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Amnistía Internacional
LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD
LOS JUICIOS EN ESPAÑA POR LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD DE LOS REGÍMENES
MILITARES EN ARGENTINA Y CHILE
Mayo de 1998 Índice AI: AMR 03/01/98/s
Distr: EXTERNA SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
Distribución: EXTERNA AI Indice: AMR 03/01/98/s
Fecha: Mayo 1998
LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
ANTE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
LOS JUICIOS EN ESPAÑA POR LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD DE LOS REGÍMENES MILITARES
EN ARGENTINA Y CHILE
ARGENTINA
Siete años de severa represión, iniciada con el golpe de estado del 24 de marzo
de 1976, dejaron en la Argentina un saldo de miles de víctimas de violaciones de
derechos humanos. La práctica de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y
«desapariciones» ejemplarizaron el anuncio de la junta militar sobre su intención de
eliminar la subversión a como diera lugar. Se establecieron «grupos de tarea» que,
reuniendo elementos de todas las fuerzas militares, tenían como tarea capturar e
interrogar a todos los miembros conocidos de «organizaciones subversivas», o sus
simpatizantes, o sus asociados, o sus familiares, o cualquiera que pudiera oponerse al
poder del gobierno. Se disolvió el Congreso, se prorrogó el estado de sitio impuesto
por el anterior gobierno, se desecharon las garantías jurídicas, las detenciones
formales fueron reemplazadas por los secuestros y el número de «desaparecidos»
alcanzó proporciones monstruosas.
Según el General Jorge Rafael Videla, Presidente y Comandante del Ejército de
la primera junta militar (marzo de 1976 a marzo de 1981) «un terrorista no es
solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que
difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana».1 El campo del
enemigo se ampliaba y para alcanzar el objetivo y evitar la condena internacional
operar en secreto era aconsejable. La política de largo alcance de «desapariciones»
planificadas se puso en marcha.
1 Diario The Times, Londres, edición 4 de enero de 1978.
Sin embargo, a pesar del temor y la prohibición impuesta a la prensa, en
Argentina la dimensión de las «desapariciones» empezó a circular dentro de grupos
de familiares unidos por la desesperación y la falta de información oficial. Para 1978
las peticiones individuales y colectivas a los tribunales y a la Corte Suprema de
Justicia continuaban siendo rechazadas. En ese mismo año se publicaron datos sobre
2.500 «desaparecidos». Nuevas pruebas salían a la luz con el transcurso del tiempo:
aparecían declaraciones de presos librados sobre los campos secretos de detención y se
informaba de descubrimientos de tumbas sin marcar en cementerios por toda
Argentina. Algunos gobiernos indagaban persistentemente sobre la suerte que sus
ciudadanos «desaparecidos» habían corrido en Argentina. Ante el clamor nacional e
internacional el gobierno admitió que habían ocurrido excesos, declarando que los
actos de los miembros de las fuerzas armadas en la «guerra contra la subversión»
habían constituido actos de servicio.
A finales de octubre de 1983 se suspendió el estado de sitio y se llevaron a
cabo elecciones libres. El 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín inició
su gobierno civil y se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), con el objeto de «esclarecer los eventos trágicos en que miles de
personas desaparecieron».2
El informe de la CONADEP, Nunca Más, publicado en noviembre de 1984,
catalogó 8.960 casos de «desapariciones», señalando que la figura verdadera podría
ser mayor aún. Enumeró 340 centros clandestinos de secuestro en Argentina y
concluyó que las fuerzas armadas habían violado los derechos humanos de forma
organizada, sirviéndose del aparato del Estado. Rechazó las aseveraciones en el
sentido de que las torturas y desapariciones forzadas eran excesos excepcionales. La
CONADEP concluyó que las violaciones a los derechos humanos, como las
desapariciones forzadas y la tortura, cometidas por el régimen militar fueron el fruto
de la «implantación generalizada» de una «metodología represiva», puesta en
marcha por las Fuerzas Armadas argentinas con «el control absoluto de los resortes
2 La CONADEP fue creada mediante el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.
3
del Estado». 3 La mayoría de las «desapariciones» en Argentina continúan sin
esclarecerse, la suerte de las víctimas no se ha establecido y los culpables gozan de
libertad. Los principios de verdad y justicia esperan su turno.
«Hicimos la guerra con la doctrina en mano, con las órdenes escritas de los
Comandos Superiores» declaró, el 24 de enero de 1980, el general Santiago Omar
Riveros ante la Junta Interamericana de Defensa.4 Esta «guerra» que libraron las
Fuerzas Armadas argentinas contra la población, generó una violencia sin par y una
atmósfera de terror. La maquina del Estado se puso al servicio del crimen contra la
población: los cuarteles militares e instalaciones de cuerpos de seguridad se
convirtieron en centros de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
«Se cuentan por millares - constató la CONADEP-las víctimas que jamás tuvieron
vinculación alguna con tales actividades [subversivas] y fueron sin embargo objeto de
horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en
luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que
cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o
estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo».5 El Fiscal que
condujo la acusación contra los Comandantes de las Juntas Militares, Dr. Julio
Strassera, concluía al final del juicio, que los actos cometidos por las Fuerzas Armadas
argentinas deberían incluirse en la categoría de los crímenes contra la humanidad y
calificó de «terrorismo de Estado» los años vividos bajo el régimen de facto.6
CHILE
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más - Informe de la Comisión Nacional sobe la
Desaparición de Personas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1984, pág. 479.
