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AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN TIERRAS ALTAS 1

Autonomías indígenas en tierras altasBreve mapeo para la implementación de la Autonomía

Indigena Originaria Campesina

Gonzalo Colque

La Paz , Bolivia

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La Fundación TIERRA cuenta con el apoyo institucional de: EED: Servicio de las Iglesias Evangélicas de Alemania para el DesarrolloICCO: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo

Editor: Fundación TIERRACalle Hermanos Manchego Nº 2566Tel: (591-2) 243 2263Fax: (591-2) 211 1216Email: [email protected] web: www.ftierra.org

Cuidado de edición: Floriana Soria Galvarro y Carlos SotomayorElaboración de mapas: Efraín TintaFotografía de tapa: Fernando SoriaDiseño de tapa: Edwin Hidalgo

© Fundación TIERRA, 2009Primera edición, julio 2009ISBN: 978-99905-836-9-4DL: 4 - 1 - 1492 - 09 Impreso en Bolivia

Imprenta: de Encuentro (591-2) 224 0415 - [email protected]


CONTENIDO

Presentación .................................................................................................................7

Prólogo .........................................................................................................................9

Introducción ...............................................................................................................15

1. Caracterización de tierras altas .........................................................................21

2. Caracterización de los municipios de tierras altas ............................................272.1. Los municipios con menor extensión territorial ......................................272.2. Los municipios con mayor extensión territorial ......................................302.3. Municipios con menor población ............................................................332.4. Municipios con mayor población ............................................................37

3. Municipios y población indígena ......................................................................413.1. Municipios mayoritariamente indígenas ..................................................413.2. ¿Autonomías aymaras o quechuas? .........................................................493.3. Autonomías indígenas urbanas ................................................................53

4. Los Pueblos indígenas en las elecciones de 2004 .............................................574.1. Antecedentes ............................................................................................574.2. Participación en el proceso electoral 2004 ..............................................594.3. Resultados electorales ¿Cuán exitosos han sido los Pueblos Indígenas? ..............................................................68

5. Las Tierras Comunitarias de Origen en las tierras altas ....................................715.1. El dilema TCO o propiedad individual ....................................................715.2. TCO y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) ..................74

6. De municipio indígena a la autonomía indígena: el caso de Jesús de Machaca .............................................................................79

6.1. Elecciones según usos y costumbres .......................................................796.2. Desafíos e implicaciones del sistema eleccionario según los usos y costumbres ....................................................................81

4 CONTENIDO

7. Pautas y proyecciones .......................................................................................857.1. Bases de la autonomía indígena ...............................................................857.2. Competencias de las autonomías indígenas .............................................947.3. El camino de la implementación ............................................................108

8. A modo de conclusiones .................................................................................111

Anexo 1: Cuadro de legislación comparada sobre las autonomías indígenas dentro de la organización territorial ..................................117

Anexo 2: Cuadro de datos generales por municipios y regiones ......................123


ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Regiones ecológicas según municipios ...............................................25

Mapa 2. Municipios con menor extensión territorial ........................................29

Mapa 3. Municipios con mayor extensión territorial ........................................31

Mapa 4. Municipios con menor población de las tierras altas ..........................33

Mapa 5. Municipios con mayor población de las tierras altas ..........................37

Mapa 6. Municipio de Viacha y sus comunidades ............................................39

Mapa 7. Municipios de las tierras altas según grado de indigenidad ................47

Mapa 8. Municipios de las tierras altas según presencia mayoritaria (más del 50%) de población indígena ..............................51

Mapa 9. Tierras Comunitarias de Origen en las tierras altas .............................73

Mapa 10. Las 18 TCO de Jesús de Machaca .......................................................75

Mapa 11. Las TCO de Raqaypampa (Municipio de Mizque) .............................78

Mapa 12. Las cinco circunscripciones electorales de Jesús de Machaca, 2004 .................................................................80

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Características generales de las tierras altas y tierras bajas de Bolivia ........................................................................24

Cuadro 2. Autoidentifi cación con pueblos indígenas de la población de 15 años o más de edad según área y grupo de edad .......................42

Cuadro 3. Número de municipios por grado de indigenidad según regiones .....................................................................................44

Cuadro 4. Número de municipios caracterizados según los pueblos indígenas mayoritarios ........................................................................50

Cuadro 5. Municipios mayoritariamente (mayor al 50%) urbanos e indígenas .............................................................................55

Cuadro 6. Municipios donde participaron uno o más Pueblos Indígenas ............61

Cuadro 7. Condiciones de constitución de la Autonomía Indígena Originaria Campesina ..........................................................................88

Cuadro 8. Competencias según tipos y niveles autonómicos ..............................95

Cuadro 9. Comparación de competencias municipales y de la Autonomía Indígena Originaria Campesina ........................................97


PRESENTACIÓN

Entre los cambios y retos que plantea la nueva Constitución Política del Estado, uno de los más signifi cativos es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al territorio, al autogobierno y a la libre determinación, planteado formalmente en el texto constitucional como el derecho a la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

Efectivamente aquellos pueblos, ya sean indígenas, campesinos u originarios que opten por un régimen autonómico de tipo indígena, tendrán la posibilidad de dirigir el rumbo del desarrollo en sus regiones, elegir a sus autoridades, administrar los recursos naturales renovables que se encuentren en sus territorios, aplicar justicia y promover su cultura e identidad, todo, desde su propia cosmovisión y según sus prácticas organizacionales, instituciones, procedimientos y normas consuetudinarias.

El desafío para los bolivianos es hacer efectivo este derecho en términos de diseño legal e institucional y en términos de su aplicación práctica. La Autonomía Indígena Originaria Campesina es una gran oportunidad para saldar la deuda histórica de discriminación y marginamiento de los sectores mayoritarios del país y puede ser además entendida como una radical profundización de la participación popular y un verdadero esfuerzo de acercamiento entre el Estado y los distintos pueblos y naciones que componen nuestro país. La autonomía indígena, si se quiere, puede ser la puesta en práctica de la formación de un Estado Plurinacional, tema que tanto se ha discutido en los últimos años.

El presente texto recoge los resultados de un primer estudio realizado para IDEA internacional a quienes va nuestro agradecimiento. Este documento representa un esfuerzo de la Fundación TIERRA por contribuir a la discusión e implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en las tierras altas (valles y altiplano) y en gran medida surge de nuestra experiencia de trabajo con comunidades aymaras y quechuas. Se enmarca en la posición

8 PRESENTACIÓN

institucional de aportar crítica y propositivamente a los procesos de rediseño estatal y construcción societal por los que atraviesa nuestro país.

La Paz, julio 2009

Juan Pablo Chumacero R.Responsable Unidad de Investigación

Fundación TIERRA


PRÓLOGO

Es un gran gusto y honor para mí presentar esta nueva publicación de Gonzalo Colque y de la Fundación TIERRA, de la que es nuevo director. Llega en un momento muy oportuno. En estas semanas y meses el tema de las autonomías y, en particular, el de las autonomías indígenas1, está en el primer plano. Son ya varios los municipios y pueblos originarios que están deliberando si van a convocar a un referéndum en el magno evento electoral del próximo 6 de diciembre 2009. Tener a mano las informaciones y criterios de este libro será de gran utilidad tanto para ellos como para las diversas organizaciones e instituciones públicas vinculadas a ese proceso.

El presente libro sale casi al mismo tiempo que otro, de Carlos Romero y mío, sobre el mismo tema2. Han sido dos investigaciones simultáneas pero independientes y ahora constatamos la coincidencia básica y a la vez la complementariedad de ambos enfoques.

Ambas investigaciones incluyen datos básicos de todos los municipios del país, sacados del Censo 2001 con sólo diferencias menores debidas a haber utilizado metodologías algo distintas al cuantifi car su nivel de etnicidad. En efecto, Colque se basa en el dato censal de la población de 15 años o más, a los que el Censo preguntó directamente este dato, mientras que nosotros usamos la escala CEL que combina este dato con los de lengua y lo amplía a toda la población, infi riendo que la pertenencia étnica de los menores de 15 años coincide con la del jefe de hogar.

Este nuevo libro distribuye además los municipios según las tres grandes regiones geo-ecológicas del país: altiplano, valles y llanos orientales, aunque

1 O de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, para utilizar la expresión plena de la Constitución, la cual debe tomarse como una unidad en la que lo fundamental es la existencia precolonial de estos pueblos. Las otras cinco palabras refl ejan ante todo las diversas denominaciones preferidas por los pueblos que comparten esa cualidad esencial, debido a sus diversas vicisitudes históricas.

2 Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva Constitución. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional y GTZ-PADEM, junio 2009.

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después su análisis se concentra sobre todo en lo que en el título se llama “tierras altas”, es decir, el altiplano y los valles. Estos últimos se entienden en el sentido más amplio de la palabra, desde municipios como La Paz, al borde mismo del altiplano3, hasta otros en las últimas estribaciones de la cordillera andina en el Chapare y en el Chaco.

Al concentrar el tema de las autonomías indígenas en estas dos regiones andinas es natural que se lo haya abordado desde estas unidades municipales, por ser allí la vía más obvia para implementarlas. Si, en un próximo volumen, se entrara al mismo tema en los inmensos llanos de las tierras bajas, habrá que afrontarlo más a partir de las actuales TCO ya tituladas. Pero esa otra perspectiva aquí no se desarrolla mucho.

Son también elementos nuevos la referencia al tamaño físico de cada municipio y su relación con su población y, sobre todo, su comportamiento en las últimas elecciones municipales, a fi nes de 2004, las primeras en que, además de los partidos políticos, se podían presentar otras asociaciones ciudadanas e incluso las organizaciones de los pueblos indígenas. Tal información da mayores pistas para ver la mayor o menor oportunidad y viabilidad de determinados municipios, ilustradas además en el texto con algún ejemplo, sobre todo del altiplano. En concreto, los datos sobre esas últimas elecciones de 2004 muestran que, pese a su retórica, para muchos municipios indígenas quizás no será tan fácil imponer su propia forma de gobierno por encima de los diversos intereses partidarios.

Un tema recurrente es el de la actual y futura relación entre municipio y autonomía indígena [originaria campesina]. Como nos recuerda Gonzalo, la Constitución ha tenido el cuidado de evitar la expresión “municipio indígena”, porque podría producir cierta reacción negativa en ciertos actores indígenas que consideran que esa institución estatal es demasiado ajena a ellos. Por eso se prefi ere decir que se pasa de ser municipio, con su propia autonomía, a ser una nueva autonomía con la “cualidad” de indígena, cualidad que, según la CPE, puede realizarse a ese nivel “municipal”, al nivel superior “regional”, o

3 Al hacer tal clasifi cación al nivel municipal, se minimiza una distorsión muy común cuando ésta se hace sólo a nivel departamental. Pero no siempre se ha logrado evitarla. Por ejemplo, La Paz queda en la región de los valles y El Alto en la región altiplánica cuando lo más relevante hoy es el hecho de que estos municipios juntos constituyen esa metrópoli unitaria central tanto para la región altiplánica como para Yungas.

PRÓLOGO


al de “territorio indígena” (o ex TCO), cuya extensión puede variar mucho de un caso a otro.

Pero, por otra parte, otros han manifestado su temor de que, si hacen ese cambio de autonomía municipal a autonomía indígena, perderían sus anteriores 43 competencias exclusivas municipales, que son muchas más que las indígenas (23 exclusivas) y algunas de las cuales son, en términos materiales, de bastante peso. Cabe aclarar que, en rigor, con ese cambio no se pierden las anteriores competencias (y obligaciones) municipales, aunque en esa nueva condición deberían adquirir, donde corresponda, el estilo de su nueva cualidad “indígena”, bien expresada por la segunda competencia del artículo 304 de la CPE, embrión de otras muchas: “Defi nición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y [la] visión de cada pueblo”.

¿Será entonces que un municipio transformado en autonomía indígena de ese nivel municipal tiene nada menos que 66 competencias exclusivas (es decir, 43 + 23), más ninguna otra instancia autonómica? Tampoco. Hay que analizar con cuidado el excelente cuadro 9, en el capítulo 7 de este libro, que compara las competencias propias de la autonomía municipal, según el artículo 302 de la CPE, y las que “podrá ejercer” una autonomía con calidad “indígena originario campesina” en cualquiera de sus modalidades, según el artículo 304. Ahí se muestra y resalta cómo muchas de las competencias señaladas como “exclusivas” de la autonomía municipal o de la indígena tienen mucha semejanza. Por tanto, si un municipio pasa de la primera a la segunda, todas ellas quedarán fusionadas y lo único que tendrá que cuidar es que se adopte en ellas ese nuevo estilo indígena si viene al caso.

Por eso mismo, cuando una TCO (que sólo pocas veces coincide con un municipio) adquiere la calidad de territorio autónomo indígena ya podrá tener todas esas competencias semejantes a las de un municipio. Más aún, el artículo 303 de la CPE añade que entonces “asumirá las de los municipios de acuerdo con su proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias”. Es decir, úsese o no el nombre de municipio indígena”, en el texto constitucional actual hay cierta tendencia a ir equiparando ambas instancias, quizás por el peso que tuvo la FAM (Federación de Asociaciones Municipales), en las conversaciones concertadoras de septiembre y octubre del año 2008.

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Por supuesto, queda también otro grupo de competencias que no aparecen en las otras formas de autonomía. Es en ellas donde más clara queda la singularidad y la ventaja de adquirir esa calidad de autonomía indígena, como se explica en el ya citado capítulo 7.

Para empezar, se podrá desarrollar mucho más a fondo sus formas propias de gobierno y el desarrollo de sus propias instituciones democráticas “conforme a sus normas y procedimientos propios” (artículo 304 I inciso 23). Se podrá defi nir, por ejemplo, el número y funciones sus autoridades y cargos, los mecanismos para nombrarlos y renovarlos, los procedimientos para tomar esas y otras decisiones, etc. Todo ello puede ser signifi cativamente distinto de lo que hasta ahora está previsto de manera uniforme para cualquier gobierno municipal, grande o chico, indígena o criollo, urbano o rural, en el Código Municipal.

Se podrá también administrar la justicia, para su gente y dentro de su territorio (inciso 8), como una jurisdicción indígena y ya no la “ordinaria” actual. Esto supone un cambio drástico en comparación con la actual dependencia de jueces y policías por lo general foráneos y transitorios, que seguramente ignoran la realidad local y que, además, demasiadas veces funcionan pensando más en su bolsillo o sus intereses políticos que en resolver con equidad y justicia. Tampoco la justicia indígena -mucho más rápida y barata- está totalmente exenta de ese riesgo, pero éste es menor porque está de por medio la presencia cercana de la asamblea, que viene a ser su corte de apelación.

Sin embargo, por tratarse de una innovación tan fundamental, habrá que prever con cuidado cómo precisarla más y cómo resolver y coordinar un sinfín de situaciones interculturales o interlegales entre estas formas originarias y las de la justicia ordinaria. Para ello la CPE prevé una próxima Ley de Deslinde Jurisdiccional cuya elaboración no será nada fácil. Pero entre tanto, al discutir y proponer sus propios estatutos, las futuras autonomías indígenas ya podrían y deberían ir refl exionado y explicitando sus principales criterios y temas también en ese punto, sin esperar con los brazos cruzados que otros se los digan sin conocer su propia realidad y teniendo cuidado en no ir en contra de lo establecido ya por la CPE.

Otra temática clave es toda la relacionada con la tenencia de la tierra. Sabido es que en muchas comunidades andinas, sean TCO, propiedad

PRÓLOGO


comunal o teniendo títulos individuales, persiste una íntima relación entre el acceso de los comunarios a la tierra y el cumplimiento de sus obligaciones comunales, incluido su servicio obligatorio en cargos de autoridad y otros. Por lo mismo, aun cuando alguien tenga ya un título individual, en muchos lugares la comunidad no le permitirá vender su tierra a gente foránea que después no mantendría esas obligaciones.

El autor, siendo director de la Fundación TIERRA, no podía dejar de tocar también ese tema, cuyo manejo muestra tantas peculiaridades en cada pueblo originario. Así lo hace en el mismo capítulo 7. Pero no sobra abundar aquí con otros comentarios adicionales porque la manera de afrontar el asunto necesitará todavía una ulterior elaboración en el caso de las autonomías indígenas derivadas de municipios. La razón es que en esta cuestión, tan espinosa y confl ictiva en las tierras bajas, la CPE ha defi nido que “la política general sobre tierras y territorio, y su titulación”, es una competencia privativa del nivel central del Estado (artículo 298 I, inciso 17) y, como tal, no delegable ni en su legislación ni en su reglamentación ni ejecución (artículo 297-a). Por otra parte, el “régimen de la tierra” es también una política exclusiva a este mismo nivel central, pero que sí se puede transferir o delegar ciertas facultades a las autonomías por ley (artículo 298 II, inciso 38).

Dada esta situación, donde hay de momento mayor margen de maniobra es en aquellos lugares que ya tienen un título comunal colectivo, sobre todo si este ya es como TCO. Esto último ya ocurre en 72 TCO de las tierras altas que involucran a más de 40 municipios, mayormente en los departamentos de Oruro y Potosí. Otro caso notable es el de Jesús de Machaqa, en La Paz en el que, como se explica bien en este volumen, hay una alta coincidencia entre municipio y sus 18 ayllus-TCO ya titulados, que es todavía mayor si añadimos otros ayllus que de momento sólo mantienen su antigua propiedad comunal. En todos esos casos la competencia privativa de titulación ya ha sido cumplida por el nivel central del Estado y, por tanto, dentro de cada una de esas TCO ya existen muchas posibilidades para tomar decisiones que afecten a su régimen interno de acceso y posesión, incluidas transferencias y resolución de confl ictos. Todo ello quedará allí aún más consolidado cuando adquieran su calidad autónoma. Se reducen así enormemente los casos en que se deba recurrir al INRA o a tribunales externos, con todo el tiempo y gastos que ello supone.

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Pero en aquellos otros lugares en que se acceda a la autonomía indígena a través de un municipio que no tenga en su interior TCO ni propiedades colectivas, es menos lo que de momento se pueda llegar a hacer, salvo al nivel de la resolución de confl ictos dentro de la propia jurisdicción indígena, sin que ello afecte a los títulos individuales. Es de esperar que la Ley Marco de Autonomías y la Ley de Deslinde Jurisdiccional transfi eran ya las debidas facultades a estas autonomías, como sugiere el citado artículo 298 II, inciso 38).

Naturalmente, la meta fi nal de las organizaciones indígenas no es quedarse con su autonomía sólo a esos niveles mínimos de Territorio-TCO o al equivalente a municipal, porque resultarían insufi cientes para la reconstrucción territorial de los naciones y pueblos mayores, sobre todo los andinos. Los derechos colectivos que se les reconocen tanto en la primera parte de la CPE (artículo 2 y 30) como en la Declaración de Naciones Unidas de 2007, que ya es ley boliviana, no se refi eren sólo a esas unidades menores sino también a cada pueblo y nación como tal. Pero estas unidades menores pueden ser las primeras piedras para ir construyendo el edifi cio

El paso siguiente ya será agrupar o mancomunar varios municipios e incluso distritos municipales indígenas y otras autonomías surgidas de alguna ex-TCO, para llegar a constituir autonomías indígenas a nivel regional. De esta forma quizás se podrá llegar a reconstruir lo que CONAMAQ llama suyus o incluso sus “16 naciones” andinas. Pero todo eso ya será sin duda objeto de futuros estudios, en función de los avances que logremos hacer a ese nivel cuasi-municipal.

La Paz, julio 2009

Xavier AlbóCIPCA


La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 organiza el territorio nacional en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. Cada una de estas entidades territoriales es descentralizada, autónoma, con igual rango constitucional y sin subordinación entre ellas. Según el propio texto constitucional, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, fi scalizadoras y ejecutivas. Además, contiene un conjunto de competencias y atribuciones que, junto con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, dará lugar a la conformación y el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas.

Esta nueva organización territorial del Estado y el reconocimiento de la cualidad autónoma a cada unidad, marca un nuevo hito para los gobiernos subnacionales. Las autonomías departamentales se consolidarán a partir de los avances recientes como la elección de los prefectos por voto en urnas realizado por primera vez el año 20054, los referéndum autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y las demandas autonómicas en curso de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí. La autonomía regional se conformará a partir de otras entidades autonómicas que se vayan a instituir -excepcionalmente una sola provincia- y será un espacio de planifi cación y gestión. En cuanto a los 327 municipios existentes hasta el momento y ocho nuevos que empezarán a funcionar desde la siguiente elección municipal5, estas entidades también

INTRODUCCIÓN

4 La Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 permitió por primera vez en la historia del país la elección por voto en urnas de los prefectos de los nueve departamentos. El acto electoral se produjo el 18 de diciembre de 2005

5 Los ocho municipios ofi cialmente creados por Ley son en La Paz: Huarina (2005), Santiago de Huata (2009), Escoma (2009), Humanata (2009); en Potosí: Ckochas (2006) y Chuquihuta Ayllu Jucumani (2009); en Cochabamba: Cocapata (2009) y Sinahota (2009). Se encuentra en trámite Chuacocani (La Paz).

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sufrirán transformaciones mediante su carta orgánica para adquirir mayores cualidades autonómicas. Finalmente están los denominados Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), fi gura nueva especialmente en términos jurídicos, que no aparecía en la anterior Constitución pero que en adelante será la base territorial para la implementación de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC).

Es previsible que tengamos autonomías departamentales más consolidadas, con miembros de la asamblea departamental electos por voto universal y no por los concejales municipales. Las provincias mantendrán un bajo perfi l a excepción de regiones concretas como la provincia Gran Chaco o alguna otra provincia convertida en región. Los municipios tendrán vigencia y mayor vigor especialmente en territorios con poblaciones interculturales, urbanas e incluso zonas de colonización. La Autonomía Indígena Originaria Campesina se constituirá, inicialmente, sobre la base de los territorios municipales existentes donde su población se reconozca a sí misma como indígenas, originarios o campesinos y que en referéndum acepten transitar de la autonomía municipal a la indígena. Asimismo, se podrán conformar los territorios indígenas con cualidad autónoma a partir de la re-territorialización basada en comunidades, tierras comunitarias de origen u otro tipo de colectividades indígenas, todo, en el marco de disposiciones y condiciones legales que se vayan a establecer en futuras leyes, especialmente la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

En términos generales, tenemos una estructura territorial estatal rediseñada donde aparece una nueva entidad territorial (la indígena) y desaparece el Cantón, la unidad mínima de la división política administrativa al interior de los municipios. En la práctica los cantones no fueron funcionales y sobrellevaron problemas de superposición territorial entre sí, duplicidad y falta de legitimidad de sus autoridades (agentes cantonales dependientes del Alcalde y corregidores dependientes de la Prefectura). La desaparición del Cantón da lugar a que en adelante tanto los municipios como las autonomías indígenas6 deben establecer una estructura y organización territorial interna acorde a su realidad y necesidad.

INTRODUCCIÓN

6 En adelante algunas veces emplearemos el término “autonomía indígena” como una expresión acortada equivalente a Autonomía Indígena Originaria Campesina.


De este conjunto de reformas de espacios territoriales y gobiernos subnacionales, una merece especial atención: la Autonomía Indígena Originaria Campesina. Varios aspectos la hacen diferente a las demás fi guras autonómicas. En primer lugar, es el espacio de realización y ejercicio del derecho de los pueblos indígenas de autogobierno y libre determinación y, además, es el espacio de gestión pública con participación en la distribución de los ingresos nacionales. En esa medida es una forma de gobierno subnacional de vanguardia. En segundo lugar, es una entidad territorial que debe conformarse por voluntad de los pueblos indígenas con base territorial municipal e incluso no necesita sujetarse a ninguna división política administrativa existente, por tanto, la demanda indígena de reconstitución de territorios según referentes históricos es posible.

Es un campo nuevo y prometedor y dado que existe necesidad de información para este proceso de implementación, me animé a ordenar un conjunto de datos y apuntes para esta publicación. Después de muchas consideraciones opté por focalizar la atención en tierras altas y municipios. El caso de los pueblos indígenas de las tierras bajas merece defi nitivamente un abordaje diferente por la complejidad que implica la constitución de autonomías indígenas a partir de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que fácilmente desdibujan los territorios municipales e incluso departamentales, son diversos por su extensión territorial, población y distribución espacial pero ante todo, requieren políticas propias de pueblos y naciones indígenas minoritarias.

