al encuentro de lo posible

8/14/2019 Al Encuentro de Lo Posible

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Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIHProyecto Cultura de Derechos Humanos

Al encuentro de lo posibleCultura de derechos humanosCopy right

Calle 7 No 6 -54Telfonos (1) 3345077 Fax 5960425

ISBN

Bogot, octubre de 2008

Francisco Santos CaldernVicepresidente de la Repblica

Carlos Franco Echavarra

DirectorToms Concha SnzCoordinador rea de Polticas

Proyecto Cultura de Derechos Humanos

INVESTIGACINYTEXTOS

Fabiola CastilloCoordinadora

Mara Claudia DazLuz ngela CardonaAsesoras

Andrs Felipe GutirrezAsesor apoyo revisin documental

Diana Ximena TllezAsesora apoyo gestin institucional

PRODUCCINEDITORIAL

Marcela GiraldoEditora

Kumu diseoEduardo BriceoDiseo, diagramacin, ilustraciones e impresin

Archivo Proyecto Cultura de Derechos HumanosFotografas

Molher Impresores

ImpresinImpreso en ColombiaPrinted in Colombia

Distribucin gratuitaEst permitida la reproduccin total o parcial del texto citando la fuente. Proyecto Cultura de Derechos Humanosdel Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la Repblica.


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l Proyecto Cultura de Derechos Humanos hace un reconocimiento especial yrinde un homenaje pstumo a la memoria de Luis Fernando Maldonado*, quiencon su generosidad, sencillez y calidez nos acompa y alent, compartiendosu saber y experiencia como defensor de los derechos humanos, en el sueo de

construir nuevos conocimientos y unas nuevas relaciones que nos lleven a reconocernos

y valorarnos como seres humanos y sujetos de derechos.

La trayectoria de Luis Fernando Maldonado en su calidad de docente, investigador yasesor en el sector pblico dan cuenta de su amplia experiencia, mediante la produccinacadmica, y la incursin en escenarios oficiales en el tratamiento de diversas temticasde la realidad social y poltica colombiana.

Titulado como abogado y especialista en Derecho Pblico de la Universidad Nacional deColombia, desempe una destacada labor docente durante cerca de diez aos en laFacultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales, al igual que en programas de pregrado

y posgrado de las universidades Externado de Colombia, Andes y Caldas, en las queestuvo a cargo de materias como Derecho Constitucional, Derecho Pblico, Teora del

Estado, Derechos Humanos y Polticas Pblicas, entre otras.

En el curso de su ejercicio profesional, estuvo vinculado con entidades pblicas comola Defensora del Pueblo, Secretara de Gobierno de Bogot, Instituto Colombiano deBienestar Familiar, entre otras, en las que ocup cargos directivos o de asesora en losmbitos sobre los cuales centr su actividad tanto en trminos laborales como acadmicos:polticas pblicas, cultura de paz y derechos humanos.

Sus trabajos han sido ampliamente reconocidos, sus extensos conocimientos as comosu capacidad de reflexin y anlisis crtico quedaron recogidos en varias obras de suautora. Entre ellas se destacan: Universidad Nacional: historia, reflexiones, reformay situacin actual(1987);Escritos para el estudio de los derechos humanos, Defensora

del Pueblo (2000) en coautora con Ricardo Snchez;Derecho y conflicto en Colombia:

En memoria

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* Este perfil se adapt con base en la informacin de la publicacinDerechos humanos como poltica pblica. 2007. UniversidadNacional de Colombia, Unibiblos. Bogot.


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PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y D IH

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El Derecho Internacional Humanitario (2001) yLos derechos humanos como polticapblica (2007 publicacin pstuma).

A las anteriores publicaciones se suman diferentes artculos en materia jurdica y poltica,escritos para prestigiosas publicaciones comoPoliteia,Pensamiento Poltico yEsquina

Regional.

Su vida se extingui el 2 de noviembre de 2005, pero su pensamiento, aportes y compromisocon las problemticas de su tiempo, permanecen como valioso referente para quienestrabajamos desde diferentes espacios y escenarios, a favor del reconocimiento yreivindicacin de los derechos humanos como horizonte ticoen las distintas esferas dela vida social.


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El Proyecto Cultura de Derechos Humanos destaca la labor de los funcionarios,lderes e instituciones que se han sumado al compromiso del Gobierno por hacerde los derechos humanos el marco de accin del Estado y de todos quieneshacemos parte de l. El proyecto expresa su reconocimiento: .

A Rosario Jaramillo, asesora del Viceministerio de Educacin Bsica y Media del Ministeriode Educacin Nacional, quien junto con su equipo de colaboradores, brindaron susconocimientos, energa y voluntad para reflexionar sobre la forma como actuamos ytomamos decisiones en la vida cotidiana.

A Omar Rincn Vanegas, quien en calidad de coordinador del rea de Gobernabilidadde la Escuela Superior de Administracin Pblica, apoy la construccin y adecuacinde estrategias metodolgicas pertinentes.

A Elizabeth Gmez, asesora de la Procuradura Delegada para la Prevencin en DerechosHumanos y Asuntos tnicos.

A Martha Patricia Ovalle, asesora de la Escuela de Capacitacin Judicial Rodrigo LaraBonilla.

A Adriana Jimnez, asesora de la Direccin de Derechos Humanos y Claudia PatriciaCuevas de la Academia Diplomtica de San Carlos, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A Nohora Villabona, directora de Gestin Humana del Instituto Colombiano de BienestarFamiliar.

A Mauricio Hernndez, director nacional de Promocin y Divulgacin y Martha PatriciaJimnez, de la Oficina de Personal de la Defensora del Pueblo.

A Mara Ximena Pealosa, asesora jurdica del Departamento Administrativo de Seguridad(DAS) y Natalie Romero Portillo, instructora de la Academia de Formacin del DAS.

A Carmen Helena Aguilar y Mara Cristina Daz, asesoras de Control Interno y de GestinHumana y Bienestar Social del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Agradecimientos

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A Graciela Retamoso, coordinadora del grupo de gestin humana del Ministerio deCultura.

A Manuel Restrepo Yusti, asesor de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada deNaciones Unidas para los Derechos Humanos.

A Juan Andrs Leal, asesor de la Contralora General de la Repblica.

A Hilda Hernndez y Caridad Jimnez, asesoras del Departamento Administrativo dela Funcin Pblica.

A Juan Manuel Cobos, Edilma Torrijos y Paola Pacheco de la Escuela Superior deAdministracin Pblica (ESAP).

A Alfonso Vera Jaimes, asesor de la Agencia Presidencial para la Accin Social y laCooperacin Internacional.

A Eduardo Mario, asesor de la Direccin General del SENA.

A Alexander Cortez Crdenas, coordinador Oficina de Derechos Humanos del Inpec.

A Elsa Barn de Rayo y su equipo de trabajo de la Escuela de Altos Estudios de laProcuradura General de la Nacin.

Al sacerdote Luis Carlos Rudas del Ministerio de Transporte.

Tambin se expresa nuestro reconocimiento:

A los miembros de la Fuerza Pblica que participaron en las actividades del proyecto porla confianza e inters de compartir con funcionarios civiles algunas de las complejassituaciones que en el da tras da deben vivir por causa del conflicto y ms cuando setrata de comprender las relaciones que se tejen en las instituciones y entre estas y lasociedad civil.

Gracias a todos aquellos quienes con su entusiasmo, dedicacin, disposicin de dilogoy consenso participaron en la elaboracin del Plan nacional de accin sobre cultura de

derechos humanos para funcionarios pblicos.

A Jenny Nieto, Gloria Jimnez, Juliana Cubides y Yeny Gmez por el inters y dedicacinen el anlisis, reformulacin y validacin de los mdulos de formacin sobre dignidadhumana y derechos humanos, Estado Social de Derecho, polticas pblicas y cultura de


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AL ENCUENTRO DE LO POSIBLE - CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

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derechos humanos, cuyos aportes han sido muy valiosos para estructurar el modelobsico de formacin para funcionarios pblicos.

El amable recuerdo del trabajo realizado en regiones, la calidad de su gente, la cercanaa nuestra cultura indgena y la imponencia de sus paisajes obliga una especial mencina quienes nos acompaaron en las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y en elmacizo caucano.

A Leonor Zalabata Torres, autoridades indgenas y las mujeres del pueblo arhuaco quienesnos brindaron su conocimiento, abrigo y confianza para el desarrollo de las actividadespropuestas.

En el caso del pueblo wiwa, la invaluable y meritoria compaa de Diana Fuentes, ArelysMendoza, Lejandrina Pastor, Yulia Mendoza y Kandy Montao as como a los demslderes y autoridades de la Casa Indgena de San Juan del Cesar.

A Jaime Arias, gobernador del cabildo indgena Kamkuamo y tantos otros lderes de lospueblos wiwa, arhuaco, wayu y kogui quienes permitieron al proyecto acercarse yconocer sus incansables esfuerzos y compromiso con el ejercicio de los derechos humanos

y el fortalecimiento de la identidad de sus comunidades.

A Richard Maca y Milo Anacona, en el macizo caucano, as como a todos los miembrosdel cabildo Papallaqta por su asesora y apoyo.

A la Casa de la Juventud de El Tambo, a Jorge Lara y a los estudiantes y profesores delos colegios de San Sebastin y Bolvar, en particular a las profesoras Socorro y Consuelo,por su apoyo invaluable.

A Esther Snchez Botero cuyo aporte ha sido punto de referencia en el conocimiento delo diverso y diferente en el contexto de una nacin multicultural y pluritnica. .