4 Ibidem, pág. 8.
5 Ibid, pág. 480.
6 Amnistía Internacional, Argentina - Los militares ante la Justicia, Índice AI: AMR 13-04-87, EDAI 1987, págs.
45-46.
4
El 11 de septiembre de 1973 es una fecha indeleble para el pueblo chileno.
Casi 25 años más tarde las heridas abiertas durante el periodo de régimen militar
que se inició en esa fecha siguen supurando, dividiendo a la sociedad chilena y
dejando todavía en la ignorancia, aunque no en el olvido, la suerte corrida por miles
de victimas de violaciones a los derechos humanos.
Tras el sangriento golpe de estado de septiembre de 1973, la Junta Militar
que tomo el poder se embarco inmediatamente en un programa de represión que
conmocionó al mundo. Las garantías constitucionales quedaron de hecho invalidadas
por la promulgación de mas de 3.500 decretos ley expedidos a lo largo de varios
años y cuatro «actas constitucionales», el congreso fue disuelto y bajo un estado de
sitio declarado en todo el país se detuvieron a cientos de personas, se llevaron a cabo
un sinnúmero de ejecuciones sumarias, se uso la tortura en forma sistematizada y se
inició la práctica de las «desapariciones» que se convirtió en parte de la política del
Estado.
La suerte de la mayoría de las personas que desaparecieron en Chile, entre
1973 y 1977, permanece sin conocerse. Sin embargo, la abrumadora evidencia que
ha salido a la luz a través de estos años demuestra que los «desaparecidos» fueron
víctimas de un programa del gobierno militar para eliminar a los que consideraba sus
opositores. La larga búsqueda de los familiares ha conducido a los hallazgos de restos
humanos en tumbas secretas y las declaraciones de cientos de ex-detenidos que
confirman la presencia de «desaparecidos» en centros de detención. Los centros de
detención como los órganos policiales y militares de los que dependían han sido
identificados. Aún más, algunos ex-agentes de las fuerzas de seguridad han confesado
su participación en comandos que llevaron a cabo la eliminación secreta de oponente
políticos.
Tras la restauración del gobierno civil en 1990, dos organismos fueron creados
en periodos separados para reunir información conducente a establecer la verdad en
casos de «desaparición», ejecución ilegal y muerte por tortura infligidas por agentes
del Estado. La Corporación de Reparación y Reconciliación establecida en 1992 y
5
sucesora de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), que había sido
creada por la administración del presidente Patricio Aylwin, en su informe final, al
concluir su mandato en 1996, registro oficialmente 3.197 casos de victimas de
violaciones de derechos humanos.
Los instigadores y ejecutores de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el periodo del gobierno del general Augusto Pinochet
(1973-1990), quienes en autoridad utilizaron el aparato del Estado para
ejecutarlas, en su inmensa mayoría continúan sin castigo.
LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO
Las violaciones a los derechos humanos registradas en Argentina y Chile
durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 y 1973 a 1990 respectivamente,
que arrojaron un saldo de miles de personas torturadas y ejecutadas
extrajudicialmente así como miles de «desapariciones», han quedado en su gran
mayoría en la impunidad.
En 1978, el gobierno militar del general Augusto Pinochet dictó una amnistía
mediante el decreto N 2191, con la pretensión de dejar impunes las violaciones a los
derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1978. Esta medida fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de que siguen abiertas varias causas ante tribunales militares y la justicia
civil, la ley de amnistía se sigue aplicando.
En Argentina, siguiendo el ejemplo de los militares chilenos, el régimen militar
expidió en 1983 una ley de amnistía7 para asegurar la impunidad de sus crímenes.
Sin embargo, con la restauración del orden institucional ese mismo año, esta medida
fue anulada y se ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las juntas militares
7 Ley 22.924 de 22 de septiembre de 1983.
6
que rigieron Argentina durante el régimen de facto así como los demás militares
responsables de violaciones a los derechos humanos. Nueve comandantes militares
fueron procesados. Fue un juicio notable, en el cual la Fiscalía puso en evidencia las
violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Luego de un
intrincado proceso de apelación, cinco comandantes fueron condenados a prisión en
1985. Otras causas contra militares fueron igualmente abiertas. Esta necesidad de
justicia de la sociedad argentina fue frustrada cuando, en 1986 y 1987, el gobierno
del Presidente Raúl Alfonsín expidió las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida
respectivamente. Posteriormente, el gobierno del Presidente Carlos Menem expidió un
indulto en favor de militares implicados en violaciones de derechos humanos.