La motivación de fondo es simple. En medio de este periodo muy peculiar que vive el país -para unos de protagonismo legítimo de los indígenas y excluidos y para otros de exacerbación indígena- es imprescindible promover una discusión e implementación responsable de las autonomías indígenas, como ya dijimos, para promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, mirando más allá, para superar ese conjunto de tensiones y contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales que se originaron cuando se encontraron dos mundos hace más de 500 años.

Una experiencia personal me hizo notar cuán desconectados están la Bolivia indígena y el Estado boliviano. A mediados del año 2004, las autoridades originarias de Jesús de Machaca y mi persona estábamos atrapados en medio de una carrera contra el tiempo para habilitar -ante la Corte Electoral Departamental- a los candidatos a alcalde y concejales. Previamente esta región

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declarada como nuevo Municipio, había desarrollado una serie de consultas y elecciones internas y ya contaba con acreditación de “pueblo indígena” para postular sus propios candidatos al gobierno municipal. Después de varias idas y vueltas, sólo quedaba la presentación de los documentos exigidos a cada candidato. Junto con el Jach’a Mallku, Rodolfo Laime, entregamos los “folders amarillos” que cuidadosamente cada candidato había preparado con antelación. La funcionaria de la Corte Electoral luego de revisar las carpetas, extrajo una hoja de papel de cada una y nos pidió sustituirla. Eran los certifi cados de residencia -requisito exigido por Ley- que daban cuenta del lugar de residencia permanente de los postulantes y cada uno estaba fi rmado y sellado por el Jiliri Mallku del ayllu donde vivía. Ante nuestro intento por justifi car tal procedimiento -correcto y el más indicado según nuestro entender- la funcionaria nos explicó que quien debía otorgar este certifi cado era el Agente Cantonal o el policía del pueblo pero no las autoridades originarias. Después de mirarnos y quedar paralizados por un momento, no nos quedó otra opción más que volver al correteo y viajar ese mismo día a Jesús de Machaca para conseguir la fi rma del policía.

Lo dicho es un fragmento de un todo que testimonia la coexistencia de dos mundos incomunicados, el uno incómodo frente al otro. Desde las comunidades, el Estado es concebido como el opresor que mantiene un trato despectivo. Esa fue una razón de fondo para la realización de la Asamblea Constituyente y, ahora, la Constitución resultante nos pone en un punto de infl exión. O seguimos afanados en negar al otro o pasamos de la interpelación mutua -indígenas versus Estado- al diseño de un nuevo Estado más plural, equitativo y efi ciente en la gestión de la cosa pública. Para las autonomías indígenas la segunda opción signifi ca la formación de gobiernos subnacionales indígenas como articuladores o, en sí mismos, como expresiones de gobiernos locales con territorios a la imagen de los dominios ancestrales, pero sin olvidar la historia reciente. Si esto es así, el planteamiento de autonomías indígenas sobre la base de la municipalización de 1994 y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) reconocidas en 1996, es correcta.

Los diversos temas señalados brevemente sobre la autonomía indígena se abordan en siete capítulos centrales. En el primero se caracterizan y se delimitan las tierras altas identifi cando municipios y población según las dos grandes ecorregiones (valles y altiplano). En el segundo se analizan los municipios con datos territoriales y poblacionales (Censo 2001). En

INTRODUCCIÓN


el capítulo tres se revisa la presencia indígena por municipio y su carácter urbano y rural. En el cuarto se examina la experiencia de participación política de los pueblos indígenas en las últimas elecciones municipales (2004). En el capítulo cinco revisamos brevemente las TCO de las tierras altas. En el capítulo seis nos aproximamos brevemente a la singular experiencia de Jesús de Machaca. El siete contiene algunas pautas y proyecciones pensando en competencias, el proceso de implementación y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Por último el texto se cierra con algunas ideas fi nales a modo de conclusiones.

Esta entrega se produce a mediados de julio de 2009, en un momento en que las organizaciones indígena originaria campesinas de al menos una decena de municipios de las tierras altas, han comenzado a deliberar, emitir resoluciones, conformar consejos o asambleas autonómicas e incluso a redactar sus estatutos autonómicos; todo con miras a la implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina por la vía municipal en el marco de la Constitución y con el respaldo jurídico que otorga la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.


En términos generales, en Bolivia se considera como tierras altas o territorio andino aquel espacio físicamente dominado por la cordillera de Los Andes. Es el espacio territorial de la región occidental del país conformada a su vez básicamente por las ecorregiones del altiplano y valles aunque en su interior existen más subecoregiones. La región de tierras altas se caracteriza por su gran variedad de pisos ecológicos y climas, aspectos que la hacen diversa y atractiva desde distintos puntos de vista.

Pero Bolivia no sólo tiene tierras altas, su mayor extensión territorial se encuentra en el oriente, caracterizada por condiciones medioambientales propias de la selva y la amazonía sudamericana. Esta región, conocida como tierras bajas, en los últimos años pasó de ser una región poco integrada a constituirse en una con alta presencia e incidencia en la realidad social, económica y política del país.

En términos de extensión territorial y población, las tierras altas (altiplano y valles) se caracterizan porque ocupan menos de la mitad del espacio territorial de Bolivia pero en esta región viven la mayoría de los bolivianos. En cifras, las tierras altas representan el 37% del territorio nacional pero la habita el 72% de la población boliviana (urbana y rural). Esta realidad no es extraña para nadie y, al contrario, es sabido que Bolivia nació en 1825 como un país inminentemente andino y permaneció así hasta la Reforma Agraria de 1953. Esta situación cambió en los últimos 50 años debido a las políticas estatales de fomento a la integración del oriente para el desarrollo agroindustrial y de ese modo reducir la alta dependencia de la importación de alimentos, especialmente azúcar y arroz.

Según el Censo del año 1950, el oriente boliviano apenas tenía 332.000 habitantes que en ese entonces signifi caba el 12% de la población total. Esta

1. CARACTERIZACIÓN DE TIERRAS ALTAS

22 CARACTERIZACIÓN DE TIERRAS ALTAS

situación ha cambiado en los últimos años al grado que la ciudad de Santa Cruz tuvo una de las tasas más altas de crecimiento poblacional (4,29% frente al 2,74% nacional en el periodo 1992-2001) y prácticamente igualó en población a las ciudades de La Paz y El Alto juntas.

A pesar de estas características, las tierras altas siguen teniendo un papel muy importante para entender la realidad boliviana por su peso histórico en la formación social nacional. Este peso histórico está directamente relacionado con dos pueblos indígenas que la habitan desde antes de la colonia y que son demográfi camente mayoritarios dentro de los 36 pueblos indígenas identifi cados en Bolivia. Estamos haciendo referencia a los pueblos quechua y aymara. Existen otros tres pueblos identifi cados en esta región: los Urus, los Afrobolivianos que habitan en algunas subregiones de los yungas y los Guaranís que habitan en la zona sudeste de las tierras altas que limita con las tierras bajas.

Los quechuas y los aymaras son pueblos cuya vida e historia están estrechamente vinculadas al ecosistema andino. A los quechuas se los suele asociar con los valles y con toda razón ya que la mayoría de ellos actualmente viven en esa región, mientras que los aymaras mayoritariamente habitan en la parte altiplánica. Sin embargo, ambos grupos comparten básicamente la misma cultura -la cultura andina- con muchos elementos comunes de ambas lenguas, incluso se pueden encontrar comunidades bilingües (quechua-aymara) en muchas zonas. Esta cercanía sería casi imposible de encontrar entre un pueblo de las tierras altas y uno de las tierras bajas.

En términos geográfi cos es común asociar las tierras altas con los tres departamentos del altiplano boliviano: La Paz, Potosí y Oruro; los valles con los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; para fi nalmente pensar en tierras bajas cuando se hace referencia a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Pero en términos mucho más precisos y según la clasifi cación geográfi ca realizada para este trabajo, la realidad es diferente. Esta regla de tres departamentos por cada ecorregión se cumple sólo en el caso del altiplano que efectivamente está conformado por los tres departamentos mencionados aunque no en su integridad. En el caso del departamento de La Paz, sólo la porción sur es parte del altiplano, Oruro es mayoritariamente altiplano pero tiene una parte de valles y Potosí está entre altiplano y valles.


El departamento de La Paz tiene municipios clasifi cados como valles y otros de la región amazónica que forman parte de las tierras bajas.

La región de valles abarca nada menos que siete de los nueve departamentos sobre la base de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y tomando parte de La Paz, Oruro, Potosí e incluso Santa Cruz. También es la región que concentra más del 53% de la población boliviana aunque espacialmente sólo ocupa el 24% del territorio nacional.

De forma casi similar, la región de tierras bajas o el oriente está conformada por la totalidad de los departamentos de Beni y Pando, gran parte de Santa Cruz y tomando algunas porciones de La Paz, Chuquisaca y Tarija. Territorialmente el departamento de Santa Cruz es el que tiene más peso en el oriente por su gran extensión, abarca el 34% de la superfi cie nacional.

En resumen, en las tierras altas vive el 72% de la población boliviana pero solamente ocupa el 37% del territorio nacional. En términos de población rural, en las tierras altas vive el 83% de los bolivianos. En cuanto a número de municipios las cifras muestran la misma tendencia, 252 municipios (77%) de los 327 existentes pertenecen a tierras altas.

El siguiente cuadro y mapa muestran los resultados de esta caracterización, necesaria para entender la realidad de las tierras altas y el análisis de las autonomías indígenas en el contexto municipal.

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Mapa 1. Regiones ecológicas según municipios

Fuente: Elaboración propia con datos ofi ciales de la Unidad Técnica de Límites Políticos Administrativos y el Instituto Nacional de Estadística.


2.1. LOS MUNICIPIOS CON MENOR EXTENSIÓN TERRITORIAL

Hablar de los municipios de tierras altas -en términos de extensión territoriales hablar de los municipios más pequeños del país. De entre los primeros 100 municipios más pequeños en extensión territorial, 92 pertenecen a las tierras altas y sólo ocho son parte de las tierras bajas. Esto es comprensible tomando en cuenta que el 77% (252 de los 327 municipios) están ubicados en las tierras altas, región donde vive la mayoría de la población nacional (72%).

En el altiplano, el municipio más pequeño es Tito Yupanqui con apenas 16,38 Km2 de extensión equivalente a 1.638 hectáreas. Este municipio es un pequeño enclave en la frontera con Perú y está vinculado comercialmente con este país. Está ubicado a las orillas del lago Titicaca en la Provincia Manco Capac del departamento de La Paz, es equivalente en territorio a cualquier comunidad promedio de la región del altiplano o valles aunque en términos de población no se puede decir lo mismo ya que tiene 2.213 habitantes registrados según el Censo 2001. Otros municipios que le siguen según menor tamaño territorial son Nazacara de Pacajes, Huachacalla, San Pedro de Tiquina y Collana; todos del departamento de La Paz a excepción de Huachacalla que pertenece al departamento de Oruro. El municipio de San Pedro de Tiquina tiene una población fuertemente vinculada a los servicios de transporte de autos, viajeros en barcaza y el comercio en el estrecho de Tiquina por donde se produce un alto tráfi co de vehículos La Paz-Copacabana. Huachacalla (1.650 habitantes) vinculado con la dinámica de ferias locales y anuales es otro pequeño enclave, mientras que Nazacara de Pacajes es un caso peculiar porque además su población es igualmente reducida (267 habitantes).

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

DE TIERRAS ALTAS

28 CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TIERRAS ALTAS

En los valles los cinco municipios más pequeños son Colcapirhua, Cliza, Toco, Tacachi y Cuchumuela todos con población por encima de 1.210 habitantes (Tacachi). De ellos, el municipio más pequeño es Cuchumuela con 15,36 Km2, superfi cie que le permite “ostentar” el título del municipio con menor extensión territorial no sólo de tierras altas sino de Bolivia. Este Municipio está ubicado en la provincia Punata en el departamento de Cochabamba y tiene 1.808 habitantes (Censo 2001). El fenómeno de municipios fragmentados de los valles está estrechamente relacionado con la ciudad de Cochabamba de modo que los municipios de esta región forman parte de un espacio territorial integrado, casi metropolitano. El valle alto de Cochabamba tiene un alto grado de densidad poblacional, a esta zona precisamente pertenece el Municipio de Cuchumuela.

En todo caso, los municipios más pequeños son municipios eminentemente rurales por tanto se trata de un fenómeno rural, muy vinculado a las microdinámicas de las comunidades que los componen o de las dinámicas económicas que infl uyen dentro de la microregión. También es evidente que los factores medioambientales provocan concentración de población en pequeños territorios o cuencas como es el caso de los valles pero también la fragmentación territorial puede obedecer a divisiones y pugnas entre comunidades. La persistencia de municipios chicos se explica por la infl uencia de los centros urbanos, la integración caminera, comercios o ferias locales e historia de larga data de los pueblos.


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2.2. LOS MUNICIPIOS CON MAYOR EXTENSIÓN TERRITORIAL

Desde luego, si los municipios más pequeños están en tierras altas, los municipios más grandes están en tierras bajas. El municipio con mayor extensión territorial es Charagua en el departamento de Santa Cruz con 73.223 Km2, es decir casi 5 mil veces más que Cuchumuela o tres veces más que el municipio más grande de tierras altas (Colcha “K”) ubicado en el departamento de Potosí.

Limitándonos a las tierras altas debemos mencionar que la lista de los cinco municipios más grandes del altiplano está conformada por cuatro de Potosí y uno de Oruro (Salinas de Garci Mendoza). La zona altiplánica de Potosí es la región con menor densidad demográfi ca (0.62 hab/Km2) y tierras con poco uso agrícola, donde aún prevalecen antiguas comunidades y ayllus. Los municipios del departamento de La Paz clasifi cados como parte del altiplano no aparecen dentro de los primeros cinco municipios más grandes a excepción de Apolo que abarca 14.301 Km2 pero que por sus características geográfi cas pertenece a la región de los valles y en parte a la amazonía.

Aparte del municipio de Apolo, los otros cuatro municipios que completan la lista de los cinco más grandes de los valles son Villa Tunari, Tomave, Morochata y Cotagaita que se encuentran en un rango de 6.000 a 10.000 Km2.


Mapa 3. Municipios con mayor extensión territorial



Esta clasifi cación de los municipios con mayor extensión territorial no infl uye en el trabajo de determinación de tipologías de autonomías indígenas pero es un dato muy útil sobre todo para visibilizar regiones como el sur de Potosí con mucha extensión territorial pero con poca población y con poca tierra de vocación agrícola. Por ejemplo Colcha “K” tiene 9.645 habitantes, quienes viven en un extenso pero desértico territorio (2.4 millones de hectáreas).


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2.3. MUNICIPIOS CON MENOR POBLACIÓN


El departamento de Oruro alberga al municipio con menor población de Bolivia aunque según su extensión territorial no está entre los cinco primeros más pequeños. Éste es el municipio de Yunguyo de Litoral que según el Censo 2001 apenas tiene 221 habitantes que serían como 50 familias. Esta situación evidentemente contrasta por ejemplo con la normativa vigente que establece un mínimo de población de 5.000 habitantes para la creación de todo municipio nuevo7. Prácticamente este municipio es equivalente a una comunidad campesina promedio en cuanto a población.

Los otros municipios de menor población del altiplano son Nazacara de Pacajes, Carangas, Todos Santos y La Rivera. Ninguno de los cinco sobrepasa los 400 habitantes. La situación de estos municipios frente a los de los valles es bastante diferenciada ya que el municipio con menor población de la región valles es Tacachi con 1.210 habitantes que, por ejemplo, triplica al municipio de La Rivera ubicado en quinto lugar del altiplano.

El único municipio que aparece simultáneamente en las listas de los más pequeños en extensión territorial y con menor población es Nazacara de Pacajes que prácticamente, por estas características, es una comunidad campesina. Se parece a cualquiera de las comunidades de tierras altas en cuanto a población y territorio y por tanto es un caso ejemplar para preguntarnos si una sola comunidad puede convertirse en Autonomía Indígena Originaria Campesina.

Tanto Nazacara de Pacajes como Yunguyo de Litoral del departamento de Oruro sirven para ejemplifi car un caso hipotético de la complejidad del funcionamiento de la autonomía indígena a nivel de una sola comunidad campesina u originaria. Veamos el caso. El techo presupuestario de Yunguyo de Litoral asignado por el gobierno central para el año 2009 alcanza a 243.978 bolivianos, algo así como 34.500 dólares americanos por año que provienen de la Coparticipación Tributaria, Coparticipación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de la cuenta especial Diálogo Nacional 2.000 (HIPC II). En términos de asignación per cápita, ese presupuesto signifi ca cerca

7 Ley Nº 2150 de Unidades Político Administrativas del 20 de noviembre de 2000. Hay que aclarar que en 1994 la Ley de Participación Popular no establece una base demográfi ca mínima para la creación de municipios sino declara automáticamente a todas las Secciones de Provincia como municipios, sin considerar su tamaño poblacional. Yunguyo de Litoral fue creado por Ley 350 de 10 de noviembre de 1967 como la Cuarta Sección Municipal de la provincia Litoral.


de 1.100 Bs. por habitante o 5.000 Bs. por una familia de cinco miembros al año. Sin embargo el gobierno municipal funciona actualmente con cinco concejales y un alcalde, quienes no pueden usar más del 25% del total de recursos para gastos de funcionamiento. Esto es cerca de 60.000 Bs. por año para pagar sueldos y salarios al personal, honorarios a las autoridades ediles y otros gastos administrativos. El presupuesto 2009 sigue siendo escaso pero es casi el doble en comparación con los de años anteriores al 2006 cuando no había el auge económico por la subida del precio internacional del petróleo.

Esta situación queda bien ejemplifi cada en el informe de la Fundación Pueblo difundida en el sitio web de PADEP (www.padep.org.bo) que indica que para el año 2006 “la situación más dramática la vive el municipio paceño de Nazacara de Pacajes, donde el alcalde percibe un sueldo mensual de 250 bolivianos, casi la mitad de un salario mínimo nacional, seguido de los municipios de Yunguyo de Litoral, Todos Santos, La Rivera y Coipasa de Oruro; Mojinete y San Agustín de Potosí; y Cuchumuela de Cochabamba”.

El principal problema es que si bien existen recursos para el desarrollo de estos territorios, por cuestión de escala no es posible su funcionamiento con autoridades y funcionarios que trabajen con dedicación y a tiempo completo. Una autoridad natural (campesina, indígena u originaria) generalmente ejerce funciones a cambio de la tenencia de la tierra y con recursos propios a modo de servicio civil, pero es evidente que ningún comunario podría ejercer tales funciones por más de un año como es el caso de los alcaldes y concejales de los municipios con poca población.

En otros países como Colombia, Panamá o Estados Unidos, los pueblos indígenas son minoritarios en población y tienen una legislación favorable (discriminación positiva) que hace posible su funcionamiento como unidades autónomas sin que su existencia esté sujeta a una base demográfi ca mínima sino únicamente a criterios de etnicidad. Pero en el caso nuestro y en tierras altas, los municipios son predominantemente indígenas y homogéneos (o bien aymaras o bien quechuas) como veremos más adelante. Por esta razón, al menos desde el punto de vista de criterios étnicos, no se justifi ca la existencia de municipios (susceptibles de convertirse en autonomías indígenas) con muy poca población similar a Nazacara o Yunguyo, que no hace posible su viabilidad en términos de gestión pública, efi ciencia de uso de recursos y de escala óptima. Cualquiera de los diez municipios con menor población está rodeado por comunidades y población del mismo grupo étnico. Por


tanto, un criterio fundamental -que podría establecerse en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización- para la formación de Territorios Indígena Originario Campesinos, es que los municipios con poca población (inferior a los 5.000 habitantes) necesariamente tengan que fusionarse hacia arriba con más comunidades o municipios aunque así no lleguen a completar la base demográfi ca mínima exigida por la Ley de Unidades Político Administrativas (Ley Nº 2150).


2.4. MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN

Mapa 5. Municipios con mayor población de las tierras altas



Como es obvio, los municipios con mayor población son los urbanos, casi en su integridad en todo el país. En la región del altiplano entre los cinco municipios con mayor población están las ciudades de El Alto y Oruro junto con ciudades intermedias pertenecientes a los municipios de Achacachi, Sica Sica y Viacha. En la región de los valles son las ciudades de Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre y Tarija.

En el caso del altiplano, Achacachi es un municipio con 89% de población rural pero su población urbana (11%) en términos absolutos alcanza a 7.540 personas. Al igual que en los otros dos municipios rurales con mayor población (Sica Sica y Viacha), la población de Achacachi vive desarrollando actividades vinculadas al comercio, transporte y servicios junto con la actividad agropecuaria. El Municipio de Sica Sica es 75% rural y su parte urbana tiene una población casi como la de Achacachi (6.817 habitantes) que desarrolla su principal actividad económica alrededor del movimiento que genera la vía caminera La Paz-Oruro. En cambio Viacha es mayoritariamente urbano (62%) con un importante núcleo concentrado en la capital del municipio, muy vinculado a la ciudad de El Alto y La Paz. Su parte rural está integrada por 63 comunidades originarias las cuales a su vez participan en la vida municipal mediante sus propias instancias de representación y autoridades naturales, es decir actúan bajo la lógica comunitaria.

Para un municipio como Viacha con 38% de población que vive en comunidades y aunque tiene 87% de población indígena, puede resultar complicado transitar a la Autonomía Indígena Originaria Campesina. Sin embargo, según el artículo 284 de la Constitución, las 63 comunidades podrían constituirse en Territorios Indígena Originario Campesinos y elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa por medio de sus normas y procedimientos propios. Esta salida constitucional no condiciona el ejercicio de los derechos indígenas a que las comunidades forzosamente asuman la condición de Autonomía Indígena Originaria Campesina.


Mapa 6. Municipio de Viacha y sus comunidades

Fuente: Elaboración propia con datos de saneamiento interno de la Fundación TIERRA, 20098.

De aquí podemos concluir que si bien estos municipios son mayoritariamente indígenas y rurales, existen casos relevantes en los que la población urbana es importante y que a la hora de pensar en autonomías indígenas hay que buscar algún mecanismo de integración de lo comunitario y lo urbano, de la lógica comunal y lo urbano indígena, la democracia comunitaria y la democracia liberal. Resulta más factible pensar en un sistema de representación política cuando un municipio está solamente integrado por

8 Desde el año 2007 la Fundación TIERRA en convenio con el gobierno municipal de Viacha y la organización matriz de las comunidad de este municipio (Central Agraria Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias) apoya a las comunidades en el reconocimiento de sus derechos territoriales y derechos de propiedad familiar. Cada comunidad aplica normas y procedimientos propios que permite el “Saneamiento Interno” contemplado en la Ley 3545.


comunidades rurales, pero el asunto se vuelve más complejo a medida que cobra más fuerza el factor urbano. Viacha tuvo y aún tiene confl ictos debido a la confrontación y pugna entre los que viven en la parte urbana y los que viven en las comunidades porque cada colectividad tiene distintas aspiraciones en cuanto a proyectos de desarrollo y a la distribución del presupuesto, en el primer caso más vinculadas al desarrollo urbano y en el otro al desarrollo productivo y proyectos comunitarios.

Si el factor urbano cobra mayor fuerza en un municipio grande como es el caso de El Alto, la representación política según la lógica o democracia comunitaria cambia o se diluye debido sencillamente a que la representación por territorios y organizaciones comunitarias no se reproduce automáticamente. En una comunidad una persona -siempre que esté registrada o afi liada a la comunidad- no tiene problemas de representarse mediante la organización comunal y sus autoridades naturales u originarias porque está adscrita a un territorio conocido y delimitado del resto de las comunidades, con prácticas vivas de decisión y representación colectiva mediante asambleas o cabildos comunales. Esta fi gura desaparece en la ciudad a pesar de que cada barrio o distrito pueda tener una junta de vecinos u otras instancias colectivas. Cualquier persona o familia en la ciudad de El Alto es libre de vivir en cualquiera de los barrios sin que exista una cohesión o adscripción con un colectivo y territorio.


3.1. MUNICIPIOS MAYORITARIAMENTE INDÍGENAS

El Censo 2001 incorpora por primera vez la pregunta de autoidenti-fi cación indígena. Esta es la adscripción voluntaria de la gente según sus percepciones subjetivas con alguno de los pueblos indígenas existentes en Bolivia. También existía la opción de “ninguno” para aquellas personas que no se sentían parte de algún pueblo indígena. El resultado a nivel nacional fue que los indígenas alcanzaron la espectacular cifra del 63%, la más alta al menos entre los países del continente. De esta manera se hacía ofi cial lo que todos ya sabíamos: Bolivia es un país mayoritariamente indígena.

