verdad y justicia nº3

Publicación realizada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata Mayo de 2011 - Año 2 - Nº 3ISSN 1853-2667Distribución gratuita

Los organismos de derechos humanos que integran la querella se mostraron conformes con la sentencia y con la claridad de los testimonios. Queda pendiente la condena por delito de genocidio

Para seguir el mismo camino y con más fuerza

Un torturador que espera juicio

“Eran conscientes de que eran parte del terrorismo”

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Página 4 y 5

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La historia del penitenciario Pedro César Guerrero. Fue uno de los más temidos dentro de la Unidad 9 pero esta vez no pasó por el banquillo. Comenzó con las vejaciones a los 18 años

Eduardo Anguita, ex preso político de la Unidad 9, analiza la importancia política, social y cultural de juzgar a los genocidas y de desmontar la idea económica que impuso la dictadura

CONDENA HISTORICA PARA LOS REPRESORES DE LA UNIDAD 9

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a los 11 penitenciarios y a los tres médicos que pasaron por el banquillo bajo los cargos de homicidio, torturas

y complicidad. Para el jefe del horror, Abel Dupuy, fue cadena perpetua

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FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL (UNLP) /APDH LA PLATA

2 DIARIO DEL JUICIO A LOS PENITENCIARIOS

Decana: Dra. Florencia Saintout. Vicedecana: Lic. Patricia Vialey. Secreta-rios: Cristian Scarpetta (Producción); Jorge Jaunarena (Derechos Humanos); Alejandro Tumminello (Asuntos Administrativos); Carlos Ciappina (Asuntos Académicos); Paula González (Extensión Universitaria); Paula Morabes (Inves-tigaciones Científicas y Posgrado); Paula Pedelaborde (Comunicación y Pren-sa); Germán Rétola (Comunicación y Desarrollo).

Hernán Navarro. Formó parte del equipo de abogados de la querella Justicia Ya!

Genocidio: a las cosas por su nombre

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Por Rocío LópezFacultad de Periodismo y Comunicación Social - UNLP

Marcelo Ponce Núñez. Abogado de la querella unificada por la CTA

Un canto a la libertad y a la JusticiaPor R.L.

Qué particularidades encuentra en el jui-cio a los penitenciarios de la Unidad 9?Fue un juicio en el que las personas que fueron

sometidas a malos tratos y vejaciones estaban vivas. Eso nos permite ver con certeza, a través de la transmisión que hicieron los compañeros en cada una de las audiencias, cuál fue la mecánica de la tortura, de la vejación, y cuales fueron las consecuencias. Porque como en estos casos, en líneas generales, la consecuencia no fue la muerte, los tes-timonios nos pueden ilustrar suficientemente sobre qué es lo que padeció cada uno en su vida. Y eso transmitido permite la toma de conciencia real de lo que significó la dictadura militar en la Argentina en términos de destruc-ción de paradigmas que sostenían a las personas.

¿En qué se diferenció de los anteriores juicios a represores de la dictadura en La Plata?

Primero, en este juicio, los represores estuvieron re-presentados por defensores particulares. Segundo, los imputados no fueron miembros de fuerzas represivas pu-ras. El servicio penitenciario no es en sí mismo fuerza de represión, sino que, en teoría, es una fuerza de seguridad destinada al reencauzamiento de personas privadas de su

libertad. Entonces, el Estado, en la dictadura, tomó a una fuerza y la transformó en una institución donde el ser hu-mano dejó de ser tal y donde la persona que se encontraba privada de su libertad no solamente sufría ese castigo sino que también era sometida a vejámenes. Provocó un desfa-saje en esa institución, la militarizó y permitió que ciertos personajes desfilaran por esa institución.

¿En ese sistema represivo, qué rol cumplieron los tres médicos condenados?

Fueron fundamentales porque esos personajes trans-formaron ya no una institución de seguridad sino una profesión dedicada a alivio del dolor del hombre en justifi-cativo del dolor del hombre y participativo en el dolor del hombre. Aquí también tenemos una característica especial de este juicio: la gente tiene que tomar conciencia de que, muchas veces, los hombres pierden el rumbo y cada vez que lo pierden merecen la sanción correspondiente.

¿Qué valoración hace de la sentencia?Es un canto filosófico a la libertad y a la real Justicia.

Tiene una conceptualización de los valores básicos de los Tratados de Derechos Humanos, que merecería ser mas co-nocida por la gente. Pero es difícil transmitir una sentencia y cambiar el lenguaje técnico para que sea de conocimiento público. Eso nos queda pendiente. En todo nivel que es-temos, tenemos que asumir la obligación de retransmitir esta sentencia por los contenidos riquísimos que tiene en materia de conceptualización del hombre como ser último, finalista de todas las ideas sociales.

Qué balance hizo sobre lo que representó el juicio a los penitenciarios de la Unidad 9?Es positivo. Se trata de un juicio que empezó con

un avance respecto de los anteriores en La Plata. Por pri-mera vez, se hizo algo parecido a lo que sería un proceso judicial por centro clandestino, si bien tiene la particula-ridad de que estaba centrado en una cárcel. En lo parti-cular de la causa, es que empezó con catorce imputados, tres de ellos médicos y se obtuvieron condenas altas, de cumplimiento efectivo, para todos ellos. A casi un año, todos están presos.

La querella a la que representaste, Justicia Ya!, tiene un camino bien definido en el pedido de condenas “por genocidio”, ¿qué avances hubo en ese sentido?

En el juicio de la Unidad 9, la fiscalía hizo un desa-rrollo acerca de la figura de genocidio y avanzó bastante, y pidió al Tribunal que las condenas sean enmarcadas en ese delito. Sí, Justicia Ya! es el equipo que viene avan-zando en el desarrollo jurídico y político de la figura de genocidio y a seis años de haber empezado ese camino se está tomando en todas las fiscalías y querellas de todo el país.

¿Cuál es la importancia jurídica de que las condenas a los represores de la última dictadura en nuestro país sean por el delito de genocidio?

Es importante para llamar a las cosas por su nombre. Lo que pasó en Argentina fue un genocidio, tuvo que ver con la persecución de determinados grupos que no eran aislados sino que estaban pensando y construyendo una sociedad diferente con sus prácticas y con su militancia día a día y, justamente, por eso fue que se los persiguió. Porque además era una sociedad que se oponía, clara-mente, a la que prefiguraba el genocida, con un modelo económico que en esos años se estableció en la Argenti-na y que provocó daños hasta la actualidad.

En el juicio a los penitenciarios, por primera vez, se juzgó en La Plata la responsabilidad de los civiles cómplices del terrorismo de Estado...

Sí, si bien eran médicos, se puso en cuestión el tema de la complicidad de los civiles, con condenas altas para ellos que estaban imputados por un solo caso. Y el Tri-bunal volvió a hablar de genocidio en la sentencia, aun-que sin avanzar en la aplicación del delito de genocidio con todo lo que ello implica.