Ciertamente, las sociedades argentina y chilena no han renunciado a la verdad
y a la justicia. Tanto en Argentina como en Chile, los esfuerzos desplegados para
mantener abiertas causas judiciales, esclarecer la suerte y destino de los
«desaparecidos» y traducir ante la justicia a los responsables de las violaciones de
derechos humanos, así como la reciente derogación de las leyes de Punto Final y de
Obediencia Debida, son el testimonio de esta búsqueda de verdad y justicia.
OBLIGACIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA
El derecho internacional impone varias obligaciones en materia de derechos
humanos al Estado: una de ellas, es el deber de garantizar la vigencia de los derechos
humanos. Las obligaciones del Estado como garante de los derechos de los individuos
son las de investigar las violaciones, enjuiciar y sancionar a los autores, reparar a las
víctimas y establecer la verdad de lo sucedido. Como lo ha explicitado el Relator
Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones
Unidas: «[e]n virtud del derecho internacional los gobiernos están obligados a
investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación del derecho a
la vida para identificar, someter a la justicia y castigar a los autores, obtener
reparación a las víctimas o sus familiares y adoptar medidas eficaces para evitar que
dichas violaciones se repitan en el futuro. Los dos componentes de esta cuádruple
7
obligación son en sí mismo los elementos disuasorios más eficaces para impedir las
violaciones de derechos humanos... el reconocimiento del derecho de las víctimas o de
sus familiares a recibir una reparación adecuada equivale a reconocer la
responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos y es expresión de respeto
hacia el ser humano. Conceder una reparación presupone el cumplimiento de la
obligación de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos para
identificar y procesar a los autores. Sin embargo, el pago de una compensación
monetaria o de otro tipo a las víctimas o sus familiares antes o al finalizar esas
investigaciones no exime a los gobiernos de la obligación de llevarlas a término».8
8 Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, Informe a la
Comisión de Derechos Humanos, doc. E/CN.4/1994/7, párrafos 688 y 711.
8
Existe sin lugar a dudas una obligación de castigar a los autores de violaciones
a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha
considerado que «el Estado parte tiene el deber [...] de encausar penalmente, juzgar
y castigar a quienes sean considerados responsables de [desaparición forzada y
ejecución extrajudicial]. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los
autores de esas violaciones han sido identificados».9 El Comité contra la Tortura de
las Naciones Unidas, ha considerado que esta obligación, en lo que hace a la tortura,
existe independientemente de que un Estado haya o no ratificado la Convención
contra la Tortura de las Naciones Unidas, pues existe «una norma general de derecho
internacional que obligaba a los Estados a tomar medidas eficaces para impedir la
tortura y castigar su práctica» al referirse a los principios del Tribunal Internacional
de Nuremberg y la Declaración Universal de Derechos Humanos.10
Esta obligación comprende el necesario ejercicio de la jurisdicción judicial del
Estado: los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos deben ser
investigados y procesados y, de ser hallados culpables, sancionados. Si un Estado
incumple con esta obligación, su responsabilidad internacional se encuentra
comprometida. Este principio fue establecido tempranamente en el derecho
internacional, uno de cuyos primeros antecedentes jurisprudenciales se sitúa en
1925.11 Tal como lo describiera la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en
El Salvador: «la responsabilidad del Estado puede resultar no sólo de la falta de
vigilancia en la prevención de los actos dañosos, sino también de la falta de diligencia
en la persecución penal de los responsables y en la aplicación de las sanciones civiles
requeridas».12
9 Comité de Derechos Humanos, Dictamen de 27 de octubre de 1995, caso Nydia E. Bautista, Comunicación
563/1993, doc. CCPR/C/55/D/563/1993, párrafo 8.6 y Dictamen de 29 de julio de 1997, caso Jose Vicente Villafañe y
otros, Comunicación 612/1995, doc.CCPR/C/60/D/612/1995, párrafo 8.8.
10
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Decisión de 23 de noviembre de 1989, Comunicaciones Nos.
1/1988, 2/1988 y 3/1988, Argentina, decisiones de noviembre de 1989, párrafo 7.2.
11
Nations Unites, Recueil de sentences arbitrales, vol. II, págs. 615 a 742.
12
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL, Informe de 19 de febrero de 1992,
doc. A/46/876 S/23580, párrafo 29.
9
El deber de impartir justicia que le compete al Estado tiene su asidero en
normas convencionales, pero también en el carácter justiciable que tienen los
derechos humanos. Un derecho cuya transgresión no sea susceptible de ser conocida
por la justicia es un derecho imperfecto. Por el contrario, los derechos humanos son
derechos básicos y por tanto no es posible que un ordenamiento jurídico, que se
asienta precisamente en ellos, no contemple su justiciabilidad. No es concebible en
este caso la ausencia de protección judicial, so pena de destruir la noción misma de
orden jurídico. Tal como lo expresara el Experto sobre el derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación de las Naciones Unidas «resulta difícil imaginar un
sistema judicial que vele por los derechos de las víctimas y se mantenga al mismo
tiempo indiferente e inactivo ante los flagrantes delitos de quienes los han violado».13
13 Experto sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las Naciones Unidas, doc.
E/CN.4/Sub.2/1992/8, párrafo 5.5.