Por ltimo, a los equipos de gobierno de las alcaldas de San Sebastin, Bolvar y ElTambo, a la Gobernacin del Cauca y en especial a Jimena Velasco de la Secretara dePlaneacin, por su compromiso sostenido con las acciones realizadas y en general a todos

aquellos que colaboraron de distintas maneras en la formulacin y ejecucin del proyecto.


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Presentacin

Introduccin

CAPTULO 1. Escenarios sociales e institucionales

1. El reto: transformar la cultura1.1 Construir estrategias

a. La percepcin de los derechos humanos en la culturab. La gestin pblica y los derechos humanosc. Los funcionarios pblicos y los derechos humanos

2. Marco conceptual y poltico2.1 Estado Social de Derecho

a. El Estado gestor versus el Estado gerencialb. Derechos individuales versus derechos colectivos

2.2 Gestin pblica: su papel en el Estado Social de Derecho2.3 Diseo de polticas pblicas

a. De las polticas pblicas a una poltica para la vida2.4 La diversidad tnica y culturalRecuadro. En pos de un nuevo pacto social

CAPTULO 2. Apuesta por la construccin de una cultura de derechos humanos

1. Proceso con los funcionarios1.1 Derechos humanos en las entidades pblicas

a. Formacin a los servidores pblicos: sondeob. Aplicacin de la encuesta

1.2 Resultados ms relevantes1.3 Estrategia del proyecto

2. Desarrollo del proyecto en regiones2.1 Sierra Nevada de Santa Marta

a. El contextob. Los aprendizajes

c. El proceso2.2 Experiencia en el macizo caucanoa. Aprendizajesb. Fortalecimiento de actores estratgicosc. Reconocimiento y apropiacin del territorio

Tabla de contenido

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UNA APUESTA POR EL CAMBIO

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d. Consolidacin institucional, justicia propia y formacin comunitariaRecuadro. Las bibliotecas y los bibliotecarios como agentes culturales

CAPTULO 3. Referentes y estrategias

1. Aproximacin hacia una cultura de derechos humanos1.1 El concepto de cultura1.2 Elementos constitutivos de la cultura

a. Los imaginarios socialesb. Las representaciones socialesc. Los significadosd. Las prcticas sociales

1.3 Abanico de elementos: el lenguaje y la memoria

a. El lenguaje como vehculo de la culturab. Papel de la memoria en la transformacin de la cultura

1.4 Cultura y poltica

2. La cultura de los derechos humanos2.1 tica y moral2.2 tica y derechos humanos2.3 El papel de las normas en la cultura

3. Colombia como un Estado Social de Derecho3.1 Derechos humanos y Estado Social de Derecho

CAPTULO 4. Conocer y hacer deben ser hebras de un mismo hilo

1. Para qu la promocin y formacin en derechos humanos?

2. Qu se ensea en derechos humanos?

3. Cmo se alcanzan los objetivos pedaggicos?

4. Cules caractersticas deben tener las metodologas?

5. Cules son los tipos de metodologa?

6. Cmo se han construido las metodologas?

7. Qu pasos se dan en la implementacin de una metodologa? (Delantal pedaggico)

CAPTULO 5. Perspectivas: ruta de trabajo

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l presente libro recoge las experiencias del Proyecto de Cultura de DerechosHumanos y de las entidades del Gobierno nacional en estos cinco aos; condensalogros, satisfacciones, frustraciones, dificultades, aprendizajes, aportes deinstituciones, de organizaciones de la sociedad civil, realizaciones, sueos yproyectos. Es el resultado de una reflexin y prctica de un proceso colectivo. .

Es un resultado del trabajo de estos aos y una base para la construccin de una prcticade los derechos humanos en las instituciones estatales y para el desarrollo de la lnea decultura del plan nacional de accin que esperamos se concrete muy pronto. Y es unamodesta contribucin a la conmemoracin de los 60 aos de la Declaracin Universalde 1948.

Es un ejercicio que se pone a la disposicin de quienes se interesen en el tema con lanica pretensin de sistematizar experiencia y conocimiento para facilitar la discusin

y la construccin de un quehacer necesario en aras de fortalecer la institucionalidad;ninguna institucin puede ser legtima y eficaz sino se impregna de una cultura dederechos humanos y sus funcionarios se involucren en su prctica. .

La preocupacin del Gobierno nacional en el tema de cultura de derechos humanos nacedel anlisis de cules son las razones para que Colombia tuviera una situacin como laque hallamos en 2002. Encontrar las causas podra sealar el camino de los elementosde poltica a ser aplicada. Tradicionalmente se esgrime la responsabilidad de agentesestatales por accin u omisin y en ocasiones se agrega la persistencia de grupos armadospara explicar la situacin.

Este Gobierno reconoce estas causas pero las considera insuficientes para identificar lasdistintas dimensiones del problema, y ha trabajado con la conviccin de que la debilidaden el control territorial por parte del Estado y una deficiente cultura de derechos humanosson dos factores adicionales en la situacin encontrada. De ah surge la poltica de

seguridad democrtica para garantizar tanto la presencia institucional en todo el territoriocomo el ejercicio de derechos y libertades por parte de quienes habitan este territorio.

La necesidad de fortalecer la cultura de derechos humanos se evidencia al analizar lapoltica del Estado en esta materia: es una poltica reactiva que responde a requerimientos

Presentacin

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de la nueva legislacin, de peticiones internacionales o de adecuaciones a la jurisprudenciay doctrina de nuestros rganos judiciales.

Como si ello fuera poco argumento es conveniente analizar la exigencia de adecuar lasprcticas institucionales, de gobierno y de aplicacin de polticas pblicas al conceptode Estado Social de Derecho, pluritnico y fundado en los derechos consagrados en laCarta de 1991; concepto en permanente formacin y cada vez ms exigente en su contenido,en la medida en que se supere a la violencia como reguladora de los conflictos y se dpaso al imperio de la Constitucin y las leyes para cumplir esa funcin de arbitraje. .

La Colombia en paz, reconciliada, solidaria, prspera y regida por leyes que aspiramosa construir y que cada da se perfila como una realidad, requiere funcionarios conscientesde su papel como garantes de derechos, sensibles a las exigencias de su realizacin porparte de ciudadanos y ciudadanas, y respetuosos de los derechos de todos los servidorespblicos de sus entidades.

Ese desafo es complejo. Los contenidos, metodologas y conceptos no llegan de la mismamanera a funcionarios de las reas social o econmica, a funcionarios civiles o a miembrosde la Fuerza Pblica; ese reto choca con las prcticas administrativas tradicionales,criterios de evaluacin y procedimientos de seleccin, tiene que enfrentar la movilidadde funcionarios estatales a todos los niveles y la autonoma de las entidades. .

Los logros deben apreciarse en el esfuerzo del Proyecto de Cultura de Derechos Humanoscomplementados con la nueva visin de incorporar su perspectiva en los planes dedesarrollo; los avances en la Fuerza Pblica, depositaria de la fuerza del Estado y garantede un clima propicio para ejercer derechos, as como la expedicin de normas que regulenlos procesos de paz con pleno respeto a los derechos de las vctimas. .

Mucho ms complejo es el reto cuando asumimos la cultura como una construccinsocial, exclusiva de las colectividades e integral y abarcadora de muchas prcticashumanas; en particular, la cultura de derechos humanos pretende incidir sobre hbitos,comportamientos y concepciones; de ah parte de su complejidad. Tarea difcil en unambiente que ha heredado prcticas excluyentes, tolerancia con la violencia, caminosfciles que desconocen la responsabilidad social y los principios democrticos. .

Sueo con que en la casa, los espacios pblicos, los sitios de estudio y los sitios de trabajo,

las relaciones entre colombianos y colombianas se rijan por el respeto a la dignidadhumana y sean todos espacios para garantizar derechos; eso ser posible con el esfuerzomancomunado del Estado, medios de comunicacin y los diferentes sectores de lasociedad. Ojal todos trabajramos bajo la divisa de exigir nuestros derechos, respetar


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los de los dems y procurar su realizacin para todos los colombianos. Precisamente,para ese propsito esta experiencia aspira a ser una contribucin. .

Agradezco a quienes han participado en el proyecto, a quienes han cooperado con l ya todas las instituciones que se han comprometido en transformar sus prcticas. Y dedicoesta pequea contribucin a la memoria de Luis Fernando Maldonado, ese soador,pedagogo, luchador y realizador de los derechos humanos, quien nos ense que suenseanza y prctica son compatibles con la alegra y el placer de vivir la vida a plenitud.

Francisco Santos CaldernVicepresidente de la Repblica


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l considerar la dignidad humana como un valor fundamental, la CorteConstitucional esboza el alcance de dicha nocin, al evidenciar su potencialpara la vida cotidiana y como elemento fundante del Estado Social de Derecho,reconociendo que en ella no se agota toda la capacidad jurdica y conceptualque entraa el trmino:

El principio de dignidad humana protege a) la autonoma o posibilidad dedisear un plan vital de vida y de determinarse segn sus caractersticas(vivir como se quiere), b) ciertas condiciones materiales de existencia (vivir

bien), c) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad fsicae integridad moral (vivir sin humillaciones)1 .

Tal exigencia se constituye en el mayor desafo y compromiso de la sociedad y del Estado.Requiere de instrumentos claros que orienten al individuo y a la sociedad para dejaratrs la senda de la confrontacin armada, del ejercicio desmedido del poder y de la

violencia por la violencia, para iniciar aquella en la que el respeto por la diferencia, latolerancia, el dilogo, el pluralismo y la participacin, se constituyan en frontera y

territorio dando paso a la toma de decisiones que reconozcan en el ser humano la raznde ser del inters general.

La construccin y fortalecimiento de una cultura que haga suyos los valores ya sealados,obliga a un nuevo enfoque en el diseo y aplicacin de una poltica pblica; requiere quela norma no se quede tan solo en los espacios institucionales y que por el contrario, hagaparte del da tras da de cada individuo y colectivo, y que sea apropiada por los agentessociales, analizada y valorada en forma masiva.