Por este juicio pasaron más de un centenar de testigos que fueron fundamentales para la Justicia sobre lo que ocurrió en el penal...

Los testigos siempre son los que movilizan los jui-cios. Si no fuese por los sobrevivientes, no existirían. En el de la Unidad 9, se dieron decenas de testimonios de militantes históricos, de sindicatos, de organizaciones como Montoneros, PRT o barriales que nunca habían declarado. Fueron testimonios que vuelven a recuperar la voz de quienes no tenían la palabra.

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FOTO: FPyCS - UNLP

FOTO: FPyCS - UNLP

Directora: Florencia Saintout. Editores: Cristian Scarpetta, Jorge Jaunarena, Ricar-

do Navoni, Alberto Mendoza Padilla, Adela Ruiz, Eduardo Aller, Jerónimo Guerrero Iraola (APDH

La Plata). Redactores: Guillermo González, Joaquín Lanfranchi, Santiago Giorello, Vanesa Manes

(Secretaría de Prensa APDH La Plata), Ayelén Vicario, Rocío López, Federico Ferraresi, Antonela

Zaffora, Carlos Sánchez, Mariano Tomaselli, María José Martín, Araceli Achkar (Alumnos y gradua-

dos de la FPyCS). Diseño: María Eugenia Rojido. Fotos: Gabriela Hernández y Guillermo González.

Realización: Secretaría de Producción, Área de Producción Gráfica (FPyCS), diagonal 113, Nº 291

(CP1900), La Plata, Provincia de Buenos Aires. Teléfono: (0221) 425-0133. ISSN 1853-2667

Staff

Pedro César Guerrero sus vícti-mas lo conocían como “el loco” o “el sátiro de la zapatilla” y lo

recuerdan por su juventud. Fue uno de los torturadores de la Unidad 9 (U9) más nombrado por los testigos ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1 (TOCF Nº1) de La Plata, pero no estuvo sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio a los 14 penitenciarios.

Guerrero se encuentra detenido en prisión preventiva en el Complejo Peni-tenciario Federal de Marcos Paz hasta que algún día se convoque a un debate oral para juzgarlo. El ex penitenciario no for-mó parte de los imputados en el pasado juicio porque estuvo prófugo durante dos años y medio y, cuando llegó el momen-to del juzgamiento, su estado procesal no era igual al del resto: faltaba cumplir un requisito básico que consiste en que todas las partes soliciten las pruebas que exhi-birán durante el debate. Eso finalmente ocurrió cuando el juicio estaba en mar-cha, pero los jueces rehusaron incorporar a Guerrero, pese al pedido de los fiscales y la querella. Su caso, entonces, está en lista de espera.

Como tantos otros beneficiarios de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Guerrero hizo una larga carrera en el Ser-vicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Re-cién en 2004 fue pasado a retiro cuando se conocieron las torturas cometidas con-tra internos de la Unidad Nº6 de Dolores, donde era jefe. Dos presos golpeados de-nunciaron que el propio Guerrero les ha-bía facilitado facas y otros elementos para cometer un atentado contra el entonces camarista de San Isidro, Fernando Ma-rotto, y el entonces fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola.

El joven chaqueño

El 13 de diciembre de 1976, día de la requisa que dio origen al régimen de te-rror en la U9, faltaban tres días para que Guerrero cumpliera los 19 años. Había terminado sus estudios en la Escuela de Cadetes del SPB de nuestra ciudad, adon-de había llegado desde Presidencia Roque Sáenz Peña, en su Chaco natal.

Según se desprende de la acusación fiscal, tres sobrevivientes vieron a Gue-rrero torturar en la víspera de su cum-pleaños. El penitenciario llegará a juicio imputado de haber atormentado a siete personas en aquella jornada que inauguró los pabellones de la muerte y la organiza-ción del penal al servicio de la persecución ideológica.

Otros ocho casos de tortura que se le imputan a Guerrero ocurrieron entre 1977 y 1978, mientras el represor se desempe-ñaba como inspector de vigilancia.

El mejor Guerrero entre los torturadores

Pedro César Guerrero no fue a juicio porque estuvo prófugo dos años

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La historia de un penitenciario que no fue juzgado en el último debate oral y que aguarda, preso, su juicio. Tenía 18 años cuando lo vieron torturando en la U9. Les pegaba a los prisioneros con las zapatillas en las plantas de los pies

“El sátiro de la zapatilla”, en lista de espera

Por Lucas Miguel*

“El oficial Guerrero me hizo colocar boca abajo en un banco, y otra persona me sostenía las piernas, y me daban golpes en la planta de los pies con mi zapatilla, una especialidad de la casa”, ironizó el sobrevi-viente Julio Menajovsky al describir la tor-tura que caracterizaba a Guerrero y que le dio el apodo de “el sátiro de la zapatilla”.

El abogado Carlos Slepoy, impulsor de los juicios a los represores en España, sufrió un trato idéntico en su paso por la U9 durante la última dictadura: “Guerrero me llevó a los calabozos y me dieron una paliza tan brutal que estuve días sin poder levantarme. Me obligó a hacer lagartijas y me golpeó la planta de los pies”, contó.

Pero el sobreviviente Néstor Alberto

Rojas pudo comprobar que las zapatillas eran sólo uno de los instrumentos de tortu-ra de Guerrero. Rojas militaba en el PRT-ERP y se las había ingeniado para pasar a sus compañeros de pabellón pequeños mensajes, conocidos en la jerga carcelaria como “caramelitos”. “Eran pequeños bo-letines; armábamos noticieros para saber qué estaba pasando”, contó a los jueces. Un día los guardias lo descubrieron y lo llevaron a los calabozos de castigo. “Me sa-caron toda la ropa. Estaba el oficial (Jorge Luis) Peratta, Guerrero y yo, y creo que un oficial de apellido Anaya y otros más que no recuerdo. El Guerrero me levantaba el párpado y me pinchaba con una aguja amenazando con reventarme el ojo para

que le explicara cómo era la circulación del papelito”.

Por su parte, el ex preso político Carlos Gensón recordó que Guerrero “torturaba con fósforos encendidos, golpes, distintos tipos de golpes debajo de la ducha”.

A las víctimas les llamaba la atención que, pese a su juventud, Guerrero “estaba muy consustanciado con el sistema”, como dijo el sobreviviente Carmelo Vinci. En efecto, Mario Zerbino indicó que en abril de 1977, durante una sesión de tortura en los calabozos, Guerrero hablaba de los crímenes en primera persona. Le decía: “Nosotros reventamos a Pirles y a Dardo Cabo, y a vos te va a pasar lo mismo”. Cabo y Pirles habían sido asesinados en enero de 1977.

Un viejo conocido

El nombre de Guerrero puede leerse en los registros de la CoNaDeP y en las bases de datos sobre represores que elaboraron las organizaciones de DDHH. Eso signifi-ca que ya en 1984 el joven represor era un viejo conocido. Su nombre había quedado registrado mucho antes.