10
La obligación de castigar a los responsables de violaciones a los derechos
fundamentales se traduce, en el campo del derecho penal internacional, en la regla
aut dedere aut judicare según la cual el Estado o juzga o extradita para que sea
juzgado a los responsables, además que esta obligación internacional debe ejecutarse
de buena fe en el orden interno.14 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha insistentemente recordado la existencia de esta obligación en varias
resoluciones sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.15
Por estas razones, las leyes de amnistía e indultos, tanto en Argentina como en
Chile, son contrarios al derecho internacional. Así lo han expresamente afirmado el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El Comité de
Derechos Humanos consideró que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
deniegan el recurso a un derecho efectivo que tienen las víctimas de violaciones de
derechos humanos, con lo cual constituyen una violación a varios derechos
reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su vigencia
contribuye a fomentar «un clima de impunidad».16 El Comité contra la Tortura de
las Naciones Unidas consideró que la expedición de las leyes de «Punto final» y
«Obediencia debida», dictadas por un gobierno «democráticamente elegid[o]»
respecto de los hechos cometidos por un régimen de facto, «es incompatible con el
espíritu y los propósitos de la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes]».17
14 Bassiouni, Cherif, «Les états d’urgence et d’exception: les violations des droits de l’homme et l’impunité sous
couvert du droit», en Droits intangibles et états d’exception, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1996.
15
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resoluciones 1994/39, párrafo 15 y 1995/38, párrafo
13.
16
Comité de Derechos Humanos, «Observaciones finales - Argentina», Documento de las Naciones Unidas
CCPR/C/79/Add. 46, de 5 de abril de 1995, párrafo 10.
17
Comité Contra la Tortura, Comunicaciones N. 1/1988, 2/1988 y 3/1988, Argentina, decisión de 23 de noviembre
de 1989, párrafo 9.
11
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que
las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida así como el Decreto Presidencial de
indulto No. 1002 del 7 de octubre de 1989 de Argentina, eran incompatibles con la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.18 En el caso del Decreto-Ley No. 2191 de
1978 de amnistía promulgado por el gobierno del General Augusto Pinochet,
igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que era
incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.19
18 Informe No. 28/92, Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311, Argentina, 2 de octubre de 1992.
19
Informe No. 36/96, Caso 10.843, Chile, 15 de octubre de 1996
12
Ciertamente, esta postura esta respaldada por la Declaración y Programa de
Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en
1993, que insta a los gobiernos a «abrogar la legislación que favorezca la impunidad
de los autores de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, y castigar
esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley».20 Igualmente,
la Conferencia reafirmó que «es una obligación de todos los Estados, en cualquier
circunstancia, emprender una investigación siempre que haya motivos suficientes
para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su
jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar a los autores del hecho».21
Igualmente, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas de las Naciones Unidas22 establece en su artículo 18 que los
autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna
ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos
de cualquier procedimiento o sanción penal.
EL DERECHO DE NUREMBERG
Lo registrado en Argentina y Chile durante los regímenes militares de las
décadas de los 70 y 80 no fueron sólo violaciones de derechos humanos. La escala,
volumen y gravedad de las violaciones de derechos humanos registradas en Argentina
y Chile constituyen, de acuerdo al derecho internacional, crímenes contra la
humanidad.
La necesidad de proteger a los individuos frente a actos que son contrarios a
las más elementales normas de convivencia civilizada de la humanidad se ha
manifestado en la búsqueda de nociones y de mecanismos que permitieran enfrentar
20 Documento de Naciones Unidas, A/CONF.157/23.
21
Ibidem.
22
Esta Declaración fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.
13
las formas más crueles y despiadadas contra el ser humano.23 En esta búsqueda de la
humanidad de amparar a los individuos contra actos contrarios a la moral de la
humanidad, fue emergiendo la noción de crimen contra la humanidad. Así mismo,
fue naciendo la idea de que estos actos deben ser objeto de justicia por parte del
concierto de la comunidad internacional.
23 Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional - La elección de las opciones correctas, Índice AI: IOR
40/01/97/s, Enero de 1997, Parte I, pags. 29 y ss.
14
Los horrores de las guerras del siglo XIX en Europa y así como los de la
Primera Guerra Mundial fueron el telón de fondo para que naciera la conciencia de
que ciertos actos eran contrarios a la esencia misma del ser humano - que hoy serían
considerados crímenes contra la humanidad- y debían ser proscritos y sus
responsables debían ser juzgados por tribunales internacionales.24 Esta búsqueda, vio
desarrollos significativos en materia de protección del ser humano en situaciones de
guerra. La Primera Conferencia de Paz de La Haya de 1899 marcó un importante
hito en este proceso, cuando aprobó unánimemente la cláusula de Martens como
parte del Preámbulo de la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres
de la guerra terrestre.25 Hoy día, la Cláusula de Martens ha sido incorporada
prácticamente sin modificaciones en una gran variedad de instrumentos de derecho
internacional humanitario.
