públicas de 2017 y de 2018?

II. En el Informe General de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la

ASF realiza 74 propuestas de reformas legislativas, derivadas de los vacíos en la ley encontrados a partir de las auditorías practicadas. En materia de Banca de Desarrollo hace cinco propuestas, de éstas hay una que nos llama la atención como grupo parlamentario, pues trata de incorporar disposiciones generales aplicables a las Instituciones de Crédito para mejorar los controles de comprobación de los recursos en los proyectos de infraestructura financiados por Banobras, con el objetivo de eliminar el desfase de los resultados esperados y los obtenidos mediante la fiscalización. Al respecto quisiéramos saber: ¿Cómo la ASF contempla mejorar los mecanismos vigentes? y si se requiere crear nuevos, ¿qué características deben tener?

III. En el mismo sentido, sobre las propuestas de reforma a distintos ordenamientos legales,

existe la propuesta de modificar el artículo 2° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir los conceptos de sostenibilidad y capacidad de financiamiento del sector público federal. Por lo anterior queremos saber: ¿Qué debemos entender por los mencionados conceptos y cómo puede influir su inclusión en la determinación de las metas anuales de requerimientos financieros del sector público?

IV. En el sector Hacienda y Crédito Público, para la fiscalización de la Cuenta Pública de

2016, se detectó que el número de auditorías practicadas disminuyó con respecto a ejercicios anteriores. En este sentido, quisiéramos conocer los motivos por los que se realizaron menos auditorías a dicho sector, así como por qué se dejó de considerar al Banco de México como parte del mismo dada la naturaleza de sus funciones.

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Rubro: Otras Funciones de Gobierno

I. Por lo que se refiere a la Evaluación de la Política Pública Migratoria, encabezada por la

Secretaría de Gobernación, particularmente en la Auditoría Estudio No. 1787, se señala que los responsables de cumplir con el mandato de la Ley de Migración son: la SEGOB, para coordinar las acciones interinstitucionales; la SRE, para documentar y registrar los flujos migratorios; el INM es el ejecutor de dicha política pública, y la COMAR, como operadora de la ayuda humanitaria de refugio; sin embargo, no se contó con mecanismos institucionales para garantizar una participación permanente de las autoridades migratorias y auxiliares, en la atención a la problemática de los flujos migratorios; además, las estrategias y acciones instrumentadas por la SEGOB, como unidad responsable de la coordinación, fueron débiles e insuficientes para atender el fenómeno de manera integral; motivo por el cual se determinó, en cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria, que, del periodo 2007-2011 al 2012-2016 hubo una disminución de derechos de los migrantes vulnerados, con lo que se dictaminó que no se ha logrado revertir el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes, ya que continúa existiendo una coordinación institucional carente de efectividad. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de acciones tanto en el ámbito administrativo, como legislativo, se considera necesario efectuar principalmente para consolidar los instrumentos de protección de este sector vulnerable?

II. En lo tocante al Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General

de la Nación y Remodelación de las Instalaciones Actuales, en la Ciudad de México Auditoría de Inversiones Físicas. No. 28., se identificó como hallazgo relevante algunas deficiencias en la publicación de la convocatoria y falta de información en la integración del contrato. En relación con la licitación pública nacional núm. LO-004EZN999-E4-2016, AGN SROP GPS 003/2016-LPN, con la que se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la obra pública “gerencia de proyecto y supervisión de obra para la construcción del nuevo edificio del archivo general de la nación y remodelación de las instalaciones actuales, etapa 2016”, en la convocatoria no se incluyeron las especificaciones generales y particulares; y no se anexaron a dicho contrato los términos de referencia correspondientes. En ese tenor, ¿cuáles son las acciones implementadas por esa Auditoría para precisar estos aspectos?

III. En el apartado de Erogaciones para la Atención a Comunidades Mexicanas en el Exterior

y Protección y Asistencia Consulares, concretamente en cuanto a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. D17001, esa Auditoría advirtió como hallazgo relevante un Ejercicio de recursos carente de información substantiva. Al respecto, para los ejercicios 2014 y 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) contó con su programa de trabajo que, en el apartado “G. Acciones Concretas”, señaló los diferentes rubros que atiende (salud, educación, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo político y organización comunitaria). Sin embargo, no se establecieron cronogramas para la ejecución de las actividades o acciones, los responsables de la ejecución, el

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recurso presupuestal a asignar a cada programa o actividad, así como el seguimiento del ejercicio del recurso, entre otros aspectos; asimismo, no reflejó el área y nombre del servidor público que autorizó el citado programa de trabajo. Finalmente, en ambos ejercicios, el IME no contó con lineamientos que precisaran y regularan los procesos a seguir para el control de los recursos asignados a las Representaciones de México en el Extranjero (RME), así como para ejecutar los programas, actividades o acciones con cargo en el presupuesto del instituto y para garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales se otorgaron dichos recursos. Las “Normas para la Ejecución de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior” y el “Manual de Políticas y Normas Presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior” no contemplaban de forma clara los procedimientos e instrucciones específicas que deberían realizar las Unidades Responsables respecto de las radicaciones extraordinarias a las RME para el cumplimiento de sus “programas o actividades”. Sobre esta falta de claridad normativa, ¿en qué tipo de aspectos debieran centrar su atención la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en general, cualquier dependencia de la Administración Pública Federal para superar los vacíos mencionados?

Rubro: Desarrollo Económico

I. En el diagnóstico sobre el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la ASF detectó que existe un reducido impacto de los recursos públicos en la actividad de dicho sector, dado que existe un comportamiento en sentido inverso del multiplicador del gasto. Ustedes señalan que dicho comportamiento se explica por la existencia de un sector comercial exportador altamente competitivo. En este sentido, quisiéramos solicitar mayor amplitud en la explicación sobre la influencia del gasto agropecuario sobre la PIB agropecuario, dado que siempre existe, como Diputados, la intención de asignar mayores recursos a este sector; sin embargo, hace falta tener mayor conocimiento sobre los efectos en el PIB agropecuario del presupuesto que aprobamos para el sector primario.

II. Como es por todos conocido, para nuestro partido es de gran importancia las

regulaciones impuestas a los vehículos de carga en nuestro país. Lo anterior, debido a que los transportes de carga doblemente articulados se han visto involucrados en fuertes incidentes de tránsito que, a la fecha, han costado muchas vidas. Dicho esto, es de gran interés la postura de la ASF al indicar que la carencia de un sistema de información dificulta la consolidación de controles de las condiciones físico – mecánicas del autotransporte. Con relación a lo anterior, es nuestro interés conocer la opinión de la ASF sobre cómo podemos, desde el poder legislativo, contribuir a la instauración de un sistema de tal naturaleza.

III. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el tratamiento de las aguas residuales es una prioridad. Luego de la revisión del Informe General, encontramos que la ASF detectó un rezago en el tratamiento del agua, ya que sólo se

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ocupó el 68.4 por ciento de la capacidad instalada y 57 por ciento respecto al caudal recolectado. Dicho lo anterior, nos interesa conocer más sobre los más de 24 millones de pesos en vías de recuperación, en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, Baja California Sur, así como de las irregularidades encontradas por la ASF en dicho proyecto.

IV. En cuanto hace a la auditoría financiera y de cumplimiento No. 0392 cuyo objetivo era

fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento de playas, Zonas Federales Marítimo Terrestres, Terrenos ganados al mar y Depósitos de aguas marinas, la ASF se abstuvo de emitir opinión, respecto a la recaudación de los derechos correspondientes. Con relación a lo anterior, quisiéramos saber las causas que motivan dicha abstención.

Rubro: Desarrollo Social

I. En el caso de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0270, relativa a la

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. “Evaluación de los Controles Establecidos en el Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social”, esa entidad fiscalizadora dictaminó que el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas. Además de lo ya recomendado en el Informe, ¿qué otros mecanismos debería implementar la dependencia para superar estas debilidades?

II. Por cuanto a la Auditoría de Desempeño, No. 273, efectuada al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, se dictaminó que el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas públicas integrales para los jóvenes, para su incorporación en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las deficiencias en el diseño del programa. En ese sentido, ¿qué clase de acciones utilizó esa entidad fiscalizadora para arribar a dicha conclusión y qué procedimientos debería atender el Instituto para mejorar los aspectos en cuestión?

III. Por lo que hace a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), concretamente dentro del “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAIE)”, esa entidad de vigilancia dictaminó que la CDI, mediante el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales, en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban inscritos; sin embargo, no fue posible verificar la contribución del organismo auditado en la continuidad de los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; tampoco

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se logró valorar en qué medida el programa logró reducir las restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas que sufren esta condición. ¿Cómo considera que podría superar la citada Comisión Nacional estas deficiencias en su función cotidiana?

Rubro: Gasto Federalizado

I. Como bien sabemos, la fiscalización del gasto federalizado es una de las facultades conferidas a la Auditoría Superior de la Federación a partir de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. En primer lugar, nos gustaría saber ¿Qué limitantes en la legislación encontraron al momento de realizar las auditorías a este sector?

II. Debido a que, como bien mencionamos en la intervención anterior, esta es la primera

ocasión en la que se auditan los recursos federales otorgados a las entidades federativas, ¿Cómo determinó la ASF el número de auditorías financieras y de desempeño a realizar?

III. En cuanto hace a la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo (FONE) encontramos que se estiman recuperaciones del orden de los 4 mil 756 millones de pesos, de los cuales han sido operados sólo 32. 4 millones. Sobre lo anterior, quisiera solicitarle mayor información acerca del estado en que se encuentran dichas recuperaciones y el tiempo en el que estiman haber operado el 100 por ciento.

IV. Como se puede apreciar, en las recomendaciones de reformas legislativas, encontramos

en este rubro una serie de consideraciones que dejan en evidencia la generalidad con que han sido elaboradas legislaciones financieras y decretos de presupuesto, por lo que entendemos que hace falta reglamentar de manera más específica el uso que debe darse a determinados fondos y la forma en que habrán de distribuirse. Acerca de lo anterior queremos consultarles ¿Cuál de las recomendaciones de reformas legislativas, desde la ASF, se considera de mayor relevancia y de cuál de ellas se tiene mayor necesidad a la brevedad?

Grupo Parlamentario MORENA

Comentarios a las funciones de Gobierno, y Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Económico; Desarrollo Social; y Gasto Federalizado derivado de los Informes Individuales y del Informe General de la Cuenta Pública

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Tenemos muchos retos para que el ejercicio de los recursos públicos sea eficaz y cumpla con su objetivo: mejorar las condiciones de vida de las personas.

De los datos que nos ha proporcionado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los Informes Individuales y del Informe General de la Cuenta Pública, se desprenden una serie de preocupaciones que alertan sobre el desvío de la función de las instituciones en la aplicación del gasto público.

El principal problema es la omisión de los responsables de los tres niveles de gobierno para aplicar correctamente los recursos públicos, mediante la correcta implementación de políticas públicas sin anteponer negocios personales o en el peor de los casos, financiar intereses electorales.

Ante ello, nuestras primeras preguntas:

¿Considera la ASF que uno de los principales problemas en el correcto manejo de los recursos públicos se debe a una falta de ética en la función pública? ¿Qué opinaría si, de manera adicional a la construcción del nuevo sistema anticorrupción, se contemplarán lineamientos éticos para las y los servidores públicos, así como esquemas de profesionalización?

Desde luego, un problema es la cultura institucional que aún considera normal la corrupción y la nula vocación de servicio público por parte de algunas autoridades, a ello se suma la falta de sensibilidad social de los gobiernos que impiden ver el impacto negativo que tiene un mal destino del presupuesto.

Esta afirmación la baso en los datos que nos proporciona el Informe de Resultados, en específico del Gasto Federalizado, la mayor fuente de ingresos para Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

El incremento de las transferencias realizadas por la Federación no se ha traducido en menor desigualdad y pobreza.

Por ejemplo, en proporción de su población total, Chiapas registra el índice más alto de pobreza con 76.2 por ciento y 31.8 por ciento en pobreza extrema; Oaxaca le sigue, con 66.8 y 28.3 por ciento respectivamente; Guerrero, con 65.2 y 24.5 por ciento; y Puebla, con 64.5 y 16.2 por ciento.

Lo anterior se debe a que los recursos del gasto federalizado son para cumplir con obligaciones del Estado en temas fundamentales como salud, educación, seguridad, cultura, infraestructura deportiva o desarrollo regional. Sin embargo, con las irregularidades detectadas, se impide garantizar el ejercicio de dichos derechos y se limita el desarrollo de la sociedad.

Por ello, ante las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los recursos de Gasto Federalizado, ¿Cuál sería la opinión de la ASF de fincar responsabilidades contra servidores públicos por estar violentando derechos fundamentales por el mal manejo de recursos públicos?

Es claro que no sólo hay un daño al erario público, sino una responsabilidad que atenta contra el desarrollo de las personas.

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Un elemento a destacar es que persistieron las observaciones registradas desde hace varios ejercicios fiscales por lo que hace al Gasto Federalizado, las cuales son, entre otras: las transferencias a otras cuentas bancarias sin control específico, la aplicación de recursos en fines diferentes a los de los Fondos y Programas, inadecuado control e insuficiente transparencia en el manejo de los recursos.

También existió falta de documentación comprobatoria y pago de conceptos o rubros no autorizados y retraso en el ejercicio de los recursos lo que afectó significativamente el logro de los objetivos y las metas de este Gasto.

Si son recurrentes las fallas, omisiones y malos manejos de este tipo de gasto, ¿Cómo se puede evitar está incidencia? ¿Considera la ASF que deben existir requisitos más rigurosos de ingreso al servicio público en el caso de aquellos encargados de manejar los recursos? ¿Ha sido suficiente con los procedimientos que la Auditoría ha ordenado iniciar para las posibles sanciones?

Del Informe de Resultados se desprende que entidades federativas que tuvieron procesos electorales el año pasado y las que tendrán este año, son las que más irregularidades presentan en su Gasto Federalizado, cosa que no es casualidad ante la irresponsabilidad y conducta delictiva de destinar recursos a campañas políticas.

Al respecto, ¿cuál es el papel de la Auditoría frente a las irregularidades detectadas en tiempos electorales? ¿Existe una coordinación con la FEPADE para detectar estos hechos y después denunciarlos? ¿Cree la ASF que es una coincidencia o una actitud irresponsable y dolosa por parte de los servidores públicos involucrados?

Por otra parte, el trabajo que realiza la ASF es una tarea sustantiva que funciona como un control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, la realidad no es nada alentadora y hacen que esa labor se diluya.

Veamos las cifras:

En la Cuenta Pública de 2016 se practicaron casi 1,700 auditorías a más de 600 entidades fiscalizadas, pero los resultados que se arrojan hablan de las mismas malas prácticas presumibles de delitos y que se han vuelto costumbre. Algo que resulta preocupante, pues de las cerca de 7 mil 346 observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública, se emitieron más de 2 mil promociones de responsabilidad administrativa y otros tantos pliegos de observaciones que pueden derivar en responsabilidades también. Lo alarmante es que duplicaron las que se presentaron el año pasado, es decir, además de repetir las malas prácticas en el ejercicio de recursos, estas aumentaron sin ningún tipo de escarmiento.

Esto no es otra cosa que impunidad y un sistema permisivo a la corrupción.

En México existe un nivel de impunidad de 99.7 por ciento de los delitos que se denuncian, incluidos precisamente de corrupción y desvío de recursos, lo que alienta a un mal manejo del gasto por que no se castiga a los responsables.

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¿De qué sirve entonces la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior, si no existe la más mínima voluntad de castigar la corrupción?

¿Cuál es la utilidad del trabajo de la Auditoría al entregar año con año la Cuenta Pública y esta misma Cámara de Diputados se niega al análisis y aprobación de las Cuentas de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y ahora la de 2016?

¿Cómo recobrar la confianza y legitimidad de los órganos de gobierno, cuando existen licencias de impunidad para exgobernadores, donde prolifera el compadrazgo y la protección de malos manejos de los recursos?

El número de denuncias que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la ASF no corresponde con un compromiso real en contra de la impunidad y el abuso del poder.

En 19 años de fiscalización, tan sólo han existido 19 consignaciones de funcionarios públicos en contraste con las 741 denuncias presentadas por un monto de casi 42 mil millones de pesos. Es decir, prácticamente una sanción por año contra servidores que no son precisamente los de más alto rango.

En otro rubro, la función de desarrollo social quizá es la función gubernamental más importante en el análisis del Informe de Resultados de Auditoría, ya que la cantidad de recursos que se asignó dentro del Presupuesto de Egresos para 2016, fue por cada peso, 57 centavos; destinados a los rubros de salud, educación o desarrollo social.

De las auditorías practicadas a la función de Desarrollo Social, destaca que se aumentaron las Promociones de Responsabilidad Administrativa, las Multas y los Pliegos de Observaciones por posibles daños al erario público.

Ante ello, nuestras interrogantes:

¿Podría la Auditoría Superior contar con un sistema de seguimiento sobre el desempeño de las y los servidores públicos sancionados o sujetos a procedimiento, sobre todo para prevenir posibles conductas de ejercicio irregular del gasto?

Desde luego, no se trata de crear estigmas en los servidores públicos; sin embargo, uno de los problemas más recurrentes en el desvío de recursos públicos es justamente la falta de profesionalización.

¿Qué opinaría la ASF de hacer más estrictos los requisitos y controles de ingreso de personal en las funciones de ejercicio de presupuesto, tomando en cuenta los resultados de la fiscalización?

Hay temas que nos preocupan del Informe:

En el tema educativo las constantes son:

Rezago en la cobertura educativa; Escaso acceso para personas de bajos recursos y con mínimos niveles de educación en

sectores marginados; Precariedad en Infraestructura Educativa, y

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Falta de indicadores precisos de resultados.

A pesar de que existen muchos programas, la mayoría de ellos no cumplen con la expectativa para la que fueron creados derivado de las irregularidades que se presentan.

Cito algunos ejemplos: las Becas contra el abandono escolar, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, no cuentan con indicadores correctos de medición para saber si han sido útiles para abatir el rezago educativo.

Nuestra postura es que no, pues de los alumnos que concluyen la educación primaria, 51 por ciento lo hace con un nivel básico de conocimientos en matemáticas, es decir, solamente saben multiplicar o sumar con números enteros.

Al respecto, ¿tiene detectada la Auditoría Superior en cuáles entidades federativas se presentaron las mayores irregularidades cuantificadas en recursos? ¿Considera la ASF que existe alguna relación con las promociones personales o fines electorales de los funcionarios de esas entidades federativas?

En el tema de salud, hay una situación también preocupante, sobre todo en la efectividad de las acciones y en una eficiente atención.

Destaca el denominado Seguro Popular que tiene la finalidad de ofrecer una cobertura universal en salud; sin embargo, los recursos que se proporcionan a las entidades federativas por sus porcentajes de afiliación, no llegan a su destino que es fortalecer la infraestructura y proporcionar mejores servicios.

En el Informe se menciona que 13 estados no comprobaron debidamente los recursos en obras de infraestructura, también se precisa que se ocupa este recurso para la contratación de personal y no se destina para insumos o servicios médicos.

Asimismo, destaca que el 24 por ciento de los afiliados se consideró insatisfecho o muy insatisfecho respecto al surtimiento de medicamentos a nivel nacional; asimismo, respecto al financiamiento para que 57 millones 300 mil personas sin seguridad social contaran con Seguro Popular, no existió información suficiente para evaluar su efectividad.

Sobre este tema y por la importancia del Seguro Popular, ¿Se podría trabajar con las autoridades de salud para establecer lineamientos específicos de fiscalización para el caso de los recursos destinados a este rubro y contemplar también a las entidades federativas?

Un tema más se refiere al de los vales de medicinas, pues del Informe se desprende que el Sistema Nacional de Salud y los servicios privados de salud no cuentan con la coordinación necesaria que beneficie a la población, ya que ambos trabajan de forma segmentada, independiente y sin coordinación alguna.

