amparo directo: 607/2016 quejoso: - gob.mx · en materia administrativa del segundo circuito, con...

AMPARO DIRECTO: 607/2016.

QUEJOSO:*.

MAGISTRADO:ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ.

SECRETARIO:NELSON DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Segundo Circuito, correspondiente a

la sesión de diez de febrero de dos mil diecisiete.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de

amparo directo número ***; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Antecedentes.

De la revisión efectuada a las constancias que

integran el juicio de nulidad ********, así como del

presente expediente, destacan los siguientes hechos de

trascendencia para la solución del presente asunto:

1. Mediante escrito presentado el tres de

octubre de dos mil dieciséis,1 en la Oficialía de Partes

de la Sala Regional Sur del Estado de México del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **, por

1 Fojas 3 a 36 del presente expediente.

�Amparo Directo **/2016�

2

propio derecho, demandó el amparo y la protección de

la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a

continuación se mencionan:

« […] AUTORIDAD RESPONSABLE:La Sala Regional Sur del Estado de México del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa….

ACTO RECLAMADO:La Sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, dictada por la autoridad señalada como responsable en el juicio fiscal número *, por virtud de la cual resolvió reconocer la validez de la resolución controlada con el número **de 06 de enero de 2016, a través de la cual la Titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México “1”, firmado en suplencia por su ausencia, la Subadministradora adscrita esa Administración, autorizó parcialmente la solicitud de devolución con número de control ** y registrado con número de folio *, correspondiente al saldo a favor por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios correspondiente al periodo de julio-septiembre 2015.[…]»

2. Por auto de cuatro de octubre de dos mil

dieciséis,2 la Sala Regional Sur del Estado de México

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con

residencia en Toluca, tuvo por presentada la demanda

de amparo, ordenó emplazar al presente juicio a la

autoridad tercera interesada; de la misma forma, ordenó

remitir el informe justificado correspondiente, así como

los autos relativos al juicio de nulidad **, al Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo

Circuito, en turno.

2 Fojas 144 a 145 del juicio de nulidad **.

�Amparo Directo */2016�

�

33

SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo.

1. La citada demanda se recibió en la Oficina de

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados

en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México,

el seis de octubre de dos mil dieciséis,3 y por cuestión

de turno se remitió a este Primer Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuya

oficialía de partes la recibió el día siguiente.4

2. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciséis,5 el presidente de este órgano

colegiado tuvo por recibido el informe justificado

remitido por la magistrada en funciones de presidenta

de la Sala Regional Sur del Estado de México del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con

residencia en Toluca, así como los autos del juicio de

nulidad **, por lo que, con fundamento en el artículo 41

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

ordenó formar los expedientes físico y electrónico

respectivos; registrar el asunto en el libro de gobierno

con el número de juicio de amparo directo ** y lo

admitió a trámite.

3 Foja 2 del presente expediente.

4 Foja 1 ibídem (El 7 de octubre de 2016).

5 Fojas 38 a 42 ibídem.


4

Con fundamento en el artículo 26, fracción II,

incisos a), b). y c), de la Ley de Amparo, ordenó

notificar por oficio a la autoridad responsable, tercera

interesada y a la representación social adscrita a este

órgano colegiado.

Se reconoció el carácter de autoridad tercera

interesada a la Subadministradora Desconcentrada de

Auditoría Fiscal “1”, en términos del artículo 5, fracción

III, inciso b), de la Ley de Amparo.

Asimismo, toda vez que el domicilio para oír y

recibir notificaciones señalado por el quejoso ** se

encontraba fuera de la residencia de este órgano

colegiado, se libró despacho al Juzgado de Distrito en

Materias de Amparo y de Juicios Federales en el

Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a

efecto de que ordenara a quien correspondiere, notificar

personalmente el citado proveído al quejoso *, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 27,

fracción II, de la Ley de Amparo, de los diversos 298,

300, 303, 309, 310, 311, 312 y 313 del Código Federal

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la

ley de la materia, así como con los numerales 3, 4 y 5

del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la

Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica

Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]

y al Expediente Electrónico y los artículos 55, 76, 107,


�

55

108, 109, 110 y 111, del Acuerdo General Conjunto

1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los

servicios tecnológicos relativos a la tramitación

electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones

oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros

de Justicia Penal Federal.

Para que el juez requerido estuviera en aptitud

de lo anterior, el presidente de este tribunal ordenó

remitir mediante medio electrónico ese acuerdo con su

firma electrónica [FIREL], que es evidencia criptográfica

reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la

Federación para el Control de Certificación de Firmas.

De igual forma, requirió al citado quejoso, por

conducto del juez de Distrito, para que señalara

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior,

las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter

personal, se harían por medio de lista, hasta en tanto

indicara domicilio en la residencia de este tribunal.

Por otra parte, se solicitó al titular del Juzgado

de Distrito remitiera el resultado de la comunicación

oficial de que se trata por vía electrónica, en términos

de lo dispuesto en la normatividad aplicable en párrafos

que anteceden.


6

Y, en acatamiento a la circular CTAIPPDT

1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia,

Acceso a la Información Pública Gubernamental y

Protección de Datos personales del Consejo de la

Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril

de dos mil once, con independencia de que se haga

valer o no tal derecho por las partes, en su oportunidad,

ordenó suprimir en la versión pública que se elabore,

los datos personales de las partes en el presente

asunto, así como la información reservada.

3. En acuerdo de veinticuatro de octubre de dos

mil dieciséis6, se agregó el oficio suscrito por el Juez

Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios

Federales en el Estado de México, con residencia en

Toluca, mediante el cual devolvió diligenciado el

despacho *del índice de este tribunal, del que se

desprendió que el acuerdo de diez de octubre del citado

año, fue notificado a la parte quejosa *** por conducto

de su autorizado **, el dieciocho de octubre del año

mencionado.

4. En proveído de veintisiete de octubre de dos

mil dieciséis,7 transcurrido el plazo que se otorgó al

quejoso *, en auto de diez de octubre siguiente, en

virtud que no desahogó el requerimiento por el cual se

le pidió que señalara domicilio para oír y recibir

6 Foja 66 ibídem.

7 Foja 70 ibídem.


�

77

notificaciones en esta ciudad, se hizo efectivo el

apercibimiento respectivo y se ordenó que en lo

subsecuente se le realizaran las notificaciones aun las

de carácter personal por medio de lista.

5. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis8, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso

b) de la Ley de Amparo, se tuvo por apersonada a la

Administradora Desconcentrada Jurídica de México “1”

de la Administración General Jurídica del Servicio

Administrativo Tributaria, en representación del

Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del

Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad

demandada y, por hechas sus manifestaciones, las que

serían consideradas llegado el momento procesal

oportuno, de resultar procedente.

6. Por acuerdo de siete de noviembre de dos

mil dieciséis9, en términos del artículo 5°, fracción III,

inciso b) de la Ley de Amparo, se tuvo por apersonado

al Director General de Asuntos Contenciosos y

Procedimientos, en suplencia por ausencia del

Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, del Director

General de Amparos contra Leyes y del Director

General de Amparo contra Actos Administrativos, todos

de la Secretaría de Hacienda Crédito Público y, por

hechas sus manifestaciones, las que serían

8 Foja 77 ibídem.

9 Foja 87 ibídem.


8

consideradas llegado el momento procesal oportuno, de

resultar procedente.

7. Finalmente, por proveído de presidencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis,10 el presente

expediente fue turnado al magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, en términos del artículo 183

de la Ley de Amparo, para efectos de la elaboración del

proyecto de resolución respectivo; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia.

Este Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Segundo Circuito es legalmente

competente para conocer y resolver el presente amparo

directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 34, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), 38 y 144 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así

como los puntos primero, fracción II; segundo, fracción

II), número «1» y tercero, fracción II, párrafo primero,

del vigente Acuerdo General 3/2013, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de

dos mil trece, relativo a la determinación del número y

límites territoriales de los circuitos en que se divide la

10 Foja 90 ibídem.


�

99

República Mexicana; y al número, a la jurisdicción

territorial y especialización por materia de los Tribunales

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de

Distrito; toda vez que se reclama una sentencia dictada

por la Sala Regional Sur del Estado de México del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con

residencia en Toluca, la cual se encuentra dentro de la

jurisdicción de este órgano judicial.

SEGUNDO. Acto reclamado.

La existencia del acto reclamado quedó

acreditada con el informe justificado rendido por la

autoridad responsable, así como con el expediente

correspondiente al juicio de nulidad **, donde se

encuentra glosada la sentencia reclamada.

TERCERO. Oportunidad.

El juicio se promovió dentro del plazo de quince

días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo,

como se muestra a continuación:

Fecha de la sentencia

reclamada:

Fecha de notificación

Fecha en que surtió efectos:

El plazo de 15 días

transcurrió:

Fecha de presentación

de la demanda de

amparo:

Días inhábiles:

31 de agosto de 2016.11

12 de septiembre de 2016.12

13 de septiembre de 2016.

Del 14 de septiembre al 6 de

El 3 de octubre de 2016.13

15, 16, 17, 18, 24, 25 de

11 Fojas 78 a 102 del juicio de nulidad *****.


10

octubre de 2016.

septiembre y 1, 2 de octubre, todos de 2016.14

CUARTO. Legitimación.

El juicio de amparo que ahora se resuelve lo

promovió parte legitimada para tales efectos, dado que

la demanda de amparo la presentó **** por propio

derecho, parte actora en el juicio de origen,

personalidad que fue reconocida por el magistrado

instructor de la sala del conocimiento, en auto de doce

de mayo de dos mil dieciséis.15.

QUINTO. Consideraciones de la sentencia reclamada.

Al no ser un requisito legal, pues la Ley de

Amparo no lo establece como obligación para este

tribunal, se omite transcribir las consideraciones de la

sentencia reclamada y se ordena agregar copia

certificada de ella al expediente en que se actúa.

SEXTO. Conceptos de violación.

12 Foja 106 ibidem.

13 Foja 3 del presente expediente.

14 Por ser sábados, domingos y días inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con la circular 24/2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

15 Fojas 28 a 29 del juicio de nulidad ****


�

1111

Contra la resolución reclamada, la parte

quejosa expone como conceptos de violación los que

se desprenden de la demanda que se encuentra

glosada al presente expediente de la foja tres a la foja

treinta y seis, sin que este órgano colegiado, dado su

prudente arbitrio, estime necesaria su reproducción.16

SÉPTIMO. Antecedentes.

Previo al estudio de fondo del asunto, es

preciso destacar que de las constancias que integran el

procedimiento de origen, las cuales adquieren eficacia

demostrativa plena, en términos de lo dispuesto en los

artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley

16 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es el siguiente: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.»


12

de la materia, se advierten los antecedentes procesales

siguientes:

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía

de Partes de la Sala Regional Sur del Estado de México

del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

con residencia en Toluca, el once de mayo de dos mil

dieciséis (foja 1 del juicio de nulidad de origen), **, por

propio derecho, demandó la nulidad de la resolución

contenida en el oficio número *de seis de enero de dos

mil dieciséis, emitida por la Subadministradora

Desconcentrada de Auditoría Fiscal “1” del Servicio de

Administración Tributaria, en suplencia por ausencia del

administrador, por la cual se autorizó parcialmente la

solicitud de devolución identificada con el número de

control * correspondiente al saldo a favor por concepto

de impuesto especial sobre producción y servicios,

correspondiente al periodo 3° julio-septiembre del

ejercicio 2015, a la que fue asignado el número de folio

*

2.- Derivado de lo anterior, la Sala Regional Sur

del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, con residencia en Toluca, por auto de

doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 28 ídem)

ordenó registrarla con el número de expediente

***********y la admitió a trámite en la vía ordinaria; de

igual forma, entre otras actuaciones ordenó correr

traslado a la Subadministradora Desconcentrada de

Auditoría Fiscal “1” del Servicio de Administración


�

1313

Tributaria.

3.- Seguida la secuela procesal, en proveído de

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (foja 77

ídem), el magistrado instructor de la aludida sala

regional declaró cerrada la instrucción en el juicio de

origen.

4.- En esa misma fecha, la Sala Regional Sur

del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, con residencia en Toluca, emitió la

sentencia correspondiente (foja 78 a 102 ídem), en la

que reconoció la validez del acto impugnado, ello en

atención a las consideraciones siguientes:

En el considerando tercero, los magistrados

de la sala responsable procedieron a analizar los

conceptos de impugnación primero y segundo de la

demanda de nulidad.

Una vez que sintetizó los conceptos de

impugnación, la autoridad responsable en la página

veintitrés de la sentencia estableció que la litis en el

juicio consistía en determinar si el actor, de conformidad

con los principios de igualdad tributaria y

proporcionalidad, tenía derecho a la devolución de la

cantidad de * mensuales (precisó respecto del impuesto

especial sobre producción y servicio empresarial a tasa

única por consumo de diésel, así lo estableció en la

página veintitrés de la sentencia) al ser una persona


14

física que tributa de conformidad con el capítulo VIII, del

título II,17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

(artículo 74 fracción III), o bien, si como lo afirmaba la

autoridad únicamente le correspondía el estímulo fiscal

máximo de **mensuales, al no cumplir con su

obligaciones fiscales en términos de las secciones I o II

del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre

la Renta.

Delimitada la litis, la autoridad responsable hizo

notar que era un hecho no controvertido entre las

partes, que el régimen para el cual tributaba el actor lo

era el de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras, regido por el título II, capítulo VIII, de la Ley

del Impuesto sobre la Renta, donde se contenía el

artículo 74, fracción III, que contempla el régimen

jurídico del contribuyente; precepto legal que establece

que deben cumplir con sus obligaciones fiscales en

materia del impuesto sobre la renta conforme al

régimen establecido en el capítulo VIII, las personas

físicas que se dediquen exclusivamente a actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Enseguida, en la página treinta de la aludida

sentencia, la sala regional del conocimiento destacó

que la autoridad fiscal autorizó parcialmente la

devolución de la parte actora, porque cumple con sus 17 TÍTULO IIDE LAS PERSONAS MORALESCAPÍTULO VIIIRÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS


�

1515

obligaciones fiscales de conformidad con el capítulo VIII

del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

teniendo derecho a la devolución de la cantidad de

****(*) mensuales, no a la diversa cantidad de

*mensuales, ya que para poder acceder a ese beneficio

fiscal debía tributar conforme a la sección I o II del título

IV de la citada ley.

