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BOLETÍN LATINOAMERICANODE COMPETENCIA

BOLETIM LATINO-AMERICANODE CONCORRÊNCIA

N° 15 Octubre 2002Este Boletín, así como las ediciones precedentes pueden ser obtenidas en Internet, en la dirección siguiente:

http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/

ÍNDICEPART 2

ECUADOR: EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIAPor: Carola Chamorro��...123

URUGUAY: PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAPor: Siegbert Rippe y Daniel Hargain��..142

LEAGUE VERS UNE POLITIQUE ARABE COMMUNE DE CONCURRENCEOF ARAB STATES: Par: Mohamed Ben Fraj��...154

UNIÓN EUROPEA: LES ENTENTES INJUSTIFIABLESPor: Pierre Arhel ��.159COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EUCOMPETITION LAW: RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINEWORLDPor: Miguel Mendes Pereira��167PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPEPor: Martina Peric��177

INFORMACIONES Y PUBLICACIONES ��..��...202

ARTÍCULOS PUBLICADOS ��...207

VÉASE PARTE 1EDITORIAL ��.2

ARGENTINA: LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LATEORIA DEL CONTROL DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156.Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti ��.3PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIALREFERENCIA A LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA(LEY 25.156)Por: Marcelo D'Amore (CNDC) ��7COMERCIO ELECTRONICO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIOPor: Julián Peña y Alicia Bo��.�29

BRASIL: AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dosefeitos à luz da Lei nº 8.884/94Por: Antonio Fonseca��...45MERGER CONTROL IN BRAZILBy : Mauro Grinberg ��...50�O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E A REORGANIZAÇÃO DEEMPRESAS�Por: Augusto Jaeger Junior��.52

CHILE: EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE.BREVE ANÁLISIS.Por: Rodrigo León Urrutia ��76ACUERDO DE ASOCIACIÓN COMUNIDAD EUROPEA-REPÚBLICA DECHILE��..�96

COLOMBIA: CARTELES RESTRICTIVOSPor: Mauricio Velandia��.99

BOLETIN LATINOAMERICANO DECOMPETENCIA

ECUADOR BOLETIM LATINO-AMERICANO DECONCORRÊNCIA

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EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIA

Por: Carola Chamorro1

e-mail: [email protected]

En Ecuador, hablar de competencia es nuevo. Al igual que algunos países de la región, no hemos construido unapolítica de competencia y desafortunadamente no hemos aprendido a valorar los beneficios de contar con unmercado eficiente, transparente y sin distorsiones.

Sin embargo, varias organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales vienen desde 1998,realizando esfuerzos para crear una política de competencia coherente que permita alcanzar un mercadocompetitivo.

A raíz de la promulgación de la Constitución Política en 1998, resurgió el interés por tratar la materia. La CartaFundamental reconoce en su artículo 244 la obligación del Estado de "promover el desarrollo de actividades ymercados competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la Ley, las prácticas monopólicasy otras que la impidan y distorsionen".

Por lo tanto, atendiendo el mandato constitucional y los compromisos internacionales -en especial la decisión285 del Acuerdo de Cartagena- se debe promulgar un régimen jurídico de competencia que recoja la realidad delpaís y sea el resultado de un consenso entre los principales actores del mercado. Sin embargo, esto no se hacumplido todavía, aunque se han dado adelantos en este sentido.

Desde tres espacios distintos se comenzó a trabajar:

En el Congreso Nacional, los diputados Rafael Dávila y Julio Noboa presentaron dos iniciativas parlamentarias.

Desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de Modernización y elMinisterio de Relaciones Exteriores de manera paralela también trabajaron el tema con diversas perspectivas ycon diferentes preproyectos de Ley.

Finalmente, la sociedad civil a través de una alianza entre la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios,Care�Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolivar estructuró un proyecto de Ley titulado �Ley deLibertades Económicas�.

Estos esfuerzos fueron finalmente reagrupados en la Comisión de Defensa del Consumidor del H. CongresoNacional. El 4 abril de 2001, ingresó formalmente el proyecto al Parlamento.

Por impulso de la sociedad civil, se realizaron mesas trabajo con delegados de instituciones gubernamentales,organismos internacionales, proveedores, diputados, representantes de la sociedad civil, medios decomunicación, funcionarios de la Superintendencia de Compañías y asesores de diputados. El objetivo de estasreuniones era lanzar la inquietud sobre el tema y dar a conocer el borrador de proyecto de Ley para que se loanalice y se hagan observaciones. Paralelamente, se hicieron consultas a nivel internacional con expertos en lamateria.2

1 Asesora legal de Tribuna del Consumidor, Ecuador2 Se recibieron observaciones al texto, de las siguientes entidades:- Unión Europea- Departamento de Justicia de los Estados Unidos- Federal Trade Comission de los Estados Unidos- Comunidad Andina de Naciones- Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Consumers International- Superintendencia de Competencia de Venezuela- Ministerio de Economía de Argentina- UNCTAD- Cámara de Comercio de Perú- Ministerio de Economía de Uruguay- Ex - Fiscal Económico de Chile



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Se conformó un grupo técnico que elaboró un único Proyecto de Ley, el que fue aprobado de forma unánime porel pleno de la Comisión del Consumidor en junio de 2001.

Paralelamente en enero de 2002, la Comisión de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Comercio Exterior,la Tribuna del Consumidor, CARE-Ecuador, la Superintendencia de Bancos y el Programa de Naciones Unidasfirmaron un convenio para llevar adelante actividades que fomenten una cultura de la competencia.

En este marco se realizó el Seminario Internacional "Hacia un Régimen de Competencia en el Libre Mercado"en marzo de 2002 en la ciudades de Quito y Guayaquil.3

Se organizaron varios conversatorios con editorialistas y periodistas de medios de comunicación, conrepresentantes del sector forestal y dos seminarios regionales en las ciudades de Cuenca y Manta. En estosúltimos participó Alfredo Bullard, Ex Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la PropiedadIntelectual del INDECOPI � Perú.

Igualmente se realizó el primer estudio económico de varios sectores de la industria ecuatoriana ya que tambiénse detectó esta carencia.

Están programados hasta fin de año realizar cuatro eventos más y la publicación de un libro que recoja laexperiencia.

PRINCIPIOS RECTORES DEL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LACOMPETENCIA ECONÓMICA:

El Dr. Santiago Andrade Ubidia4, acertadamente ha señalado que "la filosofía que ha de inspirar una ley quepromueva y proteja la libre competencia económica ha de ser el respeto a la libertad de empresa y crearcondiciones que favorezcan el libre mercado, pero debe recordarse que el principio de libertad de empresa no esirrestricto, porque ha de insertarse dentro de lo que, desde la perspectiva de la Constitución de la Repúblicaconstituye la economía social de mercado"5

Para el modelo ecuatoriano se consideró que la Ley no puede concebirse como un ordenamiento de naturalezapenal, ya que fundamentalmente debe buscar persuadir a los agentes económicos a que construyan el mercado yde allí la importancia que da a la promoción de la competencia.

Si bien el proyecto no tiene un corte represivo, sin embargo se dotó a la autoridad de los medios idóneos paraque logre que sus decisiones sean efectivas. En ese sentido podrá imponer multas correctivas y sancionesadministrativas y gozará de jurisdicción coactiva.

En vista de las limitaciones de orden constitucional y económico, se optó por la creación de un ConsejoEcuatoriano de la Competencia, adscrito a la Superintendencia de Compañías.

En cuanto al aspecto sustantivo, se siguió el esquema propuesto por la UNCTAD y se trató las prácticascontrarias a la competencia, el abuso de posición dominante, las concentraciones y los actos de poder públicorestrictivos de la competencia.

3 Se contó con la presencia de los siguientes expositores:- Juan Manuel Cruz: Ex - Presidente de la Comisión Preventiva de Chile- Alfredo Bullard: Ex Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI - Perú- Emilio Archilla: Ex Superintendente de Industria y Comercio de Colombia- Santiago Andrade: Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador- Julián Izquierdo: Consejero Comercial de la Embajada de España- Timothy Hughes: delegado de la Federal Trade Comission - USA- Caldwell Harrop: delegado de la División de Competencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos- Margarita Alarcón: Ex Superintendente de Industria y Comercio de Colombia4 El Dr. Santiago Andrade es Ministro de la Corte Suprema de Justicia y estuvo vinculado en la elaboración del anteproyecto de la Ley deLibertades Económicas.5 Revista Iuris Dictio, "Hace falta una ley que promocione y proteja la competencia económica", Dr. Santiago Andrade Ubidia, Colegio deJurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, agosto 2001, año II No. 4, Quito.



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El proyecto de Ley es un esfuerzo serio que busca dar lineamientos claros en materia de competencia. AhoraEcuador ha emprendido este nuevo reto y esperamos que con voluntad política y el apoyo de todas lasorganizaciones nacionales e internacionales vinculadas a la temática se alcance la meta país que nos hemospropuesto: lograr una economía social de mercado.

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ANEXO:

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROMOCIÓNY DEFENSA DE LA COMPETENCIA6

EL CONGRESO NACIONALDE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

Considerando:

Que, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 244 de la Constitución Política, corresponderá al Estadogarantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que laspromuevan, fomenten y generen confianza y dentro del cual las actividades empresariales pública y privadarecibirán el mismo tratamiento legal;

Que el numeral 3 del mismo precepto de la Carta Fundamental establece que es responsabilidad del Estadopromover el desarrollo de actividades y mercados competitivos, impulsar la libre competencia, y sancionar lasprácticas monopólicas, así como otras que la impidan o distorsionen;

Que el numeral 4 del mencionado artículo dispone que al Estado le corresponde vigilar que las actividadeseconómicas cumplan con la ley y, regularlas y controlarlas en defensa del bien común.

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 244 de la Constitución Política, debe promulgarse una leyque haga posible alcanzar tales objetivos.

Expide la siguiente:

Ley Orgánica de Promoción y Defensa de la Competencia

CAPITULO IOBJETIVOS, AMBITO Y ORGANOS DE APLICACIÓN.

Art. 1.- Objetivos.- La finalidad de esta Ley Orgánica es proteger y promover la competencia, a efectos deimpulsar la eficiencia y la equidad de las actividades económicas, públicas o privadas, en el marco de laeconomía social de mercado.

Busca hacerlo mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas, actos o medidas cuyos objetoo efectos sean o puedan ser: impedir, restringir, falsear o distorsionar esa competencia.

Asimismo, tiende a propiciar mayores beneficios a los adquirentes o usuarios de bienes o servicios, en términosde acceso, precio y calidad.

Art. 2.- Ámbito de aplicación. Están sujetos a las normas de esta ley todos los agentes económicos, quedesarrollaren actividades económicas en el territorio nacional y los responsables de la adopción de actuaciones,decisiones o resoluciones.

La presente Ley se aplica también a los efectos que generaren, en el territorio ecuatoriano, actividadeseconómicas realizadas fuera de él.

6 Recoge los cambios sugeridos en el Grupo de Trabajo organizado por la Presidencia de la Comisión Especializada Permanente deDefensa del Consumidor, del Usuario, del Productor y el Contribuyente del Honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador.



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Los derechos de propiedad intelectual o industrial se ejercerán en el marco de las leyes respectivas; pero elabuso en el ejercicio de tales derechos, en cuanto impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, sesometerá a la presente Ley.

A efectos de la aplicación de esta Ley, se considerará que las conductas o actuaciones en que incurriere unagente económico serán imputables al agente económico que lo controla, cuando el comportamiento económicodel primero ha sido determinado por el segundo.

Art. 3.- Promoción de la competencia.- Para promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos,el Estado impulsará la competencia, en forma consistente y sistemática. Fomentará una cultura de leal y eficientecompetencia entre los agentes económicos y coordinará la ejecución de planes para la difusión de tal cultura.

Art. 4.- Garantía de libertad de empresa.- El Estado respetará y hará respetar el derecho a la libre empresa delos agentes económicos en la medida en que su ejercicio no impida, restrinja, falsee o distorsione lacompetencia.

Están prohibidos los acuerdos, decisiones colectivas, resoluciones o prácticas concertadas quecontravengan normas de la presente ley.

Art. 5.- Interpretación.- Los términos que no hubieran sido expresamente definidos en esta Ley tendrán lasignificación que les atribuyan las leyes especiales, en concordancia con los objetivos enunciados por estecuerpo legal.

Los preceptos de la presente Ley Orgánica y de las concernientes a sectores específicos de la economía,especialmente a los servicios públicos, se interpretarán, en lo relativo a la competencia, en el sentido más acordecon los objetivos de esta ley, dentro del marco de los principios enunciados en los artículos 242 a 245 de laConstitución Política, y consideradas las nuevas realidades económicas y sociales.

Art. 6.- Creación de la entidad para la promoción y defensa de la competencia económica.- Para laaplicación de la presente Ley, créase la Superintendencia de la Competencia, como organismo técnico conautonomía administrativa, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, de conformidad conlo que dispone el artículo 222 de la Constitución Política.

Las funciones y atribuciones de dicha entidad y sus órganos se precisan en el Capítulo III de este cuerpo legal.

CAPÍTULO IIDEFENSA DE LA COMPETENCIA

Sección 1Prácticas contrarias a la competencia

Art. 7.- Prácticas anticompetitivas. Son prácticas anticompetitivas, todos los acuerdos, decisiones colectivas oresoluciones, y, prácticas concertadas, entre dos o más agentes económicos, públicos o privados, con el objeto oque tuvieren por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, entre otros los que consistan en:

a) Fijación, directa o indirecta, de precios (tarifas, descuentos, tasas) de compra o cualquier otra forma deadquisición, o de venta o cualquier otra forma de enajenación de bienes o servicios, u otras condiciones detransacción de ellos.

b) Reparto de mercados o de fuentes de abastecimiento.c) Limitación, paralización o control de la producción de bienes o servicios.d) Restricción al desarrollo tecnológico o a las inversiones.e) Participación o actuación colusoria en un proceso contractual público o en uno privado abierto al público.f) Discriminación de precios, condiciones o modalidades de negociación de bienes o servicios.g) Ventas condicionadas o vinculadas.h) Negativa a tratar o negociar con actuales o potenciales proveedores, distribuidores, intermediarios o

compradores, adquirentes o usuarios.



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i) Denegación, injustificada, para admitir a agentes económicos a una asociación.

Art. 8.- Prácticas autorizadas en la presente ley.- No obstante lo previsto en el artículo anterior, el CECOMpodrá autorizar, en forma excepcional y plenamente fundamentada, acuerdos, decisiones colectivas oresoluciones y prácticas concertadas o categoría de los mismos siempre que cumplan con todas las condicionesque se enumeran a continuación, y mientras éstas se mantengan:

a) Generaren beneficios específicos, concretos y significativos, para el perfeccionamiento o desarrollo de laproducción o comercialización de bienes o servicios, o fomenten el progreso técnico o económico-social;

b) Fueren indispensables, desde un punto de vista técnico o económico, para alcanzar los propósitos previstosen la letra a) de este artículo;

c) Determinaren, para los consumidores o usuarios, beneficios que superen claramente las desventajas de laaplicación de las prácticas restrictivas de la competencia; y,

d) No dieren margen para que los agentes económicos que las apliquen u observen puedan eliminar lacompetencia sobre una parte sustancial de los bienes o servicios respecto a los cuales se facultaren.

Los agentes económicos interesados en obtener la autorización a la que se refiere este artículo deberán probarante el CECOM el cumplimiento de todas las condiciones precedentes.

Sección 2Abuso de Posición Dominante

Art. 9.- Posición dominante en el mercado.- La existencia de una posición dominante en el mercado o suincremento por medios no sancionados en la presente Ley, no atenta, por sólo tal hecho, contra la competencia.Sin embargo, el abuso de esa posición constituye una infracción a la presente Ley.

Constituye abuso de posición de dominio cuando, un agente económico dominante en el mercado o un grupoconjunto de ellos, a efectos de mantener o mejorar su posición en el mercado, impiden, restringen, falsean odistorsionan la competencia. Tal abuso podrá consistir, entre otros, en:

a) La imposición, de forma directa o indirecta de precios u otras condiciones de transacción no equitativas,incluyendo precios predatorios.

b) La limitación de la producción, del mercado o del desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.c) La discriminación de precios, condiciones o modalidades.d) Ventas condicionadas o vinculadas.

Para establecer el abuso, se deberá comprobar que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre elmercado relevante de bienes o servicios que correspondan a ese mercado según los criterios e instrumentosanalíticos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Sección 3De las operaciones de concentración económica

Art. 10.- Operaciones de concentración económica.- Se consideran operaciones de concentración económicalas tendientes a adquirir o mantener el control de una actividad económica mediante: fusiones, absorciones,establecimiento o funcionamiento de empresas conjuntas, vinculación - por medio de directivos comunes,compra de activos u otros modos de adquisición de control -, sin considerar si los agentes económicosinvolucrados compiten o no entre sí.

Se entenderá que operan empresas conjuntas en el evento en que un socio o un grupo de ellos tuviere sobreporciones dominantes del capital o recursos de esas empresas, directa o indirectamente, derechos que permitancontrolarlas o inducirlas a mantener políticas similares, complementarias o que de cualquier modo impidan,restrinjan, falseen o distorsionen la competencia.

Se asumirá que hay directores o administradores comunes cuando se comprobare que quienes ejercen talesfunciones en diferentes empresas están vinculados por intereses o beneficios mutuos en negocios comunes deuna magnitud que pudiere afectar la competencia.



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De encontrarse que una operación de concentración económica realizada o propuesta crea o refuerza unaposición de dominio en el mercado nacional o en una parte sustancial del mismo, susceptible de impedir,restringir, falsear o distorsionar la competencia, el CECOM podrá prohibir la operación de concentración,cuando ésta aún no se hubiere concretado, o bien ordenar las medidas de desconcentración o el cese del controlpor un agente sobre otro u otros, cuando aquélla se hubiere realizado.

Art. 11.- Autorización previa o registro.- Todo proyecto u operación de concentración económica en empresasprestadoras de servicios públicos o en aquellas de exploración y explotación de recursos naturales de propiedaddel Estado, estará sujeto a autorización previa del CECOM, a fin de evitar tuvieren por objeto o efecto impedir,restringir, falsear o distorsionar la competencia.

Las demás operaciones de concentración económica que involucren agentes económicos cuyos activos -propioso del agente que los controla-, superen los niveles previstos en el Reglamento de esta Ley, serán objeto deregistro previo, para el eventual ejercicio de las facultades de investigación y control de la Superintendencia dela Competencia. Igual registro y con el mismo propósito se deberá hacer de las bases objeto de delegaciónestatal, de aquellas actividades previstas en el Art. 249 de la Constitución Política de la República.

Sección 4De los actos de poder público restrictivos de la competencia

Art.- 12. Servicios públicos y actividades de interés económico general.- El Estado no adoptará nimantendrá, respecto de las empresas públicas ni de aquéllas a las que otorgare delegaciones por cualquier formacontractual, ninguna medida que pudiere generar abuso de posición dominante, así como cualquier otra prácticaque resultare contraria a la competencia.

Los órganos de control sectorial dentro de su potestad regulatoria deberán respetar los principios consagrados enla presente ley.

El Consejo Ecuatoriano de la Competencia es la única autoridad competente en materia de libre competenciapara conocer las infracciones a la presente Ley.

Art. 13.- De la declaratoria de inconstitucionalidad.- Con pronunciamiento favorable del CECOM elSuperintendente de la Competencia podrá solicitar al Tribunal Constitucional, previo informe del Defensor delPueblo, la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos,ordenanzas; estatutos, reglamentos y resoluciones de carácter general, emitidos por instituciones públicas quefueren contrarios al precepto enunciado en el artículo 244 numeral 3 de la Carta Fundamental.

El Defensor del Pueblo, recibida la solicitud, deberá pronunciarse en el término de 15 días, prorrogables porquince día adicionales. Si transcurrido tales treinta días no lo hiciere, el CECOM pedirá al Congreso Nacional laaplicación de lo establecido en el numeral 9 del Art. 130 de la Constitución Política de la República.

Sección 5Mercado relevante

Art. 14.- Mercado relevante. Para efectos de analizar las prácticas contrarias a la competencia, el abuso deposición dominante, evaluar los niveles de concentración en el mercado, y adoptar las medidas pertinentes, sedeberá determinar para cada caso, el mercado relevante. El reglamento precisará los criterios para ladeterminación del mismo.

CAPITULO IIIDE LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPETENCIA

Art. 15.- Órganismo de promoción y defensa de la competencia económica.- Es la Superintendencia de laCompetencia, que cuenta con los siguientes órganos: el Consejo Ecuatoriano de la Competencia (CECOM); elSuperintendente y las intendencias regionales de la Competencia.

Art. 16.- Funciones de la Superintendencia de la Competencia.- Son funciones de la Superintendencia de laCompetencia:



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1. Defender y promover, en forma consistente y sistemática, la competencia, a través de la reglamentación ycontrol;

2. Velar por el cumplimiento de las normas de esta Ley y de los compromisos internacionales del país enmateria de competencia;

3. Formular estudios sobre la situación y desarrollo de la competencia económica en el Ecuador;4. Participar, como órgano consultivo, en los niveles directivos de los organismos públicos que planifiquen,

ejecuten o controlen políticas o adopten normas relativas a la competencia;5. Coordinar con las organizaciones de proveedores y consumidores la ejecución de planes de difusión de una

cultura de la competencia económica;6. Mantener registros que prevean esta Ley y su reglamento; y7. Las demás contempladas en leyes y reglamentos.

Sección 1Del Consejo Ecuatoriano de la Competencia

Art. 17.- Integración.- El Consejo Ecuatoriano de la Competencia (CECOM) es el órgano resolutivo de laSuperintendencia de la Competencia, con potestad exclusiva en esta materia.

Estará integrado por:

1. El Superintendente de la Competencia, quien lo presidirá;2. Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya servido en una cartera de Estado del

sector económico o ex miembro del directorio del Banco Central , por un período no inferior a un año;3. Un miembro designado por el COMEXI;4. Un miembro designado por el Tribunal Constitucional que cumpla con los requisitos exigidos para los

ministros de la Corte Suprema de Justicia; y,5. Un académico experto en ciencias económicas o jurídicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas

legalmente establecidas en el país, designado por el Congreso Nacional de la terna enviada porCONESUP.

Salvo el Superintendente de la Competencia, los miembros del CECOM serán designados o electos para unperíodo de cinco años, prorrogables por un lapso adicional.

Para que el Consejo se instale, sesione y tome resoluciones, será necesaria la presencia de al menos cuatro (4) desus miembros.

Las resoluciones que adoptare el CECOM se tomarán por mayoría de votos de los concurrentes y elSuperintendente de la Competencia tendrá voto dirimente.

Art. 18.- Designación de los miembros del CECOM.- Los miembros del CECOM deberán ser designados, porlo menos con 15 días de anticipación a la fecha en que deban iniciar sus funciones. En el supuesto de que, porcualquier causa, quedare vacante un puesto de miembro del Consejo enunciado, se designará al sustituto dentrode los quince días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacancia.

Art. 19.- Requisitos para ser miembro del CECOM e impedimentos para ello.- Para integrar el CECOM serequiere ser ecuatoriano, tener título de educación superior a nivel de postgrado o por lo menos, diez años deexperiencia profesional, administrativa o de docencia en entidades de educación superior, en materiasrelacionadas con el ámbito de esta Ley.

Además de las prohibiciones aplicables a los servidores públicos, no podrán ser miembros del CECOM quienestuvieren con el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, el Presidente del CongresoNacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o con algún miembro del CECOM, parentesco hasta elcuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

Quienes fueren o llegaren a ser titulares de acciones o participaciones del capital de sociedades que sean objetode análisis por parte del CECOM deberán excusarse de intervenir en el caso respectivo, de igual forma quienestuvieren vinculación hasta el cuarto grado de consaguinidad y el segundo de afinidad con los agentes



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económicos objeto de ese análisis.

Art. 20.- Causas de cese de funciones de los integrantes del CECOM.- Los miembros del CECOM sólopodrán ser cesados, mediante acto debidamente motivado, por la autoridad o el colegio que los designó, en lossiguientes casos:

1. Condena por delito;2. Incompatibilidad superveniente;3. Incumplimiento de los deberes inherentes a las funciones encomendadas, declarado a petición de al

menos tres de los miembros del Consejo y previo informe del Superintendente de la Competencia; o,4. Incapacidad mental o física que impidiere el ejercicio del cargo durante más de seis meses.

Un miembro del CECOM podrá cesar también en sus funciones por renuncia, presentada ante el Superintendentede la Competencia. Art. 21.- Funciones del Consejo.- Son funciones del CECOM las siguientes:

1. Establecer las políticas nacionales para la promoción y defensa de la competencia, de acuerdo con loslineamientos fijados por el Presidente de la República, y evaluar la ejecución de aquéllas;

2. Aprobar y emitir las regulaciones, circulares, y cualquier otro instrumento de carácter general respectodel alcance y aplicación de las normas contenidas en la presente ley;

3. Adoptar y expedir su reglamento interno y normas necesarias para su funcionamiento;4. Calificar la procedencia de los procedimientos, así como de las medidas cautelares;5. Determinar el cometimiento de las infracciones establecidas en la presente ley, e imponer las medidas

correctivas o sanciones que correspondieren6. Conferir las autorizaciones a las que se refieren los artículos 9 y 11 de esta Ley;7. Conocer y resolver los recursos, que de oficio o a petición de parte, se interpongan respecto de los actos

o resoluciones, conforme lo previsto por esta Ley;8. Calificar determinadas prácticas como contrarias a la competencia, para efectos del otorgamiento de

licencias obligatorias en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual; y,9. Las demás que le señalaren las leyes y reglamentos.

Art. 22.- Órgano Consultivo.- Para la adopción de políticas en materia de competencia, el CECOM contarácon un órgano consultivo, integrado por un representante de: las Asociaciones Nacionales de Consumidores, laFederación Nacional de Cámaras de Industrias, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, la FederaciónNacional de Cámaras de Agricultura, la Federación Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria, la Federaciónde Artesanos del Ecuador, la Cámara Nacional de Acuicultura, la Cámara Nacional de Pesca; y, de lasorganizaciones nacionales de suministradores de servicios públicos.

El Reglamento precisará la forma de designación y los períodos de actuación de los representantes de esasorganizaciones o entidades, así como el aumento o disminución de sus integrantes.

Sección 2Del Superintendente de la Competencia

Art. 23.- Del Superintendente de la Competencia.- El Superintendente de la Competencia será el titular yejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, así como la conducción técnica y administrativa de laentidad. Adicionalmente, ejercerá la Presidencia del CECOM.

Tal funcionario será electo, para un período de cuatro años, por el H. Congreso Nacional, de entre una ternaenviada por el Presidente de la República. Podrá ser reelegido.

Para ser designado Superintendente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 223 de laConstitución Política de la República.

En caso de falta temporal del Superintendente, lo reemplazará el Intendente General de Superintendencia de laCompetencia. Si la ausencia o falta fuere definitiva, la subrogación operará hasta que el Congreso Nacionaldesigne al titular de la entidad.



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Art. 24.- Atribuciones del Superintendente.- Son atribuciones y funciones del Superintendente de laCompetencia:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de la presente ley y sus reglamentos, para cuyo efecto podrádisponer, de oficio o a petición de parte, las investigaciones necesarias;

2. Absolver las consultas sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, para casos particulares;3. Dirigir la preparación, modificación o revisión de la normativa sobre materia de competencia, o

participar como órgano consultivo en esas actividades, cuando las realice otras entidades del SectorPúblico;

4. Crear las Intendencias Regionales de Competencia y delimitar las circunscripciones territoriales en lasque éstas actúen según las necesidades reales;

5. Designar un Intendente General, el que deberá cumplir con los mismos requisitos previstos para losmiembros del CECOM, quien será responsable de la sustanciación de los casos en esta materia y tendrálas demás funciones que establezca el reglamento que se dicte al efecto;

6. Participar, con las autoridades competentes, en la negociación de tratados, acuerdos o conveniosinternacionales sobre políticas de competencia;

7. Integrar, por sí o por medio de su delegado, los organismos internacionales en materia de competenciaeconómica de los que Ecuador fuere parte, en coordinación con las autoridades nacionales competentes;

8. Promover la cooperación y el intercambio de información, de conformidad con los convenios ycompromisos internacionales sobre la materia;

9. Coordinar la aplicación y ejecución de las políticas nacionales de competencia, así como de los planespara impulsar una cultura de competencia ;

10. Dirigir, organizar y controlar la gestión de la Superintendencia de la Competencia, incluyendo ladesignación o remoción del personal y el establecimiento de la escala de remuneraciones;

11. Presentar al Congreso Nacional el informe anual relativo a la gestión de la Superintendencia previoconocimiento del CECOM, así como la información específica, que esta ley le faculte entregar, que lefuere requerida por los jefes de las funciones Legislativa, Ejecutiva o Judicial o por los titulares deotros organismos de control;

12. Elaborar la proforma respectiva y ejecutar el presupuesto anual de operación y de inversión de laSuperintendencia, para cuyo propósito podrá recibir, administrar, e invertir, bajo su responsabilidad, losrecursos que correspondieren a la Superintendencia; y,

13. Las demás atribuciones que le señalaren la Ley y el Reglamento.

Las atribuciones y funciones contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 11 y 12 de este artículo son indelegables.

Sección 3Del personal de la Superintendencia

Art. 25.- Requisitos generales .- Todo el personal de la Superintendencia de la competencia deberá dedicarseen forma exclusiva a sus labores.

En tal sentido, salvo la docencia en institutos de educación superior, les estará prohibido el ejercicio de suprofesión o especialidad técnica u otra actividad, con o sin relación de dependencia, así como ocupar cargosdirectivos, ejecutivos o administrativos en entidades u organizaciones con o sin fines de lucro, o ejercer elcomercio, directa o indirectamente. Tampoco podrán desempeñar dignidades de elección popular.

El personal de la Superintendencia de la Competencia deberá reunir los requisitos y calificaciones que seexigieren para cada función o puesto. Ellos se orientarán en modo de que se asegure el más alto nivel técnico yel más reducido número posible para ese personal.

No podrán ser nombrados servidores de la Superintendencia de la Competencia, quienes no cumplieren con losrequisitos establecidos para el respectivo cargo, y no hubieren aprobado el curso de capacitación pertinente oparticipado en el correspondiente concurso de oposición y merecimientos, de conformidad con el Reglamento.Los servidores de la entidad estarán sujetos a evaluaciones periódicas y serán calificados permanentemente.



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CAPITULO IVFACULTADES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A PRACTICAS CONTRARIAS A LA COMPETENCIA

Y CARACTERÍSTICAS DE AQUELLAS

Art. 26 .- Facultades de los órganos de promoción y defensa de la competencia para realizarinvestigaciones.- Antes de iniciar el expediente o en cualquier momento del procedimiento, el ConsejoEcuatoriano de la Competencia, el Superintendente de la Competencia y los funcionarios expresamentedelegados para ello, podrán requerir a cualquier agente económico o institución del sector público, los informeso documentos que estimaren relevantes, a efectos de realizar sus investigaciones. Los mismos, que deben sersuministrados dentro del plazo que se les fije, aún cuando hubieren sido calificados de reservados. A esosefectos podrán examinar tales documentos, obtener copias o realizar extractos de ellos.

No es obligación de los órganos de defensa y promoción de la competencia económica atenerse, contra suconvicción, al contenido de esos informes. Ningún procedimiento administrativo podrá suspenderse por falta deellos.

El Consejo Ecuatoriano de la Competencia, el Superintendente de la Competencia y los funcionariosexpresamente delegados para ello podrán, asimismo, realizar inspecciones, sobre aspectos específicos, en loslocales y dependencias de los agentes económicos.

El organismo y los funcionarios a los que se refiere el inciso precedente están facultados para llamar a declarar aquienes tuvieren relación con el o los casos que investigaren o que fueren objeto de análisis previo a la adopciónde medidas o sanciones administrativas específicas, así como para requerir, por medio de la prensa, quecualquier persona cuyo domicilio o residencia se desconociere, concurra ante ellos, para rendir declaraciones enrelación con la presunta infracción que investigaren, dentro del plazo que determinaren.

El incumplimiento del deber de informar acarreará la responsabilidad de quien debiere hacerlo y no hubierecumplido oportunamente con su obligación. Será causal de destitución, en caso de servidores públicos. Losparticulares que no suministraren la información requerida serán sancionados con la multa prevista en esta ley.

Art. 27.- Otras obligaciones de colaborar con los órganos de promoción y defensa de la competencia.-Toda persona está obligada a colaborar con los órganos de promoción y defensa de la competencia económicacuando fuere requerida, sin que pueda excusarse sino por razones expresa y específicamente determinadas en lasleyes.

Para el cumplimiento de esta Ley, el Superintendente de la competencia podrá solicitar la colaboración decualquier autoridad, funcionario o servidor del sector público, incluidos los del Régimen Seccional Autónomo,así como requerir del auxilio de la Fuerza Pública.

Las autoridades y funcionarios a los que se refiere el inciso precedente están obligados a suministrar esacolaboración y ayuda, so pena de las sanciones previstas, para el incumplimiento grave de sus deberesesenciales, por la Ley de Servicio Civil o las leyes específicas correspondientes .

Art. 28.- Confidencialidad de la información.- La información y documentación relativa a los agenteseconómicos que los funcionarios y empleados de los órganos de defensa y promoción de la competenciarecibieren, organizaren o administraren o de cualquier forma dispusieren, será únicamente utilizada con el finpara el que hubiere sido requerida o entregada.

Esta obligación se extiende al propio órgano competente y a las partes que intervienen en el procedimiento eincluso a aquéllas que no hubieren presentado reclamo.

Las informaciones que hubieren sido obtenidas por la Superintendencia de la Competencia, el CECOM, susfuncionarios o empleados en la realización de investigaciones, en cualquier momento, a instancia del interesado,podrán recibir el tratamiento de confidenciales, formando con ellas pieza separada. A tal efecto, la parte deberáproporcionar un resumen no confidencial de la misma.

No obstante, ello no impedirá que el órgano competente para justificar los motivos en que se fundamenten lasresoluciones que dicte, o sobre los elementos de prueba en los que se apoye, proporcione información general



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sobre los mismos, en la medida en que ello sea necesario en el curso de un procedimiento administrativo; taldivulgación deberá tener en cuenta el interés de las partes en no ver revelada la información que ellos considerenconfidencial.

Art. 29.- Deber de secreto.- Quienes tomaren parte en la realización de investigaciones o en la tramitación deexpedientes previstos en esta Ley o conocieren tales expedientes por razón de su profesión o cargo, estánobligados a guardar confidencialidad y secreto sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento a través deellos, en aplicación de las normas de este capítulo.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, que pudieren corresponder a los infractores del deber desigilo, confidencialidad o secreto, la violación de ésta se considerará causal de destitución. Sólo podrán informarsobre aquellos hechos o circunstancias a los juzgados y tribunales de la Función Judicial, a pedido expreso delos jueces que conocieren de un caso específico.

CAPITULO VDE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR LA OBSERVANCIA DE ESTA LEY

Sección 1Procedimiento para la autorización excepcional

Art. 30.- Trámite para la autorización prevista en el Art. 8.- El procedimiento para autorizar los acuerdos,decisiones colectivas y prácticas concertadas o categoría de las mismas a las que se refiere el artículo 8 de lapresente ley, se iniciará a instancia de parte interesada. Para lo que deberá presentar al CECOM una solicitud enla que acompañará todas las pruebas que sustenten su pretensión.

Si el CECOM estimare que hay bases para atender la solicitud, deberá, antes de expedir la resolucióncorrespondiente:

1. Verificar que se haya comprobado la concurrencia de todas las condiciones contempladas en el artículo8;

2. Comprobar que se haya demostrado que toda la información proporcionada para justificar la existenciade las referidas condiciones es veraz y cuenta con un idóneo respaldo técnico; y

3. Evaluar el tiempo durante el cual, de mantenerse las condiciones previstas en el artículo 8, tendrávigencia la autorización excepcional.

Art. 31.- De la resolución sobre autorización excepcional de prácticas no competitivas.- La decisión en queatendiere o denegare el pedido de autorización excepcional previsto en el artículo 8 de esta Ley será expedidapor el CECOM en el término de 45 días. Contendrá los fundamentos de hecho y de derecho que la motiven. Deconceder la autorización, determinará el plazo específico de su vigencia y se ordenará su publicación. Art. 32.- Revisión periódica de mantenimiento de condiciones.- El CECOM podrá supeditar la expedición ymantenimiento de una autorización excepcional para el ejercicio de alguna de las prácticas no competitivasmencionadas en el artículo 7 de esta Ley, al cumplimiento de condiciones y obligaciones específicas cuyaobservancia será verificada por la Superintendencia de la Competencia. La práctica autorizada en forma excepcional estará sujeta -dentro de los períodos precisados para que se lapueda aplicar- a control permanente, por parte de la Superintendencia. La Superintendencia de la Competencia deberá verificar que se mantengan las situaciones que hubieren servidode fundamento para una autorización específica. Art. 33.- Causas para dejar sin efecto o suspender una autorización excepcional para el ejercicio deprácticas no competitivas.- El CECOM podrá dejar sin efecto o suspender una autorización excepcional para elejercicio de alguna práctica prevista en el artículo 7 de esta Ley cuando:

1. Las condiciones que la justificaron no se mantuvieren;2. Los agentes económicos amparados en ella no hubieren cumplido con los requisitos y obligaciones



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prescritos por el órgano competente;3. No se hubieren notificado o comunicado oficialmente cambios sustanciales respecto a las condiciones

que motivaron la declaratoria; y,4. La información suministrada para solicitar la declaratoria fuere falsa o engañosa.

El CECOM, para los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4 de este artículo, además de dejar sin efecto suautorización, aplicará las sanciones previstas por esta Ley para la correspondiente infracción.