3. MUNICIPIOS Y POBLACIÓN INDÍGENA

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Recientemente Ramiro Molina y Xavier Albó trabajaron el Sistema de Información Geográfi ca Étnico Lingüística o SIGEL asociando información a diversos niveles y utilizando diferentes variables étnicas del Censo 2001 como lengua indígena de una persona, si aprendió en la niñez y si habla español. Es sin duda una valiosa fuente de información que ayuda a comprender la gama étnica lingüística de la población boliviana y a profundizar el análisis de lo indígena en Bolivia9.

A continuación y reconociendo que existe esta información para analizar a profundidad el tema indígena, vamos a limitarnos a revisar cuán indígenas son o no los municipios de las tierras altas considerando solamente la información de autoidentifi cación10.

Para caracterizar los municipios de tierras altas hay un dato muy revelador: 215 de 252 son municipios con población indígena mayor al 50% más uno, esto representa más del 85% de municipios de tierras altas y el 66% del total a nivel nacional. En las tierras altas, la totalidad de los municipios altiplánicos (80 municipios) tienen población mayoritariamente indígena. No sólo eso, sino que es la región donde la mayoría indígena no decrece tan rápidamente -en comparación a los valles- a medida que se exige mayores niveles de “indigenidad” (mayor peso de la población indígena sobre el total). Por ejemplo, 76 de los 80 municipios tienen 80% de población indígena, es decir, cuanto más alto porcentaje de población indígena se exige, la cantidad de municipios baja pero se resiste a una baja rápida. El altiplano es la región con municipios más densos en términos de población indígena.

9 Gama étnica y lingüística de la población boliviana. Ramiro Molina y Xavier Albó. PNUD, 2006.10 Para un acercamiento desde otra perspectiva ver Autonomías Indígenas en la realidad boliviana y

su nueva Constitución. Xavier Albó y Carlos Romero. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.

44 MUNICIPIOS Y POBLACIÓN INDÍGENA

Cuadro 3. Número de municipios por grado de indigenidad según regiones

Región por departamentos

Grado de indigenidad50% 60% 70% 80% 90% 95% 97%

Altiplano 80 77 77 76 66 37 19La Paz 41 41 41 41 39 22 10

Oruro 30 28 28 28 22 13 8

Potosí 9 8 8 7 5 2 1

Valles 135 131 122 109 77 36 7Chuquisaca 18 16 13 13 9 6

Cochabamba 43 43 41 37 22 10 1

La Paz 38 37 35 29 21 8 2

Oruro 5 5 5 4 2 1

Potosí 29 28 27 25 23 11 4

Santa Cruz 2 2 1 1

Tarija

Llanos 23 21 12 5 2 0 0Beni 3 3 1 1

Chuquisaca

Cochabamba 1 1 1

La Paz

Pando

Santa Cruz 19 17 10 4 2

Subtotal de tierras altas 215 208 199 185 143 73 26Total general 238 229 211 190 145 73 26

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.

En el caso de los valles la situación es similar en cierta medida pero con una reducción más rápida si se exige a los municipios mayor grado de “indigenidad”. Si bien en el altiplano el número de municipios baja sólo en 4 municipios cuando la exigencia del peso indígena aumenta de 50% al 80%, en el caso de valles quedan fuera 26 municipios. Es decir, los municipios vallunos (quechuas) no son tan duros o fuertes como los altiplánicos (aymaras) en cuanto a homogeneidad y peso indígena.


¿Existen municipios que sean prácticamente homogéneos en cuanto a población indígena?, es decir, ¿hay municipios con 100% de población indígena en tierras altas? Esta pregunta cobra especial atención para desarrollar e incluir políticas interculturales para la población minoritaria no indígena en la perspectiva de la interculturalidad.

Una primera respuesta es que sí existe, es el municipio de Nazacara de Pacajes, pero es el único de los 252 existentes en las tierras altas. Hasta los profesores de la escuela (si es que estaban ahí el día del Censo) se declararon aymaras. Ya hemos destacado a este municipio por ser uno de los municipios más pequeños en extensión territorial pero también por ser uno de los municipios con menor población (267 habitantes).

En efecto, Nazacara de Pacajes es el único municipio de Bolivia 100% indígena, concretamente aymara, pero evidentemente es también un caso aislado y no representa la generalidad de los municipios que tienen más población, más extensión territorial y mayor número de comunidades y pequeños centros poblados. En los valles este caso no se repite pero el que se acerca mucho es el municipio de Curva ubicado en el norte de La Paz en la región Kallahuaya, que tiene 99% de población indígena, la mayoría quechuas. En este caso, se trata de un municipio relativamente chico (596 Km2 y 2.213 habitantes) pero no tanto como Nazacara de Pacajes en el altiplano. Muy cerca al 100% está también el municipio de Chayanta en Potosí con 98% de indígenas quechuas y con una población importante, 14.165 habitantes.

Si optaramos por una defi nición de que los municipios homogéneos son aquellos con al menos 95% de población indígena veríamos que el número de municipios que se inscriben en esta categoría son 37 del altiplano y 36 de los valles, esto representa el 29% de los municipios de las tierras altas. Está claro que los municipios con mayoría indígena son un fenómeno andino. En tierras bajas no hay ni un solo municipio con 95% de población indígena aunque existen dos municipios cercanos: Urubichá con 93% y San Miguel de Velasco con 92%.

Según la Constitución Política del Estado (CPE) uno de los requisitos para que un territorio o municipio adquiera la cualidad de Autonomía Indígena Originaria Campesina es necesaria la voluntad de su población, expresada en consulta (Art. 290), es decir, no exige como requisito que tenga una población mayoritariamente indígena de acuerdo a la pregunta de autoidentifi cación del


Censo 2001 u otra. Pero es razonable que es un punto de partida imprescindible ya que además la Constitución exige como requisitos básicos que la población indígena tenga en común un mismo territorio, cultura, historia, lengua e instituciones. Pero, a pesar de que un municipio sea territorial y poblacionalmente indígena está también claro que no necesariamente todos los que se declararon como indígenas van a expresar su voluntad y apoyo en el referéndum autonómico indígena, de aceptación -o no- de la Autonomía Indígena Originaria Campesina.


Mapa 7. Municipios de las tierras altas según grado de indigenidad



Tomando en cuenta estos factores y con fi nes de estimar un número de municipios susceptibles de convertirse en Autonomía Indígena Originaria Campesina, podemos esbozar los siguientes escenarios posibles:

1. Escenario 1: el 60% de los indígenas votan por la autonomía indígena. Si esto sucediese, todos los municipios que tengan población indígena igual o superior al 80% podrían alcanzar la cualidad de autonomía indígena ya que en la consulta el “Sí” ganaría al menos con 50% más 1 de votos. Esto en cifras concretas es 73 de 80 municipios en el altiplano y 100 de 172 municipios de los valles. En total son 173 municipios en las tierras altas (68,6%).

2. Escenario 2: el 70% de los indígenas votan por la autonomía indígena. Esto signifi ca que la población indígena tendría que ser igual o mayor al 73% para que el “Sí” gane en la consulta. Entonces, en esta categoría entran 77 municipios del altiplano y 119 de los valles. Aumenta el número de municipios aunque la fi gura no cambia signifi cativamente ya que la cifra total de 196 municipios que equivale al 77,7% de los municipios de las tierras altas.

3. Escenario 3: el 80% de los indígenas votan por la autonomía indígena. En este caso basta que la población indígena sea mayor o igual al 64%. Con estos nuevos datos se mantienen los 77 municipios del altiplano mientras que en los valles aumenta a 125 municipios. La cifra total es de 202 (80%).

En conclusión, la mayoría de los municipios de las tierras altas o al menos la mitad de los 252 municipios existentes, podrían convertirse a Autonomía Indígena Originaria Campesina aunque el 40% o más de su población indígena rechazase tal posibilidad en el referéndum.

Sin embargo, hasta ahora no hemos diferenciado municipios urbanos y rurales en los datos arriba mencionados. Por ejemplo, la ciudad de El Alto es un municipio urbano y con 81% de población indígena que en su mayoría son aymaras. Sin embargo, declararse autonomía indígena (que lo podrían hacer) implica la reivindicación de usos y costumbres, por ejemplo, en la forma de elección de las autoridades del gobierno autónomo, cuestión que requiere un diseño diferente a las lógicas de democracia comunitaria del área rural. Vamos a volver a este tema en el punto 3.3.


3.2. ¿AUTONOMÍAS AYMARAS O QUECHUAS?

En el caso de las tierras altas la gran mayoría de los municipios son quechuas y aymaras. Sin embargo, para fi nes de establecer un criterio analítico que caracterice a un municipio como aymara, quechua o una combinación de ambos, se ha diseñado el siguiente procedimiento:

1. Si dentro de un municipio uno de los pueblos indígenas originarios tiene más de 2/3 (66,6%) de población con respecto al otro, entonces se caracteriza como municipio de ese pueblo indígena.

2. Si los dos pueblos indígenas tienen simultáneamente una población indígena mayor a 1/3 (33.3%) pero menor a 2/3 (66,6%), entonces es un municipio quechua-aymara o aymara-quechua.

Estos criterios son válidos para cuando los aymaras y quechuas sumados alcancen en total una cifra mayor al 50% de la población municipal. Existen casos puntuales en que el pueblo indígena mayoritario es otro (no es aymara ni quechua). El siguiente cuadro detalla esta caracterización, incluyendo el caso de otros pueblos indígenas.


Cuadro 4. Número de municipios caracterizados según los pueblos indígenas mayoritarios

Tierras altas Quechuas Quechua-

aymara Aymara Otro pueblo indígena Ninguno Total

Región del altiplano 10 2 66 2 0 80

Región de los valles 94 7 30 4 37 172

Totales 104 9 96 6 37 252

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001.

La conclusión es algo obvia: la región de los valles está poblada mayoritariamente por quechuas y el altiplano es la región aymara por excelencia. Los municipios quechua-aymaras o aymara-quechuas son 9 en total y mayoritariamente están en los valles. En cualquier caso, los municipios aymaras y quechuas son predominantes (85,3% de los municipios) mientras que los mayoritariamente indígenas no aymaras ni quechuas son la minoría (2,4%) y el resto de los municipios no tienen mayoría indígena (12,3%).

Si bien en términos de población los quechuas son más que los aymaras, en cuanto al número de municipios que ocupan, los aymaras casi igualan a los quechuas. Los quechuas en total tienen dominio sobre 104 municipios y los aymaras sobre 96. La explicación es que los quechuas están asentados en municipios más densamente poblados como son los de los valles mientras que la población aymara está distribuida en varios municipios del altiplano.

En el altiplano existen dos municipios con composición mixta importante entre aymaras y quechuas. Uno de ellos es el Municipio de Santiago de Huari en Oruro donde los aymaras son el 56% y los quechuas el 35%. Esto se explica porque esta región es fronteriza entre los quechuas y aymaras donde es común que la gente además hable los dos idiomas. Otro municipio de composición mixta es la ciudad de Oruro con 37% de población quechua y 21% aymara que, a diferencia del anterior municipio, es predominantemente urbano. Al margen de ello, en el altiplano existen dos municipios que no son aymaras ni quechuas ni una combinación de ambas: Chipaya donde el 95% es población Uru y el municipio de Carangas también en Oruro cuya población indígena bordea el 50%, compuesta por 1% de quechuas y el resto aymaras, factor que no lo defi ne ni como aymara ni como una combinación.


Mapa 8. Municipios de las tierras altas según presencia mayoritaria (más del 50%) de población indígena

Nota: Se clasifi ca como Aymara 1 cuando este pueblo indígena es igual o mayor al 83,3% con respecto a la población total de indígenas. Aymara 2 signifi ca que este pueblo es mayor al 66,6% pero menor al 83,3%. Tiene la misma interpretación para Quechua 1 y Quechua 2. (Ver procedimiento utilizado en el punto 3.2 ¿Autonomías aymaras o quechuas?).Fuente: Elaboración propia con datos ofi ciales de la Unidad Técnica de Límites Políticos Administrativos y el Instituto Nacional de Estadística.


En el caso de los valles, los municipios quechua-aymaras son siete y son los siguientes: Urmiri de Potosí, Pelechuco y Ayata en el norte de La Paz, Challapata en Oruro, Mapiri y Tipuani en la provincia Larecaja de La Paz y Cajuata en Inquisivi también de La Paz. Son sectores fronterizos entre los dos pueblos y se encuentran principalmente en el norte paceño y valles de La Paz.

También en valles son cuatro los municipios mayoritariamente conformados por otro pueblo indígena no andino: Gutiérrez y Lagunillas en la provincia Cordillera de Santa Cruz, Huacaya en Chuquisaca y San Buenaventura en el norte paceño. A excepción del último, todos están poblados mayoritariamente por Guaranís, mientras que San Buenaventura está habitado por 16% de quechuas, 7% de aymaras y otros pueblos indígenas en un 29% (el resto, 48% no se reconoce indígena). Tiene predominancia indígena en total apenas por encima del 50% pero su conformación es bastante heterogénea y se puede afi rmar que es el municipio ícono de interculturalidad, al menos de las tierras altas.


3.3. AUTONOMÍAS INDÍGENAS URBANAS

La Autonomía Indígena Originaria Campesina tiene un carácter ruralista en la Constitución porque las competencias asignadas son más afi nes al desarrollo rural y agropecuario y porque tanto su formación como funcionamiento depende de lógicas comunitarias que no necesariamente se replican en territorios urbanos.

Paradójicamente hay que resaltar que la mayoría de la población indígena vive en centros urbanos y existen municipios con importante población urbana como Viacha, Achacachi o Sica Sica. Si el espíritu de los cambios constitucionales es superar la exclusión de los pueblos indígenas, está claro que sus derechos no pueden ser reconocidos sólo mientras vivan en territorios rurales, ancestrales y aislados de las ciudades. Por tanto, el desafío pendiente es diseñar las autonomías indígenas de modo tal que las ciudades con mayoría indígena como El Alto tengan un modelo político a la imagen de su condición étnica que facilite a sus ciudadanos una relación más directa en las decisiones públicas, por ejemplo, a partir de la participación política según mecanismos comunitarios o el ejercicio de la justicia comunitaria en ciertos ámbitos.

Como ya hemos adelantado, en la ciudad de El Alto la participación ciudadana y comunitaria directa, tal como en las comunidades y ayllus, es más que difícil, salvo mediante referéndum o plebiscitos. Sin embargo, el mismo hecho de que su población proviene mayoritariamente de comunidades aymaras, constituye un elemento fundamental para pasar efectivamente de una democracia representativa a una democracia más participativa o deliberativa. En términos amplios, las formas comunitarias de participación política se pueden recuperar en el ámbito urbano para cualifi car la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Por tanto, las futuras autonomías indígenas en ámbitos urbanos tendrían que diferenciarse cualitativamente de sus pares rurales o de territorios no indígenas por practicar formas de democracia participativa inspirada en la lógica comunitaria o indígena, ademas de la democracia representativa.

Se justifi ca la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de formas comunitarias de participación política para el ámbito urbano, porque éstas tienen potencial para recoger mejor las experiencias y conocimientos de los ciudadanos sobre sus necesidades sociales o públicas. Estos mecanismos de canalización de los intereses tendrían que estar contextualizados según


la complejidad y realidad urbana. En términos de elección de autoridades ejecutivas y legislativas, ello signifi ca combinar el sistema de “un ciudadano un voto” con formas de elección colectivas mediante asambleas o cabildos. Esto no es del todo novedoso. Es normal que previo al voto en urnas, los candidatos generalmente transiten por elecciones previas de carácter colectivo ya sea al interior de los partidos políticos o en otras esferas como juntas de vecinos u organizaciones. Sin embargo, no por ello signifi ca que sean espacios de participación política altamente democráticos, al contrario, pueden estar muy restringidos a los militantes o incluso cúpulas de los partidos o de las organizaciones participantes.

Entonces, las autonomías indígenas urbanas podrían estar instituidas sobre la base de un sistema político y electoral (normas, instituciones y procedimientos) en el que se practiquen elecciones según la lógica comunitaria o colectiva combinada con la votación individual en urnas. En esa línea, una de las tantas opciones que se puede estudiar es la elección en dos etapas: elecciones comunitarias y elecciones generales. La primera sugiere procesos de selección de candidatos mediante asambleas o cabildos sin que ello limite o excluya la participación política de ciudadanos independientes no indígenas. La segunda más bien hace referencia a un proceso electoral fi nal que permita a los votantes elegir sin importar su afi liación partidaria.

La constitución de la autonomía indígena en ámbitos urbanos no termina en un sistema de participación política y electoral distinto sino que es apenas uno de sus componentes. Existen otras competencias propias de los pueblos indígenas y que son posibles de desarrollar en los ámbitos urbanos, como es el caso de la justicia comunitaria, donde las autoridades nombradas para ello podrían ejercer sus mandatos de acuerdo a sus tradiciones, derecho propio y dentro de sus competencias a precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que ordena la Constitución. Desde luego que las normas y procedimientos propios preferentemente tendrían que atender confl ictos de carácter privado de familias indígenas y el Estado debería garantizar que las decisiones indígenas sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, además de velar para que las actuaciones no sean atentatorias a los derechos humanos y universales.


Cuadro 5. Municipios mayoritariamente (mayor al 50%) urbanos e indígenas

Región

Núme-ro de muni-cipios

Pobla-ción in-dígena

(%)

Población indígena

de 15 años o

más

Pobla-ción

indígena urbana

Pobla-ción in-dígena rural

Total 27 70,95 1.368.913 1.264.607 104.306Altiplano 6 79,99 441.704 420.663 21.041

Achocalla 1 91,35 8.257 5.519 2.738

El alto 1 81,29 319.668 318.272 1.396

Viacha 1 87,79 25.931 15.005 10.926

Machacamarca 1 83,73 2.238 980 1.258

Oruro 1 58,43 76.860 76.697 163

Uyuni 1 77,37 8.750 4.190 4.560

Valles 13 68,28 891.842 819.700 72.142Sucre 1 61,39 84.027 73.760 10.267

Cochabamba 1 60,25 207.503 207.394 109

Colcapirhua 1 66,92 17.783 17.642 141

Punata 1 77,32 12.912 6.620 6.292

Quillacollo 1 72,03 47.182 33.962 13.220

Sacaba 1 72,25 51.566 38.689 12.877

Tiquipaya 1 72,61 16.616 11.372 5.244

La Paz 1 61,22 338.352 336.242 2.110

Huanuni 1 74,97 8.592 6.369 2.223

Llallagua 1 84,91 18.838 14.635 4.203

Potosí 1 70,54 63.689 56.797 6.892

Tupiza 1 61,47 14.142 7.163 6.979

Villazón 1 51,74 10.640 9.055 1.585


Llanos 8 68,54 35.367 24.244 11.123Reyes 1 61,39 3.907 2.142 1.765

Ascensión de Guarayos 1 61,14 5.360 3.945 1.415

Cármen Rivero Torrez 1 70,67 1.985 1.071 914

Fernández Alonso 1 71,65 4.817 3.591 1.226

Puerto Quijarro 1 51,35 3.965 3.782 183

Roboré 1 74,99 6.831 4.390 2.441

San José de Chiquitos 1 64,44 5.839 3.831 2.008

Urubichá 1 92,69 2.663 1.492 1.171

La clasifi cación urbano/rural se realizó sobre la población total, no sólo sobre la población indígena.Según Galindo (2008) a nivel nacional existirían 40 municipios predominantemente urbanos de entre 172 municipios con más de 65% de población indígena, que por ser urbanos, no aplicarían para municipios indígenas. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001.


4. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS ELECCIONES DE 200411

11 En este apartado usamos el término “pueblo indígena” en el sentido dado por la Ley Nº 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Esta Ley acredita a las organizaciones indígenas bajo este título para participar en las elecciones en su jurisdicción.

4.1. ANTECEDENTES

Los confl ictos sociales ocurridos en los primeros meses del año 2000 pusieron al descubierto la crisis de los partidos políticos y el monopolio que ejercían en la representación política. Los aspirantes a autoridades municipales (alcalde y concejales) tenían necesariamente que adscribirse a un partido político para habilitarse como candidatos, ya sea en un municipio rural o urbano. Entonces el cuestionamiento al sistema político vigente en ese entonces signifi caba la resistencia al individualismo y la búsqueda de valoración de la representación colectiva o comunitaria.

En respuesta a estas discusiones, el Parlamento estudió una ley desmonopolizadora de la representación política que abra caminos de participación a organizaciones ciudadanas menos formales que un partido político y a formas comunitarias (organizaciones políticas de tipo comunitario indígena). Así nació un nuevo proyecto de ley que no pudo prosperar durante el primer semestre de 2004 debido a que algunos parlamentarios y partidos políticos temían perder votos y partidarios en las elecciones municipales de diciembre de ese año. Finalmente, el Congreso aprobó la Ley Nº 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (Ley ACPI) el 07 de julio de 2004 que amplió las vías de participación política mediante la fi gura de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que reconoce parcialmente los usos y costumbres de las comunidades. Sobre este último punto dicha ley dice:

58 LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS ELECCIONES DE 2004

“Los Pueblos Indígenas son organizaciones con personalidad jurídica propia reconocida por el Estado, cuya organización y funcionamiento obedece a los usos y costumbres ancestrales. Estos pueblos pueden participar en la formación de la voluntad popular y postular candidatos en los procesos electorales, en el marco de lo establecido en la presente Ley, debiendo obtener su registro del Órgano Electoral” (Art. 5).

“A fi nes electorales, los Pueblos Indígenas debidamente constituidos y reconocidos ante las instancias correspondientes, podrán participar en los procesos electorales nacionales, de diputados uninominales, municipales y/o constituyentes, con el sólo cumplimiento de los siguientes requisitos formales para su acreditación:

1. Certifi cación de su condición de Pueblo Indígena por órgano competente.

2. Relación nominal de las autoridades comunales y/o dirigentes que representan al pueblo, según sus normas tradicionales, los mismos que serán su representación legal y asumirán responsabilidad solidaria y mancomunada ante los Órganos Electorales y de Control Fiscal.

3. Los símbolos que representan al Pueblo Indígena.”(Art. 23, Ley Nº 2771).

Esta importante ley abrió el camino a la participación política para las organizaciones o territorios indígenas, esto es, una comunidad, ayllu o marka. La fi gura de Pueblos Indígenas estaba prevista en la Ley 2771 para reconocer la participación electoral de organizaciones indígenas y originarias siempre y cuando tuviesen personalidad jurídica de esa condición. Entonces, cualquier organización indígena podía postular candidatos para las elecciones municipales de 2004, previa elección según sus propios usos y costumbres, es decir, de manera similar a la forma de elección en el ámbito comunal. Sin embargo, los candidatos así nombrados sólo serían eso: candidatos o postulantes. Tenían que competir en las contiendas electorales con los demás postulantes de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas.


A pesar de no darse la plena participación indígena según normas propias, aquellas elecciones municipales fueron por primera vez distintas a cualquier otra. Quizá se hubiese logrado una mayor participación indígena pero el poco tiempo que restaba para la habilitación y contienda electoral no ayudó a ello. En el proceso electoral participaron más agrupaciones ciudadanas que pueblos indígenas.

Lo que interesa de este proceso es la participación de los pueblos indígenas porque constituye el referente más cercano para analizar la participación política según usos y costumbres que es una parte sustancial de las futuras Autonomías Indígena Originaria Campesinas.

4.2. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL 2004

En general se puede decir que los pueblos indígenas que participaron en la última elección municipal de 2004 obtuvieron resultados modestos12. En la mayoría de los casos los pueblos indígenas participantes eran en realidad una fracción del territorio municipal (comunidad, ayllu, central agraria) y en tal condición efectivamente no tenían posibilidades de alcanzar un éxito mayor más allá de su propio territorio. Según los datos de la Corte Nacional Electoral (CNE) los pueblos indígenas participaron sólo en 68 de los 252 municipios de las tierras altas (en 29 municipios de los 80 existentes en el altiplano (36%) y en 39 de los 172 que conforman la región de los valles (22%). Esto representa una cobertura de 23% de los municipios, cifra relativamente baja frente a una cobertura casi total de las agrupaciones ciudadanas con más de 400 organizaciones en todo el país.