Dicha postura la apoyó en el artículo 16,

apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince, del

que dijo se desprendía que tratándose de estímulos

fiscales para ese año, las personas que adquirieran

diésel para su consumo final en las actividades

agropecuarias o silvícolas podían solicitar la devolución

del monto del impuesto sobre producción y servicios

que tuvieran derecho a acreditar, siempre que sus

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran

excedido de veinte veces el salario mínimo general

correspondiente al área geográfica del contribuyente

elevado al año y que el monto de la devolución en

ningún caso podía ser superior a *mensuales,

estableciendo como excepción que al tratarse de

personas físicas que cumplieran con sus obligaciones

fiscales en los términos de las secciones I o II del

capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la

Renta (personas físicas con actividades empresariales

y profesionales y régimen de incorporación fiscal) o

personas morales que cumplieran con sus obligaciones

fiscales en los términos del capítulo VII del título II de


16

esa ley (régimen de actividades agrícolas, ganaderas,

silvícolas y pesqueras) podían solicitar la devolución de

hasta **

En ese sentido, la sala responsable expuso que

el actor sostenía que el artículo 16, apartado A, fracción

III, de la Ley del Ingresos de la Federación para el

ejercicio fiscal de dos mil quince, transgredía los

principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Después de explicar en qué consiste un

“estímulo fiscal”, la sala fiscal declaró infundados esos

argumentos en virtud de que era incorrecto aseverar

que el Estado está obligado a conceder estímulos

fiscales a los contribuyentes, aunado a que éstos no

tenían un derecho subjetivo de exigirlos, porque lejos

de ser un derecho, el estímulo era un instrumento de

política fiscal, en tanto otorgaba un beneficio a los

contribuyentes (disminución de la carga tributaria) con

una finalidad específica de carácter público.

Añadió que la norma legal de ninguna forma

podía contravenir el principio de progresividad, porque

los estímulos fiscales constituían un beneficio de

política fiscal que perseguía un fin determinado de

carácter público, por lo que una vez satisfecho el objeto

extrafiscal, podía desaparecer sin haber generado un

derecho adquirido; aunado a que el principio de

progresividad era propio de los derechos humanos, por


�

1717

lo que si los estímulos no constituían un derecho

humano, entonces no podía regirlos ese principio.

La sala también consideró infundados los

argumentos donde el accionante del juicio adujo que el

estímulo fiscal de que se trata generaba una justicia

inequitativa; pues la responsable destacó que el

estímulo no preveía ningún derecho a favor del

contribuyente, sino que era una disminución de la carga

tributaria, siendo que todo gobernado tenía la obligación

de contribuir a los gastos públicos, en términos de lo

previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Por cuanto hace a que el estímulo era

desproporcional, la sala del conocimiento calificó como

infundados los argumentos del actor, porque la

proporcionalidad argumentada versaba sobre personas

que tributan en forma distinta, a saber, las personas

físicas que contempla la Ley del Impuesto sobre la

Renta en el capítulo VII, del título II y las previstas en la

secciones I o II, del capítulo II, del título IV; por lo que,

para considerarse desproporcional el establecimiento

de ese estímulo fiscal, la normatividad jurídica tendría

que ser aplicable a sujetos en igualdad de condiciones.

Después, la responsable analizó los

argumentos donde la actora adujo que el primer párrafo

de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16 de la

Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil

quince, otorga el derecho de solicitar la devolución del


18

monto del impuesto especial sobre producción y

servicios a las personas que adquieran diésel para su

consumo final en las actividades agropecuarias o

silvícolas; pero que no obstante ello, el segundo párrafo

de tal disposición otorga un tope máximo del estímulo

fiscal a personas físicas cuyos ingresos no provienen

de las actividades agrícolas o silvícolas, lo que a su

consideración desvirtuaba el propósito esencial del

estímulo por el consumo de diésel, lo que traía como

consecuencia que el párrafo segundo de la fracción II,

del apartado A, del numeral 16 de la Ley de Ingresos de

la Federación para dos mil quince, irrumpía la

naturaleza del estímulo fiscal respecto del consumo de

diésel.

Los argumentos resumidos se declararon

infundados, debido a que la naturaleza del estímulo

fiscal es reducir la carga tributaria de los contribuyentes,

no así el producto de un derecho a ellos, por lo que la

distinción basada en el monto a otorgarse no cambiaba

su naturaleza, puesto que esos beneficios surgían

como una facultad del Estado para impulsar cualquier

sector del desarrollo económico nacional, sin que

existiera la condición de que dicho incentivo se otorgara

a todos los contribuyentes de distintos regímenes y en

igual proporción, porque la Constitución federal

delimitaba las actividades que requieren contar con un

mayor impulso y otras que por su solidez o

productividad simplemente es necesario coordinar, dar


�

1919

seguridad jurídica o estímulos focalizados para que

continúe su crecimiento.

Aunado a que el estímulo fiscal era temporal, ya

que podía otorgarse a determinado sector hasta en

tanto el Estado considerara que ya no debía ser

proporcionado en los términos establecidos en la norma

jurídica.

La sala, de igual modo, consideró improcedente

la solicitud de la parte actora para que no se le aplicara

el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de

Ingresos de la Federación para el dos mil quince.

Ello toda vez que a la actora, se le causaría

perjuicio dado que el estímulo de *se le había otorgado

con base en dicha disposición; aunado a que el

desaplicar la norma por virtud de la cual se otorgó a la

parte actora el estímulo fiscal consistente en la

devolución de la cantidad correspondiente, le dejaría en

estado de indefensión pues conllevaría a privarle de

ese beneficio, el cual ya había sido reconocido por la

autoridad demandada en la resolución impugnada.

Finalmente, la sala estudió el argumento donde

la parte actora adujo que pese a que acreditó cumplir

con el requisito primigenio del artículo 16, apartado A,

fracción III, primer párrafo, es decir, que sus ingresos

no rebasaron el monto de veinte veces el salario


20

mínimo general correspondiente al área geográfica del

contribuyente elevado al año, no le fue autorizada en su

totalidad la devolución que solicitó a la autoridad

demandada, por lo que se le privó de su derecho a

obtener el estímulo fiscal para las personas que

destinen el consumo de diésel a actividades

agropecuarias o silvícolas.

Dicho argumento se declaró infundado, en

razón de que no obstante que la parte actora hubiese

cumplido ese requisito, la cantidad a que alude su

solicitud de la devolución fue superior a lo que la norma

legal establece para contribuyentes que tributan en el

capítulo VII del título II de la Ley del Impuesto sobre la

Renta.

Por ello, la sala consideró que la autorización

parcial decretada por la autoridad demandada, atendió

al monto máximo previsto para las personas físicas que

tributan bajo el régimen de actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas y pesqueras, pues le reconoció el

derecho a la devolución de la cantidad de *mensuales.

Todas las anteriores razones, llevaron a la sala

responsable a reconocer la validez de la resolución

impugnada en el juicio de nulidad.

OCTAVO. Los conceptos de violación se

analizarán conjuntamente y en un orden diverso al


�

2121

planteado inicialmente por la quejosa, en atención al

principio del mayor beneficio, de conformidad con los

artículos 76 y 189, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

Así, en primer lugar se estudiarán los

argumentos contenidos en los conceptos de violación

segundo y tercero, a través de los cuales la parte

quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 16,

apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio fiscal dos mil quince, por

considerar que viola en su perjuicio los principios de

equidad y proporcionalidad tributaria, previstos en el

artículo 31, fracción IV, constitucional, así como el

derecho fundamental a la igualdad reconocido en el

artículo 1 de igual ordenamiento legal.

Previamente, por tratarse de un presupuesto

procesal, resulta indispensable verificar en primer

término la procedencia del juicio de amparo directo

contra el artículo tachado de inconstitucional, para lo

cual conviene traer a colación los diversos 61, fracción

XIV, 170, fracción I, y 175, fracción IV, de la Ley de

Amparo, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(…)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el


22

momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (…).

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.


�

2323

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (…).”

“Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

(…)

IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia; (…)”

Los preceptos legales reproducidos con

antelación establecen la procedencia del juicio de

amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y

resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por

tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del

trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o

laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por

resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin

decidirlo en lo principal lo den por concluido; asimismo,

que para la procedencia del juicio deberán agotarse

previamente los recursos ordinarios que se establezcan

en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas


24

sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan

ser modificados o revocados, salvo el caso en que la

ley permita la renuncia de los recursos; y que, cuando

dentro del juicio surjan cuestiones sobre

constitucionalidad de normas generales que sean de

reparación posible por no afectar derechos sustantivos

ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo

podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda

contra la resolución definitiva; caso en el que ello será

materia únicamente del capítulo de conceptos de

violación de la demanda, sin señalar como acto

reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo

la calificación de éstos en la parte considerativa de la

sentencia.

Aquí, resulta oportuno señalar que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio

de que la parte quejosa puede, en la demanda de

amparo directo, controvertir normas generales que se

hubiesen aplicado en su perjuicio durante la secuela del

procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo

o resolución reclamada, en relación con el primero o

ulteriores actos de aplicación, como se sostiene en la

tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación publicada con el número

P.CXXXIII/97, cuyos rubro y texto son los siguientes:

“CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN


�

2525

APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados”.18

Cabe puntualizar también que la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo

que la impugnación de constitucionalidad de normas

generales en el juicio de amparo directo, no se agota

solamente en los casos en que hayan sido aplicadas en

perjuicio del quejoso durante el procedimiento del juicio

natural o en la sentencia definitiva, ya que de acuerdo

con el artículo 73, fracción XII, último párrafo, de la ley

de la materia, también se pueden controvertir normas

generales aplicadas en el acto o resolución de origen,

cuando se promueva contra la resolución recaída a los

recursos o medios de defensa legal interpuestos contra

el primer acto de aplicación de ellas, esto es, aplicadas

antes del inicio del juicio o durante el trámite de éste,

que regularmente sucede en los actos de autoridades

fiscales o administrativas impugnados en el juicio de

nulidad.

Así se determinó en la jurisprudencia publicada

con el número 2a./J.152/2002, de rubro y texto

18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 203.


26

siguientes:

“AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el artículo 73, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación”.19

De los criterios expuestos se concluye que en el

juicio de amparo directo pueden impugnarse normas

generales aplicadas en perjuicio del quejoso, en el procedimiento que dio origen al acto o resolución impugnados en nulidad, o bien, aplicadas en esos 19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 220.


�

2727

propios actos, e incluso, en la sentencia reclamada,

a condición de que se cumplan ciertas premisas:

1. Que exista una aplicación concreta de la norma controvertida.

2. Que esa aplicación de la ley, cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado.

3. Que el acto de aplicación sea el primero que invadió su esfera jurídica o, incluso, uno posterior.

Esto último, si se toma en consideración que

según lo determinado por el Máximo Tribunal del País

en la jurisprudencia P./J. 1/2013 (10a.), en el amparo

directo contra leyes, no opera el consentimiento tácito

cuando se reclama una norma aplicada en perjuicio del

gobernado, a pesar de tratarse del segundo o ulterior

acto de aplicación.

En efecto, en la ejecutoria que dio lugar a dicho

criterio jurisprudencial, el pleno determinó, en esencia,

que la causa de improcedencia del juicio de amparo

prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de

Amparo —que se refiere expresamente al

consentimiento tácito de los actos reclamados y a los

diversos momentos en que pueden impugnarse de

manera destacada para no tener tal carácter—, es


28

incompatible con el amparo directo, en el cual lo que se

reclama como acto destacado no es la ley, sino la

sentencia o resolución definitiva, por lo que en todo

caso únicamente es aplicable a la sentencia definitiva,

laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, mas

no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta

sólo es reclamada a través de los conceptos de

violación, habida cuenta que una eventual concesión de

la protección constitucional se limitaría al acto

impugnado, es decir, la declaratoria de

inconstitucionalidad de una disposición legal contenida

en la parte considerativa de una sentencia de amparo

directo, a diferencia de lo que sucedería en el juicio de

amparo indirecto, no tendría el efecto de impedir que al

quejoso se le aplique la norma general respectiva tanto

en el acto reclamado como en cualquier otro mientras

permanezca vigente, sino que sólo dejaría insubsistente

la resolución impugnada.

De ahí que, cuando en la vía uniinstancial se

controvierte la regularidad constitucional de una

disposición legal, al no reclamarse como acto

destacado, no puede determinarse que debe

constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del

gobernado, ni tampoco puede regirse por las mismas

reglas de procedencia de la acción en la vía

biinstancial. Máxime que la mencionada causa se

edifica en aspectos que rigen sólo para el amparo

indirecto y que son incompatibles con el directo.


�

2929

Las anteriores consideraciones, como se vio,

están contenidas, en la jurisprudencia P./J. 1/2013,

publicada en la página 5, libro XVII, tomo 1, febrero de

2013, Décima Época del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, que dice:

“AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en que pueden impugnarse de manera destacada para no tener tal carácter, particularidad que la torna incompatible con el amparo directo, en el cual lo que se reclama como acto destacado no es la ley, sino la sentencia o resolución definitiva, por lo que en todo caso únicamente es aplicable a la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, mas no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta sólo es reclamada a través de los conceptos de violación, habida cuenta que una eventual concesión de la protección constitucional se limitaría al acto impugnado, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal contenida en la parte considerativa de una sentencia de amparo directo, a diferencia de lo que sucedería en el juicio de amparo indirecto, no tendría el efecto de impedir que al quejoso se le aplique la norma general respectiva tanto en el acto reclamado como en cualquier otro mientras permanezca vigente, sino que sólo dejaría insubsistente la resolución impugnada; de ahí que, cuando en la vía uniinstancial se controvierte la regularidad constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado ni tampoco puede regirse por las mismas reglas de procedencia de la acción en la vía biinstancial, máxime que la mencionada causa se edifica en aspectos que rigen sólo para el amparo indirecto y que son incompatibles con el directo. En tal virtud, no deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer


30

en un juicio de amparo directo respecto de una ley, cuando la sentencia reclamada constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; sin embargo, en todo momento es preciso verificar si su aplicación perjudica al promovente y si no ha precluido su derecho a impugnarla”.

Sin que sea óbice a lo anterior que en la

ejecutoria que dio lugar al criterio jurisprudencial en

comento se haya analizado el contenido del artículo 73,

fracción XII, de la abrogada Ley de Amparo, en razón

de que el contenido de dicha fracción en cuanto al

consentimiento tácito de los actos reclamados y a los

diversos momentos para su impugnación, sigue

rigiendo para efectos de la actual Ley de Amparo, en

términos del artículo 61, fracción XIV.

4. Distinguir si el acto reclamado deriva o no de la misma secuela procesal, es decir, de la misma vía.

En razón de lo anterior, habrán de distinguirse

dos supuestos:

a) Cuando el juicio de amparo deriva de un

juicio en el cual la autoridad responsable desestima la

pretensión del quejoso acerca del acto reclamado,

aplicando para ello, por primera vez, el precepto legal

tachado de inconstitucional en los conceptos de

violación y el tribunal colegiado de circuito que conoce

del asunto analiza dichos planteamientos, declarando

infundado el motivo de inconformidad por considerar

que la norma impugnada es constitucional, pero


�

3131

concede el amparo por cuestión de legalidad.

Caso en el que es improcedente el análisis de

constitucionalidad planteado en los conceptos de

violación, cuando se promueve nuevamente un juicio de

amparo directo contra la resolución que la autoridad

emitió en cumplimiento de la anterior ejecutoria y en la

que fue nuevamente aplicado el artículo impugnado. Lo

anterior, porque al haberse reclamado ya dentro de la

misma secuela procesal la constitucionalidad de la ley,

la decisión del tribunal es firme y definitiva, pues lo

único que se dejó insubsistente y que, por tanto, podría

ser materia de un nuevo análisis, son los aspectos por

los cuales se concedió el amparo —cuestiones de

legalidad de los actos de aplicación—, pero las demás

cuestiones que fueron desestimadas en el amparo

anterior quedaron firmes y, por ello, son definitivas; y,

b) Cuando se promueve juicio contra un acto

administrativo y la autoridad responsable, al resolverlo,

desestima la pretensión y aplica en su resolución un

artículo; si al combatir la parte quejosa dicha resolución

a través del juicio de amparo directo no plantea en los

conceptos de violación la inconstitucionalidad de la

norma que le fue aplicada en el acto reclamado, sino

únicamente cuestiones de legalidad, al emitirse un

nuevo acto administrativo que origine un diverso juicio

en el que la autoridad jurisdiccional desestime la

pretensión y aplique nuevamente el artículo, procede el

estudio de la constitucionalidad de la norma que le fue


32

aplicada, cuando contra esa sentencia promueve

amparo directo y en los conceptos de violación hace

valer dicha inconstitucionalidad.

