violencia en la guerra civil y equidistancia

7/29/2019 Violencia en La Guerra Civil y Equidistancia

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HISPANIA NOVA

Revista de Historia Contemporneahttp://hispanianova.rediris.es

SEPARATA

N 10 AO 2012

E-mail:[email protected]

HISPANIANOVA

ISSN: 1138-7319 Depsito Legal: M-9472-1998

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HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contempornea. Nmero 10 (2012) http://hispanianova.rediris.es

DOSSIER

De Genocidios, Holocaustos, ExterminiosSobre los procesos represivos en Espaa durante la

Guerra Civil y la Dictadura

Julio ARSTEGUI, Jorge MARCO y Gutmaro GMEZ BRAVO (Coord.)

Violencia en la guerra civil y equidistancia: argumentospara no sucumbir al embrujo irresistible del punto medio

Violence in the civil war and equidistance: reasons not tosuccumb to the irresistible spell of the middle ground

Pablo GIL VICO


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HISPANIA NOVAhttp://hispanianova.rediris.es

Pablo GIL VICO

Violencia en la guerra civil y equidistancia: argumentos para no

sucumbir al embrujo irresistible del punto medio.

Ttulo en ingls: Violence in the civil war and equidistance: reasons not to

succumb to the irresistible spell of the middle ground.

RESUMENCategorizar la violencia derivada de la guerra civil requiere situar en su contexto evolutivo elinstrumental que suele manejarse para emprender aquella tarea. En este artculo se intentan

dar argumentos para no tratar dicha violencia desde una complaciente y generalmente poco

explicativa equidistancia, abordando de entrada la falsa neutralidad de ciertos conceptos cuyo

carcter axiomtico se viene dando por supuesto de modo creciente. Tras ello se analiza lagestacin del trmino genocidio, su problemtico empleo en el caso espaol y las posibles

razones que impulsan a sus detractores ms vehementes, para finalizar definiendo la coaccin

aplicada por los sublevados como un continuo en el que, a diferencia de lo ocurrido en el

mbito dominado por sus adversarios, se produjo inicialmente la institucionalizacin de unaviolencia ideada de forma preventiva, enormemente adaptativa, muy verstil y nuclear dentro

de la estructura poltica de quienes se alzaron contra la Repblica.

Palabras clave:Consenso Democracia Equidistancia Franquismo Genocidio Institucionalizacin de la

violencia Totalitarismo Transicin.

ABSTRACTIn order to classify the violence derived from the civil war into categories, we must place the

set of instruments which is normally used to tackle the issue into an evolutionary context. It

this article, the author presents arguments against approaching the violence from an

accommodating and generally unenlightening perspective of equidistance. The articletackles the false neutrality of certain concepts whose axiomatic character is increas ingly

being taken for granted. Subsequently, the article analyses development of the termgenocide, its problematic employment in the Spanish case, and the possible motives which

drive the concepts most vehement detractors. Finally, the article defines the coercion applied

by the rebels as a continuum in which - in contrast to what took place in the zone controlled

by their adversaries there occurred initially the institutionalisation of a violence designed tobe preventative, adaptable and extremely versatile within the political structure of those who

rose against the Republic..

Key words:

Consensus - Democracy - Equidistance - Franco's regime - Genocide - institutionalization ofthe violence - Totalitarianism Transition
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Violencia en la guerra civil y equidistancia: argumentos para no sucumbir al

embrujo irresistible del punto medio

Pablo Gil Vico

Cabra comenzar estas lneas advirtiendo de que las palabras no son inocentes,

pero es improbable que el osado lector ignore un tpico que no por manoseado resulta

incierto. Debera aadirse que no tanto las palabras sino su uso es lo que en ningn caso

puede tildarse de inocente. Como expres Saramago Las palabras no son una cosa

inerte, de la que se pueda disponer como a uno le venga en gana. Un aserto trivial que

seguro a nadie sorprende. O quiz s a aquellos que proclaman la existencia de

informacin sin sesgo o de imgenes que hablan por s mismas. Quiz tambin aquienes juraran decir toda la verdad y nada ms que la verdad poniendo su mano

derecha sobre una encuesta.

Sabemosy los propios organizadores de este encuentro as lo han dejado claro

que clasificar y categorizar nunca es asptico, ni siquiera en las ciencias fsico-naturales.

Los historiadores no pueden pasar fcilmente por matemticos o qumicos pero quiz s

tener en el horizonte una deontologa capaz de fijar los lmites del oficio. Cuando lo

estn ejerciendo, los historiadores son al mismo tiempo ciudadanos que optan y deciden

en lo poltico, teniendo perfecto derecho de hacerlo. Ese tcito y casi virtual cdigo

deontolgico no debera exhortar a la ignorancia o postergacin de las propias

posiciones e ideas; ello no sera posible pero en cualquier caso tampoco garantizara

mejores interpretaciones. En realidad los deberes inherentes a la historia como

disciplina se centran en la exposicin ponderada de las pruebas disponibles o, por

utilizar la analoga judicial, en la correcta instruccin del sumario, lo que desde luego no

convierte a sus profesionales en jueces porque a diferencia de stos la valoracin final

de todo el conjunto, en el sentido de sealar responsabilidades, no es preceptiva.

Al instruir esa suerte de sumario y, en su caso, al emitir juicios los historiadores

lo hacen inevitablemente desde algn lugarlugar necesariamente poltico, se entiende

mediando la propia decisin de situarse en esas concretas coordenadas. Eso no debera

ser un problema si el individuo en cuestin es consciente de que tal posicionamiento es

ajeno al estricto trabajo historiogrfico, que siendo el ms cmodo o conveniente para l

no tiene por qu serlo para otros y que colocarse ah no le otorga por definicin mayores

ventajas que a quienes no se instalan explcitamente en ese lugar ni en ningn otro o


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incluso estn enfrente. Sin embargo, en un oficio perseguido por las modas y azuzado

por los cambios de paradigma esto no siempre se ha tenido claro.

Por su estrecha imbricacin con la poltica actual, el estudio de la violencia

derivada de la guerra civil espaola brilla como incuestionable banco de pruebas. Tras

no pocos vaivenes hoy comienzan ya a ser legin los que la abordan desde una

pretendida equidistancia, al incluirse voluntaria y conscientemente entre aquellos que

defienden las bondades de la democracia representativa, utilizando la imagen de un

centro ocupado por la democracia y unos extremos que, alejados de sta, acaban

coincidiendo entre s. Lo discutible no es que un historiador se site en las coordenadas

del pluralismo poltico algo muy respetableni que lo explicite por razones subjetivas

o por considerar que ello da ms coherencia a las valoraciones finales de su obra, sino

que tal posicionamiento parta del falso presupuesto de considerar que la democracia

representativa es el rasero universal e intemporal para medir cualquier conducta poltica

del presente o del pasado. Mientras que eso no se explique trascendiendo todo

planteamiento idealista, mientras no sea habitual incurrir en peticin de principio,

estaremos obligados racionalmente a no dar por buena de partida esa afirmacin por

muy popular que sea y a considerar que el pluralismo poltico puede ser tan ideolgico

como cualquier otro sistema y que su encumbramiento actual slo puede entenderse

atendiendo a los parmetros que han condicionado su evolucin histrica.

La guerra civil y el franquismo, y desde luego la violencia acaecida en estos

periodos, estn siendo evaluados por buena parte de la historiografa actual en funcin

del grado de democracia, pluralismo y consenso demostrado por sus actores,

especialmente durante la etapa previa al estallido del conflicto. Un conflicto, segn esta

visin, germinado en el seno de la confrontacin de dos retricas intransigentes que, sin

perjuicio de haber encontrado en el triunfo parcial de los sublevados y el derrumbe del

estado republicano el contexto idneo para llevarlo hasta sus ltimas consecuencias,hicieron posible la aparicin de una violencia brutal inscrita en una propedutica de la

ira y la crueldad inherente a tales discursos. Se vea venir, era obvio que ocurrira,

ninguno de los futuros contendientes tendi una mano y si no hubiera empezado uno el

otro lo habra hecho.

Las dos Espaas nos helaron el corazn hasta que el transcurrir de los aos

descubri que todava en algunos poda anidar el espritu de la reconciliacin. Slo

haca falta sustituir la puetera verdad por un abrazo consensuado y modlico quehiciera borrn y cuenta nueva y tratara a los viejos contendientes con oportuna


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equidistancia, imperando una suerte de razn de estado dirigida a cerrar heridas en lugar

de abrirlas, construir consenso en vez de disenso y encumbrar la idea de democracia

como bien supremo que algunos espaoles supieron darse para no dejar perder una

nueva oportunidad.