En tal perspectiva, el Proyecto Cultura de Derechos Humanos, inscrito en el ProgramaPresidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la

Vicepresidencia de la Repblica, est dirigido a promover prcticas institucionales y sociales

que aporten a la promocin, respeto y garanta de los derechos humanos en el pas.

Introduccin

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1. Corte Constitucional. Sentencia 881 de 2002.


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Para el proyecto, la posibilidad de construir una cultura de derechos humanos obliga ala identificacin de aquellas acciones que se deben emprender tanto con funcionarios yservidores del Estado2 como con la sociedad civil y las organizaciones sociales, dirigidasa lograr la comprensin, aceptacin y apropiacin de los derechos humanos paramaterializar su proteccin, garanta y defensa.

Avances tales como los desarrollos normativos, la preocupacin e inters por su promociny respeto difundido en colegios y escuelas tanto pblicas como privadas; el surgimientode redes y programas de diversa ndole: posgrados, diplomados, cursos de educacincontinuada, ctedras, seminarios, foros y talleres, requieren de esfuerzos adicionales. .

Desde la perspectiva de una cultura de derechos humanos la transmisin del cuerponormativo por s solo, no garantiza una ntima relacin entre su contenido, sentido y

aplicacin real, que los derechos humanos no han sido asumidos como orientadores yrectores de las polticas pblicas diseadas. Su discurso ha estado dirigido a los escenariosde confrontacin armada en los que se evidencia su sistemtica vulneracin. .

As mismo, las iniciativas de formacin en promocin de los derechos se han adelantadode manera desordenada, no incluyen estrategias de alta cobertura e impacto que permitanreflexiones sobre la identidad regional, la corresponsabilidad de los actores sociales y laapropiacin de su sentido.

El escenario educativo ha avanzado en la inclusin de algunos temas relacionados conla Constitucin, la democracia, la estructura general del aparato estatal y los convenios

y tratados de los Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. No obstante

en dicho escenario perviven dos contradicciones: a) promueve la participacin y laautonoma mediante mecanismos autoritarios, y b) busca educar en la creatividad, elespritu y el pensamiento crtico, en medio de relaciones jerrquicas. .

Para que ocurra la transformacin cultural propuesta, es necesario que exista un correlatoentre las acciones de las personas en su vida cotidiana y los valores y principios quesustentan la propuesta de los derechos humanos como referentes ticos y polticoscomunes.

El Proyecto Cultura de Derechos Humanos ha identificado aspectos que deben ser objetode atencin e intervencin para obtener en el mediano y largo plazos algunos cambiosen materia de una cultura para los derechos:

Reestructurar y cualificar el proceso caracterstico de la enseanza en derechoshumanos en las entidades pblicas, para promover y afianzar la construccin de

2. El proyecto no hace distincin entre las nominaciones funcionarios y servidores pblicos.


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conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias que fortalezcan la autonoma,la libertad, la justicia, el dilogo y el consenso.

Recuperar el respeto por la ley en calidad de acuerdo poltico, el sentido de la justicia,de la reflexin tica y moral como fundamento de acciones y decisiones, al igual quela historia personal y colectiva, as como las condiciones del contexto para la construccinde una cultura de derechos humanos.

Contribuir a fortalecer el papel de la gestin pblica en su condicin de garante de losderechos humanos.

Afianzar la condicin de sujeto de derechos del ser humano.

La accin pedaggica del proyecto ha estado orientada a comprender que el sujeto dederechos humanos es quien hace uso de sus lmites y libertades, reconoce a los otros yasume los derechos humanos como un discurso que se concreta en la vida cotidiana, elcual ha sido y contina siendo alimentado por la cotidianidad.

Estos presupuestos bsicos de la accin pedaggica se han convertido en directrices parala formulacin de un plan de accin para la construccin de una cultura de derechoshumanos con funcionarios pblicos, as como estrategias de trabajo con sociedad civil,con el objetivo de mejorar la relacin Estado-sociedad para la consecucin de metascomunes.

El proyecto en su apuesta por la transformacin de la cultura institucional, para lograrun cambio en la percepcin y gestin de lo pblico, renueva su compromiso por hacerde esta iniciativa una experiencia que sirva de base para la formulacin de una propuestaglobal, susceptible de ser replicada en la mayor parte de instituciones de los rdeneslocal, regional y nacional.

Fabiola Castillo ReinaCoordinadora

Proyecto Cultura de Derechos Humanos


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l lenguaje de los derechos es cada vez ms el lenguaje comn de la dignidad

humana y del respeto por la vida y con mayor razn de los mbitos sociales e

institucionales, dado que son estos los escenarios donde de manera privilegiada

se piensan y definen los rumbos de la vida social.

Lograr que los derechos humanos estn presentes en la cultura de manera visible implicarevisar no solo el lenguaje sino tambin los significados que orientan las prcticas

cotidianas. Se trata, adems, de superar la percepcin de que este tema solo est ligado

a casos extremos como masacres, asesinatos o desapariciones forzadas. .

El Proyecto Cultura de Derechos Humanos ha asumido el compromiso de comprender

de qu se habla cuando se expresa esta idea y ha buscado hacer aportes mnimos pero

significativos, que pueden llegar quizs a inspirar a otros en la tarea por hacer realidad

la idea misma de la dignidad humana.

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Escenarios sociales e institucionales

1. El reto: transformar la cultura

De acuerdo con documentos de anlisis del Banco de la Repblica, entre 1987 y 1992 la

tasa de homicidios en Colombia fue de 77,5 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra pone

al pas muy por encima de los ms violentos, triplica el nmero de homicidios de Brasil_que ocupa el segundo lugar_ y reporta una cifra casi diez veces mayor a la de Estados

Unidos1.

En 1981 la cifra registrada fue de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; el nmero

aument a 48 en 1985 y tuvo un ascenso dramtico a 80 en 1990 (Montenegro y Posada,

1994). Esta tendencia creciente del homicidio se comenz a revertir a partir de 2003 y

en 2006 la tasa se situ en 37. Para el ao 2004 el nmero de delitos en el pas pas de

1. En un periodo similar 1986-1989 las tasas aun se mantienen muy por debajo de la colombiana: Brasil (24,6), Bahamas

(22,7), Mxico (20,6), Nicaragua (16,7), Venezuela (16,4), Argentina (12,4), Sri Lanka (12,2), Per (11,5), Ecuador (11) y Estados

Unidos (8) (Citado por Montenegro y Posada, 1994, con base en Polica Nacional, Organizacin Panamericana de la Salud y

Naciones Unidas).


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307.767 a 333.724 en 2005, representando un incremento del 8,45% (Polica Nacional

de Colombia, 2005).

Aun cuando estas cifras solo corresponden a homicidios y delitos comunes, indican una

tendencia presente en la sociedad colombiana a resolver los conflictos de toda ndole por

vas violentas. A las anteriores se suman las cifras asociadas con narcotrfico, violencia

intrafamiliar y desplazamiento forzado, que junto con los niveles de corrupcin e

impunidad, son clara evidencia de la persistencia de prcticas sociales que desatienden

sistemticamente el compromiso tico y poltico que reivindica la realizacin de la

dignidad humana.

En diferentes niveles estas prcticas se han venido

instalando en la vida cotidiana, dando como

resultado un incremento sobre el deterioro de lacalidad de la vida de hombres y mujeres, de nios,

nias y jvenes. La violencia armada impulsa y

genera formas de maltrato cotidiano en la familia

y la vida comunitaria y se incrementan las

posibilidades de cometer crmenes contra la vida

e integridad de las personas ms cercanas

(Velsquez Toro, 2003).

Sin desconocer que en Colombia existen formas alternativas para la resolucin de

conflictos, proyectos de organizaciones no gubernamentales que aportan a la construccin

de propuestas innovadoras, as como acciones del Estado en materia econmica y social

e iniciativas desde diversos sectores sociales que buscan hacer efectivos los principiosde equidad, igualdad y no discriminacin, la situacin de vulnerabilidad e irrespeto a los

derechos humanos sigue siendo crtica.

La situacin descrita obliga a pensar y plantear reflexiones en torno a sus posibles alternativas

de solucin. Es en este punto donde se hace relevante centrar la atencin tanto en las

prcticas sociales como los significados que las orientan, as como explorar e identificar

las formas por medio de las cuales se puede llegar a introducir cambios en la cultura.

El Proyecto Cultura de Derechos Humanos ha asumido este reto y ha acogido un conjunto

de consideraciones que se constituyen en punto de partida para emprender tanto el

anlisis como la accin en el escenario institucional. Estas son:

La construccin y fortalecimiento de una cultura de derechos humanos implica una

responsabilidad compartida entre Estado y sociedad en la labor de hacer de los

principios de los derechos humanos los valores que, al ser reconocidos universalmente,

dotan de sentido la defensa, proteccin y garanta de la dignidad humana. .


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Las instituciones en un Estado Social de Derecho tienen la responsabilidad

insoslayable de prestar servicios en calidad y cantidad, de forma tal que se garanticen

y faciliten las condiciones necesarias para el desarrollo y autonoma de la sociedad

y de sus diferentes actores organizados. Pero tambin y no menos importante,

tienen la responsabilidad de garantizar la efectividad de los principios, derechos

y deberes constitucionales adems de promover la prosperidad general.

La articulacin entre gestin pblica y

derechos humanos es un proceso necesario

que debe conducir a la apropiacin de los

valores que sustentan la dignidad humana y

la materializacin de los postulados sobre los

cuales se ha cimentado el Estado Social de

Derecho.