En 1978 la dictadura abrió las puertas de la U9 a la Cruz Roja Internacional a raíz de las presiones de varios países. Las mira-das del mundo se habían puesto sobre Ar-gentina ante la celebración del Mundial.

Entre el 14 y el 24 de agosto de aquél año, los miembros de la CRI realizaron en el penal 807 entrevistas con presos políticos. “Un grupo numeroso de internos hicieron referencia a los malos tratos y vejámenes de toda índole recibidos de Guerrero, Pe-dro César”, dejó asentado el organismo.

El sobreviviente Ernesto Villanueva fue uno de los denunciantes. Lo revisaron por-que tenía dificultades para pararse: “se me notaban los hematomas en las plantas de los pies y los miembros de Cruz Roja me di-jeron que lo denunciara”, contó Villanueva ante los jueces.

Cuando en noviembre de 2008 se en-tregó ante la Justicia Federal de La Plata, Guerrero dijo que no recordaba los nom-bres de quienes lo denunciaron. En su acu-sación, los fiscales Rodolfo Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm, se refirie-ron a la amnesia del imputado: “Resulta inverosímil que un torturador no recuer-de a sus víctimas, sobre todo cuando esos tormentos prácticamente inauguraron su larga carrera en el SPB. En ese sentido, no podemos dejar de señalar que la aplicación del tormento en las plantas de los pies con una zapatilla debía requerir de un desplie-gue físico y una dedicación de tiempo y concentración por parte del imputado, que no pueden pasar desapercibidos en su me-moria, de la misma forma que son imposi-bles de olvidar por parte de sus víctimas”.

DIARIO DEL JUICIO A LOS PENITENCIARIOS

A


odavía no tiene fecha de comienzo, pero se espera que el inicio del juicio más grande que se realice en La Plata por crímenes de lesa humanidad sea antes de mitad de año. Seis centros clandestinos de detención, más de trescien-

tas víctimas, casi veinte casos de apropiación de hijos de desaparecidos y veintiséis acusados son los números más destacados del proceso judicial esperado. Otro dato relevante: será el primer debate en tener entre los imputados a un funcionario civil con responsabilidad política, ya que además de militares y policías, se encuentra im-putado el abogado Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante los primeros cuatro años de la dictadura y sindicado responsable de la Policía y del Servicio Penitenciario. La causa que llegará a juicio es, en realidad, el resultado de la unificación de otros grandes y pequeños expedientes instruidos por la Justicia Federal de La Plata duran-te los últimos ocho años y que se fueron acumulando en el Tribunal Oral Federal Nº1. De esta manera, se juzgarán en forma conjunta los crímenes de los centros clandes-tinos que funcionaron en la Comisaría 5ta; la Brigada de Investigaciones; el Desta-camento de Arana; la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes, conocida como “Puesto Vasco”; el Destacamento Caminero de Martínez, mencionado en la jerga represiva como “COTI Martínez”; y la Brigada de Investigaciones de San Justo. También for-marán parte de este juicio el ataque a la casa Mariani-Teruggi, ocurrido en 30 entre 55 y 56, que culminó con el homicidio de cinco personas y la sustracción, retención y ocultamiento de la beba Clara Anahí Mariani; el primer secuestro del dos veces desaparecido Jorge Julio López; y el secuestro de Pablo Díaz, el sobreviviente de “La Noche de los Lápices”, entre otros casos resonantes.

El juicio más grande

T

*Docente del Taller de Producción Gráfica I. Colum-

nista de “De igual a igual”, programa de la Secretaría

de DDHH de la FPyCS y la Asociación Miguel Bru.

FOTO: Gabriela Hernández

os alegatos constituyen el instrumen-to que tienen las distintas partes del juicio para dar argumentos concretos

para persuadir al Tribunal sobre la sentencia a los acusados.

En este sentido, vale destacar las palabras de los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Mo-lina, quienes hablaron de la articulación del Servicio Penitenciario Bonaerense con los mi-litares hasta de la complicidad con el Poder Judicial de la época

Hubo una idea clara en la exposición: la Unidad 9 como parte de un engranaje que buscaba aniquilar a aquellos que pensaban distinto.

Para Schapiro, la Unidad 9 funcionó como un eslabón dentro de un entramado del apara-to estatal, a partir de marzo de 1976, con el objetivo de implantar un orden económico de-terminado y un “orden de la sociedad”.

Schapiro innovó con la idea de una “em-presa criminal conjunta”, en la que “una orga-nización comunal admite formas de participa-ción con un fin trascendente: la eliminación de toda persona opositora al régimen que se que-

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La Unidad era una “empresa criminal conjunta”

El alegato de los fiscales

Así lo consideró Hernán Schapiro, quien introdujo una idea innovadora para este tipo de procesos. Por su parte, Marcelo Molina reclamó diez años de prisión para los médi-cos por “omisión de evitar torturas”

Por Joaquín LanfranchiSecretaría de Prensa APDH La Plata

Por Joaquín LanfranchiSecretaría de Prensa APDH La Plata

ría instalar”.En fin, lo que sucedió constituyó crímenes

de lesa humanidad. En tal motivo, de forma ordenada, Schapiro nombró las distintas cuali-dades dentro del penal: tortura sistemática, humillaciones, homicidios, ingresos y egresos de personas clandestinamente detenidas, in-certidumbre acerca de la vida propia y de la familia.

Al contrario de las penas que pidieron los integrantes de la querella –igualar a médicos y penitenciarios-, en su alegato, Molina pidió un nuevo cambio de carátula para los médicos Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi por entender que su conducta se encuadró en la fi-gura penal de “omisión de evitar la comisión de torturas”, delito por el que pidió un castigo de diez años de presidio.

Hay que recordar que los médicos habían llegado en libertad al juicio pero un cambio de calificación -pedido por el propio Molina- ter-minó con los médicos tras las rejas cuando el 10 de agosto los jueces del Tribunal hicieron lugar a ese planteo de ampliación como coau-tores de “torturas seguidas de muerte”.



Una multitud se dio cita en la ex AMIA para escuchar y festejar la sentencia

La Fiscalía destacó ocho puntos clave

Y pagarán su culpa los traidores…


1 Interrogatorios políticos. 2 Creación de pabellones de la

muerte para militantes de Montoneros o del ERP.

3 Ingreso y egreso del penal desde y hacia centros clandestinos de deten-ción (Eduardo Jozami recibió la visita de la esposa en el 78 y estaba secuestrada desde el 76 en una oficina cercana a la de Abel Dupuy).

4 Presencia de personas que no se encontraban blanqueadas. Ni bajo au-toridad judicial ni bajo decreto del po-der de facto.