Lo anterior, porque aun cuando en un anterior

juicio de amparo promovido por el mismo quejoso

estuvo en posibilidad de hacer valer tal

inconstitucionalidad, pues se le había aplicado la norma

con anterioridad, se trata de un diverso acto de

aplicación de la norma y de un juicio de amparo

totalmente distinto e independiente de aquél, en el que

no se cuestionó la constitucionalidad de la norma, por lo

que no se puede considerar que existe consentimiento.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 6/2013

(9a.), publicada en la página 280, libro XIX, tomo 1, abril

de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente:

“AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. PARA QUE PROCEDA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD, ES NECESARIO DISTINGUIR SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA O NO DE LA MISMA SECUELA PROCESAL. Conforme al artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda; sin embargo, para determinar si procede el análisis de constitucionalidad, deben distinguirse dos supuestos: 1. Cuando el juicio de garantías deriva de un juicio de nulidad en el cual la Sala Fiscal desestima la pretensión del quejoso acerca del acto reclamado, aplicando para ello, por primera vez, el precepto legal tildado de inconstitucional en los conceptos de violación y el tribunal colegiado de circuito que conoce del asunto analiza dichos planteamientos, declarando


�

3333

infundado el motivo de inconformidad por considerar que la norma impugnada es constitucional, pero concede el amparo por cuestión de legalidad; en este caso es improcedente el análisis de constitucionalidad planteado en los conceptos de violación, cuando se promueve nuevamente un juicio de amparo directo contra la resolución que la Sala emitió en cumplimiento de la anterior ejecutoria y en la que fue nuevamente aplicado el artículo impugnado. Lo anterior, porque al haberse reclamado ya dentro de la misma secuela procesal la constitucionalidad de la ley, la decisión del tribunal es firme y definitiva, pues lo único que se dejó insubsistente y que, por tanto, podría ser materia de un nuevo análisis, son los aspectos por los cuales se concedió el amparo -cuestiones de legalidad de los actos de aplicación-, pero las demás cuestiones que fueron desestimadas en el amparo anterior quedaron firmes y, por ello, son definitivas; y 2. Cuando se promueve juicio de nulidad contra un acto administrativo y la Sala Fiscal, al resolverlo, desestima la pretensión y aplica en su resolución un artículo; si al combatir la quejosa dicha resolución a través del juicio de amparo directo no plantea en los conceptos de violación la inconstitucionalidad de la norma que le fue aplicada en el acto reclamado, sino únicamente cuestiones de legalidad, al emitirse un nuevo acto administrativo que origine un diverso juicio de nulidad en el que la Sala desestime la pretensión y aplique nuevamente el artículo, procede el estudio de la constitucionalidad de la norma que le fue aplicada, cuando contra esa sentencia promueve amparo directo y en los conceptos de violación hace valer dicha inconstitucionalidad. Lo anterior, porque aun cuando en un anterior juicio de amparo promovido por el mismo quejoso estuvo en posibilidad de hacer valer tal inconstitucionalidad, pues se le había aplicado la norma con anterioridad, se trata de un diverso acto de aplicación de la norma y de un juicio de amparo totalmente distinto e independiente de aquél, en el que no se cuestionó la constitucionalidad de la norma, por lo que no se puede considerar que existe consentimiento. De lo anterior se advierte que, para determinar si procede analizar la inconstitucionalidad de un precepto planteada en los conceptos de violación de la demanda de amparo directo, es necesario distinguir si el acto reclamado deriva o no de la misma secuela procesal, es decir, de la misma vía; si se trata o no de un diverso acto de aplicación de la ley y de una impugnación diversa, aun cuando se haya aplicado en ambos la misma norma”.


34

En el caso, la parte actora, ahora quejosa,

promovió un juicio de nulidad contra el oficio número

*de seis de enero de dos mil dieciséis, emitido por la

Subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal

“1” del Servicio de Administración Tributaria, en

suplencia por ausencia del administrador, por la cual se

autorizó parcialmente la solicitud de devolución

identificada con el número de control * correspondiente

al saldo a favor por concepto de impuesto especial

sobre producción y servicios, correspondiente al

periodo 3° julio-septiembre del ejercicio dos mil quince,

a la que fue asignado el número de folio **

De igual forma, en el acto reclamado, materia

de la litis del presente juicio de amparo directo,

consistente en la sentencia dictada el treinta y uno de

agosto de dos mil dieciséis, en los autos del juicio de

nulidad **por la Sala Regional Sur del Estado de México

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se

desprende, en lo que aquí interesa, que la responsable

analizó y aplicó contra los intereses del promovente el

contenido del artículo 16, apartado A, fracción III, de la

Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil

quince, determinando, entre otras cosas, que el actor

no podía solicitar la devolución del impuesto especial

sobre producción y servicios por consumo de diésel

hasta por la cantidad de *

En tales condiciones, queda de manifiesto que

tanto en el procedimiento previo, como en la sentencia


�

3535

reclamada se aplicó en perjuicio del hoy quejoso el precepto que estima inconstitucional.

Por lo que, tal como se adelantó, este tribunal

considera procedente el estudio de constitucionalidad

planteado en los conceptos de violación respecto de la

constitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción

III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el

ejercicio fiscal dos mil quince.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia

2a./J. 152/2002 de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena

Época del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, tomo XVII, en enero de 2003, página 220, de

rubro y texto siguientes:

“AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el artículo 73, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución


36

de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación”.

Ahora, bien en el segundo concepto de violación, el quejoso plantea la inconstitucionalidad del

artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil

quince, al considerar que transgrede el principio de

equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV,

constitucional.

Para ello, el accionante del amparo, en

principio, indica que un estímulo fiscal sí es susceptible

de analizarse a la luz de los principios de justicia fiscal,

de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

número 2ª./J.26/2010 de rubro: “ESTÍMULOS

FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE

JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES

CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS

ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.”

Después, la parte quejosa explica en qué

consiste el principio de equidad tributaria establecido en

la fracción IV, del artículo 31 constitucional y

posteriormente indica que para demostrar la violación al

principio de equidad tributaria es necesario analizar los


�

3737

siguientes elementos: A) que las personas a comparar

se encuentren en una situación de igualdad, B) que la

ley que se reclama establece un trato diferenciado entre

dichas personas, y C) Que dicha diferenciación

legislativa no tiene justificación constitucional o resulta

violatoria del principio de proporcionalidad en sentido

amplio.

Así, señala que en el caso existe igualdad entre

las personas a las que va dirigido el estímulo fiscal

previsto en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la

Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince,

porque de la interpretación de la mencionada fracción

con la diversa fracción I de ese numeral, se obtiene que

el estímulo fiscal se otorga tanto a personas físicas

como a personas morales con las siguientes

características:

a. Que realicen actividades empresariales,

excepto minería.

b. Que para determinar su utilidad puedan

deducir el diésel que adquieran para su consumo final.

c. Que adquieran diésel para el consumo final

en las actividades agropecuarias o silvícolas.

d. Que sus ingresos en el ejercicio inmediato

anterior no hayan excedido de veinte veces el salario


contribuyente elevado al año (personas físicas).


38

e. Que sus ingresos en el ejercicio inmediato



contribuyente elevado al año, por cada uno de los

socios o asociados, sin exceder de doscientas veces

dicho salario mínimo (personas morales).

Que así, del propio artículo se desprende la

igual situación en la que se encuentran las personas

físicas y morales a las que se les otorga el estímulo

fiscal, consistente en solicitar la devolución del

impuesto especial sobre producción y servicios que

tuvieran derecho a acreditar, en razón de que, las

personas a las que va dirigido el estímulo tienen

características que los hacen sustancialmente iguales,

tales como que todas deben realizar actividades

empresariales, específicamente agropecuarias y

silvícolas, que el diésel que adquieran para su consumo

final lo destinen a la realización de actividades

agropecuarias o silvícolas y que su nivel de ingresos

sea hasta de veinte veces el salario mínimo general


elevado al año.

Lo anterior, sin hacer distinción entre el régimen

fiscal en el cual tributen las personas físicas o morales,

pues con independencia de ello, todas las que tengan

las características antes mencionadas, se encuentran

en una situación esencialmente igual.


�

3939

Por ello, con independencia del régimen fiscal

en el cual tributan las personas físicas o morales, todas

las que tengan las características antes mencionadas

se encuentran en una situación esencialmente igual,

por lo que deberían obtener el mismo trato frente a la

ley.

Consecuentemente, considera que las

personas que realizan actividades agropecuarias o

silvícolas y para ello utilizan diésel que adquieren como

consumidores finales, cuyos ingresos no excedan del

monto antes mencionado, se encuentran en una misma

situación, aunque el régimen en el que tributen sea el

régimen de actividades empresariales o profesionales,

el régimen de incorporación fiscal o el régimen de

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras, pues todas ellas forman un sector

estratégico que el Estado consideró oportuno apoyar

mediante el estímulo fiscal de referencia.

Después explica, que la ley que se reclama

establece un trato diferenciado entre las personas que

tributan en el régimen de actividades ganaderas,

silvícolas y pesqueras, respecto de personas que

tributan en el régimen de actividades empresariales o

profesionales o en el régimen de incorporación fiscal, o

bien, las personas morales que tributan en el régimen

de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras, en relación al monto máximo que se deberá


40

devolver por concepto de impuesto especial sobre

producción y servicios, que tengan derecho a acreditar

mensualmente dichas personas.

Al respecto, precisa que la diferencia normativa

radica en que el artículo 16, apartado A, fracción III, de

la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio

fiscal dos mil quince, establece un tope máximo que se

podrá devolver por concepto de impuesto especial

sobre producción y servicios que tenga derecho a

acreditar mensualmente, pero que el tope varía

dependiendo del régimen en el que tributen.

Así, las personas físicas que tributen en el

régimen de actividades empresariales o profesionales o

el régimen de incorporación fiscal podrán solicitar la

devolución de hasta * el que también podrán solicitar

las personas morales que tributen conforme al régimen

de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras, por cada uno de los socios o asociados, sin

que en este último caso exceda en su totalidad de

**mensuales; pero que las demás personas físicas o

morales que sean sujetos del estímulo, conforme a las

características de identidad o igualdad explicadas en

párrafos precedentes, únicamente podrán solicitar la

devolución del impuesto especial sobre producción y

servicios hasta por la cantidad de *

Así, estima que el artículo reclamado trata de

manera diferente a personas que integran el grupo


�

4141

beneficiado con el estímulo fiscal, pues establece

montos máximos de devolución del impuesto especial

sobre producción y servicios, dependiendo del régimen

en el que tributen, siendo de mayor cantidad el que se

permite para las personas físicas que tributan en el

régimen de actividades empresariales o profesionales y

en el régimen de incorporación fiscal y para personas

morales que tributan en el régimen de actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que el que

se permite solicitar a las demás personas físicas o

morales que, siendo sujetos del estímulo, no cumplen

con sus obligaciones fiscales conforme a dichos

regímenes.

De ahí que, a su juicio, el precepto tachado de

inconstitucional no respeta ni garantiza el derecho

humano a la igualdad y su especie de equidad

tributaria, entre las personas físicas que realizan

actividades empresariales agropecuarias o silvícolas

que adquieran diésel para consumo final para la

realización de esas actividades y que su nivel de

ingresos hubiese sido de hasta veinte veces el salario


contribuyente elevado al año, dado que las trata de

manera diferente, dependiendo de si tributan en el

régimen de actividades ganaderas, silvícolas y

pesqueras, en el régimen de actividades empresariales

o profesionales o en el régimen de incorporación fiscal;

situación que propicia una distinción injustificada entre

dichos sujetos que se encuentran en una situación de


42

igualdad, que tiene como resultado menoscabar el goce

y ejercicio del derecho a disminuir su carga tributaria.

Aunado a ello, el quejoso refiere que la

diferenciación legislativa que contiene la norma

reclamada, no persigue una finalidad

constitucionalmente válida, por lo que resulta violatoria

del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

Para justificar su afirmación, el quejoso explica

que en este aspecto la Suprema Corte de Justicia de la

Nación acude a un control de proporcionalidad en

sentido amplio, conforme al cual, la norma tiene que

superar el juicio de congruencia o idoneidad, el de

necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, a

fin de determinar si el fin de la norma para establecer

un trato desigual, es legítimo y si existe una relación de

proporcionalidad entre los medios empleados para

alcanzar dicho fin.

En ese tenor, prosigue, cuando se da un caso

en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos,

sucesos, personas o colectivos, se debe analizar si

dicha situación descansa en una base objetiva y

razonable o si, por el contrario, constituye una

discriminación constitucionalmente válida.

Después añade que, en aplicación del control

de proporcionalidad, deben examinarse diferentes

aspectos, los cuales explica y define con base en los


�

4343

lineamientos dados por la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, así como el tipo de motivación legislativa que

debe existir según la desigualdad establecida en la ley,

esto es, si vulnera derechos humanos o constituye una

“categoría sospechosa” y el tipo de escrutinio –estricto

u ordinario- que debe llevarse a cabo, a efecto de

examinar la constitucionalidad de las normas, a la luz

del principio de igualdad previsto en el artículo 1

constitucional.

Hecho lo anterior, indica que debe tenerse en

cuenta que la diferenciación normativa que se analiza

en el caso se refiere a la obtención de los beneficios

fiscales, cuyo otorgamiento se encuentra orientado al

logro de la política económica o social adoptada en una

época determinada, que pueden equipararse o

sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por

objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en

cuanto a la recaudación de tributos y el impulso de

sectores económicos, como el de personas que al igual

que el quejoso, se desenvuelven en actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y se

justifican en razones de interés público y que, por tanto,

su establecimiento se da con una intención promocional

en cumplimiento a la Constitución.

Señala, que el sector al que pertenece

constituye un sector vulnerable que debe ser

considerado para efectos de la distinción en un estímulo

fiscal como el que reclama, tan es así, que a través del


44

Plan Nacional de Desarrollo publicado en el Diario

Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil

trece, se reconoce que “el campo es un sector

estratégico, a causa de su potencial para reducir la

pobreza e incidir sobre el desarrollo regional” y que “la

capitalización del sector del ser fortalecida” asimismo,

busca proveer condiciones favorables para el desarrollo

económico enfocadas a generar innovación y

crecimiento en sectores estratégicos como en


pesqueras.

