Ante Representantes de la Comunidad Internacional

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DENUNCIAN INEFICACIA DE LOSMECANISMOS ESTATALES DE BUSQUEDA E INVESTIGACIÓN DE LAS MÁS DE

45.000 DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de DesaparicionesForzadas, las organizaciones de familiares de este crimen atroz y perpetrado demanera sistemática en Colombia en contra de más de 45.000 personas en el país, sereunieron con representantes de la comunidad internacional, de la Naciones Unidas ymiembros del Congreso comprometidos con los derechos humanos, ante los cualespresentaron la situación actual del crimen de desaparición forzada, la ineficacia de losmecanismos estatales para prevenir y luchar contra este fenómeno y el estado deimpunidad estructural de este delito.

Ante representantes de las Embajadas de Suecia, Suiza, Alemania, Francia y elEmbajador de Noruega y el Delegado Adjunto de la Oficina de la Alto Comisionadopara los Derechos Humanos en Colombia, las organizaciones de familiares depersonas víctimas de desaparición forzada señalaron que de los más de 45.000 casosde desapariciones forzada registradas en el país, los afectados por este delito sonjóvenes en un 25% de los casos en tanto un 17% de las víctimas corresponden amujeres. Sin embargo, anotaron que hay una falencia continuada de las entidadesestatales para consolidar sus estadísticas, pues reposan cerca de 69.300 casos en lasdiferentes instancias de la Fiscalía, en tanto solo se contabilizan cerca de 21.000casos en el Registro de Medicina Legal. La impunidad es de mas del 95% de los casosy no hay una estrategia de priorización dentro de la Fiscalía sobre el tema de ladesaparición que permita avanzar en las investigaciones e individualizar a susperpetradores, como tampoco hay esfuerzos efectivos para llevar a cabo la búsquedade los desaparecidos, dejando en el abandono a las víctimas. Es preocupante que enel marco de las negociaciones para poner fin a 50 años de conflicto armado el EstadoColombiano siga omitiendo su obligación de búsqueda de los desaparecidos(as) ydejando de impulsar los procesos de investigación. Señalaron los familiares de laspersonas desaparecidas.

Rechazaron la continua persecución que se da contra las organizaciones de familiaresde personas desaparecidas y contra quienes denuncian este tipo de crímenes, tal y

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como viene sucediendo contra integrantes de la Fundación Nydia Erika Bautista,contra miembros de Familiares Colombia y contra familiares que hacen parte delMovimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y losdesplazamientos forzados a familias por haber denunciado donde podrían encontrarselos cadáveres de sus seres queridos, tal y como ha acontecido en el Valle del Cauca.

“Vemos con esperanza que se haya incluido en la Comisión de Esclarecimiento de laVerdad, pactada en al Habana, el tema de la Desaparición Forzada, pero solicitamosla conformación de una Subcomisión dentro de la Comisión de la Verdad para labúsqueda de las personas desaparecidas que sea un mecanismo eficaz para buscarvivos a las personas que fueron desaparecidas por razones políticas o por razón delconflicto armado”, expresó Yannethe Bautista, directora de la Fundación Nydia ErikaBautista. Solicitó además que se establezca un Programa Nacional de Identificaciónpara los más de 20.453 cadáveres de personas que permanecen sin identificar endiferentes cementerios del país.

Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa sobre DesaparicionesForzadas de la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos exigieron ademásavances firmes en las investigaciones judiciales y disciplinarias, que permitan laIndividualización y sanción de los responsables de estos crímenes, y expresaron surechazo a que crímenes de desaparición forzada se tramiten bajo el fuero penal militarmediante diferentes figuras (secuestros, tomas de rehenes, detenciones ilegales)previstas en la reciente reforma que amplió la competencia de la Justicia Penal Militar.

Al denunciar la situación de desapariciones forzadas en los departamentos de losLlanos Orientales, Isabel Ortigoza de la Corporación Socio-Jurídica Orlando Fals Borda,reconoció que se han llevado a cabo algunas exhumaciones e identificación depersonas que estaban desaparecidas, pero que los esfuerzos estatales son taninsuficientes que harían falta mas de 143 años para entregar los cadáveres de solo 5de esos cementerios con fosas comunes en esta región, donde se han documentadorecientemente más de 2.000 cadáveres: “Muchos de los casos son casos dedesapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que en la granmayoría han reportado los casos como si tratara de personas muertas en operacionesmilitares”.