Nada ms lejos de nuestra intencin que hacer aqu una valoracin de los aos

que rodearon a la muerte de Franco y de la asuncin activa o pasiva de este discurso por

gran parte de los polticos y la ciudadana coetneos. Pero el instructor de sumarios

histricos y ms despus de tantas dcadas debe ser ajeno a razones de estado y

aportar pruebas o argumentos que permitan construir con mayor certeza esa o esas

pueteras verdades.1

El consenso fundacional

La guerra fra dibuj un horizonte planetario bipolar en el que Espaa deba

jugar su papel como pieza geopoltica fundamental. En torno a 1950 el rgimen de

Franco se afirmaba en el poder tras vencer a los opositores armados ms persistentes y

autorizar la instalacin de bases militares estadounidenses a cambio de ayuda

econmica. El pas se alineaba con Occidente frente al comunismo, se enderezaba por la

senda de la reconstruccin y se preparaba para dar el salto hacia una economa

capitalista liberal. Por el camino el franquismo soltaba el lastre de un pasado que lo

vinculaba al fascismo del Eje. Con las categoras ms formales de la sociologa

empleadas tras las medidas aperturistas el dictamen fue concluyente: Espaa era un

rgimen autoritario que nada tena que ver con el totalitarismo y su pluralismo limitado

un sntoma de cercana a los pases democrticos. Era o sin duda poda serlouno de

los nuestros.

Pero el tiempo, siempre implacable, reduca los aos en los que el anciano viga

seguira al mando de la nave. Para la potencia norteamericana era necesario gobernar eltrnsito y cuidar de que el cambio no modificara el juego de lealtades. La clave

profunda y compleja era lograr que un pas con una tradicin diplomtica poco proclive

a alineamientos explcitos, una base social que tampoco los apoyaba y unas fuerzas

polticas que se debatan entre la autarqua y el antiamericanismo, ingresara sin reservas

1

La puetera verdad es una expresin de Javier Cercas utilizada por Santos Juli en su artculo Duelopor la Repblica Espaola, publicado en el diario El Pas el 25/06/2010 y accesible enhttp://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepiopi/20100625elpepiopi_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepiopi/20100625elpepiopi_11/Teshttp://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepiopi/20100625elpepiopi_11/Teshttp://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepiopi/20100625elpepiopi_11/Tes


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en el club de Occidente. Por tanto se trataba de alentar a quienes no entorpecieran el fin

deseado.

No son pocos los que prefieren leer el advenimiento en Espaa del sistema

democrtico en clave endgena y atribuir su llegada a una diversa y esforzada minora

que quiso consensuar un futuro sin rendir cuentas por el violento pasado. Sin duda en el

anlisis deben tenerse en cuenta los factores y procesos autctonos que definieron la

correlacin de fuerzas y perfilaron el curso de los acontecimientos. Pero la fbula

enlatada de la Transicin pacfica como modelo exportable, de Surez y el Rey abriendo

la va de una democracia reclamada a gritos por el pueblo con la connivencia de una

oposicin de izquierdas plena de sentido comn, no ha sido rebatida con solidez hasta

muy recientemente. E incluso despus de haberlo sido, la batalla entre rupturismo y

reformismo contina ofrecindose con desparpajo en las versiones al uso, ignorndose

que los trminos reales de esa lucha de poder fueron mucho ms complejos y que las

fuerzas de oposicin como PCE y PSOE pueden ser tildadas de cualquier cosa menos de

heroicas al legitimar la continuidad incluso personal del rgimen franquista y adoptar

una cierta complicidad en que la idea de consenso operara como recurso ideolgico.2

Ajeno a todo el proceso, el pueblo espaol se limit a refrendar lo ofrecido por

un bloque de poder que, proveniente de las entraas del rgimen, dict ms que

program los tiempos y no permiti la constitucin de un gobierno provisional que

ampliara los mrgenes de decisin sobre cuestiones tan elementales como la forma de

gobierno. Un bloque, segn sugiere la evidencia disponible, con limitada autonoma en

la toma de decisiones. La realidad parece guiarnos por un itinerario muy distinto, en el

que las propias Cortes franquistas, a pesar de su perfil, terminaron aprobando un

suicidio poltico de no fcil explicacin y donde todo apunta, en definitiva, a que los

intereses domsticos quedaron subsumidos en otros que residan fuera de nuestras

fronteras.3La Transicin espaola se dise en Langley (Virginia), junto al ro Potomac,

en la sede central de la CIA. De ello no tuvo dudas el capitn Fernndez Monzn

cuando en 1972 un oficial estadounidense le recibi en el Pentgono y le ense un gran

2 Vase Ferrn Gallego: El mito de la Transicin. La crisis del franquismo y los orgenes de lademocracia (1973-1977), Barcelona, Crtica, 2008, pgs.695-720. Se espera con inters la publicacin dela tesis doctoral de Juan Antonio Andrade Blanco sobre la evolucin ideolgica de PCE y PSOE durantela Transicin. Una breve exposicin puede verse en la entrevista accesible a 3/11/2011 en

http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Entrevistas/Entrevista%20a%20Juan%20Andrade.pdf3 Lo expone con suficiente contundencia y base documental Joan E. Garcs: Soberanos e intervenidos.Estrategias globales, americanos y espaoles, Madrid, Siglo XXI, 2008, pgs.156-185
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Entrevistas/Entrevista%20a%20Juan%20Andrade.pdfhttp://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Entrevistas/Entrevista%20a%20Juan%20Andrade.pdfhttp://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Entrevistas/Entrevista%20a%20Juan%20Andrade.pdf


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mapa preguntndole lo que vea. Cuando respondi que un mapamundi su interlocutor

le insisti: Pero, qu hay en el centro?. Se haba desplegado el mapa terrestre para

que la pennsula ibrica quedara situada exactamente en ese punto. Por eso Fernndez

Monzn contest: En el centro est Espaa, a lo que el oficial americano repuso:

Pues por eso est usted aqu.4

A estos intereses se supedit el protagonismo de cada partido y sindicato, la

eleccin de sus lderes y la correlacin de fuerzas. Se deba obstaculizar a los grupos

cuyas demandas pudieran polarizar los objetivos polticos y al mismo tiempo dominar y

potenciar a los que no entraran en terrenos movedizos. La transicin no poda

enturbiarse con una exigencia mutua de responsabilidades que pudiera provocar un

cisma paralizador del proceso, pero esto no tena el mismo sentido para quienes

deseaban que Espaa se decantara favorablemente en el contexto internacional, que para

el conjunto de las fuerzas polticas autctonas, aunque no todas stas fueran ajenas a los

intereses forneos.5

Reconciliacin, democracia representativa coronada por una monarqua de

designacin dictatorial directa y OTAN, esos fueron los efectos logrados a costa de

suspender sine die la formulacin oficial de preguntas y respuestas sobre las

responsabilidades pasadas, a todo lo cual el conjunto de la sociedad espaola mostr

activa o pasivamente su aquiescencia, con pocas excepciones, y brind su sancin en las

urnas. Este es el pacto de una transicin en la que no se prohibi, pero tampoco se

promovi, la investigacin de la violencia franquista. Las pruebas contra el pregonado

silencio son copiosas pero el efecto de la masiva presencia de la guerra debe aquilatarse

precisando que la edicin de un ingente nmero de publicaciones, la organizacin de

exposiciones y la celebracin de coloquios no puede ocultar el hecho decisivo de que,

hasta la dcada de 1990, el estudio directo y no estimativo de la represin franquista

necesit de la enrgica perseverancia de un puado literal de individuos dispuestos aremangarse, embadurnarse y tambin enfrentarse a una administracin clausurada casi

monacalmente. AGC, AHN o AGA son siglas de archivos que, como los histricos

militares, han tenido una evolucin en estos treinta aos, ms o menos modlica segn

hablemos de unos fondos u otros. Pero lo cierto es que en ninguno de ellos

encontraremos las entraas de la violencia ms brutal, la que proporcionan las auditoras

4 Alfredo Grimaldos: La CIA en Espaa: espionaje, intrigas y poltica al servicio de Washington,

Barcelona, Debate, 2006, pgs.17-185 Alfredo Grimaldos:La CIA en Espaa..., op. cit., pgs.141-158 ypssim; Joan E. Garcs: Soberanos eintervenidos..., op. cit., pg.172 y pssim.


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de guerra, los registros civiles o los de cementerios. Poner los pies hoy en estos archivos

permite hacerse una idea de todo lo que resta por hacer, pero slo la imaginacin deja

intuir el estado en que se encontraban en 1980.6

Repblica, guerra y franquismo despus del siglo corto

La configuracin poltica del mundo se vio alterada notablemente a partir de

1989 tras cada del Muro de Berln y, sobre todo, desde el colapso de la Unin Sovitica

en 1991. El trnsito de un contexto bipolarizado a otro en el que las democracias

realmente existentes proclamaban exultantes el fin de la historia vino acompaado del

enaltecimiento pretendidamente axiomtico de la democracia como nico sistema

poltico defendible y, en definitiva, viable.7 Sin que muchos de quienes profesaban y

an profesan esta proposicin a modo de inmanente principio lo supieran o en todo

caso quisieran identificarse con tal denominacinese corpus netamente ideolgico ha

venido siendo bautizado como fundamentalismo democrtico.