5 Ingreso y egreso de personas en-capuchadas.

6 Ingreso y egreso de individuos que operaban en la faz clandestina (Alfredo Astiz, por ejemplo, visitó la Unidad).

7 Ejecución de personas que egre-saban del penal (Cabo, Pirles, entre otros).

8 Desaparición de familiares y co-nocimiento de los oficiales sobre los familiares de desaparecidos.

Las voces de algunos protagonistas que padecieron el terrorismo de Estado y de aquellos que, sin ser víctimas directas, hoy luchan por un procedimiento conforme a la ley

Héctor “Flecha” Vilchez, ex detenido de la Unidad 9:

“No son seis meses de juicio, son treinta y cuatro años. Por eso, hoy es un día muy impor-tante. Quiero rescatar que los que fuimos vícti-mas de los penitenciarios jamás tomamos me-didas individuales ni justicia por mano propia, tampoco nuestros familiares, aún cuando se nos negó la justicia con las leyes de Obediencia Debida, el Punto Final y con los vergonzantes indultos. Siempre peticionamos, marchamos, demostrando que nosotros representamos una sociedad mucho más justa de la que representan los acusados. Fue tan fuerte lo de los desapareci-dos, que quizá quedamos un poco relegados los que estuvimos presos, pero a través de la lucha hoy se nos reconoce realmente: fuimos presos por ser militantes populares y revolucionarios. Algunos tuvimos la suerte de sobrevivir o de que nos hayan atrapado antes del golpe militar, con cierta legalidad, pero dentro de las cárceles su-frimos torturas, hambre, desapariciones de fami-liares. Hay diecisiete familiares de desaparecidos

y trece presos asesinados y desaparecidos. Pero pudimos resistir desde ahí”.

Juan Scatolini, ex detenido de la Unidad 9:“Se empieza a generar el debate del rol de

los civiles porque los médicos eran penitencia-rios pero en la vida civil eran ajenos a cualquier actividad represiva y, sin embargo, los que es-tuvimos ahí sabemos el papel que hacían: eran absolutamente cómplices de todo lo que se co-metía”.

Marta Vedio, subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata:

“Este fallo es necesario, imprescindible para la construcción de una democracia que merezca llamar ese nombre. Es la primera vez en la histo-ria que la justicia se mete con el Servicio Peni-tenciario en el rol que tuvo durante la dictadura, pero también hace un señalamiento muy impor-tante y una gravísima denuncia sobre lo que está pasando en las cárceles hoy: sus habitantes se siguen muriendo de la misma manera”.

Marcelo Ponce Núñez, abogado quere-llante por la CTA:

“La sensación que me deja el fallo del tribunal es que se ha hecho realmente justicia. Me parece

que es un mensaje para toda la sociedad en el sentido de que cada violación a los Derechos Humanos que se cometa será sancionada por un Tribunal de Justicia, condignamente y con una pena importante para el que la realizó. El valor político y simbólico de este juicio es que la gente entienda que no se pueden violar De-rechos Humanos, que no se puede romper la institucionalidad, que no puede manejarse al margen de la ley”.

Adelina Dematti de Alaye, madre de Pla-za de Mayo y miembro de la APDH La Plata:

“Políticamente, es un avance, como pueblo no habíamos tenido una respuesta masiva. Yo reivindico con todas las fuerzas el Juicio a las Juntas, pero no alcanzó. Sin embargo, si hubie-ra descreído de la justicia no hubiera guardado ni presentado todas las cosas cuando declaré. A los acusados los han sancionado de acuerdo a las leyes, hay un artículo para cada caso, pero en una dictadura se borra todo, se produce la acefalía del poder y la desvalorización de todo lo que existe. En ochenta y tres años que vivo, veintisiete fueron de golpe de Estado. Así que imperfecto como sea, viva esto que tenemos”.

5DIARIO DEL JUICIO A LOS PENITENCIARIOS


Los acusados, después de escuchar el veredicto del Tribunal

Por Carolina NasifSecretaría de Prensa APDH La Plata

El juicio a los penitenciarios: la sentencia

La exposición de los querellantes

Los genocidas, tras las rejasDespués de seis meses de audiencias, el Tribunal dio su veredicto con respecto a los hechos cometidos por agentes penitenciarios y médicos de la Unidad 9 de La Plata. Fueron cuatro perpetuas, y el resto varió entre los 10 y los 25 años.

l 13 de octubre de 2010 se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Cri-minal Federal Nº 1 el dictamen del juicio a once penitenciarios y tres

médicos que prestaron servicios en la Unidad 9 de la ciudad de La Plata, donde, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó un centro de detención en el que presos comu-nes y políticos fueron sometidos al plan de torturas efectuado por el Estado argentino. En aquel momento, personal del servicio pe-nitenciario, al mando de Abel David Dupuy desde diciembre de 1976, asesinaron y tortu-raron a los ciudadanos que debían asistir.

Desde temprano, la esquina de 4 y 51 estu-vo copada de personas con diferentes bande-ras y emblemas que se reunieron pidiendo “memoria, verdad y justicia”. Muchos queda-ron afuera del lugar, pero pudieron ver el des-enlace en pantalla gigante sobre la calle 4.

Uno de los tantos testigos, conocido como “Flecha” Vilches, preparado para ingresar al lugar, producía una reflexión como síntesis de lo que fue el juicio: “Hubo algunos guar-diacárceles que se comportaron correcta-mente a diferencia de los reos hoy acusados, lo cual reafirma lo que siempre pensé: uno no siempre puede hacer lo que quiere en la vida, pero puede no hacer lo que no quiere”.

El presidente del Tribunal Carlos Rozan-ski, quien llevó a cabo su cuarto juicio por

crímenes de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, comenzó a leer las condenas. Cator-ce personas esperaban escuchar su veredicto: once ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y tres médicos que prestaron funciones en la Unidad 9.

El primero que nombra es Abel Dupuy, el principal imputado, quien fue juzgado por los homicidios de Dardo Cabo, Roberto Pirles, Ángel Georgadis, Juan Carlos Deghi y Hora-cio Rapaport, y tormentos a otras 57 perso-nas, entre otros hechos. Los jueces dictami-naron, de forma unánime, prisión perpetua.

Se continuó con Isabelino Vega, ex agente penitenciario, a quien se lo juzgó por un ho-micidio calificado, torturas seguidas de muer-te de Ibáñez y Pinto y tormentos en 54 casos. Fue condenado a prisión perpetua.

Víctor Ríos fue juzgado por las muertes de Ibáñez y Pinto, junto a diversos tormentos a 55 personas. Se decidió prisión perpetua.

Elbio Osmar Cosso, ex agente penitencia-rio, juzgado por tormentos agravados en 43 casos y tortura seguida de muerte, fue conde-nado a 25 años de prisión.

Ramón “Manchado” Fernández, ex agente penitenciario, juzgado por un caso de tortura se-guida de muerte y tormentos agravados en otros 13 casos, fue condenado a 25 años de prisión.

Jorge Luis Peratta, ex agente penitencia-rio, fue condenado a 14 años de prisión por

tormentos agravados, por ser las víctimas per-seguidos políticos en seis casos.

Héctor Raúl Acuña, ex agente penitencia-rio, quedó condenado por tormentos agrava-dos, a la pena de 10 años de prisión.