Para evidenciar lo dicho, la parte quejosa

transcribe la parte conducente del Plan Nacional de

Desarrollo para el periodo 2013-2018, del que se puede

observar que el campo o las actividades agrícolas

constituyen un sector estratégico que debe ser

impulsado a fin de reducir la pobreza e incidir en el

desarrollo nacional, motivo por el cual, tratándose de

estímulos como el reclamado, debe justificarse

cualquier distinción entre los sujetos a los que va

dirigido el estímulo fiscal, por lo que en este caso es

aplicable un escrutinio estricto respecto a la finalidad

perseguida por el legislador, para determinar si la

diferencia de trato se encuentra justificada

constitucionalmente, o si por el contrario, constituye un

acto discriminatorio.

Sin embargo, destaca que en el debate

parlamentario, el legislador no proporcionó mayor


�

4545

motivación objetiva y adecuada que justificara la

distinción del estímulo concedido a las personas que

realizan actividades empresariales (específicamente las

agropecuarias y silvícolas), para que el diésel que

adquieren para su consumo final lo destinen a la

realización de dichas actividades agropecuarias o

silvícolas y que su nivel de ingresos sea hasta de veinte

veces el salario mínimo general correspondiente al área

geográfica del contribuyente elevado al año, sin que de

la revisión realizada a los archivos en los que consta el

procedimiento legislativo de creación de la norma en

comento se desprenda la razón.

En ese sentido, señala que del procedimiento

legislativo se desprende que el estímulo fiscal

establecido en el artículo 16, apartado A, fracción III,

párrafo segundo, de la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio fiscal dos mil quince, se

reconoció por primera ocasión en la Ley de Ingresos de

la Federación vigente en el ejercicio fiscal del año dos

mil, en donde el legislador indicó que las personas que

adquirieran diésel para su consumo final en las

actividades agropecuarias o silvícolas, podrían solicitar

la devolución del impuesto especial sobre producción y

servicios que tuvieran derecho a acreditar, sin que para

ello, incluyera mayor motivación para efectuar la

distinción de la que se duele, esto es, de las razones

para otorgarle un mayor beneficio a un sector en

específico, o bien, para personas físicas que tributan en

regímenes diferentes.


46

Que debido a eso, no existe justificación para

que personas físicas, como lo es su caso, inscritas en el

régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas

y pesqueras, tengan un impulso económico menor, no

obstante que el régimen en el que tributan sea respecto

de un sector vulnerable y más necesitado; resultando

evidente la injusticia fiscal otorgada frente a las

personas físicas que realizan actividades agropecuarias

y silvícolas, pero que están inscritas en el régimen de

actividades empresariales o profesionales, o en el

régimen de incorporación fiscal, e incluso, respecto de

las personas morales que están inscritas en el mismo

régimen que la quejosa, esto es, en el régimen de


pesqueras, pues a éstas se les permite solicitar en

devolución hasta la cantidad de * mensuales.

Así, menciona que el estímulo fiscal de que se

trata fue dirigido a todas aquellas personas que tuvieran

actividades agropecuarias o silvícolas, sin embargo, sin

justificación alguna estableció una diferencia o un

beneficio menor respecto de aquellas personas físicas

que tributan en los regímenes establecidos en las

secciones I o II del título IV de la Ley del Impuesto

sobre la Renta, siendo precisamente que fue para ese

sector que se implementó el estímulo fiscal.

Por ello, considera que la autoridad legislativa

no aportó los elementos necesarios para hacer un


�

4747

escrutinio estricto de la norma reclamada, por lo que

válidamente se puede afirmar que la norma no tiene

justificación alguna a la cual aplicar el juicio de

razonabilidad, y por ende, el estudio de los demás

pasos para el control de proporcionalidad en sentido

amplio, tales como analizar que la diferenciación

cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo

buscado y que la medida legislativa de que se trate

guarde una relación razonable con el fin que se procura

alcanzar.

De ahí que, a su juicio, la norma reclamada no

supere el juicio de proporcionalidad.

Aduce el quejoso que no obstante que es nula

la motivación legislativa, es posible demostrar que la

distinción establecida en la norma reclamada no es

conforme a la Constitución, pues es discriminatoria y

violatoria del principio de equidad tributaria.

En ese rubro, indica que de entrada se debe

determinar si existe una finalidad objetiva y

constitucionalmente válida para la distinción introducida

por el legislador ordinario en la norma reclamada, ya

que el legislador no puede introducir tratos desiguales

de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin

de avanzar en la consecución de objetivos admisibles

dentro de los límites marcados por las normas

constitucionales o expresamente incluidos en ellas.


48

Pero que no se desprende el objetivo para

introducir la diferenciación, porque no se establece una

finalidad constitucionalmente válida que justifique una

diferencia sobre el estímulo otorgado a los

consumidores finales del diésel que pretendan solicitar

la devolución del impuesto especial sobre producción y

servicios que tengan derecho a acreditar.

De ahí que no sea constitucional la distinción

contemplada en el precepto legal, al no establecer un

razonamiento o una justificación para tal efecto, por lo

que la norma no supera el test de proporcionalidad, ya

que al ser sometida al escrutinio estricto, no cumple con

el primer paso, consistente en tener una finalidad

objetiva y constitucionalmente válida; razón por la cual,

la distinción que introduce debe considerarse un acto

discriminatorio y, por ende, violatorio del principio de

equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV,

constitucional (sic).

Aunado a que tampoco se cumple con el

segundo requisito, relativo a que la distinción esté

racionalmente conectada con el fin que se persigue,

pues es claro que la relación de instrumentalidad no

existe ya que la distinción combatida introducida por el

legislador, no cuenta con finalidad alguna o el legislador

fue omiso en exponerla, ni se cumple con el tercer paso

del test de proporcionalidad en sentido amplio,


�

4949

conforme al cual debe cumplirse con el requisito de

proporcionalidad en sentido estricto.

En suma, considera el quejoso que la distinción

en el trato que se reclama en el concepto de violación,

transgrede en su perjuicio el principio de equidad

tributaria, pues no se encuentra soportada en una razón

objetiva y válida que así lo justifique, aunado a que la

medida no es razonable ni proporcional, lo que

evidencia un trato inequitativo de la ley.

En el tercer concepto de violación, la parte

quejosa plantea la inconstitucionalidad del artículo 16,

fracción III, apartado A, de la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio dos mil quince, al ser

violatorio del derecho humano a la igualdad jurídica

reconocido en el artículo 1 constitucional, así como en

los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

Precisa que la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha establecido en

jurisprudencia que los beneficios fiscales cuyo

otorgamiento se encuentra orientado al logro de la

política económica o social adoptada en una época

determinada, pueden equipararse o sustituirse por

subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario

plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la

recaudación de tributos y se justifican en razones de

interés público. Que los beneficios fiscales no obedecen


50

a una exigencia constitucional de justicia tributaria, sino

que su establecimiento se da con una intención

promocional en cumplimiento a la Constitución, por lo

cual, las normas que establecen los beneficios fiscales

equiparados a subvenciones públicas, no tienen que

juzgarse conforme al artículo 31, fracción IV,

constitucional, pues su otorgamiento no obedece a

razones de justicia tributaria. Pero que ello no implica

que tales normas escapen al control de la

constitucionalidad, ya que la delimitación de quiénes

pueden contar con tal beneficio y su implementación,

excluyendo o incluyendo a determinados sectores de

personas, desde luego puede analizarse desde el

ámbito más amplio que corresponde al derecho

fundamental de igualdad.

Argumentos que apoya en las tesis de rubro:

“CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS

NORMAS QUE LAS PREVEN NO SE RIGEN POR EL

PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”,

“CONCEPTOS ACREDITABLES CONTRA

IMPUESTOS FEDERALES. SI SU ESTABLECIMIENTO

ES OTORGADO A TÍTULO DE BENEFICIO, LES

RESULTA APLICABLE LA GARANTÍA GENERAL DE

IGUALDAD.” y “EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE

RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO

DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES

LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO


�

5151

ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUÉL

PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN

ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE

IGUALDAD.”

Por ese motivo, el quejoso señala que la

constitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción

III, de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil

quince, debe ser estudiada a la luz del derecho humano

a la igualdad.

En ese sentido, explica que el artículo 1

constitucional establece la prohibición de toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades

de las personas.

Que el derecho humano a la igualdad ha sido

interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en el sentido de que se

configura por distintas facetas que, aunque son

interdependientes y complementarias entre sí, puede

dividirse conceptualmente en dos modalidades.

La igualdad formal o de derecho, que es una

protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se


52

compone a su vez de la igualdad ante la ley, entendida

en dos aspectos:

1) Como uniformidad en la aplicación de la

norma jurídica por parte de todas las autoridades; y

2) Como igualdad en la norma jurídica, que va

dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que

consiste en el control del contenido de las normas, a fin

de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación

constitucional o violatorias del principio de

proporcionalidad en sentido amplio.

Que el derecho a la igualdad en su aspecto

formal o de derecho, obliga a que las normas jurídicas

sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas

que se encuentren en una misma situación y a evitar

diferenciaciones legislativas, sin justificación

constitucional o violatorias del principio de

proporcionalidad en sentido amplio y que las

violaciones a este tipo de igualdad (formal o de

derecho), dan lugar a actos discriminatorios directos,

cuando la distinción en la aplicación o en la propia

norma obedece explícitamente a un factor prohibido o

no justificado constitucionalmente.

Que la igualdad sustantiva o de hecho, radica

en alcanzar la paridad de oportunidades en el goce y

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de

todas las personas, lo que conlleva a que en algunos


�

5353

casos sea necesario remover o disminuir los obstáculos

sociales, políticos, culturales, económicos o de

cualquier otra índole que impidan a los integrantes de

ciertos grupos sociales vulnerables, gozar y ejercer de

manera real y efectiva sus derechos humanos en

condiciones de paridad con otro conjunto de personas o

grupo social. Que esta faceta de la igualdad, impone a

las autoridades del Estado llevar a cabo ciertos actos

que tiendan a obtener una correspondencia de

oportunidades entre distintos grupos sociales y sus

integrantes, con el resto de la población, por lo que se

cumplen a través de una serie de medidas de carácter

administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que

tengan como finalidad evitar que se siga produciendo

una diferenciación injustificada o que se reviertan los

efectos de la marginación histórica o estructural. Que a

estas medidas se les puede catalogar como acciones

positivas o de igualación positiva.

Sigue diciendo que a efecto de analizar si una

norma respeta el derecho humano de igualdad jurídica,

la Suprema Corte de Justicia de la Nación acude a un

control de proporcionalidad en sentido amplio, para lo

cual la norma tendría que superar el juicio de

congruencia o idoneidad, el de necesidad y el de

proporcionalidad en sentido estricto, a fin de determinar

si el objeto de la norma para establecer un trato

desigual es legítimo y si existe una relación de

proporcionalidad entre los medios empleados y dicho

fin.


54

Tomando en cuenta lo anterior, el quejoso

aduce que el precepto reclamado puede ser sometido al

escrutinio del principio de igualdad.

Esto, porque el artículo 16, apartado A, fracción


ejercicio fiscal dos mil quince, introduce un tratamiento

diferenciado entre las personas físicas que se

encuentran en la misma situación de hecho, esto es,

aquellas que adquieran diésel para su consumo final y

que soliciten la devolución del impuesto especial sobre

producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar,

sin que para ello se tenga una finalidad

constitucionalmente justificada, por lo que dicho trato

diferenciado constituye un acto de discriminación

contrario a la constitución.

Así, a efecto de demostrar la violación al

principio de igualdad tributaria, el quejoso reitera los

argumentos que expuso en el segundo concepto de

violación, donde señala que la norma no da un trato

igual a personas que se encuentran en igualdad de

circunstancias, según el análisis que hizo bajo los

elementos que identificó como los siguientes incisos: a)

Que las personas a comparar, se encuentran en una

situación de igualdad, b) Que la ley que se reclama

establece un trato diferenciado entre dichas personas y

c) Que dicha diferenciación legislativa no tiene


�

5555

justificación constitucional o resulta violatoria del

principio de proporcionalidad en sentido amplio.

Son parcialmente fundados los conceptos de

violación resumidos pero suficientes para conceder el

amparo y protección de la Justicia Federal.

Así, en principio, son infundados los

argumentos donde se aduce que el artículo 16,

apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de

Ingresos de la Federación para dos mil quince,

transgrede el principio de equidad tributaria previsto en

la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Para justificar esa calificativa, se estima

necesario acudir a los razonamientos vertidos por la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al resolver el amparo en revisión *, ejecutoria en

la que, en lo que interesa, señaló:

Que los estímulos fiscales son prestaciones

económicas concedidas a una persona que puede

hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo,

con el objeto de obtener por medio de ese beneficio un

fin parafiscal o extrafiscal.

De la anterior conceptualización, señaló la


Nación que de los estímulos fiscales, se pueden

identificar sus elementos, al precisar lo siguiente:


56

1. El beneficiario debe ser contribuyente del

impuesto. Este elemento es fundamental porque el

estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las

cargas tributarias que pesan sobre él.

2. La situación especial del sujeto beneficiado

establecida en abstracto en la disposición legal que

otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al

derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento

de dicho estímulo en su favor.

Que los estímulos fiscales, a pesar de su

denominación tributaria, no siempre quedan integrados

a la estructura de la contribución, debido a que el

Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos

eficientes para alcanzar sus fines públicos; es decir, por

facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica

de la contribución para disminuir la carga impositiva,

siendo este último el beneficio económico que recibe el

gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra

forma como la entrega directa del monto dinerario o que

se disminuya el precio de la adquisición de un bien o

servicio.

Así, sostuvo, que la característica principal de

este tipo de beneficios es que el legislador no trata de

medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos

obligados, de hecho, por la forma en que se integran,

los estímulos fiscales sin relevancia impositiva atienden


�

5757

a factores que no guardan relación con el hecho

imponible o los demás elementos cuantitativos del

tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación

misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el

sujeto obligado y la carga económica que tiene que

cubrir.

Como ejemplos de tales estímulos fiscales,

invocó la resolutora las tesis relativas a la definición de

la naturaleza del subsidio para el empleo; la proporción

prevista en el artículo 114, párrafo cuarto de la Ley del

Impuesto sobre la Renta (subsidio acreditable); y el

crédito al salario.

En cambio, continuó la Segunda Sala del

Máximo Tribunal, los estímulos fiscales típicos actúan

junto a los elementos esenciales del tributo o se

integran a su mecánica, de ahí que son relevantes para

graduar el monto económico que se detrae al

contribuyente, afirmación que apoyó en el contenido de

la jurisprudencia 2ª./J. 26/2010, de rubro y texto

siguientes:

“ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo


58

nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto.”20

Así, prosiguió, la distinción entre ambos

estímulos fiscales no radica en su relación con la carga

tributaria que tienen que soportar los gobernados por

virtud de las contribuciones, pues esta situación se

presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; sin embargo, no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente.

Esta diferenciación, dijo, es útil para analizar si

son aplicables los principios de justicia fiscal al estímulo

como expresión particular de ciertos derechos

fundamentales, o bien deben sujetarse a éstas en una

20 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXI, marzo de 2010, página 1032.