Sección 3

Trámite para autorizar operaciones de concentración económica Art. 34.- Trámite para autorizar operaciones de concentración económica.- Recibida la información sobreuna operación de concentración económica cuya autorización se le solicitare de conformidad con el inciso 4todel artículo 11 de esta Ley, el CECOM ordenará la apertura de un expediente. Dentro del término de treinta días, prorrogable por causas justificadas hasta en treinta días adicionales elCECOM expedirá la resolución definitiva autorizando o denegando tal concentración. Podrá supeditar suautorización para la concentración al cumplimiento de condiciones específicas que estableciere a tal efecto. El Superintendente de la Competencia trasladará copia de la resolución específica a los demás organismospúblicos de control. Art. 35.- Criterios para evaluar concentraciones.- A efectos de establecer el alcance de una concentración, laSuperintendencia de la Competencia, antes de que aquélla sea autorizada o de que se inicien acciones paraeliminarla, tendrá en cuenta, al menos, los siguientes criterios:

1. La necesidad de desarrollar y mantener una competencia efectiva en el mercado nacional, consideradassu estructura, así como la competencia -actual o potencial - de otros agentes económicos, dentro o fueradel territorio nacional;

2. La circunstancia de si, a partir de la concentración, se generare o fortaleciere una posición de dominio ose produjere una sensible disminución, distorsión u obstaculización, claramente previsible ocomprobada, de la competencia en un sector de actividad o en un mercado dominado por pocos agenteseconómicos; y,

3. La contribución que la concentración o toma de control pudiere aportar a: la mejora de los sistemas deproducción o comercialización; el fomento del progreso técnico o económico del país o de una zona deél; la competitividad de la industria nacional en el mercado externo; el bienestar de los consumidores ousuarios; y si tal aporte resultare suficiente para compensar determinados y específicos efectosrestrictivos sobre la competencia.

Sección 4

Procedimiento para adoptar medidas ante la infracción de normas de esta Ley. Art. 36.- Iniciación del procedimiento.- El procedimiento para conocer y resolver sobre la comisión deinfracciones a normas de esta Ley se iniciará: de oficio; a solicitud de otro órgano administrativo; por reclamoformulado por el agraviado o por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Art. 37.- Contenido de la reclamación.- Todo reclamo se presentará por escrito y contendrá:

1. La determinación de la autoridad competente ante el cual se lo formula;2. Los nombres y apellidos del compareciente; el número de cédula de identidad o de pasaporte, en el caso

de extranjero no residente, y el derecho por el que lo hace, que se justificará con los documentoscorrespondientes;

3. La indicación de domicilio, para notificaciones futuras;4. En lo posible, la identificación clara de la o las personas o los agentes económicos contra quien o

quienes se presentare el reclamo y la dirección exacta del domicilio o, en su defecto, la del lugar endonde se encontraren sus oficinas o instalaciones, si fueren conocidos por el compareciente;

5. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta el reclamo, expuestos en forma clara yprecisa;



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6. La petición o pretensión que se formulare; y7. Las firmas del compareciente, de su representante o procurador y la del abogado que patrocina.

Si no hubiere sido posible determinar el domicilio del agente económico al que se refiriere el reclamo o el lugardonde funcionen sus oficinas o instalaciones, el reclamante afirmará tal hecho bajo juramento, que se haráconstar en el propio documento de reclamo.

A la reclamación se adjuntarán todas las pruebas de que dispusiere el reclamante, o la mención precisa de lasque se presentarán o solicitarán dentro del término respectivo.

Art. 38.- Calificación del reclamo.- De presentarse un reclamo, el CECOM lo calificará. Si fuere oscuro o nose cumplieran con los requisitos señalados en el artículo 37 ordenará que se lo aclare o complete en el términode cinco días y, de no hacerlo podrá abstenerse de tramitarlo.

Art. 39.- Improcedencia del reclamo.- El CECOM podrá no iniciar el procedimiento y acordar el archivo delas actuaciones, notificando de ello a las partes cuando considere que no hay indicios de infracción a la presenteley.

Art. 40.- Medidas cautelares.- El CECOM, una vez abierto el expediente, podrá, en cualquier momento, ainstancia de los interesados o de oficio, ordenar las medidas cautelares que resultaren indispensables paraasegurar la eficacia de la resolución que en su momento dictare, y, en especial, las siguientes:

1. Ordenar el cese de las conductas que hubieran originado el expediente; o2. Imponer determinadas condiciones, acordes con lo objetivos de esta ley, para evitar el daño que

pudieren causar dichas conductas.

En el caso que fuere el reclamante quien pidiere la adopción de medidas cautelares, el CECOM podrá exigir queaquél rinda caución de temeridad. Si la resolución fuere desfavorable al reclamante, el valor de la caución seentregará al agente económico contra el cual se hubiere presentado el reclamo.

Cuando se dispusiere la adopción de medidas cautelares, el afectado podrá solicitar que se las deje sin efecto,previa la constitución de caución suficiente para responder por los resultados del procedimiento. El monto seráfijado por el CECOM , en el término de tres días, y en ningún caso, podrá ser inferior al 50% ni superior al100% de la multa máxima prevista para la infracción.

El órgano competente, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, previa comprobación de quehubieren cambiado las conductas que motivaron el establecimiento de medidas cautelares, podrá ordenar lasuspensión, modificación o revocación de tales medidas o la cancelación y devolución de la caución.

Cuando los daños fueren considerados como graves por el CECOM podrá pedir al juez de lo civil del domiciliode la persona o agente económico cuya actuación hubiere sido objeto del reclamo, que dicte medidas cautelaresreales, como prohibición de enajenar, secuestro o retención.

Art. 41.- Trámite.- Una vez admitido a trámite el reclamo, el órgano competente efectuará todas lasinvestigaciones necesarias a fin de establecer la existencia de los fundamentos del mismo, los resultados de estainvestigación constarán en informes por escrito, que se notificarán mediante oficio al presunto responsableconcediéndole un término de hasta treinta días, a fin de que pueda formular sus descargos, pedir pruebas ypresentar los documentos pertinentes.

Se presume el daño causado a la competencia, sí de las investigaciones realizadas se verifica la existencia deacuerdos, decisiones colectivas o prácticas concertadas entre competidores que tengan por objeto los casosenunciados en las letras a), b) c) d) y e) del artículo 7 de esta ley.

Del mismo modo se procederá en caso de que el trámite se inicie de oficio o a solicitud de otro órganoadministrativo.

A la contestación, el presunto responsable acompañará toda la prueba de descargo de la que se creyere asistido,y enunciará, en forma precisa, las que presentará o solicitará dentro del término respectivo.



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Art. 42.- Períodos para pruebas y alegación. Con la contestación o sin ella, el órgano competente de estimarlonecesario podrá abrir, para evacuar todas las diligencias probatorias, un término de prueba de quince días, queserá prorrogable, previa justificación, por igual período.

Vencido el término previsto en el inciso primero de este artículo, el órgano competente, declarará cerrado elperíodo de prueba y otorgará a las partes el término de quince días para que presenten sus alegaciones, en formaescrita o en audiencia que, para tal propósito, se fijará a más tardar el último día de dicho término.

Presentados las alegaciones o transcurrido el período para hacerlo, se integrará el expediente, dentro de los tresdías hábiles siguientes será remitido al CECOM para su conocimiento y resolución.

Art. 43.- Término para resolver.- Una vez integrado el expediente, el CECOM deberá dictar resoluciónmotivada, en un término que no excederá de treinta días hábiles.

Si no lo hiciere, cualquiera de los interesados podrá recusar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El o los funcionarios, por cuyo dolo o culpa no se hubiere realizado el oportuno despacho del asunto incurrirán,en las responsabilidades civiles y penales, previstas por la ley.

No se admitirá la aceptación tácita de la pretensión del reclamante, ni de los recursos interpuestos ante elCECOM o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 44.- Desistimiento y prosecución de oficio del trámite.- No obstante que el reclamante hubiere desistidode sus planteamientos, si el asunto tratado pudiere afectar de algún modo el interés público, el desistimiento nopondrá fin a las investigaciones, lo que se hará constar en el expediente. Las actuaciones proseguirán hasta quese expida la resolución pertinente.

El desistimiento expreso o tácito no libera al reclamante de sus responsabilidades en caso de malicia, supuestoen el cual se remitirá al Ministerio Público el expediente respectivo.

Sección 5Normas complementarias.

Art. 45.- Publicaciones.- Las resoluciones de autorizaciones que otorgare el Superintendente de la Competenciadentro de los procedimientos previstos por este capítulo, y las resoluciones del CECOM, se publicarán en elRegistro Oficial y en la Gaceta de la Superintendencia de la Competencia, la cual se editará en ejemplaresvalorados.

El Superintendente o el Consejo podrá, además, cuando el interés público lo justificare, ordenar la publicación, acosta del sancionado, de un extracto de esas resoluciones en uno de los diarios de mayor circulación a nivelnacional.

Art. 46.- Normas complementarias y supletorias.- Para la aplicación del procedimiento enunciado en lasdisposiciones precedentes serán complementarias, en cuanto fuere pertinente, las normas del Estatuto delRégimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y el Código de Procedimiento Civil.

Art. 47.- Caducidad de las facultades administrativas.- La facultad de iniciar el proceso de juzgamiento delas infracciones a las que se refiere esta ley caduca en el plazo de cinco años, contado a partir del día en que secometió la infracción. Sin embargo, para los hechos continuados, este plazo comenzará a correr a partir delacaecimiento del último hecho.

Art. 48.- Responsabilidad civil.- La acción de indemnización de daños y perjuicios prescribirá en cuatro años,contados desde la fecha en que la resolución administrativa quedó en firme.

Se tramitará en vía verbal sumaria, ante el juez de lo civil, de conformidad con las reglas generales.



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Art. 49.- Responsabilidad penal.- Cuando el Superintendente de la Competencia encontrare indicios deresponsabilidad penal, remitirá el expediente al Ministerio Público, para que se inicien las accionescorrespondientes.

CAPITULO VIDE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE LAS SANCIONES

Art. 50.- Medidas correctivas y sanciones administrativas.- En el supuesto de que se determinare laexistencia de prácticas anticompetitivas, abuso de posiciones de dominio u operaciones de concentracióneconómica restrictivas de la competencia, el CECOM podrá adoptar las siguientes medidas y/o sanciones:

1. Ordenar el cese de las prácticas anticompetitivas y la eliminación o reparación de sus efectos, segúnfuere el caso;

2. Imponer al agente económico condiciones u obligaciones específicas, orientadas a garantizar lacompetencia, como requisito para que pueda continuar sus actividades;

3. Aplicar las multas que correspondieren;4. Divulgar la correspondiente resolución en firme o la presentación de excusas del agente económico o

agentes económicos respectivos a la comunidad; y,5. Aplicar las medidas previstas en esta ley, en caso de reincidencia de un agente económico en

actuaciones o prácticas contrarias a la competencia.

Art. 51.- Criterios para la aplicación de sanciones.- El CECOM deberá considerar, para la imposición desanciones: la gravedad de la infracción; el daño causado a la comunidad o a los consumidores o usuarios del bieno servicio; la cuota de participación del presunto infractor en el respectivo mercado relevante; la magnitud delmercado afectado; la duración o frecuencia de la práctica contraria a la competencia o de la concentracióneconómica; y, la reincidencia o los antecedentes del o los infractores.

La imposición de multas por infracciones a esta Ley no releva de las responsabilidades por daños y perjuicios, yde las sanciones penales a que hubiere lugar. Ellas serán aplicadas sin perjuicio de las condiciones uobligaciones que, para restablecer la competencia, impusiere el órgano competente al agente económico.

Art. 52.- Casos de reincidencia.- En caso de reincidencia de un agente económico en actuaciones o prácticasdeclaradas contrarias a la competencia, se duplicará la multa que inicialmente hubiere sido impuesta.

Si hubiere una nueva reincidencia, tal multa volverá a duplicarse.

Art. 53.- Multas por infracciones a la presente Ley.- El o cada uno de los agentes económicos que incurrierenen prácticas anticompetitivas, abuso de posición de dominio, operaciones de concentración restrictivas a lacompetencia, y los numerales 2 y 3 del artículo 33, serán sancionados con una multa fijada por el órganocompetente, en función de los criterios enunciados en el artículo anterior y dentro de los límites que sedeterminan a continuación:

Atendiendo a la gravedad de la infracción, el CECOM podrá imponer una multa hasta por el diez por ciento(10%) de los ingresos anuales declarados por infractor ante la autoridad tributaria o hasta el diez por ciento(10%) del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta.

La multa prevista en los incisos anteriores no podrán ser inferior a la ventaja obtenida cuando ésta seacuantificable.

Los directivos de agentes económicos que hayan ordenado o autorizado las infracciones a la presente ley,tendrán una multa personal de hasta cincuenta mil dólares. No tendrán esa responsabilidad quienes se hubierenopuesto a la adopción de las antedichas infracciones o no hubieren participado en su adopción.

Art. 54.- Multas por incumplimiento de deberes que impone la ley.-

1. El incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas mediante resolución del órgano competenteserá sancionado con una multa cien a cinco mil dólares por cada día de retardo; tal multa no podráexceder del veinte por ciento de los activos del agente respectivo;



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2. El incumplimiento de notificar las operaciones de concentración económica conforme lo establece elArt. 11 de esta Ley, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, será sancionadocon un multa de hasta cincuenta mil dólares;

3. En caso de incumplimiento de la entrega de información o de documentos requeridos dentro de lostérminos determinados por el órgano competente, se impondrá al renuente una multa de hasta quinientosdólares por cada día hábil de retardo;

4. Si el retardo superare los quince días hábiles, se considerará que él constituye una obstrucción deprocedimiento, y el responsable de aquél será sancionado según lo previsto en esta ley;

5. El CECOM, mediante resolución motivada, podrá determinar, en Reglamento Especial, podráestablecer otras multas que no excedan de un mil dólares por incumplimiento de otros deberes formalesno previstos expresamente en esta ley.

Art. 55.- Multas por actuaciones que obstruyan el procedimiento.- Sin perjuicio de las sanciones deorden penal, el órgano competente impondrá las siguiente multas para las actuaciones que se enuncian enlos numerales siguientes:

1. Cuando un agente económico suministrare cualquier información que resultare falsa o engañosa, orindiere declaraciones que lo sean, se le impondrá la multa de hasta cincuenta mil dólares;

2. La destrucción de la información requerida será sancionada con una multa de hasta el diez por ciento(10%) de las ventas declaradas al SRI por el infractor en el ejercicio fiscal inmediato anterior; de noexistir tal declaración, se impondrá una multa de hasta cincuenta mil dólares;

3. Otras modalidades de obstrucción de la labor de investigación serán sancionadas con una multa dehasta cincuenta mil dólares, según la gravedad de la falta.

Art. 56.- Responsables solidarios por el pago de multas.- En el caso de que las multas previstas en estecapítulo se hubieren impuesto a compañías, sociedades, cooperativas u otras personas jurídicas, seránsolidariamente responsables por su pago los ejecutivos, representantes legales o administradores de ellas quehubieren decidido o aplicado las prácticas o actuaciones prohibidas por esta Ley.

No tendrán esa responsabilidad quienes se hubieren opuesto a la adopción de las antedichas resoluciones o nohubieren participado en su adopción.

Art. 57.- Recaudación y destino de las multas.- Las multas que se impusieren por las infraccionescontempladas en esta Ley serán recaudadas por la Superintendencia de la Competencia y depositadas en laCuenta Única del Tesoro.

Art. 58.- Prescripción para la aplicación de sanciones.- Las obligaciones de pagar las multas o realizar losactos que hubiere determinado el órgano competente prescribirán en el plazo de cuatro años, contados a partirdel día en que se expidió la resolución correspondiente.

CAPITULO VIIDE LOS RECURSOS

Art. 59 .- Impugnación .- Las resoluciones expedidas por el CECOM pueden ser impugnadas ante el Tribunalde lo Contencioso Administrativo, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación respectiva.

Art. 60 .- Recurso de reposición.- No obstante el recurso previsto en el artículo anterior siempre procederá elrecurso de reposición ante la misma autoridad, quien deberá resolverlo en el plazo de 10 días, a menos que seacompañen nuevos antecedentes en cuyo caso el plazo será de 30 días.

Este recurso podrá ser interpuesto dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación respectiva.

Art. 61.- Recurso de revisión.- El CECOM tiene la potestad facultativa extraordinaria de iniciar, de oficio opor pedido de cualquier persona debidamente fundamentado, un proceso de revisión de resolucionesejecutoriadas por las siguientes causas:

1. Cuando hubieren sido expedidas con error de hecho o de derecho, verificados y justificados segúninforme jurídico previo.



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2. Cuando, con posterioridad a la expedición de resolución correspondiente, aparecieren documentos devalor trascendental ignorados al adoptársela ;

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales resoluciones fuerenmanifiestamente nulos, en los términos de los artículos 180 y 181 del Código de Procedimiento Civil, ohubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada;

4. Cuando, en igual caso, los documentos -sean públicos o privados-, por contener error evidente o porcualquiera de los defectos señalados en artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, o por pruebasposteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad;

5. Cuando, al haberse expedido la resolución en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieren sidocondenados en sentencia judicial ejecutoriada, por falso testimonio por las declaraciones que sirvieronde fundamento a la resolución; o,

6. Cuando, por sentencia judicial ejecutoriada, se estableciere que, para dictar la resolución materia de larevisión, ha mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en talresolución.

Art. 62.- Tramitación del recurso de revisión.- Cuando el CECOM conociere, por cualquier medio, que en laexpedición de una resolución se hubiere incurrido en alguna de las causales del artículo anterior, dispondrá,previo informe del departamento jurídico de la Superintendencia, la instauración de un expediente sumario connotificación a los interesados, siempre y cuando se tratare de cuestiones que requieran de la presentación oactuación de pruebas.

El sumario concluirá dentro del término fijado por el CECOM, según fuere el caso; término que no será menor acinco días ni mayor a treinta, dentro de los cuales se actuarán todas las pruebas que disponga el Consejo o lasque presenten o soliciten los interesados.

Art. 63.- Improcedencia del recurso de revisión.- No procede el recurso de revisión cuando desde la fecha enque se dictó la resolución hubieren transcurrido tres años.

Los recursos se absolverán dentro del término máximo de sesenta días.

CAPITULO VIIIDEL FINANCIAMIENTO

Art. 64.- Presupuesto.- Los gastos que generen los órganos de Promoción y Defensa de la Competencia sefijarán en el presupuesto especial anual, que, formulado por el Superintendente de la Competencia, seráaprobado por el Presidente de la República, a más tardar ciento ochenta días antes de la vigencia del presupuestorespectivo.

Con su aprobación, el Presidente de la República dispondrá al Ministerio de Economía y Finanzas que ubiquelos recursos correspondientes. Cualquier reforma a dicho presupuesto requerirá de igual aprobación.

Art. 65.- Jurisdicción coactiva.- El Superintendente de la competencia ejercerán la jurisdicción coactiva paracobrar las multas, hacer efectivas las sanciones económicas previstas en esta Ley o cubrir cualquier obligaciónfrente a la Superintendencia de la Competencia.

CAPITULO IXDEFINICIONES

Art. 66- Definiciones.- En la aplicación de los preceptos de esta Ley se asumirán las siguientes definiciones:

ACUERDO: Arreglo expreso o tácito, formal o informal, escrito, verbal o de cualquier modo expresado, entreagentes económicos, tendiente a obtener beneficios mutuos, recíprocos o de cualquier forma entre ellosconvenidos;

AGENTE ECONÓMICO: Toda persona natural o cualquier organización, agrupación, asociación de derecho ode hecho, nacional o extranjera, dotada o no de personalidad jurídica, inclusive el patrimonio autónomo, sea delsector público o privado, tenga o no finalidad de lucro, que actúe habitualmente en la producción, el suministro,la provisión o comercialización de bienes y servicios en el mercado nacional;



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DECISIONES COLECTIVAS o RESOLUCIONES: medidas o recomendaciones adoptadas por asociaciones deproductores, proveedores, cámaras de la producción, colegios profesionales o cualquier órgano colegiado;

DENEGACIÓN DE ADMISIÓN A UNA ASOCIACIÓN: Oposición a la admisión, o exclusión, injustificada ydiscriminatoria, contra ciertos agentes económicos por parte de una asociación profesional o comercial, ocualquier otro órgano colegiado, cuando estos sean indispensables para el ejercicio de tal actividad;

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS, CONDICIONES O MODALIDADES: La aplicación de precios,condiciones o modalidades desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a uno o varios agenteseconómicos en situación de desventaja competitiva frente a otros, en las transacciones de bienes o servicios;

DÓLAR O DÓLARES: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $), moneda oficial en el Ecuador;

LEYES SECTORIALES: Aquéllas que regulan actividades específicas, tales como las comprendidas en lossectores energético, eléctrico, de agua potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos,telecomunicaciones, higiene, salud, educación, seguridad y otros servicios básicos de ese tipo;

MERCADO: Ámbito en el cual compradores o adquirentes y vendedores, proveedores o suministradoresrealizan transacciones comerciales para el intercambio de bienes y servicios, y donde los precios de estos bienesy servicios fueren el resultado del ejercicio de la competencia. Los mercados pueden ser locales, regionales,nacionales o internacionales, según su ámbito, y no requieren necesariamente que los compradores yproveedores se encuentren o se comuniquen directamente el uno con el otro;

MERCADO RELEVANTE: Mercado específico, sea en términos de productos o servicios, o bien de áreageográfica, o períodos determinados;

NEGATIVA A TRATAR O NEGOCIAR: Conducta de un agente económico en aplicación de la cual se niega,injustificadamente, a comprar, vender o, en general, de cualquier forma a negociar con otro, con la finalidad dedistorsionar la competencia;

ORGANOS SECTORIALES DE CONTROL: Autoridades u organismos a los que las leyes referentesespecíficamente a determinada actividad económica, hubieren conferido competencia administrativa oatribuciones para regular las actividades del sector, para conocer y reprimir las infracciones a dichas leyes oejercer, conjunta o separadamente, tales actividades;

POSICIÓN DOMINANTE: Situación en la que un agente económico o es el único oferente o demandante dedeterminado producto o servicio, o aún sin ser el único, no está sujeto a una competencia efectiva;

PRACTICAS CONCERTADAS: Aquellas actuaciones que, aun cuando no constaren o se derivaren de unacuerdo formal o expreso, impliquen un paralelismo de conducta consciente entre agentes económicos,normalmente competidores, y que suponga cualquier tipo de cooperación y coordinación entre ellos, con el finde impedir, afectar o restringir la competencia;

PRACTICA O ACTUACION COLUSORIA: Entendimiento fraudulento entre proveedores o entre estos yfuncionarios, que participan en licitaciones, ofertas públicas, subastas de bienes o servicios, encaminado aalcanzar una contratación o asignación, con el propósito de engañar o perjudicar a un tercero.

PRECIOS PREDATORIOS: Estrategia o conducta en aplicación de la cual un agente económico, generalmentedominante en el mercado, disminuye transitoriamente sus precios por debajo del nivel de sus costos marginalesde producción, como medio para expulsar a sus competidores del mercado, desalentarlos, o impedir su ingreso aél;

REPARTO DE MERCADOS: Es el resultado de la acción de los agentes económicos que, hallándose enposición de competir, en lugar de hacerlo, se dividieren el mercado, por territorios, por volúmenes de compra ode venta, por el tipo de bienes o servicios vendidos, por clientes o proveedores, o cualquier otro mecanismo quetenga alcances o consecuencias similares;



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VENTAS CONDICIONADAS O VINCULADAS: Consisten en subordinar la celebración de transacciones a laaceptación, por las partes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, noguarden relación con el objeto de dichas transacciones.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 67.- Reformas.- Refórmase el artículo 155 de la Ley de Propiedad Intelectual. Elimínese la frase "y previasentencia judicial". Sustitúyase, en el mismo artículo, la palabra "judicialmente" por la frase �medianteresolución en firme del órgano de promoción y defensa de la competencia�

Art. 68.- Prevalencia de normas de esta Ley.- La presente Ley tiene el carácter de orgánica. Sus disposicionesprevalecerán sobre las normas legales, reglamentarias o administrativas que se les opongan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Cumplido el tercer año de funcionamiento del CECOM, se determinarán, por sorteo, dos de susmiembros con excepción del Superintendente cesarán en sus funciones, los cuales serán reemplazados, consujeción a la ley.

SEGUNDA: A fin de optimizar los recursos del Estado y no incrementar el gasto público, la Superintendenciade la Competencia y sus órganos conformarán sus equipos técnicos y administrativos de preferencia con elpersonal especializado en la materia que actualmente exista en las diferentes dependencias del Ejecutivo, o enotras entidades del Estado, que será trasladado a dicha Superintendencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo final.- Esta Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del CongresoNacional del Ecuador, a los ..........................días del mes de................del año dos mil dos.


URUGUAY BOLETIM LATINO-AMERICANO DECONCORRÊNCIA

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PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ELABORADO PORLOS DOCTORES SIEGBERT RIPPE Y DANIEL HARGAIN, PRESENTADO ANTELA COMISIÓN DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002.

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargaine-mail: [email protected]

Exposición de Motivos

1. Apreciaciones generales.

En Uruguay, al igual que en la gran mayoría de los países del mundo occidental, se ha adoptado un régimeneconómico de mercado, basado en el principio de la libertad de industria y comercio, consagrado en nuestro casoen los arts. 7° y 36° de la Constitución de la República. Esto significa que se confía obtener la eficienciaeconómica en forma más o menos espontánea, dejando actuar de la manera más libre posible a los agenteseconómicos y a los mecanismos de mercado.

Para ello, es necesario fomentar la existencia de múltiples proveedores de bienes y servicios que compitan entresí por conquistar la preferencia de los consumidores, mejorando constantemente la ecuación precio/calidad delos productos o servicios que ofrecen en el mercado.

La competencia constituye así un requisito imprescindible para lograr un sistema de mercado eficiente,optimizando los procesos de asignación de recursos y de fijación de precios.

A través de la misma, se garantiza a los consumidores el derecho de disponer de un amplio espectro de opcionespara la adquisición de bienes y servicios, lo cual asegura su libertad de elección y favorece su capacidad denegociación, incrementando el poder adquisitivo de sus ingresos.

Se entiende que cuando hay competencia, tienen oportunidad de triunfar en el mercado los agentes económicosmás eficientes y eficaces. Para ello deben empeñarse por mejorar su gestión, incrementar la calidad de susproductos y servicios, invertir en tecnología, cuidar sus costos y no desperdiciar recursos.

Por el contrario, cuando no hay competencia, los proveedores no tienen necesidad de preocuparse por la calidado el precio de los productos o servicios, porque son los únicos oferentes en el mercado, y los demandantes notienen otros opciones de acceso a las mismas. Ello se traduce en reducción de la cantidad y variedad de la oferta,aumento injustificado de los precios, ineficiencia, pérdida de competitividad frente a productos o serviciosextranjeros, indebida asignación de recursos, etc.

Las leyes de Defensa de la Competencia son justamente las que aseguran que el sistema de mercado funcionecorrectamente, prohibiendo que los agentes económicos reduzcan o eliminen deliberadamente la competencia.

2. Antecedentes nacionales

En nuestro país la disciplina de la competencia se introdujo por primera vez y con carácter general en elordenamiento jurídico nacional a través de los arts. 13,14 y 15 de la Ley 17.243, la que fue completada por losartículos 157 y158 de la Ley 17.296, reglamentadas ambas por el Decreto 86/001.

Dicha normativa se ha estimado insuficiente, en lo formal y en lo material. Lo primero, porque en las referidasoportunidades aquella ingresó, por una parte, en leyes de diverso y múltiple objeto y alcance como fueron la Leyde Urgencia I y la Ley de Presupuesto, y por otra parte, la misma sólo contiene unas pocas disposiciones en lamateria. Lo segundo, porque las soluciones adoptadas en aquella normativa sólo comprenden una parte deluniverso propio de la defensa de la competencia en el mercado y no resuelven ciertas problemáticas que seplantean en ese ámbito, a la vez que algunas de las soluciones legisladas tienen aptitud para limitar o condicionarla propia regulación suficiente y adecuada de la competencia y para dificultar, en consecuencia, la aplicación



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misma de sus disposiciones en la realidad nacional, particularmente si ellas son comparadas con las normasvigentes en la materia, tanto en otros países de la región como en países de la extraregión, y con la práctica quese ha derivado de su aplicación en el país.

3. Justificación

La problemática hasta aquí observada justifica por si sola la conveniencia, más aun, la necesidad de integrar enun único y específico texto legal las normas de defensa de la competencia y de mejorar y ampliar las solucionesen la especie, ofreciendo a la sociedad y a sus múltiples y diversos agentes económicos un cuerpo orgánico denormas que fijen con intencionada simplicidad, rigurosa precisión, suficientes detalles y adecuada claridad lasreglas de juego de la competencia en el mercado.

A dichos efectos se estructura el presente proyecto de ley en cinco capítulos que pretenden organizar de maneraintegral, global y coherente la defensa de la competencia en el mercado nacional, y cuyas principalesdisposiciones se comentan a continuación.

4. Comentarios4.1. CAPITULO I � Disposiciones Generales

Este capítulo se desglosa en seis artículos (1° a 6°) en los que se establecen los principios y reglas generales dela defensa de la competencia.

El artículo 1° dispone, con base en la enunciación de una cláusula general de carácter prohibitiva, sobre elobjeto y alcance amplio y objetivo de esa defensa, así como las restrictivas limitaciones o excepciones jurídicaso relativas a su aplicación. Dichas normas se coordinan con el artículo 4°, en la forma que se indicará en suoportunidad.

El artículo 2° establece el alcance subjetivo del derecho de defensa de la competencia, el que se define con lasuficiente amplitud y flexibilidad como para comprender en su contexto a todos los agentes económicos quecompiten en el territorio nacional, cualquiera sea el tipo de bienes o servicios en los que operen en el mercado,incluyendo también a los agentes económicos del exterior en tanto sus actividades tengan efecto en nuestroterritorio.

El artículo 3° determina � con fundamento en la categorización de tres tipos de actos o prácticas prohibidas y asólo título ejemplificante, esto es, no taxativo � conductas específicas que se entienden usualmente contrarias ala libertad de competencia en el mercado.

En este sentido, la disposición que se proyecta incluye, por un lado, acuerdos entre agentes económicos quetengan como propósito o como efecto afectar esa libertad, por otra parte, actos individuales o colectivos queimpliquen el ejercicio abusivo del �poder de mercado� por parte de agentes económicos concepto que se defineen el artículo 5° del proyecto, y por último, actos resueltos por asociaciones o gremiales conformadas poragentes económicos, que tengan iguales propósitos o efectos, salvo en cuanto al derecho de huelga, de baseconstitucional.

El artículo 4° define el concepto de �mercado relevante�, expresión que se ha introducido en el artículo 1° comoalcance de la condición de aplicación de la cláusula prohibitiva de carácter general: las prácticas contrarias a lalibertad de competencia resultan prohibidas en tanto afecten dicha libertad �en una parte sustancial de cualquiersector del mercado�.

A esos efectos el artículo 4° citado establece criterios para la determinación del �mercado relevante�, optándosepor no expresar en la ley misma el porcentaje del mercado que debe representar un agente económico, o susbienes o servicios, respecto del mercado total específico en el que aquel actúa o éstos se ofrecen o demandan,dado que el porcentaje mismo admite variaciones u oscilaciones en función de su aplicación a sectores o ramasconcretas de la actividad económica en un momento determinado de su desarrollo en el territorio nacional;dejando librada su fijación a la autoridad de aplicación de la defensa de la competencia.



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El artículo 5° conceptualiza la expresión �poder de mercado�, contenida en el artículo 3° numeral 2),estimándose que la misma, en un mercado de limitadas dimensiones como es el nacional, es más apropiada quela tradicional en la materia como es la de �posición dominante�, con la ventaja comparativa adicional de queresulta más accesible , en principio, la prueba del abuso del poder de mercado que la prueba del abuso deposición dominante, en una circunstancia avalada por la práctica de la actual legislación en la materia.

El artículo 6° plantea el concepto de �ganancias de eficiencia� como pauta de valoración de la legitimidad oilegitimidad de ciertos acuerdos o decisiones que pueden inscribirse dentro de los actos o prácticas prohibidaspor la ley, en el entendido de que éstos actos o prácticas podrían ser eventualmente admitidas si ellascontribuyen a mejorar la gestión de los agentes económicos o tienen como consecuencia el ofrecimiento deventajas o beneficios para los consumidores, esto es, si éstos obtienen un aprovechamiento directo o indirecto deaquellos actos o prácticas.

4.2. Capítulo II � Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas.

Este capítulo se integra con quince artículos (7° a 21) que regulan la competencia y el proceso administrativoque corresponde sustanciar para la investigación de prácticas prohibidas y el régimen sancionatorio a aplicar ensu caso.

En la oportunidad se ha optado por incorporar las soluciones de la reglamentación administrativa vigente enrelación al procedimiento administrativo � elevando así el nivel jerárquico del debido proceso legal - y laslegales relativas a las sanciones, aunque con diversos ajustes precisiones y complementaciones orientadas amejorar dicho procedimiento y a afinar las sanciones mismas y sus criterios de aplicación.

Es de destacar que aún cuando la aplicación del régimen propuesto compete y se desarrolla en vía esencialmenteadministrativa, siguiendo así las soluciones generalmente más recibidas en el derecho comparado y atendiendo ala notoria especificidad de la defensa de la competencia, se reserva también la competencia y los procesosjurisdiccionales en cuanto a la tramitación de medidas preparatorias (art. 8°) y cautelares (art. 18°), además deque los eventuales daños y perjuicios que produzca una práctica prohibida también podrían solicitarse ytramitarse por el presunto damnificado ante los Tribunales de la República, conforme al sistema general dederecho común, sin necesidad de que ello se determine en la oportunidad a texto expreso.

En relación al régimen actualmente vigente se ha optado por suprimir toda referencia al arbitraje comomecanismo de solución de controversias, en el entendido de que si bien las partes en conflicto podrían acordarigualmente recurrir a aquel en el marco permisivo del Código General del Proceso (arts. 472 y sigs.), dichasolución podría afectar el interés público en juego, el que, con independencia de todo acuerdo interpartes, nopodría privar al Estado, en el marco de una política de defensa de la competencia que tiene el propósito deasegurar un mercado sano, transparente, competitivo, de la posibilidad de investigar, incluso de oficio, y desancionar aquellas prácticas individuales o colectivas que producen, o tienen la aptitud de producir,impedimentos, limitaciones o distorsiones al libre acceso y al ejercicio de la libre competencia en el mercado, enel contexto constitucional de la libertad de industria y comercio.

Resulta obvio que la definición de una autoridad administrativa de aplicación de la normativa de la defensa de lacompetencia, determina por su parte el desencadenamiento de los procedimientos y recursos constitucionales ylegales aplicables contra los actos administrativos, procedimientos y recursos que son, por ende, administrativosy contencioso-administrativo, esto es, no judiciales. Ellos también determina la aplicación subsidiaria de lasnormas legales y reglamentarias pertinentes, en lo no previsto por la ley proyectada y en cuanto fuerencompatibles con ésta.

Es de destacar que se viabiliza la posibilidad de extender, por una parte, a los administradores, directores yrepresentantes de las personas jurídicas la responsabilidad de las prácticas prohibidas realizadas por éstas, la quese puede hacer efectiva mediante la aplicación de sanciones consistentes en multas, y por otra parte, a lassociedades controlantes, la imputación de responsabilidad por la realización de esas prácticas por las sociedadescontroladas por aquellas, y a sus administradores, directores y representantes, la propia de quienes desempeñenesos cargos en esas sociedades controladas.



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4.3. Capítulo III � Control de concentraciones

Este capítulo se organiza en cinco artículos y tiene por objeto regular el fenómeno económico-financiero de lasfusiones y adquisiciones, como medios o instrumentos de las concentraciones económicos (arts. 22 a 26).

La legislación actualmente vigente no contiene ninguna disposición al respecto, entendiéndose, sin embargo, quese trata de un fenómeno de la realidad que corresponde regular y controlar en el ámbito de la defensa de lacompetencia, en la medida que aquel se manifiesta en prácticas que tienen una significativa aptitud de impedir,limitar o distorsionar la libertad de competencia y en cuanto tienden a la conformación de unidades negocialesde características monopólicas u oligopólicas.

Es por ello que en el artículo 22 se define con amplitud las distintas formas jurídicas y negociables que permiteninstrumentar las concentraciones económicas, y se establecen los tipos de concentración que se pueden dar en larealidad del mercado; a la vez que se determinan los casos en que se requiere la previa autorización del órganode aplicación para proceder a formalizar las concentraciones económicas del caso, tomando para estos efectoscriterios sustentados indistintamente en porcentajes de toma de posición en el mercado o de facturación brutaanual, en el territorio nacional.

Los artículos 23 a 25 regulan por su parte los requisitos, procedimientos y plazos para el otorgamiento expreso oficto de la autorización previa, en tanto el artículo 26 plantea también la posibilidad de que aquel órgano sujetela autorización administrativa al previo cumplimiento de condiciones que atenúen los efectos de laconcentración.

4.4. Capítulo IV � Organo de aplicación

Este capítulo comprende tres artículos (27 a 29) que estructuran la organización, cometidos y atribuciones delórgano de aplicación de la defensa de la competencia.

Si bien en el régimen vigente la competencia en la materia fue conferida a la Dirección General de Comercio delMinisterio de Economía y Finanzas, y en atención a la especificidad e importancia jerárquica de la defensadeaquella, se ha considerado conveniente crear un órgano desconcentrado y de carácter eminentemente técnico(Tribunal de Defensa de la Competencia), igualmente situado en el ámbito de ese Ministerio, con unacomposición plural y mayoritariamente profesional, conforme a criterios que se observan en otras experienciaslegislativas de derecho comparado.