Esta nocin ha podido ser empleada con diversos sentidos pero el que ms nos

interesa a efectos de lo que aqu se trata es aquel que la identifica con una forma de

concebir la democracia representativa como el mejor sistema poltico posible sin que

quepa objetar nada a este respecto ni solicitar a sus incondicionales una explicacin que,

trascendiendo cualquier enfoque idealista, nos permita conocer los principios o

argumentos que la sustentan.8 Diversos filsofos e historiadores han cuestionado un

dogma que ha adquirido tonos casi deficos, lo que desde luego no conduce

inexorablemente a calificar la democracia como el peor rgimen imaginable:

Lo que queremos negar al fundamentalismo democrtico es la concepcin d e la

democracia representativa como la mejor forma de rgimen posible, tanto si est

6 Santos Juli: Memoria, historia y poltica de un pasado de guerra y dictadura, en Santos Juli (Dir.):Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, pg.69 alude a los centros citados comoejemplo de aperturismo archivstico para el estudio de la guerra en general. Los fondos deResponsabilidades Polticas conservados inicialmente en el AGA referentes a Madrid y al TribunalNacionalse abrieron a la consulta en la dcada de 1990 y slo aportan prueba testimonial e incompletade los sentenciados por la justicia militar.7Hobsbawm utiliza la expresin siglo corto en su muy conocida obra Historia del siglo XX, Barcelona,Crtica, 2003 (1 ed. en espaol de 1995). Reflexiones sobre el impacto del fukuyamismo en el clsico eimprescindible opsculo de Josep Fontana: La historia despus del fin de la historia, Barcelona, Crtica,19928 Por tanto la perspectiva que aqu se adopta tiene un sentido crtico y corresponde a la cuarta acepcin,denominada contrafundamentalismo democrtico, expresada en el artculo Gustavo Bueno Martnez:

Historia (natural) de la expresin fundamentalismo democrtico, enhttp://nodulo.org/ec/2010/n095p02.htm, donde adems de una taxonoma de sus posibles acepciones seaporta informacin sobre el origen y uso de la expresin.
http://nodulo.org/ec/2010/n095p02.htmhttp://nodulo.org/ec/2010/n095p02.htmhttp://nodulo.org/ec/2010/n095p02.htm


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deficientemente representada como si est realizada de modo pleno. Lo que

negamos es la posibilidad misma de estas evaluaciones de la democracia (mejor

posible, peor posible) en trminos absolutos; la evaluacin de un rgimen

poltico solamente tiene sentido relativamente a la eutaxia de la sociedad poltica

de referencia, porque la democracia representativa no es una idea absoluta, un

canon que pueda ser considerado en s mismo, sino que es una funcin cuyos

valores slo aparecen en la aplicacin de la funcin a la materia poltica concreta

y variable, adscrita a un territorio y a una coyuntura histrica, que desempean

el papel de parmetros.9

En cuanto a una interpretacin de la violencia derivada de la guerra civil y la

posguerra, esta cuestin posee una relevancia capital por tratarse de un evidente punto

de llegada para buena parte de la historiografa acadmica especializada. Mientras el

punto de partida estuvo marcado por la dogmtica impuesta de forma oficial por el

bando vencedor de la guerra, en los quince aos siguientes a la muerte de Franco

convivieron varias lecturas alternativas que en algn caso ofrecan una lnea continuista

respecto del franquismo, en otros se repartan con pretendida ecuanimidad las

responsabilidades y consecuencias del conflicto mientras que una corriente bastante

notoria postulaba una vuelta del revs situando a los sublevados como los culpables

principales y casi nicos. Sera ocioso repetir los argumentos esgrimidos y citar a los

intrpretes por ser de sobra conocidos.

Lo cierto es que con posterioridad y en una reedicin de lo ocurrido en otros

pases no en todos con experiencias en alguna medida similares, los discursos de

todas estas perspectivas han ido abriendo caminos diversos pero en algunos casos han

acusado una deriva coincidente en, al menos, un sentido: parten de la nocin de

fundamentalismo democrtico a la hora de interpretar no slo lo ocurrido a partir de1936 sino desde 1931. No les falta razn a quienes recuerdan que, frente al tenaz

esfuerzo por insistir en lo contrario hasta convertirlo en un tpico, muchos de los

partidarios de la Repblica no eran defensores genuinos de la democracia ni resistieron

a los sublevados por tal motivo. Lucharon, se decantaron o simplemente estuvieron en

ese lado de la trinchera pero no defendiendo la democracia representativa ni doctrinal ni

operativamente. Sin embargo mientras efectan este oportuno recordatorio, hay quienes

9Gustavo Bueno Martnez: Qu es la democracia?, enhttp://nodulo.org/ec/2011/n112p02.htm. Es unamplio trabajo publicado en cinco entregas y de la que esta es la cuarta.
http://nodulo.org/ec/2011/n112p02.htmhttp://nodulo.org/ec/2011/n112p02.htmhttp://nodulo.org/ec/2011/n112p02.htmhttp://nodulo.org/ec/2011/n112p02.htm


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porcin de responsabilidad en el desarrollo de los procesos que culminaron en las

salidas violentas al emplear estrategias geopolticas concretas, aplaudir o vituperar

comportamientos y buscar alianzas tanto en contextos nacionales como internacionales.

Que Churchill o Lord Halifax recibieran con agrado ciertas medidas tomadas por

Alemania o que Inglaterra y Estados Unidos pactaran con alguienStalinque en 1944

fuera nombrado nada menos que el hombre del ao por la revista Time, son datos que,

sin apenas rasgar en la superficie, invitan cuando menos a matizar los trminos del

citado antagonismo.12

El hbito cada vez ms extendido de aplicar un baremo intemporal basado en la

idea de democracia a cualquier sistema poltico sin atender a sus coordenadas espacio-

temporales, acusa rasgos marcadamente presentistas. Sin acceso a un mercado

regularmente abastecido como el actual, con una notoria limitacin de recursos y con

unas condiciones sociales especialmente duras para una gran mayora de personas no

slo es que resulta discutible evaluar a los sujetos y las polticas de la dcada de 1930

bajo el prisma de la democracia representativa espaola del siglo XXI, sino que sta

misma difcilmente poda concebirse por los protagonistas como solucin de aquellos

problemas.13

De forma ms o menos consciente, la eleccin del pluralismo poltico como

variable explicativa con vocacin ecumnica se alimenta del concepto de

fundamentalismo democrtico, un concepto cuyas bases quedaron asentadas mucho

antes del fracaso del socialismo realmente existente. Finalizada la segunda guerra

mundial comenz a tomarse conciencia de una barbarie que hizo enmudecer a polticos,

12 Sobre las opiniones positivas de Churchill hacia Hitler y negativas hacia los judos vase D. Losurdo:Stalin: historia y crtica de una leyenda negra , Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pag.233. Buena parte delas conclusiones incluidas en esta obra deben tomarse con cautela no por lo que pudieran tener de

apologticas hacia la figura de Stalin aqu importan las pruebas y los argumentos no los motivos quemueven a quien los exponesino por el dudoso criterio hermenutico que ha podido emplear el autor.Sobre esto vase la muy crtica resea de Antonio Moscato accesible a 01/11/2011 enhttp://www.ips.org.ar/?p=4099.13 Lo que no implica de ninguna manera suscribir nada parecido a cualquier clase de relativismo post-moderno. Se cuestiona la variable elegida para evaluar las acciones pretritas, no el hecho de que staspuedan ser consideradas crtica y racionalmente mediante pruebas objetivas y no arbitrarias. A esterespecto son indispensables las observaciones realizadas por Enrique Moradiellos: Las caras de Clo,Madrid, Siglo XXI, 2001, frente a quienes postulan que la objetividad sea un fin deseable para elhistoriador, como es el caso de Pablo Snchez Len: La objetividad como ortodoxia: los historiadores yel conocimiento de la guerra civil espaola, en Julio Arstegui y Franois Godicheau (eds.): Guerracivil: mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pg.133. Un comentario muy crtico respecto de estacorriente relativista en Fernando del Rey Reguillo: El mito radical-cedista desde un mundo rural, en

Manuel Ballarn...(et al.) (eds.): La II Repblica en la encrucijada: el segundo bienio , Zaragoza, Cortesde Aragn, 2009, pg.58, donde no obstante se alude a la cuando menos incierta relacin entredespolitizacin y academia.
http://www.ips.org.ar/?p=4099http://www.ips.org.ar/?p=4099http://www.ips.org.ar/?p=4099


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intelectuales y a la sociedad en general, pero que al mismo tiempo sirvi como modelo

para identificar un infierno al que lanzar al enemigo poltico.