Sobre este punto y debido a sus resultados ¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de fiscalización, del costo al erario público, el beneficio a la población y las irregularidades en su manejo de los recursos destinados al sector salud?

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Finalmente, en materia de desarrollo social persisten los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión, acentuándose en los Estados con mayores carencias y en sectores marginados. Ejemplo de ello es que nuestro país es el único de la OCDE que presenta una tendencia regresiva en materia de pobreza, es decir, cada día aumentan más, recrudecido este fenómeno en la población indígena.

Preocupa que uno de los programas estrella del Gobierno Federal, el de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, no haya acreditado el cumplimiento de sus objetivos o bien no le sea posible proporcionar resultados de todos sus programas, pues, como se desprende del informe, de un total de 64, sólo de 55 se pudo comprobar la realización de acciones de gobierno, por lo que preguntamos:

¿Considera que los programas y acciones contenidos en este rubro de desarrollo social, son más de relumbrón o con fines de posicionar un programa ideológico de gobierno?

Con los resultados del Informe que presenta la Auditoría ¿Estima que el no cumplimiento de la función de los programas del rubro social se debe a la serie de irregularidades que se han detectado? ¿Qué medidas propondría para evitar esto?

Grupo Parlamentario MC

Grupo Funcional Gobierno

Temática: Derechos Humanos

En la Cuenta Pública 2016, se encontró un grave problema respecto de las acciones que ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política de igualdad entre mujeres y hombres.

En la acción fiscalizadora se encontró que no existe definición de metas e indicadores que permitieran medir el logro de objetivos para atender el problema público relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Así mismo, no fue posible determinar si fueron suficientes o necesarias el conjunto de tareas realizadas para evaluar estas acciones, y con esto cumplir con dicha atribución.

Sin embargo, la ASF se abstuvo de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la CNDH en la atención del problema público relativo a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres, justificando que la Comisión operó bajo un esquema de administración tradicional, cumpliendo las disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados, por lo que consideró que no había elementos para evaluar.

Preguntas: Podría aclararnos, sobre todo hoy que la violencia de género y la impunidad hacia estos delitos se ha convertido en una epidemia para la sociedad mexicana ¿cómo

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es que la ASF ha integrado la perspectiva de género a los procesos de fiscalización, sobre todo en el caso de auditorías de desempeño?; ¿Cómo es que este enfoque transversal incide o no, en los propios actos de fiscalización de la ASF?

Temática: Seguridad Pública

En el rubro de Seguridad Pública, en programas como FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica de los Estados y del Distrito Federal, detectaron, con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de este, tan solo 335.3 millones de pesos en transferencias de recursos a cuentas de terceros.

Preguntas: ¿Esto resultará cómo en el caso de desvíos a las Universidades, como la Estafa Maestra? ¿Cuáles han sido las recomendaciones ante ello? ¿Qué podemos hacer para tener mayor transparencia en estos pagos?

Temática: Procuración de Justicia. Denuncias de la ASF ante la PGR

Existe la percepción de que con los resultados de las auditorías no pasa nada que no hay sancionados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha dicho en otras ocasiones12 que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), es en los informes semestrales en los que dará a conocer la información sobre las denuncias penales. Dichos informes, según lo dispone el referido artículo, deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente.

Sugerencia: Seria de utilidad para los integrantes de la Comisión de Vigilancia que en cada una de las entregas de los informes individuales se incluya un resumen de estado que guardan las denuncias presentadas por la ASF ante la PGR. No basta conocer la cantidad de denuncias presentadas, esa información es pública y se encuentra disponible en la página web de la ASF, lo que le interesa conocer a la sociedad mexicana son los motivos por los cuales la PGR dilata tanto tiempo en ejercer acción penal contra los responsables de los múltiples casos de desvíos de recursos públicos, los cuales han sido documentados de manera exhaustiva por la ASF.

En lo que respecta a los tiempos de resolución de las denuncias de hechos que presenta la ASF, la propia ASF no ha dicho13 que existe un Convenio General de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) para agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias.

12 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Conclusiones del análisis de la segunda entrega de los informes individuales de Auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Enero de 2018, p. 212. 13 Ídem.

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Preguntas: ¿Cuál es el estado de dicho Convenio? ¿Dónde puede ser consultado por la ciudadanía? ¿Ha sido de utilidad dicho Convenio para reducir los tiempos de actuación de la PGR?

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Temática: Contaminación en acuíferos

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional.

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, el ente fiscalizado señaló que el problema que justificó la implementación de dicho programa fue que no se contaba con suficiente información técnica actualizada, oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, ocasionado por la insuficiencia de estudios técnicos, monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, así como deficiencia e insuficiencia de infraestructura y equipos de medición.

La fiscalización superior 2016 determinó que la CONAGUA identificó que en 232 acuíferos realizó exámenes del líquido, sin que evaluara técnicamente con base en el monitoreo la condición hídrica de los mismos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua subterránea, que sirviera de base para regular la contaminación en acuíferos. Por lo que incumplió con su atribución de realizar los estudios de calidad de los cuerpos de agua mandatada en la Ley de Aguas Nacionales.

Pregunta: ¿Qué recomendaciones deberá de emitir la ASF a la CONAGUA, para que la Comisión oriente la elaboración de instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico con calidad y al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua?

Grupo Funcional Desarrollo Social

Temática: Educación

Nuevamente se encuentran problemas en el caso de las Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente, en dónde la ASF observó que la SEP, no acreditó que los recursos por 586.7 millones de pesos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior para este propósito.

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Así mismo se encontraron problemas en la Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos, que derivaron en un probable daño 280.6 millones de pesos.

Pregunta: ¿Cuáles considera que son las áreas de este rubro en dónde la ASF debe poner especial atención para prevenir problemas en contratación, compras y adquisiciones de bienes y servicios?

Por otro lado, sabemos que una de las áreas de mayor riesgo es la obra pública, en aspectos como problemas de planeación y programación de los trabajos, debilidades técnicas, insuficiencias económicas y fallas de ejecución. En el caso concreto del Programa “Escuelas al 100” que tiene por objetivo garantizar que los planteles educativos sean de la calidad que merecen nuestras niñas y niños. El programa se implementa para atender las siguientes prioridades: seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, sistema de bebederos, accesibilidad, entre otras.

De acuerdo al resultado de la labor fiscalizadora la ASF determinó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en no presentar evidencia de la metodología utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las necesidades de Infraestructura Física Educativa.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha insistido, desde el primer periodo ordinario del primer año de esta Legislatura, que la Secretaría de Educación Pública rindiera cuenta sobre la dotación de bebederos a las escuelas.

Preguntas: De acuerdo a lo observado por la ASF ¿cuál podría ser la conclusión de este sexenio sobre este caso en específico? ¿Cuánto gasto ha representado este programa? y ¿se han cumplido las recomendaciones hechas?

Temática: Padrón de Beneficiarios de Programas Sociales

Año con año la ASF señala dentro de sus auditorías diversas problemáticas que surgen a raíz de las deficiencias de los padrones gubernamentales que otorgan subsidios.

En ocasiones pasadas, se han reiterado los graves problemas que enfrenta la SEDESOL respecto de la integración de padrones, y sin embargo a pesar de las observaciones que año con año realizan los miembros de la CVASF, encontramos que los dictámenes emitidos por la ASF a auditorías realizadas programas tan sensibles como los son el de “Empleo Temporal, aparecen en positivo, asentando que “en términos generales la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

Sin embargo, encontramos en este caso de la Cuenta Pública 2016, que SEDESOL efectuó comparación con los padrones de beneficiarios de programas de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de dichas dependencias.

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El problema más grave, y que hoy vemos ha trascendido a través de investigaciones periodísticas es el hecho de que no existe una conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, lo que derivó que se realizaron pagos de apoyos hasta a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 79 mil pesos, aun así, el dictamen fue positivo.

Lo mismo sucedió en el caso del programa “Pensión para Adultos Mayores”, en dónde hubo hasta 112,817 beneficiarios duplicados con otros programas, y nuevamente problemas tan graves como la entrega a personas fallecidas, toda vez que se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Preguntas: Ante esto, es menester preguntar -más allá de las recomendaciones para que los órganos internos de control revisen los padrones- ¿cómo es posible que, ante una falta tan grave y dolosa para el erario, la ASF determine en los dictámenes que emite, que pueda aprobarse una fiscalización con este tipo de problemas? ¿Cuáles son los principales resultados que se obtuvieron en la revisión de la Cuenta Pública 2016 y que recomendaciones de fondo se tendrían para resolver esta problemática?

Desde la Cuenta Pública 2013 la Auditoría Superior de la Federación presentó las primeras auditorías relacionadas con las contrataciones de dependencias con Universidades Públicas mismas que año con año se han ido informando y que ahora conocemos como la “Estafa Maestra.”

Preguntas: ¿Qué ha pasado con este tema hay sancionados, en qué etapa se encuentran los procedimientos? ¿Por qué el mecanismo de contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones ha propiciado esquemas de desviación de recursos que han derivado en la llamada “Estafa Maestra”? ¿Qué recomendaría la Auditoría Superior de la Federación para que las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones no sean un instrumento de simulación?

Gasto Federalizado

De acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 22016, un total de 67,675.4 millones de pesos correspondieron a gasto federalizado programable, y 30,427.5 millones a participaciones federales que se le entregaron a estados y municipios.

Uno de los cambios constitucionales y legales más importantes para la ASF es la posibilidad de auditar por primera vez en la Cuenta Pública 2016 las participaciones.

Pregunta: ¿Cómo fue esta primera experiencia que tuvo la ASF en fiscalizar las participaciones, cuáles fueron sus principales resultados?

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Veracruz fue la entidad con mayores observaciones en este periodo, observaciones por un monto de más de 19,700 millones, en dinero recibido por partidas federales y gasto federalizado programable.

Pregunta: Sabemos bien lo que representa para la sociedad mexicana el caso de Veracruz, por ello, preguntamos ¿Qué ha pasado con todas las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz?

En el caso concreto del Gobierno del Estado de Zacatecas, la ASF practicó 21 auditorías en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las cuales arrojaron 134 observaciones de irregularidades que involucran un monto de 2,226 millones de pesos. De este modo, en el periodo 2011-2016, la ASF practicó un total de 89 auditorías al Gobierno del Estado de Zacatecas, que arrojaron 834 observaciones de irregularidades por un monto de 9,452 millones de pesos, que equivale a 10 veces todo el dinero que Zacatecas recibirá en 2018 para Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF).

Pregunta: En la mayoría de los dictámenes de los casos que se documentan, la Auditoría Superior de la Federación concluye que el Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos federales, lo que provocó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. ¿Cuántas denuncias penales ha promovido la ASF ante la PGR en el caso concreto de las cuantiosas irregularidades detectadas al Gobierno del Estado de Zacatecas en la fiscalización de las Cuentas Públicas del periodo 2011-2016 y cuál es el estatus de dichas denuncias?

En cuanto al Gobierno del Estado de Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación practicó en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 un total de 45 auditorías, cuyos resultados se resumen a continuación:

Acciones (estado de trámite): 181 Recuperaciones (Millones de Pesos)

En Seguimiento 106 Determinadas 1,068.7

No Notificado 75 Operadas 34.8

Acciones (por tipo): 181 Aclaradas 0.0

Recomendaciones 71 En Proceso Resarcitorio 0.0

Solicitud de Aclaración 13 Por Recuperar o Aclarar 1,033.9

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

48

Pliegos de Observaciones 49

En particular, llama la atención que la ASF determinó en su auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas” que las finanzas públicas locales de Jalisco se encuentran en riesgo para asegurar la capacidad financiera que garantice la sostenibilidad en el corto plazo, además de que la administración de la deuda pública tendrá un rol prioritario, así como el manejo responsable

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del gasto público, las obligaciones financieras a corto plazo, con proveedores y contratistas, y de las no constitutivas de deuda pública, como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Pregunta: ¿Qué recomendaciones concretas puede hacer la ASF al gobierno del Estado de Jalisco, en particular y a los gobiernos estatales en general, para evitar que se siga poniendo en riesgo su capacidad financiera?

Propuesta de Estudios

Funciones de Gobierno

Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población.

La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos.

En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011).

Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestran los datos del cuadro adjunto.

Sobre el particular, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó, en el marco de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016, al entonces Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, una revisión de la contratación de deuda pública por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas para el periodo 2010-2016, toda vez que aumentó 1,146% en dicho sexenio. La respuesta que recibimos fue que, por disposiciones legales, “nosotros” teníamos que aportar pruebas de alguna irregularidad para que la ASF procediera a revisar el periodo señalado. El sólo hecho de que la deuda pública haya aumentado de manera exponencial ya es en sí mismo, una irregularidad, aunque supusiéramos –sin conceder- que todos los contratos de deuda se apegaron a derecho. La sociedad mexicana en general, y la zacatecana en particular, merecen una explicación de las causas que motivaron tal incremento en la deuda pública de las entidades federativas, pues son las generaciones futuras quienes tendrán que hacerle frente a esas obligaciones. Se está hipotecando el futuro de los jóvenes en México.

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Finalmente, vale la pena señalar que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 (PAAF 2017) sólo se contemplan 11 auditorías relativas a la deuda de entidades federativas (CD. MX., Baja California, Campeche, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas) y municipios (Hermosillo, Morelia y Puebla). Por ello, en Movimiento Ciudadano consideramos que estas auditorías deben complementarse con estudios como el que se propone.

Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.3

2 Campeche 0.3 1.6 386.9

3 Coahuila 8.3 36.9 346.3

4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7

5 Morelos 1.3 4.8 278.1

6 Chiapas 8.2 21.5 161.0

7 Colima 1.3 3.4 160.8

8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5

9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10.0 22.2 121.2

11 Baja California 9.5 20.7 118.1

12 Tabasco 2.2 4.8 114.9

13 Durango 3.7 7.8 110.9

14 Michoacán 10.1 21.2 110.5

15 Nuevo León 34.0 65.8 93.7

16 Nayarit 3.2 6.0 90.4

17 Sonora 17.3 29.2 68.9

18 Hidalgo 4.0 6.1 51.6

19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6

20 Yucatán 1.8 2.7 46.4

21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4

22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1

23 Jalisco 22.1 27.3 23.4

24 Baja California Sur 2.0 2.5 23.1

25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4

26 Aguascalientes 2.6 2.8 7.6

27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1

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28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7

29 Puebla 9.1 8.3 -8.8

30 Guerrero 3.8 2.8 -26.2

31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

32 Tlaxcala 0.0 0.0 N. A.

Suma 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

N. A. = No Aplica. Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

Grupo Parlamentario NA

Comentarios correspondientes a las intervenciones del Grupo Parlamentario Nueva Alianza Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). Contrataciones Públicas, irregularidades recurrentes y opacidad en contratos y acuerdos con la APF

Federación ha efectuado auditorías forenses a distintas universidades públicas con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dichas instituciones educativas y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

Además de las revisiones mencionadas, en el marco de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, se efectuaron tres auditorías forenses sobre ejercicios anteriores en el transcurso del ejercicio 2017 por el presunto manejo irregular de recursos públicos federales, dos a Radio y Televisión de Hidalgo y una al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, con el fin de revisar los recursos públicos relacionados con contratos y convenios celebrados entre dichas instituciones y distintas dependencias de la Administración Pública Federal.

Dichas revisiones han puesto de manifiesto anomalías diversas relacionadas, principalmente, con la inobservancia de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; irregularidades en el proceso de subcontratación de empresas; la incapacidad para dar cumplimiento a los convenios suscritos; sobrecostos detectados en las contrataciones; y los mecanismos de simulación utilizados para la justificación de pagos; entre otras.

Si bien la mecánica compuesta para la instrumentación de estos contratos, como lo señala la misma Auditoría Superior al amparo de lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ha sido observada por el ente de fiscalización

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superior en los ejercicios previos, existen fallas en el lineamiento normativo que siguen dando cause a este tipo de irregularidades, debido a lo cual, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué impacto han tenido en los entes auditados las acciones promovidas por la Auditoria Superior en la revisión de los contratos fiscalizados?

2. ¿Se ha sancionado a los servidores públicos responsables de implementar este tipo de mecanismos ilícitos?

3. ¿Se ha realizado alguna modificación, o existe la intención de modificar el Artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo respectivo a la celebración de contratos y convenios suscritos con la APF?

4. ¿Se ha modificado el esquema técnico para la implementación de auditorías forenses a este tipo de contratos?

5. ¿Además de revisar lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, qué modificaciones normativas se consideran necesarias para evitar la incidencia de irregularidades y la comisión de actos ilícitos relacionados con este tipo de contratos?

6. ¿Qué otras medidas, además de la modificación en la legislación aplicable, son necesarias para impedir este tipo de actos?

Derechos por servicios, uso, goce o aprovechamiento de playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y terrenos ganados al mar, así como otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (artículo 32 Bis, fracciones VIII y XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

En la presente revisión se encontraron diversas irregularidades relativas al pago de derechos, tales como; Incumplimiento en la documentación para el Otorgamiento de Títulos de Concesión y Permisos; Monto por pago de Derechos por servicios inconsistente; Información incorrecta en materia de recaudación; además de que no se cuenta con información para determinar el monto por Derechos por uso, goce o aprovechamiento.

Asimismo, se encontró que sólo 10 de 17 entidades reportaron ingresos por concepto de "Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación de bienes de dominio

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público/Otros/Concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles (arts. 232 al 235 de la LFD)". En este sentido, Señor Auditor Superior:

1. ¿Cuáles serán las acciones que tomará la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, respecto a las irregularidades en las que ha incurrido la SEMARNAT en el tema de recaudación de derechos que se debió obtener por la prestación de servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar?

Construcción del embovedamiento del río de los remedios, tramos oriente y poniente, en el Estado de México

Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de residuos sólidos, así como la generación de reacciones anaerobias y de gases tóxicos, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del embovedamiento del río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, el cual se considera un conducto con la geometría y estructuras hidráulicas necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las condiciones ambientales de la zona y permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial mediante un entubamiento de 3.0 metros de diámetro interior con tubería basada en materiales plásticos o resinas para lograr un caudal combinado de hasta 12.5 metros cúbicos por segundo y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel Interceptor Río de los Remedios.

De fiscalización a los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron dos contratos de obra pública y uno de servicios. De la revisión a dichos contratos se determinaron irregularidades que tienen que ver con el uso de bitácoras convencionales sin autorización de la Secretaría de la Función Pública; convenio modificatorio irregular; cambios en los términos de los contratos, sin la celebración del convenio modificatorio respectivo; pagos indebidos por 377.6 millones de pesos. Al respecto,

1. ¿Cuáles serían las medidas de fiscalización y verificación que instrumentaría la ASF para asegurar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados a la construcción del embovedamiento del río de los Remedios, se lleve a cabo de conformidad con la legislación aplicable?

Programa de prevención de riesgos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) definió en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa presupuestario S254 "Programa de prevención

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de riesgos" la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio.

Para atender dicha problemática, en el 2016 se destinó la entrega de subsidios por parte del Pp a la ejecución de dos componentes: 1) programas de planeación, que comprende los Programas de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial en las 32 entidades federativas y los 710 municipios que pertenecen al Sistema Urbano Nacional (SUN), así como los Atlas de Riesgos en los 710 municipios pertenecientes al SUN, y 2) prevención y mitigación de riesgos, que incluye los 710 municipios pertenecientes al SUN.

En la fiscalización superior 2016 se determinaron irregularidades diversas que se resumen en debilidades en la definición de objetivos y metas de la MIR; deficiencias de las Reglas de Operación establecidas; entrega de subsidios que no se ajustan a las Reglas de Operación; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios; entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación; e, incumplimiento eh los plazos establecidos para la conclusión de obras.

1. ¿Qué acciones deberá de proponer la ASF a la SEDATU, para lograr que la totalidad de los subsidios otorgados a los municipios para la prevención de riesgos, sean aplicados en zonas catalogadas con un índice global de muy alto riesgo y no como fue el caso en 2016, cuando sólo el 49.4% de los 81 subsidios, que ascendió a un monto de 114.1 millones de pesos, se destinó a otras entidades que no se encontraban dentro de la población objetivo del programa?

Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales

La Comisión Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que es sujeta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), documento que forma parte de las acciones instrumentadas por la Secretaría de la Función Pública para estandarizar, bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control interno se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF).

En la fiscalización superior 2016, a través de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, la ASF identificó que la CONAVI no cumple con las funciones administrativas de asistir a los Comités y a la Junta de Gobierno, no existen mecanismos de control interno en materia de línea ética; de capacitación del personal en temas de control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción; identificación de riesgos, autoevaluaciones, segregación de funciones, así como de controles preventivos vinculados al proceso general para el otorgamiento de subsidios.

Señor Auditor Superior,

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1. ¿Qué acciones ha propuesto la ASF a la SEDATU ante la falta de gobernanza que se advierte en la institución, lo cual podría de repercutir negativamente en los resultados de su gestión?

3.2. Sobre la segunda entrega de informes individuales de auditoría

3.2.1. Respuestas de la ASF a los planteamientos de la CVASF, correspondientes a la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría de la CP 2016.

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) A. Recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria Comentario: Me refiero a la auditoría financiera y de cumplimiento 82-GB sobre recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria. En ella encontramos que, entre 2013 y 2016, de un total de créditos fiscales con sentencia favorable al SAT por 74.5 mil millones de pesos se cobraron únicamente 2.8 mil millones; es decir el 3.8 por ciento del total. En la muestra revisada por la ASF en 2016, por 7.7 mil millones de pesos la autoridad fiscal logró cobrar 166 millones; el 2.2 por ciento. La información que nos proporciona es relevante y valiosa; las cifras son impresionantes; pero al final de cuentas nos deja con un sentimiento de gran frustración. ¿Cómo es posible que en los créditos fiscales con sentencia favorable al SAT se obtenga una recaudación proporcionalmente insignificante? Parte de la respuesta nos la da la propia auditoría: del lado del SAT existen problemas de manejo de información y de los tiempos requeridos por las distintas diligencias e investigaciones. Del lado de los contribuyentes existe una generalizada y sospechosa insolvencia; con frecuencia originada en estrategias de reducción de actividades y bienes para no pagar. No se trata de un tema menor; no cobrar más de 7 mil millones de pesos en un año y más de 70 mil millones en cuatro constituye un cuantioso despojo a la nación que obstruye el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de promover la equidad y la justicia social proporcionando, entre otros elementos, servicios adecuados a la ciudadanía.

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Preguntas: Es desde esta perspectiva de indignación, que creo que compartimos, que me atrevo a mencionar lo que parecen ser insuficiencias del informe y derivarlas a preguntas. Le solicito atentamente que a partir de la auditoría ya realizada se nos proporcionen mayores precisiones estadísticas sobre el grado de concentración del no pago, el tipo de empresas que lo practican y la reiteración, si es que ocurre, de estas prácticas en algunas de ellas. La auditoría concluye que en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. No lo pongo en duda. Y sin embargo esta afirmación parece evadir el problema de fondo: el hecho de que se le sustraen a la nación miles de millones de pesos año con año. De la auditoría derivan básicamente tres recomendaciones orientadas a acelerar procesos administrativos y compatibilizar sistemas de manejo de información. La impresión es que abordan temas menores; mejoras poco significativas frente a la magnitud del asunto de fondo. Tal vez lo que ocurre es que en una auditoría financiera y de cumplimiento la perspectiva es muy formalista. Le solicito atentamente examine la posibilidad de que a partir de lo ya investigado se pudiera abordar un enfoque de desempeño complementario que, basado en la reconocida capacidad de la ASF, pudiera desembocar en recomendaciones substanciales, incluso relacionadas con medidas que pudiera tomar esta honorable Cámara de Diputados. Le solicito su opinión sobre lo siguiente: ¿considera Ud. viable, y cómo se haría para que aquellos que han desfalcado a la nación de la manera que se describe en la auditoría de referencia sean notificados al buró de crédito? Parece una medida moderada, sin descartar otras, que simplemente colocaría a los ciudadanos incumplidos en una circunstancia similar a las de cualquier otro ciudadano incumplido en el pago de sus obligaciones. ¿Qué medidas alternativas eficaces se pueden instrumentar que requieran más apoyo legislativo?

Respuesta ASF:

Debido a la relevancia del tema, el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2017 incluye la revisión 71-GB, “Créditos fiscales”, correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). A partir de los hallazgos de dicha revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estará en posibilidad de proporcionar mayor información sobre las causas del bajo nivel de recuperación de los créditos fiscales, así como de emitir las acciones y observaciones pertinentes. Por otro lado, respecto a las preguntas formuladas, es importante mencionar que el Buró de Crédito es una empresa privada constituida como una Sociedad de Información Crediticia, “debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El Buró proporciona servicios sobre recopilación, manejo y entrega o

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envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas personas mantengan con entidades financieras (bancos, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, etc.), así como con empresas comerciales (tiendas departamentales) y Sofomes, E.N.R.1”. En concordancia con lo anterior, el SAT no podría solicitar al Buró la incorporación de los contribuyentes deudores, debido a que dicha instancia no constituye una entidad financiera. Finalmente, y reiterando la disposición de la institución respecto al fortalecimiento de los vínculos con la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF), con el fin de hacer más evidente el valor y el beneficio de la auditoría gubernamental en las labores legislativas, se analizará la pertinencia de incluir propuestas de modificaciones y reformas legales sobre este tema dentro del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017.

B. Deuda subnacional y sismo Comentario: Las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.) en las Entidades Federativas más afectadas: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; para tal fin se han etiquetado recursos públicos federales y estales para la reconstrucción. Sin embargo, esos gobiernos estatales han gestionado ante sus congresos locales la adquisición de deuda pública para hacer frente a la reconstrucción. En las revisiones de la ASF a recursos destinados a reconstrucción nacional en el ámbito federal se identificaron mecanismos financieros como el bono cupón cero que potencia los recursos a utilizar, pero que la ASF determinó que es un mecanismo oneroso comparado con otras alternativas financieras. Por otro lado, la ASF en sus revisiones a ingresos excedentes ha determinado subestimación de ingresos en los proyectos aprobados de la LIF, concretamente en los ingresos proyectados en el rubro de los Aprovechamientos, que son consistentemente muy inferiores que los ingresos efectivamente recaudados. Una parte de estos ingresos por Aprovechamientos está etiquetado como los provenientes del remanente operativo de Banxico. Sin embargo, otros ingresos pueden reetiquetarse en virtud de las nuevas prioridades generadas por los sismos. Pregunta: En ese orden de ideas señor Auditor, ¿Cuál es la estrategia a seguir por la ASF para fiscalizar el endeudamiento para la reconstrucción de los daños por los sismos de septiembre en las Entidades Federativas? ¿Qué cantidad de recursos excedentes por Aprovechamientos de acuerdo a los datos históricos pueden estar disponibles en el 2018 que pudieran generarse para ser utilizados en la

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reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y en el apoyo a damnificados? Cabe señalar, que el Senado incremento la bolsa de recursos por Aprovechamientos en aproximadamente 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto más podrá asignarse de este rubro de ingresos, a estas imperiosas necesidades que demanda la sociedad para el gasto demandado por los sismos, sin los costos onerosos del financiamiento del bono cupón cero?

Respuesta ASF:

Como primer punto, cabe destacar que los recursos para la atención de la población afectada por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, se ejercieron a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las siguientes cuatro auditorías: 1. 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”; 2. 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la atención de desastres naturales (sismos

del 7 y 19 de septiembre de 2017)”;

4. 55-GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y

4. 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”. Por otra parte, si bien la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2018, contempla 117,792.3 millones de pesos (mdp) por concepto de Aprovechamientos, cabe reiterar que la canalización de los recursos para la atención de desastres naturales se realiza a través del FONDEN, cuyo monto asignado para dicho ejercicio asciende a 26,644 mdp.

C. Retenciones no enteradas a terceros institucionales Comentario: En la revisión de los recursos del Ramo General 33 de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó Entidades Federativas que no pagan las aportaciones de seguridad social y el ISR retenido a sus trabajadores, y justifican la omisión con los Convenios suscritos por el Gobierno del Estado con la SHCP y el ISSSTE, aunque en términos reales la Federación deja de captar impuestos. En ese orden de ideas:

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Pregunta: Una vez formalizado el convenio con la SHCP y el ISSSTE, ¿Cuál es el daño patrimonial por esta práctica detectada por la ASF, es para el trabajador o para la Hacienda Pública Federal? ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la situación fiscal del trabajador y en el futuro de su seguridad social; derivados de esta práctica cada vez más recurrente en las administraciones de los Estados? ¿De qué manera se consideran estos ingresos federales en los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas y para que programas federales pueden ser destinados? ¿Se emitieron las acciones necesarias (PRAS) para sancionar a los servidores públicos responsables de la irregularidad? ¿Qué mecanismos de control interno impulso la ASF para evitar la recurrencia de la irregularidad y, qué área de la propia Entidad de Fiscalización Superior de la Federación es la responsable de corroborar su implementación e informar de esta?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF emitió observaciones por un monto de 4,986.8 mdp, por concepto de “Retenciones no enteradas a terceros institucionales”. Dicha problemática se refiere a impuestos y aportaciones de seguridad social, tales como las vinculadas con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), que fueron retenidos por los gobiernos locales al personal pagado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Seguro Popular y subsidios a universidades, entre otros, y que no se entregaron a las instituciones correspondientes, como el SAT, el ISSSTE y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). En este sentido, es importante destacar que los efectos negativos de dicha práctica recaen en las instituciones mencionadas y no en los trabajadores, ni en los presupuestos de las entidades federativas. Respecto a las acciones emitidas por la ASF, cabe señalar que, al tratarse de retenciones de impuestos y pagos a terceros, la institución promueve el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ante la instancia correspondiente. Asimismo, en su caso, se emiten los Pliegos de Observaciones y se da vista a los Órganos Internos de Control (OIC) respectivos para el fincamiento de responsabilidades administrativas. Adicionalmente, es importante subrayar que, a partir de la Cuenta Pública 2016, la ASF acordó con los entes fiscalizados diversas recomendaciones y medidas de control para coadyuvar a la disminución de riesgos en la gestión de los recursos y la recurrencia de las observaciones.

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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) A. Infraestructura social básica Comentario: Derivado de las reformas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), disminuyeron las auditorías en Municipios para la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de la Cuenta Pública 2016. Pregunta: ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la recurrencia de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos del FISMDF, derivados de la disminución de auditorías practicadas a los Municipios? ¿Cuál es la estrategia que va a implementar la ASF para aumentar en el futuro la muestra de Municipios seleccionados, para fiscalizar los recursos del FISMDF?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 186 auditorías al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), mientras que para la revisión de la Cuenta Pública 2017 están programadas, inicialmente, 150 auditorías; número que podría incrementarse. Las principales observaciones a dicho fondo determinadas en 2016 fueron subejercicios, falta de documentación comprobatoria, y la transferencia de recursos o inversiones a obras y acciones que no cumplen con los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Estas problemáticas son recurrentes cada año como consecuencia de la modificación constante de los criterios de inversión del FISM-DF y también debido a la publicación tardía de los Lineamientos de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Finalmente, cabe subrayar que los procesos de planeación y programación de auditorías de la ASF están basados en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar. De manera particular, respecto al FISM-DF, se seleccionan las áreas de riesgo más importantes, con base en los antecedentes de las revisiones a Cuentas Públicas previas. Asimismo, durante la ejecución de las auditorías, y a partir del análisis de la información publicada sobre el Fondo, se identifican las situaciones potencialmente irregulares y se considera la factibilidad de iniciar nuevas revisiones.

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B. Sistema de evaluación del desempeño del Gasto Federalizado Comentario: En la revisión de la Cuenta Pública 2016 la ASF dio continuidad a las auditorías para la revisión del “Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado”, en las que los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED. Los resultados de estas auditorías sólo acreditan las buenas prácticas implementadas y señalan, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del Gasto Federalizado. Preguntas: Aprovechando la reconocida metodología de la ASF en evaluación del desempeño, ¿Cómo se puede implementar la referida metodología, en una plataforma que permita una mejor evaluación del Gasto Federalizado?

Respuesta ASF:

A partir de la Cuenta Pública 2015, la ASF ha realizado auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado; herramienta fundamental para apoyar la mejora continua de la gestión de este importante rubro presupuestario. De manera general, la ASF ha documentado que el SED de las entidades federativas aún no se ha consolidado como un medio para asegurar la operación eficiente de los fondos y programas, ya que persiste un cumplimiento meramente formal. De manera particular, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se formuló un índice para conocer el avance del SED en las entidades federativas. El valor promedio nacional determinado fue de 49.9 puntos, en una escala de 0 a 100. Asimismo, se encontró que catorce entidades federativas estuvieron por debajo de este promedio. Por otra parte, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se elaboró un índice para cuantificar el avance en la operación del SED en 64 municipios. Para su determinación se consideraron los siguientes siete componentes: 1. Marco jurídico, institucional y operativo del SED. 2. Capacitación en materia del SED. 3. Formulación de un Programa Anual de Evaluación. 4. Realización y alcance de las evaluaciones.

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5. Difusión de las evaluaciones. 6. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 7. Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la GESTIÓN. Únicamente 40 municipios presentaron avances en el SED. El valor promedio del índice para éstos fue de 22.8 puntos en una escala de 0 a 100 (los resultados de dicho análisis pueden consultarse en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016). La ASF analizará las áreas de oportunidad de estos índices, a fin de coadyuvar a la mejora integral del SED del Gasto Federalizado.

C. Perspectiva en torno al Nuevo Modelo Educativo Comentario: Debido al evidente rezago que presentaba el esquema de enseñanza implementado durante las últimas décadas, en marzo de 2017 fue presentado, en el marco de la Reforma Educativa, el Nuevo Modelo Educativo, el cual entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 y cuyo fin consiste, fundamentalmente, en garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes mexicanos a una educación integral de calidad, así como convertir a la educación en un cimiento para edificar condiciones de justicia y prosperidad en el país. Preguntas: Partiendo de los resultados obtenidos en las diversas auditorías, evaluaciones de políticas públicas y estudios llevados a cabo en los últimos años a los entes públicos que conforman el sector educativo, ¿cuáles son los elementos del nuevo modelo con mayor alcance para corregir las principales fallas en materia educativa y de qué elementos carece? Uno de los requisitos primordiales para lograr las metas trazadas es lograr la viabilidad del modelo con el paso de los años, ¿se considera que el modelo será sustentable en la transición de la presente Administración a la siguiente?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 158-DS “Programa de la Reforma Educativa” y 124-GB “Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica”, a partir de las cuales la ASF concluyó que la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no incluyó los criterios ni los procedimientos para que evaluar y acreditar los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos por los alumnos de educación básica.

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Adicionalmente, a partir del análisis comparativo entre la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria y el plan de estudios 2011, vigente en 2016, la ASF identificó que prevalecieron propósitos similares a los establecidos en el plan de estudios anterior, relativos a la formación ciudadana, así como al desarrollo de habilidades personales, competencias y aprendizajes significativos, relevantes y útiles en los estudiantes de educación básica. Asimismo, la ASF comprobó que, a diferencia del plan de estudios 2011, la nueva Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria tiene una mayor orientación hacia el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, y un menor enfoque al aprendizaje de habilidades productivas, debido a que se eliminó la competencia de “aprender a hacer” y se incluyó la materia de desarrollo emocional. De igual forma, se incorporó el componente curricular denominado Autonomía curricular, en adición a los de Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, y Exploración del mundo natural y social, que ya contenía el plan de estudios 2011. El objetivo de este nuevo componente es que cada Consejo Técnico Escolar de los planteles pueda decidir cuáles asignaturas impartirá en los tres niveles educativos, además de las previstas en la Propuesta Curricular. No obstante lo anterior, la SEP no acreditó la metodología, ni los criterios utilizados para garantizar la idoneidad de la Propuesta Curricular, a partir de la cual se definirá el nuevo plan y programas de estudio de educación básica, de acuerdo con las necesidades sociales. Respecto a la segunda pregunta, es importante señalar que la ASF no cuenta con información para evaluar la sostenibilidad de la Reforma Educativa en el largo plazo. En cambio, se puede destacar que hasta 2016, la ASF identificó que la SEP carecía de la metodología para realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas del plan y los programas de estudios de educación básica.

D. Resultados de las auditorías forenses a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) Comentario: En los últimos años se ha llevado a cabo un conjunto de auditorías forenses a distintas a las IPES con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Como es sabido, el objeto de las auditorías forenses consiste en revisar y analizar los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización por la presunción de un ilícito, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes; lo cual indica que en los últimos años la ASF ha detectado actividades ilícitas en las instituciones de educación superior fiscalizadas.

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Preguntas: Tomando como referencia los dictámenes negativos emitidos por la ASF en la mayoría de las auditorías en comento, ¿existe evidencia de que los daños hayan sido resarcidos?, ¿se ha modificado el fundamento legal para la celebración de contratos y convenios suscritos entre IPES y la APF?, ¿qué medidas se han tomado a partir de las irregularidades detectadas por la ASF? A partir de los resultados obtenidos en las auditorías efectuadas, ¿se tienen programadas alteraciones en el esquema técnico para la implementación de las auditorías que, en lo subsecuente, se realizarán a los contratos entre IPES y APF?

Respuesta ASF:

Derivado de las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012 a 2016, en relación con las contrataciones entre entes públicos en las que han estado involucradas universidades, se emitieron observaciones por un monto de 6,879 mdp, mismos que podrían ser recuperados conforme se lleven a cabo los procesos de solventación correspondientes. Asimismo, es importante recordar que la ASF, de acuerdo con el marco normativo aplicable, promueve las sanciones administrativas y penales a las que haya lugar. Asimismo, y en respuesta a la pregunta sobre las modificaciones a las disposiciones legales vinculadas con el tema de las universidades, cabe mencionar que la ASF ha recomendado, de manera reiterada, lo siguiente: 1. Reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico (LAASSP) para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes. 2. Establecer la obligatoriedad de que los titulares de las dependencias contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo. 3. Disponer que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de transparencia y rendición de cuentas, dada la relevancia que ha adquirido este tema en distintos ámbitos. Respecto a la última pregunta, es importante destacar que la metodología de planeación y programación de auditorías de la ASF está basada en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de análisis, priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar, mismos que se actualizan de manera continua en función de los resultados de las revisiones anuales de la Cuenta Pública.

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E. Obligaciones constitucionales del IFAI Comentario: En el ejecutivo federal se implementaron nuevos mecanismos de control interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI); con relación al informe elaborado al mes de octubre del presente año, se encontró que los estados de Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que limitó la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al haberse determinado un retraso promedio de emisión de 3 años después de lo dispuesto. También se encontró que la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública no contaban con los reglamentos dispuestos en sus artículos transitorios. Adicionalmente se cuantificó en el informe que el 79.5% de las 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados, se recibieron por medio del Programa Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se registraron limitantes para ejercer la efectiva coordinación del SNT, ya que no se armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Qué medidas se han implementado para que se dé cumplimiento en los objetivos y metas y el debido funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Instituto? ¿Por qué no se ha realizado una revisión para la armonización de su marco normativo, cuando es una de las herramientas para desempeñar de manera eficiente el trabajo? En relación a los reglamentos dispuestos de las leyes antes citadas ¿Cuál sería el motivo por el cual, no contaban con dichos reglamentos?, ¿Qué consideraría que fuera la mejor dinámica para la armonización de las leyes de manera eficiente y oportuna en la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 128-GB “Acceso a la información pública”, a partir de la cual la ASF concluyó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cumplió con su mandato ya que, de cada diez solicitudes de los ciudadanos, nueve tuvieron respuesta. Asimismo, el instituto puso en operación la Plataforma Nacional de Transparencia, investigó 286 presuntas violaciones a los datos personales y resolvió el 48.1 por ciento de los 9,099 recursos de revisión a favor de los ciudadanos.