Las soluciones que se proyectan tienen por objeto apoyar la concepción técnica expresada, la que se manifiesta,entre otros elementos, en la profesionalidad de la mayoría de sus integrantes, en su dedicación prácticamenteexclusiva en el desempeño de sus cargos, en la duración de sus respectivos mandatos, en la renovación parcial ybienal de sus integrantes, en la definición de ciertas calificadas incompatibilidades temporales, etc.

No obstante esa atribución de competencia se ha entendido también, con fundamento en la comprobadaexistencia de órganos reguladores especializados en sectores concretos de la actividad económica, que esconveniente atribuir asimismo a dichos órganos los mismos cometidos y facultades del órgano de aplicación dela defensa de la competencia, en el ámbito de sus respectivas áreas orgánicas y funcionales de especialización(art. 29); ello, sin perjuicio de la preceptiva intervención consultiva, aunque no vinculante, del Tribunal deDefensa de la Competencia, para situaciones determinadas que, como una resolución administrativa final o unaaceptación de compromiso de cese, implican etapas terminales de los procedimientos del caso.

4.5. Capítulo V � Disposiciones finales

Dicho capítulo incluye las normas relativas a la prescripción de las acciones por realización de prácticasprohibitivas, estableciendo un término comparable con el propio de las acciones por responsabilidad civilextracontractual (art. 30); a las disposiciones subsidiarias a aplicarse en la materia (art. 31); a derogaciones dedisposiciones legales vigentes en la actualidad (art. 32); y a la reglamentación de la ley (art.33).



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5. Fuentes consultadas

Uruguay � Ley 17.243 (Arts. 13,14,15), Ley 17.296 (Arts. 158 y 159), Decreto 86/001Argentina � Ley 25.156Brasil � Ley 8.884/94 y modificativasParaguay � Proyecto de LeyCosta Rica � Ley 7.472España � Ley 16/1989 y modificativasMercosur � Protocolo de Fortaleza de 1997Unión Europea - Tratado de Roma de 1957, Arts. 85 y 86 (actualmente Arts. 81 y 82)

TEXTO LEGALCapitulo I � Disposiciones Generales-Art. 1º- Principio GeneralTodos los sectores de mercado estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto laslimitaciones establecidas por ley, por razones de interés general

Se prohiben en general todas las prácticas, individuales o concertadas, que tengan por efecto, produzcan, oamenacen producir el efecto de restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia, actual ofutura, en una parte sustancial de cualquier sector del mercado.

La conquista del mercado resultante de la mayor eficiencia en relación a los competidores, no constituyerestricción de la competencia.

Art. 2º- Ambito subjetivoEstán obligadas a regirse por los principios y reglas de la libre competencia todas las personas, físicas yjurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin finesde lucro, en el territorio uruguayo.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero,en tanto las mismas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

Art. 3º- Prácticas prohibidasEntre otras prácticas, se declaran expresamente prohibidas las que se indican a continuación. La enumeraciónque se realizará es a título meramente enunciativo.

1) Los acuerdos entre competidores; los acuerdos entre agentes económicos que operan en distintas etapas delproceso de producción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios; y losacuerdos entre agentes económicos que operan en la misma o en distintas etapas del proceso de producción,distribución o comercialización de bienes o servicios complementarios o sustitutos; que tengan como propósito oefecto:

a- fijar precios y/o condiciones de compra de bienes, servicios o factores productivos, a proveedores;b- fijar precios y/o condiciones de venta de bienes, servicios o factores productivos;c- limitar la producción de bienes, servicios o factores productivos;d- limitar la investigación y el desarrollo tecnológico;e- establecer zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma

exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en las mismas;f- coordinar su presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados;g- intercambiar información con los mismos propósitos o efectos expresados en las prácticas

anteriormente descriptas.

2) El ejercicio abusivo del poder de mercado, individual o colectivo, consistente en:a- imponer precios y/o condiciones de compra a proveedores;

b- imponer precios y/o condiciones de venta; c- fijar precios predatorios para bienes o servicios;

d- acaparar insumos;



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e- establecer precios y/o condiciones de venta discriminatorios respecto de quienes adquierencantidades similares de bienes, servicios o factores productivos;

f- impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, y/odistribución, y/o comercialización de bienes, servicios o factores productivos;

g- limitar injustificadamente la producción de bienes o servicios, o la investigación y el desarrollotecnológico;

h- subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro, o a la utilización de un servicio;i- subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro, o a la adquisición de un bien;j- subordinar la venta o adquisición de bienes o servicios, a la condición de no usar, adquirir, vender o

abastecer bienes o servicios producidos o comercializados por terceros.

3) Las mismas prácticas ya enunciadas, cuando sean resueltas a través de Asociaciones o Gremiales de AgentesEconómicos, salvo el ejercicio del derecho de huelga consagrado por el Art. 57 de la Constitución.

Art. 4º- Mercado relevanteA efectos de evaluar si una práctica afecta una parte sustancial de uno o más sectores de mercado, deberádeterminarse cuál es el mercado relevante al que corresponde la misma, analizando la existencia de productos oservicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mismo. La reglamentación establecerálos criterios generales para la determinación del mercado relevante y la competencia del Organo de Aplicaciónen esta materia.

Art. 5º- Poder de mercadoSe considerará que existe poder de mercado, cuando un agente económico actuando en forma individual, ovarios agentes económicos actuando en forma coordinada, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

a- pueden decidir las estrategias de mercado, sin tomar en cuenta las posibles conductas de suscompetidores;

b- pueden imponer unilateralmente a alguno de los agentes económicos que forman parte de la cadenade distribución de un determinado producto o servicio, las condiciones de la oferta o de la demanda del mismo.

Art. 6º- Ganancias de eficienciaA efectos de valorar la legitimidad o ilegitimidad de los acuerdos entre competidores y de las decisiones deAsociaciones o Gremiales de Agentes Económicos, que importen una reducción de la competencia, el Órgano deAplicación tomará en cuenta si esas prácticas generan ganancias de eficiencia en el desempeño económico delos sujetos, unidades económicas y empresas involucrados, y el beneficio que los mismos trasladan a losconsumidores.

Capitulo II � Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas

Art. 7º- CompetenciaEl Órgano de Aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar y sancionarlas prácticas prohibidas por la presente Ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

Art. 8º- Medidas preparatoriasAntes de iniciar formalmente una investigación, el Órgano de Aplicación podrá requerir información decualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechosrelativos a la conformación de los distintos sectores de mercado y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, y sin necesidad de justificar la necesidad o conveniencia de recurrir a la víajudicial, el Órgano de Aplicación podrá requerir ante la Justicia Ordinaria la realización de medidas probatoriascon carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición yobtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganossociales, bases de datos contables, y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo, y losJueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.



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Art. 9º- Actuación de oficioCuando el Órgano de Aplicación considere que en algún sector de mercado se pudieran estar desarrollando, ollegarse a desarrollar, prácticas anticompetitivas prohibidas por la presente ley, iniciará de oficio unainvestigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Conferirá vista de la resolución adoptada a los presuntos infractores, poniendo en conocimiento de los mismoslos hechos y fundamentos que motivan el acto.

Art. 10- Presentación de la denunciaCualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia depracticas prohibidas, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el Órgano de Aplicación, conteniendo la identificación deldenunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrolladao se planea desarrollar, acompañando en la misma oportunidad los medios probatorios que dan mérito a lamisma.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar al Órgano deAplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su persona.

El Órgano de Aplicación deberá expedirse sobre la pertinencia de la denuncia en el plazo de diez días corridoscontados desde el siguiente a la presentación de la misma. En caso afirmativo, conferirá vista a los presuntosinfractores.

Si el Órgano de Aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente por el denunciante,pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley,también conferirá vista a las mismas, con idénticos propósitos y consecuencias que si hubieren sido denunciados.

Art. 11- Evacuación de vistaTanto en los procedimientos iniciados de oficio, como en los iniciados por denuncia, el presunto infractor de larealización de prácticas anticompetitivas dispondrá, para evacuar la vista que se le confiera, de un plazo de diezdías corridos contados desde el siguiente a la notificación, debiendo ofrecer en esa misma oportunidad, latotalidad de la prueba de que disponga para acreditar los hechos que invoque.

El presunto infractor podrá examinar el expediente, y tendrá acceso a todos los elementos de prueba agregadosal mismo, salvo los que revistan a criterio del Organo de Aplicación la calidad de confidenciales.

Art. 12- Prosecución o clausura de las actuacionesDentro del plazo de diez días corridos contados desde la evacuación de la vista por parte del presunto infractor,o de vencido el plazo de que disponía para hacerlo, el Órgano de Aplicación dictará resolución disponiendo laprosecución de los procedimientos o su clausura, según exista o no mérito suficiente para ello.

Tanto en los procedimientos iniciados de oficio como por denuncia, para el caso de resolver la prosecución delprocedimiento, el Órgano de Aplicación deberá expedirse simultáneamente sobre la prueba ofrecida, pudiendorechazar los medios manifiestamente inconducentes, y requerir de oficio nuevos medios probatorios.

Asimismo, el Órgano de Aplicación también deberá expedirse en la misma oportunidad, acerca de las posiblesconsecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos. En caso de que la misma fuera capaz deproducir daños graves, o ya los estuviere produciendo, dispondrá el cese preventivo de esa conducta.

Art. 13- PruebaToda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboracióncon el Órgano de Aplicación, y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en plazo de diez díascorridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y tododocumento que tuviere en su poder.



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Sin perjuicio de lo que se establece en el Artículo siguiente, quedan también comprendidos por esta norma, losBancos, Instituciones Financieras, Administradoras de Fondos de Previsión Social, Administradoras de Fondosde Inversión, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, Personas de Derecho PúblicoEstatales y No Estatales, y todas las entidades, instituciones, y personas físicas o jurídicas sujetas a cualquierclase de secreto o confidencialidad legal, contractual o profesional, actualmente en vigor o que se cree en elfuturo.

Art. 14- Carácter público de las actuaciones y confidencialidad de la pruebaLas actuaciones tienen carácter público, pudiendo acceder a las mismas cualquier persona, física o jurídica, sinnecesidad de justificar interés especial al respecto.

Sin perjuicio de ello, el denunciante al formular la denuncia, el presunto denunciado al evacuar la vista de ladenuncia o de la actuación de oficio, o los terceros a quienes se requiera información, podrán solicitar quealgunos datos concretos que formen parte de la prueba que aportan, tengan carácter confidencial porconsiderarse secretos comerciales.

Quien solicita la confidencialidad deberá acompañar, además del documento original donde constan los datosque no desea que se divulguen, una copia adicional del mismo, en el cual serán testados esos elementos, deforma que resulten ininteligibles.

La solicitud de confidencialidad deberá ser fundada. El Órgano de Aplicación podrá acogerla, total oparcialmente, o rechazarla. En caso de aceptación, en el expediente se agregará la copia con los datos testados,y el documento original será conservado con carácter confidencial por el Órgano de Aplicación.

En todos los casos en que la información que se incorpora al expediente, esté comprendida en algunas de lasnormas que regulan la existencia de secreto bancario, tributario, profesional, o cualquier solución legal similar,la confidencialidad será preceptiva.

Art. 15- Diligenciamiento de la pruebaLa prueba pendiente ofrecida por el denunciante o el presunto infractor, y los nuevos elementos de pruebarequeridos por el Órgano de Aplicación al resolver la continuación del procedimiento, será diligenciada dentrodel plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de dicha resolución.

Art. 16- Vista a denunciante y presunto infractorConcluido el período de prueba, se conferirá vista al denunciante, si lo hubiera, y al presunto infractor en unplazo común de quince días hábiles.

Art. 17- Resolución finalEvacuadas las vistas a que se refiere el Artículo anterior, o vencido el plazo para hacerlo, el Órgano deAplicación dictará la resolución final de las actuaciones, dentro del plazo máximo de noventa días corridos.

Art. 18- Medidas cautelaresSin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas, a que se refiere elArt. 12 de la presente ley, el Órgano de Aplicación está facultado para requerir a la Justicia Ordinaria larealización de todas las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antesde iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos, serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo, y losJueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente,las soluciones del Art. 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a laprestación de contracautela, de la cual queda exonerado el Órgano de Aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del Art. 311.2 del Código General del Proceso, se interpretará lamisma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el Órgano de Aplicación no iniciara lasactuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivasaquéllas.



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Art. 19- Compromisos de cese y conciliacionesEl Órgano de Aplicación podrá suspender las actuaciones, en cualquier estado en que se hallaren, por espaciono mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese omodificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizófueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante ydenunciado, y a efectos de considerar posibles conciliaciones, siempre que la conducta investigada consista enabuso de posición dominante y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

Art. 20- SancionesCuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticasanticompetitivas el Órgano de Aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas queaún subsistieren , así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán, en:a- apercibimiento;b- apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos Diarios de circulación

nacional;c- multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100 (cien) salarios mínimos nacionales, y una

cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:i- 20.000 (veinte mil) salarios mínimos;ii- el equivalente al 10 % (diez por ciento) de la facturación anual del infractor;iii- el equivalente a 3 (tres) veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera

determinable.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado departicipación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante eldesarrollo de las actuaciones administrativas. En el caso de acuerdos colusorios, se considerará como especialatenuante, la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo.

Además de la aplicación de las sanciones administrativas ya enumeradas, el Órgano de Aplicación dará noticia ala Justicia Penal, a efectos de que sea determinado si las prácticas realizadas configuran delito.

Art. 21- Sanciones a administradores, directores y representantes de personas jurídicas, y a sociedadescontrolantesAdemás de las sanciones que corresponda imponer a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidaspor esta Ley, también impondrán multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación quehayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a lacontrolante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de losórganos de administración y representación de la sociedad controlada, también se aplicarán a quienes cumplenlas mismas funciones en la sociedad controlante.

Capítulo III - Control de Concentraciones

Art. 22- Principio GeneralSe consideran concentraciones económicas, las fusiones de sociedades; adquisiciones de acciones, de cuotas ode participaciones sociales; adquisiciones de establecimientos comerciales, industriales o civiles; adquisicionestotales o parciales de activos empresariales; y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferenciadel control de unidades económicas o empresas.

Las concentraciones económicas pueden ser de naturaleza horizontal, vertical, o conglomerados. En lasconcentraciones horizontales, las unidades económicas o empresas afectadas operan en el mismo del proceso deproducción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios. En las concentracionesverticales, operan en niveles diferentes. Y en los conglomerados, operan en distintos sectores de mercado.



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Las concentraciones económicas, cualquiera sea su naturaleza, deberán someterse a la autorización previa delÓrgano de Aplicación, en cualquiera de los siguientes casos:

a- cuando como consecuencia de la operación, se adquiera o incremente una participación igual osuperior al treinta por ciento de cualquier sector de mercado;

b- cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de unidades económicas oempresas involucradas en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual osuperior a dos millones de salarios mínimos nacionales.

Art. 23- Autorización de la concentraciónA los efectos de decidir si las concentraciones son autorizadas o denegadas, el Órgano de Aplicación tomará encuenta la necesidad de preservar y fomentar la competencia efectiva en el mercado interno, así como lanecesidad de inserción de los agentes económicos en el comercio internacional.

Art. 24- Solicitud de autorizaciónQuienes pretendan desarrollar una operación de concentración económica sometida a autorización previa delÓrgano de Aplicación, deberán presentarse ante el mismo, proporcionando la información que se determinaráen la reglamentación de la presente Ley.

La operación no podrá realizarse hasta tanto se haya concedido la autorización. Quienes verificaran unaconcentración económica en violación de las disposiciones de la presente ley, serán sancionados de conformidadcon lo establecido en los Artículos 20 y 21, sin perjuicio de que el Órgano de Aplicación podrá ordenar ladesconcentración de las unidades económicas o empresas afectadas por la misma.

Art. 25- Plazo para dictar resoluciónEl Órgano de Aplicación deberá dictar resolución expresa y fundada, autorizando o denegando la autorización,dentro del plazo de ciento veinte días corridos contados desde el siguiente a la presentación de la solicitudcorrespondiente..

El silencio del Órgano de Aplicación se interpretará en forma positiva, considerándose que la autorizaciónsolicitada fue conferida.

Art. 26- Autorizaciones sujetas al cumplimiento de condicionesEl Órgano de Aplicación podrá imponer condiciones para autorizar la concentración, tales como: ventasparciales de activos; obligación de autorizar a competidores el acceso a infraestructuras esenciales; obligación deofrecer a competidores determinados insumos en las mismas condiciones que los adquieran las entidadesintegrantes del grupo; etc.

La enumeración realizada es a título enunciativo.

En oportunidad de establecerse las condiciones bajo las cuales se autoriza la concentración económica, elÓrgano de Aplicación determinará los plazos u oportunidades en que las mismas deberán ser cumplidas.

Capítulo IV - Órgano de Aplicación

Art. 27- Tribunal de Defensa de la CompetenciaEl Órgano de Aplicación de las disposiciones de la presente Ley, será el Tribunal de Defensa de la Competencia,que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Tribunal estará integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por susantecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio,eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Al menos uno de los integrantes deberá ser abogado, yotro contador o economista, con más de cinco años en el ejercicio de la profesión.

Los miembros del Tribunal tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente. Si al momentode la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptacióny por todo el tiempo que actúen como integrantes del Tribunal, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1º del



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Decreto Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, con las modificaciones introducidas por el Artículo 43 dela Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema derenovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro yseis años de duración.

El Presidente del Tribunal tendrá a su cargo la representación del órgano.

La Presidencia del Tribunal será ejercida por espacio de dos años, en forma rotativa, de manera que todos susintegrantes tengan la oportunidad de ocupar dicho cargo. En el caso de la primera integración del Tribunal, lapresidencia será ejercida en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundotérmino, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

Los integrantes del Tribunal podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo deMinistros, en cualquiera de los siguientes casos:

a- negligencia o mal desempeño en sus funciones;b- incapacidad sobreviniente;c- condena por delito doloso.d- comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros del Tribunal serán suspendidos preventivamente, en caso de ser procesados por delito doloso oimpedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, porel dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

En caso de destitución, la duración del mandato de quien sea designado para ocupar el lugar del miembroremovido, será igual al tiempo que restare a este último para terminar el suyo.

Los integrantes del Tribunal no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período degobierno desde su cese.

El funcionamiento del Tribunal se ajustará a lo que disponga el reglamento que el mismo habrá de dictar, quecontendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

Art. 28- Funciones y facultadesCompete al Tribunal de Defensa de la Competencia:

a- dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley;b- emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el cumplimiento de la presente ley;c- realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar el grado de

concentración de los distintos sectores del mercado;d- requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que

considere necesaria;e- realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas

de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia;f- emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder

Judicial, Gobiernos Departamentales, y Entidades y Organismos Públicos, relativos al tratamiento, protección ypromoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general;

g- emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidadesde la competencia en el mercado;

h- emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública oprivada, acerca de la legitimidad o ilegitimidad de prácticas concretas que pretende realizar, o que realizan otrossujetos;

i- mantener relaciones con otros Órganos de Defensa de la Competencia, nacionales o internacionales,y participar en todos los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la Competencia..



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Art. 29- Sectores de mercado reguladosEn los sectores de mercado que están sometidos al control o superintendencia de Órganos reguladoresespecializados, tales como el Banco Central del Uruguay respecto del sector bancario, financiero y seguros, laUnidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE), y la Unidad Reguladora del Sector Comunicaciones(URSEC), la protección y fomento de la competencia estarán a cargo exclusivo de los Órganos reguladoresespecializados.

En el desarrollo de este cometido, los Órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de lasdisposiciones de la presente ley, con la única excepción de que, previo al dictado de la resolución final a que serefiere el Artículo 17, o de la aceptación de un compromiso de cese conforme al Artículo 19 inciso 1º, deberánconsultar la opinión no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia.

En el caso del Artículo 17, el Órgano regulador remitirá copia del expediente administrativo al Tribunal deDefensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir del momento en que fueran evacuadaslas vistas a que se refiere el Artículo 16, o de vencido el plazo para hacerlo. El Tribunal de Defensa de laCompetencia deberá emitir su opinión no vinculante dentro de los treinta días corridos contados desde larecepción de la copia del expediente administrativo.

En el caso de ofrecimiento de un compromiso de cese, el Órgano regulador remitirá copia del expedienteadministrativo al Tribunal de Defensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir delmomento en que se verifique dicho ofrecimiento, y el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir suopinión no vinculante en plazo de diez días corridos contados desde la recepción de la copia del expedienteadministrativo.

Capítulo V- Disposiciones finales

Art. 30- PrescripciónLas acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente Ley, prescribirán a loscuatro años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar alos responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento delos daños padecidos

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o con el actoque ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable, o por la comisión de nuevas conductas prohibidas.

Art. 31- RemisiónEn todo lo no previsto en esta Ley o en su Decreto Reglamentario, relativo al procedimiento para lainvestigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto 500/91 de 27 desetiembre de 1991.

Art. 32- DerogacionesSe derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 17.243, y los Artículos 157 y 158 de la Ley 17.296.

Art. 33- ReglamentaciónLa presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa días contados apartir de su publicación.


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BOLETIM LATINO-AMERICANO DECONCORRÊNCIA

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VERS UNE POLITIQUE ARABE COMMUNE DE CONCURRENCE

Par: Mohamed Ben Fraj1


Consciente de l�importance du rôle de la politique de concurrence dans les efforts de développementéconomique et dans la concrétisation des efforts d�instauration d�un grand marché arabe commun, la ligue desEtats arabes (LEA) a initié ces dernières années plusieurs travaux relatifs à la politique de concurrence. Cesefforts, qui s�inscrivent dans le cadre de l�établissement de la grande zone arabe de libre échange à l�horizon2005 (au lieu de 2008 initialement prévu), visent notamment le développement d�un courant favorable àl�adoption des regles de la concurrence par les pays de la région tant au niveau national qu�au niveau régional.Le présent article se propose de faire le point sur les principales actions entreprises (1) et de donner un brefaperçu sur le contenu et la nature des règles arabes communes de la concurrence dont l�adoption est venuecouronner la réflexion et les travaux engagés ces dernières années (2).

1- principales actions entreprises dans le cadre de l�élaboration d�une politique arabe commune deconcurrence:

Les efforts entrepris par la Ligue ont porté notamment sur :- la vulgarisation des bienfaits de la politique de concurrence et son interaction avec le développement

économique et les politiques de libéralisation et d�ouverture,- la dessimination des expériences nationales et régionales en la matière ainsi que les travaux des groupes

de réflexion à l�échelle mondiale- l�assistance aux pays membres voulant se doter d�une législation nationale de concurrence,- L�engagement de la réflexion sur l�adoption des règles communautaires de concurrence en tant

qu�instrument de mise en �uvre de la zone arabe de libre échange.- La formation des compétences nationales et régionales en la matière.

Dans le cadre de cette orientation, la Direction Générale des Affaires Economiques du Secrétariat de la Ligue aentrepris plusieurs efforts de dissémination des recherches et travaux afférents à la politique et au droit de laconcurrence au profit des autorités des pays membres. Elle a également procédé à la compilation des législationsnationales existantes et leur diffusion auprès de tous les états membres.Enfin un projet de règles communes de concurrence à été élaboré en août 2001 par le Secrétariat et a été soumisaux Etats membres pour commentaires. Ce projet a par la suite évolué en passant par les principales étapessuivantes :

- Août 2001 : soumission du projet pour commentaires techniques à cinq experts de la région- Septembre 2001 :

o révision du projet initial à la lumière des observations des expertso Examen du projet révisé par le Conseil Economique et Social de la ligue qui a décidé de

poursuivre la discussion du projet par un groupe d�experts.- Novembre 2001 : tenue de la première réunion du groupe intergouvernemental d�experts qui a apporté

certains amendements au projet initial et a recommandé au conseil économique et social son adoption.- Décembre 2001 : soumission du projet amendé aux Etats membres pour observations et commentaires- Juillet 2002 :

o Organisation (les 28, 29 et 30 juillet 2002) d�un séminaire régional sur les politiquesconcurrence en vue d�accroître les capacités locales et régionales en la matière

o Tenue de la 2ème réunion du groupe d�experts (le 31/7 et 1er/08/2002) pour la finalisation duprojet à la lumière du progrès et travaux déjà faits.

- Septembre 2002 : Examen et adoption par le Conseil Economique et Social de la Ligue de la dernièreversion du projet des règles arabes communes de concurrence.

2- nature et contenu des règles arabes communes de la concurrence2-1 nature des règles adoptées

Sur consensus des experts, la deuxième réunion du groupe des experts a recommandé une approche progressivequi consiste à :

1 Cet article ne représente que le point de vue de son auteur et n�exprime en aucun cas une position officielle


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- adopter, dans une étape transitoire, les règles communes en tant que loi modèle qui devrait guider lespays arabes voulant se doter d�une législation nationale de concurrence

- évoluer à l�issue de cette période transitoire vers des règles communautaires d�application obligatoire,D�ores et déjà, les recommandations du séminaire régional ainsi que celles de la deuxième réunion du grouped�experts ont lancé les bases d�acheminement vers une politique régionale de concurrence et notamment via :

- l�institution au niveau du secrétariat d�une unité administrative chargée des questions de la concurrence.Cette unité devrait assurer la facilitation des travaux en la matière, suivre les négociations et discussionssur le sujet au niveau des instances internationales spécialisées et développer la formation des capacitésnationales et régionales en la matière. A terme, cette unité évoluerait vers un organe de mise en �uvrede la politique communautaire de concurrence.

- l�institutionnalisation des travaux du groupe des experts qui deviennent désormais permanents etréguliers (au moins une réunion annuelle)

- la création des points nationaux d�information et de liaison sur les questions de la concurrence- la création d�un site WEB arabe sur les questions de la concurrence et l�élaboration d�un répertoire des

législations nationales de concurrence et des autorités de leur mise en �uvre.

2-2 contenu des règles arabes communes de concurrence.

La dernière version du projet des règles arabes communes de concurrence telle qu�amendée par le groupe desexperts dans sa deuxième réunion (31/7 au 1er/08/2002) comportent des dispositions inspirées des standardsinternationaux généralement admis en la matière. Ces dispositions concernent :

- le contrôle des comportements- le contrôle des structures- les autorités de mise en �uvre- et le régime des sanctions.

L�encadré ci-joint donne la structure détaillée du projet des Règles Communes. Il importe toutefois de signalerce qui suit :En matière de contrôle des comportements, le projet des Règles prévoit :

- l�interdiction des ententes et pratiques collusoires- l�interdiction de l�abus de position dominante- l�interdiction des reventes à perte affectant l�équilibre du marché- l�institution d�un système d�exceptions légales ainsi qu�un système d�exemption de certaines pratiques

justifiées par un progrès économique ou par un intérêt publicEn matière de contrôle de structures, le projet prévoit un système de notification préalable et obligatoire descas significatifs de concentration tout en laissant aux Etats membres la liberté de fixer les critères et seuils denotification.Pour ce qui est des autorités de mise en �uvre, le projet comporte plusieurs dispositions relatives notammentà :

- la nécessité de mise en place d�une autorité nationale spécialisée- la définition des principales missions de cette autorité- la définition des préalables de réussite des autorités de mise en �uvre (choix des compétences�) et de

ses pouvoirs d�enquête et de sanctions- la préservation des droits de la défense- la confidentialité des informations et le secret professionnel�

Toutefois le projet laisse aux Etats membres la latitude de déterminer la nature juridique des autorités deconcurrence ainsi que le mode de leur organisation et leur rattachement administratifs.Le projet laisse également la latitude aux Etats membres de déterminer, en fonction de leurs conditions interneset leur niveau de développement, la nature et le niveau des sanctions à infliger aux contrevenants.


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Structure du projet des Règles Arabes Communes de concurrence

Le projet comporte 26 articles groupés en 6 sections ainsi répartis :Section I : Dispositions générales

Article 1 : ObjectifsArticle 2 : définition des principaux conceptsArticle 3 : Champ d�application

Section II : Pratiques Anti concurrentiellesArticle 4 : interdiction des ententesArticle 5 : interdiction de l�abus de position dominanteArticle 6 : exceptions et exemptionsArticle 7 : Interdiction de la revente à perte

Section III : Concentration EconomiqueArticle 8 : obligation de notification préalable des cas significatifs de concentrationArticle 9 : retrait des autorisations basées sur des fausses informationsArticle 10 : Bilan économique

Section IV : des Autorités de la ConcurrenceArticle 12 : des autorités de mise en �uvre et de leurs missionsArticle 13 et 14 : de la composition des autorités de concurrenceArticle 15 : droit de saisine des autorités de concurrenceArticle 16 :des organes d�enquêtes des pratiques anti concurrentielles

Article 17 : des pouvoirs d�enquêteArticle 18 : des rapports d�enquêtesArticle 19 : qualité des enquêteursArticle 20 : notification et recours contre les décisions de l�autoritéArticle 21 : règles d�incompatibilitéArticle 22 : confidentialité des informations et secret professionnelArticle 23 : droit des Etats membres quant à la liberté du choix de la nature juridique de l�autorité de

concurrence et de son mode d�organisationSection V : les Sanctions

Article 24 : les sanctionsSection VI : mesures transitoires

Article 25 : entrée en vigueurArticle 26 : mesures transitoires


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ANNEXREPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE ARAB REGIONAL SEMINAR

FOR CAPACITY BUILDING COMPETITION AND ANTITRUST

"The Arab Regional Seminar for Capacity Building on Competition and Antitrust" was held at the headquartersof the General Secretariat of the League of Arab States in Cairo during 28-30/7/2002 in accordance with theresolutions of the Economic and Social Council hi its 68th and 69th sessions. The Seminar was held in co-operation with UNCTAD and some Arab Joint Chambers of Commerce and Friedrich Ebert Stiftung

Main Points of Discussions

*Trade liberalisation allows developing countries to buy cheaper goods on the international markets.

*Developing countries need sufficient degree of competition in order to ensure that the negative practicesdisappear. Also, government intervention is required especially in countries that have small markets.

*Objectives of competition law differ from one country to another but the general goal is to promote efficiencies.

*Countries enforcing competition laws may have some flexibility in the enforcement process and allow forexemptions and exceptions according to its legal environment and economic circumstances and the extent towhich competition laws are applied.

*The presence of one common law of competition dealing with all parties is a good thing but rather difficult toobtain due to the differences arising between developing and developed countries. Accordingly, It may beinimical to the rights of the developing countries.

*The continuous presence of monopolistic cases in developing countries emphasises the importance of havingcompetition laws in such countries.

*Enforcing competition laws have positive effects on economies (better quality, controlling inflation, increasingrole of the private sector in the economic activity).

*The importance of enhancing co-operation between competition authorities in developing and developedcountries to face the negative impacts of anticompetitive practices. Co-operation modalities can be based onbilateral, regional and multilateral levels. A possible multilateral agreement on competition may seek to integrateacross the board, despite the wide difference, between countries in phases of economic development. It istherefore important to benefit from the UNCTAD mechanism III assisting developing countries through specialand differential treatment principle as well as providing technical assistance to such countries.

*The recent experiencing of competition law generally requires raising awareness of such important issue, withthe purpose of sound application.

*National and international environment emphasises the enforcement of competition law. The role of the privatesector has been intensively activated on the national level. Accordingly more anticompetitive practices andincreasing cases of mergers and acquisitions are -in turn- taking place in the market. There are four factors thatrequire enforcement of the national competition policy on the international level, namely: a) Proposals presentedby developed countries. b) Prerequisites required for successful dealings with multinationals. c) Challengesrelated to international cartels breaching competition rubs. d) The relation between national competition law andbilateral and multilateral free trade agreements.*On the regional and international levels, it is important to conclude a general accord on competition policybetween member states in the WTO. The targeted items of such a possible accord are as follows:I. Existence of national competition authority endowed with sufficient enforcement powers.II. In general, competition laws should be based on transparency and non-discrimination principles.III. Guarantees of Due Process.IV. Combating abuse of dominant position.V. The importance of the availability of multilateral technical assistance that would assist countries to lay downcompetition laws not only through the WTO but also in co-operation with other international organisations.


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*On the Arab regional level, the most important rules governing, competition within the framework of PAFTAare:1. National treatment.2. Transparency.3. Differential treatment for least developing countries.4. Reciprocity.5. Exemptions of exchanged Arab commodities within PAFTA from non-tariff barriers.6. Setting Rules of origin to protect Arab commodities from unfair competition.

Recommendations

In the light of the ideas proposed by speakers and participants with the purposes of: a) activating competitionrules within the framework of PAFTA, b) raising awareness of competition issues, c) and enhancing co-operation among related authorities in the Arab region, the following is recommended:

1. Enhancing co-operation between competition authorities in the Arab region by setting up a special web site forcompetition issues and consumer protection. The web site will include data on national related legislation and adirectory for relevant authorities responsible for the enforcement of competition laws in each state.

2. Establishing a unit for competition at the General secretariat of the League of Arab States concerned withcompetition policies and consumer protection and co-ordination with similar units in the Arab region andinternational organisations.The unit will carry out the following:a) Publishing a periodical about LAS activity with regard to competition policies and consumer protection,b) Developing relations and links with similar units in international organisations,c) Participating in the international meetings to follow up the discussions and on going negotiations in the fieldof competition,d) Laying down training programs for national capacity building, e) Exchanging experience within the Arabregion, andf) Conducting studies on competition policies in Arab states and their relation with other economic policies.

3. Continuing the work of the Committee of Experts for Drafting Common Arab Rules on Competition aridAntitrust as a mechanism for exchanging experience and raising awareness on related matters. The Committee ofExperts should meet at least once per year.

4. Due to the: economic and international changes, it is necessary to agree on Common Arab Rules forCompetition and Antitrust, taking into consideration economic policies in the Arab States. Such Rules will heused as guidelines for Arab states to lay down their national competition laws.

5. Emphasising the importance of enhancing co-ordination and co-operation with regional and internationalorganisations and exchanging experiences to benefit from their successful experiences in the Field ofcompetition. .

6. Involving the private sector, Arab Chambers and their General Union, in all related issues that are of concernto its economic activities.

7. The Fifth Ministerial Conference of the WTO is due to be held in Mexico in 2003. Competition is included onits agenda and will be subject for discussion within the framework of the WTO afterwards. In this regard, it isrecommended that Arab Member States in the WTO co-ordinate their efforts for effective participation in thediscussions of such rules and to ensure harmony with Common Arab Rules for Competition and Antitrust whichare expected to be approved by the Committee of Experts for Drafting Common Arab Rules on Competition andAntitrust.


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LES ENTENTES INJUSTIFIABLES

Par: Pierre Arhel1,e-mail: [email protected]

Nous publions ci-après une version actualisée d�un article publié dans le n° 454 de janvier 2002 de la Revuedu Marché Commun et de l�Union Européenne

Les « ententes injustifiables » (ententes en matière de prix, réponses concertées aux appels d�offres,établissement en commun de restrictions ou de quotas de production, partages de marché, boycotts collectifs,etc.) figurent parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives pour l�économie. Les autorités de laconcurrence, tant communautaires que nationales, ont adopté ou envisagent d�adopter des mesures visant àrenforcer leur efficacité dans la lutte contre ces pratiques, mesures qui s�articulent pour l�essentiel autour detrois thèmes : la détection des ententes injustifiables, leur sanction et la coopération entre autorités deconcurrence.

Les «ententes injustifiables» figurent parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives pour l�économie.Ces deux mots sont la traduction, par l�OCDE, des termes «hard core cartels» utilisés par les américains et dansdiverses enceintes internationales pour désigner certaines ententes horizontales, c�est-à-dire intervenant entre desacteurs économiques opérant au même stade de la production ou de la distribution. La liste dressée par l�OCDEcomprend les ententes en matière de prix, les réponses concertées aux appels d�offres, l�établissement encommun de restrictions ou de quotas de production et les partages de marché. Il faut sans doute ajouter lesboycotts collectifs, que l�OCDE n�a pas repris dans sa liste, sans doute parce que ce concept n�a pas le mêmesens dans les différents pays membres (ainsi, il n�a pas, en Suède une connotation aussi négative que dans lamajorité des autres membres). La plupart des autorités de la concurrence s�accordent pour consacrer à cespratiques des efforts accrus. Ainsi, la réforme communautaire des restrictions verticales de 1999 (V. P. ARHEL,La pratique des accords de distribution, préf. L. VOGEL, 2e éd., 2000, EFE-LGDJ, à jour de la réforme) et laréforme en cours des règles d�application des articles 81 et 82 du Traité de Rome visent à alléger la charge detravail des services de la Commission afin de leur permettre de concentrer leurs moyens sur les comportementsles plus graves, et notamment les ententes injustifiables.

L�OCDE a également adopté, le 25 mars 1998, une communication consacrée à ces pratiques. L�influence decette communication se fait déjà sentir dans la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence. Il suffit icide noter que les termes « ententes injustifiables » sont, depuis quelques mois, souvent utilisés dans les décisionsdu Conseil, comme en temoignent les affaires dites du crédit immobilier (Cons. conc. déc. n° 00-D-28, 19 sept.2000) et des titres restaurants (Cons. conc. déc. n° 01-D-41, 11 juill. 2001). Plusieurs capitales européennes ontégalement organisé des conférences consacrées essenteillement à la lutte contre les ententes injustifiables (ex. :Troisième Conférence sur la Politique Nordique de la concurrence, 11 et 12 septembre 2000, Stockholm).

La présente étude concerne les mesures adoptées ou envisagées par les autorités de concurrence, plusparticulièrement les autorités communautaires et françaises, pour renforcer leur efficacité dans la lutte contre lesententes injustifiables. Elles s�articulent pour l�essentiel autour de trois thèmes : la détection des ententesinjustifiables, leur sanction et la coopération entre autorités de concurrence.

