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COCA, BALAS Y VOTOS ¿Cómo incidió el narcotráfico en las pasadas elecciones?

Claudia López y Gustavo Duncan

-Informe elaborado en el marco de la Alianza Votebien.com con el apoyo de Fescol y la Fundación Avina-

Un halo de optimismo ha rodeado el ambiente político del país por triunfos de

candidatos distantes a las maquinarias como los casos de Salazar en Medellín, Pinedo en Cartagena y Verano en Atlántico. La imagen asociada al clientelismo y a la política tradicional de sus contendores contribuyó a fortalecer esta percepción. Otros casos son más significativos porque a la imagen de clientelismo y politiquería de los opositores, se suma el legado de coca, balas y votos de la parapolítica. Fue así que los resultados electorales en Santander y Cesar han sido utilizados como ejemplos para mostrar que el proceso de desmovilización de las autodefensas ha contribuido a depurar las elecciones en el país. Sin embargo, pese a que en efecto la coacción armada del paramilitarismo fue menor en estas elecciones, la violencia política y la coacción política o económica a los votantes no se redujeron. Lo cierto es que el narcotráfico y los ejércitos irregulares y violentos que crecen a su vera continúan siendo el eje de la economía y la política de muchas regiones en Colombia porque la coca necesita de las balas y los votos para sobrevivir.

Este documento es una interpretación de la naturaleza del riesgo electoral sobre la

influencia del narcotráfico y organizaciones armadas irregulares en las pasadas elecciones de octubre de 2007, de acuerdo a la información oficial disponible. Por riesgo electoral se entiende en este documento el hecho que los ciudadanos no pueden elegir o ser elegidos de manera libre, sino mediados por la coacción armada o económica de actores ilegales. Cuando existe en una zona presencia de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares, por supuesto, el riesgo aumenta, bien sea por ser los candidatos y electores sujetos de riesgo, debido a las presiones que reciben de los grupos armados irregulares y empresarios de la droga, o agentes de riesgo, si es que ya tienen algún tipo de vínculo previo con los actores ilegales para las elecciones.

La naturaleza de ese riesgo a su vez está dada por las necesidades de protección e

impunidad de los empresarios de la droga. Desde cocaleros hasta capos del narcotráfico intervienen a su modo en el poder político en busca de reducir los riesgos inherentes a un negocio ilegal. Pero sus estrategias difieren significativamente, pueden ir desde el pago de los cocaleros a guerrillas y paramilitares en las zonas de cultivos hasta el soborno a miembros de la fuerza pública y la cooptación de los representantes electos en las zonas de residencia de los grandes capos. En últimas, la forma en que el narcotraficante interviene en el poder político depende de la fase del negocio en que está especializado. Para efectos de este documento el narcotráfico se diferencia en cuatro fases: i) cultivos (desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca), ii) procesamiento y transporte (desde la compra de la base hasta su colocación del producto final en mercados internacionales), iii) testaferrato y lavado de activos (desde la repatriación de capitales hasta su incorporación en la economía legal) y iv) residencia y disfrute, que incluye los lugares donde residen los narcotraficantes y disfrutan de su riqueza.

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Además de la fase del negocio presente en el territorio, la naturaleza del riesgo va a estar determinada por la presencia de actores armados ilegales y la demografía del territorio. Por ejemplo en zonas aisladas, de frontera, de población esencialmente rural, sin sólida presencia estatal, los ejércitos irregulares, sean guerrilla o paramilitares, tienen la capacidad de ser los mediadores y determinantes de los negocios lícitos, ilícitos y la política. Actúan como verdaderos estados. En otros casos, el interés puede no ser actuar como estado, pero si garantizar la seguridad y la primacía social de los narcotraficantes. En ambos casos su interés por la política es alto y seguramente promueven candidatos aliados, lo cual tiende a presentarse en los territorios que son lugar de la tercera y cuarta fases antes descritas, testaferrato y residencia y disfrute de la riqueza.. Otro caso sería el de los lugares donde la fase del negocio que predomina es la segunda, la de transporte y el procesamiento, que suelen ser mezclas de cabeceras urbanas con corredores rurales sobre los cuales se ejerce una fuerte presión económica y armada, con grandes ejércitos irregulares para proteger las inversiones que esta fase del negocio demanda. En estas zonas la relación con la política es indispensable pero más pragmática, en el sentido de que tratarán de someter, por la filtración, la fuerza o el soborno, a los candidatos y a quien quiera que sea elegido.

1. LA COYUNTURA ACTUAL La historia de las tres últimas décadas del país ha demostrado que el narcotráfico sobrepasó los intereses y necesidades de la mera protección e impunidad, y se traslapó hacia el logro de un poder político propio con la pretensión de controlar muchos aspectos del orden social, político y económico, no sólo local sino también nacional, mediante el uso, entre otros instrumentos, de organizaciones armadas de carácter privado. El paramilitarismo fue precisamente la expresión de cómo la mezcla de ejércitos privados y narcotráfico llegó hasta el punto de ejercer funciones de estado en vastos territorios, con la consiguiente imposición de un sistema de regulaciones y un proyecto político propio. De hecho, los jefes paramilitares se convirtieron en algo más que aliados de los candidatos a las elecciones locales: eran en realidad sus jefes porque fue gracias a la presión de su aparato coercitivo que pudieron llegar a las alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones. Llegaron incluso a ser canales para que políticos llegaran a ascender o consolidarse en instancias nacionales como el Congreso y a través de esos congresistas a incidir no solamente en la elección y reelección del Presidente Alvaro Uribe sino también en su gobierno. De hecho, con un par de excepciones, los cuarenta y dos congresistas investigados, quince de ellos presos, por sus presuntos vínculos con paramilitares son parte de la alianza política y de gobierno del Presidente Uribe. Ello da muestra de un propósito mucho más ambicioso que el mero éxito de una empresa criminal que busca solamente la protección de su negocio, sino que además trascendió al ejercicio directo del gobierno y la construcción de un ejército privado para garantizar ese ejercicio.

La desmovilización paramilitar, fruto de las negociaciones adelantadas por el Gobierno del Presidente Uribe, marcó una ruptura significativa en las repercusiones políticas del narcotráfico en la medida que no existen ejércitos privados de dimensiones suficientes para imponer a sus jefes como poseedores del poder político local. Existen

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grupos armados remanentes o emergentes, estrechamente vinculados a las drogas, que no parecieran tener poder suficiente para definir las elecciones a su favor, o dicho de otro modo, que cuentan con enormes volúmenes de dinero pero no con una organización armada para imponer candidatos amigos en las votaciones a cargos de poder local en la escala en la que parecen haberlo logrado hasta el 2003. Muchos políticos con el respaldo de cuantiosos recursos, que en parte pueden provenir del narcotráfico, no pudieron ganar elecciones (departamento del Cesar y Santander y municipios como La Dorada, etc.) a pesar de contar con claras ventajas económicas. Eso es señal entonces que la plata no es suficiente, también necesitaban un aparato armado que disuadiera o coaccionara a los votantes. Sin poder combinar recursos y presión armada no pudieron ganar las elecciones. O también puede interpretarse como parte de una nueva estrategia de los grupos emergentes de reducir la violencia en el proceso político para evitar la atención de las autoridades y la opinión nacional, al menos mientras se disipa el escándalo de la parapolítica.

Un reflejo de esa situación fue captado por los periodistas del equipo de

Votebien.com en un recorrido por el Catatumbo y el sur del Cersar: “Alrededor del negocio de la droga proveniente del Catatumbo se mueven por lo menos cinco grupos de pequeños narcotraficantes, al frente de los que estaría el propio Pablo Arauca, uno de los mellizos Mejía Múnera. Este poder traspasa la cordillera y con el blanqueo del dinero llega hasta Aguachica en Cesar. Aunque las dos horas de distancia muestran una ciudad totalmente diferente, más cercana al río y a sus costumbres y con casi veinte grados más de temperatura, se mantiene el ambiente de ciudad boyante y economía en auge. “Bajo ese umbral llega a la alcaldía de Ocaña Yebrail Haddad, quien representa a la Alianza Social Indígena, ASI, y significa esperanza para los ocañeros que votaron masivamente por él, tanto que lograron una cifra histórica de casi 16 mil votos. Pero no fue un logro sin esfuerzo. Los últimos días en su campaña hacia la Alcaldía fueron para Haddad un verdadero infierno. Su estrategia de visitar cada casa de Ocaña se vio truncada por las amenazas. Las autoridades detectaron un plan para matarlo y por ello no sólo tuvo que cambiar de casa sino que además debió salir a sus correrías acompañado de un fuerte aparato de seguridad, algo que ya conocía pues como personero de la población también había sido amenazado y obligado a vivir en el exilio.” “Mucho del dinero del blanqueo se vio en las campañas políticas que llevaron a elegir a los gobernantes locales. Se habla de gastos mayores a los cien millones de pesos. Y uno de los cuestionados por este aspecto es el nuevo alcalde de Aguachica, Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán, quien asegura que no sobrepasó los topes y sus empresas le permitieron cubrir su elección.”