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Respecto a la segunda pregunta, es importante mencionar que el INAI no estaba obligado a revisar la armonización de los marcos normativos de las entidades federativas; no obstante, como ente responsable de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el instituto brindó acompañamiento y asesoría técnica sobre el contenido de las iniciativas de ley, dictámenes aprobados y leyes de transparencia publicadas. Asimismo, mediante notas técnicas, el INAI señaló los posibles casos de invalidez constitucional o aspectos no coincidentes con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). En cuanto a las causas por las cuales no se emitieron los reglamentos mencionados, la ASF no cuenta con información debido a que dicha temática no se encuentra dentro del alcance de la auditoría practicada. Finalmente, cabe destacar que las leyes de Michoacán y San Luis Potosí ya están armonizadas con respecto a la LGTAIP.

F. Apoyos otorgados por la SRE Comentario: Los consulados de México en Dallas, Nueva York, Laredo, Chicago y Los Ángeles entregaron 801 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) a organizaciones no gubernamentales de apoyo a mexicanos radicados en ese país, pero sin evaluar previamente sus proyectos. Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones a la SRE, y las observaciones siguen siendo recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación. Preguntas: Sr. Auditor, ¿Consideraría que las acciones emprendidas por parte de SRE han sido suficientes en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior? En relación a los recursos radicados a las 50 Representaciones de México en el Exterior (RME) por 48,342.2 miles de dólares equivalentes a 915.9 millones de pesos, no suscribieron los convenios de coordinación específicos con cada RME, en los que se establecieran las condiciones, requisitos, objetivos específicos y programas de trabajo. Me podría indicar ¿Cómo es que las funciones primordiales de la SRE, no se llevan a cabo de manera eficiente, cuando es el único fin de dichos programas para el bienestar de nuestro connacionales fuera de nuestro país?, ¿Qué está sugiriendo la ASF, para que estas anomalías no continúen pasando?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 se realizaron dos auditorías a las Representaciones de México en el Exterior (RME) y a la protección y asistencia consular. A partir de dichas revisiones, la ASF determinó que las RME

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promovieron al país en materia económica, política, turística y cultural, por medio de la ejecución de las actividades previstas en sus programas de trabajo, los cuales estaban alineados con las prioridades de política exterior establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. No obstante, lo anterior la ASF identificó áreas de oportunidad en relación con el fortalecimiento de los sistemas de control y seguimiento utilizados por la Secretaría de Relaciona Exteriores (SRE). Es importante destacar que las recomendaciones emitidas por la ASF ya fueron atendidas y se implementaron las medidas necesarias para mejorar el desempeño de las RME. Asimismo, la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Al respecto, la ASF recomendó al IME y a la SRE que implementaran las estrategias necesarias para (1) dar seguimiento a los memorándums de entendimiento; documentos en los que se establecen las responsabilidades y compromisos entre el consulado y las instituciones educativas firmantes, así como (2) contar con una base de datos para sistematizar la información de los estudiantes beneficiados por el Programa IME-Becas de educación media y superior, y de educación para adultos. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE. Dichas revisiones se centraron en la gestión de los recursos radicados a 50 RME ubicadas en Estados Unidos de América, los cuales estaban destinados a ser entregados a diversas organizaciones, quienes en coordinación con las citadas RME, realizarían programas y actividades para la atención de migrantes mexicanos. Al respecto, la ASF determinó las siguientes deficiencias: a. Los Memorándums de Entendimiento (MOU) formalizados entre las RME y las organizaciones que sustentaron la ministración de recursos para desarrollar las actividades de los programas IME Becas, Actividades Comunitarias y Ventanillas de Salud no fueron homogéneos por cada grupo de actividades, ni revisados y avalados por la Consultoría Jurídica de la SRE. b. No se suscribieron convenios de coordinación específicos entre el IME y las RME, en los cuales se establecieran objetivos, planes de trabajo y criterios para el otorgamiento de recursos y su comprobación, en relación con la operación de programas o actividades en materia de salud, educación, deporte, cultura, desarrollo económico y organización comunitaria. c. Respecto del programa Actividades Comunitarias, no se proporcionó evidencia de las evaluaciones por parte de las RME y del IME de los proyectos presentados por las organizaciones, antes de la autorización y asignación de los recursos.

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d. Para la operación del Programa IME Becas, el IME utilizó el documento denominado “Reglas Generales de Operación IME BECAS 2016-2017”, el cual careció de formalidad jurídica. Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE.

G. Robo clandestino de combustible Comentarios: De acuerdo con la ASF, en el periodo 2011-2016, el número de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, al pasar de 1,323 a 6,537, con un total acumulado de 17,535 tomas. Asimismo, la ASF mencionó que los costos de reparación de ductos se incrementaron en 868.5%, alcanzando un costo acumulado en el periodo de referencia, de 3 mil 070.8 millones de pesos, equivalente al 88.1% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016, lo que repercute en la rentabilidad y sustentabilidad de la prestación del servicio de logística de gasolinas y diésel. Las auditorías practicadas por la ASF destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones y acciones preventivas y correctivas, e incluso el órgano fiscalizador las ha dictaminado con opinión negativa. No obstante, no se reportan sanciones de mayor alcance relacionadas con procedimientos judiciales como son las denuncias de hechos dirigidos a los responsables. Preguntas: Le pregunto señor Auditor, Debido a que es un tema de suma gravedad, ¿Qué acciones se tomarán para detener urgentemente la proliferación de tomas clandestinas? ¿Cómo contribuirá el Sistema Nacional Anticorrupción a resolver esta problemática? ¿Qué rendición de cuentas ha habido sobre esta problemática?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 475-DE “Distribución y comercialización de gasolinas”, correspondiente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la cual la ASF determinó la existencia de 6,537 tomas clandestinas, de las cuales el 57 por ciento se ubicó en los sectores de Salamanca, con 1,938 tomas (29.6 por ciento), y Mendoza con 1,791 tomas clandestinas (27.4 por ciento). Asimismo, los costos de reparación de ductos ascendieron a 1,767.7 mdp. De manera complementaria, la ASF concluyó que en 2016, Pemex Logística careció de información confiable sobre el volumen de combustibles perdido y el monto económico

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que esto representa; situación que impidió conocer con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, limitó la capacidad de la empresa para solucionar dicho riesgo y, en última instancia, para prestar los servicios de logística de petrolíferos de manera rentable. Debido a esta situación, la ASF formuló las siguientes dos recomendaciones: 1. Que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, expusiera a su Consejo de Administración las razones del incremento en el número de tomas clandestinas y, con base en dicha información, se previeran las medidas pertinentes, a fin de detectar oportunamente las tomas clandestinas, así como prevenir y mitigar el robo de combustibles. 2. Que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, llevara a cabo las acciones necesarias, a fin de contar con información actualizada y precisa sobre el volumen y montos económicos perdidos de combustibles en los procesos de logística, transporte y almacenamiento. Cabe destacar que, como parte del proceso de solventación de observaciones de auditoría, Pemex Logística presentó información a la ASF respecto a la implementación de medidas para detectar las tomas clandestinas, prevenir y mitigar el robo de combustibles, así como sobre el establecimiento de un grupo de Coordinación Intersecretarial. Sin embargo, la empresa no acreditó haber presentado al Consejo de Administración las razones sobre el incremento en el número de tomas clandestinas, ni presentó evidencia de las estrategias realizadas en el marco de la Coordinación Intersecretarial, conformada en enero de 2016. Respecto a la contribución del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la solución de la problemática referida, cabe destacar que dicha instancia, a través del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, da seguimiento a diversos temas vinculados con el combate a la corrupción para, de ser el caso, iniciar las acciones previstas en la Ley General del SNA (LGSNA). En relación con la última pregunta, cabe señalar que como resultado de la auditoría referida, se verificó que en el Informe del Director General de Pemex Logística presentado al Consejo de Administración, correspondiente al periodo enero-diciembre 2016, en el apartado denominado “Mercado ilícito de combustibles”, se incluyera el histórico de tomas clandestinas identificadas de 2014 a 2016, la incidencia por entidad federativa, los ductos con mayor número de tomas y el total de desviaciones volumétricas, concepto que abarca rubros como “volumen sustraído por tomas clandestinas”, entre otros. Adicionalmente, para ampliar la presente respuesta, la ASF consultó la página web de Pemex, en la que se informa que, en 2017, se detectaron 10,363 tomas clandestinas; el Informe Anual 2016, en el que se indican los daños ambientales causados por dicha situación, y el Quinto Informe de Gobierno, en el que se muestra que se recuperaron 786,371.7 litros de hidrocarburos y se localizaron 158 tomas clandestinas. Finalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1590 denominada “Reforma Energética: hidrocarburos”, cuyo objetivo es analizar la política pública de energía, a fin de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.

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H. Esquema financiero para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Comentarios: En reunión celebrada el mes pasado con diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, la ASF señaló que quedó rebasado el gasto original programado para la obra, que ascendía a 13 mil millones de dólares; que existen montos irregulares que ascienden a un total de 234.722 millones de pesos, detectados durante la revisión a 88 contratos de diversas áreas y que la obra no será entregada en la fecha comprometida (20 de octubre del 2020). El informe de auditoría financiera y de cumplimiento “Esquema de Financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” No. 359-DE, además de señalar que para 2017, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, el monto del Proyecto de Inversión del NAICM ascendió a 186 mil 092.0 millones de pesos, el cual correspondió al monto original por 169 mil 000.0 millones de pesos, (actualizado por la inflación), advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en la finanzas públicas. Asimismo, el informe especial “Estrategia de Fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” señala que ninguna instancia en el Gobierno Federal se hace responsable del seguimiento, consolidación, registro y revelación de las erogaciones que se realizan para la construcción del NAICM. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, En el marco de las modificaciones constitucionales que aprobaron siete paquetes de legislación secundaria que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué garantía se tendrá para considerar que esta compleja problemática no represente un riesgo latente para las finanzas públicas del país, al margen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse? ¿En una actitud de autocrítica genuina considera que las acciones promovidas derivadas de la auditoría No. 359 (4 R y 1 PRAS), resolverán la opacidad y los riesgos detectados y alertarán de manera cabal el problema potencial en el que se encuentra el proyecto del NAICM?

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Respuesta ASF:

Las reformas que dieron origen al SNA fortalecieron el mandato de la ASF respecto a tres aspectos fundamentales: (1) incremento del universo auditable; (2) incorporación de las facultades de investigación y substanciación de faltas administrativas graves, y (3) coordinación con instancias vinculadas con la participación ciudadana, la transparencia, el control interno y la imposición de sanciones administrativas y penales. De manera particular, el último de estos tres elementos permitirá que los hallazgos de las auditorías se conviertan en potenciales insumos de análisis para quienes integran el Comité Coordinador del SNA, lo cual podría dar como resultado la instrumentación de las acciones previstas en la LGSNA (emisión de recomendaciones y exhortos). De igual forma, la existencia de canales formales de comunicación entre la ASF y los órganos encargados del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, constituye un elemento clave para asegurar que las irregularidades detectadas a través del ejercicio de fiscalización sean sancionadas adecuadamente. Respecto a las acciones derivadas de la auditoría 359-DE, es importante mencionar que las mismas se suman a las emitidas con motivo de las siguientes 12 auditorías de la Cuenta Pública 2016: 1. 356-DE “Construcción de los caminos provisionales de acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”; 2. 361-DE “Nivelación y limpieza del terreno del NAICM”; 3. 366-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”, 4. 355-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”; 5. 358 “Erogaciones para el desarrollo del NAICM”; 6. 360 “Estudios y proyectos pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”; 7. 354-DE “Construcción de la barda perimetral para la construcción del NAICM”; 8. 386-DE “Ingresos y gastos del Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM” 9. 387-DE “Instalación y medición de la instrumentación geotécnica en la precarga de las pistas 2 y 3, exploración geotécnica, muestreo y sistemas de medición en las aeropistas, calles de rodaje, caminos internos, pista 6 y edificación y estudios y proyecto del sistema de drenaje pluvial para las intersecciones de la infraestructura hidráulica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el proyecto del NAICM”; 10. 388-DE “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la pista 6 y pavimentos para la conservación de caminos provisionales primarios y secundarios existentes y bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del NAICM”; 11. 389-DE “Nivelación y limpieza del terreno y construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”; 12. 390-DE “NAICM”; 13. 391-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”; 14. 392-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”;

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15. 393-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve; y drenaje pluvial temporal en el NAICM”, y 16. 394-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”.

I. Política hídrica nacional Comentario: La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo la administración del agua, la realización de estudios sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; expedición de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos; verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación; recauda el pago de los derechos del agua y lleva un control sistematizado mediante el Registro Público de Derechos de Agua. En la revisión a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó diversos estudios en materia de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad. Los hallazgos y resultados presentados por la ASF en las auditorías practicadas a la CONAGUA, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del ente auditado, o motivan la existencia de uno o varios eventos que causarían daño o perjuicio al erario federal. Asimismo, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en los procesos y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor, ¿Cuál es el tipo de seguimiento que la Auditoría realizará para atender esta situación, con el propósito de que la CONAGUA cumpla con lo establecido en los principios de la Política Hídrica Nacional?

Respuesta ASF:

En el marco de su autonomía técnica y de gestión, la ASF analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

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J. Riesgo de pérdida de competitividad y escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios Comentario: La ASF realizó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en la asistencia brindada por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) a turistas nacionales y extranjeros en trayectos carreteros al concentrar la atención en entidades del centro del país y no en zonas con el mayor número de destinos turísticos; y riesgos en la pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM), No obstante este logro, no existe una relación directa con la gestión de los actores del sector, ya que se presentaron deficiencias en la conducción de la política turística. La mejoría en la posición, se explica por la diversidad cultural y natural del país y las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana, haciendo los destinos más accesibles para los turistas respecto de otros países. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada cumpla la política turística, identifique sus debilidades, las corrija y conozca el efecto de su gestión en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para que la entidad fiscalizada brinde mayor asistencia a las zonas con el mayor número de destinos turísticos prioritarios y no sólo se focalice en las entidades del centro del país?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 440-DE “Fortalecimiento de la competitividad del sector turismo”, de la cual derivaron 19 recomendaciones a la Secretaría de Turismo (SECTUR), a fin de que atendiera las siguientes prioridades: a. Implementar programas de coordinación entre sus áreas administrativas y organismos desconcentrados —Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV)—, y b. Diseñar indicadores para cuantificar la contribución de su gestión en el comportamiento de la competitividad del turismo mexicano. Adicionalmente, la ASF emitió cinco recomendaciones a la CSTAV, orientadas a los siguientes objetivos:

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a. Optimizar sus recursos con el objeto de incrementar la cobertura de los servicios de emergencia mecánica, auxilio y apoyo; b. Mejorar sus trayectos carreteros para priorizar la atención en los destinos con mayor afluencia turística; c. Fortalecer la atención a los turistas que soliciten servicios de información turística en el marco del "Programa Paisano", y d. Aplicar encuestas de satisfacción con base en una muestra estadísticamente representativa del universo de servicios otorgados.

K. Deficiencias en el diseño de las reglas de operación para la entrega de subsidios y desconocimiento del padrón de beneficiarios Comentario: La ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al “Programa de Prevención de Riesgos” con el objetivo de fiscalizar las acciones de la Secretaría para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa; deficiencias en las Reglas de Operación establecidas para la entrega de subsidios; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios al no acreditar que en los proyectos financiados se hubiesen integrado y registrado el padrón de beneficiaros en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) e incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras al brindar mayor cantidad de recursos a proyectos en los cuales no se acreditó la conclusión de las obras, aun cuando fueron definidos como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para la integración y registro del padrón beneficiarios, a fin de medir el avance en la atención al problema público que dio origen a ese programa? ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada realice un adecuado diseño de la MIR y Reglas de Operación, a fin de garantizar la entrega de subsidios a la población objetivo? En su opinión, ¿la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?

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Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 389-DE “Programa de prevención de riesgos” a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante la cual se determinó que (1) dicha dependencia no había elaborado, administrado ni conformado el padrón de beneficiarios del programa presupuestario S254, con base en la información que los ejecutores del mismo proporcionaron a las Delegaciones Estatales; y (2) que la integración y registro de los beneficiarios en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se efectuó en los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre, por lo cual la Secretaría no dispuso de un mecanismo de control para demostrar que dichos recursos efectivamente se entregaron a la población objetivo del programa. Cabe destacar que, a la fecha, la ASF está en espera de que la SEDATU informe sobre las medidas adoptadas para atender las deficiencias observadas. Adicionalmente, la ASF recomendó a la dependencia que informara las causas por las cuales el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S254 no se ajustó a la secuencia de elaboración correspondiente, así como sobre las medidas que adoptaría para incorporar los indicadores de ocupación territorial, y del porcentaje de habitantes beneficiados. Al respecto, la dependencia presentó las modificaciones realizadas a la MIR para el ejercicio fiscal 2018, con base en los términos de la metodología establecida por la SHCP. En cuanto al diseño de las Reglas de Operación del programa, la ASF recomendó a la Secretaría que informara por qué no se observaron los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y que implementara las estrategias correspondientes para subsanar dicha problemática. Al respecto, la SEDATU demostró que inició las gestiones necesarias para atender dicha recomendación. Finalmente, sobre la última pregunta, desde la perspectiva de la ASF, la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios propicia la dispersión de información; imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos, y favorece la entrega inequitativa de los apoyos. Por lo anterior, la ASF solicitó la intervención del OIC de la SEDATU para que, en el ámbito de su competencia, realizara las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, iniciara el fincamiento de responsabilidades.

L. Degradación de los recursos forestales Comentario: La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su contribución para reducir la degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño afecta la conservación de los recursos forestales, ya que de 2011 a 2016, continuó registrándose la pérdida de superficie forestal, siendo durante el citado período de 1,004,335.1 hectáreas, lo que no contribuye a propiciar el desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos.

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No obstante lo dicho anterior, en el período que se revisa, la ASF realizó sólo dos auditorías a la CONAFOR. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cuántas auditorías se tiene programado realizar en revisiones futuras a la CONAFOR, cómo está contribuyendo la ASF para que desde una perspectiva sectorial en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo forestal sustentable?

Respuesta ASF:

Los procesos de planeación y programación de auditorías de la ASF están basados en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar. Por lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018. Ahora bien, cabe destacar que, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se realizaron cuatro auditorías sobre las actividades en materia forestal que llevaron a cabo la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Derivado de dichas revisiones, la ASF emitió 56 recomendaciones orientadas a que la política forestal atendiera las siguientes prioridades: a. Asegurar que las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal no afecten la productividad y servicios ambientales de los bosques, b. Otorgar los apoyos necesarios para la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales; c. Disponer de los instrumentos normativos requeridos para el logro de los objetivos previstos; d. Establecer una instancia coordinadora del sector forestal, y e. Fortalecer la estrategia de inspección y vigilancia forestal de la PROFEPA

M. Deficiencias en la identificación de riesgos y distribución desigual de subsidios Comentario: La ASF aplicó al Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) la auditoría financiera y de cumplimiento al Control Interno del “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, con el objetivo de evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016.