I. - Détection des ententes injustifiables

A. - Pouvoirs d�investigation

1) Droit communautaire

La proposition de règlement du Conseil devant remplacer le fameux règlement n° 1762 (disponible à l�adressesuivante : http ://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/ - voir aussi communiqué de presse du 27sept. 2000, n° IP/00/1064 ; P. Arhel, Modernisation des règles relatives aux ententes et abus de positiondominante, Petites affiches 4 déc. 2000, no 241) comprend plusieurs dispositions visant à renforcer les moyensde lutte contre les ententes injustifiables. Elles permettent en effet aux enquêteurs 1) de procéder à des

1 Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne


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investigations au domicile du personnel des entreprises ; l�expérience montre que les documents à charge sontsouvent dissimulés au domicile des dirigeants des entreprises ayant participé à des ententes injustifiables ; 2)d�apposer des scellés sur les armoires ou les bureaux afin de s�assurer que des documents n�en sont pas retiréspendant l�absence des enquêteurs, notamment lorsque les investigations durent plus d�un jour ; 3) de poser desquestions orales en rapport avec l�objet et le but de l�inspection (actuellement les enquêteurs doivent limiterleurs questions aux informations recueillies).

2) Droit français

La réforme introduite par la loi du 15 mai 2001 relative aux NRE (JORF 16 mai ; comm. J.-P. de la Laurencie etL. Givry, Régulation de la concurrence dans la loi NRE : Lamy dr. économique, n° 140, juin 2001, p. 1 et n°141, juill. 2001, p. 1 ; ; V. Sélinsky, Les pratiques anticoncurrentielles dans la loi du 15 mai 2001, JCP, éd. E.,2001, n° 4 (suppl.), p. 9 ; M. Béhar-Touchais et D. Ferrier, Les pratiques restrictives de concurrence, JCP, éd.E., 2001, n° 4 (suppl.), p. 19 ; E. Claudel, Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques,RTD com. 54 (3), juill.-sept. 2001, p. 663. V. aussi P. Arhel, Les pratiques tarifaires, EFE/LGDJ, 2ème édition,juin 2001, préf. D. Ferrier, à jour de la réforme) comprend également de nombreuses améliorations des pouvoirsd�enquête.

Désormais, les fonctionnaires habilités « peuvent exercer les pouvoirs d�enquête qu�ils tiennent des articles L.450-1 et suivants sur l�ensemble du territoire national (art. L. 450-1 C. com.). Avant la réforme, le champd�intervention des enquêteurs était limité par des règles de territorialité (arr. 22 janv. 1993), strictementappliquées par la Cour de cassation (Cass. crim. 10 déc. 1998, no 98-82. 535, Dalloz Affaires 1999. 370,Contrats, conc., consom., mai 1999, p. 14).

Par ailleurs, les moyens applicables aux visites et saisies ont été sensiblement renforcés. D�abord, lorsque lavisite vise à permettre la constatation d'infractions « en train de se commettre », la demande d'autorisationadressée au juge par les services d�enquête peut désormais ne comporter que les indices laissant présumer, enl'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Les enquêteurs ne sont donc plus contraintsd'attendre la réalisation des pratiques anticoncurrentielles pour saisir le juge. La loi NRE a également complétél�article L. 450-4 du code de commerce (ancien art. 48, Ord. 1986) en prévoyant qu�en cas d�impossibilité pourl�occupant des lieux ou son représentant d�assister aux opérations, «l�officier de police judiciaire requiert deuxtémoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l�administration de la directiongénérale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de laconcurrence». Enfin, l�article L. 450-4 a été modifié afin de tenir compte du développement de l'usage demoyens informatiques dans les entreprises. Les enquêteurs peuvent ainsi saisir non seulement les « documents »,mais aussi « tout support d�information ».

B. - Systèmes de clémence

Un nombre croissant d�autorités de concurrence sont convaincues qu�un système efficace de détection desententes injustifiables doit comprendre des règles en matière de clémence. Le principe en est simple : lesentreprises sont encouragées à dénoncer les pratiques anticoncurrentielles auxquelles elles ont participé par lapromesse d�une exonération des sanctions encourues. Les Américains ont été les premiers à mettre en place untel système. Celui-ci a inspiré de nombreux autres systèmes et notamment ceux de la Communauté européenne etde la France.

A. - Sytème américain de clémence

1) Caractéristiques du système

Plusieurs éléments caractérisent le sytème américain de clémence (S. Hammond, Lessons Common to detectingand deterring cartel activity, discours prononé à la 3ème conférence sur la politique nordique de concurrence :Stockholm : 11 sept. 2000) : 1) la clémence est totale (« amnesty ») et automatique tant que le ministère de lajustice (DOJ) n�a pas ouvert d�investigation ; 2) la clémence est encore possible même après le début desinvestigations, mais elle n�est ni automatique, ni totale, l�objectif étant d�inciter les entreprises à se présenter auDOJ le plus tôt possible ; 3) seule la première entreprise repentie peut bénéficier d�une réduction de sanction, cequi renforce encore l�effet d�incitation ; il suffit de penser que dans certaines affaires, des entreprises sont venues


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dénoncer les pratiques anticoncurrentielles quelques heures seulement après un concurrent ; 4) si l�entreprisebénéficie d�une mesure de clémence, cette mesure est étendue à tous ses dirigeants, ainsi qu�à ses collaborateurs,qui acceptent de coopérer ; 5) l�entreprise repentie peut bénéficier d�une réduction d�amende supplémentaire sielle révèle l�existence d�une autre entente, sur un autre marché (« amnesty plus »). L�effet de la dénonciation decette deuxième entente se fera donc sentir dans les deux affaires.

2) Conditions de la clémence

La demande de clémence est soumise à certaines conditions. Ainsi, 1) l�auteur de la demande doit mettre unterme aux pratiques anticoncurrentielles ; 2) l�entreprise ne doit pas avoir joué un rôle de meneur ; 3) dans lamesure du possible, l�entreprise doit indemniser les victimes de l�entente. On aurait pu penser que cette dernièrecondition aurait un effet dissuasif. On sait en effet que les dommages-intérêts sont particulièrement élevés auxUSA. L�expérience montre cependant qu�il n�en est rien : des entreprises ont conclu des accords de clémenceimpliquant le paiement de plusieurs centaines de millions de dollars de dommages-intérêts.

B. - Système communautaire de clémence

La Commission européenne a mis en place, en 1996, un système de clémence qui s�inspirait de l�expérienceaméricaine. Il a été formalisé par la communication de 1996 sur la non-imposition d�amendes ou la réduction deleur montant dans les affaires portant sur les ententes (2). Il permettait d�accorder une réduction de 50 à 75 % del�amende encourue à la première entreprise qui fournit à la Commission des preuves décisives de l�existenced�une entente et coopère pendant toute la durée des investigations. Ce plafond pouvait même, comme dans lesystème américain, être porté à 100 % si la Commission n�avait pas encore ouvert d�investigations sur l�entente.L�entreprise qui propose sa coopération ultérieurement bénéficiait également d�une réduction de l�amende si lespreuves qu�elle fournissait présentaient encore un intérêt.

Forte de l�expérience acquise au cours des cinq dernières années, et afin de renforcer l�efficacité du système, laCommission vient de réviser la communication de 1996. A cet effet, elle a adopté, le 13 février 2002, unecommunication qui distingue clairement deux régimes, l�immunité et la réduction d�amende.

a) Immunité d�amende

Par immunité, la Commission entend exemption totale du montant de l�amende que l�entreprise aurait dûacquitter. Elle est soumise à plusieurs conditions : 1) l�entreprise doit être la première à dénoncer la pratique etla Commission doit ignorer son existence ; 2) elle doit fournir des éléments de preuve et des informations denature à permettre à la Commission de lancer une enquête contraignante, au sens de l�article 14-3 du règlement17 ; en revanche, il n�est plus exigé que l�entreprise fournisse des « éléments déterminants » ; on noteraégalement que, prenant en compte les premiers commentaires reçus après la publication de son projet (3), laCommission s�inspire encore plus du système américain de clémence en accordant l�immunité même lorsque lesinformations ont été obtenues après la réalisation de l�inspection (4) ; sont visés ici les cas où les inspectionsqu�elle a effectuées ne lui ont pas permis de recueillir des preuves suffisantes de l�entente ; dans ce cas, lapossibilité d�obtenir une immunité pourrait inciter des entreprises visitées à dénoncer les pratiques ; l�expérienceaméricaine est à cet égard enrichissante : les autorités américaines n�ont pu sanctionner efficacement les cartelsdans les secteurs des vitamines et des électrodes de graphite que parce ces pratiques ont été dénoncées par desentreprises à la suite de perquisitions peu fructueuses ; 3) sa coopération doit être totale (ainsi, elle doit fournir latotalité des preuves et informations en sa possession) ; 4) elle doit mettre fin à sa participation à l�activitéillégale ; 5) elle ne doit pas avoir contraint d�autres entreprises à participer à l�activité illégale (en revanche, leprojet n�exclut plus les entreprises qui ont « eu un rôle d�initiation ou un rôle déterminant dans l�activitéillicite » : pts. 8 à 11).

2 JOCE C. 207 du 18 juill. 1996, p. 4 ; comm. M.-A. Pena Castellot, Competion Policy Newsletter, févr. 2001, n° 1, p. 11 ; G. Kiriazis,Juridiction and cooperation issues in the investigation of international cartel, ABA Advanced Int�l Cartel Workshop, Févr. 15-16, 2001,Vol. II, Tab 33, New York, également disponible à http ://europa.eu.int/comm/competition/speeches/index_2001.html3 JOCE C 205/18, 21 juill. 20014 M. Monti, Antitrust in the US and Europe : a history of convergence, discours prononcé, le 14 nov. 2001, à l�American Bar Association,disponible à www.europa.eu.int


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Concernant la procédure, on retiendra les deux innovations suivantes qui renforcent la sécurité juridique. La DGConcurrence confirmera par écrit la réception de la demande d�immunité et sa lettre indiquera la date à laquellel�entreprise a transmis les informations et les éléments de preuve à la Commission, ou à laquelle elle s�estengagée à le faire (pt. 14). Par ailleurs, après avoir vérifié que l�entreprise répond aux conditions de l�immunité,la Commission lui accordera une immunité d�amende conditionnelle et s�abstiendra de prendre en compte touteautre demande d�immunité avant d�avoir arrêté sa position sur la demande existante (pt. 15). En outre, si auterme de la procédure administrative l�entreprise réunit toujours ces conditions, la Commission ne lui infligerapas d�amende dans la décision finale (pt. 19).

b) Réduction d�amende

Les autres entreprises pourront bénéficier d�une réduction d�amende si elles fournissent à la Commission deséléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà enpossession de la Commission : le barème dépend en grande partie de la date à laquelle ces éléments sont fournis,l�objectif étant de dissuader les entreprises de fournir les éléments dont ils disposent le plus tard possible commeils ont tendance à le faire actuellement : 1ère entreprise ayant fourni les éléments : réduction comprise entre 30 et50 %, en fonction de la valeur ajoutée des éléments de preuve ; 2ème entreprise : entre 20 et 30 % ; autresentreprises : réduction limitée à 20 %.On remarquera que la circonstance qu�une entreprise ne conteste pas les faits ne figure plus parmi les motifs deréduction d�amende, la Commission estime en effet que l�avantage prévu par l�actuelle communication (10 % deréduction au minimum) est disproportionné par rapport à l�avantage qu�en tire la Commission en termesd�efficacité de la procédure. Selon la Commission cette règle n�incite pas les entreprises à coopérer réellementavec la Commission. L�intérêt de dénoncer un cartel, avec les conséquences négatives qu�une telle démarchecomporte pour l�entreprise (elle prend le risque de payer une amende, même si celle-ci pourrait être réduite), estfortement réduit si l�entreprise a la certitude de bénéficier d�une réduction de l�amende d�au moins 10 % en sebornant à reconnaître les faits. On verra ci-après que le législateur français ne partage pas ce point de vuepuisque la loi NRE a prévu des avantages encore plus importants en faveur des entreprises qui ne contestent pasles faits.

Comme en matière d�immunité, un accusé de réception est transmis à l�entreprise. Par ailleurs, si la Commissionparvient à la conclusion préliminaire que les informations et les éléments de preuve communiqués constituentune valeur ajoutée, elle fera connaître, au plus tard à la date de notification d�une communication de griefs, deson intention de réduire le montant de l�amende griefs (cela nous semble bien tard du point de vue de la sécuritéjuridique, mais il s�agit d�une amélioration puisque selon la pratique actuelle les entreprises sont tenuesd�attendre la fin de la procédure pour avoir de réelles assurances sur les interventions de la Commission). Enfin,au terme de la procédure administrative, la Commission évaluera la position finale de chaque entreprise ayantinvoqué le bénéfice d�une réduction du montant de l�amende.

C. - Système français de clémence

Le système français comprend deux volets : la transaction et le clémence proprement dite.

1) Transaction

L�article L. 464-2-II du code de commerce prévoit que « lorsqu�un organisme ou une entreprise ne conteste pasla réalité des griefs qui lui sont notifiés et s�engage à modifier ses comportements pour l�avenir, le rapporteurgénéral peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernementsans établissement préalable d�un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire en tenant compte de l�absence decontestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié ».

Ce système de transaction s�inspire de la pratique communautaire (cf. supra). Elle s�en distingue cependant surplusieurs points. D�abord il s�applique non seulement aux ententes, mais aussi aux abus de position dominante.Il s�agit là d�un spécificité mondiale. Par ailleurs, le système français semble (la rédaction de l�article L. 464-2-IIn�est pas dépourvue d�ambiguïté) offrir un double avantage à l�entreprise qui reconnaît les faits : « le rapporteurgénéral peut proposer au Conseil de la concurrence (...) de prononcer la sanction pécuniaire (...) en tenantcompte de l�absence de contestation » (et aussi, semble-t-il, l�engagement à modifier les comportement, même sile Parlement a omis de rapperler cette condition à la fin de la première phrase de l�article L. 464-2-II), et le


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plafond de la sanction est réduit de moitié, c�est-à-dire qu�il passe de 10 à 5 % du chiffre d�affaires (pour uneautre interprétation, V. V. Sélinsky, article préc.). La communication de la Commission prévoit pour sa part uneréduction variant de 10 à 50 %. En pratique, la Commission semble limiter à 10 % la réduction accordée auxentreprises qui se bornent à reconnaître les faits (M.-A. Pena Castellot, article préc.). Le système français detransaction est donc beaucoup plus favorable que le système communautaire. Cette différence est d�autant plusremarquable que la Commission envisage de supprimer la réduction en faveur de l�entreprise qui reconnaîrt lesfaits (cf. supra). Faut-il en conclure que le Parlement français a surrévalué l�intérêt que le Conseil de laconcurrence peut tirer de la transaction ? On ne peut l�exclure. Mais, ce commentaire doit être nuancé. D�unepart, le Parlement a également, en contrepartie, octroyé un pouvoir d�appréciation au rapporteur général : « lerapporteur général « peut » proposer au Conseil de la concurrence (...) ». Il devrait donc, semble-t-il, pouvoirs�abstenir de faire une telle proposition s�il estime que la réduction de l�amende à laquelle pourrait prétendrel�entreprise serait disproportionnée par rapport à l�avantage qu�en tirerait le Conseil de la concurrence. On pensenotamment aux ententes injustifiables auxquelles participent les grandes entreprises. D�autre part, l�engagementde non-contestation pris par l�entreprise n�a pas la même portée que celle prévue par la communication de laCommission. En effet, celle-ci prévoit que l�entreprise s�abstient de contester « la matérialité des faits » alors quel�article L. 464-2-II vise la « réalité des griefs ». Il y a là, semble-t-il, une différence importante qui pourraitjustifier une réduction supplémentaire de la sanction pécuniaire.

2) Clémence proprement dite

Le système de clémence proprement dit est prévu à l�article L. 464-2-III du code de commerce. Le principe enest simple : « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ouà un organisme qui a, avec d�autres, mis en �uvre une pratique prohibée par les dispositions de l�article L. 420-1s�il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des élémentsd�information dont le conseil ou l�administration ne disposaient pas antérieurement ».

La procédure est plus complexe puisqu�elle fait intervenir plusieurs autorités : « À la suite de la démarche del�entreprise ou de l�organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministrechargé de l�économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles estsubordonnée l�exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l�entreprise ou l�organismeconcerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l�entreprise ou à l�organisme et au ministre, etn�est pas publié. Lors de la décision prise en application du I. du présent article, le conseil peut, si les conditionsprécisées dans l�avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniairesproportionnée à la contribution apportée à l�établissement de l�infraction ».

La question que l�on se pose inévitablement est celle de l�efficacité d�un tel système, et notamment parcomparaison avec les systèmes américain et communautaire. La réponse est étroitement liée au système desanction sur lequel repose le système de la clémence. On y répondra donc dans la deuxième partie de cette étude.

II. Sanction des ententes injustifiables

Un dispositif de lutte contre les ententes injustifiables doit être assorti de sanctions sévères. On verra que la loirelative aux NRE a, sur cette question, sensiblement renforcé l�efficacité du Conseil de la concurrence. Cettesévérité accrue des sanctions permet à son tour de renforcer le système de clémence mais des interrogationssubstistent.

A. - Niveau des sanctions

La plupart des autorités de concurrence s�accordent sur la nécessité d�infliger de sévères sanctions aux auteursdes ententes injustifiables. Cette conviction se concrétise également dans les décisions effectivement adoptées.Ainsi, très régulièrement la presse se fait l�écho des records enregistrés par telle ou telle autorité de concurrence.Cette tendance était de nature à encourager le Conseil de la concurrence à augmenter le niveau des sanctionsqu�il inflige. Les améliorations n�étaient pas difficiles à imaginer : alors que l�article L. 464-2 du code decommerce (ancien 13, Ord. 1986) prévoyait la possibilité d�infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 5% du chiffre d�affaires, l�expérience montrait qu�en moyenne, ces sanctions pécuniaires se situaient entre 0,5 et0,9 % (P. Hubert, L�efficacité préventive des décisions en matière d�ententes, Rev. Conc. consom. nov.-déc.


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2000, n° 118). Ce constat a conduit le Parlement à adopter, dans la loi NRE, diverses mesures visant àaugmenter le niveau des sanctions pécuniaires.

1) Plafond des sanctions pécuniaires

Les entreprises encourent désormais des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires(3 millions d'euros pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises), c�est-à-dire le même taux qu�en droitcommunautaire. La plupart des commentateurs voient dans cette nouvelle mesure une invitation faite au Conseilde la concurrence à majorer le niveau général des sanctions pécuniaires qu�il inflige habituellement.

2) Assiette des sanctions pécuniaires Le Conseil pourra désormais prendre comme référence le chiffre d'affaires mondial (actuellement, la référenceest le chiffre d�affaires national) de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel lespratiques ont été mises en oeuvre lorsqu'il est supérieur au chiffre d'affaires du dernier exercice clos au momentde la décision. Il pourra également retenir non seulement le chiffre d'affaires de l'entreprise formellementresponsable de l'infraction, comme c�était le cas avant la réforme, mais aussi celui du groupe auquel cetteentreprise appartient; la référence est alors le chiffre d'affaires résultant des comptes consolidés ou combinés. Ces nouvelles règles visent à faire échec aux manoeuvres de certaines entreprises qui mettent à profit la périoded'instruction pour vider la société concernée de toute activité afin de réduire le montant du chiffre d'affaires etpar voie de conséquence, l'assiette de la sanction. Elles visent également à mieux sanctionner groupes qui sontéclatés en plusieurs dizaines ou centaines de filiales ; sous l�empire de la législation antérieure, seules pouvaientêtre sanctionnées les sociétés formellement responsables des infractions alors que celles-ci sont souvent conçuesau niveau du groupe. B. - Influence de la sévérité des sanctions sur l�efficacité de la politique de clémence

L�incitation à demander une mesure de clémence sera d�autant plus forte que les sanctions encourues par lesauteurs des ententes seront rigoureuses. La loi relative aux NRE et la pratique décisionnelle la plus récente duConseil de la concurrence est, de ce point de vue, encourageante. Le système français de sanction comportecependant quelques faiblesses qui suscitent des interrogations sur l�efficacité du système de clémence qui vientd�être mis en place.

A la différence du droit américain de la concurrence, assorti de sanctions pénales, et à l�instar du droitcommunautaire, le droit français des pratiques anticoncurrentielles ne prévoit en principe que des sanctionsd�ordre administratif. Ainsi, dès lors que le droit français ne permet pas de sanctionner pénalement les dirigeantsdes entreprises en cause, ceux-ci ne sont pas incités à dénoncer les ententes auxquelles participent leurentreprise. Certes, l�article L. 420-6 du code de commerce (ancien art. 17, Ord. 1986) prévoit des sanctionspénales pour « toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminantedans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2». Laloi NRE a même renforcé l�efficacité de ce texte en étendant à l�article L. 420-6 les règles de prescriptionapplicables devant le Conseil de la concurrence. Concrètement, cette nouvelle disposition permet désormais auConseil de saisir le juge pénal d�infractions à l�article L. 420-6 qu�il aura relevées dans les dossiers dont il estsaisi ; les règles de prescription l�en empêchaient auparavant.

Mais on se heurte ici à plusieurs obstacles. D�abord, le système de clémence prévu par la loi NRE est limité auxinfractions visées à l�article L. 420-1 du code de commerce (ancien art. 7, Ord. 1986), à l�exclusion de cellesvisées à l�article L. 420-6. Par ailleurs, les applications de l�article L. 420-6 sont très peu nombreuses. Autantdire que l�application de l�article L. 420-6 ne semble pas de nature à garantir l�efficacité du système de clémencefrançais. III. - Coopération internationale contre les ententes injustifiables

La recommandation de l�OCDE de 1998 relative à une action efficace contre les ententes injustifiablesencourage les pays membres à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pouvant comprendre notammentdes règles de courtoisie internationale et l�échange de documents et information entre autorités de contrôle. Les


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développements qui suivent seront consacrés aux initiatives prises aux niveaux tant communautaire que françaisdans ces deux domaines. Ils exclueront en revanche la coopération multilatérale, actuellement en gestation.Notons seulement que l�idée d�un cadre multilatéral de concurrence a commencé à prospérer à la suite de lapublication du Rapport Van Miert sur la politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial, intervenueen juillet 1995, et de la communication de la Commission européenne au Conseil de la concurrence du 18 juin1996 « Vers l�établissement d�un cadre international de règles de concurrence » (COM [1996] 284 final).Celle-ci a proposé qu�à la Conférence ministérielle de Singapour de 1996, l�Organisation mondiale de commerce(OMC) institue un groupe de travail chargé d�examiner les domaines où un consensus pourrait être obtenu. Cegroupe a été effectivement créé et a préparé la base d�un accord multilatéral comportant notamment unengagement de tous les membres de l�OMC à adopter des règles internes de concurrence et de coopérer entreeux. L�échec de la Conférence de Seattle n�a pas permis à ce projet d�aboutir.

A. - Courtoisie positive

Plusieurs accords bilatéraux comprennent des règles de courtoisie positive (par ex., Canada/USA de 1984,CEE/USA de 1991, CE/USA de 1998 - le texte de ces accords et les rapports annuels d�application des accordssont disponibles à http ://europa.eu.int/comm/competition/international). Le principe à la base de la courtoisiepositive est qu�un pays dont les exportations sont affectées par des pratiques anticoncurrentielles mises en �uvreà l�étranger, va demander au pays où sont commises les pratiques d�effectuer une enquête (sur cette procédure(V. S. Ryan, Positive comity, Comp. Policy Newsletter, n° 3, oct. 2000).

Le Conseil de la concurrence a été habilité par la loi relative aux NRE à répondre à des demandes de courtoisiepositive. Il est clair cependant que le Conseil ne pourra intervenir que dans le cadre habituel de ses compétences,limitées, on le sait, par la théorie des effets.

B. - Echange d�informations

L�échange transfrontières d�informations confidentielles (la Commission a, dans le cadre de la coopérationUS/CE, établi une typologie des informations confidentielles : V. 3ème rapport de l�application de l�accord decoopération US/CE, Com(98) 510 final, 11 mai 1998, disponible àhttp ://europa.eu.int/comm/competition/international/rapport0598_en.pdf) pose de nombreux problèmes. Unnombre important d�informations confidentielles est communiqué aux autorités de contrôle, de façon plus oumoins volontaire, par les auteurs comportements anticoncurrentiels. Cette source d�information pourrait se tarirsi les informations pouvaient être communiquées à d�autres autorités de concurrence. Par ailleurs, les règles deconcurrence diffèrent d�un pays à un autre. Il existe donc un risque qu�une autorité de concurrence transmette àun homologue étranger des informations confidentielles qui seraient utilisées pour condamner l�entreprise àl�origine de ces informations, alors que l�autorité qui les a transmises ne peut entrer en voie de condamnationparce que sa propre législation n�est pas applicable. Mais l�échange d�informations confidentielles comporteégalement de nombreux avantages : possibilité de recueillir des preuves qu�une autorité ne peut obtenir avec sespropres pouvoirs ; éviter une duplication des actions de contrôle ; coordination des investigations inopinées,etc.). Ceci explique notamment que le Parlement ait habilité le Conseil de la concurrence, sous condition deréciprocité, à communiquer à la Commission et aux autorités de concurrence des autres Etats membres, desdocuments pouvant relever du secret professionnel (art. L. 462-9 C. com.). Cette nouvelle disposition permet desurmonter la loi de blocage no 68-678 du 26 juillet 1968 (JO 27 juill.), modifiée par la loi no 80-538 du 16 juillet1980 (JO 17 juill.) qui interdit le recueil d�une information confidentielle par ou pour une autorité étrangère.L�importance et l�originalité de cette disposition doit être soulignée. En effet, il est rare que les conventionsinternationales prévoient la possibilité d�échanger des informations confidentielles dans le domaine de laconcurrence sans le consentement de l�entreprise à l�origine de l�information (parmi les très rares exceptions, onpeut citer l�accord de 1999 entre les USA et l�Australie, disponible à :www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/usaus7.htm); par ailleurs, les auteurs d�ententes injustifiabless�opposent toujours à la transmission des informations confidentielles à d�autres autorités de concurrence.

Il est très vraisemblable que les dispositions de l�article L. 462-9 seront fréquemment appliquées à l�égard de laCommission européenne. Certes la communication d�information n�est possible que « sous réserve deréciprocité, et à condition que l�autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec lesmêmes garanties qu�en France ». Par ailleurs, « la transmission d�informations détenues ou recueillies par leConseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l�exécution de la demande est de nature à porter


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atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l�ordre public français oulorsqu�une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmespersonnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits ».

Cependant, la condition de réciprocité est déjà remplie. Elle résulte en effet des dispositions de l�article 10 durèglement n° 17 qui prévoit la communication de documents aux Etats membres dans le cadre des procédurescontentieuses ouvertes par la Commission. Elle résulte également de la pratique : à titre d�exemple, les servicesde la Commission communiquent en général aux rapporteurs du Conseil, à leur demande, les documents qui leursont utiles pour l�instruction de leurs dossiers. Les services de la Commission sont également soumis au secretprofessionnel conformément aux dispositions des articles 287 du traité (ancien art. 214) et 20-2 du règlement 17.

Enfin, il est peu probable que les demandes de la Commission soient de nature à porter atteinte à la souveraineté,à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l�ordre public français. Comme l�a observé unfonctionnaire de la Commission, « les preuves utiles dans les affaires d�ententes horizontales concernentrarement des secrets commerciaux, militaires ou de sécurité nationale » (G. Kiriazis, article préc.).

Les règles nationales autorisant l�échange d�informations confidentielles sont en revanche rares. Pour ce quiconcerne la France, cela signifie que l�article L. 462-9 sera peu appliqué hors des relations France/CE. Pour cequi la concerne, la Commission européenne observe qu�il est peu probable qu�elle conclue, à court terme, avecun pays tiers, un accord de coopération de deuxième génération, c�est-à-dire prévoyant l�échange d�informationsconfidentielles. Elle ajoute que cette criconstance est de nature à affecter son efficacité dans la lutte contre lesententes transfrontières : « dans de nombreuses affaires d�ententes, les enquêtes ne sont pas menées en parallèles,mais l�une après l�autre. Autrement dit, l�une des autorités « prend les devants », parce qu�il lui est impossible derenseigner l�autre sur les circonstances de son enquête ; l�autre autorité ne saura rien avant que l�enquête nedevienne publique. Cet état de fait entrave la capacité des autorités de concurrence à contrer, d�une manièreaussi efficace et aussi précoce que possible, la menace que représentes les ententes plurinationales » (Rapp. 1999de la Commission sur la mise en �uvre de l�Accord US/CE : COM(2000)618 final).

Les autorités de contrôle en revanche se communiquent fréquement des informations non couvertes par leslégislations nationales relatives à la confidentialité des documents. Elles peuvent par exemple coordonner leursinvestigations, ce qui permet notamment d�éviter que les entreprises visitées dans un pays ne détruisent lespreuves d�ententes situées dans d�autres pays. Elles informent également leurs homologues étrangers del�avancement de leurs procédures. Elles le font notamment lorsque les pratiques en cause sont susceptiblesd�affecter les intérêts importants d�autres pays. Une telle coopération peut inciter les autorités ainsi informées àouvrir leur propre investigations. Elle peut même inciter les entreprises à conclure des accords de clémence avecles autorités de concurrence qui pourraient ainsi être informées des pratiques qu�elles ont mis en �uvre. Cetexemple montre clairement la complémentarité entre la coopération internationale et les systèmes de clémence.On s�accorde notamment à penser, dans l�affaire de la lysine (Com. CE déc. 7 juin 2000, G. de Bronett,Commission fines ADM, Ajinomoto and others in the lysine cartel, Competition Policy Newsletter, n° 3/2000, p.39), que si les entreprises ont sollicité une mesure de clémence à la Commission, c�est parce qu�elles savaientque les services de la Commission étaient sur le point d�être informés, par leurs homologues américains, del�existence d�une entente dans le secteur.


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COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EUCOMPETITION LAW: RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINE WORLD

By: Miguel Mendes Pereira, LL.M*


Introduction

Collective management of copyright in Europe dates back to the 18th century, in the aftermath of the FrenchRevolution. Under the influence of Caron de Beaumarchais, the author of the Barbier de Seville and theMarriage of Figaro, a pressure group was founded in France with the intention of ensuring the remuneration ofauthors on the basis of a share of their compositions� earnings and oriented towards the public recognition, bothin law and in practice, of authors� rights. This movement lead to the creation of the Société des AuteursDramatiques and, in 1851, gave birth to its still operating successor, the Société des Auteurs Compositeurs etÉditeurs de Musique (SACEM).

Since then, societies for the collective management of copyright (usually referred to as �collecting societies�)have played a pivotal role throughout Europe in the administration and licensing of copyright protected works.They offer their members the comfort of a collective bargaining position vis-à-vis a diversified universe of userssuch as publishers, discothèques, TV and radio broadcasters, cinema producers and exhibitors or recordcompanies. They also ensure the collection and the distribution of the royalties due for the exploitation ofauthors� works. To users, collecting societies offer the convenience of a centralised �one-stop shop� device,which allows for the grant of single licenses covering a wide range of national and international repertoires.

The number of collecting societies has increased in the past decades along the progressive recognition at theinternational level of new types of rights on behalf of different categories of right-holders such as performers,phonogram producers and broadcasters, usually referred to as �neighbouring rights� to copyright1. However, theincrease in number of societies for the administration of different rights did not correspond an increase in thenumber of societies administering the same category of rights in each Member State. In practically all EUMember States there is a single society for the administration of each category of rights (or groups of rights).Given the national scope of most relevant product markets in the field of traditional copyright licensing, thismeans that actual competition between collecting societies has not emerged so far.

The monopolistic structure of the EU markets for collective management and licensing of copyright andneighbouring rights has given rise over time to a substantial amount of litigation, both at national and at EUlevel. This circumstance has lead the European Commission as well as the Court of Justice of the EuropeanCommunities to intervene in a significant number of cases the impact of which has often extended beyond thestrict field of collective licensing, contributing to the clarification of the sometimes intricate relationship betweencompetition law and intellectual property.

The litigation between collecting societies and users finds its justification in the continuously growing role of theaudio-visual industries since, mainly, the 1950�s. The intellectual property rights which protect the works ofauthors, producers and performers are an essential input for the commercial exploitation of audio-visualproducts. Therefore, the culture, entertainment and communications industries often find themselves at odds withcollecting societies (and vice-versa) in respect of the licensing terms for copyright usage. While collectingsocieties tend to underline the risks of change in the existing system of collective management, most usersvehemently argue for the opening up of the existing structures such as to allow a certain degree of competitionbetween societies in Europe in order to, consequently, increase their efficiency, both in terms of service andprice.

* Administrator, European Commission, Directorate-General for Competition Lecturer in Law, Law Faculty of the LisbonUniversity. The views expressed in this article are purely personal and only engage the author.1 Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations done at Rome on 26October 1961 (the �Rome Convention�); TRIPS Agreement of 15 April 1994; World Intellectual Property Organisation (WIPO)Performances and Phonograms Treaty, adopted on 29 December 1996 by the Diplomatic Conference on Certain Copyright andNeighbouring Rights Questions.


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Whilst the position of the Commission and of the Court of Justice has become clear over the years in respect ofmost issues related to traditional copyright management and licensing, the advent of the Internet has re-launcheda debate which many considered as concluded. The online environment and the digital format of the last-generation audio-visual products puts into question many of the conclusions enshrined in the existing case law.

It is in this context that the Commission adopted on 8 October 2002 an exemption decision in caseCOMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting2. The case concerns a standard agreement entered into by a number ofcopyright administration societies from Europe3, South America4, Asia5 and New Zealand. This is the firstdecision by the Commission concerning the collective management and licensing of copyright for the purposesof commercial exploitation of musical works on the Internet.

In this article, a brief overview will be given of the intervention by the European Commission and of the caselaw as developed by the Court of Justice in respect of traditional (off-line) copyright management and licensing,followed by an analysis of the decision of the Commission in the Simulcasting case. The article will focus on thedifferences, both economic and legal, underlying the competition assessment of, on the one hand, the off-lineenvironment and, on the other, the online world, in particular as regards the horizontal relationship betweencollecting societies and the vertical relationship between societies and users.

I. Competition assessment in the off-line world

As regards the application of EU competition law to collecting societies, the interventions by the Court of Justiceand by the Commission have traditionally addressed three broad issues: the relationship between collectingsocieties and their members, the relationship between collecting societies and users and, lastly, the reciprocalrelationship between different collecting societies.

The cases concerning collecting societies have been dealt with under two basic provisions of EU competitionlaw: Articles 81 and 82 of the EC Treaty. Article 81 prohibits agreements and concerted practices betweenundertakings which may affect trade between member States and which have as their object or effect theprevention, restriction or distortion of competition within the common market. Article 82 prohibits abuses of adominant position such as, for example, the imposition of unfair trading conditions, the limitation of productionto the prejudice of consumers or the application of dissimilar conditions to equivalent transactions.

1. The relationship between collecting societies and their members

The relationship between collecting societies and their members has given rise to two main issues:discrimination on the grounds of nationality, on the one hand, and the scope of the assignment of rights by theright-holders to the societies, on the other.

Both the Commission and the Court of Justice have emphasised the prohibition of discrimination of authors bycollecting societies on the grounds of nationality. In the GEMA I6 and GVL7 decisions, the Commission hasclearly stated that a collecting society in a dominant position is not allowed to exclude right-holders from otherMember States. The Court of Justice has reinforced the prohibition of discrimination on the grounds ofnationality in the Phil Collins judgement8, where, inter alia, it said: �The first paragraph of Article 7 of theTreaty must be interpreted as precluding the legislation of a Member State from denying to authors andperformers from other Member States, and those claiming under them, the right, accorded by that legislation tothe nationals of that State, to prohibit the marketing in its national territory of a phonogram manufacturedwithout their consent, where the performance was given outside its national territory. In prohibiting "anydiscrimination on the grounds of nationality" Article 7 requires each Member State to ensure that persons in a

2 The text of the decision is available on the Commission�s web site athttp://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf.3 All the countries of the European Economic Area (EU countries plus Iceland, Norway and Liechtenstein) except for France andSpain, in addition to Switzerland, Czech Republic, Estonia and Poland.4 Argentina, Mexico, Peru and Uruguay.5 Hong-Kong, India, Malaysia, Singapore, Taiwan and Thailand.6 Decision of 20.06.1971, OJ L134/15.7 Decision of 29.10.1981, OJ L 370/49.8 Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif EmanuelKraul v EMI Electrola GmbH, joined cases 92/92 and 326/92, 20 October 1993, ECR [1993] I-5045.


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situation governed by Community law be placed on a completely equal footing with its own nationals andtherefore precludes a Member State from making the grant of an exclusive right subject to the requirement thatthe person concerned be a national of that State.�

The basic framework of the relationship between collecting societies and their members remains that construedby the Commission in the GEMA I, GEMA II9 and GEMA III10 decisions, in particular as regards the extent towhich it is compatible with Articles 81 and 82 of the EC Treaty for societies to require the assignment of rightsby their members in respect of all utilisation forms of a musical work. In a recent decision concerning theindividual management of rights by the French techno band Daftpunk for the online exploitation of their musicalworks11, the Commission has considered that the imposition of collective management to an author in respect ofall its rights, through the statutes of a collecting society, amounts to an abuse of dominant position within themeaning of Article 82(a) of the Treaty, given that such practice corresponds to the imposition of an unfairtrading condition.

The Commission and the Court of Justice have analysed other issues related to collective management, such asthe limitations to exit a society12. However, they are not directly relevant for the subject-matter of the presentarticle.