Otro aspecto importante de la coyuntura actual son los avances del gobierno Uribe en el despliegue de la fuerza pública en las regiones. Guerrillas y paramilitares no pueden reclamar el control del orden local como lo ejercían previamente debido al incremento de

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la presencia estatal con policías y soldados. Sin embargo, en ambientes donde no es posible disponer de aparatos armados que protejan a los empresarios del narcotráfico, se hace más valioso invertir en las campañas políticas porque es la otra opción disponible para reducir los riesgos del negocio. Invertir en candidatos a cargos públicos es un mecanismo de ‘compra de acciones para corrupción y protección futura’.

La pregunta es entonces ¿continuarán los empresarios del narcotráfico vinculados

a la política sólo a través de la financiación de las campañas y de la cooptación económica de los candidatos vencedores? Ó ¿aquellas organizaciones narcotraficantes que disponen de aparatos armados, principalmente guerrillas y paramilitares emergentes, incrementarán su participación en los procesos electorales en la medida que se intensifique la guerra por el control territorial luego de la desmovilización de las autodefensas? Un análisis más detallado de los resultados electorales de octubre muestra que a partir de la desmovilización de las autodefensas las cosas cambiaron, pero no se trató del fin de las relaciones de crimen organizado, narcotraficantes y políticos. Se dieron en cambio, nuevas estrategias en las relaciones y reajustes para definir nuevos poderes en los tres grandes negocios de las regiones colombianas: la coca, la bala y los votos.

2. UNA EXPLICACIÓN MÁS SUTIL

Si bien está más que probado que en Colombia, el narcotráfico ha influido sobre la política, no se puede generalizar al nivel de afirmar que todos los candidatos son fichas de los narcos, ni mucho menos que todos los casos de infiltración de los narcos sean iguales. Desde el punto de vista jurídico, e incluso ético, un peso del narcotráfico puede ser igual a un millón de dólares, sin embargo, sus efectos en la sociedad son muy distintos. Existen situaciones en que los narcotraficantes son en la práctica los jefes –o para ser más exactos los ‘patrones’– de algún político, así como existen situaciones en que el político y el narcotraficante negocian tan solo una decisión o una actuación de su gobierno y ni siquiera se ven la cara: el político puede delegar a un asesor de confianza realizar la transacción.

Se necesita entonces responder a la pregunta de ¿qué necesitan los narcotraficantes de los políticos para invertir tanto dinero en ellos? La respuesta obvia es protección e inmunidad. Lo que no es tan obvio, es la razón por la que la naturaleza de la protección y la inmunidad varía tan radicalmente de acuerdo al poder del político en cuestión y a la fase del negocio y al miembro ó facción del narcotráfico que realiza los pagos. Es muy distinto lo que se paga y lo que se recibe según las combinaciones de poder, localización geográfica y temas de negociación entre las partes. Además, los pagos entre narcotraficantes y políticos están mediados también por la presencia y alinderamiento de grupos armados, como guerrillas, paramilitares o mafias, quienes influyen en los balances de poder en esta relación.

Los cocaleros, por ejemplo, no realizan ningún tipo de pago directo a la clase

política. Sus pagos los efectúan a guerrillas o grupos paramilitares que ejercen el control

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territorial en las zonas de cultivos, ya sea mediante el gramaje, durante la venta de la base de coca, ó algún impuesto periódico cobrado por los actores armados. La razón de estos pagos está dada por la imposición de algún tipo de regulación que hacen la guerrilla o los paramilitares. Para efectos de esta fase del negocio los pagos realizados por los cocaleros garantizan los derechos de propiedad sobre los predios rurales, el no robo de las cosechas y la estabilidad de precios de la venta de la base.

¿Al pagar a los grupos armados irregulares los cocaleros, que son los empresarios

más pobres del negocio, están eludiendo el pago a los políticos? De manera directa sí, pero en el pago a guerrillas y paramilitares, está incluida la influencia que los grupos armados tienen sobre los políticos profesionales. Y en las regiones de cultivo la influencia de los violentos sobre los políticos es alta, es decir son el poder político de facto.

En efecto el análisis de los riesgos por factores de violencia que acechaban el certamen electoral de Octubre de 2007, realizado por el grupo técnico de la Misión de Observación Electoral de la sociedad civil, reflejaba bien las zonas donde se presenta ese tipo de riesgo. Los municipios identificados como de alto riesgo en ese mapa son aquellos donde el nivel de presencia y acción armada de paramilitares, guerrillas y bandas criminales es de tal magnitud que impiden la presencia y control efectivo por parte del Estado. Esas zonas a su vez coinciden con las zonas críticas para el negocio del narcotráfico en cualquiera de sus cuatro fases: o son zonas cocaleras, o zonas de rutas o zonas de testaferrato y residencia de los jefes del negocio. También hay coincidencia entre algunos de esos municipios de alto riesgo y aquellos en los que se presentaron actos de violencia contra candidatos durante la campaña, por amenazas, atentados o asesinatos. Esa coincidencia demuestra que, en particular, en zonas cocaleras de dominio de la guerrilla de las FARC, esta guerrilla agredió candidatos, en particular uribistas, e hizo saber por esta vía que sigue siendo un poder dominante en la zona que no pueden desconocer y con el cual tendrán que negociar. Otro tanto hicieron bandas y paramilitares remanentes o emergentes en zonas de los Departamentos de César y Santander. Otro ejemplo es el fuego cruzado de amenazas y atentados de diversos actores armados al que estuvieron sometidos candidatos en el Departamento de Nariño o el municipio de Buenaventura, municipio clave en el negocio del narcotráfico, fuertemente disputado por armados ilegales de todo orden.

Así lo confirmó el equipo periodístico de Votebien.com en su recorrido por el

Departamento de Nariño:

“Este panorama de luchas por el control de cultivos, centros de producción y rutas ha sido el escenario de fondo de las elecciones locales de 2007. Prácticamente todos los municipios de Nariño y Cauca donde hubo amenazas, atentados, compra de votos u otro tipo de constreñimiento a los votantes son también municipios donde el narcotráfico es fuerte, bien sea por cultivos extensivos, por laboratorios o porque son atravesados por rutas estratégicas de salida al mar. En otras palabras, los grupos armados ilegales buscaron influir en la política, seguramente con el objetivo claro de conseguir protección o impunidad para sus negocios ilícitos por parte de los mandatarios locales. Es difícil determinar donde tuvieron éxito, o donde, por el

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contrario, la población, aprovechando que ningún grupo tenía control absoluto, consiguió elegir a un líder cívico. También hubo lugares donde políticos compitieron en franca lid porque el grupo ilegal no era lo suficientemente fuerte ni para imponer candidato a la fuerza, ni tuvo éxito en “comprarlo”.”