Pero, sería luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, que la noción de crimen contra la humanidad -
también llamados crímenes de lesa humanidad - empezaría a ser definida. François
de Menthon, Procurador General por Francia en el juicio de Nuremberg, los definió
como aquellos crímenes contra la condición humana, como un crimen capital contra
la conciencia que el ser humano tiene hoy día de su propia condición.26
24 En enero de 1872 Gustav Moynier, de Suiza, propuso que se constituyera una Corte Penal Internacional para
impedir las violaciones de la Convención de Ginebra de 1864 y procesar a los responsables de las atrocidades cometidas
por ambos bandos durante la guerra franco-prusiana de 1870. En una Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia, de 24
de mayo de 1915, se consideró que las matanzas de armenios realizadas en Turquía por el Imperio Otomano eran «crímenes
contra la humanidad y la civilización por los que se haría rendir cuentas a todos los miembros del gobierno turco y a los
representantes del mismo implicados en las matanzas». La Comisión de la Conferencia de Paz de 1919 dejó claro que estos
crímenes incluían asesinatos y matanzas, terrorismo sistemático, muerte de rehenes, tortura de civiles, violación y secuestro
de mujeres y niñas para forzarlas a la prostitución, entre otros. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles
dispuso la constitución de un tribunal internacional especial para que juzgase al káiser por el « delito supremo contra la
moral internacional y la inviolabilidad de los tratados» y para la constitución de tribunales militares aliados que juzgasen a
otras personas por crímenes de guerra.
25
Esta cláusula establecía lo siguiente: «Esperando que un Código más completo pueda ser redactado, en lo que
concierne a sus leyes, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos en las
disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes queden bajo la salvaguardia y el imperio de
los principios del derecho de gentes, como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la
humanidad y de las exigencias de las conciencias públicas».
26
Dobkine, Michel, Crimes et humanité - extraits des actes du procès de Nuremberg - 18 octobre 1945/ 1er.
15
El Estatuto del Tribunal de Nuremberg tipificó como crímenes contra la
humanidad, los asesinatos, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos
inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la Segunda
Guerra Mundial, y las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución de cualquier otro crimen de competencia del Tribunal o relacionados con los
mismos. Además, el Estatuto dejaría sentada una de las bases fundamentales del
crimen de lesa humanidad: este era un crimen, hubiera o no constituido una violación
a las leyes nacionales del país donde se cometieron.
Esta noción de crimen contra la humanidad obedece a la necesidad por parte
de la comunidad internacional de reconocer que «hay dictados elementales de la
humanidad que deben reconocerse en toda circunstancia»27 y hace parte hoy de los
principios aceptados por el derecho internacional. Así lo confirmó el 11 de diciembre
de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 95 (I).
La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación a través del derecho
penal internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguarda
constituye una norma imperativa de derecho internacional, ya que -como afirma la
Corte Internacional de Justicia en la sentencia Barcelona Traction- «dada la
importancia de los derechos que están en juego puede considerarse que los Estados
tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos; las obligaciones de
que se trata son obligaciones erga omnes».28 Esto significa, que estas obligaciones son
exigibles a todos los Estados y por todos los Estados.
Octobre 1946, Ediciones Romillat, Paris 1992, pags. 49-50.
27
Informe Final de la Comisión de Expertos para la Investigación de las graves transgresiones de los Convenios de
Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, documento
de las Naciones Unidas S/1994/674, de 27 de mayo de 1994, párrafo 73.
28
Corte Internacional de Justicia, fallo de 5 de febrero de 1970, asunto Barcelona Traction Light and Power
Company, párrafo 32, en Recueil des Arrêts de la Cour Internationale de Justice - 1970, original en francés, traducción
libre.
16
Hay que precisar que el crimen de lesa humanidad es un crimen de derecho
internacional. Como lo señaló la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas, «la violación grave y en gran escala de una obligación internacional de
importancia esencial para la salvaguarda del ser humano, como las que prohíben la
esclavitud, el genocidio y el apartheid»29 es un crimen internacional. Lo que significa
que su contenido, su naturaleza, y las condiciones de su responsabilidad son
establecidas por el derecho internacional con independencia de la que pueda
establecerse en el derecho interno de los Estados. En este sentido, no cabe posibilidad
jurídica alguna que las violaciones a los derechos humanos más fundamentales, que
son los que están comprometidos en los crímenes contra la humanidad, no sean
sometidas a juicio y sus autores castigados. Según esto, la obligación internacional de
un Estado es la de juzgar y castigar a los responsables de crímenes contra la
humanidad, es una norma imperativa del derecho internacional que pertenece al jus
cogens30 o derecho de gentes.
LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Aunque los instrumentos legales posteriores han profundizado en la definición
de crímenes contra la humanidad, existe un acuerdo generalizado sobre los tipos de
actos inhumanos que constituyen crímenes contra la humanidad, que esencialmente
son los mismos reconocidos hace casi ochenta años. A la luz del desarrollo actual del
Derecho Internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crimen
contra la humanidad actos como el genocidio, el apartheid y la esclavitud. Así mismo,
han sido considerados crímenes contra la humanidad la práctica sistemática o a gran
escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la
reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos
29 Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de derecho Internacional, 1976, Vol. II, 2a. Parte,
pág. 89.
