colombia internacional no. 78

9Colombia Internacional 78, mayo a agosto de 2013, 236 pp. ISSN 0121-5612, pp. 8-11

Editorial

Laura Wills-OteroUniversidad de los Andes

Este número de Colombia Internacional presenta seis artículos de tema abierto. Todos ellos versan sobre temas de gran interés para investiga-dores de las Ciencias Sociales, y particularmente para politólogos intere-sados en reflexiones teóricas y en análisis empíricos que tratan diversas problemáticas de la disciplina. En primer lugar, Khatchik DerGhougassian aborda el tema del regreso de la religión como un motivo de conflicto en la política internacional para cuestionar la idea de que este regreso esté señalando, necesariamente, el fin a la era de la secularización. Mediante un paralelo con la Guerra de los Treinta Años, que culminó en la paz de Westfalia y en la secularización exitosa de Occidente, el autor sugiere que el actual conflicto inter-islámico entre los sunni y los shía bien podría indicar el inicio, a largo plazo, de la secularización de la política en el mundo árabe-musulman.

El trabajo de Rodrigo Salazar-Elena analiza la doble ronda electoral en las elecciones presidenciales en Perú y busca determinar si este sistema tiene algún efecto sobre los niveles de legitimidad del primer mandatario. Estudios sobre los efectos institucionales en la configuración del poder plantean que las reglas que exigen mayoría absoluta para la elección de los gobernantes aseguran mayor legitimidad de los mismos, en la medida en que estos cuentan con el respaldo de la mayor parte del electorado. Salazar Elena concluye que en el caso concreto del segundo mandato de Alan García, tal efecto se confirma, puesto que los electores que no vota-ron por él en la primera ronda pero sí lo hicieron en la segunda evaluaron la gestión del presidente de igual forma a como lo hicieron quienes le dieron su apoyo en primera instancia. Los hallazgos de la investigación respaldan la hipótesis de estudios anteriores.

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Lucas Becerra introduce una propuesta teórica que denomina “constructivismo realista periférico”. El objetivo es sugerir un marco conceptual-metodológico novedoso que permita analizar las nociones de realismo y constructivismo con una mirada desde el “Sur” y desde un enfoque sistémico. Igualmente, el marco conceptual permite analizar el comportamiento de las unidades que componen el sistema (agentes centrales y periféricos) mediante la comprensión de cómo se generan las percepciones de amenaza y de beneficio. El artículo también propone dos modelos analíticos-explicativos orientados a entender las dinámicas políticas y económicas que dinamizan procesos asociativos en las periferias. Por otro lado, Sergio Caballero Santos analiza la agenda política de Mercosur y subraya que la misma ha experimentado una redefinición temática como resultado de una crisis regional que se dio entre 1999 y 2002. Para poder analizar la nueva agenda sociopolítica que emerge a partir de 2003, el autor plantea que se requiere la incorporación de un enfoque más amplio que el adoptado tradicionalmente.

Finalmente, los últimos dos trabajos elaboran reflexiones teóricas sobre la democracia política y el concepto de sociedad civil. Gabriel Enrique Arjona Pachón presenta un análisis de la obra filosófica de Martha Nussbaum, y tiene como fin explicar la naturaleza de su liberalismo político. Reflexiones sobre la justicia y el cultivo de la humanidad en perspectiva cosmopolita sirven como claves de comprensión y construcción de la democracia en el mundo contemporáneo. Luciana Ballestrin y Cristiana Losekann hacen una revisión crítica del concepto de sociedad civil, el cual, según ellas, se ha definido desde el Norte global. Las autoras tienen como objetivo presentar algunos aportes al concepto sobre especificidades que surgen en el Sur global. Esto con el fin de ampliar la definición de sociedad civil mediante el reconocimiento de la importancia que tienen los diferentes contextos.

Además de los artículos temáticos, en la sección “Documentos” incluimos la transcripción de un discurso pronunciado por el presidente de Alemania, Joachim Gauck, en la conferencia “Reconciliación y cultura de la memoria en Alemania”, que tuvo lugar en la Universidad de los Andes el 10 de mayo de 2013. La conferencia del Dr. Gauck giró en torno

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a preguntas relacionadas con justicia transicional, con la reintegración de excombatientes y con asuntos relacionados con el perdón y olvido de victimarios y víctimas en conflictos armados internos.

Antes de cerrar esta nota editorial, quiero hacer algunas menciones de reconocimiento: en primer lugar, a Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quien se desempeñó como directora del Departamento y de la revista Colombia Internacional desde enero de 2009. Con el lanzamiento de este número inaugura su período en los dos cargos Juan Carlos Rodríguez-Raga, a quien le doy una cordial bienvenida. Igualmente, quiero hacer un reconocimiento a Sylvia Chaves O’Flynn por su labor en la coordinación editorial del Departamento durante el último año, desearle suerte en sus proyectos académicos y darle una especial bienvenida a Melisa Restrepo Molina, quien ocupará el mismo cargo a partir de agosto. Cabe también mencionar que los comités científicos y editoriales fueron recompuestos a partir del número anterior (77), y que desde este año (2013), la revista se publicará cuatrimestralmente. Con ello, se pasa de dos a tres números anuales. Finalmente, quiero agradecer la labor cumplida por la anterior directora, por los coordinadores y comités editoriales que nos acompañaron los pasados años. Su paso por la revista contribuyó de manera decidida a su fortalecimiento en el plano académico, así como en el plano editorial.


de la Guerra de los treinta años a la yihad en el siglo XXI: el conflicto religioso, ¿preludio de la secularización?

RESUmEN El “regreso de la religión” en la política internacional es un fenómeno cuya manifestación desde los 1980 es incuestionable. Desde la Teoría de las Relaciones Internacionales, mientras las miradas positivistas le siguen negando al factor religioso una relevancia como variable independiente en el análisis de la conflictividad global, los pospositivistas argumentan a favor de nada menos que un campo de estudio para entender la centralidad de su rol en la dinámica del poder y la identidad. ¿Estaría “el regreso de la religión” poniendo fin a la era de secularización y a todos los supuestos de la racionalidad moderna a la hora de entender la dinámica de la política? A partir de esta pregunta, el trabajo enfoca las actuales líneas de fractura en el Islam para argumentar que, al contrario, la yihad en el siglo XXI podría bien señalar la última guerra de la secularización.

PALAbRAS CLAvEyihad • religión • secularización • sunni • shía

From the thirty years War to 21st Century Jihad. a Prelude to secularization?

AbSTRACTThe “return of religion” in international politics is an observable phenomenon since the 1980s. From the perspective of IR Theory, positivist schools do not consider the religious factor an independent variable explaining the current global conflict; whereas post-positivists have gone as far as to advocate for a proper field of study. Is the “return of the religion” conceptually announcing the end of the secular era and all the Modern rationale for the study of the political dynamics? This study departs from this question to focus on the lines of fracture within the Islam to argue that in fact Jihad in the 21st century might well be the very sign of the last war of secularization.

KEyWORDSJihad • religion • secularization • Sunni • Shia

Recibido: 29 de mayo de 2012

Modificado: 28 de noviembre de 2012

Aprobado: 30 de noviembre de 2012

Khatchik DerGhougassian es PhD en Estudios Internacionales de University of Miami (Coral Gables, FL). Actualmente es profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés (Argentina), y profesor visitante de American University of Armenia (Ereván, República de Armenia). Sus últimas dos publicaciones son:La defensa en el siglo XXI. Argentina y la seguridad regional. Khatchik Derghougassian (comp.), con Valeria Larroca, Federico Merke, Germán Montenegro y Juan Gabriel Tokatlian. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual. 2012.“The Armenian Genocide on the International Agenda: The Case for Diplomatic Engagement” (“El Genocidio de los armenios en la agenda internacional: el caso para un compromiso diplomático”), Haigazian Armenological Review, vol. 32, pp. 229-260. 2012.

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint78.2013.02

La idea del artículo nació en un círculo de reflexión sobre religión y espacio público que coordinaba el Dr. Carlos Floria. Una primera versión fue presentada y discutida el 22 de abril de 2008 en la Sesión Académica “La dimensión religiosa y la política internacional”, con la participación del padre Rafael Braun y José Luis Galimidi, y la coordinación de Carlos Floria, organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Una segunda versión se expuso en los Seminarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, en 2012. El trabajo se elaboró como parte de mi tarea de investigador de la Universidad de San Andrés.


de la Guerra de los treinta años a la yihad en el siglo XXI: el conflicto religioso, ¿preludio de la secularización?1

Khatchik DerGhougassianUniversidad de San Andrés

IntroducciónEl regreso de la religión como motivo de un conflicto violento en la polí-tica internacional parece ser un hecho poco dudable a principios del siglo XXI. Samuel P. Huntington (1996) ha sido el primero en conceptuar la con-flictividad en la pos Guerra Fría, en su tesis del “choque de civilizaciones” en cuanto a cultura e identidad, y no como hasta entonces se formulaba, por razones de ideología política, incentivos económicos, disputa por el poder, la conquista territorial o el dominio sobre otras sociedades. De acuerdo con su razonamiento, con el final de la confrontación bipolar, las cuestiones de identidad y cultura han tomado tanta relevancia que pueden alterar el supuesto de secularización de la política: la sólida base del pensamiento racional de Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Clausewitz, Marx, Weber, y otros. Las civilizaciones, según Huntington, se definen fundamentalmente por una religión.

1 Versión revisada de un texto previamente publicado como Documento de Trabajo en la página de internet del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de San Andrés, Argentina.

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De la Guerra de los Treinta Años a la yihad en el siglo XXI


La perspectiva huntingtoniana de la conflictividad en la pos Guerra Fría era doblemente desafiante. A la certidumbre de la irrelevancia de la religión en los conflictos, primero, y luego, a las expectativas de una humanidad unida en su diversidad que prometían los entusiastas de la globalización en su optimismo alentador. Así, desde la violencia de las ca-ricaturescas sectas milenaristas hasta el pleno abrazo de los islamistas a la teoría de Huntington, la pos Guerra Fría se caracterizó –parafraseando a Gilles Kepel– por la “revancha de Dios” (1992) en las formas más apoca-lípticas profetizadas en las Sagradas Escrituras.

El contexto del pos 11 de septiembre de 2001 ha proporcionado el escenario más dramático de este sangriento regreso de la religión en la política, con el protagonismo del presidente de la única superpotencia mundial confeso cristiano renacido, que no sólo ha simplificado el dis-curso político al extremo como la lucha entre el Bien y el Mal, sino que también ha declarado sin reservas que se considera inspirado por Dios en su cruzada contra el terrorismo. La cara visible de este terrorismo, por otra parte, es el islamismo, la yihad, de cuya potencia quieren ser testigos los que no dudan de matar y matarse en atentados suicidas como suprema prueba de fe, en pleno desafío a la mayor potencia en la Historia desde el Imperio romano.

El culto a la violencia por la violencia y más violencia que parece caracterizar el escenario actual del choque de civilizaciones ha pro-pulsado inevitablemente la pregunta acerca del papel que la religión tiene, precisamente, en la magnitud de la violencia en un conflicto. Para Huntington, los conflictos motivados por la cultura e identidad, que en el contexto internacional conceptualiza como “Fault Line Wars”, no dejan mucho espacio para la conversión; es posible, razona, cambiar de ideología, por ser una convicción ideológica, pero la identidad es intrínseca al ser y resulta imposible cambiarla sin encontrarse necesa-riamente con la negación del ser (1996, cap. 11). Elie Barnavi y Anthony Rowley, por su parte, señalan que la guerra religiosa es un invento de los monoteísmos, pues son las únicas religiones que proponen una ver-dad absoluta y rechazan la coexistencia con cualquiera otra: “Los roma-nos no hacían la guerra para sus dioses. Su religión no les parecía más

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verdadera que otra, era cívica, tolerante e inclusiva. Los judíos hacían la guerra para su Dios, que era de todos los hombres, les traía la Verdad, y no permitía competidores”2 (Barnavi y Rowley 2006, 11).

De hecho, no es una casualidad que la violencia espectacular en nom-bre de Dios haya generado una reacción tan radical en el otro sentido: el ateísmo militante. Filósofos, pensadores y científicos sociales que se reclaman de la izquierda libertaria como Michel Onfray (2005), o de la es-cuela llamada “nuevo ateísmo”, como Sam Harris (2005), Richard Dowkins (2006) y Christopher Hichens (2007), culpan de un modo directo a las religiones monoteístas y tratan de demostrar que la violencia es inherente a la misma idea de un dios omnipotente. Desafiante en su propósito, com-prometido y combativo en sus objetivos, el planteo del “nuevo ateísmo”, sin embargo, no permite entender la religión en su manifestación como fenómeno social. Tampoco ofrece algún esquema de análisis para delinear la tendencia de la conflictividad motivada por la religión y definida como guerra de religión. Es cuestionable, por último, la convicción de que el incremento de la magnitud de la violencia en los conflictos actuales sea resultado de la “religionización” de la muerte; pues los regímenes secula-res y ateos militantes han demostrado su capacidad de superar el grado de horror que hasta entonces se les adjudicaba a las religiones: los genocidios y el arma nuclear son inventos de la era secular, y la industrialización, masificación y deshumanización de la muerte no han perdido nada de su ferocidad con la racionalización y tecnificación de la vida en el siglo XX.

Desde la Teoría de las Relaciones Internacionales, la importancia del factor religioso en el entendimiento de la conflictividad internacio-nal se interpreta básicamente de dos formas distintas, de acuerdo con la perspectiva epistemológica. La mirada positivista a la dinámica de la política internacional, incluidos el realismo, el liberalismo y el marxis-mo, no considera la religión como factor determinante de la conflicti-vidad, cuyas causas primeras, según la racionalidad positivista, son de

2 Original en francés, traducción libre del autor. El mismo procedimiento se aplicará en el caso de todos los textos cuyo original no esté en español.

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orden histórico/materiales. Los pospositivistas, a cambio, argumentan la necesidad de nada menos que un campo de estudio que se llamaría Teología Política Internacional (Kubalkova 2003). Esta línea epistemo-lógica, y el prospecto mismo de “traer de vuelta a la religión” como objeto de estudio en la disciplina de las Relaciones Internacionales, se desvían, por lo tanto, de la perspectiva de la modernización que supone demostrada la secularización de la política en el período que empieza en 1648 con la Paz de Westfalia y concluye con el fin de las Guerras de Sucesión en España, entre 1814 y 1815, cuando se consolidó y se internacionalizó el Estado territorial.

De manera más específica, en el ámbito de los estudios de seguri-dad, el supuesto de la secularización de la política internacional había terminado de ubicar el conflicto en la lógica clausewitziana de la gue-rra o de la máxima manifestación de la Voluntad General, que era la fascinación por la revolución desde 1789. En esta perspectiva analítica, el concepto de seguridad se entendía fundamentalmente en el sentido tradicional de defensa del territorio, interés nacional, lucha por el po-der interno o internacional. En definitiva, la conquista del Estado, en un sentido muy amplio, se planteaba como último horizonte tanto en las guerras como en las revoluciones y conflictos internos. La emergen-cia de visiones más críticas y pospositivistas en las ciencias sociales y la disciplina de las Relaciones Internacionales desde mediados de la década de los ochenta, y sobre todo en los noventa, alcanzó inevitable-mente el área de los estudios de seguridad. La propuesta de reconsi-derar los supuestos epistemológicos vigentes terminó consolidando el esquema analítico de seguritización de la Escuela de Copenhague, que ya es un concepto de amplio uso académico y, en menor medida, prácti-co. En la línea de este esquema analítico, el enfoque es la dinámica que hace de cualquier fenómeno un referente en la agenda de seguridad. La pregunta, por lo tanto, es cómo se estudia la religión en el esquema analítico de la seguritización.

Carsten Bagge Lausten y Ole Wæver (2000) argumentan a favor de la necesidad de considerar la religión como un sector particular en el es-quema de análisis, y no en función de otros referentes como comunidad

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o nación. Esta primera consideración implica un mejor entendimiento de la religión, que, basándose en un análisis de las tres etapas del ser de Kierkegaard –la estética, la ética y la religiosa– y la doble negación –la bes-tialidad y la humanidad– de George Bataille, se define en tres niveles: la fe como principio de discursivización, la distinción entre el trascendental y el inminente como el principio de primera codificación, y la mediación como segunda codificación. Estos tres niveles se encuentran en todas las religiones; por lo tanto, se trata de la religión, y no una religión particular como pretendía Hegel en su conocida ironización (“No pido frutas, sino manzanas o naranjas”). En su definición como sector en el esquema de seguritización, la religión formula el Ser ante Dios como el objeto para el criterio de la supervivencia. Si la práctica de la fe se ve amenazada, es la propia identidad humana la que está en peligro. En esta lógica de seguri-tización, la guerra religiosa se presenta en tres distintas formas en la po-lítica internacional: cuando un grupo religioso es considerado como una amenaza a la supervivencia del Estado, cuando la fe es amenazada por al-gún actor o proceso no religioso –Estados, secularización, modernización, industrialización–, y cuando la fe es amenazada por otro discurso o actor.

¿Estaría, entonces, el regreso de la religión en la política marcando un revés de la secularización, o, por lo menos, señalando sus limitacio-nes y, en consecuencia, las debilidades del supuesto que fundamenta el entendimiento positivista de las Relaciones Internacionales? Ésta es la pregunta que motiva las reflexiones formuladas a continuación en tor-no del fenómeno del islamismo y la yihad en el siglo XXI. No se trata de una reformulación de la tesis huntingtoniana en términos aún más centrados en el factor religioso de un Occidente judeocristiano alar-mado por el dinamismo del Islam (Selbourne 2005; Palomino 2008). Al contrario, pese a las estadísticas que confirman un incremento de la religiosidad en el espacio público (Sanneh 2006), y aun en la dinámica política, este ensayo parte del supuesto de la secularización consolida-da de manera exitosa en Occidente, para analizar en una perspectiva de sociología política internacional el fenómeno de la yihad contem-poránea, y determinar si su dinámica no escondería a largo plazo un proceso de secularización propio del mundo árabe-musulmán.

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Tal hipótesis, inevitablemente, supone un esfuerzo analítico com-parativo que, sin embargo, descartaría cualquier tentación determinis-ta. En este sentido, el ensayo no pretende adherir a ningún espejismo o repetición de la Historia, tan particular de la linealidad propuesta por la Teoría de la Modernización. Una mirada comparativa a las con-diciones estructurales de la secularización en Europa y el fenómeno de la yihad permitiría cerciorarse mejor de la complejidad del Islam y del islamismo, y, a la vez, reconsiderar en una mirada crítica las asentadas generalidades de la secularización en sí. Las reflexiones basadas en la perspectiva comparativa que se proponen, además, parten de ciertas consideraciones primarias fundamentadas en observaciones fácticas, y más precisamente, tres. Primera, el proceso de secularización ha fraca-sado, o ha tenido un éxito parcial, en el mundo árabe-musulmán, como lo demuestran, entre otros, la derrota del proyecto naserista panárabe, el triunfo de la Revolución Islámica en Irán y sus consecuencias en cuanto al despertar de la identidad de los shía y su reivindicación his-tórica, y el desafío al kemalismo de los islamistas en Turquía; segunda, el proceso de secularización siempre ha sido un blanco para el Islam político, y en particular para el islamismo contemporáneo que desde Al-Afghani hasta Hasan Al-Banna, Saíd Al-Qutb, el ayatolá Ruhollah Jomeini y Aiman Al-Zawahiri identificó su lucha contra Occidente con su militancia contra la secularización de las sociedades musulmanes; y tercera, la doble militancia ideológica antioccidental y antiseculari-zación de los islamistas acontece en el contexto geopolítico-regional del Medio Oriente, donde tanto la creación del Estado territorial en el principio del siglo XX como su crisis en la última década del mismo son en gran parte consecuencia del intervencionismo occidental.

El parcial fracaso de la secularización en el mundo árabe-musulmán y el auge de la religión como eje orientador de la dinámica política no suponen un replanteamiento de la problemática en términos dicotómi-cos secular versus religioso, o una dialéctica en curso, como, por ejem-plo, a menudo se simplifica el proceso social-político en Turquía desde la victoria electoral de los islamistas en 1995 y su regreso más firme en la escena política en 2002, luego de su forzado alejamiento de parte

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del establishment militar kemalista. La dicotomía existe, por supuesto; y un curso dialéctico entre religiosos y seculares que estaría gestando un nuevo fenómeno social puede tener cierto fundamento. Pero no es la perspectiva conceptual/teórica del presente trabajo. Sería, de todas maneras, la simplificación de un esfuerzo analítico que ambiciona cer-ciorarse de la complejidad de las grandes estructuras sociales formadas y consolidadas en el trascurso de la Historia. Estas reflexiones tam-poco desestiman los argumentos ético-morales que a menudo forman el eje de un debate promovido sobre todo por pensadores y teólogos musulmanes reformistas. Al contrario, la Reforma ha sido el factor principal para el desencadenamiento del proceso de secularización en Europa, y como tal no puede faltar en un análisis comparativo. Y aunque no exista en el Islam un equivalente en las dimensiones que este movimiento adquirió en Europa, los reformistas islámicos en su diversidad cumplen, o podrían cumplir, un papel esencial en las trans-formaciones estructurales del mundo árabe-musulmán. Se trata, por lo tanto, de ubicar el reformismo islámico en su función de variable de intervención o de condición en el análisis comparativo.

Por último, las reflexiones que se presentan en este ensayo no pre-tenden llegar a una conclusión determinante. Al contrario, su propósito es demostrar la necesidad de un programa de investigación sobre la pro-blemática de la secularización política en el mundo árabe-musulmán; y abrir un espacio de debate para la formulación de las hipótesis adecuadas, incluido el cuestionamiento de la secularización como una estructura históricamente consolidada.

En lo que sigue, propongo, en primer lugar, una mirada a la natu-raleza de la violencia religiosa que remite al Islam siguiendo la lógica de Carsten Bagge Lausten y Ole Wæver, y que termina enfocando el conflicto intraislámico como el aspecto más controvertido del fenóme-no de la guerra religiosa desatada en nombre del Islam. En la segunda sección analizo el proceso de secularización en Occidente, con énfasis sobre el significado de las guerras religiosas en la Europa de los siglos XVI-XVII. La tercera sección discute la idea de la secularidad desde la perspectiva de las interpretaciones de pensadores musulmanes. En la

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conclusión intento esquematizar el análisis comparativo en un acerca-miento desde la sociología política internacional y termino reflexio-nando en torno a ciertas generalidades.

1. Las líneas divisorias en el IslamLa actual guerra religiosa remite esencialmente al Islam, y su escena-

rio geopolítico es la extensión territorial desde el norte de África hasta Afganistán y, en menor medida, Asia Central. Desde la perspectiva teórica de la seguritización, no sólo encontramos simultáneamente las tres formas de la guerra religiosa caracterizadas por Bagge Lausten y Wæver, sino también, a la vez, un efecto de derrame más allá del escenario de la con-flictividad y una estrecha correlación con la proyección global del poder de Estados Unidos -la única superpotencia en el mundo unipolar. De mane-ra que las dimensiones interna, externa y global de la guerra religiosa en este principio del siglo XXI se encuentran en una compleja interconexión que de por sí descarta cualquier solución simple o relativamente rápida.

Con respecto a la amenaza de la supervivencia del Estado que presentan ciertos grupos religiosos, se puede ver en particular en Pakistán, Turquía, Argelia, Marruecos, Siria, Egipto, y hasta en Arabia Saudí. Pese a la ambigüedad de las políticas estatales en algunos de es-tos casos, el proceso de seguritización del Estado es claramente visible en medidas prohibitivas o de represión directa. Esta primera forma de conflictividad de la religión tiene su efecto de derrame sobre todo en Europa: en Francia, la política del Estado se ha movido en el sentido de la defensa de la laicidad como elemento identitario; la vigencia de la memoria histórica del enfrentamiento de casi cuatro siglos del imperio de los Habsburgo contra la expansión otomana en Austria, a la hora de debatir el ingreso de Turquía en la Unión Europea; y la movilización social y política en los Países Bajos, Dinamarca y Bélgica, donde el ase-sinato del cineasta Theo Van Gogh, el episodio de las caricaturas del Profeta, la reacción violenta a provocaciones islamofóbicas y la inter-vención legal o coercitiva de las comunidades musulmanas en la políti-ca local -a menudo alentada o instigada por Ankara- se perciben y se formulan discursivamente como un asalto al Estado para su conquista.

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La defensa del judaísmo como el carácter identitario del Estado de Israel es una segunda forma de la conflictividad religiosa, donde un ac-tor o proceso no religioso es percibido como una amenaza a la fe. En esa misma línea conceptual se circunscribe la legitimación de la yihad que se ha teorizado y puesto en práctica desde Saíd Al-Qutb hasta Osama Bin Laden, y que se fundamenta en la amenaza de la secularización inherente, primero, a la expansión colonial de Europa después de la Primera Guerra Mundial, y, luego, a la consolidación de la presencia de la primacía esta-dounidense desde la década de los cincuenta, pero sobre todo con el fin de la Guerra Fría. La narrativa de la historia del siglo XX en la interpre-tación de los islamistas parte del mayor golpe a la unidad institucional de la Umma, o la comunidad islámica amplia, que ha sido la abolición del Califato por Mustafa Kemal en Turquía, en 1924. Desde entonces, la forzada fragmentación de la Umma en Estados territoriales y la legiti-mación de las ideologías seculares como el nacionalismo y el socialismo en las políticas estatales, junto con la creación –colonialista, según esa misma narrativa– del Estado de Israel, son consideradas una amenaza a la fe islámica. Es en esta lógica que aconteció el primer enfrentamiento del ayatolá Jomeini con el sha Reza Pahlavi, en 1963, cuando en Irán se implementó la llamada Revolución Blanca, medida que, según argumentó el futuro líder de la Revolución Islámica, constituía una ofensa a la fe y a la forma de vida del Islam.

En cuanto a la guerra religiosa en su forma de enfrentamiento con otra fe, u otro discurso religioso, el argumento evidentemente remite, en primer lugar, a la interpretación del conflicto árabe-israelí como Islam vs. Judaísmo, y los enfrentamientos y, a menudo, ataques directos contra los cristianos, como han sido el caso de la guerra civil libanesa, el asesinato de sacerdotes en Turquía e Irak, los atentados contra las iglesias, el ataque suicida contra sinagogas, etc. Pero el aspecto más violento y conflictivo de esta forma de guerra religiosa en este principio del siglo XXI no es el con-flicto interreligioso, que se adecuaría a la tesis del choque de civilizaciones, sino la línea de fractura en el Islam y la ya abierta guerra civil regional entre los shía y los sunni. Pues si la confrontación judío-musulmana y, en menor medida, cristiano-musulmana no deja de ser una prolongación de

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las luchas nacionalistas, o, de todas maneras, su tergiversación, y, por lo tanto, es todavía posible pensar en una solución en términos territoriales o participación en el poder –la creación del Estado palestino, la resolución del conflicto libanés, la terminación de la guerra civil en Siria, etcétera–, el enfrentamiento dentro del Islam tiene en su esencia una lucha por el poder que ambiciona nada más y nada menos que el destino del conjunto de la Umma. En teoría, por lo tanto, este enfrentamiento es mucho más in-transigente, pues se trata de la legitimidad del propio objeto de referencia, que es la fe islámica. Por supuesto, y por suerte, la realidad no se formula en estos términos extremos y absolutos; pero por la geopolítica misma de este enfrentamiento, su resolución apunta por lo menos a la reconsidera-ción del balance de poder y aspira a mediano plazo a modificaciones de las fronteras territoriales. A largo plazo, la esencia de este enfrentamiento lleva, o a la victoria absoluta de una de las partes del conflicto, o a la se-cularización de la política en el Islam.

Es esta última consideración la que nos propone un desafío inte-lectual aún mayor que la dinámica de la seguritización de la religión. En definitiva, es la evolución de la yihad la que nos va a decir algo acerca del regreso de la religión a la política internacional, pues tiene una correlación con la política de poder en el contexto estructural unipolar como ninguna otra religión tuvo con la estructura del poder en el mundo en tiempos modernos. De hecho, si Estados Unidos nació de una revolución que en su esencia se quería secular, o, como otras miradas proponen, si se concibió como una nueva Jerusalén, es un vie-jo debate que ha retomado vigencia desde que la llamada “revolución conservadora” de Reagan les abrió un espacio importante en la política a los grupos fundamentalistas evangélicos. Pero más allá de cualquier respuesta a este planteo, y como Edward Said ha argumentado, la sos-pecha del Islam como una amenaza, junto con el interés por el petró-leo, ha caracterizado el rasgo orientalista de la política de Washington en Medio Oriente desde mediados de los cincuenta. La administración de George W. Bush partió de las perspectivas orientalistas de Bernard Lewis y otros para diseñar su proyecto regional en Medio Oriente, después del 11 de septiembre de 2001. Y por más que el Departamento

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de Estado se esfuerce en la racionalización de la Guerra contra el Terrorismo, las sucesivas encuestas de opinión en el mundo musulmán revelan una persistente percepción antiislámica en el comportamiento de Washington. La evolución de la yihad, entonces, depende en gran parte de los giros de la política estadounidense en Medio Oriente, en particular su postura con respecto a la fractura intramusulmana.

La determinación de si la evolución de la yihad marcará el regreso de la religión a la política internacional a largo plazo o si, al contrario, lleva en sí la semilla de la secularización de la política en el Islam –y, por lo tanto, el enfrentamiento shía-sunni es similar a la Guerra de los Treinta Años, y acabará en una nueva Westfalia–, precisa una perspectiva teórico-analítica distinta. No se trata, claro, ni de una repetición de la historia, ni de la aceptación de la modernización en su supuesto universalista. Más bien, se trata de una comparación de procesos históricos de largo plazo para marcar tanto las similitudes como las diferencias que nos permitirían sacar algunas conclusiones más generales. Con este objetivo, la perspectiva teórico-analítica de la Sociología Política Internacional nos permite un mayor entendi-miento de los procesos en su conjunto, para destacar las variables más cruciales que determinaron el resultado final. En este sentido, el propósito, por supuesto, es comparar el proceso de secularización en Europa –y, sobre todo, su batalla final, la Guerra de los Treinta Años, y su resultado, la Paz de Westfalia– con el conjunto del proceso de la emergencia y evolución actual del islamismo desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, tanto el carácter de actualidad del fenómeno de la yihad, así como la mayor complejidad de la política internacional, descartan cualquier simplificación explicativa. Más aún, no debería faltar una visión crítica respecto a la gran narrativa de la secularización, en particular las dimensiones religiosas de las ideo-logías políticas como referentes de la secularización. Por último, por secularización no entenderemos la negación de la religión, ni siquiera su distanciamiento de la esfera pública; tan sólo la creación y conso-lidación de condiciones estructurales que eviten la seguritización de la religión en la política internacional.

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2. La secularización: ¿una singularidad occidental?¿Será la secularización otra narrativa “orientalista”, en el sentido

conceptual definido por Edward Said (1979), o se caracteriza por la universalidad, como prácticamente todos los cambios estructurales en tiempos modernos? La pregunta se hace por lo menos en la pers-pectiva de dos escuelas de pensamiento. La primera es una línea en el ámbito de los estudios poscoloniales que interpreta el fracaso del proyecto secular en el mundo árabe-musulmán desde el cuestiona-miento del carácter universal de la modernización occidental nacida de la Ilustración. La otra es el relativismo de la verdad propio de la perspectiva epistemológico-filosófica del pospositivismo, en particular de la posmodernidad. En este sentido, el debate sobre la secularización remite al cuestionamiento en general de la Ilustración y sus controver-sias. Régis Debray, por ejemplo, apunta a la inevitable “sombra” que ha dejado el Siglo de las Luces (Les Lumières), y en particular, a la falta de respuesta alguna a tres temas en torno de los cuales gira el siglo XXI: la fe, la pertenencia y la violencia. “El Siglo de las Luces nos dijo: ‘Abran las escuelas, cierren las iglesias, las sinagogas, las mezquitas […]’ Y bueno, resulta que un buen número de Estados que no mencionan el nombre de Dios en su Constitución no terminan de caer en el mundo desde 1945” (Debray 2006-2007, 98). Otros, como Dan Hind (2008), alertan sobre la necesidad de recuperar los valores de la Ilustración amenazada por la emergencia del relativismo, el fanatismo fascista y el fundamentalismo religioso.

Pero para determinar el alcance de la secularización en Europa y su expansión a las Américas conviene empezar, como sugiere Austin Dacey, distinguiendo los términos de secularismo, secularidad y secu-larización en el modo en que a menudo sugieren los sociólogos de la religión (2008, 30). El secularismo es la política de la separación del poder civil y el poder eclesiástico y la promulgación de la libertad de conciencia de los ciudadanos. La secularidad remite a la indiferencia religiosa de los ciudadanos, en cuanto a la poca importancia que se le da a la religión organizada. La secularización, finalmente, es el proce-so –aún un tema en discusión entre los estudiosos– mediante el cual

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las sociedades tienden a incrementar la secularidad y el secularismo, en la medida en que se modernizan y se urbanizan. Un concepto es-trechamente asociado, y prácticamente idéntico, a la secularidad es el laicismo. Como Baubérot bien señala, el término del laicismo es esen-cialmente francófono y adquiere relevancia pública en la década de los ochenta del siglo XIX, en el proceso de la laicización de la educación pública en Francia, y a principios del siglo XX, cuando se produjo, en 1905, la separación del Estado y de la Iglesia (1996, 13). Si bien am-bos conceptos refieren al mismo fenómeno, la singularidad del caso francés se justifica por la más notable radicalización del proceso de la separación de las esferas de la fe y de la política que se produjo a raíz de la Revolución de 1789 y sus consecuencias. Las reflexiones en torno del mismo fenómeno en el Islam, que son el tema del presente ensayo, conciernen fundamentalmente al proceso de secularización en cuanto a cambios histórico-sociales de larga duración y de naturaleza estruc-tural. Poco, entonces, se invertirá en el debate conceptual, y menos en el aspecto ético-filosófico, del fenómeno sin, evidentemente, descartar del todo apuntes inevitables en ambas direcciones. Se cerciorará más bien del grado y las formas en que la secularidad y el secularismo avanzaron en Occidente, para tener esta experiencia de cambio histó-rico como referente a la hora de enfocar la secularización en el Islam.

Pese a las diferencias en las perspectivas en que se ha estudiado la secularización en Occidente, prácticamente todas las investigaciones remiten a la emergencia de un movimiento reformista en Europa en el siglo XVI y a las profundas consecuencias sociales y políticas del sangriento conflicto entre los defensores del catolicismo y los refor-mistas. La secularización en Occidente está también estrechamente vinculada a la emergencia y consolidación de la estructura del Estado-nación y la gradual, o a veces abrupta –revolucionaria–, inclusión de las masas en la política. Otro consenso importante entre historiadores y científicos sociales que estudiaron la secularización en Occidente es la ausencia de un proceso monolítico en todos los países y todas las sociedades. Para Dacey –quien no cuestiona la secularización de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados

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Unidos, así como, en un sentido distinto, de Japón, Corea del Sur, India e Israel–,3 tres formas distinguieron el proceso en Occidente. En Europa Occidental, el principal objetivo del Estado ha sido asegurar la protección de la libertad de conciencia (la última ejecución por he-rejía ordenada por la Inquisición española en 1826 generó una ola de protestas en todo el continente europeo). Al mismo tiempo, el Estado mantuvo una forma especial de relación con la Iglesia, cuyo rol con el tiempo se fue limitando al aspecto ceremonial, sin interferencia alguna en los asuntos públicos. La excepción han sido los franceses. “Un fuerte sentimiento anticlerical fomentó la Revolución Francesa, sobre todo en su fase jacobina. En el Concordato de Napoleón, de 1801, se reafirmó la libertad religiosa pero al mismo tiempo se designó a la Iglesia católica como la religión de la mayoría. No obstante, los opo-sitores al clero y los republicanos creyeron que una Francia moderna y democrática no podría surgir sin que se aplastara la autoridad de la Iglesia. Su lucha con los tradicionalistas en el siglo XIX reflejó dos visiones antagónicas del país: una Francia católica, ‘hija mayor de la Iglesia’, versus una Francia republicana, hija de la Revolución” (Dacey 2008, 32-33). La lucha la va a ganar el laicismo, que es, mucho más que la consagración de la secularidad, sobre todo uno de los aspectos más característicos de la identidad nacional francesa, que se distin-gue por la masiva irreligiosidad del pueblo: en 2003, sólo el 8% de los franceses asistían semanalmente a los servicios religiosos. La tercera forma de la secularización en Occidente es la vía americana, referida a Estados Unidos. “Mientras que el modelo europeo combina un go-bierno formalmente religioso con una población secular, y el modelo francés asocia un gobierno secular a una población secular, el modelo americano es un gobierno secular y una población religiosa. El Estado se abstiene del negocio de la religión para que las sectas puedan com-petir libremente en el mercado” (Dacey 2008, 33-34). Es importante

3 Curiosamente, deja por fuera a Rusia, y al conjunto de la ex URSS, China y América Latina.

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observar que fue en Estados Unidos donde por primera vez, en 1791, se consagró la separación oficial del Estado y de la Iglesia. Desde en-tonces, las sucesivas sentencias de la Corte Suprema no van a hacer más que consolidar la constitucionalidad de la medida adoptada por los Padres Fundadores.

Para Baubérot, que cita las investigaciones de Georges de Lagarde, el nacimiento del “espíritu del laicismo” data del fin de la Edad Media. Tomás de Aquino ya se había distanciado de Agustín considerando que el orden político no era la consecuencia del pecado original, como razonaba el mayor pensador católico, sino que estaba escrito en el or-den de Dios, cuya finalidad era la búsqueda del bien común. Siguiendo el razonamiento de Edgar Morin, para quien el laicismo empezó a desarrollarse en el Renacimiento, Baubérot considera El príncipe de Maquiavelo como el primer escrito que promulga un nuevo orden político. Pero es la fractura en el cristianismo, con la emergencia de la Reforma, la que mayor impulso le dio a la secularización. Calvino, por ejemplo, usa el término “ jueces laicos” en un sentido positivo para designar a los miembros de las jurisdicciones civiles. Pero la tolerancia a la libertad de conciencia no ha sido un proceso pacífico. Al contrario, Alemania e Inglaterra van a ser los escenarios de guerras civiles, antes que una suerte de “paz religiosa” se establezca. El mayor conflicto, por supuesto, va a ser la Guerra de los Treinta Años, que se acabó con la Paz de Westfalia en 1648, que, como sostiene Baubérot, otorgó ciertos derechos a las religiones ya establecidas. A partir de ahí, es en nombre de la tolerancia que se levantarán gradualmente todas las restricciones impuestas por la Iglesia católica a los protestantes. “En estos países, las Luces del siglo XVIII parecen más una contestación interna de la religión que un combate frontal donde era necesario ‘aplastar al infa-me’” (Baubérot 1996, 20). En esta línea de razonamiento, la particular violencia de la secularización en Francia se debe, en parte, a la revo-cación en 1685, en nombre de la “razón de Estado”, de los derechos concedidos a los protestantes ya en 1598, cuando la misma “razón de Estado” se los había dado antes de que los tuviese cualquier minoría religiosa en Europa.

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La conexión entre la fragmentación de la Cristiandad en el siglo XVI por motivos doctrinarios y el conflicto que le siguió generó las ambiciones políticas que terminaron cambiando el entendimiento y ejercicio de la autoridad. “Las diferencias de orden doctrinario fomentaron ambiciones políticas, y viceversa, en un círculo vicioso que duró siglo y medio. La vida en Europa se hizo cada vez más intolerante, dogmática, temerosa y violenta. Cristianos cazaron y mataron a otros cristianos con una furia maníaca que tiempos atrás era reservada para musulmanes, judíos y he-rejes” (Lilla 2008, 43) El resultado de esta intolerancia en la Cristiandad fue una larga guerra religiosa, la Guerra de los Treinta Años, que terminó con la Paz de Westfalia, en 1648. Los factores más trascendentales del proceso de secularización en Occidente han sido, según analiza Monica Duffy Toft (2007), la fragmentación de Europa y la emergencia del Estado soberano territorial. “El Tratado de Westfalia en 1648 marcó el fin de la era del príncipe desamarrado como soberano, y progresivamente abrió camino para un sistema de liderazgo más secularizado. Los príncipes ya no actuaron como agentes de la autoridad religiosa (o sobre una base igualitaria con respecto a la autoridad temporal), y comenzaron a mirar a la autoridad religiosa como recurso (en cuanto a legitimidad, tangibilidad de bienes, o ambas)” (Duffy Toft 2007, 108). El reclamo de una autoridad por derecho divino, más que por permiso religioso, antecede a la Guerra de los Treinta Años. Pero fue la extrema barbarie de la guerra civil en la Cristiandad europea la que consolidó los argumentos de la secularización –y en particular, el predominio de la razón sobre la fe– de la Ilustración, en la sociedad europea. Como resultado, los países europeos emergentes abandonaron en forma progresiva el modelo de países gobernados por Dios, con la excepción, quizá, del Imperio ruso y el “Estado” vestigial de Ciudad del Vaticano, en Roma.

Michael Walzer, en su tesis doctoral como historiador, La revolución de los santos, que fue publicada por primera vez en 1965, se preguntó sobre las causas de la radicalización política, a través del estudio de caso del calvinismo en la historia moderna. Distanciándose de una línea analítica que parte del surgimiento del Estado como el inicio de la modernidad, Walzer argumenta que

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[...] fueron los calvinistas los primeros que desplazaron el énfa-

sis del pensamiento político del príncipe al santo (o al grupo de

santos), y quienes luego construyeron una justificación teórica

para la acción política independiente. Lo que los calvinistas

dijeron acerca del santo lo dijeron luego otros acerca de los

ciudadanos: detrás de ambos nombres, se encuentra el mismo

sentido de virtud cívica, de disciplina y deber. Juntos, santo y

ciudadano sugieren una nueva integración de hombres privados

(más bien de grupos elegidos de hombres privados, de probada

santidad y virtud) al orden político, integración basada en una

visión novedosa de la política como labor minuciosa y continua.

(Walzer 2008, 16)

Si bien la tesis de Walzer hace referencia a la secularización sólo en forma tangencial, y su propósito es demostrar que el santo definido por el calvinismo fue el primer agente transformador del orden tradicional, no obstante aporta a la presente reflexión analítica del proceso de se-cularización un factor interviniente importante, en la novedosa forma de entender y ejercer la política: los grupos radicales y su concepción de santidad abstracta como desafío al antiguo orden. Y como, según el propio Walzer analiza, el calvinismo tiene una relación con el liberalismo y el leninismo –es decir, su influencia se proyectó más allá de su tiempo en la historia moderna–, es posible formular el argumento hipotético de que el fenómeno de la radicalización de grupos religiosos y su obsesión con la pureza doctrinaria ha sido un factor en la construcción social de la estructura de la secularización en Occidente.

La generalización de estos tres factores –la radicalización de grupos religiosos en la Cristiandad en los fines de la Edad Media, su fractura interna, que llevó a la Guerra de los Treinta Años, y la emergencia del sistema de Estados territoriales soberanos– para la formulación de una tesis de secularización de carácter universal es por lo menos problemática. Por un lado, como ya se mencionó, la secularización de Europa dista de ser un modelo monolítico, y, en el enfoque de Jean-Claude Roberti, se di-vide entre el laicismo francés, definido como utopía política, que desde el

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Estado rehúsa cualquier sujeción a las iglesias, y la propia secularización, “proceso que, si bien ha conocido períodos violentos, ha sido, no obstante, un “pacto de caballeros”, por un lado, entre “una experiencia religiosa de carácter personal y mística, y por el otro, ‘una autonomía recíproca de lo religioso y de lo político’” (1996, 39-40); por otra parte, según el mismo Roberti, la secularización en la Cristiandad ortodoxa, una mal conocida y por mucho tiempo ignorada parte histórica de Europa, se relaciona con el estallido en el siglo XVIII de la unidad bizantina y la aparición de la “diversidad ortodoxa”, con la emergencia de Rusia como superpotencia en la escena mundial (1996, 44). Así, en vez de ser un proceso naciente de una fractura interna en forma de guerra civil, la secularización de la Europa ortodoxa se produjo en “una serie de ensayos de secularización autorita-ria” (Roberti 1996, 44) que generó la marginación del clero. “No obstante, esta secularización autoritaria no desembocó en un distanciamiento entre la Iglesia y el Estado, sino que, al contrario, estableció relaciones tan estrechas que cualquier ataque contra la institución eclesial ha sido considerado un crimen político” (Roberti 1996, 45).

Más aún, varios estudios empíricos revelan que la secularización en Europa no significa la desaparición de la religión; más bien, de acuerdo con Loek Halman y Veerle Draulans, en Europa la diversidad religiosa explica el bajo grado de religiosidad (2006). A una conclusión casi similar llega Philip Jenkins (2007), que sostiene que si bien en una Europa secular tanto el cristianismo como el islamismo enfrentan dificultades para su desarrollo, ambas religiones, sin embargo, se adaptan a las circunstancias y a menudo logran mucho más que sobrevivir. Esta perspectiva, sin em-bargo, parte del cuestionamiento de las tesis acerca de la desaparición de la religión en Europa, o la tajante contradicción entre la religiosidad de Estados Unidos y la secularidad europea. No niega, sin embargo, el éxito de la secularización, por lo menos en Occidente, en el sentido de la doble tesis de Marcel Gauchet: “[…] detrás de las Iglesias que perduran y la fe que persiste, la trayectoria viva de lo religioso en nuestro mundo se ha acabado en su esencia; y […] la originalidad radical del Occidente moderno opera en la reincorporación en la actividad humana al elemento sagrado que desde siempre la ha modelado del exterior” (1985, 10).

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3. El Islam frente a la secularización: ¿“El regalo del extranjero”,4 o un proceso singular?Las reflexiones en torno de la actual guerra religiosa en nombre

del Islam van de alguna forma en el sentido de un cuestionamiento de la primera tesis de Gauchet en su pretensión universalista.5 En otras palabras, ¿no indicaría esta presencia militante del Islam en la escena mundial el principio más bien del cuestionamiento de la secularización como estructura social históricamente consolidada que descarta la vin-culación entre religión y política, o, más en general, religión y espacio público? En este sentido, estaríamos hablando, o bien del fracaso de la secularización en el mundo árabe-musulmán –que, de hecho, comenzó con el movimiento del Renacimiento, conocido como Al-Nahda, en el siglo XIX–, o bien estaríamos haciendo de la secularización occidental un espejismo que distorsiona el sentido de la secularización en el Islam.