La tarea de promocin, proteccin y garanta

de los derechos humanos que tiene el Estado

colombiano en general y cada institucin

pblica en particular, exige de todos los

servidores pblicos el reconocimiento y

comprensin de cul es su responsabilidad en

la realizacin de los mismos.

El funcionario en tanto sujeto de derechos y ciudadano, est en capacidad de

comprender y analizar los procesos que intervienen en la toma de decisiones,

reflexionar sobre las motivaciones y condicionantes de sus acciones, dar un lugar

ms definido a los principios y valores que subyacen al respeto y la promocin de

los derechos humanos como normas de comportamiento deseables desde un punto

de vista social, reconocindolos como imperativos morales y jurdicos en el marco

de la Constitucin Poltica y el Estado Social de Derecho.

El fortalecimiento de la participacin de la sociedad civil en la construccin,

seguimiento y evaluacin de polticas pblicas que concreten la proteccin y ejercicio

de derechos ocupa un papel neurlgico en el propsito de afianzar y consolidar un

nuevo orden poltico y social, basado en el pleno ejercicio y garanta de los derechos

humanos.

A partir de estas consideraciones, el Proyecto Cultura de Derechos Humanos puso

el nfasis en acciones con organizaciones sociales y entidades pblicas puesto que

son algunos de los escenarios sociales en los que se construyen y tejen la trama de

significados y prcticas que dan sentido a los derechos humanos en la vida social.


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Entre 1987 y 1992 la tasade homicidios enColombia fue de 77,5 porcada 100.000 habitantes.

Esta cifra pone al pasmuy por encima de losms violentos, triplica elnmero de homicidios deBrasil y reporta una cifracasi diez veces mayor a lade Estados Unidos.


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1.1 Construir estrategiasPara emprender el trabajo propuesto el proyecto formul una serie de hiptesis que se

fueron replanteando en la medida en que se realizaba el diagnstico en el proceso con

funcionarios pblicos y sectores sociales.

Estas hiptesis contribuyeron a orientar el proyecto hacia la construccin de estrategias,

en la exploracin de fundamentos conceptuales, as como en la elaboracin de herramientas

pedaggicas pertinentes. De esta forma, las hiptesis planteadas se formularon con

respecto a:

a. La percepcin de los derechos humanos en la cultura

Las personas asumen los derechos humanos como ajenos a su cotidianidad. Esto se

explica en parte porque el tema no se conoce, es asociado de manera exclusiva con

asuntos relacionados con conflicto armado o se percibe como asunto de expertos. .

Los derechos humanos no se comprenden como una propuesta encaminada a responder

a los intereses sociales de los ciudadanos. No se reconoce la dimensin poltica que

implica su ejercicio, defensa y garanta, quedndose por fuera de escenarios de debate

pblico.

La permanencia de patrones culturales que reproducen y mantienen las prcticas

discriminatorias reafirma el hecho de que los individuos no se reconocen a s mismos

y a los dems como sujetos de derechos.

La situacin de conflicto y violencia generalizada, as como el desconocimiento,

manipulacin o trivializacin del tema de derechos humanos por parte de los medios

masivos de comunicacin contribuyen a polarizar el tema.

Los principios de dignidad humana, justicia, igualdad y libertad no se constituyen

como referentes ticos comunes para los miembros de la sociedad colombiana. Por

el contrario, imperan modelos de ascenso social fcil e ilegal, influenciados por el

narcotrfico, la cultura del atajo, la impunidad y la corrupcin, entre otros factores

asociados.

b. La gestin pblica y los derechos humanos

Las acciones del Estado y la asignacin de recursos y presupuestos pblicos, se perciben

como no ajustados a las realidades de los contextos locales y regionales, al igual que

utilizados en forma indebida, mediante mecanismos de corrupcin. .


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Las polticas pblicas carecen de un enfoque de derechos humanos. Esto ocasiona que

el conjunto de acciones y decisiones pblicas se centren ms sobre los medios y la

eficiencia en la gestin que en la realizacin de los derechos.

En la evolucin de la calidad de la gestin pblica prevalecen los criterios de eficiencia

administrativa y financiera antes que de goce efectivo de derechos. Desde este enfoque

la ciudadana se comprende en trminos de usuario o cliente y no como sujetos de

derechos.

Se requiere de acciones de formacin dirigidas a mejorar los conocimientos, actitudes

y habilidades de los funcionarios pblicos, propiciar cambios en la cultura organizacional

y mayores niveles de cooperacin interinstitucional, con el fin de optimizar la capacidad

del Estado para garantizar los derechos humanos.

Los procesos de gestin del talento humano, cultura y clima organizacional de las

entidades pblicas no contemplan entre sus principales objetivos el incremento de la

capacidad institucional para garantizar los derechos de los servidores pblicos, lo cual

contribuye a que estos no se asuman como sujetos de derechos.

c. Los funcionarios pblicos y los derechos humanos

Las obligaciones y deberes derivados de un Estado Social de Derecho frente al ejercicio

y garanta de los derechos humanos son desconocidos por un nmero significativo de

servidores pblicos y ciudadanos colombianos.

El servidor pblico no se reconoce a s mismo, ni lo es por los ciudadanos, en cuanto

garante de derechos. Los funcionarios no asumen su gestin como elemento fundamental

en la garanta de los derechos humanos y en ocasiones no se reconocen como parte

del Estado.


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Las instituciones pblicas no incluyen en sus

prioridades misionales y funcionales la

garanta de los derechos humanos, excepto

en aquellos casos en que existe un referente

constitucional o legal que as lo indica.

La tica del servidor pblico que se construye

en las entidades pblicas no guarda ntima

relacin con los principios de realizacin de

la dignidad humana, la justicia, la libertad y

la igualdad, que fundamentan los derechos

humanos y el Estado Social de Derecho. Los valores que se promueven en las instituciones

tales como la responsabilidad, honestidad, tolerancia, lealtad, entre otros, estn en

consonancia con modelos de gestin corporativa o de eficiencia administrativa y

anticorrupcin. .

La comprensin del Estado como poder constituido que desempea un papel determinante

en la consecucin de los propsitos que el cuerpo social ha construido y definido para s

en forma colectiva, es un imperativo que contribuye a la instauracin de condiciones que

permitan el alcance de una vida digna para todos los miembros de la comunidad poltica.

Por su parte, el papel de la sociedad como poder constituyente es sin duda preponderante,

toda vez que es en su interior donde tienen lugar las relaciones intersubjetivas, se gestan

las fuerzas sociales y polticas que como actores intervienen no solo con intencin

crtica, tambin con orientacin reflexiva y propositiva en los diferentes escenarios

sociales e institucionales de construccin de las decisiones pblicas. .

En este sentido se hace necesario articular las perspectivas de la accin de la ciudadana

con las del Estado, en la bsqueda de metas comunes y propsitos compartidos. Para el

proyecto, uno de los elementos que contribuye con este propsito es el reconocimiento

del servidor pblico en su triple dimensin: a) sujeto de derechos; b) garante de derechos,

y c) ciudadano. La manera como se entiende y asume el ejercicio de la ciudadana y el

reconocimiento de lo que implica la condicin de sujeto de derechos hacen parte de los

referentes que guan el desempeo del servidor pblico.

Un criterio que se vuelve determinante en la actuacin del servidor pblico y del funcionario

es la aplicacin de la norma. Sin embargo, no siempre se comprende a cabalidad el valor

social y cultural que esta tiene para la vida colectiva, como tampoco lo que representaen trminos de la construccin de acuerdos sociales.

La norma pierde su sentido y se convierte en un mero instrumento en razn de la

eficiencia, siendo frecuente encontrar que en atencin a las normas y regulaciones ms

Las polticas pblicas carecende un enfoque de derechos

humanos. Esto ocasiona queel conjunto de acciones y

decisiones pblicas se centrenms sobre los medios y la

eficiencia en la gestin que enla realizacin de los derechos.


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cercanas a la accin especfica del servidor (manuales de funciones, directivas, circulares,

etc.), se pierden de vista normas de carcter superior como la Constitucin y las leyes.

Por otra parte, el proyecto asume que los juicios morales y los valores construidos por los

sujetos intervienen en la toma de decisiones, incluso como criterios determinantes que

prevalecen frente a los propuestos por la norma o una determinada dinmica institucional.

La accin institucional frente a los derechos humanos se mueve entre la tensin del ser y

el deberser. Los roles y funciones asignados, no siempre precisos, adems de la excesiva

lgica tecnoburocrtica, conlleva la aplicacin de criterios dismiles que oscilan de acuerdo

con las experiencias, sentires y saberes del servidor. Ante una situacin que compromete

un derecho y que requiere de su actuacin, este puede intervenir basndose en sus opiniones

personales, grados de empata, valores, afectos o ideologas. .

El proyecto ha reconocido la necesidad de articular la gestin pblica y los derechos

humanos, adems de fortalecer la participacin de la sociedad civil en la construccin,

seguimiento y evaluacin de polticas pblicas que concreten la proteccin y ejercicio de

derechos.

De igual forma ha insistido en la necesidad de formar a los funcionarios y servidores

pblicos en temas y aspectos bsicos inherentes a la responsabilidad que implica la actuacin

de la gestin pblica en un Estado Social de Derecho, as como sobre los fundamentos que

orientan el ejercicio y garanta de los derechos humanos en contextos concretos, de cara

a las realidades especficas, demandas, intereses y expectativas sociales. .

2. Marco conceptual y poltico

2.1 Estado Social de Derecho

El trnsito del paradigma del Estado de Derecho al del Estado Social de Derecho aun

representa para muchos sectores un reto. A continuacin se esbozan algunos de los

aspectos ms lgidos en torno a lo que significa dicho trnsito, si bien se reconoce que

no son los nicos y que las discusiones acerca de sus interpretaciones tericas y aplicaciones

prcticas continan vigentes en diferentes escenarios acadmicos y polticos.