Refiriéndose a la situación de las desapariciones en la ciudad de Medellín, AdrianaArboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, resaltó como un logro de las familias delas personas desaparecidas que luego de 13 años de reclamos por fin el Estado hayaprocedido a realizar las excavaciones para hallar las personas desaparecidas en elsitio denominado la Escombrera, donde por más de una década las autoridadesautorizaron que cientos de miles de toneladas se depositaran sobre el lugar dondecerca de 300 personas fueron enterradas tras haber sido detenidas y desaparecidasluego de la Operación Militar Orión, en la cual fuerzas conjuntas de la IV Brigada delEjército, la Policía Nacional y paramilitares del Bloque Cacique Nutibara detuvieron,desaparecieron y asesinaron cientos de ciudadanos de la Comuna 13 de Medellín, conla cual se dio comienzo a la denominada Política de Seguridad Democrática, al

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comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Siendo la Escombrera la mayor fosacomún de personas desaparecidas en zonas urbanas del continente, pidieron no solomayores esfuerzos para hacer efectivas la exhumación e identificación de laspersonas desaparecidas allí enterradas, sino que además pidieron que se investigue,enjuicie y sancione a los responsables de este crimen cometido de manerasistemática entre el 16 de octubre y el 25 de noviembre de 2002. De entre laspersonas que allí fueron enterradas, la Corporación Jurídica ha documentado los casosde al menos 104 víctimas. Allí, los paramilitares siguen actuando y constituyen unagran amenaza para las familias que hacen veeduría a las excavaciones. La desaparición forzada es un crimen que se continua cometiendo en distintasregiones del país, tal y como sigue sucediendo en Buenaventura, Tumaco o Quibdó, enla región del pacífico colombiano. Luz Dary Santisteban de la Fundación Madres por laVida denuncia que en Buenaventura la Fiscalía lleva a cabo algunas exhumaciones,pero con una política selectiva y falta de avances, lo cual deja por fuerainexplicablemente muchas familias. Menciona que las desapariciones en los últimos 5años suman centenares en los Ríos Raposo, Anchicayá y Yurumanguí y distintosbarrios de Buenaventura, donde el terror sobre los familiares que denuncian lo siguenejerciendo los paramilitares.

Pilar Navarrete, de los Familiares del Palacio de Justicia, denunció que 30 añosdespués de las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, sus perpetradores nohan contado la verdad para permitir encontrar a sus seres queridos. Los familiares delas víctimas aun no han sido contactados por el Estado para iniciar el cumplimiento dela sentencia de la CIDH y la Comisión Nacional de Búsqueda de PersonasDesaparecidas (CBPD) evade su función pidiendo a los familiares que les de lascoordenadas de la ubicación de sus seres queridos. Por otra parte, aún no haysentencias en firme contra los máximos responsables, y por el contrario se evidencianmaniobras para poner fin a los procesos en medio de la impunidad.

Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobreDesapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos,denuncian que a pesar de que fue creada una Comisión Nacional de Búsqueda dePersonas Desaparecidas, la cual surgió gracias a la iniciativa misma de las víctimas,esta entidad no ha cumplido su mandato legal de apoyar y promover la búsqueda delas víctimas y de adelantar las investigaciones sobre las víctimas de desapariciónforzada. Las entidades con mayor responsabilidad en el tema, como la Fiscalía y laProcuraduría, no tienen como prioridad la aplicación rigurosa del Plan Nacional deBúsqueda en cada uno de los casos denunciados por las familias afectadas paraencontrar a las víctimas, ni el impulso sustancial para el avance de las investigacionespara enjuiciar a sus máximos responsables. Desde hace mas de 15 años laProcuraduría no ha ejercido su mandato disciplinario sobre agentes del Estado quehan sido responsables de desapariciones forzadas, de igual manera no ha ejercido sumandato de vigilancia y control en las investigaciones penales.

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Como resultado de esto, la Comisión ha llegado a ser un mecanismo más deimpunidad. Esto ha obstaculizado el rol de la Mesa de Trabajo sobre DesapariciónForzada de la CCCEU que representa a los organismos no gubernamentales en estainstancia desde hace más de tres años. La MTDF tiene como objetivo que estaComisión y las autoridades que la componen le den la cara y rindan cuentas a losfamiliares de las víctimas en las regiones, sin embargo debido a la falta de voluntadde la Comisión este objetivo no ha logrado avances importantes y por el contrario hallevado a una revictimización en su interior y en las audiencias. Esto quedóevidenciado en las 10 audiencias que durante los últimos 15 meses se realizaron endiferentes regiones del país con funcionarios de la Comisión de Búsqueda, en dondelas respuestas a las víctimas sobre el estado de sus casos en cuanto a búsqueda einvestigaciones, fueron muy precarias y dieron cuenta de un nulo avance en lasinvestigaciones.

Aparte de ello, y en el marco de su papel de solicitar rendición de cuentas, se observauna hostilidad manifiesta en contra la Delegada de la Mesa de Trabajo sobreDesapariciones Forzadas ante la Comisión, por parte de los representantes delDefensor del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa-Conase. Esto sesumó al cuestionamiento por la toma de decisiones controversiales que no soncoherentes con el mandato legal de la CBPD en la ausencia de la representante quehan generado un clima adverso por lo cual las organizaciones están evaluando sucontinuidad en el mismo. Es de recordar que la CCEU lleva 14 años al frente de estarepresentación.