Un concepto que surgi del fro

Una nocin cuyos trminos constitutivos hacen de ella algo materialmente

imposible, la sitan en el mbito de la metafsica y que en rigor slo puede tomarse

como una idea lmite, comenz a utilizarse profusamente a partir de 1945 como

artefacto ideolgico. El totalitarismo no era un concepto nuevo. En la Italia de

entreguerras fue usado inicialmente por algunos liberales contrarios al rgimen de

Mussolini y ms tarde por la intelectualidad fascista e incluso por el propio Duce.

Tambin algunos tratadistas anglosajones lo fueron incluyendo en el lxico de la

politologa vinculndolo al monopolio total del poder en todos y cada uno de los

rdenes sociales, a la bsqueda del seguimiento de las masas y la utilizacin de las ms

sofisticadas tcnicas de propaganda.14

Pero fue en la segunda posguerra mundial cuando el concepto adquiri un

carcter marcadamente peyorativo. Las fuerzas occidentales que constituan el bando

vencedor advirtieron rpidamente que el hasta haca poco aliado sovitico estaba

llamado a convertirse en el principal enemigo en la lucha por la supremaca mundial,

por lo que forzaron su equiparacin con el rgimen nazi. Una comparacin que al

trascender el complejo que dio forma a la maquinaria exterminadora aplicada a la Shoah

significaba un firme intento de demonizar al rgimen estalinista.15

Sera no obstante discutible argir que tan slo por tratarse de una nocin

claramente puesta al servicio de la poltica exterior estadounidense debiera excluirse

como categora de anlisis. Tal servicio viene nicamente a suscitar ciertas preguntas

acerca de su lgica interna, la procedencia de su aplicacin a casos concretos y la

evidencia sobre la que se sustentan las afirmaciones que del uso del trmino se derivan.Muy influyente en la historiografa y la poltica de los ltimos sesenta aos,

totalitarismo es antes que nada y en s mismo un concepto dbil, y estrictamente por ello

debe ser demolido.

14 Un recorrido preciso a travs de una interesante seleccin de textos relativos al totalitarismo en E.Traverso: Le totalitarisme: le XXe sicle en dbat, Pars, Editions du Seuil, 2001. En su aportacinintroductoria el propio autor llama la atencin sobre la ambigedad de un trmino con el que a la vezpuede aludirse a un hecho, un concepto y una teora. Vase tambin N. Bobbio...(et. al.) :Diccionario de

poltica, Madrid, Siglo XXI, v.2 (l-z), pag.1574.15 E. Traverso:Le totalitarisme, pag. 51 seala el periodo 1947-1960 como la edad de oro de la ideade totalitarismo.


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Tampoco se ajustara a la realidad inscribir a quienes lo han venido utilizando

desde 1945 en la nmina de espas a sueldo de las potencias occidentales. No hay

evidencias de que Arendt se prestara a la estrategia posblica norteamericana al publicar

en 1951 Los orgenes del totalitarismo sino que esa obra retrata ms bien la lgica

evolucin intelectual de su autora aderezada con los dilogos mantenidos en su entorno

familiar y los vnculos en calidad de colaboradora con cierta izquierda de matiz

trotskista. La necesidad que Arendt tuvo de introducir en el ltimo momento al

estalinismo y sostener la comparacin de ste con el nazismo en la existencia de campos

de concentracin, debilit el conjunto de una obra ya universal que en su momento se

gui ms por intuiciones que por la completa consulta del insuficiente material

disponible sobre el rgimen sovitico.16

A mediados de la dcada de 1950 la nocin se instal en mbitos cercanos a la

administracin estadounidense. Coincidiendo con la lectura del famoso Informe secreto

por parte de Nikita Kruschev, los politlogos Friedrich y Brzezinski ste vinculado a

distintos gobiernos norteamericanos17 publicaron en 1956 un trabajo clave para los

desarrollos posteriores en el que el totalitarismo qued caracterizado por una ideologa

oficial, un partido nico de masas, un sistema de terrorismo policial, el monopolio de

todos los medios de comunicacin de masas, el control absoluto del empleo de la

violencia y la direccin de la economa. El concepto quedaba all perfilado y dispuesto

para su aplicacin a los distintos regmenes comunistas traspasando los lmites

impuestos por Arendt cuando lo circunscribi exclusivamente al nazismo y al

estalinismo.18

Entretanto el Informe Secreto trascenda a ciertos medios e instancias

occidentales. Con las noticias que all se aportaban las potencias democrticas se

aprestaban a identificar al territorio sovitico como la imagen misma del infierno y a su

antiguo lder supremo como a un enorme, siniestro, caprichoso y degenerado monstruohumano, convertido sin ningn gnero de dudas en el hermano gemelo de Hitler. 19

Stalin quedaba retratado como un dspota sin lmites y muy torpe en el campo de batalla

con una URSS que habra resistido a su pesar el envite iniciado por los nazis tras el

16 E. Traverso: La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Barcelona, Herder,pag.98 y ss.17 Joan E. Garcs: Soberanos e intervenidos..., op. cit., pg.175 y ss.18 N. Bobbio, op. cit., pag.1575.19 D. Losurdo: Stalin: historia y crtica de una leyenda negra , Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pag.25;

sobre las vicisitudes con respecto a la lectura del informe por parte de Kruschev y su silencio sobre laparticipacin en las purgas vase William Taubman:Kruschev: el hombre y su tiempo, Madrid, La Esferade los Libros, 2005, pgs.107-154 y 335-368


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comienzo de la Operacin Barbarroja. Un antisemita irredento que incluso habra

ordenado el asesinato de su fiel amigo Kirov como parte anticipada de un plan para

exterminar a todos los competidores por el poder poltico, lo que restara credibilidad a

cualquier posible explicacin causal de las purgas de 1937-1938 ms all de la frialdad

inicua del dictador.20

De disparate o ingenuidad podra calificarse cualquier intento de exonerar al

rgimen sovitico de su responsabilidad en un volumen considerable de muertes y lo

mismo cabe decir de presentar a Stalin como un benefactor. Sin perjuicio de ello se hace

no obstante necesario adecuar los conceptos que se emplean para definir el sistema

implantado en la URSS con relacin al resto de regmenes que lo circundaban y fijar

con precisin la naturaleza de sus polticas. La terrible industrializacin a marchas

forzadas fue efecto de una poltica nada contemplativa con el sufrimiento humano que

provoc millones de muertos por hambre y enfermedades, pero no fue la consecuencia

de una planificacin con intenciones genocidas y con toda probabilidad evit que la

URSS sucumbiera ante el ejrcito alemn y con ello quiz un ingente nmero de

muertos. Nada de esto puede predicarse de las purgas polticas, una matanza de varios

centenares de miles de personas que, con la aberrante existencia de cupos geogrficos

que recogan la cantidad de individuos que deban morir, alcanz su apogeo en el bienio

1937-1938.21

Los sovietlogos occidentales se convirtieron en verdaderos devotos de un baile

de nmeros que comenz a aflorar a partir del deshielo iniciado por Kruschev,

abrazando con entusiasmo magnitudes colosales. Ochenta millones de muertos? Y

por qu no el doble?. Moshe Lewin prefiere dejar que sean los autores de estas

20 Sobre la tesis de la participacin de Stalin en el asesinato de Kirov y la insuficiencia de pruebas alrespecto vase J. Arch Getty y Oleg V. Naumov:La lgica del terror, Barcelona, Crtica, 2001, pags.128-

133; tambin D. Losurdo, op. cit., pags.81-85, que no duda en calificar de falsedad la atribucin delasesinato a Stalin. Lo que desde luego resulta innegable es que esa muerte fue adjudicada a los traidorespor el lder sovitico y utilizada como pretexto para iniciar su ms dura campaa represiva.21 D. Losurdo, op. cit., argumenta que los veinticinco primeros aos de existencia sovitica secaracterizaron por la omnipresencia de un contexto de guerra civil y de lucha por la supervivencia frente alas potencias exteriores e identifica como causa de las purgas el pnico de la nomenclatura y de lospropios dirigentes ante la supuesta proliferacin de traidores al servicio de potencias extranjeras. Puedeque en alguna medida esto moviera a la erradicacin de presuntos espas y agentes trotskistas -bujarinistas pero como afirma Lewin con toda probabilidad la causa principal debe buscarse en el deseode Stalin de lograr una coartada histrica que le proporcionara la legitimidad personal de la que carecapor no haber tenido un papel relevante en la etapa fundacional de la revolucin. Vase Moshe Lewin: Elsiglo sovitico, Barcelona, Crtica, 2006, pgs.126-129. Vale la pena detenerse tambin en el interesantecaptulo 3 de Slavoj iek, Quin dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal) uso de una

nocin, Pre-Textos, Valencia 2002, especialmente las pgs. 115-144 donde sobre la base documental queproporciona el libro citado de Getty y Naumov se aporta, entre otras cosas, una singular lectura delproceso a Bujarin.