Cumaribo

Solano

Calamar

Miraflores

Puerto Gaitán

Mapiripán

El Retorno

Carurú

S José Guaviare

Tame

Paz de Ariporo

S Vicente Caguán

Barranco Mina

La Macarena

La Uribe

Riosucio

Tibú

Cartagena del Chairá

San Martín

Puerto Leguizamo

Buenaventura

Puerto López

Tumaco

Hato Corozal

Valledupar

Orito

Vista Hermosa

Arauquita

El Tambo

Barbacoas

Puerto Guzmán

Puerto Rico

Anorí

Florencia

Ipiales Puerto Asis

Simití

El CharcoPuerto Rico

Mesetas

Milán

Dabeiba

Chaparral

Cienaga

Rioblanco

Ibagúe

San Pablo

Fortul

Santa Marta

Puerto Lleras

El Bagre

Ataco

Aguazul

Sonsón

Piamonte

Nechí

Tuluá

El Carmen

CúcutaSardinataMontelíbano

Cali

Iquira

Ricaurte

Puerto LibertadorZaragoza

Solita

Villavicencio

Puerto Wilches

Saravena

Vigía Del Fuerte

Cabuyaro

El Doncello

Lejanias

Samaná

Tenerife

Garzón

Pereira

Aguachica

CantagalloSabana de Torres

Sevilla

Curillo

Convención

Guamal

Victoria

S José Fragua

Coyaima

Valdivia

Algeciras

Cumaral

Chivolo

Prado

Belén Andaquies

Ocaña El Zulía

Ovejas

Landazuri

Zarzal

Cartagena

Valle del Guamuéz

Aguadas

Rivera

Pueblo Rico

Corozal

Carepa

Puerto Caicedo

Policarpa

Medellín

El Carmen de Bolívar

Tumaco

Cereté

Líbano

Betulia

Restrepo

San Calixto

La Jagua de Ibirico

Galeras

Gamarra

San José del Palmar

La Paz

Toluviejo

Bello

Matanza

Barranca de Upía

Regidor

La Sierra

Carolina

La Jagua del Pilar

Barranquilla

Tununga

Nivel municipal de riesgoelectoral por VIOLENCIAConsolidado final

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo extremo

RIESGO ELECTORAL POR VIOLENCIA MOE, ELECCIONES OCTUBRE 2007

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El salto de la mediación entre empresarios del narcotráfico y profesionales de la

política tiende a disminuir en la medida que la clase política adquiere mayor independencia frente a los grupos armados. Y esta independencia aumenta por razones demográficas y razones históricas. En municipios intermedios donde existe alguna aglomeración de población en cabeceras urbanas y una actividad económica no dependiente del cultivo de coca, las posibilidades de control territorial y político de facto por parte de grupos armados son más restringidas, pero las posibilidades de soborno y corrupción focalizada son mucho mayores. A diferencia de las regiones cocaleras, las zonas de procesamiento y transporte son fases del negocio del narcotráfico menos visibles que los cultivos. Se trata de laboratorios, lugares de almacenamiento y corredores, que aunque toda la población sabe de su existencia, su participación directa

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en el negocio está relegada a unos pocos habitantes. Luego de la desmovilización paramilitar, los grupos criminales apenas están en condiciones de amenazar a candidatos, periodistas y líderes sociales opositores, o de sobornar a los electos y miembros de la fuerza pública indispensables, pero encuentran dificultades para amedrentar a la población en su conjunto. Amenazar o sobornar a un puñado de individuos es factible pero a un barrio entero para cambiar su decisión de voto es casi imposible. En esas zonas, la multitud se convierte en una forma de protección de los derechos políticos de la ciudadanía.

La historia y su legado también pesan. Así los jefes de autodefensas encarcelados

en Itagüí u otras prisiones hayan perdido su ascendencia sobre los ejércitos privados, existe una difusión del conocimiento y un orden social proclive para reciclar las antiguas estructuras armadas, políticas y económicas del paramilitarismo. Los mandos medios, líderes de autodefensa renegados y narcotraficantes, que perciben que aun pueden alcanzar un nivel de poder superior son una grave amenaza, puesto que incrementan el riesgo de reciclaje de estas estructuras.

Las exigencias de cada momento histórico determinan el tipo de organización

armada que se construye desde el narcotráfico. Su tamaño depende la tolerancia del Estado, de la amenaza de otros competidores armados como paramilitares y guerrillas rivales, y de la complejidad de los espacios y transacciones que interese controlar. Al día de hoy en los municipios pertenecientes a regiones pobladas y desarrolladas, se trata principalmente de ejércitos privados, relativamente desarticulados, que prestan sus servicios a las organizaciones narcotraficantes en un territorio limitado donde mantienen una hegemonía por la fuerza sobre la población. Son ejércitos ‘relativamente desarticulados’ y ‘territorios limitados’ porque el actual esquema paramilitar dista mucho de poseer el dominio territorial y la unidad de mando sobre los estamentos políticos, económicos y sociales que conforman el eje del poder local. Ninguno de los ejércitos emergentes alcanza a tener un número de soldados bajo un mismo mando comparable a la unidad de tropas que en su momento tuviera, por ejemplo, el Bloque Central Bolívar o el Bloque Norte. Constituyen en su mayoría grupos armados de varias decenas de hombres bajo el control de algún antiguo mando medio de la estructura militar que busca capturar algunas rentas por protección en una región delimitada y, en los casos más ambiciosos, el control sobre los cultivos ilícitos, los laboratorios y las rutas de narcóticos. Salvo algunos ejércitos numerosos y organizados como los grupos de Cuchillo, los Mellizos o los Rastrojos, su fuerza militar y sus recursos son insuficientes para imponer su dominio a los narcotraficantes locales y a aquellos narcos que utilizan sus corredores o zonas de control territorial. Incluso todavía son dependientes de relaciones y acuerdos permanentes con otros actores de poder, como la clase política, terratenientes tradicionales y líderes regionales.

Esa segmentación de bandas remanentes o emergentes del paramilitarismo, del

narcotráfico y de presencia de la guerrilla fue evidente para los periodistas del equipo de Votebien.com que hicieron reporteria en las zonas de Guaviare y Meta:

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“Tres frentes guerrilleros tienen presencia en Guaviare: el 44, el 7 y el 1. También están los hombres de alias ‘Cuchillo’, un jefe paramilitar que no respetó los acuerdos de desmovilización y sigue delinquiendo con sus hombres en el sector de la trocha ganadera; y en el Meta, en Mapiripán y Puerto Gaitán. Estos últimos municipios son estratégicos para el cada vez más creciente tráfico de droga hacia Venezuela vía Vichada. Además están ‘Los Macacos’, un grupo que las autoridades han relacionado con el jefe paramilitar desmovilizado Carlos Mario Jiménez, pero que en la región desconocen realmente al mando de quién está. Hay versiones de que están a cargo de alías ‘Don Mario’, jefe paramilitar desmovilizado del Urabá, hermano de Freddy Rendón , alias ‘El Alemán’, y que está buscado como uno de los nuevos capos de la droga. En esta última categoría también está alias ‘El Loco Barrera’, a quién se le atribuye el mayor volumen del comercio de droga en la zona. Es de los pocos que logra negociar tanto con guerrilla como con paramilitares. A esta compleja confluencia de actores ilegales de diferentes bandos se le suma el hecho de que importantes comerciantes de esmeraldas como Víctor Carranza y Yesid Nieto, recientemente asesinado, tienen intereses en estos dos departamentos.”

La mayor parte de los nuevos aparatos coercitivos se especializan en el control de

espacios y transacciones sociales muy específicas a manera de mafias, en vez de asumir funciones de estado local, como hacían los anteriores grupos de autodefensa. El objetivo, al menos en el corto plazo, de los nuevos grupos no incluye el oficio de gobierno. Basta con que los funcionarios públicos intervengan a favor de los empresarios del narcotráfico en los asuntos de seguridad y persecución criminal propios de la administración municipal. Al parecer, la presión de la prensa y las instituciones judiciales en los organismos de control y en las fuerzas de seguridad ha sido la causa de la disminución de la intervención en política por las bandas emergentes del paramilitarismo.

Sin embargo, la tradición de clientelismo y de captura de rentas estatales por parte

de la clase política profesional, se expresa en una disputa de la administración pública como fuente de riqueza privada. Las oportunidades están servidas en ese contexto para los narcotraficantes y las organizaciones armadas irregulares que tienen los medios para monopolizar la captura de esas rentas del Estado y en ese sentido pueden ser una fuente de competencia o una alianza estratégica para los políticos que quieren capturarlas. Es de esperar entonces que en las zonas donde progresivamente los grupos paramilitares emergentes consoliden su control sobre corredores de drogas y laboratorios, se involucren de igual modo con el control mafioso de la corrupción pública. Y no es solo una cuestión de interés sobre las rentas del Estado, es su medio para matar varios pájaros de un solo tiro: cooptar políticos, asegurar su lealtad y conseguir nuevas rentas y actividades bajo su control que mantengan su poder mafioso. En la medida que los ejércitos crecen y se expanden territorialmente, tendrán que contar también con el dominio de las instituciones estatales. El poder político demanda controlar a las instituciones del Estado en lo local, de otra manera los alcaldes, concejales y demás funcionarios, se convertirán en un riesgo para el ejército y para las actividades relacionadas con el narcotráfico. Si no están cooptados ellos pueden exigir la intervención de autoridades policivas en contra de la clase criminal que actúa en su municipio o región. El caso de Policarpa, Nariño, donde los paramilitares atacaron un puesto de la policía en retaliación por la captura de unos

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compañeros y en el Cesar, donde las ‘Águilas Negras’ han comenzado a extorsionar al nuevo gobernador, son dicientes sobre lo inevitable que son los choques con los representantes del Estado cuando no están cooptados.