30
Aunque existen opiniones diversas en la doctrina, se puede decir que el jus cogens esta constituído por aquel
conjunto de normas y principios que resultan esenciales a la vida civilizada entre las naciones, los pueblos y los individuos.
Las normas de Jus Cogens son de imperativo cumplimiento y no pueden ser derogadas por tratados o convenios
internacionales.
17
políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos
sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario.31
31 Al respecto ver Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional,
Documento de las Naciones Unidas, Suplemento N 10 (A/51/10), pág. 100 y siguientes, y Amnistía Internacional, Corte
Penal Internacional - La elección de las opciones correctas, Parte I, Enero de 1997, Índice AI: IOR 40/01/97/s.
18
Numerosos de estos crímenes contra la humanidad han sido objeto de
Convenciones internacionales. Así, entre otras, la Convención Internacional sobre la
represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio. A diferencia de la definición de genocidio y del
crimen de Apartheid, la definición de los crímenes de lesa humanidad aparece en
diversos instrumentos y ha ido sufriendo modificaciones con fines aclaratorios. La
práctica sistemática de la desaparición forzada de personas ha sido considerada como
un crimen contra la humanidad por la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas y la Convención
Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. La Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos32 y la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa33 se pronunciaron en este mismo sentido. Igualmente, La tortura ha sido
considerada como una «ofensa a la dignidad humana» por la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado
que su práctica sistemática constituye un Crimen contra la Humanidad34.
En razón de la naturaleza de estos crímenes, como ofensa a la dignidad
inherente al ser humano, los crímenes contra la humanidad tienen varias
características específicas. Son Crímenes imprescriptibles 35 . Son imputables al
individuo que los comete, sea o no órgano o agente del Estado. Conforme a los
principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, toda persona que
comete un acto de esta naturaleza «es responsable internacional del mismo y está
sujeta a sanción». Igualmente, el hecho de que el individuo haya actuado como jefe
de Estado o como autoridad del Estado, no le exime de responsabilidad. Tampoco,
puede ser eximido de responsabilidad penal por el hecho de haber actuado en
32 Resoluciones 66 (XIII-/83) y 742 (XIV-0/84).
33
Resolución 828 de 26 de septiembre de 1984.
34
Decisión N 163 de 18 de enero de 1978.
35
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2391 (XXII) de 1968.
19
cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto significa, que no se puede
invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo de estos crímenes. A
las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen contra la
humanidad no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio36.
Como crimen internacional, la naturaleza del crimen contra la humanidad y
las condiciones de su responsabilidad son establecidas por el derecho internacional con
independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los Estados. Esto
significa que el hecho de que el derecho interno del Estado no imponga pena alguna
por un acto que constituye un crimen de lesa humanidad, no exime de
responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido. Por ello, es que
precisamente el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que aún cuando nadie podrá ser condenado por «actos u omisiones que en
el momento de cometerse no fueran delictivo según el derecho nacional o
internacional», se podrá llevar a juicio y condenar a una persona por «actos y
omisiones que en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios
generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional». Similar cláusula
tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así que la ausencia de tipos penales
en el derecho penal interno para reprimir los crímenes contra la humanidad,
reconocidos como parte de estos principios del derecho internacional, no puede
invocarse como obstáculo para enjuiciar y sancionar a sus autores.
LA REPRESIÓN INTERNACIONAL DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
36 Principios de cooperación internacional en la identificación, detención extradición y castigo de los culpables de
crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad (Principio 5), adoptados por Resolución 3074 (XXVII) de 3 de
diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
(artículo 1.F) y Declaración sobre el Asilo Territorial (artículo 1.2).
Pero tal vez una de las consecuencias mayores, en razón de que constituyen
una ofensa a la condición misma del ser humano y a la conciencia de la humanidad,
radica en que los crímenes contra la humanidad están sujetos al principio de
20
jurisdicción universal. Esto significa que todos los Estados tienen la obligación de
perseguir judicialmente a los autores de estos crímenes, independientemente del lugar
donde estos fueron cometidos o de la nacionalidad del autor o de las víctimas. Existe
la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar a los culpables de
crímenes contra la humanidad así como un interés de la comunidad internacional
para reprimir esta clase de crímenes. Como lo aseveró la Corte de Casación de
Francia, al juzgar por crímenes contra la humanidad a Klaus Barbie, estos crímenes
pertenecen a un orden represivo internacional, al cual la noción de frontera le es
extranjera. Esta ha sido la razón para el establecimiento de los Tribunales
Internacionales Ad Hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda así como para la creación de
una Corte Penal Internacional.
Uno de los medios para hacer efectivo este principio de jurisdicción universal, y
por tanto de proceder a la represión internacional de los crímenes contra la
humanidad, es la vía de los Tribunales penales internacionales. Su creación ha estado
prevista desde 1948, al adoptarse la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio. Igualmente la Convención sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid , de 1973, preveía la constitución de este Tribunal
internacional. Actualmente, esta en curso la adopción de un convenio internacional
para crear esta Corte que tendrá competencia, entre otros, para conocer y fallar
sobre crímenes contra la humanidad.