El encuentro del Islam con la modernidad occidental se produjo con la expedición napoleónica en Egipto (1798-1801), que Marie Lemonnier caracteriza como “evento fundador” (2006-2007). Los grandes pensa-dores árabes de la época fascinados por Europa, en particular Rifaa Al-Tahtawi, empezaron a contraponer el progreso de la Ilustración a los ideales del Islam, incluida la diferenciación entre el concepto de “patria” (Watan) y la comunidad musulmana (Umma). Según Ghassan Tuéni, el movimiento de Al-Nahda en el siglo XIX tuvo tres polos: El Cairo, Beirut y Estambul (Lacouture, Tuéni y Khoury 2002, 1-33), y los cristianos –mayoritarios en el Líbano, donde se instaló la primera imprenta en el Medio Oriente, en 1697– desempeñaron un rol de vanguardia impor-tante, con la expectativa de lograr un cambio de su estatus social en el Imperio otomano, donde la ley islámica (Sharía) no les permitía igualdad

4 La referencia es al título del libro de Fouad Ajami (2006).

5 Si bien el ensayo de Gauchet se extiende al Islam y otras religiones, su enfoque principal es el cristianismo. Por otra parte, la pregunta acerca de la validez de la tesis teniendo en cuenta la realidad del Islam no se hace con la intención de exa-minar la forma en que el Islam es tratado en la tesis del pensador francés; sirve, más bien, como trasfondo a las reflexiones acerca de la secularización en el Islam que se propone en la perspectiva analítica propia de este trabajo.

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jurídica respecto a los musulmanes. Otros pensadores, sin embargo, se opusieron a cualquier imitación de la experiencia europea, cuyas pre-tensiones hegemónicas ya se sentían. Sin negarle al progreso occidental su clara ventaja, esta generación de pensadores –cuyo representante más controvertido y emblemático es Yamal al-Din al-Afghani (1838-1897), famoso por su debate con Ernest Renan en la Sorbona– declaró la compatibilidad del Islam con el espíritu científico. De esta corriente de pensamiento renovador en el Islam que reconoce como su impulsor a Mohamad Abdó (1849-1905), discípulo de Al-Afghani, va a nacer el movimiento de los reformistas islámicos –incluidos Amín Qassím (1865-1908), quien reivindicó la igualdad entre los hombres y las mujeres, y Alí Abderraziq (1888-1966), conocido por su oposición al Estado islámico y su defensa del laicismo europeo–. Sin embargo, observa Tuéni, Al-Nahda fracasó porque no logró producir la reforma del Islam (Lacouture et al. 2002, 29). La fundación de los Hermanos Musulmanes en 1927 por Hasan al-Banna es considerada, en general, como el punto de inflexión del fin de las Luces, de las cuales, concluye Lemonnier, se han quitado los derechos humanos y la democracia, para preservar tan sólo la idea del despertar nacional (2006-2007, 93). Tuéni observa que el evento que generó reacciones islamistas había sido el intento de implementar refor-mas –conocidas como Tanzimat– en el Imperio otomano, a mediados del siglo XIX, reacciones como la del Wahabismo, dominante en la península Árabe, que denunció la corrupción del Islam por las prácticas impuras del gobierno del Sultán, y también la del movimiento opositor a las re-formas que nació en Damasco para denunciar el liberalismo excesivo de las propuestas de la Sublime Puerta en Estambul (Lacouture et al. 2002, 15). En otras palabras, el proceso de movilización islamista comienza paralelamente al movimiento de Al-Nahda, en reacción a los intentos de reformar el Califato, y también como rechazo a la modernización secular que ambicionaba la promoción del igualitarismo jurídico de los distintos credos monoteístas, que iba en contra de la Sharía, en la forma en que estaba implementada en el Califato.

Una equiparación simplista y automática entre el –sólido– argumen-to del fracaso de Al-Nahda y la oposición del Islam a la Razón, entendida

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como racionalidad, –tesis que remite en parte a la lógica de los artículos de Henry Kissinger (“Domestic Structures and Foreign Policy”) y Harold W. Glidden (“The Arab Mind”),6 que en la década de los setenta del siglo XX intentaban justificar una eventual intervención militar de Estados Unidos en el mundo árabe para asegurar su abastecimiento de petróleo–7 no resiste el análisis. En primer lugar, a diferencia del cristianismo, la fe islámica siempre ha sido más cercana a la razón que a la pasión, y las su-cesivas crisis en el mundo musulmán reflejan una fenomenal batalla de ideas (Chebel 2006). En segundo lugar, y más relevante para el tema de la secularización, el Estado secular, según argumenta Abdullahi Ahmed An-Na’im (2008), entre otros, está en los fundamentos del Islam, ya que ninguna institución coercitiva puede, o debe, forzar la Sharía. Este razonamiento se basa en el rol crítico del consenso, considerado por An-Na’im como “fundacional y continuo” (2008, 12), para la interpretación de la Sharía y su constante reforma y evolución en el tiempo. Según se acepta tradicionalmente, sólo en el siglo X empezó a declinar el rol del razonamiento creativo-jurídico que hasta entonces había generado el consenso en torno de la interpretación de la ley coránica. Por cierto, desde entonces se ha considerado que la Sharía había sido elaborada en forma completa, y poco y nada se cambió en su estructura básica.

Esta rigidez era probablemente necesaria para mantener la esta-

bilidad del sistema en tiempos de declinación, y a veces colapso,

de las instituciones sociopolíticas de las sociedades musulmanes.

No obstante, desde un punto de vista islámico, ninguna autoridad

humana estaba ni está autorizada para declarar que la itchtihad8 no

está permitida, pese a que podría haber existido un consenso en es-

te sentido entre los musulmanes. Nada, por lo tanto, puede prevenir

6 Citado por Edward Said (1979, 46-49).

7 Argumento que en otro contexto se reformula en la defensa de Fouad Ajami a la intervención militar de Estados Unidos en Irak (2006).

8 El esfuerzo espiritual de purificarse.

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la emergencia de un nuevo consenso en torno de un ejercicio libre

de la itchtihad para atender a las nuevas necesidades y aspiraciones

de las sociedades musulmanas. (An-Na’im 2008, 15)

El argumento de la compatibilidad del Islam con el Estado laico es la base del más actual movimiento reformista en el mundo árabe-musul-mán. Pensadores como el propio An-Na’im (1996), Reza Aslan (2006), y hasta el controvertido Tareq Ramadan (2004), no sólo han demostrado la posibilidad de un Islam en el mundo moderno, sino que han interpre-tado los aspectos más occidentales de la modernidad, como los derechos humanos y la democracia, desde una perspectiva islámica. Es cierto que no hay un movimiento reformista islámico, sino experiencias que se cir-cunscriben a los contextos nacionales y sociales y sus propias culturas y particularidades religiosas. No obstante, escribe Shireen T. Hunter,

el discurso reformista entre los musulmanes tiene también

varios puntos en común y trata los mismos temas funda-

mentales. Pero el más importante tema que atraviesa todo el

pensamiento reformista actual es cómo reconciliar el Islam,

o, más en general, religión y espiritualidad, con modernidad,

y cómo ofrecer una versión islámica y autóctona de la moder-

nidad que fuera capaz de satisfacer simultáneamente las ne-

cesidades materiales y espirituales de los musulmanes. Otro

tema significante, que hace eco a los discursos reformistas de

las primeras épocas, es cómo fortalecer el Islam reformando

el entendimiento que se ha hecho de él, con el objetivo de

promover un diálogo constructivo pero de igual a igual con

otras religiones y culturas, así como mantener y restaurar la

imagen y el prestigio del Islam. (Hunter 2009, 27)

Pero más allá de los antecedentes históricos, el énfasis sobre el refor-mismo en el Islam parece ser un fenómeno de actualidad, vinculado, por lo tanto, al fracaso del proyecto secular y a la emergencia del Islam inte-grista como alternativa. En otras palabras, el proceso histórico indicaría

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la siguiente secuencia de etapas transformadoras en la modernidad ára-be-musulmana: primero una secularización inherente al movimiento de Al-Nahda que se impone con la emergencia del Estado territorial en el es-pacio geopolítico que hasta la Primera Guerra Mundial ocupaba la Umma; luego, a raíz del fracaso de la consolidación de este Estado como proyecto nacional en la pos Guerra de los Seis Días (1967), surge la alternativa del regreso al Islam impulsada por grupos radicalizados que en el terreno militar y político demuestran su fuerza y se proyectan como alternativa; el reformismo islámico actual, por último, aparece en el contexto de los procesos de profundas transformaciones sociales, políticas y geopolíti-cas del espacio geográfico de la Umma y más allá –entiéndase Europa y, en menor grado, el Este asiático, en el ocaso del siglo XX y el comienzo del XXI. Si esta esquematización generalizada, y por cierto no inmune a críticas, del proceso transformador de la modernidad en el mundo árabe-musulmán se aceptara como una hipótesis, entonces podríamos proponer una primera comparación entre la Reforma en la Cristiandad del siglo XVI y el reformismo islámico. Mientras que la Reforma precedió a la seculari-zación en Europa, y de ella nació la radicalización política, de acuerdo con Walzer, el movimiento reformista en el Islam es consecuencia del fracaso de la secularización inherente al movimiento de Al-Nahda, y aparece como antítesis del Islam radical. Pese a esta diferencia, si considerásemos la Reforma como uno de los factores que llevan a la secularización, entonces la tesis normativa de An-Na’im acerca de la necesidad y posibilidad de una secularización en el mundo árabe-musulmán –que se caracterizara por la abstención del Estado de cualquier pretensión de legitimarse en nombre de la Sharía, aunque la religión siguiera teniendo un rol en la dinámica del espacio político– cobraría relevancia como un proceso ya en marcha.

Siempre desde una perspectiva comparativa, una de las problemá-ticas de esta tesis sería el rol del Estado. De hecho, en su crítica al kemalismo en Turquía, An-Na’im señala “una forma de secularismo que era diseñado para permitir al Estado controlar la religión, y no simplemente removerla de la esfera pública” (2008, 197). Por lo tanto, el secularismo kemalista es inevitablemente generador de tensiones internas, ya que “tiende a controlar y manipular el papel del Islam

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en la política pública en nombre del secularismo, mientras niega a los ciudadanos, quienes consideran al Islam una fuerza fundacional en su vida, el derecho y la oportunidad de vivir según sus propias con-vicciones. El modelo es también profundamente paradójico porque no puede seguir reclamando el control sobre la religión y las instituciones religiosas sin violar los derechos humanos” (An-Na’im 2008, 219). Con pocas excepciones, el problema del Estado territorial en el mundo árabe-musulmán en general ha sido esta controvertida y tensa relación entre un proyecto modernizador que perseguía la construcción de una identidad nacional y secular, y su afán de controlar la religión y darle un papel en función de las necesidades de la modernización. No sólo en la Turquía kemalista –sino también en el Egipto de Gamal Abdel Naser y, luego, Anuar Al-Sadat, y en el Pakistán de Zia Ul-Haq, en la Libia de Muammar Al-Qadafi, en el Irak de Saddam Husein, y otros–, el propio Estado secular paradójicamente ha sido también el guardián del Islam en su integridad institucional, impidiendo, aun involuntariamente, un dinamismo interno que quizá hubiera permitido el surgimiento de un movimiento reformista mucho antes de la radicalización islamista que apuntaba al secularismo como el mal mayor por combatir. No es una casualidad, por supuesto, que este Estado, además, se haya caracteri-zado por el autoritarismo, y el proyecto modernizador se pensó desde la perspectiva de “déspotas ilustrados” que en algún momento gozaron de mucha popularidad. Y si agregamos que estos regímenes, además, generaron nepotismo y corrupción estatal sistematizada, se entiende por qué la radicalización islámica tiene también una explicación que remite a las condiciones sociales y económicas de las sociedades árabe-musulmanas (Hafez 2004).

He aquí, entonces, otra distinción entre la Reforma y el reformismo islámico en su relación con el Estado. El Estado territorial en Europa ha sido la consecuencia de la Reforma, la radicalización política y la guerra en la Cristiandad; este Estado, además, no se propuso controlar la religión; tan sólo la alejó del espacio público de la autoridad estatal en una forma gradual y consensuada, como ha sido la variante anglosajona o de los países escandinavos, o violenta, como es el caso el laicismo francés. La

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secularización occidental es consecuencia de una delimitación absoluta de la identidad estatal de la impronta de la religión. El reformismo islámico contemporáneo, a cambio, nace del fracaso del Estado secular y busca recrear un espacio renovado para la religión, distinto del control absoluto que la radicalización islámica pretende restablecer fusionando el ejercicio de la autoridad estatal con la aplicación de la Sharía. La desgracia, si se puede decir, del reformismo islámico es la debilidad del Estado autoritario que se institucionalizó en el espacio geopolítico de la Umma después de la disolución del Califato, primero como consecuencia de la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, y, luego, en 1924, por un decreto oficial en la Turquía kemalista. Más aún, a diferencia del proceso de la formación del Estado territorial en Europa entre los siglos XVI y XIX, la emergencia del Estado en el mundo árabe-musulmán, con algunas excepciones, es consecuencia de la fragmentación del espacio del ex Imperio otomano, explícitamente diseñada por el colonialismo europeo, franco-británico, para mayor precisión (Corm 2002). El factor de la fuerte injerencia ajena, ausente en la formación del Estado en Occidente, es parte inherente del mismo proceso en el mundo árabe-musulmán. En definitiva, si la secula-rización en Occidente es consecuencia de la desvinculación del Estado de la religión, el Islam, a cambio, hasta en la modernidad mantuvo siempre una interacción, desafiante o cooperativa, con el Estado secular; por más controvertido que parezca, el análisis sociológico de Berna Turam con-cluye que el papel del Estado es crucial para entender la relación entre el Islam y la sociedad (2004). Conclusión que a su vez revela una seculari-zación inacabada del mundo árabe-musulmán, pese a la proliferación de los Estados seculares.

Finalmente, el reformismo islámico se diferencia de la Reforma, sobre todo, en el sentido de la fractura que esta última provocó en la Cristiandad y llevó a la guerra, y ésta, a la formación del Estado y, por ende, a la secu-larización. La fractura en el Islam no es posterior a su institucionalización como religión, sino parte del proceso; es anterior a la consolidación del pensamiento jurisprudencial que consagra la implementación de la Sharía en el mundo musulmán; y el cuestionamiento de la legitimidad de la su-cesión del Profeta que está en el corazón de esta fractura está vinculado

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de un modo directo al destino mismo de la Umma. Esa fractura, además, constituye el mayor desafío al pensamiento islámico, pero, curiosamente, los reformistas todavía apenas si se atreven a tocarlo.

Para (apenas) concluir: las secularizaciones y su futuro en cuestión Las reflexiones de este ensayo en torno a la secularización del mundo

árabe-musulmán parten de una primera observación de la guerra religiosa actual que involucra al Islam: el conflicto tiene una dimensión violenta intraislámica que resalta la profunda fractura de la Umma entre los sunni –mayoría– y los shía –minoría–. La fractura tiene una profunda raíz his-tórica, cuya esencia es la legitimidad disputada de la sucesión del Profeta, que siempre ha sido un tema conflictivo en la Umma, pero ha tomado una relevancia particular desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán y la radicalización islamista de los muyahidín en Afganistán. En la década de los ochenta el escenario del enfrentamiento intraislámico fueron la guerra civil libanesa y el conflicto bélico entre Irak e Irán, pero en ninguno de los dos casos la radicalización islamista caracterizó a la vez a ambos campos beligerantes; al contrario, pareciera que el enfrentamiento opusiera a los integristas shía, por un lado, y a los defensores del secularismo en el mun-do árabe: el movimiento naserista en el Líbano y el Estado secular de Irak. Es en la década de los noventa cuando en prácticamente todos los países donde domina el Islam sunni se produce la expansión de la radicalización política, cuyos signos precursores en la década anterior habían sido el ase-sinato del presidente egipcio Anuar Al-Sadat y el intento de insurrección armada contra el régimen sirio de Hafez Al-Asad –dominado por la mino-ría Alawí– por la organización de los Hermanos Musulmanes. Los atenta-dos terroristas en Egipto y la guerra civil en Argelia señalan el principio de un proceso que culminaría con la aparición de Al-Qaeda y su desafío a la superpotencia el 11 de septiembre de 2001. Pero cuando los aconteci-mientos parecían proporcionar una prueba tangible de la tesis del choque de las civilizaciones en el contexto de la Guerra contra el Terrorismo, la invasión y ocupación de Irak por parte de Estados Unidos creó el terreno de la guerra civil islámica, lanzada con todo el furor a partir del atentado contra la mezquita de Al-Askaría en la ciudad de Samarra, en febrero de

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2006. La consecuencia de la ola de revueltas en los países árabes en 2011, finalmente, señala una profundización de la fractura intraislámica entre los sunni y los shía, con el ascenso al poder de los Hermanos Musulmanes en Egipto; del partido islamista Al Nahda en Túnez, y el intervencionismo de Turquía, Qatar y Arabia Saudí en la guerra civil en Siria.

El contexto geopolítico de esta confrontación bélica indica una guerra prolongada, similar a la Guerra de los Treinta Años en la Cristiandad. La pregunta, entonces, es si entre ambos fenómenos existen paralelos signi-ficativos que permitan concluir acerca de la emergencia de un proceso de secularización en el Islam similar a la secularización europea. En las tres sucesivas partes anteriores se analizó la secularización como estructura histórica, y la perspectiva comparativa reveló que el reformismo islámico era distinto de la Reforma, en el sentido de que se concebía como alter-nativa a la radicalización islamista; además, era consecuencia del fracaso de una secularización impuesta desde el Estado territorial, formado en el contexto de la fragmentación del espacio de la Umma en la pos Primera Guerra Mundial, y de acuerdo con el diseño realizado por el colonialismo europeo, que, sin embargo, en su afán de controlar la religión, no supo delimitar el espacio público de la autoridad estatal y la fe institucionaliza-da; el reformismo islámico, por último, no proporcionaba respuestas a la fractura intraislámica. El ejercicio del análisis comparativo, entonces, no permite concluir acerca de una inminente secularización como resultado de la proyección de la yihad en el siglo XXI. Pero también se dificulta en-contrar un paralelo histórico a la guerra religiosa en el Islam que no sea la Guerra de los Treinta Años. Por lo tanto, y sin pecar de determinismo, la pregunta acerca de un eventual Westfalia en el mundo árabe-musulmán sigue siendo relevante para entender el sentido del curso de los aconteci-mientos dentro del espacio geopolítico de la Umma.

Como se advirtió en varias oportunidades al principio, estas re-flexiones no creen en la repetición de la historia. La secularización en el mundo árabe-musulmán puede resultar tanto de una fatiga de la propia sociedad de la yihad –externa y en su sentido bélico, por cierto, y no el esfuerzo interno de ejercicio espiritual de purificación del alma– como de un acuerdo interestatal entre Irán, por un lado, y

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Arabia Saudí y/o Turquía, por el otro, para promover una nueva página de convivencia y mutua aceptación, que supondrá la represión de los más radicalizados en ambos campos. De todas maneras, el factor de injerencia externa –es decir, la política de Estados Unidos y, en menor medida, sus aliados europeos en el mundo árabe-musulmán– tendrá una relevancia significativa.

Tampoco la secularización en el Islam será idéntica al proceso y la estructura de la secularización en Occidente. Maia Carter Hallward, por ejemplo, propone un entendimiento de la secularización, no como una estructura a priori, sino como una negociación política acerca de un rol aceptado de la religión en la esfera pública, y no un estatus de categoría (2008); el canadiense Charles Taylor, a su vez, propone, según reseña Catherine Halpern, una definición de la secularización –en su ambiciosa historia de 500 años de secularidad occidental, A Secular Age, de 800 pá-ginas– y adjudica a la religión un espacio que aparece como “una opción dentro de otras” (2009). Una eventual secularización en el Islam, por lo tanto, podría también significar un proceso, y un resultado, distinto de la experiencia occidental. O quizá invitaría a repensarla en una narrativa distinta a la elaborada en este ensayo…

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doble ronda electoral y apoyo al presidente. El caso de Perú

RESUmEN El artículo busca determinar si los sistemas de elección presidencial por doble ronda electoral tienen algún efecto sobre la legitimidad del mandatario, analizando el caso de la segunda gestión de Alan García en Perú. A primera vista, este caso parece ser contrario a la perspectiva que asocia segunda ronda con legitimidad. El análisis se centra en la evaluación de la gestión de gobierno por parte del grupo de electores que tenía al candidato Alan García como una preferencia distinta a la primera, pero votó por él en la segunda ronda. Se encuentra que la evaluación de estos electores no es distinta de la realizada por aquellos para los que García representaba su primera preferencia. Si la elección por doble ronda no importara, se habría observado que el comportamiento de este grupo es más cercano al de quienes preferían a Ollanta Humala sobre Alan García. Los resultados se sostienen controlando por las preferencias sobre políticas y las divisiones de los electores, a la vez que son consistentes con una perspectiva teórica que postula un sentimiento de identificación entre los ciudadanos hacia el candidato por el que votan.

PALAbRAS CLAvE doble ronda • elecciones presidenciales • evaluación de la gestión • Perú.

double Ballot and support to the President. the Case of Peru

AbSTRACT The paper looks to establish the impact of runoff voting systems for electing presidents on the president’s legitimacy, studying the second presidency of Alan García in Peru. At first sight, this case seems to be at odds with the perspective that associates runoff voting with legitimacy. The analysis focuses on the evaluation made by citizens to whom the candidate Alan García was not the first preference, but nevertheless voted for him in the second round. Our findings suggest that judgments made by this group of citizens are not different from those made by those who had García as their first preference. If the two-round system didn’t matter, this group would behave like those who preferred Ollanta Humala to Alan García. Results are robust to inclusion of preferences over policies and cleavages as controls. They are consistent with theoretical expectations that come from asserting a sense of identification by citizens towards the candidate they vote for.

KEyWORDS majority runoff • presidential elections • performance evaluation • Peru.


Modificado: 22 de octubre de 2012

Aprobado: 12 de diciembre de 2012

Rodrigo Salazar-Elena es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor-investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, institución en la que coordina la Unidad de Métodos e Información Estadística. En la actualidad realiza una investigación sobre los efectos de la reelección presidencial inmediata en el desempeño económico en América Latina, a la vez que conduce un proyecto sobre logro escolar y desigualdad social en México.Entre sus publicaciones más recientes están “El estado de la ciencia política en México: Un retrato empírico”, Política y Gobierno, 2011, vol. XVIII, núm. 1, primer semestre, pp. 72-108 (con Mauricio Rivera) y “México 2010-2011. Los últimos años de una gestión cuestionada”, Revista de Ciencia Política, 2012, vol. 32, núm. 1, pp. 193-210. Es co-coordinador del libro América Latina en los albores del siglo XXI (vol. 1. Aspectos económicos; vol. 2. Aspectos sociales y políticos), FLACSO – México, México, 2012.Correo electrónico: [email protected]


La presente investigación se inscribe en un proyecto más amplio sobre el impacto de las instituciones políticas en América Latina. No recibió ningún tipo de financiamiento.


doble ronda electoral y apoyo al presidente. El caso de Perú

Rodrigo Salazar-Elena1

Universidad Nacional Autónoma de México y FLACSO, México

IntroducciónLos sistemas políticos de América Latina han optado por la forma de go-bierno presidencial para definir las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Esta forma de gobierno tiene diversas virtudes, en lo que se refiere al establecimiento de balanzas y contrapesos que en teoría limitan la capacidad de abuso del poder, a la vez que promueve la identificabilidad de las decisiones de gobierno y la rendición de cuentas (Samuels y Shugart 2003). Sin embargo, esto tiene un costo, en la medida en que concentra la responsabilidad y las expectativas en la figura de la presidencia, al mismo tiempo que escatima las herramientas para llevar a cabo un programa de gobierno, en especial cuando carece de una mayoría en el Congreso. Tal vez por esta razón, la democracia se muestra empíricamente más inesta-ble cuando se combina con un sistema presidencial (Przeworski, Cheibub y Limongi 2004; Adserà y Boix 2008).

Una de las maneras en las que las democracias latinoamericanas han intentado resolver los problemas de inestabilidad derivados de su forma de gobierno ha sido mediante el establecimiento del sistema de mayoría absoluta con doble ronda para elegir a sus presidentes. Este sistema parece atacar en concreto los problemas de legitimidad dual del presidencialis-mo (Linz 1994). En caso de tener una mayoría adversa en el Congreso,

1 Profesor-investigador adjunto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. El autor agradece la colaboración de Arturo Regalado en la asisten-cia de investigación.

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Doble ronda electoral y apoyo al presidente. El caso de Perú


un presidente reforzaría su propia fuente de legitimidad si cuenta con el respaldo expreso de más de la mitad de los electores.

La idea de que las presidencias electas por más de la mitad de los votos (en primera o segunda ronda) son reforzadas en su legitimidad está muy extendida. Así, en un comentario sobre la predominancia de los sistemas de doble ronda para elegir presidente en América Latina, se afirma:

[…] esto puede relacionarse con la necesidad de fortalecer el

mandato del presidente electo, dado que la segunda ronda tien-

de a garantizar que el presidente resulte finalmente electo por

una mayoría, con independencia de la cantidad de votos que el

candidato haya logrado en la primera vuelta. En apariencia, esta

variable influye de manera positiva en la legitimidad del manda-

to, al menos cuando algún candidato gana la primera ronda con

una tercera parte o menos del total de votos. (Zovatto y Orozco

Henríquez 2008, 91-92)

En el mismo sentido, se comenta que, con la mayoría absoluta con doble ronda,

[…] la legitimidad del presidente electo ha sido intensa y […] se ha

impedido la elección de presidentes extremadamente débiles en

razón de su apoyo electoral. El reforzamiento de la legitimidad se

traduce en que el vencedor tendrá seguro un porcentaje mayor de

votos que la oposición: si es en primera vuelta porque ha alcanzado

la mayoría absoluta, o un porcentaje cercano, y si es en segunda su

porcentaje será […] mayor que el de su opositor. Es decir, se evita

que el ganador pueda tener un apoyo menor que el hipotéticamente

creado por la unión de sus rivales. (Martínez Martínez 2006, 19-20)

La capacidad de la elección por mayoría absoluta con doble ronda para apuntalar la legitimidad presidencial es una noción aceptada. Sin embargo, como veremos, no se dispone de evidencia que muestre que este método de elección tiene, en efecto, dicha propiedad.

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Rodrigo Salazar-Elena


Una evaluación preliminar indica que la doble ronda se asocia con ma-yores niveles de apoyo a la presidencia. El cuadro 1 presenta el porcentaje de personas que considera, en dieciocho países de América Latina, que el presidente está realizando un trabajo “Bueno” o “Muy bueno”. En cada país se indica el sistema electoral para elegir al presidente: mayoría absoluta con doble ronda, mayoría relativa con umbral reducido (cuando se requiere un porcentaje de votos mínimo para obtener el triunfo en primera vuelta, pero inferior a la mitad más uno) y mayoría relativa. Los países están ordenados de forma decreciente con respecto al porcentaje de aprobación.

Cuadro 1. América Latina 2008. ¿Diría usted que el trabajo que está realizando el/la actual presidente es…?

PAíS % “bUENO” O “mUy bUENO” SISTEmA ELECTORAL PRESIDENCIAL

Colombia 64,9 Mayoría absoluta

República Dominicana 60,7 Mayoría absoluta

Ecuador 50,6 Umbral reducido

Brasil 50,4 Mayoría absoluta

Uruguay 50,3 Mayoría absoluta

Costa Rica 48,6 Umbral reducido

México 42,9 Mayoría relativa

Venezuela 36,5 Mayoría relativa

Bolivia 36,0 Mayoría absoluta

Chile 34,6 Mayoría absoluta

El Salvador 33,8 Mayoría absoluta

Argentina 29,3 Umbral reducido

Guatemala 27,1 Mayoría absoluta

Nicaragua 21,4 Umbral reducido

Honduras 17,4 Mayoría relativa

Panamá 16,9 Mayoría relativa

Perú 13,9 Mayoría absoluta

Paraguay 12,2 Mayoría relativa

Fuente: LAPOP - 2008; Zovatto y Orozco Henríquez (2008, 90-1).

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Si se obtienen, a título indicativo, los promedios de aprobación según regla de elección, tenemos que los nueve países que se rigen por mayoría absoluta con doble ronda registran el promedio más alto, con 41,3%. A continuación están los cuatro países con umbral reducido, con 37,5%. En último lugar están los cinco países cuya regla es la de mayoría relativa, con 25,2%.

La regla de mayoría absoluta parece apuntalar la aprobación de la ges-tión presidencial. Dentro de este panorama general, se destaca el caso de Perú. En este país, en donde el sistema de elección presidencial es de ma-yoría absoluta con doble ronda, el porcentaje de aprobación del presidente Alan García es de apenas el 13,9, que lo separa del resto de los países con igual sistema electoral y lo ubica en el penúltimo lugar del ordenamiento, con puntuaciones similares a las obtenidas por presidentes electos bajo el sistema de mayoría relativa.

Estos datos motivan a preguntarse sobre la forma en que operan las reglas electorales en este país: ¿Cuál es el efecto del sistema de segunda ronda en Perú sobre la aprobación presidencial? ¿Tiene o no incidencia? Si la tiene, ¿por qué la aprobación presidencial es tan baja? En este docu-mento se pretende dar respuesta a estas preguntas.

Aunque, como se mencionó, el pretendido efecto legitimador de las elecciones de segunda vuelta es un lugar común y es tenido en cuenta en el momento de reformar el sistema electoral presidencial, la literatura no ha abordado suficientemente este tema. El grueso de los estudios sobre las elecciones con segunda vuelta se ocupa de su efecto sobre el número de partidos o de candidatos (Cox 1997; Callander 2005; Blais, Dobrzynska e Indridason 2005; Golder 2006; Blais y Loewen 2009; Dickson y Scheve 2010; Van der Straeten et al. 2010; Blais et al. 2011; Blais, Lachat y Doray-Demers 2011). También se ha analizado el impacto de la segunda vuelta sobre la disciplina en el Congreso (Sauger 2009) y sobre la participación electoral (Fauvelle-Ayma y François 2006), y la formación de alianzas (Blais e Indridason 2007) cuando los resultados son muy cercanos. Otra forma de estudiar el sistema electoral de dos vueltas es tomándolo co-mo variable dependiente, a fin de encontrar sus determinantes (Cusack, Iversen y Soskice 2007; Negretto 2009).

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Por otro lado, las investigaciones que siguen la tradición del modelo de “pan y paz” (Hibbs 2000 y 2006) y del “voto económico retrospec-tivo” (Fiorina 1978; Nannestad y Paldam 1994; Cheibub y Przeworski 1999; Duch y Stevenson 2005; Duch 2007) han proporcionado abundan-te evidencia empírica mostrando que el éxito electoral de una gestión es una función del estado de la economía. La implicación directa de estos trabajos, dada su interpretación más común, es que la aprobación presidencial responde a los vaivenes de la economía, implicación que ha sido confirmada de un modo directo por décadas de estudios, con indicadores económicos objetivos y subjetivos.2 Esta línea de investi-gación ha sido aplicada al caso específico de los países en desarrollo. Aunque existe la posibilidad de que la proporcionalidad del sistema electoral influya (Benton 2005), los hallazgos generales son consisten-tes con la hipótesis principal de esta corriente (Lewis-Beck y Stegmaier 2008). El aspecto por destacar de este cuerpo de investigación es que la aprobación presidencial responde a factores económicos y a eventos políticos de carácter contextual, pero nada en esta tradición sugiere que el comportamiento electoral pasado podría tener un efecto sobre la evaluación posterior.

Si estos trabajos no atienden la relación entre sistema de mayoría absoluta con doble ronda y evaluación de la gestión, están más cerca de aquellos que encuentran que bajo estas reglas es más probable que resul-te electo el candidato ganador de Condorcet, cuando éste existe (O’Neill 2007; Messner y Polborn 2007). Una implicación de este argumento es que el sistema de doble ronda arroja como ganadores a aquellos candidatos que maximizan el apoyo de la población, y esto podría traducirse en ma-yores niveles de legitimidad. Sin embargo, estos trabajos se mantienen en el terreno teórico y no evalúan sus consecuencias empíricas.

Pero aun en este terreno, el argumento de la legitimidad de los presidentes electos en sistemas de segunda ronda no parece limitarse

2 Véase una revisión general en Gronke y Newman (2003) y una confirmación recien-te en Enns (2007) y Berlemann y Enkelmann (2012).

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a los electores que los tienen como alternativa preferida frente a sus rivales. En sentido estricto, la relación entre elección por segunda ronda y apoyo a la presidencia tiene el estatus de una intuición, dado que no se han explorado las razones teóricas por las que dicho vínculo debería estar presente.

El efecto de la segunda ronda sobre la legitimidad de la presidencia debe ser buscado en un sector específico de la población, y que consiste en los electores que votaron por el presidente en funciones únicamente en la segunda ronda electoral. Este sector es, de alguna forma, una creación del sistema electoral, pues en un sistema de mayoría simple no existe un grupo de electores que explícitamente vote por un candi-dato al que ya había rechazado, también explícitamente. Si el sistema de segunda ronda tiene un impacto, cabe esperar que sea produciendo en este grupo un fenómeno similar al “efecto de dotación” que se ha detectado en la economía (Thaler 1980). El efecto de dotación consiste en el hecho de que los individuos asignan un valor a los bienes que poseen que es mayor al que le asignarían si no fuesen propietarios. Los estudios económicos de este efecto (Kahneman, Knetsch y Thaler 1991) tienden a explicar su origen en la mayor magnitud del dolor de renunciar a un bien en relación con el placer de adquirirlo (aversión a la pérdida). Sin embargo, estudios recientes en psicología experimental han mostrado que el efecto de dotación tiene su origen en la propiedad en sí, ya que los individuos transfieren las evaluaciones que hacen del yo a los bienes que eligen (Gawronski, Bodenhausen y Becker 2007; Morewedge et al. 2009).

El efecto de dotación podría estar operando en los sistemas de doble ronda. Si es así, el hecho de seleccionar a un candidato al votar por él generará asociaciones afectivas positivas hacia su persona que se transformarán, si llega a la presidencia, en evaluaciones positivas de su gestión. Por supuesto, esto ocurrirá tanto en quienes votan por él en la primera vuelta como en quienes votan por él en la segunda. Sin embargo, los electores que sólo votan por el candidato ganador en la segunda vuelta son un grupo específico de este sistema electoral. Esto quiere decir que, vía el efecto de dotación, los sistemas de doble

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ronda crean un cúmulo de evaluaciones positivas que no existiría en un sistema de mayoría simple, en el que este grupo de electores no habría votado por el candidato ganador, y, por lo tanto, no se habría verificado la transferencia que conduce al efecto de dotación.

En este sentido, el presente artículo representa una primera aproxi-mación empírica a la relación entre doble ronda y apoyo político. Se mostrará que en Perú la regla de elección por mayoría absoluta hace lo que se espera de ella, al influir positivamente en los niveles de apro-bación de la gestión del presidente. Las causas de los bajos niveles de aprobación radican en otros factores, principalmente, la confianza en el presidente. La primera sección expone brevemente la información básica de la elección presidencial en Perú del año 2006. A continuación se presentan hipótesis sobre la relación entre comportamiento electo-ral y apoyo a la presidencia. Luego, se presenta el modelo de análisis empírico. En la última sección se interpretan los resultados.

1. Contexto: la elección presidencial de Perú en 2006En Perú, la presidencia se elige por el sistema de mayoría absoluta

con doble ronda. Obtiene el triunfo el candidato que consiga el 50% más uno de los votos válidos (descontando los votos en blanco y los nulos). Si ninguna candidatura cubre este requisito, se realiza una se-gunda elección, en la que sólo participan los dos candidatos que hayan conseguido más votos en la primera ronda, y gana quien obtenga la mayor cantidad de votos.

La elección de 20063 fue el segundo proceso electoral tras el des-mantelamiento del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. El pre-sidente saliente, Alejandro Toledo, había gobernado un período de crecimiento económico sostenido. Sin embargo, a partir de diversos escándalos en los que se vio implicado, su popularidad se vio reduci-

3 Para una exposición a profundidad de este proceso electoral, consúltense Mäckelman (2006), Masías Núñez y Segura Escobar (2006), Schmidt (2007), McCkintock (2008), Cameron (2009) y Madrid (2011), de donde proviene la infor-mación de esta sección.

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da a niveles que fluctuaron entre 8 y 14%. La impopularidad era tan acentuada que muy pronto fue claro que Perú Posible, el partido del presidente, no tenía ninguna oportunidad de ganar, y su candidato Rafael Belaúnde se retiró de la contienda.

Un total de 36 partidos presentaron 20 candidaturas presidenciales.4 De ellas, tres destacaron como los contendientes que competirían en la segunda vuelta: por la izquierda nacionalista, Ollanta Humala Tasso, de Unión por el Perú;5 a la derecha, Lourdes Flores Nano, de Unidad Nacional;6 entre ambos se ubicaba Alan García, del Partido Aprista Peruano (APRA), la organización más institucionalizada y permanente del sistema de partidos del Perú.

Lourdes Flores explotó durante la campaña su reputación de honesti-dad y trabajo duro, con una oferta de creación de empleos y de eficiencia en los servicios de salud y educación. Para contrarrestar acusaciones de ser la candidata de los ricos, llevó a cabo visitas a barrios pobres y enfatizó el contacto directo con los electores. En buena medida, la candidatura de Flores representaba la continuidad de la política económica de Toledo y se presentaba como la alternativa del cambio pacífico.

Ollanta Humala es un excomandante que, en los últimos días del régimen de Fujimori, encabezó un levantamiento militar en su contra. Fue arrestado y, tras la caída de Fujimori, indultado. Llevó a cabo una campaña apelando al descontento con el Gobierno, la clase política y los partidos tradicionales. Criticó la inefectividad del Gobierno para crear oportunidades para los más pobres, así como la incapacidad

4 Se registraron veintitrés candidaturas, pero tres abandonaron la competencia. El expresidente Fujimori, contra quien había una orden de aprehensión, pretendió regresar de su exilio en Japón para competir como candidato. En su tránsito, fue detenido en Chile por solicitud de extradición de las autoridades peruanas. Sus seguidores intentaron registrarlo como candidato, pero la solicitud fue rechazada.

5 Ollanta Humala no pudo registrar a tiempo a su Partido Nacionalista Peruano, por lo que tuvo que llegar a un acuerdo con la UPP para obtener la postulación.

6 Unidad Nacional era una alianza integrada por el Partido Popular Cristiano, de Flores, Renovación Nacional y Solidaridad Nacional. En las elecciones presidencia-les de 2001, la misma alianza ya había postulado a Flores.

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del neoliberalismo para repartir la riqueza. En materia económica, su propuesta consistía en una mayor intervención del Estado en la economía, una estrategia de desarrollo hacia adentro, la defensa de los recursos naturales frente a las transnacionales y la promesa de no ratificar el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, y en materia política, en investigar la corrupción del Gobierno y convocar a un congreso constituyente que redactara una nueva constitución. Fue acusado de haber apoyado el levantamiento militar de su hermano Antauro en enero de 2005, así como de cometer violaciones a los dere-chos humanos en operaciones contrainsurgentes.

Alan García había sido presidente entre 1985 y 1990, e implementó una política económica de corte heterodoxo que, tras un período corto de aparente éxito, derivó en una caída del producto, hiperinflación, y la suspensión del pago de servicios de la deuda pública. A pesar de ha-ber contribuido con esto a desmoronar el sistema de partidos peruano, y de su mala reputación, presentó su candidatura en las elecciones de 2001 y pasó a la segunda vuelta, en la que fue derrotado por Toledo. En la campaña de 2006 aseguró haber “aprendido la lección” y promover una política económica responsable. Situándose entre Flores y Humala, ofrecía dar un apoyo condicionado al tratado de libre comercio, así co-mo estimular las exportaciones agrícolas y proteger a los más débiles contra los caprichos del mercado.

La campaña presentó una enorme inestabilidad en las preferencias electorales. Desde octubre de 2005, Flores aparecía como la primera pre-ferencia, con 30%, mientras que García y el expresidente interino Valentín Paniagua (2000-2001) compartían el segundo lugar, con 15%. Esta situa-ción cambió con la emergencia de la candidatura de Humala, cuya popu-laridad aumentó de 7 a 28% entre agosto de 2005 y enero de 2006. Para marzo, Humala ocupaba el primer lugar en las encuestas.

En la primera ronda electoral, del 9 de abril de 2006, Humala obtuvo el 30,6% de los votos válidos, seguido de García, con el 24,3%. Esta votación apenas lo separó de Flores, quien consiguió el 23,8% de la votación.

En la campaña para la segunda ronda, García apeló al centro llaman-do al “cambio responsable”, mientras que Humala recordaba el desastre

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económico de la gestión de García. Desde su surgimiento como candidato competitivo, se insistió en acusar a Humala de ser financiado por el presi-dente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, es tras la primera vuelta que el tema adquirió relevancia, a partir de una disputa verbal entre Chávez y García, que éste aprovechó para despertar sentimientos patrióticos entre los electores. Junto a esto, García pintó a Humala como una amenaza para la estabilidad de Perú.

En la segunda vuelta, el 4 de junio, Alan García obtuvo la presidencia al conseguir el 52,6% de los votos válidos, mientras que Humala recibió el 47,4% restante. En este resultado fue decisivo el apoyo a García por parte de los electores de Lima, que en la primera vuelta habían votado mayori-tariamente por Flores.

Aunque el APRA no obtuvo mayoría en el Congreso unicameral, la bancada de oposición de mayor tamaño, formada por Unión por el Perú y el Partido Nacionalista Peruano, pronto se dividió. Gracias a la disciplina de su partido, contrastante con el comportamiento de la oposición, García pudo formar una alianza con los sectores fujimoristas que le permitió echar a andar su programa de gobierno, muy en línea con los parámetros seguidos por Toledo (Tanaka y Vera 2008).

En estas condiciones, la economía continuó creciendo de manera acele-rada, registrando un nivel de 8,3% en 2007. Sin embargo, al igual que con su antecesor, esto no se tradujo en aceptación del gobierno y sus políticas en el terreno social. En primer lugar, la aprobación mensual media del presidente se desplomó, pasando de un 53% en 2006 a 42% en 2007. Para 2008, la aprobación se ubicaba en 27%, nivel en el que se mantuvo durante los siguientes años de la gestión.7

Por otro lado, durante la gestión de García se registra un notable in-cremento en la conflictividad social, sobre todo a partir de 2008. Se trata de conflictos coyunturales, de carácter específico, y muy fragmentados, motivados principalmente por el descontento alrededor de inversiones

7 Con datos de Torres (2010) y del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú (http://iop.pucp.edu.pe).

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mineras y petroleras, así como quejas sobre gobiernos locales. En la comunidad de Bagua, en el Amazonas, las protestas de la población na-tiva causaron veinticinco muertos y una crisis ministerial (Meléndez y León 2009 y 2010).

2. Elección de doble ronda y evaluación del presidenteSi la idea de que las elecciones por mayoría absoluta refuerzan la le-

gitimidad tiene algún sentido práctico, entonces significa que fortalece el nivel de apoyo a la presidencia entre la ciudadanía. Las elecciones con doble ronda hacen que los presidentes en funciones hayan recibido el mandato explícito por parte de una mayoría absoluta del cuerpo electoral. Este hecho del consentimiento explícito, del que carecen los presidentes electos por mayoría simple, es el que tendría que traducirse en mayores niveles de apoyo hacia la presidencia.

Al analizar la elección en un país en el que las reglas son iguales para todos los individuos, es imposible informarse sobre cómo reac-cionarían los electores si hubiesen emitido su voto bajo la regla de mayoría relativa. Sin embargo, podemos hacernos una idea de qué es lo que observaríamos si la elección por segunda vuelta no tiene efectos en los niveles de apoyo político.

Para ello, debemos distinguir entre tres grupos de electores. En primer lugar, y refiriéndonos concretamente al caso de Perú en 2006, están quienes votaron por Alan García en las dos rondas. Podemos asumir sin riesgo que este primer grupo tenía a dicho candidato como primera preferencia. Es de esperarse que, una vez en la presidencia, este grupo le muestre altos niveles de apoyo. De quienes no votaron por él en ninguna de las dos rondas, asumimos que tenían a Humala o a otro candidato o candidata (si no votó por Humala en las dos rondas) en una posición más cercana a sus preferencias que la ocupada por García. De este grupo esperamos que muestre bajos niveles de apoyo a la presidencia de García.

Nuestro grupo crucial es el conformado por quienes votaron por un candidato distinto a García en la primera ronda, pero votaron por él en la segunda. El supuesto es que García no ocupa la primera

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preferencia de este grupo, pero en el ordenamiento se encuentra en una posición más cercana al punto ideal de estos electores que la ocu-pada por Humala.

La expectativa para este grupo depende de qué efecto le atribuimos a la segunda vuelta. Si el comportamiento electoral en la segunda vuelta no importa, el apoyo responde sólo al lugar que ocupa el presidente en las preferencias. Por lo tanto, tendríamos que observar que el apoyo de este grupo hacia el Gobierno se sitúa justo entre el que muestran quienes votaron en las dos rondas por García y el de quienes no votaron por él en ninguna ronda. De hecho, para esta elección en particular, si la segunda ronda no tiene un efecto, podría esperarse algo más extremo. Los obser-vadores han afirmado que el voto por García expresaba mucho menos una preferencia por éste que una elección del “mal menor”, dado el temor infundido por el radicalismo de Humala (Masías Núñez y Segura Escobar 2006; McCkintock 2008). Si esto es cierto, no extrañaría observar que el apoyo de este grupo a la presidencia se acerca al de los que votaron contra García en las dos rondas.

Supongamos, en cambio, que el hecho de votar en la segunda ronda por quien fue electo presidente tiene consecuencias en el ánimo de los electores, y que éstos se identifican con quien fue explícitamente elegido por ellos para gobernar, aunque no ocupe el primer lugar de sus preferencias. Ésta sería una forma en la que la elección de mayoría absoluta con doble ronda refuerza la legitimidad del gobierno, crean-do percepciones positivas que de otra forma no se tendrían. Si esto es así, entonces tendríamos que observar que el apoyo mostrado por este grupo no se distingue del que revelan quienes votaron en las dos rondas por García.

3. Análisis empíricoEl objetivo de esta sección es determinar si el comportamiento elec-

toral en la primera y la segunda vueltas del Perú está asociado con la evaluación de la gestión presidencial. El argumento que vincula los sis-temas de doble ronda con la mayor legitimidad de la presidencia sugiere que esta asociación existe. Para indagar sobre esto, utilizaremos los

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datos de la encuesta realizada en 2008 en Perú por el Latin American Public Opinion Project (LAPOP).8

Medimos el apoyo a partir del nivel de aprobación de la presidencia. En consecuencia, la variable dependiente del modelo de análisis con-siste en las respuestas a la pregunta: “Y hablando en general del actual gobierno, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente Alan García es...?”. El cuadro 2 presenta las respuestas posibles y el número y porcentaje de personas que contestaron cada una.

La variable es categórica, y sus categorías representan un ordenamien-to en el que la evaluación del presidente es crecientemente positiva. Por esta razón, se consideró apropiado escoger como modelo de los determi-nantes de la evaluación del presidente una regresión logística ordinal. Dada la baja frecuencia de la categoría de mayor valor, ésta fue fundida con la categoría anterior, para formar una sola, que representa las res-puestas “Bueno” o “Muy bueno”.