La clave del Estado Social de Derecho radica en su pretensin de garantizar la realizacin

de los denominados derechos econmicos, sociales y culturales (trabajo, vivienda, salud,

educacin, medio ambiente, participacin social y poltica, entre otros), siguiendo el


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mismo camino del Estado de Derecho, es decir, mediante su reconocimiento en la

legislacin.

En esta figura se otorga un sentido diferente al derecho a la igualdad, al reconocer que

todas las personas son iguales en derechos. As comienza a esbozarse el derecho a la

diferencia. Una vez se ha reconocido que todos los seres humanos poseen los mismos

derechos, se avanza en aceptar que son diferentes en razn de su raza, credo, cultura e

idioma, entre otros, y que por tanto debern ser tratadas de manera digna y en forma

diferenciada.

Es decir que en trminos jurdicos, se reconoce en la ley que los poderes pblicos (Estado)

debern proteger y garantizar sin ningn distingo (sin discriminacin) los derechos de

todas las personas, pero adopta criterios como la prevalencia y la preferencia para hacer

notar como reconocido el derecho a la diferencia. Ello determina pasar del concepto de

igualdad formal ante la ley a la pretensin de una sociedad mejor por medio de la igualdad

material y de la promocin de la dignidad humana.

En tal perspectiva, el proyecto busca

que los funcionarios pblicos

comprendan, reconozcan y valoren que

estos son los nuevos mandatos

contenidos en la Constitucin Poltica.

En efecto, en calidad de agentes del

Estado deben superar las limitaciones

interpuestas por las concepciones

clsicas del Estado de Derecho, ya que

su condicin de garantes de derechos

les obliga a atender los criterios que

hacen posible comprender como legtimas las demandas de la ciudadana, a brindar un

trato diferente y una atencin prevalente y preferente para quienes se encuentren en

condicin de marginalidad, vulnerabilidad y desproteccin.

Este enfoque del Estado Social de Derecho, desde su consolidacin en la primera mitad

del siglo XX, reconoce el derecho legtimo de grupos o sectores que actan en representacin

de determinados intereses comunes (sindicatos, colegios de abogados, economistas,

profesionales, agrupaciones empresariales, organizaciones campesinas, etc.) y de sectores

sociales (juntas de vecinos, agrupaciones regionales, juveniles, de tendencia sexual) aactuar y tener acceso a niveles de decisin poltico-administrativos, manteniendo al

Estado en el papel de garante de las condiciones que aseguren tanto la participacin

general como el mantenimiento del respeto por la ley y los intereses comunes. Para

comprender este nuevo enfoque se debern tener en cuenta las siguientes tensiones:


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a. El Estado gestor versus el Estado gerencial

En un Estado Social de Derecho, el Estado es gestor, su papel es activamente

intervencionista, pero sin llegar a convertirse en controlador. Existen ciertas reas en

las que sus acciones se consideran legtimas, entre ellas, establecer los mecanismos

financieros bsicos, como emisin del dinero, control de tasas de inters, etc., e intervendr

directamente sobre las redes de transporte, la provisin de energa, los sistemas de

educacin, salud y vivienda, sin que ello implique que sea propietario de los mismos.

De igual forma, supervisar el funcionamiento de empresas privadas y de la economa

en general, mediante la planificacin y participacin en determinados sectores, cuidando

que el nfasis de su actuacin privilegie la proteccin y garanta de los derechos de las

personas ms desfavorecidas, incluidos los derechos a la participacin social y poltica.

Son derechos que obligan al Estado a actuar.

Por su parte, las concepciones que sustentan el Estado gerencial predican que la accin

del ente estatal, orientada bajo criterios de eficiencia y asumiendo los modelos de

administracin empresarial, debe otorgar un papel determinante al sector privado en la

conduccin de los asuntos pblicos. Bajo este planteamiento, el Estado se desprende de

responsabilidades que en otros tiempos lo hacan una estructura burocrtica

sobredimensionada en su tamao, ineficiente y recargada.

b. Derechos individuales versus derechos colectivos

En tanto la realizacin de los derechos sociales conlleva para el Estado la intervencin

en la reparticin de la riqueza, ello podra afectar derechos individuales legtimamente

ejercidos. Mientras que unos derechos como la vida, la libertad, entre otros, se ejercen

por parte del individuo, otros solo pueden ser vividos en forma colectiva: huelgas,

participacin poltica, ambiente sano.

Desde la perspectiva del Estado Social de Derecho la tensin se presenta porque los

derechos no se agotan en el individuo ni se circunscriben a su mbito privado, sino que

entraan importantes cuestiones acerca de los lmites y alcances de unos y otros.

2.2 Gestin pblica: su papel en el Estado Social de Derecho

Bajo la concepcin y enfoque del Estado Social de Derecho, el ente estatal asume una

actuacin que intenta corregir desigualdades. En esta nueva perspectiva, la actuacin

pblica se conoce con el trmino de gestin pblica. Esta se ocupa de la utilizacin de

los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisin


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para la asignacin y distribucin de los recursos pblicos, y de la coordinacin y estmulo

de los respectivos agentes para lograr objetivos colectivos.

En el Estado contemporneo, la gestin pblica no se circunscribe exclusivamente al

mbito estatal, toda vez que introduce nuevas prcticas democrticas como la rendicin

de cuentas, que permite a los ciudadanos emprender procesos de control social sobre la

gestin, adems de la participacin como mecanismo ciudadano que opera de manera

efectiva en la formulacin, implementacin y evaluacin de las polticas pblicas. Estas

vienen a constituirse en instrumentos por los cuales, desde la instancia gubernamental

en concertacin con organizaciones sociales y grupos de inters, se adoptan decisiones

concretas y se establecen cursos de accin para la garanta, promocin y proteccin de

los derechos y libertades del ser humano.

De esta forma, las polticas pblicas son el conducto por el cual la relacin Estado-

sociedad ampla los rgidos lmites antes existentes, para establecer una nueva relacin

de reciprocidad y de causalidad mutua, bajo la cual se orienta la identificacin de intereses,

conflictos y vas de solucin compartidos por todos los actores sociales e institucionales,

que son determinantes en el proceso de construccin y reconfiguracin de lo pblico.

A partir de estas consideraciones, el proyecto asume la gestin pblica como el proceso

poltico y social que nace y se orienta desde el actuar institucional, sin agotarse en este

y obtiene su legitimidad en la medida en que en las mismas instituciones, cada servidor

pblico se reconozca como aquel sujeto de derechos, a partir del cual se crea el puente

que hace posible la comunicacin entre el Estado y el ciudadano (participacin). De la

eficacia y compromiso demostrados en su gestin, depender la construccin de confianza

social en las instituciones y en la ley, y se afianzar el compromiso del Estado y la sociedad

con la satisfaccin y atencin de los derechos humanos como realizacin concreta de la

dignidad humana.


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2.3 Diseo de polticas pblicas

A la luz del contexto descrito, los derechos humanos no son un tema ausente del campo

de la gestin y las polticas pblicas, entendiendo que la bsqueda y construccin de ejes

articuladores entre estos dos aspectos del mbito social es un imperativo que atiende

directamente a los principios sobre los cuales encuentra fundamento la existencia del

Estado Social de Derecho.

Articular polticas pblicas y derechos humanos es la posibilidad de crear condiciones

de equidad, de tal forma que los ciudadanos puedan desarrollarse en sus propias

condiciones y con sus propios medios sin que nadie sea un obstculo. As mismo, esta

articulacin deber buscar que las personas participen, como tambin reconocer que las

polticas pblicas y los derechos humanos no tienen hoy da posibilidad de resolucin,

de examen o de decisin desde una sola disciplina.

Cuando se padecen los estragos de la pobreza poltica, los ciudadanos son susceptibles

de ser manipulados por la lite, luego la mejor forma de articular derechos humanos y

polticas publicas es alrededor del desarrollo humano, por supuesto reduciendo hasta

donde sea posible la pobreza material, pero sobre todo, fortaleciendo todo tipo de accin

que permita a la ciudadana tomar mejores decisiones para poder actuar e incidir sobre

su entorno social.

Algunos autores (Ferez y Macero, 1999) sugieren cinco polticas con las cuales se podr

mejorar la relacin entre polticas pblicas y derechos humanos, sumadas a una polticapara asegurar el desarrollo humano.

Adoptar polticas de ciudadana y derechos humanos en sentido estricto, cuyo

fundamento ser construir ciudadana.

Evaluar la actuacin de las instituciones desde el enfoque de ciudadana y derechos.

Esta poltica impulsar el fortalecimiento de la capacidad institucional del Gobierno,

en la medida en que se podrn identificar las decisiones de poltica que se debern

ajustar.

Dar cuenta de los problemas. Por medio de la identificacin de experiencias significativas,

se analizar de qu manera los mtodos o las acciones objeto de la experiencia, sonposibles de aplicar en otros lugares y contextos, ya que no necesariamente todos operan

de la misma manera. Esta es la razn por la cual las experiencias significativas permitirn

no solo la identificacin de los casos exitosos sino su posibilidad de replicarlos.


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Al entender los derechos como construcciones

derivadas de las relaciones interpersonales que

tienen lugar en el cuerpo social, el catedrtico LuisFernando Maldonado, propone una mirada

renovadora sobre cmo se conciben y abordan los

derechos humanos, tanto en el terreno conceptual

como en su ejercicio prctico.

Maldonado parte de la identificacin de cuatro

esferas mediante las cuales, en forma simultnea,

se manifiestan y reproducen las interacciones

entre los sujetos. De esta manera, lascreencias,

los compromisos, las proyecciones y los

intercambios se constituyen en el conjunto de

factores que conforman el amplio espectro en elcual la vida individual y colectiva se desarrolla y

recrea, dando lugar a diversos escenarios y sentidos

que van esculpiendo las formas y contenido de la

estructura social.