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La aplicación de esta auditoría arrojó los siguientes resultados: ausencia de mecanismos para la identificación de riesgos, al carecer las empresas contratadas de informes de riesgo respecto al diseño de controles del trabajo que desempeñan y el cumplimiento de sus objetivos; desigual distribución de los subsidios al brindar más subsidios a los estados que contaban con menor cantidad de viviendas con rezago, y debilidades en la gobernanza de la institución debido al incumplimiento por parte del CONAVI de asistir a los Comités y Junta de Gobierno y no contar con mecanismos de control interno en materia de línea ética. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo de deficiencias en la gobernanza de la entidad fiscalizada? ¿Cuáles han sido las recomendaciones, en el ámbito de su competencia, para que la entidad fiscalizada realice una adecuada distribución de los subsidios a los que realmente necesitan de ellos? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para brindar una correcta distribución de los subsidios? ¿Seguirá siendo necesario que se tenga que hacer observaciones y recomendaciones por parte de la ASF, para que la entidad fiscalizada realice correctamente su labor?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se llevó a cabo la auditoría 390-DE “Control interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a partir de la cual la ASF emitió 21 recomendaciones vinculadas, principalmente, con (1) el incumplimiento en la celebración de las sesiones de los Comités y de la Junta de Gobierno de dicho órgano; (2) la inexistencia de políticas de capacitación del personal en temas de control interno, integridad y prevención de la corrupción, y (3) la falta de herramientas de autoevaluación de riesgos. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 416-DE “Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda”; 417-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: adquisición de vivienda nueva o usada”; 418-DE “Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales: ampliación y/o mejoramiento”; 419-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: lote con servicios y autoproducción de vivienda”; 420-DE “Subsidios para vivienda”, correspondientes a la CONAVI.

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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) A. Facultades de la Auditoría Superior de la Federación Comentario: La fracción V del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que dentro del contenido mínimo de los Informes Individuales se contendrán las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, denuncia de hechos. No obstante, ni en la primera entrega de informes individuales, ni en ésta segunda entrega de informes individuales, la Auditoría Superior de la Federación reportó las denuncias de hechos correspondientes. Preguntas: Considerando que las facultades de la Auditoría Superior de la Federación deben entenderse vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos ¿cuál considera que sean las razones principales por las cuales las auditorías llevadas a cabo no han tenido como consecuencia denuncias de hecho?

Respuesta ASF:

De conformidad con artículo 67, fracción V, de la LFRCF, la ASF presentará las denuncias de hechos cuando se cuente con los elementos que establece el marco normativo aplicable. Asimismo, de acuerdo con el artículo 38 de dicho ordenamiento, será en los informes semestrales en los que se dé a conocer la información sobre las denuncias penales que presente la ASF. Dichos informes, según lo dispone el mismo artículo, deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente. Finalmente, es importante destacar que las auditorías practicadas han dado lugar a más de 900 denuncias penales. Asimismo, como una acción complementaria al marco de coordinación establecido en la LGSNA, el 25 de abril de 2017, la ASF y la Procuraduría General de la República (PGR), acordaron a través de un Convenio General de Colaboración, agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias que se presentan.

B. Entidades de fiscalización locales Comentario: La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las participaciones federales a través

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de los mecanismos de coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; que emitirá los lineamientos técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de colaboración correspondientes. Preguntas: ¿Cuál es el avance que se tiene en la implementación de los mecanismos de coordinación con las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para llevar a cabo la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es el avance en la elaboración de los Lineamientos que deben observar las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es la estrategia que implementará la ASF para evaluar el desempeño de la (s) Entidad (es) de Fiscalización Local (es) que establezca (n) un mecanismo de coordinación para la fiscalización de las participaciones federales?

Respuesta ASF:

En cumplimiento del artículo 51, fracción I, de la LFRCF la ASF está en proceso de elaboración de los lineamientos técnicos correspondientes que incluirán los “indicadores que permitan evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales con las que se hayan implementado los mecanismos de coordinación [a los que hace mención dicho artículo], exclusivamente respecto al cumplimiento de los mismos”.

C. Fiscalización de la deuda estatal garantizada Comentario: En el Capítulo III “De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal” del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar todos los instrumentos de crédito público y de financiamiento, así como las otras obligaciones contratadas por las entidades federativas, siempre que éstas cuenten con la garantía y aval de la Federación. De acuerdo con el reporte del tercer trimestre del 2017 del Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el saldo de la deuda subnacional como porcentaje de las Participaciones Federales representa el 75.4%. Preguntas: ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en el ejercicio de esta facultad de fiscalización?

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¿Cuáles son los mecanismos y líneas de acción que la Auditoría Superior de la Federación ha instrumentado con los gobiernos subnacionales para la debida fiscalización de la deuda estatal garantizada?

Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a la deuda pública subnacional, en donde se destaca que para lograr el manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, es necesario asegurar la adecuada aplicación de las reglas de disciplina financiera, responsabilidad hacendaria y de manejo prudente de la deuda pública y del financiamiento, que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y su normativa secundaria. La ley citada entró en vigor el 28 de abril de 2016 y los gobiernos locales tuvieron hasta el 25 de octubre de ese año para armonizar sus disposiciones legales. Además, las normas relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria, entraron en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017 en las entidades federativas, y de 2018 para los municipios, con algunas salvedades previstas en los transitorios de dicha ley. En razón de que el incremento en la deuda pública y de otros instrumentos de financiamiento responde al déficit presupuestario, al servicio de la deuda adquirida en el pasado o a la inversión pública productiva, es prioritario que las instancias competentes del Poder Ejecutivo y Legislativo del ámbito federal y local, participen de forma coordinada y corresponsable para el cumplimiento del objeto de la ley, que es el manejo sostenible de las finanzas públicas. En las auditorías realizadas sobre la deuda pública subnacional al cierre de 2016, se identificó que: (1) los gobiernos locales no concluyeron la armonización legal y normativa correspondiente; (2) cometieron errores en la contratación de deuda bajo las mejores condiciones de mercado; (3) tuvieron deficiencias en la información contable, financiera y presupuestaria, lo que afectó el cálculo de indicadores, la transparencia y la rendición de cuentas; (4) se pagaron comisiones no establecidas en los contratos de crédito con las instituciones financieras, y (5) se incurrió en probables faltas administrativas en el manejo de los recursos obtenidos mediante deuda pública y otros financiamientos. De manera complementaria, cabe destacar que, a partir del 28 de julio de 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, estaba en condiciones de otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LDFEFM. Sin embargo, durante 2016 y 2017, no se otorgó ninguna garantía respecto a la contratación de deuda local. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP.

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D. Fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera Comentario: Conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo IV “De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios” contenidas en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá la obligación de fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los financiamientos y otras obligaciones; y, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por disciplina financiera debe entenderse la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, asegurando la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Sin embargo, atendiendo a la información pública disponible al tercer trimestre de 2017 en http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx portal habilitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que en los casos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, la deuda que tienen como porcentaje de sus ingresos totales es superior al promedio nacional (25.5%) en más del doble. Preguntas: ¿Qué acciones y recomendaciones ha realizado la Auditoría Superior de la Federación al respecto? ¿Cuáles son los principales hallazgos obtenidos respecto al cumplimiento y observancia de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los Estados y los Municipios?

Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a la posición fiscal de los gobiernos federales, en donde se destaca que al cierre de 2016, las siguientes entidades federativas no cumplieron con el principio de sostenibilidad: (Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Por otra parte, la ASF estimó que seis entidades se encuentran en situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Colima, Oaxaca y Morelos), debido a que presentaron: déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario. Por último, del análisis realizado por la ASF resultaron 11 entidades que cumplieron con el principio de sostenibilidad (Baja California Sur, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Tlaxcala).

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También se destaca que algunas entidades no reformaron su Ley de Deuda Pública para armonizarla en los términos establecidos en la LDFEFM (Baja California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Yucatán), y el resto lo hicieron de forma parcial, debido a que en su mayor parte no contemplaron disposiciones relacionadas con el Sistema de Alertas y el Registro Público Único (RPU). En ocho entidades federativas (Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala) el registro de la información financiera y presupuestaria reportada en los formatos del Consejo de Armonización Contable (CONAC) cumplió con los lineamientos establecidos. En contraste, en 24 entidades se encontraron inconsistencias en la presentación de los formatos mencionados, debido a errores en el cálculo de al menos uno de los cuatro balances incluidos en el formato 4 “Balance Presupuestario”, además de que, en su mayoría, no se publicaron bajo criterios de datos abiertos. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP.

E. Investigación científica y tecnológica en el sector salud Comentario: Derivado de la auditoría realizada al Instituto Nacional de Pediatría (INP) para Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil (230-DS), la ASF determinó que el Instituto desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin acreditar avances en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. Preguntas: En este sentido mis preguntas son: ¿Cuáles son las consecuencias sociales que esto trae consigo? ¿Cuál es el beneficio directo que la población obtiene de la realización de este tipo de investigaciones? ¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de rentabilidad, sobre tales investigaciones llevadas a cabo por el INP?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 230 “Instituto Nacional de Pediatría (INP)”, a partir de la cual la ASF concluyó que en 2016, dicho instituto realizó investigación científica de forma inercial y sin un enfoque a resultados, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud infantil sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, contrario a lo que dispone el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018. Lo

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anterior tiene como consecuencia que se desconozcan los beneficios de la labor del INP respecto a la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados. En relación con la segunda pregunta, cabe señalar que, de acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS), las investigaciones que se realicen deberán coadyuvar a la toma de decisiones en la mejora de la salud de la población. Finalmente, respecto a la última pregunta, es importante destacar que el objetivo de las auditorías practicadas no es evaluar la rentabilidad de las acciones gubernamentales; lo que se fiscaliza es la economía, en términos de la medición del costo para lograr los objetivos contra los resultados obtenidos. Con la revisión, se identificó que el ente careció de un registro de los recursos financieros ejercidos por cada investigación, lo que le impidió demostrar su costo-beneficio

F. Desvío de recursos de un servidor público a sus cuentas personales Comentario: Con los resultados de la auditoria relativos al Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud –FIS- (249-DS), la ASF observó que un responsable administrativo presuntamente desvió recursos económicos del fondo, ya que realizó una transferencia de una cuenta del fondo por 814.0 miles de pesos a su cuenta personal, situación que claramente representa un perjuicio económico al patrimonio del fondo. Es importante señalar que este monto se totalizó ya que el responsable realizó transferencias a lo largo de 2 años. En este caso específico la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS rescindió el contrato individual de trabajo de la persona. En los resultados de la auditoría, la ASF claramente señala que el Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (TOIC) turnó el caso al Área de Responsabilidades el 8 de septiembre de 2015. Con motivo de la intervención de la ASF, el FIS solicitó al TOIC y a la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la Dirección Jurídica, conocer el estatus actual de dicho caso, lo que está en espera de respuesta. Pregunta: En este sentido, mi primera pregunta es ¿ya tienen conocimiento de la existencia de alguna respuesta?, de ser así, ¿en qué sentido se emitió dicha respuesta? A consideración de la ASF ¿cuál es el motivo por el que 2 años y 8 meses después de lo sucedido se está dando a conocer apenas el caso a la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México? Finalmente, ¿ya recibió respuesta o justificación acerca de porque los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos?

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¿Si bien el monto monetario observado es pequeño, tiene la ASF un conocimiento de cuantos involucran casos similares en la Administración Pública Federal?

Respuesta ASF:

Con motivo de la auditoría señalada (249-DS), la ASF emitió tres Pliegos de Observación, los cuales se encuentran en seguimiento y, de conformidad con la normativa aplicable, se informará sobre los avances en la solventación de los mismos. Asimismo, es importante destacar que este tipo de insumos de información es incorporado al modelo de planeación y programación de auditorías, con el objetivo de valorar la factibilidad de elaborar propuestas de revisiones para su inclusión en el PAAF correspondiente.

G. Sistema Automatizado de Administración de Riesgos Comentario: La ASF ha trabajado con las instituciones del sector público federal con objeto de contribuir al fortalecimiento de sus sistemas de control interno y de sus programas de promoción de la integridad. Para ello, utilizó un enfoque basado en la aplicación de evaluaciones especializadas y la difusión de mejores prácticas en la materia, así como para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático. Preguntas: En este sentido Sr. Auditor Superior, ¿cuáles han sido los avances en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”?. Ya que dicha herramienta tiene como propósito que todo ente del sector público esté en posibilidad de realizar el registro de los riesgos que enfrenta, evaluarlos conforme a su impacto y probabilidad de ocurrencia, asignar responsables específicos, obtener los mapas respectivos y, en breve, hacer de la administración de riesgos una realidad funcional en la operación cotidiana de la institución. ¿Qué consideraría que se debe implementar en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”, para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático?, y ¿Qué modificaciones propondría en el diseño actual de este sistema?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la ASF elaboró el estudio denominado “Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público federal”, a partir del cual se desarrolló el Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR), cuya finalidad es facilitar, a los titulares de las dependencias y a los responsables del control interno, la identificación y seguimiento de los riesgos institucionales.

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En el marco de su autonomía técnica y de gestión, la ASF analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, sobre los avances y desafíos de las instancias gubernamentales respecto a la implementación de metodologías para la evaluación de riesgos, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

H. Instituciones y reglas fiscales para la sostenibilidad de las finanzas públicas Comentario: En lo que se refiere a la auditoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas”. Estudio, No. 1788, la ASF reiteró la insuficiente disponibilidad financiera en los fondos de estabilización y ahorro, lo que impide hacer frente a las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos. Al respecto señaló que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36 mil 729.0 millones de pesos y 98 mil 406.0 millones de pesos, respectivamente; representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años (217 mil 926.4 millones de pesos y 231 mil 460.2 millones de pesos, en el mismo orden). Y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con la Ley del FMPED. Preguntas: La ASF ha fiscalizado en los últimos ejercicios al FEIP, ¿Por qué razón el impacto de estas auditorías no ha resuelto este problema, que acciones específicas de emergencia le recomienda al Congreso para mejorar sus atribuciones y poder cumplir con los objetivos del FEIP (llegar al límite de la reserva)? ¿Qué implicación tiene que las transferencias de recursos al gobierno por el Fondo Petrolero de sólo 1.6% del PIB en 2016, y las proyecciones de transferencias futuras por el gobierno para el próximo sexenio se ubiquen por debajo del 4.7% del PIB, en términos de evaluación del desempeño de la reforma petrolera que abrió a la iniciativa privada la explotación del sector petrolero?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó la auditoría 1788-GB “Instituciones y reglas fiscales para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, a partir de la cual se identificaron las siguientes áreas de oportunidad en cuanto a la regulación de la sostenibilidad de las finanzas públicas: a. Realizar proyecciones, análisis de escenarios y evaluación de riesgos en materia macroeconómica, de finanzas y deuda pública, con una perspectiva nacional e internacional sobre las fluctuaciones de los ciclos económicos. b. Medir con objetividad y confiabilidad indicadores clave para la planeación financiera y para la programación y presupuesto de ingresos y egresos.

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c. Disponer de información técnica, análisis y estudios especializados para apoyar a los poderes Legislativo y Ejecutivo, en particular respecto a la LIF y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). d. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales y los resultados de la política fiscal y deuda pública. e. Analizar el costo y posible impacto a corto, mediano y largo plazos en el ámbito macroeconómico y de las finanzas públicas, derivado de las iniciativas legislativas de ajustes en materia tributaria, presupuesto y gasto; políticas y programas; sistemas pensionarios y de deuda y otro tipo de instrumentos de financiamiento. f. Formular propuestas para fortalecer el marco institucional para el apropiado cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad y la administración de los riesgos fiscales. En relación con la gestión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), cabe mencionar que con base en la auditoría 31-GB “Base de los Ingresos Recibidos por el FMPED”, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, la ASF concluyó que, en términos generales, la SHCP, Banxico y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumplieron con las disposiciones legales aplicables, toda vez que los ingresos recibidos por el Fondo fueron determinados de conformidad con la normativa; sin embargo, la SHCP no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó llevar a cabo, a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

I. Cierre financiero del esquema PIDIREGAS PEMEX Comentario: A casi ocho años de la cancelación de los PIDIREGAS de Pemex, no se cuenta con un balance por parte de la ASF de los resultados que arrojó la instrumentación del esquema durante su vigencia (1997-2008). Se desconoce cuáles fueron sus resultados en materia de productividad y rentabilidad, cuál fue el costo financiero de su operación y cómo cerró el balance financiero en el finiquito que obtuvo Pemex con los permisionarios privados. Pregunta: Le pregunto señor Auditor, ¿Podría señalar si en el programa de actividades está contemplada una evaluación de la política financiera de la industria petrolera que revise el instrumento PIDIREGAS utilizado por PEMEX en el periodo 1997-2008; un análisis de su productividad y rentabilidad; el impacto de sus operaciones en los pasivos de PEMEX; el costo financiero de los PIDIREGAS; lo ocurrido con los fideicomisos públicos denominados vehículos financieros de PEMEX; y, el balance del cierre financiero del esquema? Esta inquietud surge en virtud del enorme monto de los pasivos de

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largo plazo de PEMEX asociados con los PIDIREGAS. ¿Qué lecciones nos deja este caso de asociación público-privado?

Respuesta ASF:

La ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, en los términos planteados, para considerarlo como un producto formal de la institución.

J. Graves irregularidades en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México Comentario: La auditoría de Inversiones Físicas No. 393 practicada a este proyecto por la ASF en la Cuenta Pública 2015, evidenció en su oportunidad que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el Estado; omisiones en la ejecución de la obra; y pagos indebidos por servicios realizados en obras que se encontraban suspendidas o que aún no se habían iniciado. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 133.0 millones de pesos por recuperar. La Cuenta Pública 2016 (segunda entrega) en la auditoría de Inversiones Físicas No. 335, consideró fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. En la revisión al citado proyecto se determinaron pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada y cuantificada; recursos ministrados no devengados; pago de gastos no comprobados ni registrados; pago de conceptos de obra fuera de catálogo; duplicidad de pagos en el control del proyecto; pagos injustificados a empresas de supervisión externa; pagos de conceptos duplicados fuera de catálogo; pagos improcedentes a empresa proyectista; errores de cálculo en el costo financiero del proyecto; errónea consideración de pagos a personal en costos indirectos; desatención de la empresa de supervisión externa; y, derechos de vía por aclarar. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 125.0 millones de pesos por recuperar. A poco más de un mes de que termine el plazo que el Gobierno Federal estableció para la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, la obra no está concluida y ya en algunos medios se habla de desvío de recursos y que el proyecto supera su precio original en más de 37 mil millones de pesos. Pregunta: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cómo evitar que sea una constante que los grandes proyectos de infraestructura en la presente administración estén plagados de irregularidades en el manejo de los recursos, la asignación, fallas de las obras, retrasos, sobrecostos y demás y que no existan sanciones a los servidores públicos responsables del proyecto?

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Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a los riegos en materia de infraestructura y obra pública. Como parte de dicho análisis, la ASF subrayó la necesidad de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales y las demás instituciones que participan en la promoción y construcción de la infraestructura nacional, homologuen sus criterios de actuación, a fin de contar con proyectos ejecutivos oportunos y completos. Asimismo, la ASF considera que los proyectos ejecutivos deficientes son la causa principal de las modificaciones a los montos y plazos originales de los contratos revisados. En concordancia con lo anterior, en dicho documento la ASF recomendó al Poder Legislativo lo siguiente: a. Analizar la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier proyecto, sin dar lugar a excepciones. b. Contemplar modificaciones a la Ley de Obras Públicas (LOP) y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada.

K. Deficiencias en la validación de calidad de los prestadores de servicios turísticos y en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Comentario: Con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad, la SECTUR incluyó en su Estrategia Programática el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer la actividad turística para promover la calidad, innovación, la atención al turista en trayectos carreteros y sustentabilidad de los servicios turísticos, mediante el apoyo a sus órganos administrativos desconcentrados: el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV). En 2016, la ASF aplicó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV, lo que permitió detectar diversas irregularidades como desconocimiento del universo de prestadores de servicio en operación; prestadores de servicio que no actúan conforme a las normas para la seguridad de los turistas; desconocimiento de los criterios para validar la calidad de los prestadores y falta de actualización de los estándares de calidad.