8 Véase www.vanderbilt.edu/lapop/. En condiciones óptimas, lo deseable habría sido replicar el análisis que a continuación se presenta para diversos años y, de ser posible, en distintas presidencias, a fin de tener más confianza en que los resultados se refieren a un aspecto estructural y no coyuntural. Sin em-bargo, las limitaciones en los datos disponibles nos impidieron realizar estas pruebas. El proyecto LAPOP ha realizado levantamientos en los años 2006, 2008 y 2010. Para el momento en que se escribe este artículo, los resultados de la aplicación de 2012 no se han hecho públicos. En el estudio de 2006, se pregunta por la orientación del voto en las elecciones de ese año, pero el levantamiento ocurre antes de que García asumiera la presidencia. Por lo tanto, no se puede estimar el efecto del comportamiento electoral sobre la gestión del presidente. A la vez, no existe un estudio que pregunte sobre la orientación del voto en la elección de 2001, por lo que no se puede probar el argumento para la gestión de Toledo. En el estudio de 2010, por su lado, no se preguntó sobre el sentido del voto en la primera vuelta. Como se verá, distinguir el comportamiento electoral de la primera y de la segunda vueltas es crucial para la prueba de la hipótesis que aquí nos interesa. Por esta razón, la única información pertinente para nuestra pregunta de investigación es la proporcionada por el levantamiento de 2008. Otras fuentes potenciales como Latinobarómetro, CSES, y la Encuesta Mundial de Valores, o bien tienen lugar muy poco tiempo después de la elección (CSES), o bien preguntan la intención de voto para una elección hipotética futura. En las conclusiones se comenta el alcance de nuestras inferencias basadas en el estudio mencionado.

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Cuadro 2. Perú 2008. Evaluación del trabajo del presidente

FRECUENCIA PORCENTAjE

Muy malo 121 8,11

Malo 307 20,58

Ni bueno ni malo 856 57,37

Bueno 196 13,14

Muy bueno 12 0,8

Total 1.492 100

Fuente: LAPOP – 2008.

La variable independiente de interés es el comportamiento electoral en las dos rondas de la elección de 2006. El cuestionario de LAPOP pregunta sobre el voto en cada una de las rondas. Nos centramos en tres grupos. En primer lugar, están quienes votaron por Alan García en las dos rondas. Nuestro segundo grupo de interés consiste en quienes votaron por cual-quier otro candidato en la primera ronda y por Alan García en la segunda ronda. Por último, consideramos a los electores que no votaron por Alan García en ninguna de las dos rondas.

Existen dos grupos adicionales de electores. Se trata de quienes no vota-ron en ninguna de las dos rondas y quienes votaron en otras combinaciones (incluidos quienes no votaron en alguna de las rondas). Estos grupos fueron incluidos en el análisis, a fin de no perder información. Sin embargo, no nos centraremos en ellos porque no es posible hacer supuestos realistas sobre el ordenamiento de las preferencias entre los abstencionistas, lo que impide formar expectativas sobre sus juicios. En potencia, varios reaccionaron con su abstención al rechazo que sienten por todas las alternativas. En otros casos, no obstante, los abstencionistas tienen un ordenamiento bien definido, pero estiman que el costo de votar es superior al beneficio esperado del voto. El hecho de que no se pueda distinguir entre ambas motivaciones nos impide formarnos expectativas sobre este conjunto de electores.

El modelo controla por diversas variables, siguiendo estudios previos sobre la aprobación presidencial en Perú. Dichos factores se refieren a la evaluación económica y de aspectos de la realidad peruana, la ideología y divisiones de la

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sociedad que condicionan las posiciones políticas. Controlar por estas variables permite descartar explícitamente hipótesis alternativas. En particular, si el análisis arrojara que la aprobación entre quienes votaron por García sólo en la segunda ronda es similar a la de quienes votaron por él en ambas rondas, siempre es posible que esto no se deba al hecho de haber votado por el presi-dente, sino a que la forma de gobernar del presidente es afín a las preferencias de sus electores de la segunda ronda; a saber, electores del centro y la derecha, favorables a las políticas neoliberales y residentes en Lima.9

La aprobación presidencial en Perú es una función de la situación eco-nómica. Aunque estudios iniciales produjeron resultados contradictorios (Stokes 1996), estudios posteriores han mostrado la solidez de esta aso-ciación, usando indicadores económicos tanto subjetivos (Weyland 2000; Kelly 2003) como objetivos (Arce 2003; Arce y Carrión 2010). Por ello, el modelo incluye una evaluación de la situación económica nacional en los últimos doce meses, en la que 0 indica “peor”, 1 significa “igual” y 2 “me-jor”. La variable es tratada como numérica.

Otro factor, propio de la coyuntura peruana, consiste en la situación creada por el conflicto entre el Estado y la guerrilla Sendero Luminoso. Las investigaciones han arrojado resultados divergentes (Weyland 2000; Arce 2003; Arce y Carrión 2010). Por otro lado, con las medidas contrain-surgentes implementadas por Fujimori, la actividad guerrillera disminuyó hasta casi desaparecer hacia 1998 (Arce 2003), y en 2008 sólo el 2% de la población consideraba al terrorismo como el problema más grave del país. Sin embargo, podría ser que una preocupación general por temas relati-vos a la seguridad tuviese efectos sobre la aprobación presidencial. Para ilustrar este efecto, se creó una variable dicotómica en la que se asigna un valor de 1 a los individuos que consideran que diversos problemas de seguridad son los más graves del país.10

9 Agradezco a uno de los dictaminadores anónimos de este documento el haber sugerido en estos términos la hipótesis alternativa.

10 Los problemas son: delincuencia y crimen, guerra contra el terrorismo, falta de seguridad, secuestro, terrorismo, violaciones de los derechos humanos, violen-cia y narcoterrorismo.

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Además, entre los factores coyunturales está el incremento en la conflic-tividad social, del que se ha hipotetizado que podría estar relacionado con la reducción en la popularidad registrada por Alan García (Meléndez y León 2010). Para ilustrar este posible efecto, se incluye la respuesta a la pregunta “¿Hasta qué punto aprueba que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras?”, que se presenta en una escala en la que 1 significa “desaprueba firmemente” y 10 significa “aprueba firmemente”.

Es posible que la aprobación del presidente se asocie con la coincidencia ideológico-partidista. Por tanto, se incluye una variable de autoubicación en la escala izquierda derecha (1 a 10). La variable fue transformada para obtener las siguientes categorías: izquierda (1 a 3 en la escala), centro (4 a 7) y derecha (8 a 10). A fin de evitar una pérdida considerable de datos, la variable incluye una categoría adicional que comprende a quienes no son capaces de ubicar en la escala. Este grupo ha mostrado tener un comportamiento distintivo en estudios que abarcan diversos países de América Latina (Temkin y Salazar-Elena 2009), por lo que tratar a sus integrantes como valores perdidos sería inapropiado. Se utiliza también una variable de identificación partidista que distingue entre quienes no simpatizan con ningún partido, quienes simpati-zan con el APRA y quienes simpatizan con cualquier otro partido.

El gobierno de Alan García se caracterizó por un estilo fuertemente personalista (Tanaka y Vera 2008). Por lo tanto, es necesario controlar por alguna variable que informe sobre las actitudes hacia los atributos perso-nales del presidente. Se utiliza una escala de confianza en el presidente que va de 1 a 7, donde valores más altos indican mayor confianza.

Se ha mencionado que la política peruana está cada vez más marcada por heterogeneidades de clase y regionales, las cuales impactan en las actitudes hacia la presidencia (Tanaka y Vera 2008). Estos factores son controlados incluyendo indicadores del carácter urbano o rural del entre-vistado, su nivel educativo, sus ingresos y región del país en la que reside. Por último, dado que la etnia ha presentado una mayor relevancia en el discurso y la práctica de este país (Madrid 2011), se incluye una variable dicotómica que indica si la lengua materna del entrevistado es indígena.

El cuadro 3 muestra las estadísticas descriptivas de las variables inde-pendientes del modelo.

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vARIAbLE ObS. mEDIA DESv. EST. míN. máx.

Primera vuelta/segunda vuelta

García/García 1.386 0,279 0,449 0 1

Otro/García 1.386 0,162 0,369 0 1

Otro/Otro 1.386 0,245 0,430 0 1

No votó/No votó 1.386 0,188 0,391 0 1

Otras 1.386 0,126 0,331 0 1

Situación económica del país 1.487 0,642 0,711 0 2

Principal problema: seguridad 1.500 ,098 ,297 0 1

Aprueba que las personas participen en cierres o bloqueos 1.494 3,111 2,287 1 10

Ideología

Centro 1,500 0,565 0,496 0 1

Izquierda 1.500 0,151 0,358 0 1

Derecha 1.500 0,181 0,385 0 1

No ubicado 1.500 0,103 0,304 0 1

Identificación partidista

Ninguno 1.481 0,814 0,389 0 1

APRA 1.481 0,082 0,274 0 1

Otro 1.481 0,104 0,305 0 1

Confianza en el presidente 1.496 3,035 1,648 1 7

Ingreso 1.385 4,778 2,157 0 10

Años de estudios 1.499 10,671 4,231 0 18

Localidad

Urbana 1.500 0,750 0,433 0 1

Rural 1.500 0,250 0,433 0 1

Región

Costa Norte y Sur, Sierra Centro y Norte 1.500 ,428 ,495 0 1

Lima Metropolitana 1.500 ,325 ,469 0 1

Selva 1.500 ,111 ,315 0 1

Sierra Sur 1.500 ,135 ,342 0 1

Su lengua materna es indígena 1.500 ,142 ,349 0 1

Cuadro 3. Estadística descriptiva

Fuente: LAPOP – 2008.

66



El cuadro 4 presenta los resultados del modelo de regresión.

vARIAbLE COEFICIENTE ERROR ESTáNDAR

Primera vuelta/segunda vuelta (Control: García/García)

Otro/García -0,092 0,199

Otro/Otro -0,889*** 0,183

No votó/No votó -0,445** 0,188

Otras -0,790*** 0,208

Situación económica del país 0,629*** 0,094

Principal problema: seguridad 0,347* 0,21

Aprueba que las personas participen en cierres o bloqueos -0,060** 0,026

Ideología (Control: Centro)

Izquierda -0,500*** 0,165

Derecha 0,047 0,161

No ubicado -0,383* 0,212

Identificación partidista (Control: Ninguno)

APRA 0,750*** 0,244

Otro 0,227 0,192

Confianza en el presidente 0,549*** 0,045

Ingreso 0,052 0,034

Escolaridad 0,038** 0,016

Localidad rural -0,294* 0,156

Región (Control: Costa Norte y Sur, Sierra Centro y Norte)

Lima Metropolitana 0,404*** 0,146

Selva 0,439** 0,202

Sierra Sur 0,600*** 0,204

Su lengua materna es indígena -0,366* 0,192

Corte 1 -0,898*** ,291

Corte 2 0,874*** 0,284

Corte 3 4,814*** 0,328

N 1.263

Pseudo R2 0,197

Cuadro 4. Determinantes de la evaluación de la gestión presidencial. Regresión logística ordinal

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

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El resultado que tiene especial interés para nosotros se refiere a los coeficientes asociados con dos comportamientos electorales: quienes votaron por un candidato distinto a García en la primera ronda y vota-ron por él en la segunda, por un lado, y, por el otro, quienes no votaron por García en ninguna de las dos rondas. De los resultados del cuadro 4 se puede concluir que quienes votaron en contra de García en las dos rondas tienen evaluaciones más negativas que quienes votaron por García en dos ocasiones, tal como se esperaba. La insignificancia del coeficiente asociado con quienes votaron por García sólo en la segunda ronda indica que la evaluación que realiza este grupo es indistinguible de la que realizan quienes votaron por García en las dos elecciones, tal y como cabe esperar si las elecciones de doble ronda refuerzan la legitimidad del gobierno.

Antes de profundizar en la interpretación de este resultado, se de-dica un comentario al resto de las variables del modelo. Se obtiene que mejores evaluaciones de la situación económica del país en el último año se reflejan en una mejor evaluación del gobierno, como han repor-tado repetidos estudios sobre aprobación presidencial en Perú. Tener algún tema relacionado con la seguridad como el principal problema del país se asocia con una mejor evaluación del gobierno.11 Quienes aprueban los métodos de las protestas con cierres y bloqueos tienden a asignar evaluaciones negativas. Los entrevistados de izquierda y los que no son capaces de ubicarse en la escala ideológica evalúan al Gobierno peor que los entrevistados de centro y de derecha. Los sim-patizantes del APRA, el partido del presidente, lo evalúan mejor que los no identificados y los simpatizantes de otros partidos. Mayores niveles de confianza en el presidente se asocian con mejores evalua-ciones del Gobierno.

11 Este resultado es consistente con el argumento de Arce (2003), según el cual los gobiernos de derecha se ven afectados positivamente por la activi-dad guerrillera, mientras que la relación para los gobiernos de izquierda es la inversa.

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El ingreso no parece estar asociado con la aprobación del presiden-te, pero mayores niveles de escolaridad se asocian con una mejor eva-luación del Gobierno. Los habitantes de localidades rurales evalúan al Gobierno peor que los habitantes de localidades urbanas, al igual que quienes tienen una lengua indígena como lengua materna. Tal como se esperaba, existen divisiones regionales importantes, siendo más pro-pensos a aprobar al presidente quienes residen en Lima Metropolitana, la Selva y Sierra Sur.12

4. InterpretaciónA fin de mostrar más claramente la relación de los resultados con

nuestras hipótesis, fueron simuladas, a partir de los coeficientes y los errores estándar del modelo de regresión, mil probabilidades de que ocurra cada una de las categorías de la variable de respuesta, que re-presentan el rango de valores posibles para cada categoría, dados los parámetros del modelo.13 Trabajar con rangos de probabilidades simu-ladas en vez de hacerlo sólo con las estimaciones puntuales permite comparar parámetros y determinar si son diferentes o indistinguibles desde un punto de vista estadístico.

El panel 1 presenta la distribución de la probabilidad de que ocurra cada una de las categorías de la variable dependiente para los tres gru-pos de interés de comportamiento electoral en las dos rondas: quienes votaron por Alan García en ambas rondas (García/García), quienes votaron por él en la segunda ronda, pero por otro candidato en la primera (Otro/García) y quienes votaron por un candidato distinto a García en la primera ronda y por Ollanta Humala en la segunda ronda (Otro/Otro). Al generar las simulaciones, el resto de las variables se mantiene constante en su valor medio.

12 En diversas especificaciones, el resto de las regiones probaron tener el mismo nivel de aprobación al presidente, por lo que fueron fundidas todas en el gru-po de control.

13 Las simulaciones fueron generadas con el paquete Clarify. Véase King, Tomz y Wittenberg (2000) y Tomz, Wittenberg y King (2001).

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Panel 1. Evaluación del gobierno de Alan García según voto en primera vuelta/segunda vuelta

a) Probabilidad de 'muy malo'

c) Probabilidad de 'Ni bueno ni malo'

b) Probabilidad de 'malo'

d) Probabilidad de 'bueno' o 'muy bueno'

0.02 .04 .06 .08 .1

20

40

60

80

García / GarcíaOtro / GarcíaOtro / Otro

0

10

20

30

.05 .1 .15 .2 .25 .3

0

5

10

15

20

25

.55 .6 .65 .7 .75 .8

0

10

20

30

40

50

0 .05 .1 .15

70



En las cuatro categorías la situación es similar. La probabilidad de que se conteste cualquiera de las dos respuestas de evaluación negativa (“Muy malo” y “Malo”) es mayor entre quienes no votaron por García en ninguna de las elecciones que entre quienes votaron por él en am-bas elecciones. El traslape absoluto de las distribuciones indica que esta última probabilidad es indistinguible de la asociada con quienes únicamente votaron por García en la segunda ronda. En cambio, el hecho de que no ocurra traslape entre la distribución correspondiente a quienes votaron por García sólo en la segunda ronda y quienes no vo-taron por él en ninguna vuelta indica que la diferencia es significativa. En las dos categorías que representan las evaluaciones más positivas (“Ni bueno ni malo” y “Bueno o muy bueno”), la situación es la misma, si bien el ordenamiento es diferente. La probabilidad es más baja para quienes votaron contra García en las dos elecciones y más alta para quienes votaron por él en las dos ocasiones. Una vez más, esta pro-babilidad no se distingue de la probabilidad para quienes votaron por García sólo en la segunda vuelta.

Conviene recordar que estas observaciones son las que cabe esperar si la hipótesis de mayor legitimidad atribuida a la elección por segunda ronda es correcta. En caso de que la segunda ronda no tuviese este efecto, observaríamos que la distribución de las probabilidades para el grupo crí-tico, quienes sólo votaron por García en la segunda ronda, se ubicaría jus-to (y de manera distinguible) entre la correspondiente a quienes votaron en las dos rondas por García y la correspondiente a quienes no votaron por él de manera reiterada.

Una segunda forma de evaluar el efecto de la segunda ronda consiste en determinar si los efectos marginales de otras variables varían en fun-ción del comportamiento electoral en ambas rondas. El cuadro 5 presenta el cambio en la probabilidad de que el entrevistado responda la categoría j cuando se pasa de considerar que en los últimos 12 meses la situación económica ha empeorado, a considerar que ha mejorado, manteniendo el resto de las variables constante en su valor medio.

El panorama es similar al antes explorado. Tenemos que el pasar de una mala a una buena evaluación de la situación económica produce,

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entre quienes votaron dos veces por Alan García, una reducción de 3% en la probabilidad de que se califique el Gobierno como “Muy malo”, y de 10,4% en la probabilidad de que se lo califique como “Malo”. El efecto sobre la probabilidad de que se lo califique como “Ni bueno ni malo” es casi nulo.14 El cambio positivo en la evaluación económica, finalmente, se asocia con un incremento de 14% en la probabilidad de que el Gobierno sea evaluado como “Bueno” o “Muy bueno”. En cambio, el efecto marginal del cambio en la evaluación económica para quienes no votaron por García en ninguna de las dos rondas es de magnitud más pronunciada para las evaluaciones “Muy malo” (reducción de 7,4%), “Malo” (reducción de 18,4%) y “Ni bueno ni malo” (incremento de 17,2%), mientras que el efecto es de magnitud menor para la categoría “Bueno o Muy bueno” (incremento de 8,5%).

14 Desde un punto de vista estadístico, es nulo, puesto que el intervalo de confianza de los efectos marginales simulados pasa por cero. Los resultados detallados están disponibles mediante solicitud al autor.

Cuadro 5. Perú 2008. Efecto marginal del cambio en “Situación económica del país”, según voto en primera vuelta/segunda vuelta

GARCíA /GARCíA

OTRO /GARCíA

OTRO /OTRO

∆Pr(J=Muy malo) -0,029 -0,031** -0,065++

∆Pr(J=Malo) -0,104 -0,11 -0,163

∆Pr(J=Ni bueno ni malo) -0,009 -0,008** 0,158++

∆Pr(J=Bueno o Muy bueno) 0,141 0,133* 0,07

Diferencia con respecto a “Otro/Otro”:** sig, al 0,05* sig, al 0,1Diferencia con respecto a García/García++ sig, al 0,05+ sig, al 0,1

Estimado a partir de los coeficientes del cuadro 4

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Los efectos marginales para los electores que votaron por García en las dos rondas y los correspondientes para quienes no votaron por él en nin-guna son estadísticamente distintos, en la medida en que los intervalos de confianza correspondientes a uno y a otro no se traslapan. En cambio, los efectos marginales correspondientes al grupo que votó por García sólo en la segunda ronda no se distinguen estadísticamente de los que votaron por García en las dos rondas, mientras que, en dos de las cuatro categorías de la variable dependiente, son diferentes de los asociados al grupo que nunca votó por García.

Entonces, tenemos que, en lo que se refiere tanto a la evaluación del Gobierno en sí como al impacto del juicio de la situación económica sobre esta evaluación, quienes votaron por García sólo en la segunda ronda se comportan de manera indistinguible de quienes tienen a García como su primera preferencia. Como se argumentó, esto no es lo que cabe esperar si la segunda ronda no tiene efectos sobre las percepciones.

De esta forma, tenemos que las elecciones de segunda vuelta generan entre quienes dan su apoyo explícito a un candidato que no es su primera preferencia –cuando éste asume la presidencia– niveles de aprobación similares a los de quienes lo tenían como la opción más preferida. En este sentido, es posible afirmar que las elecciones de mayoría absoluta con doble ronda refuerzan la legitimidad de la presidencia.

Esto es lo que ocurre en Perú, en el caso del presidente Alan García. ¿Por qué, entonces, sus niveles generales de aprobación son tan bajos? Esto se debe al efecto de otros determinantes de la evaluación del pre-sidente. Factores que ayudarían a elevar la aprobación se encuentran de manera muy escasa en el Perú. Así, por ejemplo, en el momento de la encuesta, casi un 50% de los encuestados consideraba que la situación económica había empeorado durante los doce meses previos, mientras que únicamente el 14% consideraba que había mejorado. De igual for-ma, un 80% de los encuestados declaraba no simpatizar con ningún partido, mientras que sólo el 8% simpatizaba con el APRA.

En estos casos, la distribución de las variables es tal que favorece evaluaciones bajas. Esto es aún más cierto para la confianza en el pre-sidente. Su impacto sobre el nivel de evaluación es considerable, como

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puede observarse en la gráfica 1 y en el hecho de que un cambio del valor mínimo al valor máximo en la confianza en el presidente se asocia con un incremento de cerca del 40% en la probabilidad de que su gobierno sea evaluado como “Bueno” o “Muy bueno”.

Gráfica 1. Perú 2008. Probabilidad de que el gobierno de García sea evaluado como bueno o muy bueno, según confianza en el presidente

Confianza en el presidente

Pr(y

=bue

no o

muy

bue

no)

0

1 2 3 4 5 6 7

.1

.2

.3

.4

.5

Estimado a partir del cuadro 4El resto se mantiene constante en su valor medio

Observando la distribución de esta variable, tenemos que hasta un 60% de los encuestados registran niveles de confianza en el presidente que van de 1 a 3, valores que se asocian con un probabilidad de calificar al Gobierno como “Bueno” o “Muy bueno” inferior al 10%.

Una vez reunida la totalidad de la evidencia, es posible afirmar que Perú no representa un caso en el que la segunda ronda no tenga efectos positivos sobre la evaluación de la presidencia. Más bien, parece ser que, de no haber sido electo por una mayoría absoluta, el presidente García habría tenido una evaluación aun inferior a la observada.

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ConclusionesLos bajos niveles de aprobación mostrados por el presidente de Perú en

2008 hacen pensar que en este país las elecciones por mayoría absoluta con doble ronda no están produciendo el impacto positivo en la legitimidad que se les atribuye. En este artículo mostramos que, aun con niveles tan bajos de aprobación, las elecciones de doble ronda generan efectivamente mayores niveles de apoyo que los que cabría esperar en elecciones por mayoría simple.

Para llegar a esta conclusión, nos centramos en el comportamiento del grupo de electores que tenía al candidato Alan García como una preferen-cia distinta a la primera, pero votó por él en la segunda ronda. La evalua-ción por parte de estos electores de la gestión del Gobierno no es distinta de la realizada por aquellos para los que García representaba su primera preferencia. Si la elección por doble ronda no importara, habríamos ob-servado que el comportamiento de este grupo crítico es más cercano al de quienes preferían a Ollanta Humala sobre Alan García.

Para nuestro conocimiento, este estudio es una primera aproximación em-pírica al pretendido efecto legitimador de las elecciones de mayoría absoluta con doble ronda. Claramente, la validez de los hallazgos se circunscribe a un caso muy particular. No obstante, el caso seleccionado (Perú en 2008) tiene un valor especial como caso crítico, en la medida en que, como se mostró en un inicio, es en América Latina, precisamente, donde menos cabía esperar que se presentara la relación entre elecciones por segunda ronda y legitimidad.

Estudios posteriores, con mayor potencial de generalización, tendrían que recurrir a un grupo variado de casos, así como construir con propie-dad una situación contrafáctica que nos informe sobre cómo evaluaría nuestro grupo crítico la gestión presidencial si no se sintiese de alguna forma identificado con ella por haberle otorgado su consentimiento ex-plícito mediante la opción del voto. Para esto, se necesitaría información sobre el ordenamiento de preferencias en los países con sistemas de elec-ción por mayoría relativa. En donde se usa la segunda ronda, se pueden hacer algunas inferencias sobre dicho ordenamiento a partir del com-portamiento electoral. En donde las elecciones son por mayoría relativa, estas inferencias no se pueden hacer. Sin esta información, no es posible proceder a estudios comparativos con contrafácticos apropiados.

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Hacia un marco constructivista realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias

RESUmENEl presente artículo tiene por objetivo sistematizar y articular dentro de una misma propuesta teórica distintos problemas asociados a la falta de un marco conceptual que pueda ilustran dinámicas y procesos económicos, políticos y de seguridad internacional. Aquí se presenta una propuesta en este sentido, denominada constructivismo realista periférico. Este marco surge de triangular, en un enfoque sistémico, nociones propias del realismo y el constructivismo, ajustadas a una mirada desde el “Sur”. A partir de la construcción de una tipología básica, se concluye analíticamente que el sistema internacional es el resultado relacional (material y nocional) de las unidades que lo componen: el sistema se co-construye en forma diferencial para los agentes centrales y para los agentes periféricos. Así, el marco conceptual permite analizar el comportamiento de las unidades mediante la comprensión de cómo se generan las percepciones de amenaza y beneficio en el nivel sistémico.Finalmente, se construyen dos modelos analítico-explicativos orientados a entender dinámicas políticas y económicas que dinamizan procesos asociativos en las periferias.

PALAbRAS CLAvEmarco conceptual • periferia • constructivismo realista

towards a realistic Constructivist Framework for analyzing International relations from the Peripheries

AbSTRACTThis article aims to systematize and articulate, within a theoretical proposal, the problems emerging from the absence of a conceptual framework that can account for international economy, politics and security dynamics and processes of peripheral countries. The article presents a proposal of a conceptual and methodological framework called peripheral realist constructivism. This framework arises from the triangulation, within a systemic approach, of notions of realism and constructivism, tailored from a South’s view.Beginning with a basic typology, the analysis deployed here finds that the international system is the relational outcome (material and notional) of its component units: the system is co-constructed in different senses for central and peripheral agents. Then, the framework allows analyze the behavior of the units by understanding how perceptions of threat and benefit are generated at the systemic level.Finally, two analytical models are constructed for understanding political and economic dynamics that streamline associative dynamics in the peripheries.

KEyWORDSframework • periphery • realist constructivism

Recibido: 19 de marzo de 2013

Modificado: 16 de junio de 2013

Aprobado: 25 de junio de 2013

Lucas becerra es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires

(UBA) y tiene un título de Magíster en Estudios Internacionales otorgado por

la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Ha realizado estudios doctorales

en el Institute of Development Studies de la University of Sussex (Reino Unido)

y está finalizando sus estudios doctorales en la Facultad de Ciencias Sociales

de la UBA. Actualmente es investigador en el Instituto de Estudios sobre la

Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ) y

docente de grado y posgrado en varias universidades nacionales de Argentina.

Además, es investigador participante en proyectos de investigación nacionales e

internacionales como Technologies for Social Inclusion and Public Policies in Latin

America financiado por el International Development Research Centre (Canadá)

o el Development of Technologies for Social Inclusion. Building Capabilities in

the MERCOSUR financiado por Perez Guerrero Trust Fund. Entre sus más recientes

publicaciones académicas se cuentan:

Thomas, Hernán, Mariano Fressoli y Lucas Becerra. 2012. “Science and Technology

Policy and Social Ex/Inclusion. Analysing opportunities and constraints in Brazil

and Argentina”, en Science and Public Policy 39: 579-591.

Thomas, Hernán, Amilcar Davyt, Alberto Lalouf y Lucas Becerra. 2013.

“Estrategias de desarrollo inclusivo sustentable y cambio tecnológico. Críticas y

propuestas”, en Suarez Maciel, Ana Lucia y Erica Bomfim Bordin (Orgs.), Múltiplos

Olhares sobre Tecnologias Sociais. Pesquisas e práticas sociais. FIJO, 2013.

Disponible en www.fijo.org.br.

Correo electrónico: [email protected]


El trabajo publicado en Colombia Internacional, “Hacia un marco constructivista realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias”, es parte de las actividades de investigación realizadas en el marco de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.



Lucas becerraUniversidad de Buenos Aires

Introducción El presente artículo busca abordar una cuestión o issue metateórico que ha emergido (aunque en forma parcial, aislada y subordinada) en el tratamiento que los estudios internacionales vienen dando a las relaciones centro-periferia y periferia-periferia en los últimos quince años, especialmente en América Latina. Esta cuestión está asociada a la necesidad de un enfoque conceptual-metodológico que pueda ilus-trar sobre las concretas dinámicas y procesos en materia de economía, política y seguridad internacional, que se ajuste tanto a las necesida-des teóricas como de formulación de política exterior de los países periféricos.

En este sentido, el artículo afronta este desafío mediante la pro-puesta de un marco conceptual adecuado y ajustado a las necesidades de las “periferias”.

El desarrollo argumental se inicia con la presentación de cuatro problemas fundamentales que deben ser abordados para construir una teoría que permita entender formas de relaciones entre Estados, tanto en cuanto a centro-periferia como a periferia-periferia, o simplifican-do, “relaciones periféricas”.

Esta definición de “problemas fundamentales” es el insumo básico para el desarrollo del marco conceptual. La propuesta metateórica busca

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enmarcar la conducta de los Estados dentro de un enfoque sistémico adap-tado a una mirada desde el “Sur”. El marco conceptual combina aspectos del neorrealismo de Waltz (1988 y 2000) y Walt (1985); el constructivismo de Wendt (1987, 1992 y 1999) y Dessler (1989), y los aportes a las rela-ciones internacionales realizados por los enfoques de poder asimétrico: Abernethy (1986), Womack (2006 y 2007), Johnson (1986), Russell y Tokatlian (2002), y Russell y Calle (2009), a fin de entender las relaciones entre tres niveles analíticos: i) el actor Estado, ii) el nivel de la subregión (es decir, las relaciones entre los Estados vecinos en la periferia), y iii) el nivel global (es decir, las acciones del hegemón o los hegemones sobre la región y sobre los Estados individuales).

Esta combinación de los enfoques realista y constructivista adaptados a las periferias, que se denomina constructivismo realista1 periférico, conclu-ye lógicamente que la mejor manera de explicar las relaciones periféricas es tratar al sistema como el resultado relacional de las unidades que lo componen, tanto en términos materiales como nocionales. Partiendo de retomar la discusión agente-estructura y de la construcción de una tipología básica de los agentes que conforman el sistema internacional, el marco conceptual tiene por objetivo analizar el comportamiento de las unidades mediante la comprensión de cómo se generan las percepciones de amenaza y beneficio en el nivel sistémico.

Finalmente, y a modo de cierre, se construyen dos modelos analítico-explicativos orientados a entender dinámicas políticas y económicas que dinamizan procesos asociativos en las periferias.

1 El término “constructivismo realista” fue acuñado por Samuel Barkin en “Realistic Constructivism”, International Studies Review, 2003. En esta publicación, de índole propositiva, Barkin sostiene que “Un constructivista realista podría abordar en los estudios [sobre relaciones internacionales] las relaciones entre estructuras normativas, los determinantes de la moral política y los usos del poder […] y como resultado podría abordar cuestiones de cambio en las relaciones interna-cionales de un modo que no lo podría hacer ni un constructivista ni un idealista […] ni un realista materialista-positivista. Al hacer esto el constructivista realista llenaría un vacío en la disciplina de las relaciones internacionales entre la teoría mainstream y la teoría crítica” (338).

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1. Panorama de algunos problemas fundamentales

a. Definición del problema 1: la discusión agente-estructura, problemas

ontológicos y epistemológicos

El punto de partida tradicional que ha caracterizado la discusión agente-estructura se encuentra en la pregunta de cómo se relacionan estos dos entes (Waltz 1988; Wendt 1987; Dessler 1989; Carlsnaes 1992), es decir, i) si existe una relación de prelación en donde el agente es la unidad de análisis a la que debe ser reducida la estructura para ser entendida, o si es la estructura el ente generador del comportamiento de los agentes, o ii) si ambos entes son teóricamente interdependientes y existe una implicancia mutua, es decir, están mutuamente determinados.2 Discusión no menor, dado que buscar soluciones metodológicas basadas en establecer como supuesto heurístico que alguno de los entes tiene un carácter primitivo, y caer necesariamente en el puro individualismo o el puro holismo metodológico, eliminaría del análisis los mecanismos de interrelación existente entre ambos entes (Wendt 1987; Carlsnaes 1992; Hollis y Smith 1991 y 1994).

En código de la discusión metateórica en relación con el análisis sistémico entre neorrealista y constructivistas, Dessler (1989) define la discusión del problema agente-estructura en términos de la conceptuali-zación de dos modelos. La definición de Waltz (1988) de que “los sistemas políticos internacionales, como los mercados económicos, son individua-listas en origen, generados espontáneamente y no intencionados”, en clara relación con la construcción metodológica de la microeconomía, sugiere una distinción ontológica fundamental entre la estructura en un nivel del sistema internacional y las unidades interactuantes en otro. La conclusión a la que Dessler arriba, entonces, es:

La estructura [como la entiende Waltz] refiere a las “disposi-

ciones”, “posicionamientos”, “organización” o “situación” de las

2 O en palabras de Wendt, si “La acción social, […] está co-determinada por las propie-dades tanto de los agentes como de las estructuras sociales” (Wendt 1987, 365).

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unidades en el sistema. Las unidades, que pueden ser caracteri-

zadas o diferenciadas a partir de sus “atributos” o “propiedades”,

exhiben “interacciones”, “interconexiones” y “relaciones” en sus

acciones o comportamiento. (Dessler 1989, 448)

Estos dos niveles son entendidos por Dessler (1989) como la base epis-temológica del “modelo posicional”, modelo que descansa en el individua-lismo metodológico y que implica, desde el punto de vista ontológico, que las unidades preceden a la estructura. Sin embargo, según el modelo posi-cional, una vez que la estructura se encuentra determinada, ésta limita o restringe la capacidad de acción de los Estados-agente. En otras palabras, el nivel analítico de la “acción” se basa en la interacción de las unidades, mientras que el nivel analítico de la “estructura” termina siendo definido como la disposición de las unidades.

En contraposición, el modelo “superador” propuesto por Dessler (1989), el “transformacional”, sugiere dos conexiones importantes entre la acción y las condiciones materiales presupuestas por ésta. En primer lugar, la estructura posibilita la acción al nivel de la unidad pero limita sus posi-bilidades; en segundo lugar, la estructura es tanto el resultado como el medio para la acción de las unidades (Wendt 1999; Dessler 1989).

El punto de partida del realismo científico (metodología esgrimida por Wendt (1999) y Dessler (1989) como solución a las fallas de la metodología del neorrealismo estructural) es el reconocimiento de que la acción del Estado es posible sólo si existen instrumentos por medio de los cuales la acción puede ser, de hecho, llevada a cabo:

Existen dos instrumentos o medios de acción que son necesarios. El

primero, las naciones deben tener recursos, los atributos físicos que

conforman las “capacidades”. […] El segundo, las naciones deben

disponer de reglas, el medio por el cual pueden comunicarse entre

sí y coordinar sus acciones. (Dessler 1989, 453-54)

La noción de reglas lleva entonces a la definición del segundo pro-blema. Si parte primordial del sistema es la existencia de reglas que

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viabilizan y ordenan el comportamiento de los agentes, entonces es dable afrontar el problema en su dimensión social.

b. Definición del problema 2: reglas, poder y sistema social internacional

En el modelo transformacional de Dessler, las reglas son concebidas en dos tipos: las reglas constitutivas y las normativas. “Las reglas son, bá-sicamente, la comprensión sobre cómo proceder o ‘proseguir’ bajo ciertas circunstancias sociales determinadas” (Dessler 1989, 453).

Las reglas normativas prescriben y proscriben el comportamiento bajo circunstancias determinadas, mientras que las reglas constitutivas crean o definen nuevas formas de comportamiento. Las reglas constitutivas, también denominadas convenciones, son prácticas estandarizadas y re-lativamente constantes que constituyen un vocabulario que permite una suerte de comunicación internacional.

Las reglas normativas están definidas por demandas públicas, res-paldadas por sanciones, que prescriben, proscriben o permiten ciertos comportamientos para determinados actores en circunstancias dadas. La construcción de estas reglas implica dividir a los actores entre aquellos que siguen (o infringen) las reglas y aquellos que velan porque se cum-plan; sin embargo, estas reglas aplican para ambos tipos de actores.

Esta noción de reglas también es utilizada por Hurrell (2007). En su análisis sobre cómo emergen y se desarrollan instituciones o regíme-nes de gobernanza global, el autor sostiene que las normas y las reglas no sólo limitan la acción del actor, sino que también lo constituyen, además de permitir y empoderar su acción, es decir, las reglas tienen la capacidad para movilizar, justificar y legitimar la acción. Y, en este sentido, es de vital importancia incorporar una perspectiva del rol que cumplen las ideas normativas en la práctica política, es decir, cómo las reglas condicionan el accionar de los Estados a partir de su injerencia en sus ideas y valores.

Este último punto también es tomado por Bull (1977). Según Bull, el orden internacional implica un patrón de la actividad internacional que sustenta los objetivos elementales, primarios y universales de la “sociedad de las naciones”. Así, aunque los Estados se encuentren en contienda,

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son limitados en sus conflictos por instituciones y reglas comunes. La prescripción grociana de la conducta internacional sostiene que todos los Estados son limitados (en sintonía con la posición de Hurrell) por normas e instituciones de la sociedad que conforman, además de ciertos imperativos morales.

¿Pero qué rol tiene el poder en la conformación de las reglas? Desde un punto de vista del enfoque realista, Robert Gilpin (1983) sostiene que los sistemas internacionales se crean porque los actores conforman relaciones y estructuras sociales con el fin de satisfacer cierto tipo de intereses generales, en particular los respectivos a las esferas de la polí-tica y la economía. Como es de esperarse, los intereses de los diferentes actores entran en conflicto y los acuerdos sociales terminan por reflejar el poder relativo de los actores parte. La naturaleza del orden internacio-nal determina cuáles intereses serán satisfechos por el funcionamiento del sistema; de aquí el incentivo que tienen los actores para aumentar su poder, a fin de tener capacidad para modificar el sistema con arreglo a sus intereses particulares.

Por otro lado, desde la escuela “liberal”, Ikenberry (2001) analiza los cam-bios en el orden internacional luego de un cambio sistémico; así, se incorpora en el análisis el resultado de un proceso por el cual el accionar de los agentes ha alterado las condiciones del sistema internacional. De aquí que las op-ciones del vencedor (“abandonar”, “dominar” o “transformar”) configurarán el tipo de relación entre los Estados, lo que a su vez implica un cambio de estructura. Cabe notar, sin embargo, que es el hegemón quien tiene la capa-cidad para disponer sobre el tipo de estructura que quedará definida. Por lo tanto, aunque el “orden institucional” supone la construcción de instituciones vinculantes, éstas refieren a una suerte de “inversión en hegemonía” para el o los poderes que salen victoriosos de la guerra hegemónica.

c. Definición del problema 3: especificidades de las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur

En lo que respecta a las relaciones asimétricas de poder, Brantly Womack (2006 y 2007) aborda esta cuestión mediante el estudio de los “poderes regionales”. Es interesante resaltar que su trabajo co-mienza prestando atención a la falta de reflexión teórica respecto a

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la situación de los “poderes regionales”: Por un lado, los realistas se refieren a los “grandes poderes”, y por el otro, las teorías liberales de la interdependencia económica hablan de que todos los Estados son iguales y están sometidos a las leyes de la globalización. Partiendo del argumento epistemológico del estatus teórico distinto que presentan los poderes regionales, Womack sostiene que las relaciones de los po-deres regionales son “siempre asimétricas”, hacia abajo con sus vecinos y hacia arriba con los grandes poderes. Un poder regional es aquel cuyas capacidades son iguales o mayores que las de sus vecinos, pero implica la existencia de poder por encima y por fuera de la esfera de influencia regional, porque de otro modo serían poderes dominantes para la región.

El tipo de relaciones que establecen los poderes regionales (sostie-ne Womack) puede ser entendido desde la teoría de la asimetría. La teoría de la asimetría se ocupa de la realidad de gestionar relaciones bilaterales entre socios con capacidades desiguales. Con respecto a sus regiones relevantes, los poderes regionales se encuentran en el lado fuerte de la relación, pero en el débil respecto del poder global. Tal vez el mayor aporte de la teoría de la asimetría es la noción de que las “percepciones” de los agentes están determinadas por la cantidad de recursos de poder y el lugar que ocupan en la relación de poder. Las percepciones condicionan el comportamiento de los agentes, y al hacerlo, definen el tipo de relación regional. Es decir, la percepción de los agentes depende de su “perspectiva” (lado mayor o menor de la relación), que finalmente influye sobre el comportamiento. En una re-lación asimétrica, se da la posibilidad de percepción errónea generada a partir de que el lado con mayor poder tenderá a errores de falta de atención, mientras que el lado de menor poder tenderá a errores de exceso de atención.

Por su parte, David B. Abernethy (1986) esgrime una explicación sobre las condiciones de una relación –durante la Guerra Fría– entre dominante y subordinado, los grandes poderes dominantes y los Estados subordina-dos, y se refiere a la relación de Estados Unidos con su esfera de influencia (América Latina) y la Unión Soviética con la suya (Europa del Este). En

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la relación dominante-subordinado, los países dentro de la zona de in-fluencia actúan con soberanía limitada, ya que el dominante incide en la política doméstica del más débil.

Paul Johnson (1986) también trabaja con las categorías de dominante y subordinado, e introduce una noción que enriquece el debate sobre la caracterización de este tipo de relaciones. Según este autor, un análisis preliminar de este tipo de relaciones podría llevar al teórico a conclusio-nes prematuras, es decir, a suponer que el objetivo principal de la política exterior del Estado subordinado es lograr una “soberanía genuina”, o más propiamente dicho, un mayor grado de autonomía. Sin embargo, aunque éste puede ser entendido como uno de los objetivos de la política exterior, para Johnson, no necesariamente es el primordial.

En este sentido, puede ser que en un país subordinado sus líderes o cla-se dirigente adopten sistemas normativos que subordinen la autonomía a otro conjunto de “objetivos” en materia de politica exterior y doméstica.

Así, los líderes de los países subordinados pueden desear obtener una suerte de apalancamiento en su relación, con el objetivo de imple-mentar reformas domésticas socioeconómicas, obtener mayores nive-les de protección por parte del hegemón respecto de un tercer país que represente una amenaza, o respecto de grupos insurgentes domésticos, y preservar el acceso al comercio, la ayuda y las inversiones internacio-nales. Además, pueden existir preconcepciones ideológicas o preferen-cias por tipos o patrones de desarrollo doméstico que requieran (o sean compatibles con) los objetivos del poder dominante, o simplemente, que la clase gobernante de un país subordinado aproveche los recursos de poder del dominante para mantenerse como gobierno, relegando a un segundo plano el objetivo de autonomía.

El concepto de autonomía se ve enriquecido cuando se lo analiza junto al fenómeno de las “periferias”. Según Russell y Calle (2009), el concepto de periferia contempla acepciones de tipo político y geográfico:

La política denota un espacio con distintos grados de subordi-

nación a un centro dominante con el que mantiene relaciones

de colaboración y de oposición. La asimetría de poder con el

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núcleo es el rasgo político que caracteriza a toda periferia.

Por su parte, la acepción geográfica indica un espacio que

limita con un núcleo. Este límite es claro, aun en los casos de

integración compleja entre centro y periferia. Menos claro es

el borde externo de esta última, dado que su alcance geográ-

fico es una construcción política del centro sujeta a cambios

continuos. Su perímetro siempre acompaña las fluctuaciones

de los intereses de seguridad del núcleo que derivan de la in-

teracción de factores sistémicos, metropolitanos y periféricos.

(Russell y Calle 2009, 7-8)

En este sentido, Russell y Tokatlian (2002) encuentran que los acadé-micos de las relaciones internacionales que trabajaron el tema de la auto-nomía con la premisa de que la región de América Latina conforma una periferia de Estados Unidos pueden dividirse en dos grandes enfoques que han tenido efectos sobre la política exterior de la región. Estos enfoques (“realismo de la periferia” y “utilitarismo de la periferia”), que entienden la autonomía como “por oposición”, han informado, en mayor o menor medida, los cinco modelos de relación de los países de América del Sur con Estados Unidos.

En todos ellos, la autonomía ha sido entendida como compitiendo con otros objetivos de política exterior. Así pues, las estrategias de “acopla-miento”, “acompañamiento” y “aislamiento” asignan una mayor importan-cia relativa a los beneficios económicos de la relación con Estados Unidos subordinando el objetivo de preservación de autonomía; la estrategia de “oposición selectiva” busca preservar espacios de autonomía, con el obje-tivo de reducir la dependencia (bajo esta estrategia existe colaboración selectiva con Estados Unidos, ya que es entendido como un poder dual, es decir, fuente de amenaza y de oportunidades); finalmente, la estrategia de “desafío” subordina a los objetivos de autonomía todo objetivo de mayor bienestar económico producto de una mejor relación con Estados Unidos.3

3 Véase Russell y Tokatlian (2008).

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Los aportes teóricos de Abernethy (1986), Womack (2006 y 2007), Johnson (1986), Russell y Tokatlian (2002), y Russell y Calle (2009) in-corporan en la discusión un conjunto de especificidades necesarias a la hora de entender las relaciones periféricas en general y el problema de la autonomía en particular: • La importancia de la “perspectiva” en la configuración de las percep-

ciones y, por ende, en el comportamiento de los agentes; • el papel que cumplen tanto las condiciones materiales como las ideas

en la determinación de las relaciones dominante-subordinado; • la cartera de objetivos de política exterior que tienen los países perifé-

ricos (autonomía, bienestar económico y seguridad) y la disposición a subordinar uno de ellos a los otros;

• la necesidad de cooperación mediante la conformación de grupos de interés, foros, y hasta instituciones regionales, al nivel de las perife-rias, para avanzar objetivos de política exterior cuando sus intereses no están plenamente alineados con los del país dominante o hegemón;

• la posibilidad de que, en ciertas circunstancias, se generen in-centivos para que el subordinado coopere con el dominante, a fin de alcanzar objetivos tanto de política exterior como de política doméstica, y

• el carácter político y geográfico de las dinámicas centro-periferia, en donde tanto el comportamiento del centro como el de la periferia se encuentran mutuamente influenciados.

d. Definición del problema 4: del monismo estructural al monismo de la unidad

Según Kenneth Waltz (1988), la política internacional sólo puede ser entendida si a los efectos de la estructura se les suman las explicaciones al nivel de la unidad. En su propuesta teórica, la estructura se define uni-dimensionalmente, es decir, es una estructura de poder. Esto se deduce necesariamente a partir de la diferenciación de las unidades de acuerdo con sus dotaciones de recursos de poder. En otras palabras, dado que las unidades detentan distintos niveles de recursos de poder, la estructura de poder internacional (o la estructura a secas, según Waltz) representa esencialmente cómo se distribuyen esas unidades el “stock global” de

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recursos, o lo que es lo mismo, representa la distribución material de los atributos de poder.