Bajo este planteamiento, los derechos humanos no se entienden como un cuerpo normativo

predeterminado o preexistente que reivindica el valor de la condicin humana; los

descentra de la recortada interpretacin exclusivamente jurdica, para asumirlos como

proceso social y construccin colectiva que resulta de las acciones y los intercambios

cotidianos, de la realizacin de acuerdos que devienen en la conformacin de un mundo

social y poltico basado en los consensos y en el reconocimiento de la importancia del

otro en la definicin de los destinos que la sociedad, en su diversidad y complejidadintrnsecas ha decidido asumir como suyos.

Esta propuesta otorga a la ciudadana un lugar de privilegio, ya que es a partir de su

pleno ejercicio que los derechos humanos logran concretarse como realidad prctica en


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Volver competentes y convenientes las demandas de la sociedad, con lo cual se podrn

atender en el tiempo y condiciones pertinentes, los reclamos formulados por la

comunidad.

Viabilizar desde un punto de vista institucional y financiero los derechos esenciales,

sobre todo los constituc ionales, que permanecen ms o menos en letra muerta. .

Los derechos humanos noson un tema ausente delcampo de la gestin y las

polticas pblicas,entendiendo que la

bsqueda y construccinde ejes articuladores entre

estos dos aspectos delmbito social es un

imperativo que atiendedirectamente a los

principios sobre los cuales

encuentra fundamento laexistencia del Estado Socialde Derecho.

a. De las polticas pblicas a una poltica para la vida


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cada uno de los mbitos de la vida cotidiana. A este tenor, los ciudadanos y el ente estatal

son los actores llamados a confluir en la construccin de polticas pblicas, que sirvan

de instrumento por el cual los derechos humanos sean el eje orientador de la direccin

de los asuntos pblicos.

2.4 La diversidad tnica y cultural2

2. Este acpite est basado en los trabajos de la antroploga Esther Snchez Botero, perita de la Corte Constitucional para

casos indgenas.

El nuevo orden constitucional instaurado en 1991, introdujo como elemento fundante

del nuevo pacto social el reconocimiento de Colombia en calidad de pas pluritnico y

multicultural como una afirmacin ms del principio de igualdad. .

En las constituciones anteriores, el principio de igualdad formal como premisa de lasrelaciones sociales y polticas que pugnaban por la construccin de una nacin de

individuos ciudadanos, respald desde un punto de vista jurdico lo que en trminos

culturales era ya un proceder legtimo: la eliminacin de las formas culturales distintas

a la hegemnica.

Ello se tradujo en acciones que por la va violenta o de la persuasin buscaron someter

a la prctica occidental aquellas de los indgenas asentados en el territorio nacional. La

Ley 89 de 1890 por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los

salvajes que vayan reducindose a la vida civilizada, estableca en su artculo 1(el cual

posteriormente fue declarado inexequible, si bien la ley sigue vigente): .

La legislacin general de la Repblica no regir entre los salvajes que vayan

reducindose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el

Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesistica, determinar la manera

como esas incipientes sociedades deben ser gobernadas.

La mencionada ley, si bien busc proteger a las comunidades mediante la conformacin

de cabildos indgenas y resguardos, expresamente asimil la condicin indgena a la de

menor de edad, por lo que en trminos prcticos result insuficiente en el establecimiento

de condiciones para garantizar la pervivencia de los grupos indgenas. Por otra parte la

alianza entre clero y Estado tanto en lo que se refiere a las misiones evangelizadoras

como a los contenidos de la educacin formal, fueron igualmente efectivas en la reduccin

y subvaloracin de las manifestaciones culturales propias de las comunidades indgenas.

Por tanto, el reconocimiento de la diversidad tnica y cultural propuesto en el artculo7 de la Constitucin Poltica de 1991, implica para la sociedad y el Estado colombianos


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una nueva concepcin de las relaciones

con las comunidades indgenas, as como

con aquellas otras entidades sociopolticas

con caractersticas tnicas y culturales

particulares: afrocolombianas, rom y

raizales.

Los nuevos desarrollos constitucionales,

de la mano de las transformaciones

sociales y polticas de las dcadas de 1940

a 1990, en coincidencia con los

desarrollos normativos internacionales

en la materia _Convenio 169 de la

Organizacin Internacional del Trabajo

(OIT)_, impulsaron nuevos rumbos para

la accin poltica, social y jurdica.

Al respecto la Corte Constitucional en su Sentencia T-308 de 1993, con ponencia del

magistrado Eduardo Cifuentes Muoz, del 13 de septiembre seala: .

El reconocimiento de la diversidad tnica y cultural en la Constitucin supone

la aceptacin de la alteridad ligada a la aceptacin de multiplicidad de formas

de vida y sistemas de comprensin del mundo diferentes de los de la cultura

occidental. Algunos grupos indgenas que conservan su lengua, tradiciones

y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad. El

reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, conprescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una

perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios

constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad tnica

y cultural y proteccin de la riqueza cultural.

El reconocimiento de los pueblos indgenas como sujetos colectivos de derecho, implica

algunas consideraciones por cuanto se transforma la visin particular de su relacin con

el Estado con respecto a formas anteriores:

La denominacin depueblo, permite reconocer a los indgenas como sujetos colectivos

ante la normatividad internacional y, a la vez, como miembros de una comunidad

nacional. Ello no implica que estn dotados de las mismas caractersticas con lasque se define un Estado, sino que debern ser respetados y protegidos en tanto se

reconoce su derecho a la autodeterminacin y autonoma. Esto significa que debern

reconocerse y protegerse los valores y prcticas sociales, culturales, religiosas y

espirituales propios de dichos pueblos e igualmente deber reconocerse la importancia


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de las actividades tradicionales en el mantenimiento de la cultura de dichos pueblos

(Snchez Botero, 2004).

Se consideran pueblos indgenas no solo a aquellos que conservan prcticas y tradiciones

ancestrales sino, desde el Convenio 169 de la O IT, aquellos que a) mantengan un

conjunto de tradiciones que los hagan diferentes, es decir, que conservan sus propias

instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas, o parte de ellas (artculo 1,

nm. 1, literal b), b) Que posean una conciencia de la identidad (artculo 1, nm. 2);

es decir, de considerarse diferentes (Snchez Botero, 2004).

La consagracin de derechos particulares que se ajusten a las condiciones, caractersticas,

necesidades y expectativas de los pueblos indgenas, entre los cuales es pertinente

mencionar el derecho a lo propio, a la distintividad, al territorio, a la autonoma y a

una justicia propia.

Tales reconocimientos, as como la dinmica poltica nacional e internacional y los

desarrollos jurisprudenciales en la materia, han puesto de presente las dificultades y

los retos que se manifiestan en mltiples tensiones entre los derechos y las concepciones

polticas de lo que implica la consolidacin de un Estado-Nacin por una parte y, de

otra, la aceptacin de la diversidad tnica y cultural como caracterstica constitutiva

de la sociedad.

De dichas tensiones hace parte la que se halla entre la lgica universalista de los derechos

humanos y aquella de los valores y conceptos que desde siempre han existido en el mundo

indgena y de los cuales depende y emergen los conceptos multicultural y pluritnico,

siendo uno de estos casos el de dignidad.

El consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo Calla Ortega

(2002), al respecto anota:

En trminos de su personalidad cultural remite, sin duda, a una postura

poltica a favor de la existencia de la diversidad de las naciones, etnias o

pueblos y opuesta a un horizonte de homogeneizacin orientada a diluir tal

diversidad y a favor del respeto mutuo entre las distintas naciones, etnias

y/o pueblos toda vez que estos trminos refieren a colectividades

efectivamente existentes y relacionadas entre s y no abstracciones

conceptuales. Lo que implica prestar atencin afectiva a sus diferencias,

relaciones y realidades concretas.

En la actualidad, el movimiento por el reconocimiento y realizacin material de los

derechos humanos de una parte, y la adopcin del principio de la dignidad humana como

gua del Estado Social de Derecho, por otra, llevan necesariamente a ocuparse de los


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pueblos indgenas, mxime si se tiene en cuenta que en el pas existen cerca de 87 pueblos

que cuentan con una poblacin de 1.392.693 integrantes, los cuales representan el 3,43%

del total nacional (DANE, Censo 2005).

En consecuencia, el reconocimiento de la condicin de nacin pluritnica y multicultural

es reciente en la historia de los desarrollos jurdicos y de las polticas pblicas en Colombia.

Su plena aceptacin connota tensiones de orden cultural y jurdico que an no han sido

resueltas y que conllevan, entre otras medidas, la adecuacin de normas y procedimientos

para cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos en trminos de lmites y

esfuerzos de coordinacin interinstitucional; mejores grados de organizacin jurdica y

social en los pueblos indgenas, el fortalecimiento de sistemas de justicia propia, as como

un mayor nivel de participacin en los asuntos que les concierne en los distintos mbitos

de la vida nacional.

La apuesta principal del Proyecto Cultura de Derechos Humanos respecto a la diversidad

tnica y cultural, fue comprender cmo se construye un sentido colectivo y pblico de

las autoridades tradicionales y cmo estas se relacionan o no con las autoridades no

indgenas. En el mismo sentido se busc que las unas y las otras se entendieran como

legtimos interlocutores en lo que a los problemas y garanta de los derechos humanos

de las comunidades indgenas se refiere.

Se busc entonces comprender cmo la prdida

o cambios en las prcticas ancestrales o culturales

se constituyen en factores que pueden incrementar

la vulnerabilidad de los derechos de las

comunidades, sobre todo en lo referente a su

autonoma e identidad.