Según crece la población de los municipios y se integran en los circuitos

económicos lícitos, menos probabilidades tienen los grupos armados de controlar el territorio. En consecuencia, las necesidades de protección encuentran menos posibilidades de ser cubiertas por verdaderos ejércitos o de armados o de políticos cooptados. En zonas como el eje cafetero, los municipios de mayor tamaño en el Magdalena Medio y en el Meta ha aparecido un grupo social especializado en las fases del narcotráfico relacionadas con el procesamiento y transporte de drogas y con los lugares de residencia de grandes narcotraficantes. Su seguridad es delegada a escuadrones de escoltas dotados con potentes vehículos, armamento y equipos de comunicación. Estos escuadrones son efectivos para las vendettas con los competidores del narcotráfico y demás personajes del mundo criminal, pero no son competentes cuando se trata de enfrentarse a un grupo numeroso del ejército o de la policía que no haya sido cooptado.

En ese sentido, los narcotraficantes son pragmáticos, han aprendido a utilizar las

ventajas de su entorno y a pesar de no estar disponible un ejército que controle el territorio, pueden negociar protección e inmunidad con los personajes claves de los municipios más grandes. Aquí se valoriza el papel de la clase política profesional conectada con instancias de poder nacional, porque tienen más que ofrecer y lo pueden ofrecer sin la presión de un ejército todopoderoso. El contenido del intercambio entre narcotraficantes y políticos en ese tipo de zonas y circunstancias ocurre en dos niveles. Por un lado, está la protección propia de las autoridades civiles del municipio, esto es su influencia sobre la gestión en temas de seguridad y de vigilancia que afectan laboratorios, bodegas, rutas y lugares de residencia (porque es en estos pueblos y pequeñas ciudades de Colombia donde viven muchos de los empresarios más ricos del narcotráfico).

Pero no solo compran la protección de las autoridades políticas en lo referente a la

institucionalidad local, sino que compran un nivel de protección e inmunidad igual de valioso: la aceptación de la comunidad local a la existencia de una empresa ilegal con enormes volúmenes de ganancia. Los políticos profesionales además de manejar los cargos públicos, manejan las redes clientelistas que son la forma predominante de la estructura asociativa de los municipios en Colombia. Quien compra un político, compra también el respaldo de los individuos y grupos sociales afiliados a su red patronal. De ese modo garantiza que una empresa sumamente visible, por el volumen de dinero que se mueve en lugares relativamente pobres, no encuentre un ambiente hostil que se traduciría en denuncias y reclamos a instancias institucionales al margen de las redes de corrupción de los narcotraficantes.

El propio consumo e inversiones que los narcotraficantes realizan en estos municipios constituyen también una fuente de legitimación política. Cuando los habitantes de un territorio aceptan los incrementos de su bienestar a sabiendas que está fundado en el dinero proveniente del narcotráfico, conocen además quien es el narcotraficante y aceptan su papel de patrón local, entonces se crea un ambiente de

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aceptación social de una actividad ilícita y de sus implicaciones políticas, como son el tipo de justicia que imponen los narcotraficantes o su primacía en la escala de prestigio de la sociedad local. El caso de la supuesta entidad financiera…. En el Putumayo es un ejemplo muy diciente de este caso. No es de extrañar entonces la aglomeración de resultados favorables a movimientos y políticos sospechosos de vínculos con el narcotráfico en zonas de corredores, laboratorios y lugares de residencia.

Las grandes ciudades son espacios donde el peso de los narcotraficantes en la

relación con la política se reduce por la presencia de instituciones estatales más numerosas y fuertes, pero también por la fortaleza de los empresarios legales y la existencia de una prensa, academia, ONGs y en general una sociedad civil más fuerte. Amenazar un periodista en un municipio pequeño de Colombia, puede ser muy fácil para un narcotraficante. Puede asesinarlo incluso sin que el escándalo llegue a mayores y llame la atención de las autoridades. Pero asesinar al director de un medio nacional es mucho más complicado y tiene repercusiones sensibles para la prosperidad y la inmunidad de los empresarios de la droga.

Pese a todos estos riesgos, los narcotraficantes no pueden eludir las inversiones,

operaciones, actuaciones y hasta el consumo suntuario en las grandes ciudades. El narcotráfico como actividad económica requiere de servicios y mercados que solo están disponible en las urbes más desarrolladas del país. Las transacciones bancarias o las inversiones en finca raíz del monto equivalente a las ganancias por tráfico de drogas no pueden camuflarse en las economías regionales de municipios pequeños. Tampoco es posible conseguir lujosos restaurantes y pasarelas de modelos en las selvas del Chocó o en las estribaciones de la Sierra Nevada. Se necesitan así empresas legales que funcionen como fachadas para legalizar ganancias ilícitas y transferirlas luego a los lugares de residencia y disfrute de los grandes capos. Y se necesitan empleados y proveedores del narcotráfico que se encarguen de las operaciones de lavado, testaferrato, adquisiciones, contabilidad, etc.

A todos ellos hay que protegerlos de unas autoridades que distan de ser débiles

políticos profesionales. Son líderes de proyección nacional que cuentan con el respaldo de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad y la justicia. En estos escenarios super urbanizados la relación con la clase política se equilibra en contra de los narcotraficantes. La influencia de los empresarios de la droga se centra en el pago de recursos para las campañas electorales a cambio de decisiones favorables que eviten la persecución de sus empleados, operarios y testaferros, al igual que el allanamiento de sus propiedades, bodegas y escondites. Sucede en las ciudades una especialización de las funciones de protección: los escoltas y sicarios se encargan de los competidores criminales y el soborno y la infiltración de las campañas garantiza en lo posible algo de inmunidad. En realidad la protección más utilizada contra las autoridades en las grandes ciudades es la clandestinidad. Alrededor de varios millones de habitantes y negocios lícitos es menos complicado camuflar operaciones de tráfico de drogas.

Un caso especial lo constituyen aquellas ciudades, incluyendo las más grandes del

país, donde imperan mafias que controlan el mercado del narcotráfico entre otra serie de

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negocios ilícitos. Son las conocidas ‘oficinas de cobros’ que resuelven deudas y contratos entre narcotraficantes, pero también controlan actividades con rasgos de ilegalidad como sanandresitos, mercados de abastos, juegos de azar, prostíbulos, etc. Casi la totalidad de estas mafias eran controladas o tenían relaciones con las autodefensas. En estos casos surge un interrogante: ¿cuál fue la relación entre las mafias de las grandes ciudades y los políticos en las pasadas elecciones? Por ejemplo, en Barranquilla y Santa Marta se dice que existen nuevos narcotraficantes dominando el transporte de drogas, los juegos de azar y demás actividades relacionadas con el crimen organizado luego de comprar las franquicias a los paramilitares desmovilizados, entonces ¿Cuál es la relación de estos narcos con los políticos electos? ¿es solamente de separación de actividades o existen acuerdos para delimitar hasta donde llegar el poder de cada actor, o podrán ocurrir actuaciones en sociedad? Lo que al parecer ocurrió en esas dos ciudades y sus Departamentos durante el proceso de expansión y consolidación paramilitar de Jorge 40 y el Bloque Norte bajo su mando, fue un proceso progresivo de cooptación que llegó hasta la imposición de los mandatarios locales y regionales y la cooptación por esa vía de amplísima impunidad, la delegación del manejo de negocios de interés para esa organización criminal e incluso la institucionalización de la captura de rentas públicas por medio de concesiones privadas para el recaudo de impuestos y otras concesiones públicas que en la práctica fueron impuestas por los paramiliatres.

3. LA DURA REALIDAD: EL MAPA POLITICO EN ZONAS DE NARCOTRAFICO

Esta parte del análisis del mapa político de las zonas de narcotráfico en Colombia se basa en información electoral de la Registraduría Nacional, en información sobre Ha de cultivos ilícitos identificadas por municipio entre el 2002 y el 2006 según SIMCI (el sistema de medición y seguimiento satelital de cultivos de coca de más de 1 Ha –cultivos industriales- de Naciones Unidas) y en información sobre municipios donde se han identificado rutas de trafico de insumos o estupefacientes o de ubicación de laboratorios según la Policía Nacional.