Si bien podría sugerirse que Waltz, implícitamente, define una tipolo-gía, ésta básicamente no es desarrollada en su trabajo: entender la política internacional como sistema implica concentrar el esfuerzo analítico en los Estados que causan las mayores diferencias, es decir, sus “partes o unida-des principales” (aquellos Estados que poseen la mayor cantidad relativa de atributos de poder). En este sentido, las unidades no contempladas en su ontología son las unidades no-principales; por lo que implícitamente define una cuasi tipología de facto.

Sin embargo, esta cuasi tipología tiene dos problemas fundamentales para un marco conceptual que busque ofrecer una mirada desde el Sur: i) la noción horizontal del poder deja de lado las relaciones generadas por las unidades con menores atributos de poder, tanto en su relación con las unidades más poderosas como en su relación con otras unidades similares (en definitiva, no contempla sus vinculaciones sistémicas) y ii) las condiciones materiales son además unidimensionales, es decir, sólo se contempla la variable poder.

El constructivismo de Wendt (1999) cuestiona ese carácter unidimen-sional de la estructura. Este enfoque sostiene que las unidades no sólo poseen distintos grados de recursos de poder, sino también distintos conjuntos de ideas y de intereses. En su argumentación teórica, el cons-tructivismo sostiene que los intereses dan sentido al poder y que éstos descansan en gran medida en las ideas; por lo que las unidades ya no sólo se diferencian a partir de su poder relativo. Esta nueva forma de caracte-rizar las unidades abre espacios para entender la estructura en términos más amplios (véase la tabla 1).

Así, la estructura debe entenderse no simplemente conformada por la distribución material de los atributos de poder de las unidades, sino también por la distribución de intereses y de ideas de éstas. Al volver multidimensional el análisis de la estructura, el enfoque constructivista nos lleva necesariamente a sostener que la estructura no sólo restringe las acciones de los agentes (como lo sostiene el neorrealismo de Waltz), sino que también las posibilita. Es decir, dado que la estructura no sólo

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está constituida por la distribución material de los recursos de poder, si-no también por la distribución de ideas, la estructura es tanto un medio como un límite para el accionar de los Estados.

Ahora bien, aunque el enfoque constructivista amplía las dimensiones analíticas de la unidad y, por extensión, de la estructura, no construye (al igual que el neorrealismo) tipologías para las unidades. Si bien las unidades se diferencian en función de la dotación de recursos y de las ideas e intereses que detentan, sigue existiendo desde el punto de vista ontológico un “monismo de la unidad”, es decir, no existen diferentes tipos de unidades.

En la siguiente sección, se rompe con el monismo de la unidad me-diante la configuración de una tipología básica, pero útil a los fines del presente trabajo. Así, partiendo de tres “características diferenciadoras” (dotaciones de poder político y militar; posicionamiento geográfico; y capacidad de injerencia en la economía global), se definen dos tipos de agentes: i) el “agente central” y ii) el “agente periférico”.4

Con esta tipología se busca incorporar al análisis las dimensiones horizontales y verticales del poder hard y entender las “condiciones

4 Cabe señalar que esta forma tipológica no es necesariamente la única posible. Sin embar-go, ante la ausencia de trabajos teóricos-metodológicos sobre este tema, nos encontra-mos ante la opción y la oportunidad de ofrecer, por lo menos, una tipología inicial.

Tabla 1. Carácter de las unidades y la estructura según el realismo y el constructivismo

CARáCTER DIFERENCIADOR DE LAS UNIDADES CARáCTER DE LA ESTRUCTURA

Realismo • Dotación de recursos de poder • Estructura de poder internacional

Constructivismo• Dotación de recursos de poder• Ideas• Intereses

• Estructura social compuesta por tres elementos:o Materiao Ideaso Intereses

Fuente: elaboración propia.

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materiales” de la estructura internacional en términos más amplios. Además, la tipología busca mostrar que la configuración material del sis-tema internacional es distinta para ambos tipos de unidades, y que, por extensión, también son distintas las oportunidades y restricciones que esa configuración determina sobre los agentes.

e. Síntesis de los problemas fundamentales y plan de acción

Hasta aquí, entonces, es posible afirmar que las discusiones en el Norte han girado en torno a un conjunto de cuestiones…• Los problemas ontológico-metodológicos de los enfoques que buscan

entender el comportamiento de los Estados a partir de análisis que definen dos entidades ontológicas: i) la estructura y ii) la unidad.

• En ese marco, surge un conjunto de dimensiones relevantes para el análisis: i) las relaciones de poder, ii) las instituciones y iii) las reglas. Y los estudios de las relaciones internacionales Norte-Sur y Sur-Sur

amplían el alcance de las dimensiones que es necesario explicar…• Las relaciones asimétricas de poder, • el par dominante-subordinado, • el carácter político-geográfico de la periferia y • el problema teórico y político de la autonomía.

Cabe notar que estas dimensiones no se alejan de los problemas antes mencionados, sino que más bien complementan el mapa conceptual de cues-tiones necesarias para la generación de un marco conceptual que ilustre no sólo sobre las relaciones entre la periferia y el hegemón, sino también las relaciones de los Estados en la periferia entre sí, y de ambos con el hegemón.

La definición de los cuatro problemas permite desarrollar un conjunto de preguntas y cuestiones analíticas cuyas respuestas son el basamento necesario para un marco conceptual ajustado a las relaciones periféricas. 1. En primer lugar, ¿qué nociones teóricas deben ser tenidas en cuenta

para generar un marco teórico-conceptual sistémico que informe sobre las especificidades de las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur?

2. Esto, ineludiblemente, lleva a preguntarse qué variedad de agentes y es-tructuras es necesario definir para entender la acción social de los Estados en términos del sistema internacional, pero visto desde la periferia.

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3. Siguiendo la tipología propuesta, ¿cómo se configuran el rol del poder y las reglas e instituciones en el sistema internacional? y ¿cuál es el rol de los Estados centrales y periféricos en esa configuración?De aquí en adelante, este artículo propone un ejercicio teórico para

empezar a dar respuesta a estas cuestiones.

2. Tipos de agentes y componentes del sistema. Sobre la configuración de la percepción de amenaza y beneficio sistémicoLa diferenciación de los tipos de unidades está claramente basada en

las dimensiones horizontales y verticales del poder, es decir, que refiere a las “condiciones materiales” del sistema internacional. Por lo tanto, la tipología busca mostrar que la configuración material del sistema inter-nacional es distinta para ambos tipos de unidades, y que, por extensión, también son distintas las oportunidades y restricciones que esa configu-ración determina sobre los agentes.

Esta primera parte del ejercicio teórico es complementada con un segundo momento conceptual. Si bien las condiciones materiales deter-minan los tipos de unidades, no explican por sí solas la conducta de las unidades. Es decir, no existe necesariamente un isomorfismo conductual entre las unidades del mismo tipo. Los agentes centrales pueden variar en su acción, como también lo pueden hacer los agentes periféricos. Esta he-terogeneidad de la acción se explica a partir del componente nocional del sistema, por el cual las unidades otorgan sentido al componente nocional.

a. Los tipos de agentes y el componente material del sistema

La primera característica diferenciadora de las unidades del sistema internacional refiere a las dotaciones de recursos de poder políticos y mi-litares. Los “agentes centrales” son aquellas unidades que se encuentran en la cúspide de la distribución de poder político y militar global, y donde las relaciones de poder son simétricas entre las unidades del mismo tipo, pero son “asimétricas” respecto de las unidades que se encuentran en el lado menor de la distribución de poder internacional, a saber, los “agentes periféricos”. Por su parte, aunque el agente periférico se encuentra en una

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relación de asimetría con el agente central, está en una relación de sime-tría con los otros agentes periféricos (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. Relaciones de simetría y asimetría

Agente centralSimetría

Asimetría Asimetría

SimetríaAgente periférico


Agente central

Agente periférico

Las dimensiones de simetría y asimetría del poder son el eje del análisis de las relaciones periféricas porque permiten incorporar el concepto de pers-pectiva (Womack 2006 y 2007). Este concepto es de vital importancia para el marco conceptual aquí propuesto, dado que es subsidiario de los dos pilares conceptuales: a) la percepción de amenaza y b) la percepción de beneficio.

A partir del análisis de la conformación de alianzas, Stephen Walt (1985) encuentra que aunque el poder es un factor importante en el cál-culo de los Estados en cuanto a la elección entre equilibrar (aliarse en oposición a la principal amenaza o fuente de peligro) o alinearse (aliarse con el Estado que representa la mayor amenaza), es más preciso decir que se alían con o en contra de la mayor amenaza.

El comportamiento de “equilibrar” descansa en que los Estados forman alianzas con el fin de evitar la dominación de aquellos Estados que tienen mayores atributos materiales de poder y representan una amenaza. Este comportamiento es el corazón de la teoría de equilibrio de poder. Según esta teoría, los Estados eligen equilibrar por dos razones: la primera es que los Estados ponen en riesgo su propia supervivencia si no pueden do-blegar al hegemón potencial antes de que se vuelva demasiado poderoso;

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y la segunda es que al unirse al lado más débil, la influencia del último miembro es más alta, ya que este lado necesita de mayor apoyo.

La alineación también tiene dos motivos distintos que explican su lógica subyacente; por un lado, este comportamiento puede adoptarse como una forma de apaciguamiento; y por otro, puede ser concebido como una forma de apropiarse de los frutos de la victoria. Ambos motivos tienen finalidades distintas: en el primer caso, se busca la alineación con fines defensivos (en cuanto a mantener la independencia ante una amenaza potencial), y en el segundo, con fines ofensivos (con motivos de adquirir mayor territorio).

El aporte de Walt permite desarrollar dos niveles de condiciones im-portantes para el marco conceptual:

En el primer nivel, i) la percepción de amenaza es (desde un óptica puramente material) una función positiva de la perspectiva, es decir, para los agentes centrales las fuentes de amenaza son aquellos otros agentes centrales con un nivel de poder menor no muy significativo o cuya tasa de acumulación de poder es más alta, lo que representaría una amenaza en el futuro (Gilpin 1983); sin embargo, para los agentes centrales, los agentes periféricos no representan una amenaza directa, en la medida que no lo-gren aliarse con otros agentes centrales o periféricos cuyo poder agregado se configure como una amenaza; y ii) desde la perspectiva de los agentes periféricos, la percepción de amenaza es tanto vertical como horizontal, por lo que un agente periférico puede sentirse amenazado tanto por el poder concentrado de un agente o un grupo de agentes centrales como por el poder de otro agente periférico que se encuentre en una relación de simetría de poder.

El segundo nivel de condiciones viene definido por el carácter dual del poder. Un agente poderoso es tanto una fuente de amenaza como de beneficios potenciales: en cuanto al poder agregado, cuanto mayores son los recursos totales de un Estado, mayor es la amenaza potencial que re-presenta para los otros. Sin embargo, aunque el poder es entendido como una fuente de amenaza, también puede ser significado como una fuente de recompensas, dado que el poder permite propinar castigo y asignar premios. Así, un agente periférico puede verse amenazado por un agente central, pero también un agente periférico puede procurarse seguridad

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Lucas Becerra


respecto de otro agente periférico recurriendo a la ayuda de un agente central; o un agente periférico puede procurarse seguridad respecto de un agente central recurriendo a la ayuda de otro agente central.

Como se muestra en el cuadro 2, desde la posición relativa del agente central (AC), de las relaciones de poder pueden emerger tres tipos dis-tintos de amenazas que debe observar y tener en cuenta: i) la amenaza directa de otro gran poder o agente central (AC1 observa al AC2); ii) la amenaza que surge cuando otro agente central (AC2) genera una alianza con un agente periférico (AP2) que el agente central (AC1) puede entender como estratégico para sus intereses; y iii) las alianzas que los agentes pe-riféricos (AP1 y AP2) pueden tejer, a fin de lograr una mayor independencia o autonomía respecto del agente central (AC1). Nótese que también los agentes periféricos pueden ser una “fuente de seguridad” para un agente central, dado que, como se muestra en el cuadro 2, el “agente central 2” (AC2) puede desplegar un conjunto de alianzas con el “agente periférico 2” (AP2), a fin de aumentar su capacidad de influencia o disuasión sobre el “agente central 1” (AC1). Resulta claro entonces que un agente periférico, por sí solo, no representa ni una posible amenaza ni una posible fuente de beneficios para el agente central.

Cuadro 2. Las relaciones de poder desde la perspectiva del agente central

Agente central1Observa

Observa

VínculoAgente periférico1


Vínculo

Agente central2

Agente periférico2

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Desde la perspectiva del agente periférico (ver el cuadro 3), el pano-rama se vuelve más complejo, dado que éste se ve sujeto a dinámicas de poder tanto horizontales como verticales. Para el agente periférico, los agentes centrales son siempre una fuente posible tanto de amena-zas como de beneficios potenciales; por lo tanto, estos agentes deben observar no sólo su relación directa con el agente central (AP1 obser-va al AC1), sino también las relaciones que otros agentes periféricos entablan con un agente central (AP1 observa el vínculo entre el AC2 y el AP2). Por otro lado, un agente periférico (AP2) puede entablar una relación con un agente central (AC2) para, por ejemplo, ejercer presión, proveerse de seguridad o ampliar la capacidad de negoción con otro agente periférico (AP3). Además, el agente periférico debe observar los vínculos entre los agentes centrales (AC1 y AC2), a fin de obtener po-sibles beneficios o prevenirse ante riesgos provenientes de rivalidades o conflictos latentes entre ellos. Finalmente, a nivel subregional, el agente periférico debe tener en cuenta las relaciones entre otros agen-tes periféricos que puedan ser una fuente de amenaza para él (vínculo entre AP2 y AP3).

Cuadro 3. Las relaciones de poder desde la perspectiva del agente periférico

Observa

ObservaObserva

Vínculo Presiona

Vínculo

Vínculo


Agente central1

Agente periférico1

Agente central2

Agente periférico2

Agenteperiférico3

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La segunda característica diferenciadora entre los agentes centrales y los periféricos refiere a un componente de orden geográfico (ver el cuadro 4). Desde el punto de vista de la seguridad, el territorio adyacente a un Estado configura una cuestión de primer orden (Mearsheimer 2001). A fin de proveerse de seguridad, un agente central puede verse impelido a definir un área de control geográfi-co a partir de tres tipos de situaciones: i) que un agente central se encuentre rodeado por otros agentes centrales, lo cual llevaría a la conformación de algún tipo de alianza, si los intereses de todas las unidades estén alineados; ii) que un agente central conviva espacial-mente con otro u otros agentes centrales que considere enemigos o rivales, lo que llevaría a una situación de conflicto efectivo o latente; o iii) que en las adyacencias del agente central se encuentren agentes periféricos, donde éste puede utilizar su diferencial de poder para definir un área de influencia.

Desde el punto de vista del agente periférico, éstos también pue-den encontrarse en una situación similar a la anterior, pero inverti-da. El agente periférico puede estar geográficamente ubicado junto a otros agentes cuya relación de poder sea simétrica, o puede verse en una situación de asimetría respecto de otro u otros agentes más poderosos. Si existe una concordancia de intereses en la región, el agente periférico puede tener un comportamiento cooperativo con sus vecinos, o puede verse tentado a generar alianzas, a fin de pro-veerse de seguridad (como ya se señaló en el punto anterior). Por lo tanto, el componente geográfico también influye sobre los agentes en la percepción de amenaza, pero además puede influir en la percepción de beneficios.

La proximidad geográfica puede verse como un mecanismo facilita-dor para entablar relaciones económicas regionales que permitan a los agentes ampliar mercados, acceder a recursos (naturales, energéticos y financieros) necesarios, lograr economías de escala, explotar venta-jas relativas y absolutas de sus matrices productivas o incursionar en procesos de integración económica orientada a preservar sus mercados domésticos generando desvíos en los flujos de comercio internacional.

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Cuadro 4. El carácter geográfico de las relaciones de poder

Fuente: elaboración propia.Nota: Las líneas de guiones gris oscuro representan fuentes de posible amenaza, las lí-neas de puntos gris claro, de posibles beneficios, y la línea de guiones gris claro delimita la esfera de influencia del agente central.

Agente central2

Agente

Agente central1

Agente

Agente central3

Agente

La tercera característica diferenciadora es la capacidad de injerencia que tienen los agentes en la economía internacional (ver el cuadro 5). En este sentido, los agentes centrales no sólo representan una porción más grande del producto bruto internacional vis-à-vis cualquier otro agente periférico, sino que también tienen la capacidad para definir, o al menos influenciar, sobre el régimen económico internacional (pre-cios de los bienes, tasas de interés, normativas económico-financieras, flujos internacionales de capital, etcétera).

Los regímenes económicos internacionales están determinados, en primera instancia, en función de un continuo entre una menor o mayor “libertad” de circulación de los flujos transnacionales de bienes y servi-cios, los factores productivos y sus retribuciones asociadas; y en segundo lugar, a partir de cómo se distribuye la renta global. En otras palabras, existe un conjunto de normas que gobiernan un régimen económico local o internacional: por un lado, normas que regulan la circulación de los factores productivos y el resultado de su combinación; y por otro lado, normas que regulan las formas de apropiación de la renta global y los derechos asociados.

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Así, un régimen plenamente desregulado supone libre circulación de bienes y servicios, plena movilidad del factor trabajo (y su retribución, el salario y las remesas), del capital físico (y su retribución, la renta del capital y giro de utilidades) y del capital líquido (y su retribución, la tasa de interés); mientras que si alguna o todas estas variables están restrin-gidas o limitadas en su movimiento internacional, el régimen económico muestra diferentes intensidades de regulación.

El otro componente que define el régimen económico internacional está determinado en función de la facción del capital que concentra la renta internacional.

Un primer tipo de régimen está basado en la producción de productos derivados de la tierra. Así, en estos tipos de regímenes, los propietarios de la tierra son aquellos que se apropian de la mayor parte de la renta global generada.

Un segundo tipo es el basado en la producción de bienes y servicios, para ser volcados en el mercado internacional. El capital industrial se ve favorecido bajo este tipo de régimen.

El tercer tipo es el régimen de acumulación basado en el capital comercial, es decir, un régimen en donde la actividad comercial (la

Cuadro 5. El carácter económico de las relaciones de poder


Agente central1 Agente central2

Vínculo (cooperación

o puja)

Régimen económico internacional

Regionalización

Agente periférico1 Agente periférico2 Agente periférico3

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comercialización) es la principal fuente de utilidades, y no la producción de mercancías.

Finalmente, el último tipo de régimen de acumulación puede estar orientado a la obtención de rentas financieras (es decir, un régimen donde el otorgamiento de préstamos y las inversiones de cartera son la principal fuente de beneficios).5

Dado que los agentes centrales no sólo poseen la mayor capacidad de producción de bienes y servicios, sino también las mayores dotaciones de capital y la mayor capacidad de ejercer control sobre las reglas econó-micas, son éstos quienes, a través de pujas de poder o mediante la coo-peración y la integración económica, dan forma al régimen económico internacional, a fin de apropiarse de los recursos y la renta internacional necesarios para garantizarse su prosperidad.

Aunque algunos agentes periféricos pueden tener mayor participación en la economía internacional, debido a que poseen un recurso estratégico (petróleo, minerales, etc.) en forma abundante y pueden hacer uso de ese recurso como palanca de poder (como los países de la OPEP durante la crisis de 1973), se encuentran generalmente en una situación con poco margen de maniobra para impulsar los cambios necesarios en el régimen económico internacional, a fin de apropiarse de una mayor parte de la renta internacional.

Esto explica, en parte, que, ante procesos de globalización de regí-menes de acumulación que benefician al capital localizado en los países centrales, se generen procesos o tendencias a la regionalización económica en América Latina, Asia, y África, en la forma de áreas de libre comercio y uniones aduaneras, con la finalidad de aislar o preservar partes de la eco-nomía internacional de las lógicas y dinámicas globales. En este sentido, los procesos de regionalización económica están orientados a resguardar los mercados, especialmente, la generación de riqueza de los países que se asocian. Sin embargo, cabe notar que estos mecanismos (zonas de libre comercio, uniones aduaneras, uniones monetarias) también son regulados

5 Para mayor detalle, véanse Frenkel (2003) y Stiglitz (2000).

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por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que hasta en este nivel de toma de decisiones supraestatal-regional se observa la penetración del régimen internacional (y por extensión, de las ideas y los intereses de los agentes centrales).

Desde esta óptica, el régimen económico internacional puede confi-gurarse como una fuente de amenaza o como fuente de beneficios para los agentes. Desde el punto de vista de las condiciones materiales, que se configure como amenaza o no depende del tipo de patrón de inserción de los agentes en ese régimen. Por su parte, los agentes periféricos pueden verse tentados a establecer alianzas o relaciones económicas especiales con agentes centrales, con el fin no sólo de explotar el acceso a fuentes de bienestar representadas en accesos a grandes mercados, líneas de finan-ciamiento, inversiones o ayuda para el desarrollo, sino también como un medio para influenciar las reglas e instituciones que sustentan el régimen económico internacional (cuestión que se analiza más adelante).

Desde el punto de vista del “analista”, a partir de estos tres niveles de diferenciación se definen los dos tipos de agentes, el agente central y el agente periférico. Pero, además, es posible inferir que la diferenciación material de las unidades construye el nivel material del sistema interna-cional, y, al hacerlo, devuelve información de las posibilidades de acción de las unidades.

Adicionalmente, dado que los agentes pueden entenderse a sí mismos en estos tres niveles (su posición en cuanto a las dimensiones verticales y horizontales del poder político y militar, el componente geográfico y la capacidad de injerencia en el régimen económico internacional), al observarse a ellos mismos y a los otros pueden entonces establecer una suerte de mapa de las relaciones de poder del sistema internacional. Este mapa, que es el componente material del sistema internacional, sirve tanto para ponderarse a sí mismos en la estructura de poder internacio-nal como para ponderar a los otros, y, al hacerlo, determinan las opor-tunidades y los riesgos que se desprenden de ciertos tipos de acciones. Sin embargo, para poder significar esas oportunidades y esos riesgos en cuanto a percepción de amenaza y percepción de beneficio, las unidades necesitan otorgarles sentido, y es aquí donde entran en juego las ideas.

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b. Los tipos de agentes y el componente nocional del sistema

Ahora bien, la pregunta que surge a esta altura del desarrollo de esta propuesta de marco conceptual es: ¿cómo influyen estos tres niveles de diferenciación en el comportamiento o la acción de los agentes? Como hemos señalado, el componente material sólo explica las posibilidades y las imposibilidades para la acción de los agentes pero no explica por qué un Estado decide tomar un curso de acción, y no otro.

Como se ha señalado, iguales condiciones materiales suponen tanto la posibilidad de beneficio como de amenaza. De aquí que la constitución de las percepciones de amenaza y beneficio no puede descansar sólo sobre el componente material. Necesariamente, entonces, hace falta otro compo-nente del sistema que permita dirimir el mapa de relaciones materiales en cuanto a posibles amenazas y beneficios. Y ese componente no puede ser de otro carácter que nocional.

El componente nocional parte de la propuesta de Wendt (1999) de que las estructuras sociales tienen un aspecto ideal: “la distribución de conocimiento”.

La distribución de conocimiento es un fenómeno más amplio

que la distribución de intereses, e incluye tanto el compo-

nente ideal de los intereses como las creencias generales y

las expectativas. […] la distribución de conocimiento incluye

tanto las creencias como una buena parte de deseos. (Wendt

1999, 140)

El conocimiento, según Wendt, puede ser de tipo “privado” o “com-partido”. El conocimiento privado es el conjunto de creencias que poseen los actores por separado. Sin embargo, mediante la interac-ción, las creencias individuales de los actores se “distribuyen”; dicha distribución tiene efectos sobre la forma en que los actores entienden al “otro”; además de la forma en que se entienden a sí mismos. Así, el conocimiento socialmente compartido es común y está conectado a los individuos. Ese conocimiento socialmente compartido es lo que Wendt denomina “cultura” (Wendt 1999, 141).

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La tipología básica aquí desplegada, los agentes centrales y periféricos, lleva necesariamente a una adaptación del principio de la “distribución de conocimiento” elaborado por Wendt.

Que un agente tome o no un curso de acción depende de las percepcio-nes de amenaza y beneficio que, según él, le plantea el sistema interna-cional. Es decir que la distribución de conocimiento permite a los agentes asignar sentido a las oportunidades y amenazas generadas a partir de la existencia de ciertas condiciones materiales.

La categoría analítica de “distribución del conocimiento” combina me-todológicamente un eje diacrónico y un eje sincrónico.

Es diacrónica, porque permite entender los cambios o constantes en la relación mantenida por los actores a medida que cambia o se mantiene invariable la “cultura” a lo largo de un período, en donde existe un proceso de interacción que viabiliza que el conocimiento privado de los agentes se vuelva compartido.

Por otro lado, es sincrónica, porque permite explicar un conjunto de fenómenos vinculados con la acción de los Estados en cuanto a la relación mantenida por los actores dentro de un período temporal dominado por un tipo de “cultura”.

El carácter diacrónico del concepto viabiliza la siguiente línea de razonamiento. Inicialmente, cada Estado tiene una configuración polí-tico-económica que es el resultado del proceso histórico que conformó hacia el interior de los Estados los distintos regímenes, tanto económi-cos como políticos, y que configuró un conjunto de ideas relativas a la identidad de ese Estado. Sin embargo, como este actor-Estado no existe sino dentro de una estructura social (compuesta por otros Estados), esa identidad, no sólo es construida a partir de características propias de los Estados, sino que también se sustenta en forma complementaria u anta-gónica6 con el resto de los Estados. Al generarse una identidad propia, el Estado se construye y reconstruye tanto en función de su configuración

6 Wendt (1999) caracteriza al conocimiento compartido como “conflictivo” o “cooperativo”.

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político-económica doméstica como de la configuración político-econó-mica de los demás, y al hacerlo, no sólo construye su identidad, sino que también actúa sobre la construcción de la identidad de los otros, y la identidad de éstos revierte nuevamente sobre su identidad.

La trayectoria histórica (componente diacrónico) de la construcción de esa identidad lleva a los Estados a encontrar “enemigos”, “rivales”, o “amigos” en los “otros”. El resultado de esa interacción es un conjunto de reglas sociales tácitas o codificadas compartidas (componente sin-crónico). En términos de Giddens (1984), las reglas existen a través del uso y la reproducción en la práctica. Los actores están “incorporados” en las estructuras normativas, pero al mismo tiempo las reproducen mediante sus acciones.

Ahora bien, desde el enfoque constructivista de Dessler (1989), la existencia de estas reglas supone dividir a los actores entre aquellos que cumplen (o infringen) las reglas y aquellos que velan porque se cumplan. Y además, estas reglas permiten a los actores comunicarse unos con otros y coordinar sus acciones.

Entonces, surgen dos preguntas que deben responderse:1. ¿Por qué algunos Estados procuran que esas reglas se cumplan?2. Si existen Estados que procuran el cumplimiento de las reglas, es

porque existen otros Estados que no están dispuestos a cumplirlas. Pero, ¿por qué entonces un Estado habría de infringir esas reglas o generar mecanismos para atemperar su efecto o articular discursos en contra de ellas?Un enfoque constructivista realista para las periferias debe sostener,

en forma consistente, que los agentes pujan entre sí, a fin de exteriorizar (es decir, transferir al sistema internacional) las ideas que legitiman los intereses que emergen de sus configuraciones político-económicas do-mésticas. En otras palabras (y siguiendo a Gilpin 1983), dado que las es-tructuras sociales se crean con el fin de satisfacer cierto tipo de intereses generales, es de esperar que los Estados impulsen en la esfera internacio-nal aquellos intereses que entienden que los beneficiarán.

Si el esfuerzo por impulsar las ideas los lleva a chocar con otros conjuntos de ideas defendidas por otros agentes, sus propias ideas se

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reconfiguran, y al hacerlo, modifican la configuración político-económica doméstica. En este proceso de exteriorización e interiorización, las ideas de los agentes se reconfiguran y dan forma tanto a la identidad de los Estados como al sentido atribuido a la relación social general.

Las reglas surgen entonces como la codificación de esas ideas, y se constituyen con un doble significado: por un lado, indican qué tipo de conductas son permitidas y cuáles son castigadas; y por otro, cada Estado, al aceptar o rechazar dichas reglas, comunica a los otros Estados cuál es su parecer respecto de ese conjunto de reglas.

Como es de esperarse, todo sistema de reglas supone un conjunto de mecanismos para generar recompensas a quienes las respetan o propi-nar castigo a quienes las incumplen. De aquí, entonces, que los agentes centrales, debido a su diferencial de poder, tengan mayores posibilidades de impulsar un conjunto de ideas propias, ideas que denominaremos hegemónicas (Cox 1993; Gilpin 1983). Los Estados poderosos pueden apalancarse en su poder como medio para cooptar a otros agentes menos poderosos o ejercer coerción sobre ellos, pero además les permite elegir a cuáles reglas sociales corresponder.

Por su parte, los agentes periféricos se vinculan a ese conjunto de reglas hegemónicas en tres formas posibles: i) en forma plenamente complementaria; ii) en forma plenamente antagónica; o iii) en una posi-ción intermedia, en donde se dan procesos simultáneos de complemen-tariedad y antagonismo.

Cuando el agente periférico se vincula complementariamente con ese conjunto de reglas, en la práctica está aceptando la naturaleza del régimen económico y político que gobierna el sistema internacional. La racionalidad de una vinculación complementaria es que, al alinearse con agentes centrales, aprovecha las ventajas y oportunidades que el sistema provee: mayor participación en el comercio y la inversión internacional y las rentas asociadas, ampliación de sus niveles de seguridad externa, obtención de ayuda internacional en materia de estabilidad política y económica, etcétera.

Pero también, esa vinculación complementaria permite un nivel de interacción entre los agentes centrales y los agentes periféricos que puede

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permear el conjunto de reglas instituidas. En otras palabras, aunque el conjunto de reglas hegemónicas es impulsado y sostenido por los agentes centrales, la interacción permite a los agentes periféricos ciertos grados de influencia sobre el régimen político y económico internacional.

Esto se debe esencialmente al carácter dinámico del sistema. No sólo las identidades de los Estados se modifican por medio de la in-teracción con otros Estados, también las identidades se modifican a partir de cambios surgidos en la base material del sistema: algunos Estados acumulan recursos de poder y otros los desacumulan, y por extensión, algunos Estados (aunque periféricos) cobran cierta impor-tancia relativa, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad del régimen económico internacional.

Es en este sentido que en el sistema internacional las unidades tanto periféricas como centrales pueden incurrir en comportamientos distintos al de autoayuda, aun cuando éste preserve su carácter anárquico. En el ámbito internacional, las instituciones económicas mundiales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, por ejemplo) generan ins-trumentos y mecanismos, no sólo para “preservar la estabilidad” de las economías domésticas de los países periféricos, sino también porque entienden que éstas influyen en el “equilibrio y la estabilidad” de la eco-nomía internacional en su conjunto. Desde el punto de vista de la política internacional, los países periféricos tienen representación en la Asamblea de las Naciones Unidas, y aunque carecen de algunos atributos como el poder de veto que sí tiene el Consejo de Seguridad, han podido influenciar mediante esta institución la política internacional, a través de coaliciones ad hoc o permanentes.

Más recientemente, la conformación del Grupo de los 20 (a partir de la crisis global 2008-09) ha permitido a países periféricos participar en forma más directa en la definición de la política internacional, y la fuerza de organizaciones como la UNASUR o de Foros como el IBSA y el Grupo de los 77 se ha ido incrementando con el tiempo, logrando mayores niveles de participación en la toma de decisiones internacional.

Esto se dio porque la trayectoria de un conjunto de agentes pe-riféricos logró acumular mayores dotaciones de recursos de poder y

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Lucas Becerra


porque los agentes centrales atribuyeron sentido a esos recursos, en cuanto a dar respuesta a una situación de crisis económica y política del sistema. Es decir, la distribución de conocimiento es también un proceso dinámico. Y es en ese proceso donde se involucran tanto ideas e intereses como condiciones materiales, dando forma a las identida-des de los Estados.

Por otro lado, la vinculación antagónica supone un fenómeno inver-so al de vinculación complementaria. Los agentes periféricos se opo-nen en forma parcial o total a las reglas hegemónicas de la estructura social internacional. Es decir, las ideas que sostienen la configuración económica y política doméstica se identifican en oposición al sistema internacional hegemónico. Ese conjunto de ideas no concordantes se corresponde con un patrón de comportamiento de los Estados “rebel-des” que los Estados consustanciados con las ideas hegemónicas bus-can castigar. En ese rompimiento de reglas y castigo de conductas, se reconfigura la identidad de unos y otros, y esto termina polarizando los intereses y las ideas de ambos bandos.

Por último, dado que los Estados pueden elegir romper ciertas reglas y respetar otras, las nociones de complementariedad y antagonismo con-figuran un continuo en donde los extremos son la plena complementarie-dad y la plena oposición; y en medio existen gradualidades. Por lo tanto, desde el punto de vista del cumplimiento o no, hay reglas más sensibles que otras, y, por lo tanto, las recompensas y los castigos son proporciona-les al tipo de regla que se cumple o se rompe.

3. Carácter y dinámica del sistema internacionalRetomando el principio de los problemas fundamentales que debían

ser atendidos al construir un enfoque sistémico para las periferias, se identificaron problemas de tipo ontológico y epistemológico.

En primer lugar, se buscó romper con el monismo de la unidad a partir de la construcción de una tipología basada en tres criterios: i) dotaciones de poder político y militar; ii) posicionamiento geográfico; iii) capacidad de injerencia en la economía global. Esta tipología tuvo por objetivo in-corporar, por un lado, las dimensiones verticales y horizontales del poder;

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y por otro, ampliar las características que se deben observar al analizar relaciones periferia-periferia y centro-periferia.

La tipología permite sostener (desde la lógica analítica) la existencia de un componente material que se constituye en función de la existencia de agentes centrales y agentes periféricos. Componente que sólo tiene sentido (para las unidades del sistema) si es correspondido por un com-ponente nocional determinado por la distribución de conocimiento de las unidades codificado en términos de reglas.

En cuanto a la dinámica del sistema, el componente material del sistema internacional necesita de un componente nocional para ser significado por los agentes; tal como la estructura nocional necesita de una estructura material que sirva de base para definir qué con-junto de ideas se impondrá. Aunque inicialmente la distribución del poder de las unidades configura el componente material del sistema, la configuración de las ideas se da mediante un proceso histórico de construcción de una identidad. Esa identidad no sólo es construida a partir de características propias de los Estados, sino que se construye y reconstruye en función de la configuración político-económica domés-tica (que es influenciada tanto por fenómenos domésticos como por fenómenos internacionales) y de la configuración política y económica internacional (que también es influenciada por fenómenos domésticos y por fenómenos internacionales), y al hacerlo, un Estado no sólo cons-truye su identidad, sino que también actúa sobre la construcción de la identidad de los otros, y la identidad de éstos revierte nuevamente sobre su identidad. Ese ubicarse en la estructura nocional le permite entenderse en la estructura material.

Mediante la construcción de una identidad, el agente puede enten-der el sistema desde su configuración de las percepciones de amenazas y beneficios. Cuando el mapa de las relaciones se entiende en términos de amenazas y beneficios potenciales, entonces el agente puede actuar en consecuencia. Además, sabe si su conducta cumplirá o no las reglas sociales establecidas como hegemónicas. Esto no sólo le permite al agente predecir cuál será la respuesta de los otros, sino que también permite a los otros agentes establecer un tipo de conducta adecuada como respuesta.

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Así, aunque los atributos materiales son propios de cada unidad, las ideas no son privativas de ellas. Las ideas de la estructura social que conforman el componente nocional del sistema son el resultado de una construcción social que está imbuida de las unidades pero que también ordena las relaciones sociales que las unidades muestran entre sí. Luego, dado que la materialidad no tiene sentido sin ideas que la codifiquen, los atributos materiales también se vuelven relativos, y por extensión, también la materialidad es una construcción social. Esto permite ontoló-gicamente romper con la dicotomía agente-estructura.

El sistema está constituido por unidades que se relacionan entre sí. Es decir, el sistema no es posicional (Waltz) ni transformacional (Wendt y Dessler), sino relacional. El poder, la geografía, la capacidad de influencia sobre el régimen económico internacional, las ideas y las reglas se entienden sólo en términos de las relaciones que se estable-cen entre los agentes.

Finalmente, es posible afirmar que tanto las características de las “unidades” como la constitución de la “estructura” son el resultado de un proceso dinámico e inacabable de co-construcción. El sistema, entonces, a partir de su carácter relacional, se encuentra siempre en cambio continuo. Y ese cambio continuo en el sistema puede darse por dos mecanismos:

En primer lugar, dado que los recursos de poder se pueden acumu-lar y desacumular, el componente material del sistema puede cambiar. Al cambiar el componente material, cambiará entonces el soporte obje-tivo del componente nocional. Si cambia el componente nocional, cam-bia también el conjunto de ideas hegemónicas y las reglas asociadas, por lo cual se reconfiguran las identidades (es decir, aquellos que se definían inicialmente en forma complementaria pueden ahora hacerlo en forma antagónica, o viceversa). Al reconfigurarse las identidades, se modifican los sentidos atribuidos al componente material cambiando así las percepciones de amenaza y beneficio, lo que lleva a un nuevo tipo de comportamiento de los agentes.

En segundo lugar, dado que el componente nocional es en gran medida resultado de la puja entre los Estados más poderosos por exte-riorizar sus ideas (cuestión que ya hemos analizado), una modificación

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en las ideas de éstos puede llevar a la reconfiguración de las reglas del sistema. La reconfiguración del componente nocional modifica parcial o completamente el significado del componente material, lo cual modi-fica a su vez las percepciones de amenaza y beneficio. Con esta nueva matriz de percepción, los agentes modifican su comportamiento.

4. Dos modelos teóricos sobre dinámicas asociativas periféricas: en busca de la autonomíaDesarrollado el marco conceptual, esta sección emprende la tarea de

generar dos modelos analíticos estilizados que tienen por objetivo aplicar el marco a un problema-analítico acotado: se buscará estilizar las gene-rales dinámicas asociativas interestatales al nivel de las periferias y las condiciones para la conformación de una “sociedad estratégica”.7

El primer modelo, el “modelo básico”, responde a la pregunta-problema general: ¿Bajo qué condiciones se despliegan dinámicas asociativas (eco-nómicas, militares y políticas) entre dos países medianos ubicados en la periferia de un hegemón global y cuya finalidad es lograr mayores espacios de autonomía respecto de éste?

Este modelo está compuesto por dos trayectorias estilizadas (“diferen-cial de percepción de amenaza” y los “retornos esperados de la relación con el hegemón”) que se utilizan para caracterizar cuatro escenarios que muestran (en términos de gradientes) qué condiciones son necesarias para que dos países medianos, vecinos y ubicados en la periferia del hegemón global (por ejemplo, para el caso Argentina-Brasil-Estados Unidos), esta-blezcan una dinámica asociativa entendida en términos de una “sociedad estratégica” con fines políticos, militares y económicos comunes como me-dio para lograr mayores espacios de autonomía con respecto al hegemón.

7 El término “sociedad estratégica” ha sido tomado de Russell y Tokatlian (2003), e implica que “los socios trabajan juntos sobre la base de sus raíces comunes, su relevancia mutua y sus objetivos compartidos. A partir de la confianza y el respeto recíprocos, renuncian a dirimir sus conflictos por medios violentos y asumen la obligación de ayudarse frente a las amenazas externas. Además, una sociedad estratégica presupone un entrelazamiento amplio y profundo de los Estados y sociedades civiles de los países que la integran” (83).

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El segundo modelo, el “modelo ampliado”, busca explicar las varia-ciones de las trayectorias desplegadas en el modelo básico, a partir de la incorporación de una gran potencia o nueva potencia emergente a la relación trilateral básica. Dado que el marco conceptual establece el tipo de relaciones generales (es decir, con n cantidad de agentes), se presenta el modelo ampliado, a fin de extender (más allá de una relación tripartita) los tipos posibles de interacciones y evaluar las modificaciones en los escenarios en cuanto a condiciones de posibili-dad para una sociedad estratégica. En este sentido, el modelo amplia-do tiene como objetivo evaluar las posibles interacciones resultantes de un nuevo agente, como podría ser China, en la relación tripartita Argentina-Brasil-Estados Unidos.

a. El modelo básico

Este primer modelo se constituye a partir de la construcción de dos trayectorias estilizadas:

La primera trayectoria representa una configuración particular del principio de percepción de amenaza, adaptado para entender, particu-larmente, dinámicas asociativas. Para este modelo, la percepción de amenaza se entiende en términos relativos, y se denomina “diferen-cial de percepción de amenaza”. Dado que el análisis de las relaciones es desde el “Sur”, esta variable muestra cuál es la mayor fuente de amenazas para el Estado individual periférico: el vecino o el hegemón global. Debido a razones instrumentales, se define al “diferencial de percepción de amenaza” como “positivo” cuando la mayor amenaza relativa percibida es el hegemón, y no el vecino; a la inversa, será lla-mado “negativo”.

Al igual que en el caso anterior, la segunda trayectoria refiere a una configuración del principio de percepción de beneficio. Esta trayectoria busca mostrar la posibilidad o imposibilidad que tiene un país en la peri-feria de alinear su política exterior a los intereses del país hegemón, y así, obtener beneficios económicos. De aquí entonces que esta trayec-toria sea denominada “retornos esperados de la relación con el hege-món”. Los “retornos esperados” serán “positivos” si el agente periférico

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logra obtener beneficios de su relación con el hegemón, en cuanto a una mayor participación de la renta internacional. De lo contrario, los “retornos esperados” serán negativos.

El modelo busca, finalmente, entender cómo operan las trayectorias sobre la intensidad de la dinámica asociativa en términos económicos, mi-litares y políticos en el plano internacional, es decir, en la “conformación de una sociedad estratégica en la periferia”.

Ahora bien, para explicar por qué Estados periféricos entablarán una sociedad estratégica o no, es menester definir las relaciones de determinación entre ambas trayectorias. Esto no es otra cosa que darle forma al modelo.

En el cuadro 6 se muestran los escenarios posibles que surgen de combinar las dos trayectorias. El “diferencial de percepción de amenaza” se establece sobre el eje de ordenadas, y los “retornos esperados con el hegemón”, sobre el eje de abscisas. A partir de cómo se definieron ambas trayectorias, éstas pueden tomar “valores” tanto positivos como “negati-vos”, por lo cual quedan conformados cuatro cuadrantes, que representan cuatro escenarios.

El primer escenario (cuadrante A) está definido por un diferencial de amenaza positivo (el hegemón representa una mayor fuente de amenaza que el vecino periférico), donde los retornos de la relación con el hegemón son negativos (es decir, no se obtienen mayores rentas del régimen internacional mediante una mejor relación con quien lo controla). El segundo escenario (cuadrante B) muestra un diferencial de amenaza positivo, pero también retornos positivos por relacionarse con el hegemón. En el tercer escenario (cuadrante C), el diferencial de amenaza es negativo (por lo cual el vecino periférico representa una mayor amenaza que el hegemón), pero también los retornos con el hegemón son negativos. Finalmente, el último escenario (cuadrante D) está determinado por un diferencial de amenaza negativo, y retornos esperados por la relación con el hegemón positivos.

En Dittmer (1981) se presenta un modelo de relaciones trilaterales que tiene cierta similitud con el presentado en este apartado, pero cuyas diferencias son significativas.

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En el modelo del “triángulo estratégico” de Dittmer se construye sobre la idea de “intercambios”.

Parece analíticamente conveniente adoptar una distinción gene-

ral entre intercambios de beneficios (por ejemplo, el comercio)

e intercambios de sanciones (por ejemplo, la guerra). Los inter-

cambios son, en términos generales, recíprocos, pero pueden ser

o no simétricos. (Dittmer 1981, 486)

En el “triángulo estratégico” se sostiene que el valor de un intercambio está determinado principalmente por el comportamiento de dos actores en la relación bilateral, vis-à-vis uno con el otro. Además, la simetría de la relación está fuertemente influenciada por el coeficiente de poder (fuerte/débil) entre dos actores. Y, por último, tanto el valor como la simetría de cualquier relación bilateral son afectados marginalmente por la relación que ambos actores tienen con el tercer agente.

Según el modelo aquí planteado, el concepto de trayectorias amplía el análisis a más patrones posibles de vinculación de los agentes. En este sentido, las relaciones trilaterales no se explican de a pares, sino, más

Cuadro 6. Escenarios posibles


Sociedad estratégicaA

C

-

-

+

+B

D

Sin asociación

Asociación limitada

Sin asociación

Retornos con hegemón

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bien, como el resultado de un juego sistémico en el que las conductas de los agentes son producto del poder relacional que las vincula. Los cambios en las conductas de cualquiera de los agentes modifican la totalidad de las relaciones tripartitas si se ven afectados el diferencial de percepción de amenaza y/o los retornos esperados de la relación con el hegemón.

En el modelo básico, tanto la percepción de amenaza como la de bene-ficio descansan en los componentes material y nocional del sistema. Cabe señalar que el modelo se construye desde el punto de vista de los agentes periféricos, en el sentido de que la explicación de las dinámicas asociati-vas en cuanto a la constitución de “sociedades estratégicas” se orienta a la relación entre los agentes periféricos.

Según el modelo básico, el componente material es el siguiente: 1. El hegemón presenta una relación de poder de fuerte asimetría respec-

to de ambos agentes periféricos.2. La relación de poder entre ambos agentes periféricos es simétrica.3. Ambos agentes periféricos se encuentran geográficamente cercanos

entre sí, pero además configuran, desde el punto de vista del hegemón, su “zona de influencia”.

4. El régimen económico internacional es controlado por el hegemón.Así, pues, desde el punto de vista del agente periférico individual,

las fuentes de amenaza pueden provenir del hegemón o del otro agente periférico. Si la mayor fuente de amenaza es el hegemón, puede optar por cooperar con el otro agente periférico, a fin de contener los embates del poderoso. Pero también puede ocurrir que la mayor fuente de amenaza sea el otro agente periférico, por lo cual puede buscar lograr algún tipo de alianza defensiva con el hegemón, a fin de proveerse de seguridad.

Además, la relación con el hegemón puede o no significar un retorno en cuanto a beneficios económicos para el agente periférico. Esto dependerá del patrón de inserción en la economía internacional del agente; por lo cual puede ver con buenos ojos el entablar relaciones comerciales y económicas amplias con el otro agente periférico, a fin de procurarse su bienestar económico.

Como se explicó, el diferencial de percepción de amenaza y los retor-nos esperados de la relación con el hegemón descansan, en última instan-cia, en la identidad que los Estados se van dando mutuamente.

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A partir de aquí, el analista puede darle sentido al modelo. Según el mo-delo, si la mayor fuente de amenaza percibida es el vecino, y no el hegemón (diferencial de amenaza negativo), no es posible entablar un proceso de aso-ciación entre ambos países (cuadrantes C y D). Para que la cooperación pueda darse, es necesario que ambos países periféricos perciban que el hegemón es una fuente de amenaza relativamente más importante que la que constitu-ye su vecino periférico; es decir, en otras palabras, la identificación de una amenaza en común. Y ésta es la primera condición para que ambos agentes periféricos busquen coordinarse. Al identificar en un tercero la amenaza, la percepción de ambos en cuanto a su identidad se construye a partir de que ambos comparten un interés en común: ambos deben procurarse seguridad o preservar su autonomía respecto del hegemón.