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Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada verifique o en su caso realice una adecuada regulación en la validación (sellos, distintivos, reconocimientos y acreditaciones) de calidad de los prestadores de servicios y corroborar que los servicios turísticos se otorguen con base en la normativa aplicable, a fin de atender irregularidades detectadas y garantizar la calidad de los servicios que se ofertan a los turistas? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar que los prestadores de servicios de la actividad turística actúen con desapego a la norma aplicable, y por lo tanto no se garantice la seguridad de los turistas?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 440-DE “Fortalecimiento de la competitividad del sector turismo”, de la cual derivaron cinco recomendaciones a la SECTUR, a fin de que atienda las siguientes prioridades: a. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades en materia de regulación, así como un programa de trabajo en el que se establezcan recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para proponer y expedir normas que regulen a cada uno de los 18 tipos de servicios turísticos incluidos en su catálogo; b. Emitir las normas en materia turística bajo las cuales se evalúe la entrega de los certificados de calidad en la prestación de los servicios; c. Diseñar un mecanismo de evaluación que garantice que los prestadores que reciben un certificado de calidad actúen conforme a la normativa aplicable, y d. Actualizar los estándares de calidad para certificar la totalidad de los tipos de servicios existentes. Adicionalmente, la ASF identificó que, en 2016, la SECTUR implementó el Programa Nacional de Verificación Turística, con el propósito de supervisar que los prestadores de servicios actuaran conforme a la normativa del sector. Al respecto, cabe señalar que la Secretaría realizó 2,149 verificaciones, 7.5 por ciento más que las 2,000 programadas, mediante las cuales en 1,602 casos identificó que los prestadores atendieron la normativa; mientras que en 547 casos se les inició un procedimiento de infracción por desatender la normativa aplicable. En cuanto a la seguridad de los turistas, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la seguridad de la población es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Por lo anterior, se considera que la seguridad es un tema transversal que no sólo compete a la SECTUR y sus organismos desconcentrados

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Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO A. Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población. Comentario: La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos. En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011). Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestra en el siguiente cuadro:

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016

(Miles de Millones de Pesos) Entidad 2010 2016 Variación % del Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.3

2 Campeche 0.3 1.6 386.9

3 Coahuila 8.3 36.9 346.3

4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7

5 Morelos 1.3 4.8 278.1

6 Chiapas 8.2 21.5 161.0

7 Colima 1.3 3.4 160.8

8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5

9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10.0 22.2 121.2

11 Baja California 9.5 20.7 118.1

12 Tabasco 2.2 4.8 114.9

13 Durango 3.7 7.8 110.9

14 Michoacán 10.1 21.2 110.5

15 Nuevo León 34.0 65.8 93.7

16 Nayarit 3.2 6.0 90.4

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17 Sonora 17.3 29.2 68.9

18 Hidalgo 4.0 6.1 51.6

19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6

20 Yucatán 1.8 2.7 46.4

21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4

22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1

23 Jalisco 22.1 27.3 23.4

24 Baja California Sur 2.0 2.5 23.1

25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4

26 Aguascalientes 2.6 2.8 7.6

27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1

28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7

29 Puebla 9.1 8.3 -8.8

30 Guerrero 3.8 2.8 -26.2

31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

32 Tlaxcala 0.0 0.0 N. A.

Suma 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

N. A. = No Aplica. Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.

Respuesta ASF:

La ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, en los términos planteados, para considerarlo como un producto formal de la institución.

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3.2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones correspondientes a la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría de la CP 2016.

Respuestas de la Auditoría Superior de la Federación Solicitudes de auditorías, estudios y evaluaciones Documento de conclusiones y recomendaciones

Análisis de la segunda entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016

AUDITORÍAS

Solicitudes CVASF Respuestas ASF

FUNCIONES DE GOBIERNO Auditoría de cumplimiento financiero a la SHCP, a fin de proporcionar información sobre los movimientos detallados de las transferencias presupuestarias realizadas a través de Acuerdos de Ministración de Fondos (AMF), su integración, aplicación, y destino.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicó la auditoría 77-GB “Acuerdos de ministración de fondos”, correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría de desempeño a la importante y extensa red educativa que constituye la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 164-DS “Servicios de educación media superior: reforma integral en el bachillerato tecnológico”, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo anterior, se considera que dicha revisión atiende la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF).

Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la SRE, a fin de proporcionar información sobre de los nuevos centros de defensoría jurídica en relación a su desempeño y sus recursos ejercidos en ampliaciones autorizadas.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Con la finalidad de identificar elementos relevantes de

En el entendido de que la recomendación se refiera al presupuesto de la SRE, se reitera la respuesta que antecede. En caso contrario, atentamente se solicita

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los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2017, ya que en el ejercicio 2016 se presentó un importante incremento en relación al aprobado sin justificar dicho aumento.

proporcionar mayor información sobre el sujeto u objeto de la auditoría requerida.

Auditoria del desempeño que contemple la evaluación del cumplimiento de los objetivos y programas de cada una de las representaciones consulares, y se realice una valoración de los perfiles de puestos en activo de acuerdo al servicio exterior de carrera y verificar el avance de las observaciones que se deriven de dicha auditoria.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al IME, y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la LFRCF. Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría de cumplimiento financiero con el objetivo de verificar que los recursos presupuestarios asignados al Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad fueron utilizados para el cumplimiento de su objetivo.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 271-DS “Programa de atención a personas con discapacidad”, correspondiente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría de cumplimiento financiero a los subsidios otorgados a programas para jóvenes, para verificar que los recursos presupuestarios asignados se aplicaron conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 300-DE “Programa de Apoyo a Pequeños Productores: componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor”, correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 281-DS “Desarrollo cultural: niñas, niños y adolescentes”, a la Secretaría de Cultura. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría horizontal de desempeño al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos en lo correspondiente a la seguridad estructural de la infraestructura física de las escuelas de nivel básico y medio superior

Respecto a la educación básica, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 191-DS “Infraestructura física educativa”, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Adicionalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1782-DS “Política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica”, practicada al INIFED, a la SEP, al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y a la Coordinación Nacional @prende.mx. Asimismo, se presentó la auditoría 177-DS “Infraestructura para abatir el rezago de las condiciones físicas de escuelas públicas”, al INIFED.

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De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 148-DS “Infraestructura y equipamiento en educación básica”, correspondiente al INIFED y a la SEP. Por otro lado, respecto a la educación media superior, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 142-DS “Expansión de la educación media superior y superior: nivel medio superior”, practicada a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría de desempeño al Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los Centros e Institutos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017), referente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 443-DE “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por lo anterior, se considera que dicha revisión atiende la solicitud de la CVASF. Asimismo, cabe mencionar que el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los centros e institutos de investigación científica y desarrollo tecnológico es un Programa de Inversión de Adquisiciones (PIA). De acuerdo con información de las Matrices de Programación del 2014, 2015, 2016 y 2017, la única entidad que contó con PIA fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Auditoría forense para determinar si en la asignación de contratos a Odebrecht, los funcionarios públicos responsables obtuvieron beneficios personales, ocasionando algún tipo de daño patrimonial o económico a las finanzas públicas de Pemex. Esta revisión se sustenta en las diversas irregularidades detectadas en las auditorias de contratos con dicha empresa, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 523-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción (2013-2017) y aprovechamiento de residuales, de la Refinería de Tula”, y 525-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción (2014- 2018); y conversión de residuales y proyectos de sostenimiento de la producción en la Refinería Salamanca”, correspondientes a Pemex Transformación Industrial. Adicionalmente, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicaron las auditorías 479-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías Salamanca y Tula”, y 1800-DE “Contratación y suministro de etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI”, referente a Pemex Transformación Industrial. Cabe señalar que los resultados de dichas revisiones se presentaron en el contexto de la segunda y tercera entregas de informes individuales (octubre de 2017 y febrero de 2018, respectivamente). No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría forense a la obra del “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, debido al gran número de irregularidades que hacen

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se practicaron, respectivamente, las auditorías 406-DE y 393-DE “Tren Interurbano México- Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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impostergable una revisión rigurosa, pormenorizada y crítica de los procesos, hechos y evidencias para la investigación y documentación de un presunto ilícito, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la fiscalización al proyecto en 2015 y 2016, determinándose en éste último año, pagos indebidos por un monto de 1 mil 775.3 millones de pesos y un importe por aclarar de 1 mil 102.3 millones de pesos; al margen del presunto desvío de recursos y del sobrecosto que ha tenido la obra, según lo advertido en medios.

Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 335-DE “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, a la SCT. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 365-DE a dicha obra. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

GASTO FEDERALIZADO

Auditorías Financieras y de Cumplimiento para fiscalizar la deuda pública de las siguientes Entidades Federativas: Estado de Oaxaca, Estado de Chiapas, Estado de Morelos, Estado de México y Ciudad de México. En razón de que las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.).

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se llevó a cabo el estudio 1651 “Sostenibilidad de la deuda pública subnacional”, correspondiente a la SHCP, y la auditoría 439-GF “Endeudamiento”, al Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 744-GB- GF “Endeudamiento del Distrito Federal (Ciudad de México)”. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

EVALUACIONES

GOBIERNO

Evaluación de la política determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la captación, registro y control de la información proveniente de las organizaciones civiles y fideicomisos que recibieron donaciones por los sismos que afectaron al país en septiembre de 2017, relativa al destino que darán a los recursos obtenidos.

Respecto a esta temática, cabe destacar que los recursos para la atención de la población afectada por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, se ejercieron a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”, correspondiente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la atención de desastres naturales (sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017)”; 55- GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”, éstas últimas a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación de la política determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se llevaron a cabo, respectivamente, las evaluaciones 1646 “Política de pesca y acuacultura”, y 1582 “Política pública ganadera”, correspondientes a la SAGARPA.

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Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario.

Asimismo, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados del estudio 1785 “Política pública de PROAGRO-Productivo y su antecedente PROCAMPO”, a la SAGARPA. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

DESARROLLO SOCIAL

Evaluación de la Política Social dirigida a la Población Indígena en México, en consideración a que la última evaluación realizada en la materia concluye su análisis hasta la pasada administración (2007-2012).

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 214-DS “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, y 215-DS “Producción y productividad indígena”, correspondientes a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Asimismo, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se llevaron a cabo las auditorías 277-DS “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, y 278-DS “Programa de apoyo a la educación indígena”, ambas a la CDI. Cabe señalar que los resultados de dichas revisiones se presentaron en el contexto de la primera y tercera entregas de informes individuales (junio de 2017 y febrero de 2018, respectivamente). No obstante, lo anterior, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 292- DS “Educación y cultura indígena”, correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y 294-DS “Programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena”, a la CDI. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación de la política de impulso, promoción y fomento del arte y la cultura, con el objeto de inferir la suficiencia, perspectivas y deficiencias del enfoque, acciones y metodologías implementadas.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 35-GB “Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México”, correspondiente a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); 177-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, a la Estación de Televisión XE-IPN Canal Once; 178-DS “Investigación científica y desarrollo tecnológico”, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 181-DS “Servicios educativos culturales”, al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 182-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, a Radio Educación; 192-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y 194- DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Asimismo, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 166-DS “Desarrollo cultural”, correspondiente a la Secretaría de Cultura; 173-DS “Producción y distribución de libros y materiales culturales”, al Fondo de Cultura Económica (FCE); 180-DS “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, a Educal, S.A. de C.V.; 175-DS “Servicios cinematográficos”, al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); 179-DS “Servicios cinematográficos”, al Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC); 181-DS “Servicios cinematográficos”,

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a los Estudios Churubusco Azteca, S.A., y 182-DS “Servicios cinematográficos”, al Fideicomiso para la Cineteca Nacional. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 281-DS “Desarrollo cultural: niñas, niños y adolescentes”, correspondiente a la Secretaría de Cultura; 282-DS “Preservación del patrimonio cultural”; 283-DS “Programa de Apoyo a la Cultura: apoyo a instituciones estatales de cultura”; 285-DS “Apoyo a festivales culturales y artísticos”; 286-DS “Apoyo a la infraestructura cultural de los estados”; 287-DS “Apoyo a las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial”; 288-DS “Apoyo a las culturas municipales y comunitarias”, y 291-DS “Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor”, a la Secretaría de Cultura. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para determinar sus fortalezas y debilidades, así como la viabilidad del cumplimento de sus metas y su sustentabilidad en el mediano y largo plazos.

Como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017), referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 159-DS “Regulación de los servicios educativos en educación básica”, y 160-DS “Regulación de los servicios educativos en educación media superior”, correspondientes a la SEP. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1588-DS “Evaluación de la Reforma Educativa”, a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

DESARROLLO ECONÓMICO

Evaluación de la política pública del sector turismo, a la luz de los efectos negativos y perniciosos que han ocasionado la violencia e inseguridad en los principales destinos turísticos.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, se realizó el estudio 390 “Política pública de turismo”. No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Evaluación de la política pública relativa a la Regulación y Supervisión de la infraestructura aeroportuaria, particularmente del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), ya que en su construcción participan empresas que han estado involucradas en otros proyectos de infraestructura, cuyos procesos constructivos han sido observados por las irregularidades y causado daños y perjuicios a terceros, lo cual constituye un alto riesgo, sobre todo, tratándose de un megaproyecto como el NAICM, donde se tiene previsto el aterrizaje y despegue de una cantidad sin

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2011 y 2015, se realizaron, respectivamente, las evaluaciones DE-020 “Política pública de transporte”, y 1205 “Regulación y supervisión del sistema aeroportuario”. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 407-DE “Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”; 408-DE “Erogaciones para la construcción del NAICM, con recursos del NAICM”; 409-DE “Fideicomiso para el desarrollo del NAICM”; 411-DE “Ingresos obtenidos por el Gobierno Federal para destinarlos al NAICM”, correspondientes al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y 464-DE “Obras hidráulicas para el NAICM” a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por otro lado, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 356-DE “Construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”, y 361-DE “Nivelación y limpieza del terreno del NAICM”, practicadas al GACM.

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precedente de aeronaves con miles de pasajeros a bordo.

Adicionalmente, en el marco de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 366-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”, 355-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”; 358 “Erogaciones para el desarrollo del NAICM”, 359-DE “Esquema de financiamiento para la construcción del NAICM”, y 360 “Estudios y proyectos pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”, correspondientes al GACM. Finalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 354-DE “Construcción de la barda perimetral para la construcción del NAICM”; 357-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del NAICM”; 362-DE “Procesos de contratación de la construcción del edificio terminal, de la torre de control y de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del NAICM”; 363-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”; 364-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”, y 365-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve, drenaje pluvial temporal, y la construcción del campamento del GACM, en el NAICM”, al GACM. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 379-DE “Conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre: Texcoco-Ecatepec”; 380-DE “Construcción de la barda perimetral del NAICM”; 381-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”; 382-DE “Construcción del edificio terminal, de la torre de control y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”; 383-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del NAICM”; 384-DE “Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”; 385-DE “Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 386-DE “Ingresos y gastos del Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 387-DE “Instalación y medición de la instrumentación geotécnica en la precarga de las pistas 2 y 3, exploración geotécnica, muestreo y sistemas de medición en las aeropistas, calles de rodaje, caminos internos, pista 6 y edificación y estudios y proyecto del sistema de drenaje pluvial para las intersecciones de la infraestructura hidráulica de la CONAGUA con el proyecto del NAICM”; 388-DE “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la pista 6 y pavimentos para la conservación de caminos provisionales primarios y secundarios existentes y bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del NAICM”; 389-DE “Nivelación y limpieza del terreno y construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”; 390-DE “NAICM”; 391-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”; 392-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”; 393-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve; y drenaje pluvial temporal en el NAICM”, y 394-DE

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“Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”, correspondientes al GACM. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

ESTUDIOS

GOBIERNO

Estudio al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre los mecanismos de control existentes en la operación de contratos de servicios, que permitan identificar oportunamente las actividades con posibles fraudes e irregularidades en los procesos.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 132-GB “Gestión Financiera”, correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 119-GB “Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, al INEGI. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría “128-GB “Gestión financiera” al INEGI. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Elaborar un estudio sobre la evolución del comercio exterior de México en el contexto del TLCAN. Esto sin hacer a un lado la muy importante evolución del comercio exterior fuera del marco del Tratado. En particular con China, otros países del sureste asiático y Europa.

Como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 368-DE “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, correspondiente a la Secretaría de Economía (SE). De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 398-DE “Cumplimiento de tratados internacionales en materia de comercio”, a la SE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio panorámico de los mecanismos existentes en la Administración del Instituto Mexicanos en el Exterior.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al IME, y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, a la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la LFRCF. Adicionalmente, debido a la relevancia del tema el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE.

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Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

DESARROLLO SOCIAL Estudio sobre la situación de la vivienda en México 2012-2017.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 137-DE “Consolidación de reservas urbanas”; 138 “Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio”, ambas correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como la revisión 1666-DE “Programa de Vivienda Digna”, al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se llevaron a cabo las auditorías 326-DS “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, y 327-DS “Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda”, ambas practicadas a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); así como las revisiones 442-DE “Estrategia interinstitucional para la ejecución de subsidios de vivienda”, y 443-DE “Programa de vivienda rural”, al FONHAPO. igualmente, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 101-GB “Financiamiento para el sector vivienda” correspondiente a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF); 385-DE “Política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio”, y 386-DE “Programa de infraestructura: componente ampliación y/o mejora de la vivienda”, éstas últimas a la SEDATU. Igualmente, en el marco de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 390-DE “Control interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” a la CONAVI, y 391-DE “Aplicación de subsidios al programa de apoyo a la vivienda”, al FONHAPO. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 416-DE “Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda”; 417-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: adquisición de vivienda nueva o usada”; 418-DE “Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales: ampliación y/o mejoramiento”; 419-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: lote con servicios y autoproducción de vivienda”; 420-DE “Subsidios para vivienda”, correspondientes a la CONAVI; 421-DE “Apoyos para abatir el rezago de vivienda” al FONHAPO, así como la evaluación 1591-DE “Política pública de desarrollo urbano y ordenamiento territorial”, a la SEDATU. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio sobre las condiciones de la infraestructura en los planteles educativos de educación básica y media superior, para notificar sobre el impacto de la calidad de la infraestructura física en el desempeño escolar y en el

Respecto a la educación básica, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 191-DS “Infraestructura física educativa”, al INIFED. Adicionalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1782-DS “Política pública

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aprovechamiento de los estudiantes.

de infraestructura y equipamiento en educación básica”, practicada al INIFED, a la SEP, al CONAFE y a la Coordinación Nacional @prende.mx. Asimismo, se presentó la auditoría 177-DS “Infraestructura para abatir el rezago de las condiciones físicas de escuelas públicas”, al INIFED. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 148-DS “Infraestructura y equipamiento en educación básica”, al INIFED y a la SEP. Por otro lado, respecto a la educación media superior, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 142-DS “Expansión de la educación media superior y superior: nivel medio superior”, practicada a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio sobre el efecto de la desigualdad social en la ejecución de los principales programas de educación básica y media superior en las comunidades con mayor índice de rezago en el país.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, se llevó a cabo la evaluación 395 “Política pública de educación básica”, que comprendió el periodo 1988-2012. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2012, se realizó la evaluación 290 “Educación media superior”, con el objetivo de valorar el diseño y los resultados de la política pública federal para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en el periodo 1989- 2012. Adicionalmente, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 193-DS “Programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, y 576-GF “Recursos del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, a la SEP. Por su parte, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 158-DS “Programa de la Reforma Educativa”; 166-DS “Programa para la inclusión y la equidad educativa en la educación básica”, y 167-DS “Programa para la inclusión y la equidad educativa en la educación media superior”, a la SEP. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 174-DS “Rezago educativo” al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1588-DS “Reforma Educativa”, a la SEP. Finalmente, cabe destacar que, en términos generales, en las auditorías de desempeño a los programas de educación básica y media superior se incluye un análisis sobre la cobertura y las características de la población atendida en las escuelas ubicadas en las localidades, de acuerdo con su grado de rezago o marginación. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

DESARROLLO ECONÓMICO

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Estudio diagnóstico sobre la seguridad alimentaria y su relación con el ingreso de la población, es decir, con la capacidad de adquirir los alimentos. La importancia de contar con seguridad alimentaria radica en tener una producción nacional que satisfaga las necesidades alimentarias locales y la capacidad de adquirir los alimentos.

