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CAVAROZZI, Marcelo: Autoritarismo y democracia (1955-1983). Buenos Aires, CEAL, 1987. Cap. 1 El fracaso de la “semidemocracia” y sus legados En 1955 una insurrección cívico militar puso fin al gobierno peronista. Ésta tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. Sus líderes caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y declararon como su objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo se frustró recurrentemente. Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos fueron ocupados por administraciones militares. El principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos prescriptivos del peronismo mientras intentaban erradicarlo. El despliegue de una nueva fórmula política desde 1955 fue un proceso convulsivo y frustrante. Se configuraron nuevos modos de hacer política, que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y las relaciones socioeconómicas; y cuyos tres elementos más importantes fueron: a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socioeconómicos, por un lado, y el de los bloques políticos por el otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares al arena política, asumiendo primero un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos y expandiendo más tarde su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias. Argentina pos 1955: una comunidad política desarticulada. El derrocamiento del gobierno peronista fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de la clase media y las burguesías urbana y rural, las fuerzas armadas y la iglesia.

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CAVAROZZI, Marcelo: Autoritarismo y democracia (1955-1983). Buenos Aires, CEAL, 1987. Cap. 1

El fracaso de la “semidemocracia” y sus legados

En 1955 una insurrección cívico militar puso fin al gobierno peronista. Ésta tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. Sus líderes caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y declararon como su objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo se frustró recurrentemente.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos fueron ocupados por administraciones militares. El principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos prescriptivos del peronismo mientras intentaban erradicarlo. El despliegue de una nueva fórmula política desde 1955 fue un proceso convulsivo y frustrante. Se configuraron nuevos modos de hacer política, que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y las relaciones socioeconómicas; y cuyos tres elementos más importantes fueron: a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socioeconómicos, por un lado, y el de los bloques políticos por el otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares al arena política, asumiendo primero un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos y expandiendo más tarde su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias.

Argentina pos 1955: una comunidad política desarticulada. El derrocamiento del gobierno peronista fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de la clase media y las burguesías urbana y rural, las fuerzas armadas y la iglesia. Sin embargo los miembros de este frente antiperonista perseguían objetivos dispares, aunque pusieron mantenerse unidos durante un cierto tiempo bajo la bandera de la “democracia”.

La exclusión del peronismo introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y la política argentina, lo que desembocó en la emergencia de un sistema político dual en el que los mecanismos parlamentarios coexistieron con modalidades extra institucionales de hacer política; lo que llevó a que el sector popular y el frente anti peronista, rara vez compartieran la misma arena política para la resolución de conflictos. Las presiones ejercidas por el sector popular fueron de carácter extra institucional, y el movimiento sindical se transformó en la expresión organizada más poderosa de ese sector.

A la vez, dentro del frente antiperonista se dio una “disyunción dentro de la disyunción”. Esto se debió a que los militares “democráticos” de 1955 fueron perdiendo su vocación “democrática”, lo que los llevó a enfrentarse con los partidos. Por otra parte, los partidos no peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias. La primera en torno al rol del gobierno respecto a la erradicación del peronismo

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(“integracionismo” versus “gorilismo”) y la segunda, vinculada al modelo socioeconómico que reemplazaría al que prevaleció entre 1945 y 1955.

A partir de 1956 fueron emergiendo tres posiciones en el campo del antiperonismo: la del populismo reformista, la desarrollista, y la liberal.

El populismo reformista propuso una política nacionalista moderada y sostuvo que las políticas de Perón habían desalentado la producción agropecuaria y que se había fracasado en la promoción de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica, que el estado había expandido desproporcionadamente sus gastos corrientes, y retrasado la inversión en obras públicas. Estas consignas fueron promovidas por el radicalismo. En 1956 el partido se dividió; un ala, la Radical Intransigente o frondizista, era partidaria de la gradual legalización del peronismo; la otra, los Radicales del Pueblo, tuvieron una posición más dura.

Cuando Frondizi fue elegido presidente, la orientación económica del partido adoptó una línea desarrollista mientras los Radicales del Pueblo mantuvieron su apoyo a los postulados del populismo reformista. Sostuvieron que el estancamiento del país se debía a un retardo del crecimiento de las economías de base que solo se podía superar mediante un proceso de profundización que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes de capital e intermedios y de la infraestructura económica. También postularon que el modelo de conciliación de clases tenía una contradicción que solo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales y que se requería una incorporación masiva del capital extranjero. Los desarrollistas impulsaron tanto la aceleración como la ampliación cualitativa del proceso de industrialización.

La posición liberal fue mucho más lejos en la crítica del proceso de industrialización. La imagen del mercado comenzó a constituir la piedra fundamental de la posición liberal, ya que por una parte implicaba la apertura de la economía argentina y por la otra, una drástica reducción de la intervención del estado en la economía.