Si bien fueron habilitados por la Corte Nacional Electoral 65 pueblos indígenas, al fi nal este número bajó a 40. Esta reducción se explica debido a que una vez habilitados, muchos pasaron por un proceso de alianzas entre sí e incluso de éstos con agrupaciones ciudadanas. Ese es el caso por ejemplo de la Alianza de Ayllus Originarios del Qullasuyo (AAQQ) que agrupó

12 Salvador Romero presenta una revisión interesante sobre este tema y expone tres variables que explicarían el éxito de los pueblos indígenas en algunos municipios (municipios rurales, escasa competencia y comunidades movilizadas detrás de los candidatos), (Romero, 2005).


a varios ayllus y pueblos indígenas del sur del altiplano (Potosí y Oruro). Sin embargo, los 40 pueblos indígenas participaron de las elecciones en 68 municipios, lo que signifi ca que algunos inscribieron sus candidatos en más de un municipio, destacándose el caso de AAQQ que participó en 12 municipios, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en 11 municipios y el Consejo Occidental del Ayllu Jacha Caranga (COAJC) en seis municipios. Sin embargo son casos minoritarios ya que en general la mayoría de los pueblos indígenas participó en un solo municipio.

AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN TIERRAS ALTAS 61C

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Antes de entrar a analizar los resultados que obtuvieron estas organizaciones indígenas, es necesario indagar sobre la base territorial de los pueblos indígenas acreditados por la Corte Electoral sea esta base de carácter supramunicipal o al interior de un municipio. Esta cuestión es importante porque según la Ley ACPI las organizaciones territoriales de base sólo podían participar en los municipios donde tuvieran asiento territorial como organización indígena. Esta cuestión de jurisdicción territorial también podría orientar a futuro sobre la viabilidad o no de constituir autonomías indígenas agrupando dos o más municipios.

La AAQQ participó en 12 municipios que en conjunto representan un extenso territorio pero no necesariamente con continuidad geográfi ca. Este Pueblo Indígena participó mayoritariamente en la región de valles (11 municipios de Potosí) y en un municipio del altiplano (Oruro). Este nivel de participación y cobertura es razonable y respeta el criterio de participación en sus propios territorios ya que, como dijimos, AAQQ es una alianza de varios pueblos indígenas que a su vez forman parte de los distintos municipios involucrados. Por otro lado, con una cobertura casi similar está la CIDOB en 11 municipios, la mayoría del norte de La Paz, pero abarcando también regiones andinas fuera de su jurisdicción territorial (CIDOB es una organización de indígenas de tierras bajas) como Charaña, un municipio aymara en el altiplano o Huacaya en Chuquisaca, una región mayoritariamente guaraní. En este último caso en particular la representación política no se produjo exactamente bajo el principio de participación en territorios donde tenga asiento el pueblo indígena o uno de sus aliados.

En la mayoría de los municipios donde participó un pueblo indígena, no se presentaron otras organizaciones indígenas, con excepción de ocho municipios con dos, y un solo caso con tres pueblos indígenas compitiendo entre sí. Este último caso pertenece al municipio de Calacoto en la provincia Pacajes del altiplano paceño donde además de nueve partidos políticos y tres Agrupaciones Ciudadanas, participaron los Pueblos Indígenas Jacha Suyu Pakajaqi (JSP), Marka Calacoto (CALACOTO) y Marka Originaria de San Pedro de Ulloma (CUMI). Los dos primeros son organizaciones con cobertura en todo o gran parte del territorio municipal y el tercero representa sólo a una parte (San


Pedro de Ulloma). Esta presencia de hasta tres pueblos indígenas en el mismo municipio no es precisamente una señal de concertación o unidad entre estas organizaciones (además de otras 12 organizaciones políticas). Calacoto no es un municipio grande en términos de población (7.300 habitantes) ni diverso en términos de composición étnica (93% indígenas y prácticamente todos aymaras). La participación de tres pueblos indígenas refl eja necesariamente divisiones internas, falta de una organización matriz fuerte o, por el contrario, una cultura de participación política amplia pero sin niveles intermedios de concertación a través de las organizaciones, comunidades y ayllus.

Figura 1. Esquema de dos niveles de cobertura del Pueblo Indígena dentro de un municipio

En municipios donde participaron dos pueblos indígenas la regla parece ser que éstos son organizaciones territoriales internas que representan a distintas partes o fracciones (ayllus, markas, comunidades) del municipio o una combinación entre un pueblo indígena con un nivel de representación mayor al municipal (AAQQ, CIDOB) con organizaciones indígenas intra-municipales. Un caso llamativo es el municipio de Taraco donde participaron la Marka Taraku (CAOTM), una organización matriz de nivel municipal, y la Comunidad Zapana Taraco (PIM-T), una fracción de la organización matriz, ambas compitiendo entre sí en el proceso electoral. Es un caso que refl eja cómo una de las comunidades puede transgredir la decisión y representación de su organización matriz y participar electoralmente por su propia cuenta. Según el cuadro anterior existieron otros casos de más de un pueblo indígena en un municipio, sobre todo en los municipios de Oruro y Potosí, regiones de fuerte tradición de ayllus divididos en parcialidades arriba y abajo pero que coexisten y conviven bajo el paraguas municipal.


4.3. RESULTADOS ELECTORALES ¿CUÁN EXITOSOS HAN SIDO LOS PUEBLOS INDÍGENAS?

De los 68 municipios donde participaron los pueblos indígenas, éstos ganaron las elecciones solamente en 21, esto representa el 30,8%. En 40 municipios los ganadores resultaron ser los partidos políticos y sólo en cuatro las agrupaciones ciudadanas. En resumen, podemos afi rmar que los resultados fueron relativamente positivos pero modestos: ganaron en la tercera parte de los municipios donde participaron.

El caso más signifi cativo en términos de éxito electoral es la Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca (MACOJMA). De entre todos los pueblos indígenas en diferentes municipios es el que logró la mayor votación. MACOJMA ganó en el municipio donde participó (Jesús de Machaca) con 63,67%, lo que signifi có la elección directa del alcalde por mayoría absoluta de votos junto con tres concejales del mismo pueblo indígena. Este caso es muy particular y su éxito en gran medida se debe a que fue la organización matriz de autoridades originarias (MACOJMA) la que liderizó todo un proceso electoral interno de manera escalonada empezando desde la comunidad (institución micro) hasta el nivel municipal. Este proceso no sólo produjo un alto grado de éxito electoral sino también altos niveles de concertación traducidos en una cantidad reducida (3) de organizaciones políticas participantes: MACOJMA, MAS y MNR.

MACOJMA también representa el caso más exitoso de los 80 municipios del departamento de La Paz (todo el departamento y no sólo la parte de tierras altas) donde únicamente cuatro alcaldes fueron electos por mayoría absoluta (50% o más de votos): Jesús de Machaca con 63,67%, Nazacara de Pacajes con 57%, El Alto con 52,57% y Guanay 51,97%.

A nivel nacional, el año 2004 otros 4 pueblos indígenas lograron más del 50% de votos alcanzando de esa manera el nombramiento directo del candidato a Alcalde. Estos son AAQQ en Tinquipaya con 54% de votos, AYNI en Santuario de Quillacas con 52,35%, CIDOB con 51,97% en el municipio de Guanay (ya mencionado) y OICH en el municipio de San Miguel de Velasco con 50,53%. A diferencia de los tres primeros, este último caso pertenece a las


tierras bajas, concretamente en el departamento de Santa Cruz, Provincia José Miguel de Velasco.

Entre los pueblos indígenas ganadores en tierras altas pero con mayoría relativa (menos del 50%) están AAQQ en el municipio de Chaqui con 23,61%, en Vitichi con 22,89%, Tomave con 20,22% y en Cotagaita con 19,97%. El JSP con 19,54% en Caquiaviri y fi nalmente CALACOTO con 17,25% en Calacoto. Estos porcentajes si bien no garantizaron la elección directa del alcalde otorgaron la posibilidad de que el Concejo Municipal elija a su máxima autoridad de entre el primero y el segundo más votados.

En el otro extremo, ¿cuáles son los pueblos indígenas con peores resultados? En último lugar encontramos a CIDOB en uno de los 11 municipios donde participó: Cabezas con 1,43%. Este pueblo indígena no pudo hacer frente a los partidos políticos UN que ganó con 22,57%, seguido por el MNR con 18,71%. Este resultado se puede atribuir a la decisión de esta organización de participar en muchos municipios, incluso en aquellos donde no tenía asiento territorial o una organización matriz afi liada. En segundo lugar, de esta clasifi cación de los peores resultados electorales, está el Pueblo Indígena CAJCACHI en el municipio de Mocomoco con 2,63% que tampoco pudo hacer frente al MAS (19,71%) ni al MBL (18,89%). La explicación se puede atribuir al hecho de que en Mocomoco algunas comunidades en los últimos años han optado por convertirse a organizaciones originarias como es el caso de CAJCACHI pero dentro de un contexto municipal mayoritariamente dominado por comunidades sindicales que en esta ocasión apostaron por el MAS. En tercer lugar está JSP con 2,77% en Calacoto (uno de los tres municipios donde participó) que perdió ante su par Marka Calacoto que sacó 17,25% seguido por una agrupación ciudadana. En cuarto y quinto lugar están PIAS en Toledo con 3,12% y TURKUY en Charazani con 3,53%.

Esta breve revisión de participación electoral y de resultados, nos lleva a afi rmar que predominó el caso de un pueblo indígena por municipio, organización que puede haber representado parcial o totalmente a las comunidades y ayllus que conforman el territorio municipal. Ya dijimos que son pocos los casos en que más de un pueblo indígena participó en el mismo municipio (8), organizaciones que representan a fracciones del territorio


municipal o pueblos indígenas supra municipales. Los casos de más de una organización indígena participando en un mismo territorio refl ejan que dentro de los municipios las comunidades no tienen necesariamente una sola organización matriz o que esta instancia incluso puede estar debilitada. En la parte andina no es extraño que el sistema sindical y el originario coexistan dentro de un mismo municipio como en el caso de Mocomoco o incluso dentro de una comunidad como es el caso de algunas zonas de la provincia Aroma del departamento de La Paz.

Como hemos visto, el 2004 existieron también organizaciones que participaron en más de un municipio sea mediante alianzas (AAQQ) o porque son organizaciones matrices de nivel regional que cubren varios municipios como Jacha Suyo Pacajaqi o el mismo CIDOB. Pero no necesariamente han obtenido resultados positivos en todos los casos a excepción de COAJC en Choque Cota y Curahuara de Carangas en Oruro.

Para fi nalizar esta revisión, es necesario mencionar que los pueblos indígenas que representaron a la organización matriz de todas las comunidades del municipio son las que han obtenido resultados positivos y satisfactorios. Podemos mencionar al mismo MACOJMA en Jesús de Machaca, al Cabildo Ayllu Originario San Andrés de Machaca que ganó la elección con 32,59%, a la Sub-federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes que también ganó las elecciones (37,76%) y Taraku Marka con 39,53%.

Las organizaciones matrices a nivel municipal se han ido formando y consolidando por el infl ujo de la Participación Popular de 1994. Quizá la principal razón de esta formación de organizaciones de nivel municipal (Central Agraria, Cantonales, Cabildos, etc.) es la necesidad que tuvieron de unifi carse frente al gobierno municipal, de modo que hoy es casi ya común que exista una organización matriz de base indígena a nivel municipal. Desde luego que este factor es muy importante con vista a la formación de las autonomías indígenas por la vía municipal ya que una organización matriz de comunidades, que tenga autoridades, instancias de decisión, asambleas o cabildos ordinarios y estatutos; es la expresión máxima de autogobierno de las comunidades cohesionadas a la imagen de las antiguas comunidades, ayllus y markas.


5. LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN EN LAS TIERRAS ALTAS

La emergencia de los pueblos indígenas de tierras bajas a principios de los 90 está íntimamente ligada a la demanda y conquista de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). La Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) incorporó la fi gura de TCO como una modalidad de saneamiento para garantizar a los pueblos indígenas de tierras bajas, el acceso y la titulación de territorios que estaban pasando a manos de acaparadores de tierras, ganaderos y forestales. Los privados estaban extendiendo sus dominios hacia los territorios tradicionalmente ocupados por los indígenas de los llanos y la amazonía, espacios que no habían sido tomados en cuenta en el proceso de la Reforma Agraria de 1953.

5.1. EL DILEMA TCO O PROPIEDAD INDIVIDUAL

Una vez que el gobierno puso en vigencia la nueva Ley de Tierras en 1996, en las tierras bajas las TCO no tardaron en tomar forma. De hecho hasta fi nes del año 2006, cuando se cumplía el plazo de 10 años para el saneamiento de tierras, 7,6 millones de hectáreas de 11, 4 millones tituladas correspondían a TCO, la gran mayoría a favor de las tierras bajas.

La región de las tierras altas, a pesar de su muy signifi cativo peso demográfi co y la necesidad de reconocimiento de derechos territoriales, notablemente no fue prioritaria ni para el INRA ni para las propias comunida-des y ayllus. Una vez que la Ley 1715 fue promulgada, las organizaciones campesinas a la cabeza de la CSUTCB instruyeron a las comunidades rechazar cualquier visita de parte del INRA o actividad de difusión del contenido de la nueva norma agraria. Era común escuchar en las comunidades que su tierra no estaba enferma por tanto no requería de “saneamiento”. Hasta el año 2004, el rechazo al saneamiento seguía siendo generalizado. Los líderes campesinos

72 LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN EN LAS TIERRAS ALTAS

califi caron la Ley INRA como privatizadora, confi scadora e instrumento para que el Estado cobre impuestos a la pequeña propiedad (Urioste, Barragán y Colque; 2007).

Pero ante las innegables ventajas de las TCO en términos de reconocimiento de derechos territoriales, estas demandas fueron de menos a más en los últimos años especialmente en el departamento de Oruro y Potosí. En el altiplano centro y sur se gestaron demandas de TCO para la reconstitución de extensos territorios ancestrales, incluso muy ambiciosas, por ejemplo, la de Jach’a Carangas con más de dos millones de hectáreas. Sin embargo, las demandas de TCO cuanto más grandes fueron provocaron mayores dudas y susceptibilidades a nivel de comunidades y unidades familiares. La titulación TCO implica renunciar a la propiedad familiar o individual. En algún momento del saneamiento cada familia está obligada a fi rmar un documento donde expresa su desistimiento a cualquier demanda de titulación individual y su voluntad de adherirse a la titulación colectiva. Por eso muchas comunidades del altiplano y valles aún están ante el dilema de decidir por TCO o titulación individual13.

Este balanceo entre lo colectivo e individual es quizá la explicación de fondo para que las TCO andinas vayan tomando una forma muy cercana a los territorios indígenas intermedios: los ayllus. Por eso, la mancomunidad de ayllus -emparentados o vinculados social, cultural y políticamente- es una vía realista para la formación de las autonomías indígenas. En unos casos incluso tendría coincidencia con el territorio municipal, probablemente con leves ajustes.

13 Al respecto, la Constitución Política del Estado felizmente abre una salida en el artículo 394, III, al reconocer y garantizar la complementariedad entre los derechos colectivos e individuales en el marco del respeto a la unidad territorial. Es un tema pendiente para la futura modifi cación y adecuación de la norma agraria a la nueva Constitución.


Mapa 9. Tierras Comunitarias de Origen en las tierras altas

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2008.


5.2. TCO Y TERRITORIOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS (TIOC)

Según la Constitución Política del Estado los TIOC son una forma de propiedad comunitaria o colectiva de la tierra que reconoce la integralidad del territorio indígena y, además de las comunidades campesinas, es la base territorial para la autonomía indígena (artículos 394, III; 403 y 293). Es decir, reconoce derechos territoriales a los pueblos indígenas con capacidad de autogobierno según normas propias. Es una ampliación de los alcances que tiene la TCO, que ya no fi gura en el nuevo texto, y mediante un trámite administrativo pasará a convertirse a TIOC.

En este escenario veamos cuál es el estado de consolidación de las TIOC en las tierras altas después de 12 años de saneamiento (1996-2008) y qué confi guración territorial plantea, ya no desde la vía municipal, sino desde las TCO o TIOC.

Como se puede apreciar en el mapa 9, en las tierras altas existen signifi cativos avances en el reconocimiento de TCO, aunque la mayoría son demandas de titulación y no procesos concluidos o titulados. Estos territorios son en la práctica reconstituciones de territorios indígenas y originarios a partir de la lógica de ayllus y comunidades que a veces sobrepasan o no toman en cuenta las divisiones municipales, provinciales o incluso departamentales. Pero al mismo tiempo es notorio advertir que tanto las TCO tituladas y en proceso siguen o se acercan a los límites político-administrativos existentes, en especial de las divisiones municipales.

En el altiplano norte el único caso de TCO titulada es el de Jesús de Machaca, concretamente son 18 ayllus titulados cada uno como TCO y juntos confi guran la mayor parte del territorio municipal (aprox. 66%). Estas unidades territoriales sirvieron de sustento para la creación de este municipio, junto con los otros ayllus machaqueños que no tienen demandas ni títulos de TCO, pero que pertenecen a la misma unidad sociopolítica. Inicialmente, a principios del año 2000, las autoridades de esta región debatieron entre optar por un solo título TCO a nivel de la marka (todos los ayllus) o solicitar dicha titulación individual por cada ayllu. Este debate concluyó en que lo mejor eran los títulos por ayllus que, en contra del criterio de muchos escépticos, hasta ahora no ha motivado la fragmentación de la unidad territorial, al contrario, sirvió para resolver confl ictos y pugnas por tierras entre ayllus y para cohesionarlos entre sí.


Mapa 10. Las 18 TCO de Jesús de Machaca

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2008 y la Ley Nº 2351 de creación del Municipio.

Otro caso cercano a esta región es la experiencia de los Pakajaqis, una demanda de TCO que no prosperó porque, a la inversa de Jesús de Machaca, la intención de sus promotores fue reconstituir las antiguas markas, dominios e identidades culturales a partir de una sola TCO en lugar de hacerlo por ayllus. Esta demanda de TCO abarca un total de diez municipios sobre la provincia Pacajes. Incluye en su integridad los territorios municipales de Santiago de Callapa, Calacoto, Charaña, Caquiaviri, Coro Coro, Waldo Ballivián, Comanche y Nazacara de Pacajes. Los municipios Santiago de Machaca y Catacora pertenecen a esta demanda de TCO Pakajaqis sólo en menos de la tercera parte.

Esta demanda de TCO aunque no prosperase, es un antecedente concreto que podría concretarse en un TIOC o Autonomía Indígena Originaria Campesina. Los territorios de los diez municipios incorporados tienen 50.000 habitantes aproximadamente y abarcan un territorio macro notablemente extenso dentro de la realidad de tierras altas (11.945 Km2). Esta hipotética autonomía indígena tendría además la cualidad de fusionar a seis actuales


municipios fragmentados, cada uno con población menor a 5.000 habitantes14. Éste sería un modelo de constitución de la autonomía indígena de un considerable tamaño, vía reconstitución de territorios ancestrales a partir de TCO o TIOC.

Otro caso de TCO ya titulada e interesante para el proceso de implementación de la autonomía indígena es el Cuerpo de Autoridades Originarias de Saucarí (CAOS Saucarí) en el municipio de Toledo donde la TCO y municipio prácticamente coinciden territorialmente, de modo que su conversión a la Autonomía Indígena Originaria Campesina también es viable en términos prácticos sin necesidad de una nueva territorialización ni fragmentación del municipio que tiene 7.763 habitantes y una extensión de 251.000 hectáreas, comprendiendo a toda la Marka Qasaya, ubicada en casi toda la provincia Saucarí (con excepción del Cantón Chuquiña). Existe una cohesión importante en torno a la TCO aunque el Pueblo Indígena CAOS Saucarí, que participó en las elecciones, sólo alcanzó una votación de 13,31% que no fue sufi ciente para ganar las elecciones entre 11 organizaciones políticas participantes. En este caso las autonomías indígenas podrían producirse ya sea por la vía municipal o vía TCO.

Debemos destacar también varias TCO tituladas que abarcan una parte de los municipios de Santiago de Andamarca, Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas que muy bien podrían constituirse en el cimiento para la edifi cación de nuevos territorios indígenas con cualidad gubernativa y legislativa. Los municipios citados tienen población por debajo de los 5.000 habitantes a excepción de Salinas de Garci Mendoza (8.723 pobladores).

Finalmente cabe hacer notar que en el norte de las tierras altas, en la región de valles colindantes con tierras bajas, existe un grupo importante de TCO tituladas que pertenecen a pueblos indígenas propios de tierras bajas: Pilón Lajas, Lecos Larecaja, Lecos Apolo, San José, Uchupiamonas, Mosetenes, Covendo, Marka Kamata que abarcan los municipios Mapiri, Guanay, San Buenaventura, Ixiamas, Apolo, Pilón Lajas, Palos Blancos y

14 Entre ellos está el peculiar municipio de Nazacara de Pacajes, uno de los más pequeños en extensión territorial y población.


Yucumo. En general son TCO con poca densidad poblacional y pertenecen a pueblos minoritarios, por tanto su tratamiento tendrá que ser según las pautas de conformación de autonomías indígenas desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos indígenas de las tierras bajas.

En conclusión, debemos indicar que las TCO (tituladas y en proceso) en tierras altas se constituyen, al margen de los municipios, en referentes importantes para la implementación de las autonomías indígenas. No es correcto afi rmar que cada TCO es susceptible de conversión automática en nuevo territorio autónomo porque en muchos casos su razón de ser es la necesidad de reconocimiento de ayllus u otras unidades intermedias, unidades que inevitablemente forman parte integral de una unidad mayor. Es por eso que varias TCO juntas (grupos o regiones) constituyen en la práctica un territorio indígena originario como en Jesús de Machaca o los grupos de TCO que aparecen en el mapa como mancomunidades de TCO en el departamento de Oruro o en la región de los valles. Esta correspondencia de TCO con ayllus y comunidades más que con markas o identidades culturales regionales, corrobora la percepción de que coexiste la propiedad colectiva y la individual, de modo que si la TCO abarcara muchas comunidades, ayllus o incluso markas, los derechos de propiedad individual y comunal se desvanecerían, cosa que los comunarios no desean. Al contrario, los títulos individuales difuminan cohesiones identitarias mayores. Por eso, en la práctica estos ayllus y pueblos originarios optaron por una opción intermedia al tramitar títulos a nivel de ayllus.

Mientras no se apruebe la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, las autonomías indígenas vía TCO o TIOC son posibles según la Constitución pero aún no tienen un referente legal concreto. Sin embargo, ello no impide que las organizaciones indígenas, originarias o campesinas comiencen con el proceso autonómico. Un caso conocido es Raqaypampa, una TCO dentro del municipio de Mizque que después de lograr ser distrito municipal indígena ahora está camino a la autonomía indígena con la redacción de su Estatuto Autonómico (CRSUCIR, 2009).


Mapa 11. Las TCO de Raqaypampa (Municipio de Mizque)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2008 y la Unidad Técnica de Límites Políticos Administrativos.


6. DE MUNICIPIO INDÍGENA A LA AUTONOMÍA INDÍGENA: EL CASO DE JESÚS DE MACHACA

En este apartado brevemente vamos a presentar el caso de Jesús de Machaca, que por su experiencia exitosa de participación en calidad de Pueblo Indígena, el año 2004, se distinguió como “municipio indígena” y hoy es una de las primeras experiencias en curso hacia la implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en las tierras altas.

6.1. ELECCIONES SEGÚN USOS Y COSTUMBRES

El año 2004, el Cabildo de Jesús de Machaca (MACOJMA) desarrolló un proceso electoral interno de acuerdo con las tradiciones del ayllu (usos y costumbres) de votación y elección de postulantes y autoridades y, luego de este proceso, se esperaba que la elección vía ‘un voto un ciudadano’ fuese una mera formalidad de legalidad. Amparados en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, MACOJMA presentó sus propios candidatos para las elecciones municipales sabiendo también que esta Ley no eliminaba la competencia partidaria dentro del proceso electoral ni garantizaba el nombramiento directo del alcalde y concejales electos según las normas consuetudinarias.

Antes de las elecciones, los miembros del Cabildo acordaron dividir sus veinticuatro ayllus en cinco circunscripciones internas, cada una con población relativamente igual, a fi n de garantizar un equilibrio territorial en el consejo municipal. Luego, cada circunscripción (grupo de ayllus) eligió internamente un candidato para el concejo municipal que fue antecedida por una serie de elecciones escalonadas desde cada comunidad y ayllu. El candidato a alcalde fue elegido fi nalmente por el propio Cabildo de entre los candidatos de las cinco circunscripciones. El método de votación fue el tradicional: alineación pública de los votantes en fi la detrás del candidato de

80 DE MUNICIPIO INDÍGENA A LA AUTONOMÍA INDÍGENA: EL CASO DE JESÚS DE MACHACA

su preferencia, método que es percibido en esta región como más transparente que la votación secreta e individual. Los críticos de este sistema de votación pública piensan que pueden ocurrir intimidaciones a los votantes pero la relativa igualdad de poder económico y político de las comunidades y ayllus disminuye estas posibilidades en regiones como Jesús de Machaca, aunque obviamente no elimina por completo tales posibilidades. Al fi nal del proceso de elección interna había un candidato a Alcalde y tres hombres y dos mujeres para el concejo municipal con sus respectivos suplentes, hombres y mujeres.