A Segundo Andrés Basualdo, ex agente pe-nitenciario, se le impuso la pena de 11 años de prisión por tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en tres casos.

Valentín Romero, ex agente penitencia-rio, autor de los delitos de infracción del de-ber de tormentos agravados por parte de un funcionario público, en cinco oportunidades, fue condenado a 10 años de prisión.

Raúl Aníbal Rebaynera, ex agente peni-tenciario, juzgado por un homicidio califica-do y 20 casos de tormento agravado, fue con-denado a prisión perpetua.

A Catalino Morel se lo consideró autor del delito de torturas seguidas de muerte y tor-mentos agravados en perjuicio de tres perso-nas. Se le impuso la pena de 25 años de pri-sión.

Carlos Domingo Jurío, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, médicos que prestaron funciones en la Unidad 9, fueron condenados a 13 años de prisión por omisión de torturas seguidas de muerte. Los tres mé-dicos no estaban encarcelados cuando empe-zó el proceso, por lo cual se ordenó su inme-diata detención.

Las prisiones domiciliarias fueron revo-cadas por no padecer ninguno de los imputa-dos alguna enfermedad incurable.

El Juez Rozanski continúo mencionando que durante la inspección ocular realizada el día 2 de agosto de 2010 en la Unidad Peni-tenciaria Nº 9, se pudo percibir las condicio-nes inhumanas de detención que padecen las personas alojadas en las celdas denominadas

E

“Se buscaba romper con lo colectivo”


“pabellón de separación del área de convi-vencia”. Por esto se pidió que se comunique a las autoridades pertinentes una solución para lo que está ocurriendo en ésta unidad carcelaria hoy en día. También se le reco-mendó al juez de grado a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, la continuación de la pesquisa en relación a las autoridades mi-litares que habrían participado de los hechos, como así también de los jueces mencionados en las audiencias, como Carlos Alberto Ma-llón, Rafael Sarmiento, Leopoldo Russo, Guillermo Rivarola, Héctor de Castelli, Án-gel Martínez, entre otros, por evitar e impo-sibilitar que un Tribunal juzgue la totalidad de los hechos relatados.

El juez Rozanski manifestó que todos los delitos por los cuales se estaban dictando las condenas y por lo que se estaba juzgando a los 13 imputados fueron cometidos “en el marco de un genocidio”.

Para este abogado querellante, los médicos tenían control de la situación y hubo una “omisión activa”, ya que, al no interrumpir el curso causal, “cada uno tuvo el dominio del hecho porque si a Alberto (Pinto) lo hubieran atendido por el cuadro abdominal dañado, le hubieran salvado la vida”.

Como abogado de la CTA, aludió a la división de poderes que existe en nuestro país desde 1853 y a los derechos ciudada-nos que, desde 1930, fueron violados por los gobiernos de facto que se sucedieron. Asimismo, detalló la legislación nacional e internacional que existía antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, en la que hubo “fuerzas que pro-movieron un genocidio mediante la ins-trumentalidad del golpe de Estado”

Como militante de Justicia Ya!, Godoy inició el alegato aclarando la posición de la querella respecto a la figura del geno-cidio y de entender lo sucedido en la Uni-dad 9. Se refirió al plan de exterminio que perpetró la dictadura, el cual tenía como objeto “detectar y desarmar grupos, crear desconcierto e instalar el temor”, a su vez que buscaba “romper lo colectivo”.

En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, dijo que hay una necesi-dad de “reconstrucción histórica porque lo que pasó fue un genocidio”. Luego, agregó: “En Argentina hubo una dicta-dura que tuvo como modelo imponer un Estado que extermine al que se oponga. Deben calificarse como delitos de lesa humanidad, y a los funcionarios de la Uni-dad 9 como autores y partícipes”.

“Desde temprano,

la esquina

de 4 y 51 estuvo copada

de personas con diferentes

banderas y emblemas

que se reunieron pidiendo

memoria, verdad

y justicia”.

INTI AZNAR

GUADALUPE GODOY CARLOS PINTO

MARCELO PONCE NÚÑEZ

6

El juicio de la Unidad 9 fue una interpelación a la cultura y a las prácticas jurídicas. También representó el afianzamiento de una larga voluntad moral de lucha y el retorno y profundización de una decisión política



Una sentencia que hace ruido

Por Oscar Rodríguez*

l sistema de ideas y las prácticas que genera ese sistema llamado de “derechos humanos” han sido

fundamentales para producir un desplaza-miento de las fronteras de las demandas de profundización democrática.

Han facilitado la producción de sentido que, finalmente, han sido la apoyatura de numerosas luchas en el complejo seno de la sociedad, que se ha visto, de tal manera, atravesada por ese sistema de ideas y de prácticas consecuentes.

El sistema político argentino, por ejem-plo, luego de los golpes militares, había ce-dido siempre al determinado estado de co-sas que el puntual golpe dejaba (muertes sin responsables, nuevo reordenamiento económico y doctrina de la continuidad ju-rídica). Cuando la “ideología” de los dere-chos humanos cobra fuerza puso en cues-tión la totalidad de las implicancias de los golpes de Estado.

El primer quiebre formal con ese esta-do de cosas se produjo con el advenimiento del primer gobierno democrático post dic-tadura, el cual portaba la decisión política del juzgamiento de los hechos criminales de aquella dictadura.

La historia argentina comienza a trans-parentarse con la acertada decisión de la creación de la CoNaDeP, cuyos legajos, aún hoy, constituyen valiosos elementos de prueba y continúa, encontrando su punto álgido, con el Juicio a las Juntas Militares.

Interrumpido ese proceso por las le-yes de Punto Final y Obediencia Debida, debimos esperar hasta el año 2003 para reencontrarnos con una renovada decisión política de juzgamiento que se mantiene hasta nuestros días.

Los juicios que a partir de allí se su-cedieron no son, solamente ni principal-mente, juicios a hechos del pasado. Por el contrario, absorben actualidad en tanto son hoy un símbolo ineludible del avance democrático. Se trata de una interpelación constante, una producción de sentido que sienten distintos sectores de poder que ven cómo el golpe de Estado, y todo lo que ello supone, no se agotó con la retirada mili-tar.

Con los juicios, no solo se interpela al poder militar, sino a diversos sectores de la sociedad civil que siempre fueron compla-cientes con las salidas autoritarias. Tam-bién se interpela al capital que se formó a partir de esos golpes. Capital que –obvio es- siempre tuvo y tiene continuidad. Con-tinuidad que queda al descubierto nue-vamente cuando la Iglesia, por ejemplo, en Tucumán, paga una fianza de 100 mil pesos para liberar a un cura procesado por delitos de lesa humanidad.

Más aún, la lucha por los derechos humanos interpela a toda Latinoamérica y Europa. España, Uruguay y Brasil por

ejemplo, se encuentran en un período de escalada en lo que respecta a la lucha por los derechos humanos. Por lo tanto, son una herramienta de lucha por la profundi-zación democrática de nuestros pueblos.