El principio de la jurisdicción universal se puede realizar a traves de la regla de
aut dedere aut judicare, según la cual el Estado en cuyo territorio se encuentra un
responsable de crimen contra la humanidad debe extraditarlo al país donde este
crimen fue cometido o enjuiciarlo por este crimen. Además de ser un principio
reconocido del derecho internacional, varias convenciones internacionales prevén
expresamente esta disposición37.
37 Así por ejemplo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(artículo 5) , la Convención Interamericana para la Prevención y la Sanción de la Tortura (artículo 12) y la Convención
Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas (artículo IV). Los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo
Adicional I, tienen similares disposiciones.
21
Pero igualmente, la represión internacional de los crímenes contra la
humanidad puede lograrse a través de la acción de los tribunales nacionales de un
tercer Estado, aunque el crimen no haya sido cometido allí o el autor y las víctimas
no sean nacionales de ese país. Los Principios de cooperación internacional en la
identificación, detención extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra
o de crímenes de lesa humanidad38 prescriben que «los crímenes de lesa humanidad
, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se haya cometido, serán objeto de
una investigación , y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la
comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas»39. Aunque estos mismos Principios establecen que los
responsables de crímenes contra la humanidad deben ser juzgados «por lo general en
los países donde hayan cometido esos crímenes», con ello no se agota la posibilidad
de que sus autores sean procesados por los tribunales de otros países. Incluso, el
principio 2 establece que los Estados puedan juzgar a sus propios nacionales autores
de crímenes contra la humanidad, con lo cual cabe la posibilidad de que un Estado
procese a alguien por un crimen contra la humanidad cometido en el territorio de
otro Estado. La Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid,
en su artículo V, establece que los tribunales de cualquier Estado pueden juzgar a un
autor de crimen de Apartheid cuando tienen jurisdicción sobre esta persona. Esta
jurisdicción puede ser resultar en virtud del derecho interno que faculta a reprimir
crímenes de transcendencia internacional, aunque hayan sido cometidos en el
exterior y por y contra personas que no son nacionales de ese Estado. De hecho varias
legislaciones en el mundo, incluida España, tienen este tipo de disposiciones40.
38 Estos Principios fueron adoptados por Resolución 3074 (XXVII) de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
39
Principio 1.
40
A título de ejemplo, puede ser citados el Código Penal de Venezuela (artículo 4), el Código Penal de El Salvador
(artículo 9), el Código Penal de Colombia (artículo 15).
22
Esta vía última para hacer efectiva la represión internacional de los crímenes
contra la humanidad ha sido considerada en el proyecto de Conjunto de Principios
para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha
contra la Impunidad41. Expresamente, el principio 20 prescribe que los tribunales
extranjeros deberán tener competencia para juzgar crímenes contra la humanidad ,
ya sea sobre la base de un tratado vigente o de una disposición legal interna en que
se establezca una norma de competencia extraterritorial para los delitos graves
conforme al derecho internacional. Igualmente, el Conjunto de principios establece
que «los Estados pueden adoptar, en aras de la eficacia, medidas legislativas internas
para establecer su competencia extraterritorial sobre los delitos graves conforme al
derecho internacional que se hayan cometido fuera de su territorio y que, por su
naturaleza, no estén previstos únicamente en el derecho penal interno sino asimismo
en el ordenamiento represivo internacional al que no se aplica la noción de frontera».
Este planteamiento no es una novedad. Grocio, considerado como uno de los padres
del derecho internacional, señalaba en que si los reyes y aquellos que tienen un poder
igual al de los reyes, tienen el derecho a imponer penas no solo por injuria cometidas
contra ellos o sus súbditos, con mayor razón tenían ese poder para sancionar aquellas
que no los afecta directamente y que violan con exceso el derecho natural o de gentes
frente a cualquiera.42
Las amnistías e indultos que han permitido la impunidad de los militares
argentinos y chilenos autores de estos crímenes no pueden ser invocadas.
Primeramente, porque estas medidas que han permitido la impunidad, han denegado
el derecho a un recurso judicial y a saber la verdad que le asiste a las víctimas, han
sido consideradas incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
41 Este Conjunto de Principios se encuentra actualmente en trámite ante la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, y ha sido publicado en el documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.
42
H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, ediciones Pradier-Fodére, Paris 1867.
23
En segundo lugar, en virtud del principio de supremacía del derecho
internacional43, el derecho interno de los Estados no es pertinente para modificar,
mediante actos de los poderes públicos de ningún tipo, incluídos los indultos y las
amnistías, la naturaleza jurídica de los Crímenes contra la Humanidad ni las
obligaciones internacionales que tiene el Estado de juzgar y sancionar los autores de
estos crímenes. Pero además, las normas relativas a los crímenes contra la
humanidad tienen la jerarquía de jus cogens y, como tales, no admiten acuerdo en
contrario: esto significa que no puede reconocerse validez jurídica a actos unilaterales
de los Estados tendientes a dejarlas sin efecto dentro de su respectiva jurisdicción y
tales actos unilaterales no son oponibles frente a los demás Estados y a la comunidad
internacional en su conjunto.