�

5959

connotación más amplia, porque si el beneficio fiscal

mide la capacidad económica del sujeto obligado o

integra esta valoración, es idóneo su estudio a la luz de

los principios de justicia fiscal, pues a partir de este

hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la

equidad en el sentido de verificar si los recursos que

aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a

otros sujetos se les da un trato preferente en el pago

respectivo; y si el estímulo no está inmerso en la

medición del hecho imponible o en cualquier otro de los

elementos, es lógico que no puede apegarse a los

principios de justicia tributaria porque no se logrará su

adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de

beneficios fiscales surgen con datos o elementos

ajenos a la estructura de la contribución.

Con base en lo expuesto, concluyó la Segunda

Sala del Máximo Tribunal que el artículo 16, fracción

VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el

ejercicio fiscal dos mil ocho21, contiene un estímulo

21 “Artículo 16. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2008, se estará a lo siguiente:(...)

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo que se deba enterar, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.

El acreditamiento de los gastos a que hace referencia esta fracción se realizará únicamente contra el impuesto que corresponda en los pagos provisionales del ejercicio


60

fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto

sobre la renta —con el cual se acredita—, ya que no se

adhiere a alguno de sus elementos esenciales como

objeto, base, tasa o tarifa o integra su mecánica.

En esa perspectiva, debe ahora tenerse

presente el contenido del artículo 16, Apartado A, fracción III, último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación de dos mil quince, texto impugnado por

la parte quejosa, el cual indica:

“Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2015, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales: (…)

III. Las personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

en que se realicen dichos gastos o contra el impuesto del propio ejercicio, en el entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio.

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable al transporte privado de carga, de pasajeros o al transporte doméstico público o privado, efectuado por contribuyentes a través de carreteras o caminos del país.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este beneficio.

(…).”


�

6161

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

(…)”

Del texto transcrito se observa que el estímulo

fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracción


ejercicio fiscal de dos mil quince, materializado a través

de una devolución, se otorga a personas que adquieran

diésel para su consumo final en las actividades

agropecuarias o silvícolas, por lo que dichos factores

son ajenos al impuesto especial sobre producción y

servicios, en virtud de que no se adhieren a sus

elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o

integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe

llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de

justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción

IV, constitucional, sino de los derechos fundamentales

consagrados en la Constitución.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la

jurisprudencia número 2a./J. 185/2010 de la propia


62


Nación, que a la letra dice:

“ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un


�

6363

acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diésel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales”.22

Luego, debe colegirse que como el estímulo

fiscal de que se trata no incide en la mecánica de

tributación del impuesto especial sobre producción y

servicios ni del impuesto sobre la renta, con el que se

encuentra relacionado; entonces al análisis de los

argumentos de distinción que plantea la parte quejosa

deben analizarse a la luz del principio de igualdad

previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal, con

base en los propios motivos de disenso que destaca.

Apoya la anterior consideración, la

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación publicada con el número

1a./J.97/2006 en la página 231 del tomo XXV

correspondiente al mes de enero de 2007, de la novena

época del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta; cuyo rubro y texto es el siguiente:

22 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXII, diciembre de 2010, página 497.


64

“EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad.”

Por tanto, no tiene razón el quejoso cuando

afirma que el precepto combatido puede ser

confrontado con el principio de equidad tributaria a que

alude el artículo 31, fracción IV, de la Constitución

General de la República porque el estímulo fiscal de


�

6565

que se trata no incide en la mecánica de tributación del

impuesto especial sobre producción y servicios ni del

impuesto sobre la renta.

A pesar de ello, como se verá más adelante, la

parte quejosa sí proporciona el parámetro de

comparación o medida válida, para juzgar si existe o no

alguna discriminación, por ende, este tribunal cuenta

con elementos necesarios que sirven como criterio

metodológico para llevar a cabo el control de la

constitucionalidad del precepto legal que estima

contrario al derecho fundamental de igualdad previsto

en el artículo 1 constitucional.

Al respecto es aplicable en lo conducente, la

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, publicada con el número

1a./J.47/2016 (10ª) en la página 439, libro 34,

Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto

es el siguiente:

“IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. En la medida en que la definición conceptual del principio de igualdad formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la


66

Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, exige como requisito previo al juicio de igualdad que se proporcione un término de comparación, esto es, un parámetro o medida válida a partir de la cual se juzgará si existe o no alguna discriminación y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas que se consideren contrarias al referido principio. Así, si en los conceptos de violación no se proporciona dicho término de comparación, entonces deben calificarse como inoperantes, pues no existen los requisitos mínimos para atender a su causa de pedir.”

A continuación se procede al estudio respectivo

en términos del artículo 1o. constitucional, el cual, en la

parte que interesa, señala:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."

El derecho de referencia, se erige como uno de

los valores superiores del orden jurídico mexicano y se

cimenta en la idea de colocar a los particulares en


�

6767

condiciones tales que puedan acceder a otros bienes y

derechos superiores protegidos constitucionalmente,

eliminando cualquier situación de desigualdad

manifiesta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

sostenido de manera reiterada que el derecho

fundamental de igualdad no implica que todos los

gobernados deban encontrarse siempre, en todo

momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones

de absoluta igualdad, sino que se traduce en el derecho

de unos a recibir el mismo trato que aquellos que se

encuentran en similar situación de hecho, de tal modo

que no tengan que soportar un perjuicio o privarse de

un beneficio.

En esos términos, no toda desigualdad de trato

es violatoria del derecho fundamental de igualdad, sino

sólo cuando produce una distinción entre situaciones

objetivas y de hecho comparables, sin que exista para

ello una justificación objetiva y razonable.

Ahora, el control de la constitucionalidad de las

normas que se estiman violatorias del derecho de

igualdad, no se reduce a un juicio abstracto de

adecuación entre la norma impugnada y el precepto

constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye

otro régimen jurídico que funciona como punto de

referencia, a la luz de un término de comparación

relevante para el caso concreto.


68

Por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación definió los criterios que deben

seguirse para determinar si una disposición es violatoria

del derecho fundamental de igualdad, en la

jurisprudencia de la novena época publicada con el

número 2a./J.42/2010, en la página 427 del tomo XXXI,

correspondiente al mes de abril de 2010, que señala:

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.-La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del


�

6969

legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."

Así, al examinar si una norma respeta el

derecho de igualdad, se debe verificar lo siguiente:


70

1) Que exista un término de comparación

apropiado, el cual permita ponderar a los sujetos o

grupos de individuos desde un punto de vista

determinado. A partir de ello, determinar si se presenta

una diferencia de trato entre quienes se ubiquen en una

situación comparable; en caso de que los sujetos

comparados no sean iguales o no sean tratados de

manera desigual, no existirá violación al derecho de

igualdad;

2) De existir esa situación análoga y la

diferencia de trato, que esta última obedezca a una

finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida;

3) Que la distinción sea un instrumento

adecuado para alcanzar la finalidad u objetivo; y,

4) Por último, que la medida sea proporcional,

es decir, que guarde una relación razonable con el fin

que se procura alcanzar, de manera que el trato

desigual resulte tolerable, teniendo en cuenta la

importancia del fin perseguido.

En el caso concreto, el trato desigual

denunciado como inconstitucional, se origina en la

norma regulatoria del estímulo fiscal de las personas

que realicen actividades agropecuarias o silvícolas,

incluidas las empresariales y que para determinar su


�

7171

utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su

consumo final, contenido en el artículo 16, apartado A,

fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para

el ejercicio fiscal dos mil quince, en relación con lo

dispuesto en la fracción I de ese numeral, lo que hace

necesario conocer el texto integral de esa norma, que

es el siguiente:

“Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2015, se estará a lo siguiente:

A.En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación del diésel en términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto


72

Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

En los casos en que el diésel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diésel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.

Tratándose de la enajenación de diésel que se utilice para consumo final, las personas que enajenen diésel en territorio nacional o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las personas que enajenen diésel en territorio nacional hubieran causado por la


�

7373

enajenación de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.

III. Las personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a **pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta **pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a *pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de **pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso


74

podrán solicitar la devolución de hasta **pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de *pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2015 y enero de 2016.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diésel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.


�

7575

[…]”

Aquí, cabe recordar que la quejosa sostiene

esencialmente que existe igualdad entre las personas a

las que va dirigido el estímulo fiscal previsto en el


Ingresos de la Federación para dos mil quince, porque

se otorga tanto a personas físicas como a personas

morales con las siguientes características:

a. Que realicen actividades empresariales,

excepto minería.

b. Que para determinar su utilidad puedan

deducir el diésel que adquieran para su consumo final.

c. Que adquieran diésel para el consumo final

en las actividades agropecuarias o silvícolas.

d. Que sus ingresos en el ejercicio inmediato



contribuyente elevado al año (personas físicas).

e. Que sus ingresos en el ejercicio inmediato



contribuyente elevado al año, por cada uno de los

socios o asociados, sin exceder de doscientas veces

dicho salario mínimo (personas morales).


76

También, aduce que pese a que esas personas

pertenecen a un mismo grupo, la ley que reclama

establece un trato diferenciado, pues prevé un tope

máximo que se podrá devolver a las personas físicas o

morales en forma mensual, por concepto de impuesto

especial sobre producción y servicios, pero que el tope

varía dependiendo del régimen fiscal en el que tributen

las personas.

Pues las personas físicas que tributen en el

régimen de actividades empresariales o profesionales o

el régimen de incorporación fiscal, podrán solicitar la

devolución de hasta **el que también podrán solicitar las personas morales que tributen conforme al


y pesqueras, por cada uno de los socios o asociados

sin que en este último caso exceda en su totalidad de *

mensuales.

En tanto que las demás personas físicas o morales que sean sujetos del estímulo, únicamente

podrán solicitar la devolución del impuesto especial

sobre producción y servicios hasta por la cantidad de

**mensuales.

Por ello, considera que el artículo reclamado

trata de manera diferente a personas que integran el

mismo grupo beneficiado con el estímulo fiscal, sin que

exista una razón objetiva que haya expuesto el

legislador que justifique esa diferencia de trato, lo que


�

7777

trae como consecuencia que el precepto tachado de

inconstitucional, sea contrario al derecho humano a la

igualdad.

Tomando en cuenta las premisas mencionadas,

a continuación se emprenderá el análisis de igualdad

siguiendo los parámetros definidos por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

jurisprudencia 2a./J.42/2010, transcrita líneas arriba.

1) Primero, resulta imprescindible determinar si el parámetro de comparación sugerido por la parte quejosa es adecuado para llevar a cabo un juicio de igualdad entre los sujetos comparados y determinar si existe o no un tratamiento diferenciado que, en su caso, se encuentre justificado, de conformidad con los criterios para estimar cuándo se cumple con el derecho de igualdad.

En el primer aspecto, la parte quejosa sostiene

que existe igualdad entre las personas a las que va

dirigido el estímulo fiscal, previsto en la fracción III, del

apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la

Federación para el dos mil quince, pues todas las

personas a quienes se dirige deben realizar actividades

empresariales, de variada índole pero que de alguna

manera estén relacionadas con las materias

agropecuarias o silvícolas; y que el diésel que

adquieran para su consumo final lo destinen a esas


78

actividades y que su nivel de ingresos sea de hasta

veinte veces el salario mínimo general correspondiente

al área geográfica del contribuyente elevado al año.

A juicio de este tribunal, el parámetro de

comparación señalado es adecuado, en la medida en

que versa sobre situaciones de hecho que son

homologables, pues atendiendo al contenido de la

fracción III en relación con el texto de la fracción I del

artículo tachado de inconstitucional, se obtiene que

gozarán del estímulo fiscal que ahí se regula, las

siguientes personas:

1. Las físicas o morales que realicen

actividades agropecuarias y silvícolas, incluidas quienes

realicen actividades empresariales de variadas índole

pero que de alguna manera estén relacionadas con

estas materias.

2. Que para determinar su utilidad fiscal puedan

deducir el diésel que adquieran para consumo final,

siempre que se utilice exclusivamente como

combustible en maquinaria en general, excepto en

vehículos.

3. Que los ingresos de las personas físicas en

el ejercicio inmediato anterior no haya excedido veinte

veces el salario mínimo general correspondiente al área

geográfica del contribuyente elevado al año y

tratándose de personas morales aquellas cuyos


�

7979

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan

excedido veinte veces el salario mínimo general


elevado al año, por cada uno de los socios o asociados.

Las personas que cumplan con esas

condiciones, de acuerdo con la fracción III del numeral

que se analiza, podrán solicitar la devolución del

impuesto especial sobre producción y servicios que

tuvieran derecho a acreditar, en términos de la fracción

II del citado numeral, en lugar de efectuar el

acreditamiento a que ésta misma se refiere.

Así, superado el citado presupuesto para

realizar el juicio de igualdad, debe determinarse si el

artículo tachado de inconstitucional establece una

distinción entre los sujetos mencionados.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que la

quejosa hace depender ese trato diferenciado, del

monto que la norma permite solicitar como devolución,

pues señala que puede presentarse el caso de que

unos sujetos obtengan la devolución del impuesto

especial sobre producción y servicios en un monto

mayor y otros en un monto menor, dependiendo del

régimen fiscal para el cual tributen; pues en algunos

supuestos el monto será de hasta **mensuales, y en

otros, será de hasta * mensuales.


80

En ese sentido, este tribunal estima que

ciertamente la norma impugnada establece una

distinción entre sus destinatarios, no obstante que

pertenecen a un mismo grupo.

Es así, porque el párrafo segundo de la fracción

III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos

de la Federación para el dos mil quince, determina que

en ningún caso el monto de la devolución podrá ser

superior a ** mensuales por cada persona física, salvo

que se trate de personas físicas que cumplan con sus

obligaciones fiscales en los términos de las secciones I

o II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto

sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la

devolución de hasta * mensuales.

En tanto que en el párrafo cuarto de la citada

fracción se establece que tratándose de personas

morales que puedan solicitar la devolución, el monto de

la devolución no podrá ser superior a ** mensuales, por

cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en

su totalidad de ** mensuales, salvo que se trate de

personas morales que cumplan con sus obligaciones

fiscales en los términos del capítulo VIII del título II de la

Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán

solicitar la devolución de hasta * mensuales, por cada

uno de los socios o asociados, sin que en este último

caso exceda en su totalidad de *mensuales.


�

8181

Así, teniendo en cuenta lo dispuesto en los

párrafos mencionados, se concluye que el monto del

estímulo a otorgar será el siguiente:

a. De hasta *mensuales a cada persona física

que cumpla sus obligaciones fiscales en términos de las

secciones I y II del capítulo II del título IV de la Ley del

Impuesto sobre la Renta.

b. De hasta ** mensuales a cada persona física

que tribute en un régimen fiscal distinto al señalado en

el numeral que antecede, como lo es, el régimen de

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

contenido en el capítulo VIII del título II de la Ley del

Impuesto sobre la Renta.

c. Tratándose de personas morales de hasta **

mensuales por cada socio sin exceder el total de

**mensuales, siempre que cumplan sus obligaciones

fiscales en términos del capítulo VIII del título II de la

Ley del Impuesto sobre la Renta.

d. Tratándose de personas morales que tributen

en un régimen fiscal distinto al anterior, de hasta ***

mensuales, por cada socio, sin exceder el total de

*mensuales.

Lo que evidencia, que es cierto lo que afirma la

parte quejosa respecto a que las personas físicas que

tributen en el régimen de actividades empresariales o


82

profesionales o en el régimen de incorporación fiscal,

podrán solicitar la devolución de hasta * el que también

podrán solicitar las personas morales que tributen

conforme al régimen de actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas y pesqueras.