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nuestros das explota vergonzosamente los horrores del Gulag o del Holocausto

como pesadilla ltima para chantajearnos a fin de que renunciemos a cualquier

compromiso radical efectivo.25

El uso extensivo por parte de las democracias occidentales del trmino

totalitarismo pas a constituir el reverso ideolgico de la nueva geopoltica

norteamericana, britnica y alemana. El enemigo se convirti rpidamente en el

enemigo totalitario que mediante el control completo de la sociedad a travs de una

ideologa y terror totalitarios era el nico que poda producir una violencia distinta,

inconfundible y privativa, ajena por completo a los presupuestos democrticos. Las

nuevas formas delictivas atentatorias contra la Humanidad fijadas por el derecho, las

convenciones, los organismos internacionales y la jurisprudencia emanada de

Nremberg ya contaban con un perfil delincuente exclusivo al que adherirlas.

Y ello a pesar de que el estudio de la historia es tozudo y se empea en

demostrar que las acciones de un presente cualquiera suelen estar vinculadas a otras de

tiempos pretritos, que lo que hoy pretendemos indiscutiblemente novedoso puede tener

imgenes ms o menos precisas en el pasado y que, en definitiva, las sociedades se van

construyendo sobre el legado que les llega. Esto no quiere decir que en esa senda

retorcida de continuidades y discontinuidades que constituye la evolucin de los

asesinatos en masa pueda trazarse una simple relacin directa de causa-efecto entre, por

ejemplo, el pasado blico y colonial de Alemania y el exterminio judo, pero s que en el

imperialismo de las potencias occidentales democrticas hubo un acusado componente

racista similar al germano y unas prcticas violentas con rasgos que posteriormente

daran forma al delito de genocidio.26

25Slavoj iek, Quin dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal) uso de una nocin, Pre-Textos, Valencia 2002, pgs. 13-1426 Lo de la senda en A. Kramer: Asesinatos en masa..., op. cit., pag. 204, quien examina losantecedentes de la Shoah y postula la singularidad de sta respecto de otros asesinatos en masa. Vasetambin D. Feierstein: El genocidio como prctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina ,Buenos Aires, FCE, 2007, pags.182-183. Un marcado nfasis sobre el racismo de las nacionesoccidentales, especialmente Inglaterra, apelando a una mayor relacin entre las actitudes de stas y elnazismo que entre ste y el estalinismo en D. Losurdo: Stalin..., op. cit., pags.230-238 y pssim. Elvnculo entre genocidio y democracia es sealado por Michael Mann: La cara oculta de la democracia: lalimpieza tnica y poltica como tradicin moderna, en New left review, 2000, n 1, pags.20-50 y msampliamente enEl lado oscuro de la democracia, Valencia, 2009, haciendo eso s un uso muy particular

de los conceptos genocidio y etnicidad y afirmando que los estados que parten de una situacindemocrticao ms bien en proceso de democratizaciny acaban cometiendo genocidio lo hacen en elmarco de una perversin de los principios liberales y socialistas de la democracia (pgs. 14-15).


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De cidiosy fobias

Sin ser completamente indita, la irrupcin durante la dcada de 1940 de los

denominados crmenes contra la humanidad marc un antes y un despus en el mbito

del derecho internacional, que a partir de ese momento comenz a adquirir un denso

contenido. A lo largo de la historia pueden hallarse precedentes relacionados con los

lmites que deban establecerse en cualquier conflicto y, sobre todo, tras la salvaje

Guerra de Crimea algunos pases suscribieron en las conferencias de La Haya

celebradas en 1899 y 1907 la clusula Martens, que aluda al derecho de gentes, las

leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pblica. 27 Sin embargo el mayor

impulso vino dado por los juicios de Nremberg y las prcticas empleadas por los nazis

para lograr el exterminio hebreo.

El proceso de codificacin fue difcil y su complejidad ha venido generando un

debate en el seno de la doctrina jurdica que actualmente contina. La familia de estos

ilcitos ha quedado integrada por el genocidio, los crmenes de lesa humanidad y los

crmenes de guerra. Ninguna norma escrita ha establecido finalmente una jerarqua

respecto de los mismos, mientras que una jurisprudencia poco explcita en este sentido

no ayuda demasiado a concretar la relacin existente entre los tres. Slo intuitivamente

el delito de genocidio viene siendo considerado el ms grave de ellos porque busca

privar a la sociedad de la riqueza que los grupos perseguidos ofrecen. Los crmenes de

lesa humanidad seran los siguientes en la imprecisa escala. 28 Pero lo cierto es que los

juristas no ofrecen conclusiones unvocas en cuanto a las consecuencias dogmticas

vinculadas a la diferenciacin de estos delitos, sobre todo de los dos ltimos citados, y

mientras parte de la doctrina sostiene que genocidio y crmenes de lesa humanidad

presentan completa autonoma a pesar de su comn origen, otra parte considera que hay

una especialidad recproca entre ambas figuras y que, en caso de concurso, debe

prevalecer el genocidio no por la presuncin de una mayor gravedad sino por el carcterms especfico que acarrea la intencin de destruir a un grupo.29

La singularidad del genocidio es que ataca a los grupos en cuanto tales aunque

no se precise un nmero mnimo de vctimas. El problema de sealar la naturaleza de

27 Carmen Mrquez Carrasco:El proceso de codificacin y desarrollo progresivo de los crmenes contrala humanidad, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, pag.33.28 Cristina Fernndez-Pacheco Estrada:El genocidio en el Derecho Penal Internacional, Valencia Tirantlo Blanch, 2011, pags.63-6829

Ibdem, pgs.318-332, 349-350 y 353-354. Esta autora defiende una relacin de especialidad recprocapero no unilateral; por su parte Alicia Gil Gil: Derecho penal internacional, Madrid, Tecnos, 1999,pag.359 defiende la autonoma de los delitos.


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esos colectivos estuvo en la raz de la formulacin y de hecho el borrador inicial sufri

variaciones sustanciales. Fue el judo polaco Rafael Lemkin quien ya en el periodo de

entreguerras pero sobre todo hacia 1944 promovi institucionalmente esta categora

quiz impulsado por la nefasta experiencia que tuvo su familia bajo el dominio del

nazismo. El sentido inicial caminaba hacia una enumeracin no estricta de los grupos

sujetos a proteccin y posteriormente en algunas fases de la redaccin los delitos

polticos quedaron incluidos. As ocurri en la Resolucin 96(I) de Naciones Unidas y

en otros borradores posteriores, pero por desavenencias e intereses particulares de las

distintas naciones se excluy voluntariamente la posible naturaleza poltica de los

grupos, de modo que finalmente el texto de la Convencin citara taxativamente el

carcter nacional, tnico, racial o religioso de los colectivos protegidos.30

En cuanto a su vertiente jurdica el trmino genocidio es hijo directo de la Shoah

con independencia de que entre sus creadores hubiera intencin de hacerlo extensivo a

otros casos de asesinatos en masa. Su institucionalizacin legal fue paralela a los

procesos contra los jerarcas nazis por lo que no lleg a figurar en las sentencias que el

tribunal de Nremberg dict, aunque por mucho que desde entonces se haya aplicado o

reclamado su aplicacin, el delito de genocidio ha quedado ligado poderosamente a la

imagen de los campos de exterminio. La complejidad derivada de su deficitaria

codificacin ha generado y sigue generando amplios debates cuando detrs de los

acusados no se encuentra Auschwitz o Treblinka. La doctrina ha llamado la atencin

sobre la necesidad de resistirse a trivializar un delito cuya extrema gravedad y

especialidad requerira una aplicacin restrictiva y precisa.31 Una tendencia que tambin

es denunciada desde otros mbitos en cuanto supone una equiparacin con los actos que

dimanan de la judeofobia, cuya nomenclatura y prcticas criminales deberan ser

exclusivas de tan excepcionales circunstancias. El uso habitual de trminos como

genocidio y holocausto es sentido como un intento de banalizar el exterminio nazi sobrela poblacin hebrea.32

Pero lo cierto es que aunque la formulacin final del delito es taxativa y cerrada,

las vicisitudes del proceso de redaccin delatan un producto jurdico basado en

30 Cristina Fernndez-Pacheco Estrada: El genocidio, op. cit., pags. 225 y 236; Carmen MrquezCarrasco:El proceso de codificacin, op. cit., pag.6731 Cristina Fernndez-Pacheco Estrada:El genocidio, op. cit., pag.6732 Vase a este respecto Gustavo Daniel Perednik: La judeofobia. Cmo y cundo nace, dnde y por qu

pervive, Barcelona, Flor del viento, 2001. Algunas reflexiones sobre la singularidad de la Shoah enEnrique Moradiellos:La semilla de la barbarie: antisemitismo y holocausto, Barcelona, Pennsula, 2009,pgs.41-42.