Cuando ambos entienden que la mayor fuente de amenaza es el hege-món (es decir, los cuadrantes A y B), aún queda un factor determinante que influye sobre la posibilidad de establecer una sociedad estratégica. Este factor está determinado por los retornos esperados de la relación con el hegemón.

Dado el carácter dual del poder, el hegemón puede ser también una fuente de beneficios. Un Estado periférico o ambos pueden encontrar en una relación con el hegemón una fuente de beneficios, en función de los intereses que sostienen sus estructuras económicas domésticas; por lo cual, aunque el hegemón represente una amenaza, bajo ciertas circuns-tancias, su ayuda puede volverse indispensable para preservar un régimen económico y político interno. En forma paralela, los Estados periféricos pueden buscar generar un conjunto de acuerdos específicos entre sí, para lograr mayores niveles de negociación con respecto al hegemón, y así, contener parcialmente la amenaza que representa. Esta concreción de acuerdos específicos se define como “asociación limitada” (cuadrante B).

Ahora bien, si el diferencial de amenaza es positivo y los retornos esperados son negativos (cuadrante A) para ambos agentes periféricos, entonces están dadas las condiciones para la conformación de una socie-dad estratégica. Bajo estas condiciones, el hegemón es sólo una fuente de amenaza, por lo cual configura para ambos Estados periféricos un riesgo para su autonomía. Así, pues, si frente a la amenaza del hegemón los

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Estados buscan ampliar su autonomía política y económica internacional, no tienen más opción que asociarse.

Finalmente, para cerrar con el planteo del modeló básico, volvemos a retomar el modelo de Dittmer (1981). Según este autor, el triángulo puede tomar tres formas:a. El ménage à trois, en donde los tres lados del triángulo muestran una

relación de amistad simétrica;b. El “triángulo romántico”, en donde un lado funciona como pívot, y éste

tiene una relación de amistad con cada uno de los otros dos agentes, pero estos dos tienen una relación de enemistad; y

c. El “matrimonio estable”, que consiste en una relación de amistad entre dos agentes del triángulo, y ambos presentan una relación de enemis-tad con el tercero.Ahora bien, el “ménage à trois” de Dittmer puede ser entendido como

un caso muy particular del modelo básico. Deben cumplirse dos criterios para que este tipo de relación ocurra: i) el diferencial de percepción de amenaza debe ser igual a 0, es decir, que cada uno de los agentes perifé-ricos debe percibir como igual amenaza a su vecino y al hegemón; y ii) los retornos esperados de la relación con el hegemón deben ser iguales a los retornos esperados de la relación con el vecino periférico. Como es de ima-ginar, estas dos condiciones son de difícil cumplimiento, dado que si bien el hegemón puede representar la misma amenaza que el vecino periférico, el primero tiene muchos más recursos disponibles para generar retornos económicos que el segundo.

En el análisis de Dittmer, ser el “pívot” en un “triángulo romántico” es la posición más ventajosa que un agente puede obtener de un triángulo estratégico. Sin embargo, como ya hemos demostrado desde la teoría y el análisis empírico, el pívot es quien se ubica más favorablemente en la distribución de poder relacional. Para los casos que nuestra aproximación quiere ilustrar, la posición de pívot es potestad del hegemón. Ninguno de los agentes periféricos puede sostener en el tiempo dicha posición.

Por último, es dable concordar con Dittmer en que el caso de “matri-monio estable” es la situación más común en un triángulo estratégico. Pero se deben introducir ciertas salvedades.

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Si bajo el triángulo los dos agentes periféricos constituyen el matrimonio, deberán hacer frente al poder (tanto coercitivo como coactivo) que el hegemón puede desplegar para romper dicha relación. Esto si, y sólo si, el hegemón entiende que dicha relación constituye una amenaza para él.

Por otro lado, si en un triángulo uno de los agentes periféricos cons-tituye un matrimonio con el hegemón, entonces el otro agente periférico se verá incentivado a entablar relaciones con otros agentes centrales, lo que en la práctica rompe el triángulo. Por lo que, si los agentes perifé-ricos buscan establecer una sociedad estratégica (que en términos de Dittmer puede ser traducida como un matrimonio estable), ésta no debe ser percibida como una amenaza por el hegemón. Pero si es percibida como amenaza, ¿no existe alternativa para la acción de los agentes pe-riféricos? Esto nos lleva a pensar el problema más allá del triángulo. A continuación, se presenta el modelo ampliado, con el cual se introduce en el análisis un cuarto agente: un “nuevo agente central”.

b. El modelo ampliado

El marco conceptual desarrollado en este trabajo de investigación tiene un alcance analítico (como ya se señaló) que excede al análisis de las re-laciones tripartitas. Así, pues, lo que nos proponemos en esta subsección es un ejercicio teórico que amplía las implicancias del modelo básico uti-lizando las herramientas teóricas del marco conceptual.

El modelo ampliado busca exponer cómo se modifican las posibles re-laciones tripartitas en general, y las dinámicas asociativas en particular, mediante la incorporación de otro agente central.

En el modelo ampliado, el componente material queda definido de la siguiente manera: 1. El hegemón presenta una relación de poder de fuerte asimetría respec-

to de ambos agentes periféricos.2. La relación de poder entre ambos agentes periféricos es simétrica.3. Ambos agentes periféricos se encuentran geográficamente cercanos

entre ellos, pero además configuran, desde el punto de vista del hege-món, su “zona de influencia”.

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4. El régimen económico internacional es controlado por el hegemón.5. El nuevo agente central tiene una relación de poder asimétrica positiva

respecto de los agentes periféricos.6. El nuevo agente central puede constituirse como amenaza (o raising

challenger) para el hegemón.Ahora bien, ¿cómo se modifican entonces los escenarios planteados

por el modelo básico?Cabe recordar que ambos modelos buscan analizar las dinámicas

asociativas en cuanto a constitución de “sociedades estratégicas” desde el punto de vista de los agentes periféricos. Por lo tanto, el cambio en los escenarios debe ser entendido en términos de las implicancias que tiene la incorporación del nuevo agente central en viabilizar o restringir la con-formación de una sociedad estratégica entre ambos agentes periféricos.

Según el modelo básico, los cuadrantes C y D mostraban un diferencial de amenaza negativo, es decir, para el agente periférico su vecino es una amenaza relativa mayor a la que representa el hegemón global, por lo que en principio ambos agentes periféricos se procurarán seguridad mediante una relación cercana con el hegemón.

Este principio rige estos dos escenarios; sin embargo, la aparición de otro agente central puede desplegar nuevas dinámicas:i. Si para ambos agentes periféricos este nuevo agente es una mayor

amenaza que el hegemón, entonces no habrá modificaciones en la relación tripartita.

ii. Si para ambos agentes periféricos este nuevo agente es una me-nor amenaza que el hegemón, entonces ambos agentes periféricos buscarán asociarse al nuevo agente central, a fin de procurarse seguridad, pero la relación entre ellos seguirá siendo de no asocia-ción. Y el nuevo agente central se convierte en una amenaza para el hegemón.

iii. Si el nuevo agente central es una menor amenaza que el hegemón para uno de los agentes periféricos, pero para el otro es una mayor amenaza, entonces se modifica la relación tripartita. Uno de los agen-tes se asociará al hegemón, y el otro, al nuevo agente central, lo que, en definitiva, empeora las relaciones entre ambos agentes periféricos.

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En el cuadrante B del modelo básico se presentaba una situación en donde el diferencial de amenaza es positivo (para ambos países periféricos el hegemón es la principal fuente de amenaza), pero los retornos espera-dos de la relación con el hegemón también son positivos (por lo que una buena relación con el hegemón se puede capitalizar en cuanto a beneficios económicos del sistema internacional).

De nuevo, siguiendo el modelo básico, si los Estados periféricos buscan generar un conjunto de acuerdos específicos entre sí para lograr mayores niveles de negociación con respecto al hegemón, y así contener parcial-mente la amenaza que representa –pero manteniendo una estrategia de búsqueda de retornos económicos producto de la relación con el hege-món–, entonces la dinámica asociativa entre ambos agentes periféricos será del tipo “asociación limitada”.

Ahora bien, en cuanto al modelo ampliado, la aparición de otro agente central en esta dinámica genera un conjunto completamente nuevo de relaciones posibles dentro del cuadrante B:i. El nuevo agente central puede desplazar al hegemón global como fuen-

te de retornos económicos, pero aun así este nuevo agente es una ame-naza relativa superior que la amenaza que ambos agentes periféricos perciben entre sí. Por lo tanto, nada cambiará en la dinámica asocia-tiva entre los agentes periféricos, pero el hegemón sí será desplazado de la relación trilateral. Seguirá existiendo una “asociación limitada”.

ii. El segundo subescenario es que el nuevo agente central represente un retorno positivo para un agente periférico, pero no para el otro. En este caso, el grado de asociación entre ambos agentes periféricos con-tinuará siendo limitada, pero se modificarán las relaciones bilaterales entre los agentes periféricos y los agentes centrales.

iii. La tercera posibilidad es que el nuevo agente central represente una ame-naza para uno de los agentes periféricos y que para el otro sea una fuente de beneficios. En este caso, se tensará la “asociación limitada” entre los agentes periféricos; y dependiendo del grado de amenaza que representa el nuevo agente central para uno de los periféricos, esa asociación puede romperse. Lo que en principio representaría una situación en donde un agente periférico se asocia al hegemón, y el otro, al nuevo agente central.

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iv. La última posibilidad es que el nuevo agente central se configure como amenaza para ambos países periféricos. En este caso, la re-lación tripartita original se fortalece, y ambos países periféricos buscarán seguridad tanto entre sí como del hegemón global. En otras palabras, se reconfigura la amenaza relativa en términos ge-nerales; ahora, los agentes periféricos están más preocupados por el nuevo agente central que por el hegemón, y por supuesto, por su relación bilateral.Finalmente, según el modelo básico, si el diferencial de amenaza es

positivo y los retornos esperados son negativos (cuadrante A) para ambos agentes periféricos, entonces están dadas las condiciones para la confor-mación de una sociedad estratégica. Bajo estas condiciones, el hegemón es sólo una fuente de amenaza, por lo cual configura para ambos Estados periféricos un riesgo para su autonomía.

Ahora bien, la única opción que tenían los agentes periféricos (aso-ciarse, frente a la amenaza de un hegemón que tampoco reporta retornos positivos) se relativiza:i. Si el nuevo agente central se configura como una amenaza relativa

mayor, menor o igual que el hegemón global, la “sociedad estratégica” no se verá amenazada.

ii. Ahora bien, si el nuevo agente central representa una modificación en la percepción de amenaza que ambos países periféricos tienen entre sí, entonces la “sociedad estratégica” tenderá a disolverse. Por ejemplo, si los retornos económicos de la relación con el nuevo agente central representan retornos económicos para un agente periférico, pero no para el otro.

iii. Si el nuevo agente central representa una fuente de retornos econó-micos para ambos agentes periféricos, entonces emerge la posibilidad de que entren en una “competencia” por lograr obtener los retornos económicos que representa el nuevo agente central.

iv. Por último, si el nuevo agente central busca desplazar al hegemón de una región como parte de su estrategia de política exterior, ambos agentes periféricos pueden utilizar su “sociedad estratégica” como recurso de negociación con el nuevo agente central. El objetivo sería,

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en principio, el desplazamiento del hegemón incorporando un nuevo agente de peso en la relación y, en este sentido, viabilizar nuevas es-trategias para aumentar los espacios de autonomía.Hasta aquí se ha buscado estilizar las condiciones de posibilidad

para el surgimiento de una sociedad estratégica. Las condiciones en un formato de “triángulo” responden a que las percepciones y posibilidades (o restricciones) materiales de ambos agentes periféricos se alineen en cuanto a entender que una relación entre ambos es más provechosa que una relación con el hegemón.

Al ampliar el modelo, las conclusiones en cuanto a condiciones de posi-bilidad se vuelven menos determinadas. La aparición de un agente central (o emergente, de gran magnitud) dentro de estas relaciones trilaterales pueden modificar (al menos potencialmente) la totalidad de las relaciones de percepción de amenaza y beneficio, lo que en la práctica se traduce en mayores posibilidades o restricciones en términos del surgimiento de sociedades estratégicas en los países periféricos.

En todo caso, es necesario sostener que para que una sociedad estratégica se concrete, no depende sólo de la acción o las estrategias que los Estados periféricos puedan darse. Esto sería un reduccionismo. Los Estados (tanto en forma individual como conjunta) sólo pueden controlar parcialmente una parte de la totalidad de las dinámicas y los procesos que ocurren en el nivel sistémico. Aunque el propio sistema es el resultado de sus interacciones, esas interacciones se despliegan en múltiples dimensiones, muchas de ellas no controladas por el pro-pio Estado. Esto se debe básicamente al cambio de los componentes materiales del sistema: el surgimiento de nuevas tecnologías, el des-cubrimiento de nuevas fuentes de recursos naturales, el desarrollo industrial asimétrico entre naciones, etcétera.

Conclusión Este trabajo ha buscado tanto en términos teóricos como meta-

teóricos generar un marco conceptual para las relaciones periféri-cas atendiendo a la necesidad de no caer en trampas ontológicas y epistemológicas.

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Desde el punto de vista ontológico, la propuesta metateórica de un enfoque constructivista-realista hace necesario incorporar en un mismo marco conceptual el nivel de las condiciones materiales y el nivel de las ideas, con el objetivo de superar el “problema” del agente y la estructura, relativo al comportamiento de las unidades del sistema internacional. Desde el punto de vista conceptual, esto permite entender el sistema en dos dimensiones, que se separan sólo por fines analíticos, pero que existen en forma co-construida, es decir, dinámicamente interdepen-diente: i) el “componente material”, que establece las posibilidades y las restricciones para la acción de los Estados; y ii) el “componente nocio-nal”, el conjunto de ideas necesario para atribuir sentido a las condi-ciones materiales (codificado en términos de reglas), es decir, significar las oportunidades y los riesgos del sistema en cuanto a percepción de amenaza y percepción de beneficio.

Esta caracterización del sistema es el resultado de la ruptura del monismo de la unidad a partir de la construcción de una tipología bá-sica basada en tres criterios: i) dotaciones de poder político y militar; ii) posicionamiento geográfico; y iii) capacidad de injerencia en la economía global. Esta tipología ha buscado incorporar, por un lado, las dimensiones verticales y horizontales del poder; y por otro, ampliar las características que deben ser observadas, en aras de analizar las relaciones periferia-periferia y centro-periferia.

El ejercicio analítico estilizado desplegado en torno a dinámicas aso-ciativas en las periferias es sólo un ejemplo de cómo aplicar el marco conceptual a cuestiones de índole teórica más restringidas y asociadas a la práctica de la política exterior.

Tal vez el aporte más significativo de este marco conceptual se ma-terialice mediante la generación de estudios de casos de base empírica. Éstos son la actividad y el desafío teórico que quedan por delante y que serán el espíritu de próximos trabajos. Hasta aquí, se han presentado los cimientos necesarios para pensar la política y las relaciones internacio-nales desde una mirada que busca plantear explicaciones que vuelvan visibles las concretas dinámicas que presenta el sistema internacional para los países periféricos.

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Mercosur, the role of Ideas and a More Comprehensive regionalism

AbSTRACTMercosur’s political agenda experienced a “redefinition” after the 1999-2002 regional crisis. The emergence of issues related to pre-existing asymmetries and the creation of a regional Parliament, amongst other things, show the importance of the new sociopolitical agenda since 2003. Thus, a broader and more comprehensive scope which includes an ideational approach is required. Nevertheless, according to presidential discourses, more steps forward should be expected in South American regional integration.

KEyWORDSMercosur • constructivism • regional integration • ideational approach

Mercosur: el papel de las ideas y un regionalismo más abarcante

RESUmENLa agenda política del Mercosur ha experimentado una suerte de “redefinición” después de la crisis regional de 1999-2002. La emergencia de temas relacionados con las asimetrías regionales prexistentes y la creación de un parlamento del Mercosur, entre otras cosas, muestran la importancia de la nueva agenda sociopolítica desarrollada a partir de 2003. Por ello, se requiere la incorporación de un enfoque más amplio y abarcador que se acerque desde lo ideacional. Sin embargo, si nos atuviéramos a los discursos presidenciales, serían de esperar muchos más avances en el campo de la integración regional.

PALAbRAS CLAvE Mercosur • constructivismo • integración regional • enfoque ideacional

Recibido: 19 de marzo de 2013

Modificado: 16 de junio de 2013


Sergio Caballero Santos ([email protected]) has a PhD in International Relations from the Universidad Autónoma de Madrid and a B.A. in Political Science and Law from the Universidad Autónoma de Madrid. After being a pre-doctoral researcher at FPU-UAM (from 2007 to 2011), he has been an honorary professor in the Department of Political Science and International Relations since 2012, and an interim full professor since 2013. During that time he has collaborated in teaching and lecturing in courses such as Theory of International Relations, European Union Policies, Ethics and Justice in International Relations, Configuration of International Society, etc. Some of his recent publications include: “Brasil y su imagen: no es oro todo lo que reluce” in Anuario Americanista Europeo n.10, 2012; “Unasur y su aporte a la resolución de conflictos sudamericanos: el caso de Bolivia” in Documentos de Trabajo IELAT, n.44, nov. 2012; “Brasil y la región: una potencia emergente y la integración regional sudamericana” in Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.54, n.2, 2011; “El proceso de integración del Mercosur a través de las teorías de integración regional”, in Cuadernos del CEFIR, 2011; “Unasur, ALBA y Mercosur y sus correlatos de cooperación Sur-Sur: .proyectos competitivos o complementarios?” in Argentina y Brasil: Proyecciones Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración, 2012; and “El Mercosur 2003- 2011: de la redefinición a la incertidumbre” in América Latina-Unión Europea/Unión Europea-América Latina: integración regional y birregionalismo, 2012.


The present paper is part of a study which seeks to approach the dimension of identity and the theories of International Relations that emphasize the role of ideas with a substantial topic, such as the processes of regional integration in Latin America and, more concretely, the Mercosur case. The research did not receive funding, but it has been nourished by the inputs and suggestions of participants at the IPSA panel (Madrid, July 2012) where it was presented as a first draft, as well as by the valuable corrections of the peer reviewers of the journal.


Mercosur, the role of Ideas and a More Comprehensive regionalism1

Sergio Caballero Santos Universidad Autónoma de Madrid

IntroductionMercosur’s political agenda experienced a “redefinition” after the 1999-2002 crisis. The emergence of issues related to pre-existing asymmetries and the creation of a regional Parliament, amongst other things, show the impor-tance of the new sociopolitical agenda since 2003. Thus, a broader and more comprehensive scope which includes an ideational approach is required. Nevertheless, according to presidential discourses, more steps forward should be expected in South American regional integration. These regional agree-ments are based on decision makers’ ideas and perceptions and, notably, on a special understanding of the political projects of the member states.

In this paper, firstly, the Mercosur “redefinition period” (2003-2007) is tackled, emphasising on the sociopolitical agenda. In spite of the traditional focus on material elements such as power and econom-ic interests, other elements, like the sociocultural ones, come into play. Secondly, it is argued the relevance of the role of elite’s ideas, values and perceptions is argued, while reaching agreements. People are the unit of analysis, and the regional integration process is understood as a dynamic process, whereas rationalist theories would apply a rather static and state-centric approach.

1 I would like to thank the blind referees for their comments and suggestions. However, the mistakes still remaining in the article are just my responsibility.

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Mercosur, the Role of Ideas and a More Comprehensive Regionalism


And finally, as a conclusion, a complementary theoretical explanation of this 2003-2007 period is proposed in order to shed some light on Mercosur’s regional integration process, providing a more complex explanation for a more comprehensive regionalism. Furthermore, this article ends by indicat-ing the doubts that have arisen in recent years, due to high expectations generated by presidential declarations and regional summits, whereas the real measures adopted by national bureaucracies are quite limited.

1. The sociopolitical redefinition (2003-2007)Aspirations of regional integration have always been present in Latin

America since the time of independences. The leaders of the new-born re-publics, and notably Simón Bolívar, tried to design a united regional area, partly due to their own convictions, and partly because the unity could be understood as a defensive measure against hypothetical risks and ag-gressions (at the very first moment, from European countries, and later from the United States). However, this uniting driving force was always in tension with strong nationalist ideas, aiming to build national symbols in order to establish clear differences among the new republics. This task was mainly functional for local oligarchs to retain their privileges and power. This dichotomy between unitary projects and strong nationalism explains, in certain way, the –better or worse– performance of regional integration processes which have taken place in Latin American history.

Although the scope of this work is far from presenting a detailed over-view of Latin American regional integration, it is suitable to provide some milestones to follow the antecedents of this process. In the 1950’s, under the structuralist ideas coming from the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), directed by Raúl Prebisch, a vision of a regional market was launched with the intention of limiting the high dependency that Latin American countries (the periphery) suffered from the core countries. In this context, the ALALC was created in 1960 and, after not having satisfied the expectations, a new institution was launched in 1980: the ALADI. In that decade (the 80's) characterized by democratic transitions all over the region and by an increasing globalization process, presidents chose to put the focus on economic integration (“open regionalism”) in order to be able to compete

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in the world economy and to have a stronger voice as a regional block in a “new world”. It is useful to remember that it is in this international context (post-Cold War scenario, neoliberalism consensus and globalization process), as well as the regional one (recovered democracies and the search to insertion in world economy), where the new wave of regionalism takes place, including Mercosur (as shown below).

In 1991, the Asunción Treaty, by which the Mercosur was created, was signed with the intention of establishing a common market and increasing commercial flows among the four member states, i.e. Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. At the same time, the aim of democracy consolida-tion, after a long history of military regimes in those countries, was also a key question to foster regional integration. However, despite the early implementation of a sort of educational Mercosur and some small steps for-ward in the social field –such as the Mercosur’s Workers’ Right Declaration (Declaración Sociolaboral del Mercosur) in 1998–, sociopolitical issues were not regarded as high priorities for Mercosur during the 90's.

Thus, the decade following the end of the Cold War, while dominated by a neoliberal atmosphere, was characterized by a focus on the com-mercial aspects of the regional project to the detriment of sociopolitical areas. It is important to notice that, in this period, the United States had launched –in Miami, in 1994– a project to link the whole hemisphere under a free trade area (FTAA-ALCA). Notwithstanding the failure of this initiative –as shown in Mar de Plata, in 2005–, the negotiation of the treaty gave the chance to South American countries to realize of the importance of being together in order to better protect their interests against other major powers, such as the United States.

In any case, during the nineties, increasing levels of economic interde-pendence and commercial flows among the member states were produced, giving the general idea that Mercosur was a great success, mainly in terms of quantitative variables and macroeconomic indicators. However, the real devaluation in 1999 and the consequent economic, political and institu-tional crisis in Argentina in 2001, as well as in the region as a whole, led to a re-evaluation of the regional project. In this situation, Domingo Cavallo, then Minister of Economy in Argentina, argued that Mercosur should be

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reduced to a free trade area instead of trying to create a common market. Nevertheless, the regional crisis and the risk of weakening the project became an opportunity to redefine the regional process. Eduardo Duhalde took office in Argentina in 2002 (and Nestor Kirchner in May, 2003) and Lula da Silva also took office in Brazil in January 2003, both presidents deciding to put the emphasis on regional tasks, as the best way to overcome the crisis. Thus, in some way, regional efforts were needed in order to im-prove national affairs. The Buenos Aires Consensus in 2003 could be seen as the starting point of this bilateral understanding between Presidents Lula and Kirchner. By virtue of this agreement, they tried to show the Buenos Aires Consensus as the opposite of the well-known Washington Consensus a decade before. Later on, further details about this 2003 agreement will be presented, but for the moment the focus will be placed on the social dimen-sion of this document, as well as on the main place reserved for the ideas of ‘development’ and ‘bilateral consensus’.

Concerning the international context, which also determines in certain way the regional one, the September 11 events mean a turning point in US foreign policy. Since 2001, US interests show an increasing emphasis towards security affairs (notably in Middle East and Islamic countries) and economic relations (mainly, the commercial links to Asia and the Pacific area). Paradoxically, the marginalization of Latin American affairs gener-ated by the new strategies coming from the White House let more room for Latin American leaders to arrange the way they negotiate among them-selves and how they decide to share their own projects for the future. This autonomy partially explains why South American presidents were able to get involved with a regional project with socio-political nuances.

After the 1999-2002 crisis, a bilateral (Argentinean-Brazilian) agree-ment arose, while small members states, i.e Paraguay and Uruguay, complained about not being taken into consideration when it came to regional decision making. In 2005 this situation was slightly improved. Paraguay succeeded in its claims and Mercosur created a mechanism to attenuate the asymmetries among the Mercosur regions: the FOCEM, a small yet strongly symbolic fund, given that the smaller countries pay less while obtaining more. At the same time, the leftist Frente Amplio

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won the presidential elections in Uruguay and Tabaré Vázquez took office. During his Mercosur presidency pro-tempore, he launched a sociopolitical program called “Somos Mercosur” (We Are Mercosur), which will be ex-plained in-depth below. But, probably, the best proof of this sociopolitical redefinition was the gradual construction of the Mercosur Parliament. Starting from the Parliamentarian Joint Commission, which was com-posed of members of the national parliaments, a regional Parliament was created in 20052, expecting to be directly elected by Mercosur citizens. The Constitutive Protocol states that “la instalación del Parlamento del Mercosur, con una adecuada representación de los intereses de los ciu-dadanos de los Estados Partes, significará un aporte a la calidad y equi-librio institucional del Mercosur, creando un espacio común en el que se reflejen el pluralismo y las diversidades de la Región y que contribuye a la democracia, la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso de integración y de sus normas” (quoted in Vázquez and Geneyro 2006, 8-9). Thus, even if this institution suffers from the lack of decision power, it was considered from the beginning as a deliberative arena, where citizens’ claims would be discussed and entered into the political agenda. In order to achieve that goal, the Political Agreement, that was reached at the Mercosur Parliament Plenary in Montevideo (October 18th, 2010), stated the contro-versial issue of the attenuate proportionality in the Mercosur Parliament composition. According to this agreement, the population will not be the only element to establish the number of parliament members chosen in each country3. In short, although the deadlines for each stage have never been honoured, the fact is that a regional Parliament has been created in order to be elected by Mercosur societies, and their members will talk with a regional voice, even if they will not have decision-making power, at least for the following years.

2 Mercosur/CMC/DEC Nº23/05, 2005. Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

3 For more information on Political Agreement, see the website: http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/4594/1/secretaria/cancilleres_del_mer-cosur_aprueban_el_acuerdo_politico_del_parlasur.html (last access: May, 3, 2012)

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To sum up, the special understanding between Brasilia and Buenos Aires (plus Asunción and Montevideo some years later) provided the opportunity to put some sociopolitical elements in action, at least at a discursive level.

2. The ideational role in mercosur’s regional integrationTraditionally, the ideational role4 has been undervalued when con-

sidering regional integration. Material logics such as power, security or commercial interests have primarily been used to explain why and how some countries decide to put in common some decisions concerning re-gional politics. For this reason, rationalist theories are more popular than the reflectivist ones. In order to complement and balance our approach to regional integration, a combination of several methodologies is offered, starting from a meta-theoretical constructivist approach, which will en-able us to put the focus on ideational logics, without avoiding the material ones. At the same time, and while understanding the integration process as a dynamic phenomenon which changes with time, an important role will be given to historic institutionalism, seeking to find changes and continuities in Mercosur regional integration. Last but not least, the ‘in-terpretative actors’ perspective’ will be included in order to stress the key role of decision makers’ ideas and perceptions to fulfil regional politics.

Constructivism can be understood as a meta-theoretical approach (Guzzini 2000), highlighting three statements: according to epistemol-ogy, knowledge is socially constructed; according to ontology, the world is socially constructed; and the link between both elements is a reflexive process in both directions. Connected to these thoughts, the ideational approach by Goldstein and Keohane (1993), states that ideas are impor-tant and these authors wonder what role ideas play. According to them (Goldstein and Keohane 1993, 12-20), ideas help to organize the world

4 In this work, “ideational” means ideas, values and perceptions; that is, intangible elements difficult to separate and individualize when decisions are examined, but elements which are always present in decision makers’ minds, so relevant in order to try to explain why those decisions –and not others- are chosen.

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and, in doing so, ideas shape the agendas, which, at the end of the day, have influence on the outcomes. Thus, there are three types of ideas: (i) ideas as road maps, that is, perceptions and the way we think shape our vision and thoughts about people and decisions; (ii) ideas as focal points and glue, understood as a way to bring different perceptions together in order to provide easier coordination; and, finally (iii), institutionalized ideas, i.e. after being put into practice, ideas become part of the institu-tions themselves and, in many cases, the initial idea changes at the same time and direction as the institution itself does.

Authors such as Sven Steinmo and Kathleen Thelen (1992) underline the importance of institutional changes over long periods of time, avoid-ing shortcomings or explanations of events –in our particular case, sev-eral stages of South American regional integration– as something fixed and immutable. They classify four types of changes: (i) important changes on political or socioeconomic context, which implies that institutions become irrelevant or keep latent; (ii) changes concerning the balance of power of sociopolitical context, which could encourage old institutions to promote new objectives; (iii) exogenous changes, which modifies the objectives and strategies pursued by existing institutions; and finally, (iv) changes in political actors, who shape their strategies to fix them to institution changes. As we will tackle below, these types of changes and dynamics can be applied to Mercosur’s regional integration process in order to try to explain this phenomenon and the way it takes place.

The importance of leaders and decision makers, mainly in a process often defined as inter-governmentalist or presidential diplomacy,5 makes suitable the application of an approach based on the way actors think and internalize their perceptions before taking decisions. According to Carslnaes’ typology (Carlsnaes 2005 [2002]) –combining individualistic and holistic ontologies and objective and interpretative epistemologies–,

5 For more on this concept, see among others Malamud (2010 [1991]). “La diplomacia presidencial y los pilares institucionales del Mercosur: un examen empírico”, http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/index.php?journal=Relaciones_Internacionales&page=article&op=view&path[]=241&path[]=214 (Last access: May, 3, 2012).

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we focus on the last combination: an approach based on an interpretative actors’ perspective, that is, an individualistic ontology and an interpreta-tive epistemology. This approach stresses the particular ideas, values and perceptions of decision makers, which led to certain decisions being taken during the Mercosur regional integration process.

3. Complementary theoretical explanation of mercosur redefinitionIn this section, the theoretical-methodological framework is applied to the

Mercosur redefinition period, covering 2003 to 2007. As an example, it could also be applied to any paradigmatic inflection point of the Mercosur process. Indeed, the ideas understood as a road map –Goldstein and Keohane's first type (1993)– are quite clear in the perceptions of Presidents Alfonsín and Sarney, where it was implied the early rapprochement and political coopera-tion between Argentina and Brazil in the mid-80’s, notably concerning the nuclear field. Thus, the idea of regional integration (or, at least at that precise moment, bilateral integration) is thought of as the road map to consolidate democracy in both countries and to definitely avoid the risk of war between neighbors, which was so tangible during previous dictatorships.

Likewise, the second type enunciated by the authors, Goldstein and Keohane (1993), comprising ideas as focal points and glue, could be exempli-fied during the 90’s, when neoliberal momentum mainly shifted regional in-tegration into commercial and economic interdependence. In fact, in those years there was a huge consensus on the suitability of developing regional integration, which was evaluated as very successful, in order to improve macroeconomic indicators and commercial flows. So, regional integration is partially seen as the focal point and glue that motivates decision makers –and also some epistemic communities– to emphasize the economic dimen-sion and to link the Mercosur project to increasing development.

After the 1999-2002 crisis, some important changes6 in the political and socioeconomic context took place, which implied that old institu-tions –or more accurately in our case, the existing regional integra-

6 Hereafter, I apply the classification of changes claimed by Thelen and Steinmo (1992).

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tion mechanisms– started to pursue new objectives, and by doing so, they became relevant in a new way. This sociopolitical context change is especially evident in the case of Argentina, where the political, so-cioeconomic and institutional crisis fostered the necessity to rethink the state, its relation with other countries and the way Argentina was expected to interact with the world, and also to ameliorate its develop-ment standards. In this setting, the then-President Eduardo Duhalde pledged his commitment to strengthen the links with Brazil, given its isolation from the world and the financial markets. The regional inte-gration process –and, more specifically, the bilateral project between Buenos Aires and Brasilia– was seen as a kind of reinsertion into the in-ternational arena and as a starting point to overcome the regional crisis. Therefore, as a result of both political opportunity and decision takers’ will, Mercosur acquired a new relevance, linked to a further sociopoliti-cal agenda, which tried to avoid focusing only on economic factors.

In the same period of time, several exogenous changes took place7, with the terrorist attacks on September 11, 2001 and the crystal-lization of a globalized world with emerging powers being the most important ones. Not wanting to go too far on this subject, given that it excedes the scope of this paper, the increasing idea of regional blocs as a suitable way to a better insertion in the international arena is worth noting. Furthermore, new fora as the BRICS, compris-ing emerging powers such as Brazil, tried to talk with one voice, i.e., the regional one, even if it was contested by other countries within the same region. This is quite evident in the case of Brazil ’s attempt to obtain a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC) in order to speak on behalf of the region, while Argentinean traditional diplomacy has fought against it. Nevertheless, in 2004 and just for few months, Brazilian and Argentinean governments agreed to share their rotative seat in UNSC. Moreover, and even if Brazil never wanted to assume the cost of regional leadership as the ‘paymaster’,

7 Third type of change, following Thelen and Steinmo (1992).

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some initiatives concerning asymmetries inside Mercosur were taken. Notably, the FOCEM (Mercosur Structural Convergence Fund) was created in 2005 with a redistributive logic, although holding a limited amount of money. This symbolic value makes this regional mechanism quite important as it represents a regional logic rather than a national one, although FOCEM is very weak and limited (as has already been said). What is important to highlight at this point is that Brazil and Argentina are the two countries that pay the most and receive the least, even if there are high poverty rates in both countries. And in addition, apart from Paraguay, Uruguay is the most favoured country, even if the smallest member of Mercosur is richer than their neighbors in terms of per-capita incomes.

Finally, taking the last type of historical change proposed by Thelen and Steinmo (1992), there are other kinds of dynamism: political ac-tors shape their strategies according to changes in institutions; that is, presidents and decision makers from the Mercosur member states shifted and partially shaped their attitude in relation to the regional integration process depending on new changes and perceptions about this process from 2003, notably the sociopolitical redefinition. At this point, the interpretative actors’ perspective of Carlsnaes (Carlsnaes 2005 [2002]) is very useful, as it stresses the leaders’ ideas and percep-tions, which, when framed in a specific context, motivate a particular decision. A proper example could be the Buenos Aires Consensus, in 2003, in which Presidents Lula and Kirchner agreed to design a new agenda based on democratic consolidation, development and the im-provement of life conditions. Regarding Mercosur, they stated their “convicción de que el Mercosur no es sólo un bloque comercial sino que constituye un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro com-partido” (quoted on Vázquez and Geneyro 2006, 2). Thus, the Buenos Aires Consensus together with the “2004-2006 Brazilian Working Program”8 could be understood as the starting point for several so-

8 Mercosur/CMC/DEC Nº26/05, 2005. Programa de Trabajo 2004/2006.

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ciopolitical initiatives developed and implemented, with more or less intensity and fortune, during the following years. By the degree of “intensity and fortune”, we are referring to the important gap be-tween presidential declarations and summits’ agreements in relation to the extent that these are actually internalized in national laws and implemented by national bureaucracies. The constant Mercosur deficit between discourse and practice remains an outstanding incoherence.

In some particular cases, such as the Brazilian and Argentinean presidents’ consensus, it is important to notice the relevance of Lula’s approach to the region, and also, of the Worker’s Party’s approach to regional politics, epitomized by Marco Aurelio Garcia, presidential advisor for international affairs. Lula’s will to give priority to regional views, linked to a sociopolitical nuance, was shown in his 2003 presi-dential address, among others, where he highlighted his emphasis on the strength of Mercosur and the common destiny of Brazil and its regional neighbors. Lula’s vision of regional integration as something to be ‘interiorized’ has lasted until the end of his period in office. During his last Mercosur summit over which Brazil happened to be president pro-tempore, he tried to foster new regional initiatives in order to gain a momentum for further integration.9

Another event that can be examined under the interpretative ac-tors’ perspective approach is the launch of the Somos Mercosur –We are Mercosur– Programme. After taking office in 2005, Uruguayan President Tabaré Vázquez launched this programme during Uruguay’s pro-tempore presidency in the second semester of 2005. Uruguay’s left-wing party, Frente Amplio, had developed a regional vision dur-ing its time in opposition. Those ideas and perceptions towards a more sociopolitical regional integration constrained decision makers

9 On this subject about Brazilian Presidency Pro-Tempore during the second se-mester 2010, see the Brazilian Foreign Affairs, Celso Amorim, Speech in front of Mercosur Parliament: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imp-rensa/discurso-do-ministro-celso-amorim-na-xxvi-sessao-plenaria-do-parlamento-do-mercosul-montevideu-18-de-outubro-de-2010 (last access: May, 3, 2012).

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to act for a Mercosur closer to citizens. In fact, the Somos Mercosur Programme aimed to resituate Mercosur closer to people and further from markets, affirming three lines: (i) to strengthen Mercosur’s civil society participation in defining and building regional model; (ii) to put citizens’ needs at the core of the process; and (iii) to contribute to foster a Mercosur identity10. Therefore, the aspiration of giving more room to the Mercosur civil society was developed by the constitution of Mercosur Social Summits of 2006. Nevertheless, the assessment of impacts and outcomes derived from these summits are not very suc-cessful. Indeed, according to social actors themselves, social summits are becoming routine and losing relevance. However, what is impor-tant at this point is the way that decision makers’ ideas and percep-tions about the suitability of introducing sociopolitical elements to the regional integration process were applied to the real world and, at the same time, how presidents’ ideas were translated –for better or for worse– into decisions and regional programmes.

Finally, we tackle the third type of ideas from the ideational approach by Goldstein and Keohane (1993): institutionalized ideas. According to this, the prolonged use of ideas affects decisions and norms, which determine changes in institutions and mechanism as the regional integration process, and in some cases the original ideas and perceptions become interiorized into the institutions themselves. Translated to our subject, it could be affirmed that the perception of the idea of regional integration as something suitable (in the 80’s as guarantor of recovered democracies, and in the 90’s because of the in-creasing economic interdependence) generated the institutionalization of the Mercosur concept. Although recognizing that national politics remain more relevant for decision makers and given the poor results in some regional fields, it is undeniable that the ideas of sharing some kind of common future and the ability to take some decisions together

10 For more on this subject, see www.mrecic.gov.ar/ccsc/index.htm (last access: May, 3, 2012).

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have become ingrained and will probably continue to do so for some time to come. Furthermore, Mercosur employees11, regardless of their different opinions about the degree of success of institution decisions, have come to interiorize the fact that, after the 1999-2002 crisis, the idea of regional integration is no longer at stake and that a sociopoliti-cal nuance has impregnated the Mercosur agenda. This shift has taken place mainly because of the fact that decision makers, and relevant actors in general, have seen the region as a suitable political constructo and they have incorporated (with more or less vehemence) regional views to their ideas and perceptions.

ConclusionsIn the first place, this paper offered an overview of the 2003-2007

redefinition period, when sociopolitical elements were introduced into the Mercosur agenda. Afterwards, some theoretical-methodological approaches have been presented in order to be applied to some specific cases framed within the redefinition period mentioned above. And finally, a more comprehensive regional explanation has been shown, which, by including the ideational perspective, gives us a chance to look at reality through a more complex prism and to avoid the short-comings related to evaluations of Mercosur focused exclusively on commercial flows or economic indicators in general.

This complementary approach avoids normative statements about what Mercosur “should be” or what should have been done. It also avoids euphoria for the improvements already achieved, which in many cases could be considered as insufficient. On the contrary, this complemen-tary approach aspires to provide a more rigorous analysis of Mercosur processes, including some perspectives traditionally neglected, such as the ideational one. On the one hand, said approach demonstrates (the way) that integration ideas have driven a sociopolitical redefinition

11 Taken from interviews with Mercosur employees and decision takers from the Mercosur member states, between October and December, 2010, in Montevideo, Uruguay.

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since 2003 and, on the other, that high expectations have turned into high frustration for some actors, as they have come to realize that great speeches do not have a parallel in decision implementations. So, there is sufficient evidence that demonstrates the existence of a gap between discourse and reality.

For this reason, uncertainty about Mercosur is once again on the rise (if it ever disappeared)12. Paradoxically, the higher frustration increases, the more agreements and achievements are presented in Mercosur sum-mits, notably in San Juan (July, 2010) and Foz do Iguaçu (December, 2010). Some of them have created some expectation once again: the approval of the Customs Code, an issue expected for a long time and considered as a proof of good will in the face of bi-regional negotiations between Mercosur and the European Union; the approval of the Political Agreement, which establishes the attenuated proportionality for the Mercosur Parliament; the approval of a Mercosur Citizen Statute, understood as more of a guide for mid-term citizen rights than a document with real implications for Mercosur citizens in everyday life; the recently created position of High General Representative of Mercosur, with many relevant aims highlighting coordination among Mercosur institutions (inside dimension) and repre-sentation in the international arena (outside dimension).

That being said, the Customs Code is not yet in force and negotiations with the European Union are not flowing towards a “happy ending”. The Mercosur Parliament is not meeting the deadlines, everything indicates that it will be properly constituted later than expected and, what is even worse, it seems that it will not have decision-making power. The Mercosur Citizen Statute is not expected to enter into force before 2021 (!). And finally, there are doubts concerning the real relevance and capacity of the High General Representative of Mercosur, which are logically raised just by looking backwards and remembering the Permanent Representatives Commission case, which was the origin of this new institution.

12 On this subject, see among others the book by Caetano (2009). http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2010/06/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf (Last access: May 3, 2012).

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To sum up, there are mainly two sorts of questions that generate uncertainty around Mercosur. Firstly, as we have already mentioned, there is a gap between rhetoric and practice, which provokes certain frustration in some regional actors. Thus, there is a first problem concerning the real implementation of decisions taken at presidential level. And secondly, there is a general uncertainty about the real role played by Brazil. While avoiding the assumption of a clear leadership (and consequently having to act as a paymaster), it seems that Brazil fosters integration as a springboard for becoming a global player. So, the second problem deals with Brazil ’s ambiguity towards the region. Indeed, Lula has appeared to be very keen to act as something between a regional leader and a global player, but doubts about Brazilian pri-orities have arisen. Furthermore, as Andrés Malamud (2009, 126-148) points out, as Brazil ’s regional neighbors are challenging its so-called leadership, rivalries among them are emerging. According to others (Lechini and Giaccaglia 2010), it seems that Brazil is trying to give an exaggerated image of itself in the international arena so as to be recognized as a global player, while trying to look ‘smaller’ in the regional scenario in order to avoid appearing as a dangerous hege-mon. Whichever the case may be, it looks like Mercosur’s regional integration process is surfing between redefinition and uncertainty. Nevertheless, as astonishing as this may seem, the idea of regional integration has been internalized or “institutionalized” in Goldstein and Keohane’s words, even if the Mercosur process shows an impor-tant lack of institutionalization.

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2. Caetano, Gerardo. 2009. La reforma institucional del Mercosur: del diagnóstico a

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eds. Sven Steinmo, Kathleen Thelen, and Frank Longstreth, 1-32. Cambridge: Cam-

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10. Vázquez, Mariana and Rubén Geneyro. 2006. La ampliación de la agenda política y

social para el Mercosur actual. Aldea Mundo 11 (20): 7-18.


democracia y liberalismo político. la perspectiva de Martha nussbaum

RESUmENEl artículo presenta un análisis diacrónico y sistemático de la obra filosófica de Martha Nussbaum, con el fin de explicar la naturaleza de su liberalismo político, que articula las reflexiones sobre la justicia y el cultivo de la humanidad en perspectiva cosmopolita, como claves de comprensión y construcción de la democracia en el mundo contemporáneo. La propuesta de Nussbaum vincula las dimensiones técnica y práctica de la política, con el fin de proteger la libertad individual, garantizar oportunidades materiales de realización personal y promover la cohesión social mediante prácticas solidarias de respeto y reconocimiento recíprocos.

PALAbRAS CLAvEMartha Nussbaum • liberalismo político • democracia • capacidades

democracy and Political liberalism. Martha nussbaum’s Perspective

AbSTRACTThis article presents a diachronic and systematic analysis of Martha Nussbaum´s philosophical work, for the purpose of explaining her political liberalism, which articulates the reflections about justice and cultivating humanity in a cosmopolitan perspective, as keys for understanding and building democracy in the present world. Nussbaum´s proposal connects technical and practical dimensions of politics, in order to protect individual freedom, guarantee material opportunities for self realization and promote social cohesion through solidarity, respect and mutual recognition.

KEyWORDSMartha Nussbaum • political liberalism • democracy • capabilities

Recibido: 4 de febrero de 2013

Modificado: 21 de mayo de 2013


Gabriel Enrique Arjona Pachón, es politólogo y Magíster en Filosofía (Summa Cum Laude) de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de interés académico y profesional son la teoría política, el desarrollo humano, las políticas culturales y el fortalecimiento de la democracia. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Reflexión Política y Análisis. Revista Colombiana de Humanidades. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, y como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Correo electrónico: [email protected]


Este artículo presenta esquemáticamente las ideas centrales de la tesis de grado para optar al título de Magíster en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Agradezco especialmente a Ángela Calvo de Saavedra, mi tutora y maestra, por su orientación, exigencia, amabilidad y valiosos aportes en la realización de la inves-tigación. También agradezco a los dos evaluadores anónimos y a los editores de la revista por sus observaciones y sugerencias, que sin duda contribuyeron a mejorar el manuscrito, aclarar y precisar las ideas expuestas. Los errores y omisiones que pueda presentar el texto son responsabilidad del autor.


democracia y liberalismo político. la perspectiva de Martha nussbaum

Gabriel Enrique Arjona PachónPontificia Universidad Javeriana

IntroducciónLa filosofía práctica de Martha Nussbaum es una contribución signifi-cativa al pensamiento democrático en el mundo de hoy, que puede ser ponderada a la luz de tres cuestiones centrales, bastante complejas y ampliamente debatidas por filósofos y científicos sociales. La primera consiste en la descripción que realiza Habermas en el primer capítulo de Teoría y praxis (1997 [1963]), referente a la transformación conceptual y metodológica entre la doctrina clásica de la política y la ciencia polí-tica moderna, como una reducción de la esfera práctica a la técnica: “el problema práctico de la vida virtuosa de los ciudadanos de la polis, se transformó en el problema técnico de cómo regular la interacción so-cial para asegurar el orden y el bienestar de los ciudadanos del Estado” (McCarthy 1992, 22). La doctrina clásica de la política procedía pedagó-gicamente: pretendía formar el carácter, y veía una continuidad entre la constitución vigente y el ethos de la vida ciudadana; mientras que la política moderna procede técnicamente: sigue el ideal de la ciencia na-tural moderna según el cual “sólo conocemos un objeto en la medida en que lo podamos producir” (Habermas 1997 [1963], 50). Esta producción es la del Estado y las instituciones que lo integran, emanadas de un contrato social entre individuos para salvaguardar su vida, garantizar su seguridad y bienestar: “el contrato es visto como un instrumento para obligar al Estado a la doble tarea de, por una parte, implantar el poder legalmente monopolizado al servicio de la paz y el orden y, por otra, para

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Democracia y liberalismo político. La perspectiva de Martha Nussbaum


el aprovechamiento del bienestar, pero también para limitarse a ello” (Habermas 1997 [1963], 68-69).