En tanto que las demás personas físicas o

morales que sean sujetos del estímulo, únicamente

podrán solicitar la devolución del impuesto especial

sobre producción y servicios hasta por la cantidad de *

mensuales.

Al existir ese trato diferenciado, procede ahora

analizar la validez constitucional de dicha distinción de

acuerdo a los estándares de contraste antes señalados.

2) Debe examinarse si la distinción obedece a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida.

En este punto, resulta útil recordar que -como

se explicó antes- los estímulos fiscales son

prestaciones económicas concedidas por el Estado a

una persona o grupo de personas, con el objeto de

apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social,

ante una situación de desventaja o desigualdad.23

23 Al respecto se puede consultar la jurisprudencia número 2ª./J.185/2010 de rubro: “ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL”, la cual ha


�

8383

Ahora, en el caso del estímulo fiscal que se

analiza, en el proceso legislativo que le dio origen se

observa que en la iniciativa de ley enviada por el

ejecutivo a la Cámara de Diputados, se estableció lo

siguiente:

“(…)Tal y como se ha planteado en años anteriores, se propone incluir en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación que se somete a ese Congreso de la Unión, diversos estímulos fiscales, dentro de los cuales es pertinente resaltar los siguientes:

El dirigido a diversos sectores de contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, entre los cuales destacan los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como el de autotransporte terrestre público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento del lEPS causado por la enajenación del propio diésel

El aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de personas o de carga que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, mismo que permite el acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del monto erogado por ese concepto.(…)”

Por otra parte, en el dictamen elaborado por la

Comisión de Hacienda y Crédito Público con relación a

la iniciativa de ingresos y el proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil quince, así como la iniciativa de Ley de

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos

quedado transcrita en esta ejecutoria.


84

mil quince, enviados por el ejecutivo federal en el

llamado paquete económico para el ejercicio fiscal dos

mil quince, se precisó lo siguiente:

“(…)Por otra parte, en la iniciativa que se dictamina se reiteran en el artículo 16, los estímulos fiscales propuestos en años anteriores, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

• El acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación del propio diésel para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, entre los que destacan los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como el de autotransporte terrestre público y privado de personas o de carga.

• El acreditamiento contra el ISR de hasta el 50 por ciento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota de los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.(…)CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN(…)Vigésima. Esta Comisión Legislativa está de acuerdo con el Ejecutivo Federal en la necesidad de dar continuidad a los estímulos y exenciones planteados por el Ejecutivo Federal; en ese sentido se consideran mantener, entre otros estímulos, los siguientes: • El acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación del propio diésel para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, entre los que destacan los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como el de autotransporte terrestre público y privado de personas o de carga. • El acreditamiento contra el ISR de hasta el 50 por ciento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota de los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.(…)”24


�

8585

Por su parte, la Cámara de Senadores, al dar

trámite al dictamen de las comisiones unidas de

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos,

con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley

de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos

mil quince; en lo que aquí interesa, consignó lo

siguiente:

“(…)A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador ****, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor de la propuesta. -EL C. SENADOR *: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Dos temas, compañeras senadoras, compañeros senadores que tienen que ver con el tema del campo. Venimos a ratificar el planteamiento que hace el compañero **, insistimos en que los estímulos se les tienen que seguir otorgando a los campesinos más pobres de este país.Todos sabemos que el 22 por ciento de la población que vive en zonas rurales, la agricultura es su principal fuente de trabajo y de ingresos.Sin embargo la degradación y erosión de la tierra de cultivo así como el agotamiento del agua para riego, afecta gravemente la capacidad de cultivar alimentos y satisfacer las necesidades de la población.Este problema, si bien es cierto, no es nuevo, constituye un eslabón más de perjuicios a este sector, una vez más el dictamen de la Ley de Ingresos para el 2015 deja latente la problemática de los productores del campo, al limitar las devoluciones del diésel para actividades agropecuarias o silvícolas. Según lo dispone el artículo 16 apartado A, fracción III, último párrafo y en total contrasentido a la exposición de motivos que pretende en palabras del análisis, discusión, valoración y consideraciones a la minuta, numeral XI página L señala, como objetivo de los estímulos del artículo 16, fomentar actividades que son

24 Gaceta Parlamentaria número 4134-II de dieciséis de octubre de dos mil catorce.


86

de interés general, puesto que promueven el crecimiento económico del país y el empleo, apoyan e impulsan las empresas de los sectores públicos y privados de la economía con criterios de equidad social y productividad con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población en términos del artículo 25 constitucional, dejando intacto el párrafo final de la fracción I que de facto elimina estos estímulos. Es decir, si nosotros revisamos la fracción III del artículo 16 vamos a ver que el beneficio existe, pero si nos vamos a la parte final del citado artículo, éste se elimina de facto. Primero dice, la fracción III, las personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de afectar al acreditamiento a que la misma se refiere siempre que cumpla con lo dispuesto en esta fracción. Luego la parte final dice: “Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para laenajenación de diésel de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo II A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios resulte negativa o igual a 0”. Es decir, Hacienda tiene ya dos años que este último párrafo lo están poniendo en 0 o en negativo. Por eso los agricultores que solicitan la devolución del tema del diésel, pues en la primera parte los ilusionan y en la parte final les matan las ilusiones diciendo que sí está el beneficio, pero que no se les puede dar ese beneficio. Es decir, un engaño de esta Ley de Ingresos. Por eso estamos proponiendo que este último párrafo se elimine y la Ley quede sin ese párrafo final.(…)”25

Así mismo, del dictamen correspondiente a la

minuta de Proyecto de decreto por el que se expide la

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal

25 Gaceta del Senado de la República correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil catorce.


�

8787

de dos mil quince, elaborado por las Comisiones Unidas

de Hacienda y Crédito Público y de Estudios

Legislativos, en la parte conducente se refirió:

“(…)DÉCIMA PRIMERA. Así también, las que Dictaminan consideran conveniente dar continuidad a los incentivos de autocorrección fiscal de los contribuyentes, así como a los estímulos y exenciones planteados por el Ejecutivo Federal y aprobados por la Colegisladora. De igual modo, estas Comisiones Dictaminadoras consideran pertinente la modificación hecha por la Colegisladora en el artículo 16 de la Minuta, para complementar los estímulos y beneficios propuestos por el Ejecutivo Federal, mediante la incorporación en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 de algunas de las medidas previstas en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013. Lo anterior, ya que estas Comisiones coinciden en mantener los beneficios fiscales propuestos por el Ejecutivo Federal e incorporar los ya mencionados, a fin de fomentar actividades que son de interés general, puesto que promueven el crecimiento económico del país y el empleo, apoyan e impulsan a las empresas de los sectores público y privado de la economía, con criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población, en términos del artículo 25 constitucional. En lo particular, estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo con la Colegisladora en adicionar a la propuesta del Ejecutivo Federal los siguientes estímulos fiscales: Un estímulo fiscal a los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR consistente en disminuir de la utilidad fiscal el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio.


88

Un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales que realicen donaciones a bancos de alimentos y medicinas, consistente en una deducción adicional por un monto equivalente al 5 por ciento del costo de lo vendido que le correspondería a dichas mercancías. Un estímulo fiscal a contribuyentes del ISR que den empleo a personas con discapacidad motriz y que para superarla requieran del uso permanente de prótesis, muletas o sillas de ruedas, con discapacidad mental, auditiva, de lenguaje en un 80 por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, un estímulo fiscal consistente en deducir de los ingresos acumulables un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes mencionadas Un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR beneficiados con el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la ley de dicho impuesto, la posibilidad de acreditar contra los pagos provisionales del ISR, el monto del crédito fiscal que les haya autorizado el Comité Interinstitucional a que se refiere el precepto legal ya citado Un estímulo fiscal a las personas morales obligadas a efectuar la retención del ISR a personas físicas que presten servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por no proporcionar la constancia de retención correspondiente si la persona física referida le expide un comprobante fiscal digital que reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale de manera expresa el monto del impuesto retenido.Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo en incorporar dentro de las disposiciones contempladas como excepción de la derogación prevista por el artículo 17 de la Minuta, a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y a los ordenamientos legales referentes a las empresas productivas del Estado. Asimismo, tal como lo consideró la Colegisladora, estas Comisiones coinciden en mantener la clasificación y el tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos constitucionales


�

8989

autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.(…)”26

De lo anterior se desprende que en el proceso

legislativo que dio origen al estímulo previsto en el



mil quince, se consideró pertinente reiterar los

estímulos fiscales propuestos en años anteriores,

dentro de los cuales se encontraba el acreditamiento

del impuesto especial sobre producción y servicios

causado por la enajenación del propio diésel para los

diversos sectores de contribuyentes que adquieran

diésel para su consumo final, entre los que destacan los

sectores agrícola, silvícola, ganadero y pesquero.

Asimismo, se reconoció que ese estímulo se

otorgaba con la finalidad de proteger a uno de los

sectores del desarrollo económico nacional más

vulnerables, y, por ende, requerían de la intervención

estatal para lograr su crecimiento, pues se insistió en

que los estímulos se tienen que seguir otorgando a los

campesinos más pobres de este país, porque era

sabido que para el veintidós por ciento de la población

que vive en zonas rurales, la agricultura era su principal

fuente de trabajo y de ingresos.

26 Gaceta del Senado de la República correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil catorce.

g


90

Por ello, coincidieron en mantener los

beneficios fiscales propuestos por el ejecutivo federal, a

fin de fomentar actividades que son de interés general,

puesto que promueven el crecimiento económico del

país y el empleo, amén de que apoyan e impulsan a las

empresas de los sectores público y privado de la

economía, en términos del artículo 25 constitucional.

Por ello, es necesario conocer los términos en

los cuales fue estatuido el mencionado estímulo fiscal

en ejercicios anteriores al dos mil quince.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DOS

“De igual manera que en años anteriores, se propone establecer en la Iniciativa que se somete a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, los estímulos fiscales aplicables para el ejercicio fiscal de 2002.(…)También se propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, consistente en el acreditamiento o devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.”

INICIATIVA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

“Artículo 15. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 1999, se estará a lo siguiente:(…)V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero,


�

9191

pesquero y minero que adquieran diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en actividades de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas; cría y engorda de ganado, aves de corral y animales; cultivo de los bosques o montes, así como en la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, cuando se usen en:(…)c) En tractores, motocultores, combinadas, empacadoras de forraje, revolvedoras, desgranadoras, molinos, cosechadoras o máquinas de combustión interna para aserrío, bombeo de agua o generación de energía eléctrica(…)VII.(sic) Para efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, las personas que adquieran diesel para su consumo final en los términos de dicha fracción, estarán a lo siguiente:

a) Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel, para estos efectos, el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente.En los casos en que el diesel se adquiera de

agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que las personas antes mencionadas podrán acreditar, será el que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores comercialicen a esas personas. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este inciso.b) Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas señaladas en el inciso c), fracción VI de este artículo, podrán acreditar


92

un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el inciso anterior.Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice

para consumo final en los términos del beneficio mencionado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.Para efectos de esta fracción las personas que

tengan derecho a efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, deberá efectuarse contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo o las retenciones del mismo efectuadas a terceros, el IMPAC o el IVA, que se deba enterar utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general de conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.VIII. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el inciso c) de la fracción VI del presente artículo, podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en términos de la fracción VII que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que el mismo se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.Las personas a que se refiere el párrafo anterior que

podrán solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a **mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta *mensuales.Las personas morales que podrán solicitar la

devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder


�

9393

de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a **mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de *mensuales, salvo que se trate de personas morales que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta *mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de *mensuales.Las cantidades en moneda nacional establecidas en

los párrafos anteriores, se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará los resultados de la actualización en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de los meses citados.La devolución correspondiente deberá ser solicitada

trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del siguiente.Las personas a que se refiere el primer párrafo de

esta fracción, deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos del inciso c), fracción VI de este artículo, distinguiendo entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicho inciso, del diesel utilizado para otros fines. Dicho registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.Para obtener la devolución a que se refiere esta

fracción, se deberá presentar la forma oficial 32 de devoluciones, ante la Administración de Recaudación que corresponda, acompañada de la documentación que la misma solicite, así como la establecida en la presente fracción.El derecho para la recuperación mediante

acreditamiento o devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido


94

de que quien no lo acredite o solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio.Los derechos previstos en esta fracción no serán

aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.Los beneficiarios del estimulo previsto en la fracción

VI del presente artículo, quedarán obligados a proporcionar la información que le requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen.Los beneficios que se otorgan en las fracciones VI,

VII y VIII del presente artículo, no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal y está condicionado a que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en las mismas.Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público para emitir las reglas generales que sean necesarias para la obtención de los beneficios previstos en este precepto.”

Como se advierte en las iniciativas de leyes

anteriores a la de ingresos de la Federación para el

ejercicio fiscal de dos mil quince, se consideró

necesario otorgar un estímulo fiscal a quienes se

dedicaban a actividades de diversa índole pero

relacionadas con el sector de la economía que se

estima prioritario, como lo era, el de campo.

Analizado el origen legislativo del estímulo

fiscal, conviene ahora reproducir lo dispuesto en el

artículo 25 de la Constitución Federal:

“Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los


�

9595

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015)El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)


96

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”

De la disposición transcrita se advierte que el

Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la

actividad económica del país mediante el fomento e

impulso de las actividades de interés general, bajo

criterios de equidad social y de productividad, sin

hacerse una distinción en cuanto al apoyo en los

diversos sectores del desarrollo económico nacional.

En otras palabras, el Estado debe impulsar

cualquier sector de desarrollo económico nacional, pero


�

9797

esta situación no produce que a todos se les otorgue el

mismo incentivo económico o apoyo técnico, porque la

Constitución Federal delimita las actividades que

requieren contar con un mayor impulso y otras que por

su solidez o productividad simplemente es necesario

coordinar, dar seguridad jurídica o estímulos

focalizados para que continúen su crecimiento, en virtud

de que las áreas prioritarias del desarrollo, la

producción y distribución de bienes o servicios

socialmente necesarios, y las que inevitablemente se

requieran para el desarrollo humano como la

agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades

rurales, son sectores intensamente fomentados, como

se corrobora con el artículo 27, fracción XX,

constitucional, al señalar:

"Artículo 27. ... (…)XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011)El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”


98

De igual forma, en el Plan Nacional de

Desarrollo 2012-2018 se establece lo siguiente27:

“(…)Sector agroalimentario

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

La disponibilidad de tierra cultivable es un factor que restringe la productividad del sector. Anualmente se cultivan alrededor del 85% de las hectáreas disponibles. El 28% cuenta con riego yel 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del valor de la producción se genera en las áreas de riego. La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades productivas.

Por su parte, en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una importante oportunidad de desarrollo.