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convencionalismos e intereses espurios donde estar o no incluido acaba siendo una

contingencia. Los argumentos a favor y en contra esgrimidos no slo durante el periodo

de formalizacin sino incluso en la actualidad son muchos,33 pero todos los esfuerzos

por razonar jurdicamente sucumben ante la realidad de que la naturaleza de los grupos

protegidos es un requisito artificialmente impuesto por motivos poltico-criminales.34

Los criterios para determinar los grupos acaban confiriendo una ms difusa

ubicacin al delito de genocidio. Tales criterios seran la estabilidad, la identidad y la

delimitacin, que de manera ms que merecida han sido agudamente cuestionados y no

slo desde la propia doctrina. La estabilidad remite a la permanencia y a la adscripcin

por nacimiento involuntaria y no modificable lo que llevado hasta sus ltimas

consecuencias, al margen de hacer ms escurridiza la inclusin de los grupos religiosos,

crea diversas paradojas como que quienes se convirtieron voluntariamente al judasmo

no podan ser objeto de genocidio. Por lo dems la involuntariedad remite de algn

modo a la inocencia mientras que la voluntariedad acarrea de forma implcita un haber

hecho algo, lo que dotara de otra dimensin al acto de comprender por qu un sujeto

fue en su da castigado.

La sacralizacin del Holocausto en tanto experiencia inaprensible desacraliza

aquellos procesos de negativizacin (sic) y aniquilamiento que aparecen como

expresamente racionales y comprensibles en particular, los poltico-

ideolgicos disminuyendo su rango al trasladar la asignacin identitaria

construida por los genocidas a la voluntad de la vctima, en una delimitacin

tajante y epistemolgicamente insostenible entre el ser ontolgico un ser ms

all de la prctica, un ser por nacimiento, un ser esencial y un hacer,

claramente poltico y consciente, producto de la voluntad.35

La identificacin de los grupos remite al siempre ambiguo terreno de las

percepciones sociales mientras que la delimitacin apunta muy especialmente al rea de

la cuantificacin. Cuntas muertes o deportaciones son necesarias o en qu

porcentaje?36 Precisamente el falso vnculo entre genocidio y grandes matanzas resulta

de especial trascendencia en tanto que confusin muy extendida e incluso instalada en el

33 Estn compendiados en Alicia Gil Gil:Derecho penal internacional, op. cit., pgs.189-19434

Cristina Fernndez-Pacheco Estrada:El genocidio, op. cit., pag. 34835 D. Feierstein:El genocidio como prctica social, op. cit., pg.85. Los subrayados son del autor.36Ibdem, pgs. 154-161, donde se resalta la problemtica inherente a la aplicacin de estos criterios.


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ideario popular. Como ya se ha apuntado el genocidio nace de los asesinatos en masa

pero ni su espectro cubre slo la eliminacin fsica ni todas las masacres, por muy

cuantiosas que sean, han de tener la consideracin de genocidio. 37 Es el caso, por

ejemplo, de las deportaciones o la limpieza tnica que no necesariamente implican la

muerte de personas sino la exclusin o desaparicin en el tiempo de un determinado

grupo humano. Quiz la atribucin intuitiva de una gravedad extrema haya arrinconado

la especificidad del delito como rasgo caracterstico.

Todo esto hace que para la interpretacin histrica de la violencia derivada de la

guerra civil espaola sea conveniente prescindir de una categora que adems de no

ajustarse jurdicamente a lo acontecido en virtud de la formulacin aprobada por

Naciones Unidas, contribuye ms bien a enturbiar su entendimiento.38 Pero al mismo

tiempo no deja de ser llamativo el empuje de sus crticos ms obstinados cuando el

sentido de sus objeciones se dirige a demostrar cun lejos estuvo de ser genocidio la

violencia aplicada por los rebeldes durante y despus de la guerra, porque con tan slo

pequeas variaciones en su definicin jurdica, algo ms que factible, el caso espaol

hubiera podido recibir fcilmente tal catalogacin. Una violencia que, al margen de lo

concerniente a la prescripcin de los delitos, podra entrar de lleno en la figura de

crmenes de lesa humanidad. Acaso quieren sugerir algunos de sus detractores que la

violencia empleada singularmente por los sublevados luego franquistas no fue tan

grave? Es que ms de cien mil muertos no fueron demasiados? O quiz ocurre que las

vctimas se lo buscaron por el carcter volitivo de sus acciones polticas o por ser meros

delincuentes?

Cualquier ejercicio de contabilidad debe ser bienvenido por el conjunto de la

historiografa porque si llega convenientemente estructurado permite ampliar el marco

terico e interpretativo de la guerra civil. Ahora bien, por las razones expresadas ms

arriba la cuantificacin no ayuda sustancialmente a determinar la existencia o no de ungenocidio y por ello cualquier intento de afirmarlo o negarlo sobre la base de una

37 Vanse los comentarios de Eduardo Gonzlez Calleja:La violencia en la poltica, Madrid, CSIC, 2002,pgs.384-385 (n.234).38 Y no slo en lo que concierne a Espaa. Ms bien son pocos los casos histricos que se ajustanplenamente al delito de genocidio, como se deduce de la amplia casustica proporcionada por MichaelMann:El lado oscuro de la democracia, Valencia, 2009. Si no es porque hay un componente poltico, esporque los enfrentados pertenecen a una misma etnia o nacin, o comparten lengua y religin, o no esposible determinar que hubiera planificacin. Ante buena parte de las masacres ocurridas en la Unin

Sovitica, Camboya o Ruanda cabra concluir que hubo, bien grandes desastres humanos derivados demalas decisiones polticas o bien grandes matanzas realizadas por miembros de la misma etnia o nacin,para lo que incluso llega a aludirse a la extravagante figura del autogenocidio.


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amplia o insuficiente numerologa luctuosa est abocado al fracaso. Nueve mil muertos

en Crdoba, tres mil en Madrid o trescientos en Almera ni afirman ni niegan nada; slo

constituyen una apreciable base cuantitativa sobre la que edificar una explicacin que

habr de trascender las ejecuciones para incorporar otras formas de castigo penal y no

penal, un anlisis de los mecanismos utilizados y de las continuidades y cambios en el

proceso desde 1936, amn de tener en cuenta las estrategias y directrices empleadas por

los ejecutores.

Es en este contexto donde entendemos que deben buscarse los rasgos que

identifican la especificidad de la violencia franquista porque al fin y al cabo uno de los

propsitos del presente debate es concluir si existen o no diferencias con la violencia

empleada al otro lado del frente y si hay o no similitudes con las prcticas de otros

regmenes polticos coetneos. Y cabe decir que la singularidad del despliegue coactivo

rebelde remite a su institucionalizacin y a su insercin como elemento principal de su

propia estructura sistmica. Institucionalizacin que no slo atae a la proliferacin de

tribunales acaecida algunos meses despus del alzamiento sino al entramado militar-

policial bien organizado que desde los primeros das se implant en todas las zonas que

fueron cayendo bajo dominio sublevado. Este punto adquiere un significado crucial al

constituirse como clave interpretativa determinante del sentido por el que discurrir toda

construccin explicativa de la violencia sublevada. Tanto es as que los propios

golpistas se cuidaron de ocultar no slo los asesinatos sino su protagonismo directo o

aquiescente si aquellos trascendan a la opinin pblica, apuntando al caos inicial y a las

milicias civiles como factores de esas muertes cuando se encontraron ante la necesidad

de elaborar una justificacin.