Mapa 12. Las cinco circunscripciones electorales de Jesús de Machaca, 2004

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2008 y la Ley Nº 2351 de creación del Municipio.

Sin embargo, este proceso cuidadosamente negociado entre los ayllus y pactado en un Magno Cabildo entre todas las autoridades y comunidades, se vio amenazado con la entrada en la competencia electoral de dos candidatos descontentos, inscritos con las siglas del MAS y MNR. Si bien los candidatos del MNR no eran una amenaza potencial e incluso negaron que hayan sido consultados por este partido para su inscripción en la Corte Electoral,


preocupaba al Cabildo la candidatura del MAS. Los esfuerzos realizados por el Cabildo para persuadir a estos candidatos disidentes para retirarse de la contienda electoral fracasaron. A pesar de ello MACOJMA ganó claramente las elecciones (63%) siendo nombrado el alcalde directamente por la Corte Nacional Electoral, sin pasar por las negociaciones políticas en el Concejo Municipal. Sin embargo sólo tres de los cinco candidatos al Concejo Municipal de MACOJMA alcanzaron esa instancia quedando dos circunscripciones o grupos de ayllus sin representación en el Concejo, cuestión que no ayudó a construir la cohesión ideal que habían planifi cado. A pesar de ello, Jesús de Machaca se autoidentifi có como “municipio indígena” y fue una de las organizaciones indígenas que llegó a Sucre el año 2007 para presentar a la Asamblea Constituyente su propuesta de autonomía indígena.

6.2. DESAFÍOS E IMPLICACIONES DEL SISTEMA ELECCIONARIO SEGÚN LOS USOS Y COSTUMBRES

Este caso es una muestra palpable de que es posible la elección de autoridades según la democracia comunal directa. Pero revisando con ojo crítico, la toma del gobierno municipal por parte de la organización matriz de las comunidades y ayllus (MACOJMA) plantea serios desafíos a su independencia como organización de la sociedad civil y como ente vigilante de las acciones del órgano ejecutivo y legislativo del gobierno municipal. Quizá el mayor desafío es la rotación anual de las autoridades naturales que contrasta fuertemente con los cinco años de gestión del Alcalde y los Concejales. La rotación anual de las autoridades naturales ayuda a que el poder político no se concentre en pocas manos, pero por otro lado impide aspectos básicos como la adquisición de conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para controlar y negociar con el gobierno municipal, la necesidad de continuidad en el liderazgo y guardar memoria institucional. La pregunta es si el sistema de gobierno de las comunidades debe adaptarse al nuevo contexto político creado por la descentralización municipal o adaptar este último a la forma comunal en el marco de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas15. Caso contrario, el rol de las autoridades comunales podría acabar limitado a actividades puramente ceremoniales, culturales o simbólicas.

15 Ésta es una de las razones de fondo para que los actuales municipios dejen de serlo y den paso a las autonomías indígenas.

82 DE MUNICIPIO INDÍGENA A LA AUTONOMÍA INDÍGENA: EL CASO DE JESÚS DE MACHACA

Hoy los miembros de MACOJMA reconocen los problemas del sistema de rotación de liderazgo, pero también son reacios a introducir cambios, en parte, debido a que los altos costos asociados con el ejercicio de autoridad originaria no pueden ser sostenidos por más de un año por la mayoría de sus miembros. Un cambio en el sistema de autofi nanciamiento de las autoridades naturales también podría ayudar a sostener períodos más largos de liderazgo pero entra en cuestión el principio de servicio comunitario que implica sacrifi cio personal al ejercer cargos de autoridad comunal y no ejercer cargos por remuneración. En general, el sistema de rotación de liderazgo goza de un nivel muy alto de legitimidad y autoridad moral pero a menudo carece de experiencia técnica y recursos económicos.

Finalmente el Cabildo defi ende su autonomía frente al Estado y se niega a ser sometido por las normas estatales que rigen las funciones de las organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es su negativa -por principios- de convertirse en Organizaciones Territoriales de Base (OTB) o Comités de Vigilancia (CV), instancias creadas por la Ley de Participación Popular para tareas de vigilancia y control social. El Cabildo opta por una relación directa con las autoridades municipales.

El sistema de thakhi16 plantea otro reto al Cabildo en el contexto de conversión en autonomía indígena. Si bien el sistema de thakhi contribuye a garantizar la cohesión social y un liderazgo efi caz para los asuntos internos, por otro lado no valora en demasía la educación formal de los jóvenes. Tanto la aymara y la quechua son sociedades donde se valora más la experiencia que la educación, pero esta práctica está cambiando poco a poco aunque no sufi cientemente. El respeto a la tradición sigue teniendo su peso específi co. La subvaloración de la educación puede en efecto provocar que algunas personas jóvenes con mayor capacidad de negociación y supervisión del gobierno autónomo, puedan cuestionar al Cabildo y su legitimidad. Esta tensión recientemente quedó explícita cuando el consejo autonómico escuchó varias voces de jóvenes pidiendo que en la redacción del Estatuto Autonómico se garantice la presencia y participación de los jóvenes en los órganos de autogobierno.

16 Thakhi es el camino gradualmente progresivo que emprende una persona en la comunidad al asumir cargos de autoridad empezando desde los de menor responsabilidad, acumular experiencia y servicio comunal, para llegar a los niveles de mayor responsabilidad.


La experiencia de 2004 deja varias preguntas que debería responder el nuevo sistema de autonomías indígenas:

1. ¿Cuál debe ser el sistema de participación política dentro de las autonomías indígenas?

2. ¿Qué rol deben jugar las organizaciones matrices del nivel municipal (cabildos o centrales agrarias) dentro de las autonomías indígenas del nivel municipal?

3. ¿El Cabildo debe convertirse en el Concejo Municipal?

4. Las autonomías indígenas a nivel municipal ¿deben transformar a los gobiernos municipales a la imagen de los ayllus y comunidades o a la inversa?


7. PAUTAS Y PROYECCIONES

A pocos meses de la promulgación del nuevo texto constitucional, la Autonomía Indígena Originaria Campesina ha ingresado a la etapa de implementación -inicialmente por la vía municipal- apoyada en la disposición fi nal tercera de la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio. Esta vía municipal no requiere de la conformación de un nuevo territorio indígena, es el Municipio que se convierte en Territorio Indígena Originario Campesino. Los otros caminos para la implementación de las autonomías indígenas previstos en la Constitución se abrirán a partir de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que deberá dictar la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional.

A continuación vamos a ubicar en este contexto algunas pautas y proyecciones resultantes de la revisión que se ha hecho hasta ahora. Los planteamientos que siguen se presentan a modo de condiciones generales que se pueden incorporar en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para la constitución de autonomías indígenas en tierras altas. También lanzamos algunas premisas sobre el desarrollo de las competencias y fi nalmente indicamos el camino a seguir para su implementación.

7.1. BASES DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA

De la lectura de la Constitución Política del Estado se concluye que la Autonomía Indígena Originaria Campesina es la expresión máxima de autogobierno. Está basada en Territorios Indígena Originario Campesinos existentes o en aquellos que se pueden conformar a futuro por voluntad expresa de su población.

El artículo 2 de la Constitución es el pilar principal de la parte dogmática. Garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario

86 PAUTAS Y PROYECCIONES

campesinos consistente en el derecho a la autonomía, autogobierno y reconocimiento de derechos territoriales e institucionalidades propias. La parte orgánica reconoce específi camente los derechos indígenas en tres ámbitos:

1. Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, establecida en el capítulo cuarto, artículos 190, 191 y 192. Reconoce a las comunidades el ejercicio y administración de la justicia según normas y procedimientos propios.

2. Tierra y territorio, tema contemplado en el capítulo noveno. Reconoce derechos de uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, derecho a la consulta y participación de los benefi cios de los recursos naturales no renovables y, fi nalmente, derecho a aplicar normas propias en el manejo del territorio.

3. Autonomía Indígena Originaria Campesina, contenida en el capítulo séptimo.

Estos tres ámbitos de reconocimiento de los derechos indígenas son complementarios y su ejercicio depende de la existencia del Territorio Indígena Originario Campesino con potestad autonómica, es decir, potestad legislativa, deliberativa, fi scalizadora ejecutiva, administrativa y técnica, ejercida por el gobierno constituido según los estatutos.

7.1.1. CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En el marco descrito arriba, la Ley Marco debería desarrollar las bases de la autonomía indígena para las tierras altas tomando en cuenta los siguientes criterios y características:

1. Existe presencia indígena mayoritaria y predominante de los pueblos andinos quechuas y aymaras. Este predominio se traduce también a nivel municipal, prácticamente dentro de todos los municipios rurales del altiplano y la gran mayoría de los valles.

2. En tierras altas no corresponde el enfoque de derechos preferenciales para los pueblos indígenas ya que, al contrario de las tierras bajas, existe un alto grado de homogeneidad de la población aymara o quechua o en algunos casos una combinación de ambas. En los


municipios colindantes con tierras bajas, el predominio es de los guaraníes.

3. A pesar de la predominancia aymara y quechua a nivel de ecorregiones, en su interior y a nivel municipal existen otros pueblos indígenas que en sus municipios o territorios son la mayoría (por ejemplo, los Urus en el municipio de Chipaya), cuestión que se debe tomar en cuenta a la hora de la conformación de las autonomías indígenas.

4. Tanto los quechuas como los aymaras ocupan territorios y municipios de modo regionalizado más que entremezclado, de forma tal que los quechuas están básicamente asentados en la región de valles y los aymaras en el altiplano.

5. Rigen dos importantes tipos de organización comunal: el sindicato agrario y las comunidades y ayllus originarios. Cada cual tiene una estructura organizativa cohesionada que va desde el nivel de las comunidades, niveles intermedios, hasta el nivel municipal, regional o departamental. Esta estructura tiene un alto grado de solidez en el nivel municipal precisamente porque esta entidad recibe, desde hace 15 años, recursos estatales. A nivel supra municipal, las organizaciones campesinas u originarias tienen más bien un carácter político y reivindicativo.

6. Existen varias organizaciones de nivel de provincia vigentes y con elevada dinámica regional. En el caso de tierras altas del norte, la provincia es un referente inevitable para que las comunidades campesinas y originarias se organicen, mientras que hacia el sur de las tierras altas los antiguos territorios de ayllus y suyus son los referentes que no necesariamente coinciden con provincias sino con demandas de TCO.

7.1.2. CONDICIONES SOCIALES Y ORGANIZATIVAS

También es importante que la Ley exija ciertas condiciones sociales y organizativas a los territorios indígenas para obtener la cualidad autonómica. Algunas condiciones que necesariamente deberían cumplir todos los territorios andinos se detallan en el siguiente cuadro:

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Estas cuatro condiciones son las principales características que defi nen a la comunidad andina en la región de tierras altas y su consideración será importante. También la exigencia de estas condiciones garantiza la cohesión territorial y social, no sólo para su constitución sino para funcionamiento del autogobierno.

Entonces, estas condiciones sociales y organizativas pueden resumirse en cinco disposiciones:

1. Todas las Autonomías Indígena Originaria Campesinas tendrán continuidad territorial, con una población que mantiene viva su estructura organizativa social y cultural a nivel de comunidades y a nivel del territorio de la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

2. La Autonomía Indígena Originaria Campesina tendrá necesaria-mente un sistema de autoridades naturales vigente, que sea la expresión de la cohesión territorial desde las organizaciones célula (comunidades), organizaciones intermedias, centros poblados y organizaciones sectoriales, hasta alcanzar el nivel del territorio autonómico.

3. Todas las organizaciones internas (parcialidades o territorios indígenas internos) convergerán necesariamente hacia una organización matriz como expresión de la instancia máxima de deliberación y control social que puede o no ejercer formalmente el papel de fi scalización y legislación.

4. La organización matriz de las autoridades naturales demostrará la vigencia de los usos y costumbres y de las instancias de deliberación colectiva (asambleas, cabildos, ampliados) mediante la presentación de estatutos aprobados, actas o registros. Los estatutos del sistema de gobierno de las autoridades naturales no constituyen los Estatutos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina

5. En los Territorios Indígena Originario Campesinos que conforman la autonomía, existirá un sistema de contribución y prestación de servicios directamente vinculados con el ejercicio de los cargos comunales.


7.1.3. SOBRE LA RE-TERRITORIALIZACIÓN INDÍGENA

La Constitución Política del Estado abre tres posibilidades para conformar un territorio autónomo:

1. Territorios re-constituidos: conformación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina a partir de los territorios ancestrales habitados actualmente por los pueblos o naciones indígenas. (Art. 290, I).

2. En territorios municipales existentes: conformación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina a partir de la conversión de los actuales municipios (Art. 294, I).

3. Dentro de los territorios municipales: conformación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina a partir de comunidades articuladas existentes al interior de los actuales municipios (Art. 294, III).

Los puntos 1 y 3 abren la posibilidad de que algunos grupos de comunidades o territorios indígenas puedan separarse de los actuales municipios y lleguen a conformar nuevos territorios autónomos que, es probable que sobrepasen los territorios municipales ya existentes. Sin embargo, es necesario mencionar que la posibilidad de creación de nuevos territorios (municipios) a partir de la demanda de la gente no es reciente y aún tenemos vigente la posibilidad de crear nuevos municipios básicamente con la condición de que su población sea mayor a 10.000 habitantes o, en el caso de regiones fronterizas, de 5.000 habitantes (Ley 2150 de noviembre de 2000). En unos casos este mecanismo se ha constituido en una solución viable para rediseñar aquellas secciones de provincia convertidas en municipio en el año 1994 con la Ley de Participación Popular, pero que en su interior tenían o aún tienen encapsuladas a unidades territoriales y socioculturales con una cohesión claramente diferente del municipio.

Las experiencias de delimitaciones y creaciones de nuevos municipios permitieron procesos de re-territorialización relativamente poco confl ictivos y en algunos casos muy útiles para reestructurar antiguos territorios indígenas. El proceso inverso de agregación de municipios o fusión de secciones de provincia o municipios pequeños (con menos de 5.000 habitantes) si bien fue discutido por el gobierno, en la práctica no ha ocurrido a pesar de que existen


municipios que no justifi can su necesidad pública. En las tierras altas existen 63 municipios con población menor a los 5.000 habitantes (35 en el altiplano y 28 en los valles), esto representa el 25% sobre los 252 municipios de esta región. En tierras altas, uno de cada cuatro municipios tiene población inferior a 5.000 habitantes.

La territorialización o conformación futura de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas en tierras altas debe tomar en cuenta que, primero, es una región homogénea en términos culturales (aymaras en altiplano y quechuas en valles) de modo que es posible constituir territorios según referentes de identidad cultural local (aymaras de Jesús de Machaca, aymaras de Pacajaqis, etc.) y según el territorio municipal. Es decir, el límite máximo del territorio indígena estará determinado por el alcance de la unidad colectiva de base indígena que puedan construir o conformar las comunidades. Segundo, precisamente por tratarse de regiones culturalmente homogéneas, es pertinente mantener la base demográfi ca mínima al menos en 5.000 habitantes, cifra que no atenta contra la unidad étnica además que viabiliza en términos de tamaño mínimo el funcionamiento de ese gobierno local. Desde luego, habrá excepciones extraordinarias como por ejemplo cuando se trate de pueblos minoritarios en el contexto andino, que en territorio propio son la mayoría pero no alcanzan la base demográfi ca de 5.000 habitantes (por ejemplo los Urus o Chipayas en el municipio de Chipaya, departamento de Oruro).

En función de lo expuesto se proponen algunos criterios mínimos para la territorialización de las autonomías indígenas.

1. La creación de nuevos territorios indígenas estará condicionada a la existencia de una base demográfi ca mínima de 5.000 habitantes, no pudiendo la nueva delimitación dividir las unidades territoriales mínimas existentes (comunidades) ni las unidades de los centros poblados y ciudades.

2. Cada uno de los municipios actuales de las tierras altas son susceptibles de conversión directa y sin más trámite a Territorio Indígena Originario Campesino a partir de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Como en todos los casos, su reconocimiento ofi cial estará sujeto a la aprobación por mayoría absoluta de votos en el referéndum o consulta sobre la Autonomía Indígena Originaria Campesina.


3. La creación de un nuevo territorio indígena que abarque más de un municipio, aunque la sumatoria de su población no alcance los 5.000 habitantes, se realizará sin la exigencia de la base demográfi ca mínima exigida (por el principio de promoción de la fusión de territorios fragmentados).

4. Una Tierra Comunitaria de Origen, o varias con continuidad territorial, podrán convertirse en Autonomía Indígena Originaria Campesina siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones:

a. Es sufi ciente con que comprenda o comprendan geográfi ca-mente uno o más de un municipio aunque su población no alcance la base demográfi ca mínima de 5.000 habitantes.

b. Tener base demográfi ca al menos de 5.000 habitantes en aquellos casos en que se disocie parcialmente de los territorios municipales existentes.

c. Es sufi ciente con que sea territorio de uno de los pueblos indígenas minoritarios sin necesidad de la base demográfi ca (se excluye a los quechuas, aymaras y guaraníes).

5. La creación de un territorio indígena en ningún caso deberá afectar la viabilidad, sostenibilidad y desarrollo de las unidades territoriales de las que se disociará parcialmente.

6. Los territorios colindantes, afectados o integrantes de la nueva unidad territorial indígena deberán ser consultados a través de sus autoridades municipales y la organización matriz de sus autoridades naturales.

7. Los nuevos territorios de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas conformados a partir de los municipios existentes o por voluntad de las comunidades constituyentes, no deberán trascender los límites departamentales.

8. Los nuevos territorios de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas conformados a partir de TCO preexistentes que superan los límites departamentales, estarán regulados por una ley especial.


7.2. COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS

La Constitución defi ne cuatro tipos de competencias autonómicas: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. El siguiente cuadro (8) muestra las competencias reconocidas en la Constitución a los distintos niveles autonómicos. El cuadro 9 compara las competencias de la autonomía municipal con las de la autonomía indígena.


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Pue

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cibi

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u-na

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tenc

ias

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usiv

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ivel

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ivel

.

Las

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sica

est

able

zca

com

o co

mpa

rtida

s co

n es

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ivel

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Cua

dro

9. C

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sobr

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ia la

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legi

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enta

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cutiv

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12.

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14.

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itoria

l16

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o y

redi

strib

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egad

os

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l há

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rollo

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inst

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cion

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42.

Pla

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ació

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serv

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ecuc

ión

corr

espo

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rrito

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stitu

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ítica

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De acuerdo con el cuadro, la conversión de municipios a autonomías indígenas implica cambios cualitativos que pueden sintetizarse en seis puntos, particulares y diferenciadores de esta forma autonómica respecto de cualquier otra.

1. Ejercer el autogobierno indígena

La primera competencia exclusiva de elaboración de estatutos autonómicos permite que cada pueblo indígena defi na las características de su sistema de autogobierno a partir del diseño de normas, instituciones, órganos de gobierno y procedimientos propios.

Entres otras cuestiones esto implica establecer roles, interrelaciones y grados de independencia claros entre la organización matriz de autoridades naturales y los órganos de gobierno ejecutivo y legislativo. Defi ne también si la organización matriz cogobernará junto con el órgano ejecutivo y legislativo o será más bien una instancia máxima de decisión por encima de éstos.

2. Elegir autoridades según normas y procedimientos propios

Las autoridades del órgano ejecutivo y legislativo podrán ser electos a partir de un sistema de participación política y electoral propia a establecerse en el estatuto autonómico. Es una posibilidad que no se puede practicar en ninguno de los otros tipos de autonomía y responde al hecho de que dentro de las comunidades indígena originario campesinas se practica la democracia comunitaria o deliberativa.

3. Ejercer justicia indígena originaria campesina

Es otra de las competencias particulares a esta forma autonómica y otorga identidad o razón de ser a las autonomías indígenas. No sólo es posible en el área rural sino también en territorios urbanos con mayoría indígena. En términos generales, por justicia indígena o comunitaria se puede entender el conjunto de mecanismos comunales de resolución de confl ictos, es decir, instituciones y organizaciones en comunidades.

Uno de los referentes más relevantes es la reciente Constitución de Ecuador:

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus


tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus confl ictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria” (Art. 171).

Nuestra Constitución en el artículo 192, III dice:

“El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indí-gena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”.

Por lo dicho, esta materia cobra relevancia y requiere de un desarrollo posterior importante. Sin embargo, es también evidente que la justicia comunitaria no puede ser ejercida por las autoridades del órgano ejecutivo y legislativo. En la práctica está más vinculada al rol o papel del sistema de autoridades naturales en sus diferentes niveles. Si fuese así algunos punteos para el estatuto y la Ley Marco serían:

- En los territorios de las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, las autoridades e instituciones de la justicia comunitaria son independientes del órgano ejecutivo y del órgano legislativo del gobierno autónomo.

- Las autoridades e instituciones de la justicia comunitaria forman parte integrante de la estructura de autoridades naturales en todos los niveles organizativos (comunidades, ayllus, subcentrales, centrales agrarias, markas) hasta alcanzar el nivel de la organización matriz del territorio autónomo. Sus principios, procedimientos y marcos generales deberán estar expresados en los estatutos de las organizaciones de las autoridades naturales, estatutos del gobierno autónomo y en el marco de la Ley y la Constitución.


4. Desarrollo de acuerdo con su identidad

La defi nición y gestión de formas propias de desarrollo en diversos ámbitos abre la opción de cambiar los esquemas de planifi cación que rigen en los municipios. Nos referimos fundamentalmente al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que es un documento exigido por el Estado cada cinco años y que está pensado para ayudar en la toma de decisiones que orienten el desarrollo sostenible de los municipios. Sin embargo, en la práctica el PDM no cumple esas funciones y se elabora sólo por cumplir una exigencia formal y legal.

Para el desarrollo con identidad estos esquemas e incluso los enfoques e instrumentos de planifi cación utilizados, pueden ser revisados para ayudar a las autonomías indígenas a que trabajen bajo esquemas realistas. Sin embargo, el desarrollo competencial de esta materia requiere un trabajo técnico preciso que quizá tendría que incluirse y producirse después de la Ley Marco de Autonomías.

5. Fomento de la vocación productiva

La prioridad de desarrollar esta competencia se justifi ca porque en el caso de las futuras autonomías indígenas en áreas rurales, la intención es transformar a estos órganos de gobierno local en promotores de la actividad productiva, principalmente la agropecuaria. En el caso de las tierras altas esto signifi ca admitir que las unidades familiares son a su vez unidades de producción y de consumo. Es decir, en términos económicos, las familias trabajan la tierra con miembros de la propia familia de modo que no hay asalariados ni los medios de producción están separados de los propios productores.

Entonces, ¿cómo desarrollar bienes y servicios públicos favorables al desarrollo agropecuario cuando principalmente la economía familiar no depende de este tipo de infraestructuras para su funcionamiento y crecimiento? Dentro de la autonomía indígena podría buscarse respuestas a este tipo de preguntas y promover el desarrollo del agro bajo otro tipo de prioridades y políticas. Algunas premisas que se podrían incorporar en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización podrían ser:

- Las Autonomías Indígena Originaria Campesinas tienen autonomía en las asignaciones y distribuciones presupuestarias según sus


propios objetivos y visiones de desarrollo, en el marco de planes de desarrollo e inversión acordes a la realidad plural.

- Las Autonomías Indígenas Originaria Campesinas, previo estudio, podrán declarar de necesidad pública el fortalecimiento económico de las unidades familiares descapitalizadas que no tienen condiciones para generar una mínima calidad de vida.

6. Gestión de tierra, territorio y recursos naturales

Este es otro tema constitutivo propio para las autonomías indígenas.

En el caso de las tierras altas y de cierto modo en las TCO propias de las tierras bajas, es importante que las comunidades ejerzan su autonomía sobre la gestión de la tenencia de la tierra y recursos naturales renovables e incluso no renovables, como en el caso de los áridos y agregados. Existen disposiciones en la misma Constitución que ayudan a desarrollar estas competencias dentro de las autonomías indígenas (Art. 30, numeral 17 y capítulo noveno de Tierra y Territorio).