2. The relationship between collecting societies and users

The relationship between collecting societies and users has given rise to three main issues: limitations to tradebetween Member States, the material scope of the licenses granted to users and the level of tariffs charged tolicensees.

As regards the first issue, and following a long established line in respect of the intellectual property �exhaustiondoctrine� in the common market, the Court stated in Musik-Vertrieb membran13, that �the proprietor of anindustrial or commercial property right protected by the law of a Member State cannot rely on that law toprevent the importation of a product which has been lawfully marketed in another Member State by theproprietor himself or with his consent. The same applies as respects copyright, commercial exploitation ofwhich raises the same issues as that of any other industrial or commercial property right. Accordingly, neitherthe copyright owner nor a copyright management society acting in the owner�s or licensee�s name, may rely onthe exclusive exploitation right conferred by copyright to prevent or restrict the importation of sound recordingswhich have been lawfully marketed in another Member State by the owner himself or with his consent.�

The Commission followed the reasoning of the Court in two particular instances. The first concerned the BIEM-IFPI agreement, in the framework of which mechanical rights societies amended their agreements with the soundrecording industry. In this case the Commission stated that further to the parties� decision to put an end toobjectionable practices, collecting societies �will henceforth not impose any geographical restrictions on theexportation of sound recordings. Sound recordings which are lawfully manufactured in a member State andmarketable in that State may be sold without restriction anywhere in the Community.�14

In a second case, following the intervention by the Commission, the German collecting society GEMAabandoned its attempt to impose restrictions on the freedom of manufacturers of sound recordings to takeadvantage of custom pressing. The Commission stated in this case that �a license granted by a Communitycopyright protection society is valid throughout the Community, and authorises manufacture, even by way ofcustom pressing, in any Member State. In that event, however, it is in principle for the supplier alone, and notfor the pressing firm, to obtain a license to manufacture sound recordings and pay royalties. A separaterequirement to pay royalties to the national copyright society having �jurisdiction� over the place of

9 Decision of 06.07.1972, OJ L 166/22.10 Decision of 04.12.1981, OJ L 94/12.11 Banghalter et Homem Christo v SACEM, case COMP/C2/37.219, decision of 06.08.2002, available athttp://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf12 See the Court�s judgement in BRT/SABAM II, ECR [1973] 313, and the Commission decision in Banghalter et Homem Christov SACEM.13 Musik-Vertrieb membran GmbH and K-Tel International v GEMA, joined cases 55/80 and 57/80, 20 january 1980, ECR [1981]p. 147.14 European Commission Thirteenth Report on Competition Policy, 1983, paragraph 150.


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manufacture according to the rates applicable there would in practice mean the re-erection of national barriersby contractual means between Member States.�15

As regards the material scope of the licenses granted to users, the issue basically concerned the question ofknowing to what extent collecting societies are obliged to license their repertoire and whether they are allowedto refuse to license parts of it. This issue was dealt with by the Court of Justice in the Tournier judgement16,where it said that a collecting society could not refuse to license a user in its own territory without a legitimatereason. Furthermore, the Court also found that a society could not refuse direct access to its own repertoire by auser located in a foreign territory, the only acceptable justification for such refusal being the impracticability ofsetting up a monitoring system in the foreign territory. Finally, the Court established that a society cannot refusea license limited to foreign repertoire and found that a restriction of competition would arise where �directaccess to a sub-division of repertoire (�) could fully safeguard the interests of authors, composers andpublishers of music without thereby increasing the costs of managing contracts and monitoring the use ofprotected musical works�.

As concerns the level of tariffs charged to users, it was argued in the Tournier17 and Lucazeau18 cases that thelevel of fees charged by the French collecting society SACEM to discothèques were substantially higher thanthose in other Member States and that the fees paid by discothèques in France bore no relation to the fees paidby other large-scale users of music such as radio and TV broadcasters. In summary, the Court stated that Article82 (ex Article 86) of the Treaty must be interpreted on the basis that a collecting society in a given MemberState abuses its dominant position if it imposes unfair conditions on its trading partners by, namely, imposingappreciably higher fees than those applicable in other Member States. However, the Court also underlined that acomparison between the level of royalties charged in different Member States must be carried out on anequitable basis. The burden of proof was nevertheless imposed on the collecting societies in respect of thedemonstration that any such difference between levels of fees is objectively justified.

3. The reciprocal relationship between collecting societies

At a time when the Internet had no commercial relevance, and in the particular context of copyright licensing ofphysical premises where music is publicly performed, the Court of Justice has addressed the reciprocalrelationship between collecting societies in the Tournier and Lucazeau cases19 back in 1989.

The Court concluded that the reciprocal representation agreements entered into by the collecting societies inEurope did not, as such, fall under Article 81(1) of the Treaty, provided no concerted action or exclusivity wasevidenced. These agreements serve the purpose of providing a collecting society with representation by the localsister-society in a foreign territory, allowing the latter to license and monitor the usage of the former�s repertoire,as well as to collect the corresponding royalties paid by users.

The economic reasoning underlying the position established by the Court is based on the impracticability ofduplicating monitoring structures in foreign territories where local collecting societies already operate acollective licensing structure. Accordingly, the reciprocal representation agreements appeared as economicallyjustified in a context where physical monitoring of copyright usage was required. By not considering theseagreements as falling under Article 81(1) of the Treaty, the reasoning by the Court concomitantly implied that inthese particular circumstances collecting societies were not even to be considered as competitors.

However, the reasoning followed by the Court also allows for conclusion that where concerted action takesplace, or where exclusivity is present in the agreements, or lastly, and most important of all, where the economicjustification (i.e. the need for physical monitoring) no longer applies, collecting societies are deemed to becompetitors and the representation agreements they enter into with each other fall within the scope of Article81(1) of the Treaty.

15 European Commission Fifteenth Report on Competition Policy, 1985, paragraph 81.16 Ministère Public v. Tournier, case 395/87, 13 July 1989, ECR [1989] p. 2521. See also Lucazeau v. SACEM, joined cases110/88, 241/88 and 242/88, 13 July 1989, ECR [1989] p. 2811.17 Cit.18 Cit.19 Cit.


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The most significant change brought about by the emergence of the Internet and digitalisation in general is, infact, the lack of need for physical monitoring of online usage of copyright. It was in the light of theseconsiderations that the Commission undertook the review of the Simulcasting agreement.

II. The Simulcasting decision

1. A new context

The Simulcasting decision adapts the existing principles to the online environment and carries out a newassessment under EC competition rules of copyright management activities. The loss of territoriality induced bythe Internet and the digital format of the products protected by copyright result in:

a) the ability of monitoring copyright usage from a distance by means of appropriate software, thereby renderingmeaningless the need for physical monitoring, which was a traditional justification put forward by collectingsocieties to justify a number of reciprocal arrangements between them containing territorial restrictions;

b) consequently, territorial restrictions contained in the reciprocal agreements between societies not beingobjectively indispensable anymore;

c) and, finally, there being no objective reason for an EEA-based radio or TV broadcaster not being able tochoose the most efficient society in the EEA for the grant of a copyright license.

Considering the progressive increase in Internet-based media activities, it is highly likely that the Commission iscalled upon to intervene in the near future in other cases where analogous questions are raised. The investigationcarried out in the Simulcasting case may therefore provide useful indications for the competition assessment ofsimilar cases involving the administration and licensing of copyright protected musical works on the Internet.

2. The notified agreement

This case concerns the notification of a model reciprocal agreement (hereinafter the �Reciprocal Agreement�)between collecting societies acting on behalf of record companies. The purpose of the agreement is to facilitatethe grant of international copyright licences to radio and TV broadcasters who wish to engage in simulcastingand thereby make musical works available to the public via the Internet.

�Simulcasting� is the transmission by radio and TV stations of their signal simultaneously and unaltered both viathe traditional means (air, cable and satellite) and the Internet.

The Reciprocal Agreement is intended to facilitate the grant of a multi-territorial licence for the simulcastingactivity such as to allow for an international exploitation of the sound recordings administered by the collectingsocieties by means including the Internet.

By virtue of the territorially limited way licensing has been carried out so far, each collecting society has pursuedits activity on its own territory only. Accordingly, the licenses which societies traditionally grant to users forexploitation of sound recordings are limited to their individual national territories. Therefore, the right tosimulcast on the Internet, given that it necessarily involves the transmission of signals into several territories atthe same time, is not covered by the existing �mono-territory� licenses granted by collecting societies tobroadcasters where the simulcast includes the repertoires of several collecting societies. The ReciprocalAgreement is intended to facilitate the creation of a new category of licence which is simultaneously multi-repertoire and multi-territorial.

By means of the notified agreement, simulcasters will have a simple alternative to obtaining a licence from thelocal society in every country in which their Internet transmissions are accessed, although this latter approachwill still be available to them.

The Reciprocal Agreement is intended to operate for an experimental period after which its nature, scope andoperation will be reviewed. The current version of the agreement will expire on 31 December 2004.


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3. The parties

The parties to the notified agreement are 29 collecting societies from Europe, Asia, South America and NewZealand the members of which are record and music video producers. The type of rights held by phonogramproducers are generally referred to as �neighbouring rights� to copyright or �related rights�.

4. The relevant markets

Collective management of copyright and/or neighboring rights covers different activities corresponding to asmany different relevant product markets: administration services of rights for right holders, administrationservices of rights for other collecting societies and licensing services for users. The Reciprocal Agreementaffects directly two relevant markets:a) multi-territorial simulcasting rights administration services between record producers� collecting societies;b) multi-territorial and multi-repertoire licensing of the record producers� simulcasting right.

As regards the first relevant product market, it is characterised on the supply side by record producers� collectingsocieties capable of administering on a multi-territorial basis for simulcast use the repertoires of other societieslocated in territories other than the one where the former are established. On the demand side, it is characterisedby record producers� collecting societies wishing to have their repertoires administered on a multi-territorialbasis for simulcast use by another society located in a different territory.

On its part, the product market for multi-territorial and multi-repertoire simulcast licensing is characterised onthe supply side by record producers� collecting societies which have been mandated the necessary rights by theirrecord company members to grant licences to users. On the demand side it is characterised by user TV and radiobroadcasters who wish to make the conventional radio/TV signal simultaneously available via the Internet. Sincemono-territorial or mono-repertoire simulcasting licences do not represent a viable alternative service for suchusers, multi-territorial and multi-repertoire licensing of the simulcasting right constitutes the relevant productmarket.

The relevant geographic market for both products comprises at least all the EEA20 countries where the localcollecting society is a party to the Reciprocal Agreement, i.e. all EEA countries except for France and Spain.

5. The competition concerns

Insofar as the Reciprocal Agreement created a new product (multi-territorial and multi-repertoire licensing of thesimulcasting right) that could not be realistically created without some co-operation among collecting societies,only certain particular clauses of the Reciprocal Agreement deserved closer attention.

The Commission services expressed to the parties a number of concerns related to:

a) territorial restrictions contained in the cross-licensing arrangements between the parties, which perpetuated theexisting national monopolies held by collecting societies;

b) the amalgamation of copyright royalty and administration fee in the tariffs charged to the users, whichmaintained an undesirable degree of opacity in the cost structure of collecting societies and which preventedprice competition between the parties from emerging as regards the licensing services provided to users.

The competition issues highlighted above had to be balanced against a legitimate concern traditionally expressedby collecting societies and, indeed, national governments as regards the protection of right-holders within thewider framework of national cultural policies.

As a result of the discussions held between the Commission services and the parties, the original agreement wasamended so as to ensure that EEA-based simulcasters will be able to choose from which collecting society in theEEA they wish to obtain a single copyright license (�one stop shop� license) for the purposes of simulcasting on

20 The European Economic Area (EEA) comprises all EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein.


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the Internet in Europe. This represents a major progress from the previous situation where a simulcaster had toobtain a license from every collecting society in all the territories where its broadcast was made available.

At the same time, the adopted approach ensures that the royalty level to be charged on behalf of right holders isdetermined at national level by each collecting society, in accordance with national laws, individual commercialneeds or cultural policy objectives.

Lastly, the transparency requirement imposed on collecting societies makes sure that a prospective licensee isable to identify the element of the license fee which corresponds to the copyright royalty proper and the elementcorresponding to the administration fee meant to cover the administration costs of the grantor society. This way,users will be able to identify the most efficient societies in the EEA.

6. Article 81(1) of the Treaty

The licensing of copyrights and related rights in the online environment is significantly different from thetraditional offline licensing, in that no physical monitoring of licensed premises is required. The monitoring taskmust necessarily be carried out directly on the Internet and the crucial requirements in order to be able tomonitor the use of copyrights and related rights are therefore a computer and an Internet connection. This meansthat monitoring can take place from a distance.

In this context, the traditional economic justification for collecting societies not to compete in cross-borderprovision of services does not seem to apply.

It is worthwhile underlining that the Commission acknowledges the need for proper remuneration of right-holders, be it phonogram producers, as in the present case, or performers or authors, in other cases, and endorsesthe efforts made to protect and to encourage the productive or creative effort underlying the final act ofcommunication to the public of a work protected by copyright or neighbouring rights legislation. The right toremuneration of a right-holder for the public performance of a copyright protected work has been recognised bythe Court of Justice as part of the essential function of copyright21. However, it is also settled case law thatalthough the existence of an intellectual property right under national law is not prejudiced, pursuant to Article295 (ex-Article 222) of the EC Treaty, by the other Treaty provisions, its exercise may be affected by theprohibitions of the Treaty22 and may accordingly be limited to the extent necessary to give effect to theprohibition under Article 81(1)23. Given that collective administration of copyright and neighbouring rightsclearly corresponds to the exercise of those rights, and not to their existence, the way in which collectingsocieties put in practice the administration of the rights they are entrusted with may, under certain circumstances,infringe Article 81(1) of the Treaty.

In the present case, the model chosen by the parties for the simulcasting licensing structure results in the societygranting a multi-repertoire/multi-territory license being limited in its freedom as to the amount of the globallicense fee it will charge to a user. In fact, the sum of the individual national tariffs determined by each of theparticipating collecting societies that contribute to the bundle of repertoires and territories being offered to a userthrough a single license will be imposed on the grantor society. This means that the global fee charged by thegrantor society for a multi-repertoire/multi-territory license is to a large extent determined ab initio, whichsignificantly reduces the competition in terms of price between EEA-based collecting societies.

The original version of the Reciprocal Agreement went beyond the mere recognition that collecting societiesmust earn enough revenue to honour their financial commitments to each other, because it imposed how to do it,by obliging the societies to respect the tariffs of the country-of-destination. This particular element was, thus,considered by the Commission not to be objectively necessary for the existence of the Reciprocal Agreement.

21 Case 62/79, SA Compagnie Générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, and others v Ciné Vog Films and others, 18March 1980, ECR [1980] 881, para. 14.22 Case 15/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc., 31 October 1974, ECR [1974] 1147, para. 7.23 Joined cases 56/64 and 58/64, Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission, 13 July 1966,ECR [1966] 299. See also joined cases 55/80 and 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH et K-tel International v GEMA - Gesellschaft fürmusikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, 20 January 1981, ECR [1981] 147, para. 12, where the Court saysthat (in respect of Article 36 of the Treaty) �there is no reason to make a distinction between copyright and other industrial and commercialproperty rights�.


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What rendered this mechanism particularly restrictive was the fact that the lack of price competition as itresulted from the envisaged system occurred not only in respect of the royalty proper due for the use of protectedworks but also as regards that part of the license fee which is meant to cover the administration costs of thegrantor society. In fact, no distinction was made between both elements the sum of which necessarily constitutesthe total amount of the license fee.

By not distinguishing the copyright royalty from the administration fee, the notifying parties significantlyreduced the prospects of competition between them as regards pricing for the provision of the licensing service.The confusion between both elements of the license fee prevented prospective users from assessing theefficiency of each one of the participating societies and from benefiting from the licensing services by the societycapable of providing them at the lower cost. Furthermore, the amalgamation of copyright royalty andadministrative fee that resulted in an undifferentiated global license fee to be charged to a user could not beconsidered as directly related to the notified agreement or objectively necessary for the existence of theReciprocal Agreement.

In conclusion, the provision of the Reciprocal Agreement which determined that each contracting party shouldapply to simulcasters the license fees which applied in the other contracting party�s territory for those simulcastsreceived in the latter�s territory (pursuant to the country-of-destination principle) was considered to restrictcompetition within the meaning of Article 81(1) of the Treaty.

However, it must also be said that the restrictive effects identified by the Commission may prove to have a meretemporary nature if the parties duly implement the changes to the agreement submitted after the originalnotification. Accordingly, the parties have explicitly acknowledged that �such implementation is a crucialelement to be taken into consideration by the Commission in the assessment of any future arrangementconcerning the management and licensing of phonogram producers� rights for the purposes of multi-territorialand multi-repertoire simulcasting.�

7. The exemption

7.1. Promotion of technical and economic progress and improvement in the distribution of goods

The simulcasting licenses to users as they result from the Reciprocal Agreement present a new feature andconsequently give rise to a new product. As opposed to traditional rights licenses, simulcasting licenses willallow for the use of the licensed rights in more than one territory.

The Commission accordingly acknowledged that the notified arrangement avoids the necessity for a multiplicityof individual lengthy negotiations by users across the EEA with each individual collecting society. As a result,the reciprocal framework can reduce transaction costs significantly and these efficiencies should be passed onboth to the rights-holder and to the user.

Moreover, music records and videos broadcast via terrestrial means, satellite and/or cable necessarily have alimited reach due to technical reasons. By making such music records and videos available through the Internetby means of simulcasting, simulcasters will allow virtually anyone from anywhere in the world to access suchproducts.

Lastly, the Reciprocal Agreement also reduces substantially the legal uncertainty surrounding simulcastinglicensing, in that the agreement is based on a common understanding of the relevant legal framework by asignificant number of the licensing entities in the EEA.

The distribution of music included in records and videos is therefore improved.


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7.2. Benefits for the consumer

The creation of a legitimate marketplace for simulcasting will benefit consumers both in the short-term and in thelong-term.

In the short-term, consumers will get easier and wider access to a range of music by means of the availablesimulcasts. Furthermore, through the Internet they will be able to access their favourite radio and/or TV musicprogrammes from virtually anywhere in the world.

In the long-term, the fact that simulcasting is now put in place within a legitimate framework which ensures theproper remuneration of right-holders ensures that the effort of music producers is duly rewarded and thattherefore a wide range of music will still be available in the future.

7.3 Indispensability

The agreement between the societies to amalgamate administration fee and copyright royalty, and thereby tojointly determine a global license fee, was considered to go far beyond what was required to pursue thelegitimate concerns of the parties in respect of adequate legal protection and proper remuneration of right-holders.

In order to solve the concern expressed by the Commission, the parties changed the notified agreement on 22May 2002 such as to separate the copyright royalty from administration fee, and to identify them separatelywhen charging a license fee to a user. The parties will present to the Commission by the end of 2003 a set ofproposals for the implementation of the separation of the copyright royalty from the administration fee and toimplement them as soon as possible after that date. The required mechanisms shall be implemented the latest by31 December 2004.

The change introduced by the parties into the notified agreement will induce an important degree of transparencyin their relationship with users. This will allow users (as well as members of the societies) to better assess theefficiency of each of the societies and to have a better understanding of their management costs. Moreover, itwill allow for actual, although limited, price competition between collecting societies in respect of the licensingservice in the market for the licensing of the record producers� simulcasting right.

The Commission accordingly considered that the changes introduced into the Reciprocal Agreement wereadequate in order to solve the competition concerns previously expressed in this respect. Lastly, the Commissionalso considered the time period required for the assessment and implementation of the proposed mechanisms asindispensable in the meaning of Article 81(3)(a) of the Treaty.

As regards the royalty element which results from the aggregation of all the copyright royalties determined atnational level, the notifying parties demonstrated that the maintenance of a certain degree of control by theindividual collecting societies over the licensing terms of their own repertoire so as to ensure a minimum level ofremuneration for their right-holder members was, in these circumstances, indispensable for the conclusion of theReciprocal Agreement. On the other hand, the option for the pre-determination of national copyright royaltylevels appeared to correspond to the least restrictive of the alternatives so as to create and distribute a newproduct.

In the light of the foregoing, the Commission considered such restriction to be indispensable in the meaning ofArticle 81(3)(a) of the Treaty.

7.4. Non-elimination of competition

Within the traditional framework of copyright and neighbouring rights licensing, actual competition between themonopolistic collecting societies in Europe has been virtually non-existent. In the present case, whilst theestablishment of the Reciprocal Agreement will require a degree of co-operation between the collectingsocieties, it will not be replacing any existing competition, since it is geared to the development of an entirelynew service.


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The amendment to the Reciprocal Agreement notified by the parties on 21 June 2001 encourages competitionbetween record producers� collecting societies. The collecting societies will be able to actually compete and todifferentiate themselves in terms of efficiency, quality of service and commercial terms. Furthermore, thechanges introduced by the parties in the Reciprocal Agreement as notified on 22 May 2002 will ensure that, afteran initial adaptation period, competition between collecting societies will extend to pricing. Accordingly, theparticipating EEA societies will have to increase their efficiency as regards their administration costs in such away as to be able to provide a �one-stop� simulcasting license at the lowest possible cost to EEA users.

Finally, it is worth underlining the fact that, by creating and encouraging competition between participatingcollecting societies in the EEA, the Reciprocal Agreement furthers the goal of creating and sustaining a singlemarket, in this case a single market for the provision of inter-society administration services and a single marketfor the licensing of simulcasting.

In the light of the foregoing, the Commission considered that the Reciprocal Agreement did not eliminatecompetition in respect of a substantial part of the relevant products in the meaning of Article 81(3) (b) of theTreaty and concluded that the cumulative conditions of Article 81(3) were fulfilled.

Conclusion

The Commission has previously stated that in certain circumstances co-operation may be justified and can leadto substantial economic efficiencies, namely where companies need to respond to increasing competitivepressure and to a changing market driven by globalisation, the speed of technological progress and the generallymore dynamic nature of markets24. The Reciprocal Agreement appears to be a product of such a response, giventhe technological developments which lead to the Internet simulcasting technology.

The Simulcasting decision results in the opening up of collective copyright management to competition and inthe increase in transparency as regards the relationship between collecting societies and users, whilst maintainingan adequate level of autonomy at national level as regards copyright proper. It shows that the combination ofcompetition rules with the full respect for copyright may indeed lead to increased market efficiencies and,consequently, generate substantial consumer benefits.

24 Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to horizontal co-operation agreements, Commission Notice OJ C3,06.01.2001, p. 2, paragraph 3.


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PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPE

By: Martina Peric*


TABLE OF CONTENTS1 INTRODUCTION2. HISTORICAL BACKGROUND2.1. PLANNED ECONOMY IN COMMUNISM2.2. 1990�S FALL OF COMMUNISM AND RELATED DEVELOPMENT OF OPEN MARKETECONOMIES3. PRIVATIZATION3.1. NOTION OF PRIVATIZATION AND OPEN MARKET IN EASTERN EUROPE3.2. MOTIVES FOR AND GOALS OF PRIVATIZATION3.3. MODELS OF PRIVATIZATION3.3.1. POLAND3.3.2. FORMER CZECHOSLOVAKIA3.3.3. HUNGARY3.3.4. CROATIA3.3.5. BRIEF CONCLUSION OF PRESENTED PRIVATIZATION MODELS3.3.6. EU COMPETITION POLICY AS A FRAMEWORK FOR PRIVATIZATION4. COMPETITION POLICY4.1. LEGAL OBJECTIVES OF COMPETITION LAW4.2. LEGAL FRAMEWORK4.2.1. POLAND4.2.2. CZECH REPUBLIC4.2.3. SLOVAKIA4.2.4. HUNGARY4.2.5. CROATIA4.2.6. COMPETITION AGENCIES AND COMPARISON OF THEIR ROLE IN PRIVATIZATIONPROCESS4.3. POST-PRIVATIZATION ENFORCEMENT POWERS4.3.1. ENFORCEMENT MEASURES AVAILABLE4.3.2. ENFORCEMENT FOCUS4.4. ACCESSION TO EU � HARMONIZATION WITH EC COMPETITION LAW4.4.1. THE EUROPE AGREEMENTS5. FUTURE DEVELOPMENT6. CONCLUSION

�Without competition, the entrepreneurial spirit cannot express itself to the full, and one of the main drivingforces behind growth and employment would be lost. If ever proof were needed of this, one would have to lookno further than the havoc wreaked by economic systems that have shut the door on competition. The absence ofcompetition penalizes both businesses and consumers, who have less choice.� 1

I. INTRODUCTION

In Eastern Europe, the collapse of communism created an opportunity to spread �western stylecapitalism� into the former second world. The drive to market economy was quickly translated into privatization.However, privatization is not merely the sale of shares in a nationalized industry. The underlying intent is toimprove industry performance by increasing the role of market forces. The Eastern European countries havebeen struggling with the process of transforming their economies from a model based on central planning andstate ownership to some form of western �type capitalism. An important element of microeconomic reform is theestablishment and effective operation of a legal system, which supports the mechanism of competitive voluntaryexchange.2 A key aspect of this is, of course, legislation and institutions of competition policy. In the post-communist Central and Eastern European economic transition, restructuring and privatization are two key

* An LL.M. candidate at Georgetown University Law Center, 2002.1 Van Miert K., �Forword�, in Community Competition Policy (Luxembourg: Office for Official Publications of the EuropeanCommunities), 1994.2 Saul Estrin and Peter Holmes, Competition and Economic Integration in Europe, published by Edward Edgar Publishing Limited, 1998,UK, at 1.


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components of competition policy.3 Moving from communism to democracy and from command economies tofree markets, the countries adopted competition policy as an important element of their transition. Theyprivatized and restructured enterprises, liberalized trade, created incentives for firms to compete and establishedcompetition authorities to police rules of the game.

However it would be dangerous to generalize about the region of Central and Eastern Europe and applya single set of institutions and a single strategy across the different countries. These are countries with differentpolitical systems, legal traditions, ownership patterns, educational levels, industrial structures, languages,religions and population sizes. The Eastern European countries most actively engaged in privatization were theformer Czechoslovakia, Poland, and Hungary and each had a different privatization strategy. To this list I willadd Croatia, a part of former Yugoslavia, whose economy was badly hurt by the war, but which nevertheless hada similar political and economical background to the mentioned countries that are now in front of the doors ofthe European Union. All of them had the same legacy, inefficient centralized state enterprises inexperienced withcapitalist institutions.

The purpose of this paper is to give an overview of the privatization process and related development ofcompetition policy in each of these countries, to establish a link between privatization, i.e. privatizationagencies, and competition authorities, whose cooperation is very important and valuable for the successfultransition process, as well as the impact of accession to the European Union, which is the most influential forceon the development of the new economies in these countries.

2. HISTORICAL BACKGROUND

In this chapter I will give an overview of how planned economy operated during thecommunist/socialist period, when and how the collapse of communism occurred and how the Eastern Europeancountries dealt with the problem of creating open market economies.

2.1. PLANNED ECONOMY IN COMMUNISM

Central planning or a central planned economy is encompassing shorthand for the types ofsociopolitical and economic organizations that were established throughout Eastern Europe after World War II.4The core of the socialist development strategy adopted by all Eastern European countries centered onindustrialization across the breadth of these mostly backward, agrarian economies. In this, policy makersaccorded a pronounced priority role to selected industrial sectors for which they mobilized material and humanresources almost regardless of their opportunity cost.5 Most of the surplus value in these countries wasearmarked to finance the expansion of selected production sectors, heavy industry in particular, at the expense ofother economic activities, including consumption and improving living standards.6 Although the developmentstrategy did not explicitly aim at completely severing all foreign contacts, its core revolved around a rathernarrowly defined type of economic self-sufficiency. As experience demonstrated, forced industrializationthrough a highly centralized economic model had been suitable to carry out a consistent, rapid, and radicaltransformation of relatively backward and predominantly agrarian economies. It certainly had helped to mobilizephysical and other resources for the singular goal of attaining the millennium of the communist welfare state.7But it had been much less suited to ensuring steady growth in a moderately to highly diversified industrialeconomy.

In a traditional central planned economy (hereinafter CPE), the planning instruments and objectiveswere determined by a select circle of Party members, on behalf of the Communist Party.8 Instructions were soformulated so that little leeway for alternative roads to their execution was left. Most decisions were madepursuant to a comprehensive and binding �plan�.9 The plan assigned producers� mandatory targets or norms on

3 Carolyn Brzezinski, Competition and Antitrust Law in Central Europe: Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, 15 Mich. J.Int�l L. 1129, 1994, at 1157.4 Jozef M. van Brabant, Privatizing Eastern Europe, The Role of Markets and Ownership in the Transition, Kluwer Academic Publisher,1992, at 21.5 Id.6 Id. at 22.7 Id.8 Id.9 Regarding the notion of plan, professor Izdebski states that although economic reforms were undertaken in particular countries inrelatively different epochs and circumstances, their starting point was always the same: the over-centralized system of a state plannedeconomy, as if the entire national economy was a unique enterprise. Hubert Izdebski, Legal Aspects of Economic Reforms in SocialistCountries, 37 AM. J. COMP. L. 703, 704 (1989.)


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inputs, outputs, pricing, wages, capital allocation, and other aspects of what would normally be within thecompass of managerial, let alone entrepreneurial behavior.10 In addition, enterprises were assigned a whole rangeof welfare enhancing targets, including education, housing, nurseries, medical care, and vacationaccommodations, providing selected consumer goods at preferential prices.11 The central authority was groundedin the nearly exhaustive nationalization of capital, natural resources and, in most cases, land.12

Organization of industry was often artificially based on considerations other than supply and demand inorder to facilitate command distribution methods and central planning.13 The structure of the socialist economywas purposely anticompetitive, designed to facilitate central planning through control of large-scale productionunits and large firms integrated both horizontally and vertically. To facilitate control, factories were groupedtogether into large enterprises employing several hundred individuals. The socialist economies were brokendown into broad sectors, such as steel, sugar, textiles, trucks and rubber. Individual enterprises used genericnames such as �truck enterprise� or �rubber factory� in order to preclude brand name distinction that mightstimulate competition. Moreover, �enterprise associations� between firms in the industry level often functionedas cartels and reinforced the anticompetitive nature of the industry.14

The main feature of such a system was the emergence of economies where property ownership was theresponsibility of the state.15 Private companies were nationalized and turned into the administrative units of thestate, wide-scale public ownership was essential to allow the imposition of state control over resource allocationand production through the central planning mechanism.16 The rigidly centralized economies in Eastern Europerapidly proved to be inoperable.

In Poland, from 1944 to 1948 the economy was a mixed one, retaining some vestiges of privateownership along side central control and ownership.17 From 1949 to 1956 nationalization occurred with greatspeed. Poland followed the model of centrally planned economies that has been described as the industrialassociation as a business corporation.18 Under this model, the industrial association becomes the basic unit of theplan-carrying apparatus.19 This model of central planning was realized by organizing the economy into multi-departmental monopolist enterprises administered by ministers and their branches.20 The result of this was that in1972 ninety-nine percent of industry and commerce was state-owned and operated.21

While Poland favored the industrial association as a business corporation model for socialisteconomies, Hungary and Czechoslovakia favored instead the model of the industrial association as anassociation of independent enterprises.22 Under this model industrial associations were created as serviceorganizations for independent enterprises.23 The most important feature of such associations was lack of centraladministrative power over member enterprises, meaning that each enterprise made its own operational decisionsin order to meet central output or production requirements. State administration again gained a dominant rolethrough state ownership of enterprises, but it did not exercise its control from a state corporate headquarters as inPoland. Instead, state control functioned through target setting and allocation of resources. In Hungary, there wasa reorientation toward a limited private sector and market economy after promulgation of the New EconomicMechanism (NEM) in 1978, which was not the case in Czechoslovakia. That is the reason why by late 1990, justbefore the passage of the Czechoslovakian competition law, Czechoslovakia had almost no private sector at all.24

Croatia, at that time still part of the former Yugoslavia, wanted to follow, at that time, a new economicmechanism called Socialist (or workers') self-management.25 Enterprises formed prototype workers' councils in1949, and in 1950 and 1951 certain laws were passed to implement the system fully. These laws replaced stateownership of the means of production with social ownership, entrusting management responsibilities to the

10 Brabant, supra note 4, at 23.11 Id.12 Id.13 Edwin G. Dolan, Basic Microeconomics, at 428-432. See also Brzezinski, supra note 3, at 1156.14 See generally Dolan, Basic Microeconomics 428-32 (2nd edition 1980). See also Brzezinski, supra note 3, at 1167.15 Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, International Business: Global Competition from the European Prospective, 2000Oxford University Press, at 394.16 Id.17 Andrzej Brzeski, Economic Reform in Poland: The Cautious Avant-Garde in Poland since 1956, at 292.18 Id.19 Id.20 Grzegorz Cydejko, Anti-Monopoly Office, the Warsaw Voice, Jan. 20, 1991, available in LEXIS.21 Tadeusz N. Cieplak, Poland since 1956, 1972, at 278. See also Roger W. Mastalir, Regulation of Competition in the New Free Marketsof Eastern Europe, 19 N.C.J. Int�l Law & Com. Reg. 61, at 71.22 Janusz G. Zielinski, Economic Reforms in Polish Industry, 1993, at 278-79. See Mastalir, supra note 21, at 79.23 Id.24 Id. at 81.25 Id.


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workers of each enterprise.26 The laws empowered enterprise workers' councils to set broad production goals andsupervise finances, but government-appointed directors retained veto power over council decisions. Thegovernment also reformed economic planning and freed some prices to fluctuate according to supply anddemand, but foreign trade remained under central control. The Yugoslav Constitution of 1946 initiated theprocess of bringing all sectors of the economy under state control. Accordingly, all mineral wealth, powerresources, means of communication, and foreign trade were nationalized. By 1948 all domestic and foreign-owned capital, excluding some retail trade and small craft industries and most of agriculture, had been broughtinto the social sector.27 Forced collectivization of agriculture brought the last privately owned portion of theeconomy under state control.

A movement toward greater market freedom in Yugoslavia happened in 1960 and economic planningshifted to make Yugoslavia more competitive on the world market and to expose the economy to the beneficialinfluence of free international trade. However, the liberalization policies instituted by the Yugoslav authoritiesdid not produce the intended effects, with the result that industrial production fell, imports spiraled, exportsstagnated, and inflation increased because wages increased faster than productivity. As a result of the socialistpolicy of mandatory full employment and insulation from international competition and productivity in large,state-owned enterprises declined and economic stagnation and inflation appeared.

2.2. 1990�s FALL OF COMMUNISM AND RELATED DEVELOPMENT OF OPEN MARKETECONOMIES

The original raison d�etre of socialism was to overcome exploitation of labor by owners of the meansof production.28 The basic assumption in Eastern Europe was that full socialization based on state propertyshould allow the economy to develop rapidly, eliminate alienation, and facilitate attaining a just distribution ofincome.29 None of these goals were ever fully attained. Under these circumstances, sovereignty of the individual,autonomy and private property, business, political and intellectual freedom and the rule of law were suppressedfor decades. It is small wonder that the revolutions of 1989 and 1990 encompassed the whole region of EasternEurope almost at the same time with the goal of creating effective markets and fostering rational decision-making.

The forms privatization takes are very complex. The task depends first on the starting conditions forradical reform, particularly the legacies of central planning, such as the external debt, weak competitiveness onworld markets, inflationary pressures, and the degree of political and social consensus on reform. The trickiestproblem has been to dismantle the institutions of central planning in an orderly manner. Among the legacies ofCPE are also a lack of familiarity with how markets really operate, the absence of a broad middle class thatcould take over management from political or administrative decision makers, a generally missing managerialand entrepreneurial culture, expectations by the individuals that the reforms would preserve most of the benefitsthat they had taken for granted under communism and the absence of the institutions and legal basis necessary tosupport a free market economy.

However, countries whose governments were largely democratic before 1939 and whose economieswere reasonably successful under market capitalism before the introduction of central planning after 1945, werethe same countries which have achieved the most progress in the years fallowing 1990.30 The economic reformprograms adopted by countries of the Eastern European region after 1990 were characterized by wide-rangingpolitical reform and also with the need for western governmental and institutional involvement in all aspects ofthe process. Problems arising from the implementation of the reforms vary from country to country, but thesuccess of the program introduced in Poland, Hungary and Czechoslovakia rested largely on the fact that all ofthese countries had allowed some degree of private enterprise to exist in the final years of communism.31

Another important factor contributing to the success of the reforms was the existence of a largely honest andefficient bureaucracy which had become established and which was capable of carrying through the complicatedprocess of privatization. It was obvious that some policies like privatization and restructuring would be carriedthrough over a long period of time, while a creation of the central bank and small-scale privatization could beimplemented almost immediately.32 Although the general consensus among policy-makers was reached on the

26 Information available at http://www.loc.gov/rr/international/hr.html27 Id.28 Maton Tardos, How to Create Markets in Eastern Europe, 1998, at 260-61.29 Id.30 See generally Brabant, supra note 4, at 21-40.31 Id.32 Id. at 386.


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need for macroeconomic stabilization to precede structural transformation, in practice, however, structuralreforms like privatization and deregulation were generally rushed through at the same time. Most countriesembarked upon a massive program of privatization before both essential legal regulations and frameworks forfinancial markets had been developed.

With a century of central control by state monopolies, these countries have little experience with theefficient operation of a market economy. Eastern European industries are likely accustomed to adhering tocentral policy edicts, nevertheless the direction set by central planners of the privatization process has not beengreeted with great tolerance, although in my opinion it should have been.

3. PRIVATIZATION

As I have already mentioned, restructuring and privatization are two key components of competitionpolicy. The goals of restructuring and privatization are mutually reinforcing: restructuring prior to privatizationrelieves an enterprise of unrelated and unproductive assets and ensures that state-owned monopolies do notbecome private one.33 However, restructuring can occur also after the privatization process, the only problem isthat in that case the new owner has less incentive to deprive himself of a future private monopolist. In EasternEurope, privatization was needed to free enterprises from state involvement and subjects them to market forces.It was a quick method of creating a private sector in economies where all enterprises had traditionally been in thehands of the state.