Las actividades del proyecto buscaron comprender

el proceso de construccin colectiva del significado

que se atribuye a los derechos, cmo incide este

significado en las prcticas y en el ejercicio

colectivo de los derechos y del poder por parte de

las autoridades tradicionales.

La apuesta fundamental con respecto al reconocimiento de la diversidad cultural fuelograr un dilogo de construccin de saberes en donde las comunidades indgenas y el

discurso conversaran en torno a puntos de acuerdo y divergencia, al comprender las

razones histricas, cosmolgicas y culturales que sustentan su visin sobre los derechos

humanos.

El proyecto puso el nfasisen acciones con

organizaciones sociales yentidades pblicas puesto

que son algunos de losescenarios sociales en losque se construyen y tejenla trama de significados yprcticas que dan sentidoa los derechos humanos en

la vida social.


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En pos de un nuevo pacto social *

Luis Fernando Maldonado plantea un enfoque de derechos humanos a partir de la generacinde un nuevo pacto social en el que se articule ciudadana y derecho.

Si los derechos son construcciones de las personas, ello implica saber qu es una persona, cmoy en dnde se construye. Desde su nacimiento las cuatro esferas donde se desenvuelve son: lascreencias, los compromisos, las proyecciones y los intercambios.

Desde un punto de vista prctico, cuando se entabla un dilogo con otro u otros, receptore interlocutor ponen en juego creencias que han sido construidas y reconstruidas a lo largode la vida. De otra parte, se desarrollan compromisos en forma permanente. Despedirse alconcluir una simple llamada telefnica con la expresin nos hablamos, no es una promesa,es un compromiso; la construccin de un partido poltico tambin lo es, y con estos seconstruyen organizaciones.

De esta forma los intereses comunes, bien sea en forma tcita o directa son el resultado deun intercambio permanente, en el que est involucrada la naturaleza. En ese mundo cotidianose desarrolla la persona.

Es en esta cotidianidad, como un proceso propio de la vida, que surgen los derechos; las creenciaspermiten construir aquellos referidos al ser persona o al yo, es decir, la posibilidad de ejercerla autonoma para construir un universo de saberes y valores, es un derecho humano. Nadie sedesarrollar sometido a otro o ajeno a los dems. De esta forma la autonoma est articuladaal yo, dado que permite ejercer plenamente las libertades.

Desde una perspectiva sicolgica ese mundo de saberes se asocia a la construccin de laidentidad; en derechos humanos con el libre desarrollo de la personalidad, esto es la libertadde escogencia y decisin. En la construccin de un mundo social y poltico surgen losderechos, permitiendo la vida en sociedad. En este proceso desempean un papel destacadolos compromisos que nacen de las relaciones interpersonales, de estos se derivan los derechosde asociacin, expresin, as como a elegir y ser elegido, que a su vez suponen nuevoscompromisos y dan lugar a nuevos derechos.

El valor de los compromisos radica en que en su ejercicio se encuentra implcita la construccinde acuerdos y, por tanto, la obtencin de consensos. Considerado desde una dimensin poltica,el consenso remite directamente a una prctica democrtica, es un acuerdo poltico, de formaque en el mundo cotidiano se van construyendo los derechos propios de la vida poltica. Conlos intercambios surgen los derechos del yo con los otros.

Cuando existen los medios para la proyeccin del ser humano es cuando surgen los derechosde condicin, tradicionalmente llamados derechos econmicos, sociales y culturales.Los derechos de condicin sern de una forma si no hay educacin, de otra si se tiene o notrabajo, del salario, de la salud.


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La seguridad es un derecho humano porque surge de la relacin del sujeto con los otros ylas otras; los derechos del ambiente emergen de los intercambios con la naturaleza. Loseconmicos, si bien implican un costo, son un requisito para la realizacin del ser humano,por tanto son una condicin y un derecho humano.

Las acciones en materia de derechos humanos se pueden definir as: de defensa, garanta,proteccin y promocin. Ninguna de estas es exclusiva, todas estn interrelacionadas;promover los derechos es buscar el compromiso del otro; defenderlos consiste en evitar quese deterioren, es decir, que sean sostenibles; garantizarlos es dar la seguridad de que al dasiguiente sigan vigentes.

Proteger un derecho es crear los mecanismos para evitar que sea violado; si no existen nadieacudir a ellos. El principal mecanismo que tiene la sociedad para defender los derechos esel sistema judicial; si la sociedad y el Estado no construyen un aparato de justicia confiable,la accin en derechos humanos no est protegida y al no estarlo la violacin es mayor.Implica por tanto un reto social, tico y poltico para la sociedad.

Involucrar de manera activa los derechos en la vida ciudadana con un sentido de pactosocial, implica formular e implementar poltica pblicas que articulen ciudadana y derechoshumanos; el nfasis se pone en:

Poltica cultural, para que las personas crezcan en el ejercicio del derecho y desarrollenla capacidad de actuar.

Poltica democrtica, para fortalecer la construccin de consensos ya que si no se aplicanen la vida cotidiana, en la esfera poltica no se aprender a construir democracia. Por

tanto, el gobernante que articule ciudadana y derechos humanos, deber promover unapoltica democrtica que estimule la organizacin y participacin ciudadana.

Polticas sociales, incluida la poltica de familia, en donde las decisiones de polticasayuden a consolidar las condiciones para que cada uno, individual y colectivamente, seproyecte en la vida.

Polticas ecolgicas, de organizacin y tranquilidad humana, para mejorar la relacin conel ambiente y con los dems. La justicia se vive en las relaciones interpersonales y sernjustas las organizaciones humanas que desde un punto de vista ecolgico construyan unaforma de relacin para favorecer la posibilidad humana.

Con estas polticas, un gobernante podr proponer un modelo cultural que desarrolle uncompromiso con la ciudadana, e impulsar la construccin de condiciones a favor de las personas

y, al fortalecer a los ciudadanos, implementar mejores polticas.

* Este recuadro es una adaptacin libre de la conferencia del autor en el Taller sobre gestin pblica y derechos humanos,realizado por el Proyecto Cultura de Derechos Humanos, en agosto de 2005.


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a construccin de una cultura de los derechos humanos en Colombia implica elreconocimiento y la aceptacin de que estos constituyen referentes ticos, polticos

y jurdicos deseables. Esto es, que representan acuerdos sociales, pero ms an,metas y propuestas sobre el sentido de la vida en sociedad y la realizacin de la

dignidad humana.

El Estado Social de Derecho, marco poltico y jurdico de la nacin colombiana, estinspirado y encaminado a la realizacin de los derechos humanos. La Constitucin de1991 y en particular el bloque de constitucionalidad (artculo 93 de la ConstitucinPoltica), afirman y amplan este compromiso en el entendido que Colombia an seencuentra muy lejos de alcanzar los niveles deseables en trminos de cumplimiento decondiciones de vida digna para todos.

Las dificultades para lograr dichas metas son diversas. Desde diferentes sectores seinsiste en que es necesario promover cambios culturales dado que en Colombia existenmarcos normativos y herramientas jurdicas avanzadas como tambin desarrollos

institucionales y sociales, pero que estos resultan insuficientes en razn de que lasprcticas cotidianas de los sujetos no se corresponden con las metas propuestasconstitucionalmente.

El cambio cultural requiere de formulaciones audaces, creativas y sostenidas, capacesde impactar a grandes sectores de poblacin, proponer diseos pertinentes a lascaractersticas de grupos poblacionales, generar opinin crtica, acompaar procesos deorganizacin y cambios institucionales y sociales de mediano y largo plazos, as comomantener sinergias en torno a propsitos claros y definidos.

El Proyecto Cultura de Derechos Humanos en particular asumi la tarea mediante lafocalizacin de sus acciones con dos poblaciones: a) funcionarios pblicos, y b)

organizaciones sociales y comunidades de zonas consideradas de alto riesgo por su crticasituacin de derechos humanos.

El proyecto encontr que ni en unos ni en otros escenarios existe una plena concienciade cules son las obligaciones del Estado en materia de garanta, proteccin y promocin

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Apuesta por la construccin de una cultura dederechos humanos


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de los derechos humano, as como de cules sonlas responsabilidades del conjunto de la sociedaden su realizacin.

El captulo 3 se muestra que en ambos casos sonlas personas quienes, como sujetos individuales

y sociales, hacen realidad u obstaculizan lospropsitos enunciados, y que por tanto, quieneshacen parte de las comunidades, las organizaciones

y las instituciones pblicas son aquellos que tienenla capacidad de construir nuevos significados yprcticas sociales. .

El despliegue de dicha capacidad depender delos referentes que cada sujeto ha construido sobreel papel del Estado y el sentido de la vida social,as como de los contenidos que haya interiorizadosobre el significado de la dignidad humana comohorizonte de sentido. Estas categoras contienen y sintetizan las visiones sobre quin esel otro, cmo es y cmo debe ser, as como de cul es su lugar, cmo debe interactuar,qu puede esperar de s mismo y de los otros, cules son las condiciones que merece ysus potencialidades.

Si bien cada sujeto apropia referentes particulares a partir de pautas de crianza, procesosde educacin formal e informal, formas de interaccin cotidianas, normas y mecanismos

de regulacin social, etc., los significados que este construye se corresponden con unentramado de contenidos que tienen asiento en la cultura. Estos se materializan en lasacciones que emprenden a diario, contribuyendo as a la movilizacin del flujo designificados que tienden a perpetuar o a poner en cuestin las prcticas sociales. .