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios. Cerca del 80% de los

27 http://www.google.com.mx/url?url=http://funcionpublica.gob.mx/web/migracion/docs/instrumentacion-del-programa-para-un-gobierno-cercano-y-moderno/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNmL_r0cnRAhVni1QKHbkGCAIQFgggMAI&usg=AFQjCNEplkKMsiACwVQr5u-wecNV0kouHw


�

9999

productores agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado, sólo el 6% de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70% de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de cada tres participantes de la Consulta Ciudadana consideró que lo que más se necesita para reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar la productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para resolver las demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

Finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la existencia de un marco institucional adecuado a los requerimientos del sector. Debe realizarse una evaluación y revisión de los programas existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la población objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas de operación claras y sencillas.(…)”

Pues bien, los elementos de juicio señalados

permiten observar que, en efecto, la implementación del

estímulo que se analiza tiene como finalidad de

proteger y fomentar el desarrollo de un sector


100

económico nacional que se estima de carácter

prioritario y, que por que ende, requiere de una

intervención estatal para alcanzar su crecimiento.

Siendo que dicha finalidad, para este tribunal

resulta objetiva y constitucionalmente válida, a la luz de

los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

3. Satisfecho ese requisito, corresponde ahora verificar si la distinción establecida resulta adecuada, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido.

En este aspecto, debe recordarse que una de

las exigencias del derecho fundamental de igualdad, es

que la diferenciación que se haga en una norma sea

adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es

decir, que la medida sea capaz de alcanzar su objetivo.

Y en este sentido, no se cumplirá el requisito de

adecuación cuando la medida legislativa no contribuya

de modo alguno a la obtención de su fin inmediato.

Con base en lo anterior, se observa que la

distinción entre los sujetos beneficiados, para obtener

una u otra cantidad por el estímulo de mérito, deriva del

régimen fiscal bajo el cual tributen y que las lleva a

obtener un monto distinto que pueden solicitar como

devolución del impuesto especial sobre producción y

servicios.


�

101101

Ello exige entonces conocer los regímenes

fiscales que se indican en el artículo 16, apartado A,

fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación

para el ejercicio fiscal de dos mil quince y que se

establecieron en la Ley del Impuesto sobre la Renta,

que estuvo vigente en igual ejercicio.

Al respecto, se tiene lo siguiente:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATÍTULO II

PERSONA MORALESCAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

“Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley.Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos de este Capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la misma.


102

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con lo dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda.Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, cuando entren en liquidación.Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente:I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales.II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, en el caso de personas morales.Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral.El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales, que cumplan con las obligaciones fiscales de integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente.


�

103103

Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero de este artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley.III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que establecen las disposiciones fiscales.Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración.Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este título y con el artículo 102 y 105 de esta Ley.Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta Ley.Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,


104

ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 ó 40 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 40 tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4230 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 30%.Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la


�

105105

utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos distribuidos.”“Artículo 75. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los términos de este Capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes:I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás disposiciones fiscales obliguen a ello.II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación.III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.Las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos décimo segundo y décimo cuarto del artículo anterior deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.”

“TÍTULO IVDE LAS PERSONAS FÍSICAS

CAPÍTULO II


106

De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales

SECCIÓN I De las personas físicas con actividades

empresariales y profesionales

Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales.Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales.Para los efectos de este Capítulo se consideran:I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas.II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este Título.Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional.Artículo 101. Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes:I. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero.En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el


�

107107

monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones.Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso, podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta Ley.II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones, relacionados con las actividades a que se refiere este Capítulo.III. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional.IV. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto.V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente.VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones.VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal.VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor.IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales, sin ajuste alguno.X. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente.


108

XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad.Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán ingresos acumulables en los términos de esta Sección, cuando en el ejercicio de que se trate el contribuyente perciba preponderantemente ingresos que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios profesionales.Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contribuyente percibe ingresos preponderantemente por actividades empresariales o por prestación de servicios profesionales, cuando dichos ingresos representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior, más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente.Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los establecimientos permanentes en el país de un residente en el extranjero, con base en las utilidades totales de dicho residente, considerando la proporción que los ingresos o los activos de los establecimientos en México representen del total de los ingresos o de activos, respectivamente.Artículo 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos.Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 101 de esta Ley, éstos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consume la prescripción.En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso


�

109109

dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo.Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente.II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos.No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy.En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente.III. Los gastos.IV. Las inversiones.V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta Sección y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente.VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales.Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley.Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e inversiones no deducibles


110

del ejercicio, en los términos del artículo 28 de esta Ley.Artículo 104. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción por inversiones aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley. Para estos efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley.Para los efectos de este artículo, los por cientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los intereses que en su caso se paguen por el financiamiento, el por ciento que corresponda se aplicará sobre el monto total, en cuyo caso, los intereses no podrán deducirse en los términos de la fracción V del artículo 103 de esta Ley.Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el contribuyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada por la actividad empresarial o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el


�

111111

pago cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión.II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta Sección.III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del artículo 104 de esta Ley. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, además deberán cumplirse los requisitos del artículo 38 de esta Ley.IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos.V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas.VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 104 de esta Ley.VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación.VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción.Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el artículo 27, fracciones III, IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y XXI de esta Ley.


112

Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente:Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención las cuales deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo.Artículo 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación


�

113113

de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos gravados conforme a este Capítulo, cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y registros, así como de presentar declaraciones provisionales distintas de las antes señaladas.Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar declaración anual en los términos del artículo 152 de esta Ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio profesional.Artículo 108. Cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará, en los términos de esta Sección, la utilidad fiscal o la pérdida fiscal, de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 109 de esta Ley, en la parte proporcional que de la misma les corresponda y acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho representante.Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada, se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resultado será la utilidad gravable.La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el


114

mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso se estará a lo siguiente:I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de esta Sección, de los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla.Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio.Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.II. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. En el caso de realizarse actividades empresariales, sólo por causa de muerte podrá transmitirse el derecho a los herederos o legatarios, que continúen realizando las actividades empresariales de las que derivó la pérdida.Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades a que se refiere esta Sección, sólo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma.Para los efectos de esta Sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo.


�

115115

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta Sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual; para estos efectos, se aplicará la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior.Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de dos millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley.Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la III y la V de este artículo, respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de esta Ley.III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban.IV. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación.V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas.Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades empresariales, deberá formular estado de posición financiera referido a cada uno de los momentos mencionados.


116

VI. En la declaración anual que se presente determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción VII de este artículo, la información deberá proporcionarse a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refieren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta Ley.VIII. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito.IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I de este Título, deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo.X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información a que se refiere la fracción X del artículo 76 de esta Ley.XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción IX de esta Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13'000,000.00, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta Ley. El ejercicio de las facultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se podrá realizar por ejercicios terminados.

SECCIÓN IIRÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.


�

117117

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección.II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de


118

aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección.IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios.V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación.Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes.Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.


�

119119

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al quinto párrafo de este artículo, se le aplicará la siguiente:N. DE E. VÉASE TARIFA BIMESTRAL EN LA TERCERA SECCIÓN DEL D.O.F. 11 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁGINA 40.El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente:N. DE E. VÉASE TABLA DE REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PAGAR EN EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN EN LA TERCERA SECCIÓN DEL D.O.F. 11 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁGINA 40.Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios.Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación.III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior a


120

$2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros.VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta Ley.VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información.Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio,


�

121121

cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente.Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, según sea el caso.Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma.Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general.Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda conforme a esta Ley.El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes y pagar el impuesto en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley.”

Ahora, cabe señalar que el régimen fiscal es el

conjunto de las normas e instituciones que rigen la

situación tributaria de una persona física o jurídica. Se

trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y

obligaciones que surgen del desarrollo de una

determinada actividad económica.


122

El régimen fiscal actúa como guía para la

liquidación y el pago de los impuestos. En el momento

de desarrollar una actividad económica, las personas

deben registrarse en alguna categoría para cumplir con

las obligaciones del fisco. Por lo general, suelen

presentarse diversas opciones, es decir, diversos

regímenes fiscales a los que puede someterse el

contribuyente según las características de su negocio.

Es posible cambiar de régimen fiscal si la

actividad económica se desarrolla de manera diferente

a la prevista y las obligaciones del marco legal que rige

la actividad del contribuyente, ya no se ajustan a la

realidad.

Tratándose de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, se prevén dos regímenes fiscales principales

que derivan de los dos tipos de personas, a saber,

personas físicas y personas morales.

Tanto las personas físicas y las personas

morales cuentan con diferentes regímenes fiscales

conforme a los cuales, dependiendo de su actividad

económica, les corresponderá tributar.

En el caso, concreto, de acuerdo con el

régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, deben cumplir con sus

obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la

renta conforme a ese apartado, las personas morales


�

123123

de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a

esas actividades, las sociedades cooperativas de producción, así como cualquier persona moral en general y las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

En suma, en dicho régimen deben tributar las

siguientes personas que se dediquen exclusivamente a

dichas actividades:

Las personas morales de derecho agrario.

Las sociedades cooperativas de producción.

Las demás personas morales y las personas

físicas que se dediquen netamente a las actividades

detalladas.

En ese sentido, la ley especifica que se

consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a

las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o

silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas

actividades representan cuando menos el noventa por

ciento de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos

por enajenaciones de activos fijos y terrenos, de su

propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Las personas jurídico colectivas que tributen en

este régimen deben:


124

Calcular y enterar, los pagos provisionales y el

impuesto anual aplicando la tasa de 30%.

Las personas morales cumplirán con sus

propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por

sus integrantes. El impuesto de cada uno de sus

integrantes se enterará de manera conjunta en una sola

declaración.

Las personas morales no pagarán el impuesto

hasta por un monto anual de 20 veces el salario mínimo

general de ingresos, por cada uno de sus socios o

asociados sin que exceda, en su totalidad, de 200

veces.

Se establecen otras obligaciones que deben

cumplir por cuenta de sus integrantes como: retener y

enterar el impuesto sobre la renta, expedir y recabar

comprobantes fiscales, llevar un registro por separado

de los ingresos, gastos e inversiones, de las

operaciones que realicen por cuenta de cada uno de

sus integrantes.

Por su parte, en este régimen, las personas

físicas deben calcular y enterar los pagos provisionales

y el impuesto anual aplicando la tarifa para las personas

físicas que en general se establece en la Ley del

Impuesto sobre la Renta y no pagarán el impuesto

hasta por un monto anual de cuarenta veces el salario

mínimo general.


�

125125

Por otro lado, de acuerdo al régimen de actividades empresariales y profesionales, que

aplica a las personas físicas, están obligadas al pago

del impuesto sobre la renta conforme a él, quienes

perciban ingresos derivados de la realización de

actividades empresariales o de la prestación de

servicios profesionales de variada índole pero que de

alguna manera estén relacionadas con las materias agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas; es decir,

se trata de un régimen que puede aplicar, entre otras

personas, a agricultores, pescadores o ganaderos. Para

tributar en este régimen, la ley no establece un límite de

ingresos.

Para este régimen las actividades agrícolas,

comprenden las actividades de siembra, cultivo,

cosecha y la primera enajenación de los productos

obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación

industrial.

Las ganaderas, que consisten en la cría y

engorda de ganado, aves de corral y animales, así

como la primera enajenación de sus productos, los

cuales no hayan sido objeto de transformación

industrial.

Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo,

fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de

especies marinas y de agua dulce, incluida la

acuacultura, así como la captura y extracción de las


126

mismas y la primera enajenación de esos productos,

que no hayan sido objeto de transformación industrial.

Las silvícolas, que son las de cultivo de los

bosques o montes, así como la cría, conservación,

restauración, fomento y aprovechamiento de la

vegetación de aquellos y la primera enajenación de sus

productos, que no hayan sido objeto de transformación

industrial.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido para

el régimen de incorporación fiscal, tributarán

conforme a sus reglas, las personas físicas que realicen actividades empresariales de variada índole

pero que de alguna manera estén relacionadas con las materias agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que enajenen bienes o presten servicios,

también se entiende de variada índole pero que de

alguna manera estén relacionadas con esas ramas,

quienes realicen actividades vinculadas para cuya realización no se requiera título profesional, quienes

podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los

términos establecidos en esa sección, siempre que los

ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos

en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido

de la cantidad de **

Dicho régimen está dirigido a tres tipos de

personas a saber:


�

127127

a).- Régimen intermedio;

b).- Régimen de pequeños contribuyentes; y

c).- Las personas físicas que inician con

actividades empresariales que prestan servicios.

El régimen está dirigido, entre otros, a las

personas físicas que prestan servicios cuyo ejercicio no

requiere título profesional, toda vez que, en la mayoría

de los casos, este tipo de contribuyentes, por la propia

naturaleza de sus funciones requieren una mayor

simplicidad para el cálculo y entero de sus impuestos.

El objetivo principal de la creación de ese

régimen, es preparar a las personas a quienes está

destinado para que después tributen en el régimen

general aplicable a todos los contribuyentes, pues

únicamente podrán tributar en dicho régimen de

incorporación fiscal de manera temporal, sin posibilidad

de volver a tributar en él, ya que al séptimo año dichas

personas deberán incorporarse al régimen de personas

físicas con actividad empresarial.

Como se observa, los tres regímenes fiscales

aludidos aplican a personas físicas o morales que

realicen actividades o presten servicios de variada

índole pero que de alguna manera estén relacionados

con las ramas agrícolas, ganaderas, de pesca o

silvícolas y la única razón para separarlas en distintos


128

regímenes parte de determinar si se dedican

exclusivamente a esas actividades, o no, atendiendo al

monto de sus ingresos.

Así, deberán tributar conforme a un régimen

fiscal las personas físicas o morales que se dediquen

exclusivamente a las actividades antes mencionadas y

que sus ingresos por esas actividades representen

cuando menos el noventa por ciento de sus ingresos

totales; pertenecen a otro régimen fiscal, las personas

que realicen actividades empresariales de variada

índole pero que de alguna manera estén relacionadas

con esas actividades y cuyos productos se enajenen

por primera vez, sin que hayan sido objeto de

transformación industrial (cualquiera que sea el monto

de sus ingresos), o sean personas físicas que se

dediquen a actividades empresariales de variada índole

pero que de alguna manera estén relacionadas con

esas ramas, por las que no se requiera para su

realización un título profesional cuyos ingresos no sean

mayores a **

Esa distinción se hace con la única finalidad de

que quienes se ubiquen en los supuestos de cada uno

de los regímenes fiscales, cumplan sus obligaciones en

materia del impuesto sobre la renta, atendiendo a las

reglas establecidas para ese específico régimen.

Por ello, este tribunal considera que las reglas

de tributación de cada uno de los regímenes a que se


�

129129

ha hecho mención, no arrojan algún elemento que

razonablemente valide la diferenciación establecida en

el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de


mil quince y que se refleja en el hecho de que a los

destinatarios del estímulo fiscal se les devuelva un

monto diferente por concepto del impuesto especial

sobre producción y servicios.

Es así, porque la finalidad del estímulo que se

otorga en ese precepto legal, como se vio en párrafos

precedentes, fue la de proteger a uno de los sectores

del desarrollo económico nacional más vulnerables, que

por ende, requería de una intervención estatal concreta

para fomentar su crecimiento.

Además, como está demostrado, todas las

personas a que se hace mención en los tres regímenes

fiscales analizados deben realizar actividades o prestar

servicios relacionados con las ramas agrícolas,

ganaderas, de pesca o silvícolas; todas las cuales

encuadran en el área estratégica cuya protección y

desarrollo persigue el estímulo fiscal de mérito.