3.1. NOTION OF PRIVATIZATION AND OPEN MARKET IN EASTERN EUROPE

In the Eastern European context, privatization would mean irrevocable divestment of assets held bystate and related governments to other entities that can take possession of property.34 Privatization in the post-communist Central and Eastern European countries may be defined and pursued by one of two concepts.Narrowly, privatization comprises only transformation of state-owned assets to private ownership. Broadly, itincludes the narrow definition as well as the creation and development of new entities and so-called �greenfield�investments. It has been more successful when pursued broadly due to a rapid flow of foreign investments, butthen again not in all of the countries.35

There is overwhelming evidence that privatization has had positive effects on profitability andperformance of privatized enterprises.36 Where privatization resulted in the direct introduction of competition,the benefits of the consumers and the economy as a whole were considerable. Prices fell, even in comparison topre-privatization prices which usually were artificially low. The range of products and services available toconsumers (both industrial and retail) increased. Where privatization was not followed by the introduction ofcompetition into the sector the evidence is less clear. Prices have shown much more resilience than theirequivalents in the competitive segments of the industries concerned.

After the opening up of the monopolistic market, the former monopolist frequently maintains itsdominant position for a long time due to its technical and financial advantages or the reputation that it hasacquired with its customers. Competition law is very important to discipline its behavior. The existence ofregulations does not imply exemption from the application of competition law.

Also, the states need to be very careful in establishing market rules and regulations that encourageforeign investments and discourage passive holdings. In that sense corruption becomes a big problem. InCroatia, for example, instead of having ownership transformation from so-called social to private ownership asthe prime tool for developing a shareholder economy and generating expanded production and increasedemployment, privatization was steeped in major scandals, mostly connected to corruption, while productivity felland unemployment grew due to incompetence and the customary problems associated with transition.37

Newly privatized enterprises, often unfit for foreign competition, are likely to press for protectionistmeasures, especially since an open domestic economy would be suicidal for unprepared local producers. Freecompetition would open the field for Japan and other low cost, high quality producers and would leave little

33 According to the Polish Antimonopoly Office, �it turns out that privatization of an enterprise often involves replacing a state monopolywith the private one.� Anti-trust Office on Monopolies, Zycie Warszawy, No. 35, Feb 11, 1993.See also Brzezinski, supra note 3,at 1178.34 Brabant, supra note 4, at 151.35 Some of the Eastern European countries were not attractive enough to foreign investors and the result is that the flow of foreigninvestments was really slow. On the other hand, countries like Hungary and Czech Republic were very popular to investors and theyachieved great results regarding the volume of foreign investment.36 OECD Proceedings - Privatization, Competition and Regulation, edited by Einar Hope, published by Routledge, 2000, at 10.37 Information available at http://marvin.globalnet.hr/www.hfp2.hr/


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chance for inefficient domestic producers, who need time to make the transition to efficient operation.38 Theinefficiency of domestic producers shouldn�t be a reason for consumers� suffering, but then again, the question iswhen and to which extent the foreign competition would be allowed, from which the consumers would benefit.For all Eastern European countries a very important policy issue is for how long should they protect domesticproducers from foreign competition. All Eastern European countries protect their domestic industries, however,since all of them are getting closer and closer to admission to the EU, they won�t be able to use protectionmeasures as freely as they could in the past. There are rules that must be abided in order to fulfill requirementsfor EU membership, one of which is limitation on state aid, one of the tools used by the governments to protecttheir domestic production but also the tool that can distort healthy competition. The one major concern of EU isthat it�s not possible to track the granting of state aid in most of these countries because they don�t have state aidinventories or independent agencies which would be responsible of monitoring the state aid grants, which theywill have to establish before entering the EU. Until today, only Poland has enacted the Act for Admissibility andSupervising of State Aid for Entrepreneurs.39 Each country is faced with the difficulty of balancing protection oflocal industries and introduction of foreign competition.

3.2. MOTIVES FOR AND GOALS OF PRIVATIZATION

The objectives of privatization are far-ranging and emphasis placed on any of them differs from onecountry or time period to another. The priority given to any of possible objectives or aims depends on particularproblems faced by a given country and on the ideology or philosophy of the governing political party. A 1993survey carried out by The Economist identified at least 57 varieties of privatization.40 Privatization is mainlylinked to an improvement in efficiency, as a result of introducing competition into the relevant sectors. The lackof competitive pressure means that there is sometimes no incentive to pursue technological innovation and inparticular it deprives consumers of the ability to choose between different technologies. On the other hand,privatization is a hot political issue. It could be suicidal for the political party in power or it could strengthen abelief of the nation that they have been correctly led into the open market economy.

From the economical point of view there are six motives for privatization.41 Foremost is improvingeconomic efficiency42 because the size of the public sector is too large and it has led to inefficiency inproduction and resource allocation. Second motive is separation of the role of government as producer from itsother tasks in society43, third, privatization contributes to strengthening a shareholding culture and familiarizingthe population at large with holding shares as part of their wealth. Also, privatization in the sense of divestmentcould lead to a substantial increase of state�s revenue from the sale of equity44 and divestments contribute to thedevelopment of financial markets and can finance new and expending enterprises. Finally, privatizationpromotes competition and without competition a market-based economic system cannot exist.

From political motives I�ll single out the three most important ones. The first concerns the role of thestate in the economy and economic development.45 Liberty requires private ownership with the role ofgovernment in the economic affairs restricted as much as possible. Public goods should be provided by the stateonly when it has comparative advantage. Another political motivation is the need to strengthen democracy andsocial stability.46 Democracy without private property rights is unthinkable and democratic institutions anddecision making should help maintain social stability as people feel they have voice in way in which their societyis run. Finally, there is a need to put aside politically appointed managerial structures taking the government outof the decision making over the allocation of capital assets.

3.3. MODELS OF PRIVATIZATIONAll of these countries have developed national privatization programs geared toward fundamental

transformation of the state-owned economy.

38 Steven S. Cohen and Andrew Schwartz, The tunnel at the end of the light: Privatization in the Eastern Europe, 7 Transnat�l Law.7, 1994,at 12.39 The work on the Act on conditions for admissibility and supervising of state aid for entrepreneurs was finished on June 30th 2000 and itcame into force on 1st January 2001.40 Estrin & Holmes, supra note 3, at 81.41 Brabant, supra note 4, at 156.42 Id.43 Id.44 Id at 157.45 Id. at 158.46 Id.


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3.3.1. POLANDIn 1990, Poland initiated several privatization programs having different scope and time frames,

including �mass�, so called �sectoral� and �fast-track� programs.47 The mass privatization program involved thesimultaneous privatization of several hundred large, state-owned enterprises through the formation of nationalinvestments funds.48 The sectoral program involved dividing the Polish economy into sectors and developingprivatization schemes for each sector.49 The fast track or �quick� program involved privatization of small- andmedium-sized enterprises through direct negotiations with investors.50

In Poland, three methods of privatization have been applied: capital privatization, privatization throughliquidation and privatization through the National Investment Funds (NIF) program.51 The first method ofprivatization allowed state owned enterprises to become joint-stock or limited liability corporations which couldthen undergo privatization with shares being offered for sale to the public or directly to large domestic or foreigninvestors.52 This process became known as �corporatization�, but also meant that little or no restructuring hadtaken place prior the sale. The 1990 Law required the consent of the majority of the workforce, which gave themthe opportunity to block the privatization process. However, there are no data stating they used that opportunity.In reality, the government had the power under the law to veto or overrule any attempt by the workforce tohamper the privatization process by withdrawing their consent. Until today there has been no attempt by thegovernment to intervene in the privatization process in this way, and it is unlikely that it will do so in the future.All Polish citizens living in Poland are entitled to receive �privatization vouchers� to be used to acquire sharesof joint-stock companies created through the transformation of state-owned enterprises.53 This is similar to theCzech Republic and Hungary�s program of issuing vouchers or so-called �coupons� with the one distinction. Thegoal of the Polish program is to convert the population�s ownership of companies through governmentownership to direct stock ownership, i.e. all citizens get a share of these companies, while the Czech Republicvouchers are given to parties whose properties were expropriated and are now entitled to receive credits in theprivatization process. In effect, the process of privatization through corporatization in Poland has been very slowthrough corporatization and this method has often been criticized my analysts.

The second method of privatization is initiated by employees and management and has involved thesale of assets of state-owned enterprises to newly created corporations. Although originally intended for theprivatization of small state enterprises, this method was generally quicker and simpler and it was increasinglyapplied to larger companies. The shares were offered for sale at preferential rates to existing workers andmanagers with the provision to allow shares to be acquired over a period of time, thereby eliminating the need toraise capital quickly. All state-owned enterprises privatized in this way have generally been sold at rates whichare well below the market valuation. Problems relating to valuation have, perhaps, been more clearly seen in theprivatization of small retail units where the incumbent tenant or manager has generally been successful inacquiring the business at an extremely preferential rate. This practice has become known as �insiderprivatization�. It can be argued that local authorities responsible for the disposal of small state-owned enterprisesin Poland have actually contributed to restricting competition in that sector by preventing new entrepreneurs,with different incentives and ideas about the future structure of businesses, from entering the market and biddingfor small business units. Despite successes gained with the privatization of small businesses, the overallprivatization process was slow in the period up to 1994 due to the shortage of capital available for purchase ofshares in the private sector. Since 1994, the government has attempted to move towards a policy of massprivatization involving the sale of shares at full price to private investors and investment funds, which is a thirdmethod of privatization employed in Poland. In 1995, government permitted 5 privately managed NationalInvestment Funds (NIFs) to be established to deal with the privatization of 512 small and medium sizedenterprises. By the mid-1997 there was criticism of the slow pace of privatization since there were still 3700companies left in state hands and all NIFs were losing money.

I believe that Poland has made great efforts to privatize its economy, yet the Polish government needsto continue to pursue its goals. The fundamental privatization problem in Poland has been medium and large 47 Wladyslav Jermakowicz, Privatization in Poland: Aims and Methods, Ministry of Privatization 25-30, Paper presented at the U.S. PolandChamber of Commerce (May 18, 1992). See also Brzezinski, supra note 3, at 1178.48 Id. at 1158.49 For these purposes, the Polish economy was initially divided into 34 sectors, such as shoes, machine tools, cables and conductors,construction, rubber products, breweries, fat, sugar etc. Jermakowicz, supra note 47, at 25-30.50 Ministry of privatization, Information Guide to the Ministry of Privatization 11 (1991). See also Brzezinski, supra note 3, at 1159.51 The Law on Privatization form 1990 established two methods of privatization and the third methods was created in 1992 withimplementation of the NIF program. Information available at http://www.mac.doc.gov.52 Robert C. Drake, Legal Aspects of Financing in Czechoslovakia, Hungary and Poland, at 524. See also Sergio Salani and Jerry Sloan, AnOverview of Legal and Financing Aspects for Doing Business in Hungary, Czech Republic and Poland, 9 Temp. Int�l & Comp. L.J. 27, at42.53 Id.


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sized firms. The government wanted to privatize them as soon as possible, while the experience of othercountries showed how slowly the process normally goes.54 However, one can find a certain justification for sucha rush to mass privatization. Poland wanted to escape from the situation in which the old system is broken but atthe same time there is an increase in control rights of firms� managers. As was the case in other countries, such asituation leads to what is known as �spontaneous privatization�. In spontaneous privatization the managersobtain full or partial ownership of the firms they had worked in, at low or no cost and in a non-transparentmanner. By high speed mass privatization, Poland wanted to mitigate that. It was originally viewed as a bestavailable measure to increase transparency, however, ironically, it may have given rise to privatization�s presentreputation in Poland and many transition countries as a prime cause of increased corruption.

3.3.2. FORMER CZECHOSLOVAKIA

Similarly, while still a federation in 1991, Czechoslovakia commenced a variety of privatizationprograms. In 1992, a federal government initiated a �mass� privatization scheme privatizing approximately1,500 of the federation�s largest enterprises.55 Aside from mass privatization, the so-called Large Privatizationand Transformation Law allow large state-owned enterprises to select their own privatization strategy, subject togovernmental approval.56 The so-called Small Privatization Law allows small companies to privatize themselvesthrough auctions.57 Before division into the independent Czech and Slovak Republics, Czechoslovakia plannedto use a three-phase approach: in the first phase, small concerns were to be sold to private investors, then offeredto the public; in the second phase, large scale enterprises were to be privatized by distributing vouchers, whichwould later be exchanged for shares, to all Czechoslovakian citizens; in the final phase, a group of state-runenterprises was to be transformed into joint stock companies. After the federation ceased to exist, the two nationsenacted legislation modifying the second phase of the mass privatization program to require that citizens investin companies only in their respective countries.58

In Czechoslovakia, the rapid privatization program was effectively managed by distributing themajority of shares free to the population by issuing vouchers under the scheme devised by Vaclav Klaus.59 In asituation where an enterprise employed more than 500 people, a proportion of the share equity was exchangedfor vouchers and the remainder was sold through auctions or direct sales. Privatization of small firms hasgenerally been carried out through auctions, although restitution and compensation has been awarded to theformer owners of businesses seized by the communist after 1945. After the creation of two separate republics in1993, the Czech Republic continued with its program of privatization while the new government in Slovakiaexperienced a slowdown in the speed of privatization.60 The Slovakian government claimed that it needed togive priority to employment and that jobs could be better protected by retaining control of enterprises by thestate.61 Although privatization in Czech Republic has been more rapid and was sustained by a second wave ofprivatization taking place in 1994, privatization has occurred without substantial restructuring in the majority ofindustries. The general lack of substantive restructuring has meant that privatization has not produced efficiencygains from the companies involved. Some foreign investors have been seen to abuse their power in the market inthe absence of anti-competition laws, by exploiting the monopolistic nature of industry in Czech Republic (andelsewhere in Eastern Europe).

Czech Republic, at first, was extremely successful with its voucher privatization, the initial results werevery encouraging and the private sector grew rapidly. Compared to Poland and Hungary, with their initially highrates of unemployment and inflation, the Czech Republic looked really good. The Czech Republic model of 54 In the United Kingdom, Mrs. Thatcher�s privatization team had managed to divest about 20 companies in a ten-year period. TheMexicans, starting with a large number of firms, had sold off about 150 entities in six years, and both UK and Mexico are leadingprivatizers.55 The program is based on vouchers sold in phases to citizens for nominal sums. In the first phase, nearly 80% of the population purchasedvouchers, and enterprises accounting for a third of the federation�s output were subjected to privatization. Holders were entitled to bid theirvouchers for shares in any of approximately 1500 state-owned enterprises. To encourage and assist voucher holders in their investments,several hundred private investment funds pledged to buy vouchers for up to 10 times their purchase price. Financial Times Survey:Privatization in Eastern Europe, Fin. Times, July 3, 1992, at 1-3.56 Undertaken in two phases comprised of 2000 enterprises each, the first phase was slowed after the government received nearly 13,000privatization proposals from the first group of enterprises. Eur. Bank for Reconstruction and Dev. Ann. Econ. Rev. 38-48, 62-69 (1993)hereinafter Eur. Bank Ann. Econ. Rev.57 The Small Privatization Act applies to small businesses and parts of businesses in the sphere of services, trade and production. Ernst &Young, East European Country Profiles 40 (Aug. 1992).58 Czechoslovakia to Split Privatizations, Int�l Herald Trib., Aug. 1-2, 1992, at 9. See also, Cacilie Rohwedder, Slovakia�s Leader Seeks toRevamp Nation�s Image, Wall St. J. Eur., Mar.1, 1993, at 4.59 Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, supra note 15, at 401.60 Id.61 Id.


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mass privatization was called the most successful, until it showed the first signs of decline in 1996. Some saythat Czech Republic didn�t recover its GDP growth rate until 2000.62 The reasons for such an outcome areseveral. First, the privatization investments funds were insufficiently regulated so there were some illegal actionsthat enriched fund managers at the expense of minority shareholders and harmed the health of the firms, second,some of these funds were owned by local banks that were only partially or not at all privatized. These bankspersistently gave loans to poorly performing firms privatized by vouchers. All this led to widespread publicdissatisfaction with the privatization. The results are under performing privatized firms desperately needingrestructuring that were undercapitalized, poorly managed and with the sufficit of employees.

I can conclude that the application of the voucher approach in Czech Republic resulted in substantiallosses because it turned the majority of the equity privatized by vouchers over to investments funds which wereinsufficiently regulated and they opened the door to a variety of highly dubious and some illegal actions thatenriched fund managers at the expense of minority shareholders, and harmed the health of the firms. The largestof these funds were owned by local banks and they were tended not to treat aggressively poor performance infirms because they didn't want to write down the resources lent to these firms. The banks persisted in lendingloans to poorly performing firms privatized by vouchers. The result was the expropriation of firm assets byinvestment fund and firm managers by defrauding many minority shareholders. All that combined with theinsufficient regulation in capital markets, failure to establish productive corporate governance made it possibleonly for a small group of people to benefit from privatization, while the mass of population received little ornothing from the transfer of former state property. It�s left to be seen how the Czech Republic will continue withits privatization program, since it lost a lot of foreign investments due to the experiences of the past. Hopefully,it will find a better way to privatize in order to finish as successfully as possible the transformation process of theparts of the economy still waiting to be privatized.

3.3.3. HUNGARY

Hungary formally announced its privatization programs in 1990 with the establishment of the StateProperty Agency.63 The State Property Agency developed the First Privatization Program, for the privatizationof twenty enterprises from the manufacturing, hotel, tourism, commerce, trade and transportation sectors and theSecond Privatization Program for the privatization of forty to sixty enterprises that had transferred most of theirassets to joint venture companies with foreign partners.64 In addition, under the so-called Transformation Actwhich provides for trade sales, the State Property Agency receives twenty percent of the shares of thetransformed enterprise while the remaining eighty percent may be sold to investors.65

In reality, the SPA was seen to exercise merely a supervisory role and did not manage to significantlyinfluence the pattern of privatization in Hungary in 1990s.66 The government played safe and delivered aprogram which was more attractive to the general public who may have resented a process where ownership fellinto the hands of a small number of large private investors. Assets of privatized companies tend to be grosslyundervalued and criticism arose when it was seen that foreign investors were being encouraged to acquiresubstantial stakes in privatizing Hungarian companies. 67 In 1990, about 200 companies were privatized byclosed tender and sold to established partners, foreign companies and other organizations.68 SPA did exercisesome control over the resulting activities of companies involved in privatization, however, there was evidence ofcorrupt practices and much of the criticism was not only leveled at the government but also at the foreigninvestors themselves. About four-fifths of the first 200 companies to be privatized were purchased by foreigninvestors, who were particularly attracted by the prospect of acquiring shares in consumer goods companies inorder to increase their existing market share. By the end of 1992, it was estimated that more than 15 per cent ofstate property had been privatized, but not all of it successfully.69 Recently the government has undertaken morestock exchange privatizations and introduced methods of payment by installments to attract small, domestic

62 John Nellis, Time to Rethink Privatization in Transition Economies? In O. Havrylyshyn and S. Nsouli, editors, A Decade of Transition:Achievements and Challenges, Washington, IMF, 2001.63 Act VII of 1990 of the Foundation of the State Property Agency, as amended by Act LIV of 1992 on the Sale, Utilization and Protectionof Assets Temporarily Owned by the Sate. See also Brzezinski, supra note 3, at 1160.64 Hubertus V. Sulkowski, Privatization in Hungary: The Art of the Possible, Int�l Fin. L. Rev., Apr. 1991, at 32, 34.65 Most privatizations of Hungarian state-owned enterprises have proceeded in this manner, with multinational companies comprising over85% of the investors. The first enterprises to be purchased were consumer goods enterprises, many of which had pre-existing trade andlicensing relationships with their foreign purchasers. Financial Times Survey, supra note 56, at 4.66 Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, supra note 15, at 400.67 Id.68 Id.69 J. Karsai and M. Wright, Accountability, Governance and Finance in Hungarian Buy-Outs, Europe-Asia Studies, 46 (1994), at 997-1016.


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investors. In addition, a compensation scheme was introduced to assist those who had suffered confiscation ofassets when the communists nationalized private companies after seizing power in 1945. The benefits of privateownership were further extended when small businesses like grocery shops and restaurants were sold to theirexisting tenants.70

Hungary used the direct sale method on a case by case bases which prove to be quite successful. As inPoland and Czech Republic, Hungary also had unwanted effects during its privatization process, like highunemployment and inflation, and a high corruption rate on the part of governmental officials. However, Hungarywas the most attractive country for foreign investors and according to some data it still is. The wholeprivatization process was mostly driven by foreign direct investments. It is to be seen how Hungary will finish itstransformation process and whether it will operate as an open economy in the near future.

3.3.4. CROATIA

Croatia has conducted its privatization process more slowly than the group of transition countries nowin the first round of integration with the European Union (Hungary, Poland, the Czech Republic, Slovenia andEstonia). Privatization policy in these countries up to the end of the 1990s had already achieved its initial task toa large measure and succeeded in transforming planned command economic systems into working marketeconomies with a dominant and competitive private sector in the creation of GDP, thereby creating thefundamental ownership conditions for a return to economic growth. All of these countries, with the exception ofSlovenia, have achieved in this sense the standards of the majority of OECD countries.

Various privatization models in Croatia had to enable the fast transformation of state entities into theprivate ones, which would result in successful economy, higher investments into new production technologiesand increase in the number of the employees. By passing the Law on Transformation the legal foundations toinitiate the transformation and privatization were created. By midyear of 1993, 1100 companies with small basicequity were 100% privatized, and the employees, former employees, retired employees and management becametheir owners. After passing of the Privatization Law up to 50% in the basic equity could be purchased by theemployees, former employees, retired employees and management boards under the same conditions as in theLaw on Transformation. They were granted the preferential treatment of privileged acquirers by providingsignificant discounts to former and present employees (20% basic discount plus 1% additional discount for everyyear of service) for purchase of shares in the nominal value up to DM 20.000,00.71 They could pay for the sharesin installments within the period of five and later even twenty years. This was the creation of so-called "smallshareholdings" as a specific quality of the Croatian transformation and privatization model. The contracts on thesale of shares at a discount were concluded by 641.152 former and present employees in former socially ownedenterprises and they gained the position of so called "small shareholders".72

By amendments of the Law from 1993, the initial purchase right of employees was limited to 50% inthe basic equity of the company. The remaining half, i.e. more if there was no interest for subscription or in caseof companies of higher value, was sold by public invitation to tender. This manner of portfolio sale is stillcustomary. This model legally provides the possibility, if there are no interested purchasers, of the sale at lowerprices than the nominal and making the Decision of the Government of the Republic of Croatia to sell underspecial conditions.

The auctions organized by the Croatian Privatization Fund on Zagreb Stock Exchange were the onlyactivity of the Stock Exchange for a long period. They were namely held from the very beginning of theprivatization process, and stronger activity on the Stock Exchange took place only after listings of liquid shares -securities to regular quotation. The sale for frozen foreign currency savings was the opportunity to decrease thestate debt, and enabled was the purchase of companies for bonds made by transformation of foreign currencydeposits into public debt.

For the entire duration of the transformation and privatization process, the CPF has approved therestructuring programs to include the sale of assets to enable companies to settle their debts or to start newinvestments. This was happening mostly in big systems. In August 1995 passed was the Law on Rehabilitation ofCertain Enterprises determining the restructuring of companies wherein the State has the majority of shares, andwhich are the basis of economic activity either on national or regional level. The Law foresees thetransformation of debt into the ownership share, solution of problems of redundant employees through socialprograms, etc.

70 Id.71 Information available at http://marvin.globalnet.hr/www.hpf2.hr/72 Id.


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Beside the sale of shares to small shareholders under favorable conditions, the Law regulated onefurther mass privatization program based on free distribution of vouchers to certain categories of population(refugees, displaced persons, families of the fallen and missing Homeland War veterans and political prisoners).Approximately 230 thousand people were granted the right to a certain number of investment points, dependingon the group. The vouchers could be exchanged for shares in individual companies on public auctions or couldbe invested in Privatization Investment Funds (PIF) which then participated in auctions on behalf of futureshareholders. In this case the shareholders became the shareholders in PIFs and not in specific companyauctioned on their behalf.

From 1991 to the end of 1999, the privatization process encompassed a total of 2,650 former socially-owned companies, and 667 of these were industrial.73 One can, however, conclude that the privatization processin the first transition decade (1991-2000) did not achieve the expected economic objectives. Small number ofcompanies was privatized, the process was accompanied by a series of unwanted and distorted effects due to ahigh level of corruption, inconsistencies and irregularities in the procedure with which it was carried out andhigh level of unemployment, and most importantly, the privatized companies were not successful in theirperformance. Thus, it has not fulfilled the expectations of neither analysts nor the wider public. Furthermore,during 1999, when an extensive liquidity crisis emerged and many privatized companies failed (particularlychains of companies owned by tycoons), an interesting phenomenon occurred as failed companies were returnedto state ownership (renationalization). They were actually returned to the Privatization Fund�s portfolio, but witha negative balance of capital and employees. The small shareholder system also collapsed for the same reasonsand with essentially the same consequences. Out of 641,152 contracts on the purchase of shares, only 166,081were paid in full, while 96,041 contracts are still being repaid and as many as 379,030 contracts (59.11%) wereterminated.For the first time in the Croatian privatization process, the issue of the actual market value of the shares in theportfolio has been broached and an orientation for sales models has been adopted which will take into accountthe actual value of the shares. This is significantly different from the previous insistence on the par value of theshares as the only possible sales price of these shares.Through draft amendments to the Privatization Act, which have introduced the institutions of the absoluteauction, sales at market prices, auctioning at lower bids, etc. (which were almost unthinkable until now), thelegal framework for a transparent sales based on market principles is being created.Such an approach requires changes in legislation, something this administration is working on intensively. Theseare not just changes in laws that regulate privatization, but also an entire series of associated laws such as theBankruptcy Act, the Taxation Act, the Investment Incentives Act, etc. All of these moves have created theprerequisites for steps that ensure that Croatia does not irretrievably move from the bottom of the group of moreadvanced transition countries to the group of losers in the transformation process. Croatia cannot afford anyfurther delays in progress in this field (the current economic recession clearly indicates this), so the strategicpriorities are therefore to privatize the residual portfolio that emerged in the transformation process as soon aspossible, and continue with the privatization of public utilities, the remaining large state-owned industrialenterprises, tourism complexes and the banking and insurance sector, which have until now largely remainedoutside of the flow of privatization. The successful implementation of the process in these sectors will have amultiply positive impact with a series of important economic effects which were not adequately achieved in theprevious phases of privatization.

3.3.5. BRIEF CONCLUSION OF PRESENTED PRIVATIZATION MODELS

Most of the countries discussed have established relatively large private sectors in a short period oftime. The emergence of an effective competitive market economy is much less likely in an economy stilldominated by state-owned firms even if prices and trade have been liberalized. Also, it does matter how theprivate sector has emerged, and what systems of corporate governance have been set up in privatized companies.The countries may be grouped according to the level of emergence of the private sector. In the Czech Republic,Slovakia, Latvia and Lithuania, the private sector has emerged from mass privatization. Poland, Bulgaria,Romania and Slovenia created the private sector primarily from de novo growth from new entrepreneurs, whilein Hungary and Estonia the privatization have been driven primarily by foreign direct investments. It�s hard tosay whether it is possible to single out one of the privatization methods as more effective in comparison toothers. Each of them has its advantages and disadvantages, and the result of each of the methods does not dependexclusively on the method itself, rather it depends on variety of different factors. Through the commentary that

73 Information available at http://www.marvinglobalnet.hr.


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I�ve read, many times I found an assertion that transition countries might have done well to adopt the Polishapproach to privatization, as one of the first countries that started mass privatization and also known as a slowprivatizer. The commentators say that many features of the Polish privatization experience have beenundisputedly positive. For example, the country has adopted appropriate legal regulations requiring relativelyhigh- quality disclosure standards for privatized companies. These have made the country's capital market muchmore transparent than in other Central European countries and have ensured a relatively healthy and largelyprivatized banking sector. Other benefits have stemmed from Poland's use of mainly traditional methods ofprivatization, based on proper institutional rules. While the process may have been somewhat slower and moredifficult at the start, over time it accelerated and broadened as the participants' experience grew. Another aspectof the Polish experience is that top-down privatization was not the primary factor in creating the new ownershipstructure of the current economy. Even more important was the explosion of newly funded private firms, whichhave become the driving force in Poland's dynamic economic growth. At the same time, the systematiccontraction of the public sector through liquidations, bankruptcies, asset downsizing and privatization helpedcreate the conditions allowing the new entrants to prosper.I find such an assertion problematic, because you cannot borrow just one part of integrated policy of onecountry, apply it elsewhere and expect to have full range of effects as in the country from which it was borrowed.You have to take into account the surrounding policy and institutional environment. For example, large-scaleprivatization worked in Poland, because Poland had well-applied economic and financial policies, corporategovernance provided by the workers� councils on one hand and professional and private managers from NIF onthe other. Had any of these things been absent, the outcome of the privatization process would or might havebeen totally different. However, countries that have used different methods of privatization are at the same levelof success and accomplishment, Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic, for example, are all graded4 in the World Bank last survey assessing progress in privatization, which means they have more than 25 percentassets privatized, Croatia is just right behind them, graded 3, which is considering the 5 years of war the countryendured, very respectable. Poland, Hungary and Slovakia used direct sales as a primary method of privatization,while the Czech Republic, known by its rapid privatization, used vouchers as its primary method of privatization.Trade liberalization needs to be supplemented by a fuller institutional framework if the gains from trade are to berealized, but more importantly, legal certainty also brings a reduction in the risk premium in investment.74 It is inthis latter area that the advantages of harmonizing competition law lie.

Programs such as these, created by the post-communist Central European governments provide fornationwide privatization on multiple levels. Each of these countries faces similar challenges in implementing itsprivatization programs, and each competition authority faces similar oversight responsibilities with regard toeach of the privatization programs. Specifically competition authority must ensure that asset sales andacquisitions are conducted in a competitive manner and through competitive tenders, while avoiding any unfairdisadvantage to their nationals. Also competition authorities must prevent in each country�s drive to attractforeign investors, monopolistic practices and investments that effectively replace state monopolies with newprivate ones.75 Finally the competition authorities must monitor the practices of privatized firms to ensure thatthey do not resume their former monopolistic practices.76

3.3.6. EU COMPETITION POLICY AS A FRAMEWORK FOR PRIVATIZATION

The EU competition rules aim to maintain a competitive environment undistorted by firms or stateinvolvement and introduce greater competition into sectors in which member states have conferred monopolieson certain enterprises.77 Treaty of Rome does not in any way prejudice member states� rules governingownership. In this sense, the term liberalization, the opening up of the market, is more appropriate to describethe core of competition policy, while privatization arises as an indirect issue. More specifically, where marketliberalization does lead to a reduction of public enterprises� share of any particular sector, then competitionpolicy does bear directly on privatization. The main concern with privatization within the EU is with the granting

74 Brzezinski, supra note 3, at 1161. See generally, Richard Whish, Competition Law 30.75 In Poland, Italy�s Fiat Company was coming dangerously close to acquiring a monopoly position on the Polish car market, a factor thegovernment finally took into account in deciding between investors. Often foreign investors demand conditions to investment that theywould not demand in the West, such as guarantees of �temporary� local monopolies and protection from imports. See also Brzezinski, supranote 3, at 1160.76 In this regard, the experience of Great Britain in the 1980s, with the privatization of state electricity, water, gas, airline and telephonemonopolies, may be instructive. In order to prevent exploitation of monopoly power by the privatized monopolies, the governmentestablished regulatory authorities to govern the privatized entities. See generally Richard Whish, Competition Law 30 (1989). See alsoBrzezinski, supra note 3, at 1161.77 Saul Estrin & Peter Holmes, supra note 2, at 82.


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of state aids to facilitate the process of privatization, since aid granted selectively to only certain players isassumed to give rise to unfair competitive advantage.78 Basic principles for evaluating privatization in the EUare:

1. Privatization by flotation: When the privatization is effected by the sale of shares on the stockexchange, it is generally assumed to be on a market basis and aid is not involved.

2. Privatization by competitive tender: Privatization by open, unconditional tender withbusinesses being sold to the highest bidder pose no problem for competitive policy. For this to be the case, thefollowing bidding rules need to be observed: the tender must be open to all comers, transparent and notconditional on the performance of other acts, such as the acquisition of assets other than those in the bid or thecontinued operation of certain businesses: the company must be sold to the highest bidder and bidders must begiven enough time and information to carry out proper valuations on the assets on offer.

3. Privatization by trade sale: The process whereby a company as a whole or in parts is sold toother companies through closed bids: for example, after negotiations with a single prospective purchaser or anumber of a selected bidders. In such cases prior notification must be given to the Commission, whichscrutinizes the terms of the transaction in order to ascertain that EU competition rules are not violated.

In all of the above cases the purchaser must not receive the assets at a price below their estimated value.Furthermore, any sales on terms that cannot be considered normal commercial terms must be preceded by avaluation carried out by independent consultants. Lastly there must be no discrimination based on nationality ofthe prospective buyers.

The legal framework for privatization in Eastern European countries has in fact incorporated some, butnot all, of the EU main concerns regarding competition. From the Eastern European point of view, the problemof abuse of dominant position still remains one of the major concerns of the competition policy.

4. COMPETITION POLICY

Antitrust laws are the Magna Carta of free enterprises.79 Poland80, Czech Republic and Slovakia,Hungary and Croatia have enacted antimonopoly laws to stimulate and safeguard the competition necessary formarket-based economies. In all of these post-communist states competition enforcement plays a vital andunprecedented role in their efforts to transform their non-competitive socialist system to competitive market-based system. The competition policies of these countries permeate all areas of economic reform, likerestructuring and privatization, sustained economic growth and stability, foreign investments and gradual fullintegration with the European Union.81

Such an approach, to have successful competition policy enforcement, is important for a variety ofreasons. There is the argument of its contribution to economic development.82 Whereas the argument is alreadyvalid for a closed economy, it gains supplementary importance in a global economy because of internationalcompetitiveness. But there is more than that. Countries are unlikely to be accepted as respectable players in theglobal economy if they allow anti-competitive practices in their territory. Finally the globalization of theeconomy has reached a stage where more international cooperation in the area of competition policy has becomenecessary. If the market has become global, so has possible anti-competitive behavior. The competition policiesshould develop adequate tools to deal successfully with that problem.

Furthermore, competition policy can represent an important way to develop the rule of law in marketrelations, as well as to promote competitive behavior by firms. In evaluating the operation of competition policyit is also important to understand the extent of privatization and the scale of foreign investments.

4.1. LEGAL OBJECTIVES OF COMPETITION LAW

Competition policies in developing countries often seem to focus not only on market behavior ofindividual firms, but also pursue regulatory policy objectives of restructuring, deregulating and privatizingindustries, taking into account the social adjustment problems of such policies83, because market structures are 78 Id.79 Ernst-Ulrich Petersmann, Competiting Competition Laws: Do we need a global standard?, 34 New Eng.L. Rev. 145, at 145.80 Poland became the first of Eastern Europe�s new free markets to enact laws regulating competition with the Law on CounteractingMonopolistic Practices of January 1990. See, e.g., Foreign Authorities Expect to Focus on Mergers and Anticartel Law Enforcement, 62Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) No. 1550, at 97, 104 (Jan. 30, 1992). See also Rodriquez & Williams, supra note , at 89.81 Brzezinski, supra note 3, at 1130.82 Competition Policy Newsletter, Number 4, Volume 1, Spring 1995, Brona Carton, Thinam Jakob and Stefaan Depypere, Summary of themost important recent developments, at 55.83 Ernst-Ulrich Petersmann, Competing Competition Laws: Do We Need a Standard?, 34 New Eng.L.Rev. 145 (1999), at 153.


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distorted at the time of adopting of the free market approach. Legal objectives of competition law in general areprotecting individual freedom and equal opportunities against abuses of power, but from the privatization pointof view, the legal objective is to prevent non-competitive market structures and collusive behavior that results innon-competitive pricing and misallocation of resources.

4.2. LEGAL FRAMEWORK

In Eastern Europe, as the private economy develops and the privatization continues to produce newcommercial entities, free market business practices are replacing former command and control practices.84 Giventhe large gaps that exist in the commercial laws of these countries, market surveillance provides an essentialcheck on anticompetitive business practices.85 Accordingly, each country has developed legal prohibitionsagainst anticompetitive and monopolistic practices and has purposely constructed the laws with vague languageto give the competition authorities discretion to weigh the benefits of a given economic activity against the harmfrom the activity�s restriction on competition.

All of the post-communist countries� laws prohibit anticompetitive practices by entities occupyingdominant or monopolistic positions. These provisions are particularly important for two reasons. First, theyprovide a means of controlling the legacy of state monopolies left behind by central-planning.86 Second, theyalleviate to some extent the fear that privatization of state monopolies will result in the creation of new privatemonopolies.87 Under each of these laws, the competition authorities follow the activities of firms with dominantand monopoly positions and monitor concentration of the market. The way in which the information is collecteddiffers from country to country, but mostly it is received from governmental bodies and private parties.

I will now examine the competition laws of each of these countries in connection with the maincharacteristics of each of the legal systems pertaining to privatization to establish whether these economiesincluded and are still including competition concerns in their transition to open market economies. I will try tofind the link between the activities of the competition agencies on one hand, established in all of these countries,and privatization agencies and governments on the other. The focus of this chapter is a crucially important issue;that is, whether competition agencies can or should participate in restructuring prior to privatization to try toobtain a workably competitive market as a result and to prevent or mitigate the consequences that some of thesecountries experienced in their economies due to the lack of competitive restructuring prior to privatization.