Como ya se explicó antes en este documento el mayor riesgo de presencia armada y violenta, corrupción y cooptación institucional de mafías del narcotráfico a mandatarios, funcionarios y políticos locales y regionales se incrementa en la medida en que la fase del negocio ubicada en el municipio agrega mayor valor al negocio. Es decir ese riesgo es menor en municipios donde sólo hay cultivos, mayor en rutas, muy alto en donde se ubican laboratorios y extremo en los municipios donde se resguardan los principales capos del narcotráfico y lavan sus fortunas, aunque sobre este último aspecto no se cuenta con información oficial que pueda considerarse en este análisis.

En los municipios cultivadores el riesgo se estima según dos variables. La primera es el número de Hectáreas que se detectaron en el municipio entre el 2002 y 2006 respecto del total detectado en el Departamento. A esto se llama contribución del municipio al promedio departamental de ese periodo. Y la segunda según sí las Ha

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detectadas en el 2006 son mayores o menores a las del 2005, es decir según el cultivo tenga tendencia creciente o decreciente.

Con base en esos criterios a continuación se describen los municipios donde los recientemente electos mandatarios locales de cada partido tienen mayores o menores riesgos de ser amedrentados o cooptados por las mafias del narcotráfico que operan en sus zonas. Esos mandatarios bien pueden ser sujetos del riesgo que el narcotráfico trae a sus municipios o agentes de ese riesgo. Pueden ser sujetos del riesgo porque a mayor el nivel de riesgo que trae la fase del negocio del narcotráfico que se ubica en su municipio, mayores presiones y amenazas de corrupción y cooptación tendrá el mandatario y las autoridades en general por parte de esas mafias. O puede ser agente de ese riesgo si ya está involucrado con dichas mafias y fue apoyado por ellas para su elección. En ese caso el mandatario se prestará para integrar verticalmente la institucionalidad del Estado que él representa con el negocio del narcotráfico, en vez de ejercer como autoridad para controlarlo y eliminarlo. Partiendo de la buena fe, debe partirse del supuesto de que todos los mandatarios de esas zonas son sujetos y no agentes del riesgo. El seguimiento y apoyo a la gestión de estos mandatarios es determinante para que no queden solos y presos de las presiones que el narcotráfico trae a sus territorios, poblaciones y gobierno. Pero también su actuación como jefes de la administración pública y jefes de policía en sus territorios será indicador de si eran sujetos o agentes de ese riesgo, según los resultados, denuncias y reales positivos que se den durante su mandato en la lucha contra el narcotráfico Partido Liberal

De las Alcaldías ganadas por el partido Liberal en Antioquia, varias representan un alto riesgo por su vinculación a la cadena de fases de negocio del narcotráfico. En Antioquia el partido Liberal pasó de 36 a 32 alcaldías. Los mayores riesgos los tienen los mandatarios electos en los municipios de Amalfi, Anorí y Tarazá por la ubicación creciente de cultivos ilícitos. Chigorodó, Cisneros y Copacabana son los de mayor riesgo por rutas de tráfico de insumos y estupefacientes. Tarazá es el municipio de mayor riesgo consolidado en la medida en que cruza cultivos, rutas y laboratorios, en este último en el que mayor valor se agrega y en el que mayor control territorial y armado tienden a ejercer las mafias que se benefician de esa fase del negocio. Tarazá y Anorí representan el 31% de la coca promedio cultivada en el departamento entre el 2002 y el 2006, con una leve disminución ese último año. Tarazá atraviesa por una difícil situación como se refleja en la reporteria hecha en ese municipio, posterior a las elecciones de Octubre, por el equipo de Votebien.com:

“En la parte alta de Tarazá, el padre Elkin en traje de fatiga supervisa las obras de construcción de bóvedas en el cementerio local. A un costado señala una hilera de tumbas con fechas del 2007, todas de cuerpos sin identificar que trajo el río. En los últimos 10 meses, 15 cadáveres han aparecido en los bancos de arena que se forman a los costados de este afluente del Cauca, en donde volquetas levantan puñados de grava que sirven para construir sus tumbas.

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Es la señal de la lucha territorial que se libra río arriba entre narcotraficantes, bandas emergentes como las Águilas Negras y la guerrilla de las Farc. “En el pueblo se cree que son ajustes de cuentas entre narcos de Santa Rita, Ituango y La Caucana, en donde se concentran las plantaciones de coca”, explica el sacerdote.

Desde que se desmovilizó el bloque Mineros comandado por el paramilitar Ramiro “Cuco” Vanoy, esta zona pareciera estar sin dueño y el vacío ha sumido al pueblo en la incertidumbre sobre quien la controla ahora.”

En Bolívar el partido Liberal ganó en dos municipios, Cantagallo y Bolívar, los cuales representan el 31% de la coca cultivada de ese departamento del 2002 al 2006, aunque en ambos se registró una fuerte caída del cultivo en el 2006. En Cantagallo se ubican

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también laboratorios, lo cual incrementa su nivel de riesgo. En este departamento el partido Liberal pasó de 8 alcaldías en 2003 a 3 en 2007.

En Arauca ganó la Alcaldía de TAME, que representa el 15% de la coca del Departamento y donde el cultivo creció, a diferencia del promedio nacional. En Arauca el partido perdió 4 alcaldías y ganó una nueva, TAME.

En Caldas ganó en Norcacia, que representa el 43% del promedio de coca del departamento entre 2002 y 2006. En Caldas el partido pasó de 7 a 8 alcaldías y además ganó la gobernación.

En Cauca los municipios de mayor riesgo por ubicación de laboratorios son Buenos Aires, Mercaderes y El Tambo, este último además con cultivos crecientes que representan el 23% de la coca promedio del Departamento del 2002 al 2006. En Cauca el partido pasó de 11 a 14 Alcaldías.

En Córdoba los municipios de mayor riesgo donde ganó la Alcaldía el Partido Liberal son La Apartada, Montelibano y Tierralta, donde hay laboratorios y cultivos, en los dos últimos cultivos crecientes que representan el 69% de la coca promedio del Departamento. En Córdoba el partido pasó de 9 a 14 Alcaldías y además ganó la gobernación, pero la situación política y de seguridad es muy tensa, según lo constató el equipo periodístico de Votebien.com:

“En Córdoba, Montelíbano y Tierralta son dos municipios que habían sido

tradicionalmente feudos de Salvatore Mancuso, pero también de dos caciques liberales: Salomón Arana y Juan Manuel López. Aquí, en las estribaciones del nudo de Paramillo aun persiste la sombra del temido líder paramilitar, en donde se dice que ganó en Montelíbano y perdió en Tierralta. En Córdoba, de 28 alcaldías 14 fueron conseguidas por el partido liberal, manejado por Juan Manuel López Cabrales preso en la Picota por nexos con la parapolítica. López un reconocido cacique liberal respaldó la candidatura en Tierralta de Aníbal Ortiz.

Lo que parece ocurrir en esta zona del departamento, con una guerrilla debilitada y las AUC en una posición de reconstruir fuerzas políticas, sin una presión armada evidente, es que los antiguos jefes paramilitares o sus antiguos socios intentaron mantenerse en el poder financiando campañas.

En el panorama político, en Tierralta el candidato ganador, Aníbal Ortiz, no ha sido ajeno a lo que ocurre en su entorno. Desde que ganó las elecciones, por un estrecho margen de 306 votos frente a Carlos Arturo Cogollo de la U, tiene que andar con escoltas, mientras que aun no se sabe si se podrá posesionar el primero de enero por una serie de demandas interpuestas por Cogollo.

La mayor preocupación en Tierralta es el aumento de la criminalidad. En lo corrido del año han sido asesinados 30 desmovilizados, al parecer por ajustes de cuentas entre ellos mismos, el último fue el de alias “Paco Paco”, un ex miliciano cercano a Mancuso, al parecer por negocios con narcotraficantes.”

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En Chocó el partido ganó en los tres municipios que concentran casi la totalidad de cultivos ilícitos del Departamento: Itsminia, Novita y Sipí. En este departamento el partido pasó de 5 a 9 alcaldías.