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 se llevaron a cabo, respectivamente, las evaluaciones 1646 “Política de pesca y acuacultura”, y 1582 “Política pública ganadera”. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 221-DS “Programa de abasto rural”, correspondiente a Diconsa, S.A. de C.V.; 223-DS “Programa de abasto social de leche”, a Liconsa, S.A. de C.V.; 225-DS “Comedores comunitarios”, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); así como las revisiones 257-DS “PROAGRO Productivo”, y 258-DE “Productividad de granos básicos”, ambas a la SAGARPA. Adicionalmente, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se llevaron a cabo las evaluaciones 1575-DS “Política pública de PROSPERA, programa de inclusión social”, correspondiente a la Coordinación Nacional de PROSPERA, y 1582-DE “Política pública ganadera”, a la SAGARPA. Por último, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1785 “Política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO”, practicada a la SAGARPA. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio diagnóstico de los daños y perjuicios económicos que ha causado al erario federal la contratación de empresas de supervisión externa que han sido adjudicadas para la supervisión de las obras de infraestructura que se llevan a cabo a nivel federal, estatal y municipal. Los resultados de las revisiones practicadas al sector comunicaciones y transportes, dan cuenta del aumento de omisiones, negligencia, autorizaciones improcedentes, pagos injustificados y/o en exceso, volúmenes de obra que no se cuantifican adecuadamente por procedimientos constructivos apegados a los proyectos ejecutivos, entre otros; todo lo cual han generado sobrecostos en los proyectos que superan por mucho los presupuestos autorizados originales y que se constituyen en una fuerte presión al gasto público.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se llevó a cabo la evaluación 1581-DE “Política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera”, así como las auditorías 387-DE “Regulación y supervisión de la infraestructura ferroviaria”, y 390-DE “Supervisión, inspección y verificación de la infraestructura portuaria”, correspondientes a la SCT. No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

GASTO FEDERALIZADO Los fenómenos naturales (huracanes, tormentas tropicales, sismos, etc.) que azotaron al país en

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”, correspondiente a la SEGOB; 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la

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el año 2017, detonaron la participación solidaria de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, en beneficio de la sociedad afectada; su valiosa colaboración se realizó a través de distintos mecanismos entre los que destacan, la recepción y entrega de donativos económicos. Sobre el particular, es necesario que la ASF realice un estudio sobre el impacto de los riesgos fiscales que representa la deducibilidad de los donativos, en la captación de ingresos.

atención de desastres naturales (sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017)”; 55-GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”, éstas últimas a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio para conocer el nivel de impacto de los subejercicios a nivel municipal y estatal en la actividad económica del país

La ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Estudios sobre dependencia financiera de las entidades federativas en el que se dé cuenta del grado de dependencia de los recursos por transferencias federales.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se llevó a cabo el estudio 1651 “Sostenibilidad de la deuda pública subnacional”, correspondiente a la SHCP. Adicionalmente, en el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero de 2018), la ASF presentó el Informe General Ejecutivo, el cual incluye apartados referentes al estado de las finanzas públicas estatales. Por lo anterior, se considera que dichos documentos atienden la solicitud de la CVASF.

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4. Recomendaciones de la CVASF a la ASF y propuestas para el PAAF

4.1. Recomendaciones para la mejora del trabajo de fiscalización de la ASF

Derivado de la conclusión de los trabajos de análisis a los informes individuales de auditorías y del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Públicas 2016, y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la CVASF con el apoyo técnico de la UEC, formuló un total de 22 recomendaciones a la entidad de fiscalización superior para mejorar su labor fiscalizadora. Siete recomendaciones derivaron del análisis a la primera entrega de informes individuales de auditoría; cinco corresponden a la segunda entrega; y diez corresponden a la tercera entrega.

A continuación, se presentan las 10 recomendaciones derivadas del análisis a la tercera entrega de los informes individuales de auditorías.

1. Criterios para la evaluación y fiscalización de la deuda pública subnacional (IR16-1314 acumulado).

El crecimiento de la deuda pública subnacional ha motivado su fiscalización por parte de la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales; sus resultados y conclusiones de uno y otro no son homogéneos, tales son los casos, por ejemplo, los reportados por:

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán en su informe denominado “RESUMEN DE LOS INFORMES DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL ESTADO DE YUCATAN SOBRE LOS EMPRÉSTITOS Y OBLIGACIONES DE PAGO”

14 Número consecutivo de recomendaciones acumuladas, derivadas de la primera y segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la revisión a la Cuenta Pública 2016.

Generadas

Atendidas por la

ASF y solventadas

por la CVASF

Pendientes de

atención al corte

del mes de mayo

de 2018

Propuestas para su

solventación1

Pendientes

derivadas de las

propuestas de

solventación

2016 22 0 22 8 14

1a. Entrega de IIA (Jun 2017) 7 0 7 6 1

2a. Entrega de IIA (Oct 2017) 5 0 5 2 3

3a. Entrega de IIA (Feb 2018) 10 0 10 0 10

1/ Las propuestas de solventación resultan del análisis de procedencia realizado por la UEC al mes de mayo de 2018.


ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CVASF A LA ASF CP 2016

CUENTA PÚBLICA

RECOMENDACIONES

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La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en su informe denominado “INFORME DEUDA PÚBLICA 2011 – 2015”

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila en su informe denominado “Evolución de la Deuda Pública del Estado de Coahuila 2011 – mayo 2017”

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en su informe denominado “DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL Y AVALADA”

En un informe heterogéneo a los reportados por las Entidades de Fiscalización Superior Locales, la Auditoría Superior de la Federación reportó por primera vez, los resultados de 11 auditorías realizadas para fiscalizar la deuda pública subnacional.

Para homologar la fiscalización y evaluación realizada por las ASF y las EFSL a la deuda subnacional, la Comisión de Vigilancia emite la siguiente:

Recomendación CVASF-IR16-13. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, evalúe y presente a la Comisión en un plazo de 90 días naturales, una propuesta de criterios técnicos generales para la evaluación y fiscalización de la deuda pública subnacional.

2. Atención de la ASF a las recomendaciones elaboradas por la UEC-CVASF (IR16-1415

acumulado).

Uno de los objetivos principales del trabajo de la Unidad de Evaluación y Control es coadyuvar para que la Comisión de Vigilancia emita recomendaciones a la Auditoría Superior encaminadas a que ésta mejore en las diversas vertientes que integran su trabajo de fiscalización a efecto de que cumpla cabalmente con su encomienda constitucional. En el periodo de existencia de la Unidad, la Comisión de Vigilancia ha emitido un total de 294 recomendaciones a la Auditoría Superior (considerando las 21 recomendaciones del presente documento), de las cuales, han sido atendidas 273, quedando pendientes de atención 21 recomendaciones: 5 recomendaciones respecto a la revisión de las Cuentas Públicas 2013-2015 y 16 correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2016. A efecto de agilizar y hacer más eficiente el proceso de solventación de las recomendaciones pendientes y de las que se vayan emitiendo, así como para fortalecer la interacción actual existente entre la Auditoría Superior y la Unidad, la Comisión propone la siguiente:

Recomendación CVASF-IR16-14. Que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, establezca un mecanismo de coordinación periódico y permanente con la Unidad de Evaluación y Control para: 1) agilizar el proceso de revisión y, en su caso, solventación de las recomendaciones que le emite la Comisión de Vigilancia como resultado de los trabajos de análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública; 2) complementar, en su caso, la información que requiera la Unidad para cumplir con su tarea de evaluación y control de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, considerando la


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ampliación de acceso y uso del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA); y 3) en general, trazar líneas de trabajo común orientadas a mejorar la fiscalización superior.

3. Fiscalización del 100% de los Ingresos por Aprovechamientos efectivamente recaudados

(IR16-1516 acumulado).

Desde 2006 a la fecha se ha registrado una sistemática y significativa discrepancia entre los Ingresos por Aprovechamientos proyectados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobados por el Congreso, y los ingresos efectivamente recaudados por el gobierno federal por este concepto, en el que como hecho estilizado se ha corroborado que los Ingresos por Aprovechamientos, efectivamente recaudados en forma anual han excedido notoriamente a los ingresos proyectados, situación que ha generado, y puede seguir generando (no es el caso del remanente operativo de Banxico17), una aplicación discrecional de los recursos obtenidos en exceso respecto de los proyectados.

Recomendación CVASF-IR16-15. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, en consideración a las cuantiosas diferencias que se han mostrado entre los ingresos autorizados y los efectivamente recaudados por concepto de aprovechamientos de capital, audite el 100% de los ingresos por aprovechamientos de capital, autorizados en la LIF a efecto de transparentar la recurrente práctica observada por la ASF en la proyección de los ingresos por aprovechamientos, en consideración a que estos ingresos no son resultado de un esfuerzo recaudatorio por parte de las autoridades hacendarias sino que son el resultado de la toma de los recursos de los fondos y fideicomisos no paraestatales, recursos de la Banca de Desarrollo y de las empresas productivas del estado para disminuir los riesgos de las finanzas públicas.

4. Informe sobre empresas contratadas por la APF asociadas a irregularidades (IR16-1618 acumulado).

16 Número consecutivo de recomendaciones acumuladas, derivadas de la primera y segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la revisión a la Cuenta Pública 2016. 17 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 19 bis señala que “El Ejecutivo Federal,

por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el

Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios

fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su

caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos

conceptos, y

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese

recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos

Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.


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De acuerdo a datos proporcionados por Osvaldo Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria –SAT19al cierre de 2017 se localizaron 6,492 empresas fantasmas que realizaron transacciones presuntamente inexistentes por las que facturaron más de 1.4 billones de pesos. Lo cual equivale a 5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Las empresas fantasmas tienen existencia legal, se constituyen ante notario público y se inscriben en el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, sus operaciones de compra venta de bienes o prestación de servicios son simuladas; es decir, inexistentes; usualmente se constituyen y operan con prestanombres en domicilios fiscales falsos y se disuelven con facilidad.

Además de la evasión fiscal, las empresas fantasmas se asocian a actividades ilegales como: Defraudación de recursos públicos; financiamiento ilegal de campañas políticas; lavado de dinero del crimen organizado y de actividades informales.

Algunos informes de auditoría de la ASF han revelado la importancia de empresas fantasmas en mecanismos de defraudación de recursos públicos. Por ejemplo, en el caso de la llamada “estafa maestra”. Es información que puede ser vista como el indicio de un problema de mayor extensión y magnitud.

De acuerdo a Luis M. Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la lucha contra este problema requiere el involucramiento del SAT, la ASF, la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, señala que la presencia fiscalizadora del SAT cubre únicamente entre el 3 y el 4 por ciento del universo de contribuyentes; las auditorías son lentas, hay un dramático rezago en las investigaciones sobre lavado de dinero, y el “establishment político” brinda un blindaje a las empresas fantasmas. En términos generales de Acha considera que, a pesar de contar con las herramientas legales e insumos logísticos adecuados para perseguir a las empresas fantasmas y a los carteles de corrupción, “el Estado padece de una pasividad que raya en la apatía frente a la corrupción y a otras actividades ilícitas que le están asociadas”20.

En este contexto, la Comisión de Vigilancia recomienda la siguiente:

Recomendación CVASF-IR16-16. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, presente a esta Comisión, a más tardar el 30 de octubre del presente año, un estudio integral acerca de las empresas fantasmas incluyendo datos tanto de su importancia

19http://www.milenio.com/negocios/Detecta-SAT-empresas-fantasma-cnnm-cfdi_0_1111088895.html http://www.jornada.unam.mx/2018/01/27/economia/019n2eco http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=727803&idFC=2018 20 https://www.nexos.com.mx/?p=31264 http://www.elvigia.net/general/2018/1/15/empresas-fantasma-vrtice-corrupcin-segunda-parte-293310.html

http://www.milenio.com/negocios/Detecta-SAT-empresas-fantasma-cnnm-cfdi_0_1111088895.html

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/27/economia/019n2eco

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=727803&idFC=2018

https://www.nexos.com.mx/?p=31264

http://www.elvigia.net/general/2018/1/15/empresas-fantasma-vrtice-corrupcin-segunda-parte-293310.html

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económica en relación a diversas actividades ilegales, como en relación a los esfuerzos públicos para combatir la corrupción.

5. Nuevas responsabilidades y oportunidades asociadas a la instrumentación operativa del Sistema Nacional Anticorrupción (IR16-1721 acumulado).

Con la promulgación de la Reforma Constitucional en materia de anticorrupción y la legislación secundaria en esta materia y en la de transparencia y acceso a la información pública se generaron cuatro importantes efectos en el sistema jurídico:

a) Se dio un mandato y se creó un instrumento para la coordinación entre las entidades que tienen competencia en diferentes fases del proceso de fiscalización.

b) Se ampliaron las facultades de los organismos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación.

c) Se distribuyeron competencias lo que deslinda responsabilidades institucionales y otorga garantías a los justiciables.

d) Se incorporó formalmente la participación ciudadana en la coordinación, evaluación y mejora del Sistema.

La legislación vigente amplía las funciones de la entidad superior de fiscalización, lo que entraña una reestructuración operativa parcial, así como una redefinición de su programa de trabajo, lo que repercute en la evaluación que realiza la Comisión de Vigilancia. La legislación también obliga a que los organismos integrantes del Sistema se sienten a la mesa en diferentes equipos de trabajo con encomiendas específicas de coordinación, entre otras están las que corresponden a los mecanismos de evaluación de los progresos del Sistema, así como adecuaciones necesarias para la integración del Sistema Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Además de esfuerzos de coordinación explícitamente señalados en la legislación están, por último, áreas de oportunidad emergentes. Es decir, necesidades que se van reconociendo sobre la marcha, con base en la experiencia que arroje el funcionamiento del sistema y sus mecanismos de coordinación. Por ejemplo, la interpretación e implementación congruente respecto de lo que establece la fracción XIII del artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se define en los términos más amplios que se integren y conecten todos aquellos datos a disposición de las autoridades competentes. Las implicaciones prácticas de esto no pueden sospecharse de la mera lectura de la norma.


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Los únicos entes que forman parte tanto del Sistema Nacional de Fiscalización como del de Transparencia son la ASF y el INAI, la Constitución instruye a ambos a coordinarse (Art 6° Ap. A, fracción VIII) pero no se da al Comité Coordinador del SNA esa facultad. De ello pueden resultar recomendaciones para una adecuación normativa que precise o amplíe facultades a los organismos integrantes del SNA o el SNT.

Recomendación CVASF-IR16-17. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, realice un diagnóstico de los retos de la operación y coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de avanzar en su implementación.

6. Planeación y ejecución de auditorías de seguimiento (IR16-1822 acumulado).

Derivado del análisis permanente que lleva a cabo la Comisión de Vigilancia de los informes de la fiscalización superior de la Cuenta Pública que emite la ASF, se ha constatado que en los resultados de las revisiones presentadas, se presenta de forma continua una reincidencia en las faltas y omisiones por parte de un amplio número de entes fiscalizados; asimismo, no se cuenta con evidencia sustantiva de que las entidades fiscalizadas que han sido observadas, han atendido plena y rigurosamente las recomendaciones y acciones emitidas que causan estado.

En razón de lo anterior, la Comisión propone la siguiente:

Recomendación CVASF-IR16-18. Que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, considere en su programa de fiscalización anual, la práctica de auditorías de seguimiento con el objetivo de verificar la atención que los entes auditados le han dado a las recomendaciones y acciones que causan estado emitidas por la Auditoría Superior, así como el impacto que se deriva de las correcciones que se derivan de estas recomendaciones y acciones en el desempeño de los entes fiscalizados.

7. Programa de visitas domiciliarias a los entes auditados (IR16-1923 acumulado).

Cuando la ASF detecta en sus auditorías que los recursos que han sido asignados para la implementación de programas presupuestarios fueron usados en fines distintos a los previstos en la normatividad aplicable; emite observaciones que deben ser solventadas por los entes auditados. Una de las opciones más usadas para solventar dichas observaciones es el reintegro (recuperaciones) de los recursos a los siguientes destinos:

La Tesorería de la Federación.

22 Número consecutivo de recomendaciones acumuladas, derivadas de la primera y segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la revisión a la Cuenta Pública 2016. 23 Número consecutivo de recomendaciones acumuladas, derivadas de la primera y segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la revisión a la Cuenta Pública 2016.

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Las cuentas bancarias específicas de los fondos o programas federales, cuya recuperación efectiva es verificada por la ASF.

El patrimonio del ente fiscalizado.

Comprobar que los reintegros realizados a las cuentas bancarias y al patrimonio del ente fiscalizado, se hayan aplicado en los objetivos y metas definidos en los programas presupuestarios para los que fueron destinados los recursos, es una prioridad en el seguimiento del trabajo de la ASF.

La LFRCF faculta a la Auditoría Superior de la Federación para efectuar visitas domiciliarias, dicha figura permite exigir únicamente la comprobación del ejercicio de los recursos económicos recuperados, mediante la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos relacionados con la solventación de las acciones emitidas.

Para impulsar la modalidad de visitas domiciliarias en la revisión de los recursos públicos federales, la Comisión de Vigilancia emite la siguiente recomendación.

Recomendación CVASF-IR16-19. Que la ASF, en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión presente a la Comisión en un plazo de 90 días naturales, un programa de visitas domiciliarias a entes auditados e informe sobre los resultados de la aplicación de dicho programa.

8. Incorporar en el Informe Ejecutivo las solventaciones de mayor monto observado (IR16-2024

acumulado).

Tal como lo establece el Art. 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF deberá informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.

En efecto se señala que “El informe deberá incluir invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Púbica Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, y la atención a las recomendaciones, así como el estado que guardan las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. Sin embargo, existen en la cuenta pública sectores con programas presupuestales que involucran recuperaciones determinadas como probables de montos considerables, los cuales durante el proceso de solventación en el mejor de los casos se reducen


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significativamente o son aclaradas con la sola aportación de documentación soporte por parte de las entidades fiscalizadas.

En este contexto, la CVASF recomienda: Recomendación CVASF-IR16-20. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, en los informes semestrales que presenta a la Cámara de Diputados, sobre el estado que guarda la solventación de observaciones, incorpore un apartado especial en el Informe Ejecutivo sobre el estatus de las recuperaciones con montos significativos y/o de los proyectos más emblemáticos de cada sector.

9. Valuación de los proyectos establecidos bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas (IR16-2125 acumulado).

Los contratos de las Asociaciones Público Privadas (APP’s) son estructurados para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos en los que el sector privado participa en el desarrollo del proyecto y en el financiamiento. La provisión del servicio recae en la responsabilidad del sector público. El Estado paga al desarrollador por la prestación de un servicio en beneficio de la ciudadanía, conservando la responsabilidad sobre la prestación de dicho servicio.

Este tipo de asociaciones permiten establecer, en un mismo instrumento, los diversos elementos de la prestación de un servicio, como la construcción, la operación y el mantenimiento, obligando a las partes a establecer una relación de largo plazo. Asimismo, permite la distribución del riesgo que conlleva a que, en el proyecto, las inversiones, costo de operación y mantenimiento, responsabilidades y riesgos asociados, se transfieran total o parcialmente al sector privado por un tiempo definido y bajo condiciones y beneficios mutuos.

El desarrollador diseña el proyecto, aporta el financiamiento, adquiere los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, opera el proyecto con su personal, provee de los insumos necesarios y administra y da mantenimiento a los bienes. Por su parte, el sector público establece los requisitos y la política pública, paga tarifas por los servicios prestados, puede otorgar concesiones y lleva a cabo la supervisión. Las APP’s deben operar de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento; en dicha normativa se dispone que los proyectos de APP´s deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.


235



A diciembre de 2016 se reportaron la existencia de 16 proyectos de inversión bajo el esquema de APP´s, de los cuales 7 son para la conservación de carreteras a cargo de la SCT y 9 para la construcción de hospitales; cada año en el presupuesto autorizado a las dependencias y entidades, únicamente se prevén como gasto corriente los recursos necesarios para realizar los pagos acordados en los contratos suscritos que sustenta el esquema de financiamiento concertado con el inversionista proveedor. Los compromisos a futuro de los proyectos de APP’s, según la ASF, no se reportan como deuda pública. Hasta 2016, las obligaciones de pago futuras para los 16 proyectos, ascendían a 154 mil 205.0 millones de pesos, lo cual podrían reducir los márgenes de acción del Gobierno Federal, así como de las entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto. En este contexto, la CVASF emite la siguiente recomendación: Recomendación CVASF-IR16-21. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, examine los métodos de valuación de los proyectos bajo el esquema de las Asociaciones Público-Privadas, a efecto de que no se cometan equivocaciones graves como las señaladas por la propia ASF en relación a los PIDIREGAS y el rescate carretero, entre otros.