4.2.1. POLAND

The first of Eastern Europe�s new free markets, Poland, enacted a law regulating competition, thePolish Act on Counteracting Monopolistic Practices and Protection of Consumer Interest, on February 24, 1990.This law provided framework for competition law, established basic principles on illegal market behavior andprovided a framework for the implementation of the law. On the basis of Article 19(1) point 7 of the Anti-Monopoly Act, the Anti-Monopoly Office drafted �The Government Program for the Development ofCompetition from 1991-1993�, which was approved by the Council of Ministers in 1991.88 This programrequired members of government and directors of central offices to work to promote competition in theirprograms to change the structure of the economy. The methods of the competition policy focused on thecompetition problems that could arise in the economic transformation process, that is privatization andrestructuring of the economy. In my view this was the point in time when the Polish authorities realized thatcreating suitable conditions for the development of competition is very important in transformation process,necessitating operation outside of the traditional competition policy options, including counteractingmonopolistic practices and demonopolization. Special attention has been paid to merger control and businessrestructuring. Competition policy in Poland is driven by the needs of the national economy and by the pressureof the international institutions which Poland intends to join.

According to the Polish law, cartel agreements made by competitors are subject to scrutiny, as are actscombining management functions of two or more competitive organizations or firms.89 This is particularlyimportant with regard to state-owned enterprises subject to winding up procedures under Article 37 of thePrivatization Act, and to so-called parallel companies formed by state-owned enterprises to which all of the

84 Brzezinski, supra note 3, at 1161.85 Id.86 Id.87 Id.88 Marjo Ojala, The Competition Law of Central and Eastern Europe, Sweet & Maxwell 1999, at 139.89 Law on Counteracting Monopolistic Practices of February 24, 1990, art. 4, para. 1.4., hereinafter Polish Monopolistic Act.


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assets of the state-owned company are then transferred. The law has been already amended so that a thirtypercent market share remained the threshold for break up of firms and the largest share allowed a privatizedfirm. However, other market share thresholds were altered.90 The term monopolist, applied to firms with noeffective competitors which are not allowed to privatize without being broken up, was redefined as any firmwhose market share exceeds 80 percent, rather than 90 percent as has been required originally.91 In 2000, Act onCompetition and Consumer Protection replaced the Act on Counteracting Monopolistic Practices and Protectionof Consumer Interest. The modifications introduced by the new Act are design to increase the efficiency of theOffice for Competition and Consumer Protection.

Participation in restructuring programs is one of the major ways in which the Office has influenced thecreation of a competitive structure of the economy. Privatization of state-owned enterprises was monitoredthrough the notification requirement for every venture.92 This procedure safeguards against transforming statemonopolies into private ones, which could then act perhaps in an even more aggressively monopolistic way. ThePolish Office was quite involved in the privatization process almost from the beginning. However, the Office�sauthority is not far reaching, because the opinions regarding privatization are not binding. There is one way howPolish Office can prevent the transformation of public monopoly into a private one, and it concerns the extent ofits authority under the Polish merger control provisions. The Office can prevent the creation of the new companyif the first time buyer, by allowing the transaction, would have a monopoly. The most valuable step that Polishgovernment undertook was to involve the competition authority in the restructuring programs, realizing that isthe most efficient way to prevent the creation or maintenance of non-competitive market structure. The onlydisadvantage is that competition authorities don�t have enough enforcement powers, their opinions are notbinding and they are therefore unable to change the governmental decision to privatize even though there is ahigh probability it will create anti-competitive environment.

4.2.2. CZECH REPUBLIC

The Czech Republic Act on Protection of Economic Competition was passed in January 30, 1991.Section 8 of the Act is specifically dedicated to the state administrative procedure to prevent the creation of amonopoly position by competitors in the course of the transfer of state-owned property. Article 19 states:�Whiletransferring state property�the state administrative authorities are obliged to set specific conditions under whichthe monopoly position �shall be discontinued or the creation of the new monopoly by a new competitor shall beprevented.�93 The article further states that in case of a new competitor whose market share may be expected toexceed the limit of 30 percent of market share, the state administrative authorities are obliged to prepare ananalysis including an estimate of whether the competitor with such a share market is able to abuse a positionwithin the subsequent two years, an evaluation of the competitor�s competitive potential in relation to thecompetitor's existing involvement in the market and an assessment in light of regulations, whether or not thecompetitor has a dominant market position.94 The administrative authority is obliged to submit such an analysisto the Office for the Protection of Competition 95 and if the administrative authority disagrees with the opiniongiven by the Office, the case will be resolved by the Cabinet on the proposal of the state administrative body.According to the competition report of the Office, in large numbers of proposed privatization in the CzechRepublic, the individual ministries failed to submit them to the competition authorities for comments. Therewere also cases where comments of the Office for the Protection of Competition, informing the respectiveministries and the Ministry of Privatization of the need of deconcentration, were not followed by any action.96

The Czech Anti-Monopoly Law, in Article 20, deals with the transfer of state owned property on thelocal level, stating that local administrative bodies are obliged to ensure that a competitive environment iscreated in the regional and local markets and, in particular, they are entrusted to ensure that none of thecompetitors exceeds a market share of 30 percent, which would lead to the conclusion that the competitor holdsa dominant position. In case the authorities fail to comply with the preceding provision and the competitor holdsa dominant position in the market, the local authority shall propose measures for the rectification of such a

90 War on Monopoly, Gazeta Wyborska No.114, Lexis Nexis.91 Id. The Office keeps a register of business entities whose market share on the domestic market exceeds 80 percent. This register playedan important role in preparing lists of state enterprises that participated in the so-called mass privatization program.92 Marjo Ojala, supra note 91, at 151.93 Art. 19 (1) of the Act on the Protection of Economic Competition of the Czech Republic, No. 63/1991 Coll., hereinafter Czech RepublicAnti-Monopoly Act.94 Art. 19 (2) of the Anti-Monopoly Act.95 Former Ministry of Economic Competition.96 OECD Economic Surveys The Czech Republic and Slovak Republic, at 40-41.


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situation to the Ministry. When the decision about the means of rectification is made, it should be executedwithin a timeframe of a maximum of two years.97

Even though the Czechoslovakian economy was highly monopolized in 1990, privatization andsubsequent restructuring of the industry have altered the situation. The Former Ministry of EconomicCompetition participated in the process of privatization. The aim of its activities during that process was tocreate a competitive environment and its presence was considered to be a preventive measure against the rise ofnew monopolies. Many state-enterprises had thirty percent or more of relevant markets which meant they had adominant position.

In seeking to regulate anti-competitive behavior the competition authority suffered from the lack ofresources and limited independence from other branches of the government. However, privatization of state-enterprises progressed very rapidly and structural changes have taken place. As a result, the integrated structureand market segmentation that has dominated the economy has often remained. For example, even though thenumber of enterprises involved in wholesale and retail trade has increased, the enterprises did not compete inproduct lines or geographic markets and were using the same transport and retail structures as before.

Regarding privatization, the main role in the Czech Republic is played by the National Property Fund(hereinafter NPF) who calls public tenders for the most suitable bid. There is a new procedural regulation forimplementing the tenders in effect as of January 9, 2000. The principal change under the new procedure involvesthe sale of privatized state enterprise assets.98

The new procedure contains all the elements that are necessary from the competition policy point ofview, e.g. openness of the procedure, the opportunities for prior evaluation of the enterprises, clear rules of theprocess etc, which is a very positive thing. In the Czech Republic, unlike Poland, opinions given by thecompetition authorities are mandatory, which means even though they are not binding, they have to be given,whereas in Poland the authority is not obliged to give its opinion on current privatization projects. The CzechRepublic approach is one step ahead of Poland in its efforts to link together the competition authority and theprivatization authority so to be able to create an efficient market structure. Even though the opinions are notbinding, the privatization authority receives them and reviews them on a regular basis. Through such aninteraction, the consciousness of the competition policy�s importance will rise in the members of theprivatization authority.

4.2.3. SLOVAKIA

Protection of competition in the Slovak Republic is governed by the Constitution of the SlovakRepublic, Article 55, paragraph 2, which states: "The Slovak Republic protects and supports competition", theAct of the National Council of the Slovak Republic No. 188/1994 Coll. on Protection of the EconomicCompetition (hereafter referred to as "Act on Protection of the Economic Competition") and the Act No.71/1967 Coll. on Administrative Proceedings which relates to proceedings before the Antimonopoly Office ofthe Slovak Republic (hereafter referred to as " the Office") as a subsidiary law.

In Slovakia, part 8 of the Act on Protection of the Economic Competition is devoted to the support ofeconomic competition during the privatization process. When transferring state property to other persons withinthe meaning of privatization law, state organizations and state administrative bodies are required to proceed inthe way that secures:��appropriate deconcentration of privatized enterprises.�99 Where the state organization�smarket share has exceeded the threshold of 40 percent, the state administrative body shall carry out anassessment. In this assessment it will determine the market share of the state organization and expected marketshare of a new enterprise in the relevant market and it will assess the competitiveness of the new enterprisetaking into account its existing involvement in the world market and turnover of the state organization. If itappears that the new enterprise will be anticompetitive, the Slovak Office shall oppose to the privatizationprocess submitted. Since there is almost no data available, I found only one statistic data about this issue. In1992, the Slovak Office opposed about 20 percent of the privatization projects submitted to it. In most of thecontested cases, the government favored the authorities in charge of privatization.100

The Ministry for Administration and Privatization of National Property of the Slovak Republic isresponsible for transformation, denationalization and privatization. It participates in the development of thepolicies and processes of denationalization and privatization of national property and adopts the measures for its

97 Art. 20 (2) of the Anti-Monopoly Act.98 Information available at http://www.loc.gov/rr/international/european/czechrepublic/hr.html99 Article 19(1) of the Act on Protection of Economic Competition No. 188 of the National Council of the Slovak Republic, 8th July 1994,hereinafter Slovak Anti-Monopoly Law.100 OECD Economic Surveys The Czech and Slovak Republics 1994, at 40.


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realization, it sets the terms for submission of privatization projects, judges the submitted privatization projectsin terms of their legal appropriateness and completeness of documentation, and in harmony with the law issuesthe decisions about the privatization and in harmony with the law submits the proposals for the decisions aboutthe privatization. The relation of the Office to privatization arises from Article 19 of the Act on Protection of theEconomic Competition, according to which the Office is obliged, within eight working days, to comment on adraft privatization project submitted by a founder according to the Act No. 92/1991 Coll. on the Conditions ofTransfer of State Property to Other Persons, as amended. As part of the interdepartmental remarks proceedingsconcerning privatization projects in 2000, the Office issued its opinions on 28 draft privatization projects. Incase there is a disagreement between the Office and administrative bodies about the ruling of the Office, the casewill be decided by the Government of the Slovak Republic. The same procedure applies if the Ministry forAdministration and Privatization of National Property of the Slovak Republic, while approving privatizationproject, proceeds in such a way that it changes the conditions for appropriate deconcentration contained in thedraft of the privatization project.101

The aim of competition legislation in the Slovak Republic, represented by the Act on Protection of theEconomic Competition, is the protection and support of efficient competition as well as creation of conditionsfor its further development in order to support economic development for the benefit of consumers. The intensityof competition may be reduced by applying other policies. The Office's duty is therefore also active participationin the process of formulation and implementation of other policies in the form of issuing opinions on draftlegislation, documents submitted to the Government of the Slovak Republic, opinions regarding privatizationprojects, opinions in accordance with acts providing for these obligations.

The competition authority is involved in the privatization process by mandatory comments onprivatization projects, but there is no evidence of participation of the Office in restructuring programs of theSlovakian government. Taking into account the number of opinions given in year 2000, the conclusion is thateither there is a small number of privatization processes or the role and the importance of Slovakian Office islimited. As with the opinions of other Eastern countries� competition authorities, these opinions are not bindingand therefore unable to ensure an impact on privatization, which is a disadvantage of the activity of all countries�competition authorities. Slovakia was highly monopolized and concentrated. As a result, the economic subjectsaffected in the market have significant market power and have an opportunity to abuse this market position.Therefore, Slovakian government should make an effort to involve more deeply the Slovakian CompetitionAuthority in the privatization projects in the future. Maybe that is the reason why Slovakia, once part of formerCzechoslovakia, is so behind the Czech Republic as well as Poland in its economic development and prosperity.

4.2.4. HUNGARY

Interestingly competition laws have a long tradition in Hungarian law, namely, anti-trust legislation wasin force during the Austro-Hungarian Monarchy. Hungary enacted the Law on the Prohibition of Unfair TradePractices and Restrictive Market Practices in November 1990. However, the main provisions of Hungariancompetition law are laid down in Act LVII of 1996 (the Competition Act) last amended in 2000. The HungarianCompetition Act does not contain provisions directly targeted at privatization process, as it is the case in theCzech Republic and Slovakia. Its approach toward the privatization derives under its merger control provisions.There are other pieces of legislation which are not part of the competition law, but which do have provisionsinfluencing competition. For instance, different Acts enacted in Hungary, covering regulated sectors of naturalmonopolies like e.g. Act on Communications. The Competition Act was based on the assumption thatprivatization, direct private investments and imports would rapidly develop a competitive market place. Thecrucial point in Hungarian economy�s transformation occurred in 1992-1993 with the profound restructuring.The competition authority, The Office of Economic Competition created at the end of 1990, faced a challengehow to design appropriate competition laws, because there were still a lot of uncertainties in business life andconduct of undertakings acting in dominant position. According to the Act (1990), ministers were obliged tosolicit the opinion of the Office of Economic Competition (the former Competition Agency) on every draft billthat would have had a restrictive effect on competition. Also, the Office had some role in the privatizationprocess. It granted permission to privatizations which involved mergers and its opinion was required in cases ofprivatizing a company with a dominant position, although this was not necessarily taken into consideration. Inreality, the role of the Office in the privatization process was relatively limited.102 In Hungary, by 1996 theprocess of privatization and restructuring was mostly completed. As a result of deconcentration policies, the

101 Slovak Anti-Monopoly Law, supra note 99, at Art. 19(3).102 OECD Economic Surveys Hungary, at 119-120.


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concentrated corporate structure was largely removed and a large private sector has emerged. At that time, thegovernment policies were no longer directed towards privatization and restructuring. However, in 1996 thenumber of mergers and acquisitions increased in Hungary and the need for a good merger control developed.Prior, that need was less due to the fact that market forces were inducing splitting rather than merging.

4.2.5. CROATIA

The Croatian Competition Act was adopted on July 6, 1995 (Official Gazette of the Republic ofCroatia, No. 01-95-1249/ 1). As in Hungarian Competition Act, the Croatian Competition Act does not containprovisions regarding the process of privatization and the role of the Croatian Competition Agency during thatprocess. The Croatian Competition Agency was established in 1997 as an independent body with an autonomousbudget. Its Director is appointed by Parliament and reports to it on a yearly basis. All its decisions are madepublic through press releases.

The Croatian Privatization Fund does not consult the Competition Agency on whether certainprivatization projects might result in unfair competition or in unfair consolidation. However, there is a proposalfor certain cooperation from the Council of the Agency to the Croatian Parliament.103 Namely, the proposalsuggests that agency should review all privatization projects before The Croatian Privatization Fund makes adecision to allow the privatization of a certain entity or not. Furthermore, the Agency wouldn�t only be involvedin pre-privatization process, but it also would monitor the privatized entities after privatization process.

Croatia is behind all of the other countries I described. Now, it has a difficult task. The first phase ofprivatization is over, and it was quite unsuccessful. Also, it was managed without the participation ofcompetition authority, since the latter didn�t even exist during almost the whole phase. However, today, Croatiahas established the competition agency, has proposals for the agency�s involvement in the privatization processand is now starting with the second phase of the privatization process. Whether it will include the competitionagency from the beginning in this next phase of the privatization program and work on the creation of acompetitive market structure is yet to be seen. In my opinion, Croatia will use the experience from its neighbors,the problem is whether it will recognize their mistakes in attempting to create competitive markets, in order toavoid them. Hopefully it will proceed in such a manner to create a workable competitive market in the future.

4.2.6. COMPETITION AGENCIES AND COMPARISON OF THEIR ROLE INPRIVATIZATION PROCESS

Recognizing the failure of their formerly non-competitive economies, Eastern European countriesattached primary importance to competition as a means of economic transformation and growth.104 . Each lawestablishes a competition authority that is entrusted with development and protection of competition andoversight and enforcement of competition law. Accordingly, the competition authorities created under anti-monopoly laws of the post-communist states have played and play crucial and diverse roles in marketsurveillance, demonopolization, import liberalization, restructuring of natural monopolies and merger control.105

Each country faces similar challenges in implementing its privatization programs, and each competitionauthority faces similar oversight responsibilities with regard to each of the privatization program. Rather than thecompetition authorities, governmental authorities almost exclusively control privatization policy and decision-making in the post-communist countries. Although privatization decision-makers uniformly assess privatizationproposals on the basis of offered price, investment plans, access to markets, employment and environmentalprotection considerations, they generally do not evaluate seriously a proposal�s effect on competition. Tointroduce a competition-based component into the privatization analysis, the competition authorities haveapplied the anti-monopoly laws� prohibitions against acquisition and maintenance of market dominance toentities undergoing privatization. The Polish and the Hungarian Office similarly approach the privatization undertheir merger control provisions. The Polish Office may prevent a new company from forming if a first timeforeign investor would acquire a monopoly, while a Hungarian Office may only interfere in cases of �merger or

103 Telephone conversation with Mr. Sinisa Petrovic, the Vice-President of the Council of the Croatian Competition Agency, on March 20th,2002.104 Brzezinski, supra note 3, at 1130.105 As a result of their diverse roles and relatively small stuffs, however, the limited resources of the competition authorities are extremelyoverburdened.


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fusion�.106 While neither the Polish nor the Hungarian Laws require notification in cases of share acquisitions,the Polish Law expressly provides that an acquisition of shares or assets may be a prohibited monopolisticpractice �when such acquisition could lead to a significant weakening of competition.�107 Since neither of thelaws provides for notification in the case of liquidation, which is the most frequent and expedient form ofprivatization, they potentially allow investors to purchase and consolidate assets that effectively confer marketdominance.108

The Czech and Slovak authorities deal with privatization outside of the law�s regular merger andcontrol provisions. Specifically, the Czech and Slovak Laws contain �transitory provision� that require stateadministrative bodies during the process of privatization to submit to the competition authorities an analysis ofthe post-privatization competitiveness of an entity.109 The analysis must contain sufficient guarantees that anypre-transfer monopolistic position of an entity will be eliminated and that any new entity created will not obtain amonopolistic position.110 If a state administrative body disagrees with the ruling of the relevant competitionauthority on the analysis, then the analysis must be submitted to the respective Czech or Slovak government forapproval.111 While this approach is extremely progressive in comparison with Polish and Hungarian approaches,its impact in the Czech Republic has been greatly diminished by the law�s exclusion of �state enterprises andorganizations beneficial to the public and state monopolies created by law.�112 By excluding state protectedmonopolies, the law risks condoning that which it seeks to prohibit the creation of private monopolies.113

Competition authorities should participate more in pre-privatization decisions. The arrangementbetween the Hungarian Office and the Hungarian State Property Agency provides an instructive model for othercompetition policies to follow. In Hungary, all state-owned assets are concentrated under the control of either theState Property Agency or state holding companies, which have the authority to restructure and privatize suchassets. The Hungarian Office holds a seat on the State Property Agency�s board of directors, which affords theOffice the opportunity to hear and influence privatization decisions.114 This formal link between competitionauthority and the privatization authority allows for greater consistency between privatization and competitionpolicy. As privatization progresses in the associated countries and as the state-owned portion of the economy istransformed and transferred into the private sector, the role of the competition authorities in the privatizationprocess will diminish. Nonetheless, to the extent that the methods of privatization determine the nature andstructure of the post-privatization economy, the competition authorities should remain actively engaged in allstages of the privatization process. To the extent that they are actively seeking greater involvement in shareacquisitions and liquidations, the competition authorities are exhibiting substantial foresight and will likelyachieve a more competitive post-privatization economy as a result.115

Through import liberalization and the counteraction of monopolistic practices, the competitionauthorities increase the exposure of enterprises to market forces and thereby contribute to passiverestructuring.116

4.3. POST-PRIVATIZATION ENFORCEMENT POWERS

The competition authorities must maintain and promote competition during the process of privatizationby ensuring that state-owned monopolies do not simply become private ones; they also must ensure that as the

106 The Hungarian Office curiously stated that �in privatization cases where a particular owner appears for the first time on the Hungarianmarket, there are no concentrations, only ownership changes. Therefore, in such cases it is logical that privatization cannot be assessed fromthe point of view of competition law.� Hungary OECD Report, supra note 114, at 14-15.107 Polish Anti-Monopoly Act, supra note 94, Art. 4.1.3.108 Brzezinski, supra note 3, at 1162.109 Czech Republic Anti-Monopoly Law, supra note 93, Art. 19(2). Slovak Anti-Monopoly Law, supra note 99, Art. 19 (2).110 Id. at Art.19. The duty to submit such an analysis also applies to the transfer of state-owned property to a state-owned joint stockcompany. Brzezinski, supra note 3, at 1162.111 Id.112 Id.113 This risks became a reality in the Czech tobacco sector, when, as a result of special protection, Phillip Morris acquired a solid 85% of amarket share of the Czech tobacco sector through its acquisition of a majority stake in the sole Czech tobacco producer. Craig Karmin,Where there is smoke�, Bus. Cent. Eur., 1993, at 25. Under intense pressure from the Czech Ministry, the Czech parliament passedlegislation abolishing the state monopoly as of January 1994. Vladimir Petrus, End of Tobacco Monopoly, Fin. Times E. Eur. Bus. L. Feb.1994, at 3 (discussing Tobacco Act 303/1993).114 Brzezinski, supra note 3, at 1163.115 Id. at 1174.116 Passive restructuring seeks to force enterprises to restructure spontaneously by exposing them to market forces. On the other hand, activerestructuring seeks to decrease the size of artificially large enterprises, thereby reducing production concentration levels, and to separateunrelated portions of enterprises.


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private sector begins to function it will do so in a competitive manner.117 That is the reason why competitionauthorities are armed by far-reaching enforcement powers and they need to balance full and aggressiveenforcement against the practical limitations that stem from political instability, inflation or strong pressure fromspecial interest groups. They need to enforce competition laws in a consistent, efficient and aggressive manner inorder for economic reform to be successful. All of the authorities have a wide choice of measures available tocounteract monopolistic practices.

4.3.1. Enforcement measures available

The Polish Office for Competition and Consumer Protection (OCCP) may order practices to be ceasedor prices to be lowered, prohibit implementation of an agreement and impose fines of up to 15% of the profit ofan entity for the preceding year. Its decision may be appealed to the Antimonopoly Court, but the office maydeclare its decision to be immediately effective.

In the Czech Republic, the Office shall remove any irregularities in activity with respect to the Czechlaw, may issue an injunction against prohibited activity and impose fines of up to 10% of an entity�s turnover forthe proceeding year. Its decisions are appealed to regular Czech courts.

Slovak Office may deem anticompetitive agreements to be void, order a dominant entity to refrain fromabusing its position, issue an injunction and issue a fine of up to 10% of an entity�s turnover for the proceedingyear. Its decisions are appealed to regular Slovak courts.

In Hungary the choice of enforcement measures available to the Hungarian Office is innovativecomparing with the others. After a complaint is filed with the Office, an expert group examines the case andprepares a report. Three members of the Office�s Competition Council examine the report and hold a hearing onthe matter.118 The Council has a power to confirm a violation of the law, prohibit continuation of an illegalpractice, impose a fine or request additional measures as necessary. Decisions of the Competition Council maybe appealed to the Court of the First Instance.

In cases of actions infringing or restricting market competition, or abusing a monopolistic or dominantmarket position, the Croatian Competition Agency shall issue a decision ordering the discontinuation of suchactions, it may prohibit the further implementation of the concentration or in case of established concentrationissue a decision containing the measures necessary to eliminate both the restrictions to market competitioncreated by the concentration, and the time limit for the elimination of such restrictions. 119 When the violation ofthe Law on the Protection of Market Competition is determined, the Agency shall submit to the Court forMisdemeanor, a request for starting the procedure in front of that Court, together with the elaborated proposal onpenalties for the respective violation. Decisions of the Agency may be appealed to the Administrative Court ofthe Republic of Croatia.

4.3.2. Enforcement focus

Each authority is faced with problems, effects of economic reform such as rising unemployment,inflation, political pressure, etc, and each of these countries is in pursuit of full European Union membership.That is the reason why their enforcement efforts have developed a distinct focus. The Polish enforcement effortsare part of the overall policy of the Polish Office to develop competition and to protect enterprises andconsumers against anticompetitive practices.120 The Polish Office has focused on cases involving monopolisticpractices, particularly those involving imposition of onerous contract terms and tying arrangements, although ithas been devoting larger percentage of its enforcement efforts to the prohibition against abuse of a dominant ormonopolistic position. The prohibition against onerous contract terms has often been the Polish Office�s onlymeans for combating monopolistic practices of state-protected monopolies.

The Czech enforcement efforts stem from the desire of Czech Ministry to pursue demonopolizationwhile simultaneously preventing an increase in the concentration on the market.121 In the absence of the expresspower of demonopolization, the Czech Ministry has focused most of its enforcement efforts on combating abuseof a dominant or monopolistic position. In particular, Ministry has focused on abuse of a dominant position in

117 Id. at 1129.118 Id. at 1145.119 Croatian Competition Act, Art. 36.120 Brzezinski, supra note 3, at 1145. See also 1991 Ann. Rep. of Poland to the OECD Committee on Competition Law and Policy 5(May1992) hereinafter Poland OECD Report. See also, Polish Antimonopoly Office, Competition Development Project (1991-1993).121 1992 Czech Office for Econ. Comp. Econ. Bull.3.


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the context of privatization by analyzing the post-privatization competitiveness of state-owned entitiesundergoing privatization.122

Similar to the Czech Ministry, the Slovak Office is pursuing demonopolization and deconcentration ofthe market.123 It focuses much of its enforcement efforts on cases involving abuse of the dominant position,particularly those involving restriction of market access by entities holding such a position.

The Hungarian office, similar to Slovak Office, as well as Croatian Office124, has focused most of itsefforts on cases involving abuse of dominant position and in particular on cases involving discrimination andrestriction of market access. Since both newly established enterprises and enterprises that were divided duringthe process of privatization tend to be small in size, the scale of mergers has been relatively modest.

Each of these antimonopoly laws was designed to accommodate the special characteristics of the post-socialist economies. The most obvious ones are high degree of monopolization and severe problems of marketmeasurement because of lack of available data.

4.4. ACCESSION TO EU � HARMONIZATION WITH EC COMPETITION LAW

4.4.1. The Europe Agreements

�We have to provide an example for the fragile democracies of Eastern Europe. When they look at whatbinds the twelve Member States in the Community, they notice that at the heart of its successful market economylies a sound competition policy.�125 This statement captures the essence of the emerging relations between theassociated countries and the EU. By agreeing to develop and adapt their competition laws in conformity with ECcompetition law, these countries have predetermined the nature and organization of their national economies.Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and eventually Croatia are all in the process of becomingMembers of the EU, pursuant to nearly identical Europe Agreements.126 These countries must align theircompetition laws to the principles of the Treaty of Rome.127 Also, co-operation agreements are signed in whichthe competition authorities of the respective countries agree to co-operate in the area of competition withoutagreeing to approximate legislation.128

The U.S. system is very sophisticated and it�s highly suitable for developed economy with a multitude of majorcompanies, which have a great deal of experience in the antitrust field, and highly qualified lawyers and judges.By contrast, EU�s antitrust system is more accessible, the rules are clearly stated in the Treaty of Rome. EUsystem is therefore easier for transition economies to handle, and secondly it would seem to make sense to havethe same set of rules in neighboring countries. Apart from being cost-efficient, this will help to create a singlecompetition culture and a level playing field for economic operators.129 State aid control along the sameprinciples will help to avoid, or at least reduce, trade friction between the EU and the Eastern Europeancountries. The same applies in the areas of state monopolies of a commercial character and the treatment ofspecial and exclusive rights. It is clear that competition rules are vital part of the trade policy relationship between EU and theCEECs (Central Eastern European Countries), just as competition policy was the primary integrating device inthe early years of common market. The eastern countries have begun to modify their domestic laws to makethem much more similar to the Rome Treaty. There are two potential disadvantages of EU law as a basis fordomestic legislation in the transition economies. First is that EU competition laws were not only designed toenforce economic efficiency, but are also constructed to promote �fairness�. Fairness regarding the rights of EUproducers is not always consistent with the interest of consumers and producers of eastern non-member EUcountries. The economies in transition have been characterized for at least a generation by widespread stateownership, the absence of competition and complete disregard for the interest of consumers. The seconddisadvantage is that market integration for its own stake was an aim of the Treaty of Rome.

Upon the expiration of 10 year agreements, these countries must open up their markets to the EU andharmonize their laws with EU law, including EC competition and trade law. Specifically the harmonization withEU law should provide a stabile legislative framework for economic reforms such as privatization of state-owned 122 Brzezinski, supra note 3, at 1147.123 Id. at 1148.124 Information available at http://www.crocompet.hr/125 Speech of Commissioner Sir Leon Brittan to the EC Chamber of Commerce in New York on Mar. 26,1990, extracted in 1990 4C.M.L.R. 324, quoted in David P. Fidler, Competition Law and International Relations, 41 Int�l & Comp. L.Q. 563 (1992).126 Brzezinski, supra note 3, at 1149.127 Id.128 Estrin & Holmes, supra note 3, at 38.129 Brzezinski, supra note 3, at 1151.


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industry130 and encouragement of foreign investments. The EU Agreements directly incorporate the competitionprovisions of the Treaty of Rome as well as the methods used by EC to interpret them and enforce them.Importantly, the Europe Agreements mark the first time that the EU has included a competition section in anassociated agreement. This is important because in that way EU greatly augmented the role of the competitionauthorities in the associated countries.

5. FUTURE DEVELOPMENT

As the competition authorities continue to assist the Eastern European countries in their efforts to createmarket-based economies and in their drive to join EU, they will achieve stable competition regimes that benefitfrom the experience of the West and from their unique experience under socialism. The future task of all of thesecountries is to proceed with their privatization programs in the rest of their economies, while bearing in mind theimportance of competition policy�s concerns.

Since Poland is planning to enter the EU in the group�s next expansion, it is in the midst of reformsnecessary to meet membership criteria. The Polish coal industry is one of the country�s most importantemployers and has a powerful union, so there are important political considerations to all reforms of the sector,as well as commensurate efforts to find employment for displaced miners. Coal and steel industry restructuringbegan in May 1998 and was expected to be completed by the end of 2001. Privatization of mines is justbeginning, with the Bogdanka mine, one of Poland�s most profitable, approved for a 45% sale to ManagementBogdanka, a private company that is a consortium of investors. PricewaterhouseCoopers is advising the Ministryof the Economy on further privatization and restructuring, and three tentative plans have been drawn up that varyin the degree that the size of the sector that is maintained and the degree of subsidies and privatizations thatwould be put in place. No decision has been taken by the government on this issue.

The energy sector will be open to competition by 2004. Privatization is seen as the key tomodernization and efficiency of the electricity sector. In September 1996, a law was passed that laid thefoundation for de-monopolization and privatization of the industry. Plans called for reducing the number ofgenerating companies from 35 to 7 and for privatizing power generation by the end of 2001. A law that tookeffect in December 1997 sets the groundwork for third-party access to the power grid and vests authority in anindependent Energy Regulatory Office. However, the privatization has been delayed. According to the head ofthe Energy Regulatory Office, it will be two to four years until Poland�s energy market is truly competitive.Regulations are still seen as insufficiently defining PSE�s position in the new system, such that as long as PSEcontinues to regulate itself, the opening up of the grid is restricted.

The privatization of small and medium state-owned companies and a liberal law on establishing newfirms has allowed for the rapid development of a vibrant private sector. In contrast, Poland�s large agriculturalsector remains handicapped by structural problems, surplus labor, inefficient small farms, and lack ofinvestment.

EU membership is predicted to bring overall benefit to Poland, decreasing trade barriers with key tradepartners such as Germany and enhancing political stability. In turn, Poland will be key in EU expansion plans, asPoland is by far the largest country, in terms of both population and gross domestic product, among the twelvestates that have begun discussion of accession to the EU.

The Czech Republic must deregulate the banking industry, tackle its environmental problems andstrengthen its regional government. Since the end of the Communist era in 1989, when 100% of industries werestate-owned, the Czech Republic has made great progress in privatization. It is estimated that only 10% ofindustry was state-owned at the start of 2001. The government has plans for further privatization in the chemical,energy and mining, telecommunications, and steel sectors. The structural reforms and economic rebound havestrengthened the Czech Republic�s fast-track status for membership in the EU, which is currently slated for2003- 2005.

In Slovakia, the largest privatization acquisition in the history of the country was accomplished in 2000,the sale of 51 percent of Slovak Telecom to Deutsche Telecom. At the moment, Slovakia is making aconsiderable progress in the privatization of Slovak banks, but the process is not finished.131 In 2000/2001, 60privatization projects regarding health service facilities were submitted to the Slovak Ministry of Administrationand Privatization of the National Property. The majority of them were approved to be privatized and some ofthem are still waiting the approval.

130 Id. at 1152.131 Information available at http://www.opic.gov/links/countryinfo.asp?country=Slovakia&region=euro


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The structure of private ownership in Hungary already closely resembles that of several West Europeancountries, and some economists say that privatization is not a central issue of economic policy anymore.132

Nevertheless, the privatization process will go on for some time. A number of assets are waiting to be sold offand issues such as so-called long-term state ownership need to be solved. In that category is the disposition ofaround 200 firms in which the state intended to reserve a long-term stake for itself, as defined in Hungarianprivatization law. Furthermore, the energy sector as well as the telecommunications is waiting to be privatized.

Croatia is in the process of preparing a proposal for the future institutional and regulative solutions forthe continuation of the privatization process in the second transition decade. This refers in particular to the issueof the further privatization and management of residual portfolios of the Croatian Privatization Fund, publicutilities, the banking and insurance sector and large industrial enterprises, which have remained largely state-owned. An invitation tender is currently running in The Financial Times, in which potential investors are beinginvited to invest in 58 companies in which the state�s share surpasses 25 percent.133 These are sizeable industrialcomplexes with a large number of employees. Also, additional efforts must be invested for the furtherprivatization and restructuring of a part of health-care and educational services, as well as other public servicessegments for which there is no economic reason for them to be provided exclusively by the state.The preparation of a comprehensive document containing the strategic guidelines for the privatization process,the necessary legislative framework for the process (privatization of each public company requires the passage ofseparate laws) and a precise schedule in which the privatization of public utilities and banks will proceed isunder way. One of the important objectives in this process is to return legitimacy to and regain confidence in theinstitutional organization of the privatization process, which was considerably sullied in the previous phase ofprivatization.134 An audit and the annulment of all legally questionable and criminal cases in the privatizationprocess, which the CPF has already initiated pursuant to existing laws, will have a powerful demonstrativeimpact on the public. These measures are necessary to ensure that privatization regains not only its legality butalso its legitimacy in the eyes of the public.

6. CONCLUSION

In the case of an economy in transition from communism to capitalism, such as Poland, CzechRepublic, Slovakia, Hungary and Croatia, a huge process of economic and institutional changes must beundertaken. Such a process was never before seen in history. These countries have to create a favorable climatefor private initiative, but in an economic environment that is still to some extent influenced by the direct controland intervention of the state. These countries have adopted competition legislation to assist in this process, someprovisions of which are the same everywhere. At the same time, the legal framework and enforcement thereof isoften dynamic and often unpredictable in transition countries because of the need to facilitate the adjustment to adynamic market-driven economy and to satisfy varying political goals in countries whose economies even undercommunism were different. The privatization process is an excellent example of this dynamic, political andcompetitive problem. In accord with current legal provisions, in some countries the privatization process fallsunder the competition legislation, in some under competition law it does not. In those countries where it doesfall, most of the individual privatization acts are economic concentrations, as defined by the law and they shouldbe notified and approved by the competition council. The rational is that privatizations could create anti-competitive effects.

The change from state ownership to private ownership leads to substantial changes in the system ofincentives and may by itself lead to a significant increase in technical and productive efficiency. But, dependingon the politics affecting particular industries, privatizations do not always have efficiency objectives or onlyefficiency objectives, but may have other political/social motivation with the view to avoid bankruptcy andpreserve jobs, among others. In a privatization process where the supply of firms is substantial, some of themmay attract only a few (sometimes only one) potential buyers; there are also cases when there are no offers. As aresult, the alternatives for privatization may be drastically reduced, resulting in an increase in the negotiatingpower of the buyers. Therefore, there is a certain tension between the necessity of a quick privatization and thecreation or preservation of a competitive environment. In other words, because of budgetary reasons, thegovernment may be tempted to conclude privatizations with significant actual or potential anti-competitiveeffects. The bigger the market share a company has, the bigger is its market value and the higher the bid. It isalways more attractive to buy a monopoly. For these reasons, the highest bid comes often from direct or potentialcompetitors of the company to be privatized, which raises the most concern for the competition authorities. 132 Information available at http://www.cipe.org/133 Information available at http://www.marvin.globalnet.hr/hfp2.hr134 Id.


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Poland and Slovakia introduced the concept of the competition authorities controlling the privatization process.Unfortunately there is a little evidence on how this was actually implemented.