Los juicios interpelan a diversos sectores de la sociedad civil que fueron complacientes

VOLUNTADES, CONVICCIONES Y COMPROMISO

Por otro lado, hay toda una experiencia de lucha que, seguramente, servirá para las demás luchas que, a todas luces, son lu-chas equivalentes. Sin embargo, ninguna lucha es “todas las luchas”.

Es en esto donde debemos encontrar un denominador común, lo que nos lleva a afirmar que las batallas que se libran con cada juicio y con las diversas acciones de los activistas de derechos humanos se ins-criben en la lucha democrática y emanci-patoria.

En este contexto, se suscita el Juicio por los hechos ocurridos en la Unidad 9 de La Plata, dependiente del Servicio Peni-tenciario Bonaerense.

En ésta causa ya no se juzgaba a figuras prominentes o paradigmáticas de la repre-sión ilegal. Se trataba de los últimos esla-bones de la cadena que conformó el plan sistemático de exterminio a la par que se trató la situación del personal médico de la Unidad, con los que la sociedad civil se emparenta más. Tal situación tornó más revulsiva la decisión de juzgar, condenar e imponer penas.

Se ha impuesto ahora un cuestiona-miento a la total maquinaria de represión: a sus causas, a sus responsables políti-cos y económicos y a sus colaboradores. Hacia arriba, las tres Juntas Militares, el Plan Cóndor, la Iglesia y Martínez de Hoz –como la cabeza visible del proyecto eco-nómico que sustentó a la dictadura– hacia abajo, el personal penitenciario y policial; hacia los “costados”, el personal médico, jueces y fiscales. En efecto, se desnuda así el profundo entramado que constituyó la dictadura cívico-militar.

A su vez, las prácticas jurídicas se han visto también, como lógica consecuencia, interpeladas, objetadas.

Por último, la sentencia de la Unidad 9 es una sentencia de condena del pasado y del presente. Se condenó los hechos de la dictadura y la permanencia actual de condiciones de detención que constituyen tortura para los internos de hoy.

Se desbarata así la impugnación que se intenta de éstos juicios. Ha operado la unión entre pasado y presente. Han que-dado interpelados también los tiempos que corren.

Un juicio de esta envergadura supuso poner en juego voluntad, convic-ciones y compromiso, además de una enorme responsabilidad institucional y política asumida que se cristalizó en los alegatos. En este sentido, cuando verificamos que la sentencia recepta gran parte de las posiciones que lleva-mos adelante en nombre de la APDH La Plata, como es el caso de las cua-tro condenas perpetuas solicitadas, el análisis gradual de las demás penas pedidas, y la calificación legal de la responsabilidad de los médicos, desde luego que la sensación es gratificante. Subyace la idea de un deber, de una promesa cumplida.

La sentencia es un documento que está abastecido de análisis filosóficos. Desde el punto de vista de la dogmática penal, toma la debatida cuestión de los delitos de infracción de deber, con lo que el Tribunal asume una posición novedosa, en tanto se aparta de conocidas teorías o posiciones jurídicas más comunes. También hay que destacar el compromiso, el esfuerzo que supone resolver la situación de personas que no han asesinado, que no han tortu-rado por mano propia y, sin embargo, se los declara responsables. Me refie-ro, a los médicos Favole, Corsi y Jurío que fueron encontrados responsables penalmente mediante las figuras de los delitos de infracción de deber en comisión por omisión

En otro pasaje de la sentencia se afirma que esto no significa que el Esta-do no pueda materializar medidas de encierro de cualquier manera, sino que debe ajustarse a determinadas condiciones mínimas de trato y alojamiento que, si no las cumple, o no está en condiciones de hacerlo, torna ilegítimo el encierro. Con esto, toma una actualidad absoluta la resolución uniendo pasado y presente. Juzga hechos del pasado sin abdicar del presente.

El paso a seguir será estudiar a fondo la sentencia y “defenderla” ante Casación Nacional donde, por el contrario, será objetada por las defensas. Como anuncié, estamos ante una sentencia histórica.


Una condena al pasado y al presente

E

*Abogado querellante de la APDH La Plata

Por O.R.

Con los juicios,

no solo se interpela

al poder militar,

sino a diversos sectores

de la sociedad civil

que siempre fueron

complacientes con las

salidas autoritarias.

7DIARIO DEL JUICIO A LOS PENITENCIARIOS

Juicios a represores y opinión públicaComunicación, información y realidad

Frente al silencio de los grandes medios, diarios locales, espacios alternativos, organismos de derechos humanos y periodistas independientes cumplieron un rol fundamental en la difusión del proceso oral y público de la Unidad 9


n el marco de una política na-cional de revisión histórica y revalorización de los derechos

humanos, aspecto fundamental de un pro-yecto que busca la verdad, la integración social y la consecución de la justicia, resul-ta propicio indagar en las construcciones sociales que se han vuelto visibles a lo lar-go de estos meses de desarrollo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 en de La Plata Si entendemos que la opinión pública es un espacio de análisis de las relaciones de poder y las pujas sociales, un campo de resignificación de identidades, un escena-rio donde se pueden observar las diversas tramas sociales, políticas y culturales; se pueden abrir algunos interrogantes como: ¿cuál fue esa opinión que circuló en el campo de la comunicación en este proce-so? ¿Cuáles fueron los discursos hegemó-nicos que se construyeron a través de los medios de comunicación?En este sentido, los juicios de lesa huma-nidad, se constituyen como parte de la recuperación de la memoria colectiva. En el imaginario social, la ejecución de estas instancias, representan la justicia de un pueblo que necesita terminar con la impu-nidad, necesita respuestas para cerrar una historia que se mantiene latente. Por ende, en este tiempo, la búsqueda de la verdad también se ha vuelto un espacio donde se han forjado identidades y se han fortaleci-do los lazos de una sociedad que comparte un pasado común. En este camino, los medios de comunica-ción se presentan como mediadores entre el Estado y la sociedad civil, como articu-ladores y constructores de verdades que aparecen disponibles y accesibles para el común de la gente. Y es en esta producción de discursos de verdad donde es impor-

tante hacer hincapié en la construcción de la noticia, analizando desde qué lugar se están construyendo determinadas miradas e informaciones o desde qué lugar cier-tos temas no se trabajan ni discuten en la agenda mediática. Desde esta perspectiva, los medios de co-municación fueron construyendo diversos relatos alrededor de dichos juicios. Los principales articuladores, en este caso, fueron los medios gráficos locales y los espacios de comunicación alternativa, ya que trabajaron la temática de manera pe-riódica y consistente. Entre los periodistas y medios que cubrieron la causa, se desta-can: Martín Soler, del diario Diagonales, de La Plata; Rocío López y Laura Serra, de Radio Provincia; Joaquín Lanfranchi, Santiago Giorello y Vanesa Manes, colabo-radores de la APDH La Plata; periodistas independientes como María Laura Damico

e integrantes de la Comisión por la Memo-ria. Todos ellos realizaron un seguimien-to exhaustivo del proceso, indagando sus antecedentes, las instancias abiertas y las declaraciones efectuadas juicio a juicio.Por otro lado, los medios de carácter na-cional, que se caracterizan por su alcance y masividad, no tuvieron una incidencia sig-nificativa. A excepción de Página 12, no se encuentra un seguimiento de la causa ni se vislumbra un compromiso real con esa política de recuperación de la memoria co-lectiva que se viene desarrollando a nivel nacional e internacional. En esta lucha simbólica por recuperar el sentido de identidad nacional, la comuni-cación es un pilar fundamental. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audio-visual nace con la impronta de las nuevas voces de la recuperación democrática, aquellas voces que fueron silenciadas o ad-