La construccin de consensos, la comprensin y aplicacin de normas y procedimientos,la formulacin de polticas pblicas en las que su perspectiva sea la realizacin de derechoshumanos, entre otros procesos que promuevan la construccin de nuevos significadosdel quehacer social e institucional pblico, requieren de la identificacin y promocinde contenidos y acciones sobre la condicin de sujetos, as como garantes de derechosen el caso de los servidores pblicos.

El proyecto realiza ejercicios de reflexin conceptual y pedaggica, participa en jornadasde diseo de directrices para la elaboracin de planes con perspectiva de cultura dederechos humanos, lidera procesos de diagnstico y validacin de hiptesis sobre aquellossignificados y prcticas relacionados, as como la formulacin de acciones a emprendercon el fin de afectarlas.


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La construccin de unacultura de los derechoshumanos en Colombia

implica el reconocimiento yla aceptacin de que estos

constituyen referentesticos, polticos y jurdicos

deseables. Esto es, querepresentan acuerdos

sociales, pero ms an,metas y propuestas sobre el

sentido de la vida ensociedad y la realizacin dela dignidad humana.


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El trabajo con funcionarios pblicos se realiz con delegados de diferentes ministerios,Fuerza Pblica y organismos de control. Con el apoyo y asesora de estos funcionarios,asumi la tarea de poner en discusin, conocer y construir elementos conceptuales yprcticos ajustados a las caractersticas y necesidades de la gestin pblica. El resultadoformal de este proceso fue la formulacin de un plan de cultura de derechos humanospara funcionarios pblicos.

Con organizaciones sociales y comunidades, el proyecto desarroll propuestas de trabajoen dos zonas: el macizo caucano y la Sierra Nevada de Santa Marta. La importantepresencia de pueblos indgenas en estos contextos supuso un ejercicio de indagacinsobre los retos y oportunidades que entraa la realizacin de los derechos humanos delos grupos tnicos, siendo de vital importancia para su comprensin y anlisis losdesarrollos acadmicos y normativos que se vienen produciendo dentro y fuera deColombia por organismos especializados en la materia.

Las comunidades educativas, de campesinos y organizaciones comunitarias, as comofuncionarios pblicos del macizo caucano, completaron el mapa de actores participantes,proporcionando elementos caractersticos de la cultura rural y semiurbana, productoparticular del desarrollo histrico y social del Cauca, aunque extensible en principio aotros contextos similares del territorio colombiano.

1. Proceso con los funcionariosSi bien se escapa a la propuesta del proyecto un anlisis en detalle sobre el desarrollohistrico de los procesos polticos en Colombia, se reconoce una pertinencia en lacomprensin de los acontecimientos que dieron lugar a la conformacin del proyecto dela nacin colombiana as como de los procesos organizativos e institucionales quecaracterizaron_y de algn modo configuraron_ la relacin de la ciudadana con el Estado,en los albores de la Repblica, y an durante la Conquista y la Colonia. .

La imposibilidad de separar los acontecimientos actuales de los precedentes, conllevaa la aceptacin de que los comportamientos y prcticas que predominan en el momentoactual obedecen a procesos encadenados entre s con aquellos que fueron precursores,

an cuando su transformacin haya sido producto de continuidades o rupturas ms omenos intencionadas. Dicho reconocimiento sirve de pretexto para proponer una primerareflexin acerca de que los orgenes de la institucionalidad pblica y del oficio defuncionario o servidor pblico estn ligados a la manera como Colombia se organizpoltica y jurdicamente en funcin de pensarse a s misma como un proyecto de nacin.


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Al respecto se quiere sealar con Guilln Martnez (1996) que

Uno de los aspectos decisivos bajo el cual debe considerarse la vida polticaen una sociedad, es el grado en que los individuos que pertenecen a ellapueden participar en la formacin de la autoridad pblica y ejercer presinpermanente para obtener la satisfaccin a sus particulares deseos y necesidades

y para vincular sus opiniones y decisiones a la direccin que el Estado imponea la comunidad.

No es posible por tanto separar de manera tajante los significados en torno a la participacinde la vida poltica, la funcin del Estado, la construccin de la legitimidad del poderpblico, aspectos que se ponen en juego en las acciones del ciudadano, con aquellos queasume cuando este oficia como servidor pblico.

Si bien se observa que se han producido cambios considerables en la estructura socialy poltica de la sociedad colombiana, es necesario advertir que los principios y valorespredominantes de una comunidad como la que dio abrigo a la Constitucin de 1886distan en mucho de los que se proponen a partir de la Carta de 1991. .

De acuerdo con Rodrigo Uprimny Yepes (2006) anota:

As, la idea de ciudadano que subyace a la Carta de 1886 era la de un hombre,blanco, catlico, hijo legtimo, que viva preferiblemente en la capital, queperteneca a alguno de los partidos tradicionales, y que obviamente no sehaba divorciado ni tena ninguna inclinacin homosexual. En cambio, losrasgos del ciudadano de la Constitucin de 1991 no estn tan claramentedelimitados, precisamente porque esta Carta busca incluir la diversidad y

confiere a las propias personas la responsabilidad de definir su identidad ysu destino. Sabemos que este ciudadano es un colombiano mayor de edad yque goza de derechos y tiene tambin ciertas obligaciones; pero puede serhombre, mujer o incluso hermafrodita; puede ser blanco, negro, indgena,mestizo, mulato, etc.; sus preferencias sexuales no pueden ser motivo dediscriminacin; y obviamente no tiene por qu hacer parte de un determinadopartido o de una religin en particular para poder participar en poltica ogozar plenamente de sus derechos.

En pocas palabras, si el ordenamiento de 1886 pretenda instituir un ordencentralista, homogneo y homogeneizante, el proyecto que subyace a laConstitucin de 1991 es diferente: construir una identidad nacional plural,que no ve en las diferencias una amenaza a la paz social sino riquezas culturales

y potencialidades de desarrollo democrtico, que deben entonces serreconocidas y protegidas. La Carta de 1991 es entonces la constitucin de ladiversidad, pues no slo reconoce y ampara las diferencias sino que constituyee instituye mecanismos jurdicos y polticos para potenciarlas, como la

jurisdiccin indgena, las acciones en favor de grupos discriminados, o lascircunscripciones electorales para minoras.


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De un Estado que reconoca la intervencinde la Iglesia Catlica en los asuntos pblicosa un Estado laico, de una pretendida unidadcultural al reconocimiento de una nacinmulticultural, de un principio de igualdadformal a la bsqueda de una igualdad real,entre los muchos aspectos que supone eltrnsito del Estado de Derecho a un EstadoSocial de Derecho, este nuevo paradigma exigetransformaciones institucionales y culturalesde gran trascendencia.

Las instituciones del Estado estn requiriendode un proceso de reconfiguracin y adaptacina los retos que plantea el nuevo ordenamiento

jurdico y poltico: la descentralizacinadministrativa y fiscal, los mecanismos decontrol social sobre la gestin pblica, larendicin de cuentas, la democratizacin de

los escenarios de definicin de los asuntos pblicos, la firma de acuerdos supranacionalesen materia de derechos humanos y DIH, entre otros.

La sociedad colombiana por su parte enfrenta mltiples desafos y an ms dificultades:la generalizacin y degradacin del conflicto, el crecimiento del narcotrfico, la

pauperizacin y el desplazamiento de grandes sectores de poblacin, la crisis de losescenarios institucionales, el desprestigio internacional, la incierta situacin del campoen un pas predominantemente agrcola, entre muchos otros atolladeros, configuranlos sntomas modernos de un caos histrico.

Sociedad y Estado hacen parte de un mismo encadenamiento cultural cuyos eslabonesse han tejido en desorden, de manera disparatada y paradjica, en el intento por conciliarprocesos de democratizacin y modernizacin en escenarios donde culturalmentepredomina la exclusin, el autoritarismo y la ilegalidad, solo por mencionar algunastensiones entre las muchas que se presentan.

La manera como el servidor pblico asume la norma ha sido uno de los aspectos ms

relevantes de los encontrados por el proyecto. Lejos de representar una tica cvica, y deentenderse entonces como el producto de un consenso, la norma (positivizada o escrita)se comprende en muchas oportunidades como una camisa de fuerza, cuya lgica intrnsecase percibe ajena e incuestionable. La norma es la norma y hay que aplicarla como venga.Razn suficiente es que es norma.

No son ni la dignidad humana,ni las bsquedas por la libertad,la igualdad, la justicia, lasrazones que guan lasactuaciones pblicas, estasconstrucciones no han hechoparte de los propsitos y losdesafos asumidos por lasociedad colombiana. Esta, dela mano con el Estado tendrque aprender a valorar y

defender estos propsitos siquiere alcanzar un nivel de vidadigna para todos y superar lasdificultades que hoy aquejan alpas.


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Y sin embargo se observan dos cuestiones:

La norma inmediata tal como la circular, el decreto, etc., predomina sobre las normassuperiores y en particular sobre la Constitucin. Se tiende a olvidar o desconocermandatos de rango constitucional como por ejemplo aquel que seala que el intersgeneral prevalece sobre el particular a menos que con su atencin se comprometanderechos fundamentales individuales.

Se observa una tendencia a separar la norma de la moral y de la tica. Lo que no estnormativizado o explcitamente prohibido por una norma, puede hacerse, aunque seaevidente que tal actuacin pone en cuestin acuerdos morales o principios ticos. .

Es importante anotar que las prcticas relacionadas con el uso y abuso de la normaapenas se exploran. Las prcticas de corrupcin y clientelismo, haran pensar que las

dos cuestiones enunciadas son en realidad problemas menores. Sin embargo talambigedad es posible justamente porque los principios que sostienen las normas nohacen parte de los significados ms relevantes para la cultura predominante. El espritude las normas se sustenta en fundamentos filosficos y jurdicos que no responden a lospatrones culturales propios de la cultura mayoritaria.

al encuentro de lo posible

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