En resumen y de acuerdo al texto constitucional, para el desarrollo de las competencias en esta materia se pueden plantear dos ámbitos de acción:

1. Titulación de tierras y territorios indígenas respetando los derechos colectivos, los derechos individuales y reconociendo la integralidad o complementariedad entre derechos individuales y colectivos (Art. 394, III).

2. Gestión territorial autónoma de tierra, territorio y recursos naturales renovables existentes en el espacio jurisdiccional (Art. 30, numeral 17).

El primer punto está vinculado al proceso de saneamiento y regularización del derecho propietario vigente desde la Ley 1715 de 1996. Como ya se sabe, el saneamiento no tuvo éxito en las tierras altas a pesar de la necesidad de ordenar el derecho propietario. Las actuales disposiciones legales tampoco ayudan a que el INRA tenga mecanismos y procedimientos efi cientes para actuar en las comunidades. Un vínculo diferente entre los tres actores involucrados en el tema (Estado Central, Gobierno Autónomo Indígena y propietarios de la


tierra) promovería una mejor gestión de los derechos de propiedad utilizando procedimientos propios de las comunidades junto con garantías del Estado y el servicio técnico especializado que no está en manos de las comunidades indígenas. Sin embargo, hay que hacer notar que el régimen de la tierra es competencia exclusiva del Estado central.

El segundo punto básicamente hace referencia al proceso de gestión y administración de los derechos de propiedad como un hecho continuo antes y después de la titulación de tierras. Esta autogestión de derechos de propiedad existe en las comunidades y se practica pero con débil respaldo y señal desde la Ley. Hasta principios de los años noventa, la Constitución Política del Estado sólo admitía la existencia de las comunidades de modo declarativo y con carácter proteccionista. Esto cambió sustancialmente con la reforma constitucional de 1994 que reconoce las normas propias de las comunidades y su funcionamiento en tanto no sean contrarias a las leyes17. Esto motivó a las comunidades a exigir la aplicación de sus usos y costumbres para agilizar la titulación de sus tierras. En al año 2000 el gobierno nacional reconoce por primera vez el “saneamiento interno” como mecanismo de conciliación al interior de colonias y comunidades campesinas, indígenas y originarias18. Es decir abre un camino importante, alternativo y complementario al procedimiento jurídico. En otras palabras, la autogestión de la tierra es una de las expresiones más importantes de cómo los pueblos indígenas podrían alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos.

Por ello, es importante que los estatutos y la Ley Marco desarrollen las competencias referentes al régimen de la tierra a partir de articulados como los siguientes:

- En Territorios Indígenas Originario Campesinos, se reconoce la integralidad del territorio indígena originario en todos los niveles así como la integralidad de derechos territoriales comunitarios o colectivos y derechos de propiedad individuales.

17 Ley 1585 del 12 de agosto de 1994. Art. 171.18 Resolución Administrativa Nº 025/2000 de 16 de febrero de 2000. Luego es reconocido por Decreto

Supremo Nº 26559 del 26 Marzo 2002.


- En Territorios Indígenas Originario Campesinos, el Estado reconocerá y otorgará títulos de propiedad comunitaria o colectiva a todas las comunidades o unidades territoriales indígenas que así lo demanden sin que ello signifi que nulidad de los derechos propietarios individuales de los miembros de la comunidad o colectividad.

- En Territorios Indígena Originario Campesinos, el Estado reconocerá y otorgará títulos de propiedad individuales a los indígenas, originarios y campesinos miembros de las comunidades sin perjuicio del reconocimiento de derechos colectivos.

- Los usos y costumbres y las prácticas o mecanismos comunales de resolución de confl ictos constituyen necesariamente parte del proceso de regularización, titulación y gestión de los derechos de propiedad colectivos e individuales.

- Las comunidades y el gobierno de las Autonomías Indígenas Originaria Campesinas gestionarán y administrarán los derechos de propiedad mediante el ejercicio de sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos. Esto comprende el uso, planifi cación y manejo sostenido de los recursos naturales, validación y registro de las transferencias de la tierra, actualización de cambios en los derechos de propiedad y control social del cumplimiento de la función social de la pequeña propiedad.

- El gobierno autónomo y las comunidades desarrollarán y administrarán la información catastral del Instituto Nacional de Reforma Agraria bajo acuerdos y mecanismos de coordinación establecidos con anterioridad sobre la actualización de los registros y derechos de propiedad.


7.3. EL CAMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación se basa en dos pilares: uno, la voluntad de los ciudadanos expresada en referéndum autonómico y dos, el estatuto autonómico aprobado también en referéndum .

Según la Ley 4021 del 14 de abril de 2009, el referéndum autonómico indígena originario campesino se realizará por primera vez el 6 de diciembre de 2009 por iniciativa y a solicitud de las organizaciones indígenas y sus autoridades con tres meses de anticipación (7 de septiembre de 2009). En adelante y dependiendo del número de demandas autonómicas, el país podría vivir en un ambiente de permanente desarrollo y constitución de autonomías indígenas.

La citada Ley no contiene la pregunta específi ca a utilizarse en la consulta para el referéndum autonómico indígena originario campesino. No sucede lo mismo para los otros referéndum programados. Los artículos 74 y 76 defi nen el contenido de las preguntas para el referéndum autonómico departamental y para el referéndum autonómico de la provincia Gran Chaco, respectivamente. Sin embargo la falta de previsión de una pregunta específi ca para las autonomías indígenas no es un escollo para la realización del referéndum. Sobre la base de las otras preguntas el órgano electoral redactará una pregunta más o menos como la siguiente: ¿Está usted de acuerdo en que su Municipio ingrese al régimen de la Autonomía Indígena Originaria Campesina?

El segundo pilar, los estatutos autonómicos, requiere que las entidades territoriales se organicen y conformen su consejo o asamblea deliberativa para la redacción del proyecto de estatuto. A diferencia de los textos propios de las otras tres fi guras autonómicas (departamental, regional, municipal), este estatuto autonómico indígena tiene alcances de otra naturaleza y abarca nuevos campos concernientes a los derechos colectivos de autogobierno y libre determinación de los pueblos indígenas. Esto signifi ca que la elaboración de estatutos indígenas es una tarea compleja y sin muchos ejemplos a seguir. Sin tratar de ser exhaustivos, podemos mencionar, por ejemplo, que el estatuto debe defi nir un sistema electoral según procedimientos propios, en otras palabras, desarrollar un sistema de participación política según la democracia comunitaria o deliberativa. Puede parecer simple pero hay que tener en cuenta que se trata de diseñar una arquitectura precisa, confi able y adecuada para la elección de autoridades de los órganos ejecutivos y legislativos. Si bien es


cierto que se practica la democracia deliberativa para la elección de autoridades indígena originaria campesinas, hasta ahora ha sido de manera fl exible y oral pero de aquí en adelante y sin abandonar esa naturaleza, el sistema eleccionario indígena deberá contar con parámetros y procedimientos más concretos. Por otro lado, el ejercicio de la democracia liberal o representativa ha calado profundo en algunas regiones indígenas, lo que abre la posibilidad de diseño de un sistema electoral mixto.

Otro campo que hace complejo pero interesante la redacción de los estatutos autonómicos indígenas es el referido a la justicia según procedimientos propios, competencia que diferencia a la autonomía indígena. Albó y Romero (2009) abordan con detenimiento esta cuestión haciendo notar con toda razón “algunas arduas tareas” que necesitan encararse, no sólo en el momento de la redacción de estatutos por los propios indígenas sino que deben ser consideradas tareas de carácter nacional cuyos avances y resultados deberán estar recogidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El camino de la implementación no es llano, tiene sus complejidades pero luce revolucionario e innovador. Las primeras señales e iniciativas son bastante alentadoras y parecen indicar que dentro de un periodo relativamente corto (quizá uno o dos años) tendremos las primeras experiencias en funcionamiento de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en nuestro país.


8. A MODO DE CONCLUSIONES

La Constitución Política del Estado defi ne una nueva organización territorial del Estado con entidades autonómicas. La intención es fortalecer los niveles intermedios o subnacionales de gobierno e incorporar a las naciones y pueblos indígenas en la estructura y funcionamiento del Estado. No es una incorporación automática sino depende de la constitución de Territorios Indígena Originario Campesinos con cualidad autonómica por la propia voluntad de los indígenas. Es la Autonomía Indígena Originaria Campesina entendida como expresión de autogobierno y libre determinación de los pueblos indígenas.

La extensión territorial de la autonomía indígena, cuya célula constitutiva es la comunidad, ayllu, TCO o territorio indígena, dependerá de cohesiones y acuerdos que logren los propios indígenas y en varias regiones de las tierras altas coincidirá con el territorio municipal. No sólo eso, sino estas autonomías indígenas pueden con posterioridad conformar una región autonómica indígena que abarque un territorio más extenso aunque con competencias limitadas en cuanto a planifi cación y gestión y que en gran medida dependen de la transferencia de competencias y atribuciones desde las otras instancias autonómicas.

En el texto hemos abordado el tema de la autonomía indígena para las tierras altas con el afán de encontrar elementos constitutivos concretos. Por eso, para quienes desean o aspiran la reconstitución de extensos dominios ancestrales los distintos tópicos abordados probablemente no sean relevantes ni pertinentes. Es una labor que aún se hace esperar y que está fuera de los propósitos de este texto porque merece un abordaje diferente que sea capaz de arrojar luces, por ejemplo, sobre cómo se conformarán los subgobiernos

112 A MODO DE CONCLUSIONES

dentro de extensas autonomías indígenas absorbentes de municipios y otros gobiernos locales.

Los municipios, TCO y mancomunidad de comunidades son los elementos constitutivos de la autonomía indígena. En mucho su potencialidad de realización nace por el hecho de que son gobiernos locales existentes sea legalmente -como sucede con los municipios y TCO- o legítimamente como en el caso de comunidades mancomunadas que tienen una organización matriz viva.

Equiparar la autonomía indígena al gobierno local puede ser interpretado como que la autonomía indígena encapsula -reduce- a lo local la reivindicación indígena pero -desde una perspectiva diferente- también puede interpretarse como que la autonomía indígena, es el elemento constitutivo (o como dice Xavier Albó: “ladrillo”) para las regiones indígenas y en defi nitiva es la posibilidad de fundar una nación boliviana plural e incluyente de la mayoría indígena “desde abajo”. Desde luego que la construcción “desde abajo” no es sufi ciente. En la esfera de la autonomía departamental los avances son disímiles y hasta contradictorios especialmente en el estatuto autonómico de Santa Cruz. Éste con mucha pompa reconoce cinco escaños en la asamblea legislativa departamental pero es válida sólo para los “pueblos indígenas oriundos” y ningún artículo menciona ni de forma declarativa a los quechuas y aymaras19.

Las tareas pendientes son muchísimas y requieren del concurso de toda la sociedad y especialmente de los actores directamente vinculados a estas cuestiones. Los hacedores de las políticas públicas tienen una larga lista de tareas que incluye la redacción y aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la puesta en funcionamiento de las autonomías indígenas. Por su lado, los propios pueblos indígenas originario campesinos no están libres de trabajo. Desde abajo, deberán deliberar y en caso de que decidan dar el paso, tienen la labor

19 Coincidentemente con esta negación de la Bolivia profundamente indígena, Urenda (uno de los principales impulsores de la autonomía de Santa Cruz) aunque reconoce que el régimen autonómico de la CPE tiene un diseño aceptable, la desacredita por no entregar, en su opinión, sufi cientes competencias a los departamentos y porque el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de pueblos y naciones indígenas sería atentatorio a los principios de justicia, igualdad y democracia (Urenda, 2009a y 2009b).


de redactar su estatuto autonómico acorde con su realidad particular. Estas normas básicas de autogobierno a pesar de que podrían tener varias similitudes tendrán su particularidad en cada territorio indígena. Algunos pueblos tendrán el reto de fusionar municipios y territorios fragmentados, otros buscarán la reconstitución de territorios indígenas y probablemente en la mayoría de los casos haga falta el fortalecimiento de sus propias instituciones.


ANEXOS

Anexo 1: Cuadro de legislación comparada sobre las autonomías indígenas dentro de la organización territorial

Anexo 2: Cuadro de datos generales por municipios y regiones


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enta

ntes

de

las

com

uni-

dade

s in

díge

nas,

pre

vio

conc

epto

de

la C

omis

ión

de O

rden

amie

nto

Terr

itoria

l.

Los

resg

uard

os s

on d

e pr

opie

dad

cole

ctiv

a y

no e

naje

nabl

e.

La le

y de

fi nirá

las

rela

cion

es y

la

coor

dina

ción

de

esta

s en

tidad

es

con

aque

llas

de la

s cu

ales

for-

men

par

te.

Par

ágra

fo. E

n el

cas

o de

un

terr

i-to

rio in

díge

na q

ue c

ompr

enda

el

terr

itorio

de

dos

o m

ás d

epar

-ta

men

tos,

su

adm

inis

traci

ón s

e ha

rá p

or lo

s co

nsej

os in

díge

nas

en c

oord

inac

ión

con

los

gobe

rna-

dore

s de

los

resp

ectiv

os d

epar

-ta

men

tos.

En

caso

de

que

este

te

rrito

rio d

ecid

a co

nstit

uirs

e co

mo

entid

ad te

rrito

rial,

se h

ará

con

el

cum

plim

ient

o de

los

requ

isito

s es

tabl

ecid

os e

n el

inci

so p

rimer

o de

est

e ar

tícul

o.

Artí

culo

89.

Las

Com

unid

ades

C

ampe

sina

s y

las

Nat

ivas

tien

en

exis

tenc

ia le

gal y

son

per

sona

s ju

rídic

as.

Son

aut

ónom

as e

n su

org

ani-

zaci

ón, e

n el

trab

ajo

com

unal

y

en e

l uso

y la

libr

e di

spos

ició

n de

sus

tier

ras,

así

com

o en

lo

econ

ómic

o y

adm

inis

trativ

o,

dent

ro d

el m

arco

que

la le

y es

tabl

ece.

La

prop

ieda

d de

sus

tie

rras

es

impr

escr

iptib

le, s

alvo

en

el c

aso

de a

band

ono

prev

isto

en

el a

rtícu

lo a

nter

ior.

El E

stad

o re

spet

a la

iden

tidad

cu

ltura

l de

las

Com

unid

ades

C

ampe

sina

s y

Nat

ivas

.

Com

pe-

tenc

ias

de

los

terr

ito-

rios

o au

-to

nom

ías

indí

gena

s

Artí

culo

304

I. L

as a

uton

omía

s in

díge

na

orig

inar

io c

ampe

sina

s po

drán

ej

erce

r las

sig

uien

tes

com

pe-

tenc

ias

excl

usiv

as:

(En

caso

que

las

circ

unsc

rip-

cion

es te

rrito

riale

s in

díge

nas

adop

ten

el g

obie

rno

parr

oqui

al)

Artí

culo

267

. Los

gob

iern

os p

a-rr

oqui

ales

rura

les

ejer

cerá

n

Artí

culo

330

. De

conf

orm

idad

co

n la

Con

stitu

ción

y la

s le

yes,

lo

s te

rrito

rios

indí

gena

s es

tará

n go

bern

ados

por

con

sejo

s co

nfor

-m

ados

y re

glam

enta

dos

segú

n lo

s us

os y

cos

tum

bres

de

(Per

ú no

es

un E

stad

o co

n au

-to

nom

ías

sino

des

cent

raliz

ado)

Artí

culo

188

. La

desc

entra

lizac

ión

es u

na fo

rma

de o

rgan

izac

ión

dem

ocrá

tica

y co

nstit

uye

una

118 ANEXO 1


1. E

labo

rar s

u E

stat

uto

para

el

ejer

cici

o de

su

auto

nom

ía

conf

orm

e a

la C

onst

ituci

ón y

la

ley.

2. D

efi n

ició

n y

gest

ión

de fo

rmas

pr

opia

s de

des

arro

llo e

conó

mi-

co, s

ocia

l, po

lític

o, o

rgan

iza-

tivo

y cu

ltura

l, de

acu

erdo

con

su

iden

tidad

y v

isió

n de

cad

a pu

eblo

.3.

Ges

tión

y ad

min

istra

ción

de

los

recu

rsos

nat

ural

es

reno

vabl

es, d

e ac

uerd

o a

la

Con

stitu

ción

.4.

Ela

bora

ción

de

Pla

nes

de

Ord

enam

ient

o Te

rrito

rial y

de

uso

de s

uelo

s, e

n co

ordi

naci

ón

con

los

plan

es d

el n

ivel

cen

tral

del E

stad

o, d

epar

tam

enta

les,

y

mun

icip

ales

.5.

Ele

ctrifi

cac

ión

en s

iste

mas

ais

-la

dos

dent

ro d

e su

juris

dicc

ión.

6. M

ante

nim

ient

o y

adm

inis

-tra

ción

de

cam

inos

vec

inal

es y

co

mun

ales

.7.

Adm

inis

traci

ón y

pre

serv

ació

n de

áre

as p

rote

gida

s en

su

juris

dicc

ión,

en

el m

arco

de

la

polít

ica

del E

stad

o.

8. E

jerc

icio

de

la ju

risdi

cció

n in

díge

na o

rigin

aria

cam

pesi

na

para

la a

plic

ació

n de

just

icia

y

reso

luci

ón d

e co

nfl ic

tos

a tra

vés

de n

orm

as y

pro

cedi

-m

ient

os p

ropi

os d

e ac

uerd

o a

la C

onst

ituci

ón y

la le

y.9.

Dep

orte

, esp

arci

mie

nto

y re

crea

ción

.

las

sigu

ient

es c

ompe

tenc

ias

excl

usiv

as, s

in p

erju

icio

de

las

adic

iona

les

que

dete

rmin

e la

ley:

1. P

lani

fi car

el d

esar

rollo

par

ro-

quia

l y s

u co

rres

pond

ient

e or

dena

mie

nto

terr

itoria

l, en

co

ordi

naci

ón c

on e

l gob

iern

o ca

nton

al y

pro

vinc

ial.

2. P

lani

fi car

, con

stru

ir y

man

tene

r la

infra

estru

ctur

a fís

ica,

los

equi

pam

ient

os y

los

espa

-ci

os p

úblic

os d

e la

par

roqu

ia,

cont

enid

os e

n lo

s pl

anes

de

desa

rrol

lo e

incl

uido

s en

los

pres

upue

stos

par

ticip

ativ

os

anua

les.

3. P

lani

fi car

y m

ante

ner,

en c

o-or

dina

ción

con

los

gobi

erno

s pr

ovin

cial

es, l

a vi

alid

ad p

arro

-qu

ial r

ural

.4.

Ince

ntiv

ar e

l des

arro

llo d

e ac

tivid

ades

pro

duct

ivas

com

u-ni

taria

s, la

pre

serv

ació

n de

la

biod

iver

sida

d y

la p

rote

cció

n de

l am

bien

te.

5. G

estio

nar,

coor

dina

r y a

dmi-

nist

rar l

os s

ervi

cios

púb

licos

qu

e le

sea

n de

lega

dos

o de

scen

traliz

ados

por

otro

s ni

vele

s de

gob

iern

o.6.

Pro

mov

er la

org

aniz

ació

n de

los

ciud

adan

os d

e la

s co

mun

as, r

ecin

tos

y de

más

as

enta

mie

ntos

rura

les,

con

el

cará

cter

de

orga

niza

cion

es

terr

itoria

les

de b

ase.

sus

com

unid

ades

y e

jerc

erán

las

sigu

ient

es fu

ncio

nes:

1. V

elar

por

la a

plic

ació

n de

las

norm

as le

gale

s so

bre

usos

del

su

elo

y po

blam

ient

o de

sus

te

rrito

rios.

2. D

iseñ

ar la

s po

lític

as y

los

plan

es y

pro

gram

as d

e de

sarr

ollo

eco

nóm

ico

y so

cial

de

ntro

de

su te

rrito

rio, e

n ar

mon

ía c

on e

l Pla

n N

acio

nal

de D

esar

rollo

.3.

Pro

mov

er la

s in

vers

ione

s pú

-bl

icas

en

sus

terr

itorio

s y

vela

r po

r su

debi

da e

jecu

ción

.4.

Per

cibi

r y d

istri

buir

sus

recu

r-so

s.5.

Vel

ar p

or la

pre

serv

ació

n de

lo

s re

curs

os n

atur

ales

.6.

Coo

rdin

ar lo

s pr

ogra

mas

y

proy

ecto

s pr

omov

idos

por

las

dife

rent

es c

omun

idad

es e

n su

te

rrito

rio.

7. C

olab

orar

con

el m

ante

nim

ien-

to d

el o

rden

púb

lico

dent

ro d

e su

terr

itorio

de

acue

rdo

con

las

inst

rucc

ione

s y

disp

osic

ione

s de

l Gob

iern

o N

acio

nal.

8. R

epre

sent

ar a

los

terr

itorio

s an

te e

l Gob

iern

o N

acio

nal

y la

s de

más

ent

idad

es a

las

cual

es s

e in

tegr

en, y

9. L

as q

ue le

s se

ñale

n la

Con

s-tit

ució

n y

la le

y.

polít

ica

perm

anen

te d

e E

stad

o,

de c

arác

ter o

blig

ator

io, q

ue

tiene

com

o ob

jetiv

o fu

ndam

enta

l el

des

arro

llo in

tegr

al d

el p

aís.

E

l pro

ceso

de

desc

entra

liza-

ción

se

real

iza

por e

tapa

s, e

n fo

rma

prog

resi

va y

ord

enad

a co

nfor

me

a cr

iterio

s qu

e pe

rmita

n un

a ad

ecua

da a

sign

ació

n de

co

mpe

tenc

ias

y tra

nsfe

renc

ia d

e re

curs

os d

el g

obie

rno

naci

onal

ha

cia

los

gobi

erno

s re

gion

ales

y

loca

les.


10. P

atrim

onio

cul

tura

l, ta

ngib

le

e in

tang

ible

. Res

guar

do,

fom

ento

y p

rom

oció

n de

su

s cu

ltura

s, a

rte, i

dent

i-da

d, c

entro

s ar

queo

lógi

cos,

lu

gare

s re

ligio

sos,

cul

tura

les

y m

useo

s.11

. Pol

ítica

s de

Tur

ism

o.12

. Cre

ar y

adm

inis

trar t

asas

, pa

tent

es y

con

tribu

cion

es

espe

cial

es e

n el

ám

bito

de

su

juris

dicc

ión

de a

cuer

do a

Ley

.13

. Adm

inis

trar l

os im

pues

tos

de

su c

ompe

tenc

ia e

n el

ám

bito

de

su

juris

dicc

ión.

14. E

labo

rar,

apro

bar y

eje

cuta

ra

sus

prog

ram

as d

e op

erac

ione

s y

su p

resu

pues

to.

15. P

lani

fi cac

ión

y ge

stió

n de

la

ocup

ació

n te

rrito

rial.

16. V

ivie

nda,

urb

anis

mo

y re

dis-

tribu

ción

pob

laci

onal

con

form

e a

sus

prác

ticas

cul

tura

les

en e

l ám

bito

de

su ju

risdi

cció

n.

17. P

rom

over

y s

uscr

ibir

acue

r-do

s de

coo

pera

ción

con

otro

s pu

eblo

s y

entid

ades

púb

licas

y

priv

adas

.18

. Man

teni

mie

nto

y ad

min

is-

traci

ón d

e su

s si

stem

as d

e m

icro

riego

.19

. Fom

ento

y d

esar

rollo

de

su

voca

ción

pro

duct

iva.

20. C

onst

rucc

ión,

man

teni

mie

nto

y ad

min

istra

ción

de

la in

fra-

estru

ctur

a ne

cesa

ria p

ara

el

desa

rrol

lo e

n su

juris

dicc

ión.

21. P

artic

ipar

, des

arro

llar y

ej

ecut

ar lo

s m

ecan

ism

os d

e co

nsul

ta p

revi

a, li

bre

e in

for-

7. G

estio

nar l

a co

oper

ació

n in

ter-

naci

onal

par

a el

cum

plim

ient

o de

sus

com

pete

ncia

s.8.

Vig

ilar l

a ej

ecuc

ión

de o

bras

y

la c

alid

ad d

e lo

s se

rvic

ios

públ

icos

.

En

el á

mbi

to d

e su

s co

mpe

ten-

cias

y te

rrito

rio, y

en

uso

de s

us

facu

ltade

s, e

miti

rán

acue

rdos

y

reso

luci

ones

.

Par

ágra

fo. L

a ex

plot

ació

n de

lo

s re

curs

os n

atur

ales

en

los

terr

itorio

s in

díge

nas

se h

ará

sin

desm

edro

de

la in

tegr

idad

cu

ltura

l, so

cial

y e

conó

mic

a de

la

s co

mun

idad

es in

díge

nas.