The Czech Republic however has a different approach. In principle, any concentration betweencompetitors should have the approval of the Ministry of Economic Competition, but an additional provision gavethe privatization process some leeway to operate without the intervention. The Competition Law would not beenforced against either the National Property Fund or the Land Fund �until after the expiry of a 12 month periodfollowing the acquisition of control over another competitor�s undertaking�. In other words, the privatizationprocess was taken out from the control of the competition authorities. This approach is easier to understandwhen analyzing the principles upon which privatization in Czech Republic has been based: speed; restructuringthrough private new owners and not the state; price is not a priority, but only a criterion to differentiate betweendifferent offers.135 The arguments for such an approach are based on the inherent advantages of privatization:improvements in the economic results of the firms; better employment opportunities once state subsidies are cut-off (which inevitably will happen sooner or later); private owners do a better restructuring of the firms; andincreased overall income for the budget. There is another argument: competition authorities are not strongenough to deal with hundreds or even thousands of cases a year.136

The arguments against such a competition hands-off approach are based on the analysis thatcompetition is the best way to force a firm to pass on to consumers the benefits obtained by increasing technicalefficiency, thus increasing allocative efficiency. Politically expedient privatization without competition analysisruns the risk of creating long-term problems for a short-term benefit. One potential solution to this dilemma,privatization v. competition protection, is s successful policy for attracting foreign investments.

The resulting increase in competition could diminish the potential negative effects of a privatization.The efficiency losses determined by the emergence of firms with market power will be lower when theinstitutional system and the capital market will allow private investments to answer quickly to the market signals.Another solution to this dilemma is more proactive involvement of the competition authorities beforeprivatization, during the demonopolization phase of the restructuring.

In many cases, the benefits of the privatization process may outweigh the concerns of the competitionauthorities. The tension between privatization and competition policy is that the privatization authorities want tosell fast and at the high price, which may cause competitive problems in at least two areas: a) a higher price plusquick sale are better accomplished if a dominant position is sold and/or b) the buyer is given extraordinaryfacilities to help entice it but at the same time may include anticompetitive aspects.

In all transition countries special attention had to be paid to properly adopting the relevant competitionlegislation and then to properly enforcing this legislation. The adoption of the relevant legislation is the easiertask because there are enough international pieces of legislation already validated by practice that can be appliedto the individual state needs. Enforcement of the competition law is however much more difficult to bring in linewith the international practice, because public officers in transition economies are usually not familiar with oreven hostile to competition and free market mechanisms. If the people working for the state, the privatizationauthorities and the competition authorities are not sincerely favorable to market mechanisms, then anysubsequent effort to train personnel or encourage them to follow the law is useless. Also, managers of theprivatized businesses are rather old, not familiar with free markets and hostile to losing state control or losingtheir jobs if they do not follow the path of the decision-maker.

Competition policy should be a constant part of the policy mix of the transition economies. Theexistence of such policy would considerably ease the competition review of privatization process and confercredibility to the competition authorities. On the one side, the control of the privatization process is necessary in

135 Literature notes that other countries, such as Argentina, Venezuela, Philippines, Mexico exempt the privatization process fromcompetition review. Roger Alan Boner, The Basics of Antitrust II: Emerging Market Economies, April 1993.136 Plus, the Romanian experience has shown that there is unlikely to be serious competitive problems, as the Competition Councilinvestigated only one privatization, in the cement industry, beyond the initial 30-day review period and that acquisition was ultimatelyauthorized.


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order not to undermine the long-term objectives of the countries involved. On the other side, the size of theprocess is so large that it inevitably has a selective character. In the end, merger control will be more and moreimportant once the privatization process approaches its end.


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ARGENTINACONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICASMarco normativo e interpretación jurisprudencialPor Julián PeñaPrólogo del Dr. Héctor AlegriaRubinzal-Culzoni Editores. Santa Fé, Argentina. Noviembre 2002. 600 pgs.

El libro contiene una sistematización temática de todos los dictámenes y opiniones consultivas que la ComisiónNacional de Defensa de la Competencia de la Argentina realizó durante los tres primeros años de vigencia delnuevo régimen de control de concentraciones económicas.

El objetivo de este libro es aportar un instrumento de trabajo sobre el nuevo régimen de control previo deconcentraciones económicas. Esta es una herramienta con un carácter eminentemente práctico y no aspira, enmanera alguna, a entrar en un análisis del contenido sino, más bien, facilitar el mismo.

La metodología empleada fue la de sistematizar la información artículo por artículo de la Ley N° 25.156relativos al control de concentraciones económicas, subdividiendo su estudio por incisos o subtemas en algunoscasos dado el caudal de jurisprudencia sobre los mismos.

INDICE : Prólogo del Dr. Héctor Alegria. Introducción. 1. Ambito de Aplicación. 1.1. Sujetos obligados. 1.2.Efectos. 2. Concentración Económica - Toma de control. 3. Concentración Económica - Fusión de empresas. 4.Concentración Económica - Transferencia de fondo de comercio. 5. Concentración Económica - Adquisición deacciones. 5.1. Cambio en la naturaleza del control. 5.2. Adquisición de influencia sustancial. 5.3. Adquisicióndel control. 6. Concentración Económica - Otras formas. 7. Cláusulas de no competencia. 7.1. PrincipiosGenerales. 7.2. Cláusulas aprobadas. 7.3. Cláusulas condicionadas. 8. Notificación obligatoria. 8.1. Volumen denegocios. 8.2. Empresas afectadas. 8.3. Plazos. 8.4. Efectos de las operaciones previo a la aprobación. 8.5. Actosexcluidos de la obligación de notificación. 8.6. Opiniones consultivas. 8.7. Notificación a la Secretaría deDefensa de la Competencia. 9. Exenciones. 10. Información requerida. 11. Confidencialidad. 12. Resolucionesdel Tribunal. 12.1. Suspensión de plazos. 12.2. Aprobación condicionada. 12.2.1. Condiciones a la operación.12.2.2. Condiciones a las cláusulas de no competencia. 12.3. Aclaratoria. 12.4. Incidentes de nulidad. 12.5.Otras resoluciones. 13. Impugnaciones. 14. Intervención de los órganos de control. Anexo.Para adquirir el mismo dirigirse a: [email protected] es un foro virtual de intercambio de opiniones y novedades relativos a la regulación de lacompetencia. Fue creado en Octubre de 2001 y es un grupo interdisciplinario compuesto por más de 100economistas y abogados del sector público, privado y académico de distintos países latinoamericanos y europeosvinculados al tema de la competencia

Entre los temas discutidos hasta el momento se destacan, entre otros, el interés económico general, el abusoexplotativo de posición dominante, la relación entre interés público e interés económico general y el conceptodel interés legítimo en materia de defensa de competencia.

La dirección del foro es: http://groups.yahoo.com/group/ForoCompetencia

BRASILLANÇAMENTO:Livro: CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES DE EMPRESASAutora: Maria Cecília AndradePrefácio: Juan Antonio Rivière MartiPosfácio: Gesner OliveiraPáginas: 480ISBN: 858662607-4Editora Singulartel.: 5511 3862-1242e-mail: [email protected]


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COLOMBIAEl Centro de Estudios de Derecho de los Mercados �CEDEMERC- es un centro que agrupa expertos enmercadeo, economistas, administradores, empresarios, publicistas y abogados quienes se encargan de exponeropiniones y experiencias respecto de la mecánica de los mercados, generando debates alrededor de este tema. ElCEDEMERC sesiona en Bogotá una vez al mes y, recientemente, inició actividades en la ciudad de Medellíndonde sesiona cada dos meses.El CEDEMERC surgió como una respuesta a la necesidad de encontrar escenarios donde profesionales dedistintas áreas y empresas destinatarias de las normas de competencia pudieran estudiar y discutir los fenómenospropios del mercado, exponiendo ideas que permitan entender la mecánica y comportamiento de los agentes queparticipan en su conformación.Para cada una de las ponencias que se realizan dentro del Centro, el expositor elabora un escrito que contiene losaspectos más relevantes de la misma. Las ponencias están a disposición de los miembros del Centro o decualquier persona que le interese el tema.Para obtener información sobre nuestro centro, las exposiciones y nuestra labor, puede consultar el websitewww.mauriciovelandia.com/cedemerc/cedemerc.html. La sede está ubicada en la Carrera 11A No. 94A-23/31Oficina 304 Bogotá, D.C., Colombia.Para los interesados en el tema, contamos con las resoluciones y fallos emitidos por la Superintendencia deIndustria y Comercio en materia de libre y leal competencia. Así mismo, contamos con una biblioteca que puedeser consultada por el público.Muchas gracias por su atención,Quedamos atentos a resolver cualquier duda,MAURICIO VELANDIADirector, Centro de Estudios de Derecho de los Mercados (CEDEMERC)


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COURSE:�LATIN AMERICAN, MERCOSUR AND ANCOM LAW AND INSTITUTIONS". LLM OPTIONOFFERED BY QUEEN MARY COLLEGE, DEPARTMENT OF LAW, UNIVERSITY OF LONDON ASPART OF THE UNIVERSITY OF LONDON.LLM PROGRAMMECourse Convenor: Marta Haines-Ferrari (e-mail: [email protected])

COURSE OUTLINE1

Introduction: Colonial antecedents of Latin American legal systems (1492-1820s) and of the original post-colonial institutional design (1810-1900s)

Seminar 1 - Law in pre-colonial societies (Aztecs, Incas, Mayas). Distinctive patterns and legacy of the Iberiancrown-led type of colonisation (as contrasted with the US individual-led case) and of its centre-peripheraleconomic and political administration.Seminar 2 - The historical factors and conceptual assumptions leading to revolution and independence anddetermining the way LA states were initially modelled. The impact of the American and French Revolutions. Theinfluence of the American constitution in the design of LA governments and of the French judicial model in thedesign of the court system, thus depriving stare decisive force to their rulings.Seminar 3 - The political organisation of Latin states. The republican federal and unitary systems. Governmentorganisation, separation and interdependence of powers. Constitutional declaration of first generation civil andpolitical rights. State sovereignty and dualist doctrines. Legal repercussions of the dichotomy between economicliberalism and state protectionism. The challenges of development and the mid-1960s breakdown of democracy.PART I: RE-FOUNDATIONAL PARADIGMATIC CHANGES: LEGAL IMPLICATIONS OF RE-DEMOCRATISATION,NEO-LIBERALISM AND GLOBALISATION (1980S AND 1990S)Seminar 4 - The shift towards constitutionalism and the hierarchical realignment of norms i.e. the supra-statenature of constitutions and the constitutionalisation of the legal system as a whole. The new basic constitutionalprinciples, e.g. human dignity, the republican state, the social democratic state based on the Rule of Law,popular sovereignty, constitutional supremacy, and their irreversible entrenchment in the constitution. Theimmediate applicability of fundamental constitutional rights. Supra-constitutional and supra-legal effect ofcertain international norms: the path towards monism?Seminar 5 - The new and reinforced mechanisms for protecting the democratic state and the rule of law:constitutional control and judicial review and the tendency towards concentrated models. Scope: (a) exclusivelyavailable at the federal level (Brazil) and (b) available at the federal and provincial level (Argentina). Systems:(a) the diffuse model and constitutional supremacy (Argentina, Bolivia, Dominican Republic, Haiti, Mexico), ascontrasted with the American model; (b) the Kelsenian concentrated model and constitutional and parliamentarysupremacy (Constitutional Courts: Chile, Argentine Province Tucumán; High Courts or special chambers: CostaRica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay); (c) mixed systems (Constitutional courts: Colombia, Ecuador,Guatemala, Peru; High Courts or special chambers: Brazil, El Salvador, Honduras, Venezuela). With respect tothe control of the constitutionality of legislation, we look at mechanisms such as the declaration ofunconstitutionality (Brazil, Colombia, Guatemala, Peru), the mandado de injunçao (failure to legislate), andsimilar.Seminar 6 - The study of constitutional procedural law concerned with the protection of constitutional rights andfreedoms. The following remedies are discussed: writs of (a) habeas corpus (e.g. Argentina, Bolivia, Brazil,Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, Venezuela); (b) amparo (e.g.Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela), mandadosegurança (Brazil), protection (Chile), tutela (Colombia); and (c) habeas data (e.g. Argentina, Brazil, Ecuador,Paraguay, Peru). Individual and collective actio popularis (Brazil). Recent cases will be examined.PART II: LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF MERCOSUR AND ANCOMSeminar 7 - Brief overview of the relationship between Latin American countries after independence and offailed attempts at post-colonial reunification. Survey of the initial attempts at integration in the 1960s and theirrelationship with GATT. The establishment of the Latin American Free Trade Area (LAFTA), the EC�ssupranational paradigm and its impact on the 1968 Andean Pact.Seminar 8 - The reformulation of GATT�s Article XXIV requirements: the 1979 Tokyo Round and the EnablingClause. The establishment of the Latin American Integration Association (LAIA) in 1980 and its unique legalframework. The Falklands War and the strengthening of inter-American relationships. The origins of

1 (Not all the subjects set-out below will necessarily be covered in any one-year)


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MERCOSUR: from conflict to cooperation and integration: the Argentine-Brazilian Agreements (1985-).Seminars 9 and 10 - The establishment of MERCOSUR: the 1991 Treaty of Asuncion and the 1994 Protocol ofOuro Preto. Objectives, institutional structure and legal system. National implementation and legal force ofMERCOSUR secondary legislation. MERCOSUR and national courts.Seminar 11 - The Andean Community: restructuring the Andean Pact and its supranational aspects. Objectives,institutional structure and legal system. Inter-regional association with MERCOSURSeminar 12 - Expanding integration in the 2000s: (1) EU-MERCOSUR and EU-ANCOM Agreements for Inter-Regional Integration; (2) NAFTA, MERCOSUR and the Western Hemispheric Free Trade Area of the Americas(WHFTA); (3) brief reference to association schemes with Asia and Africa.PART III: CONDUCTING BUSINESS IN AND WITH LATIN AMERICA, ANCOM AND MERCOSURSeminar 13 - Market access: ANCOM and MERCOSUR: the Free Trade Area and the Customs Union regimes.MERCOSUR�s Common External Tariff. Exceptions. The provisions on services and GATS.Seminar 14 - Selected topics concerning the conducting of regional businesses through franchising anddistribution contracts.Seminar 15 - The regulation of contractual and corporate joint ventures.Seminar 16 - - Selected mechanisms for the establishment of and participation in domestic corporate entities.Branches of foreign companies. Private and public types of companies (sociedad de responsabilidad limitadaand sociedad anónima respectively). Foreign acquisition of shares or quotas and foreign participation in newcompanies.Seminar 17 - Rules on selected company law topics such as: company capital, shares and quotas. Types ofshares. Class rights. Shareholders agreements. Foreign participation in management. Rights of foreign minorityshareholders. Foreign control of companies.Seminar 18 - Rules governing the operation of regional companies (trans-national corporate regimes).Seminar 19 - The regional and domestic regulation of competition. Implementation of constitutional principlesand directives relating to free enterprise, consumer protection, free markets, and the prevention of abuse ofeconomic power. Rules concerning, inter alia, horizontal (e.g. joint ventures) and vertical schemes (e.g. agency,distribution, franchising); mergers, monopolisation; competition and the promotion of investment, unfaircompetition and exclusive intellectual property rights, unfair competition and consumer protection.Seminar 20 - Competition regulatory agencies. Organs, procedures and sanctions. Per se illegality and Rule ofReason analysis. Abuse of dominant position and relevant market analysis.Seminar 21 - Dispute Resolution. The MERCOSUR and ANCOM regimes. The status of private parties.Overview of the Inter-American system under the framework of the Organisation of American States (OAS)

UNIÓN EUROPEANuevas publicaciones de interés:

Glossary of terms used in EU competition policy :http://europa.eu.int/comm/competition/publications/glossary_en.pdf

The competition rules for supply and distribution agreements :http://europa.eu.int/comm/competition/publications/rules_en.pdf


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PAGINAS WEB:

- AMERICA LATINA:

• Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARGENTINA): http://www.mecon.gov.ar/cndc/home.htm

• Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE-BRASIL): http://www.cade.gov.br/

• Superintendencia de Industria y Comercio (COLOMBIA): http://www.sic.gov.co/Delepromo.htm

• Comisión para Promover la Competencia (COSTA RICA): http://www.meic.go.cr/coprocom.htm

• Comisión Federal de Competencia (MEXICO): http://cfc.gob.mx/

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI - PERÚ):http://www.indecopi.gob.pe/

• MERCOSUR: http://www.mercosur.org.uy/

• OEA/OAS-Organización de los Estados Americanos/Organization of American States: http://www.oas.org/

• Pro-Competencia � Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (VENEZUELA):http://www.procompetencia.gov.ve/

• Secretaria General Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org

• SELA-Sistema Economico Latinoamericano: http://www.sela.org

- UNION EUROPEA:

• Parlamento Europeo: http://www.europarl.eu.int

• Comisión Europea �DG COMPETENCIA: http://europa.eu.int/comm/competition/

• Tribunal de Justicia Europeo: http://www.curia.eu.int/

• Austria. Wettbewerbsbehoerde im BMWA: http://www.bmwa.gv.at/wettbew/start.htm

• Belgium. Ministère des Affaires Economiques: Concurrence:http://mineco.fgov.be/organization_market/index_fr.htm

• Denmark. Konkurrenceraadet: http://www.ks.dk/konkuromr/index.html

• France. Conseil de la Concurrence: http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/

• France. Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Représsion des Fraudes:http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/

• Germany. Bundeskartellamt: http://www.bundeskartellamt.de/

• Ireland. Competition Authority: http://www.irlgov.ie/compauth/home.htm

• Italy. Autoritá Garante de la Concorrenza e del Mercato: http://www.agcm.it/

• Nederlands. Nederlandse Mededingings Autoriteit: http://NMa-org.nl/

• Nederlands. Ministerie van Economische Zaken: http://info.minez.nl/

• Portugal. Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência: http://www.dgcc.pt/

• Spain. Direccion General de Politica Economica y Defensa de la Competencia:http://www.meh.es/comun/dgpedc.htm

• Spain. Tribunal de Defensa de la Competencia: http://www.meh.es/TDC/tdc.htm

• Sweden. Konkurrensverket (Competition Authority): http://www.kkv.se/

• United Kingdom. Monopolies and Mergers Commission: http://www.open.gov.uk/mmc/

• United Kingdom. Office of Fair Trading: http://www.oft.gov.uk/


ARTÍCULOSPUBLICADOS


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LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS DESDE MAYO 1997

1 - ARGENTINA:NOTICIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAPor: Horacio Salerno (Boletín n° 1, p. 3)

BREVE ANALISIS ECONOMICO DE LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIAPor: German Coloma (Boletín n° 2, p. 3)

REGULACIÓN ANTIDUMPING: UN ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO EN LOS AÑOSNOVENTAPor: Ricardo Delgado (Boletín n° 3, p.3)

COMERCIO ELECTRÓNICO Y MERCOSURPor: Pablo Palazzi y Julián Peña (Boletín n° 4, p. 4)

EL CASO AMFIN (AMBITO FINANCIERO) VS. ARGEA (CLARIN) DISCREPANCIAS EN LAINSTANCIA ADMINISTRATIVA Y EN LA JUDICIALPor: Jorge Bogo (Boletín n° 7, p. 3)UNA PROPUESTA OMC-plus PARA EL TRATAMIENTO DEL DUMPING Y DE LOSSUBSIDIOS EN EL MERCOSURPor : Ricardo Delgado (Boletín n° 7, p. 6)COMPETITION LAW AND DEVELOPMENT POLICIESPor: Carlos Correa (Boletín n° 8, p. 3)IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOSMERCADOS INTEGRADOSPor: Norma A. Pascar y Guillermina Tajan (Boletín n° 8, p. 20)THE INSTITUTE OF ECONOMICS AT UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESAPor: Nora Patricia Balzarotti (Boletín n° 8, p. 128)

ANTE LA CRISIS BRASILEÑA: ¿QUÉ PAPEL PODRÍA HABER JUGADO EL �PROTOCOLO DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR?Por: Carlos Alberto Gonzalez (Boletín n° 9, p. 3)

REFORMAS A LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINAPor: María Viviana G. de Quevedo (Boletín n° 9, p. 8)

NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA Nº25156/99.ACTUALIDAD EN LA UNION EUROPEA. PROTOCOLO Nº 18 EN EL MERCOSUR.Por: Norma A. Pascar (Boletín n° 9, p. 18)

POLITICA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL: COOPERACION, ARMONIZACIÓN YEXPERIENCIAPor : Nora Balzarotti (Boletín n° 10, p. 3)

LA PRIVATIZACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL. EL CASO DE YPF EN ARGENTINAPor : Jorge Bogo (Boletín n° 10, p. 23)

"EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE Y EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONESECONOMICAS EN LA NUEVA LEY ARGENTINADE DEFENSA DE LA COMPETENCIA"Por : Guillermina Tajan (Boletín n° 10, p. 43)

LAS PRUEBAS DE LA DESAFIABILIDAD DE UN MERCADOPor: Jorge Bogo (Boletín n° 11, p. 3)

ABUSO EXPLOTATIVO DE POSICION DOMINANTE. EL CASO YPF EN ARGENTINAPor: Marcelo R. D'Amore (Boletín n° 11, p. 7)

UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCOSURPor: Félix Peña (Boletín n° 12, p. 3)




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LA FUSION CARREFOUR-NORTE: UN ANALISIS CRITICO DEL DICTAMEN DE LACOMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAPor: Jorge Bogo (Boletín n° 12, p. 28)

MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LAREPÚBLICA ARGENTINAPor: Norma Pascar (Boletín n° 12, p. 35)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS A PARTIR DE LAREGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.156Por: Julián Peña (Boletín n° 12, p. 38)

ACUERDO INTERNACIONAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE AÉREOINTERNACIONAL: SU TRATAMIENTO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIAPor: Hugo Alejandro Asplindh y Marina Bidart (Boletín n° 13, p. 3)

LA INSERCIÓN DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA AGENDAPOLÍTICA. UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE.Por: Mauricio Butera (Boletín n° 13, p. 9)

COMENTARIOS ACERCA DE LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEYDE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINAPor: Guillermina Tajan (Boletín n° 13, p. 15)

JOINT VENTURE y EL CONTROL PREVIO DE FUSIONES & ADQUISICIONES EN ELDERECHO ARGENTINOPor: Pablo A. Biaggini y Hugo A. Asplindh (Boletín n° 14, p. 3)

ALGUNAS CUESTIONES CLAVES EN EL ANALISIS DE LASFUSIONES Y ADQUISICIONESDE EMPRESAS BAJO LA LEY 25.156Por: Jorge Bogo (Boletín n° 14, p. 8)

EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA.Por: Gabriel Alejandro Martinez Medrano (Boletín n° 14, p. 20)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS ENTRE EMPRESAS QUE EXPORTANA LA ARGENTINAPor: Viviana G. de Quevedo y Julián Peña (Boletín n° 14, p. 37)

LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LA TEORIA DELCONTROL DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156.Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti (Boletín n° 15, p. 3)

PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LEYARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LEY 25.156)Por: Marcelo D'Amore (CNDC) (Boletín n° 15, p. 7)

COMERCIO ELECTRONICO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIOPor: Julián Peña y Alicia Bo (Boletín n° 15, p. 29)

2 - BRASIL :A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADENO BRASILPor: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9)

COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCEPor: Gesner Oliveira (Boletín N° 3, p. 20)




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AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIAPor: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41)

BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSOPor: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48)

RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 8.884, DE1994 E LEI N° 6.729, 1.979 (�LEI FERRARI�)Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3)

FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDAPor: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15)

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃOPor: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29)

O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39)

DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS ÀFRENTEPor: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3)

DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORKPor: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10)

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICAPor: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13)

TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIOECONÔMICO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃOPor: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19)

�JOINT VENTURES� E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASILPor: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29)

GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃOPor: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29)DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA. PERSPECTIVAS PARA O MERCOSULPor : Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47)A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃOPor: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75)PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIALPor: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37)

RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUSTPor: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16)

O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS INDIVIDUAISPor: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24)

LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF BRAZILPor: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26)

PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIAEM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASILPor: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42)

COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS ANDCHALLENGES AHEADPor : Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53)




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COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARAMONITORAR EVOLUÇÃO DE PREÇOS FACE À ATUAL LEGISLAÇÃO CONCORRENCIALBRASILEIRAPor: Gerardo Figueiredo Junior e Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Boletín n° 11, p. 17)

MERCOSUL E A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIAPor: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 11, p. 25)

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASILPor: Bolívar Moura Rocha e Márcia Prates Tavares (Boletín n° 11, p. 32)

ASPECTS OF COMPETITION POLICY IN MERCOSURPor: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 37)

DEFESA DA CONCORRÊNCIA GLOBALPor: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 42)

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZAPor: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47)

IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION POLICY INBRAZILPor: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52)

O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO DASTELECOMUNICAÇÕES NO BRASILPor: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58)

MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDYPor: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68)

ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRALPor: Alf Baars e Rafael Tiago Juk Benke (Boletín n° 13, p. 24)

PARA UMA QUINTA LIBERDADE ECONÔMICA FUNDAMENTALPor: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38)

COMPETIVIDADE EMPRESARIAL E MERCOSULPor: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50)

DEFESA DA CONCORRÊNCIA: QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA LEI Nº 10.149, DE 2000Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 72)

IMPORTAÇÃO PARALELA DE MEDICAMENTOSPor: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 78)

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIOPor: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 14, p. 47)

AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dos efeitos à luz da Leinº 8.884/94Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 15, p. 43)

MERGER CONTROL IN BRAZILBy : Mauro Grinberg (Boletín n° 15, p. 48)

�O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E A REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS�Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 15, p. 50)

3 - CHILE:EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE. BREVE ANÁLISIS.Por: Rodrigo León Urrutia (Boletín n° 15, p. 74)

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción(Boletín n° 15, p. 82)




212

INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO DEASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, DE UNAPARTE Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA(Boletín n° 15, p. 94)

4 - COLOMBIA:EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIAPor: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6)

EL ACCESO AL EXPEDIENTEPor: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17)

SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICAPor: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67)

LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINAPor: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49)

ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIAPor: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65)

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ANTIDUMPING DE LASECRETARÍA GENERAL COMUNIDAD ANDINAPor: Alejandro Prada Tamayo (Boletín n° 9, p. 62)

GARANTÍAS SUFICIENTES EN INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS COMERCIALESRESTRICTIVASPor : Emilio José Archila Peñalosa (Boletín n° 10, p. 57)

NUEVO BOLETIN DIGITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO(Boletín n° 11, p. 44)

EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA COMPETENCIA YLIBERALIZACIONPor: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 12, p. 91)

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIAPor: Margarita Alarcón (Boletín n° 14, p. 65)

CARTELES RESTRICTIVOSPor: Mauricio Velandia (Boletín n° 15, p. 97)

5 - COSTA RICA:LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIAPor: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20)

EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMPETENCIA: ELCASO DE COSTA RICAPor: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16)

BOLETIN ESPECIALIZADO - EDICIÓN N° 34(Boletín n° 12, p. 93)

LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVASANCIONADORA: EL CASO DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DECOSTA RICAPor: José Gerardo Martínez (Boletín n° 13, p. 86)

BOLETIN ESPECIALIZADO(Boletín n° 14, p. 71)




213

6 - ECUADOR:EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIAPor: Carola Chamorro (Boletín n° 15, p. 121)

7 - GUATEMALA:DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALAPor: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83)¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE COMPETENCIA? ELCASO DE GUATEMALAPor: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94)

8 - MEXICO:ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11)

EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOSPor: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29)

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICOPor: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39)

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DECOMPETENCIA EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DECOMPETENCIAPor: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47)

PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISISCOMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICADEL NORTEPor: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71)

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICAPor: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34)

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICASPor: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42)

REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALEN MATERIA DE COMPETENCIAPor: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40)

EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREASMEXICANASPor: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62)

PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE MEXICANAIRLINES INDUSTRYPor: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70)

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DECOMPETENCIA ECONÓMICA MEXICANAPor : Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61)COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIOENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEAPor: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45)




214

9 - PANAMA:RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEALPor: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75)

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DEDISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLESPor: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85)COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOSPor: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67)

EL ANTIDUMPING PANAMEÑOPor: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74)

EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA LEGISLACIÓNPANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIAPor: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71)

EL TRATAMIENTO DE PODER DE MERCADO EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA DE LIBRECOMPETENCIAPor: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 13, p. 93)

10 - PARAGUAY:PARAGUAY AND URUGUAY IN MERCOSUR: USING COMPETITION POLICIES AS ANEQUALIZING TOOLPor: Olga E. Dios Kostianovsky (Boletín n° 14, p. 72)

11 - PERU:PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚPor: Eduardo Quintana y Cristina Urbina (Boletín n° 2, p. 51)

QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPIPor: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81)

EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERUPor: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83)

LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBENCONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LAELECTRICIDAD?Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48)

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOSPor: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43)

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LAEXCLUSIVIDADPor: Martha Martínez L. y Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51)

CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS¿COMPLEMENTOS O SUSTITUTOS?Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60)

APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DECOMPETENCIAPor: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92)

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIAPor: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79)




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12 � REPUBLICA DOMINICANA:HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANAPor : Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91)

EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA?Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103)

13 � TRINIDAD & TOBAGODEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPETITION REGIME: CHALLENGES FACED BYSMALL OPEN ECONOMIESBy: Taimoon Stewart (Boletín n° 11, p. 52)

14 - URUGUAY:SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIAPor: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83)

NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAYPor: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104)

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA COMISIÓNDE COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140)

15 - VENEZUELA:OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVOPor: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90)

UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIAEN ECONOMÍAS EN TRANSICIÓNPor: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105)

¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIOS A LAREGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN?Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel (Boletín n° 5, p. 109)

LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADOPor: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118)

REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓNVENEZOLANAPor: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99)

PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICAPor: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112)

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN ELCONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA NACIONALPor: Procompetencia (Boletín n° 8, p. 82)

CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAREGULACIÓN ESTATALPor: Ignacio De León (Boletín n° 8, p. 104)

LA SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES ENMATERIA DE LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA: UNA TÉCNICA CAUTELAR QUEDESAMPARA AL MERCADO.Por: Efrén E. Navarro C. (Boletín n° 9, p. 89)




216

EL CAPITALISMO POPULAR ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA VENEZUELAEMERGENTEPor: Procompetencia (Boletín n° 9, p. 111)

A NEO-INSTITUTIONAL ANALYSIS OF VERTICAL INTEGRATION AND ITS IMPLICATIONSFOR ANTITRUST ENFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIESPor : Ignacio De León (Boletín n° 10, p. 87)

THE ROLE OF COMPETITION POLICY IN THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS ANDDEVELOPMENT IN LATIN AMERICAPor: Ignacio De León (Boletín n° 11, p. 57)

BOLETIN EN BREVE DE PRO�COMPETENCIA(Boletín n° 11, p. 72)

BOLETIN EN BREVE DE PRO-COMPETENCIA(Boletín n° 12, p. 108)

THE LIMITS OF OPEN ACCESS AS A REGULATORY YARDSTICK IN THE REGULATION OFUTILITIES IN LATIN AMERICA.Por: Ignacio De León (Boletín n° 13, p. 119)

EN BREVE - Boletín Informativo(Boletín n° 14, p. 89)

16 - ICPAC:THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITHDISCRIMINATORY LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION ANDTRADE ENVIRONMENTSBy: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123)

17 - INTAL:BRIEF REVIEW OF COMPETITION POLICY IN THE SOUTHERN COMMON MARKET(MERCOSUR)Por: Uziel B. Nogueira (Boletín n° 4, p. 29)

18 - LEAGUE OF ARAB STATES:VERS UNE POLITIQUE ARABE COMMUNE DE CONCURRENCEPar: Mohamed Ben Fraj (Boletín n° 15, p. 152)

19 - MERCOSUR:MERCOSUR IN THE FIELD OF RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES?Por: Peter Bischoff-Everding (Boletín n° 14, p. 90)

20 - OEA:POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE COMERCIODE LAS AMERICASPor: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103)

INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCEPor: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107)




217

ANTIDUMPING E POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA NA ALCA E NO MERCOSULPor: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 13, p. 136)

21 - OECD:THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA(Boletín n° 8, p. 110)

22 - SELA:POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEPor: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18)

INFORME DEL PRESIDENTE-RELATORPor: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18)

COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO VIRTUOSOAL VICIOSOPor: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52)

PRIVATIZACIONES, DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE ANALISIS PARA ELESTUDIO DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBEPor: Claudia Curiel (Boletín n° 6, p. 129)

23 - SIECA:POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTROAMERICAPor: Heriberto Bonilla (Boletín n° 1, p. 21)

CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA. ELCASO DE PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR YGUATEMALA (Preliminar)Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 6, p. 158)

24 - UNCTAD:ACTIVIDADES DE LA UNCTADPor: Philippe Brusick (Boletín n° 1, p. 22)

MUNDIALIZACION: FOMENTAR LA COMPETENCIA O CREAR MONOPOLIOS?Por: Philippe Brusick (Boletín n° 11, p.73)

25 - USA:PROPOSED CHANGES IN BRAZIL�S ANTITRUST LAWPor: Russell Pittman (Boletín n° 12, p. 105)

26 - UNIÓN EUROPEA:LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE INTERÉSPARA LA UNIÓN EUROPEAPor: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23)

AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIAPor: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58)




218

ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALESPor: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60)

COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTEA LOS EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIAPor: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114)

A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DAGLOBALIZAÇÃO E DO ALARGAMENTOPor: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118)

REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION ACTUALPor: Ramón Carmona (BOLETÍN n° 3, p. 121)

EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES CONFINALIDAD REGIONAL : UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSASPor: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137)

DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL CASOBOEING / MCDONNELL DOUGLASPor: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141)

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LANECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONESPor: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59)

REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DECOMPETENCIAPor: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí Boletín n° 4, p. 65)

EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN ENVIRTUD DEL REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONESPor: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71)

APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI TUTELADELLA CONCORRENZAPor: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADESEUROPEAS QUE ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA INYECCIÓNDE CAPITAL DEL ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCEPor: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81)

DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE LANORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE LASTELECOMUNICACIONESPor: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83)

EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo razonabley el Derecho europeo.Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72)

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃOPor: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82)

A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGALPor: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84)

DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE S�ORIENTE-T-ON VERS DESNÉGOCIATIONS?Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98)

LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO?Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104)




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LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DIRESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN�IMPOSTAZIONEIMPRONTATA AL DECENTRAMENTOPor: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163)

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOSPor Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170)CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRELA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. PROCEDIMIENTO COMUNITARIOPor: Jerónimo Maillo González-Orús (Boletín n° 7, p. 117)EL DERECHO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA COMUNIDAD EUROPEA Y ELMERCOSURPor: Nuno Ruiz (Boletín n° 7, p. 124)

LA LIBERALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE: CONCILIER DYNAMISME ECONOMIQUE ETMISSIONS D´INTERET GENERALPor: Jean-François Pons (Boletín n° 8, p. 116)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIOPor: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120)PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO: PROPOSICIÓN EN LAAPLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA(Boletín n° 8, p. 126)

THE EU TELECOMMUNICATIONS SECTOR DURING THE 1990S: LIBERALISATION,REGULATION AND COMPETITION POLICYPor: Bernardo Urrutia (Boletín n° 9, p. 122)O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA UNIÃO EUROPEIAPor: Cristina Brandão Leal (Boletín n° 9, p. 134)CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VERSUS LIBRE COMPETENCIAPor : Maria Isabel Candelario Macías (Boletín n° 9, p. 148)LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNETPor : Amadeo Petitbò Juan (Boletín n° 10, p. 114)O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI PORTUGUESAPor: José Anselmo Rodrigues (Boletín n° 10, p. 124)PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOSARTÍCULOS 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS AYUDAS DE MINIMIS, LAS AYUDAS A LAFORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESASPor : Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 10, p. 129)EVOLUTION OF EUROPEAN COMPETITION POLICY IN THE LAST YEARBy: Mario Monti (Boletín n° 11, p. 79)LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANOPor: DG Competencia (Boletín n° 11, p. 85)THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES TO COUNTERANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS WORLDWIDEBy: K. Mehta (Boletín n° 11, p. 103)LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSÉS EN EUROPEPar: Pierre Arhel (Boletín n° 11, p. 108)THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE EUROPEAN UNION:WHAT LESSONS CAN BE LEARNT?By: Fadi Hakura and Wisam Abboud (Boletín n° 11, p. 115)

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ABUSIVES EN EUROPEPor: Pierre Arhel (Boletín n° 12, p. 109)

COMPETITION ACTIVITY RUN HIGH IN 2000Por: DG Competition (Boletín n° 12, p. 120)




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CONTENT � MEDIA � TELECOM - COMPETITITION ISSUESBy: Herbert Ungerer (Boletín n° 12, p. 123)

1ST OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITIONPor: Mario Monti (Boletín n° 13, p. 145)

COMPETITION LAW AND CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS European Communityand French experiencePor: Pierre Arhel (Boletín n° 14, p. 102)

GENERAL LESSONS FROM THE EU ANTI-TRUST EXPERIENCE FOR THE LATIN-AMERICANANTI-TRUST EMERGING SYSTEMSPor: Andrés Font Galarza (Boletín n° 14, p. 107)

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEOPor: Jose Martinez Aragon (Boletín n° 14, p. 110)

POLÍTICA SANCIONADORA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIADESDE LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90Por: Miguel Angel Peña Castellot (Boletín n° 14, p. 112)

MERCADO Y DESARROLLO: LA RESPUESTA DE LA COMPETENCIAPor: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 14, p. 136)

MODELLI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLE ECONOMIE EMERGENTI: IL CASODELL�AMERICA LATINAPor: Arona Roshanian (Boletín n° 14, p. 138)LES ENTENTES INJUSTIFIABLESPor: Pierre Arhel (Boletín n° 15, p. 157)COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EU COMPETITION LAW:RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINE WORLDPor: Miguel Mendes Pereira (Boletín n° 15, p. 165)PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPEPor: Martina Peric (Boletín n° 15, p. 175)

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