En Magdalena, ganó la Alcaldía de Santa Martha que registra alto riesgo por la ubicación de la casi totalidad de cultivos de coca del departamento, los cuales han venido creciendo, y además porla ubicación de laboratorios, rutas y puertos de embarque. Esa coincidencia de factores de valor agregado en la cadena del negocio generan mayor presencia y control armado de las mafias del narcotráfico, mayor necesidad de protección y por lo tanto mayor nivel de corrupción o cooptación. No en vano la llamada banda de Los Nevados que se supone compró las franquicias “paramilitares” que tenían los ahora “desmovilizados” Hernan Giraldo y Jorge 40 en esa zona operan en esa zona, y hay denuncias hasta del propio Presidente de la República sobre los nexos de esa mafia con agentes estatales y de la fuerza pública. En Magdalena el partido Liberal pasó de 4 a 7 Alcaldías.

En el Meta el partido ganó en Puerto Gaitán y Villavicencio, zonas de rutas y presuntamente también de lavado de activos, y en Vista Hermosa que además tiene cultivos crecientes y laboratorios. En Meta el partido pasó de 3 a 4 alcaldías.

La alcaldía de Primavera en Vichada es de alto riesgo para el mandatario liberal electo porque combina cultivos, rutas y laboratorios.

El Departamento de mayor riesgo donde domina el partido liberal es Putumayo, donde además de la Gobernación, ganaron las alcaldías de Orito, Puerto Asis, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo y Valle del Guamuez. Aunque en todos hay cultivos, los tres primeros son los de mayor riesgo porque combinan cultivos, rutas y laboratorios, aunque esos cultivos tendieron a bajar en el 2006. En este departamento el partido pasó de 3 a 6 alcaldías.

El Partido Liberal tiende a tener más presencia en zonas de cultivos, donde el riesgo de corrupción y cooptación es menor, que en rutas o laboratorios, donde el riesgo es mayor. Partido Conservador

Los municipios de mayor riesgo para el Partido Conservador en Antioquia son Zaragoza y Valdivia donde hay cultivos crecientes y en el último coinciden además rutas y laboratorios. En ese departamento el Partido conservador pasó de 9 a 24 alcaldías. En el Departamento de Bolívar, el partido pasó de 1 a 4 alcaldías, incluyendo la de Simití, donde coinciden cultivos y laboratorios. En el municipio de Guapi en Cauca coinciden cultivos crecientes, rutas y laboratorios lo cual genera altísimo nivel de riesgo: en ese departamento el partido pasó de 3 a 7 alcaldías ganadas.

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En el Departamento del Caquetá el partido conservador paso de 1 a 4 alcaldías, ganado esta vez en los municipios de Albanía, Valparaíso, San José de la Fragua y Cartagena del Chairá que concentran la mitad del total de coca sembrada en ese departamento entre el 2002 y 2006.

En Boyacá el partido pasó de 29 a 37 alcaldías, incluyendo las de los municipios de Campo Hermoso, San Luis de Gaceno y Santa María que son zonas de rutas. Además el Departamento de Boyacá en general viene creciendo como residencia de laboratorios y nuevas rutas del narcotráfico que generan un alto riesgo en general no sólo para los Alcaldes sino también para la Gobernación.

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Los Andes en Nariño es zona de laboratorios; Sardinata en Norte de Santander es zona de cultivos crecientes y de laboratorios; Puerto Caicedo y San Miguel en Putumayo son zonas de bajo cultivo pero ubicación de laboratorios; La Victoria en Valle es ruta de trafico de insumos y estupefacientes; Bolívar en Santander y La Macarena en Meta son zonas de cultivos crecientes; y Popayán, Neiva y Monteria son zonas de rutas y esta última también de laboratorios.

En Nariño el partido Conservador pasó de 11 a 19 alcaldías, en Norte de Santander de 12 a 15, en Putumayo de 4 a 6, en Meta pasó de 0 a 5, en Valle de 8 a 10 y en Santander de 18 a 17.

En el Departamento de Guaviare, sede de extensos cultivos cocaleros, el Partido Conservador ganó la gobernación, en una coyuntura política y de seguridad marcada por la influencia del narcotráfico en ese territorio, según lo reportan periodistas de Votebien.com:

“La trocha ganadera es un corredor natural a lo largo del límite de los departamentos de Meta y Guaviare, bordea la rivera sur del río que le da el nombre a este último. Este trayecto no sólo sirve para actividades agrícolas. Su recorrido es parte del que tradicionalmente sirve para el tránsito de insumos y producción de cocaína, una actividad que se disputan narcotraficantes, guerrilleros de las Farc y paramilitares no desmovilizados.

Este es sólo uno de las muchas rutas que conectan diferentes zonas de cultivo de coca en estos dos departamentos. En el Meta se concentran principalmente en el sector de la Macarena, y en Guaviare al sur, en Miraflores y Calamar. Esto sucede a pesar del éxito que en la región han tenido los programas de erradicación y de fumigación. “Antes a pocos kilómetros de San José (capital de Guaviare) ya se veía los cultivos a borde de carretera” dice un raizal contando como quién supera una enfermedad. Sin embargo él mismo confirma como los cultivos se van desplazando, aparentemente en menor proporción, hacia el interior de la selva.

La victoria de Oscar de Jesús López Cadavid en la Gobernación de Guaviare, es una más en una larga carrera como político que lo ha llevado en tres oportunidades consecutivas a la Cámara de Representantes. Antioqueño de nacimiento, vive en Guaviare desde hace más de 30 años donde logró consolidarse como uno de los más prósperos comerciantes de la región.

Su partido, el Conservador, es quién ha tenido la hegemonía política en los últimos tres periodos. Con la victoria de López completan el cuarto periodo en serie. Este tiempo coincide con el periodo en el que se vivieron las mayores barbaries y expansión de los paramilitares. Pese a esto es un departamento donde la presencia guerrillera es alta.

En forma reñida su campaña disputó la gobernación con el candidato de

Convergencia Ciudadana Dagoberto Suárez Melo, a quién aventajó por 691 votos. De los cuatro municipios que tiene el departamento fue El Retorno el que le dio la victoria a López. Este es un lugar considerado fronterizo con el municipio de Miraflores donde tienen gran presencia las Farc, y en donde hay gran presencia de cultivos de coca.”

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El Partido Conservador tiende a tener mayor presencia en zonas de rutas y

laboratorios donde el riesgo es mayor, que en municipios con cultivos. Partido de la U

En Antioquia el municipio de mayor riesgo para el Partido de la U es Cáceres que posee el 10% del promedio de coca sembrada en ese departamento entre 2002 y 2006, aunque con una leve disminución, y también es ruta. El otro municipio riesgoso es Yarumal, que aunque tiene pocas Ha de cultivo es sede de laboratorios. En Antioquia el partido de la U ganó 10 alcaldías.

En Bolívar la U ganó 15 alcaldías, de las cuales 4 son de municipios de cultivos que representan el 14% de cultivos de coca del Departamento (Río viejo, Montecristi, Altos del rosario y Achi). En Boyacá, ganó 11 Alcaldías, de los cuales 5 son en municipios que concentran el 38% de los cultivos de coca y a su vez son epicentro esmeraldero y paramilitar de ese departamento: Muzo, Otanche, Quipama, Maripí y Coper. El de mayor riesgo es Otanche por el volumen de cultivos y porque además es ruta.

En Caldas el partido de la U pasó de 4 a 10 alcaldías, dentro de las cuales 3 (Samaná, Pensilvania y Manzanares) tiene riesgos por presencia de cultivos ilícitos. El municipio de mayor riesgo es Samaná que concentra el 53% de los cultivos promedio del departamento entre 2003 y 2006.

En Casanare, además de la gobernación, el partido de la U ganó dos alcaldías, las de Monterrey y Orocue, ambos con riesgo por ser rutas de tráfico. En Chocó también ganó la gobernación y 6 Alcaldías, de las cuales 2 presentan riesgo por cultivos ilícitos: San Pablo y Nuquí, y la de Quibdo por ser zona de rutas y presunto testaferrato y residencia de narcotraficantes. En Guainía también ganó la gobernación y la alcaldía de Inírida, que representa el 24% de los cultivos de coca de ese departamento y además es ruta de tráfico por lo que representa alto riesgo. En Nariño ganó 5 alcaldías, entre las cuales está la del municipio de Puerres que es ruta de tráfico. En el departamento del Valle ganó en total 10 alcaldías, de las cuales 4 son rutas de tráfico: Florida, Pradera, Palmira y Zarzal, y esta última además presunta residencia de narcotrafiantes.

Otra victoria muy relevante para el partido de la U se dio en la gobernación del Departamento del Meta, que sigue siendo un departamento central en el negocio del narcotráfico y cruzado por actores violentos de todo tipo. Sin embargo, según le comentaron a periodistas de Votebien.com, la pasada campaña política transcurrió en una tensa calma:

“En el Meta el ganador es el arquitecto Darío Vásquez Sánchez, quién desde el partido de la U, representaba una coalición política que buscaba marcar distancia con el cacique político local, el congresista Luis Carlos Torres, hoy involucrado en el

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escándalo de la parapolítica. Su candidatura le sacó una distancia de cerca de 10.000 votos a Maritza Martínez, esposa de Torres. Esto sucedió en medio de lo que Vásquez llama “una calma relativa”, que permitió una mayor participación incluso en lugares donde históricamente ha habido muchas restricciones de orden público. Este es el caso de Puerto Rico, municipio de gran ingerencia de la guerrilla donde antes salía un alcalde con menos de mil votos y en esta oportunidad participaron cerca de 5.000 ciudadanos.”

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Cambio Radical

En Amazonas Cambio Radical ganó la alcaldía de Leticia que es ruta de tráfico. En Antioquia ganó 6 alcaldías, entre ellas las de Puerto Berrio, Mutata y Turbo que son rutas de tráfico; en la zona de Urabá donde están ubicados los dos últimos municipios además Cambio Radical tiene antecedentes por haberse beneficiado electoralmente de la acción del paramilitarismo.

En Bolívar el municipio de mayor riesgo donde ganó Cambio Radical es Santa Rosa del sur, que concentra el 31% de los cultivos industriales del departamento y además tiene laboratorios; en total en ese departamento Cambio ganó 7 alcaldías y también la gobernación. En Cesar ganó 3 alcaldías, de las cuales la del municipio de Agustín Codazi es sede de laboratorios. En Córdoba solamente ganó la Alcaldía de

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Puerto Libertador que posee el 30% de los cultivos del Departamento y además es sede de laboratorios. En Cundinamarca ganó 23 Alcldías, de las cuales San Juan de Rioseco es ruta de tráfico. En Chocó gan´p 67 alcaldías, entre ellas la de Bajo Baudó que representa el 32% de los cultivos del departamento y además es ruta de tráfico, al igual que Acandí.

En Meta, Cambio Radical se reeligió en la Alcaldía de Mapiripan que es un municipio de riesgo extremo por fraude electoral, representa el 24% de los cultivos industriales del departamento, es ruta de tráfico de insumos y estupefacientes y también sede de laboratorios. En Meta ganó en total 8 alcaldías, incluyendo también la de Puerto Rico que representa el 32% de los cultivos industriales y es ruta de tráfico y la de Puerto Lleras que tiene menor proporción de cultivos, pero es sede de laboratorios.

En Nariño ganó 4 alcaldías, que incluyen las de Sandoná e Ipiales, que es un municipio de alto riesgo porque aunque tiene pocos cultivos es ruta de tráfico de insumos y estupefacientes. En Vaupés además de ganar la Gobernación, ganó la Alcaldía de Caruru que concentra el 65% e cultivos del Departamento y en el Valle ganó 4 alcaldías, incluida la de Buga que es ruta de tráfico de insumos y estupefacientes.

El mayor nivel de riesgo para Cambio Radical se da en la zona del Urabá Antioqueño y el Departamento del Meta Alas Equipo Colombia

En Antioquia Alas Equipo Colombia ganó la gobernación y 24 alcaldías, de las cuales la de mayor riesgo es Necoclí por ser ruta de tráfico, seguida de Ituango por ser zona de cultivos y ruta de tráfico. En el departamento de César ganó 7 alcaldías, incluyendo la de Pailitas de alto riesgo por ser sede de laboratorios. En Guaviare ganó dos alcaldías, las de El Retorno y Miraflores, que concentran el 55% de los cultivos del departamento, el 10% de los nacionales y son además rutas de tráfico. En Nariño ganó dos alcaldías, incluyendo la del municipio del Rosario que es sede de cultivos y laboratorios. En Santander ganó solamente la Alcaldía de El Peñón que es sede de cultivos y laboratorios

En los departamentos de Guaviare, Nariño y Santander Alas Equipo Colombia solamente ganó alcaldías de alto riesgo por actividades de narcotráfico. En el Departamento de Antioquia que concentra altos niveles de riesgo por narcotráfico y presencia de actores armados ilegales ganó la Gobernación aunque bajó en alcaldías ganadas, mientras que en el Cesar, ese partido perdió la gobernación, pero paso de 3 a 7 alcaldías ganadas. Con respecto al 2003.

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Convergencia Ciudadana

En Antioquia ganó 3 alcaldías, de las cuales la de mayor riesgo es Caucacia, que es ruta de tráfico, epicentro de lavado de activos de la zona cocalera del Bajo Cauca Antioqueño, y reflejo de fuertes tensiones durante la pasada campaña electoral, como lo constata la reportería del equipo de Votebien.com en ese municipio:

“En Caucasia los políticos mantienen un pacto de silencio. “Hay que ver y callar”, sentencia un ex candidato al concejo. Lo cierto es que este municipio de 100 mil habitantes, de donde salió la polémica ex representante a la Cámara, Rocío Arias, mantiene una calma aparente.

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Después de las elecciones de octubre en las que el candidato por el partido Convergencia Ciudadana, el médico Jorge Iván Valencia, se alzó con la alcaldía, nadie quiere hablar de las elecciones y de la injerencia de grupos armados en el debate político, ni mucho menos de la guerra territorial que existe en la región por el control del tráfico de drogas en el Bajo Cauca.

Las amenazas a ciertas candidaturas hicieron temer entre los habitantes de Caucasia que detrás estas fueran motivadas por intereses de otras campañas que contaran con la complacencia de lo que era las autodefensa del Bloque Central Bolívar.”

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En Cauca, además de ser parte de la alianza ganadora en la Gobernación, Convergencia Ciudadana ganó 3 alcaldías, dos de las cuales son de los municipios de Suárez y Timbiquí, que son rutas de tráfico y zonas de paso de zonas de narcotráfico del Valle del Cauca hacia la Costa Pacífica caucana.

En Guaviare ganó solamente la alcaldía de Calamar, que concentra el 14% de los cultivos de ese departamento. En Guajira ganó solamente la alcaldía del municipio de Dibulla, que concentra casi la totalidad de cultivos de ese departamento y es punto estratégico de salida al mar. En Meta ganó solamente en Puerto Concordia que es zona de cultivos, ruta de tráfico y sede de laboratorios. En el Valle, además de ser parte de la alianza ganadora en la Gobernación y ganar en total 6 alcaldías, ganó la Alcaldía de Buenaventura que es uno de los municipios de más alto riesgo porque cruza cultivos, rutas de tráfico, laboratorios y es puerto exportador.

En Santander en cambio Convergencia Ciudadana perdió la Gobernación y

aunque pasó de 11 a 29 alcaldías, con respecto al 2003, la mayoría de esas nuevas alcaldías no son sedes de rutas ni laboratorios y pesan muy poco en cuanto a cultivos, excepto Rionegro, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Eso indica un patrón muy diferente en la expansión de Convergencia Ciudadana en Alcaldías dentro de Santander, que es su epicentro político y electoral, del patrón de crecimiento fuera de ese departamento donde la mayoría de las Alcaldías ganadas por ese partido si tienen alto riesgo por narcotráfico. Apertura Liberal

Apertura Liberal pasó de 24 a 37 alcaldías ganadas en el país, con respecto al 2003. El mayor crecimiento en Alcaldías de ese partido se dio en Bolívar y Casanare, donde obtuvieron 6 nuevas alcaldías en cada uno de esos departamentos. En Bolívar las alcaldías de Arenal, Morales y San Jacinto del Cauca tienen riesgo por cultivos ilícitos. En Casanare ninguna de las 6 alcaldías ganadas por Apertura registra riesgo por cultivos, pero son fuente importante de regalías petroleras. Los dos municipios de mayor riesgo para este partido son El Tarra en Norte de Santander y Cimitarra en Santander, cada uno representa el 13% del promedio de cultivos de su departamento; el Tarra es además ruta y sede de laboratorios, y ambos municipios epicentro de rearme y aparición de bandas remanentes o emergentes del paramilitarismo y el narcotráfico.