En

las

deci

sion

es q

ue s

e ad

opte

n re

spec

to d

e di

cha

expl

otac

ión,

el

Gob

iern

o

120 ANEXO 1


m

ada

rela

tivos

a la

apl

icac

ión

de m

edid

as le

gisl

ativ

as, e

jecu

-tiv

as y

adm

inis

trativ

as q

ue lo

s af

ecte

n.22

. Pre

serv

ació

n de

l háb

itat y

el

pai

saje

, con

form

e a

sus

prin

cipi

os, n

orm

as y

prá

ctic

as

cultu

rale

s, te

cnol

ógic

as, e

spa-

cial

es e

his

tóric

as.

23. D

esar

rollo

y e

jerc

icio

de

sus

inst

ituci

ones

dem

ocrá

ticas

co

nfor

me

a su

s no

rmas

y

proc

edim

ient

os p

ropi

os.

II. L

as a

uton

omía

s in

díge

na

orig

inar

io c

ampe

sina

s po

drán

ej

erce

r las

sig

uien

tes

com

pe-

tenc

ias

com

parti

das:

1. In

terc

ambi

os in

tern

acio

nale

s en

el m

arco

de

la p

olíti

ca

exte

rior d

el E

stad

o.2.

Par

ticip

ació

n y

cont

rol e

n el

ap

rove

cham

ient

o de

árid

os.

3. R

esgu

ardo

y re

gist

ro d

e lo

s de

rech

os in

tele

ctua

les

cole

c-tiv

os, r

efer

idos

a c

onoc

imie

n-to

s de

recu

rsos

gen

étic

os,

med

icin

a tra

dici

onal

y g

erm

o-pl

asm

a, d

e ac

uerd

o co

n la

ley.

4. C

ontro

l y re

gula

ción

a la

s in

stitu

cion

es y

org

aniz

acio

nes

exte

rnas

que

des

arro

llen

activ

idad

es e

n su

juris

dicc

ión,

in

here

ntes

al d

esar

rollo

de

su in

stitu

cion

alid

ad, c

ultu

ra,

med

io a

mbi

ente

y p

atrim

onio

na

tura

l.


III. L

as a

uton

omía

s in

díge

na

orig

inar

io c

ampe

sina

s po

drán

ej

erce

r las

sig

uien

tes

com

pe-

tenc

ias

conc

urre

ntes

:

1. O

rgan

izac

ión,

pla

nifi c

ació

n y

ejec

ució

n de

pol

ítica

s de

sal

ud

en s

u ju

risdi

cció

n.2.

Org

aniz

ació

n, p

lani

fi cac

ión

y ej

ecuc

ión

de p

lane

s,

prog

ram

as y

pro

yect

os d

e ed

ucac

ión,

cie

ncia

, tec

nolo

gía

e in

vest

igac

ión,

en

el m

arco

de

la le

gisl

ació

n de

l Est

ado.

3. C

onse

rvac

ión

de re

curs

os

fore

stal

es, b

iodi

vers

idad

y

med

io a

mbi

ente

.4.

Sis

tem

as d

e rie

go, r

ecur

sos

hídr

icos

, fue

ntes

de

agua

y

ener

gía,

en

el m

arco

de

la

polít

ica

del E

stad

o, a

l int

erio

r de

su

juris

dicc

ión.

5. C

onst

rucc

ión

de s

iste

mas

de

mic

rorie

go.

6. C

onst

rucc

ión

de c

amin

os

veci

nale

s y

com

unal

es7.

Pro

moc

ión

de la

con

stru

cció

n de

infra

estru

ctur

as p

rodu

cti-

vas.

8. P

rom

oció

n y

fom

ento

a la

ag

ricul

tura

y g

anad

ería

.9.

Con

trol y

mon

itore

o so

cioa

m-

bien

tal a

las

activ

idad

es h

idro

-ca

rbur

ífera

s y

min

eras

que

se

desa

rrol

lan

en s

u ju

risdi

cció

n.10

.Sis

tem

as d

e co

ntro

l fi s

cal y

ad

min

istra

ción

de

bien

es y

se

rvic

ios.

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a.

122 ANEXO 1


Ane

xo 2

: Cua

dro

de d

atos

gen

eral

es p

or m

unic

ipio

s y r

egio

nes

Nº

Reg

ión

/ dep

arta

men

toPr

ovin

cia

Mun

icip

io

Sup

erfi c

ie

en k

m2

Pobl

ació

n ce

nso

2001

Pobl

ació

n in

díge

na

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Pobl

ació

n in

díge

na

may

orita

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tal

Áre

a ur

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Áre

a ru

ral

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al B

oliv

ia

1.08

8.66

310

.365

.298

5

.789

.140

4.

576.

158

62,0

5%Q

uech

ua30

,71%

Tota

l tie

rras

alta

s41

0.75

15.

944.

282

3.36

5.67

12.

578.

611

71,5

2%Q

uech

ua36

,66%

Tota

l tie

rras

baj

as67

7.91

22.

330.

043

1.79

9.55

953

0.48

436

,85%

Que

chua

14,9

1%

Reg

ión

altip

lano

140.

084

1.52

3.26

694

2.20

258

1.06

483

,62%

Aym

ara

71,6

2%

1 L

a P

azP

edro

Dom

ingo

M

urill

oA

choc

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226

15.1

10

10.

369

4.7

41

91,3

5%Ay

mar

a89

,11%

2P

edro

Dom

ingo

M

urill

oE

l Alto

341

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.958

6

47.3

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2.6

08

81,2

9%Ay

mar

a74

,25%

3

Om

asuy

osA

chac

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1.11

1 7

0.37

1 7

.540

6

2.83

1 95

,57%

Aym

ara

95,0

3%

4

Om

asuy

osA

ncor

aim

es25

8 1

5.19

9 -

15.

199

94,2

2%Ay

mar

a94

,02%

5

Pac

ajes

Cor

o C

oro

1.10

2 1

1.81

3 -

11.

813

92,7

7%Ay

mar

a91

,40%

6

Pac

ajes

Caq

uiav

iri1.

579

11.

901

- 1

1.90

1 96

,57%

Aym

ara

96,2

9%

7

Pac

ajes

Cal

acot

o3.

931

8.8

18

- 8

.818

92

,86%

Aym

ara

92,5

1%

8

Pac

ajes

Com

anch

e46

4 3

.862

-

3.8

62

98,2

7%Ay

mar

a97

,80%

9

Pac

ajes

Cha

raña

2.88

8 2

.766

-

2.7

66

92,2

8%Ay

mar

a90

,80%

10

Pac

ajes

Wal

do B

alliv

ián

118

1.6

57

- 1

.657

90

,38%

Aym

ara

89,9

5%

11

Pac

ajes

Naz

acar

a de

P

acaj

es24

267

-

267

10

0,00

%Ay

mar

a99

,46%

12

Pac

ajes

San

tiago

de

Cal

lapa

1.23

6 8

.099

-

8.0

99

95,9

2%Ay

mar

a95

,25%

13

Elio

doro

Cam

acho

Pue

rto A

cost

a85

1 2

5.75

9 -

25.

759

97,3

1%Ay

mar

a96

,77%


14

Elio

doro

Cam

acho

Moc

omoc

o49

2 1

7.23

3 -

17.

233

94,8

5%Ay

mar

a93

,33%

15

Elio

doro

Cam

acho

Pue

rto C

arab

uco

327

14.

885

- 1

4.88

5 94

,17%

Aym

ara

93,2

4%

16

Inga

viVi

acha

825

46.

596

29.

108

17.

488

87,7

9%Ay

mar

a84

,44%

17

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viG

uaqu

i18

4 7

.552

-

7.5

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6%Ay

mar

a91

,12%

18

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viTi

ahua

nacu

351

11.

309

- 1

1.30

9 96

,72%

Aym

ara

96,1

2%

19

Inga

vi

Des

agua

dero

12

0 4

.981

2

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2

.762

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,44%

Aym

ara

92,9

3%

20

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vi

San

And

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de

Mac

haca

1.

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6.2

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- 6

.299

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,73%

Aym

ara

95,9

6%

21

Inga

vi

Jesú

s de

Mac

haca

98

6 1

3.24

7 -

13.

247

95,7

3%Ay

mar

a94

,42%

22

Inga

vi

Tara

co

123

5.9

22

- 5

.922

96

,72%

Aym

ara

96,4

5%

23

Los

And

es

Puc

aran

i 1.

191

26.

802

- 2

6.80

2 92

,99%

Aym

ara

92,4

7%

24

Los

And

es

Laja

71

5 1

6.31

1 -

16.

311

94,9

2%Ay

mar

a94

,44%

25

Los

And

es

Bat

alla

s 74

7 1

8.69

3 -

18.

693

95,8

2%Ay

mar

a95

,19%

26

Los

And

es

Pue

rto P

érez

11

0 7

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-

7.8

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94,6

1%Ay

mar

a94

,37%

27

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ma

Sic

a S

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1.72

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2

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1 96

,42%

Aym

ara

95,3

4%

28

Aro

ma

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ala

835

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- 9

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,90%

Aym

ara

96,6

2%

29

Aro

ma

Ayo

Ayo

509

6.9

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- 6

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,71%

Aym

ara

92,2

8%

30

Aro

ma

Cal

amar

ca

496

12.

112

- 1

2.11

2 97

,25%

Aym

ara

96,7

9%

31

Aro

ma

Pat

acam

aya

555

20.

039

8.4

14

11.

625

90,9

5%Ay

mar

a88

,51%

32

Aro

ma

Col

quen

cha

342

8.0

20

2.3

52

5.6

68

95,0

5%Ay

mar

a94

,56%

33

Aro

ma

Col

lana

10

5 2

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-

2.9

27

97,8

0%Ay

mar

a97

,23%

34

Man

co C

ápac

C

opac

aban

a 17

7 1

4.58

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.161

1

0.42

5 97

,04%

Aym

ara

95,9

1%

35

Man

co C

ápac

S

an P

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de

Tiqu

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56 6

.093

-

6.0

93

93,1

4%Ay

mar

a91

,61%

36

Man

co C

ápac

Tito

Yup

anqu

i 16

2.2

13

- 2

.213

98

,46%

Aym

ara

98,0

8%

124 ANEXO 2


37

Gua

lber

to V

illar

roel

S

an P

edro

de

Cur

ahua

ra

749

8.1

03

- 8

.103

96

,39%

Aym

ara

96,0

9%

38

Gua

lber

to V

illar

roel

P

apel

Pam

pa

859

6.0

53

- 6

.053

94

,13%

Aym

ara

93,7

4%

39

Gua

lber

to V

illar

roel

C

haca

rilla

35

6 1

.566

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1.5

66

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3%Ay

mar

a96

,71%

40

José

Man

uel

Pan

do

San

tiago

de

Mac

haca

1.

258

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02

- 4

.402

96

,18%

Aym

ara

95,6

9%

41

José

Man

uel

Pan

do

Cat

acor

a 55

4 1

.735

-

1.7

35

97,6

4%Ay

mar

a97

,00%

42

Oru

ro

Cer

cado

O

ruro

28

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01.5

04

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.230

2

74

58,4

3%Q

uech

ua36

,52%

43

Cer

cado

C

arac

ollo

2.

267

20.

619

4.4

12

16.

207

89,6

5%Ay

mar

a73

,52%

44

Cer

cado

E

l Cho

ro

1.30

1 5

.710

-

5.7

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94,1

0%Q

uech

ua87

,36%

45

Car

anga

s C

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e 3.

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48

- 8

.548

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,18%

Aym

ara

94,4

7%

46

Car

anga

s C

hoqu

e C

ota

907

1.9

57

- 1

.957

96

,59%

Aym

ara

95,2

2%

47

Saj

ama

Cur

ahua

ra d

e C

aran

gas

2.91

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.278

-

5.2

78

92,7

3%Ay

mar

a88

,23%

48

Saj

ama

Turc

o 4.

742

3.8

18

- 3

.818

97

,40%

Aym

ara

95,5

4%

49

Lito

ral

Hua

chac

alla

24

1.6

50

- 1

.650

88

,69%

Aym

ara

76,6

2%

50

Lito

ral

Esc

ara

1.15

3 8

63

- 8

63

99,0

3%Ay

mar

a96

,75%

51

Lito

ral

Cru

z de

Mac

haca

-m

arca

52

1 8

69

- 8

69

96,8

4%Ay

mar

a95

,26%

52

Lito

ral

Yung

uyo

de L

itora

l 17

1 2

21

- 2

21

94,0

1%Ay

mar

a93

,41%

53

Lito

ral

Esm

eral

da

583

952

-

952

95

,80%

Aym

ara

93,5

4%

54

Poo

pó

Poo

pó

689

6.1

63

- 6

.163

94

,46%

Que

chua

86,3

8%

55

Poo

pó

Paz

ña

1.07

9 5

.469

-

5.4

69

87,5

5%Q

uech

ua83

,61%

56

Pan

tale

ón D

alen

ce

Mac

haca

mar

ca

347

4.1

80

2.2

06

1.9

74

83,7

3%Q

uech

ua80

,73%

57

Ladi

slao

Cab

rera

S

alin

as d

e G

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M

endo

za

5.63

8 8

.723

-

8.7

23

95,5

9%Ay

mar

a91

,56%


58

Ladi

slao

Cab

rera

P

ampa

Aul

laga

s 1.

103

2.9

75

- 2

.975

98

,39%

Aym

ara

95,9

6%

59

Ata

hual

lpa

Sab

aya

3.61

1 4

.684

-

4.6

84

89,5

9%Ay

mar

a83

,79%

60

Ata

hual

lpa

Coi

pasa

1.

520

616

-

616

97

,98%

Aym

ara

94,5

2%

61

Ata

hual

lpa

Chi

paya

77

5 1

.814

-

1.8

14

97,0

8%O

tro94

,96%

62

Sau

carí

Tole

do

2.98

9 7

.763

-

7.7

63

94,4

1%Ay

mar

a83

,50%

63

Tom

ás B

arró

n E

ucal

iptu

s 34

4 5

.424

2

.474

2

.950

92

,58%

Aym

ara

89,4

3%

64

Sud

Car

anga

s S

antia

go d

e A

ndam

arca

2.

655

4.5

88

- 4

.588

96

,26%

Aym

ara

94,7

2%

65

Sud

Car

anga

s B

elén

de

And

amar

ca

1.06

6 1

.548

-

1.5

48

98,1

9%Ay

mar

a96

,55%

66

San

Ped

ro d

e To

tora

To

tora

1.

425

4.9

41

- 4

.941

97

,15%

Aym

ara

96,4

2%

67

Seb

astiá

n P

agad

or

San

tiago

de

Hua

ri 97

4 1

0.22

1 2

.999

7

.222

91

,15%

Aym

ara

56,3

3%

68

Pue

rto d

e M

ejill

ones

La

Riv

era

272

390

-

390

89

,02%

Aym

ara

85,3

7%

69

Pue

rto d

e M

ejill

ones

To

dos

San

tos

223

387

-

387

94

,94%

Aym

ara

89,0

3%

70

Pue

rto d

e M

ejill

ones

C

aran

gas

248

353

-

353

50

,23%

Aym

ara

48,8

7%

71

Nor

Car

anga

s H

uayl

lam

arca

86

9 5

.790

-

5.7

90

94,0

8%Ay

mar

a92

,41%

72

Pot

osí

Nor

Líp

ez

Col

cha

“K”

24.2

08 9

.645

-

9.6

45

93,9

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uech

ua88

,25%

73

Nor

Líp

ez

San

Ped

ro d

e Q

uem

es

4.20

5 8

15

- 8

15

51,6

8%Q

uech

ua44

,95%

74

Sud

Líp

ez

San

Pab

lo d

e Lí

pez

13.5

00 2

.523

-

2.5

23

82,5

1%Q

uech

ua81

,52%

75

Sud

Líp

ez

Moj

inet

e 41

9 7

16

- 7

16

99,2

9%Q

uech

ua98

,34%

76

Sud

Líp

ez

San

Ant

onio

de

Esm

oruc

o 2.

522

1.6

66

- 1

.666

89

,11%

Que

chua

88,3

9%

126 ANEXO 2


77

Ant

onio

Qui

jarr

o U

yuni

7.

927

18.

705

10.

551

8.1

54

77,3

7%Q

uech

ua52

,87%

78

Dan

iel C

ampo

s Ll

ica

7.20

5 2

.901

-

2.9

01

92,9

5%Ay

mar

a86

,90%

79

Dan

iel C

ampo

s Ta

hua

3.28

2 2

.166

-

2.1

66

96,6

5%Ay

mar

a90

,54%

80

Enr

ique

Bal

divi

eso

San

Agu

stín

2.

292

1.6

40

- 1

.640

94

,38%

Que

chua

92,6

8%

Reg

ión

valle

s 27

0.66

7,31

4.42

1.01

62.

423.

469

1.99

7.54

767

,33%

Que

chua

45,4

2%

81

Chu

-qu

isac

a O

rope

za

Suc

re

1.78

4 2

15.7

78

193

.876

2

1.90

2 61

,39%

Que

chua

57,2

5%

82

Oro

peza

Y

otal

a 46

0 9

.497

-

9.4

97

91,6

9%Q

uech

ua90

,42%

83

Oro

peza

P

orom

a 1.

397

16.

101

- 1

6.10

1 95

,84%

Que

chua

94,7

2%

84

Juan

a A

zurd

uy d

e P

adill

a A

zurd

uy

1.72

8 1

1.34

9 -

11.

349

62,7

4%Q

uech

ua62

,41%

85

Juan

a A

zurd

uy d

e P

adill

a T

arvi

ta

1.34

4 1

5.16

6 -

15.

166

86,7

7%Q

uech

ua86

,12%

86

Jaim

e Zu

dáñe

z Z

udáñ

ez

688

7.4

23

- 7

.423

96

,07%

Que

chua

95,2

6%

87

Jaim

e Zu

dáñe

z P

rest

o 1.

321

8.8

92

- 8

.892

95

,23%

Que

chua

94,7

3%

88

Jaim

e Zu

dáñe

z M

ojoc

oya

1.28

2 7

.926

-

7.9

26

94,5

8%Q

uech

ua93

,82%

89

Jaim

e Zu

dáñe

z Ic

la

831

9.2

41

- 9

.241

95

,18%

Que

chua

94,0

1%

90

Tom

ina

Pad

illa

1.63

5 1

2.56

2 2

.714

9

.848

56

,50%

Que

chua

55,0

7%

91

Tom

ina

Tom

ina

770

9.0

60

- 9

.060

84

,24%

Que

chua

83,7

9%

92

Tom

ina

Sop

achu

y 63

2 7

.241

-

7.2

41

85,2

6%Q

uech

ua84

,53%

93

Tom

ina

Vill

a A

lcal

á 31

7 4

.034

-

4.0

34

31,4

5%Q

uech

ua29

,89%

94

Tom

ina

El V

illar

88

0 4

.585

-

4.5

85

56,6

9%Q

uech

ua55

,25%

95

Her

nand

o S

iles

Mon

teag

udo

3.39

9 2

6.50

4 7

.285

1

9.21

9 25

,63%

Que

chua

17,6

6%

96

Her

nand

o S

iles

Hua

care

ta

2.95

4 1

0.00

7 -

10.

007

42,0

6%G

uara

ni32

,49%

97

Yam

pará

ez

Tar

abuc

o 1.

069

19.

554

2.4

42

17.

112

93,4

0%Q

uech

ua92

,88%

98

Yam

pará

ez

Yam

pará

ez

618

10.

013

- 1

0.01

3 96

,96%

Que

chua

96,4

8%


99

Nor

Cin

tiC

amar

go2.

073

14.

009

4.5

02

9.5

07

48,2

8%Q

uech

ua46

,29%

100

Nor

Cin

tiS

an L

ucas

3.87

3 3

2.10

9 -

32.

109

95,8

9%Q

uech

ua95

,34%

101

Nor

Cin

tiIn

cahu

asi

1.86

0 2

3.39

4 -

23.

394

82,8

5%Q

uech

ua81

,65%

102

Bel

isar

io B

oeto

Villa

Ser

rano

1.74

3 1

2.27

7 2

.877

9

.400

36

,63%

Que

chua

36,0

0%

103

Sud

Cin

tiC

amat

aqui

664

3.1

95

- 3

.195

22

,24%

Que

chua

21,5

1%

104

Sud

Cin

tiC

ulpi

na3.

923

17.

570

2.1

03

15.

467

37,4

6%Q

uech

ua35

,98%

105

Sud

Cin

tiLa

s C

arre

ras

1.02

4 3

.556

-

3.5

56

14,0

0%Q

uech

ua13

,11%

106

Luis

Cal

voVi

lla V

aca

3.88

3 1

0.74

8 2

.327

8

.421

44

,95%

Gua

rani

28,3

9%

107

Luis

Cal

voH

uaca

ya1.

211

2.3

45

- 2

.345

63

,77%

Gua

rani

61,4

3%

108

La

Paz

P

edro

Dom

ingo

M

urill

oLa

Paz

2.00

0 7

93.2

93

789

.585

3

.708

61

,22%

Aym

ara

49,8

1%

109

Ped

ro D

omin

go

Mur

illo

Pal

ca74

9 1

4.18

5 -

14.

185

92,4

0%Ay

mar

a91

,60%

110

Ped

ro D

omin

go

Mur

illo

Mec

apac

a50

9 1

1.78

2 -

11.

782

93,8

5%Ay

mar

a92

,10%

111

Muñ

ecas

Chu

ma

1.00

3 1

2.84

3 -

12.

843

94,4

8%Ay

mar

a79

,66%

112

Muñ

ecas

Ayat

a55

9 8

.143

-

8.1

43

91,1

8%Q

uech

ua52

,09%

113

Muñ

ecas

Auc

apat

a15

8 4

.146

-

4.1

46

92,0

9%Q

uech

ua78

,30%

114

Lare

caja

Sor

ata

2.00

9 1

8.93

2 2

.217

1

6.71

5 93

,55%

Aym

ara

91,5

0%

115

Lare

caja

Gua

nay

3.51

4 1

1.52

8 3

.890

7

.638

75

,74%

Aym

ara

38,4

6%

116

Lare

caja

Taca

com

a84

0 6

.269

-

6.2

69

90,4

3%Ay

mar

a76

,80%

117

Lare

caja

Qui

abay

a10

2 2

.580

-

2.5

80

94,1

1%Ay

mar

a93

,22%

118

Lare

caja

Com

baya

81 2

.691

-

2.6

91

97,1

0%Ay

mar

a96

,92%

119

Lare

caja

Tipu

ani

278

9.3

21

2.5

63

6.7

58

67,6

0%Ay

mar

a41

,71%

120

Lare

caja

Map

iri1.

533

9.6

33

2.5

61

7.0

72

76,0

3%Q

uech

ua46

,47%

121

Lare

caja

Teop

onte

1.53

8 7

.109

-

7.1

09

76,4

0%Ay

mar

a50

,70%

128 ANEXO 2


122

Fran

z Ta

may

oA

polo

14.3

01 1

3.27

1 2

.123

1

1.14

8 85

,20%

Que

chua

71,8

9%

123

Fran

z Ta

may

oP

elec

huco

2.49

7 5

.115

-

5.1

15

95,5

3%Q

uech

ua48

,64%

124

Loay

zaLu

ribay

525

9.0

04

- 9

.004

91

,80%

Aym

ara

90,7

1%

125

Loay

zaS

apah

aqui

829

11.

790

- 1

1.79

0 94

,30%

Aym

ara

93,5

9%

126

Loay

zaYa

co59

9 7

.866

-

7.8

66

96,4

7%Ay

mar

a95

,94%

127

Loay

zaM

alla

322

3.7

33

- 3

.733

91

,95%

Aym

ara

89,4

0%

128

Loay

zaC

airo

ma

604

11.

338

- 1

1.33

8 91

,27%

Aym

ara

89,4

3%

129

Inqu

isiv

iIn

quis

ivi

3.37

3 1

6.14

3 -

16.

143

96,4

6%Ay

mar

a86

,07%

130

Inqu

isiv

iQ

uim

e1.

017

7.3

38

2.4

39

4.8

99

89,6

2%Ay

mar

a85

,03%

131

Inqu

isiv

iC

ajua

ta70

2 7

.757

-

7.7

57

76,0

2%Ay

mar

a49

,27%

132

Inqu

isiv

iC

olqu

iri1.

040

18.

351

4.0

04

14.