43 Principio que además esta codificado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, ratificado tanto por Argentina como por Chile en 1972 y 1981 respectivamente.
24
En tercer lugar, por que la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo
delito - principio conocido como non bis in idem - contenida en el artículo 14.7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sólo proscribe la celebración de
nuevos juicios por tribunales de un mismo Estado. El alcance de este principio fue
expresamente señalado durante los trabajos de redacción del Pacto44 y ha sido
explícitamente refrendado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.45 La Comisión de Derecho Internacional ha constatado que «el derecho
internacional no obliga a los Estados a reconocer las sentencias dictadas en un Estado
extranjero». 46 Sin embargo, la Comisión preocupada de que una persona
debidamente juzgada, declarada culpable y sancionada con un castigo proporcional al
crimen no sea objeto de una doble sanción, lo que «rebasaría las exigencias de la
justicia»,47 ha aseverado la necesidad de reconocer la vigencia del principio non bis
in idem pero no de manera absoluta. Así, la Comisión consideró que tal principio no
puede invocarse en el ámbito del derecho penal internacional, cuando el autor del
crimen contra la humanidad no ha sido debidamente juzgado o castigado por ese
mismo crimen, la justicia no ha obrado de manera independiente e imparcial o el
proceso tenía como fin exonerar de responsabilidad penal internacional a la persona.
En tales casos, concluyó la Comisión de Derecho Internacional, «la comunidad
internacional no debe estar obligada a reconocer una decisión resultante de una
transgresión tan grave del procedimiento de justicia penal».48
La represión contra los crímenes de lesa humanidad esta inspirada en la noción
misma de justicia. Esta represión no implica, de ninguna manera la merma, de las
garantías procesales y del derecho a un juicio justo.
44 Marc J. Bossuyt, Guide to the «Travaux preparatoires» of the International Covenant on Civil and Political
Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, págs. 316-318.
45
Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 204/1986, decisión de 2 de noviembre de 1987.
46
Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en
su 48 período de sesiones - 6 de mayo a 26 de julio de 1996, documento suplemento No. 10 (A/51/10), pág. 72.
47
Ibid.
48
Ibidem, pág. 75.
25
LOS JUICIOS EN ESPAÑA
Es una verdad incontestable que las violaciones a los derechos humanos
registradas en Argentina y Chile, durante el periodo en que los destinos de ambos
países estuvieron regidos por gobiernos militares constituyen crímenes contra la
humanidad. También es una verdad incontrovertible que las fuerzas armadas de
ambos países implementaron una metodología represiva sistemática y a gran escala,
colocando a su absoluto servicio los recursos del Estado para llevar a cabo estas
violaciones a los derechos humanos, legislando para reprimir, denegando los recursos
de la protección judicial a las víctimas, usando la el sistema judicial para perseguir a
los opositores, colocando a la sociedad en una situación de grave indefensión, y
creando una atmósfera de terror en la población. Al analizar lo sucedido entre 1976
y 1983 en Argentina, una investigación llegó a la conclusión de que «el ejercicio
criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno,
mediante un sistema organizado y alentado desde sus altas estructuras para el logro
de sus fines es lo que se ha dado en llamar Terrorismo de Estado».49
49 Caiati, M.C. y Frontalini, D., El mito de la guerra sucia, ediciones CELS, Buenos Aires, 1984, pág. 83.
26
Los procesos iniciados en España por los crímenes contra la humanidad
cometidos en Argentina y Chile, durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 y
1973 a 1990 respectivamente, constituyen un importante paso para que estos
crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad no queden impunes. Estos
crimenes contra la humanidad, como lo afirmara el Procurador del proceso contra
Klaus Barbie,50 son la negación de la humanidad y buscan hacer a un lado los seres
humanos de la comunidad humana, negándoles el carácter de ser humano a sus
víctimas. La afirmación hecha con ocasión a este proceso contra Barbie, según la cual
«es toda la humanidad la que se hace presente hoy como parte civil al proceso»51
adquiere su total significado: es la comunidad de los seres humanos la agraviada con
este tipo de crímenes.
Los Tribunales españoles están habilitados para perseguir estos crímenes y
están en pleno derecho de ejercer su jurisdicción. La Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Código Penal de España contienen disposiciones para que los Tribunales españoles
juzguen los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina y Chile. Los
resultados de las iniciativas judiciales españolas tienen un gran valor en la represión a
los crímenes de lesa humanidad y pueden constituir un importante precedente en la
lucha contra la impunidad que debe llevar a cabo la comunidad internacional. Las
autoridades argentinas y chilenas en lugar de poner obstáculos, deberían cumplir con
su obligación de cooperar con estas iniciativas para que los responsables de crímenes
contra la humanidad sean llevados ante la justicia.
50 Pierre Truche, «la notion de crime contre l’humanité», en revista Esprit, Paris, mayo de 1992, págs. 67 y ss.
51
Declaración del abogado R. Amselem, en el diario Le Monde, Paris, edición de 3 de julio de 1987, pág. 12.