La segunda cuestión tiene que ver con la comprensión de la demo-cracia como un sistema sociopolítico orientado por tres valores axiales, según la célebre consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Buena parte de los debates en la teoría política moderna y contemporánea han circulado en torno a la manera de garantizar si-multáneamente los derechos individuales, la igualdad material entre las personas, así como la solidaridad y la cohesión social. Aunque se suele reconocer la importancia de los tres valores para el desarrollo democrá-tico, su articulación y armonización ha sido una tarea difícil, tanto en términos teóricos como prácticos, como se aprecia sin dificultad en el proceso histórico de configuración de la noción de derechos humanos y en las discusiones entre regímenes capitalistas y comunistas que carac-terizaron el mundo bipolar de la Guerra Fría.

La tercera cuestión es más reciente, específica y menos desarrollada que las anteriores. Se trata del desafío que impone el mundo globalizado a las teorías sobre la justicia. Esta cuestión ocupa un lugar central en las reflexiones filosóficas de un número creciente de autores, quienes reco-nocen su importancia y las hondas implicaciones que tiene para pensar la democracia en la actualidad, trascendiendo el marco geográfico esta-tal. En palabras de Nancy Fraser (2008, 35): “para muchos, ya no resulta axiomático que el Estado territorial moderno sea la unidad apropiada para pensar las cuestiones relativas a la justicia ni que los ciudadanos de esos Estados sean los sujetos pertinentes. La consecuencia es una desestabilización de la estructura anterior en la que se generaban las reivindicaciones políticas y, por tanto, un cambio en la manera de dis-cutir sobre justicia social”.

La primera cuestión propicia la reflexión sobre la naturaleza y los fines generales de la política, con el fin de determinar si ésta consiste en un ejercicio práctico de formación ciudadana, técnico de producción insti-tucional, o ambas cosas. La segunda cuestión versa sobre la sustancia (en términos ontológicos y axiológicos) y el método de la democracia, sobre los valores y principios que la animan y cómo realizarlos. La cuestión

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Gabriel Enrique Arjona Pachón


final plantea el problema de la escala, de quiénes son los sujetos de la justicia en un mundo globalizado: ¿ciudadanías territorializadas, huma-nidad global o comunidades de riesgo transnacionales? (Fraser 2008).

La propuesta filosófica de Martha Nussbaum puede ser abordada des-de las tres cuestiones referidas. Con respecto a la naturaleza y los fines generales de la política, podemos aproximarnos a su pensamiento como un intento por recuperar la antigua pregunta por la vida buena y la forja del carácter, sin perder de vista la relevancia y el refinamiento que siglos de pensamiento liberal han dado a la perspectiva de la justicia, cuya per-tinencia se conserva en el mundo globalizado que habitamos, en el que coexisten diversas concepciones comprehensivas del bien, y las diferen-cias culturales se ven afectadas por problemas, oportunidades y desafíos similares. Así, la filosofía práctica de Nussbaum vincula y reconcilia las esferas práctica y técnica de la política que se presentaban escindidas en la filosofía moderna: responde a la esfera técnica desde la revisión del contractualismo de Rawls y el planteamiento de la teoría de las capacida-des, mientras que su visión sobre la deliberación moral aristotélica –unida al rol central que otorga al cultivo de la humanidad (examen socrático, cosmopolitismo, imaginación narrativa, refinamiento de las emociones)– avanza en la esfera práctica.

En respuesta a las tensiones y dificultades de establecer democra-cias que garanticen la libertad individual, oportunidades materiales de realización para todos y cohesión social mediante prácticas solidarias, de respeto y reconocimiento recíproco, Nussbaum desarrolla su filosofía práctica como un liberalismo político neoaristotélico, que articula dos objetivos principales: 1) Estructurar instituciones que garanticen el des-pliegue de las capacidades individuales, lo que implica que la salvaguardia efectiva de la libertad individual requiere diseñar una estructura básica de la sociedad, que garantice los prerrequisitos materiales de la realiza-ción personal. 2) Formar ciudadanos democráticos, capaces de abordar las situaciones que enfrentamos como miembros de un mundo interde-pendiente, mediante el cultivo de las habilidades cognitivas, emocionales y comportamentales que resultan necesarias para cuestionar la autoridad y el statu quo, sentir compasión ante las situaciones difíciles que otros

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experimentan, actuar con respeto y sensibilidad hacia los marginados y excluidos, así como pensar adecuadamente los problemas sociales, cul-turales, económicos y políticos en un escenario global complejo. De esta forma, a través del cultivo de la humanidad se fomentan la solidaridad y la cohesión sociales, sin que para ello sea condición sine qua non un trasfondo cultural homogéneo.

En cuanto a la escala de la justicia, Nussbaum considera necesario que toda filosofía que pretenda estar a tono con el mundo que habitamos inda-gue acerca de la justicia y la vida buena más allá del marco territorial del Estado-nación. Por esto, la teoría de las capacidades pretende contrarrestar las iniquidades ligadas al lugar de nacimiento, y su propuesta de educación cosmopolita se dirige a formar ciudadanos preocupados por sus semejantes, sin importar su ubicación geográfica ni contexto sociocultural.

En desarrollo de las cuestiones referidas, en el presente texto se realiza una aproximación diacrónica y sistemática a la obra de Martha Nussbaum, que permite analizar la génesis y evolución de su pensamiento, las ideas que constituyen el núcleo de su propuesta, así como aquellas que se han ido reformulando y ajustando en el devenir de su obra, a través de la discusión con otras vertientes del modelo liberal, las humanidades y las ciencias sociales, en un fructífero diálogo entre los argumentos normati-vos y las investigaciones empíricas.

A partir de la reflexión filosófica desarrollada por Nussbaum, este artículo pretende contribuir a la discusión teórica sobre la naturaleza, los fines y perspectivas de la democracia en el mundo global. De este modo, se afirma que la articulación entre el diseño de una estructura institucional que garantice las capacidades individuales y el cultivo de la humanidad en clave cosmopolita es la principal idea regulativa del liberalismo político para pensar y edificar la democracia en el mundo que habitamos.

1. Liberalismo político neoaristotélicoEl análisis propuesto de la obra filosófica de Martha Nussbaum se es-

tructura en tres círculos concéntricos en los que se desenvuelve la pregun-ta por la vida buena. El primero de ellos caracteriza la génesis y evolución de su pensamiento, en el marco del debate liberalismo-comunitarismo.

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Al respecto, cabe mencionar que durante las décadas cincuenta y sesenta del siglo XX, la tradición teórica sobre la justicia, que se extendía en el pensamiento occidental desde Platón hasta Sidgwick, fue condenada como algo carente de sentido por el positivismo imperante, a menos que las investigaciones se enfocaran en el análisis de las funciones del lenguaje moral y político (Nussbaum 2000a). En los años setenta esta situación empezó a transformarse al surgir diversas corrientes (el constructivismo ético, el neocontractualismo y las éticas dialógicas) que respondían a un programa de inspiración ilustrada y kantiana, en el cual se planteaba la necesidad de reformular el proyecto normativo de la modernidad y del liberalismo, a través de estrategias racionalistas y cognitivistas (Thiebaut 1992). En los años ochenta, como reacción a esta iniciativa, se acentuó la conciencia de los límites del programa racionalista, al tiempo que se produjo un particular retorno a Hegel y Aristóteles, como forma de criticar los supuestos y postulados del pro-yecto ilustrado moderno (Thiebaut 1992; Gutmann 1985).1

Para los neoaristotélicos anglosajones, las ideas postuladas por los auto-res cognitivistas de inspiración kantiana sobre la equivalencia establecida entre razón y moralidad, así como la búsqueda de universalidad a través de normas y bienes abstractos que definan el “punto de vista ético”, son insuficientes para ilustrar la complejidad y amplitud de la esfera moral humana, en la medida en que estos planteamientos prescinden del carácter cultural de los valores y criterios de valoración moral, y no tienen en cuenta la sensibilidad moral ni el carácter contextual de los juicios (Thiebaut 1992). Del mismo modo, para los neoaristotélicos, no se debe separar lo justo de

1 Bajo la “querencia aristotélica” propia de los años ochenta se integraron diversos y heterogéneos elementos de crítica a la filosofía práctica liberal y racionalista, de modo que no hubo sólo neo(paleo)aristotelismos, que quisieron reinstaurar una lectura contramoderna de Aristóteles (v.g., las lecturas conservadoras de la corriente alemana: Eric Voegelin, Robert Spaemann o Joachim Ritter), sino también neoaristotelismos renovados que desearon “recuperar de la mano de Aristóteles alguna reflexión postilustrada sobre el mundo de vida moral moderno y sus conflictos” (Thiebaut 1992, 32). Entre los últimos se destaca el neoaristotelismo anglosajón, con autores como Bernard Williams, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor y Michael Walzer.

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lo bueno,2 como pretenden las éticas racionalistas modernas, al acentuar su vocación por lo público y universal, por lo igualmente bueno para todos; “no cabe pensar lo justo si no es como forma del bien que tiene una irreempla-zable referencia contextual” (Thiebaut 1992, 40).

Se podría afirmar que en los años ochenta, para muchos de los autores mencionados,

volver al pensamiento aristotélico permitía recuperar para el dis-

curso y debate en el terreno de la ética y de la política cuestiones

tales como: la pregunta por la felicidad (y no sólo la justicia), la

pregunta por las virtudes morales, cívicas y políticas (y no sólo

por las normas), la pregunta por la educación de los sentimientos

morales (y no sólo la transmisión de reglamentaciones y procedi-

mientos), la pregunta por la forja del carácter individual y colec-

tivo a la altura de la moral alcanzada por la sociedad (y no sólo

en la definición de procedimientos justos). (González 2007, 91-92)

El pensamiento político de Martha Nussbaum se enmarca entre las visio-nes liberal y comunitarista, está influido por éstas y pretende aportar a este debate. El horizonte y las premisas de su trabajo inicial podrían indicar que se ubica entre los comunitaristas, debido a que se enfoca en el pensamien-to de Aristóteles y, a partir de él, formula diversas críticas a las posturas liberales neocontractualistas y utilitaristas. Sin embargo, su inconformidad con las tesis relativistas, la pretensión de universalidad que acompaña su

2 Una formulación reciente de esta escisión se encuentra en Jürgen Habermas, quien plantea tres usos de la razón práctica, cada uno de los cuales brinda su propia respuesta a la clásica pregunta ética: ¿qué debo hacer? Para el uso pragmático, la racionalidad está determinada por una elección de los medios más adecuados para un fin dado, es una racionalidad teleológica. Los imperativos técnicos que aquí se presentan “ponen en relación entre sí causas y efectos según preferencias de valor y objetivos”. El uso ético se manifiesta cuando los valores se tornan problemáticos, dado que forman parte de nuestras “preferencias fuertes” (Charles Taylor), aquellas que afectan la identidad personal y el sentido de vida buena, el cual está entretejido con el de la comunidad donde la persona habita. El uso moral pretende regular de manera imparcial conflictos, es la pregunta por la justicia, lo “bueno para todos”, el terreno del deber ser (Habermas 2000).

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reflexión sobre la vida buena, el desplazamiento de la indagación sobre la deliberación moral a la pregunta por la justicia a escala nacional y global, así como la influencia que ejerce en su obra el pensamiento estoico,3 facilitan que Nussbaum se acerque progresivamente al liberalismo político, aunque sin perder de vista los elementos aristotélicos, a su juicio relevantes para la comprensión de la ética y la política en el mundo contemporáneo.

El punto de partida de la filosofía de Nussbaum es la pregunta por la vida buena, que se plantea a partir del debate existente en la antigua Grecia y se responde siguiendo el método y las formulaciones aristotéli-cos. La investigación sobre la deliberación moral tiene un carácter empí-rico, porque se basa en la experiencia humana real y refiere a ésta, y un carácter práctico, dado que es conducida por personas que actúan, eligen y advierten que la indagación incide en sus fines prácticos: “lo que están preguntando no es qué es el bien en abstracto, sino ¿cómo podemos vivir de la mejor forma y vivir juntos como seres sociales?” (Nussbaum 1990, 173). El resultado de esta investigación es la construcción de un modelo de deliberación moral, constituido por cuatro características:

Relevancia ética de los eventos no controlados. En la tragedia griega, la forma en que estaba estructurado y narrado el argumento hacía énfasis en que los sucesos que ocurrían a los personajes, aunque no fuesen causados por ellos, tenían una importancia decisiva para su calidad de vida (Nussbaum 1990). El hecho de que la eudaimonía sea una actividad, y no una condición, sitúa a la persona prudente en un mundo de interaccio-nes, de modo que la hace vulnerable a las circunstancias incontroladas que pueden interferir con la actividad excelente. Sin embargo, la fragilidad de la vida buena no la sitúa por completo a merced de la fortuna. El hombre prudente no se aparta con facilidad de su virtud por cualquier infortunio que le suceda, a menos que los infortunios sean grandes y muchos.

Inconmensurabilidad de los bienes. Las obras éticas de Aristóteles enseñan que la vida humana comprende distintos elementos, cada uno de los cuales es definido, valorado y cultivado por sí mismo, no en razón

3 Al respecto, ver, entre otros, Nussbaum (1997).

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de alguna recompensa o consecuencia distinta al bien. Al igual que las actividades, los placeres y bienes pueden distinguirse cualitativamente, y cada uno de ellos es valioso independientemente (Nussbaum 1995a [1986]; 1995b [1990]). Por consiguiente, no es posible compensar la deficiencia en uno con la mayor provisión de otro: mayores libertades políticas no susti-tuyen la falta de oportunidades laborales o educativas.

Prioridad ética de lo particular. Si las situaciones de la vida se ca-racterizaran por ser estables y el hombre tuviera control pleno sobre las mismas, la utilización de reglas generales sería la mejor forma de obrar de un modo correcto. Pero la vida humana se caracteriza por su finitud y contingencia, dimensiones que un sistema de reglas generales no capta adecuadamente. Por esto, la sabiduría práctica no es una comprensión cien-tífica sistemática, ya que está relacionada con particulares que sólo pueden ser aprehendidos por medio de la experiencia (Nussbaum 1995b [1990]).4

La razón práctica debe ser flexible, calificativo que muchas veces se asocia a debilidad, pero que en realidad, dadas las condiciones de la vida humana, implica lucidez, la capacidad de movernos en un mismo escena-rio cuando algo cambia. Al igual que un buen actor de teatro no es quien memoriza exhaustivamente sus intervenciones, sino quien es sensible al contexto de la obra y sus interacciones con los demás actores –por lo que puede improvisar cuando la situación presenta alteraciones–, el hombre prudente no es quien conoce y aplica un catálogo de principios y normas

4 Mientras que el saber teórico tiene un carácter demostrativo, es decir, trata sobre cosas que no pueden ser de otro modo –y en este sentido su objeto de estudio existe por necesidad–, el saber práctico versa sobre objetos que pueden ser de otro modo, no existen por necesidad ni se conservan inmutables. De este modo, “un sistema de reglas fijado de antemano sólo puede incluir lo que ha sido visto antes, así como un tratado médico sólo puede dar la configuración reconocida de una enfermedad. Pero el mundo cambiante nos confronta con configuraciones y situaciones siempre nuevas para la determinación del modo de conducta virtuosa. Y encima de todo, puesto que las virtudes mismas son individuales y definidas con referencia a circunstancias contingentes que también en sí mismas pueden sufrir cambios (por ejemplo, Aristóteles mismo señala que no existirá la virtud de la generosidad en una ciudad con instituciones de propiedad comunitaria), el agente bueno puede no sólo tener que poner la acción virtuosa entre nuevos acontecimientos extraños, sino que tratar también con una lista de virtudes evolucionante y relativa a la situación” (Nussbaum, 1995b [1990]).

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morales generales, sino quien es sensible (percibe) a las dimensiones centrales de una situación concreta y actúa en concordancia con ellas, siempre teniendo en cuenta la búsqueda de una vida buena (Nussbaum 1995b [1990]). El hombre prudente no se pregunta por el principio que determina cómo actuar correctamente en cualquier situación, sino por lo valioso que está en juego para él y para la polis en una situación concreta.

Valor ético de las emociones y la imaginación. Las emociones no son meras reacciones instintivas que deban ser eliminadas; tampoco son la antítesis de la razón ni un obstáculo para pensar con claridad. Por el con-trario, la imaginación y las emociones nos permiten captar y discernir los rasgos prominentes de una situación concreta. También producen el hábito benéfico de adoptar una postura compasiva hacia los problemas del otro, nos permiten entender que la individualidad y diferencia no son amenazas a nuestra existencia, sino una fuente de riqueza y dignidad, y hacen patente la dimensión trágica de la vida, aun si no se han experimentado directa-mente hechos dolorosos o pérdidas irreparables (Nussbaum 2001 [1997]).

En conjunto, las cuatro características que configuran la posición ética aristotélica, suscrita por Nussbaum, plantean un modelo de deliberación moral, en el cual cada persona debe cultivar una actitud “finely aware and richly responsive”, con el fin de discernir y actuar de un modo correcto ante la complejidad y diversidad de las situaciones particulares en las cuales se desenvuelve la elección práctica. En la deliberación moral tienen importancia los principios generales y los hábitos, pero sólo en la medida en que previamente se desarrolle el discernimiento de la percepción sobre la situación concreta, el cual nos indica qué reglas y principios resultan operativos para el caso particular: “sin las habilidades de la percepción el deber es ciego y, por lo tanto, carente de poder” (Nussbaum 1985, 525).

Esta concepción de la deliberación moral parece ubicar a Nussbaum claramente entre los autores comunitaristas. No obstante, Nussbaum se aparta de la interpretación relativista de las tesis aristotélicas, según la cual “los únicos criterios apropiados del bien ético son los locales, in-ternos de las tradiciones y prácticas de cada sociedad o grupo local que indaga acerca del bien” (Nussbaum 1998, 319). El relativismo niega que una comprensión adecuada de la ética pueda ofrecer algún tipo de normas

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transculturales, justificadas en cuanto a su validez humana universal, a través de las cuales sea posible criticar distintas concepciones locales de bien y buscar el progreso moral.

En contraposición, para Nussbaum el cultivo de las virtudes es compatible con la pretensión de objetividad ética: a pesar de las variaciones contextuales e históricas, en toda sociedad está presente una estructura semejante de esferas de la experiencia práctica humana, las cuales son el marco de signifi-cación de las virtudes.5 Así, Nussbaum reconoce la vocación universalista de su reflexión sobre la vida buena y se acerca progresivamente al liberalismo político de cuño kantiano, el cual postula que el objetivo axial de la política es la defensa de la dignidad individual, cuya premisa es que cada ser humano es un fin en sí mismo, agente activo de su proyecto vital, el cual no puede ser subyugado o anulado por el bienestar de la sociedad en su conjunto.

2. La teoría de las capacidades como una visión material del desarrollo humano y la justicia socialEl segundo círculo se configura a partir del desplazamiento teórico hacia

el liberalismo, en el cual no se descartan las ideas aristotélicas sobre la de-liberación moral. Éstas siguen teniendo validez, en la medida que permiten trascender la concepción meramente formal de la libertad, así como ampliar y enriquecer la noción de individuo, el cual no es sólo un maximizador de utilidad esperada ni un sujeto racional preocupado exclusivamente por aumentar su riqueza. Es un ser vulnerable, necesitado de múltiples e in-conmensurables bienes, pero al mismo tiempo es un ser capaz.6 Persigue su

5 Para el desarrollo de esta idea, véase Nussbaum (1998).

6 En consonancia con Nussbaum, Sen (2000, 35) define al agente moral como “la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no en función de algunos criterios externos”. Esta definición conlleva una atención especial a la expansión de las capacidades de cada persona para llevar el tipo de vida que valora, y a la estrecha complementariedad que se presenta entre agencia individual e instituciones sociales. Se supone que con suficientes oportunidades sociales los individuos pueden configurar su propio destino y apoyarse mutuamente, “no tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo” (Sen 2000, 28).

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proyecto de vida teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad y lo hace con el concurso de la razón, la sensibilidad y la imaginación; al igual que con sus seres queridos y conciudadanos. No obstante, esta búsqueda es suscep-tible de ser afectada por las contingencias del mundo, razón por la cual se requiere que la sociedad garantice las condiciones materiales de los funcio-namientos, so pena de reducir la libertad a un mero simulacro consagrado en solemnes pactos legales, pero negada por las circunstancias cotidianas.

En este círculo, la reflexión ética aristotélica permite ensanchar los límites tradicionales de la pregunta por la justicia, en cuanto resulta útil para articular la concepción normativa del ser humano y de la vida buena, a partir de la cual se deben diseñar instituciones sociales que posibiliten materialmente la realización de los planes de vida de las personas. Para decirlo en términos de Habermas (2000), Nussbaum introduce la reflexión ética en el ámbito de la moral, porque entiende que la garantía de dere-chos debe ser pensada en clave de capacidades, es decir, se debe atender a las necesidades y posibilidades de cada individuo, garantizar las bases ma-teriales que posibilitan efectivamente los funcionamientos elegidos según el plan de vida de cada agente moral, e identificar y propiciar la obtención de los bienes que nos permiten realizarnos como seres humanos, como animales políticos, racionales, vulnerables, finitos, necesitados de otros.

En este punto cabe señalar que para Nussbaum el liberalismo debe ser comprendido como una familia de posiciones, en la cual algunas guardan una importante cercanía pero otras se diferencian de manera acusada.7 Nussbaum circunscribe su concepción liberal a la tradición de Immanuel Kant, John Stuart Mill y John Rawls, con aportes relevantes de Adam Smith

7 John Dewey desarrolla con detenimiento esta idea en Liberalismo y acción social. Según Dewey, en la historia moderna del liberalismo se pueden identificar cuatro vertientes principales: un liberalismo político asociado a la obra de John Locke, un liberalismo económico ligado a los escritos de Adam Smith, un liberalismo social desarrollado por Jeremy Bentham y un liberalismo humanitario influenciado por la piedad evangélica y el romanticismo (Coleridge, Wordsworth, Carlyle, Ruskin). “La conclusión que se desprende de un breve repaso de la historia del liberalismo es que su curso ha estado lleno de altibajos y que ha llegado a significar en la práctica cosas completamente diferentes e incluso incompatibles” (Dewey 1996, 52).

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y Jean-Jacques Rousseau.8 El núcleo de esta tradición está compuesto por dos intuiciones: 1) todos los seres humanos poseen un mismo valor y dignidad, sin importar su lugar en la sociedad; y 2) la fuente principal de este valor es su poder moral, es decir, la capacidad que tiene cada persona de planear su vida de acuerdo con la propia concepción del bien (Nussbaum 1999).

Entender el significado y alcance de la propuesta de Nussbaum implica, en últimas, dilucidar el sentido que tienen en su filosofía política las dos intuiciones mencionadas, las cuales se concretan en cuatro rasgos esen-ciales que configuran la fisonomía de su liberalismo político: 1) existen valores universales que deben ser rescatados para defender la dignidad de todo ser humano a escala global; 2) cada persona es un fin en sí mismo, de modo que el objetivo político apropiado es la defensa de la dignidad individual; 3) el cultivo de las emociones morales adecuadas constituye el fundamento psicológico de una sociedad liberal, y 4) la realización de la vida buena de cada ser humano supone prerrequisitos materiales.

Conforme a lo anterior, la pregunta por la justicia se desarrolla a tra-vés de la formulación de la teoría de las capacidades, la cual surge en el marco del debate de la economía del bienestar sobre la calidad de vida, como una visión alternativa a las perspectivas economicistas, utilitaris-tas y aquellas enfocadas en la provisión de recursos. Para Amartya Sen y Martha Nussbaum, se requiere un enfoque que tenga en cuenta la lucha de cada persona por su desarrollo, que trate a cada persona como un fin en sí mismo, cuyas decisiones resultan valiosas, en especial aquellas orientadas a perseguir su idea del bien y conseguir afiliaciones significativas. Al mis-mo tiempo, el enfoque debe ser sensible ante las circunstancias sociales e históricas que limitan o potencian dichas decisiones y dichos planes de vida. Esto implica una modificación en la pregunta que orienta las medi-ciones de la calidad de vida: no basta con medir el PIB per cápita, indagar

8 La inclusión de Rousseau en este listado de autores liberales clásicos probablemente no goza de aceptación universal o resulta cuando menos controvertida, debido a los distintos matices de su pensamiento y a la existencia en su obra de ideas que no se ajustarían a concepciones tradicionalmente liberales, como sus críticas a la propiedad privada (origen de la desigualdad) y al principio de representación en el sistema político.

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qué tan satisfechas están las personas con su situación, ni ilustrar sobre los recursos de que dispone cada quien; debemos preguntar qué puede ser y hacer cada persona, a partir de una idea intuitiva de la vida buena, que nos permita comparar qué tan bien le está yendo a cada individuo en las diversas áreas centrales que integran su dignidad humana.

Además de cualificar las estrategias de comparación y medición de la calidad de vida, también se requiere una concepción normativa que nos oriente sobre qué hacer con los resultados de los estudios comparativos. Para Nussbaum, la teoría de las capacidades sólo se muestra contundente para defender la dignidad humana si puede ser empleada para elaborar una versión parcial de la justicia social, “así como un conjunto de titula-ciones básicas sin las cuales ninguna sociedad puede demandar justicia” (Nussbaum 2005 [2002], 23). Éste es un objetivo que claramente diferencia a Nussbaum de Sen, quien no se ha comprometido con la formulación de una lista de capacidades humanas centrales, que puedan ser objeto de un consenso traslapado transcultural y sirvan de fundamento a los principios constitucionales que toda sociedad debe garantizar.

De este modo, la teoría de las capacidades, en el seno de la tradición del liberalismo político rawlsiano, desarrolla una visión parcial de la jus-ticia social y tiene como objetivo central “brindar el sustento filosófico para una visión de los principios constitucionales básicos que deben ser respetados e implementados por los gobiernos de todas las naciones como un mínimo requerido por el respeto a la dignidad humana” (Nussbaum 2002a [2000], 32). Este mínimo proviene de centrarse en la identificación y protección de las capacidades humanas centrales, es decir, en aquello que las personas pueden efectivamente ser y hacer.

El desarrollo de este planteamiento se enfoca en la respuesta a dos interrogantes: ¿qué significa ser plenamente, realmente (truly) humano? y, relacionado con esto, ¿qué significa ser tratado con dignidad y como real-mente humano por el Estado o la comunidad de la cual uno forma parte? (West 2003). A la primera pregunta, Nussbaum responde que no basta con definir la humanidad en términos de racionalidad, sino que se debe hacer a partir de la identificación de una serie de capacidades que, más allá de las especificidades culturales, configuran lo que consideramos, desde una

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perspectiva ética, una vida humana en sentido pleno. Por consiguiente, en respuesta a la segunda pregunta, un Estado trata con dignidad a su po-blación si garantiza a cada persona, en un cierto nivel básico, las diversas capacidades humanas, a partir de las cuales se pueden elegir los funciona-mientos acordes con el plan de vida individual. En síntesis, la teoría de las capacidades se estructura en torno a una idea central: una vez identificado un grupo de funcionamientos importantes para la vida humana, estare-mos en disposición de preguntar qué están haciendo con respecto a ellas las instituciones políticas y sociales (Nussbaum 1992 y 1993).

Las instituciones no son válidas en sí mismas, sólo porque resulten de un procedimiento legítimo, sino porque obtienen el fin para el que fueron creadas, es decir, la defensa y promoción de la dignidad humana: “comen-zamos, pues, con un sentido del valor y de la dignidad de las capacidades humanas básicas, pensando acerca de ellas como exigencias de una opor-tunidad para su funcionamiento, exigencias de las que emergen obligacio-nes sociales y políticas correlativas” (Nussbaum 2002a [2000], 127).

El contenido sustantivo de la teoría de las capacidades, entonces, se concreta en una lista de diez capacidades humanas centrales,9 que pueden ser entendidas como condiciones o posibilidades efectivas que tienen las personas para desarrollar su proyecto de vida. No deben ser confundidas con los funcionamientos, ya que, más allá de la garantía de las capacidades (objetivo político apropiado), los ciudadanos deben ser dejados en libertad para determinar el curso que han de seguir.10 La diferencia, por tanto,

9 1) Vida; 2) salud física; 3) integridad física; 4) sentidos, imaginación y pensamiento; 5) emociones; 6) razón práctica; 7) afiliación; 8) otras especies; 9) juego; y 10) control sobre el propio entorno. Para el contenido de las capacidades, véase Nussbaum (2007 [2006]).

10 Los funcionamientos se refieren al uso que una persona decide hacer de los recursos que tiene a su disposición; hacen alusión a lo que cada quien hace o es, mientras que las capacidades reflejan la posibilidad o habilidad (ability) que efectivamente tiene una persona para lograr un funcionamiento deseado (Clark 2005). Los funcionamientos se encuentran asociados a los modos de vida de cada individuo (su ser y hacer); en este sentido, se consideran logros (achievements), estados de vida obtenidos por la persona. Las capacidades, por su parte, son vectores de posibles funcionamientos, nociones de libertad en sentido positivo: oportunidades reales que cada cual tiene, sin importar el estilo de vida que escoja (Robeyns 2000).

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está en la elección, que no es una declaración en abstracto, sino que tiene prerrequisitos materiales (las capacidades), los cuales nos permiten enten-der por qué no es lo mismo ayunar por motivos religiosos cuando existe abundancia de comida, que tener que aguantar hambre.

Si bien existen tres tipos de capacidades (básicas, internas y com-binadas), la lista está integrada en su totalidad por capacidades com-binadas. Las básicas hacen referencia al equipamiento innato de los individuos, por lo que suelen encontrarse más o menos dispuestas para funcionar, como la capacidad de ver u oír. Constituyen, además, una base necesaria para el desarrollo de capacidades y funcionamientos más avanzados. Las capacidades internas son estados desarrollados de la persona que son condición suficiente para el ejercicio de una fun-ción determinada. Requieren mayor preparación que las anteriores, y muchas veces precisan de apoyo del entorno, como cuando aprendemos a amar o ejercer la opción política. En tercer lugar, las capacidades combinadas (antes denominadas externas) son capacidades internas combinadas con adecuadas condiciones externas para el ejercicio de la función. Por ejemplo, los ciudadanos que viven en regímenes re-presivos suelen tener la capacidad interna pero no combinada para expresarse libre y críticamente, de acuerdo con su propia conciencia (Nussbaum 2002a [2000]).

Aunque las diez capacidades son inconmensurables y cada una es va-liosa en sí misma, Nussbaum destaca el rol superlativo que desempeñan en la lista la razón práctica y la afiliación, en cuanto organizan y abarcan todas las demás, haciendo que su persecución sea verdaderamente hu-mana. Todos los animales se alimentan, se mueven, y ejecutan los demás funcionamientos, pero lo distintivo del modo humano de realizar estos funcionamientos es que son planeados y organizados por la razón prác-tica y, por otra parte, se llevan a cabo con y para otros (Nussbaum 1993). Así, por ejemplo, si el trabajo ha de ser un funcionamiento plenamente humano, debe implicar la disponibilidad tanto de la razón práctica como de la sociabilidad: “el trabajo debe implicar la capacidad de que uno se comporte como un ser pensante, no solamente como parte del engranaje de una máquina, y debe poder hacérselo junto a otros y frente a otros de

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manera que implique el reconocimiento mutuo de la condición humana” (Nussbaum 2002a [2000], 126).11

En suma, la teoría de las capacidades resignifica y ensancha las fronte-ras del liberalismo político, al introducir la reflexión ética en el ámbito de la moral. El terreno de la justicia, de lo “bueno para todos”, no sólo debe regular imparcialmente los conflictos entre concepciones diversas del bien humano; entre sus tareas también está cimentar el escenario para el despliegue de las capacidades de todas las personas a escala planetaria y permitir que cada quien cuente con oportunidades reales para perseguir su plan de vida, su idea de felicidad, mediante el uso libre de la razón práctica, en un escenario de sociabilidad y afiliaciones significativas.

3. justicia global y cultivo de la humanidad en clave cosmopolitaEl tercer círculo entra en escena cuando preguntamos por la vida

buena y la justicia más allá de las fronteras nacionales. Este círculo está integrado por dos elementos: la expansión de la teoría de las capacidades al escenario global, y una propuesta de educación cosmopolita para la formación de ciudadanos, cuyo círculo de preocupación y cuidado no se limite a sus seres queridos y compatriotas.

Con respecto al primer elemento, la dimensión socioeconómica de la justicia, el reto que se presenta en el plano empírico resulta fácilmente constatable: vivimos en un mundo injusto, desigual, perceptible desde cualquier tipo de indicador. En el caso del hambre, uno de los más dra-máticos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la

11 En la actualidad, autores como Alexander Bertland trabajan desde la perspectiva de las capacidades para profundizar la ética de la virtud en el mundo empresarial. Según Bertland (2009), la acción virtuosa de los empresarios no se puede reducir a brindar una remuneración justa a sus empleados y garantizar la calidad del producto para los consumidores, sino que implica: i) proveer a los empleados de las condiciones, oportunidades y recursos para que puedan desarrollar sus talentos de una forma que les proporcione un sentido de dignidad en su labor y su vida; ii) crear relaciones empresa-clientes en las que existan condiciones de crecimiento mutuo (no sólo de intercambio comercial); y iii) trascender la mera retribución económica a los accionistas o inversores, para darles a éstos la oportunidad de participar en el desarrollo de una actividad económica que haga del mundo un lugar mejor para todos.

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Alimentación y la Agricultura (FAO) (2012), 868 millones de personas se encontraban en condición de desnutrición durante el período 2010-2012 (de los cuales 852 millones se ubicaban en países en desarrollo), y por esta causa mueren cada año más personas que a causa del sida, la tuberculosis y la malaria juntos.

Estas evidencias contrastan con la situación en el plano teórico y nor-mativo, en el que no resulta claro qué significa la justicia en una escala global. Como afirma Thomas Nagel (2005), mientras que en el plano de la teoría política doméstica, estatal, contamos con visiones diversas y altamente desarrolladas, que ofrecen soluciones alternativas a problemas bien definidos, los conceptos y teorías sobre justicia global están en sus primeras etapas de gestación, de suerte que la teoría política está llama-da a ocuparse de la que hoy en día es una de las tareas más relevantes y urgentes, si queremos salvaguardar la dignidad y promover el bienestar de todos los seres humanos.

Para hacer frente a este reto, Nussbaum devela las falencias de la for-ma tradicional de concebir las obligaciones transnacionales, ocasionadas por la influencia que ha tenido en el pensamiento político occidental la distinción ciceroniana entre deberes de justicia y deberes de ayuda mate-rial, junto con las responsabilidades asimétricas que de aquí se despren-den (Nussbaum 2000b). Esta distinción lleva a condenar con vehemencia la violencia injustificada y el robo a la propiedad ajena, incluso el uso de engaños en la confrontación armada, pero se siente cómoda ante la des-nutrición y las hambrunas en otros países, en cuanto algunos consideran que estos últimos no son deberes universales sino asociativos, circuns-critos al contrato social de cada Estado (Nagel 2005).

De igual modo, Nussbaum considera que existen errores estructurales en las dos estrategias que emplean las visiones contractualistas para pen-sar la justicia global: el contrato en dos fases (Rawls) y el contrato global (Pogge y Beitz). Las críticas al neocontractualismo develan los problemas de entender la cooperación internacional como un contrato para el bene-ficio mutuo, entre partes que se encuentran en una situación similar en el estado de naturaleza. Este planteamiento desconoce el grado avanzando de interdependencia entre los países, sus desigualdades económicas y

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de poder, la mayoría de ellas asociadas al orden económico y geopolíti-co global, con las desventajas que entraña para los pueblos más pobres (Nussbaum 2007 [2006]).

Para Nussbaum, el atraso de las sociedades menos favorecidas no pue-de ser atribuido exclusivamente a sus propios defectos institucionales y falencias en la cultura política, omitiendo “el hecho de que el sistema eco-nómico internacional y las actividades de las empresas multinacionales, imponen cargas duras y desproporcionadas sobre los países más pobres, los cuales no pueden resolver sus problemas simplemente a costa de sabias políticas interiores” (Nussbaum 2007 [2006], 241-242).12

Para superar las anteriores falencias, Nussbaum propone otorgar la prioridad a los derechos a la hora de pensar el contenido de la justicia global: “se trata de considerar lo que las personas tienen derecho a reci-bir, antes incluso de que podamos decir sobre quién recaen los deberes correspondientes, y esta reflexión nos llevará a concluir que estos deberes existen, y que tenemos cierto tipo de obligación colectiva a garantizar que las personas reciban lo que se les debe” (Nussbaum 2007 [2006], 275).

En el mundo contemporáneo, los deberes de la justicia global derivan de concebir a las personas como seres cuya dignidad reside en su natu-raleza humana, caracterizada por una inteligencia moral que comprende

12 En el caso de América Latina, los procesos de ajuste macroeconómico han tendido a escapar al poder decisorio de los gobiernos nacionales y, por ende, al control democrático de la ciudadanía, debido a la incidencia de agencias financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Cavarozzi 2001). Las medidas de ajuste, impuestas por estas agencias desde una ortodoxia neoliberal, contemplan un recetario de acciones como recortes al gasto público, liberalización comercial y financiera, privatización de las empresas estatales y fomento irrestricto de la inversión extranjera directa (Ahumada 1998). Sus resultados han sido bastante deficientes y se pueden sintetizar en tres cuestionamientos: 1. Explique por qué luego de los préstamos y ajustes estructurales realizados por el FMI en los países en desarrollo, en 24 países africanos el PIB es menor que en 1975 (porcentualmente); 2. Explique la recurrencia de las crisis latinoamericanas en países como Argentina, donde meses antes se elogiaban los ajustes realizados; y 3. Explique por qué los buenos alumnos de los países de transición pos-URSS (como Georgia y Armenia), después de empezar sin deudas en 1991 y de seguir las recetas de las instituciones financieras internacionales, se encuentran con sus PIB en la mitad y solicitando el perdón de sus deudas (Held 2004).

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tres hechos significativos: 1) cada ser humano posee una dignidad plena-mente igual e independiente del lugar en que se encuentre; 2) la sociabi-lidad humana implica que una vida con dignidad es en parte una vida en comunidad; y 3) las múltiples necesidades humanas, las cuales sugieren que esta vida en común debe satisfacer las necesidades de todos, hasta un punto en que la dignidad humana no se vea comprometida por el hambre, la exclusión de la esfera política o la violencia (Nussbaum 2007 [2006]).

Los tres hechos aunados sustentan el deber moral que todos tenemos de producir y habitar un mundo moralmente decente, en el que todas las personas tengan lo que requieren para vivir de una manera digna. Esta obligación colectiva debe delegarse primordialmente a estructuras insti-tucionales globales, y no a individuos considerados de manera aislada.

Nussbaum propone una lista tentativa de diez principios para orientar el diseño de una estructura global que respete la dignidad de la persona, de lo cual se destaca que: i) la responsabilidad fundamental para implementar el enfoque de las capacidades es del Estado; ii) las naciones más ricas deben dar una porción sustancial de su PIB a naciones más pobres (cerca del 2% del PIB); iii) las grandes empresas multinacionales tienen responsabilida-des a la hora de promover las capacidades humanas en las regiones en las que operan;13 iv) las principales estructuras del orden económico mundial (OMC, FMI, etc.) deben estar diseñadas de tal modo que sean justas con los países pobres y en vías de desarrollo; v) se debe prestar una especial atención a la educación como factor clave para la generación de oportuni-dades a las personas desfavorecidas; y vi) la comunidad internacional debe prestar atención y cuidado a las personas que se encuentran en situaciones de dependencia (enfermos, personas mayores, niños y discapacitados).14

Por otro lado, sin desconocer el rol central que tiene el diseño institu-cional para salvaguardar con eficacia la dignidad humana en los ámbitos tanto doméstico como internacional, el segundo elemento propuesto por

13 Para una aproximación al asunto de las obligaciones de las empresas transnacionales en la promoción de la justicia y los derechos humanos a escala global, véase Kreide (2007).

14 Para un tratamiento detallado de los diez principios, véase Nussbaum (2007 [2006]).

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Nussbaum señala un punto decisivo en el que pecan por omisión muchas teorías liberales al pensar la justicia, concerniente a la motivación, los sentimientos morales y la educación afectiva, cognitiva y comportamental de las personas: “las instituciones no se crean si las personas no las quie-ren y pueden cesar de existir si ya no interesan a la gente, algo que el decli-ve en Estados Unidos de la democracia social inspirada en el New Deal ha demostrado con total claridad” (Nussbaum 2007 [2006], 402). Así, la de-mocracia no es sólo un conjunto de instituciones bien diseñadas, también es una propuesta educativa, cuyo punto de partida reside en comprender que, sin negar los límites biológicos, la sociedad y la cultura tienen un rol muy fuerte en moldear lo que la tradición define como “privado” y “natu-ral”, incluidos los sentimientos, la sexualidad y el ámbito familiar.

Las implicaciones éticas y formativas de esta tesis son evidentes: es posible modificar, refinar, acendrar nuestros sentimientos morales, creen-cias y hábitos más arraigados, si nos damos cuenta de que algunos de ellos son opresores, injustos e inconvenientes: “la libertad de la construcción social es la libertad para seguir buenos argumentos humanos, que nos pueden conducir a la conclusión de que la tradición es en muchas formas estúpida, opresiva y mala” (Nussbaum 1999, 274).

El reconocimiento de la configuración sociocultural del carácter y la sensi-bilidad humana no suprime el debate racional ni es una puerta de entrada al relativismo. Por el contrario, dicho reconocimiento nos abre un espacio para la argumentación normativa, la crítica política y el cambio razonado. Por este motivo, Nussbaum desarrolla una propuesta educativa para los ciudadanos en el ámbito mundial, cuyo eje pedagógico se trabaja de distintos modos en el seno de las disciplinas que integran las humanidades, pero tiene como núcleo central una serie de problemas y reflexiones ligados a la pregunta de cómo pue-de vivir con dignidad el ser humano, en cuanto animal racional situado en un mundo de eventos que no controla plenamente (Nussbaum 2002b). El cultivo de la humanidad es una tarea pedagógica que se cimenta en cuatro pilares:

Examen socrático. Una educación inspirada en la vida y las enseñanzas de Sócrates no acepta la autoridad de las ideas y creencias por el solo hecho de que hayan sido transmitidas por la tradición o se hayan perpetuado por la costumbre, sino que somete su validez y pertinencia a un examen crítico

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y sólo acepta lo que sobrevive a las pruebas de solidez en la argumentación, exactitud de los hechos y precisión del juicio (Nussbaum 2001 [1997]).

La educación democrática debe inspirar en cada estudiante una mente independiente e inquisitiva, así como producir una comunidad que no se reduzca a un equilibrio de intereses ni a un intercambio de alegatos, sino que pueda razonar sobre un problema, meditar en conjunto sobre el bien general: “con el fin de fomentar una democracia que sea reflexiva y deli-berante, y no un mero mundo mercantil de grupos de interés en compe-tencia, una democracia que verdaderamente tome en consideración el bien común, debemos producir ciudadanos que tengan la capacidad socrática de razonar acerca de sus creencias” (Nussbaum 2001 [1997], 42).

El cultivo de la habilidad socrática permite contrarrestar actitudes negativas para la democracia, debido a que quienes no la desarrollan son más propensos a la falta de claridad en sus juicios, argumentos y obje-tivos; tienden a ser deferentes y sumisos hacia la autoridad, fácilmente influenciables por la retórica, la demagogia y la presión de grupo; les resulta más difícil entender la diversidad y tratar a los demás con respeto y consideración (Nussbaum 2010a).

Ciudadanía global. Los ciudadanos necesitan verse no sólo como miembros de algún grupo social, región o país, sino también, y especial-mente, “como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación” (Nussbaum 2001 [1997], 30). Esto no significa disolver los valores tradicionales, ni abolir las formas locales de organización política para constituir un Estado mundial.

Esta visión reconoce que las afiliaciones locales configuran la iden-tidad, y a menudo pueden ser fuente de gran riqueza en la vida, por lo que el estoicismo griego sugería, en la formulación de Hierocles, que nos imaginemos rodeados por una serie de círculos concéntricos, partiendo del que constituye la identidad personal, siguiendo con el de la familia, los amigos, vecinos, etc., hasta llegar a la humanidad como un todo. La tarea del ciudadano mundial consiste en hacer que progresivamente los círculos se acerquen hacia el centro, logrando que los extranjeros se asemejen a nuestros compatriotas; éstos, a quienes forman parte de nuestro grupo local, y así sucesivamente. En otras palabras, no tenemos que renunciar

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a nuestras particulares inclinaciones e identificaciones, ya sean naciona-les, étnicas o religiosas. Antes bien, deberíamos trabajar para hacer que todos los seres humanos formen parte de nuestra comunidad de diálogo y preocupación, mostrando respeto por lo humano dondequiera que se presente, y permitiendo que ese respeto marque los límites de nuestras políticas internacionales, nacionales o locales (Nussbaum 2001 [1997]).

Para Nussbaum, el cosmopolitismo no es tanto una doctrina política diferenciada, como una idea moral que restringe y regula la vida política. De igual forma, la meta de la educación cosmopolita no estriba en marcar la separación de los grupos ni en pretender la homogeneización, sino en el respeto, la tolerancia, el reconocimiento y la amistad entre los grupos culturales de una nación y entre naciones.

Imaginación narrativa. Consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser un lector inteligente de su historia de vida, de las emociones, los pensamientos y dificultades que tendría esa persona. Es una preparación esencial para la moral, dado que permite representar, con una particular agudeza y riqueza cualitativa, las circunstancias y los problemas específicos de los seres humanos de distintas culturas y nacionalidades, lo que fomenta la empatía y favorece el desarrollo de una comunidad preocupada por el trato justo, “que cultiva una resonancia compasiva hacia las necesidades del otro y entiende el modo en que las circunstancias las condicionan, a la vez que respeta el carácter individual y la intimidad del otro” (Nussbaum 2001 [1997], 127).

En todo caso, la imaginación narrativa no conlleva aceptar a los demás acríticamente, ni validar cualquier tipo de comportamiento. Siempre que vamos al encuentro de otro o nos identificamos con el personaje de una novela, la relación que se establece no es sólo de identificación, también podemos juzgar dicha historia a la luz de nuestros valores y aspiraciones. Pero cualquier acto responsable de juicio presupone, en primera instancia, tratar de entender el mundo desde el punto de vista del otro, porque en realidad no comprendemos lo que estamos juzgando hasta que no cap-tamos el significado que la acción tiene para quien la realiza, el sentido del discurso como una expresión importante en el contexto de la historia vital y el mundo social de la otra persona (Nussbaum 2003b).