Hace 25 años, la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 en el Juicio a las Juntas Militares sentó un pilar de verdad y de justicia que, aunque insuficiente, fue único en el mundo y afirmó junto con la sociedad que la nueva democracia se asen-taba sobre esa base de verdad y esa primera cuota de justicia.

Los años siguientes marcaron tanto desde lo político como desde lo jurídico que la construcción de un estado de derecho no se da en un momento sino que hay un constante movi-miento pendular, desde la justicia a la impunidad, a la justicia.

El juicio a los penitenciarios responsables de delitos de lesa humanidad en la Unidad 9 se inscribe en este último extremo. Es así, la consecuencia de la anulación legislativa de las leyes de punto final y obediencia debida; de una Corte Suprema que asumió un rol político clave al declarar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la inconstitucionalidad de las

Por Ricardo Navoni* y María Paz StriebeckFacultad de Periodismo y Comunicación Social - UNLP

La tapa del diario platense Diagonales del día posterior a la sentencia

FOTO: FPyCS - UNLP

E

*Pro Secretario de Producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social - UNLP

La importancia de la colaboración civilPor María Verónica Piccone*

quirieron la forma de pequeños susurros en los períodos más oscuros de nuestro país. También con los relatos y las histo-rias de muchos sectores sociales que fue-ron olvidados por los años del menemismo y las leyes de impunidad.A partir del año 2003, con el gobierno del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, hubo un reconocimiento desde el Estado Nacional a las luchas históricas de las dis-tintas organizaciones de derechos huma-nos. Esa visibilización permitió extender muchas de las conquistas alcanzadas en el terreno cultural pero que no se habían traducido en el terreno de una política de Estado. Las palabras “golpe”, “madres” o “pañuelos” -por nombrar sólo algunas- tu-vieron una significación mucho más pro-funda al interior del conjunto social.En la misma línea, la modificación de la vieja ley de Radiodifusión, va mucho más allá del hecho político o jurídico en sí mis-mo. Se presenta como una herramienta para problematizar y cuestionar muchos discursos que se establecieron como domi-nantes, bajo la complicidad de la antigua legislación. Jorge Huergo, en su texto “Hegemonía: un concepto clave para comprender la co-municación”, plantea que comprender la hegemonía implica también “percibir los modos en que los sectores populares se re-sisten a los significados dominantes y los impugnan”. Dice Huergo, “es la dimensión de la comunicación donde se juega la posi-bilidad de ser más libres, más autónomos y más humanos”.Las luchas por la Verdad y la Justicia, han incorporado esos conceptos y los han he-cho bandera. Y el Diario del juicio a los pe-nitenciaros, sin duda, sigue ese camino…

leyes de impunidad y de los indultos; de un gobierno que toma a los derechos humanos como centro de su política; y fundamen-talmente, de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos que nunca sesgaron en sus reclamos y, muy por el con-trario, sumaron a su trabajo la imaginación y puesta en marcha de estrategias – como los Juicios por la Verdad- que cuando el péndulo parecía no poder retornar a la buena senda, sembraron esperanzas que hoy son útiles en los procesos penales.

La pregunta que debemos formularnos es qué aporta, más allá de otra pequeña cuota de justicia que se expresa en la con-dena de crímenes atroces, este juicio a los genocidas de la Unidad Penitencia Nº 9 en particular.

Del legado de aquel juicio acotado a parte de las Juntas Mi-litares quedó una base de verdad que al volverse verdad jurídica recuperó para la historia y la memoria lo que parte de la sociedad también había querido desaparecer u olvidar. También marcó, cierta señal de la independencia que puede y debe tener el po-der judicial frente al poder político, expresada en el punto treinta de la sentencia que ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el enjuiciamiento de los Oficiales Superiores que ocu-

paron comandos de zona y subzona, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.

Uno de los legados de este juicio es que si bien los enjuicia-dos eran penitenciarios algunos son más que eso. La condena a tres médicos expresa no sólo su cuota de responsabilidad pe-nal sino que hay determinadas profesiones y funciones que de-ben guiarse por imperativos éticos que no pueden soslayarse en ninguna circunstancia; que la justicia alcanza al componen-te civil y que pertenecer a ciertas corporaciones no sólo no da impunidad sino que suma una cuota de responsabilidad.

Por eso, de todas las cosas positivas que nacen de este pro-ceso y sus condenas, creo que la más importante es la señal de que de esa dictadura cívico-militar que asoló al país durante tantos años, en la democracia actual, la justicia no sólo alcanza a los responsables militares o miembros de la fuerzas de segu-ridad, sino a sus colaboradores civiles. Entonces, esta vez más que nunca, la justicia dice que el accionar ilícito no hubiese sido posible sin colaboración civil.

*Abogada, directora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata

íctima de la represión de la últi-ma dictadura militar que vivió el país, el periodista Eduardo Angui-

ta pudo sobrevivir para contarlo. No es así el caso de su madre, que fue secuestrada, y aún hoy continúa desaparecida, cuando el estaba dentro de la Unidad 9.

Pero hoy, por la memoria de ella, y de sus compañeros que ya no están, no dudó en ingresar al Tribunal Oral Federal Nº 1 para enfrentar a sus torturadores. Claro, ahora tiene a la Justicia, en la figura de Carlos Rozansky, y al poder político de su lado.

Mientras estuvo preso, su creencia en que algún día saldría libre, fue lo que lo mantuvo vivo a lo largo de los años. Reflejo de ello, es la obra que junto a Martín Capa-rrós fue publicada en tres tomos, titulada “La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en Argentina”.

De esta manera, destaca que es necesa-rio que las sociedades actuales encaren una autocrítica, ya que en ellas vive un fuerte individualismo. Protagonista de los actua-les juicios a los militares, expresa que no sólo está para contar la historia, sino para ser parte de ella.

Después de 30 años, ¿qué dejó la última dictadura cívico-militar en Argentina?