Sin embargo, si se atiende a lo que dispone el



mil quince y se verifica el régimen fiscal en el cual

tributa el destinatario del estímulo fiscal, se encuentra

que personas físicas inscritas en el régimen de


130


pesqueras, es decir, aquellas cuyos ingresos se

obtengan en un noventa por ciento de esas actividades,

lo que significa que son quienes desarrollan esa

actividad de forma preponderante, obtendrán un

estímulo fiscal menor al que se otorga a personas

físicas que tributen en el régimen de ingresos por

actividades empresariales y profesionales, o de régimen

de incorporación fiscal, quienes obtendrán un estímulo

mayor que las personas físicas que tributan en el


y pesqueras, pues estas últimas obtendrán una

cantidad de hasta * mensuales.

De ahí que asista razón al quejoso, pues es

claro que la distinción que hace la norma para otorgar

un diferente monto por concepto de estímulo fiscal a

sus destinatarios, a partir de saber cuál es el régimen

fiscal del impuesto sobre la renta conforme al cual

tributan, no es un elemento que razonablemente

justifique que el trato diferenciado que da la norma

resulte apto para lograr el fin para el cual fue creado el

estímulo.

Cierto, el objeto de otorgarlo fue el de lograr un

mayor desarrollo del campo mexicano, lo que significa

que deben obtener un apoyo las personas que se

dedican a actividades del campo, por pertenecer a uno

de los sectores vulnerables que requieren impulso del

Estado para su crecimiento, sin que al momento de


�

131131

crear el estímulo, el legislador haya tenido en cuenta el

régimen fiscal para el cual tributan cada uno de los

destinatarios.

Por tanto, se estima que la norma es

inconstitucional, pues ciertamente es violatoria del

derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo

1 constitucional, dado que el trato diferenciado que se

establece para otorgar el monto del estímulo fiscal

tratándose de personas físicas no encuentra una

justificación razonable, si se atiende al fin para el cual

fue creado ese estímulo.

En este punto cabe destacar que este tribunal

no desconoce la existencia de la jurisprudencia número

2ª./J.186/2010 de rubro: “ESTÍMULO FISCAL. EL

ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE

LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA

EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 QUE LO PREVÉ, NO

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD POR EXCLUIR

DE ESE BENEFICIO A LA MINERÍA.”, como tampoco

desconoce la tesis aislada número 1ª.XCV/2010 de

rubro: “ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO 16,

APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO VIOLA LA

GARANTÍA DE IGUALDAD”; criterios en los cuales el

Máximo Tribunal del país determinó que el estímulo

fiscal consistente en permitir el acreditamiento del

impuesto especial sobre producción y servicios causado


132

en términos del artículo 2-A, fracción I, de la ley que

regula ese tributo, por la compra de diésel para

maquinaria en general, no era violatorio del derecho

humano de igualdad por excluir de ese beneficio a la

minería.

Sin embargo, este tribunal considera que el

contenido de dichos criterios no es aplicable al caso,

porque en ellos se abordó el estudio de la

constitucionalidad de la norma, a partir de verificar si

dos diversos sectores de la economía del país, a saber,

el de minería y el de actividades relacionadas con los

sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros; debían ser

apoyados por el Estado con la misma intensidad o a

través del mismo mecanismo; luego, se concluyó que el

sector minero no era un sector de desarrollo prioritario

para el país, y entonces se consideró que no era

discriminatorio el trato diferenciado establecido en el

artículo que analizó.

En tanto que en la especie, el análisis de la

constitucionalidad de la norma se hace respecto de

sujetos que por las diversas actividades que realizan se

ubican en un mismo sector de la economía del país,

que como ya se explicó, debe ser fomentado por el

Estado Mexicano, al haber sido reconocido como un

sector o área estratégica de desarrollo.


�

133133

De ahí, que no sean aplicables los criterios

contenidos en la jurisprudencia y tesis aislada

mencionadas.

En consecuencia, atendiendo al criterio

asumido en esta ejecutoria se debe reparar la

desigualdad que la norma tachada de inconstitucional

establece, con miras a incorporar a la esfera jurídica de

la parte quejosa, el beneficio fiscal del que no goza.

Es así, porque si bien por regla general los

efectos del amparo contra una ley declarada

inconstitucional, consisten en desincorporarla de la

esfera jurídica del quejoso para un caso concreto;

también lo es, que dicha regla opera cuando el

legislador ha incumplido con las obligaciones negativas

derivadas de los derechos fundamentales violados.

Sin embargo, en el supuesto contrario, esto es,

cuando el legislador ha transgredido las obligaciones

positivas (de hacer) derivadas de un determinado

derecho fundamental, como lo es en la especie el

derecho a ser tratado igual ante la ley, el juez

constitucional está autorizado, no sólo para

desincorporar las normas declaradas inconstitucionales

de la esfera jurídica de la parte quejosa, sino incluso,

para incorporar derechos en su beneficio a través de la

sentencia de amparo.


134

Lo antes dicho encuentra apoyo en la tesis

aislada de la Segunda Sala de la Suprema de Justicia

de la Nación, publicada con el número 2a.

CXXXVII/2009 en la página 321 del tomo XXXI

correspondiente al mes de enero de dos mil diez, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

novena época, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS ESTÁN RELACIONADOS CON LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE HAYAN RESULTADO VIOLADAS. Los efectos del amparo contra una ley declarada inconstitucional consisten en desincorporarla de la esfera jurídica del quejoso para el caso concreto y para futuras posibles aplicaciones en su perjuicio, lo que opera cuando el legislador ha incumplido con las obligaciones negativas (de no hacer) derivadas de las garantías individuales violadas. En el supuesto contrario, cuando el legislador ha transgredido las obligaciones positivas (de hacer) derivadas de una determinada garantía individual, el Juez constitucional está autorizado, no sólo para desincorporar las normas declaradas inconstitucionales de la esfera jurídica del quejoso, sino para incorporar derechos en su beneficio a través de la sentencia de amparo, siempre que ello tienda a cumplir de manera completa con las exigencias derivadas de las garantías constitucionales que hayan sido violadas en su perjuicio, lo cual es acorde al deber de reparación adecuada reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80 de la Ley de Amparo.”

Por consiguiente, a efecto de reparar la

desigualdad advertida, se estima que el quejoso debe

gozar del monto de hasta ** mensuales, como estímulo

fiscal.

Sin embargo, como el planteamiento de

inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción


�

135135


ejercicio fiscal de dos mil quince, fue hecho valer en un

juicio de amparo directo, entonces la declaratoria de

inconstitucionalidad referida tendrá como efecto vincular

a la autoridad responsable a que únicamente

desaplique esa ley en la sentencia reclamada respecto

del supuesto en el que originalmente se ubicó al

quejoso.

Esto, porque existen diferencias cuando se

declara la inconstitucionalidad de una norma en la vía

indirecta o en la vía directa; ello, toda vez que en el

primer supuesto, el amparo concedido contra la ley

produce la consecuencia práctica de invalidarla por

cuanto hace a la parte quejosa, por lo que no se le

aplicará mientras esté vigente; en tanto que en la vía

directa, el amparo se concede única y exclusivamente

contra la sentencia y no contra la ley, por tanto, la

concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese

caso concreto, pero no impide que se vuelva a aplicar a

la parte quejosa.

Por ese motivo, procede conceder el amparo

solicitado para el efecto de que la sala responsable deje

insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la

que declare la nulidad de la resolución impugnada, por

basarse en un precepto declarado inconstitucional, y

como consecuencia, determine que al quejoso se le

debe otorgar el monto de hasta $** mensuales, como

estímulo fiscal, por el periodo respecto del cual se


136

pronunció la autoridad fiscal en el oficio número *de

seis de enero de dos mil dieciséis, emitido por la

Subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal

“1” del Servicio de Administración Tributaria, en

suplencia por ausencia del administrador, que

constituyó el acto originalmente impugnado en el juicio

fiscal.

Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada

de la novena época emitida por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5

del Tomo XXI correspondiente al mes de marzo de

2005 del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta; cuyo rubro y texto es el siguiente:

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA. Las características que distinguen a esas vías tratándose del amparo contra leyes radican, esencialmente, en lo siguiente: a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables, mientras que en el amparo directo la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza como autoridades responsables a sus autores; b) En la vía indirecta el amparo concedido contra la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende, no se le aplicará mientras esté vigente; en tanto que en la vía directa el amparo se concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al quejoso; c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley, mientras que en la vía directa no existe tal posibilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante la responsable para demostrar tal inconstitucionalidad; d)


�

137137

En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del juicio; en cambio, en el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos promovidos después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera; e) En el amparo indirecto los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como de la expedición de diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el 5/2001, participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte, en el amparo directo esos órganos son de primera instancia y sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Carta Magna; f) En el amparo indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos de Estado a quienes se encomiende su promulgación, o quienes la representen, en tanto que en el amparo directo, como ya se dijo, no participan los órganos legiferantes y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión; en cambio, en muchos casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero perjudicado y puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso; y, g) En el amparo indirecto el Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados, mientras que en el directo esa decisión le corresponde a la autoridad responsable.”

En consecuencia, al resultar fundado el tercer

concepto de violación, procede conceder el amparo

solicitado para que la autoridad responsable:

a) Deje insubsistente la sentencia dictada el

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis en el juicio

de nulidad ****;


138

b) Emita otra en la cual, siguiendo la línea

argumentativa de esta ejecutoria, declare la nulidad del

oficio número **de seis de enero de dos mil dieciséis,

impugnado en el juicio de nulidad, y como

consecuencia, determine que el actor tiene derecho a

obtener como estímulo fiscal el monto de * mensuales

previsto en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal

de dos mil quince, por el periodo respecto del cual se

pronunció la autoridad fiscal en el oficio número *de

seis de enero de dos mil dieciséis, que constituyó el

acto originalmente impugnado en el juicio fiscal.

Finalmente es de señalarse que, debido a que

se consideraron fundados los argumentos de

inconstitucionalidad hechos valer contra el artículo

16,apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince;

entonces resulta innecesario analizar el primer

concepto de violación, donde la parte quejosa solicita

que el contenido de ese artículo se interprete conforme

al principio pro personae, pues es evidente que esa

norma no deberá aplicarse en perjuicio de la quejosa,

máxime que con la declaratoria de inconstitucionalidad

que precede, la quejosa ha obtenido el mayor beneficio

posible, lo que implica que este tribunal puede soslayar

el estudio de los demás conceptos de violación, que no

mejoran el beneficio alcanzado, como lo establece el

artículo 189 de la Ley de Amparo.


�

139139

Apoya lo anterior, la tesis aislada de la

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, publicada en la página 72 del volumen

175-180, cuarta parte, de la Séptima Época del

Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto

es el siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.”

En cuanto a los alegatos formulados por la

parte tercera interesada en el presente juicio de amparo

no son de tomarse en cuenta, pues los tribunales de

amparo únicamente están constreñidos a examinar los

conceptos de violación en relación con el acto

reclamado, lo cual integra la litis constitucional,

asimismo a justipreciar las pruebas correspondientes,

pero de ningún modo tienen la obligación de examinar

las argumentaciones hechas valer en vía de alegatos

de conformidad con los artículos 74 y 189 de la Ley de

Amparo, sin que ello genere desacato al contenido del

precepto 76 de dicho ordenamiento legal.

Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la

jurisprudencia P./J. 27/94 sustentada por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza

en la página 14, tomo 80, agosto de mil novecientos


140

noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto

siguientes:

«ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes


�

141141

sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.»

Por lo expuesto y fundado; se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, contra la autoridad y el acto, precisados en

el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese a la parte quejosa, como lo

ordenan los artículos 188 y 192, primer párrafo, de la

Ley de Amparo; asimismo, conforme a lo dispuesto por

el segundo párrafo del precepto legal citado, se

requiere a la autoridad responsable para que cumpla la

presente ejecutoria dentro del plazo de tres días o

manifieste la imposibilidad que tenga de hacerlo en

dicho plazo y señale un término razonable para

cumplirla, apercibida que de no hacerlo así, sin causa

justificada, se impondrá a su titular una multa que se

determinará desde luego y se remitirá el expediente a la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el

trámite de inejecución, que puede culminar con la

separación de su puesto y su consignación;

adicionalmente, en términos de lo dispuesto por el

tercer párrafo del precitado artículo, en su caso,

también se ordena notificar y requerir al superior

jerárquico de la autoridad responsable para que le

ordene cumplir la presente ejecutoria, bajo el


142

apercibimiento de que de no demostrar que dio la

orden, se le impondrá a su titular una multa en los

términos señalados en la propia ley y, además, incurrirá

en las mismas responsabilidades de la autoridad

responsable; ello, en la inteligencia de que, según lo

define el artículo 194 de la Ley de Amparo, se entiende

como superior jerárquico de la autoridad responsable, el

que de conformidad con las disposiciones

correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para

obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida

en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta

última por sí, de modo que la autoridad requerida como

superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta

de cumplimiento de las sentencias, en los términos que

las autoridades contra cuyos actos se hubiere

concedido el amparo; lo anterior, sin perjuicio de que,

en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, todas

las autoridades que tengan o deban tener intervención

en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a

realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos

necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán

sujetos a las mismas responsabilidades a que alude tal

legislación; vuelvan los autos al lugar de su

procedencia; háganse las anotaciones en el Libro de

Gobierno correspondiente; asimismo, con fundamento

en lo estipulado en los artículos 6°, apartado A, fracción

I, de la Constitución Federal, 3°, fracciones II, VI y XIV,

inciso c), 4°, fracción III, 5°, 8°, 13, 14, 18 y 20, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, 26, fracción I, 30,


�

143143

34 y 47 del Reglamento de la anotada ley, 2°,

fracciones VIII, IX, XII, XIV y XV, 3°, 5°, 7° y 8°, del

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, así como los

numerales 1°, fracción I, 2°, fracciones II, XVII, XVIII,

XXII, XXIII, XXVII y XXXIII, 14, 17, 25, 26, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62 y 65 del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que

establece las disposiciones en materia de

transparencia, acceso a la información pública,

protección de datos personales y archivos, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de

dos mil catorce, al elaborarse la versión pública de la presente ejecutoria se deberán suprimir los datos personales de las partes en este expediente y, en su

oportunidad, archívese el presente toca como asunto

concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Segundo Circuito, por

unanimidad de votos de los magistrados: presidente

Jacob Troncoso Ávila, Julia María del Carmen García

González y Antonio Campuzano Rodríguez, siendo

ponente el tercero de los nombrados.


144

Firman los magistrados y el secretario de

acuerdos, que autoriza y da fe. «Firmados cuatro firmas

ilegibles. Rúbricas.»

FIRMADOS; MAGISTRADOS: PRESIDENTE JACOB TRONCOSO ÁVILA, JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ Y ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ.- EL SECRETARIO DE ACUERDOS LIC. DANIEL MÉNDEZ PALACIOS «RÚBRICAS»

NDHM/bymm

2

El licenciado(a) Nelson Hernández Martínez, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

amparo directo: 607/2016 quejoso: - gob.mx · en materia administrativa del segundo circuito, con...

Documents