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Colombia Democrática

Colombia Democrática pasó de 35 a 34 alcaldías con respecto al 2003, sin embargo en los Departamentos de Sucre y Cundinamarca creció significativamente en alcaldías ganadas con respecto al 2003, pasó de 0 a 6 en Sucre y de 0 a 3 en Cundinamarca, donde ganó la de San Francisco que es sede de laboratorios; mientras que en el departamento de Antioquia fue donde más perdió alcaldías, al pasar de 10 a 5, dentro de las cuales está la de San Pedro de Uraba que tiene riesgo por cultivos y rutas. Otras alcaldías con reisgo para este partido por presencia de cultivos son Tiquisio en Bolívar, Belen de los Andaquíes en Caquetá, Aguachica en Cesar y Mesetas en el Departamento de Meta.

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Colombia Viva

Colombia pasó de 27 a 13 Alcaldías con respecto al 2003. Cinco de las trece alcaldías ganadas por Colombia Viva son de muy alto riesgo por narcotráfico: Nariño en Cundinamarca por ubicación de laboratorios, Tumaco en Nariño porque concentra el 41% de los cultivos de ese departamento, es ruta de tráfico, sede de laboratorios y puerto de exportación; Santa Rosalía en Vichada porque es ruta de tráfico, así como Sincelejo en Sucre que además es epicentro de lavado y testaferrato en ese departamento. El Bagre en Antioquia tiene menor riesgo porque sólo tiene cultivos, pero estos representan el 10% del promedio de ese Departamento.

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De las Alcaldías ganadas por Colombia Viva sin duda la más compleja frente al negocio del narcotráfico es la de Tumaco, municipio que ha visto empeorar su situación recientemente, según lo relataron sus habitantes a los periodistas de Votebien.com: “…en el segundo puerto colombiano más importante sobre el Pacífico, Tumaco, también en Nariño, los cultivos crecieron por diez hasta alcanzar las 7.000 hectáreas, según datos de Naciones Unidas, principalmente en la zona de Llorente, se multiplicaron laboratorios y los barrios de la ciudad se volvieron campos de batalla entre grupos armados disputándose el control de la exportación de la cocaína. La tasa de homicidios pasó de la cifra ya alta de 53 por 100 mil habitantes en 2000 a 126 por 100 mil en 2006. Esta última es escandalosa si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de 39.”

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Alianza Social Indígena, ASI

La ASI ganó en 6 municipios de alto riesgo por narcotráfico: Puerto Boyacá en Boyacá por cultivos y rutas de tráfico, Medellín en Antioquia por rutas, lavado de activos y epicentro de mafias; Puerto Rico en Caquetá por cultivos y laboratorios; Hacarí y Tibú en Norte de Santander por cultivos y rutas, y el último además por sede de laboratorios y Cartago en el Valle por rutas, lavado de activos y epicentro de mafias. Movimiento AFROCOLOMBIANO

El Movimiento Afrocolombiano ganó en dos municipios de Alto riesgo: Florencia en Caqueta por cultivos, rutas y laboratorios; y Barbacoas en Nariño por cultivos y rutas. Otras cinco alcaldías ganadas por ese partido tienen riesgo por cultivos: Carepa en

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Antioquia, Arauquita en Arauca, Bolívar en Cauca y Milán y Solano en el departamento de Caquetá

Verde Opción Centro

En orden los municipios de mayor riesgo para este partido son: La Llanada en Nariño, San José del Guaviare en Guaviare y Pitalito en Huila porque combinan presencia de cultivos y rutas; y Llanada también de laboratorios. Otras cuatro alcaldías ganadas por este partido tienen riesgo por presnecia de cultivos: Florencia en Cauca, Cienaga en Magdalena, y Ancuya y el Tambo en Nariño.

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Polo Democrático

El mayor riesgo del Polo Democrático es Nariño, donde además de ganar la gobernación ganó 10 alcaldías con cultivos ilícitos (Consaca, la Tola, Linares, Payan, Mosquera, Riecaurte y Santa Barbara Isquandé, de los cuales 3 son además rutas de tráfico (El Charco, San José y Samaniego). Por presencia de rutas de tráfico registra riesgo también la alcaldía de Guayabal en Tolima, y por rutas y además testaferrato, residencia y lavado de activos también registra alto riesgo la Alcaldía de Bogotá.

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La mayor encrucijada del Polo Democrático está sin duda en el Departamento de

Nariño, donde se pondrá a prueba su capacidad para liderar la gobernabilidad estatal en un territorio marcado por la disputa territorial y armada de una variada gama de competidores en el negocio del narcotráfico, como lo constatan no solamente las cifras, sino el trabajo periodístico hecho por el equipo de Votebien.com en ese departamento:

“Luego de la desmovilización paramilitar a partir de 2005, estos bloques se atomizaron en grupos diferentes que han subsistido en las áreas de producción y tráfico de drogas ilícitas. Así, por ejemplo, en la zona del Patía nariñense entraron las

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Autodefensas Campesinas de Nueva Generación (ACNG) que se trenzaron en batallas con las Farc hasta desplazarlas. En los municipios de Andes, Samaniego y Santa Cruz, un grupo llamado Los Rastrojos, que hicieron parte de los ejércitos privados del narcotraficante Wilber Varela, tejieron alianzas con Eln para combatir a las Farc. Guerrillas y paramilitares también se disputan la vía al mar desde Túquerres hasta Tumaco. Las Farc se han afianzado en el piedemonte del Pacífico nariñense y en algunos municipios costeros del departamento. Pero en Llorente (Tumaco) han entrado con fuerza Los Rastrojos. A pesar del exitoso patrullaje de la Armada que ha dificultado el accionar de los violentos, al norte en el municipio costero de Iscuandé un nuevo grupo llamado “Las AUC de Don Berna” (que no son en realidad de don Berna si no de Varela) se pelean el control con Farc.” 4. ALGUNAS CONCLUSIONES

Del análisis expuesto en este documento se obtienen cuatro conclusiones principales sobre lo que pasó en las pasadas elecciones frente al fenómeno del narcotráfico y la violencia organizada que conlleva, y lo que vendrá. La primera es que lo más significativo de las pasadas elecciones fue que debido a la desmovilización paramilitar, la estrategia electoral de los narcotraficantes se centró en el dinero. Y los resultados no fueron tan favorables como se hubiera previsto si se tiene en cuenta el entorno tan clientelista, carente de ideologías y proclive a la venta del voto por parte de muchos ciudadanos. La moraleja sería entonces que la plata no lo es todo en las elecciones, también está el ejercicio privado de la fuerza y la cooptación social y política que esta permite.

La segunda es que la competencia electoral aumentará mientras no exista un

aparato armado, que permanente y sistemáticamente, restrinja los derechos políticos de la ciudadanía. Pero en la medida que la competencia y la participación electoral aumentan, aumentan también los costos de las campañas. Por eso, estas elecciones fueron más costosas para el narcotráfico. Simplemente porque había que comprar más votos.

La tercera, y al parecer la más preocupante, es que desde hace ya bastante tiempo,

ha surgido en Colombia un sector de la clase política que se ha especializado en el triunfo de elecciones ya no solamente para acaparar las rentas publicas, sino para negociar también impunidad e inmunidad con los empresarios del narcotráfico. Esos sectores han llegado a un nivel de organización tal, que incluso se han independizado de los partidos tradicionales. Ahora, con todo y la reforma política de 2003, pueden darse el lujo de poseer sus propios partidos y competir por el manejo de los cargos públicos, de las zonas más rentables y estratégicas para el narcotráfico en Colombia. En ese sentido llaman especialmente la atención los resultados obtenidos en las pasadas elecciones por el Partido de la U, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia.

Y la cuarta conclusión es que a pesar de la disminución de la influencia

paramilitar por todo el proceso de paz, el narcotráfico y las organizaciones armadas que

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se financian de sus recursos participaron en política. Esto es consecuencia de una necesidad apremiante para los productores de drogas: la protección frente a las autoridades estatales. Por eso va a ser improbable que mientras persista el narcotráfico como una actividad extendida en el territorio nacional, no existan estrechos vínculos con el poder político, sean funcionarios públicos o candidatos en campaña.