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Educación de los sentimientos morales. En continuidad con el es-toicismo antiguo, Nussbaum entiende que la razón práctica no forja una tajante distinción entre emoción y razón. Emociones complejas como el disgusto y la compasión entrañan valoraciones y creencias sobre el mun-do y lo que consideramos importante para nuestro desarrollo personal. Sin embargo, a diferencia del estoicismo, no considera que las emociones deban ser extirpadas para alcanzar autosuficiencia e invulnerabilidad.

En desarrollo de lo anterior, veremos a continuación dos ejemplos destaca-dos de emociones morales que Nussbaum estudia como parte de su proyecto de educación ciudadana, y que son antitéticas en cuanto a su contribución a la ciudadanía democrática: la repugnancia y la compasión. El paso de la primera a la segunda supone el tránsito de una política del disgusto, del rechazo de la humanidad propia y de otros, hacia una política de la humanidad, que combina la idea de igual respeto hacia los demás con la capacidad de imaginar empá-ticamente la situación del otro (Nussbaum 2010b).

La repugnancia suele ser considerada, a primera vista, como una emo-ción meramente visceral y reactiva, ligada a expresiones de asco por una serie de objetos. Sin embargo, es una emoción que en realidad contiene una estructura cognitiva compleja, cuya creencia central es el rechazo a la contaminación del propio ser por el contacto con objetos que recuerdan nuestra mortalidad y condición animal, especialmente los desechos, cadá-veres, y la mayoría de fluidos corporales.15 Los resultados de los estudios adelantados por la psicología experimental y psicoanalítica coinciden en señalar que esta emoción supone una situación problemática con nuestra animalidad y mortalidad, en la medida en que como creencia base está la idea de que si entramos en contacto con excreciones animales, nos vere-mos reducidos a esa condición, y si lo hacemos con materia en descompo-sición, participaremos de dicho estado. Correlativamente, la repugnancia fomenta la búsqueda de pureza, de alejarse de lo corruptible e inmundo. En sí mismo, esto no presenta un problema moral y político. De hecho,

15 La exposición de la estructura cognitiva de la repugnancia se hace a partir de Nussbaum (2004 y 2010b).

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Nussbaum reconoce que la repugnancia hacia objetos primarios (v.g., co-mida en estado de descomposición), si bien no coincide exactamente con las sustancias peligrosas para el cuerpo humano, en muchas ocasiones es un indicador útil. La dificultad se manifiesta cuando la repugnancia se proyecta hacia objetos secundarios: personas o grupos sociales, que son situados en los márgenes de la humanidad, en el terreno de lo impuro, de lo meramente animal, favoreciendo así el establecimiento de jerarquías sociales y legitimando exclusiones de diversa índole. De esta forma, por ejemplo, no era extraño encontrar en el discurso nazi comparaciones de los judíos con gusanos que corroían la nación y generaban abscesos que degeneraban su salud (Hitler en Mein Kampf ). De igual modo, en India los “intocables” (dalits), las castas inferiores, eran asociados a ocupaciones como limpiar letrinas o manipular cadáveres (Nussbaum, 2010b).

En contraste con la anterior, la compasión es una emoción vin-culada al sufrimiento o ausencia de bienestar de otra persona, cuya estructura cognitiva integra tres elementos definitorios y uno pres-cindible.16 En primer lugar, la compasión supone un juicio de seriedad, atinente a la gravedad, magnitud e importancia de la situación: sen-timos compasión por alguien que ha perdido su familia por culpa de un terremoto, no por alguien que ha extraviado un lápiz. En segundo lugar, implica un juicio de no merecimiento: sólo sentimos compasión si creemos que la persona no merece la pena que tiene, o que al menos el sufrimiento excede la magnitud de la falta cometida (por ejemplo, en el caso del ladrón que para poder comer roba un pedazo de carne y es castigado con la mutilación de su mano). En tercer lugar, autores como Aristóteles y Rousseau consideran que la compasión también necesita un juicio de posibilidades similares, según el cual creemos que lo que le ocurrió al otro también nos puede ocurrir a nosotros, de modo que compartimos la misma condición vulnerable. Nussbaum piensa que aunque este juicio es importante, en cuanto suele ir acompañado

16 La exposición de los cuatro componentes cognitivos de la compasión se hace a partir de Nussbaum (2001 [1997] y 2003a).

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de una imaginación empática que nos permite ponernos en el lugar del otro, no resulta imprescindible como los dos anteriores: podemos creer que los dioses inmortales sienten compasión por los humanos y no resulta confuso conceptualmente. Por último, Nussbaum añade a la tradición un cuarto componente, el juicio eudaimonístico, que ubica el sufrimiento del otro como un aspecto importante de la vida de quien siente la emoción. Esto implica desarrollar la comprensión de que el sufrimiento de los demás no me es ajeno ni extraño, sino que afecta mi calidad de vida y la de la especie humana.

Pese a su potencial benéfico para la democracia, la compasión debe ser refinada, por cuanto presenta el problema de la parcialidad, es decir, puede ser circunscrita sólo a un pequeño grupo de personas: nuestros seres queridos o aquellos que consideramos como iguales, al punto que la compasión por los hijos propios puede devenir en el deseo de promover su bienestar a expensas de los hijos de los demás. Para Nussbaum, esto se hizo patente en buena parte de las reacciones estadounidenses frente a los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001:

Pensamos que los acontecimientos del 11 de Septiembre son

malos porque nos involucraron a nosotros y nuestra nación. No

sólo vidas humanas, sino vidas americanas. El mundo se detuvo

de una forma que ha sido extraña para los americanos cuando

el desastre ha caído sobre seres humanos en otros lugares. El

genocidio en Ruanda ni siquiera generó la suficiente emoción

en nosotros para provocar la intervención humanitaria. La si-

tuación apremiante de civiles inocentes en Irak nunca ingresó

en la pantalla de nuestro radar nacional. (Nussbaum 2003a, 13)

Para contrarrestar los peligros de la parcialidad, de un egoísmo reves-tido de compasión, se requiere que el juicio de seriedad sea refinado por una reflexión acerca del valor de los bienes externos, que el juicio de no merecimiento sea cultivado con una teoría de la responsabilidad social, y el juicio eudaimonístico, con una teoría adecuada de la preocupación y atención hacia otros (Vanden Eynde 2004). En su dimensión institucional,

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la compasión puede y debe orientar el diseño de la estructura básica de la sociedad y los principios de justicia distributiva.

En la perspectiva de Nussbaum, la democracia es un proyecto edu-cativo que implica entender y refinar las fuerzas del ser humano que motivan el “choque de civilizaciones”, el cual no se presenta en el ámbi-to internacional entre las “buenas democracias occidentales” versus los perniciosos modelos teocráticos de Oriente, sino en el ámbito interno de cada sociedad, entre aquellos que están preparados para vivir con otros en términos de respeto mutuo y reciprocidad, y aquellos que buscan imponer sus fines egoístas y objetivos de dominación (Nussbaum, 2010a). Debemos ser capaces de edificar más ciudadanos del primer tipo, y menos del se-gundo. Como bien enseñó Gandhi, existe una conexión profunda entre el equilibrio psicológico y la estabilidad democrática, de modo que “la lucha política por la libertad y la igualdad debe ser en primer lugar una lucha dentro de cada persona, en la que la compasión y el respeto se enfrentan contra el miedo, la codicia y la agresión narcisista” (Nussbaum 2010a, 29).

4. La discusión contemporánea sobre el cosmopolitismoUna de las implicaciones centrales de la aproximación a la obra de

Nussbaum que hemos expuesto en este artículo es que debe ser estudia-da y evaluada de modo integral, es decir, se deben tener en cuenta las diversas corrientes de pensamiento que la influyen, el modo en que ar-ticula las preocupaciones éticas y el proceder pedagógico de la doctrina clásica de la política, con los objetivos técnicos y la institucionalización de la justicia en la política moderna. Hacemos esta observación con el fin de ponderar brevemente algunas de las principales críticas recientes que se esgrimen contra su trabajo, las cuales, a nuestro juicio, presentan falencias teóricas y metodológicas, por cuanto se centran aisladamente en uno o dos artículos (algunos de ellos comentarios filosóficos que Nussbaum hace de otros autores como Kant o los estoicos antiguos) para rebatir conceptos como el de cosmopolitismo.

Para Samuel Scheffler (1999), la propuesta de Nussbaum es un cosmopo-litismo “extremo”, que niega la riqueza de las afiliaciones locales, por cuanto éstas sólo cobran sentido si pueden justificarse haciendo referencia a los

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intereses de todos los seres humanos considerados como iguales. En otras palabras, Scheffler considera que para Nussbaum las afiliaciones locales, particulares, nunca son válidas en sí mismas y no pueden fundamentar obligaciones especiales para nuestros seres queridos y conciudadanos.

De igual forma, para Craig Calhoun (2007), Nussbaum sugiere una especie de “extirpación virtuosa”: la liberación de los posiblemente ile-gítimos y en todo caso engañosos vínculos locales, étnicos, religiosos y nacionales; lo que desconoce que el cosmopolitismo es una construcción particular, situada histórica y culturalmente en el mundo occidental, que suele reflejar la posición de sus élites económicas, políticas y académicas. Para Calhoun, el cosmopolitismo liberal no logra explicar la importancia de la solidaridad social y del rol de la cultura en la constitución de la vida humana; conceptualiza erróneamente individuos abstractos que pueden elegir con libertad la totalidad de sus afiliaciones y, por consiguiente, postula la ilusión de escapar de las particularidades sociales a un reino de mayor libertad y universalidad, en el que en realidad sólo unos pocos individuos de la élite pueden operar y en el que las solidaridades grupales (étnicas, nacionales) suelen ser un recurso efectivo para la acción colectiva de los menos poderosos.

Por su parte, Fred Dallmayr (2003) considera que las falencias de la propuesta de Nussbaum no se dan tanto en su conceptualización como en su precaria dimensión práctica. A su juicio, el cosmopolitismo de Nussbaum es “cándido”, bien intencionado pero ingenuo, dados su énfasis en la teoría y su escaso aporte en la práctica política, que no se puede dar por sentada y que implica pensar los mecanismos para concretar las reglas de la justicia y fomentar la vida buena, así como las estrategias de deli-beración y decisión en cada contexto, en especial en el global, amenazado por la imposición de políticas hegemónicas y poderes cuasi imperiales.

Aunque en las páginas precedentes hemos aportado buena parte de los argumentos para responder las anteriores objeciones, contestar cada una de ellas con el detalle y rigor necesarios ameritaría un trabajo adicional, que no desarrollaremos aquí. No obstante, haremos algunos comentarios al respecto, que pretenden recordar las sutilezas y complejidades de la postura cosmopolita de Nussbaum. En primer lugar, uno de los errores

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más frecuentes es asumir que Nussbaum replica acríticamente el modelo estoico, cuando en realidad incorpora diversas nociones de esta escuela filosófica, pero también crítica muchas de ellas, como el propósito de ex-tirpar los sentimientos morales, o la distinción asimétrica entre deberes de ayuda material y deberes de justicia.

En segundo lugar, conviene recordar que la metáfora de los círculos de Hierocles demuestra que el modelo cosmopolita no es el de una persona que renuncia a sus vínculos particulares, con miras a una comunidad abs-tracta, sino el de quien hace que todo ser humano ingrese paulatinamente a formar parte de su círculo más cercano de preocupación y cuidado.

En tercer lugar, el liberalismo político de Nussbaum no adolece de los mismos defectos de abstracción desmedida e individualismo ahistórico que puedan tener otras vertientes de esta familia filosófica: su idea de individuo y de dignidad humana se concreta en una serie de capacidades humanas centrales, que requieren apoyo material para su buen funciona-miento y que se deben desarrollar teniendo en cuenta las particularidades sociales, históricas y culturales.

En cuarto lugar, es equivocado homologar la postura normativa cos-mopolita con el accionar de las élites políticas y económicas globales, así como vindicar las solidaridades étnicas y nacionalistas como motor del accionar de los grupos marginales. Si bien empíricamente pueden existir ejemplos de ello, no es fácil derivar de aquí implicaciones generales con vocación normativa. En cambio, diversos estudios de psicología política han demostrado que: 1) una disposición empática hacia el otro, la edu-cación y el conocimiento global contribuyen al respaldo ciudadano a los derechos humanos; 2) las posturas normativas globalistas (contrarias a las nacionalistas) y el razonamiento moral orientado por principios (jus-ticia, equidad, etc.) fortalecen el compromiso con los derechos humanos, mientras que el etnocentrismo y las orientaciones de dominación social lo debilitan; y 3) el autoritarismo, el etnocentrismo y la creencia en que el mundo no puede ser cambiado incrementan el deseo de restringir los de-rechos de grupos impopulares y/o minoritarios, al tiempo que el razona-miento moral orientado por principios y una postura liberal disminuyen esta tendencia (McFarland y Mathews 2005).

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Por último, con respecto a la incidencia práctica de la propuesta de Nussbaum, conviene tener presente su reflexión sobre la relación entre el trabajo conceptual de la filosofía política y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.17 A su juicio, la relación implica una contribución de la filosofía que puede presentar diversas facetas. En algunas oportunidades, los filósofos políticos simplemente pretenden mostrar a los ciudadanos en una democracia cómo pensar más clara-mente sobre algunos conceptos morales y políticos centrales para la vida pública. En otros casos, además, argumentan sobre cómo diseñar de la mejor forma las instituciones que regulan la vida en común. En ciertas ocasiones, como en Marx y la filosofía helenística, se insiste en un cambio radical y completo de nuestra relación con respecto a los deseos y el valor para mejorar la condición humana.

Nussbaum se ubica claramente en los dos primeros tipos de contribu-ción, y su filosofía práctica ha incidido en el despliegue de la perspectiva del desarrollo humano que impulsa la ONU en el ámbito global. Además, mencionamos antes que diversos estudios empíricos demuestran que los elementos nodales de su propuesta de cultivo de la humanidad en clave cosmopolita no sólo tienen validez normativa, sino que impactan decisi-vamente el respaldo, compromiso y accionar de los ciudadanos a favor de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. En todo caso, en la compleja tarea de mejorar la calidad de vida de las personas, la filosofía no debe ser vista como un saber acabado, suficiente ni autárquico; debe trabajar junto a las humanidades, las ciencias sociales y naturales, para formular e implementar acciones en esta dirección.

Pese a lo anteriormente expuesto, existen ciertos aspectos en la filo-sofía de Nussbaum que merecen ser revisados y examinados con mayor detenimiento. Mencionaremos dos casos relevantes. En primer lugar, Dallmayr tiene razón al señalar la omisión de las estrategias de discusión y decisión para definir los principios de la justicia. Nussbaum afirma que

17 Al respecto, ver: “Philosophy in the Public Interest: An Interview with Martha C. Nussbaum” (2002).

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se deben emplear estrategias deliberativas, pero no explica cómo, y, dado su énfasis en la justicia del “resultado” más que en el “procedimiento”, tiende a subvalorar este último. No obstante, como afirma Regina Kreide (2007), a la hora de pensar la justicia global no sólo debemos tener en cuenta los principios y fines que deben regularla, sino también las con-diciones bajo las cuales se establecen dichas regulaciones y principios: ¿quiénes deciden cuáles son los principios de justicia adecuados y cómo implementarlos?, ¿bajo qué condiciones discursivas deben tomarse deci-siones sobre y a partir de cuáles principios? Esto implica la necesidad de complementar filosóficamente la perspectiva de Nussbaum con una teoría discursiva, que establezca explícitamente los criterios mínimos de justi-ficación y participación en el diseño e implementación de la estructura básica de cada sociedad y de las instituciones globales.18

En segundo lugar, en nuestra opinión, Nussbaum logra articular de modo satisfactorio en su propuesta el contenido de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, pero en su teoría falta un mayor desarro-llo de los derechos culturales. Nussbaum argumenta que su visión contem-pla un pluralismo razonable; sin embargo, conviene revisar si, tal como sugiere Kymlicka (2003), las demandas de justicia etnocultural precisan de atención diferenciada y prerrogativas especiales, adicionales al marco general de derechos humanos, y si esta situación puede ser captada desde el enfoque de las capacidades.

ConclusiónLa filosofía práctica de Nussbaum nos aproxima a la estructura y

al alma de la democracia, que, entendida según su propuesta, es tanto una estructura sociopolítica –un conjunto de instituciones justas que garantizan efectivamente la dignidad humana y permiten el desarrollo

18 En este punto, la propuesta de Guillermo Hoyos (2007, 342) va más allá, porque a su juicio, la teoría comunicacional es capaz de desarrollar coherentemente la complementariedad entre el contractualismo y la perspectiva de las capacidades, mediante la articulación de “la ética discursiva, la política deliberativa, la democracia participativa y su relación con la doctrina del derecho moderno y del Estado de derecho democrático”.

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de los planes de vida personales– como un modo de vida que se ca-racteriza por el cultivo de las facultades de pensamiento, sensibilidad e imaginación, que nos hacen plenamente humanos y permiten que nuestras relaciones sean significativas y ricas, en lugar de simples relaciones de uso y manipulación (Nussbaum 2010a).

La propuesta de Nussbaum es un liberalismo político renovado, que vincula para el mundo actual las dimensiones técnica y práctica de la política, que pretende proteger la libertad individual, garantizar oportunidades materiales de realización personal y promover la cohe-sión social mediante prácticas solidarias, de respeto y reconocimiento recíproco. Es también la promesa de un mundo más humano, justo, compasivo, amoroso y comprometido con el bienestar ajeno. ¿Estamos hablando entonces de una utopía, de una mera idea regulativa, o de un proyecto democrático realizable? Ambas cosas, porque cabe recordar, como señaló Dewey (1972 [1888]) a finales del siglo XIX, que acaso el mejor examen que se pueda hacer de cualquier forma de sociedad, es el del ideal que propone para desarrollar sus formas de vida, y el del grado en el cual logra realizarlo.

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a abertura do conceito de sociedade civil: desencaixes, diálogos e contribuições teóricas a partir do sul Global

RESUmOO conceito de sociedade civil foi rearticulado pela Teoria Política nas últimas décadas do século XX, vinculando-se diretamente nos contextos redemocratizados com as noções de espaço público, cidadania, deliberação e participação política. Em diferentes partes do mundo, vários estudos e pesquisas sobre sociedades civis (re)emergentes desafiam o núcleo teórico/normativo elaborado por autores referenciais do Norte Global. Este artigo realiza uma revisão crítica do conceito de sociedade civil, originalmente concebido e pensado pela Europa. Ainda que o conceito de sociedade civil tenha sido informado e dinamizado pelas manifestações no Sul Global desde os anos 1980, a grande maioria de seus intérpretes com projeção mundial permaneceu situada no eixo teórico do NorteNosso principal objetivo é apresentaralgumas contribuições sobre as especificidades e as novidades que o Sul Global traz à categoria, com vistas à sua abertura conceitual para novos sentidos e significados. Defendemos que esta tem sido capaz de romper com a geopolítica do conhecimento e com a colonialidade do saber no nível teórico global.

PALAvRAS-ChAvEsociedade civil • Norte Global • Sul Global • teoria política

Una apertura del concepto de sociedad civil: desajustes, diálogos y contribuciones teóricas desde el sur Global

RESUmENEl concepto de sociedad civil ha sido rearticulado por la Teoría Política en las últimas décadas del siglo XX, vinculándose directamente en los contextos redemocratizados con las nociones de espacio público, ciudadanía, deliberación y participación política. En diferentes partes del mundo, varios estudios e investigaciones acerca de sociedades civiles (re)emergentes han desafiado el núcleo teórico/normativo elaborado por autores referenciales del Norte Global. Este artículo realiza una revisión crítica del concepto de sociedad civil, originalmente concebido y pensado por Europa. Si bien el concepto de sociedad civil ha sido informado y dinamizado por las manifestaciones en el Sur Global desde los ochenta, la gran mayoría de sus intérpretes con proyección mundial ha permanecido situada en el eje teórico del Norte. Nuestro principal objetivo es presentar algunos aportes sobre las especificidades y novedades que el Sur Global trae a la categoría, con vistas a su apertura conceptual para nuevos sentidos y significados. Defendemos que ésta ha sido capaz de romper con la geopolítica del conocimiento y con la colonialidad del saber en el nivel teórico global.

PALAbRAS CLAvEsociedad civil • Norte Global • Sur Global • teoría política


Modificado: 4 de diciembre de 2012

Aprobado: 19 de marzo de 2013

Cristiana Losekann é Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professora adjunta de ciência política da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) atuando junto ao Departamento de Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Suas principais áreas de pesquisa são: teoria política contemporânea, ambientalismo, política ambiental, mobilização da lei pela sociedade civil e pelos movimentos sociais. Desenvolve atualmente o projeto de pesquisa intitulado: “Redes de Ativismo Ambiental, Contestação e Mobilização do Direito na América Latina”. Dentre suas publicações recentes destaca-se a seguinte: “Participação da sociedade civil na política ambiental do Governo Lula”. Ambiente & Sociedade (Online), v. 15, p. 179-200, 2012. Endereço eletrônico: [email protected]

Luciana ballestrin é Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenadora do Curso de Relações Internacionais e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Suas áreas de atuação e interesse são: Teoria Política Internacional, teoria política e democrática contemporânea, teorias do Sul, pós-colonialismo, sociedade civil, violência e controle de armas. Desenvolve atualmente o projeto de pesquisa intitulado: “O Giro Decolonial e a América Latina: Contribuições para o Debate Global sobre as Teorias do Sul”. Sua publicação mais recente é o capítulo “Justiça Internacional”, publicado no livro “Dimensões Políticas da Justiça”, organizado por Leonardo Avritzer, Newton Bignotto, Juarez Guimarães, Fernando Filgueiras e Heloísa Starling, publicado pela Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2013. Endereço eletrônico: [email protected]


As análises produzidas neste artigo são fruto da interlocução e da discussão teórica estabelecida entre as co-autoras, a partir de suas investigações individuais.


a abertura do conceito de sociedade civil: desencaixes, diálogos e contribuições teóricas a partir do sul Global1

Luciana ballestrin Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Cristiana Losekann Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

IntroduçãoO conceito de sociedade civil foi rearticulado na Teoria Política nas últimas décadas do século XX. No contexto das redemocratizações na América Latina e no Leste Europeu, a ideia de sociedade civil ganhou diferentes significados na prática e na teoria, e tornou-se fundamen-tal para o pensamento de modelos democráticos complementares ao representativo liberal.

O principal objetivo deste artigo é realizar uma revisão crítica do conceito de sociedade civil pensado pelo centro, ao questionar sua apli-cação analítica e sua reprodução normativa em outros contextos. Ao se valer de contribuições mais críticas sobre sociedade civil – especialmente, brasileiras e indianas –, nossa argumentação busca pensar o cenário de participação e associação que as sociedades latino-americanas vêm cons-truindo nas duas últimas décadas como um enfrentamento às teorias metrocêntricas (Connell 2012).

1 A ordem das autoras segue apenas o critério de ordem alfabética, já que ambas são igualmente responsáveis pelos méritos e eventuais falhas existentes no artigo.

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A abertura do conceito de sociedade civil: desencaixes, diálogos e contribuições teóricas a partir do Sul Global


Ainda que o conceito de sociedade civil tenha sido informado e dina-mizado pelas manifestações no Sul Global desde os anos 1980, a grande maioria de seus intérpretes com projeção mundial permaneceu situada no eixo teórico do Norte Global. Nesse sentido, o conceito de sociedade civil reproduz uma espécie de divisão do trabalho nas Ciências Sociais (Alatas 2003), na qual o Sul Global fornece experiências, enquanto o Norte Global as teoriza e as aplica (Connell 2012).

A divisão entre o Sul e o Norte Global é aqui utilizada como metáfora sociológica e não geográfica para os países considerados não desen-volvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ela é reproduzida naquilo que Mignolo (2002) chamou de geopolítica do conhecimento. Embora alguns autores afirmem que a noção de sociedade civil não reproduz a colonialidade do saber devido à sua trajetória dinâmica de (re)apropriação conceitual no mundo – por exemplo, Avritzer (2009) –, é bastante verificável a influência que as teorias de Habermas (2003) e Cohen e Arato (2001) exerceram a partir da década de 1990 no Brasil e no restante da América Latina.

A maior parte da produção acadêmica sobre sociedade civil está ainda situada no Norte Global, o que mostra a sobrevivência dessa matriz contida em sua gênese em meio a diferentes condições, espaços e temporalidades. Mas, a formação desta consciência no meio de seus teóricos do Sul tem apresentado novas perspectivas ao debate, especialmente no conjunto das Teorias e Epistemologias do Sul. A América Latina, em geral, e o Brasil, em particular, têm enxergado em si mesmos um rico e complexo cenário associativo, não necessariamente enquadrado e encaixado nas proposições que a importação do conceito reproduziu. As especificidades e novidades que esses contextos apresentam em termos de formatos de sociedade civil e interação com o Estado vêmconsolidando agendas originais de pesquisa, especialmente nos estudos sobre Democracia Participativa. De outra parte, autores indianos têm contribuído para repensar a carga ocidental universa-lizante do conceito, desde a perspectiva teórica do pós-colonialismo.

Perguntamos, assim, se a sociedade civil brasileira, em particular, e a latino-americana, em geral, estaria aquém dos padrões prescritos pelas teorias do Norte Global ou estaria o conceito de sociedade civil

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Luciana Ballestrin • Cristiana Losekann


inadequado para entender tais realidades. Será que ele explica as formas variadas de manifestação, resistência e protesto às quais assiste o con-tinente nos anos pós-redemocratização? Como desprender o conceito de sociedade civil de sua carga moral europeia?

Na primeira parte deste trabalho, traçamos uma breve genealogia do conceito de sociedade civil e destacamos os condicionamentos e as he-ranças de sua matriz europeia moderna, bem como o núcleo normativo de suas elaborações mais contemporâneas. Em um segundo momento, trabalhamos com a reinvenção do conceito no Brasil e na América Latina, a partir da informação de práticas não pensadas e não contempladas pe-las teorias hegemônicas sobre sociedade civil. Na terceira e última parte, discutiremos as especificidades e as novidades que o Sul Global traz à categoria em termos teóricos.

1. Sociedade Civil: um conceito do Norte GlobalA Europa Ocidental foi a “parteira” do conceito de sociedade civil. As

teorizações sobre a origem do Estado e da sociedade (civil) encontraram seus primeiros esforços nas doutrinas filosóficas jusnaturalistas.

Para Thomas Hobbes, seu pai fundador, a condição humana fora da so-ciedade civil era a barbárie; o medo recíproco do estado de guerra latente entre os homens pelos homens fundava a consciência que os inclinava a ingressar na sociedade civil e rejeitar a permanência na sociedade natural. No caso, a societas civilis era o próprio Estado Civil que governaria igual-mente pelas leis civis: “fora dele (do governo civil), assistimos ao domínio das paixões, da guerra, do medo, da miséria, da imundície, da solidão, da barbárie, da ignorância, da crueldade; nele, o domínio da razão, da paz, da segurança, das riquezas, da decência, da sociedade, da elegância, das ciên-cias e da benevolência” (Hobbes 1992, 178). Se “o começo da sociedade civil provém do medo recíproco” (Hobbes 1992, 28), tem-se que “o estado dos homens fora da sociedade civil é um simples estado de guerra” (Hobbes 1992, 38). Com efeito, no Estado Absolutista, iniciou-se uma reorganização dos relacionamentos humanos em relação à mudança nas maneiras, na personalidade do homem e nos seus sentimentos, cada vez mais intole-rante ao que não fosse civilizado (Elias 1993, 21).

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A noção de sociedade civil ganhou a denotação “civilizada” em Locke (Bobbio 2000).Ao fazer uma crítica alusiva a Hobbes, Locke diferenciou o estado de natureza ao de guerra – essa por vezes necessária mesmo em um governo civil. As considerações de Locke sobre a América anarqui-zada o levaram a elaborar a ideia de equivalência do Estado de natureza ao Estado selvagem. Os povos primitivos eram, por suposto, “incivis”, na medida em que o político se tornava sinônimo de “civilizado”; a distinção e a superioridade dos ocidentais (Elias 1993, 213) deveram-se justamente à proeza de sua autocivilização.

Mas foi no século XVIII que as palavras correlatas “civilidade” e “civilização” ganharam força. Ao ultrapassar o sentido da polidez, cortesia e refinamento, a conversão do primitivo às boas maneiras fundamentou o próprio processo civilizatório: coube às civilizações civilizar. A civilização foi “um projeto encarregado de resolver o pro-blema permanente de liberar, diluir e sublimar a violência; a incivili-dade era o inimigo permanente da sociedade civil” (Keane 2001, 138). As nações civilizadas tinham avançado razoavelmente na eliminação de sua própria violência, como argumentou Ferguson (Keane 2001, 138 ); mas, paradoxalmente, a necessidade de civilizar foi extremamente incivilizada na empreitada colonial.

A ausência de um devido apreço pela não-violência, somada a ou-tras justificativas e interesses, hierarquizou as sociedades consoante seu estágio no progresso de outro projeto, racional e iluminista. As ideias de estágios graduais e hierarquias societais tiveram na socieda-de europeia um exemplo a ser perseguido. A civilização foi a expressão encontrada para indicar um ponto ótimo de regulação da convivência social, na qual as boas maneiras e costumes aliaram-se à sublimação da violência para conformar um estágio último e ideal. A própria confor-mação do Estado ausente no Novo Mundo impunha às pessoas um maior ou menor grau de autocontrole, na medida em que “a monopolização da violência física, a concentração de armas e homens armados sob uma única autoridade, torna mais ou menos calculável o seu emprego e tor-na os homens desarmados, nos espaços sociais pacificados, a ao con-trolarem sua própria violência mediante precaução ou reflexão” (Elias

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1993, 201). A sociedade civil, portanto, seria a síntese da domesticação dos instintos inerentemente selvagens do ser humano, catalisada pelo monopólio estatal da violência.

Para Rousseau, a saída do estado de natureza institui na conduta do ho-mem o instinto pela justiça e moralidade em suas ações, embora os primeiros deveres de civilidade fossem observados “até mesmo entre os selvagens” (Rousseau 2007, 62). Rousseau rompeu com seus antecessores contratualistas por considerar a bondade e a justiça naturais ao homem, e por transformar a ideia de desigualdade política em um elemento forte para a busca da au-todeterminação do povo, ideia assumida pelos revolucionários franceses na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Mas, não se pode esquecer que Rousseau, assim como Ferguson, estabeleceu “estranhas” rela-ções entre o “clima” e o florescimento da liberdade, civilização e progresso (Avritzer 2009). Ou seja, a preocupação sobre a origem da desigualdade en-treos homens não era estendida a outras geografias. Os povos que não com-partilhavam de um código europeu em vias de civilização – especialmente os povos indígenas e negros – foram segregados a um estágio inferior da história europeia-universal e, portanto, a eles não se devia muita preocupação.

Atribui-se a Hegel o modelo dual de distinção entre a sociedade civil e o Estado, ambosapartados do espaço familiar. Hegel rompeu, portanto, com o jusnaturalismo anterior fundado no contrato: o estado fundamenta a sociedade e os indivíduos não são anteriores a ele. Lançou as primeiras bases modernas para o entendimento da sociedade civil em sua mediação e interpenetração com o Estado (Cohen e Arato 2001). Seus escritos, jun-tamente com os de Thomas Paine e Tocqueville, caracterizaram os anos situados entre 1750 e 1850 como o período de nascimento e maturação da ideia de sociedade civil na sua distinção com o Estado (Keane 2001). Contribuíram também os expoentes do Iluminismo Escocês, Adam Smith e Adam Ferguson. O pressuposto evolutivo está explicitado em outros filóso-fos escoceses do século XVIII, que tratavam a sociedade civil como antítese da violência. A civilidade era uma convenção artificial para conter a violên-cia natural; a sociabilidade nas relações econômicas e íntimas (Keane 2001).

Nos séculos XVIII e XIX, “a incivilidade era o fantasma que assolava permanentemente a sociedade civil” (Keane 2001, 138). O termo civilização

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passou a ser então antônimo de natureza, barbárie, selvageria, rudeza, pre-sente nas nações primitivas ou nos comportamentos destoantes. À época, a Europa experimentava, pelo menos desde o século XVI, uma mudança radical nos padrões de conduta de suas próprias classes abastadas. São alguns deles: a eliminação dos excessos da autopunição e da autoindulgência, a repressão do comportamento espontâneo, o controle das funções e impulsos corporais em público. Uma progressiva racionalização, responsável pela produção da “vergonha”, “repugnância” ou “embaraço” diante de atos cruéis ou violentos, foi componente do processo civilizatório (Elias 1993, 242).

O reaparecimento simultâneo da sociedade civil nos contextos do Leste Europeu e da América Latina a partir da década de 1970 reanimou seu debate conceitual. Não obstante a ausência de um intercâmbio de ideias (Kaldor 2003), o ponto similar deste fenômeno em ambos os continentes foi encontrado na contraposição ao Estado, este representante de regimes militares ditatoriais e totalitários, respectivamente (Costa 2003). No Leste Europeu, afirmava-se um sentimento antimarxist,2 diametralmente oposto àquele observado na América Latina, iniciado com Solidarnósci polonês e que culminou nas “Revoluções de Veludo” de 1989. Esta narrativa reproduzida por muitos teóricos do Norte – Cohen e Arato, Kaldor, Keane, entre outros – pretendeu inserir os contextos do Leste Europeu e da América Latina na Terceira Onda de Democratização de Huntington (1994). Diferenças importantes foram suprimidas com o fim de imbuir ambas as regiões em um mesmo espírito democratizante. A força do sindicalismo e as figuras de Luiz Inácio Lula da Silva e Lech Walesa eram tomadas à semelhança e com o mesmo entusiasmo. Ainda que não seja objeto de discussão neste texto, é importante notar que a sociedade civil latino--americana possuía expressões e manifestações antes do marco temporal mais ou menos consensual em relação a sua suposta retomada conceitual.3

2 Para uma visão anticomunista da sociedade civil, ver Gellner (1996).

3 Contrariamente ao entendimento acerca do abolicionismo consolidado no pensa-mento político brasileiro, recentemente Alonso (2011) evidenciou que havia um forte associativismo abolicionista no Brasil que antecedeu as principais inovações institucionais marcantes do processo abolicionista brasileiro.

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Atualmente, existe uma clara disputa entre vários argumentos/dis-cursos/agendas de sociedade civil. Tal variedade conceitual tem oscilado de acordo com o enquadramento dos atores no interior do conceito, sua função diante de regimes políticos, seu relacionamento com o Estado e seu modus operandi. As reflexões sobre a sociedade civil não podem ser descoladas de matrizes teóricas maiores, cujas preocupações originais extrapolam-nas: a rigor, não existe uma teoria pura da sociedade civil. Mas, é possível encontrar características semelhantes em meio à disponi-bilidade de vertentes complementares ou incompatíveis.

As seguintes versões podem ser acentuadas conforme a ênfase que lhe é atribuída: a tocqueveliana (virtude cívica); gramsciana (hegemonia); haberma-siana (comunicação); neotocqueveliana (capital social); neoliberal (filantropia); a comunitarista (comunidade); neodurkheiana (solidariedade); a cosmopolita (paz). Todos os modelos e releituras assumem a diferença com o Estado, negam a violência e provêm de uma matriz anglo-saxônica ou eurocêntrica.

Delinearam-se outras características da moderna sociedade civil, para além do distanciamento da violência e da não-concorrência pela tomada do poder estatal: o modelo tripartite autônomo e autolimitado; as ideias de auto--organização e autodeterminação; a busca pelo consentimento e entendimen-to pelo diálogo livre e racional; e, finalmente, o círculo virtuoso estabelecido com as práticas democráticas (Young 2000; Kaldor 2001; Keane 2001; Cohen e Arato 2001). Como lócus privilegiado de transformação na pós-modernidade, creditou-se à sociedade civil o império da razão comunicativa; como slogan político – à esquerda ou à direita – a esfera da solidariedade. As expressões “sociedade civil organizada” e “sociedade civil moderna” soam uma redundân-cia: hoje, a expressão “sociedade civil” pressupõe organização e modernidade. Entendemos que essas atribuições configuram um núcleo minimamente compartilhado das teorias da sociedade civil pensadas pelos autores do Norte.

O livro Civil Society and Political Theory, de Cohen e Arato,4 foi de enorme importância para a retomada do conceito de sociedade civil no centro do debate político contemporâneo. No livro, os autores realizam

4 Originalmente publicado em 1992 em inglês.

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uma extensa recuperação da história do conceito e sustentam que a re-levância em retomar, contemporaneamente, o conceito de sociedade civil está na possibilidade de constituir outra esfera social que seja diferente e independente do Estado e da economia. Dessa forma, o conceito de socie-dade civil poderia contribuir na compreensão e proposição de mecanismos que permitam aprofundar os níveis democráticos para além daqueles con-quistados por meio dos instrumentos da democracia representativa e das leis do mercado. Assim, suas propostas teóricas pressupõem extrapolar os limites do pensamento liberal e procedimental de democracia.

Amparados, principalmente, nas ideias de Habermas, Cohen e Arato (2001) adotam a elaboração da diferenciação social, correspondente à concepção de sistemas e mundo da vida. A sociedade civil está identificada – mas não é a mesma coisa – com o mundo da vida. Este compreende toda a gama de tradições sociais, linguísticas e culturais que fazem parte da vida dos indivíduos cotidianamente. Além disso, compreende as formas como nos relacionamos com os outros, ou seja, as formas de solidariedade, os padrões de conduta moral e ética, o conhecimento acumulado sobre as coisas e os padrões de pensamento. Existem três componentes no mundo da vida: cultura, sociedade e personalidade. Essas diferenciações se es-truturam por meio de instituições especializadas em que cada um desses componentes se materializa. É justamente nesses níveis institucionais, sejam culturais, de solidariedade, o de identidades, que é possível pensar a sociedade civil segundo Cohen e Arato (2001).

Todavia, não são somente as instituições que fornecem a unidade de um mundo da vida. Toda a rede linguística e cultural de tradições é fonte para a condição institucional. A esfera pública, a comunicação e as associações são fundamentais e centrais na sociedade civil, mas o aspecto privado, em que os indivíduos criam suas identidades e seus juízos autô-nomos, também o é. Assim, outra formulação de Habermas, a de “ação co-municativa”, dá condições para existência de uma sociedade civil moderna na qual, por meio da prática discursiva e da racionalização do mundo da vida, podem-se questionar normas e alterar padrões sociais.

Essa reelaboração do conceito de sociedade civil fundamentada numa divisão tripartite das esferas sociais causou grande impacto entre acadêmicos

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e influenciou trabalhos em todo o mundo desde a década de 1990. A princi-pal característica desta sociedade civil moderna, não equivalente ao Estado nem ao mercado, estaria na condição de autonomia dos indivíduos, capazes de criar associações voluntárias a partir da identificação de projetos comuns de vida (Walzer 2008) – tudo isso viabilizado pela ação comunicativa. Para garantir as condições de autonomia, o modelo teórico proposto por Cohen e Arato sustenta que a “autolimitação” entre as esferas sociais é necessária.

Os limites de cada um dos três elementos da sociedade estariam nos próprios mecanismos de coordenação estabelecidos por cada um de forma diferenciada. O mecanismo de coordenação do Estado é o poder, por meio do monopólio do uso da força; o da economia é o dinheiro; o da sociedade civil, por sua vez, éfundamentalmente comunicativo: a capacidade de influ-ência. Mas esses mecanismos não são impermeáveis; muito pelo contrário, Cohen e Arato (2001) sugerem que a sociedade civil seria capaz de influen-ciar o sistema político e o sistema econômico agindo sobre as instituições intermediárias desses dois campos. Com relação à sociedade política, as instituições intermediárias seriam todos os instrumentos da democracia representativa, como partidos, parlamentos e, inclusive, instâncias locais e/ou regionais abertas à participação direta. A respeito da sociedade eco-nômica, os autores indicam que a institucionalização de mecanismos de negociação coletiva, de conselhos de representação dos trabalhadores e de outras formas existentes pode funcionar como intermediária entre as ideias que emergem da sociedade civil e a realidade do mercado.

Ao escrever sobre a sociedade civil em Direito e Democracia – entre factici-dade e validade, Habermas (2003) salienta que o significado atual de sociedade civil não é mais aquele que a identificava com a “sociedade burguesa” liberal ou que coincidia com a economia e o mercado. Segundo o autor, o conceito hoje adquiriu outra característica: a formação de um núcleo institucional que não se caracteriza pelos atributos econômicos nem pelos estatais e que, por sua vez, ampara as condições sociais para o surgimento de esferas públicas.

Mas, para que isso seja possível, é necessário que se preservem os di-reitos privados, que, por sua vez, garantem as condições para a existência de uma esfera privada plural, livre e autônoma. A esfera privada é absolu-tamente importante para a existência da cidadania autônoma Habermas

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(2003). O exemplo disso encontra-se claramente em Estados totalitários, nos quais a vida privada é controlada por estes e a cidadania inexiste. Nesses casos, a interferência e a ingerência do Estado na estrutura da vida privada e, inclusive, na vida íntima desorganizam e desintegram as redes de relações estabelecidas nesse campo (Habermas 2003, 101).

Assim, a autonomia, característica central da sociedade civil moderna, só poderia ser mantida por uma profilática separação entre as esferas sociais. Ademais, o modelo tripartite, além de garantir a manutenção da autonomia, pensada como garantia da não dominação da sociedade civil pelo Estado em regimes autoritários; também teve ressonância entre aqueles preocupados com o processo de transferência de responsabilida-des sociais do Estado para a sociedade civil, mormente, aqueles advindos das políticas neoliberais.

Portanto, como os atores da sociedade civil não buscam o poder do Estado nem desejam substituir as funções de produção do mercado, tornam-se menos suscetíveis aos valores norteadores de ambos e mais propícios para o surgimento de valores independentes e, em certos casos, até antagônicos aos da lógica do poder e do dinheiro (Avritzer e Costa 2004, 710). Nesse sentido, a forma de atuação da sociedade civil deve ser sempre autônoma e buscar a influência por meio da participa-ção em associações e em movimentos e por meio da mídia.5

2. Sociedade Civil: um conceito no Sul GlobalConforme anunciaram Cohen e Arato (2001), uma das vias da retoma-

da do formato contemporâneo do conceito foi informada pelos contextos latino-americanos e do Leste Europeu, no final dos anos 1970. Contudo, a elaboração teórica projetada mundialmente deu-se externa a eles e per-maneceu fundamentada epistemologicamente nos pressupostos teóricos

5 Durante a década de 1980 nos Estados Unidos Charles Tilly (1996) refutou o conceito de sociedade civil, argumentando que a separação das esferas “civil” e “política” se-ria mais fruto da projeção normativa dos teóricos do que empiricamente observável. Da mesma forma, Warren (2001) defende a substituição do conceito, bastante seto-rial, pela ideia de “associações”.

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modernos. Dois problemas daí derivaram-se: a) a divisão rígida entre Estado e Sociedade Civil e b) a desconsideração de grupos sociais que es-tavam fora dos moldes da modernidade/civilidade, ou seja, manifestações periféricas de sociedade civil.

Nesta segunda parte do artigo, oferecemos algumas leituras que suge-rem descompassos e desencaixes teóricos a partir da experiência brasileira e latino-americana. Em relação ao Brasil, a reflexão gira em torno do primeiro problema. Por sua vez, o cenário latino-americano é tomado de forma mais genérica com o fim de ilustrar muito brevemente o segundo ponto.

No Brasil, os contornos entre Estado, sociedade civil e mercado são marcadamente entrelaçados, desde nossa fundação, conforme boa par-te do pensamento político e social que nos interpreta. Assim, nossos intérpretes identificaram, cada um a sua maneira, o descompasso de nossa formação em relação ao exemplo europeu. Dessa maneira, nossas instituições, nossa sociedade e nossa economia não corresponderiam à formação moderna caracterizada por limites claros entre as esferas e por funções específicas e exclusivas.Do ponto de vista da formação política, somos marcados pelo mandonismo desde as relações privadas até as públicas (Carvalho 2003). Portanto, não teríamos desde o início as bases para a formação de um terreno que permitisse o surgimento de uma sociedade civil moderna. Primeiramente, pela ausência de separação entre público e privado e, posteriormente, pela imbricação entre a esfera política e a esfera econômica do mercado. Até aqui, a ausência da autoli-mitação entre as esferas sociais é aspecto que sugere a ausência, também, de uma sociedade civil. Outro momento histórico e analítico que merece ser destacado é aquele que compreende o início da construção de nossos direitos até o processo de redemocratização. Nesse sentido, analisou Santos (1979) que teríamos no Brasil uma “cidadania regulada”, marcada pela limitação da autonomia da sociedade civil e pela regulação do acesso aos direitos pelo próprio Estado; ele próprio, o “fabricante” dasdemandas sociais. Outrossim, Carvalho sinalizou que, até a redemocratização, o que havia no Brasil era a “estadania” (Carvalho 1998) – gerada pela inversão na arquitetura dos direitos que ofereceu bens sociais sem garantir um ambiente no qual tais demandas pudessem ser desenhadas pela própria

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sociedade. Este aspecto envolveu o enfraquecimento da cidadania e a desarticulação da sociedade pelo Estado, eliminando esferas de mediação representativas, desmobilizando a sociedade civil e minando sua auto-nomia. Esse aspecto foi rompido, em grande parte, com o processo de transição democrática e coroado com a Constituição de 1988, que garantiu vários mecanismos de participação e controle social. Nos conceitos de ambos e na visão estadocêntrica de ambos os autores – a qual se soma Faoro (2000) e Trindade (1986) –, o que estava em jogo era uma relação na qual o Estado engolfava a sociedade eliminando as suas possibilidades de autodeterminação e autonomia.

Todas essas formulações teóricas e conceituais sugerem que o de-senvolvimento de nossas instituições, construções sociais e econômicas, mesmo espelhadas às modernas elaborações de mundo ocidental, sempre estiveram e permanecem marcadas por fortes entrelaçamentos. Assim, um conjunto de pesquisadores brasileiros têm analisado as ligações entre Estado, sociedade e mercado, para além dos fenômenos políticos do clien-telismo, coronelismo ou cooptação. Alternativamente, aquilo que se está sugerindo é que Estado, sociedade civil e mercado possam se relacionar e estabelecer vínculos que signifiquem o aprofundamento da democracia.Ademais, as análises empíricas têm sustentado que esses vínculos são menos difusos e informais do que Cohen e Arato (2001), assim como Habermas (Ibid.) pensaram – ao passo que sejam menos formais do que as teorias das instituições políticas admitem.

Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) argumentaram que, na realidade latino-americana, Sociedade Civil e Estado são heterogêneos. Essa he-terogeneidade ocorre em diferentes sentidos. Por um lado, é marcada pela existência de diferentes projetos políticos –autoritário, neoliberal e participativo – que atravessam o Estado e a Sociedade Civil. Por outro, é marcada pela própria formação fragmentada das instituições estatais (O’Donnell 2011) e pelo pluralismo intrínseco à sociedade civil. Dessa forma, sugerem que o modelo teórico tripartite das esferas sociais não se sustenta se não entendermos os trânsitos queocorrem entre eles. Ademais, se o conceito de sociedade civil tem sua relevância precípua na ampliação da democracia, é, também, necessário conhecer os significados

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implicados nos vínculos propostos pelos diferentes projetos políticos existentes. Desse modo, concordantemente, Avritzer (2009) tem contri-buído com uma elaboração conceitual, à luz das teorias democráticas, que permite compreender justamente esses elos e trânsitos políticos entre Sociedade Civil e Estado. Nesse sentido, o conceito de “instituições parti-cipativas” e “instituições híbridas” são exemplares.

Esses estudos evidenciam que o problema do conceito de sociedade civil elaborado por Cohen e Arato na esteira habermasiana está na concepção de um limite de ação restrito e rígido para a sociedade civil. A característica de autolimitação impediria que a sociedade civil ocupasse posições efetivas no sistema político ou nas relações de mercado, deixando a essa o difuso papel de influenciar nas outras esferas. Não deixaram claro, obstante, como isso ocorreria. A objeção à influência autolimitada da sociedade civil segue, tam-bém, em outro sentido, qual seja, a necessária implicação entre autolimita-ção e autonomia. Assim, a partir de uma perspectiva relacional, admite-se que existam complexas e múltiplas imbricações entre Estado e Sociedade Civil, tendo em vista as heterogeneidades intrínsecas a estes dois. Torna-se duvidoso afirmar que a aproximação entre alguns setores da sociedade civil e do Estado comprometa a autonomia desta como um todo.

Avritzer (2009) defende que “a especificidade da América Latina para abordar os conceitos de cidadania, sociedade civil e espaço público” (2009, 4) estabelece “um novo centro geográfico para o conceito (2009, 13)”. O autor argumenta, assim, que o processo de “democratização na América Latina produziu atores que ressignificaram as versões europeias e norte--americanas anteriores do conceito de sociedade civil. A sociedade civil latino-americana fornece,por meio de sua pluralidade, manifestações con-testatórias e participativas; uma nova gramática para esse velho conceito. As expressões nãocivis dessa nova sociedade civil latino-americana só po-dem ser entendidas a partir do rompimento com o marco liberal (especial-mente, o da representação individual de interesses), institucional (espaço onde se desenrola a luta política) e do reconhecimento de novas questões culturais e identitárias muito próprias da região reivindicadas pela ação coletiva”. Isso contribuiria para a não-criminalização dos movimentos sociais e dos protestos, correntemente veiculados pela mídia hegemônica.

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Nossa história e desenvolvimento estiveram condicionados pela vio-lência da dominação colonial e exploração econômica. Os processos de independência em geral foram no século XIX produto de interesses econô-micos e não políticos das elites locais. Ainda que os padrões de colonização empenhados por espanhóis e portugueses tenham sido muito diferentes, o continente não obedeceu à mesma dinâmica de diferenciação nas esferas públicas e privadas – em um sentido estatal e econômico, respectivamen-te – observada no velho mundo. Isso supostamente teria desautorizado a existência de uma sociedade civil latino-americana antes do século XX: não haveria uma sociedade entre iguais e um senso de justiça pública.6Por uma série de outras razões, a América Latina foi e é sobrecarregada de in-terpretações e análises pessimistas. Diferentes correntes teóricas do pen-samento social e político latino-americano buscaram encontrar processos europeus no continente: feudalismo, revolução industrial, liberalismo, revolução burguesa, entre outros. As especificidades da América Latina, porém, foram trabalhadas por algumas correntes do marxismo latino--americano, especialmente, nos escritos de José Carlos Mariátegui e ver-sões da Teoria da Dependência – considerada como uma produção teórica genuinamente latino-americana, e que inspirou autores como Immanuel Wallerstein, Samir Amin e Giovanni Arrighi (Martins 2006).

Para os teóricos da modernização da década de 1960 (Martins 2006), que postulavam uma correlação causal positiva entre desenvolvimento econômico e democracia, a América Latina estava condenada por seu sub-desenvolvimento e não obediência a um etapismo hierárquico atravessado pelas sociedades avançadas do Norte. As teorias da cultura política, por sua vez, elaboradas também nesta mesma década, apesar de escolherem o México como um dos cinco casos de análise, acabaram receitando a fór-mula de cultura cívica e democrática dos Estados Unidos da América e da Inglaterra (Almond e Verba 1963). As teorias da transição, por seu turno,

6 Esta afirmação é controversa. Especialmente no caso argentino, autores como Trindade (1986) mostraram o desenvolvimento de uma sociedade civil já no século XIX, contrariamente ao caso brasileiro. A nota de rodapé 3 também desafia tal ideia no caso do Brasil.

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elaboradas ao longo dos anos 1980, claramente apostaram mais no sul da Europa (Grécia, Portugal e Espanha) do que na América Latina, em ter-mos de consolidação da democracia (O’Donnell, Schimitter e Whitehead 1988). Até a metade da década de 1990, vários teóricos tinham dúvidas em relação à estabilidade do nosso sistema político (Linz e Stepan 1999).

Por outro lado, o continente parecia ter produzido somente uma série de “ismos” indesejáveis, fruto direto da mistura histórica entre o público e privado: coronelismo, clientelismo, mandonismo, caudilhismo, popu-lismo. Estes fenômenos aliados às versões estadocêntricas brasileiras su-pracitadas, teriam atrofiado o desenvolvimento de nossa sociedade civil.

O estudo da sociedade civil na América Latina por ela mesma tem sido realizado com a utilização de outras nomenclaturas. Ainda está por ser feito um trabalho de fôlego que mapeie historicamente e recrie uma genealogia dos movimentos da sociedade civil na região. Embora a redemocratização tenha dado grande impulso a essa agenda de pesquisa, sabemos que o cenário associativo latino-americano possui uma riqueza anterior: associações comunitárias e de bairro, organizações populares camponesas, bem como a própria resistência armada durante os períodos ditatoriais precisam encontrar lugar no vasto repertório da ação coletiva no continente, certamente não iniciada ao final dos anos 1970.

As teorias da transição apostaram em uma análise que deixaram em segundo plano as relações entre Estado e Sociedade Civil. Basicamente, os estudos sobre transitologia enfatizaram as negociações entre atores políti-cos e as instituições políticas (Avritzer 1996). A literatura criticada na seção anterior possuiu, assim, o mérito de iluminar a importância da sociedade civil neste processo, ainda que careça de análises e relatos detalhados.

No Brasil, o movimento pela Anistia em 1979 e pelas “Diretas Já” em 1984 mostraram a força dos movimentos sociais, do novo sindicalismo, dos novos partidos de esquerda, das associações comunitárias, das comu-nidades eclesiais de base, das organizações populares, dos movimentos suprapartidários. Por exemplo, o movimento de associações comunitárias no Brasil nas grandes capitais lutou por melhorias urbanas resultando, no começo dos anos 1980, no Fórum Nacional da Reforma Urbana. A luta pelo direito à cidade e à democratização da vida urbana no Brasil foi

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fundamental para a presença na Assembleia Nacional Constituinte, para a posterior elaboração do Estatuto da Cidade em 2001 e para as audiências para a aprovação dos planos diretores municipais. Outro exemplo vem do movimento sanitarista que teve sua origem nas lutas sociais na zona leste de São Paulo o qual exigia o acesso à saúde enquanto direito; ele evoluiu para a criação de conselhos visando ao controle dos serviços municipais de saúde (Avritzer 2009).

Ainda no processo de redemocratização, poderíamos citar no México o movimento dos atingidos pelo terremoto de 1985 e a formação da Aliança Cívica – uma clara disputa entre sociedade civil e governo sobre a organização do sistema eleitoral mexicano. Na Argentina, o movimento das mães e avós da Praça de Maio continua vivo até hoje; sendo este país um exemplo na luta pelos Direitos Humanos, Memória, Justiça e Verdade.

Os movimentos que reivindicam redistribuição econômica e reconhe-cimento cultural (Fraser 2001) ganharam muito força no continente a partir da década de 1980. Assim, temos um forte movimento indígena no Brasil e no Chile com os índios Mapuche, mas especialmente nos pa-íses da região andina como Peru, Equador e Bolívia. O movimento pela água na Bolívia, bem como o movimento dos cocaleros, as comunidades de paz na Colômbia, os zapatistas no México, os piqueteiros, bloqueios e cacerolaços na Argentina, o movimento dos sem-terra (MST no Brasil e Via Campesina na América Latina), sem-teto e atingidos por barragens, Vale do Rio Doce e petróleo e gás no Brasil, as cooperativas da economia solidária, a recuperação de fábricas, são outros exemplos.

Fora do campo dos movimentos sociais, mas ainda no campo da so-ciedade civil, não podemos esquecer as milhares de Organizações Não Governamentais (ONGs) locais, nacionais, regionais e internacionais que atuam no continente e abordam estes e outros temas derivados, junto a outras associações, fundações e outros tipos de organizações. Muitas vezes formam-se redes transnacionais de advocacia, como por exemplo, pela redução da violência armada, meio ambiente e direito das mulheres. Não podemos esquecer também que os próprios Fóruns Sociais Mundiais (FSM) tiveram grande parte de suas edições no Brasil

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e Venezuela, bem como a própria importância da organização transna-cional dos movimentos sociais contra a Área de Livre Comércio para as Américas(Alca). Existe ainda uma série de redes transnacionais no con-tinente que atuam sobre os mais variados temas tocantes aos processos de desenvolvimento em curso.

No âmbito institucional, muitos expoentes da sociedade civil latino--americana possuem relação com a esquerda partidária. A Constituição Boliviana de 2007 que conclama um Estado Plurinacional, estabelece a possibilidade de lideranças de movimentos sociais se candidatarem para cargos eletivos, quebrando o monopólio da representação de interesses pelos partidos políticos. Segundo Silva (2010), o Movimento ao Socialismo da Bolívia, o Partido Socialista Unificado da Venezuela e o Movimento Pátria Altiva e Soberana no Equador são partidos de esquerda refunda-doras, isto é, propõem refundar as institucionalidades da democracia representativa liberal ocidental, o que justificaria os olhares desconfiados sobre o que vem ocorrendo nesses países. Por outro lado, a Frente Ampla do Uruguai, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua e o Partido Socialista chileno repre-sentam partidos de esquerda renovadores, com uma crítica moderada ao neoliberalismo e à democracia representativa.

Outras experiências inovadoras que desafiam às teorias mais tradi-cionais de sociedade civil são aquelas nas quais o Estado ativa a partici-pação política e social. Desde os Conselhos Comunais venezuelanos aos Orçamentos Participativos no Brasil – exportado para diversos lugares do mundo –, a experiência continental traz novidades empíricas para o pensamento teórico acerca de quais são os atores partícipes da sociedade civil e até que ponto estãoafastados do Estado. Atualmente, a experiência boliviana desperta um interesse mundial por suas tentativas de ruptura com o constitucionalismo e sistema político liberal.

3. Sociedade Civil: Abertura ConceitualConforme Keane (2001, 45), a “globalização vertical e horizontal”

da “linguagem da sociedade civil” (2001, 45) extrapolou seu marco oci-dental. Atualmente, ela é cada vez mais observada em países africanos,

200



círculos islâmicos e leste asiático. Por exemplo, em Formosa e na China, “controvérsias antropológicas” tomaram lugar para a melhor tradução da expressão “sociedade civil”; nestes contextos, “sociedade popular” e “sociedade de cidadãos” apareceriam como as melhores al-ternativas7 (Keane 2001, 37). Para Chatterjee (2004, 70), o conceito de sociedade civil não faz o menor sentido na Índia, pois estaria separado “da mais ampla vida popular das comunidades, encastelada em encla-ves de liberdade cívica e lei racional”.

Antes mesmo desta atual fase de expansão conceitual, política e prática do termo, Keane (2001.) observou que, em 1960, a desconhecida Escola da Sociedade Civil do Marxismo Japonês de inspiração grams-ciana constituiu o primeiro esforço contemporâneo de recuperação da discussão, embora confinada ao Japão. De fato, foi Gramsci um dos teóricos mais importantes para a renovação do pensamento marxista e da própria sociedade civil. Ao pensar em um modelo tripartite de sociedade (econômica, política e civil) seguida por muitos autores, in-clusive não marxistas, ele ampliou a percepção dos níveis de dominação ao plano cultural/ideológico, igualando-o em importância estratégica ao material/econômico. A sociedade civil gramsciana é um campo aberto, originada da dinâmica econômica da sociedade, mas que dis-puta hegemonia por meio de tendências, interesses e visões de mundo. Atualmente, observa-se um interesse renovado concepção de “sociedade civil comunista” gramsciana.

Para o grupo de intelectuais indianos dos “Estudos Subalternos”, oriundos, sobretudo, do marxismo dissidente indiano, o conceito de so-ciedade civil precisa ser questionado. Isso porque as ambiguidades deste não estão presentes apenas na formulação teórica tripartite e aditiva do social conforme Chandhoke (2003), em crítica a Cohen e Arato. Os autores Chandhoke (200), Chatterjee (2004), Khilnani e Kaviraj (2001), Hachhethu e Gellner (2008), Randeria (2006) e Roy (2003), estão cientes

7 Para uma leitura de amostras continentais da sociedade civil (Irã, Turquia, Palestina, China, Nigéria e outros), ver Glasius et al. (2004).

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de que o Estado sempre está limitando a autonomia da sociedade civil; mas, além disso, percebem também que a sociedade civil implica um projeto ocidental, que pressupõe uma visão de mundo, uma forma orga-nizativa, um conceito de mobilização e formas específicas de relação com o Estado. Cada um desses autores desenvolve sua argumentação própria, mas, tomando-os em conjunto, é possível perceber que todos identificam a existência de “sociedades civis” e que, concretamente, é possível observar que as sociedades civis do Norte Global tentam impor suas concepções às sociedades civis do Sul Global.

É nesse sentido que a análise crítica das ONGs ganha tanta relevân-cia nos trabalhos de pesquisadores indianos e também sul-africanos. Em seus estudos, manifestam que conflitos e embates importantes entre civilizações ocorrem para além dos instrumentos do Estado e da economia, no terreno da linguagem, da comunicação e da cultura. Assim, o modelo de associativismo ocidental tem sido imposto através dessas organizações que do Norte vão para os países pobres do sul im-buídas de projetos que correspondem aos anseios das sociedades civis de seus países de origem.

Ao buscar fundamentar o conceito de sociedade civil de forma prag-mática à experiência indiana, Chandhoke (2003) ressalta que a sociedade civil é heterogênea e constituída por fatores diversos de acordo com con-tingências e contextos específicos de cada país. Adverte que a maior parte dos teóricos da sociedade civil confunde-se entre uma visão analítica e uma visão prescritiva desta. Ou seja, eles confundem o que é com o que deveria ser a sociedade civil. Dessa forma, deixam de perceber que, longe de se constituir como a salvação para os problemas da democracia, a so-ciedade civil está permeada por ambiguidades. Ela afirma que a sociedade civil é necessária, mas não suficiente, para a democracia.

Para a autora, o potencial democrático da sociedade civil de contesta-ção e resistência à dominação dos poderes constituídos está ameaçado, principalmente nos países pobres, pela atuação de ONGs internacio-nais que tendem a domesticar as sociedades locais, despolitizando suas questões na medida em que atribuem verticalmente significados às suas lutas e demandas. Ela critica a substituição do ativismo local

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pela atuação de grandes ONGs, uma vez que estas últimas realizam as tarefas do Estado legitimando a sua não-performance, o que resulta, por fim, numa neutralização dos descontentamentos políticos causados pela falta de ação estatal (Chandhoke 2003).

Mas, além das implicações das atividades das ONGs internacionais em países pobres, a autora também alerta para as contradições exis-tentes dentro dos movimentos sociais e das demais organizações que compõem as sociedades locais. Assim, quando práticas marginalizadas procuram entrar no domínio da sociedade civil, elas precisam romper barreiras para simplesmente registrar suas presenças e necessidades nessa esfera. Além disso, a autora adverte que, apesar de muitos movi-mentos sociais terem revelado identidades e a multiplicidade de opres-são na sociedade civil, também têm criado categorias essencializadas de identidade (Chandhoke 2003, 209), o que, ao invés de contribuir para a inclusão desses grupos, exclui ainda mais.

Mas, além das incertezas de papel da sociedade civil em assegurar democracia, é preciso lembrar que se trata de uma categoria moderna oci-dental (Chatterjee 2004). Dessa forma, é necessário avaliar como ela opera em contextos que carregam aspectos culturais próprios, conflitantes com os valores modernos. A sociedade civil moderna tem suas próprias bandeiras, muitas, em contraposição a grupos culturais específicos (Khilnani e Kaviraj 2001). Nesse sentido, se não quisermos que alguns grupos culturais fiquem excluídos, precisamos avaliar não apenas se os formatos de mobilização da moderna sociedade civil (em associações e ONGs) estão representando grupos culturais “tradicionais”, mas tambémprecisamos ,naquilo que enten-demos por sociedade civil, formas de organização diferentes dos formatos modernos (Hachhethu e Gellner 2008; Roy 2003; Escobar 2005).

Pesquisadores do Nepal, Bhattachan (2003), Hachhethu e Gellner (2008), entre outros, têm defendido um entendimento mais amplo de sociedade civil, que inclua aqueles grupos tidos como “tradicionais”. O argumento deles é de que a organização voluntária nesse país é anterior ao formato de ONGs e que podem ser observadas em toda sua história, contrariando aqueles que sustentam que não há uma genuína sociedade civil lá. Além disso, elementos como “democracia” e “transparência” não

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estão presentes na totalidade das organizações que o Ocidente considera como parte da sociedade civil.

Mas, além desse, outro ponto no debate é relevante. Trata-se da discussão epistemológica que fundamenta as funções de sociedades civis, enquanto lócus para a formação de consensos democráticos ou enquanto fundamento para a emergência de contra-hegemonias. Nesse sentido, as análises produzidas a partir dessas experiências “não exem-plares” (Rosa 2008) do Sul Global têm apontado para a coexistência entre experiências de cooperação e de contestação intra sociedade civil e entre esta e o Estado. Assim, em nossas sociedades civis, têm flo-rescido tanto experiências de ação conjunta entre Estado e sociedade civil quanto movimentos e manifestações que visam a desestabilizar a ordem (Hachhethu e Gellner 2008).

A proposta de Randeria (2006) neste debate também é importante. A autora critica as explicações que partem da ideia de “hibridização” ou modernidade híbrida para analisar a coexistência de aspectos distintos na sociedade civil. Sua crítica à noção está na tendência que esta produz de essencializar tanto as aspectos considerados “não modernos” quanto a presumir uma pureza nas formas e instituições europeias. Ela defende uma noção de “modernidades entrelaçadas”8 (2006, 100), a partir da qual introduz o elemento relacional como constituidor de várias e diferentes modernidades. Assim, para Randeria “não existe uma única e coerente ideia de sociedade civil que tenha viajado do Ocidente e tenha sido, ou possa ser replicada em outro lugar” (2006, 106).

Por sua vez, Chakrabarty (2000, 4) realiza uma crítica importante no âmbito do pós-colonialismo, mas que não desconsidera e não pretende romper com a paternidade europeia do conceito: “Conceitos como cidada-nia, Estado, sociedade civil, esfera pública, direitos humanos, igualdade perante a lei, o indivíduo, a distinção entre público e privado, a ideia do sujeito, a democracia, soberania popular, justiça social, racionalidade cien-tífica e assim por diante, todos carregam a carga do pensamento e história

8 Originalmente, “entangled modernities”.

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europeias [...] Estes conceitos vinculam uma inevitável – no sentido de indispensável – visão universal e secular do ser humano”.

Da mesma forma, Domingues (2011, 13) critica este tipo de argumen-tação ao afirmar que “nada do que é humano me é estranho, deveria ser nosso lema, pois o que emerge numa região de modo contingente num dado momento, e assim ocorreu com a modernidade, pode ser apropria-do autenticamente por qualquer indivíduo ou coletividade, desde que responda as suas necessidade e expectativas concretas. O que importa é o que fazemos com ela”.

Porquanto, não se trata de negar a evidente influência do mundo ocidental em plantar suas instituições e os modos de vida nesses países. Se pudermosdizer que aqui encontramos diferentes aspectos da moderni-dade global, estamos, com isso, reconhecendo essa herança. Entretanto, o que se sugere é que as soluções e caminhos futuros possam ser pensados daqui (e aqui) também. É nesse sentido que várias propostas também têm emergido, recentemente, na América Latina, evocando outras formas de encaminhar projetos de vida coletiva. Chamamos a atenção para a noção de “pós-desenvolvimento” que tem como um dos seus principais articula-dores o colombiano Arturo Escobar (2005), que tem sustentado o estabe-lecimento de outros indiciadores de “bem-viver”, “desenvolvimento” etc., a partir de experiências concretas, em prática em vários cantos da América Latina por comunidades “tradicionais” e povos originários.

Escobar argumenta que a noção de “pós-desenvolvimento” proposta pelos pós-estruturalistas estaria comprometida não com uma adaptação dos projetos de desenvolvimentos eurocêntricos às culturas locais, mas, sim, com a possibilidade de que as culturas locais alterem os projetos de desenvolvimento eurocêntricos e construam suas próprias noções de bem viver. Para o autor os principais atores desse processo são: “comunidades locais”, novos movimentos sociais e ONGs, somados a todos os produtores de conhecimento, em que estão incluídos indivíduos, Estado e movimen-tos sociais (Escobar 2005, 21). Esse momento e movimento pós-desenvol-vimento encontra, visão de Escobar, um terreno fecundo na Ásia, África e América Latina, já que longe de completar o projeto de desenvolvimento (por isso foram chamados de subdesenvolvidos), preservam experiências

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que são capazes de mudar o curso dos acontecimentos e criam alternati-vas ao “mundo desenvolvido”.

Nesse sentido, discutem-se os fundamentos ocidentais da própria formação do conhecimento, colocando em cheque a supremacia do saber científico, dos macromodelos de sociedade e da construção de soluções universalizantes. O autor oferece exemplos como o Processo de Comunidades Negras do Pacífico sul-colombiano, processo que pro-põe um país pluriétnico e multicultural. No Brasil, podemos facilmente identificar o pós-desenvolvimento com as redes de agroecologia que, desde a sociedade civil até o Estado, estão criando outras formas de produção e comercialização de alimentos, de construção de conheci-mento, além de formas de vida concretamente diferentes. Ambas as experiências estão implicadas naquilo que o autor chama de “contra--labor”9 (2005), ou seja, formas de ação que subvertem e deslocam os significados da economia, da política, da natureza etc., e também mesclam aspectos de conhecimento prático, moderno, com o local, “criando modernidades múltiplas, locais ou mutantes” (Escobar 2005, 25), além das pós-modernidades.

Muitas destas experiências têm sido consideradas um exercício de-co-lonial que confronta a colonialidade do poder, do ser e do saber (Castro-Gómez e Grosfoguel 2007). O sentido de de-colonizar a modernidade a partir de perspectivas não eurocentradas e de paradigmas outros foi traduzido nos conceitos de “pensamento fronteiriço” de Walter Mignolo e “transmodernidade” de Enrique Dussel. Desprendimento, abertura, de--linking, desobediência, vigilância e suspeição epistêmicas são estratégias para a decolonização política e epistemológica, na qual a categoria de sociedade civil começa a transitar.

Acreditamos que não só os atores da sociedade civil como os autores que teorizam sobre ela possuem a oportunidade de criar focos de questio-namento e resistência, no que pese a consideração de outras experiências subalternizadas na prática e na teoria.

9 A expressão é traduzida da elaboração original, counterwork, de Arce e Long (2000).

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Considerações FinaisRecorrentemente, nós, cientistas políticos do Sul Global, tendemos

a analisar nosso continente a partir de modelos explicativos pensados e baseados nas experiências do Norte Ocidental. Esta prática geralmente nos leva a cometer dois erros básicos. O primeiro diz respeito ao processo sistemático de importação de teorias que nos leva à condição de coloni-zados do saber. O segundo, derivado do primeiro, refere-se às frustrações quando aplicamos estas teorias e, logo, aos diagnósticos e prognósticos equivocados a partir delas elaborados.

Neste artigo procuramos cumprir um objetivo principal, qual seja, o de problematizar a trajetória conceitual da ideia de sociedade civil e a contribuição das novas experiências do Sul Global para a incorporação de novos sentidos e significados. É preciso notar que esta espécie de descons-tituição agrega um novo repertório para o conceito de sociedade civil, cuja gramática seminal está associada à tradição liberal moderna europeia.

O conceito de sociedade civil permanece em disputa por uma miríade de atores que endossam diferentes projetos políticos hegemônicos e contra-he-gemônicos. A versão civilizada, institucionalizada e comportada da sociedade civil concorre com suas versões desconsideradas, subalternizadas e desobe-dientes. A esta altura, poderíamos nos questionar se a utilização do conceito de sociedade civil ainda é válida para designar as múltiplas experiências de participação e contestação que conformam o Sul Global.

Por enquanto, optamos pelo não-abandono da ideia, desde que esta seja deslocada de sua matriz originária europeia de modo a incorporar as experiên-cias que os atores contemporâneos desde o Sul têm lhe oferecido. Isso porque as tentativas de encaixe explicativo e normativo das versões metrocêntricas da sociedade civil para o Brasil e América Latina contêm implicitamente a ideia de um modelo a ser seguido e copiado – modelo este prescrito, inclusive, pelas principais organizações internacionais dominadas pelos países centrais. As tentativas de neutralizar, despolitizar, esterilizar e cooptar a ideia da sociedade civil se torna parte estratégica de universalizar e hegemonizar seu significado neoliberal. Chamamos atenção de que este conceito é um dos muitos que estão em disputa no mundo do século XXI, cada vez mais ampliado por conforma-ções periféricas – na prática, na geografia e na teoria.

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Traducción oficial del discurso pronunciado por el presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck, en la Universidad de los Andes el 10 de mayo de 2013.El discurso en línea: www.bundespräsident.de


discurso del presidente federal Joachim Gauck sobre “reconciliación y cultura de la memoria en alemania”

joachim GauckPresidente de Alemania

El encuentro de hoy con ustedes me plantea un gran reto porque el tema que abordo en mi discurso trata cuestiones existenciales: ¿Cómo se puede generar justicia tras una época de violencia, injus-ticia y graves violaciones de los derechos humanos fundamentales? ¿Cómo se les pueden pedir cuentas a los victimarios e integrar a los menos culpables en la sociedad? ¿Cómo se les puede restituir a las víctimas su dignidad, cómo pueden ser reconocidas y reparadas? Y para terminar: ¿Cómo pueden lograr un nuevo comienzo en una sociedad democrática los culpables, los seducidos, los no implicados y las víctimas?

No me es ajeno reflexionar sobre este tema, concretamente por dos motivos. La generación de mis padres, después de 1945, tuvo que enfrentarse en Alemania a los crímenes cometidos durante la dictadu-ra nacionalsocialista, crímenes perpetrados dentro de su propio país, sobre todo contra los judíos y otros pueblos. Y mi generación, después de 1989, tuvo que encarar las injusticias cometidas por el régimen co-munista de la RDA contra sus ciudadanos.

Durante diez años dirigí la autoridad que se hizo cargo de los archivos del Servicio de Seguridad de la RDA, que permitió el acceso a los archivos secretos a todas las víctimas de espionaje y vejaciones de la Policía secre-ta y que además los puso a disposición de la investigación histórica y la valoración periodística.

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Discurso del presidente federal Joachim Gauck sobre “Reconciliación y cultura de la memoria en Alemania”


Por fortuna, para ello pudimos remitirnos a una importante experien-cia de la democracia de Alemania Occidental, pues ya sabíamos que callar, ocultar y reprimir no era una solución política sostenible.

En las cuatro zonas de ocupación (tanto en la estadounidense, en la francesa y en la británica en Alemania Occidental, como en la zona de ocupación soviética en Alemania Oriental) se llevó a cabo un cambio de élites mediante la persecución penal y el proceso de desnazificación.

En la Alemania oriental ocupada por las fuerzas soviéticas, el Partido Comunista gobernante no se limitó a apartar a medio millón de nazis de la administración y la industria. También aprovechó la desnazificación para perseguir a oponentes políticos y a personas totalmente inocentes.

En Alemania occidental se ejecutaron a varios centenares de personas sobre las que pesaban graves cargas, otras fueron condenadas a penas de cárcel y cientos de miles apartadas de la función pública. Con ayuda de nuevos partidos democráticos se logró instaurar la democracia y crear un Estado de Derecho estable.

No obstante, a principios de los años cincuenta el Gobierno decidió poner fin a la política de desnazificación y reintegrar a los exmiembros del Partido Nazi de forma consciente en la vida pública. Aunque en el ámbito político no sobrevivió ninguno de los grandes nazis, el nivel intermedio en pleno volvió a trabajar en el nuevo Estado. Los que en el pasado habían sido maestros, abogados y jueces nacionalsocialistas reanudaron su acti-vidad profesional. Miembros del NSDAP llegaron a ser incluso ministros y secretarios de Estado. Dado que a menudo se retrasaban los procedi-mientos judiciales contra victimarios nacionalsocialistas, se concedían generosas sentencias absolutorias y los criminales de guerra eran puestos en libertad rápidamente, entre muchas de las víctimas del régimen nacio-nalsocialista se generó la impresión de que en el país existía un decreto de indulto para los exvictimarios.

La indulgencia mostrada hacia los victimarios, el silencio en torno a los crímenes y la falta de empatía con las víctimas tuvieron como conse-cuencia que la siguiente generación en los años sesenta ya no aguantara más. Habían estado siguiendo los procesos judiciales que por fin se ve-nían celebrando desde 1958 contra los responsables del genocidio judío,

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sobre todo el proceso contra Eichmann en Jerusalén y el gran proceso de Auschwitz en Fráncfort del Meno. Ahora encaraban de forma ofensiva temas relacionados con la culpa y la responsabilidad, temas mayormente esquivados por sus padres. Y desarrollaron un profundo sentimiento de alienación con respecto a los representantes e instituciones de Alemania Occidental, que pretendían atribuir los crímenes del régimen nacionalso-cialista únicamente a un pequeño grupo en torno a Hitler y dar a entender que los ciudadanos de a pie habían sido seducidos.

En los años sesenta, Alemania Occidental experimentó un profundo cambio interno. Comenzó una intensa búsqueda de los culpables y la culpa nacional. El país vivió una época de profunda vergüenza colectiva. Si bien después de la guerra aún predominaba la autocompasión por las propias víctimas de la guerra y los desplazados de las zonas orientales perdidas, ahora el interés y la empatía se dirigían a las víctimas de los nazis, princi-palmente a los seis millones de judíos que Hitler había mandado asesinar. Paulatinamente, el credo de “Nunca más” común a todos los partidos se fue convirtiendo en el firme convencimiento interno de la población.

Y cuando en 1990 los alemanes del Este comenzamos a indagar el pa-sado de la RDA, entidad estatal alemana durante 45 años integrada en la esfera de poder soviética, pudimos recurrir a esta importante experiencia de Alemania Occidental. Reprimir y callar no eran opciones viables para los defensores de los derechos civiles ni para la mayoría de alemanes del Este. No obstante, nuestra protesta no iba especialmente dirigida contra el Partido Comunista gobernante, sino contra su Policía secreta, el Ministerio de Seguridad del Estado. En acciones revolucionarias, la población tomó los edificios de la Stasi de prácticamente todo el país y obligó al Gobierno de transición a detener la actividad del servicio secreto, desmantelar esta institución y custodiar los archivos de manera segura bajo el control de comités de ciudadanos.

El servicio secreto y, en menor medida, el Partido Comunista se habían convertido en el símbolo del sistema represivo, puesto que el partido que ostentaba el poder, con sus más de dos millones de afiliados de entre una población de 16 millones, albergaba a muchos simples simpatizantes y a aquellos que esperaban obtener ventajas profesionales. Fueron destituidos

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los que en su día habían sido líderes comunistas, aunque no se produjo una descomunización de la administración a semejanza de la desnazificación. Sin embargo, se planteó la posibilidad de apartar de la función pública a todos los empleados de la Seguridad del Estado, tanto de carrera como vo-luntarios. No queríamos a ningún maestro, policía, juez o catedrático que, como en los comienzos de la República Federal, hubiera debido su posición privilegiada en el sistema extinto a la opresión del pueblo y a la traición. No íbamos en busca de venganza ni de exclusión social de estas personas con antecedentes. De hecho, a los antiguos empleados de la Stasi todavía les quedaba la posibilidad de trabajar en el sector privado o por cuenta propia. La deslegitimización de los victimarios y el esclarecimiento de la verdad sirvieron, antes bien, para aumentar la credibilidad de la nueva democracia y favorecer el establecimiento de una función pública de confianza.

Para desclasificar la que antes había sido información secreta y des-cubrir el carácter represivo del sistema en toda su extensión, también se permitió acceso a los antiguos archivos de la Stasi a historiadores y periodistas, si bien solamente podían consultar la documentación de las víctimas previo consentimiento de las mismas.

Los archivos de la Stasi también resultaron útiles para el tratamiento ju-dicial, es decir, para la rehabilitación de las víctimas a las que a menudo les resultaba imposible demostrar que habían sido víctimas de la represión de la Stasi. Gracias a estos archivos pudieron presentar las pruebas necesarias y solicitar las correspondientes reparaciones. También se emplearon para la persecución penal de, por ejemplo, asesinatos cometidos en la frontera en-tre las dos Alemanias, maltratos en prisiones de la RDA, fraude electoral y prevaricación. Así pues, utilizamos los archivos de la Stasi de forma exhaus-tiva para el esclarecimiento político, histórico y judicial. Lo que significa que la deslegitimización de la dictadura tuvo y tiene lugar a distintos niveles.

Por consiguiente, el tratamiento de la culpa también tuvo y tiene lugar a diferentes niveles y ante distintas instancias.

Como expuso el filósofo alemán Karl Jaspers en 1946 en su ensayo “El problema de la culpa”, yo también parto de un concepto de culpa con cuatro dimensiones: la culpa penal, la culpa moral, la culpa política y la culpa metafísica.

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La culpa penal se juzga ante un tribunal.La culpa moral debe resolverla cada cual con su conciencia, pero sobre

todo con la persona contra la cual se cometió la culpa.La culpa metafísica, por su parte, sólo puede ser juzgada ante Dios. Sin

embargo, en nuestro contexto de hoy lo que considero más importante es abordar la culpa política, que reside en el discurso público.

En 1946 Jaspers hablaba de una suerte de corresponsabilidad de todos los alemanes; una corresponsabilidad compartida incluso por aquellas personas que, por ser oponentes al régimen nazi, no tenían culpa moral ni penal. Aun así, con respecto a los crímenes cometidos en nombre alemán, todos los alemanes eran colectivamente responsa-bles. Del concepto de Jaspers de corresponsabilidad colectiva quiero resaltar el elemento de la responsabilidad.

Incluso las siguientes generaciones todavía hoy sienten una respon-sabilidad especial por los crímenes cometidos por los alemanes en el pasado, aunque sean completamente ajenas a ellos. Tanto la culpa como la injusticia, como hoy en día sabemos de estudios psicológicos, se graban en la memoria colectiva y se transmiten, incluso de manera inconsciente, a hijos y nietos. En ningún foco de conflicto podemos partir de la base de que la carga creada por la injusticia desaparecerá con los culpables y con la generación que la ha favorecido o tolerado. Pero lo que sentimos es que el conocimiento de la injusticia nos hace, a las siguientes generaciones, estar más alerta ante nuevas tentaciones. En Alemania podemos partir del hecho de que existe la firme voluntad de oponer resistencia a nuevas aspiraciones nacionalistas, racistas y dictatoriales.

Estimados señores y señoras, estimados estudiantes: en Alemania tu-vimos la gran dicha de poder llevar a cabo el esclarecimiento del pasado y derrocar a los culpables sin necesidad de temer una intervención militar por parte de los derrocados.

A diferencia de Colombia, en Alemania la cuestión sobre implantación de la justicia nunca estuvo ligada a la paz, la paz militar en la que nadie alza las armas contra sus compatriotas. La nueva democracia no se vio amenazada por grupos radicales, extremistas o incluso armados ni des-pués de 1945 en Alemania Occidental ni después de 1990 en Alemania

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Oriental. Podíamos confiar en un Estado de Derecho estable que desde sus comienzos era tan fuerte y eficiente que las decisiones del Gobierno se podían hacer valer en todo el país. No cobré plena conciencia de lo mu-cho que favorecieron estas circunstancias la recuperación de la memoria histórica hasta que visité Sudáfrica en 1998.

De forma distinta que en la RDA, en Sudáfrica casi transcurrió medio siglo de disturbios nacionales contra el sistema del apartheid, disturbios contra los cuales el régimen actuó con gran brutalidad. A diferencia de lo ocurrido en la RDA, en Sudáfrica la transformación de un Estado de injusticia en un Estado democrático se dilató por espacio de varios años y se cobró miles de vidas humanas.

Sudáfrica sintió, por tanto, la presión de impedir o minimizar la vio-lencia en la transición y de respetar la necesidad de justicia de los oprimi-dos, al mismo tiempo que debía proteger a los que aún estaban en el poder frente a actos de venganza. La solución fue la reconciliación, en lugar del castigo. Amnistía a cambio de verdad.

A fin de salvaguardar la paz interna y fomentar el proceso de construc-ción nacional, Sudáfrica hizo concesiones en torno a la justicia. Se les ase-guró impunidad a los victimarios si a cambio confesaban sus atrocidades y proporcionaban una versión lo más completa posible de los crímenes; solamente quienes no revelaran la verdad iban a ser procesados.

Sin esta amnistía, así me lo explicó el obispo Desmond Tutu, entonces presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Sudáfrica ha-bría caído en una guerra civil.

Si bien es cierto que los familiares de las víctimas no podían enviar a los asesinos de sus hijos, hijas y padres a la cárcel, sí podían conocer las circunstancias en las que habían sucedido la represión, la tortura y la matanza. Eso constituyó un gran avance y progreso frente a la táctica se-guida hasta entonces de ocultar, negar o silenciar los crímenes. Los tribu-nales públicos esclarecieron quiénes eran los responsables de los crímenes y restituyeron la dignidad de los anteriormente oprimidos. Pero esta solu-ción les exigió mucho a los familiares de las víctimas. Tenían que aceptar que los asesinos salieran de la audiencia como hombres libres mientras ellos muchas veces seguían sumidos en la pobreza y la impotencia. Pero la

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verdad sin pena judicial fue el compromiso que parecía viable en el nivel político sin desatar conflictos sangrientos en el país.

Son muchos los países sudamericanos que se han orientado en el mo-delo sudafricano. Entre ellos, Colombia.

Con la Ley 975 de Justicia y Paz del año 2005, el Gobierno, aunque no les prometió una amnistía a los victimarios, sí limitó a ocho años la pena máxima, incluso por crímenes graves. Como contrapartida, tenían que entregar las armas y proporcionar confesiones verídicas. Este cambio de la confrontación militar entre militares, paramilitares, bandas criminales y guerrillas a una solución política me parece un camino prometedor. Colombia se ha convertido en un país más pacífico y la situación de segu-ridad ha mejorado en los últimos años.

Después de casi cincuenta años de violencia, tras el desplazamiento de millones de personas, el asesinato de cientos de miles, el violento secues-tro de casi 20.000 e innumerables violaciones de mujeres y niñas, su país ahora quiere la paz. Por eso es más importante aún calibrar una y otra vez el difícil equilibrio entre la paz y la justicia.

Me han informado de que hasta la fecha hay más de 30.000 desmovi-lizados en el país y que se han confesado 20.000 asesinatos. No se debería subestimar este desarrollo. Para los familiares es importante que se es-clarezcan las circunstancias de los maltratos, los secuestros con violencia y los asesinatos de sus seres queridos. Es importante recuperar sus restos mortales, llevarlos a su lugar de origen y darles digna sepultura.

Pero también entiendo la amargura de los familiares de las víctimas y de los activistas de los derechos humanos, porque hasta ahora sólo se ha procesado a unos escasos cientos de victimarios; hasta otoño de 2012 solamente catorce personas resultaron condenadas y casi todos los culpables salieron impunes.

No puede haber una paz interna duradera si no se defienden debida-mente los intereses de las víctimas. Si los desplazados y familiares de los detenidos a la fuerza y asesinados no gozan de pleno reconocimiento y si no reciben una reparación material o al menos simbólica.

Pero a la vez tiene sentido reintegrar a los victimarios en la so-ciedad una vez que hayan abandonado la violencia. En este orden de

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cosas, no obstante, los victimarios no deben recibir más apoyo social y económico que las víctimas.

Tengo conocimiento de que en Colombia todavía existen vacíos legales en los que exvictimarios o bandas criminales pueden intimidar o incluso asesinar a otros. Soy consciente de que el poder del Estado es a veces de-masiado débil para garantizar el monopolio del poder. Apoyo plenamente los pasos encaminados a instaurar y estabilizar el Estado de Derecho y la paz interna. Pero no deberíamos engañarnos:

Mientras las instancias de la ley no puedan trabajar de manera in-dependiente y mientras el monopolio del poder no esté en manos de un gobierno electo sometido al control parlamentario, sólo existirá una de-mocracia fragmentada y constantemente amenazada. En ninguna parte del mundo peligra la vida de los sindicalistas tanto como en Colombia. Casi la mitad de los sindicalistas asesinados en 2011 en todo el mundo eran sindicalistas activos en Colombia.

También defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes de grupos indígenas y de desplazados que reclaman su tierra siguen siendo objeto de intimidaciones y amenazas, y algunos han pagado su compro-miso con la vida.

Colombia tiene una larga tradición democrática. Eso por un lado. Por otro lado, el país lleva tiempo acostumbrado a que los conflictos se solu-cionen a través de la violencia.

Es decir, la tarea que aún tienen que encarar ustedes, la nueva genera-ción de los jóvenes, es la de consolidar y defender la democracia de forma sostenible. La transformación en un Estado de Derecho es un proceso largo que se prolonga durante muchos años. A ello se suma el hecho de que tienen que cambiar no sólo el Estado y sus instituciones, sino también los ciudadanos. Y el cambio de mentalidad es un proceso sumamente lento.

No obstante, tras los casi setenta años de historia de la posguerra en Alemania, puedo dar fe de que el cambio de mentalidad es posible.

Para ello es muy importante que todos los ciudadanos converjan en una alianza y se comprometan con el pensamiento del esclarecimiento, en las universidades, en las iglesias, en los medios de comunicación y entre los artistas. Una alianza de conservadores, liberales, grupos de izquierda, de

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todos los que propagan el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho como modelo de futuro de la sociedad.

Desde este foro de la Universidad no puedo más que alentarles: tengan por seguro que la democracia es posible, pero sólo si se fortalece el monopo-lio de poder del Estado democrático, si el Estado hace del Estado de Derecho su máxima y si ustedes en la Universidad y en toda la sociedad civil están dispuestos a entablar alianzas por la verdad, la justicia y la reparación.

Todas aquellas personas que ayuden a esclarecer la verdad a pesar de las circunstancias difíciles son merecedoras de todo mi respeto. Con lo difícil que ya es probar quién ha cometido qué injusticia. Todavía hay muchos victimarios a los que no se conoce, todavía hay muchos crímenes que no conocemos. En Alemania los victimarios nos dejaron una gran cantidad de archivos, tanto los nazis como los comunistas.

De esta forma, en más de una ocasión pudimos probar la culpa de los victimarios con su propio material documental. Además, en Alemania hubo una comisión de investigación del Parlamento en la que parlamentarios, científicos y testigos elaboraron conjuntamente una imagen lo más comple-ta posible del régimen de injusticia: pretendía evitarse que se fijara una vi-sión de la historia basada en la perspectiva de los victimarios e implicados.

Por eso es tan importante que ya antes y al inicio de un proceso de recuperación de la memoria histórica se preserve y custodie el material de la Policía, los militares y las instituciones estatales para evitar que desaparezca. De cara a la reconstrucción de las injusticias cometidas en el pasado, para nosotros en Alemania también fueron y siguen siendo muy importantes los testimonios de las víctimas. Tanto de los supervi-vientes de la dictadura nazi como de los presos de cárceles de la RDA o las historias de aquellas personas que huyeron de una Alemania a la otra poniendo en juego sus vidas. Estas personas relatan sus experiencias en colegios, acompañan a grupos que visitan los lugares de su sufrimiento y conceden entrevistas en video para poder transmitir sus conocimientos como testigos a las generaciones futuras. El pudor suele impedir a las víc-timas revelar todo el alcance de su impotencia y humillación. Pero cuando reciben asesoramiento o se someten a tratamiento terapéutico, se dan cuenta de que hablar de ello les ayuda a liberarse lentamente de su carga.

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Finalmente, cabe señalar que también hubo y hay responsables del an-tiguo régimen que quieren participar en la modelación del nuevo sistema y servir a la verdad, que son capaces de arrepentirse y ponen a nuestra disposición sus conocimientos, ya sea ante un tribunal, una comisión de recuperación de la memoria histórica o un proyecto de investigación. Ése es su aporte activo con el cual pueden contribuir a su propia resocializa-ción y a impulsar el proceso de reconciliación interna de la sociedad. En qué medida y a qué velocidad los diversos esfuerzos por la paz y la justicia realmente llevan a la reconciliación entre víctimas y victimarios es una de las cuestiones más difíciles dentro del proceso de esclarecimiento. Y no tengo una respuesta definitiva para ello.

Por lo pronto, me parece altamente problemático emplear el término reconciliación en el espacio público.

Por cuanto la reconciliación se refiere a un proceso en el que una per-sona renuncia al resarcimiento y la venganza porque el otro se arrepiente de sus actos de injusticia hasta tal punto que le permite ser generosa. El perdón se produce en ese momento. Al igual que en el ámbito religioso, el arrepentimiento del pecador precede al perdón de Dios.

Pero el Estado no puede ordenar este proceso de reconocimiento de la culpa y perdón. Esto es algo que sucede solamente entre dos personas. ¿Pero entonces qué puede hacer el Estado?

Se han tenido muy buenas experiencias en varias zonas de conflicto en las que exvictimarios y víctimas o bien sus hijos se cuentan las historias de sus vidas, tal como pasa también en Colombia en encuentros entre desmovilizados confesos y víctimas. Ésta es una forma muy especial de contacto, pero siempre se limitará a un grupo muy reducido.

Pero por lo demás, ya constituye un gran logro el hecho de que el Estado, tras largas fases de violencia, pueda garantizar una coexistencia pacífica. La víctima debe tener la certeza de que nadie la quiere callar. Y el victimario debe tener la certeza de que no será objeto de actos de venganza ni de jus-ticia por mano propia. El Estado, por consiguiente, tiene que garantizar un espacio público en el que las dos partes en conflicto sepan que no tienen que temer ninguna agresión entre sí. Pero además la verdad debe prevalecer.

Esto después de cincuenta años de violencia ya sería mucho.


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