Pero lo cierto es que si bien la maraa de supuestos poderes pudo tener un

carcter circunstancial y aumentar acaso puntualmente las inscripciones necrolgicas o

el tormento de las vctimas, tanto los documentos preparatorios redactados durante laconspiracinque aconsejaban atribuir el orden pblico a las milicias civilescomo la

actuacin generalizada de los alzados en todas las zonas que cayeron bajo su dominio

sealan lo lejos que estuvo el mbito sublevado de representar un escenario de

competencia poltica donde una miscelnea de poderes habra campado a sus anchas sin

seguir las directrices del ejrcito.39 Distanciados esos territorios por cientos de

39

Parece llegado el momento de superar en este punto un relato generalmente esbozado por protagonistase incluir en el acervo de la historiografa las conclusiones de aquellos acreditados estudios que hanexhumado los mejores documentos para comprender esta cuestin clave. Desmarcarse de las matanzas


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kilmetros e incluso frentes de combate, cualquier aliengena distrado que hubiera

sobrevolado la pennsula en agosto de 1936 habra podido distinguir que en Sevilla,

Galicia o La Rioja el control de la coercin se hallaba organizado de la misma manera,

con todopoderosos Delegados de Orden Pblico supeditados por completo al poder

militar decidiendo sobre las vidas de miles de personas, ejecutando sus polticas a travs

de las comandancias de la Guardia Civil o las milicias y valindose de la denuncia y la

conformacin de listas por parte de ciertos poderes locales afines ideolgicamente y al

tiempo activos participantes.40

Costara creer que esto no estaba previsto y que no fue consecuencia del cmulo

de instrucciones e informes reservados redactados por los conspiradores en la primavera

de 1936, unas directrices que sobre todo pretendan iluminar el camino ms inmediato

para el xito golpista pero lo hacan, no debe olvidarse, presumiendo que la resistencia

iba a ser muy dura y alertando de la ms que probable necesidad de ser contundentes y

expeditivos con el enemigo.41 Ser difcil encontrar en esas instrucciones preparatorias

del golpe probablemente porque nunca se escribiera tal cosa una detallada

programacin del exterminio de ese enemigo que Varela defini como aberracin

quimrica de brbaro asitico, fro clculo judo y tenebrosa conjura masnica. Pero no

lo ser tanto deducir de ellos la que finalmente lleg a ser una estructura

institucionalizada del terror. Una estructura planificada pero verstil cuyo alcance final

iniciales fue para los sublevados una labor propagandstica de primer orden pero lo cierto es que lasmilicias y los poderes civiles de carcter local estuvieron supeditados a los mandos militares. Esto se hademostrado para el suroeste espaol por diversos historiadores, pero especialmente por FranciscoEspinosa, mientras que Julio Prada lo ha plasmado de modo muy convincente para la provincia de Orensetrascendiendo la imagen recurrente del strapa Queipo. No se tienen en cuenta estos hallazgos al sugerirque la oportunidad que obviamente confiri el derrumbe republicano hizo aflorar fenmenos decompetencia poltica entre diversos grupos, de tal suerte que las masacres siguientes habran obedecido en

parte a ese fenmeno. Y no se tienen en cuenta no porque tal rivalidad no ocurriera efectivamente sinoporque se sobredimensionan sus consecuencias y se ignora que desde el 18 de julio el ejrcito gestion lageneralidad de esos asesinatos. La competencia entre fascistas, carlistas o albianistas es referida porejemplo en Rafael Cruz: Las campaas rebeldes de aniquilacin del enemigo, en Ayer, 2009, num.76,pgs.74 y ss., apoyndose especialmente en los textos de Ridruejo o Cabanellas.40 A veces se ha argido que como hasta enero de 1938 los sublevados no habran alcanzado plenamentela condicin de Estado, faltara el requisito necesario de que una estructura de poder estuviera detrs delas matanzas cometidas hasta esa fecha para invocar con rigor el delito de genocidio. Sin perjuicio delresto de objeciones que se formulan en este trabajo cabe decir que para la concurrencia de genocidio ocrimen de lesa humanidad bastara en este sentido con que tales acciones se cometieran por un poder defacto, tal y como apunta Alicia Gil Gil: Los crmenes contra la humanidad y el genocidio en el estatutode la Corte Penal Internacional, pginas 15 y 34 del pdf accesible a 03/11/2011 enhttp://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdf, y publicado originalmente en

Revista de Derecho penal, 2003- I, Buenos Aires 2003, pgs. 215 a 270.41 Un comentario reciente sobre estos documentos previos que va en el sentido apuntando en Julio PradaRodrguez:La Espaa masacrada, Madrid, Alianza Editorial, 2010, pags.111-112
http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdfhttp://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdfhttp://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdf


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slo lleg a definirse por las dimensiones de la resistencia y la realidad del conflicto y

que fue cambiante segn las perentorias necesidades blicas y polticas.

La institucionalizacin de la violencia supone una diferencia sustancial con

respecto a la zona republicana, donde la organizacin fue improvisada por definicin en

tanto que hija de una actitud en primera instancia defensiva. No fue un problema como

tantas veces se ha dicho o replicado de individuos incontrolados ni de espontaneidad de

unas masas encolerizadas por la rebelin, sino que la revolucin y el derrumbe de las

instituciones estatales produjeron una fragmentacin de poderes y la consiguiente

descentralizacin de las acciones violentas. Es decir, lo contrario que en zona rebelde.

Si consideramos a esos comits y brigadas de barrios y pueblos que ocuparon su parcela

de poder y ejercieron distintas formas de violencia como pequeos rganos de decisin

insertos genricamente en el mbito de la Repblica y ms o menos dependientes de

alguno de sus partidos o agrupaciones polticas, entonces podra hablarse de un ejercicio

descentralizado de la violencia. No hubo una poltica coercitiva sino muchas y sin ser

ajeno a ellas el gobierno republicano, por obvias razones de supervivencia, no quiso

lanzar a la fuerza pblica contra unos poderes que constituan en definitiva la base que

lo sustentaba. Slo la puesta en marcha de los tribunales populares fue un intento no

del todo exitosoencaminado a resolver esa situacin.42

Algunos analistas sealan que la planificacin de asesinatos en masa nunca es

inicial y previa sino que surge tras una escalada violenta y como producto de una

situacin en la que se dan una serie de condiciones excepcionales que llevaran a

improvisar el programa exterminador por la oportunidad que confiere la situacin.

Michael Mann sistematiza las distintas fases como planes A, B y C, siendo el ltimo y

ms destructor la consecuencia de un cmulo de circunstancias y del fracaso de los otros

dos planes. En contra de lo objetado por algunos autores, esta frmula no resta

premeditacin a la intencin de reducir al enemigo aunque s a que el exterminio sea laidea de partida. Sin embargo en muchos casos resulta complicado identificar el paso de

una fase a otra, el tiempo requerido para ello o incluso si siempre se dan todas o slo

esas etapas.43 Para el caso espaol, tan arriesgado es convertir las instrucciones de Mola

42 Vase Jos Luis Ledesma: Una retaguardia al rojo, en Francisco Espinosa Maestre (coord.):Violencia roja y azul, Barcelona, Crtica, 2010, pags.186-18743 Michael Mann: El lado oscuro..., op. cit., pag.18. En la pgina 509 de esta obra se dice que el

denominado genocidio practicado por los hutus en Ruanda en abril de 1994 no tuvo plan A y si ciertogrado de improvisacin, desarrollndose el Plan C en unas pocas semanas. Aunque no se afirmaexplcitamente, una aplicacin razonable de este esquema a la violencia sublevada en Rafael Cruz:Las


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y otros documentos de la conspiracin en un preciso plan de exterminio como

menospreciar que los conjurados edificaron algo ms que unas simples directrices para

deshacerse de unos pocos cargos republicanos e izquierdistas. El hecho cierto de que

prcticamente dieran por perdido Madrid y la escasa confianza que tenan en hacerse

con Barcelona y Valencia excluyen la posibilidad de que ignoraran la magnitud del

eventual combate. Con ese horizonte se pertrecharon.

El ejercicio de la violencia por parte de los sublevados no tuvo un carcter

reactivo contra hechos delictivos cometidos por quienes se opusieron al golpe. Fue algo

centralizado, regulado administrativamente y previsto, no tanto en lo cuantitativo como

en lo instrumental. Sus lderes presuman que iba a ser necesario eliminar a enemigos

pero lo que se plantearon no fue a cuntos tenan claro que a muchos sino cmo

hacerlo e intuimos que este cmo surgi previamente al golpe pero tambin evolucion

para adaptarse al contexto del conflicto. All donde fueron triunfando consiguieron

eliminar a sus ms destacados oponentes; cuando tuvieron la certeza de que la

resistencia iba a ser extrema redujeron a mnimos los lmites para identificar y suprimir

a potenciales enemigos; y finalmente avanzada ya la fase de las grandes matanzas

actualizaron sus instituciones coactivas para hacerlas compatibles en lo formal con las

estrategias de legitimacin poltica. En este aspecto, el logro de los sublevados fue

precisamente diluir las ejecuciones no judiciales en el conjunto de condenados con

garantas jurdicas y, en todo caso, atribuir a elementos civiles los excepcionales

asesinatos perpetrados por el descontrol de los primeros momentos. Todo esto emic

naturalmente porque ni fueron excepcionales ni debidos al descontrol ni la implantacin

de los tribunales militares acab inmediatamente con ellos ni el proceso castrense

proporcionaba garantas. Si logramos trascender el impacto de las ms voluminosas

matanzas de primera hora, no deja de ser sugerente la propuesta de interpretar la

actuacin de la justicia militar de posguerra como la fase final selectiva del continuorepresivo iniciado en julio de 1936.44 En definitiva, el entramado del nuevo rgimen

concibi la eliminacin y anulacin del enemigo como uno de sus principios indelebles

y primigenios, mientras que los mecanismos de coaccin siempre estuvieron

campaas rebeldes de aniquilacin del enemigo, en Ayer, 2009, num.76, pgs.70-71 (n.8), donde sealude a tres procesos consecutivos, si bien de ese anlisis no se derivan resultados concluyentes.44 Javier Rodrigo Snchez: 1936: guerra de exterminio, genocidio, exclusin, en Carmen Lpez(coord.), Genocidios y crmenes contra la humanidad, dossier de Historia y Poltica, n. 10, Madrid,

pg.256-257, plantea la posibilidad de aplicar el trmino genocidio a la violencia de posguerra por cuantotal violencia, aunque menos abultada que la de 1936, resulta para l ms llamativa al acaecer en untiempo de paz retrica.