10. Homologación del formato de atención a las Recomendaciones emitidas por la CVASF (IR16-

2226 acumulado).

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de Cuentas de la Federación, una vez concluido el análisis de los informes individuales

presentados por la ASF en los meses de junio y octubre, así como del Informe General de

febrero de cada año, la Comisión le emite a la ASF recomendaciones para mejorar su práctica

fiscalizadora, mismas que se entregan en el documento denominado “Conclusiones y

Recomendaciones para la ASF”.

Sin embargo, la atención que brinda la ASF a las recomendaciones emitidas por la Comisión

carece de una metodología y/o formato de respuesta que ha dificultado su seguimiento y

análisis por parte de la UEC. Por lo antes expuesto, con la finalidad de homologar la emisión

de respuestas y facilitar la identificación respecto a la atención de las recomendaciones

emitidas, la Comisión emite la siguiente:

Recomendación CVASF-IR16-22. Que la ASF emita un informe específico, a través del cual se

remitan las respuestas específicas para la atención que le dará a cada una de las

recomendaciones emitidas por la CVASF. Dicho informe, deberá referir el número de

recomendación o recomendaciones que se atiende; las acciones previstas para su atención;

de ser el caso, señalar o referir el soporte documental, informe o documento a través de los


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cuales se atiende la recomendación, precisando el capítulo o tema, pagina o párrafo

correspondiente. Asimismo, el informe deberá presentarse por escrito y en forma digital, ser

semestral y haciendo coincidir una de las entregas con la entrega del Informe General.

4.2. Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones de políticas públicas

Con motivo de la conclusión de los trabajos de análisis de los informes individuales de auditorías y del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Públicas 2016, la CVASF con el apoyo técnico de la UEC, presenta un total de 90 propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones, divididos por etapa de entrega, de la siguiente manera:

A continuación, se presentan 23 propuestas de auditorías, 11 propuestas de estudios, y 10 propuestas de evaluaciones de políticas públicas, derivadas del análisis a la tercera entrega de los informes individuales de auditorías.

4.2.1. Propuestas de Auditorías

Gobierno

1. Auditoría de inversiones físicas al Consejo de la Judicatura, para evaluar los procesos de adquisición, desarrollo de las obras públicas, cumplimiento de los estándares de calidad previstos, proceso de licitación y conclusión de las obras en tiempo y forma; toda vez que se observaron diversas deficiencias e irregularidades en el ejercicio del gasto y proceso de licitación en la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal y Edificio del Poder Judicial de la Federación en todas sus sedes.

Cuenta Pública Auditorías EstudiosEvaluaciones de política

pública

Total General 90

2016 42 28 20

1a. Entrega de IIA (Jun 2017) 7 7 3

2a. Entrega de IIA (Oct 2017) 12 10 7

3a. Entrega de IIA (Feb 2018) 23 11 10


PROPUESTAS DE AUDITORÍAS, ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DERIVADAS DEL ANÁLISIS AL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

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2. Auditoría de cumplimiento financiero, al proceso de adjudicación de contratos y al ejercicio y aplicación de recursos por parte del Consejo de Judicatura en la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal y Edificio del Poder Judicial de la Federación en todas sus sedes, con el objetivo de verificar que las licitaciones se apeguen a la normatividad vigente y se respeten las condiciones y requerimientos establecidos en la convocatoria.

3. Auditoría de cumplimiento financiero de TIC’S a Prevención y Readaptación Social, para fiscalizar el uso adecuado de los recursos, evaluar la eficacia y eficiencia de los mismos y verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

4. Auditoría de desempeño para clarificar el manejo de los recursos confiados a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) entre el 2001 y el 2017.

5. Derivado de la evaluación de Política Pública de Telecomunicaciones número 1786 GB, donde se detecta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) solamente realiza el monitoreo de la calidad de los servicios en la medición de telefonía, banda ancha móvil en la Ciudad de México; se solicita una auditoria de desempeño con el fin de fortalecer la estrategia programática para la supervisión a cargo del IFT verificando el monitoreo en las principales ciudades del país constantemente para conocer si ha mejorado la calidad de los servicios en todo el territorio nacional.

6. Auditoría de desempeño a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para verificar si los criterios para la instalación de los sitios de conectividad a cargo de la SCT cumplen con la estrategia nacional de priorizar a las comunidades menores a 5 mil habitantes dado que estas localidades son las que presentan mayores rezagos en términos de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones por la falta de infraestructura privada (objetivo de cobertura universal).

7. Auditoría financiera y de cumplimiento en tres áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) las cuales serán de gran importancia en los próximos comicios electorales, siendo éstas las siguientes: la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Planeación y la Unidad Técnica de Fiscalización.

8. Realizar una auditoría de desempeño para verificar si la coordinación en la actuación internacional del Gobierno de la República, ha permitido contribuir al desarrollo del intercambio internacional.

9. Realizar una auditoría de Desempeño del cuerpo permanente de funcionarios del Estado responsable de ejecutar la política exterior de México, compuesto por personal de carrera, temporal y asimilado, integrado por las ramas diplomático-consular y técnico-administrativa, cuya dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los lineamientos de política exterior,

238



para verificar si se cumple con el perfil, que se requiere para el buen desempeño de las funciones.

10. A las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de la Función Pública, les corresponde verificar de manera periódica el avance del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores y los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Sería conveniente realizar una auditoría de desempeño para comprobar si se han realizado las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, las, modificaciones para el buen desempeño de sus funciones.

11. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que aún persisten 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento dependientes del Gobierno del Estado de Guerrero y de la Fiscalía General. Por lo cual es importante realizar una auditoría de desempeño de los lugares de Detención e internamiento dependiente del Estado de Guerrero para identificar las causas y prevenir este tipo de situaciones.

Desarrollo Social

12. Auditoría de cumplimiento financiero a la operación administrativa y funcionamiento de las tiendas de autoservicio IMSS-SNTSS que se encuentran distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

13. Auditoría de desempeño a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONASR), para verificar que esté cumpliendo con su labor fundamental de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con especial énfasis en el resguardo adecuado de los recursos de los trabajadores; que dichos recursos se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la Comisión (Régimen de inversión); asegurando que se brinde la información requerida para los trabajadores; vigilar los derechos de los trabajadores para que sean respetados por las AFORE; así como, el seguimiento y estado que guardan las multas impuestas a las AFORE y las sanciones por incumplimientos aplicadas a los empleados.

14. Auditoría de Cumplimiento Financiero y de desempeño a la SEDESOL; para verificar el impacto económico provocado a los beneficiarios de sus programas sociales, como resultado de los ajustes realizados por la SHCP al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, en el marco de la aplicación del Presupuesto Base Cero.

15. Auditoría horizontal forense a las Instituciones Públicas de Educación Superior que

celebren contratos y/o convenios con entes de la Administración Pública al amparo de la LAASSP, con el fin de determinar si persisten las irregularidades que la ASF ha señalado

239



reiteradamente en torno a la opacidad en el manejo de los recursos públicos asignados a través este mecanismo de contratación.

16. Auditoría de horizontal de desempeño a la Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Mexicano de Cinematografía, Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Estudios Churubusco Azteca, S.A., Educal, S.A. de C.V., y Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., para verificar que los programas orientados a la promoción y difusión de la cultura y las artes cumplen sus objetivos y si contribuyen a incrementar el acceso y participación de la población a esas manifestaciones.


17. Auditoría financiera y de cumplimiento al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) con el propósito de que se revise el avance físico-financiero del proyecto de la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y se determine, actualice y transparente el avance del ejercicio y aplicación de los recursos fiscales y financiamiento privado, proveniente de la contratación de deuda y colocación de bonos que se han emitido para financiar los compromisos derivados del incremento del costo del proyecto.

18. Auditoría forense a los contratos por parte de Petróleos Mexicanos con el fin de verificar que los procedimientos de adjudicación por licitación pública, cumplan con la normativa y se respete lo establecido en los contratos. El objetivo es supervisar y fiscalizar los recursos del Estado.

19. Auditoría de desempeño a la SECTUR, para verificar el cumplimiento de la normatividad en las certificaciones a los Productores de Servicios Turísticos (PST), que impida las certificaciones a los PST de baja calidad.

20. Auditoría para la revisión jurídica y administrativa del título de concesión otorgada el 09 de noviembre de 1990, para la construcción, explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, a favor de “Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V.”, así como todas y cada una de sus modificaciones al título de la concesión original.

Gasto Federalizado

21. Auditoría a la distribución de los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), para fiscalizar la entrega de los recursos del

240



Programa, por parte de la Secretaría de Educación Pública a las entidades Federativas y de estas últimas a los entes ejecutores.

22. Auditoría Forense a los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), recibidos por los entes ejecutores; para fiscalizar los contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. En razón de las diversas irregularidades detectadas por la ASF en este tipo de operaciones, que han causado daños al erario público de los entes fiscalizados.

23. Auditoría Forense a los recursos del Seguro popular, recibidos por los entes ejecutores; para fiscalizar los contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. En razón de las diversas irregularidades detectadas por la ASF en este tipo de operaciones, que han causado daños al erario público de los entes fiscalizados.

4.2.2. Propuestas de Estudios

Gobierno

1. Estudio diagnóstico a los indicadores judiciales del Consejo de la Judicatura, que evalúan el desempeño de los órganos jurisdiccionales para el apoyo en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional, a fin de contar con un estudio detallado de los resultados obtenidos por los mismos.

2. Estudio panorámico de los mecanismos de transferencias sociales federales, estatales y municipales existentes, en favor de grupos sociales vulnerables.

3. La posición geográfica de nuestro país ha dado, indudablemente, buenas oportunidades para la complementación económica con nuestros vecinos del norte. Aprovecharlas mejor seguirá siendo compromiso de nuestra política exterior. Sin embargo, en un mundo dinámico, en el que el mapa económico y político se mueve con relativa rapidez, y con ello también las oportunidades para apoyar el desarrollo de México, resulta vital para los mexicanos amplíen y fortalezcan las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con otros países y regiones del mundo, por lo tanto sería conveniente realizar un estudio que midiera los alcances y oportunidades para el desarrollo económico de México con otros países distintos al país vecino, analizando las amenazas y retos a los que nos estaríamos enfrentando en materia de comercio exterior.

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Desarrollo Social

4. Para que la ASF elabore un estudio que evalúe las condiciones del Sistema de Salud mexicano a partir de los recursos nacionales de salud (materiales y humanos) considerando, que de acuerdo con lo señalado por la OCDE, México continúa ejerciendo un bajo gasto público y una limitada inversión; asimismo, dicho estudio debe considerar en consecuencia, cuál ha sido su impacto en la tasas de morbilidad y mortalidad por la escasez de equipos, como lo son los de tomografía computarizada y de resonancia magnética, que son básicos para la prevención y valoración de alteraciones en tejidos, así como detección de cáncer u otras patologías.

5. Estudio sobre la vinculación entre pobreza, desnutrición infantil y bajo nivel de desempeño educativo en educación básica en las comunidades con mayor índice de rezago social en el país.

6. Estudio sobre las empresas proveedoras (reales y fantasmas), vinculadas al mecanismo de contrataciones que tienen lugar entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en consideración de que tales empresas son subcontratadas con la intención de desviar recursos públicos.


7. Estudio diagnóstico sobre el desempeño del sector agropecuario en el período 1994-2017, y los resultados en este sector de la implantación del TLC.

8. Estudio integral del esquema para la determinación de tarifas eléctricas para el

suministro básico de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En 2016, la CFE recibió un subsidio por 30 mil 000.0 millones de pesos para cubrir la insuficiencia tarifaria de 52 mil 056.0 millones de pesos. La importancia de fortalecer el esquema radica en permitir que la CFE participe competitivamente en un mercado eléctrico abierto con menores transferencias por parte del Gobierno Federal.

9. Estudio histórico de las coberturas petroleras, con el fin de determinar su costo-

beneficio.

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Gasto Federalizado

10. Estudio sobre las figuras discrecionales (fideicomisos no paraestatales y programas de

subsidios que no cuentan con reglas de operación y) carentes de regulación normativa, utilizadas en el ejercicio de los recursos autorizados para el Ramo 23 en el PEF.

11. Realizar un estudio a fin de verificar la correcta aplicación de los “Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos” en los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México que reciben recursos públicos federales del Ramo 23.

4.2.3. Propuestas de Evaluaciones de Políticas Públicas

Gobierno

1. Evaluación de la política pública de Seguridad y Procuración de Justicia, en relación a la prevención del delito y eficacia en la justicia penal.

2. Evaluación de la política pública orientada al cumplimiento de los objetivos asociados a la seguridad alimentaria. La presente administración comprometió una estrategia de desarrollo agropecuario, pesquero y alimentario orientada a fortalecer la seguridad alimentaria en dos vertientes asociadas:

• En el plano nacional como un coeficiente de producción nacional de granos básicos y oleaginosas que reducirían la vulnerabilidad y dependencia del exterior.

• Cómo combate a las carencias alimentarias de la población más vulnerable y de todos los mexicanos en general.

3. Derecho de trámite aduanero es una de las seis contribuciones que pueden causarse con motivo de la actividad de importación. A diferencia de ese derecho, las otras cinco sí son impuestos y sí se reportan como ingresos fiscales (impuesto general de importación –arancel–, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto especial sobre producción y servicios y derecho de almacenaje).

El trámite aduanero se cobra con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera. Los ingresos que se generan cada año por el derecho de trámite aduanero, y que no se enteran como ingresos fiscales a la Tesorería de la Federación, no

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son transparentes en la captación ni la aplicación de los ingresos provenientes de dichos Derechos, como lo ha mencionado la ASF desde la revisión de la cuenta Pública del 2001, por lo cual sería conveniente que se realizara una evaluación del destino final de estos recursos por parte del SAT.

4. El Programa Sectorial de Relaciones Exteriores se desprende de las grandes directrices que marca el Plan Nacional de Desarrollo; Principalmente de la 5ª Meta Nacional (Un México con Responsabilidad Global). Dicho Plan establece cuatro objetivos de política exterior: Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo; Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural; Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva y la última la de Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en territorio nacional. El cuarto objetivo es primordial, ya que contribuye a la consolidación del derecho internacional, lo que permite defender el interés nacional, y al mismo tiempo, promover de manera responsable y solidaria, el bienestar de la comunidad global, por lo que es conveniente analizar los avances y retrocesos que se han tenido en materia de derecho y seguridad de nuestros connacionales en las distintas representaciones de México en Estados Unidos, a través de una evaluación que mida los retos a los que nos estamos enfrentando por los tiempos que se están viviendo.


5. Evaluación al Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, que permita identificar los factores estructurales que limitan la capacidad de generación de energía eólica en las centrales de la CFE, y frenar la adquisición de ésta a precios superiores a los Productores Externos.

6. Evaluación sobre los resultados de la Reforma Energética implementada en 2013, en

relación con el crecimiento económico y desarrollo del país. Específicamente las consecuencias del sistema licitatorio de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos que surgió de ella, recorte del presupuesto para perforación de pozos, aumento en la importación de gasolina, incremento en el precio de las gasolinas, baja productividad de Pemex, débil mercado interno, baja recaudación fiscal por la llegada de las empresas privadas, mayor producción de petróleo por las empresas privadas y menor producción de Pemex. Es importante efectuar esta evaluación en términos del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la reforma incluyendo el cumplimiento de las metas.

7. Evaluación sobre los resultados del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018

(PROSECTUR), con el propósito de identificar el alcance, resultados y áreas de oportunidad, relacionadas con el diseño de los programas gubernamentales.

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8. Evaluación de la Política Pública a los Programas de Infraestructura que tiene bajo su responsabilidad la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), principalmente los relacionados con los componentes “Ampliación y/o mejora de la Vivienda”, “Espacios Públicos y Participación Comunitaria” e “Infraestructura para el Hábitat” con el propósito de determinar las afectaciones en términos del rezago habitacional y el número de beneficiarios que deberán esperar para contar con una vivienda digna a nivel nacional, considerando los recursos que estaban destinados al programa de infraestructura de la SEDATU y que fueron reorientados, sin autorización de la SHCP, a cubrir compromisos de gasto corriente, al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con dos entes Públicos Estatales y siete Universidades Públicas.

Desarrollo Social

9. Evaluación de la política pública a los diversos sistemas de pensiones en México, considerando que de acuerdo con la CONSAR, se estima que la población de 60 años y más será, por mucho, la de más rápido crecimiento dentro del periodo de 2015 al 2030, en el Mundo y en México; en consecuencia, se prevén cambios demográficos inevitables que generarán presiones fiscales en los esquemas actuales que en su momento tuvieron reformas antes de 1997 y así como en demás esquemas en los que aún no hay reformas.

10. Evaluación de la política pública aplicada en la promoción y fomento del deporte y

cultura física en el país, con el objeto de conocer los principales logros, deficiencias y áreas de oportunidad en la materia.

4.3. Áreas de oportunidad y propuesta adicionales para la ASF Como parte de la conclusión de los trabajos de análisis a los informes individuales de auditorías y al Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, la CVASF (con apoyo técnico de la UEC) elaboró 13 planteamientos que se consideran importantes de atender para la mejora del trabajo de fiscalización de la ASF.

1. Realizar auditorías a la SHCP a fin de verificar la correcta aplicación de los “Lineamientos

que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos”.27

27 Se considera un área de oportunidad; sin embargo, se incluye de manera paralela como una propuesta de estudio, para que la ASF, dentro de su autonomía técnica y de gestión, considere su inclusión al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior.

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2. Dar seguimiento y verificar si las observaciones solventadas tienen consecuencias positivas en la práctica institucional de la entidad fiscalizada. Esta información se considera básica para combatir la recurrencia de observaciones en las entidades públicas.

3. Fortalecer la revisión interna previa a la redacción final de los informes individuales de auditoría y del informe final (en particular, la repetición de párrafos en los informes de auditoría).

4. Definir con mayor precisión el tipo de dictamen que se emite en los informes de auditoría, adicionalmente elaborar una base estadística de estos, por entidad fiscalizada y Cuenta Pública, que cubra los ejercicios 2000-2016.

5. Elaborar un programa de seguimiento y evaluación de los grandes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

6. Identificar los programas públicos presupuestarios que por sus características pudieran considerarse duplicados, a efecto de proponer los ajustes que considere necesarios.

7. Evaluar la aplicación de la metodología de la Matriz de Indicadores para Resultados en el sector público, considerando en especial la consistencia de los resultados de los indicadores y la veracidad de las fuentes generadoras de la información.

8. Crear en la página de internet de la ASF un índice temático de los informes de auditoría que haga más amigable al público en general la búsqueda e identificación cruzada de datos, por entidad, tema o rubro de interés, ubicación geopolítica y/o tipo de dictamen de los mismos.

9. Presentar en cada informe de auditoría un cuadro resumen en el que se desglosen las recuperaciones por observación específica realizada.

10. Que se fundamenten y motiven las solventaciones de las acciones que impliquen mayores montos observados en los informes de auditoría.

11. Buscar mayor consistencia entre irregularidades y acciones promovidas con los dictámenes emitidos.

12. Evolucionar el enfoque de las evaluaciones de políticas públicas en el sector comunicaciones y transportes, teniendo en cuenta que el sector es parte fundamental de la infraestructura del país.

13. Establecer mecanismos de coordinación entre la ASF y la Cámara de Diputados a efecto de que las propuestas de reformas y modificaciones de ley, que se derivan de la fiscalización superior, tengan mayor impacto.

comisión de vigilancia de la auditoría superior de la ......derivan del análisis del informe...

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