Dejó un país muy difícil de entender to-davía. En realidad, al golpe del 76 hay que entenderlo como aquel golpe inconcluso del 55, cuando lo intentaron y derivó en que los socios civiles de entonces, dijeran: “Fron-dizi es la cara visible, vamos hacer equili-brio”. Y Frondizi no pudo conformar ni a unos ni a otros, ni a Perón ni a las fuerzas Armadas. Tampoco pudieron concluirlo en el 66 porque apareció un tipo como Onga-nía que dijo: “Yo no necesito socios civiles”, que fue la gran diferencia con Aramburu, quien aparece después y dice: “Momento, nosotros tenemos que volver a la vieja rece-ta de la oligarquía argentina que es buscar socios civiles”. Y en el 76 lo logran pero ba-jando a todos los que perturbaban.

Y en el aspecto económico, ¿cuá-les fueron las consecuencias?

Me parece que recién ahora empezamos una revisión un poco más compleja, más ar-ticulada de todos los factores de poder que participaron de eso. Entonces, lo que quedó fue una estructura de país donde aún en los últimos años, por las tendencias del capi-talismo, cada vez hay menos empresas. No solamente hay menos empresas sino que están más formadas por esquemas corpora-tivos que son trasnacionales. Y entonces a eso se le puede oponer un poder democrá-tico, símil y con una presencia del Estado que empiece a desarticular eso. En algunos casos se está intentando y en otros todavía hay que pensar en la estructura del 76.

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Entrevista a Eduardo Anguita

“Uno está vigente para ser protagonista”Ex guerrillero del ERP, escritor y comunicador social, pasó casi 11 años como preso político. Recibió torturas, padeció la desaparición de su madre y la muerte de compañeros de lucha. Aún así, hoy enfrenta a sus victimarios

¿Cómo ves a la sociedad? Lo primero que hay que ver es que los

niveles de movilidad que ha tenido esta so-ciedad han sido, en general, hacia la con-centración del poder económico y hacia el debilitamiento de los sectores que tenían cierta participación institucional, inclu-

yendo sectores de clase media. El Estado fue desertando cada vez más de la salud, la educación, la seguridad social, y de otras áreas sensibles, y dejó a esos sectores me-dios muy desligados de la práctica cotidia-na. Entonces, tenemos una sociedad donde, aún cuando aparece el Estado, corremos el



“Los juicios tienen también un valor testimonial frente a la sociedad”

Entrevista: Alberto Mendoza PadillaEdición: Ayelén VicarioFacultad de Periodismo y Comunicación Social - UNLP

Colaboraron: M. Tomaselli, C. Sánchez, M. J. Martín, A. Achkar.

VFOTO: FPyCS - UNLP

riesgo de que la crítica neoliberal sea con mala intención.

¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

Cuando aparece el Estado, aparece más con disparadores que con soluciones. Por-que el disparador es intentar recuperar la inclusión entre los sectores que han queda-do ajenos de las vías institucionales. Ante todo esto, los desafíos son muy grandes. Los desafíos hoy se debaten vía los medios más o menos, se debaten muchísimo menos en la política, se debate más en carta abierta que en congresos partidarios (por lo menos lo que uno se entera). Y empiezan a apare-cer algunos sectores políticos que vía publi-caciones, vía seminarios, empiezan a ver la integralidad.

En relación a los juicios a los res-ponsables del terrorismo de Estado ¿qué cosas positivas y qué cosas ne-gativas ves?

No veo nada negativo porque, primero, funcionó la justicia a tal punto que, para conformar todos los tribunales orales fede-rales fue la Corte Suprema la que organizó y ordenó. Si no, hubiera sido imposible. Se tuvieron que llenar casilleros que, si la Cor-te no libraba recursos y no daba autonomía, muchísimos jueces no se hubiesen anota-do. La sociedad argentina, en este tema, ha dado muestra de un recibimiento extraor-dinario. No estamos en un país de jardín de infantes, es un país en donde la corrupción y los negociados están a la orden del día. Lo interesante es cómo sectores de la sociedad se expresan y lo hacen a través de la demo-cracia. Los sectores que hoy están asentados en la política van a tener que aceptar que vienen estas cosas nuevas. Y me parece que quienes estamos viendo esto de los juicios, tenemos que ver, realmente, que el Poder Judicial ha dado un salto extraordinario.

¿Qué significó la posibilidad de de-clarar en el Juicio de la Unidad 9 de La Plata?

La verdad que fue una gran satisfacción. Sentir que uno entraba y se encontraba con Carlos Rozansky, es un lujo, por el papel que jugó en los juicios. Y que se den en un lugar como la provincia de Buenos Aires, con la po-licía bonaerense, con la historia de la ciudad de La Plata. Que este tribunal esté presidido por Rozansky significa la tranquilidad de saber que fuiste al lugar indicado. Siempre pensé que es un juicio diferente en el senti-do de que esta gente representa un segundo o tercer escalón. Pero tiene un valor simbóli-co muy importante que es que esta gente era plenamente consciente de que formaba parte de un circuito de terrorismo de estado. Y en la provincia de Buenos Aires, el vínculo peni-tenciario-policial-militar es muy fuerte.

¿Te sirvió de algo estar frente a tus torturadores?A mi me sirvió, y no solamente por la historia personal de los compañeros que per-

dí si no también por mi madre que la secuestraron cuando yo estuve ahí, que es parte de un desgarramiento personal muy fuerte y que por supuesto, como toda pérdida, uno no termina de cerrarla nunca. Pero creo que los juicios tienen un valor no sólo para condenar a los responsables sino también el valor testimonial que tienen frente al resto de la sociedad. Me parece que para muchos sectores que estuvieron implicados, ver que a estos tipos les está cayendo todo el peso de la ley, es también prepararlos para que en algún momento cuenten. Al haber estado ahí y ver que otros compañeros fueron a testimoniar me da esta tranquilidad de sentir que uno está vigente no sola-mente para contar la historia, sino también para ser protagonista de cosas que están pasando.

¿Qué rol cumplen los medios de comunicación y cuál te parece que debería ser la función del periodismo en la cobertura y difusión de los juicios?

En cuanto al tema de los juicios, en general, los periodistas no tienen grandes pro-blemas. Algunos conocen más y otros, menos. Pero, en general, al colega que conoce poco, lo ayudan. Es como el tipo que entra en la sección deportes y no sabe nada. En eso, creo, que no hay demasiados problemas. El gran problema de los medios frente a esto es la responsabilidad directa que han tenido algunos. Básicamente, lo que están sufriendo La Nación y Clarín. Quienes tuvieron que pagar el papel caro, hoy lo están diciendo. O sea, hay muchos empresarios que hoy no van a jugar a favor de La Nación y Clarín, sencillamente, porque fueron extorsionados y los siguen extorsionando porque creían que ya los tenían en sus manos. Estamos en un momento político muy complejo, hay que seguir una pela muy dura. Personalmente, creo que hay que ser vanguardista y hay que ser audaz y buscar equilibrios. Todo lo que hagamos nos tiene que servir de ejercicio para no generar rupturas y pensar que el afianzamiento de políticas sociales, de la democratización, el respeto por todo lo que es popular, no es fácil.

Una historia personal

verdad y justicia nº3

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