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institucionalizados bajo la supervisin y cobertura del Ejrcito, adquiriendo un rango

esencial en la estructura administrativa.

La tesis de la pervivencia de ese principio debe someterse a prueba teniendo en

cuenta la duracin del rgimen. A lo largo del pasado siglo la prctica totalidad de los

asesinatos en masa quedaron restringidos a periodos ms o menos extensos pero

concretos y crticos. Sera absurdo pensar que la citada tesis slo se sostiene si

superadas esas etapas conflictivas y cambiando la situacin poltica y econmica

continan producindose las mismas matanzas. Por el contrario lo que se sugiere en el

caso espaol es que las frmulas para enfrentar a los oponentes tradicionales o nuevos

no cambiaron sustancialmente. Con el paso de los aos se redujo el nmero de vctimas

pero hubo una extrema resistencia por parte del rgimen a modificar unos mecanismos

que slo puntualmente y para ciertos repertorios de oposicin sufrieron alguna

variacin. En este sentido el quinquenio 1963-1968 no puede empaar los otros treinta y

cuatro aos de rgimen, ni tampoco que en cada uno de los das de esas cuatro dcadas

el oponente poltico fuera concebido arbitrariamente como delincuentecomn autor de

supuestos actos criminales derivados de sus tambin criminales y errneas creencias. 45

Pero hay autores que discuten la pervivencia de este ideario y ejercicio coactivos

incluso a los pocos meses de iniciarse la posguerra, basndose en lo que denominan el

cambio. Un cambio que segn esa perspectiva se sustentara en un intento por parte del

rgimen de equilibrar los errores y desajustes cometidos por la justicia militar a causa de

haberse aplicado en caliente. Los auditores eran los nicos que podan frenar la

caprichosa autonoma de los consejos de guerra pero el ingente nmero de causas les

habra impedido cumplir con esa labor al menos hasta finales de 1939. Finalmente con

la publicacin de la Orden de 25 de enero de 1940, dirigida a la conmutacin de penas,

el rgimen habra iniciado voluntariamente, siempre segn la citada visin, una

tendencia ms relajada en la imposicin de condenas a muerte porque los tribunales yatendran un freno a sus veleidades arbitrarias.46

Ya hemos sealado en otro lugar que ni siquiera el estudio de su principal

valedor sustenta esta tesis porque, entre otras razones, ni hubo un descenso generalizado

y definitivo de ejecuciones en el conjunto del territorio espaol fue ms bien un

45De forma un tanto relacionada, en Argentina se emple el concepto de delincuente subversivo paraidentificar la otredad propia del enemigo que voluntariamente se situ enfrente del rgimen dominante y

hacer ms comprensible su eliminacin. Vase Daniel Feierstein:El genocidio..., op. cit., pgs.84-8546 Tesis defendida por Julius Ruiz: Francos Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War,Oxford, 2005


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proceso discontinuoni, mucho ms importante, esta orden se dirigi a semejante cosa

sino a reducir el enorme problema del colapso penitenciario. No es que el rgimen

pensara que los tribunales haban sido muy duros; no es que hubiera abjurado de los

principios que impulsaron tal severidad. Lo que ocurri es que la infraestructura judicial

y penitenciaria se vio impotente para abordar tal masa de detenidos, procesados y

penados originada por el extensivo impulso de las delaciones y la parcialidad de las

acusaciones. Lo que al gobierno le importaba la justicia y la equidad queda patente

cuando durante la redaccin de la citada Orden de 25 de enero consider que su

publicacin deba enfocarse nicamente

en vista de los principios de justicia misericordiosa -muy aprovechable

polticamente- y, sobre todo, de defensa del Estado, eliminando, encarcelando,

desterrando o vigilando a los peligrosos, ms en perspectiva de su peligrosidad

que por estricto espritu de aplicarles la justicia que merecen sus actos pasados.

Naturalmente estos comentarios no se plasmaron en el BOE, sino que para

conocerlos es necesario consultar el expediente original de elaboracin de la norma. 47

Los rebeldes, y luego el rgimen franquista, emplearon una violencia

institucionalizada, planificada en sus mtodos, formidablemente adaptativa y de notable

polivalencia funcional. A travs de ella se elimin, encarcel, explot y reeduc a varios

47 Algo que no ha hecho Julius Ruiz, cuyas elucubraciones metodolgicas quiz debieran venir precedidasde la consulta de originales, y ms en lo que concierne a una orden a la que otorga una importanciacrucial porque no slo pero s fundamentalmente en virtud de ella sostiene lo que llama el cambio.Costumbre que debera hacer extensiva a los tribunales militares, para cuyo anlisis no se ha valido deningn expediente producido en el seno de esa jurisdiccin sino de los testimonios de sentenciasarchivados en el fondo de Responsabilidades Polticas y de otras resoluciones encontradas en la CausaGeneral. Con ese material ha logrado mejorar los recuentos disponibles para Madrid pero, dada sunaturaleza meramente dispositiva, no ha conseguido descifrar los lmites del formalismo inherente al

ejercicio jurisdiccional ni acceder con mayor rigor al funcionamiento procesal sustantivo. Quiz sihubiera consultado algn procedimiento militar especfico no estimara como pocos los, segn l, 69sumarios estudiados por Anderson en su trabajo sobre Crdoba y se replanteara atribuir a los auditoresnada menos que la propensin a garantizar que las penas no fueran excesivas. Y si el auditor poda serbenevolente con el rigor de los castigos, Julius Ruiz parece sugerir de modo implcito una ciertacapacidad omnisciente del Fiscal Togado. Slo eso o un simple anacronismo explicaran que Ruiz seasombre al citarse el caso de Amor Nuo como ejemplo de inutilidad de los avales favorables apoyandosu sorpresa en lo que Jorge Martnez Reverte public en 2004! sobre la supuesta implicacin de Nuo enla matanza de Paracuellos. En nuestro caso hemos optado por humanizar al representante pblico yevaluar su informe sobre Ricardo Amor Nuo en funcin de los argumentos aducidos en 1940. Losdetalles sealados aparecen en Julius Ruiz: Las metanarraciones del exterminio, enRevista de libros, n172, abril 2011 y en nuestro trabajo Derecho y ficcin: La represin judicial militar, en FranciscoEspinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul, Barcelona, Crtica, 2010. Vase tambin Peter

Anderson: The Francoist military trials: terror and complicity, 1939-1945, New York, London,Routledge, 2010. La cita se contiene en un anlisis ms detenido de la gestacin de la citada Orden, quepuede verse en Pablo Gil Vico:La noche de los generales, Barcelona, Ediciones B, 2004, pgs.105-115.


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cientos de miles de personas y se construyeron los cimientos del Nuevo Estado al

conjugarla con sus estrategias de consolidacin. Pero quiz su logro ms callado

consisti en la reorganizacin de las relaciones sociales, destruyendo el tejido hilvanado

antes de 1936, imponiendo nuevas formas de relacin y condicionando decisivamente el

sentido que los espaoles dieron a partir de entonces a su propia vida. En eso el

franquismo no se alej demasiado de otros cidios.48

Final

Refirindose al caso de Camboya Michael Mann incluye un prrafo que no me resisto a

incluir aqu:

Como la inmensa mayora de los muertos tambin fueron jemeres, no se trat de

un genocidio, ni siquiera de una limpieza tnica, aunque hubo intento de

genocidio contra algunas minoras tnicas y religiosas. Hubo politicidio [...],

dirigido contra los supuestos colaboradores del enemigo en la guerra civil. Pero

este trmino no hace justicia a la magnitud de la matanza, mucho mayor que

cualquier otra perpetrada contra la lite de un grupo de oposicin [...]. Hay quien

lo denomina autogenocidio, pero como a la mayora de las vctimas se las

consideraba enemigos de clase, fue bsicamente un clasicidio, aunque la

definicin de clase del Jemer Rojo era muy amplia y entrelazaba las identidades

regionales e incluso tnicas a la clase. Como tambin hubo matanzas en las

terribles purgas del partido, tambin podemos hablar de fratricidio.49

Socorro.

48

Daniel Feierstein:El genocidio..., op. cit., pgs.238-250 ypssim, plantea como una de sus propuestasprincipales la funcin del genocidio como reorganizador de las relaciones sociales.49 Michael Mann:El lado oscuro..., op. cit., pags.393-394. Y eso que falta el democidio.

violencia en la guerra civil y equidistancia

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