347

91,8

6%Ay

mar

a85

,08%

133

Inqu

isiv

iIc

hoca

882

6.8

39

- 6

.839

96

,23%

Aym

ara

95,2

1%

134

Inqu

isiv

iVi

lla L

iber

tad

Lico

ma

152

2.7

39

- 2

.739

84

,68%

Aym

ara

73,0

7%

135

Sud

Yun

gas

Chu

lum

ani

287

13.

204

2.7

24

10.

480

81,8

4%Ay

mar

a77

,71%

136

Sud

Yun

gas

Irupa

na1.

375

11.

383

- 1

1.38

3 74

,01%

Aym

ara

68,0

0%

137

Sud

Yun

gas

Yana

cach

i58

6 4

.250

-

4.2

50

82,6

0%Ay

mar

a77

,09%

138

Sud

Yun

gas

Pal

os B

lanc

os3.

611

16.

786

2.9

61

13.

825

78,1

8%Ay

mar

a46

,94%

139

Sud

Yun

gas

La A

sunt

a2.

840

18.

016

- 1

8.01

6 88

,53%

Aym

ara

80,0

5%

140

Nor

Yun

gas

Cor

oico

1.06

2 1

2.23

7 2

.197

1

0.04

0 85

,10%

Aym

ara

77,4

0%

141

Nor

Yun

gas

Cor

ipat

a69

4 1

1.44

4 2

.205

9

.239

95

,29%

Aym

ara

92,6

6%

142

Abe

l Itu

rral

deS

an B

uena

vent

ura

2.86

0 6

.203

2

.264

3

.939

53

,44%

Otro

29,5

0%

143

Bau

tista

Saa

vedr

aJu

an J

osé

Pér

ez

(Cha

raza

ni)

2.53

9 9

.161

-

9.1

61

96,6

2%Q

uech

ua82

,34%

144

Bau

tista

Saa

vedr

aC

urva

596

2.2

13

- 2

.213

98

,50%

Que

chua

66,6

2%


145

Car

anav

i C

aran

avi

2.40

2 5

1.15

3 1

2.08

3 3

9.07

0 82

,01%

Aym

ara

71,6

3%

146

Coc

ha-

bam

ba

Cer

cado

Coc

haba

mba

28

7 5

17.0

24

516

.683

3

41

60,2

5%Q

uech

ua48

,56%

147

Nar

ciso

Cam

pero

A

iqui

le

2.74

9 2

6.28

1 7

.381

1

8.90

0 88

,47%

Que

chua

87,3

1%

148

Nar

ciso

Cam

pero

P

asor

apa

2.40

7 4

.659

-

4.6

59

40,8

0%Q

uech

ua40

,15%

149

Nar

ciso

Cam

pero

O

mer

eque

89

0 6

.071

-

6.0

71

83,1

8%Q

uech

ua81

,82%

150

Ayo

paya

Ay

opay

a (V

illa

de

Inde

pend

enci

a)

1.50

3 2

6.82

5 2

.014

2

4.81

1 95

,88%

Que

chua

92,3

5%

151

Ayo

paya

M

oroc

hata

7.

614

34.

134

- 3

4.13

4 92

,68%

Que

chua

82,2

2%

152

Est

eban

Arc

e Ta

rata

33

7 8

.715

3

.323

5

.392

87

,63%

Que

chua

86,1

0%

153

Est

eban

Arc

e A

nzal

do

646

9.1

26

- 9

.126

96

,11%

Que

chua

95,7

2%

154

Est

eban

Arc

e A

rbie

to

134

9.4

38

- 9

.438

90

,20%

Que

chua

88,6

9%

155

Est

eban

Arc

e S

acab

amba

19

0 4

.718

-

4.7

18

96,9

3%Q

uech

ua96

,27%

156

Ara

ni

Ara

ni

214

11.

542

3.5

12

8.0

30

87,8

8%Q

uech

ua87

,19%

157

Ara

ni

Vaca

s 33

8 1

2.51

1 -

12.

511

94,6

4%Q

uech

ua94

,35%

158

Arq

ue

Arq

ue

511

11.

496

- 1

1.49

6 94

,64%

Que

chua

93,5

4%

159

Arq

ue

Taco

paya

56

9 1

1.96

8 -

11.

968

97,2

4%Q

uech

ua95

,37%

160

Cap

inot

a C

apin

ota

545

16.

945

7.4

87

9.4

58

88,9

9%Q

uech

ua87

,43%

161

Cap

inot

a S

antiv

áñez

29

9 6

.402

-

6.4

02

92,1

9%Q

uech

ua90

,55%

162

Cap

inot

a S

icay

a 11

3 2

.235

-

2.2

35

96,1

7%Q

uech

ua95

,71%

163

Ger

mán

Jor

dán

Cliz

a 55

19.

992

8.8

40

11.

152

86,8

4%Q

uech

ua85

,17%

164

Ger

mán

Jor

dán

Toco

63

6.4

60

- 6

.460

93

,82%

Que

chua

93,2

4%

165

Ger

mán

Jor

dán

Tola

ta

75 5

.316

2

.207

3

.109

83

,40%

Que

chua

80,8

5%

166

Qui

llaco

llo

Qui

llaco

llo

571

104

.206

7

8.32

4 2

5.88

2 72

,03%

Que

chua

62,7

6%

167

Qui

llaco

llo

Sip

e S

ipe

502

31.

337

3.1

34

28.

203

87,6

1%Q

uech

ua83

,83%

130 ANEXO 2


168

Qui

llaco

llo

Tiqu

ipay

a 34

6 3

7.79

1 2

6.73

2 1

1.05

9 72

,61%

Que

chua

62,9

3%

169

Qui

llaco

llo

Vint

o 21

3 3

1.48

9 1

4.18

0 1

7.30

9 83

,22%

Que

chua

71,9

4%

170

Qui

llaco

llo

Col

capi

rhua

26

41.

980

41.

637

343

66

,92%

Que

chua

57,9

3%

171

Cha

pare

S

acab

a 71

4 1

17.1

00

92.

581

24.

519

72,2

5%Q

uech

ua66

,23%

172

Cha

pare

C

olom

i 55

9 1

6.26

2 3

.699

1

2.56

3 93

,77%

Que

chua

92,2

3%

173

Cha

pare

Vi

lla T

unar

i 11

.265

53.

996

4.5

11

49.

485

88,6

1%Q

uech

ua80

,64%

174

Tap

acar

í Ta

paca

rí 1.

651

25.

919

- 2

5.91

9 95

,50%

Que

chua

64,0

8%

175

Car

rasc

o To

tora

1.

935

12.

961

- 1

2.96

1 95

,64%

Que

chua

93,9

1%

176

Car

rasc

o P

ojo

3.58

0 1

1.51

5 -

11.

515

89,1

5%Q

uech

ua88

,48%

177

Car

rasc

o P

ocon

a 87

9 1

3.48

8 -

13.

488

94,4

0%Q

uech

ua94

,02%

178

Car

rasc

o P

uerto

Vill

arro

el

1.98

2 4

0.79

0 6

.366

3

4.42

4 85

,43%

Que

chua

79,8

6%

179

Car

rasc

o B

ulo

Bul

o (E

ntre

R

íos)

1.

454

22.

187

6.1

85

16.

002

82,5

6%Q

uech

ua76

,32%

180

Miz

que

Miz

que

1.87

7 2

6.65

9 2

.677

2

3.98

2 93

,89%

Que

chua

93,0

9%

181

Miz

que

Vila

Vila

60

7 4

.591

-

4.5

91

92,3

2%Q

uech

ua92

,17%

182

Miz

que

Ala

lay

420

4.9

31

- 4

.931

96

,56%

Que

chua

96,2

0%

183

Pun

ata

Pun

ata

87 2

6.14

0 1

4.74

2 1

1.39

8 77

,32%

Que

chua

76,1

9%

184

Pun

ata

Villa

Riv

ero

103

5.8

57

- 5

.857

93

,99%

Que

chua

93,8

5%

185

Pun

ata

San

Ben

ito

133

12.

720

2.0

29

10.

691

87,8

9%Q

uech

ua87

,11%

186

Pun

ata

Taca

chi

68 1

.210

-

1.2

10

93,0

1%Q

uech

ua92

,87%

187

Pun

ata

Cuc

hum

uela

15

1.8

08

- 1

.808

95

,06%

Que

chua

94,3

1%

188

Bol

ívar

B

olív

ar

707

8.6

35

- 8

.635

95

,99%

Que

chua

91,6

2%

189

Tira

que

Tira

que

2.40

7 3

5.01

7 4

.291

3

0.72

6 89

,19%

Que

chua

86,4

6%

190

Oru

ro

Cer

cado

P

aria

1.

327

13.

978

- 1

3.97

8 95

,03%

Que

chua

90,7

7%

191

Edu

ardo

Ava

roa

Cha

llapa

ta

2.83

4 2

4.37

0 7

.683

1

6.68

7 89

,88%

Que

chua

52,3

3%


192

Edu

ardo

Ava

roa

San

tuar

io d

e Q

uilla

cas

2.50

0 3

.305

-

3.3

05

93,7

6%Ay

mar

a80

,82%

193

Poo

pó

Ant

eque

ra

280

3.3

52

- 3

.352

85

,19%

Que

chua

81,5

9%

194

Pan

tale

ón D

alen

ce

Hua

nuni

62

8 1

9.42

8 1

5.10

6 4

.322

74

,97%

Que

chua

61,0

6%

195

Pot

osí

Tom

ás F

rías

Pot

osí

1.25

5 1

45.0

57

132

.966

1

2.09

1 70

,54%

Que

chua

68,0

9%

196

Tom

ás F

rías

Ting

uipa

ya

1.36

1 2

1.79

4 -

21.

794

94,9

1%Q

uech

ua94

,72%

197

Tom

ás F

rías

Yoca

lla

884

8.0

46

- 8

.046

94

,34%

Que

chua

93,8

1%

198

Tom

ás F

rías

Urm

iri

1.33

1 2

.025

-

2.0

25

95,9

4%Q

uech

ua49

,28%

199

Raf

ael B

ustil

lo

Unc

ía

1.12

6 2

5.18

0 5

.709

1

9.47

1 89

,09%

Que

chua

69,0

8%

200

Raf

ael B

ustil

lo

Cha

yant

a 60

9 1

4.16

5 2

.072

1

2.09

3 97

,85%

Que

chua

87,8

3%

201

Raf

ael B

ustil

lo

Llal

lagu

a 52

9 3

6.90

9 2

9.32

7 7

.582

84

,91%

Que

chua

71,6

4%

202

Cor

nelio

Saa

vedr

a B

etan

zos

1.85

8 3

6.30

8 4

.168

3

2.14

0 95

,14%

Que

chua

94,8

7%

203

Cor

nelio

Saa

vedr

a C

haqu

í 43

4 9

.644

-

9.6

44

97,1

5%Q

uech

ua96

,70%

204

Cor

nelio

Saa

vedr

a Ta

coba

mba

88

9 1

2.75

4 -

12.

754

97,2

1%Q

uech

ua96

,90%

205

Cha

yant

a C

olqu

echa

ca

1.86

1 3

1.03

7 -

31.

037

96,2

4%Q

uech

ua95

,28%

206

Cha

yant

a R

avel

o 1.

235

20.

536

- 2

0.53

6 94

,82%

Que

chua

94,3

6%

207

Cha

yant

a P

ocoa

ta

1.11

8 2

0.11

6 -

20.

116

92,7

0%Q

uech

ua89

,64%

208

Cha

yant

a O

curí

795

18.

516

- 1

8.51

6 93

,91%

Que

chua

93,4

4%

209

Cha

rcas

S

an P

edro

de

Bue

na V

ista

2.

238

27.

639

- 2

7.63

9 92

,51%

Que

chua

86,4

6%

210

Cha

rcas

To

ro T

oro

1.18

0 1

0.53

5 -

10.

535

95,7

9%Q

uech

ua94

,25%

211

Nor

Chi

chas

C

otag

aita

6.

441

24.

025

- 2

4.02

5 90

,59%

Que

chua

89,1

6%

212

Nor

Chi

chas

Vi

tichi

1.

725

11.

298

- 1

1.29

8 90

,72%

Que

chua

90,4

1%

213

Alo

nzo

de Ib

áñez

Vi

lla d

e S

acac

a 89

6 1

8.72

5 -

18.

725

95,1

3%Q

uech

ua65

,18%

214

Alo

nzo

de Ib

áñez

C

arip

uyo

494

9.0

30

- 9

.030

97

,27%

Aym

ara

71,2

4%

132 ANEXO 2


215

Sud

Chi

chas

Tu

piza

6.

112

38.

337

21.

707

16.

630

61,4

7%Q

uech

ua57

,04%

216

Sud

Chi

chas

A

toch

a 2.

063

9.5

36

4.5

38

4.9

98

73,6

4%Q

uech

ua70

,64%

217

José

Mar

ía L

inar

es

Pun

a 3.

574

41.

775

- 4

1.77

5 95

,38%

Que

chua

95,1

4%

218

José

Mar

ía L

inar

es

Cai

za “D

” 1.

302

9.6

37

- 9

.637

94

,95%

Que

chua

94,5

5%

219

Ant

onio

Qui

jarr

o To

mav

e 8.

280

12.

764

- 1

2.76

4 96

,50%

Que

chua

93,0

8%

220

Ant

onio

Qui

jarr

o P

orco

1.

144

5.9

59

- 5

.959

92

,26%

Que

chua

90,1

5%

221

Ber

nard

ino

Bilb

ao

Ara

mpa

mpa

38

2 4

.859

-

4.8

59

91,2

5%Q

uech

ua90

,89%

222

Ber

nard

ino

Bilb

ao

Aca

sio

409

5.7

64

- 5

.764

94

,94%

Que

chua

94,5

3%

223

Mod

esto

Om

iste

Vi

llazó

n 2.

499

36.

266

28.

045

8.2

21

51,7

4%Q

uech

ua43

,26%

224

Tarij

a C

erca

do

Tarij

a 2.

055

153

.457

1

35.7

83

17.

674

19,1

0%Q

uech

ua13

,59%

225

Ani

ceto

Arc

e P

adca

ya

4.57

5 1

9.26

0 -

19.

260

4,17

%Q

uech

ua2,

92%

226

Ani

ceto

Arc

e B

erm

ejo

328

33.

310

26.

059

7.2

51

21,6

4%Q

uech

ua16

,46%

227

Gra

n C

haco

C

arap

arí

2.75

5 9

.035

9

.035

18

,89%

Gua

rani

7,70

%

228

José

Mar

ía A

vilé

s U

riond

o81

2 1

2.33

1 -

12.

331

3,57

%Q

uech

ua3,

04%

229

José

Mar

ía A

vilé

s Yu

ncha

rá1.

847

5.1

73

- 5

.173

7,

40%

Que

chua

6,47

%

230

Eus

taqu

io M

énde

z Vi

lla S

an L

oren

zo1.

993

21.

375

2.7

52

18.

623

3,14

%Q

uech

ua1,

83%

231

Eus

taqu

io M

énde

z E

l Pue

nte

2.08

5 1

0.66

3 -

10.

663

4,49

%Q

uech

ua2,

54%

232

Bur

net O

´Con

nor

Ent

re R

íos

6.11

5 1

9.33

9 2

.418

1

6.92

1 20

,87%

Gua

rani

14,7

8%

233

San

ta

Cru

z A

ndré

s Ib

áñez

P

oron

go94

4 1

1.08

5 -

11.

085

24,4

1%Q

uech

ua14

,54%

234

And

rés

Ibáñ

ez

La G

uard

ia99

6 3

9.55

2 2

5.47

1 1

4.08

1 31

,72%

Que

chua

19,4

2%

235

And

rés

Ibáñ

ez

El T

orno

962

37.

961

18.

935

19.

026

35,4

8%Q

uech

ua30

,44%

236

Ichi

lo

Bue

na V

ista

2.74

9 1

3.27

3 3

.812

9

.461

37

,52%

Que

chua

29,0

2%

237

Cor

dille

ra

Lagu

nilla

s 1.

163

5.2

83

- 5

.283

62

,26%

Gua

rani

54,4

7%

238

Cor

dille

ra

Cab

ezas

5.

600

22.

296

2.2

18

20.

078

24,4

6%G

uara

ni11

,75%


239

Cor

dille

ra

Cue

vo

751

3.4

06

- 3

.406

49

,27%

Gua

rani

39,6

1%

240

Cor

dille

ra

Gut

iérr

ez

2.89

4 1

1.39

3 -

11.

393

85,4

7%G

uara

ni80

,41%

241

Cor

dille

ra

Cam

iri

1.00

1 3

0.89

7 2

6.50

5 4

.392

35

,65%

Gua

rani

22,7

4%

242

Valle

gran

de

Valle

gran

de

3.21

3 1

6.83

7 7

.801

9

.036

4,

31%

Que

chua

2,82

%

243

Valle

gran

de

Trig

al

403

2.1

33

- 2

.133

3,

89%

Que

chua

3,13

%

244

Valle

gran

de

Mor

o M

oro

714

3.3

66

- 3

.366

3,

62%

Que

chua

2,98

%

245

Valle

gran

de

Pos

trer V

alle

1.

131

2.5

45

- 2

.545

5,

35%

Otro

2,20

%

246

Valle

gran

de

Puc

ara

677

2.5

48

- 2

.548

1,

75%

Que

chua

1,49

%

247

Flor

ida

Sam

aipa

ta

1.95

2 9

.739

2

.926

6

.813

19

,97%

Que

chua

16,2

4%

248

Flor

ida

Pam

pa G

rand

e 1.

054

7.9

33

2.6

21

5.3

12

23,9

9%Q

uech

ua21

,97%

249

Flo

rida

Mai

rana

67

1 7

.747

3

.884

3

.863

26

,64%

Que

chua

22,9

6%

250

Flo

rida

Qui

rusi

llas

312

2.0

28

- 2

.028

7,

58%

Que

chua

6,84

%

251

Man

uel M

aría

C

abal

lero

C

omar

apa

3.27

7 1

4.66

0 4

.092

1

0.56

8 47

,06%

Que

chua

43,6

9%

252

Man

uel M

aría

C

abal

lero

S

aipi

na

486

5.3

50

2.3

94

2.9

56

34,4

4%Q

uech

ua30

,53%

Reg

ión

llano

s67

7.91

1,58

2.33

0.04

31.

799.

559

530.

484

36,8

5%Q

uech

ua14

,91%

253

Chu

-qu

isac

a L

uis

Cal

vo

Mac

hare

tí 7.

798

7.3

86

- 7

.386

39

,17%

Gua

rani

31,4

9%

254

La

Paz

A

bel I

turr

alde

Ix

iam

as

37.8

58 5

.625

-

5.6

25

37,9

6%O

tro16

,95%

255

Coc

ha-

bam

ba

Car

rasc

o C

him

oré

2.76

3 1

5.26

4 3

.874

1

1.39

0 79

,86%

Que

chua

67,6

5%

256

Tar

ija

Gra

n C

haco

Y

acui

ba

4.06

5 8

3.51

8 6

4.61

1 1

8.90

7 30

,93%

Que

chua

20,3

2%

257

Gra

n C

haco

V

illam

onte

s 10

.922

23.

765

16.

113

7.6

52

23,6

0%G

uara

ni7,

82%

258

San

ta

Cru

z A

ndré

s Ib

áñez

S

anta

Cru

z de

la

Sie

rra

1.35

9 1

.131

.778

1

.113

.582

1

8.19

6 32

,06%

Que

chua

14,8

7%

134 ANEXO 2


259

And

rés

Ibáñ

ezP

rimer

a S

ecci

ón

– C

otoc

a63

1 3

6.42

5 1

7.48

2 1

8.94

3 34

,26%

Que

chua

19,5

7%

260

Igna

cio

War

nes

War

nes

1.50

1 4

5.31

8 2

0.34

9 2

4.96

9 33

,86%

Que

chua

16,8

3%

261

Igna

cio

War

nes

Oki

naw

a U

no (1

)80

2 1

1.66

1 4

.098

7

.563

32

,60%

Que

chua

14,7

3%

262

José

Mig

uel d

e Ve

lasc

oS

an Ig

naci

o de

Ve

lasc

o49

.468

41.

412

19.

401

22.

011

81,5

8%C

hiqu

itano

73,3

7%

263

José

Mig

uel d

e Ve

lasc

oS

an M

igue

l de

Vela

sco

9.05

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136 ANEXO 2


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322

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inis

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os.

138 ANEXO 2


TEXTOS CONSULTADOS:ALBÓ C., Xavier y BARRIOS, Franz 2007 Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías. Cuadernos de Futuro 22.

Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD. La Paz, junio 2007.

ALBÓ C., Xavier y MOLINA, Ramiro (Coord.) 2006 Gama étnica y Lingüística de la población boliviana. PNUD. La Paz, enero 2006.

ALBÓ C., Xavier y ROMERO, Carlos2009 Autonomías Indígenas en la realidad boliviana y su nueva Constitución. Vicepresidencia del

Estado Plurinacional de Bolivia.

BARRIOS S., Franz Xavier 2007 Régimen territorial y de autonomías. EN: Propuestas para la Asamblea Constituyente.

Regímenes económico, social y territorial del Estado con autonomías. PRISMA y Plural. La Paz.

BARRIOS S., Franz Xavier 2003 Entre lo federal y lo unitario. EN: La descentralización que se viene. Propuestas para la

(re) construcción del nivel estatal intermedio. Descentralización y Participación No. 6. FES-ILDIS/Plural Editores. La Paz.

CENTRAL REGIONAL SINDICAL ÚNICA DE CAMPESINOS INDÍGENAS DE RAQAYPAMPA (CRSUCIR)2009 Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria de Raqaypampa. CENDA, Cochabamba.

COLQUE, Gonzalo y CAMERON, John2007 The Diffi cult Marriage between Liberal Democracy and Ayllu Democracy in Jesús de

Machaca. Canadá (Mimeo).

CONSTITUCIONES DE OTROS PAÍSES Constitución de la República del Ecuador aprobada en referéndum, 2008. Constitución Política de Colombia, 1991. Constitución del Perú (Con textos agregados según Ley 28607 de 2005).

CORTE NACIONAL ELECTORAL2004 Resultados elecciones municipales 2004. CNE, La Paz.2006 La representación política en Bolivia: Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.

CNE, La Paz.2009 Calendario Electoral: elecciones generales y referéndum autonómico 2009. CNE La Paz.

FUNDACIÓN PUEBLOs/f Informe de la Fundación Pueblo (www.padep.org.bo)

GALINDO S., Mario2008 Municipio Indígena: Análisis del proceso y perspectivas viables. CEBEM, La Paz.

GOBIERNO DE BOLIVIA Ley Nº 2150 de Unidades Político Administrativas del 20 de noviembre de 2000. Ley Nº 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas del 07 de julio de 2004. Ley 1585 del Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA del 12 de agosto de 1994. Art.

171 Proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, Aprobado en Oruro, 2007. Constitución Política del Estado, 2009. Ley Nº 4021 de Régimen Electoral Transitorio, del 14 de abril de 2009.


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA2001 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INE, La Paz.

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA2008 Proceso de saneamiento de tierras en Bolivia. INRA, La Paz.

MACOJMA2005 Municipio de Jesús de Machaca en cifras: con datos ofi ciales del Censo 2001. La Paz.

MESA TÉCNICA DE AUTONOMÍAS2008 Propuestas de ajustes a la estructura y organización territorial del Estado del proyecto de

CPE (Informe elaborado por la), Cochabamba, 05 de octubre de 2008.

ROMERO, Salvador2005 En la bifurcación del camino: análisis de resultados de las Elecciones Municipales 2004

CNE. La Paz.

UNIDAD TÉCNICA DE LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS 2003 Mapa de límites municipales. UOT-MDS.2004 Compendio técnico jurídico para el tratamiento de unidades político administrativas.

URENDA, Juan Carlos2009a El sueño imperturbable: el proceso autonómico boliviano. Editorial El País srl, Santa Cruz de

la Sierra.2009b El Estado catoblepas: las contradicciones destructivas del Estado boliviano. Editorial El

País srl, Santa Cruz de la Sierra.

URIOSTE, Miguel; BARRAGÁN, Rossana; COLQUE, Gonzalo2005 Los nietos de la reforma agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia. FUNDACIÓN

TIERRA, La Paz.

VALCARCE T, Carla 2004 Análisis de la temática indígena/campesina en el derecho constitucional comparado

(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela) en perspectiva de la reforma constitucional boliviana. Diciembre, 2004 (Mimeo).

140 TEXTOS CONSULTADOS

autonomías indígenas en tierras altas...autonomÍas indÍgenas en tierras altas 1 autonomías...

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