La organización de acompañamiento forense a las víctimas “Equitas” resaltó que paraque la identificación de las personas reportadas como desaparecidas sea efectiva esnecesario robustecer el proceso de investigación preliminar (ante mortem), unaparticipación activa de las víctimas en la toma de información adecuada y oportunasobre los hechos que rodearon la desaparición. Se requieren además sistemas deinformación que permitan cotejos masivos de datos aleatorios que faciliten al BancoGenético para lograr la identificación de los desaparecidos, fortalecer la presencia enlas regiones del Instituto Nacional de Medicina Legal y la capacitación de otrasentidades estatales que permita tomar las muestras genéticas que apunten a laidentificación de personas desaparecidas, lo mismo que estrategias de seguimiento ycontrol sobre las personas no identificadas que permanecen en los cementeriospúblicos en el país con un plan de intervención y de conservación adecuada de estosrestos para poder implementar estrategias de identificación, obligando a que sedestine presupuesto por los municipios, gobernaciones y ministerios para esta labor.La facilidad para declarar territorios donde ha sido insuficiente o nulo el esfuerzo porexcavar o hallar e identificar los desaparecidos, atenta contra la verdad a que tienenderechos los familiares. En este sentido, la declaración de “santuarios de la memoria”debe ser la última opción, mucho mas teniendo en cuenta la práctica de inactividadestatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Al igual que en Medellín y Buenaventura, las familias que emprenden acciones paraencontrar sus seres queridos, denunciaron problemas de seguridad para los familiares

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en Casanare, en Recetor y Chámeza, donde se presentaron mas de 300 casos dedesaparición, solo en esos 2 pequeños municipios. El paramilitarismo continuahaciendo presencia e intimidando a los familiares.

El Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos Dr. Guillermo Fernández anotó que a pesar de lalegislación y jurisprudencia avanzada en Colombia sobre la desaparición forzada larealidad muestra fallos en la operación de estos compromisos e insuficiente voluntadpolítica. Es clave una política pública integral para la búsqueda de los desaparecidos,multiplicando los fondos para esta labor.

Finalmente el señor Embajador de Noruega Lars Vaagen resaltó el compromiso de lasorganizaciones de familiares y la importancia de garantizar efectivamente losderechos de las víctimas, destacando el enorme amor de los familiares por susdesaparecidos expresado en su persistencia de la lucha por encontrarlos. Enfatizó quela base para un proceso de paz no puede ser otra que la plena efectividad de losderechos humanos en Colombia, para lo cual resulta clave la fortaleza de redes comola Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Igual respaldo, dio la delegada de la Embajada de Suecia,anunciando que en la nueva estrategia de cooperación de Suecia el tema de losderechos humanos sigue siendo crucial.

En la crucial coyuntura del actual proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, loscongresistas Alirio Uribe y Ángela Maria Robledo, respectivamente del PoloDemocrático y del Partido Verde anunciaron la proposición de una audiencia de controlpolítico en el Congreso de la República que tiene como objetivo que todas lasinstancias y entidades estatales rindan cuentas sobre la situación de lasdesapariciones forzadas en el país y sobre el cumplimiento de sus competencias en labúsqueda de las víctimas de desaparición forzada, la efectiva investigación penal ydisciplinaria así como la ubicación e identificación de las víctimas a la luz de lasobligaciones internacionales suscritas por Colombia en los tratados sobre estamateria.

En el marco de los diálogos de paz deben darse a conocer y tomarse en consideraciónlas experiencias nefastas previas en el país y sobre todo las necesidades de que segaranticen los derechos de los desaparecidos/as y sus parientes a la verdad, a la luzdel nuevo mecanismo de búsqueda previsto por la Comisión de Esclarecimiento de laVerdad.

Las organizaciones anuncian que en acuerdo con congresistas comprometidos con losderechos de las víctimas se llevará a cabo un debate de control político sobre el temade las obligaciones estatales de búsqueda e investigación sobre los casos dedesapariciones forzadas, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada fueconmemorado en Bogotá con diferentes galerías de la Memoria con las cuales las

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organizaciones de Familiares recordaron la memoria de sus seres queridos, y exigieronuna vez más al Estado acciones eficaces para su búsqueda y para que se adelanteninvestigaciones que permitan aclarar los casos y llevar ante las justicia a losperpetradores de la desaparición de más de 45.000 personas en Colombia.

MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADASCOORDINACIÓN COLOMBIA–EUROPA–ESTADOS UNIDOS

Bogotá, 8 de septiembre de 2015

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