A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas a través de los cuales se expresaron estas tres corrientes, entraron en numerosas alianzas y conflictos en los que tanto los apoyos como las oposiciones tuvieron que ver con dos factores: 1) las predicciones de las consecuencias de las políticas económicas en relación con los intereses de cada sector social o clase y 2) el modo en que cada partido o corriente aludieron a la cuestión del peronismo.

Las oscilaciones pendulares de los liberales respondieron a que los programas concretos de los Radicales del Pueblo y los Radicales Intransigentes, que representaban respectivamente a las posturas populista reformista y desarrollista; combinaron la política y la economía de una manera contradictoria. Los primeros, a la vez que defendieron políticas económicas reformistas y nacionalistas, tendieron a asumir posiciones cercanas al “gorilismo”; mientras que la formula Radical Intransigente era el reverso exacto de esto.

Excluido el peronismo, los dos partidos radicales agotaban el espectro de las fuerzas electoralmente significativas. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte. Su programa incluía la erradicación del peronismo, la reducción del

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intervencionismo estatal y la eliminación de los sectores industriales ineficientes. A pesar de obtener el apoyo de amplios sectores de la burguesía, eso no sirvió para ganar votos. Los liberales ejercieron solo una influencia mínima en el curso seguido por la economía y la política del periodo. Adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones en cuanto al logro de sus objetivos a largo plazo antes mencionados. Hacia mediados de los 60 esta conciencia los indujo a optar por una estrategia abiertamente antidemocrática.

Los sindicatos peronistas en la oposición. Como ya se mencionó, la intervención militar del 55 favoreció el surgimiento de una especie de “parlamentarismo negro”. El régimen militar fracasó en su intento de erradicar al peronismo de la clase trabajadora, sin embargo sus intentos produjeron cambios importantes al interior del movimiento obrero. En primer lugar el estilo de control político de la clase obrera fue radicalmente modificado, los líderes que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron desplazados. Y en segundo lugar, se crearon las condiciones para un movimiento sindical peronista (MSP) diferente que ganó cierta independencia respecto a su líder, Perón y que fue capaz de desarrollar su propia estrategia política.

Sin embargo, Perón no desapareció, pero su vínculo con las masas cambió. Su persona emergió como el principal símbolo del retorno a un pasado mejor. Otro cambio fue que Perón perdió su capacidad para controlar a los líderes peronistas. El voto de los trabajadores se transformó en un instrumento de presión y negociación comparable a los paros y huelgas. El poder del MSP se amplió después de 1955, sus acciones fueron gobernadas por una estrategia defensiva y de oposición. El retorno de Perón dejó de ser el objetivo principal del movimiento y se transformó en una especia de mito que permitió a los líderes a interpelar a los obreros como obreros peronistas. Las prácticas políticas del MSP combinaron dos elementos: un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria que se manifestó a través de la limitada pero significativa capacidad de los líderes para influir sobre la conducta electoral de los trabajadores; y una acción de desgaste a largo plazo contra los regímenes que excluyeron al peronismo. En consecuencia, el MSP se tornó en una fuerza subversiva que contribuyó a crear circunstancias que indujeron a los militares a deponer a las administraciones civiles a la vez que frustraron luego sus objetivos induciéndolos a abandonar el poder. Su despliegue exitoso de acciones de contraataque impidió la completa ejecución y consolidación de los proyectos de estabilización y crecimiento de fines de los 50 y principios de los 60 pero no pudo revertir las significativas transformaciones sufridas por la economía argentina a partir de 1959.

Los militares de periodo posterior a 1955: nuevos estilos de intervención política . Los militares constituyeron un tercer elemento importante en la política luego de 1955. Su éxito ese año inauguró un nuevo estilo de intervención. Hasta esa fecha se habían abstenido de participar directamente en la conducción del Estado, pero desde ese año, desarrollaron un estilo de intervención que resultó en la exclusión del peronismo del proceso electoral y el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional; todo esto en nombre de la democracia.

A principios de los 60 importantes sectores de las fuerzas armadas comenzaron a darse cuenta de que los beneficios de la intervención tutelar eran menores que sus costos. Además, el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos contribuyó a generar una profunda fragmentación interna que alcanzó su punto más crítico entre 1959 y 1963 y en dos

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ocasiones culminaron en enfrentamientos armados. La victoria en 1963 de los “azules” abrió el camino a una profunda revaluación de la estrategia política de los militares. Las practicas de intervención tutelar fueron abandonas. Sin embargo el interregno profesionalista de 1963-1966 precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la “seguridad nacional” cuando a mediados de los 60 Onganía y sus allegados concluyeron que el experimento semidemocrático debía darse por concluido. El golpe y la posibilidad de fundar un régimen no democrático se transformaron en alternativas tentadoras. Lo que resultó más paradójico fue que esta alternativa fue acogida con beneplácito no solo por los liberales sino también por el sindicalismo peronista y la corriente hegemónica dentro de él: el vandorismo; lo que reflejó la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía.